21ª REUNIÓN – 20ª SESIÓN ORDINARIA
(ESPECIAL)
Presidencia
de los señores diputados Emilio Monzó, Patricia Viviana Giménez, Felipe Solá y
Mario Domingo Barletta
Secretarios:
don Eugenio Inchausti, ingeniera Florencia Romano y licenciada María Luz Alonso
Prosecretarios:
doña Marta Alicia Luchetta y doctor Marcio Barbosa Moreira
Lista de
asistencia
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los veintitrés días del mes de noviembre de 2016, a la hora 11 y 48:
- 1 -
Sr. Presidente (Monzó).- Con la
presencia de 143 señores diputados queda abierta la sesión especial convocada
conforme al requerimiento efectuado por varios señores diputados en número
reglamentario.
Invito a la señora diputada por
el distrito electoral de Buenos Aires doña Claudia Mónica Rucci y al señor
diputado por el distrito electoral de Tierra del Fuego don Oscar Anselmo
Martínez a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
-
Puestos de pie los señores diputados y el público presente, la señora diputada
doña Claudia Mónica Rucci y el señor diputado don Oscar Anselmo Martínez
proceden a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos en
las bancas y en las galerías.)
- 2 -
Sr.
Presidente (Monzó).-
Invito a los señores diputados y al público presente a entonar las estrofas
del Himno Nacional Argentino, que será interpretado por el cuarteto de cuerdas
de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación.
-
Puestos de pie, los señores diputados y el público presente entonan las
estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos en las bancas y en las
galerías.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Agradecemos a los integrantes del cuarteto
de cuerdas de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación.
- 3 -
Sr.
Presidente (Monzó).-
Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia
mediante la que se convoca a sesión especial.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Dice así:
AQUÍ RESOLUCIÓN dictada por LA PRESIDENCIA
mediante la que se convoca a SESIÓN ESPECIAL
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia informa que caducó el proyecto de ley en revisión
por el que se sustituye el artículo 1° de la ley 25.959, de creación de un
Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de General Pico,
provincia de La Pampa, contenido en el expediente 137‑S.-2014. Por lo tanto, queda excluido
del temario.
Por
otra parte, la Presidencia hace saber a los señores diputados que para
habilitar el tratamiento del proyecto de ley en revisión por el que se denomina
al capítulo IV bis del título III del Código Electoral Nacional: “De la campaña
electoral y el debate presidencial obligatorio”, se requieren los dos tercios
de los votos que se emitan en razón de que no cuenta con despacho de comisión.
Se
va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Conforme con lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, la consideración del Orden del Día N° 751, referida a la
investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis, se adelanta
al segundo lugar del temario.
- 4 -
I
Sr. Presidente (Monzó).-
Para rendir un homenaje a la memoria del doctor Carlos Santiago Fayt, tiene la
palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente: en horas de la madrugada
tomamos conocimiento del fallecimiento del doctor Carlos Santiago Fayt, último
integrante no solo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
transición democrática, sino también de un tiempo difícil durante el que supo
mantener el delicado equilibrio entre independencia de la Justicia, libertad
para dictar sentencias y defensa de la democracia.
La figura del doctor Fayt sintetizaba
la calidad de un notorio jurista, de un maestro de generaciones enteras
abrazado esencialmente al derecho constitucional y al derecho político. En sus
ejemplares sentencias, que ponían límites a la potestad del Estado, siempre tuvo
presente el respeto a la autonomía de la voluntad.
Se destacó por su republicanismo y en
la llamada “Noche de los Bastones Largos” renunció a su cátedra como forma de
protesta ante el avance de la dictadura.
En los últimos años de su larga vida,
supo asumir con serenidad y templanza el lamentable escarnio público al que fue
sometido en aquel intento de desplazarlo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Carlos Santiago Fayt falleció a los 98
años. En ambos lugares, tanto en la cátedra como en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, de su labor aprendió una gran cantidad de hombres y
mujeres a respetar la Constitución. Socialista por formación, nació en Salta en
1918 junto con la reforma universitaria, casi en una simbiosis entre la expresión
de su idea progresista del derecho y el sentido social de hacia dónde debía
encaminarse la sociedad.
Fue un hombre honesto, austero y con
una fina ironía; siempre transmitió mensajes de fondo. Fue un hombre respetado,
casi un símbolo esencial del derecho y de la democracia.
Me tocó personalmente, junto con
algunos colegas, vivir aquel desgraciado 12 de mayo de 2015, momento en que el
doctor Fayt tenía 97 años. Algún día se arrepentirán quienes en la Comisión de
Juicio Político intentaron, de forma amañada y con una nota vencida,
desplazarlo de su cargo invocando la edad, pidiendo pericias psiquiátricas,
juntas médicas y visitas a su domicilio, tachando de infame su firma y
poniéndolo como un personaje perdido en el marco de su senilidad.
Carlos Santiago Fayt respondía con
serenidad y con la lucidez que nunca perdió, y eligió el tiempo en que debía
retirarse porque en su formación estaba vinculado esencialmente a la defensa de
la independencia y siempre buscó evitar cualquier tipo de colonización.
Por estos motivos, para muchas
generaciones y para las que en el futuro se formen en el derecho, no
aprendiéndolo de memoria, sino sobre la base de un concepto social y de
respeto, se eleva la figura del doctor Carlos Santiago Fayt. No solo por sus
libros, señor presidente, sino principalmente por su manera de vivir.
Quiero que lo despidamos en esta
Cámara recordando algunas máximas, algunas frases que deberían acompañarnos en
nuestras vidas. Una de ellas dice: “Desprecien a dos impostores: el éxito y el
fracaso. Si se los desprecia estamos permanentemente tranquilos de conciencia
sabiendo que tenemos que cumplir nuestro deber con el país y que hay alguien
que nos está esperando: la Argentina.”
A sus 90 años de edad, también
señalaba: “Dios no me dio el país que yo quería, ni la patria que yo quería en
la forma que tenía que organizarse. Tenemos que hacer el futuro mejor que el
presente. Vale la pena: es un desafío para ustedes.”
Asimismo, decía Fayt: “La
Constitución…” –es importante que siempre lo tengamos presente‑ “…es el
libro sagrado para todos los argentinos. Léanlo, cúmplanlo, respétenla y lleven
a cabo todos sus deseos.” Memoria y honor al gran
jurista, a la gran persona y al ejemplo del derecho y de la independencia de la
Justicia en la Argentina. (Aplausos en
las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: solicito autorización
para insertar parte de mi exposición porque quiero hacer un recorrido sobre el trabajo
y la pluma del doctor Carlos Fayt, y el tiempo de la Cámara no me lo permite.
Tampoco
me voy a detener en cuestiones menores o circunstanciales de su vida porque
hasta el último momento Carlos Fayt fue un hombre lúcido, que tradujo con su
pluma un pensamiento magistral que sin ningún lugar a dudas nos va a sobrevivir
a cualquiera de nosotros.
También
podría afirmarse que ese pensamiento es muy propio y exclusivo de un
conocimiento que solo se encuentra en las personas que han sabido enriquecer su
exquisito bagaje intelectual con la extensa experiencia de la vida. Siempre lo
hizo en función del respeto irrestricto de los derechos y garantías personales
y del apego a los principios constitucionales que hacen a la buena marcha de
las instituciones.
Fue
un hombre de profundas convicciones. Un dato distintivo de su personalidad es
la aspiración del progreso humano en todo sentido, tanto individual como
social, tanto espiritual como material. Su postura nunca dejó de ser coherente
con estos caros objetivos de alguien que tiene convicciones.
Sin
temor a la exageración, no solo lo describiré como un humanista, sino como un
verdadero prócer del republicanismo cuya espada es la doctrina, que la expresa
en tantos textos como en tantos votos como ministro que han distinguido su
labor en la Corte Suprema de Justicia.
Los
invito a que repasemos la amplia biografía de sus fallos, que aquellos que
tenemos alguna vinculación respetuosa y humilde con el derecho constitucional
sabemos que hoy recitan muchos profesores en los claustros universitarios.
Era
un hombre de profundo pensamiento; era un hombre que no temía rever su propio
pensamiento, que lo expresaba y lo firmaba en todos sus fallos.
Anoche,
cuando me enteré que decidió ir a transitar otros caminos, comencé a hacer una
larga lista de tantos fallos que en aras de la libertad de expresión -sin
temores-, del republicanismo, de la
división de poderes, del municipalismo, del federalismo real y del respeto a
las instituciones, llenaron su biografía. Si nosotros, aquellos que tenemos
responsabilidades en otro poder del Estado, tomáramos estos ejemplos,
seguramente nos daríamos cuenta de que hay un camino recorrido y un largo
camino por recorrer. (Aplausos en las
bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Ciciliani.- Señor presidente: desde nuestro
bloque queremos manifestar nuestro profundo pesar por el deceso del doctor
Carlos Santiago Fayt, que durante treinta y dos años honró como juez a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación con fallos memorables en materia de derechos
humanos, de libertad de expresión, de derechos políticos y sociales y de
federalismo.
Como
bien dijeron los diputados preopinantes, nació en Salta en el año de la reforma
universitaria. En el año 1958 fue candidato a gobernador de su provincia por el
Partido Socialista, al que perteneció desde su juventud y al que honró en sus
principios y valores a lo largo de toda su vida.
Fundó
el Museo Alfredo Palacios, fue presidente de la Asociación de Abogados de
Buenos Aires y llegó a la Corte con el regreso de la democracia en 1983.
Escribió más de veinte libros sobre teoría del derecho y derecho político y
soportó con entereza los embates de un gobierno que no aceptaba su honestidad,
su probidad y su independencia de criterio.
Fue
un hombre íntegro y un juez ejemplar. Nos honra no solo a los socialistas, sino
a todos los argentinos. (Aplausos en las
bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Lusquiños.- Señor presidente: todos estamos muy
conmovidos por el fallecimiento del doctor Fayt, un juez que caminó en forma
paralela con la democracia en los últimos treinta y tres años y fue
protagonista de su crecimiento y consolidación.
Quiero
contar de la propia boca de Fayt algunas anécdotas para conocer al personaje y
al militante. Fayt era salteño, pero vivía en el barrio de Belgrano, acá en la
Capital Federal, y contaba que siendo muy joven se acercó a un comité del
partido radical para interesarse y afiliarse. Allí lo atendió un dirigente del
radicalismo y le dijo: “Bueno, m’hijo, ¿qué quiere? ¿Una decena de la lotería
para su familia?” Entonces, dice Fayt que ahí se dio cuenta de que no tenía
nada que hacer con el radicalismo.
Continuó
su derrotero por los partidos existentes en esa época y cayó en el Partido
Socialista, con el cual se sentía muy identificado. Contaba Fayt que le llamaba
poderosamente la atención cómo hacían las asambleas porque cualquier ciudadano
podía presidirlas. Entonces, preguntaba: “¿Cómo hacen?” A lo que otro dirigente
le respondió: “Mirá, es muy fácil: se aplica la regla del ABC de Juan B.
Justo.” “¿Qué es eso?”, preguntó Fayt. Le respondieron: “Cualquiera puede leer
el acta, el balance y la correspondencia. Con eso se maneja una asamblea.”
Estuvo
en el partido un tiempo más hasta que lo dejó. Por otra parte, su relación con
el peronismo es por todos conocida, siempre con sus idas y vueltas.
Quiero
cerrar este homenaje con la lectura de los tres propósitos que Fayt escribió en
una carta al doctor Spota. Dice así: “En primer lugar, que la ciudadanía sea
consciente de que es absolutamente indispensable comprender que el futuro no
nos será dado, sino que debemos hacerlo y, en medio de la crisis que nos rodea,
contra esa crisis y sin duda por la misma crisis, trabajar con todas nuestras
energías -sin tasa ni medida- por la reconstrucción política, social y
económica de la República.
“En
segundo lugar, poner de resalto que la llama que iluminó nuestro sendero y nos
unió fue la de la esperanza, la esperanza de contribuir a la grandeza de
nuestro país. Ella nos hizo inmunes a todos los infortunios.
“Por
último, el propósito -que quisiera gritar en viva voz, en su compañía, con sus
amigos, sus alumnos, sus discípulos- de que ¡nadie ni nada arrebate del corazón
y el alma de la juventud argentina el derecho de tener esperanza, el derecho a
la fe en sí misma y la confianza en el resultado de su propio esfuerzo!”
Estos
tres propósitos son el alma y el cuerpo del doctor Fayt. Gloria a su recuerdo. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giustozzi.- Señor presidente: hago mías las
palabras de todos y cada uno de los señores diputados preopinantes, ya que
estas reflejan el espíritu que hoy inunda esta Cámara respecto de la memoria
del doctor Fayt.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.
Sr.
Oliva.- Señor presidente: desde nuestro bloque
adheriremos en su totalidad a las expresiones vertidas por los colegas
diputados que se han expresado con anterioridad en homenaje al doctor Fayt.
Simplemente agrego que el doctor Fayt será recordado como uno de los juristas
más iluminados de los últimos tiempos en nuestro país. Seguramente también será
recordado, como se merecen los grandes, a través de sus libros y sentencias.
II
Sr. Presidente (Monzó).-
Para un homenaje al Día de la Soberanía nacional, tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Alonso.- Señor presidente: a lo largo de nuestra
historia, el mes de noviembre presenta hechos verdaderamente significativos.
Uno de ellos ocurrió el 20 de noviembre de 1845, que pasó a la historia como la
Batalla de la Vuelta de Obligado.
Me permitiré citar al Padre de la
Patria, el general San Martín, quien dijo que esa fue la segunda guerra de la
independencia argentina, porque un país soberano decidió enfrentar a las dos
potencias económicas y bélicas más importantes de aquel entonces. Como suele
decirse, no hay nada nuevo bajo el sol. Éramos un país soberano, que decidía
sobre su política interna y relaciones exteriores. Estas potencias extranjeras,
con las mismas razones que hoy utilizan los países centrales, quisieron
invadirnos, con el argumento del libre comercio y la finalización de una
tiranía.
No perdimos esa batalla porque una
consideración es la bélica, y otra, la política y la diplomática. Ganamos la
batalla política y diplomática, y los héroes de la guerra del Paraná deber ser
homenajeados y estar vivos en nuestra memoria por siempre.
Me permitiré citar la arenga del
general Lucio N. Mansilla, cuando avista las flotas de las potencias
colonialistas extranjeras y dice a sus soldados: “Allá los tenéis. Considerad
la ofensa que hacen a la soberanía de nuestra patria al navegar, sin más título
que la fuerza, por un río que corre por el interior de nuestro país, pero no lo
conseguirán impunemente. Flamea en el Paraná el pabellón azul y blanco, y
debemos morir todos antes de verlo arriar del mástil de la victoria.” Esas
fueron las palabras del general Lucio N. Mansilla, que con cuatro baterías
detuvo a las potencias bélicas más importantes. Ellas ya utilizaban barcos a
vapor; por eso podían avanzar aguas arriba por el Paraná. Sin embargo,
volvieron de Asunción con las manos vacías. Finalmente, tuvieron que capitular
en la negociación diplomática.
A partir de la actitud heroica de
Rosas, Mansilla y todos sus soldados, el general San Martín donó su sable
corvo, con el que cruzó los Andes y liberó a la Argentina y a otros países
hermanos.
Quiero hacer referencia a otro
acontecimiento que tuvo lugar en el mes de noviembre, que está un poco olvidado
porque probablemente la Reforma Universitaria del 18 lo haya opacado.
Todos reivindicamos la Reforma
Universitaria del 18, pero el 22 de noviembre se cumplió otro año, cuando a
través del decreto 29.337, en 1949 el general Perón eliminó el arancelamiento
universitario. (Aplausos en las bancas.)
Esa fue la verdadera reforma universitaria, porque permitió el ingreso del
pueblo a los claustros universitarios, que antes estaba reservado a una elite.
Para mencionar otro de los
acontecimientos que tuvieron lugar en el mes de noviembre, hace pocos días ‑algo
vinculado a la soberanía popular‑ se cumplieron 44 años del retorno del
general Perón a la patria, y se celebró el Día de la Militancia. (Aplausos en las bancas.)
Trabajé en Tribunales. En 1983
representaba a los trabajadores judiciales. Me sumo al tributo que se hizo al
doctor Fayt, pero déjenme agregar que el doctor Fayt nunca habría sido ministro
de la Corte si el pueblo no hubiese resistido la dictadura que se instauró el
24 de marzo de 1976, y si no hubiese habido cientos de miles de militantes que
pagaron con su libertad y su vida el retorno a la democracia. A ellos quiero
recordar, junto con el homenaje al doctor Fayt. (Aplausos en las bancas.)
III
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Kunkel.- Señor presidente: hago mías las palabras expresadas
por el compañero Horacio Alonso.
Para rendir homenaje a la Batalla de
la Vuelta de Obligado, citaré a algunos de los actores directos de aquella
época.
El 20 de noviembre de 1845, siendo el
general Juan Manuel de Rosas responsable de las Relaciones Exteriores de la
Confederación Argentina, tuvo lugar el enfrentamiento, cerca de San Pedro, con
fuerzas anglofrancesas, conocido como la Vuelta de Obligado. El encargado de la
defensa del territorio nacional era el general Lucio N. Mansilla, cuñado de
Juan Manuel de Rosas, quien tendió de costa a costa lanchones acorderados,
sujetos por cadenas. La escuadra invasora contaba con fuerzas muy superiores a
las locales. A pesar de la heroica resistencia de Mansilla y sus fuerzas, la
flota extranjera rompió las cadenas y se adentró en el río Paraná.
Uno de los aspectos más notables e
indiscutiblemente positivos del régimen de Rosas fue el de la defensa de la
integridad territorial de lo que hoy es nuestro país. Debió enfrentar
conflictos armados con Uruguay, Bolivia y Brasil, todos financiados e
incentivados por Francia e Inglaterra. De todos ellos salió airoso, con la
convicción de que el Estado no podía entregar ni un palmo de su tierra a
ninguna potencia extranjera. No tenía una actitud nacionalista fanática que se
pudiera transformar en xenofobia ni mucho menos, sino una política pragmática.
Entendía como deseable comerciar con
los ingleses sin que ellos manejaran nuestro comercio exterior, porque no admitía que se apropiaran de un solo palmo del
territorio nacional que les diera ulteriores derechos a copar el Estado, cosa
que ya habían hecho en 1833 y que siguen haciendo con nuestras queridas Islas
Malvinas.
Señor
presidente: si usted me permite, quiero citar al jefe de Gobierno de Gran
Bretaña durante una intervención en el Parlamento inglés. Había un pedido de
los contrabandistas ingleses, que intervenían militarmente en el Río de la
Plata, para garantizarles el ejercicio de su actividad.
El
jefe de gobierno inglés dijo que se sentiría muy feliz contribuyendo por
cualquier medio a su alcance a la libertad de la navegación en el Río de la
Plata, o de cualquier otro río del mundo, a fin de facilitar y extender el
comercio inglés. Y la cita textual dice: “Pero no era asunto tan fácil abrir lo
que allí habían cerrado las autoridades legales. La Argentina se encuentra en
la actualidad preocupada en el esfuerzo de restaurar la paz en el Río de la
Plata, y abrigo la esperanza de que con este resultado se obtendrá un
mejoramiento del presente estado de cosas y una gran extensión de nuestro
comercio en esas regiones; pero perderíamos más de lo que posiblemente
podríamos ganar, si al tratar con este Estado, nos apartáramos de los
principios de la justicia. Pueden estar equivocados en su política comercial y
pueden obstinarse siguiendo un sistema que perjudique a nuestros intereses”.
Continúa
diciendo: “Pero estamos obligados a respetar los derechos de las naciones
independientes, sean débiles, sean fuertes.”
El
canciller Arana, canciller de la Confederación argentina, decía en la
Legislatura porteña: “¿Con qué título la Inglaterra y la Francia vienen a
imponer restricciones al derecho eminente de la Confederación Argentina de
reglamentar la navegación de sus ríos interiores? ¿Y cuál es la ley general de
las naciones ante la cual deben callar los derechos del poder soberano del
Estado, cuyos territorios cruzan las aguas de estos ríos? ¿Y qué la opinión de
los abogados de Inglaterra, aunque sean los de la Corona, se sobrepondrá a la
voluntad y las prerrogativas de una nación que ha jurado no depender de ningún
poder extraño? Pero los argentinos no han de pasar por estas demasías; tienen
la conciencia de sus derechos y no ceden a ninguna pretensión indiscreta. El
general Rosas les ha enseñado prácticamente que pueden desbaratar las tramas de
sus enemigos por más poderosos que sean. Nuestro Código internacional es muy
corto. Paz y amistad con los que nos respetan, y la guerra a muerte a los que
se atreven a insultarlo.”
Aquí
hay una reflexión propia. Se ve que Su Graciosa Majestad decía una cosa y hacía
otra porque en la mañana del 20 de noviembre de 1845 pudieron divisarse
claramente las siluetas de cientos de barcos. El puerto de Buenos Aires fue
bloqueado nuevamente, esta vez por las dos flotas más poderosas del mundo, la
francesa y la inglesa, históricas enemigas que debutan como aliadas, como no
podía ser de otra manera, en estas tierras. Y luego continuaron en la Guerra
del Golfo, que introdujo el contrabando de la droga en la China.
Al
conocer los pormenores del combate, San Martín escribía desde su exilio
francés: “Bien sabida es la firmeza de carácter del jefe que preside a la
República Argentina; nadie ignora el ascendiente que posee en la vasta campaña
de Buenos Aires y el resto de las demás provincias, y aunque no dudo que en la
capital tenga un número de enemigos personales…” ¿Siempre igual, no? “…estoy
convencido, que bien sea por orgullo nacional, temor o bien por la prevención
heredada de los españoles contra el extranjero; ello es que la totalidad se le
unirán en la defensa de la soberanía nacional. Por otra parte, es menester
conocer (como la experiencia lo tiene ya demostrado) que el bloqueo que se ha
declarado no tiene en las nuevas repúblicas de América la misma influencia que
lo sería en Europa; éste sólo afectará a un corto número de propietarios, pero
a la mesa del pueblo que no conoce las necesidades de estos países le será bien
diferente su continuación. Si las dos potencias en cuestión quieren llevar más
adelante sus hostilidades, es decir, declarar la guerra, yo no dudo que
con más o menos pérdidas de hombres y
gastos se apoderen de Buenos Aires (…) pero aun en este caso estoy convencido,
que no podrán sostenerse por largo tiempo en la capital; el primer alimento o
por mejor decir el único del pueblo es la carne, y es sabido con qué facilidad
pueden retirarse todos los ganados en muy pocos días a muchas leguas de
distancia, igualmente que las caballadas y todo medio de transporte, en una
palabra, formar un desierto dilatado,
imposible de ser atravesado por una fuerza europea; estoy persuadido que será
muy corto el número de argentinos que quiera enrolarse con el extranjero, en
conclusión, con siete u ocho mil hombres de caballería del país y 25 o 30
piezas de artillería volante, fuerza que con gran facilidad puede mantener el
general Rosas, son suficientes para tener un cerrado bloqueo terrestre a Buenos
Aires.”
Para
terminar, señor presidente, voy a citar las palabras de un enconado adversario,
un opositor político de don Juan Manuel de Rosas. Juan Bautista Alberdi, claro
enemigo del Restaurador, comentaba desde su exilio chileno: “En el suelo
extranjero en que resido, en el lindo país que me hospeda sin hacer agravio a
su bandera, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más
ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas sus generosos llorones de
nuestras desgracias aunque opuesto a Rosas como hombre de partido, he dicho que
escribo con colores argentinos; Rosas no es un simple tirano a mis ojos; si en
sus manos hay una vara sangrienta de hierro, también veo en su cabeza la
escarapela de Belgrano. No me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo
que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó
tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires; sé que
el nombre de Washington es adorado en el mundo pero no más conocido que el de
Rosas; sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos
y no envanecerse de ellos.”
Para
sintetizar, quiero decir que los ingleses levantaron el bloqueo en 1847,
mientras que los franceses lo hicieron un año después. Cabe aclarar que en
París existía una estación de Metro que se llamaba Obligado, como recordatorio
a este combate, y antes de que fuera reivindicada la Vuelta de Obligado en la
Argentina los franceses cambiaron su nombre. Es la única estación de Metro que
lleva el nombre de un país, Argentina.
La
firme actitud de Juan Manuel de Rosas durante estos episodios le valió la
felicitación del general don José de San Martín y un apartado especial en su
testamento: “El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la
independencia de la América del Sur le será entregado al general Juan Manuel de
Rosas, como prueba de satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la
firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas
pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla.” (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las palabras vertidas, queda rendido el homenaje de la
Honorable Cámara a la memoria del doctor Carlos Santiago Fayt.
- 5 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor
diputado por Formosa.
Sr.
Díaz Roig.- Señor presidente: voy a formular una
cuestión de privilegio contra el señor jefe de Gabinete, doctor Peña, y pido
que oportunamente la Comisión de Asuntos Constitucionales le haga llegar el
reclamo que explicaré.
El
doctor Peña hace dos meses prometió y aseguró en este recinto, contestó por
escrito y verbalmente ‑está registrado en la versión taquigráfica-, que
este año no se iban a vender las acciones de las empresas del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad. El doctor Peña mintió.
De
la misma manera, cuando hoy tratemos –si es que llegamos- el proyecto sobre
debates presidenciales obligatorios, voy a volver a pedir que la mentira se
sancione al menos con la imposibilidad de volver a ser candidato en el futuro
en la misma categoría a la que se accedió mintiendo.
Además,
solicito que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados
haga saber al jefe de Gabinete que en sus futuras intervenciones, en
cumplimiento de la obligación constitucional, debe abstenerse de mentir y cumplir
con lo que en este recinto promete. Que el jefe de Gabinete concurra a este
recinto, afirme que se va a hacer blanco y al día siguiente haga negro, afecta
al decoro no de un bloque opositor, sino de todos los diputados nacionales.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia informa que la cuestión planteada por el señor
diputado Díaz Roig pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 6 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado por
Neuquén.
Sr. Martínez (N.D.).- Señor presidente: en función de lo
establecido en el Reglamento sobre las cuestiones de privilegio, quiero
plantear la necesidad de hacer público algo que, lamentablemente, la Cámara no
está haciendo.
Con
fecha 25 de agosto solicité a la Secretaría Parlamentaria un archivo que existe
en este Congreso, en función de la investigación que se está haciendo sobre
lavado y evasión por parte del presidente Mauricio Macri. Se trata de una
información que debería ser pública y estar al alcance de todos los argentinos.
La
verdad es que no entiendo que los exhortos solicitados a los gobiernos de
Panamá, Uruguay, Italia no tengan buen resultado. También está el caso del
exhorto enviado a Bahamas, que volvió en blanco sin siquiera mencionarse que el
presidente, aun habiéndolo reconocido, tiene 18 millones depositados allí, más
allá de lo dicho por el jefe de Gabinete y parte de su equipo al comienzo de la
gestión.
No
me sorprende que sean los Estados los que no quieran colaborar, porque es una
gestión que debe llevar adelante Cancillería y me imagino que no debe
realizarla con la mayor energía posible.
Sin
embargo, señor presidente, me sorprende que no haya colaboración entre los
poderes de un mismo Estado y que la Secretaría de esta Cámara deniegue el
pedido de un archivo a un diputado. Aclaro que el 8 de septiembre mi pedido fue
respondido negativamente. Por ello, en virtud de lo establecido en el
reglamento, quería hacer público que lo mínimo con lo que debería contar un
diputado para realizar su trabajo es con la posibilidad de acceso a la
información.
En
esta Cámara hemos escuchado a algunos golpearse el pecho hablando de
transparencia. Sin embargo, cuando uno solicita un simple archivo a la
Secretaría, la respuesta es negativa.
Por
supuesto, tomé cartas en el asunto, ya que no iba a quedar lamentándome por el
hecho de que no se me brindó la información solicitada. Este tema fue tratado
al debatirse la fuga de capitales, y la conclusión arribada en la comisión fue
que el Grupo Macri fugó 58 millones de dólares, de los cuales específicamente
la sociedad SOCMA fugó 9.300.000 dólares.
Coincidencia
o no, la realidad es que mi denuncia al presidente es por evasión y lavado,
porque la empresa fantasma Fleg Trading creada en Bahamas compró acciones por
9.300.000 dólares en Brasil justamente a SOCMA, empresa que había fugado la
misma suma. Entiendo que si tuviéramos acceso a esa información denegada por la
Secretaría, sabríamos si se trata de una coincidencia o no.
En
síntesis, a pesar de golpearse el pecho diciendo ser transparentes, no me
brindaron la información requerida. Por ello hoy he solicitado al juez que la
solicite para que no solamente él, sino también todos los argentinos, podamos
tener acceso a esos datos y, tal vez, conocer el origen de ese dinero. En esa
causa he podido documentar y acreditar la ruta y el destino del dinero “M”, ya
que tengo conocimiento de que en el plazo de un mes se crearon sociedades
fantasmas en las que se colocó el dinero.
Es
decir que ellos estuvieron comprándose y vendiéndose a sí mismos. Por todo
ello, el origen del dinero es algo que el juez debe preguntarle al presidente,
aunque quizás esta Cámara tiene muy cerca las pruebas pertinentes. Puede ser
que esa información esté archivada y como diputado se me ha denegado el
desarchivo de ese expediente.
- Ocupa la Presidencia la señora
vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sr.
Martínez (N.D.).- Entiendo que mi trabajo como
legislador fue perjudicado al no darse lugar a este pedido de información.
Lamento que la Justicia sea la que tenga que cubrir las tareas que a veces no
hacemos. Nos ocurrió lo mismo con el tarifazo y los despidos.
Quizás
es hora de que este Congreso se ponga los pantalones largos y empiece a
discutir los temas que demanda la sociedad porque no podemos pretender que la
Justicia sea la que resuelva todos los problemas. Lamentablemente, este es el
único camino que le dejaron a este señor diputado, que pidió por un archivo a
la Secretaría a cargo del señor Inchausti. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
- 7 -
Sra.
Presidenta (Giménez).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pitrola.- Señora presidenta: hace cuarenta y ocho
horas fui amenazado por las redes sociales, hecho que denuncié en el Juzgado
Federal N° 12 a cargo del doctor Sergio Torres. Se trata de una amenaza de los
galgueros reaccionando a la ley aprobada en esta Cámara. Tuve dudas acerca de
si traer esta cuestión de privilegio; sin embargo, en el bloque Frente de
Izquierda decidimos hacerlo por una razón de fondo.
En
primer lugar, para radicar una denuncia y una línea de protección a todas las
organizaciones que participaron en la lucha durante todo el período previo a la
aprobación de la ley, las que fueron afectadas de distinta manera.
Por
otra parte, sabemos que la periodista Elba Tiburzi radicó una denuncia por
lesiones en la Comisaría 6°. Además, el miércoles pasado hubo un activista
herido durante el transcurso de la sesión, al igual que ocurrió con distintas
dirigentes mujeres en la puerta del Congreso. Además, intentaron incendiar las
casas de algunas activistas proteccionistas en Zárate. Entendemos que esta
actitud alarmante debe ser detenida. Reclamamos al Poder Ejecutivo que la ley
sea promulgada y reglamentada rápidamente para terminar con esta cuestión.
Estos
días nos estuvimos enterando de masacres de animales. Este es un mensaje
mafioso. Además hay animales que están siendo abandonados por los campos, tal
como vi personalmente en la provincia de Buenos Aires. Creemos que esto es muy
grave y que hay que detener cualquier reacción de violencia frente a lo que
hemos aprobado. Entiendo que debemos dar un mensaje de convivencia y apuntar a
la disolución del negocio de las apuestas, del juego clandestino y de la
industria basada en el maltrato animal. Reitero que tenemos que terminar con
cualquier agresión y amenaza.
También
quiero comentar que los insultos en las redes no tienen ninguna importancia.
Simplemente se trata de hechos de mediocridad y cobardía. La mediocridad no es
motivo de penalización.
Por
otra parte, el Partido Obrero reivindica el derecho al agravio en la discusión
política. Si hay un político que es chorro, hay que decírselo. Si es un
entregador, también hay que decírselo. Y lo mismo si incurre en traición a la
Patria. Pero la amenaza, las patotas y las barrabravas tienen que ser
erradicadas de los sindicatos y de la política argentina.
Por
todas estas razones, señora presidenta, formulamos esta cuestión de privilegio
y llamamos a deponer este tipo de actitudes. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- La cuestión de privilegio planteada pasará a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
- 8 -
Sra.
Presidenta (Giménez).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora
diputada por Corrientes.
Sra. Ferreyra.- Señora presidenta: permítame sumarme a los homenajes realizados
por el Día de la Soberanía. Adhiero particularmente a las palabras contundentes
y emotivas del diputado Alonso. Quiero agregar que en ese combate también hubo
mujeres que, como siempre ocurre, fueron negadas en la historia. Esa batalla
estuvo encabezada por mujeres como Petrona Simonino, Josefa Ruiz y Rudecinda
Porcel. Hay varios nombres más que constan en los partes de guerra de esa
batalla.
Aprovecho la
ocasión para presentar este trabajo de rescate histórico que hicieron desde la
Corriente Clasista y Combativa sobre el rol de las mujeres en los hitos
fundantes de nuestra patria.
Por otra parte,
planteo una cuestión de privilegio porque en ocasión de discutirse en la
Comisión de Acción Social y Salud Pública distintos proyectos sobre
despenalización del aborto, tal como consta en las versiones taquigráficas, se
nos trató de asesinas a las mujeres que abortamos. Se tuvieron palabras duras
con la diputada Donda Pérez quien, como presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos y Garantías, encabezó la apertura del debate. Ella se encontraba con su
hija y le dijeron que era una hipocresía hablar a favor del aborto con una
criatura en los brazos.
La
verdad es que como son cuestiones de conciencia
atraviesan a todos los bloques. En cada uno de nuestros bloques y en
cada una de las distintas formas de organización que tiene la sociedad algunos
están a favor y otros en contra.
Frente
a eso no hay mandato de bloque, ni partidario ni religioso, porque en un país
católico la mayoría de las mujeres que abortan son católicas.
Por
lo tanto, creo que debemos respetar esta realidad y llevar adelante los debates
con altura. Celebro especialmente que el debate se realice en la Comisión
de Acción Social y Salud Pública y deje
de ser un tema penal, de desapoderamiento de nuestras decisiones, como tantos
de los delitos de género con los que fuimos reprimidas históricamente las
mujeres.
No
contribuyen al debate las expresiones agraviantes que tuvo un grupo. Este
Parlamento tiene una deuda histórica con las mujeres para resolver nuestra
autonomía política –esperamos que el Senado sancione de una buena vez el
proyecto de ley de paridad legislativa antes de fin de año‑, la autonomía
económica ‑somos las que más trabajamos y estamos a cargo de la mayoría
de los trabajos no pagos y sin embargo cobramos siempre menos que los hombres‑
y también la autonomía y la decisión sobre nuestros cuerpos. Algunos se ponen
más papistas que el Papa sin ser de esa religión.
Mi
ateísmo se vio conmovido por un Papa que no solo tuvo el valor de denunciar la
usura internacional y las depredaciones que está haciendo el hombre sobre el
hombre y sobre el medio ambiente, sino que también tuvo el valor de denunciar
el carácter comercial de algunas guerras y hace pocos días ha llamado a
absolver y a mantener la absolución para las mujeres que abortan.
Aquí
encontramos que algunos vienen con tesis retrógradas y nos vuelven a meter en
la hoguera tal como siempre han hecho. Nos trataron de brujas, de putas, de
“feminazis” y nos ponen en las hogueras desde sus enormes prejuicios y sus
pocos argumentos. Es por
esto que solicito que esta cuestión junto con la versión taquigráfica pasen a
la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Quiero
decirles que hay vida antes de que el óvulo sea inseminado por el
espermatozoide y que hay vida después de la muerte porque una vez que ésta es
certificada se pueden donar los órganos.
Defendemos
la vida, pero toda la vida y no solo
cuando está dentro del vientre materno. Tenemos derecho a decidir. Muchos de
los que se oponen a que podamos decidir sobre nuestro cuerpo son los que
también se oponen a brindar educación sexual en las escuelas, que es la mejor
manera para que no haya abortos.
-Ocupa la Presidencia el presidente de la
Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sra.
Ferreyra.- Si desean que disminuya el número de
abortos, observen lo que ocurrió en Uruguay, donde, desde que se legalizó, bajó
la tasa de mortalidad materna y la tasa de abortos que se practican es menor.
Con
esas palabras y haciendo mías una vez más como cada año las palabras de la
campaña quiero decir lo siguiente: “Educación sexual para decidir,
anticoncepción para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”.
Solicito
que el Parlamento trate este tema y que todos podamos opinar sin calificarnos y
sin descalificarnos. (Aplausos en las bancas.)
- 9 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Troiano.- Señor presidente: el artículo 66 de la
Constitución Nacional, dice que este cuerpo tiene potestad en caso de desorden
de conducta en sus funciones, remover por inhabilidad física o moral
sobreviniente a su incorporación a funcionarios públicos pertenecientes a este
cuerpo. Quiero hacer uso del mencionado artículo en relación con el diputado
José Orellana, sobre quien versa una denuncia penal realizada por una empleada
administrativa de esta Cámara, que fue abusada sexualmente.
Por
lo tanto, solicitamos a este cuerpo que la víctima tenga la defensa necesaria y
se debata la necesidad de que esta persona tenga su derecho a defensa, pero
también que reciba la máxima pena de parte de este cuerpo ante los casos de
violencia de género que se exacerban cada día más en este país.
Nosotros,
como funcionarios públicos, tenemos una responsabilidad mayor.
Señor
presidente: quiero traer a este recinto esta situación que es muy lamentable.
Sr.
Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
- 10 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una cuestión de
privilegio tiene la palabra el diputado por Río Negro.
Sr.
Doñate.- Señor presidente: quiero hacer una
moción de privilegio porque no solo me siento afectado en mis fueros como
rionegrino, sino en representación del conjunto de los vecinos de la provincia
de Río Negro y de la Patagonia argentina por esta ida y vuelta, confirmaciones
y desmentidas, acerca de una decisión que está a punto de tomar el gobierno de
la Nación, el presidente Marci, por la que eliminaría el beneficio que tienen
nuestros puertos patagónicos por el reembolso por exportaciones.
Esta
es una nueva cachetada, una nueva puñalada a los patagónicos y a los rionegrinos
en particular. La Patagonia y Río Negro vuelven a ser, como no sucedía hace más
de una década, el patio trasero de la Argentina.
Cabe
recordar, frente a esta medida, la catarata inacabable de decisiones que han
afectado la economía de la provincia de Río Negro y de la Patagonia argentina,
el desprecio y la discriminación que sufrimos los patagónicos.
Recordemos
que cuando se produjo el tarifazo tuvimos una larga lucha. Sufrimos una tomada
de pelo de parte de los funcionarios del gobierno de Macri que pretendieron enseñarnos cómo vestirnos, cómo
caminar, si podíamos estar en remerita, en pulóver o con campera adentro de
nuestros hogares con la excusa de matarnos con el tarifazo de electricidad, de
gas y de agua.
El
ministro de Educación quiere emprender una nueva campaña al desierto
inaugurando obras del gobierno anterior y jactándose en nuestra provincia de
que son los grandes creadores de políticas públicas educativas, pero nos
desprecian con conceptos anacrónicos.
La
apertura indiscriminada de importaciones ha hecho que entren manzanas de Chile
y cerdo de Canadá, destruyendo de esta manera la economía regional. Hace dos
semanas el gobierno nacional tomó la decisión de levantar la barrera sanitaria
del Río Colorado para que ingresen del norte carne de cerdo, perjudicando no
solo a nuestros productores, sino también el status sanitario del que goza la
Patagonia.
También
cabe mencionar la discriminación que se produce hacia nuestra provincia en el
envío de recursos y la adjudicación de obras. Alcanza con recordar que la
Ciudad de Buenos Aires –la ciudad puerto‑, a cargo de Rodríguez Larreta,
recibió de regalo 19 mil millones de pesos que es casi el 70 por ciento del
presupuesto de mi provincia. Los
argentinos estamos viviendo un nuevo centralismo.
Además,
cabe mencionar que mientras Angelo Calcaterra ha recibido 45 mil millones de
pesos –un presupuesto y medio de la provincia de Río Negro‑ para realizar
una obrita en la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Rio Negro le han
otorgado cero.
La
inequidad en la devolución del 15 por ciento de la coparticipación se demuestra
cuando hay tres provincias que reciben el monto entero, pero nuestra provincia
–se trata de nuestra plata‑ la recibe en cómodas cuotas. Esto es ilegal y
discriminatorio desde todo punto de vista. Es una visión centralista.
El
desprecio del presidente Macri se nota porque mintió descaradamente y solo fue
a la provincia a pasar sus vacaciones a la casa de un magnate inglés mafioso,
Joseph Lewis, que nos robó el Lago Escondido y fue el gran benefactor del
tarifazo eléctrico ya que es el dueño de Transener y Edenor. (Aplausos en las bancas.)
Ahora nos quieren quitar el beneficio del
reembolso por puertos patagónicos que significa 20 millones de pesos anuales
para los rionegrinos.
Los
Patagónicos somos mansos, tenemos una historia de postergaciones, de
dificultades, de sufrimiento, de lejanía, de una zona fría y abrasiva. Nosotros
también tenemos moldeado nuestro temperamento en función de ese clima. Pero
también somos parte protagónica de una historia de rebeldía, de la Patagonia
rebelde, de la Patagonia profunda, de lucha, de garra, de tenacidad y de coraje
para enfrentar lo que haya que enfrentar.
Cuando la vicepresidenta dice que ve
la luz al final del túnel, nosotros los patagónicos decimos: ¡Ojo, no nos tomen
el pelo! ¡No nos discriminen! No sigan con este juego perverso de que volvamos
a ser el patio trasero de la patria, porque esa luz en el final del túnel va a
terminar siendo un tren de frente.
Esto tiene corresponsables y
cómplices, señor presidente. No quiero dejar pasar lo que escuché hace 48 horas
en la televisión de boca de uno de los jefes de la oposición acompañadora.
Sergio Massa -y lo quiero decir con
nombres y apellidos- dijo textualmente: “Este año ayudamos mucho al gobierno
aprobándole las leyes. Ahora tenemos que empezar a ayudar a la gente”.
Retrocedí el audio y volví a ponerlo varias veces y dijo eso.
Sé que muchos de los compañeros de los
bloques opositores, como el Frente Renovador y el bloque justicialista, están
en contra de estas apreciaciones. Sé también que han votado en contra de lo que
ellos mismos creían, por disciplina de ese bloque. Pero hay que decir también,
que son corresponsables y cómplices necesarios de este desastre en el que está
entrando la Argentina y de esta situación social crítica. (Aplausos en las bancas.)
¡Ojo con lo que están haciendo! Lo
alerto. No se puede hablar de la pesada herencia.
Esos cómplices necesarios y
corresponsables ahora hablan del colapso que se viene…
Sr. Presidente (Monzó).-
Señor diputado: le pido que vaya
redondeando.
Sr. Doñate.-…colapso que ustedes mismos provocaron y que, con rostros circunspectos
y cara de preocupación, ahora se atreven a diagnosticar. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).-
La cuestión plantada pasará a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 11 -
Sra. Schwindt.- Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (Monzó).-
Las cuestiones de privilegio no se
discuten, señora diputada.
- Varios señores
diputados hablan a la vez.
Sra. Schwindt.- Es para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Monzó).-
Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada por Buenos
Aires.
Sra. Schwindt.- Señor presidente: el señor diputado Doñate no
solo mencionó a Massa, que no necesita que yo lo defienda, sino que se refirió
a todo el bloque y por eso le quiero decir que nosotros no necesitamos
intérpretes.
Le quiero recordar al señor diputado
que habló hace un rato y mencionó a las eléctricas, los tarifazos y demás, que
nosotros, este bloque y mi persona, fuimos los primeros en denunciar lo que
estaba pasando con el tarifazo. No venga a decir que nosotros no dijimos, que
apoyamos ni que nada.
- Varios señores
diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Monzó).-
¿En qué consiste la cuestión de
privilegio, señora diputada?
- Varios señores
diputados hablan a la vez.
Sr. Schmidt.- No necesitamos intérpretes.
- Varios señores
diputados hablan a la vez.
- 12 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación
General ‑Orden del Día N°920‑ recaído en el proyecto de ley de la
señora diputada Stolbizer, por el cual se modifican los artículos 7° y 10,
sobre actualizaciones de las deudas de dinero, de la ley 23.928 de Convertibilidad (expediente
1.155-D.-2016.)
AQUÍ
ORDEN DEL DÍA N° 920
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Stolbizer.- Señor presidente: todos sabemos que
el principal problema económico que tiene la Argentina es la inflación.
La
inflación, por su persistencia, por su carácter indomable, pero por sobre todas
las cosas, por su impacto social afecta principalmente a los sectores más
vulnerables, que se ven desprotegidos frente al aumento permanente de los
precios desde hace muchos años.
También
quiero decir que las leyes no pueden construir realidades que no son, o no
pueden construir ficciones para reemplazar las realidades.
Desde
hace muchos años y a partir de las leyes de convertibilidad y de emergencia
económica, tenemos una norma que establece la prohibición del acuerdo para
actualizar las deudas o las obligaciones de dar sumas de dinero.
Como
consecuencia de esto, hay algunos sectores que van teniendo sus propios
mecanismos de actualización. Concretamente, el caso de los trabajadores, que
discuten paritarias o la actualización de las jubilaciones, que por ley se ha
decidido actualizarlas cada dos años. Incluso, el propio gobierno, cuando
advierte de qué manera se han desfasado determinadas prestaciones, lo que hace
es actualizarlas.
Sin
embargo, hay una deuda con las cuotas alimentarias, que por su carácter debería
ser prioritaria en esta consideración.
Por
lo general, las cuotas alimentarias, como consecuencia de un divorcio son
objeto de las causas que en la mayoría de los casos pelean las mujeres para
poder sostener a sus hijos menores y hacer frente a muchas de las prestaciones,
bienes y servicios que se requieren para ello, y que no tienen posibilidad de
ser actualizados de otra manera.
La
compra de los alimentos, sobre todo, es posiblemente donde más se refleja ese
impacto social de la inflación y la verdad, no pueden siquiera formar parte de
los acuerdos que se hacen.
Frente
a esto, los jueces se encuentran con las manos atadas. La propia Corte de
Justicia de la Nación ha dicho que en tanto exista una ley que prohíbe esas
actualizaciones, no se puede fijar una actualización.
Por
lo tanto, el proyecto que he presentado, que ha sido considerado y que ha
tenido un dictamen muy importante en la Comisión de Legislación General, es
solamente para incorporar un párrafo que elimine a las cuotas alimentarias de
esa prohibición de ser actualizadas.
Esto
es algo elemental. Estamos hablando, insisto, del carácter alimentario, de una
obligación de dar sumas de dinero que afecta realmente a los derechos humanos y
que por lo tanto creemos que debería contar con esta consideración por parte de
este Congreso. Así es como ha sido receptado, sobre todo dentro de la comisión.
Además,
quiero dejar constancia de que también existe una discusión que se repite
muchas veces. Me refiero al problema de la litigiosidad.
Lo
que ocurre con esta prohibición para que el juez pueda fijar un mecanismo de
actualización de la cuota alimentaria, es que la persona tiene que recurrir a
la Justicia. Entonces, tienen que aportar pruebas, hacer una demanda, esperar
un fallo, etcétera.
Esto
no solamente significa la postergación en el tiempo del acceso a un derecho
humano fundamental como es el derecho alimentario, sino que también genera
dentro de la propia familia las tensiones propias de una mujer, litigando
contra el padre de sus hijos y un aumento de la litigiosidad y de la cantidad
de causas que se ventilan en los tribunales.
Cuando
uno mira la enorme cantidad de causas judiciales donde se tramitan los reclamos
alimentarios o la actualización de las cuotas alimentarias, nos damos cuenta de
que tenemos que reaccionar frente a esta situación.
Por
lo tanto, lo que este proyecto de ley pretende -y así ha sido receptado- es
simplemente eximir de la prohibición de que puedan ser actualizadas las cuotas
alimentarias en los juzgados. A partir de ello, el juez va a tener la
herramienta y la posibilidad de establecer ese mecanismo de actualización al
momento de fijar una cuota alimentaria. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por La Pampa.
Sr.
Fernández Mendía.- Señor presidente: en absoluta
coincidencia con este proyecto, quería adelantar nuestro apoyo y hacer una
propuesta que acabo de comentarle a la señora diputada Stolbizer.
Fundamentalmente,
nuestro aporte va en el mismo sentido que el proyecto, pero lo profundiza
aunque con el mismo espíritu del texto de la ley.
Lo
que proponemos es que en el artículo 7°, que se plantea modificar, se agregue
un párrafo que diga lo siguiente: “Los jueces, al fijar la cuota alimentaria,
deberán establecer su actualización para absorber los presumibles incrementos
de los costos de la cobertura de las necesidades del beneficiario.”
Esto
que proponemos obedece a que los jueces de primera instancia, en muchos casos,
fijan una cuota que puede ser un número y que después no se actualiza.
Entonces, la mujer, que queda con los hijos, muchas veces tiene que renovar un
trámite judicial, que tiene costos a los que no puede hacer frente para que se
le actualice la cuota alimentaria.
Otro
de los criterios se da a través de un porcentaje de los salarios. Si los jueces
no colocan un sistema de actualización, en muchos casos el que tiene que pagar
los alimentos no presenta las modificaciones del recibo salarial. De esa forma,
la cuota se congela. Con una inflación del 40 por ciento, se produce un
deterioro muy rápido de lo que significa la cuota alimentaria. En realidad, en
muchos casos, un fallo de Cámara es el que termina produciendo la
actualización. Y eso lo hemos visto en los pocos casos que hemos encontrado. No
hemos encontrado mucha jurisprudencia en este sentido a raíz de los costos que
implica un replanteo de la cuota alimentaria.
Al
respecto hemos encontrado un par de fallos de Cámara que imponen una
actualización semestral, incluso considerando el sistema anterior que prohibía
las indexaciones siempre teniendo en cuenta la protección de los intereses del
niño. Concretamente, hay muchas coincidencias sobre este punto y el Congreso
tiene muchos antecedentes en este sentido.
Lo
que proponemos es que este sistema de actualización no sea una cuestión
voluntaria del juez de primera instancia. En la ley tiene que estar contemplada
la existencia de un sistema de actualización de la cuota alimentaria. Además,
hay una cuestión práctica basada en la cobertura de los gastos y las
necesidades de los niños.
Por
otro lado, creemos que las normas deben tener un carácter propedéutico, o sea,
proponer cuestiones de valor moral. Fundamentalmente, tenemos que ser muy
claros respecto de lo que está bien y de lo que está mal. Sabemos de las
dificultades económicas por las que atraviesan muchos de los padres que tienen
que aportar los alimentos, sobre todo en estas épocas donde hay familias que se
van ensamblando y el tema de los gastos se hace muy difícil. Tenemos en claro
que esta es una obligación que nadie puede eludir, o sea, la de ser padre. En
el marco de esta época de modernidad líquida, -donde vienen ciertos vientos
hedonistas y nadie, o algunos, se quiere hacer cargo de sus obligaciones para
con los niños- tenemos que ser muy claros y taxativos en el sentido de que no
se puede perjudicar el interés de los hijos que muchas veces son rehenes de
disputas entre los padres y terminan siendo perjudicados.
Desde
el bloque Justicialista el aporte que proponemos es muy simple. Se refiere a un
agregado en el último párrafo del artículo 7° cuyo texto sería el siguiente: “Los
jueces al fijar la cuota alimentaria, deberán establecer su actualización para
absorber los presumibles incrementos de los costos en la cobertura de las
necesidades del beneficiario.”
Le
voy a acercar a la señora diputada Stolbizer o a la Presidencia de la Cámara
los antecedentes vinculados con esta modificación así como los fallos de Cámara
que avalan los fundamentos que estamos vertiendo.
Sr. Presidente (Monzó).- Señor diputado Fernández Mendía: le
solicito que le acerque el material al señor diputado Lipovetzky, miembro
informante de la Comisión de Legislación General.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Conesa.- Señor presidente: en esta norma que
estamos analizando se vuelven a ratificar las disposiciones de la ley de
convertibilidad que prohíben la indexación. Como contrapartida se levanta esta
prohibición en el caso particular de las obligaciones alimentarias.
Considero
que es un grave error la prohibición de las indexaciones mediante la ley de
convertibilidad. La Argentina es el único país del mundo que prohíbe las
indexaciones. En lugar de analizar este proyecto de ley sería mucho mejor decir
lo siguiente: “Deróganse los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 según la
redacción del artículo 4° de la ley 25.561.” Una vez que esto está
derogado, lo que no está prohibido está permitido. De esta manera, es
perfectamente factible que los jueces, al fijar las obligaciones alimentarias
establezcan la indexación. Repito: esto es completamente contrario al
desarrollo económico del país. Dado que tenemos inflación, la alternativa que
nos deja la prohibición de indexar es pactar las obligaciones en dólares y usar
la moneda dólar. Esto destruye nuestro mercado de capitales y determina que los
argentinos, para defenderse de la inflación, terminen comprando dólares. A su
vez esto determina que haya 400 mil millones de dólares de argentinos que están
en el exterior. Ese dinero debería estar aquí en el país para alimentar nuestro
mercado de capitales, permitir la baja en la tasa de interés, generar inversión
y promover nuestro desarrollo económico.
Existe
un país allende Los Andes; Chile tiene el sistema monetario más avanzado del
mundo y ha merecido el elogio de diversos Premios Nobel. En este sistema
monetario se utiliza el peso chileno
para las transacciones corrientes. Para los depósitos a plazo fijo a más de
tres meses y para las obligaciones a plazo lo que se utiliza es lo que se
denomina unidad de fomento. Por ello, todas las obligaciones a plazo quedan
automáticamente indexadas. Como consecuencia de este sistema monetario, Chile
prácticamente no tiene fuga de capitales. El mercado monetario y financiero
chileno es un ejemplo en el mundo y en América Latina. La cantidad de préstamos
bancarios en relación al PBI de Chile supera el ciento por ciento. La cantidad
de préstamos bancarios en la República Argentina en relación al PBI es
solamente del 14 o 15 por ciento.
Como
consecuencia de la prohibición de indexar, los capitales argentinos se
trasladan a otros países, como por ejemplo a Estados Unidos. Esto significa que
estamos pagando una regalía a los Estados Unidos por el uso de su moneda, que
la podemos calcular en el cinco por ciento del total de la fuga de capitales. O
sea, estamos pagando un impuesto absurdo al gran país del Norte por un monto de
20 mil millones de dólares anuales implícitamente por estas disposiciones que
prohíben la indexación en nuestro país. Esto es gravísimo. El hecho de utilizar
otra moneda atenta contra la soberanía nacional. Aquí se ha hablado del día de
la Soberanía Nacional. Suscribo todas las palabras en defensa de la
soberanía, pero empecemos por lo
práctico, señor presidente. Debemos suprimir el uso de la moneda dólar. Para
ello tenemos que permitir la indexación y darle la posibilidad a nuestro país
de tener un sistema monetario similar al de nuestros hermanos chilenos. AL
respecto he presentado un proyecto de ley y le pido a los señores diputados que
consideremos lo que acabo de mencionar. Reitero mi propuesta: “Deróganse los
artículos 7° y 10 de la ley 23.928, según la redacción del artículo 4° de la ley 25.561.” Y, como lo que no está prohibido está permitido, automáticamente se
pueden indexar las prestaciones alimentarias. Hay muchas otras ventajas, señor
presidente, pero no las voy a mencionar pues son muy extensas.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Formosa.
Sr.
Díaz Roig.- Señor presidente: considero que en un
corto plazo este Congreso y nuestra comunidad van a tener que entrar en este
debate que, tal como lo mencionó el señor diputado preopinante, es más profundo
que el tema que hoy nos convoca.
Cuando
se habla de que no va a haber indexación se utiliza la expresión
redeterminación de precios. Eso es lo mismo, pero basado en otros criterios.
Los contratos se indexan de diversas formas. De cualquier manera y más allá de
esta cuestión en particular, que no creo que tenga mayores objeciones-
considero que es oportuno que razonemos en este sentido, y me voy a permitir
señalar algunas consideraciones sobre la inflación.
La
inflación para muchos es un tema central de la economía. En este sentido,
quiero pedirles humildemente que leamos las reflexiones de Joseph Stiglitz.
Para nosotros el problema central no es la inflación, sino la desigualdad. Es
decir que es mucho más importante el índice Gini que la inflación.
El
otro día en un debate he escuchado con dolor que para hacer consideraciones
técnicas faltan a la verdad. Esto ocurre en reiteradas ocasiones. Por ejemplo,
dicen que los dos últimos años fueron la etapa de mayor inflación en la
República Argentina, pero eso es mentira.
La
inflación de los últimos doce años, según el discurso del presidente Macri en
este mismo recinto, habría sido del 700 por ciento. Es decir que la inflación
de los doce años anteriores, si tomamos los períodos de los presidentes de la
Rúa, Menem y Duhalde, fue del 12.000 por ciento, del 19.000 por ciento o del
21.000 por ciento, no del 700 por ciento. La inflación durante el período del
doctor Alfonsín fue de 1.600.000 por ciento y para algunos de 1.900.000 por
ciento. La inflación de la etapa del proceso cívico militar fue de 340.000 por
ciento.
Entonces,
cuando comenzamos un debate sobre los motivos de la inflación y sobre cómo
vamos a combatirla, les pido a los antiperonistas que arranquemos la discusión
desde la verdad.
Nosotros
afirmamos una cuestión muy simple. La inflación del período kirchnerista ha
sido la más baja de la República Argentina desde la época del general Perón.
Esta es una verdad absoluta que nadie puede discutir.
Si
planteamos que combatiremos la inflación porque afecta a la totalidad de la
ciudadanía, encaremos el tema dentro del marco del combate de la desigualdad.
Estos dos flagelos son los que generan el problema que hoy estamos tapando con
este otro debate referido al consumo y la inversión. Ya deberíamos estar
convencidos de que no es el consumo contra la inversión, para que quede en pie
uno de los dos. Es decir, se trata de un debate absolutamente carente de
sustento, porque tanto el consumo como la inversión son necesarios.
Nosotros
vemos que el Estado, cuando apoya y toma medidas proactivas para sostener el
consumo, provoca inflación. Algunas personas sostienen que hay que generar
condiciones para que llegue capital de afuera, porque ello derramará y
estimulará el consumo. No sostengamos que la inflación es el principal problema
argentino.
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia
le solicita que vaya terminando su intervención.
Sr.
Díaz Roig.- Considero que es fundamental achicar
el debate y ver cómo sostener el consumo o la inversión. Aprovechemos estos
temas para debatirlos y avanzar en el tratamiento referido al combate de la
inflación y, al mismo tiempo, de la desigualdad y la inequidad, a través del
tratamiento de esta iniciativa, que viene a reparar los derechos de los
menores. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: me referiré al
proyecto de ley de la señora diputada Stolbizer. Considero que será la
iniciativa que votaré afirmativamente con más gusto y entusiasmo, porque es uno
de los temas de mayor justicia que votaremos este año.
Voy
a contarles una experiencia personal respecto de cómo me involucré y pude
conocer esta cuestión. Antes de tener el privilegio de ingresar a esta
Honorable Cámara, trabajé en una consultora económica que un funcionario del
gobierno anterior, el licenciado Moreno, apretaba para que no dijera la verdad
respecto de los precios. Esa también era una realidad y sería bueno que también
la recuerde el diputado preopinante que nos criticó.
De
ese modo, me enteré de cuál era la problemática respecto de los índices de
precios. De pronto, nos empezaron a llegar despachos judiciales solicitándonos
que puntualicemos los índices de inflación. Al principio nos preguntábamos los
motivos de esta tarea por la cual teníamos que presentar informes en los
distintos juzgados. Luego, nos percatamos de que en su gran mayoría se trataba
de causas relacionadas con el ajuste de las cuotas alimentarias.
El
hecho de que hubiera desaparecido el índice del INDEC -gracias al licenciado
Moreno y sus patotas, porque eso fue parte del gobierno del que habló el señor
diputado preopinante- provocó que los juzgados tuvieran que recurrir a
consultoras privadas y buscar índices alternativos.
La
situación descripta me llevó a conocer el problema administrativo de un
juzgado, porque cuando contestábamos a sus inquietudes, a los seis meses nos
pedían una explicación adicional sobre cómo calculábamos el índice, lo
contestábamos nuevamente, pero a los tres meses nos llegaba una objeción de
alguna de las partes. Entonces, durante un año estaba la causa estaba abierta
sin que se pudieran actualizar las cuotas alimentarias.
La
iniciativa en tratamiento apunta a dar una solución a este problema, para que
los ajustes se puedan realizar con celeridad y que los chicos no sean rehenes
de las disputas judiciales que se pudieran originar.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetsky.- Señor presidente: esta es una
iniciativa muy importante y necesaria. Me refiero a la modificación que
planteamos a la ley 23.928, contenida en el proyecto de la señora diputada
Stolbizer, que trabajamos en la comisión.
Se
trata de una necesidad en este contexto de inflación, a fin de que las cuotas
alimentarias puedan ser actualizadas a través de un mecanismo ágil, pues
coincido con lo expresado por el señor diputado Lavagna en relación con la
utilización de mecanismos alternativos durante todo este tiempo, por no existir
índices oficiales.
En
la Argentina actual, el INDEC emite índices oficiales que reflejan la realidad
de lo que sucede en nuestro país y esto es un gran cambio. Cabe mencionar esta
cuestión, a propósito de que se cumplió un año del triunfo del presidente Macri
en la segunda vuelta en las elecciones del año pasado.
En
este contexto nos parece fundamental permitir la actualización de las cuotas
alimentarias, que es uno de los problemas actuales. Tal como mencionó la señora
diputada Stolbizer, hay créditos que se actualizan a través de otros
mecanismos, con negociaciones paritarias, hay créditos laborales respecto de
los cuales los jueces han tenido que recurrir a elevar las tasas de interés,
pero en lo atinente a las cuotas alimentarias es importante que podamos
modificar esta situación para que los hijos tengan el sustento que merecen.
Por
lo tanto, acompañamos la iniciativa y aceptamos la propuesta del señor diputado
Fernández Mendía.
Voy
a dar lectura del agregado a la modificación, para que quede constancia en la
versión taquigráfica y podamos insertarlo en el dictamen.
El
párrafo que agregamos al artículo 1°, que modifica al artículo 7° de la ley
23.928 que estamos modificando, dice así: “Conforme lo establecido en el
párrafo anterior, los jueces al fijar la cuota alimentaria, deberán establecer
su actualización para absorber los presumibles incrementos de los costos en la
cobertura de las necesidades del beneficiario.” Ese sería el párrafo que
incorporaríamos al dictamen que aprobamos en la Comisión de Legislación
General.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: quiero hacer una sola
observación, para que quede constancia en este debate.
En
el artículo segundo, que repite el texto de la ley 25.561, se prohíben algunas
cuestiones. Entre ellas, la inclusión a los convenios colectivos de trabajo de
fecha anterior, como causa de ajuste, en la suma de pesos que correspondía
pagar.
Con
posterioridad a la ley 25.561 se derogó el artículo 141 de la ley 24.013,
Nacional de Empleo, que precisamente prohibía la posibilidad de que los
convenios colectivos de trabajo se “engancharan” proporcionalmente con los
aumentos del salario mínimo vital y móvil. Una ley posterior derogó esto.
Entonces,
acá estaríamos reflotando una prohibición respecto de los convenios colectivos
de trabajo que fue suprimida por un proyecto de ley en 2008 o 2009. Esto tuvo
lugar con posterioridad a la sanción de la ley 25.561, que tuvo lugar en 2002.
Por
lo tanto, solicito que se deje constancia de que se está derogando esa relación
cuando se habla del salario mínimo vital y móvil como forma voluntaria y
concertada de actualización en un convenio colectivo de trabajo. Señalo esto
porque eso puede evitar la rediscusión de los convenios colectivos de trabajo.
Si además lo conciertan con libertad y es homologado, no veo ningún
inconveniente para que se plantee de ese modo.
Quiero
señalar que un señor diputado de mi bloque acaba de acotarme que la
modificación data de 2010.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia entiende que el señor diputado preopinante no ha
propuesto un texto, sino que solamente se ha limitado a señalar los
inconvenientes.
Sr.
Recalde.- Si me permite, señor presidente,
quisiera proponerlo ahora.
Sr.
Presidente (Monzó).- Como no, señor diputado.
Sr.
Recalde.- Concretamente, propongo el agregado del
siguiente texto: “salvo que la referencia que haga el convenio colectivo de
trabajo sea al salario mínimo vital y móvil”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: en las
publicaciones de la ley actualmente vigente el texto aparece con la redacción
que estamos modificando en este momento. Es decir, no figura la referencia a la
que hace mención el señor diputado Recalde.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: la ley 26.598,
sancionada en 2010, derogó el artículo 141 de la ley 24.013. Entonces, lo que
se debe agregar es la excepción alusiva a cuando el convenio colectivo de
trabajo pactado libremente –no es necesario incluir esta última expresión;
simplemente la utilizo como fundamentación‑ y homologado se refiera al
salario mínimo vital y móvil, como una forma de actualización de los salarios
pactados en el convenio. Eso lo acuerdan libremente las partes, pero aquí
indirectamente lo estaríamos prohibiendo. Quiero decir que muchas veces esto
evita la reapertura de convenios colectivos de trabajo pactados libremente
entre las partes.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Conesa.- Señor presidente: creo que la mejor
manera de dirimir esta cuestión consiste simplemente en derogar los artículos
7° y 10 de la ley 23.928, de acuerdo con la redacción del artículo 4° de la ley
25.561. De esta forma automáticamente se revalidaría cualquier cláusula de
indexación que contengan los convenios colectivos de trabajo, que a partir de
ese momento podrán ser indexados.
Del
mismo modo, no habría ningún inconveniente de que en las sentencias de los
jueces se establezca la indexación de las prestaciones alimentarias mediante el
índice de costo de vida.
Reitero
que la Argentina es el único país del mundo que prohíbe la indexación. Estos
dos artículos de la ley de convertibilidad, que tanto mal ha causado al país,
son obsoletos y absurdos. Por ende, solicito que se vote expresamente la
derogación de estos dos artículos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Romero.- Señor presidente: nuestro bloque
considera razonable el planteo efectuado por el señor diputado Recalde y estima
que es aconsejable el agregado de ese párrafo, pues deja en claro los convenios
colectivos de trabajo vigentes.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: entiendo la
totalidad de las consideraciones que se han efectuado. El debate que estamos
llevando a cabo se circunscribe al tema de las deudas alimentarias. Me parece
que lo que ha planteado el señor diputado Recalde hoy ya se está llevando a
cabo en la práctica. En consecuencia, creo que si quisiéramos avanzar respecto
de alguna propuesta más amplia de modificación de la ley 23.928, ello
ameritaría un debate mayor que el que hemos realizado en el ámbito de la
comisión, donde nos limitamos a analizar el tema de las deudas alimentarias.
En
ese contexto, soy partidario de insistir en el dictamen de la comisión, además
de la modificación que acabo de aceptar.
Sr.
Presidente (Monzó).- Entonces, se va a votar nominalmente el proyecto.
Sr.
Recalde.- Si me permite, señor presidente, quiero
aclarar que nuestro bloque lo votará afirmativamente en general.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia aclara al señor diputado que se iba a votar el proyecto
en general y en particular en forma conjunta. Ahora, vamos a separar las
votaciones, haciéndolo primero en general y luego en particular.
Sr.
Recalde.- Solicito que se deja constancia de las
manifestaciones del señor diputado Lipovetzky, a fin de que cuando tengan que
interpretar esto sepan que en realidad hay una conformidad que está dando al
planteo que hemos efectuado, sin incluirlo en la ley. Esto constituye una
irregularidad, por lo que solicito que se deje constancia de la hermenéutica.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de
la Comisión de Legislación General recaído en el proyecto de ley contenido en
el expediente 1.155-D.-2016, por el
que se modifica la ley 23.928, de convertibilidad, sobre actualizaciones de las
deudas de dinero (Orden del Día N° 920).
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
223 señores diputados presentes, 220 han votado por la afirmativa y 1 por la
negativa. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Hubo 220
votos por la afirmativa, 1 por la negativa y no se registraron abstenciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Wolff.- Señor presidente: solicito que se deje
constancia de mi voto por la afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Así se hará, señor diputado.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en
particular el artículo 1°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Moreno.- señor presidente: en las últimas 72
horas el presidente Macri ha hablado de la necesidad de revisar los convenios
colectivos de trabajo, de la flexibilización laboral y de todo lo que sabemos.
Nosotros, en ese tema específico, creemos que esto va a dar lugar a una
interpretación para llevarse puesto un montón de leyes, como ocurre en el caso
del blanqueo y de la reparación histórica de los jubilados, cuando en realidad
hay otro negocio detrás.
Por
lo tanto, vamos a solicitar que respecto de ese tema la votación sea nominal, a
fin de que el día de mañana nadie se haga el distraído si las consecuencias
alcanzan a los convenios colectivos de trabajo, como ocurre en el caso del
artículo 2°.
Sr.
Presidente (Monzó).- Entonces, solamente el artículo 2° se va a votar nominalmente.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: quisiera saber si
podemos aclarar el sentido de nuestro voto.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia entiende que ha quedado bastante aclarado. En
consecuencia, corresponde pasar a votar el artículo 1° del proyecto. En
oportunidad de la consideración del artículo 2° el señor diputado podrá
efectuar las aclaraciones que estime pertinentes.
Se
va votar el artículo 1°.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 2°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: en el artículo 2°, a
continuación de la expresión “convenios colectivos de trabajo de fecha
anterior”, contenida en el primer párrafo, propongo la inclusión del siguiente
agregado: “salvo que el índice fijado sea el correspondiente a la actualización
del salario mínimo vital y móvil”.
Entonces,
en cuanto al sentido de nuestro voto, usted indicará si el artículo se va a
votar tal como está o si se lo va a hacer con la modificación propuesta. En
otras palabras, se indicará cuál será el “sí” y cuál el “no”. No entiendo; por
eso le pido a usted que me lo expliquen.Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: acompañamos el
proyecto en general con las modificación aceptada, pero compartimos la
preocupación que expresa el doctor Recalde. Si bien es cierto que al hacer la
consulta por Infoleg no figura este artículo remitido a la ley de convenciones
colectivas de trabajo y que por una ley general no se podrían derogar normas
que son tan específicas, no menos cierta es la preocupación que tenemos cuando
se dice que estamos frente a un paquete de leyes flexibilizadoras. De esta
manera tal vez se abra una puerta a interpretaciones judiciales, y esto no es
lo que se busca con el proyecto que estamos tratando.
Por
eso, nos gustaría que se aceptaran estas modificaciones. De ser así,
acompañaremos esta iniciativa. De lo contrario, pedimos autorización para
abstenernos y, para no hacer más exposiciones, solicitamos la inserción de
nuestro discurso en el Diario de Sesiones.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La Cámara autoriza la abstención solicitada por la diputada
Ferreyra?
- Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda autorizada la abstención solicitada.
Se
va a votar nominalmente el artículo 2° del dictamen de la mayoría.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
223 señores diputados presentes, 127 han votado por la afirmativa y 89 por la
negativa, registrándose además 6 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han
votado 127 señores diputados por la afirmativa y 89 por la negativa, y se han
registrado 6 abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr.
Presidente (Monzó).- Resulta afirmativa.
-
El artículo 3° es de forma.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de
ley. (Aplausos
en las bancas.)
Se comunicará al Honorable Senado.
- 13 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de mayoría de las Comisiones de
Seguridad Interior y otras recaído en el proyecto de ley sobre uso medicinal de
la planta de cannabis y sus derivados. (Orden del Día N° 751.
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 751
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por
Mendoza.
Sr. Petri.- Señor
presidente: al comienzo de la sesión se votó una modificación al temario en el
sentido de incorporar el expediente 2.427.D.-2016
-que regula el uso de cannabis con fines medicinales- como segundo punto porque
este proyecto estaba incluido como penúltimo tema.
Por lo tanto, estamos solicitando,
teniendo en cuenta que estamos terminando de consensuar algunas modificaciones
que pueden ser importantes a la hora de abordar este tema, que en lugar de ser
tratado en este momento sea considerado con posterioridad a los temas relativos
a la ley de manejo del fuego y a la modificación del Código Penal por abuso
sexual.
Tengamos en cuenta que ambos son
proyectos cortos y así podríamos avanzar en la redacción del texto final
respecto del despacho de la ley de cannabis
para uso medicinal.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Recalde.- Señor
presidente: nosotros habíamos acordado tratarlo ahora; en todo caso, esta
solicitud será una revisión de lo que habíamos resuelto pero reitero que lo que
habíamos pactado era tratarlo ahora. Así que no entiendo por qué hay que
postergar su tratamiento.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Mendoza.
Sr. Petri.- Señor
presidente: entiendo lo que dice el diputado Recalde. Es cierto que se había
acordado tratarlo ahora, pero no estamos pidiendo una modificación y que vuelva
al lugar que ocupaba inicialmente sino que se trate la ley de manejo del fuego
y la modificación al Código Penal respecto al abuso sexual, que son proyectos
cortos, y que posteriormente ingresemos al tratamiento del tema de cannabis para uso medicinal.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Son dos proyectos que no tienen disidencias.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: le pido al diputado
Petri que no juegue con fuego porque realmente ya habíamos acordado este
mecanismo. Si el orden de los factores no altera el producto…
Sr.
Presidente (Monzó).- Bien. Continuaremos con el Orden del Día tal como estaba
previsto. (Aplausos en las bancas.)
Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: justamente quería
señalar que habíamos prestado nuestra
conformidad oportunamente en la Comisión de Labor Parlamentario, y solicito que
continuemos tal cual estaba previsto.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Mendoza.
Sr. Petri.- Señor
presidente: la verdad es que esta no es la primera vez que este cuerpo se aboca
al tratamiento del cannabis para uso
medicinal.
Esta discusión, al menos en el
Congreso de la Nación, arrancó en el año 2003 cuando por primera vez se
presentaba un proyecto que regulaba y establecía la eximición de pena en los
supuestos de la utilización medicinal del cannabis.
Por ejemplo, tengo en mi poder la cantidad de proyectos que se
presentaron en la Cámara de Diputados desde año 2003: son más de diez. En la
gran mayoría de los casos se establecían modificaciones a la ley de
estupefacientes –la 23.737-; en otros se modificaba el artículo 5° y, en otros
supuestos, el artículo 15 de esa ley.
Es así, por ejemplo, que se
presentaron proyectos en el 2005…
Voy a solicitar, señor presidente, que
pida silencio.
Sr. Presidente (Monzó).- Por favor, la Presidencia solicita a
los señores diputados que hagan silencio.
Sr. Petri.- Se
presentaron proyectos en 2005, 2008, 2010, 2013 y 2014 y todos compartían esta
finalidad: impedir la aplicación de penas para aquellas personas que utilizaran
al cannabis con fines medicinales.
En el año 1968 la República Argentina
había sancionado la ley 17.818, y en su artículo 3° expresamente se establecía
que quedaba prohibida la producción, fabricación, exportación, importación,
comercio y uso de estupefacientes contenidos en la lista IV de la Convención
Única sobre Estupefacientes del año 1961. En esa lista IV estaba el cannabis para
uso medicinal.
Pero ese artículo tenía una dispensa y
establecía expresamente que se exceptuaba a las cantidades estrictamente
necesarias para la investigación médica y científica incluidas en los
experimentos clínicos de estupefacientes.
¿Qué quiero decir con esto? Que desde
1968 el Estado nacional tenía en sus manos una herramienta poderosa a la hora
de efectuar los estudios, el análisis y la investigación médica del uso del cannabis y de sus efectos en la salud de
la población.
Es cierto que en el año 1968 todavía
no existían estudios que dieran cuenta de la importancia del cannabis, por ejemplo, en patologías
tales como la epilepsia refractaria y la fibromialgia para pacientes
oncológicos o que tuviesen HIV Sida o, por ejemplo, para pacientes que tuvieran
algún otro tipo de patología en donde fuese recomendada la utilización del cannabis.
Si bien en 1968 no existía este
problema, en 2003 ya comenzaba a aparecer, y de eso da cuenta la cantidad de
proyectos que se presentaron desde esa oportunidad en el Congreso de la Nación.
Hubo una constante durante todo este
tiempo, señor presidente. ¿Cuál fue la constante? La negativa a tratar estos
proyectos.
Por lo general, esas iniciativas
tienen giros a las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Prevención
de Adicciones y Control de Narcotráfico y de Seguridad Interior, pero más allá
del ámbito en donde deberían ser tratadas, la respuesta del Estado siempre fue
la misma: negar el problema y negar la utilización del cannabis para el uso medicinal.
Recuerdo que cuando pocos días atrás
discutíamos la ley de precursores químicos, desde el oficialismo impulsamos la
incorporación en el artículo 5° de la ley de estupefacientes de la expresión
“precursores químicos y/o materias primas utilizadas en la elaboración de estupefacientes”.
En ese momento se produjo un debate sobre la utilización del cannabis
medicinal, durante el cual muchos plantearon la necesidad de modificar esa
norma. Incluso, nos dijeron que si no lo hacíamos estaríamos criminalizando a
todas y cada una de las personas que hacían uso de él. Otros manifestaron que
estábamos perdiendo la oportunidad histórica que nos permitiera encontrar una
solución al uso del cannabis medicinal.
En
esas circunstancias, aclaramos que queríamos tratar ‑porque teníamos la
voluntad política de hacerlo‑ el uso y los efectos del cannabis en la
salud de la población, pero que considerábamos que la discusión de la ley de
estupefacientes no era el marco más adecuado.
Siempre
sostuvimos que era necesaria una ley específica, porque a la hora de analizar
la utilización del cannabis para uso medicinal, más allá de lo que establezca
la ley de estupefacientes hay que discutir también el rol del Estado. Digo esto
porque lo que está en debate es el rol y la participación del Estado como garante
y custodio de la salud pública. Tengamos en cuenta que según sea el rol que
asignemos al Estado –ya sea como persecutor de políticas criminales o como
promotor de la salud- será la respuesta que daremos a la población que hoy
necesita del cannabis para uso medicinal.
Durante
todo este tiempo tuvimos un Estado ausente en todo lo relativo a la promoción
de políticas públicas a partir de la elaboración de cannabis. Esta es una
realidad irrefutable. Si el Estado se hubiera hecho presente tendríamos en nuestro
poder los resultados de investigaciones científicas concluyentes y estudios que
acreditaran y garantizaran los efectos positivos de la utilización de cannabis
para todas y cada una de las patologías. Lamentablemente, todavía no contamos
con esa información.
Algunos
creen que debemos pasar del rol de Estado ausente en lo vinculado a la
promoción de políticas públicas, a la mera calidad de Estado espectador. Esto
es, un Estado que no resuelve el problema, no genera información, no produce
evidencia científica y no promueve el cuidado de la salud pública ni la
atención integral a los pacientes que necesitan del cannabis para uso
medicinal. Estaríamos hablando de un Estado que se lava las manos y que a los
usuarios y pacientes les dice que hagan lo que puedan y como puedan.
Desde
el Congreso de la Nación no debemos dar esa respuesta. Sin embargo, ella estuvo
escrita en muchos proyectos que asignaban al Estado ese rol menor en el cuidado
de la salud pública, ya que simplemente buscaban no criminalizar las acciones o
conductas que fueran eventualmente violatorias de la ley de estupefacientes.
Siempre
sostuvimos que no alcanza con un Estado que observa de lejos cómo los
particulares y los pacientes resuelven individualmente su problema. No debemos
olvidar que acá estamos hablando de salud pública y de cuidados paliativos a
partir de la utilización del cannabis para uso medicinal.
Es
necesario que en esto se involucre el Estado, porque si no lo hace no solamente
no existirán investigaciones que certifiquen los efectos positivos, sino que
tampoco –esto es lo más grave- habrá control. En definitiva, cuando el Estado
está ausente no hay protección a los pacientes, no hay garantías de pureza y
tampoco hay médicos que puedan prescribir.
Por
eso sostuvimos la necesidad de contar con un Estado protagonista. De eso se
trata el despacho que tenemos en consideración. Queremos poner las cosas en su
lugar, es decir, que el Estado ocupe el centro de la escena y que tenga el
lugar que nunca debió perder ni dejar de ocupar a la hora de garantizar la
salud a todos y cada uno de los pacientes y sus familiares, que se han visto
forzados a elaborar su propio aceite de cannabis.
Sé
que se me agota el tiempo, pero no quiero finalizar mi exposición sin hacer
algunas aclaraciones, que no están de más, porque se ha informado mal sobre los
alcances de esta iniciativa.
Cuando
el proyecto se giró a las comisiones de Seguridad Interior, de Acción Social y
Salud Pública y de Legislación Penal, el primer cuestionamiento que surgió fue que
designaran como cabecera a la Comisión de Seguridad Interior. Quizás
correspondía que actuara como comisión cabecera la de Acción Social y Salud
Pública, pero lo cierto es que ella tuvo ese rol en muchas otras propuestas que
se presentaron a lo largo del año 2013 y nunca dio lugar al debate ni impulsó
una iniciativa que de alguna manera diera respuesta a las necesidades de las
personas que padecían problemas y patologías para las que se indicaba la
utilización de cannabis.
Por
lo tanto, desde el enfoque de lo que es la salud pública decidimos convocar a
especialistas, que fueron concluyentes ‑tal como lo fue la ANMAT‑
sobre el uso del cannabis y el rol que debe desempeñar el Estado en la
elaboración y producción de aceite de cannabis.
Cuando
presentamos el despacho de mayoría algunos sostuvieron que solo promovía la
investigación. Evidentemente, solo se circunscribieron a lo que establece el
artículo 1°. Muchos llegaron a decir que era una burla porque solamente
promueve la investigación médica y científica, a pesar de que nosotros siempre
sostuvimos que con eso no basta. También dijimos que para comprender los
alcances del proyecto no alcanzaba con leer el artículo 1° sino que había que
analizarlo en toda su extensión, porque estábamos dando cuenta de todas y cada
una de las necesidades de una población que actualmente consume cannabis para
uso medicinal y que requiere que existan controles y que se certifique y
garantice la pureza.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita al señor diputado que redondee su
exposición, dado que se ha agotado el tiempo del que disponía para hacer uso de
la palabra.
Sr.
Petri.- Ya finalizo, señor presidente.
A
partir de este proyecto, quienes se incorporen al programa van a recibir un
cuidado integral de la salud; van a contar con un Estado que les proporcione el
aceite de cannabis; se va a informar y se va a hacer docencia con los médicos
que muchas veces por falta de conocimiento se presentan como un obstáculo a la
hora de prescribir la utilización del cannabis; se va a poner a disposición
todo el sistema de salud a fin de facilitar la investigación y la evidencia
científica respecto de los resultados positivos, pero también de los adversos,
y finalmente se prevé que hasta tanto el Estado pueda elaborar y otorgar a
todos y cada uno de los pacientes el cannabis para uso medicinal, tendrán la
posibilidad de importar gratuitamente tanto el aceite como sus derivados.
Por
último, vuelvo sobre lo que dije al comienzo de mi exposición. Cuando
discutimos la ley de estupefacientes y precursores químicos sostuvimos que ese
no era el momento para debatir este tema, porque teníamos que dar una respuesta
integral a quienes hasta hoy sólo habían recibido silencio por parte del
Estado. Como dije, es necesario que el Estado vuelva a ocupar el rol de
protagonista y promotor de la salud pública de todos los argentinos. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos, que comparte
el tiempo con la señora diputada Nilda Garré.
No
estamos discutiendo algo nuevo; por el contrario, en el mundo ya se avanzó
sobre esta problemática. Israel legalizó el uso medicinal del cannabis, y lo
mismo han hecho Canadá, veinticinco Estados de los Estados Unidos, Chile,
Uruguay, Colombia y México con distintas regulaciones.
Hoy
nos abocamos al tratamiento de un marco regulatorio para el uso medicinal del
cannabis. Se ha afirmado que no corresponde hacerlo en el contexto de la ley de
estupefacientes. Al respecto quiero decir al señor diputado Petri que, aunque
está muy bien que dictemos un marco regulatorio, sucede que la mencionada ley
actualmente penaliza a las madres que si no fuera por el cultivo no tendrían
cómo garantizar a sus hijos el tratamiento con aceite de cannabis.
Por
lo tanto, resulta necesario que contemplemos una autorización para que las
madres y los miles de pacientes que en nuestro país usan el cannabis para
mejorar su calidad de vida puedan continuar con esa práctica sin quedar
expuestos a la normativa penal. De acuerdo con la ley de estupefacientes, una
madre que cultiva y usa cannabis puede recibir una pena de cuatro a quince años
de prisión. Luego, si esa madre se junta con otras para cultivar cannabis y
extraer su aceite a fin de bajar la cantidad de convulsiones de su hijo, queda
enmarcada en la figura de asociación ilícita.
A
continuación, quiero referirme al dictamen de minoría que suscribimos desde la
Comisión de Acción Social y Salud Pública, donde trabajamos en los más de
quince proyectos presentados por diputados y diputadas de distintos bloques
políticos. Estamos ante un tema de salud; no de adicciones o drogas. Por eso
creemos que el Estado debe garantizar el acceso al tratamiento.
Nuestro
dictamen tiene una mirada amplia respecto de esta problemática, pero desde la
perspectiva de la salud. Es por ello que vemos con preocupación el dictamen del
oficialismo, porque está planteado desde el punto de vista de la seguridad y no
da, ni a las madres ni a los pacientes, una autorización para autocultivar.
Si
se me permite, quiero explicar la situación del cannabis en nuestro país. Hoy
día no existen regulaciones y la ley de estupefacientes penaliza a la madre que
cultiva para reducir la cantidad de convulsiones de su hijo: la considera una
narcotraficante. Por eso una madre, un paciente oncológico o una persona que
sufre fibromialgia deben recurrir al mercado negro; tiene que llamar a un
vecino o a un pariente y comenzar una cadena para ver cómo puede conseguir ese
aceite que puede mejorar su calidad de vida o aliviar su dolor.
Reitero
que en la actualidad está penalizado el cultivo. No seamos hipócritas; muchas
madres y pacientes que no tienen la posibilidad de cultivar acceden al aceite
de cannabis gracias a los cultivadores, que también están penalizados. De
hecho, dos de ellos fueron detenidos la semana pasada en la ciudad de Córdoba.
Asimismo,
las universidades no pueden investigar porque en la Argentina el cultivo de
cannabis está penalizado aun con fines de investigación. Si bien, como decía el
señor diputado Petri, en función de la ley de psicotrópicos está autorizada la
investigación, ninguna universidad la lleva adelante porque no puede hacerse de
la materia prima necesaria.
Luego,
los médicos no pueden prescribir este producto porque si lo hacen arriesgan sus
matrículas. Por eso se sienten temerosos a la hora de prescribir algo que
seguramente mejorará la calidad de vida de sus pacientes, porque corren el
riesgo de perder sus matrículas.
Esta
es la situación en nuestro país, señor presidente. El aceite importado sirve
pero solo para algunas patologías; más conocido como Charlotte’s web, es un aceite que sirve nada más que para algunos
casos. Además, es necesario hacer un trámite ante la ANMAT –o sea, un trámite
burocrático‑ para autorizar su ingreso al país. Es decir que permitiendo
la importación no resolvemos el problema ni cubrimos las necesidades de las
madres ni de los pacientes.
Hay
ausencia del Estado y descontrol. A muchos les preocupa que el cultivo se
propague o que una madre medique a su hijo aun con el acompañamiento de un
profesional. Si el Estado está presente es para criminalizar. En nuestro
dictamen de minoría, que suscribimos desde la Comisión de Acción Social y Salud
Pública con legisladores de distintos bloques políticos, pedimos que haya
control del Estado. Es necesario que impulse, a través de los laboratorios de
producción pública de medicamentos, la fabricación de distintas variedades de
cannabis. Esto no está contemplado en el dictamen de mayoría.
Por
otro lado, nuestro dictamen propone la creación de un registro de pacientes y
usuarios de cannabis medicinal previa presentación de historias clínicas y
prescripciones médicas, para que estén autorizados a cultivarlo y no sean
penalizados. Esto también falta en el dictamen de mayoría y nosotros queremos
que se incorpore, porque si no se tiene en cuenta a las madres ni a los
pacientes que cultivan, estos lo seguirán haciendo y el Estado los va a
criminalizar.
¿De
qué Estado presente estamos hablando si no contemplamos la necesidad de miles
de argentinos que utilizan el aceite de cannabis como tratamiento
complementario para aliviar su dolor? Hablamos de gente que está muriendo, de
pacientes oncológicos que tienen sus días de vida contados y que con esta
sustancia pueden aliviar un poco su dolor, aumentar su apetito o mejorar su
estado de ánimo.
Voy
finalizando mi exposición para que pueda hacer uso de la palabra la señora diputada
Garré. Como se habla mucho de evidencia científica, quiero decir que la
evidencia científica existe, señor presidente; pero también hay evidencia
empírica, que está dada por los videos de Josefina, de Emiliano y de tantos
otros niños que dejaron de tener cien convulsiones diarias para empezar a
sonreír y a caminar. Veamos los casos de Katrina, la hija de Soraya, y de
Micaela, la hija de Carola. ¿Qué más evidencia necesitamos? ¿De qué evidencia
científica estamos hablando si tenemos a las madres que pueden atestiguar cómo
mejoró la calidad de vida de sus hijos? (Aplausos
en las bancas.)
Dejemos
de apegarnos a la sociedad científica, que muchas veces está orientada a las
investigaciones que interesan a los laboratorios y no a lo que efectivamente
hace bien a la población. Después de todo, estamos hablando de una planta.
Hay
e‑mails con distintas historias que llegaron a los señores diputados. El
Estado no puede abastecer la demanda. De esto se dieron cuenta en Canadá y por
eso la corte de ese país determinó que se permita el autocultivo. El Estado
solo no puede; en cambio, sí puede garantizar el testeo de la sustancia para
certificar que sea seguro lo que se cultiva.
El
aceite de Charlotte ‑reitero‑ no sirve para todos los casos. No es
un medicamento, y muchas veces los fármacos legales tienen más efectos adversos
que beneficios.
Por
último, pido a los señores diputados que se pongan un minuto en los zapatos de
estas mamás. Muchos de los aquí presentes son padres o madres que aman a sus
hijos; entonces, pónganse en el lugar de ellas, mírenlas a la cara y a la hora
de votar este asunto háganlo con conciencia. Hoy tenemos la posibilidad de
cambiar la vida de muchísimas personas que sufren distintas dolencias y la
están pasando mal. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Garré.- Señor presidente: con satisfacción vemos
que finalmente se trata este tema en el recinto.
Después
de haber escuchado muchos testimonios desgarradores, en su mayoría de
familiares o directamente de pacientes que sufren diversas enfermedades –todas
terribles porque producen convulsiones, inflamaciones, dolor, etcétera‑,
nos encontramos frente a la obligación de resolver el problema de consumidores
no de una droga sino de una sustancia que alivia graves dolencias físicas.
Las
conclusiones a las que hemos llegado se basan también en una gran cantidad de
opiniones de médicos y científicos. Asimismo, observamos qué pasa en el mundo y
qué avances se alcanzaron en otros países en materia legislativa. Si se me
permite, citaré algunos de los que autorizaron no solo el uso terapéutico del
cannabis sino también el autocultivo o el cultivo colectivo: Alemania, Canadá,
Bélgica, Chile, Israel, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Uruguay,
Holanda, Gran Bretaña, Italia y la mitad de los Estados de Estados Unidos de
Norteamérica. En todos ellos se dieron soluciones, muy creativas a veces, para
resolver el problema.
En
junio de 1999 en Canadá el Estado emitió el primer permiso individual de
tenencia y cultivo. A partir de ahí se fue avanzando con distintos fallos de la
corte hasta que finalmente hoy Canadá tiene hasta dos sistemas diferentes que
funcionan al mismo tiempo: uno gubernamental legal, forzado por fallos de la
corte, y uno ilegal, pero tolerado, de aproximadamente doscientos dispensarios
que venden marihuana a pacientes sin control alguno del gobierno federal.
El
24 de agosto pasado, apenas hace unos meses, comenzó a regir en Canadá el
Programa de Acceso al Cannabis con Fines Medicinales, que reúne lo mejor de los
modelos anteriores. En cumplimiento de lo resuelto por la Corte de Justicia, el
nuevo programa permite que los usuarios medicinales accedan a su marihuana
tanto mediante la compra a productores comerciales como cultivándola en sus
casas.
Voy
a tratar de abreviar porque sé que el tiempo es escaso, pero me parece que se
trata de un material muy interesante para ilustrarnos y hacernos entender que
la responsabilidad que estamos tomando es la que también asumieron otros países
después de ver que la acción del Estado sola no era suficiente.
En
Estados Unidos la ley federal sigue prohibiendo la tenencia de marihuana en
todas sus formas y la planta continúa en
el listado de sustancias controladas por la DEA. Sin embargo, en 28 Estados y
en el distrito de Columbia se han aprobado leyes que de una u otra manera
regulan su empleo terapéutico.
Se
estima que en la actualidad hay más de dos millones de usuarios medicinales en
Estados Unidos. Hace pocas semanas Ohio fue el último Estado en sumarse a la
lista. Luego del resultado de las elecciones presidenciales, esto habría que
actualizarlo, ya que se sumaron más Estados.
Es
muy interesante destacar que estudios realizados en los Estados Unidos muestran
que el cannabis no solo sirve para el dolor crónico sino también para mejorar
el estado de ánimo. Por eso el Congreso ha autorizado dárselo a los veteranos
de guerra para paliar las situaciones de estrés postraumático.
Un
estudio realizado por miembros de la Universidad de Montana, de la Universidad
de Oregon y de la Universidad de Colorado ha demostrado que el uso de cannabis
medicinal está asociado a un menor consumo de alcohol y, en consecuencia, a una
disminución de las muertes en accidentes de tránsito.
Por
otra parte, un trabajo de la Universidad Le Moyne College de Nueva York ha
concluido que en los Estados de la costa oeste, donde se ha legalizado el uso
medicinal de la marihuana, ha disminuido significativamente la tasa de delitos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Vaya cerrando, por favor, señora diputada.
Sra.
Garré.- Le pido un minuto más, por favor, señor
presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se lo concedo, señora diputada.
Sra.
Garré.- Es decir que esto nos demuestra que todos
los países han sido creativos y flexibles para poder garantizar que la gente
resuelva su grave problema de salud. Se trata nada menos que del derecho a la
salud, reconocido en las convenciones internacionales y por supuesto por
nuestra Constitución Nacional.
Entonces,
sabemos que ‑al menos inicialmente‑ el Estado, por la cantidad de
casos y por la variedad de situaciones, no estará en condiciones de satisfacer
esta demanda.
Si
bien por supuesto estamos de acuerdo con que el Estado regule, controle y
fiscalice, es fundamental que también se permita el autocultivo, porque hasta
ahora ha sido así, solo que obligando a la gente a una situación de
clandestinidad.
¿Qué
mejor que las madres para garantizar la seguridad de la preparación de esa
droga? ¿Qué más garantía que las madres de los chicos con epilepsia
refractaria?
Acá
la decisión no es médico-científica. El uso terapéutico de esta droga tiene
miles de años, se conoce desde la antigüedad, hay varias civilizaciones que la
han usado. Acá hay una decisión política que pretende hacer ver esto como una
cuestión que puede afectar la lucha contra el narcotráfico. Por eso este
proyecto entró en la Comisión de Seguridad Interior, pero no tiene nada que
ver. Por supuesto que todos los que estamos aquí y defendemos el uso
terapéutico del cannabis y el autocultivo también queremos combatir el
narcotráfico.
Este
es un tema de salud pública; entonces, no podemos criminalizar en general a los
consumidores, y mucho menos a los pacientes consumidores. Abordemos el tema con
valentía y con realismo y veamos lo que les ha pasado a otros países muy
importantes del mundo, que han resuelto este problema mediante el autocultivo. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Solá.- Señor presidente: he presentado un
dictamen de minoría. Está en minoría en la Cámara y también dentro de mi propio
bloque. En pocas palabras, en mi dictamen pretendo crear una transición con el
proyecto que plantea el oficialismo –en mi opinión, exagerado‑, donde
prácticamente descuenta que el aceite de cannabis es positivo. Esto lo deduzco
de las palabras del colega Petri, que cuando termina dice “van a poder contar
con todo el que quieran”, antes de saberse si la investigación a la que alude
como una forma de mostrar que el Estado está activo tiene un resultado positivo
o negativo.
Entonces,
me pregunto: ¿cuál es el problema del dictamen oficial? Parece que el problema
no es la investigación, no es dudar sobre si el aceite es bueno o malo. En
realidad, a lo mejor hay dudas acerca del aceite que producen quienes se
acercaron a esta Cámara, es decir, las integrantes de algunas ONG que
autocultivan porque tienen hijos con epilepsia refractaria o los miembros de
CAMEDA, una organización que también agrupa a personas con hijos o parientes
con epilepsia refractaria y que en general no cultivan, pero sí tienen a otra
gente que lo hace por ellos.
La
pregunta es: ¿qué sentido tiene analizar un aceite importado que produce un
gran laboratorio? ¿No sería más productivo analizar el aceite que producen en
forma casera quienes se acercaron acá? Ese es el aceite sobre el que hay que
investigar, porque además es lo que piden. Y si es cierto lo que planteó la
señora diputada Gaillard, entonces atendamos esa situación.
El
artículo que propongo se llama “Transición”. Antes de leerlo voy a decirles por
qué se denomina así. Primero, porque queremos que el Estado cultive, analice,
produzca y ante todo ponga el aceite de cannabis a disposición de los pacientes
con epilepsia refractaria, mientras avanzan las investigaciones. En mi dictamen
digo que las investigaciones se admiten para patologías de fuerte impacto y
baja incidencia, como la epilepsia refractaria y otras, no para que se
investigue si mejora el dolor de cabeza, porque no es la cuestión.
¿Por
qué el artículo se denomina “Transición”? Porque creo que hay que entregarles
gratis el aceite que piden y mientras tanto analizar el aceite que producen.
Esto sería bueno para los que se acercaron y para todos. Considero que el
Estado estará ausente si mañana se encuentran en las mismas condiciones de
antes de que vinieran. El Estado está ausente, desde el momento en que siguen
penalizados y produciendo algo en las circunstancias trágicas que mencionaban ellos
y la señora diputada Gaillard.
No
quiero que el Estado esté ausente del mismo modo en que lo está frente a las
situaciones que ocurren todos los fines de semana por una droga mucho más
psicotrópica y peligrosa: el alcohol. Lo toman los menores los fines de semana
a pesar de que está prohibido. Todos los canales de televisión muestran los
desórdenes y la violencia que se producen en la madrugada a la salida de
lugares de baile y de encuentro de jóvenes. Sin embargo, el Estado no toma
ninguna medida. Hace muchísimos años que el alcohol está prohibido para los
menores. El alcohol provoca accidentes y muchos otros inconvenientes. No es
solo un problema de salud; es un problema social. Y no es social porque sea un
problema de pobres o de ricos: es social porque el que toma alcohol y se
emborracha perjudica al que no toma. Se lo lleva por delante, lo acuchilla o lo
que fuera, porque el alcohol es psicotrópico, modifica conductas y
comportamientos. Sin embargo, el Estado no ha hecho nada novedoso para detener
el fenomenal crecimiento del consumo de alcohol, sobre todo entre los menores.
Si
en el mundo no se incrementa el consumo de drogas, ¿por qué en la Argentina
crece de una manera fenomenal? Si en la campaña electoral permanentemente se
dijo que la droga era un problema fundamental –lo dijo tanto el candidato a
presidente como la candidata a gobernadora, con quien tuve debates‑, ¿por
qué la Sedronar no es un ministerio y sigue teniendo el mismo nivel de pobreza
para ejecutar programas concretos?
Este
año el Estado no se ha metido en los barrios, como lo hicimos mientras fui
gobernador, sin esperar que las madres vinieran solas sino creando y
fortaleciendo redes de madres.
¿Por
qué no se han prohibido las fiestas electrónicas, que son un envenenamiento
organizado? Siempre se dijo –lo manifesté acá también‑ que es la única
fiesta cuyo objetivo central es la venta de droga. No ocurre lo mismo con un
recital u otro tipo de fiesta donde también se consume droga, pero no es el
objetivo central.
Por
ello, propongo un artículo que impida algo que a mi modo de ver es
incontrolable. Me refiero a que la marihuana pase a ser un cultivo más en la
Argentina, mucho más rentable que los cultivos tradicionales extensivos y
absolutamente imposible de controlar.
He
sido secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos durante muchos
años y puedo asegurarles que no hay nada más difícil de controlar que el
crecimiento de un cultivo. Su detección es imposible: se lo rodea con maíz,
soja o lo que fuere. Por lo tanto, de lo que hay que cuidarse es del gran
cultivo.
El
proyecto que presenté impide el gran cultivo porque lo circunscribe a un
registro de personas que van a autocultivar exclusivamente para la patología de
la epilepsia refractaria, en tanto y en cuanto el Estado –que no es
precisamente veloz‑ no esté en condiciones de brindarles el aceite de cannabis,
similar al que ellas producen. Esa es la transición.
Además,
en mi propuesta se crea un registro. Se vislumbra en el proyecto del Poder
Ejecutivo que no se animan a sostener que no pueden controlar el cultivo de
marihuana, del mismo modo que tampoco pueden –o no quieren‑ hacerlo con
el alcohol o las fiestas electrónicas.
Entonces,
hablan de un Estado presente. ¿Presente porque investiga? El INTA y el Conicet,
con más o menos dinero, investigan desde hace años, cualquiera sea el gobierno,
pero eso no otorga presencia. Presencia es estar en el barrio, donde hay dolor,
no solo en el laboratorio. (Aplausos en
las bancas.) Eso no está en el proyecto del Poder Ejecutivo.
Es
por ello que propongo que se agregue un artículo que crea un registro para que
se inscriban todas las personas que autocultivan y tienen un miembro de la
familia –y pueden probarlo‑ con epilepsia refractaria. Luego, propongo
agregar otro artículo que establezca lo siguiente: “Transición. Las personas
inscritas en el registro del artículo 7°, que al momento de la sanción de la
presente ley se encontrasen utilizando derivados de Cannabis sativa con los
fines terapéuticos mencionados, podrán continuar con ese uso privado hasta que
la autoridad de aplicación esté en condiciones de asistirlo con los productos
mencionados en el artículo 3°...”, que son los mismos productos de los que
hemos estado hablando. Continúa: “El Consejo Consultivo Honorario será el
organismo responsable de determinar el momento a partir del cual el Estado esté
en condiciones de asegurar la provisión
cotidiana en todo el país de los
productos citados.”
Asimismo,
en la iniciativa que suscribo se establece una restricción para el Consejo
Consultivo Honorario. Entiendo que este consejo de ninguna manera debe tener
instituciones o personas que no puedan acreditar que actúan sin patrocinio
comercial ni otros conflictos de intereses que afecten la transparencia y la
buena fe de la participación.
Monsanto
ya tiene la marihuana transgénica. Este y otros laboratorios están no solo al
acecho de la producción de drogas sintéticas sino también de la liberación
general del consumo de drogas, a la que se oponen las madres de la villa, muchos
legisladores –entre los que me encuentro‑ y los curas villeros, que deben
lidiar con este problema, porque no somos Suecia sino la Argentina.
Algunos
confunden la liberación de la droga con la liberación nacional, cuando son dos
cuestiones completamente diferentes. Están esperando la liberación para
invertir millones de dólares e incrementar el consumo de droga en la Argentina.
Por eso proponemos esta transición. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr.
Wisky.- Señor presidente: estamos dando un paso
adelante, asumiendo el compromiso de tratar este asunto en esta casa, como
expresamos varios meses atrás. Eso es parte de la clave de este tratamiento.
En
los largos debates que tuvimos sobre este tema, una de las colegas del
interbloque planteaba que estamos yendo hacia la construcción de confianza a
través de la cual se crea una certeza. Esto da crédito a los diputados para
seguir construyendo otro tipo de leyes.
Con
el convencimiento de que no se puede hacer política sin un marco moral, donde
todo vale por un aplauso efímero y oportunismo constante, intento marcarme un
camino que me dé una línea de coherencia en la búsqueda de la solución de los
problemas que se me plantean como hombre público.
Las
personas tenemos funciones múltiples. Hoy cumplo el rol de funcionario público,
como diputado nacional, pero además soy médico terapista de hospital público y
fundamentalmente soy padre, como son padres o madres muchos de mis colegas.
Muchos
de los que estuvimos discutiendo este tema nos paramos desde ese lugar
afectivo, de vínculo cerrado, casi subatómico que tenemos con nuestros hijos,
de veridicción del afecto.
Arranqué
esta discusión anclado en ese lugar de padre porque soy padre de tres hijas, de
las cuales una falleció por un daño neurológico producido al momento del parto.
Si hubiera sobrevivido a esos quince días de sufrimiento tal vez hoy estaría
acá peleando para dar aceite de cannabis a
mi hija, ya que seguramente habría sido una nena que tendría convulsiones.
Desde
esa circunstancia tuve que remontarme a mi rol de médico, donde el punto de
veridicción no es el afecto sino la ciencia. Ésta cuenta con parámetros que
denominamos “evidencia basada en la clínica”. Ahora hemos evolucionado a la
evidencia basada en la realidad.
Así,
tuve que saltar a otro lugar de veridicción, que son las leyes de
estupefacientes, de psicotrópicos, de medicamentos, que establecen un parámetro
acerca de cómo se producen los medicamentos en la Argentina.
Intento
honrar el lugar de diputado en cada decisión que tomo; lo hago con el
convencimiento de que la salud no es solo un derecho humano sino también una
herramienta que puede construir una sociedad más justa.
En
ese prolongado debate que hemos mantenido entre todos los colegas, fuimos
encontrando soluciones a las grandes diferencias que teníamos dentro y fuera de
nuestro interbloque. De esta forma llegamos a un dictamen de mayoría que aporta
muchas soluciones a los problemas de salud que se han planteado. Tal vez no es
perfecto, y es mejorable, pero se puede llevar adelante. Fundamentalmente pone
al Estado al frente de la solución de este problema.
Es
tan importante y ha tomado tal dimensión que es la primera ley de medicamento
único que tenemos entre las 157 leyes de la República Argentina atinentes a la
salud.
Este
dictamen tiene varios cuerpos; uno de ellos autoriza la investigación dentro de
los marcos legales, es decir, la Constitución y las leyes.
Además,
a través de este proyecto se crea un programa que no se orienta solo a la
investigación, sino que también le dice al Estado que debe proveer medicamentos
ya sea produciéndolos o importándolos. No habla solo de aceites sino de
producción de medicamentos de acuerdo con las necesidades de cada patología. Es
decir, se puede importar materia prima, ya que esto también se estuvo censando
en varios países productores que tienen materia prima de buena calidad y pueden
llegar a producir toda la variedad de medicamentos que necesitamos.
Por
otro lado, el dictamen tiene una cantidad de artículos a través de los cuales
se asegura la participación de todas las ONG que han formado parte de la
búsqueda de la solución a este problema y además prevé un consejo consultivo en
el cual van a poder participar.
Por
el artículo 8° del proyecto se crea una figura que cuida y protege al usuario y
a su familia. Creemos que no llegamos a cubrir todas las necesidades que nos
plantearon los miembros de Mamá Cultiva y quienes estuvieron reunidos, pero
tenemos el crédito de haber tratado el tema y de intentar resolverlo.
Queremos
tener ese crédito para decir que vamos a resolver el otro problema que queda
pendiente, porque este proyecto va a pasar al Senado y el año que viene
discutiremos otros que se ocuparán del cultivo individual. Este es el
compromiso que tenemos los miembros del interbloque, porque la discusión no se
termina en los aspectos médicos, que son los que hoy vamos a resolver muy
satisfactoriamente.
Por
lo expuesto, adelanto que vamos a acompañar el dictamen de mayoría con nuestro
voto afirmativo. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por San Juan, que comparte
su tiempo con la señora diputada Gallardo.
Sra.
Castro.- Señor presidente: voy a ser breve. Hay
un refrán que dice “Lo que abunda no daña”. Sin embargo, en este proyecto
nosotros consideramos que lo que abunda no soluciona.
Justamente
aquí, en el recinto, se están discutiendo las modificaciones propuestas. Es
cierto que ha habido muchos proyectos. En mi caso particular, junto con el
diputado Pedrini hemos presentado una iniciativa que entendíamos que era una
síntesis.
El
artículo 1° de nuestro proyecto propone lo siguiente: “Se autoriza la
producción, fabricación, importación, exportación y distribución y
comercialización, así como el uso, cultivo, posesión de semillas y flores de
cannabis o de sus derivados cuando sea exclusivamente para uso medicinal o
terapéutico y/o de investigación científica.”
¿Por
qué redactamos de esta forma este artículo y por qué digo que abunda el
artículo 1° del dictamen de mayoría? Ya se han llevado adelante investigaciones
científicas y hay pruebas, pero además aquí tenemos a las madres y a los
padres. En mi provincia me he reunido con ellos y he visto los resultados
obtenidos por aquellas madres que pudieron hacer el enorme esfuerzo de importar
a partir de la autorización de la ANMAT. Sin embargo, las madres y los padres
más humildes, que no cuentan con los recursos económicos, no han podido
aplicarlo.
No
es verdad que la medicación autorizada, neurológicamente aceptada, no genera
alguna adicción o una dependencia de parte del paciente que la usa. Cuando a un
niño se le cambia la medicación sufre mucho y tiene convulsiones hasta que su
cuerpo acepta el nuevo medicamento. No voy a ahondar en ello porque no soy
médica y creo que han sido mucho más valiosas las palabras del diputado
preopinante.
En
este punto quiero referirme a la forma en que generamos justicia social en un
tema tan delicado como la salud. Nosotros hemos visto personalmente la
preocupación y el sufrimiento de las familias, y todavía más: el pesar de aquel
que no puede acceder económicamente a la importación.
Deseo
volver a la cuestión de la investigación científica que nosotros incluimos en
el proyecto pero no como único elemento, porque –insisto‑ hay pruebas al
respecto. En las reuniones de comisión han participado médicos e
investigadores, quienes han hablado de la comprobada evidencia de los
resultados positivos del uso del aceite. Esto tiene que ver con brindar
posibilidades y poder dar un paso más allá.
En
nuestro dictamen proponemos también la creación de un registro, el Renacame, ya
que es necesario poder profundizar y seguir fortaleciendo la investigación
científica.
En
julio de este año los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología e
Innovación Productiva, integrada por diputados de todos los bloques, visitamos
la Fundación Lillo; seguramente la diputada Gallardo hará referencia a ello.
Allí mismo los prestigiosos investigadores dijeron que están en condiciones de
poder hacerse cargo de la producción nacional de este aceite. Tenemos la red de
laboratorios públicos y existen avances al respecto. Estas cuestiones también
las hemos volcado en los distintos proyectos.
Por
otra parte, me parece interesante la creación de un consejo consultivo, aun
cuando no está previsto en mi proyecto en particular y sí lo está en otros, tal
como mencionó el diputado preopinante.
Entonces,
creo que la discusión de esta Cámara tiene que ver con dar un paso sustantivo.
Existe evidencia científica y médica, pero la cuestión es ver cómo hacemos para
que el Estado tome decisiones que verdaderamente modifiquen la vida de los
ciudadanos.
Hemos
escuchado en forma personal los testimonios de las madres, de los padres, de
personas adultas que decidieron dejar de trabajar porque se les generaba un
entorno familiar complejo y difícil. Las madres dijeron que la epilepsia
refractaria no mata a sus hijos pero mueren diariamente al no poder llevar una
vida normal, como la de cualquier otra persona.
Solicito
que hoy en esta Cámara hagamos el esfuerzo necesario y tomemos el tema con la
seriedad que amerita a fin de llegar a un proyecto final de consenso que
modifique la vida de muchísimas personas de nuestro país. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.
Sra.
Gallardo.- Señor presidente: como integrante de
la Comisión de Acción Social y Salud Pública fui parte de un trabajo muy arduo
en el que aprendimos, nos informamos, escuchamos y participamos. Mantuvimos
diversas reuniones en las que nos interiorizamos sobre lo que hicieron nuestros
colegas chilenos al modificar la ley 20.000, por medio de la cual se permite el
cultivo de cannabis para uso medicinal. Hoy en Chile hay 200.000 usuarios de
aceite de cannabis que han mejorado su calidad de vida. Se trata no solo de
niños sino también de adultos que padecen diversas patologías.
En
mi provincia hemos convocado a todas las personas que saben de este tema: científicos,
médicos neurólogos, doctores en química, representantes de ONG y madres de
muchos pacientes, quienes a través de este método empírico pueden dar
testimonio del efecto que produce el suministro de este aceite.
He
escuchado que hay otros proyectos por los que se va a permitir el ingreso del
aceite de Charlotte a través de la ANMAT. También hemos escuchado el testimonio
de pacientes que viven en el interior, donde acceder a este aceite cuesta 5.000
pesos. No solamente eso, sino que también tienen que venir personalmente a la
ciudad de Buenos Aires con la autorización de la ANMAT para retirar el aceite
que está retenido en la Aduana. Por otra
parte, la dosis de 30 mililitros solo alcanza para cubrir dos semanas de
tratamiento. En el caso particular de mi provincia, Tucumán, ubicada a 1.200
kilómetros de distancia, hay que agregar el costo extra del traslado.
Este
medicamento se suministra a pacientes con diagnóstico de epilepsia refractaria.
Sin embargo, muchas veces ocurre que ante la súplica de los papás de los niños
que padecen otro tipo de epilepsias o enfermedades los médicos mienten en el
diagnóstico para acceder al aceite de cannabis.
En
conclusión, entiendo que el dictamen de minoría de mi bloque es el más amplio.
Consideramos
que es necesario hacer más investigaciones clínicas y contar con mayor
evidencia, tal como algunos dicen. ¿Pero cómo vamos a hacer investigaciones
clínicas si la ley de estupefacientes en su artículo 15 prohíbe el cultivo?
¿Cómo van a hacer los científicos para muñirse de la materia prima si son
sancionados por la ley? Los científicos no pueden investigar porque el cannabis no se puede cultivar. A la vez los
médicos no pueden prescribir debido a la ilegalidad. Entonces, las mamás tienen
acceso solamente en forma ilegal, asumiendo el riesgo de ir presas. Pero, como
ellas dijeron, ir presas sería lo de menos porque ya están presas de padecer
estas contrariedades que nosotros como legisladores no estamos solucionando.
Finalmente,
señor presidente, quisiera leer unas palabras del doctor Carlos Magdalena,
médico del área de Neurofisiología y Epilepsia del Hospital de Niños “Ricardo
Gutiérrez”. Él dice: “Aceptemos que ese empoderamiento está, aprovechemos ese
conocimiento, que el Estado acompañe y regule lo que tenga que regular para que
estas familias estén tranquilas. Además, necesitamos de ellos, de su
conocimiento, para que sean las mejores semillas, como se decía acá, con la
genética adecuada y, obviamente, con el apoyo de los científicos maravillosos
que tenemos, con ese conocimiento científico que tantos premios Nobel nos dio y
que nos llenan de orgullo.” Quiero agregar que en nuestro país tenemos
innumerables instituciones científicas que pueden trabajar y proveer este
aceite. Por ejemplo, en mi provincia hay ocho institutos del Conicet, cuatro
universidades y la fundación científica Miguel Lillo, que cuenta con un
altísimo prestigio.
No
vamos a legislar para los laboratorios. Tenemos que legislar para las familias
que nos están demandando contar con esta ley.
Voy
a terminar con una frase que aprendí de estas mamás y estos niños: “El dolor no
puede esperar.” Por eso hoy tenemos que sancionar esta ley.
Adelanto
mi voto afirmativo y esperemos que pronto estas familias puedan gozar de una
mejor calidad de vida. No sabemos si mañana nos tocará a nosotros o a nuestros
hijos. Hoy es el momento; tenemos que legislar y estamos aquí para eso. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- A continuación compartirán el tiempo los señores diputados Blanca
Rossi, Sixto Bermejo, Mirta Tundis y Juan Brügge. Consecuentemente, tienen que
ser bastante sintéticos.
Tiene
la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra.
Rossi.- Señor presidente: ¿me está diciendo algo
anticipadamente?
Sr.
Presidente (Monzó).- Sí, señora diputada. Entendió bien.
Sra.
Rossi.- Sí, señor presidente, entendí
perfectamente.
Hemos
escuchado muchísimas cosas, sobre todo que en otras naciones se ha investigado
mucho. Algunos de esos países son desarrollados y otros no tanto, y tienen una
idiosincrasia distinta a la nuestra. Como decía un escritor: para los
integrantes de un partido político no somos buenos ni malos: somos
incorregibles. Así somos los argentinos. Entonces, lo que funciona
magníficamente en otro país posiblemente tengamos que cambiarlo –esforzándonos‑
para aplicarlo en la Argentina.
Como
los señores diputados saben, estuvimos trabajando arduamente en la Comisión de
Acción Social y Salud Pública. Hemos escuchado a muchísimos profesionales y
sobre todo a las mamás. ¡Cómo no conmovernos! Los señores diputados tenemos la
obligación de legislar fríamente, sin emociones, para poder sancionar no sé si
la ley perfecta pero sí la mejor posible.
Hemos
escuchado a quienes están a favor y a quienes están en contra de esta iniciativa.
Nos hemos informado con investigadores para conocer verdades y mentiras del uso
de los aceites, tópicos y tinturas producidos con la planta Cannabis sativa. Pero la pregunta es qué
calidad tiene y quién controla esa producción. Por eso solicitamos que el
Estado participe en el control, en la investigación y fundamentalmente en la
protección a las personas que hoy usan el aceite de cannabis.
No
sé si podremos ampliar la aplicación a muchísimas enfermedades o si solamente
lograremos hacerlo a lo que hoy conocemos a través de las familias, que es la
epilepsia refractaria. Al respecto nos enteramos de que hay pacientes que
reaccionan muy bien, y otros, no tanto. Por eso la investigación, la
comprobación de la eficacia, el análisis de los efectos secundarios y la
capacitación continua de los profesionales son necesarios para atender a los
pacientes.
De
todos modos, aquí también se dijo que hay profesionales y que se ha investigado
mucho.
Para
finalizar –así puede expresarse mi compañero Sixto Bermejo‑, voy a leer
las palabras del investigador Wayne Hill, quien señaló: “Debiéramos poner los
pies sobre la tierra y volver al concepto del pharmakon griego que establece que la misma sustancia que cura
puede convertirse en venenosa si se usa en exceso. Todo depende de la dosis”.
Por
eso, señor presidente, creo que es importantísimo que el Estado participe en la
investigación y fundamentalmente en el control protegiendo definitivamente a
los pacientes que hoy usan Cannabis sativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por el Chubut.
Sr.
Bermejo.- Señor presidente: seré breve.
En
la provincia del Chubut la Legislatura trató este tema hace poco más de un mes
y lo resolvió muy sabiamente ya que inmediatamente ordenó que se incluyese en
el vademécum de las obras sociales de la provincia el aceite de cannabis.
Asimismo, el Estado asumió la responsabilidad de atender los casos puntuales de
personas que necesitan este medicamento sin delegarla en las familias, tal como
se quiere hacer de acuerdo con lo señalado en algunos de los proyectos en
estudio. Me refiero específicamente a la indicación, la preparación y el
suministro de un medicamento a un enfermo, porque eso indudablemente resultaría
en un ejercicio ilegal de la medicina. Por ello el Estado tiene que cumplir su
rol abasteciendo a los que necesitan un medicamento determinado, investigando
la calidad del producto ofrecido y evitando la propagación del cultivo del cannabis, que es la puerta de entrada a todas
las adicciones.
Aclaro
que esta no es una opinión personal ya que los curas que trabajan en el
conurbano bonaerense, quienes están muy cerca de los afectados por la adicción,
dicen claramente –esto lo escuché de boca del padre Pepe‑ que la
marihuana es la puerta de entrada a las adicciones. Ellos lo ven, lo palpan y
lo saben.
Pido
permiso para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones y adelanto mi voto
afirmativo al dictamen de mayoría.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Tundis.- Señor presidente: como madre y abuela de
dos nietos con enfermedades para las cuales hace muy poco tiempo se ha
sancionado una ley ‑un nieto celíaco que estuvo casi al borde la muerte y
una nieta con miastenia gravis, otra
de estas enfermedades raras para las que no se sabe cuál es la cura‑,
cómo no me voy a conmover al ver las convulsiones que produce la epilepsia
refractaria si sé que el aceite de cannabis sirve para otro tipo de
enfermedades.
Estamos
discutiendo la legalización cuando en verdad lo que tenemos que debatir es la
regulación de este medicamento a través de la única entidad responsable: el
Estado, que debe regular, educar y dar las herramientas necesarias a los
médicos para que se sientan en libertad de prescribirlo. Mientras tanto, el
Estado debe hacerse responsable de que ninguna madre ni ningún padre tengan que
padecer por no recibir esta medicación.
Dado
que la palabra autorizada la tiene mi compañero de bloque diputado Brügge
porque cuenta con una experiencia propia, le cedo la palabra, y solicito
permiso para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: creo que hay que
empezar a ordenar los distintos aspectos que se han presentado, que son muy
interesantes, pero primero es importante ubicarnos constitucionalmente. Estamos
hablando de derechos de terceros.
En este debate todos han coincidido en que la
utilización de aceite de cannabis es para personas que se encuentran en estado
de vulnerabilidad y que tal vez no pueden decidir por sí. Estamos haciendo
alusión a patologías gravísimas donde los padres y los parientes resuelven
avanzar con este tipo de aplicación utilizando el mecanismo del autocultivo. Al
respecto el Estado no puede estar ausente porque esto no queda dentro de la
esfera de la intimidad o la privacidad a que hace referencia el artículo 19 de
la Constitución Nacional, que señala que el límite de las acciones personales o
individuales aparece cuando está involucrado el derecho de terceros, que
justamente están involucrados en este caso.
El
problema no son las madres que autocultivan sino los destinatarios del producto
de ese autocultivo. El Estado no tiene conocimiento de cuáles son las
condiciones fitosanitarias en las que se lleva adelante ese autocultivo y los
efectos negativos que puede generar un mal tratamiento de ese tipo de planta o
la elaboración del aceite. Esto va unido a otro punto que no es menor: los
niveles de concentración suficientes para que este producto genere el efecto
perseguido, curativo o paliativo.
Por
lo tanto, debemos regular y determinar este punto, y el rol del Estado es
fundamental. Pero para esto existen normativas que es importante tener en
cuenta: los protocolos de investigación, que parten de criterios médicos, no
del empirismo puro o la práctica habitual sino de la inteligencia que surge del
análisis científico. Por eso el dictamen de mayoría trabaja sobre esa línea.
Por
otra parte, existe un organismo especializado, la ANMAT, que a partir de
octubre de 2015 produjo el primer caso de autorización de la importación de
aceite de cannabis con una historia clínica, una autorización médica y un
debido control sobre la fabricación y producción del producto en todo lo
atinente a la ciencia farmacológica. Todo eso permitió lograr el objetivo de
paliar la patología.
Estamos
tratando una patología específica: la epilepsia refractaria. Según toda la
documentación científica, el 30 por ciento de estas patologías se puede tratar
a través de esta terapéutica en razón de que no son quirúrgicas. Por lo tanto,
tiene una finalidad específica.
Quiero
cerrar mi discurso dando lectura a un informe que hizo el Colegio de
Farmacéuticos de Córdoba –mi provincia‑ el 12 de octubre de 2016,
donde refleja su posición respecto al aceite de cannabis. Aprovecho para
solicitar permiso para insertar este documento en el Diario de Sesiones.
El
primer párrafo de ese texto dice lo siguiente: “Teniendo en cuenta que la
legalización prematura e indiscriminada de la marihuana para uso medicinal
podría traer consecuencias no previsibles para la salud, es postura de esta
institución que el abordaje del tema se dé en un marco científico y de
investigación con resultados garantidos y que contemplen la mayor cantidad de
casos posibles, ya que un sesgo en la información sin el aval de instituciones
científicas, lejos de resultar un beneficio a la salud, puede generar mayores
problemas sanitarios.”
Muchos
oradores han hecho referencia a cuestiones personales. Tengo un pariente que
justamente padece epilepsia refractaria y se han seguido los pasos legales para
conseguirla. No hemos acudido al autocultivo por entender que estaba en juego
la salud del menor, y requerimos la autorización respectiva a la ANMAT,
institución que autorizó la importación del medicamento. Quisimos tener la
seguridad de que lo que estamos brindando a ese menor cumple con los requisitos
científicos, dado que lo que perseguimos es mejorar su calidad de vida dentro
de los marcos de la seguridad de la salud y no en un marco artesanal que no
necesariamente puede cumplir con los objetivos que perseguimos.
Afirmamos,
recalcamos y resaltamos que esta no es una cuestión del ámbito íntimo de la
familia, sino un tema en el que Estado tiene que aportar; la forma de hacerlo
es a través de los canales científicos, de la participación del médico y de las
organizaciones y del programa que se crea por medio del proyecto de ley en
tratamiento.
Por
lo expuesto adelantamos el voto positivo al dictamen de mayoría. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Miranda.- Señor presidente: el 28 de septiembre
se puso en discusión en el recinto el tratamiento urgente de un proyecto de ley
que regulara el uso del cannabis medicinal. El miembro informante del dictamen
de mayoría hizo referencia a esto. El objetivo no era discutir el tema en ese
momento. Había un compromiso de parte del oficialismo y de los distintos
bloques de poner en discusión en trece días todos los proyectos que se han
presentado para atender esta problemática a la que hay que dar una respuesta
pues es real, existe y es muy sensible.
En
ese momento se planteó que era muy urgente considerar el tema porque había que
descriminalizar a las madres o familiares que estaban ejerciendo el autocultivo
para producir el aceite de cannabis de forma tal de mitigar los efectos de
ciertas enfermedades muy complejas, utilizándolo en forma paliativa o curativa.
En eso se centraba la discusión, que ni siquiera se condice con el artículo 15
de la ley de estupefacientes, que ha atendido otras situaciones con respecto al
uso de la coca para el coqueo o masticación o su empleo como infusión.
Estamos
considerando un dictamen de mayoría y dos dictámenes de minoría. Nuestro bloque
señaló divergencias en esa sesión, porque hay diferencias lógicas por algunos
tabúes y dudas sobre si esto abre la puerta a otras cosas. En aquel entonces
teníamos opiniones distintas.
Por
ese motivo quienes integramos las comisiones que han trabajado en forma
conjunta para emitir estos tres dictámenes –de Seguridad Interior, de Acción
Social y Salud Pública y de Legislación Penal‑ y no hemos firmado ninguno
de ellos estamos dispuestos a acompañar el dictamen de mayoría, aunque hemos
consultado si se aceptarán en el tratamiento en particular algunas
modificaciones y agregados.
Más
allá del énfasis y la pasión que cada legislador pone a la defensa de su
proyecto y sus ideas, creo que hay puntos de coincidencia. El primero es que hoy
hay un proyecto de ley.
Necesitamos
una norma que regule el uso de este aceite, la investigación, las
responsabilidades del Estado y que establezca el registro público, con la
reserva y la preservación de la identidad.
Con
este proyecto de ley se va a
despenalizar o establecer alguna cláusula transitoria que saque de la
criminalidad a aquellos que estén haciendo un uso medicinal y estén enmarcados
en la ley de estupefacientes.
Lo
segundo en lo que nuestro bloque coincide es en que estamos discutiendo
despenalizar el uso del cannabis y sus derivados solo con el fin medicinal.
Esto no constituye ninguna puerta o camino a otro debate, como puede ser el uso
recreativo o la despenalización. En eso nos hemos enfocado, para tratar de
tener la mejor ley y que se comiencen a resolver las dificultades que hoy
tienen aquellos que padecen esta enfermedad.
La
iglesia se ha expresado en ese sentido también, priorizando y pidiendo la
declaración por ley de la emergencia social en adicciones. Hace no más de
quince días, el equipo de trabajo en adicciones de la Pastoral Social,
encabezado por el padre Pepe Di Paola, mantuvo un encuentro con los delegados
de todas las diócesis del país.
En
esa ocasión los delegados subrayaron lo siguiente: “La respuesta que se sigue dando
tiene un fuerte enfoque en la represión a los sectores más vulnerables. Basta
con comparar el presupuesto del Ministerio de Seguridad con el del Sedronar. Si
no ofrecemos oportunidades, no alcanza con perseguir al narcotráfico, sobre
todo hay que cuidar a los pibes.
“No
queremos la droga en nuestros lugares y apoyamos todos los esfuerzos para
erradicar el narcotráfico, pero sería bueno poner el foco en los circuitos
financieros, porque el narcotráfico también tiene CEOs que saben tanto de
drogas como de comunicación y lobby”.
El
punto importante que deseo resaltar es el siguiente: “En el documento conjunto,
la iglesia también apoyó el uso de aceite de cannabis con fines medicinales. Es
impostergable escuchar la voz de pibes con epilepsia refractaria, que en el
aceite de cannabis, encuentran medicina y que le corresponde al Estado
proveerla gratuitamente”.
Tanto
respecto del dictamen de mayoría, como de algunas opiniones de los dos
dictámenes en minoría, y de lo que expresó el diputado Felipe Solá, la pregunta
es: ¿qué pasa en la transición?
Hace
muchos años que venimos debatiendo, sabiendo que este tema existe, que hay
cultivo, que se importa y que se transgreden muchas leyes. Pero cuando existe
una necesidad sentida y un padecimiento de un familiar directo, no hay leyes
que prohíban la posibilidad o la intención del ser querido de buscar una cura a
su padecimiento o un paliativo para el que sufre.
El
uso del cannabis no es solo para los casos de epilepsia refractaria, porque
también puede ser usado para esclerosis múltiple, esclerosis lateral
amiotrófica, Parkinson, Alzheimer, lesión medular, enfermedad inflamatoria
intestinal, glaucoma, y hasta tiene capacidades afrodisíacas –aunque a alguno
le parezca gracioso-, porque favorece la circulación de la sangre.
Obviamente
que esto tiene que estar certificado y acreditado a través de la investigación
y la capacidad científica.
Lo
que planteamos es que hay un bache entre lo que está pasando, que es una
realidad, que no está contemplada -solamente existe la criminalización o la
condena-, y lo que puede surgir a partir de la sanción de este proyecto de ley.
Si
hoy sancionamos esta iniciativa, luego tiene que ser tratada por el Senado,
recién después será ley.
Pero
además el proyecto establece que la autoridad de aplicación tiene sesenta días
para reglamentarlo. Debemos agotar la mayor cantidad de instancias para dejar
explicitado con claridad el texto de la ley y dejar poco margen a algunas
interpretaciones reglamentarias, porque después la autoridad de aplicación
puede tener dificultades.
No
voy a hacer historia, hablar de la herencia ni todo lo que se dice para
justificar por qué no se hizo antes y sí ahora. Hoy es el ahora, y existe una
voluntad mayoritaria de esta Cámara de sancionar una ley al respecto. Sin
embargo, en el corriente año -es decir durante este ejercicio- el Ministerio de
Salud ha subejecutado programas presupuestados y con financiamiento. Por
ejemplo, en la lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual, se
ejecutó el 55 por ciento, cuando faltan cuarenta días para terminar el año. En
el programa de desarrollo de la salud sexual y procreación responsable, se ha
ejecutado el 68 por ciento. En el programa de apoyo al desarrollo y la atención
médica se ejecutó el 34 por ciento. En el programa de detección y tratamiento
de enfermedades crónicas y factores de riesgo para la salud se ejecutó el 39
por ciento. En el programa de prevención y control de enfermedades endémicas se
ejecutó el 49 por ciento. En el programa de desarrollo de estrategias en salud
familiar y comunitaria se ejecutó el 57 por ciento. En el programa de atención
sanitaria en el territorio, es decir a lo largo y ancho de nuestro país
federal, se ejecutó el 34 por ciento. En detección temprana y tratamiento y
patología específica se ejecutó el 17 por ciento. En investigación para la
prevención y control de enfermedades tropicales y subtropicales se ejecutó el
3,91 por ciento. Y en el programa de control y prevención de enfermedades
crónicas y riesgos para la salud se ejecutó el 35,25 por ciento.
Esto
demuestra que la autoridad de aplicación, por lo menos en este ejercicio -puede
ser que sea un equipo nuevo que está teniendo dificultades para gestionar-,
registra ineficiencia en la gestión.
Por
ello, no podemos dejar el articulado del proyecto de ley que hoy sancionemos
librado a la voluntad de la autoridad de aplicación, y que se demore mucho más ‑inclusive
de lo que establezca la ley- la reglamentación y la aplicación, para hacer el
registro y ver cómo va a producir el Estado.
Quiero
observar también que se deja abierta la posibilidad de la importación. Creo que
aquí hay más capacidad de producción, aunque sea en forma clandestina, que la
que se puede traer de otro lado. Lo que hay que hacer es un registro, un inventario,
ver lo que se está produciendo, investigar y analizar que tenga un verdadero
poder científico y medicinal, y trabajar a partir de eso.
No
podemos dejar un bache entre la sanción de la ley y su aplicación, para que se
cree el programa de investigación, seguimiento, aplicación y garantía del
Estado de proveer el cannabis medicinal a aquellas personas que lo necesiten.
- Ocupa la Presidencia el señor
vicepresidente 3° de la Honorable Cámara, ingeniero Felipe Carlos Solá.
Sr.
Miranda.- Por eso no estaría mal atender lo que
planteó el diputado Solá sobre la transición.
Reitero,
mientras la ley se sancione, reglamente y empiece a funcionar la autoridad de
aplicación, va a seguir existiendo el riesgo de la criminalización para muchas
mamás y asociaciones que trabajan con el autocultivo para generar un cannabis
medicinal.
Si
el miembro informante del dictamen de mayoría acepta algunas modificaciones que
queremos introducir en el articulado, nuestro bloque va a acompañar en general
y discutirá en particular los artículos 6° y 8° para introducir nuestras
propuestas. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Solá).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aries.
Sra.
Troiano.- Señor presidente: nuestro bloque quiere
manifestar la inmensa alegría de encontrarnos hoy debatiendo este tema en el
recinto.
Agradecemos
a las madres y a las organizaciones, que durante este tiempo, incansable e
inclaudicablemente, nos hicieron recordar que sus chicos no podían esperar.
Quiero
dejar en claro que fuimos un puñado de diputados los que tomamos la temática y
este debate se hizo realidad en este Congreso gracias al esfuerzo, la lucha y
la búsqueda de profesionales que a lo largo y a lo ancho del país realizaron
estas madres, para acercarlos a las distintas comisiones y a este recinto.
Descubrimos
también que en nuestro país hacía muchos años que se estaba investigando acerca
del uso del cannabis medicinal, pero además que hasta 1956 esta planta estuvo
en la farmacopea argentina y en todo el mundo porque la utilizaban para
problemas de asma y dolores menstruales. Se produjo un problema económico
mundial cuando se cambió la utilización de la
planta de cáñamo para realizar papel por el de pasta de celulosa.
Entonces se empezó a demonizar esta planta.
Las
investigaciones que vienen realizándose en nuestro país no tienen que ver
solamente con la epilepsia refractaria, para la cual unos componentes de la
planta, los cannabidioles, participan y controlan el sistema cannabinoideo que
tenemos en nuestro organismo y hacen que estos chicos no convulsionen. Esto
también es utilizado en otras patologías, pero no somos nosotros quienes
debemos decirlo, sino los médicos que están formados y autorizados por nuestra
legislación para recetarlo.
Esta
legislación debe permitir la autorización del uso del cannabis medicinal como
se está incorporando en otras legislaciones. Me refiero al caso reciente de la
provincia de Santa Fe. Ha habido autorizaciones en otras provincias, como es el
caso de la de Buenos Aires, donde la
justicia falló para que una obra social privada cubra el tratamiento a una niña
llamada Sarita en la ciudad de Zárate.
Creemos
que dentro de este registro se debe incorporar no solamente a los pacientes
sino también a las instituciones. Entendemos que los medicamentos son un bien
social y su producción es responsabilidad del Estado y de la cadena de
laboratorios públicos. Por eso este registro debe autorizar el cultivo para que
se pueda llevar adelante la producción de este medicamento. Asimismo, nuestras
universidades están en condiciones de controlar el aceite que se produce dentro
de las familias.
A
su vez, lo que sucede tanto en Canadá como en Israel, no son cuestiones menores
sino experiencias históricas que tenemos y podemos tomar si lo deseamos.
Existe
un marco regulatorio anterior: las leyes de salud pública y de medicamentos de
nuestro país, en donde se prevé esta situación y se plantea que los organismos
del Estado pueden hacer convenios con otras instituciones con el fin de investigar
y producir este medicamento. Este Parlamente ya emitió una resolución en ese
sentido.
Hoy
estamos avanzando en estas cuestiones y la idea es poder brindar una credencial
a las instituciones y a las familias que necesiten cultivar. De esta forma, el
uso medicinal quedará exento de la penalización que establece la ley de
estupefacientes.
Sr. Presidente (Solá).- Tiene la palabra la señora diputada
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Donda Pérez.- Señor presidente: en lo personal
este día me hace sentir orgullo de ser parte de una sociedad que le impuso a
este Congreso de la Nación el tratamiento de este proyecto ley. Si esta norma
tiene que llevar un nombre es el de aquellos niños y niñas que junto con sus
mamás estuvieron desfilando los días en que hubo audiencias públicas
informativas en esta Cámara acerca de este asunto. Nos tiene que hacer
reflexionar el hecho de ver las caritas de esos niños presenciando las extensas
reuniones de comisión, mostrando entereza respecto de lo que la vida les puso
delante.
Hay
cuestiones que quizá tengan que ver con la cultura o el desconocimiento, pero
que debemos erradicar de nuestros discursos. Toda sustancia en exceso es
venenosa, no solo aquella derivada del cannabis, y puede ser utilizada por los
laboratorios para hacer plata¸ que es lo que hicieron durante todo este tiempo.
¿Cuál es el problema del uso del cannabis y sus derivados para fines
medicinales? Que se puede autocultivar. Por eso en los pasillos de este
Congreso no había representantes de laboratorios haciendo lobby y presionando a
los diputados para que aprobemos este
proyecto de ley. Quienes nos trajeron hoy a este recinto son las madres, los
padres, los niños y la gente solidaria que se pusieron al hombro
investigaciones que nuestra ciencia no llevó a cabo, más allá de honrosas
excepciones de profesionales que intervinieron en dichas investigaciones.
Si
esta ley tiene autores son las mamás y los familiares que están desafiando la
hipocresía, la ignorancia y también la explotación económica de la salud de sus
familiares.
Asimismo,
quiero hacer un reconocimiento a dos legisladores, presidentes de comisiones,
respecto de la voluntad de lograr un consenso para la aprobación de esta ley:
el señor diputado Petri y la señora diputada Gaillard. Se nota que hay un
trabajo de consenso y creo que es un proyecto que vamos a poder votar todos. No
es la ley ideal, pero vamos a apoyarla en general y pediremos modificaciones en
algunos artículos en particular. Concretamente, solicitaremos una modificación
en el artículo 8°. La idea es que no solo sea modificado el registro tal como
está presentado en el dictamen sino que también queden exentos de persecución
penal aquellos que tienen que cultivar hasta que el Estado les pueda proveer la
sustancia que necesitan para poder mejorar su calidad de vida y su salud.
Este
es un paso muy importante que estamos dando por las personas que sufren. Si hay
una ley que tiene cara es ésta y hoy nos tenemos que sentir orgullosos de ser
diputados y diputadas. (Aplausos en las
bancas.)
Sr. Presidente (Solá).- Tiene la palabra la señora diputada
por Santiago del Estero.
Sra.
Abdala de Matarazzo.- Señor presidente: más allá
de los prejuicios, las estigmatizaciones, la ignorancia y el descreimiento, con este proyecto pretendemos
generar un precepto básico de legitimación del derecho. La idea es mejorar la
calidad de vida de los enfermos crónicos. Nos referimos a patologías que están
enunciadas en los artículos de este proyecto, como son las convulsiones
múltiples, la epilepsia refractaria y otras, que principalmente son detectadas
en las primeras etapas de la vida.
Pretendemos
sobrepasar los obstáculos que tienen los padres que buscan alternativas
medicinales no convencionales para tratar a sus hijos.
A
lo largo del estudio y tratamiento de los distintos expedientes se han recogido
opiniones de padres y de diversos actores que pertenecen a diferentes
organizaciones, médicos y científicos. Por supuesto todos han contado sus
propias experiencias.
A
través de esta norma estaremos habilitando a los profesionales de la medicina y
de la ciencia para que cuenten con un respaldo jurídico e institucional y así
llevar adelante los estudios e investigaciones que permitan dilucidar los
posibles alcances que tiene el cannabis en materia de salud. Vemos oportuno que
este trabajo científico y de laboratorio pueda sobrepasar los prejuicios y los
problemas legales que hasta ahora han condicionado su investigación y su
aplicabilidad.
Este
proyecto coloca al Estado en un rol central en cuanto al control y la
regulación, pero también en lo atinente a la focalización de la investigación
sobre el alcance del cannabis y sus derivados.
Esperamos
que con el avance y la reglamentación de esta iniciativa alcancemos a dar
respuesta a esas madres que han salido del anonimato a lo largo de todo el
debate realizado en las comisiones, como asimismo, a aquellas personas que han
expuesto sus experiencias, relatando las trabas burocráticas y económicas que
generalmente se les han presentado para conseguir el aceite de cannabis.
De
esta manera, esperamos contribuir para que ellas puedan dar una mejor calidad
de vida a sus niños enfermo, que en mucho de los casos, con los tratamientos
convencionales, llegan a ingerir una cantidad importante de dosis diarias.
Quienes
estuvimos a cargo, por ejemplo, de un municipio -como es mi caso-, o los que
somos padres, sabemos lo que es que otro padre o una madre golpee la puerta de
la municipalidad o de alguna institución solicitando que se gestione el traslado
de su hijo a la ciudad de Buenos Aires para realizar un tratamiento. Por eso,
más allá del título que tiene este proyecto que hoy estamos tratando y de la
sustancia sobre la cual estamos legislando, consideramos que se trata de
posibilitar la ampliación de derechos. Es precisamente sobre esa cuestión
respecto de la que cual hoy estamos legislando.
Estamos
convencidos de que este es un debate contemporáneo y adulto, tal como ha
ocurrido en otras legislaturas provinciales, como las de las provincias de
Santa Fe y de Chubut, donde se ha avanzado con iniciativas similares en vistas
de regular exclusivamente el uso medicinal del cannabis.
Debemos
pensar en la esperanza que se concreta con este nuevo camino que iniciamos.
Cuando la salud y la vida están en juego, no podemos dar marcha atrás ni un
solo paso, en honor a los verdaderos hacedores de este proceso, que son los
enfermos y su entorno, las familias, que con su lucha han posibilitado este
cambio de paradigma.
Adelanto
mi acompañamiento positivo en el tratamiento en general de este proyecto.
Sr. Presidente (Solá).- Tiene la
palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: quiero manifestarle
que esperamos que su propuesta de transición pueda ser acogida por este cuerpo.
El
tema de la marihuana tiene más años que nuestra sociedad, porque existe desde
hace 2.700 años y ha tenido distintos usos.
En
las carabelas en las que ha venido Colón se utilizaba cáñamo de la India en las
sogas, en las velas, para cerrar las maderas para que el agua no ingresara,
etcétera. Así se lo llamaba, pero en realidad se trataba del cannabis, es decir
que era la marihuana tal como la conocemos hoy. También se trajeron semillas
que servían como alimento para los tripulantes. ¡Vaya si tenía usos! Se la
utilizaba para confeccionar ropa y muchas otras cuestiones.
Tal
como expresó la señora diputada Troiano, de repente se instaló la tesis
prohibicionista y nos quedamos sin un recurso que no solamente está asociado a
lo recreativo, sino a múltiples funciones, pero hoy discutimos la función
medicinal.
Quiero
hacer una aclaración al señor diputado Petri. Respecto de esta cuestión no nos
encontramos en mora desde 2003 -cuando comenzaron a presentarse la mayoría de
los proyectos-, sino desde 1986, cuando la Corte Suprema en la famosa causa
Bazterrica decidió que la tenencia y el consumo personal en este país no pueden
ser penados ni sancionados con la cárcel. Esto había comenzado en 1981, en
épocas de la dictadura, en relación con uno de los músicos de Charly García,
que integraba los Abuelos de la Nada.
No
obstante ello, en todos estos años de democracia, más de medio millón de
jóvenes tuvieron que ir a la cárcel o ser sometidos a procesos penales, con
todo lo que ello implica, porque se afecta la posterior inserción laboral por
el solo hecho de tener algunos plantines. Ha cambiado el paradigma en relación
con el combate del narcotráfico en el mundo y eso modificó el tenor de los
proyectos presentados.
Nuestro
bloque presentó un proyecto sobre despenalización total del consumo de
marihuana, no solamente porque creemos en las libertades civiles y personales,
y que el Estado no puede imponer que el alcohol es legal y la marihuana está
prohibida, sino porque incluso desde el punto de vista de la salud y la
seguridad de nuestros hijos es mejor que haya autocultivo y no que tengan que
ir a comprar a un dealer. Lo que hace que una sustancia sea de
tránsito no es el carácter de la marihuana, que no es adictiva, sino ese primer
contacto con el mundo del narcotráfico, porque todos sabemos que después pueden
ofrecerles otras sustancias.
Luego
de la fiesta Time Warp, el presidente tomó una decisión que compartimos, y
convocó a la experta Ruth Dreifuss, quien es ex presidenta de Suiza y miembro
del Comité Global de Políticas de Drogas, para que asesore a nuestro país en el
combate al narcotráfico, pero sobre la base de estos nuevos paradigmas. Esto va
a contramano de lo que se establece en el proyecto de la mayoría si no se
introducen las modificaciones que han solicitado los distintos bloques, porque
los pilares propuestos por Dreifuss junto con la canciller Malcorra y el
presidente Macri se basan en la salud, los derechos humanos, la no restricción
y el no punitivismo.
Asimismo,
el presidente, junto con los gobernadores, miembros del Parlamento, y la propia
Corte Suprema suscribió el convenio Argentina sin Narcotráfico, y plantea estos
mismos paradigmas por los cuales dejamos de perseguir perejiles y nos dedicamos
a perseguir al narcotráfico.
Considero
que estaremos haciéndole un flaco favor a la democracia, pero sobre todo a la
representación que ostentamos, si hoy no avanzamos con lo que nos están
pidiendo desesperadamente los miembros de la sociedad civil, sobre todo las
madres. Ellas, como siempre, en los temas álgidos son las que dan la cara -lo
hicieron en la dictadura y lo están haciendo ahora- para destruir los
prejuicios que son los que impiden este tratamiento, no desde el año 2003 sino
que desde que volvió la democracia.
Creo
que las condiciones están dadas para que avancemos en un dictamen de consenso.
Comparto el reconocimiento manifestado por la señora diputada Donda Pérez
respecto del trabajo realizado por los diputados Gaillard y Petri.
En
los breves minutos que quedan antes de la votación, pido que realicemos las
incorporaciones necesarias que nos están solicitando las madres, para que no
sea lo mismo el cultivo por cuestiones relativas a problemas de salud que el
caso de un narcotraficante.
Asimismo
solicito que los pibes que cayeron presos en Córdoba por ejercer el autocultivo
solidario sean liberados y que no haya más chicos presos por autocultivo.
El
Premio Nobel de la Paz, el presidente Santos, hace dos años firmó un decreto en
Colombia, país del combate y el punitivismo por excelencia, donde se reconoce
el autocultivo con fines personales, el autocultivo solidario y se permite el
cultivo con fines comerciales de modo limitado. En la comisión comenté mi
experiencia en un negocio en el que pude comprar en venta libre lo que aquí
cuesta una fortuna. Me refiero al aceite de cannabis y cremas para el
tratamiento del dolor.
Reitero
que Colombia fue el país que llevó adelante las políticas más punitivas y de
control más estrictas del narcotráfico. No obstante, permite que se tengan
veinte plantas para cultivo personal domiciliario y se pueda llegar a la
comercialización mediante controles rigurosos. En este sentido, debe destacarse
que hay que tener seguros, presentar antecedentes de que no hay una vinculación
con el narcotráfico y realizar planes de inversión que el Estado controla.
Entonces, de esa forma, es más fácil detectar los lugares en los que el cultivo
ilegal está escondido dentro de otro.
Creo
que nosotros contamos con el conocimiento internacional en la materia y lo que
nos aportan países vecinos como Chile y Uruguay, cuyos representantes
concurrieron a este Parlamento. En consecuencia, lo único que nos está faltando
es poner un poco de voluntad a fin de que a partir de los diferentes dictámenes
existentes podamos arribar a uno solo que dé cuenta de las demandas de las
madres.
Es
cierto que el dictamen de minoría solo reconoce la investigación
médico-científica. La verdad es que eso de utilizarnos como conejillos de
Indias a todos los que necesitamos acudir a esto constituye un problema.
También
es muy importante el aporte que efectúa el dictamen de mayoría cuando establece
una imputación presupuestaria, que era uno de los problemas por los que no se
podía avanzar respecto de esta temática.
Habiéndose
agotado el tiempo de que dispongo para hacer uso de la palabra, solicito
autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Solamente
quiero decir que cuando los representantes de la organización Mamá Cultiva
vinieron a este Parlamento a principios de este año nos dijeron que este
proyecto no podía seguir discutiéndose en la Comisión de Legislación Penal,
sino que debía hacérselo en las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de
Acción Social y Salud Pública. Eso fue lo que permitió un cambio que, a su vez,
posibilitó que hoy estemos tratando este proyecto.
En
homenaje a esas valientes mujeres y a todos los pacientes que necesitan esto,
pido que demos un paso más y elaboremos un dictamen de mayoría que incluya la
amnistía, a fin de que no haya presos por cultivar en forma solidaria o por
necesidad. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Solá).- Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.
Sra.
Arenas.- Señor presidente: en primer término
quiero decir que soy médica internista y terapista. Me he desempeñado durante
muchos años en un hospital general. Asimismo he sido presidenta de Laboratorios
Puntanos, que es una empresa estatal de medicamentos del gobierno de la
provincia de San Luis.
En
segundo lugar, coincido con quienes han afirmado que este es un tema de salud
pública. El derecho a la salud es un derecho constitucional del que gozan todos
los habitantes de nuestro país. También lo es el derecho a una vida digna.
Tal
como se ha expresado, el tema que hoy nos convoca ha sido objeto de reclamo por
un sector de la sociedad constituido por los pacientes –y sus familiares- que
padecen algún tipo de enfermedad y que han tenido la experiencia de sentir un
alivio a partir del uso medicinal del cannabis.
Obviamente,
cada uno de ellos lo han estado utilizando de una manera informal y diferente.
No existen registros acerca de cuáles han sido los efectos y la evolución de
las respectivas patologías en cada una de las situaciones.
Lo
importante es que hoy estamos considerando este tema en este recinto.
Seguramente el proyecto de ley que vamos a sancionar va a ser imperfecto o le
faltará contemplar algunas situaciones. No obstante, lo que merece ser
destacado es que habrá una autorización para que se investigue.
Lo
que no podemos autorizar es la utilización de un producto y decir que es
farmacéutico cuando en realidad no ha cumplido con todas las exigencias que
establece la ley respecto de la fabricación de un nuevo producto de esas
características.
En
nuestro país esto es fiscalizado por la ANMAT. Este organismo ha empezado a
actuar sobre este tema en 2015, cuando tuvo que autorizar la importación del
aceite de cannabis.
De
acuerdo con lo que la ANMAT ha podido recabar a partir de la escasa información
de que dispone, ha expresado que en los casos de epilepsia refractaria ‑existen
más de cuarenta tipos de epilepsia‑ en los cuales una monodroga o la
combinación de drogas existentes no han brindado una respuesta satisfactoria al
paciente –y si se utiliza una dosis mayor que la indicada ella puede ser tóxica‑
se ha logrado una mejoría en cuanto a la cantidad de convulsiones. Esta es la
evidencia más importante que puede apreciarse en el informe emitido por la
ANMAT.
En
lo relativo al dolor, la esclerosis múltiple y los síntomas que padece un
paciente canceroso que ha sido tratado con politerapia y quimioterapia, los
efectos que se han comprobado son leves y permiten lograr una mejoría si se
efectúa una combinación con otros medicamentos que se utilizan habitualmente.
Lo
que también afirma la ANMAT es que la muestra y los datos que ese organismo
tiene no son tan serios ni significativos como para emitir un dictamen final.
Por
esa razón, este proyecto de ley que a partir de ahora permitirá la
investigación, como así también los protocolos de laboratorio y clínicos de
observación directamente en el paciente, van a posibilitar que el cannabis siga
los pasos que debe cumplir un producto químico, tanto para ser utilizado como
para que se lleve a cabo su fabricación.
Por
lo tanto, entiendo la situación de los familiares que en estos momentos están
padeciendo la enfermedad de sus hijos. El Estado, que hasta ahora estuvo
ausente, a partir de hoy deberá estar presente.
También
comprendo a los señores diputados que tienen un cierto grado de desconfianza en
cuanto a lo que prometió el Ministerio de Salud, cuyos funcionarios estuvieron
presentes en la reunión celebrada por la comisión y garantizaron la provisión
del aceite de cannabis importado para la totalidad de los pacientes que se
inscriban en el registro.
La
desconfianza surge porque si se observan las publicaciones del Ministerio de
Salud de la Nación puede apreciarse que hasta el momento no ha ejecutado para
ningún programa ni siquiera el 50 por ciento del presupuesto. Pero eso
constituye otro grado de responsabilidad que compete al Poder Ejecutivo y
prometemos que vamos a estar atentos para que cumpla en ese sentido.
Otro
aspecto que me interesa que se contemple en el proyecto de mayoría es la
participación de los laboratorios públicos. Hay una gran credibilidad en cuanto
a ellos, a fin de que lleven a cabo la investigación y la posible producción de
este medicamento en el futuro. De esta forma, se evitaría la desconfianza
respecto de la industria farmacéutica, en el sentido de que si ésta ve la
posibilidad de que haya una comercialización fácil probablemente se manejaría
de la forma en que lo hacen las corporaciones, es decir, considerando solamente
el aspecto económico.
Por
lo expuesto, el bloque Compromiso Federal va a acompañar el dictamen de mayoría
con las modificaciones propuestas, respecto de las cuales me interesaría que se
incorporen al proyecto en tratamiento.
Sr.
Presidente (Solá).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
Sra.
Sosa.- Señor presidente: en primer término,
quiero felicitar a las organizaciones de familiares de pacientes del cannabis
medicinal, porque gracias a su lucha el Congreso Nacional ha incorporado a su
agenda la discusión de este tema. Deseo destacar la forma en que durante todo
el año estuvieron presentes en este Parlamento.
A
comienzos de este año elaboramos en nuestro bloque un proyecto de ley y
celebramos una importante audiencia pública de la que participaron los
representantes de todas estas organizaciones. Esa audiencia fue la base del
dictamen que elaboramos colectivamente en la Comisión de Acción Social y Salud
Pública
Quiero
aclarar a todas las organizaciones y las personas que están pendientes de este
debate, que se verían beneficiadas con la regulación del cannabis medicinal
para mejorar su calidad de vida, que ese dictamen que se ha elaborado en la
Comisión de Acción Social y Salud Pública ‑es muy concreto y voy a pasar
a explicar los aspectos principales que contiene- no será sometido a votación
en este recinto en la sesión de hoy. Se va a poner a votación solamente el
dictamen de mayoría.
Si
con la regulación se busca proteger a los pacientes que utilizan cannabis
medicinal y mejorar su calidad de vida, en el artículo 1° tiene que dejarse
bien en claro cuáles son las patologías que deben tenerse en cuenta, porque son
muchas, no solo la epilepsia refractaria.
Creemos
que en el texto de la ley deben figurar claramente las siguientes patologías:
encefalopatías epilépticas, cáncer, dolor crónico no oncológico, HIV,
esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, Mal de Parkinson, Mal de
Alzheimer, lesión medular, enfermedad inflamatoria intestinal, glaucoma, estrés
postraumático y aquellas que luego incorpore la autoridad de aplicación, que
desde un principio sostuvimos que tenía que ser el Ministerio de Salud de la
Nación, porque consideramos que este es un problema específicamente de salud.
Se
trata de reconocer el acceso al derecho a la salud pública, y hasta este
momento el Estado no lo estaba haciendo. Por lo tanto, pretendemos que se
avance en este sentido.
Por
otro lado, también creemos que tiene que incorporarse en el artículo 1° el
acceso a la planta de Cannabis sativa.
Es decir, se tiene que garantizar el acceso a la planta de Cannabis sativa y sus derivados junto a esta descripción de las
patologías, que deben ser consideradas en el texto de la ley, junto a las que
luego incorpore la autoridad de aplicación.
Se
debe autorizar el cultivo del cannabis y la investigación tanto en el Conicet y
el INTA como en las universidades públicas. La elaboración tiene que ser
llevada a cabo por los laboratorios públicos, es decir, bajo la órbita de la
ANLAP, estableciendo una concreta responsabilidad del Estado nacional, pero no
vemos que esto esté claro.
Observamos
que el dictamen del oficialismo
condiciona las consideraciones que mencioné sobre la reglamentación,
sobre todo en el artículo 8°, donde proponemos que se incluyan las patologías y
el registro que se tiene que crear para inscribir a los pacientes, los
familiares que cultivan y los cultivadores solidarios, es decir, los terceros
solidarios que vienen abasteciendo a los pacientes para que tengan una mejor
calidad de vida. Esto debería figurar en el artículo 8°, pero no está
contemplado, lo cual nos preocupa, por las madres, los familiares y los mismos
pacientes que han venido peleando y luchando.
El
Estado se ha hecho presente bajo la forma de criminalización y represión. Este
proyecto de ley debe proteger a estas personas que utilizan cannabis medicinal,
que no es simplemente el aceite de cannabis sino también el acceso a las
semillas y las flores, porque se utiliza su vaporización.
El
Cannabis sativa tiene más de
cuatrocientas propiedades y no se puede limitar el texto de la ley a favorecer
la importación de un tipo de aceite de cannabis.
Estamos
bajo un gobierno que lleva adelante un ajuste brutal en todo lo que es materia
social y salud pública. No podemos hacer depender a los pacientes que utilizan
cannabis medicinal de un presupuesto que ha sido totalmente irrisorio y hostil
a las principales demandas sociales. Por eso consideramos que en esta
iniciativa tiene que estar presente el autocultivo y la regulación de los
cultivadores terceros solidarios.
Las
penas a las que pueden estar sometidas las madres son las siguientes: de uno a
seis años de prisión por tener en su poder cannabis y aceites hechos a base de
cannabis; de tres a doce años de prisión por dar cannabis a otra persona, ya
sea sus hijos o a otra madre; de cuatro a quince años de prisión por cultivar
cannabis, producir aceites caseros y tener semillas; de seis a veinte años de
prisión por cultivar cannabis entre varios, considerándose como una asociación
ilícita.
Esta
situación tiene que terminar. Este proyecto de ley que hoy estamos considerando
debe dejar de criminalizar a estas personas, y por eso proponemos estas
modificaciones. Sabemos que la negociación que se está haciendo en esta sesión
no apunta a atender justamente los planteos de las organizaciones sociales sino
la orientación punitivista de la ministra de Seguridad de la Nación. Es con
ella con quien se están negociando las modificaciones de este proyecto de ley.
Quiero
dejar bien en claro a todas las organizaciones que nosotros vamos a votar a
favor de lo que signifique un avance progresivo para considerar el acceso a la
salud de todos los pacientes y para que se termine de criminalizar a los
familiares y los terceros cultivadores solidarios. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Solá).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Franco.- Señor presidente: quiero comenzar mi
exposición agradeciendo a las comisiones con las cuales hemos trabajado este
tema ya que hace tres o cuatro meses parecía muy difícil que hoy pudiésemos
estar discutiéndolo en este recinto. Por lo tanto, quiero hacer este
agradecimiento en la figura de todos los diputados que trabajaron en las
comisiones.
El
cultivo de cannabis no es nuevo. Ya se dijo que hace mucho tiempo el cannabis
se usaba con fines medicinales e industriales -fundamentalmente medicinales-
para calmar el dolor o tratar de mejorar la calidad de vida de las personas en
épocas en donde la mayoría de las medicaciones tenían un origen fitosanitario.
Con
el tiempo, se demonizó al cannabis, y no se prohibió precisamente por
cuestiones sanitarias sino por un criterio político, y yo diría casi
macartista. Eso permitió que a partir de ese momento se adopte otro concepto y
otra dimensión de lo que es el cannabis, que en definitiva es una planta.
El
uso científico de los fitomedicamentos es una cuestión demostrada desde todo
punto de vista. En definitiva, ¿qué es una sustancia medicamentosa si no
aquélla que produce un efecto benéfico en el cuerpo? Cuando actúa sobre el
sistema nervioso es un psicotrópico y cuando se transforma en un medicamento es
un psicofármaco.
Nuestro
cuerpo tiene receptores cannabinoides que en el caso del cannabis interactúan
produciendo determinados efectos; no los negativos que precisamente se publican
sino efectos positivos, porque el ser humano tiene receptores cannabinoides que
actúan en la regulación de los movimientos voluntarios e involuntarios. Por eso
en el mundo se acepta al cannabis como una terapéutica no de primera elección
sino como una alternativa cuando otras fracasaron. Por tal motivo, Canadá lo ha
llevado adelante; ha ido para atrás y para adelante buscando un término medio
que permitió trabajar sobre la salud de la gente. En la mitad de los Estados
Unidos se sigue discutiendo este tema, como se evidenció en el proceso
electoral reciente. Israel, incluso produciendo medicamentos de prescripción en
farmacia, atraviesa una situación similar, al igual que los Países Bajos,
Portugal, los hermanos de Chile –tuvimos la oportunidad de ir a ver cómo era su
legislación al respecto-, Uruguay, Brasil y otros tantos, como ya se dijo.
El
cannabis se usa en muchas patologías. Nosotros tomamos la epilepsia
refractaria, porque es la que nos llevó a empezar a discutir el tema, pero
también debemos hablar del dolor crónico no oncológico, la esclerosis múltiple,
la enfermedad de Parkinson, el cáncer, la neuralgia del trigémino, la
fibromialgia y tantas otras patologías que podríamos mencionar.
En
este debate se ha hablado mucho de las cuestiones paralelas que podrían darse
si este tema avanzara. Los efectos
colaterales de los medicamentos que hoy tomamos los argentinos o que se toman
en el mundo son muchas veces hasta cien veces peores que los del cannabis. En
este sentido, puedo mencionar a modo de ejemplo el Valproato, que produce
flacidez muscular ‑al extremo que algunos pacientes no pueden ni caminar‑
y abstracción del entorno, dado que el paciente se encierra en sí mismo.
También hay medicamentos que producen hepatopatías crónicas, alteraciones
renales, falta de sueño, falta de apetito, irritabilidad, agresividad,
autoagresividad y desnutrición. Pero una de las cosas que más me dolió que se
les ha indicado terapéuticamente a estos pacientes –si bien existen resultados
terapéuticos, no se piensa en ellos- es la famosa dieta cetogénica. ¿Saben qué
significa? Que al chico hay que darle de comer muchas grasas, algo de proteínas
y casi nada de hidratos de carbono; para que se entienda: le hacen pasar hambre
para que se mejore de una patología.
Por
lo tanto, no se puede hablar de efectos colaterales cuando sabemos que
cualquier efecto que produzca el cannabis será mejor a cualquiera de las otras
cosas.
Tengo
mucho más para decir, pero no quiero finalizar sin hacer hincapié en el papel
de las madres. Algo pasa en la sociedad, porque las madres tomaron la decisión
de arriesgar su libertad con tal de que sus familiares o sus hijos tengan una
mejor calidad de vida. Esto no lo quiero dejar pasar por alto. ¡Mírenle los
ojos a una mujer cuando su hijo convulsiona! ¡Mírenle los ojos a una persona
que sufre de dolor producto del cáncer! Pongámonos en el lugar de ellos y en el
de sus familiares. No los criminalicemos. ¡No es lo mismo una mamá que lucha
por un hijo que el narcotraficante que le vende drogas a la gurisada! Sin
embargo, somos duros con ellas y blandos con los dealers que andan por las plazas. (Aplausos en las bancas.)
No
se puede tratar un problema de salud como si fuese un problema de seguridad.
Son temas totalmente distintos. La adicción a las drogas no se produce por el
autocultivo, sino que es consecuencia del accionar de quienes están en las
plazas. Digo esto porque los efectos psicoactivos que produce el cannabis como
tratamiento no llegan al 10 por ciento. Es falso hacer creer que con esto
podemos formar adictos.
Aclaro
que tengo autoridad moral para hablar del tema, porque junto a otros dos
diputados aquí presentes ‑Pedrini y Valdés-, siendo ministros dimos una
dura pelea en la frontera contra el narcotráfico.
Por
otra parte, decimos que la respuesta que debemos dar tiene que ser la correcta,
porque con la combinación de la flor se consiguen los distintos efectos en el
tratamiento a través del aceite o de la forma inhalatoria. Sin esa combinación
es difícil conseguir el efecto buscado.
Por
ello, si prohibimos el autocultivo –que sugerimos se haga bajo control del
Estado, con estricta regulación y, fundamentalmente, bajo prescripción médica‑,
no vamos a resolver el problema. Simplemente le estaremos dando una mano de
pintura a un drama que es mucho más profundo. Pero lo más preocupante es que en
caso de prohibirlo vamos a fomentar la ilegalidad de aquella carroña que quiere
comercializar con la necesidad de la gente.
Esto
es cuestión de cosas simples. ¿Saben qué nos dicen las madres cuando nos
comentan los efectos del tratamiento? ¿Han observado la alegría de esas madres
cuando su hijo la puede mirar a la cara, decirle “mamá” y reírse? De esto se
trata: de cosas simples.
Ojalá
que eso no le pase a nadie, no tenga que necesitar la medicación ni tenga que
salir a batallar para conseguir aceite para que una criatura no convulsione
cuatrocientas veces por día. De corazón espero que esto no le pase a nadie.
Pero si alguien lo llega a sufrir, quisiera que los diputados podamos estar
tranquilos porque hicimos algo, y si algún día nos toca, podamos sufrir sin
sentirnos culpables y llorar sin remordimientos. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Solá).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Bregman.- Señor presidente: si bien el debate
está muy avanzado, no puedo comenzar mi exposición sin saludar que hayamos
llegado nuevamente hasta aquí porque un grupo de madres y de mujeres se
pusieron a la cabeza de esta pelea. Si no fuese por ellas –que asistieron a
tantas reuniones de comisión y lograron instalar el tema-, no estaríamos debatiendo
esta cuestión. Por ello quiero comenzar mi intervención con este
reconocimiento.
A
pesar de esa pelea y del acompañamiento que tuvieron de los médicos que las
apoyaron en cada reunión de comisión, llegamos a esta instancia con dos
dictámenes. Uno de ellos es el del oficialismo –del bloque Cambiemos‑,
que en nuestra opinión mantiene un criterio restrictivo y de criminalización.
Digo esto porque el proyecto se limita a la investigación y no cubre a las
madres que –como se dijo reiteradamente- prácticamente seguirán siendo
consideradas como narcotraficantes.
En
ese sentido, una diputada, que aclaró que era médica, dijo que el Estado estuvo
ausente. Por eso quiero ratificar una vez más lo que hemos dicho en cada una de
las reuniones: nuestra postura es que el Estado no estuvo para nada ausente;
por el contrario, hay un Estado presente que criminaliza, persigue a quienes
cultivan y, por ende, impide que esas madres hoy cuentan con esta medicina para
sus hijos.
Por
otra parte, el dictamen, que tuvo como cabecera a la Comisión de Acción Social
y Salud Pública –que fue suscripto por
diputados de diferentes bloques que somos autores de proyectos sobre cannabis
medicinal-, es totalmente distinto, porque posa su mirada sobre la salud
pública, que justamente hoy estamos discutiendo.
A
través de esta propuesta sostenemos que el Estado debe garantizar el
tratamiento en forma urgente y dejar de criminalizar a las madres.
Por
eso cuestionamos y pedimos que se modifique el artículo 8° del proyecto
contenido en el dictamen de mayoría y se autorice a cultivar. Este es nuestro
reclamo y lo que hoy debemos debatir. No nos pueden vender gato por liebre; no
nos pueden decir que se legaliza el cannabis medicinal cuando no se permite el
autocultivo. Tengamos en cuenta que hoy no hay cannabis medicinal si no hay
autocultivo.
Por
lo tanto, ese no es un punto secundario; no lo podemos dejar pendiente para
cuando algún día el Estado investigue o destine recursos para ello.
Todo
esto también se relaciona con los hechos que hemos venido denunciando en torno
a la persecución y criminalización de los que cultivan. Al respecto, repudiamos
la detención de dos jóvenes –Alejandro Nicolás Tverdovsky y Eric Julián
Sepúlveda-, que fueron detenidos en la provincia de Córdoba por ser cannabicultores
y por tenencia de plantas y aceite de marihuana. Desde nuestro punto de vista,
la Gendarmería montó una verdadera provocación, porque las detenciones se
produjeron cuando todos sabían que estábamos discutiendo este tema y muchos
diputados y diputadas insistíamos en la Comisión de Labor Parlamentaria sobre
la necesidad de incluir esta cuestión en el temario de una sesión.
Eso
nos demuestra quiénes son los que están interesados en mantener el cultivo y el
cannabis en la ilegalidad y la clandestinidad. Esas son las fuerzas represivas
del Estado, que ven en esto un enorme negocio que ellas controlan y del que son
parte, junto a otros estamentos del Estado.
Cabe
señalar que esos jóvenes preparaban de manera absolutamente solidaria ese aceite
que hoy muchos niños necesitan. Continúan procesados por comercio de
estupefacientes, lo que es una aberración judicial. ¿Estos son los narcos que
persigue y muestra por televisión la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich?
En verdad, es una vergüenza.
Por
las razones expuestas hacemos propio el reclamo de que se desprocese a estos
jóvenes y también aquel que apunta al desprocesamiento y la amnistía de todos
aquellos que, por las mismas razones, permanecen detenidos.
Por
otro lado, exigimos que se incorpore claramente la autorización para el cultivo
personal y solidario por parte de pacientes, familiares y terceras personas a
fin de garantizar los tratamientos.
Quiero
recordar que con Nicolás del Caño presentamos en su momento un proyecto de ley
para terminar con la criminalización y la persecución dirigidas centralmente a
la juventud mediante la legalización integral de la marihuana. Por eso, el
próximo 7 de diciembre estaremos nuevamente en la calle junto a miles de
personas para reclamar dicha legalización.
Finalmente,
una vez más expreso todo nuestro apoyo a Mamá Cultiva y a todas las madres que
con su lucha vienen dando el ejemplo de cómo se debe pelear por nuestros hijos.
(Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Solá).- La Presidencia informa que con la intervención de la señora
diputada Bregman queda finalizada la instancia en que exponen los bloques.
Damos
comienzo a la lista de oradores anotados para pronunciar discursos en forma
individual.
Tiene
la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr.
D’Agostino.- Señor presidente: mucho tiempo pasó
para dar este salto cualitativo e iniciar el debate sobre la viabilidad de la
investigación médica y científica sobre el uso medicinal de la planta de
cannabis y sus derivados.
Esto
no es obra de una sola persona; todos hemos aportado y, como siempre ocurre en
materia de derecho, es una cuestión de acción y reacción. La sociedad accionó y
la Cámara de Diputados reaccionó dando esta discusión. No digo despacho porque
creo que, más allá del elogio hacia los tres dictámenes en consideración,
conviene focalizar en algunos aspectos ‑ya mencionados en este recinto‑
vinculados con los programas y objetivos de la autoridad de aplicación.
Si
hacemos un análisis comparativo con otros países advertimos que en Canadá,
Chile, Colombia y veintiocho estados de los Estados Unidos se utiliza el
Cannabitol para explorar distintas maneras de mejorar la calidad de vida de la
gente. Es un tema de salud, señor presidente; no un tema que abarque diferentes
aspectos relacionados con el narcotráfico, las drogas o la seguridad.
Como
sé que hay madres presentes quiero decir que soy abogado, que me gusta estar en
la Cámara de Diputados y que debo prescindir de las emociones, porque las leyes
son normas generales y abstractas para toda la población; es decir que los
beneficios derivados de ellas deben llegar a toda la gente.
Hay
una situación que ha rondado a los bloques. Más de un diputado señaló: porque
si las madres no pedían, porque si los “progalgos” no pedían o porque si tal o
cual sector no pedía, nosotros no actuábamos. ¡Así funciona el derecho, señor
presidente!
Un
jurista alemán, Friedrich Karl von Savigny, cuando le preguntaron qué era el
derecho, respondió: no es una piedra. Es un conjunto de normas que regulan las
relaciones sociales y las conductas. Ahora bien, como las conductas ya existen,
viene el derecho a establecer regulaciones para alcanzar el bienestar general.
O sea, el “estar bien”.
Llama
mi atención el artículo 8°, porque si lo vinculamos con los incisos d) y j)
del artículo 3° surge una nebulosa interpretativa sobre qué pasa con las
conductas habituales o permanentes de quienes usan una planta que, aunque está
prohibida, en los hechos es mostrada por televisión. No he visto que un fiscal
vaya a buscar a las madres que dan entrevistas en los medios. Entonces, hay un
hecho consumado que ha sido aceptado por la comunidad argentina y sobre el cual
debemos trabajar.
Si
normativizamos la investigación sobre el cannabis sin excluir a quienes hoy lo
utilizan para uso medicinal con control de las historias clínicas, dejaremos
que esas personas sean alcanzadas por la ley de estupefacientes.
Creo
que en su momento llegaremos a un acuerdo razonable para dar por concluida la
difusa conmoción que nos causa el artículo 8°, que a partir de la siguiente
expresión da por sentado que aquella conducta existe: “…sean usuarios de aceite
de cáñamo…” Con esta redacción, se está admitiendo que, en la realidad, estas
personas utilizan el aceite de cáñamo. Entonces, si la norma acepta que este
producto se use, debe dar respuesta y excluir de la ley de estupefacientes a
las madres que cultivan, quienes a través del Ministerio de Salud de la Nación
y de la ANMAT deberán contar con una asistencia perfecta para lograr el mejor producto
que contribuya a la salud de sus hijos. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Solá).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Wechsler.- Señor presidente: en primer término,
agradezco que haya pronunciado correctamente mi apellido. (Risas en las bancas.)
Cuando
hace casi un año, el 10 de diciembre de 2015, algunos ingresamos por primera
vez a este Parlamento, dentro de las temáticas que elegimos para comenzar a
trabajar se encontraba la que hoy nos ocupa.
Por
esas cuestiones vinculadas con las diferencias generacionales, en una
conversación con mi hijo Ivo él me enseñó que éste era un tema vigente y que
nosotros, como representantes del pueblo, teníamos el deber de hacernos eco del
reclamo de la sociedad.
En
una búsqueda que primero fue solitaria y luego colectiva, fuimos desfilando por
distintos despachos para hablar con compañeros de nuestra bancada y de otras.
En este punto quiero hacer un reconocimiento, dado que está de moda reconocer a
los compañeros de la oposición –es lo que vemos a diario y genera tanto ruido‑,
y decir que pese a que en doce años el Frente para la Victoria no pudo
sancionar un proyecto de ley sobre esta problemática, el aborto legal y
gratuito o la paridad de género –iniciativas que sí son abordadas por el actual
gobierno‑, tengo que reconocer a las señoras diputadas Conti, Gaillard,
Gallardo, Donda Pérez y Troiano, como así también a miembros de nuestro bloque
como Wisky, Rista, Austin, Banfi, Petri, Buil y Burgos, quienes trabajaron
silenciosamente para que fuera posible lograr durante este mandato una ley
sobre uso del cannabis medicinal.
Estoy
seguro de que habrá consenso entre todas las partes, dado que todavía estamos
trabajando en una norma que sea apoyada por la mayoría de los bloques.
Se
trabajó con mucho cuidado respecto de la gratuidad, el rol del Estado y el
respeto hacia los médicos, que son quienes deben prescribir. La iniciativa en
consideración es totalmente inclusiva y en su elaboración participó la sociedad
civil, que los distintos bloques fueron reconociendo a través de las mamás y de
las organizaciones que se acercaron a las comisiones.
También
quiero hacer un reconocimiento al senador Luenzo, que cuando estábamos viendo
cómo llevar adelante este proyecto él lo presentó en el Senado, así como
también en su provincia, Chubut.
Por
lo tanto, es una iniciativa de todos. El artículo 7°, específicamente,
establece que la provisión será gratuita para quienes se encuentren
incorporados al programa porque, repito, es un proyecto inclusivo.
Por
otro lado, aquellos que no ingresen al programa podrán conseguirlo, mediante
autorización de la ANMAT, ya sea a través de sus obras sociales o en forma
paga, sin restricción de la prescripción.
Estoy
muy orgulloso de estar entre los 259 diputados que se han permitido el debate y
que en el disenso se han permitido la construcción de lo que estoy seguro será
un dictamen mucho más rico que el de la mayoría.
Sr.
Presidente (Solá).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Banfi.- Señor presidente: he pedido la palabra
para contarles mi posición con respecto a este tema y dejar muy en claro que
estoy a favor de la utilización del cannabis para uso recreativo, de los
derechos individuales y del respeto del principio de reserva del artículo 19 de
la Constitución Nacional, que en esta Cámara prometí defender.
Sin
embargo, el proyecto que estamos considerando en el día de hoy no se trata de
esto. Existe una demanda social: los pacientes y los médicos vinieron a
buscarnos para que les demos una respuesta que tiene que ver con la salud
pública, que aparece cuando el Estado está presente. Es lo que vinimos a
resolver con este paso que estamos dando después de tantos años de ausencia del
Estado.
Nos
llevó once meses esta gestión. Hablamos con los médicos, con las madres y con
los pacientes. Discutimos entre todos nosotros para llegar a un acuerdo en
común. Lo que nos pedían y nos siguen pidiendo es el marco legal para
garantizar el tratamiento de las enfermedades, mejorar la calidad de vida y
también para curar.
Cuando
las mamás nos cuentan que sus hijos que padecen ‑por ejemplo‑
epilepsia refractaria hacen 300 convulsiones por día y que a partir de las
dosis de aceite de cannabis que les pueden dar pasan a tener una o tres por
día, entonces, concluimos que es un medicamento que cura.
Por
lo tanto, si lo entendemos como un medicamento, el Estado debe estar presente.
Para la elaboración de una sustancia medicinal es fundamental que sea
autorizada por ley, tal como nos pidieron. Eso mismo piensan otros países, como
Finlandia, Alemania y Francia. Allí dan cannabis medicinal bajo receta y no
permiten la elaboración casera.
Por
su parte, la CICAD, que es la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas, que pertenece a la Organización de Estados Americanos, pide que el
tratamiento de cannabis –y de las drogas en general‑ tenga siempre un
enfoque de salud pública. Me permito leer lo que señala este organismo: “La
evidencia del uso terapéutico está en pleno desarrollo y en la actualidad
demuestra resultados diversos. Es necesario profundizar aún más utilizando
metodologías científicas adecuadas.”
Por
lo tanto, creo que este dictamen de mayoría que voy a acompañar con mi voto
reúne todas las condiciones de los compromisos que la Argentina asume y
principalmente cumple con la legalidad que debemos dar en este recinto para
brindar una solución a todas las familias y a todos los pacientes que sufren y
necesitan una mejor calidad de vida.
- Ocupa la Presidencia la vicepresidenta 2ª de
la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sra.
Banfi.- Principalmente apoyo este dictamen porque
garantiza el acceso gratuito al aceite de cannabis y todos sus derivados, así
como la importación inmediata al momento que se sancione esta norma para todos
aquellos que lo necesiten.
También
apoyo esta iniciativa porque prevé la creación de un programa donde van a poder
participar los pacientes junto con los médicos, los científicos y el Estado. De
esta manera se podrá dar solución a este problema y empezar a trabajar con esta
sustancia que, sin duda, se ha demostrado que sirve, como lo indican las
experiencias de Mamá Cultiva y de muchas otras organizaciones.
Para
terminar, la autoridad de aplicación tendrá la facultad de realizar todas las
gestiones que garanticen a cada paciente el tipo de cepa y la forma en que van
a poder proveerse del cannabis para uso medicinal. Cuando hablamos de la
autoridad de aplicación, justamente, estamos refiriéndonos al Estado presente,
un Estado que se tiene que hacer cargo de este gran paso que está dando la
Argentina y que se pone a la altura de otros países, principalmente para hacer
empatía con aquellas desgracias que tienen que vivir muchas personas en
relación con su salud.
En
ese sentido, creo que hoy daremos un gran paso porque hemos arribado a un gran
acuerdo. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Misiones.
Sra.
Risko.- Señora presidenta: por un lado tengo la
inmensa satisfacción de estar debatiendo este proyecto y de tener la
oportunidad de hablar de esta problemática.
Pero
no podemos quedarnos con ese sentimiento de que hacemos muy poco cuando estamos
ante una oportunidad de modificar en serio y de hacer algo que realmente sirva
para un sector que se hizo visible por su trabajo, por su lucha, por su
organización y que nos obligó a toda la dirigencia política a tomar el tema
como propio.
Entonces,
a pesar de que tenemos la oportunidad de hacer algo que realmente sirva, caemos
en un parche. Ni siquiera un parche, algo todavía más pequeño.
La
señora diputada que me precedió en el uso de la palabra decía que el proyecto
de mayoría va a permitir la entrega gratuita del aceite de cannabis y de todos
sus derivados a los que necesitan. ¿Qué confianza puede llegar a tener en el
Estado esa persona que lo necesita con urgencia y que hoy lo está produciendo
por sí misma y con todas las garantías sanitarias y de seguridad, porque es
para dárselo a sus propios hijos? Digo esto porque todos los días es noticia
que desde el PAMI cada vez se reduce más la cantidad de medicamentos que deben
ser entregados a las personas mayores.
Realmente,
a mí no me da seguridad ni tranquilidad esa postura. Entonces, ¿por qué no
autorizar mediante este proyecto el autocultivo? ¿Por qué no sacarnos de una
vez por todas la careta de la ignorancia, de la indiferencia, de los prejuicios
y los preconceptos? Lo digo en nombre mío, que durante mucho tiempo me
condicionaron para debatir sobre este tema y sobre temas futuros, como por
ejemplo la despenalización del cultivo de la marihuana.
Si
seguimos presos de condicionamientos que vienen de afuera y de las industrias
de los grandes laboratorios que están atrás de esto, en un principio para prohibir
y después para asegurarse ser ellos los que provean el medicamento no en forma
gratuita, si no tenemos el coraje y la decisión de abordar la problemática en
serio, vamos a seguir teniendo excluidos de los sistemas, como teníamos hasta
2010 con los excluidos de la protección legal para contraer matrimonio. Lo
solucionamos con la aprobación de la ley de matrimonio igualitario.
Seguimos
teniendo a las mujeres excluidas de una atención segura y gratuita del aborto
dentro del sistema de salud. En algún momento deberemos sacarnos la careta y
decir que tenemos gente excluida del sistema. El Estado y la dirigencia
política, quienes estamos aquí sentados, somos los responsables y quienes
tenemos el poder de dar una buena solución, aunque no sea definitiva, y no solo
leyes para quedar bien o empezar con la punta de la madeja para tratar el
asunto.
Aquí
tratamos muchos temas que nos involucran a todos los argentinos, que salen como
pan caliente, pero en la política nos tomamos demasiado tiempo para estas cuestiones
que se relacionan con las problemáticas individuales, y cuando las resolvemos,
lo hacemos a medias.
Ojalá
prime el sentido común y el verdadero concepto de la solidaridad, que no es dar
lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. Nosotros aquí tenemos buena
voluntad. Entonces, debemos ser realmente solidarios y hacer un proyecto que
nos unifique pero, sobre todo, que resuelva el problema, en lugar de tirar la
pelota afuera de la cancha para quedar bien. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Buil.- Señora presidenta: estamos considerando la
posibilidad de que pacientes que lo requieran puedan acceder al cannabis como
medicina, y que puedan hacerlo en las mejores condiciones. Por eso, cuando
escucho algunas definiciones, me parece que aún no está clara la posición y la
decisión que hemos tomado en relación con este dictamen.
Después
de tantos “no” a muchas necesidades, esta iniciativa permitirá responder a un
derecho humano: el de acceder a un medicamento por parte de alguien que lo
necesita por su condición de salud.
Este
ha sido un año de intenso debate en relación con esta temática. Durante muchos
años, en esta Cámara hubo proyectos relacionados con la temática que, lamentablemente,
no fueron definidos, ni siquiera discutidos con el nivel requerido ante la
demanda existente.
Ingresé
a esta Cámara el 10 de diciembre del año pasado, pero ya con anterioridad, en
un encuentro con el intendente de General La Madrid –Martín Randazzo‑,
tomé contacto con esta problemática y empecé a vivenciar lo significativo del
tema. Así, participé de congresos, me interioricé con profesionales y también
con familiares de pacientes, que solicitaban el uso del cannabis como medicina.
Ya
en la Cámara de Diputados tuvimos la posibilidad cierta de participar de
audiencias públicas, tomar contacto con expertos, familiares, y también pudimos
relacionarnos con distintos ministerios del Poder Ejecutivo, buscando la
presencia de un Estado que hasta ahora estuvo ausente. Si hoy tenemos algunas
situaciones de las que nos quejamos, justamente las mismas existen por no haber
tenido un Estado que diera respuesta a este tipo de necesidad.
En
ese sentido, tal como hicieron otros colegas, una vez más debo agradecer
fuertemente a todos aquellos que vinieron a exponer, una y otra vez a cada una
de las reuniones, desde sus saberes, sentimientos, sufrimientos o necesidad de
encontrar una respuesta.
Todos
sabemos que nuestro dictamen de mayoría no contempla el autocultivo o el
cultivo de los particulares. Aun sabiendo que el autocultivo involucra una
profunda posición de amor, principalmente de madres hacia sus hijos, también
implica una posición de desesperación, que está dada principalmente por no
tener una respuesta por parte de quienes la deben brindar y, en definitiva,
deben caer en una situación que no es la mejor.
Es
por ello que este proyecto define claramente la atención de esta problemática.
Así, la creación del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del
Uso Medicinal de la Planta de Cannabis no solamente muestra un control y una
definición científica para llegar a un producto que se pueda brindar en las
mejores condiciones, sino que además contempla la gratuidad y una atención
integral, de la cual se hablaba anteriormente.
Esto
es así porque entendemos esta demanda y estamos totalmente convencidos de que
esto no se soluciona con una resolución pasajera sino que, por el contrario, en
esta atención integral definimos que haya un seguimiento de los pacientes en el
que, además de acceder al aceite de cannabis, sus derivados o la forma en que
se provea, también es necesaria una atención integral, seguramente con otros
medicamentos, drogas y atenciones profesionales.
Así
se genera en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación un registro
voluntario de pacientes y familiares. Como decía anteriormente, todos han sido
parte de este proceso y nadie tiene que quedar afuera. La participación de
ellos mismos será un reaseguro de que este programa funcionará como
corresponde.
Asimismo,
invitamos a integrar el Consejo Consultivo Honorario a organizaciones que han
trabajado en la temática, particulares, profesionales e instituciones, tanto
públicas como privadas, porque sostenemos que este fue un trabajo conjunto, y
todos debemos seguir trabajando para que esta iniciativa dé los resultados que
se esperan.
También
quiero aclarar, en función de algunas opiniones...
Sra.
Presidenta (Giménez).- Solicito al señor diputado que vaya finalizando su discurso.
Sr.
Buil.- Ya estoy terminando, señora presidenta.
Es
válido aclarar que, en función de lo dispuesto en el artículo 6°, el Estado
tendrá la facultad para producir el cannabis, no solo importarlo.
Para
finalizar, quiero expresar que el proceso que hemos vivido en relación con este
tema este año ha sido muy fuerte y sentido. Cada madre que vino nos relató su
situación, principalmente en relación con la epilepsia refractaria. El propio
relato generaba un movimiento interno que nos hacía no poder quedarnos quietos
ante esta situación. Más aun, cuando vimos imágenes de chicos convulsionando y
nos dimos cuenta que sus madres habían tomado la actitud de mostrarlos,
desesperadas por la respuesta que nosotros no les dábamos, ese es el hecho más
fuerte que nos tiene que convencer de que este proyecto debe ser aprobado en
esta sesión. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
Sr.
Pedrini.- Señora presidenta: me sumo jubiloso a
todos los reconocimientos que se hicieron a miembros de la sociedad civil,
principalmente a las organizaciones como Mamá Cultiva y entidades de médicos y
juristas que nos permitieron asistir a este debate. Traer al Parlamento un tema
tabú, como es el uso del cannabis, ya sea medicinal o recreativo, sin lugar a
dudas es un gran avance.
Deseo
hacer un reconocimiento a estas madres que nos obligaron a escucharlas y a no
escuchar a los laboratorios, a pesar de que muchos estuvieron presentes en
algunas de las reuniones que se hicieron en las comisiones, con una visión
retrograda y netamente corporativa. Logramos vencer postulados totalitarios,
prejuicios, los resabios de la guerra contra las drogas que anidan en el
Ministerio de Seguridad. Todo esto fue dejado de lado y hoy podemos estar
discutiendo este proyecto en la Cámara de Diputados.
Se
habla de un Estado presente en esta cuestión. Es lógico, queremos un Estado
presente, pero si el tema no está definido pasa a ser una suerte de dogma. Hoy
tenemos un Estado presente en la economía pero, ¿ahora qué pasa? Hay un
delegado de los bancos en el Ministerio de Economía. ¿Qué fue lo primero que
hizo? Endeudó al país en 50 mil millones de pesos. Tenemos otro delegado de los
supermercados, justamente en la Secretaría de Comercio. ¿Cuál es la
consecuencia? Aumento indefinido de los artículos de primera necesidad. Tenemos
el Ministerio de Energía y Minería colonizado por los CEO del petróleo y del
gas. ¿Cuáles son las consecuencias? Denuncias permanentes.
Entonces,
el Estado por sí mismo no es una definición que va a garantizar a todas estas personas que tendrán
lo que realmente están necesitando.
El
homenaje que podemos hacer a Mamá Cultiva es cumplir con su primera demanda, es
decir, la despenalización y el autocultivo. Esa fue la primera demanda que
ellas hicieron y creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Veo que tenemos
un proyecto que, lamentablemente, va en otra dirección; hay que buscar
consensos pero debemos entender sistémicamente de qué estamos hablando.
Sé
que los casos emblemáticos están compuestos por los jóvenes con epilepsia
refractaria, pero hay otras patologías que merecen la misma atención y deben
ser tratadas, por ejemplo, cáncer, encefalopatías, Parkinson, Alzheimer,
glaucoma, distintas enfermedades que se nota ya nadie discute que pueden ser
tratadas con el cannabis medicinal.
El
cannabis se utiliza como fitoterapia complementaria de otros tratamientos
convencionales. A través de ellos van dejando otros medicamentos y se produce
un estado general de bienestar en las personas. Esperamos que este efecto terapéutico no sea cortado por un
excesivo intervencionismo estatal, que quienes deban decidir sobre estas
cuestiones no sean cooptados por los laboratorios o que directamente los
laboratorios no se hagan cargo del Ministerio de Salud porque no vamos a llegar
a este tipo de garantías.
Ojalá
que podamos brindar el mayor homenaje a estas madres no solo con estas
palabras, sino fundamentalmente cumpliendo sus expectativas y teniendo en
cuenta sus luchas. La despenalización del autocultivo les permitirá a ellas
seguir llevando adelante esta experiencia de la que no se registra un caso
negativo. No hay nadie que haya empeorado y no hay nadie que haya muerto en la
Argentina por la aplicación de estas terapias. No podemos decir lo mismo,
lamentablemente, con la aplicación de fármacos o con la ausencia de
tratamientos. No se registra ninguna dosis letal del aceite o de los productos
que utilizan las madres para los pacientes que están a su cuidado.
En
Canadá, Estados Unidos y Holanda no hay una lista de patologías, simplemente
existe la receta de un médico que atiende a personas con estas patologías. Aquí
hay un exceso de rigorismo, diferentes programas y una serie de registros que
tal vez lo único que hagan sea retrasar una solución que nos están pidiendo en
forma inmediata.
Ojalá
que el consenso no desvirtúe la lucha originaria de las madres que luchan por
la aprobación de este proyecto. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presienta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra.
Rista.- Señora presidenta: las últimas elecciones
en Estados Unidos reflejan que en muchas de sus ciudades han votado por la
utilización de la planta del cannabis, tanto para uso recreativo como
medicinal.
Evidentemente,
nosotros hoy estamos hablando del uso medicinal del cannabis. Celebramos que
también lo haya hecho Estados Unidos y que se sume a la larga lista de países
que lo tienen reglamentado. Voy a leer ese listado para no olvidar ninguno:
Canadá, Holanda, Israel, México, Colombia –con todos los problemas de
narcotráfico que hemos conocido, lo tienen reglamentado, no tienen miedo y
saben que van por carriles diferentes-, Uruguay, Chile y Alemania. Ojalá a
partir de hoy podamos agregar a la Argentina a este listado.
Me
alegró mucho este año cuando pude comprobar que llegaban proyectos a esta
Cámara de Diputados, al Congreso en general, pero básicamente a esta Cámara,
que tenían que ver con la legalización del uso del cannabis para uso médico. Lo
hicieron desde Mamá Cultiva, como dijeron otros diputados que me precedieron en
el uso de la palabra. ¿Quién es Mamá Cultiva, la organización de la que todo el
mundo está hablando? Precisamente, las madres de los chicos que están sufriendo
enfermedades muy graves que pueden ser aliviados con este medicamento,
paliativo o como ustedes lo quieran llamar. Ellas llegaron al Congreso,
trajeron el tema, desde allí nos concientizaron a todos y empezamos a trabajar.
Hoy
tenemos un dictamen que considero es excelente, un proyecto que viene a poner
luz a un tema luego de doce años. Digo esto a los diputados del Frente para la
Victoria que estuvieron hablando sobre este asunto. Pasaron doce años, ustedes
tenían estos proyectos y no los aprobaron. Recién hoy, desde Cambiemos, estamos
asumiendo este tema, así como también la responsabilidad de tratarlo y de
consensuarlo con ustedes y el resto de los bloques.
Estamos
muy cerca de llegar a un dictamen en el que todos estaremos de acuerdo y
brindaremos a la sociedad algo superador de lo que ya existía, que era la nada
misma. Lo digo desde mi posición, ya que precisamente tuve que dar una fuerte
discusión dentro de mi bloque.
En
este sentido, presenté un proyecto para despenalizar el autocultivo en la
Argentina, que creo es la solución de fondo para las madres. Esta discusión se
dio muy fuertemente en el seno de nuestro bloque y creo que no logramos
imponerla, pero sí les digo y les prometo lo siguiente a los actores que
estaban muy comprometidos en esto.
Primero,
sin lugar a dudas lo más importante, las madres, los familiares, los niños y
las personas que están sufriendo diferentes enfermedades, encontraron en el
cannabis un paliativo, una mejora y, a veces, una curación.A ellos les digo que
vamos a seguir luchando. El año próximo nuevamente presentaremos el proyecto de
ley relativo a la legalización del autocultivo con fines medicinales.
Otro
sector al que quiero agradecer públicamente es a la juventud de mi partido, a
la gente de Franja Morada, de la Federación Universitaria Argentina y de la
OTR, Organización de Trabajadores Radicales, quienes estuvieron apoyándonos con
esta iniciativa. Ellos trabajaron con los diputados y la gente para lograr la
aprobación del proyecto de legalización del autocultivo con carácter medicinal.
A ellos les digo que vamos a seguir esta lucha cultural y contra los
prejuicios, la que sin lugar a dudas vamos a ganar, tal como venimos haciéndolo
este año. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por La Rioja.
Sra.
Molina.- Señora presidenta: en primer lugar,
celebro poder estar hoy en este recinto tratando un tema que personalmente
considero un cambio de paradigma. Estoy muy orgullosa de haber vencido los
miedos y que junto con mi equipo de trabajo estemos ocupándonos y analizando
una iniciativa para dar una posible solución a este grupo de madres y, en
general, a todas las personas que padecen estas patologías y por ello consumen
aceite de cannabis.
En
principio, quiero dejar aclarado que el Estado se ocupa de la problemática
social. El objetivo es aplicar métodos de autocuidado para ayudar a las madres
a calmar el sufrimiento de sus hijos. Como todos sabemos, durante estos últimos
años ellos no recibieron respuestas ni soluciones concretas a las patologías
que los aquejan.
El
interés de este proyecto es atender a la salud de aquellas personas que padecen
ciertas patologías y que a través del aceite de cannabis logran alcanzar una
mejor calidad de vida.
No
proponemos la sanción de una iniciativa que colisiona con la ley de
estupefacientes, sino que frente al estrecho margen que queda para el uso de cannabis con fines medicinales, exista la
posibilidad de contar con un instrumento normativo que contenga a estas
familias y a todas las personas que padezcan tales patologías. Entiendo que
desde el Estado debe garantizarse el suministro de los medicamentos adecuados
para dichos tratamientos.
Considero
que el Estado debe promover el uso de los derivados del cannabis, cuya
viabilidad farmacológica esté sustentada en investigaciones científicas.
Mediante este proyecto de ley el Estado se hace presente para atender estas
necesidades a partir de una función indelegable, como es preservar y garantizar
la salud de la población, derecho fundamental para el bienestar general.
Quiero
añadir que este proyecto de ley viene a cubrir un vacío normativo al reconocer
la imperiosa necesidad de acercar los tratamientos a quienes lo necesitan y
superar las actuales dificultades para obtener el aceite de cannabis.
Ante
esta problemática social el Estado se hace presente asegurando tratamientos
efectivos para atender las patologías indicadas en la investigación científica.
De este modo vamos a permitirles a todos los afectados no actuar en el marco de
la ilegalidad de la ley de estupefacientes, brindando alternativas legales y
seguras amparadas por la ley.
Quiero
destacar que frente a la angustia de estas familias, sobre todo por el tiempo
que puede transcurrir hasta que se efectivice y entre en vigencia este proyecto
de ley, es el Estado el que debe obtener los fármacos elaborados en el marco de
esta normativa. Por ello deberá contemplar la implementación a través de sus
organismos competentes y el suministro de los aceites que obtenían estas madres
a partir del autocultivo. De esta forma se evita que queden en una situación de
desamparo frente a la necesidad de seguir administrando dicho aceite a sus
hijos, el que es elemental para el tratamiento y/o alivio de los síntomas de la
enfermedad.
Cabe
recordar que en la reunión informativa celebrada el 13 de octubre, a la que
acudieron representantes del Ministerio de Salud, se señaló que dicha
institución viene trabajando en ese sentido para garantizar un plan de ayuda
integral a todas las personas que lo necesiten desde el mismo momento en que
este proyecto entre en vigencia.
En
este sentido el artículo 7° del dictamen de mayoría otorga un marco legal a las
necesidades de aquellas personas que con urgencia necesiten contar con este
plan integral. Además, a través de la ANMAT se permitirá la importación de
aceite de cannabis cuando sea requerido por los pacientes que cuenten con la
indicación médica pertinente contemplados en el programa.
Por
otra parte, quisiera resaltar que debemos entender la situación de estas madres
que ante el vacío o desentendimiento del Estado durante estos últimos años,
tuvieron que practicar el autocultivo para atender a las necesidades imperiosas
de salud de sus hijos.
Queda
en la dirigencia política y el Estado, a través de los organismos que correspondan,
brindarles la contención necesaria y ayudarlas para su inclusión en el sistema
de salud. Además, debe asegurarse que el Estado estará presente para brindar
una solución y no para generar inconvenientes. La idea es promover encuentros,
charlas y todo lo necesario para que estas madres puedan creer, confiar y
abandonar el autocultivo, garantizando desde el Estado el suministro de una
medicación óptima sin riesgo para la salud de sus hijos y del entorno familiar.
Por
último, quisiera pedirles a todos los legisladores que acompañen el dictamen de
mayoría para lograr juntos su sanción, porque estoy segura de que se trata de
un proyecto eficaz y beneficioso que atiende necesidades urgentes de una parte
importante de la población que viene reclamando su derecho a la salud desde
hace mucho tiempo.
Por
lo expuesto, nuestro deber es escucharlos y darles viabilidad desde el punto de
vista político y social, contando con un proyecto sustentable y seguro.
Hoy
no tiene que ser un día más, señora presidenta. Hoy tiene que ser el día en que
este Congreso se comprometa con todas aquellas personas que necesitan de
nuestra buena voluntad para solucionar sus problemas de salud. Pongámonos en el
lugar de ellos y aportemos una legislación que los contenga, los ampare, los
ayude y los acompañe. (Aplausos en las
bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por el Chubut.
Sr.
Igon.- Señora presidenta: creo que hoy es un día
importante para esta Cámara porque estamos tratando un tema que para muchísimas
familias es muy angustiante y que, ciertamente, hace mucho tendríamos que haber
considerado.
He
escuchado las exposiciones de los colegas diputados y algunos me hicieron
reflexionar sobre ciertas cuestiones.
Asimismo,
quiero agradecer la participación de los padres y las madres que hoy nos
acompañan. Tenemos que reflexionar que de una vez por todas esta Cámara tiene
que perder el miedo a la gente y al pueblo. Hoy todos los palcos deberían estar
llenos de vecinos interiorizados en este tema; sin embargo, durante este año
nunca pudimos lograrlo. (Aplausos en las
bancas.)
Como
muchos diputados presentes, entiendo y deseo que sea posible que haya un Estado
que abrace y sea eficiente.
Creo
que estamos a mucha distancia todavía de que esto suceda, de que este tema se
analice, de que se investigue y de que se pueda proveer e importar.
Vamos
a suponer que eso es posible y que se puede lograr. ¿Qué hacemos mientras
tanto? La solución, según entiendo, no es importar este aceite, porque esto
forma parte de otro gran negocio.
El
Diario “El País” de España viene tratando el tema bastante seguido y pone a la
luz el gran negocio que se lleva adelante con esto. Para dar una idea en 2013
este negocio dejó 1,3 billones de dólares, hoy deja 2 billones de dólares y
hacia 2019 se proyecta que la cifra llegará a los 10 billones de dólares.
Nosotros
no queremos hacer de esto un negocio. Queremos que todas aquellas personas y
pibes que están padeciendo las enfermedades cuenten con una solución rápida.
Esa
solución rápida comienza a hacerse efectiva a partir del autocultivo que
llevaron adelante las madres y padres que hoy están acá, que vienen y dan la
cara y que dicen “yo autocultivo por la salud de mis hijos”. Aquellos con los
que realmente debiéramos estar preocupados y que no dan la cara acá son los dealers y los transas. No debiéramos
estar persiguiendo y prohibiendo a esa madre que autocultiva, porque el Estado
no puede en este momento abastecerla de su medicina.
Es
importante entender que mientras nosotros estamos acá debatiendo, mientras pasó
este año, hay padres y madres que están autocultivando. Esa es una realidad
tangible. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Le vamos a dar una solución mágica
cuando el Estado sea suficientemente efectivo? Esta no es una chicana, pero
déjeme tener mis dudas, señora presidenta, porque a lo largo de este año se han
subejecutado partidas sobre medicamentos que son muy importantes y se han hecho
denuncias al respecto.
Hay
pacientes que padecen HIV que han denunciado el vaciamiento de la medicación
que necesitan y que el Estado debe proveer gratuitamente. ¿Qué hacemos si
mañana pasa exactamente lo mismo y el
Estado no puede proveer de aceite de cannabis a las madres que lo solicitan?
¿Cortamos el tratamiento de cada uno de esos pibes, de cada uno de esos chicos?
No se puede cortar un tratamiento tan específico como éste, porque
automáticamente vuelven las convulsiones y con ello aparece una familia muy
atormentada por lo que pueda volver a pasar.
Para
ser claro en lo que estoy pensando, me parece que hoy es un día muy importante.
Estamos progresando. Claramente se ve que hay compañeros de distintos bloques
que se están moviendo para lograr consenso. Para mí en el consenso se tiene que
poner de manifiesto el autocultivo.
Hoy
Esteban, Ayelén o Eduardo Romero –padres que están autocultivando‑ no
tienen miedo de ir presos; infringieron la ley por la salud de sus hijos.
Nosotros no le vamos a estar dando una respuesta concreta y certera en el día
de hoy si no despenalizamos el autocultivo que necesitan para hacer aceite de
cannabis.
-
Ocupa la Presidencia el señor
presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr.
Igón.- Señor presidente: por último y para
finalizar, quiero decir que me han
comentado algunos legisladores amigos del oficialismo que en la terraza de la
Casa Rosada están armando un gran jardín. Por lo tanto, permitamos que las
madres que lo necesitan tengan una planta en la casa y seamos coherentes con lo
que estamos hablando. (Aplausos en las
bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la
señora diputada por Córdoba.
Sra.
Austin.- Señor presidente: tal como lo han hecho
muchos diputados y diputadas de esta Cámara quiero resaltar y rescatar la
importancia de que hoy estemos debatiendo y discutiendo el uso medicinal del
cannabis.
Esto
tiene que ver fundamentalmente con la vocación política de todo el cuerpo de
permitirnos el debate y también con la vocación del oficialismo de haberlo
permitido.
No
quiero dejar de reconocer el esfuerzo que han hecho, que también ha sido
mencionado por los diputados preopinantes, distintas organizaciones como Mamá
Cultiva, la FUBA, Franja y las instituciones que de alguna manera vienen
contribuyendo a construir conocimiento. Esto hoy nos permite dar un debate donde
quizás van a quedar algunos temas pendientes. Ninguno de los que ha hecho uso
de la palabra pone en duda la necesidad de dar este paso fundamental que es la
regulación del uso medicinal del cannabis.
En
los debates en comisión hemos visto las incipientes pero suficientes
experiencias sobre las propiedades medicinales que tiene el cannabis. Esto no
solo se ve en la epilepsia, sino también en el lupus, en el autismo, en la
migraña, en el tratamiento paliativo del cáncer, en el glaucoma y en la esclerosis
múltiple. Es decir, se ha ido construyendo conocimiento, como decía recién, en
diversas disciplinas que nos permiten afirmar las propiedades medicinales del
cannabis.
Quiero
resaltar algunos aspectos del dictamen de mayoría que creo que son relevantes y
que ponen de manifiesto la voluntad política a la que me refería recién y que
refleja la opinión del oficialismo.
En
el artículo 3° del proyecto en consideración encontramos una serie de
enumeraciones, pero en particular me interesa resaltar el inciso d) que
garantiza la obligación del Estado para la provisión gratuita del aceite de
cannabis y de sus derivados. Este es un paso fundamental para garantizar el
acceso al derecho a la salud.
El
inciso j) de dicho artículo incorpora la participación y el conocimiento de
todas las familias que durante estos años, en soledad y a espaldas del Estado
fueron construyendo este conocimiento experiencial que hoy nos permite afirmar
lo que decía al comienzo.
También
quiero reconocer la importancia que le da este dictamen a la investigación
científica. No caben dudas de que es necesario que profundicemos la
construcción de conocimiento con el rigor que tiene la ciencia, con el rigor
que tiene la medicina, para que podamos dar el uso que necesitamos a todas
estas enfermedades y a las que se determinen en el futuro.
A
su vez quiero resaltar la propuesta de construcción del consejo consultivo ‑un
lugar pensado para la integración de estos actores, de las universidades, de
las ONG, de las organizaciones de la sociedad civil y de los profesionales‑
como un espacio que sirva para monitorear, escuchar y de alguna manera también
para colaborar con la implementación de esta norma.
Celebramos
la discusión de este proyecto, celebramos la valentía de un oficialismo que no
le reusó al debate y que aún, ante las diferencias internas, fue capaz de
buscar la construcción de un consenso; celebramos que esta Cámara esté dando
hoy un paso para garantizar el derecho a la salud; celebramos este primer paso
y recogemos el guante de algo que planteó el miembro informante de nuestro
interbloque cuando decía algo que yo suscribo: que el año que viene tenemos que
seguir avanzando, que nos debemos el debate en este recinto por el derecho al
cultivo individual.
Como
partido, como interbloque y como gobierno estamos absolutamente convencidos de
que tenemos que avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Ese es el desafío,
porque es uno de los grandes flagelos que tiene nuestro país.
La
lucha contra el narcotráfico no solamente implica la lucha contra el crimen
organizado, contra las mafias, contra eso que pretende reemplazar en el
territorio al Estado, imponiendo las reglas y estableciendo las formas de
interacción de los ciudadanos, sino que también implica luchar contra ese crimen
organizado que a veces permea las estructuras del Estado, como el Poder
Legislativo, el Poder Judicial y las estructuras políticas, como lo vimos
también en los últimos años.
Lo
que estamos haciendo es enfrentar un cambio de paradigma, que viene a honrar un
compromiso y el pensamiento de uno de los tres poderes de nuestro sistema: la
Corte Suprema de Justicia.
En
el fallo Bazterrica y después en el fallo Arriola, la Corte Suprema, sentó un
precedente de cómo debíamos conjugar y entender los criterios de política
criminal con el respeto de las autonomías y el derecho individual.
Permítame,
señor presidente, citar aquí a modo de homenaje también, las palabas de Carlos
Fayt, quien dijo en este fallo: “La intervención del Estado, nada menos que
sobre la esfera íntima del individuo -en cuanto ámbito de ejercicio de su
autonomía personal-, la que a diferencia de la esfera pública –y aun de la
privada– no admite ningún tipo de intromisión; la aceptación de esa injerencia
convertiría al poder estatal, en una verdadera deidad.
“De
ese modo se estaría negando, a su vez, la dignidad del hombre como imperativo
categórico y se desdibujaría notablemente aquello que propugnaba Séneca ‑símbolo
de la filosofía estoica‑ en una epístola dirigida a Lucilio: ´El hombre
debe ser algo sagrado para el hombre´”.
Bajo
esta lógica, creo que nuestro país ha sido capaz de construir los consensos que
necesitábamos para poder avanzar.
La
opinión de fondo que tengo sobre el tema se encuentra contenida en el proyecto
de ley de la diputada Rista, que he suscripto.
Sin
embargo, creo que en este juego de la democracia debemos ser capaces de
sintetizar la ética de la responsabilidad, con la ética de las convicciones y
en ese esfuerzo, aportar a la construcción de consensos.
Por
eso celebro el dictamen del oficialismo. Por eso celebro que hoy, en el debate
en este recinto, podamos llegar a lograr que ese dictamen se convierta en un
dictamen que recepte, casi diría por unanimidad, la mirada de todos los que
aquí estamos.
Creemos
en la construcción de consensos como una herramienta fundamental para lograr el
avance en las políticas públicas. Es de esa manera en la que se puede lograr
mejorar la calidad de vida de los argentinos. Este es un primer paso, pero es
un paso sólido, consistente, coherente y posible. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Echegaray.- Señor presidente: es muy importante
el peldaño que estamos construyendo, en esto que constituye un paso trascendente
en desmitificar cuestiones que eran tabú desde hace mucho tiempo en la
Argentina.
Desde
el principio de este año participé en los debates que se dieron, acompañando
inclusive un proyecto del señor diputado Buil, que tenía que ver con esta
cuestión que hoy nos trajo hasta aquí.
Tuve
claro desde el principio que la situación de borde, de límite, de frontera de
este proyecto, tenía que ver con una cuestión de salud. Esto, no solamente por
los conmovedores relatos de las madres, de los casos de las distintas
patologías que fuimos viendo en el ámbito de las comisiones, sino también por
el relato de los expertos de nuestras universidades y de nuestro sistema
científico y tecnológico.
Provengo,
precisamente, de la ciudad de La Plata, donde se detonó este tema en el equipo
del doctor Morante, en la facultad de Ciencias Médicas. De manera que desde el
principio de este debate, estuve presente, como tantos otros, en esta
discusión.
Que
hoy estemos llegando a un mínimo común denominador, con una gran mayoría de
diputados de los distintos bloques, para obtener una respuesta adecuada a un
problema de salud que es acuciante en nuestra sociedad, es algo realmente para
rescatar, es para reivindicarlo como un acto de madurez y como un paso previo a
cosas muy importantes en esta materia.
Lo
más importante es que pudimos resistir que se traficara internamente en un
proyecto de salud cuestiones que no tenían nada que ver con la salud. Quien lo
dice, lo hace aclarando de antemano que cree que esa discusión la tenemos que
dar, paso seguido, para debatir las cuestiones que tienen que ver con la
despenalización de la marihuana de carácter recreativo.
En
ese sentido, adelanto que es una discusión que debemos dar en forma
responsable, profunda y en la cual yo defiendo las libertades individuales en
esta materia.
Pero
ese tema no podía estar, en forma vil y cobarde, contrabandeado dentro de un
proyecto de estas características, como es el que estamos discutiendo ahora. No
era honesto hacerlo.
En
todo caso, es honesto presentar un proyecto, como lo haremos seguramente, que
tenga que ver con la despenalización de la marihuana para otros fines.
En
ese sentido es que pudimos arribar a esta situación de hoy, mirándonos a las
caras y dando una discusión de frente, tratando de dar respuesta a una
problemática que debe ser atendida por parte de todos nosotros. Hoy, estamos
dando un paso importantísimo, después de muchos años donde estaba prohibido
hasta el uso medicinal del cannabis.
En
ese sentido y definida claramente esta situación de borde, creo que estamos
dando un paso fundamental para tratar de involucrar al Estado en dar respuestas
serias para que pueda garantizar, entre otras cosas, la calidad de un
medicamento. Porque de lo que se trata es de eso. Poder hacer participar al
Estado, con las distintas instituciones de carácter científico, tecnológico y
de control del Ministerio de Salud, para que puedan garantizar a la población
la calidad que necesita y requiere este tipo de tratamientos.
De
eso se ha tratado la discusión hasta ahora. Por eso creo que el primer paso que
hemos dado es un paso firme, como bien decía la diputada preopinante.
- Ocupa la Presidencia la vicepresidenta
2° de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sr.
Echegaray.- Este paso previo, sin lugar a dudas,
tiende a poder abrir otras discusiones. Y digo eso con profundo respeto por lo
que piensen respecto de los próximos pasos a dar en materia de la
despenalización de la marihuana. Ahí podremos ir advirtiendo que seguramente
tendremos fuertes discusiones, no solo entre los bloques sino en el interior de
los mismos bloques, como ha ocurrido con otros temas. Sin embargo, eso es
saludable. En todo caso habilitará discusiones que tendrán que ver con
cuestiones de conciencia, que muchas veces han aparecido en el seno de esta
casa, con temas como el matrimonio igualitario u otros temas.
Desde
ya acompaño este proyecto. Me siento parte de una gran solución que estamos
dando a los que realmente más lo necesitan. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presidente (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.
Sra.
Albornoz.- Señora presidenta: estamos hoy aquí
para tratar un problema de salud. Para ocuparnos de un tema ocultado y olvidado
por doce años. Esto hay que decirlo. No podemos seguir ocultando la verdad.
El
pueblo tiene que saber que los que se rasgan las vestiduras pidiendo la sanción
urgente de este proyecto de ley, no hicieron nada…
Sr.
Depetri.- ¡Hablá de Milagros!
Sra.
Albornoz.- Sí, puedo hablar de Milagros Sala.
Ustedes la conocen bastante bien a Milagros Sala. La conocen muy bien. (Aplausos en las bancas.)
Como
decía, cuando tuvieron todas las herramientas para hacerlo, no lo hicieron.
Tuvieron
la oportunidad y eligieron la pasividad. Así que, digamos las cosas como son:
hoy, a once meses de haber iniciado este gobierno, estamos aquí para darles
respuestas a los pacientes, porque los escuchamos a ellos y a sus familiares.
Escuchamos el dolor de las madres y
trabajamos intensamente para lograr el mejor proyecto. Y lo hicimos porque lo
que nos importa es la salud púbica, los derechos de los pacientes y la equidad.
Para eso debemos construir una norma sólida, que articule los derechos de todos
y que garantice la mejor calidad de los procesos y de los medicamentos. Aquí hay derechos muy
importantes. Está el interés superior
del niño, el derecho a la vida, a una buena calidad de vida, el derecho a
acceder a un medicamento con reconocida calidad, eficacia y seguridad. Está la
obligación ineludible del Estado, es decir, la de preservar y garantizar la
salud pública.
No
queremos una norma coyuntural para salir del paso. Deseamos una norma que
perdure en el tiempo y que resulte del
marco adecuado para articular y garantizar derechos. Además, se debe integrar
armónicamente a nuestro sistema jurídico.
El proyecto que proponemos busca garantizar que
quienes necesiten el medicamento lo van
a tener. Y aquí hubo un cuestionamiento acerca de por qué no se trató el tema
del autocultivo en nuestro dictamen. No se trató porque estamos hablando de un
tema de salud pública.
Con el
proyecto que proponemos se crea un
programa. En el marco de ese programa se asegura la provisión del medicamento y se garantiza la investigación.
Queremos saber cuáles son las que propiedades que tiene el cannabis, cuáles son
las patologías o los síntomas para los cuales puede emplearse en condiciones de
eficacia. Tenemos que trabajar sobre evidencia científica y para eso el Estado
promoverá este proceso de investigación con los recursos necesarios y
adecuados. Serán nuestros científicos, médicos, investigadores y profesionales
quienes van a llevar adelante este proceso para que podamos definir los
resultados y que puedan emplearse para que mejoremos la calidad de vida de los
pacientes con epilepsia refractaria. No solamente esto debe destinarse a ellos
sino también para otros pacientes
respecto de los cuales desconocíamos que pudiera emplearse el cannabis.
Aquí
hay mucha deformación de la información. El proyecto tiene dos temas muy
importantes. Por un lado, la investigación clínica del cannabis. Por otra
parte, la provisión del cannabis con fines terapéuticos para quienes
actualmente se encuentran empleándolo con un uso medicinal. Estamos garantizando la accesibilidad y
proporcionando un marco de protección adecuado que dé el debido resguardo a la
vida e integridad de los pacientes.
Mediante
este proyecto estamos dando respuestas, garantizando derechos y asegurando la
responsabilidad de un Estado que prioriza la salud pública. Estamos hablando de
un Estado presente, de un Estado que se hace cargo y está haciendo algo que
durante años otros no hicieron. (Aplausos
en las bancas.)
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Tailhade.- Señora presidenta: todo muy lindo,
pero falta resolver una cuestión que es central. Me refiero a la despenalización del autocultivo. Estamos
escuchando oradores que están hablando de este problema como una cuestión de
salud pública. Puedo coincidir con esa interpretación, pero la verdad es que no
se va a resolver el problema de la salud pública con las madres presas. Lo
primero que tenemos que hacer para avanzar en la resolución de este problema de
salud es que las madres estén libres y no amenazadas por una pena de prisión.
El primer presupuesto para esto está dado en que no se le aplique la ley de
estupefacientes que las condenan a una pena de 4 a 15 años de prisión por
el autocultivo.
También
se las podría acusar de conformar una asociación ilícita si se juntan con otras
madres para realizar estos cultivos. En esta cuestión central tenemos que hacer
foco y lo debemos llevar a cabo con el mismo fervor, por ejemplo, con el que se
defendió a los galgos la semana pasada.
Señora
presidenta: yo sé que usted intervino en esa discusión con una visión opuesta a
la mía, pero reconozco el compromiso de muchos diputados con la lucha para que
se acabe el maltrato de esos animales.
Pero tenemos que poner ese mismo
compromiso en esta discusión y enfocarnos en esta cuestión que hoy, por lo
pronto, parece no tener solución.
Nuevamente
el derecho penal mete la cola y
lamentablemente va a seguir siendo una salida muy pobre en relación con lo que
estamos intentando resolver. Estoy absolutamente seguro y convencido de que
ninguna madre o padre va a dejar de cultivar una planta que mejora la calidad
de vida a sus hijos; ninguna madre va a dejar de cultivar una planta que quizá impide que su hijo tenga
50, 60 o 100 convulsiones por día. Ningún padre o madre va a dejar de cultivar
una planta que impide que sus hijos pierdan los dientes a raíz de los golpes
que le provoca la convulsión.
No
me parece menor esta cuestión y ahí se marca claramente la ajenidad del derecho
penal en esta materia.
¿Porque
hace falta despenalizar el consumo del autocultivo? Hay jueces buenos y jueces malos. Los jueces
buenos seguramente encontrarán una causa de justificación para no perseguir
penalmente a una madre que autocultiva para darle el aceite de cáñamo a sus
hijos. También hay jueces malos. De hecho, en unos minutos vamos a debatir una
norma que ha tenido varias correcciones, como la ley de abuso sexual. Hemos
tenido que volver a corregir esa ley para decirles a los jueces que, por
ejemplo, un empalamiento es un delito sexual, cuando en realidad no hay
justificación para que los jueces se hagan los estúpidos con eso. Por ello, es
fundamental despenalizar el autocultivo para que los jueces no sigan haciéndose
los tontos con este tema y no hagan oídos sordos a un reclamo absolutamente
genuino de miles de madres y de pacientes.
Señora
presidenta: mi intervención tenía como objetivo marcar estas cuestiones. Si el
dictamen de mayoría llegara a imponerse sin modificación nos quedará un
proyecto rengo que no va a resolver de manera definitiva el problema. Y lo peor es que vamos a seguir
teniendo a las madres como rehenes del sistema penal que nada tiene que hacer
en esta cuestión que está relacionada con la salud pública. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada
por Jujuy.
Sra.
Martínez (S.A.).- Señora presidenta: este
proyecto que hoy estamos abordando implica una gran respuesta a la situación de
muchas personas que precisan del cannabis medicinal. Hay que reconocer -y se ha
hecho una y otra vez, pero es bueno distinguirlo una vez más- que ha sido sin
lugar a dudas la lucha de las madres y de los familiares de personas que sufren
diferentes afecciones la que ha obligado a incorporar este tema en nuestra
agenda.
En
este sentido, el hecho de incorporar a la agenda diferentes temas tiene que ver
con una decisión del gobierno nacional de mantener un vínculo estrecho con la
sociedad. Es decir, hemos escuchado a ciudadanos referirse sistemáticamente a
diferentes cuestiones y hemos tenido la capacidad de responderles.
Voy
a dar ejemplos concretos. Así lo hicimos cuando escuchamos a los jubilados,
porque se apelaban las sentencias de la Justicia una y otra vez. Así lo hicimos
cuando escuchamos a las mujeres y decidimos dar sanción a la paridad de género
en las listas electorales, porque de ese modo se fortalecería la democracia.
Así lo hicimos cuando las víctimas de distintos delitos reclamaron una
legislación y se dio respuesta, a través de varias iniciativas propuestas por
diferentes partidos.
Asimismo,
cuando diferentes organizaciones hablaban de “Ni una menos” se dispusieron 47
millones de pesos para el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia hacia las
Mujeres.
De
la misma manera lo hicimos cuando diferentes organizaciones de la sociedad
civil vinieron a solicitar que se restringiera lo que se presentaba como un
hecho de diversión o de trabajo, y se sancionó una iniciativa vinculada con el
maltrato animal. ¡Así lo seguimos haciendo: damos respuesta a la sociedad!
No
podemos dejar de mencionar los doce años que han pasado y lamento que esto no
se haya hecho antes. Lo que les aseguro es que si esperáramos doce años con
este gobierno para traer al recinto este tema, no me atrevería a decir ni una
sola palabra.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Díaz Roig.- ¡No son doce años; son treinta años!
¡El gobierno de de la Rúa! ¡El gobierno de Alfonsín! ¡No politice el debate!
Sra.
Martínez (S.A.).-
Aquí estamos, con la decisión política de debatir y de construir consensos,
porque entendemos perfectamente que tenemos una responsabilidad y que
necesitamos dar una respuesta a las personas que sufren diversas dolencias para
que accedan a la medicina que requieren.
Entendemos
que es necesario evitar la criminalización de quienes no han venido encontrando
en el Estado una respuesta concreta.
Sr.
Díaz Roig.- ¡No agreda, señora diputada!
¡Alfonsín estuvo seis años!
Sra.
Martínez (S.A.).- Debemos garantizar la
investigación...
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Martínez (S.A).-
Si el señor diputado Díaz Roig solicita una interrupción, se la voy a conceder,
señora presidenta. De lo contrario, le solicito que me permita culminar mi
exposición, porque he escuchado con suma atención y con el respeto que nos
merecemos todos a los señores diputados han hecho uso de la palabra.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Martínez (S.A.).-
Han tenido todas las oportunidades y hay que hacerse cargo de eso.
Celebro
la decisión de trabajar en relación con un programa que se ha discutido, se ha
enriquecido y que se ha aprobado, porque representa un paso adelante en la
protección que el Estado debe dar a sus ciudadanos. No debemos confundir los
temas. No se está claudicando en la lucha contra el narcotráfico ni tampoco en materia
de adicciones, porque en ese sentido todavía tenemos que avanzar. Esa cuestión
no se vincula con la que está en tratamiento, porque este tema atañe a la
salud.
Por
otro lado, quiero aclarar que la punición del consumo personal que contempla la
ley de estupefacientes es una prohibición anacrónica y totalmente obsoleta que
no se vincula en forma alguna con la realidad social de nuestro país. Ya la
Corte Suprema de Justicia, en el fallo Arriola, declaró inconstitucional la
limitación de las libertades individuales siguiendo el fallo Bazterrica, que
fue dictado en los tiempos del presidente Alfonsín.
Creo
que debemos hacernos cargo y lo hacemos, a fin de lograr una norma consensuada,
producto de una construcción colectiva que permita dar respuesta a cada una de
las personas que hoy tienen alguna enfermedad. Lo vamos a hacer en este
gobierno, porque es una decisión política y celebro profundamente que así sea.
De
todas maneras, queda un largo camino por recorrer, que estamos dispuestos a
transitar, porque también hay que hablar de la despenalización. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene
la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Álvarez Rodríguez.- Señora presidenta: el alcohol es una sustancia
psicoactiva legal así como el tabaco, que es la sustancia que produce mayor
adicción y dependencia. El 25 por ciento de los fumadores mayores de 40 años
desarrolla cáncer pero, sin embargo, en esta sociedad eso está naturalizado y
forma parte de una falsa normalidad en la que vivimos. Sin embargo, hoy en este
recinto, estamos deliberando sobre el uso medicinal del cannabis. Esto es
paradójico y hasta podría sonar insólito.
El
doctor Aquiles Roncoroni -profesor emérito de la carrera de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires‑ puntualizó
que el Instituto de Medicina de la Academia de Ciencias de Nueva York, en un
estudio encargado por la DEA en 1999, señaló que el consumo del cannabis tiene
un efecto paliativo del dolor y de las náuseas en enfermos crónicos, y las
mismas aseveraciones las realizan los profesionales de nuestro país.
Muchísimas
familias argentinas están esperanzadas respecto de lo que vamos a votar hoy
aquí, porque sus hijos están sobremedicados con productos legales de la
poderosa industria farmacéutica. Me refiero a familias de niñas que sufren más
de cien convulsiones diarias y que las veinte pastillas que les recetaron para
cada día, no resuelven su enfermedad y las empeoran en numerosas ocasiones.
Estas
familias luchan para que las obras sociales y las prepagas les autoricen sus
tratamientos y sus rehabilitaciones. Asimismo, han padecido tratamientos
inconducentes. Por ello, llegaron al uso del cannabis como última opción
después de probar otras medidas que fallaron.
El
aceite al que nos referimos es en muchos casos el que logra frenar el
sufrimiento de sus hijos. Esas familias argentinas no quieren ir presas por
cultivar estas plantas. De eso se trata la sesión que nos convoca hoy. Ellos
esperan que el derecho argentino deje de considerarlas familias al margen de la
ley.
Concuerdo
con los dichos de uno de los señores diputados preopinantes quien se refirió a
un tema que no estaba en la agenda pública pero se incluyó igual, aunque no lo
conocíamos en profundidad. Se refería a la carrera de galgos, que se resolvió
penalizar, pero a veces, aquí rápidamente se penaliza lo que la sociedad tiene
por necesidad y demanda no ser penalizado.
Quiero
hacer una mención especial al trabajo de la señora diputada Gaillard en la
Comisión de Acción Social y Salud Pública, quien abrió y democratizó una
comisión que permitió escuchar a todas las organizaciones a quienes les
agradecemos habernos instruido sobre una necesidad y un derecho que hoy tienen
que recibir esas familias.
Quiero
adelantar mi voto favorable al dictamen que autorice el uso y el autocultivo
del cannabis para el empleo terapéutico y medicinal hasta tanto se encuentre
una solución integral para la salud de estos pacientes.
Apelo
a la sensibilidad y al diálogo que todos decimos manifestar para que dejemos de
hablar sobre la herencia recibida y nos hagamos cargo del presente y del
futuro, que está en manos de quien hoy lleva adelante el Poder Ejecutivo en
compañía de una Legislatura responsable. (Aplausos
en las bancas.)
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene
la palabra el señor diputado por el Chaco.
Sr.
Goicoechea.- Señora presidenta: estamos
considerando este muy buen proyecto de ley de investigación clínica y
científica del uso medicinal del cannabis. Esta iniciativa ha sido tratada en una reunión plenaria de
las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Legislación Penal y de
Seguridad Interior. Es decir que estamos frente a una problemática que tiene
varias aristas.
En
lo relativo a la cuestión sanitaria, hemos escuchado a miembros de la Sociedad
Argentina de Neurología Infantil y de la Liga Argentina contra la Epilepsia.
Seguramente, la patología más sensible al aceite de cannabis es la epilepsia
refractaria. Tres de cada diez niños que padecen esta disritmia cerebral no responden
al tratamiento convencional.
Es
bueno saber –y también esclarecer a la comunidad en general‑ que el
cannabis no es una droga de primera elección y que finalmente se arriba a su
utilización cuando fracasan los tratamientos con drogas psicoactivas y anticonvulsionantes
convencionales.
El
cannabis ha sido prohibido por el instituto que regula los medicamentos y los
alimentos en los Estados Unidos, que seguramente es la sociedad más
evolucionada desde el punto de vista científico. Pero ese país es tan contradictorio
que, como dijo la señora diputada Rista, veinte estados permiten el uso
recreativo de la marihuana. El último en aprobarlo fue el Estado de California.
A su vez, existen ensayos clínicos. Actualmente hay en Washington siete
plantaciones estatales que están actuando sobre 3.700 pacientes que sufren de
epilepsia refractaria.
Estoy
contento por haber arribado a este dictamen de mayoría. Creo que con él
finalmente vamos a reparar a esas madres, a las que tenemos que pedir perdón.
Circunstancialmente hoy me toca formar parte de uno de los poderes del Estado.
En ese sentido, pedimos perdón por haber estado ausentes respecto de esa
cuestión sanitaria.
Hemos
empujado a esas madres al ejercicio ilegal de la medicina. Asimismo, hemos
empujado a los familiares de los pacientes a actuar sobre los derechos de un
tercero muchas veces empíricamente, sin rigor científico. Ello ha sido así
porque esas madres, buscando el consuelo de sus hijos, han recurrido a pruebas
de ensayo y error, produciendo seguramente efectos indeseables sobre esas
personas.
Cada
vez que un fármaco ingresa al organismo debemos atender la dosificación, los
efectos colaterales, las contraindicaciones y las interacciones medicamentosas.
En definitiva, se trata de un problema médico, por lo que debe resolverse
clínica y científicamente.
Por
eso, la Argentina, que como dijo el señor diputado Riccardo destina 75.000
millones de pesos al presupuesto universitario y, como señaló un señor diputado
preopinante, ha tenido tres Premios Nobel en Medicina –me refiero a Milstein,
Leloir y Houssay‑, finalmente tiene la capacidad para investigar y
obtener el mejor charlotte de
cannabis que necesita la población.
En
cuanto a la preocupación que existe respecto del mientras tanto, quiero decir
que este último debe servir para que los organismos de aplicación del Poder
Ejecutivo, que serán el Ministerio de Salud y el Consejo Federal de Salud,
puedan tomar los recaudos necesarios para que este jarabe se importe y
distribuya a cada uno de los ministerios de Salud provinciales. Ese será el
mientras tanto y la rápida respuesta que necesita esta población que,
lamentablemente, sufre este tipo de situaciones.
Creo
que estamos en el camino correcto, porque si en esto participan las comisiones
de Legislación Penal y de Seguridad Interior es porque estamos ante una planta
que no es inocua. El cannabis activo tiene drogas psicoactivas, las que
comprometen la capacidad de atención, percepción y memoria. La verdad es que si
un piloto de avión tuviera que transportarme quisiera que no hubiese consumido
una droga psicoactiva. Del mismo modo, si tuviera que operarme un neurocirujano
preferiría que antes no hubiese fumado. Finalmente, si tuviese que
transportarme en colectivo preferiría, como bien dijo una señora diputada, que
el conductor no hubiera consumido alcohol. No son drogas inocuas, por lo que el
Estado debe estar presente en su regulación.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr.
Goicoechea.- Reitero que en mi opinión estamos en
el camino correcto y que siempre debemos tener en cuenta lo que establece un
axioma, en el sentido de que un bien mal hecho es, a veces, un mal bien hecho. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Chubut.
Sra.
Llanos.- Señor presidente: estamos considerando
un tema muy importante para esas madres y padres que están sufriendo y se
encuentran sin comer, a la espera de que terminemos de debatir este proyecto.
La legalización del cannabis para su uso medicinal es un tema muy sensible y,
al mismo tiempo, tabú. Si bien no estoy totalmente de acuerdo con él, sí lo
estoy en lo concerniente al sufrimiento que están teniendo esas madres con sus
hijos. En consecuencia, voy a votar afirmativamente esta iniciativa,
acompañando así a esas madres que tanto la necesitan.
Me
cuesta mucho decir esto en este momento, pero no puedo dejar de señalar que
observo el dolor y la sabiduría que esas madres tienen para cultivar esa planta
y, así, obtener el aceite que tanto necesitan sus hijos.
Es
necesario contar con un registro de aquellas personas responsables con sus
hijos, a fin de tener en consideración este dolor que sobrellevan.
He
tenido la posibilidad de hablar con médicos de mi provincia que son entendidos
respecto de este tema. Todavía no hay un consenso en torno del consumo
terapéutico de la planta de la que estamos hablando. En ese sentido, algunos
médicos recomiendan su uso en caso de extremo dolor o por algún tratamiento que
se declare en contra.
Más
allá de esto, creo que estamos ante un proyecto que vamos a aprobar a partir de
las necesidades de muchas familias que están atravesando situaciones delicadas
en materia de salud y para las cuales el cannabis constituye una gran ayuda,
tal como lo reconociendo en el día de hoy.
Reitero
que en mi carácter de diputada nacional voy a votar afirmativamente este
proyecto, considerando a esas madres del dolor que sufren por sus hijos y que
hoy deben cultivar esta planta para salir adelante. Como madre, lo haré porque
realmente lo necesitan. Todos contemplamos la posibilidad de que esta planta se
use con fines exclusivamente medicinales. Estas personas deben ser escuchadas y
sus necesidades tienen que ser atendidas.
Por
eso, aunque no existe un acuerdo total respecto de este tema, hoy debe
respetarse la voluntad popular. En consecuencia, necesitamos que todos, en
forma unida, votemos este proyecto por aquellas madres que sufren y que en este
momento debemos considerar como un dolor que llevan adelante a raíz de la enfermedad
de sus hijos.
Gracias,
señores diputados. Espero que todos juntos podamos votar esta iniciativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: todos los días en las
comisiones nos encontramos con temas parecidos al que estamos considerando
-sobre todo en las de Acción Social y Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia- donde se ponen en juego sentimientos, responsabilidades y
visiones.
Comienzo
hablando de los sentimientos, señor presidente. Cuando conocí a estas madres,
agradecí a la vida que ninguno de mis nueve nietos ni de mis cinco hijos
tuviera siquiera la fracción del dolor que padecen los enfermos. Las entiendo
totalmente; ¿cómo no entenderlas? ¿cómo no llorar con ellas por lo que la vida
les ha deparado?
Pero
nuestra obligación no es trabajar solo con los sentimientos sino con nuestras
responsabilidades como diputados y como constructores de la cosa pública, y
dentro de ellas figura la de priorizar el derecho superior de los niños, como
lo manda la Convención.
No
estamos hablando solamente de los derechos a no sufrir de los que lo rodean
sino del derecho a que los chicos se curen y reciban los mejores tratamientos
posibles.
Pero
también debemos pensar en las visiones que tenemos, y esto es parte de nuestra
responsabilidad. Una de nuestras visiones es tener un Estado cercano, que
cumpla sus obligaciones, que haga lo que el sector privado no puede hacer y que
contribuya a la equidad.
Para
ello el Estado tiene que trabajar para que haya un sistema de salud integral,
que no esté fraccionado en pedazos ni por enfermedades. Además, debe asegurar
la calidad de las prestaciones, y que lo haga con equidad, es decir, que le dé
más a los que menos tienen.
Particularmente
estamos hablando de asegurar la mejor terapéutica posible pertinente a las
enfermedades con sentido de equidad. Esto se llama “ciencia”, señor presidente,
pero los sentimientos no aseguran necesariamente que estos principios se cumplan.
Durante
las reuniones de comisión hemos recibido evidencia absoluta respecto de la
complejidad de lo que estamos hablando. Recuerdo a una especialista del ANMAT y
del Conicet que nos dijo que no era seguro que el cannabis fuera eficiente en
el cien por ciento de los casos. Pero así lo fuera en el 50, 40 o 30 por
ciento, nos tenemos que ocupar de este tema.
¿Por
qué uso esta cifra? Porque la ciencia y el Estado –en nuestro caso, la ANMAT-
tienen que definir el conjunto de acciones que optimicen la eficiencia de lo
que estamos discutiendo en este proyecto.
Nuestro
bloque está tranquilo y orgulloso de retomar el rol del Estado, de proponer un
Estado activo. Por lo tanto, invito a los señores diputados que dudan de este
rol a leer el artículo 3° y van a ver allí lo que es un verdadero plan de
trabajo para resolver este triste problema.
Además,
debemos tener claro que no hay que seguir haciendo lo que está mal; lo que se
está haciendo mal hay que cambiarlo y convertirlo en algo bueno, aun en el
momento de la transición.
Hay
mucha presión social para la resolución inmediata de esta cuestión -esto lo
entendemos desde la enorme angustia de las madres- pero no vamos a permitir que
se sigan haciendo mal las cosas. Por el contrario; vamos a acompañar la presión
social para que en este tema –y en todos los demás- se ponga a la gente en
primer lugar, pero esto significa ocuparse activamente y con fundamentos
científicos.
Señor
presidente: cierro mi exposición diciendo que, en primer término, estamos dando
un gran mensaje a la sociedad en términos de la discusión adulta que hemos
tenido.
Quiero
decir también a las madres que esto no es “todo o nada”. Es decir, si gana el
dictamen de la mayoría, no van a quedar desprotegidas ni nos vamos a olvidar de
ellas, porque el diálogo que hemos establecido, el compromiso del gobierno y su
presión social asegura que la solución será justa, ecuánime y eficiente. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Misiones.
La
Presidencia informa que queda un solo orador anotado. Por lo tanto, en cinco o
diez minutos estaremos en condiciones de votar.
Sr.
Ziegler.- Señor presidente: en primer lugar, en
este día -en el que estamos discutiendo un tema tan importante- quisiera
despejar un poco la cuestión de los tiempos históricos, es decir, si esta
cuestión data de los últimos treinta, veinte o doce años o de los últimos diez
meses. Me parece que de esa manera nos quedamos en un debate que no nos lleva a
ningún lugar. Lo importante es que este tiempo legislativo nos encuentra
trabajando con responsabilidad un tema que es muy serio e importante.
Hemos
llevado a la mesa del debate a las madres, pero quiero referirme a los dos
grupos de madres. En primer lugar, al grupo de madres que tienen hijos o
familiares que padecen estas enfermedades y necesitan un medicamento vinculado
al cannabis. Pero también quiero traer a este debate a las cientos de miles de
madres que padecen hoy el flagelo de las adicciones de sus hijos.
En
este sentido, debemos ser sensibles con quienes necesitan de estos medicamentos
para atender su salud y con quienes hoy atraviesan una dificultad relacionada
con las adicciones.
El
fin de semana pasado estuve caminando por Puerto Piray, ubicado en el barrio
Las Marías, pegadito al Río Paraná. Todo el mundo dice que ese es el lugar por
el que ingresa mucha droga. Son los jóvenes de ese barrio que muchas veces –al
estar sin trabajo- se prestan a transportarla. Pero lo único que escuché de
parte de sus madres es que luchemos contra el flagelo de la droga y que hagamos
algo para que la marihuana no siga avanzando y se siga generando este mal.
Por
otro lado, tengamos en cuenta cuántas veces han venido aquí las madres a
decirnos lo que significa la dependencia de un medicamento obtenido de esta
planta. En esa antinomia nos encontramos, pero nuestra responsabilidad nos
obliga a ser sensibles con los dos grupos de madres.
Este
dictamen que se construye, que se consensua y que se consolida busca justamente
el equilibrio exacto para proteger a las madres que tienen hijos con
situaciones de adicción y a las que tienen hijos o familiares en situación de
enfermedad y dependen del cannabis.
Queremos
proteger a las madres que tienen hijos adictos y luchar contra el narcotráfico,
tal como propone el presidente. Debemos llevar a cabo una lucha frontal.
En
este dictamen en parte también está implícita una política pública tendiente a
luchar contra el narcotráfico, porque seguramente no podemos garantizar desde
el Estado que, validando el autocultivo, esta situación empeore y se transforme
después, a partir de usos recreativos, en narcomenudeo.
Queremos
proteger a las familias que tienen problemas de adicciones entre sus
integrantes y ayudarlas a tratar a sus enfermos, pero lo queremos hacer ofreciéndoles
nuestro complejo científico-tecnológico para producir medicamentos en
condiciones seguras.
Varios
diputados, que son médicos, han planteado aquí la realidad desde la medicina y
han establecido que es necesario tener un control de parte del Estado para que
la provisión del medicamento tenga la calidad que se necesita para poder
combatir las enfermedades en las condiciones que se requiere.
Por
eso, no quiero que, desde las antinomias, caigamos en discursos demagógicos,
facilistas e hipócritas. No quiero que en este debate caigamos en la promoción
de la facilidad sino que debemos promover los derechos con absoluta
responsabilidad. Por ello, solicito a mis pares que acompañen el dictamen de
mayoría, que contiene el equilibrio razonable para que las madres de aquellos
niños que tienen problemas de salud, como así también aquellas que luchan para
que sus hijos salgan de un proceso de adicción, estén comprendidas dentro de
esta legislación. Además, esta propuesta prevé las herramientas necesarias para
que el gobierno pueda seguir luchando contra el narcotráfico. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Gutiérrez.- Señor presidente: nos congratulamos
de que hayamos podido llegar a esta instancia en el tratamiento de este tema,
que demandó varios meses de debate y discusión.
Más
allá de eso, vale la pena mencionar las razones por las cuales este Congreso
–esta Honorable Cámara en particular- está abordando el análisis en torno al
consumo del cannabis medicinal, su importación y el régimen que se propone en
el despacho de mayoría. Al respecto cabe aclarar que lo hacemos porque las
diferentes administraciones ignoraron, desconocieron o directamente no
abordaron esta problemática. En consecuencia, el Parlamento viene a subsanar
ese vacío, producto de que los integrantes de los distintos Poderes Ejecutivos
ignoraron la obligación que tienen en materia de investigación.
No
procedieron de esa manera por desconocimiento o ignorancia sino porque no se
preocuparon de una problemática que en los últimos meses ha ganado visibilidad
en la opinión pública a partir del trajinar de las madres por los medios de
difusión, los despachos de los legisladores, los centros científicos, los consultorios
y los distintos congresos. Con su accionar ellas pusieron en discusión la
situación de una parte de la población que requiere del paliativo de una
sustancia sobre cuyos resultados no hay comprobación científica.
Hoy
estamos haciendo lugar, parcialmente, a esa demanda. Sin duda, es un avance
significativo. Digo esto porque el proyecto que en minutos se va a votar
promueve la investigación sobre los efectos de los derivados del cannabis
medicinal. Esto no se va a resolver en meses; seguramente esos estudios
demandarán más de dos años.
Paralelamente
la propuesta en tratamiento prevé una cobertura integral para quienes se
incorporen al programa a partir del registro que se crea a través del artículo
8°.
Nos
queda pendiente la respuesta a la demanda de las madres que nos visitaron para
pedirnos que no las dejemos en la clandestinidad. Ellas están de acuerdo con
que se regule, fiscalice y controle, pero también nos solicitan que no les
neguemos la posibilidad del autocultivo, sobre todo a partir de los efectos que
se han comprobado empíricamente en sus hijos. Por lo tanto, queda pendiente de
tratamiento la aplicación del artículo 5° de la ley de estupefacientes.
Lo
importante es que hemos logrado avanzar significativamente, en primer lugar,
porque hemos receptado la demanda de un grupo importante de nuestra sociedad;
en segundo término, porque no nos hemos negado al debate, en un momento en el
que este nuevo Ejecutivo y este nuevo Parlamento se están acomodando en función
de las demandas de la sociedad, y por último, porque queda abierta una
discusión que deberá profundizarse próximamente y que este Congreso tendrá que
abordar. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Olmedo.- Señor presidente: simplemente quiero
pedir autorización a la Honorable Cámara para abstenerme en la votación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se autorizará su
abstención, señor diputado.
- Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda autorizada su abstención, señor diputado.
Se
va a votar en general, en forma nominal, el dictamen de mayoría de las
comisiones de Seguridad Interior y otras, recaído en el proyecto de ley sobre
uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Orden del Día N° 751.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
222 señores diputados presentes, 220 han votado por la afirmativa,
registrándose además una abstención.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han
registrado 220 votos por la afirmativa y una abstención. No se han computado
votos por la negativa. (Aplausos
prolongados en las bancas.)
Sra.
Donda Pérez.- Pido la palabra para una
aclaración.
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Donda Pérez.- Señor presidente: como no funcionó
correctamente el sistema de registro de mi voto, quiero dejar constancia de que
lo hice por la afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se dejará constancia, señora diputada.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobado en general el dictamen de mayoría.
En
consideración en particular el artículo 1°.
Tiene
la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: solicito que todos
los artículos se voten en forma nominal.
Además,
adelanto que se han acordado una serie de modificaciones que se irán planteando
a medida que avancemos en el tratamiento en particular. Seguramente el señor
miembro informante las leerá y luego nosotros decidiremos si las acompañamos o
no con nuestro voto.
Sr.
Presidente (Monzó).- Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, procederemos a votar
en particular en la forma solicitada por la señora diputada por Entre Ríos.
- Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se procederá en la forma indicada.
Continúa
en el uso de la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: propongo que el
artículo 1° quede redactado de la siguiente manera: “Objeto. La presente ley
tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y
científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta
de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de
la salud.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: vamos a aceptar la
modificación que en representación del bloque del Frente para la Victoria ha
propuesto la señora diputada por Entre Ríos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
Sra.
Sosa.- Señor presidente: solicito que al final de
este artículo también se incorpore lo siguiente: “y el acceso a la planta Cannabis sativa y sus derivados para
personas que presenten encefalopatías epilépticas, cáncer, dolor crónico no
oncológico, VIH, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica,
Parkinson, Alzheimer, lesión medular, enfermedad inflamatoria intestinal,
glaucoma, estrés post traumático y aquellas patologías que incorpore
posteriormente la autoridad de aplicación.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: no vamos a aceptar esta
modificación. Este es un tema que ya hemos discutido con los integrantes de los
demás bloques. Entendemos que una norma no debe establecer las patologías sino
que tiene que ser la propia autoridad de aplicación y la reglamentación las que
determinen las patologías que incluirá el programa. Por esta razón, reitero que
no vamos a aceptar esta modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar en forma nominal el artículo 1° con la
modificación propuesta y aceptada por la comisión.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
225 señores diputados presentes, 222 han votado por la afirmativa. No se ha
computado el voto de 2 señores diputados.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 222 señores diputados por la afirmativa; no se han
registrado votos negativos y tampoco hubo abstenciones.
aquí VOTACIÓN NOMINAL (ARTÍCULO 1°)
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 2°.
Tiene
la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Litza.- Señor presidente: propongo el agregado de
un segundo párrafo al artículo 2° que diga lo siguiente: “Dicho programa y las
autorizaciones que esta ley prevé en su consecuencia tendrán una duración de
dos (2) años desde la publicación de la presente. La autoridad de aplicación
deberá informar cada seis (6) meses al Congreso de la Nación los avances y
resultados de la investigación.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: la comisión acepta la
modificación propuesta por la señora diputada Mónica Litza, del Frente
Renovador.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: no estamos de
acuerdo con que el programa tenga un plazo de duración porque entendemos que
debe ser parte de una política de Estado en el marco del Ministerio de Salud.
Es
necesario avanzar en la investigación de otros beneficios que puede aportar el
cannabis. Por eso es importante que el programa, más allá de la investigación,
tenga continuidad para que sea posible seguir aprovisionando del tratamiento a
las familias.
Por
estos motivos, votaremos negativamente el artículo en consideración.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Solá.- Señor presidente: por la experiencia en
investigación que me dio haber trabajado en el Conicet, propongo que se
introduzca un cambio en el primer párrafo del artículo 2° para que, en lugar de
dejar una puerta completamente abierta y sin ningún tipo de indicación previa
sobre la investigación que se quiere realizar, se establezca un límite.
Con
la modificación que sugiero, el primer párrafo del artículo 2° quedaría
redactado así: “Créase el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación
del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no
convencionales para patologías de baja incidencia y alto impacto, en la órbita del
Ministerio de Salud.”
No
queremos que se investigue el uso del cannabis para el dolor de cabeza o de
codo; queremos que se investigue para el tratamiento de un grupo de patologías.
Una muy mencionada en esta Cámara desde hace mucho tiempo es la epilepsia
refractaria, y como ella hay muchas otras no tan frecuentes pero con síntomas
muy intensos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: el tema al que hizo
referencia el señor diputado también se discutió mucho en comisión. Si bien es
real lo que señala, entendemos que es propio de la reglamentación el
establecimiento del marco conceptual en que se realizará la investigación del
Ministerio de Salud, que será la autoridad de aplicación de esta ley.
Quizás
la propuesta del señor diputado Solá pueda ser incorporada en la
reglamentación, pero creemos que en esta instancia debemos dejar cierta
flexibilidad para que la autoridad de aplicación, a la hora de reglamentar la
norma, determine con precisión el ámbito en que se va a aplicar.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
Sra.
Sosa.- Señor presidente: sugiero que en el
artículo 2°, luego de la expresión “uso medicinal”, se agregue: “terapéutico
y/o paliativo del dolor de la planta de Cannabis
sativa y sus derivados…”
Por
otra parte, me sumo al pedido de que el programa sea permanente. Rechazamos la
idea de que tenga una duración de dos años.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: el uso medicinal estaba
previsto expresamente en el dictamen suscripto por un grupo de diputados y se
puso en consideración. Hace instantes la señora diputada Gaillard solicitó
incorporar en el artículo 1° la posibilidad del uso terapéutico y paliativo del
cannabis, razón por la cual este aspecto ya está incorporado en la ley. Por lo
tanto, la comisión no acepta la propuesta de la señora diputada Sosa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Lusquiños.- Señor presidente: al igual que la
señora diputada Gaillard, pido al señor diputado Petri que revise su decisión
de aceptar que se acote a dos años el plazo para la investigación. Casi se
podría decir que no tiene sentido sancionar una ley a la que se dio dos años de
vida.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Donda Pérez.- Señor presidente: quiero sumar a
este debate la opinión de nuestro interbloque.
Creemos
que quienes deben determinar el éxito o no de una investigación y cuánto tiempo
va a durar son precisamente los investigadores. Nosotros somos diputados de la
Nación y lo que estamos haciendo es sancionar una ley que pretendemos que sea
una política de Estado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Romero.- Señor presidente: como otros diputados
preopinantes, entendemos que limitar la investigación fijando un plazo cuando
no sabemos cuánto puede demandar, es una idea equivocada.
Por
ello, porque pensamos que se debe mantener la redacción original, nos
pronunciaremos en forma negativa. No estamos de acuerdo con establecer límites
en investigaciones de este tipo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: durante el debate en
las comisiones los representantes del Ministerio de Salud pusieron énfasis en
la necesidad de llevar adelante investigaciones complejas.
Resultados
de investigaciones hay, y ya fueron suministrados y sistematizados por la
ANMAT. A ellos hay que agregar los aportados por distintas organizaciones no
gubernamentales. Entonces, no podemos poner un plazo que, a todas luces y
conforme a lo manifestado por el propio representante del Ministerio de Salud,
es exiguo.
Podemos
acompañar la incorporación de la necesidad de que se remitan informes al
Congreso, pero estamos debatiendo sobre un tema muy técnico y no sé si los
legisladores podemos suplir el mecanismo de la autoridad de aplicación, que de
acuerdo con esta norma será el Ministerio de Salud.
Por
las razones expuestas, solicito que no se defina un plazo. En todo caso,
podremos acompañar la obligatoriedad de que se remita un informe al Congreso de
la Nación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Franco.- Señor presidente: yo también quiero
exponer la posición de mi bloque.
Si
hablamos de investigación científica y de la aplicación de sus resultados, un
plazo limita mucho el futuro y la posibilidad de que esto realmente sirva para
otras situaciones que puedan aparecer en el transcurso de la investigación.
Por
ello creemos que no debería establecerse un plazo.
Sra.
Litza.- Pido la palabra para aclarar el sentido
de nuestra propuesta.
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada por
Buenos Aires.
Sra.
Litza.- Señor presidente: precisamente porque
queremos que esto funcione, que los avances se produzcan en forma rápida y no
se cree una comisión sine die –como
muchas que se han creado‑, proponemos el establecimiento de un plazo.
Se
podría agregar que sea prorrogable por decisión del Congreso, pero además
consideramos fundamental fijar un plazo para no quedar rehenes de la
importación y del lobby de los laboratorios internacionales que pueden proveer
el aceite de cannabis. De ahí la importancia de fijar un plazo y la
obligatoriedad de remitir semestralmente un informe al Congreso.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giustozzi.- Señor presidente: todos advertimos la
necesidad de ser flexibles respecto de la determinación de plazos para una
investigación porque el mapa de tiempo va siendo redefinido por las propias
necesidades investigativas. Entonces, podría suceder que en algún momento el
establecimiento de dos años no tenga sentido
Por
lo tanto, creo que en los dos casos se trata de que no haya un límite, pero que
cada dos años tenga la obligación de producir un informe por escrito, concreto
y al mismo tiempo certificado por científicos de prestigio o por una comisión
del propio Ministerio de Salud.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: veo que todos los
bloques estamos de acuerdo. La posición mayoritaria es la de no incorporar un
plazo determinado al programa. En ese sentido, pido que el señor diputado
Petri, como miembro informante del dictamen de mayoría, tenga a bien
reconsiderar la redacción del artículo 2° para que quede como estaba
establecido.
Desde
el bloque del Frente para la Victoria no tenemos inconveniente en que se
establezca la obligación de que desde el programa se informe semestralmente al
Congreso, pero nos parece un contrasentido imponer un plazo al programa, porque
como bien lo explicaron los especialistas que vinieron a esta Cámara, una
investigación puede demorar cinco años. Entonces, no corresponde poner un
plazo.
Queremos
votar afirmativamente este proyecto y por eso pedimos al señor diputado Petri
que reconsidere la decisión.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: en este breve tiempo en
que estuvimos discutiendo con los autores de la propuesta hemos llegado a la
conclusión de que lo más conveniente es que la renovación sea automática. Es
decir, no queremos establecer en la ley un plazo fatal: queremos que el
programa rinda cuentas a este Congreso Nacional y que tenga un plazo a los
efectos de ver los resultados. Asimismo –repito‑ la ley tiene que decir
expresamente que la renovación debe ser automática.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Bregman.- Señor presidente: rechazamos la
modificación propuesta y también lo que acaba de decir el señor diputado Petri.
Él es miembro del oficialismo de este país. Ellos manejan el Ministerio de
Salud y todos los que van a tener que intervenir en esta cuestión. Entonces, al
decir ellos mismos que se quieren autolimitar de no hacer nada, están demostrando
el interés que tienen con esta norma. No podemos votar algo para después
borrarlo en el artículo siguiente. Nos oponemos a ese cambio. (Aplausos en las bancas.) Acá el único
lobby que ha funcionado es el de todos los que se opusieron a que hoy llegáramos
a este recinto a discutir un muy buen dictamen como era el de la Comisión de
Acción Social y Salud Pública. A ese lobby le tengo miedo yo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Franco.- Señor presidente: creo que esta
discusión podría zanjarse si volviéramos al artículo original, como en su
momento planteó el oficialismo. El dictamen de mayoría en su artículo 2°
resuelve todos los problemas, que es lo que estamos planteando todos. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: nosotros vamos a
retirar la moción.
Le
digo algo más: cuando el miembro informante acepta o no acepta las
modificaciones que se proponen, es el último que habla. Inmediatamente después
usted tiene que someter a votación lo que se dijo. De lo contrario, no vamos a
terminar más.
Sr.
Presidente (Monzó).- Gracias por su sugerencia, señora diputada.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: habiendo retirado la
moción el Frente Renovador, vamos a votar el artículo conforme a la redacción
del dictamen.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: tiene razón la señora
diputada Camaño. Pero quiero aclarar algo: cuando alguien formula una moción
tiene que explicar cuál es el sentido de esa moción, porque si estamos haciendo
una modificación en particular tenemos que conocer las razones para poder
decidir el voto, no solo el miembro informante sino el resto de los diputados.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el artículo 2° del dictamen de
mayoría, sin modificaciones.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
226 señores diputados presentes, 222 han votado por la afirmativa y uno por la
negativa, registrándose además dos abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han
votado 222 señores diputados por la afirmativa y uno por la negativa; hubo
además dos abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL (Artículo 2°)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: quiero dejar
constancia de mi voto afirmativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Cremer de Busti.- Señor presidente: quiero dejar
asentado mi voto afirmativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se dejará constancia, señores diputados.
En
consideración el artículo 3°.
Tiene
la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: si bien esto no lo
hemos hablado con el miembro informante, al igual que en la redacción que vamos
a utilizar para el artículo 8°, proponemos que en el inciso j) del artículo 3°, a continuación de
donde dice “Propiciar la participación e incorporación voluntaria de los
pacientes que presenten las patologías que la autoridad de aplicación
determine…” se agregue lo siguiente: “y/o el profesional médico indique”. Luego
quedaría la redacción del inciso tal como está, es decir, “y de sus familiares,
quienes podrán aportar su experiencia, conocimiento empírico, vivencias y
métodos utilizados para su autocuidado;”
Sugerimos
esta modificación para que en todo el cuerpo de la ley cuando hablemos de las
patologías que establezca la reglamentación se haga mención a lo que el
profesional médico indique. Es importante que no quede como función y
circunscripto a la autoridad de aplicación determinar las patologías, sino que
los profesionales médicos, que son los que tienen el saber, cuando así lo
indicaren, también sean contemplados para participar en el programa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Solá.- Señor presidente: quisiera proponer un
agregado a los objetivos del artículo 3°. Sería el inciso m), y diría lo siguiente: “Garantizar el acceso gratuito al aceite
de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al
programa, en las condiciones que establezca la reglamentación;”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: respecto de la
propuesta del señor diputado Solá, ya se encuentra establecida en el inciso d), donde expresamente se establece que
se garantiza el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del
cannabis a toda persona que se incorpore al programa.
En
cuanto a lo que propone la señora diputada Gaillard, vamos a aceptar la mención
a los médicos siempre y cuando se trate de médicos de hospitales públicos,
conforme lo hemos redactado en el artículo 8° y ha sido consensuado, para de
esa manera homogeneizar los términos y las consideraciones con respecto a
quiénes pueden acceder al programa y ser incluidos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el artículo 3°, con las
modificaciones propuestas y aceptadas por el miembro informante de la comisión.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
222 señores diputados presentes, 220 han votado por la afirmativa,
registrándose además una abstención.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han
registrado 220 votos por la afirmativa; no hubo votos negativos y se registró
una abstención.
aquí votación nominal
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 4°.
Tiene
la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: simplemente quiero
plantear una cuestión de forma. Donde dice “Poder Ejecutivo” debe decir “Poder
Ejecutivo nacional”, y donde dice “Ministerio de Salud” debe decir: “Ministerio
de Salud de la Nación”. Estarían faltando esas dos palabras.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: en realidad, tratándose
de una ley nacional se presume que se refiere al Poder Ejecutivo nacional. Siempre
que legislamos en esta materia, no hacemos mención a la calidad de nacional o
provincial porque se presupone que estamos hablando del Poder Ejecutivo
nacional. Sí vamos a aceptar que diga “Ministerio de Salud de la Nación”, para
circunscribirlo específicamente al Ministerio de Salud que será competente a la
hora de determinar la autoridad de aplicación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Diputada Gaillard: ¿me permite que se vote a mano alzada en los
artículos en que hay acuerdo?
Sra.
Gaillard.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación aceptada por la comisión, se va a votar a
mano alzada el artículo 4°.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 5°.
Tiene
la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: estamos de acuerdo
con la redacción de este artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 6°.
Tiene
la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: tal como está
redactado, el artículo 6° establece: “La autoridad de aplicación tiene la facultad de realizar todas las
acciones requeridas para garantizar el aprovisionamiento de los insumos
necesarios a efectos de llevar a cabo los estudios científicos y médicos de la
planta de cannabis con fines medicinales en el marco del programa, sea a
través de la importación o de la producción por parte del Estado nacional.”
Junto
con el bloque Justicialista proponemos que a continuación se agregue: “A tal
fin, la autoridad de aplicación podrá autorizar el cultivo de cannabis por parte del Conicet e INTA
con fines de investigación médica y/o científica, así como para elaborar la
sustancia para el tratamiento que suministrará el programa. En todos los casos,
se priorizará y fomentará la producción a través de los laboratorios públicos
nucleados en la ANLAP.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: estamos de acuerdo con
la modificación que propone el bloque Justicialista y el resto de los bloques,
conforme ha sido leída por la señora diputada Gaillard.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta y aceptada por la comisión, se va
a votar el artículo 6°.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 7°.
Tiene
la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: queremos dejar
asentada nuestra posición sobre la autorización que hoy efectúa la ANMAT respecto
del aceite importado, que no es el tratamiento indicado para todas las
patologías que requieren el uso del aceite. De todas maneras, acompañaremos
este artículo tal como está redactado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Carrizo (A.C.).- Señor presidente: solicito que
se haga un agregado en la redacción de este artículo. Proponemos que donde dice
“aceite de cannabis” se agregue “y
sus derivados”, porque es obvio que en la importación también deben incluirse
otros formatos: cremas, parches y demás. De esta forma la redacción quedará en
consonancia con la de los artículos 2° y 3°, inciso i).
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: aceptamos la
modificación propuesta.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
Sra.
Sosa.- Señor presidente: queremos hacer una
propuesta sobre la base de una idea que figura en nuestro proyecto original con
respecto a los tiempos para conceder la autorización para la importación. Es
importante que quede claro en el texto de la norma que es aceptable un tiempo
no mayor a cinco días hábiles para que esa autorización referida a la
importación no sea discrecional ni tenga demoras.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: eso se establecerá en
la reglamentación de la norma. Por lo tanto, no vamos a aceptar la
modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar a mano alzada el artículo 7°, con la modificación
propuesta y aceptada por el miembro informante de la comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 8°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Solá.- Señor presidente: propongo un cambio en el
registro y un artículo adicional. No sé si corresponde que haga la propuesta en
este momento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: leeré el artículo 8°
consensuado con la mayoría de los bloques parlamentarios, que modifica el
artículo 8° del dictamen de mayoría. Dice así: “Registro. Créase en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación un registro nacional voluntario a los
fines de autorizar, en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la ley
23.737, la inscripción de los pacientes y familiares de pacientes que,
presentando las patologías incluidas en la reglamentación y/o prescriptas por
médicos de hospitales públicos, sean usuarios de aceite de cáñamo y otros
derivados de la planta de cannabis, con el resguardo de protección de
confidencialidad de datos personales.” Este es el artículo que debe ser puesto
en consideración, conforme a las modificaciones que acabo de leer.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: comenté al diputado
Petri que tengo la redacción escrita, que volveré a leer para que quede claro.
Dice así: “Registro. Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación
un registro nacional voluntario a los fines de autorizar...” –ahí no hay coma‑
“...en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 23.737...” –aquí
tampoco hay coma‑ “...la inscripción de los pacientes y familiares de
pacientes que, presentando las patologías incluidas en la reglamentación y/o
prescriptas por médicos de hospitales públicos, sean usuarios de aceite de
cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis, con el resguardo de
protección de confidencialidad de datos personales.” Hay dos comas que no van.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: estamos de acuerdo con
la supresión de las dos comas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
Sra.
Sosa.- Señor presidente: insisto en incluir las
patologías que posteriormente incorpore la autoridad de aplicación.
Por
otro lado, consideramos que tiene que estar establecido en el texto de la ley
la función que tendrá este registro. Para nosotros es muy importante que quede
en el texto de la norma que se puedan otorgar permisos y autorizaciones a los
pacientes y terceros para la tenencia y cultivo de Cannabis sativa estrictamente con fines medicinales, previa
indicación médica o resumen de historia clínica.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Bregman.- Señor presidente: quiero alertar a
todos los presentes sobre lo importante que es esta discusión en este artículo,
ya que luego discutiremos el Orden del Día N° 924, que contiene un proyecto que
restringe la posibilidad de salir en libertad en el caso del artículo 5° de la
ley 23.737. Esto quiere decir que se recriminaliza, sobrecriminaliza,
recontracriminaliza al que cultiva.
Como
ese proyecto se va a votar después, es muy importante que quede expresado lo
que recién se mencionaba. De otro modo, vamos a aprobar algo ahora pero en un
momento vamos a votar –perdón, me corrijo porque yo no pienso votar esta
cuestión- que se castigue y se recriminalice. Ni siquiera podrá salir de la
cárcel aquel que fue detenido. Esto pasó en Córdoba hace muy poco por
autocultivo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Franco.- Señor presidente: quiero ser más
específico al plantear una discusión sobre esta cuestión porque creo que tiene
que ver con la posibilidad de que no se criminalice a la persona que cultiva
para fines medicinales.
Sin
embargo, en función del marco de consenso que se dio hoy y para que lo que se
apruebe sirva a la gente, nosotros vamos a acompañar el dictamen porque creemos
que en esta ley queda bien claro que, siempre y cuando sea para uso medicinal,
la cuestión podría estar superada.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: quiero aclarar la
posición de nuestro bloque. Nosotros llegamos al recinto con un dictamen de
minoría donde claramente planteamos que el registro debía pedir permisos y
autorizaciones para cultivar a los pacientes y familiares que presenten
historia clínica y prescripción médica. Lamentablemente esto no fue posible. Hoy no reunimos el
consenso para poder avanzar a fin de que las madres tengan una solución
integral al problema y una cobertura legal, que era lo que pretendíamos.
Quiero
fundamentar el voto en virtud del consenso…
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia informa a la señora diputada que ya hizo uso de
la palabra.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: quiero expresarlo
para poder llegar a un acuerdo, ya que todos los bloques estamos haciendo el
esfuerzo de acompañar este artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión se
va a votar el artículo 8°.
- Resulta afirmativa.
Sra.
Sosa.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señora diputada: usted ya
ha hecho uso de la palabra.
En
consideración el artículo 9°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: la votación tenía que
ser nominal.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- No es así, diputado. Lo habíamos acordado con la diputada.
Sr.
Solanas.- Se acordó para un solo artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- No, señor diputado. No era solamente para un artículo; de hecho,
se votaron ocho artículos a mano alzada.
Continúa
en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Solá.- Señor presidente: propongo hacer el
siguiente agregado al final de las palabras “articulen acciones en el marco de
la presente ley”, cuyo texto sería el siguiente: “Las instituciones que lo
integren deberán acreditar que actúan sin patrocinio comercial ni otros
conflictos de intereses que afecten la transparencia y buena fe de su
participación.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: la comisión acepta la
modificación propuesta por el diputado Solá.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta y aceptada por la comisión se va a
votar el artículo 9°.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 10.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: hay una propuesta de
modificación respecto del texto original, que va a ser leído como nuevo
artículo 10, debiéndose renumerar el resto del articulado en virtud del
artículo que se ha leído.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita autorización de la Cámara para renumerar
el articulado.
- Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: de acuerdo con lo
informado por el diputado Petri, vamos a proponer como artículo 10 el
siguiente: “El Estado nacional impulsará a través de los laboratorios de
Producción Pública de Medicamentos nucleados en ANLAP, creada por la ley 27.113
y en cumplimiento de la ley 26.688, la producción pública de Cannabis sativa en todas sus variedades
y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso
exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: los diputados del
bloque que son médicos me sugieren que simplemente coloquemos la palabra
“cannabis” en lugar de la expresión “Cannabis
sativa”. Excepto por esa salvedad, estamos de acuerdo con el resto del
agregado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Lusquiños.- Señor presidente: estamos metiendo la
pata. Yo entendí que lo que se votó fue un agregado propuesto por el diputado
Solá al artículo 9°.
Sr.
Presidente (Monzó).- Eso se votó.
Sr.
Lusquiños.- Eso se votó y no hay ningún problema.
Ahora dicen que van a crear un nuevo artículo. Hay jurisprudencia sentada en
oportunidad del tratamiento del proyecto de presupuesto. Cuando la diputada
Ciciliani quiso crear un artículo le dijeron que no se podía. Entonces, debería
reacomodarse lo que están proponiendo en el artículo 10.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: en este caso lo está aceptando el miembro
informante de la comisión. Esa es la diferencia. Se puede.
Tiene
la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: el caso de la señora
diputada Ciciliani es diferente. Este artículo está en el dictamen de minoría
que firmamos diferentes bloques políticos y por eso es posible.
Sr.
Presidente (Monzó).- No es por eso, señora diputada. Es porque el miembro informante
lo acepta.
Se
va a votar el nuevo artículo 10 propuesto por la diputada Gaillard y aceptado
por el miembro informante.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 10 del proyecto original.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Solá.- Señor presidente: quiero proponer un
agregado al artículo, antes del artículo que se iba a votar, que se refiere a
la transición y dice lo siguiente: “Las personas que al momento de la sanción
de la presente ley se encontrasen utilizando derivados de Cannabis sativa con fines terapéuticos, podrán continuar con ese
uso privado hasta que la autoridad de aplicación esté en condiciones de
asistirlo con los derivados mencionados. El Consejo Consultivo Honorario será
el organismo responsable de determinar el momento a partir del cual el Estado
esté en condiciones de asegurar la provisión cotidiana en todo el país de los
productos citados.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: la comisión no acepta
la modificación propuesta por el diputado Solá.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: quiero decir
que nosotros estamos de acuerdo y que
acompañamos la propuesta del diputado Solá porque justamente se refiere al
período de transición hasta que el Estado pueda producir y de esta forma se le
respeta a las mamás el uso privado.
En
ese sentido, le solicito al miembro informante que reconsidere la incorporación
de este agregado.
Por
otra parte, solicito que se vote nominalmente este artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el artículo 10.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señora diputada: el miembro informante no lo aceptó. Ya lo dijo
varias veces.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Reitero que el artículo propuesto por el señor diputado Solá no
fue aceptado por el señor miembro informante.
Disculpen,
señores diputados, ¿tienen claro cuál es el artículo 10?
Sr.
Solá.- Señor presidente: para entendernos mejor
quiero comentar que no planteé el reemplazo del artículo 10 y el señor diputado
Petri lo rechazó, sino que propuse la incorporación de un artículo adicional.
Por eso pido que se vote.
Sr.
Presidente (Monzó).- El artículo nuevo no se vota porque el miembro informante de la
comisión no aprueba la propuesta.
Se
va a votar nominalmente el artículo 10.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
213 señores diputados presentes, 210 han votado por la afirmativa,
registrándose además una abstención. No se ha computado el voto de un señor
diputado.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 210 votos por la afirmativa y una abstención.
aquí votación
nominal
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 11.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 12.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Solá.- No pudiendo agregar un artículo nuevo,
obviamente aceptando lo recientemente señalado por la Presidencia, quisiera
agregar al final del artículo 12 los siguientes párrafos: “Las personas que al
momento de la sanción de la presente ley se encontrasen utilizando derivados de
Cannabis sativa con fines
terapéuticos, podrán continuar con ese uso privado hasta que la autoridad de
aplicación esté en condiciones de asistirlos con dichos derivados. El Consejo
Consultivo honorario será el organismo responsable de determinar el momento a
partir del cual el Estado esté en condiciones de asegurar la provisión
cotidiana en todo el país de los productos citados.”
Solicito que la votación se realice en
forma nominal, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: se trabajó muchísimo en
el artículo 8° y se emitió un dictamen consensuado. En esa ocasión el bloque
Frente para la Victoria se comprometió e incorporó todas las modificaciones.
Por
lo tanto, en cumplimiento de los acuerdos parlamentarios, sostenemos el texto
original del artículo 12.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Grana.- La Presidencia corta el debate luego de
que el señor miembro informante rechaza la modificación. Sin embargo, debería
dejar expresarnos al resto de los bloques para saber si acompañamos la
iniciativa o no. Digo esto porque tal vez al entender que la mayoría de los
bloques está de acuerdo, el miembro informante reflexiona y acepta la propuesta
del señor diputado Solá.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: considero que hubo demasiada reflexión, diálogo
y discusión en las comisiones. (Aplausos
en las bancas.)
Si
el señor miembro informante está diciendo que no, creo que lo hace a conciencia
de la discusión previa al tratamiento en el recinto.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿Quieren que lo lea? “Reglamentación. La autoridad de aplicación
debe reglamentar…”
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- No. ¿Cómo que estoy chicaneando? Si no sabe qué vota, lo estoy
leyendo.
Se
va a votar nominalmente el artículo 12.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
217 señores diputados presentes, 128 han votado por la afirmativa y 75 por la
negativa, registrándose además 13 abstenciones.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Votaron 128 señores diputados por la afirmativa y 75 por la
negativa, registrándose además 13 abstenciones. (Aplausos en las bancas. Varios señores diputados rodean y felicitan al
señor miembro informante.)
AQUÍ
VOTACIÓN NOMINAL
-
-
El artículo 13 es de forma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Honorable Senado.
- 14 -
- 15 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Recursos
Naturales y Conservación del Ambiente Humano –Orden del Día N° 786‑
recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el
que se modifica la ley 26.815, sobre Sistema Federal de Manejo del Fuego
(expediente 148-S.-2015).
Tiene
la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Barletta.- Señor presidente: se trata de un
proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado con el propósito de
evitar…
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Barletta.- Basterra: vos peleaste conmigo este
proyecto. ¡Escuchame, hermano!
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr. Barletta.- Señor
presidente: como decía, el presente proyecto de ley pretende promover la
protección de los bosques nativos en todo el territorio nacional porque al
producirse incendios forestales, que en ocasiones son intencionales y otras
veces no, se modifica su status. Por eso el proyecto en consideración determina
precisamente que si un bosque nativo se incendia –sea en forma intencional o no‑
no pierde dicho status.
¿Por
qué se incendian a veces los bosques nativos? Por especulación inmobiliaria,
porque se quieren poner las tierras bajo producción o por la tala
indiscriminada.
Convocamos
a la comisión a los miembros del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que depende
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, quienes nos
señalaron que los incendios forestales en muchos casos son de origen dudoso, y
en los últimos años no se ha logrado condenar a nadie por ese delito en sede
judicial.
Como
ante la continuidad de estas situaciones había que encontrar alguna otra
herramienta para que los bosques se pudieran recuperar, hicimos una
modificación al proyecto enviado por el Senado, agregando el artículo 22 bis,
que dice así: “En caso de incendios de superficies de bosques nativos,
cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en
el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio,
de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento
territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente,
elaborado conforme a la ley 26.331. Los bosques no productivos abarcados por la
ley 13.273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente.”
¿Por
qué proponemos esta modificación al proyecto enviado por el Senado? Porque se
había planteado un plazo de 80 años, y la recuperación de los bosques nativos
depende del lugar, pues por ejemplo la Patagonia es totalmente diferente al
Litoral.
- Ocupa la Presidencia la vicepresidenta
2° de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sr.
Barletta.- También introdujimos una modificación
sobre los bosques productivos. Lo peor que podemos hacer si un bosque
productivo se incendia es esperar 80 años para volver a plantar.
El
proyecto mantiene el objetivo que se trabajó en la comisión para que vuelva al
Senado y sea sancionado definitivamente. Lamentablemente, nuestro país está
entre las diez primeras naciones que han perdido cantidad de bosques en términos
porcentuales. Hace muy poco tiempo concluyó la COP 22 sobre cambio climático,
donde la Argentina se comprometió a trabajar para lograr una fuerte
recuperación de sus bosques.
Por
lo expuesto solicitamos a los señores diputados que nos acompañen con este
dictamen a fin de que pueda ser tratado rápidamente en el Senado de la Nación.
Hay muchas provocaciones de incendios en los bosques nativos cercanos a las
ciudades para luego de la quema ser destinados a proyectos inmobiliarios.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
Sr.
Basterra.- Señora presidenta: el proyecto en
consideración nos expone una realidad en la cual, soslayando la legislación
respecto a lo que significa el cambio de uso de suelo, en varias oportunidades
de manera intencional se provocaron incendios para hacer un cambio de uso de
suelo fuera de los planes y programas de ordenamiento que tiene cada una de las
provincias.
Nos
parece que la propuesta original del Senado tiene una intencionalidad positiva,
pero trae consigo un error sustancial: pone la misma limitación de uso a un
bosque cultivado ‑cuyo uso del suelo originariamente podría haber sido
agricultura y ganadería‑ que a un bosque nativo para la recuperación
forestal. Por lo
tanto, la propuesta de modificación de la norma enviada por el Senado nos
parece más que adecuada, más teniendo en cuenta que fue debatida en profundidad
en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Incluso fueron convocados los asesores del Senado para explicar el sentido de
esto, porque no lo comprendíamos. Hubo un reconocimiento a la labor que se
realizó con los asesores y en el espacio de debate de la comisión, y la opinión
con respecto a esta modificación fue favorable.
Entendemos
que fue un buen ejercicio para que lo que es bosque, y que es correcto para un
uso de suelo eventualmente forestal productivo, que deviene de una decisión no
relacionada con la ley que define cómo preservar nuestros bosques. Acompañamos
el dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente
Humano.
También
este proyecto apunta a preservar los marcos normativos del cambio de uso de
suelo, que es una decisión que toma una sociedad con respecto al uso de
determinada superficie. No solo comprende a los bosques, sino también los
humedales, las praderas, los ambientes que tienen que ser destinados a un
determinado uso por decisión de una comunidad. Por eso entendemos que los
planes de ordenamiento territorial en ciertas circunstancias habilitan el cambio
de uso de suelo. Esto está normado, tenemos que ajustarnos a la norma y no
podemos permitir que se tomen atajos –como podría ser un incendio forestal‑
para que de hecho, de facto, se haga un cambio de uso.
Por
lo expuesto, acompañaremos esta modificación, y aspiramos a que el Senado
también lo haga cuanto antes, porque así el cambio de uso de suelo estará
normado y no será arbitrario o sujeto a un interés espurio no relacionado con
lo que define el conjunto de una sociedad a través de sus planes de ordenamiento
territorial.
Sra.
Presidenta (Giménez).- La Presidencia comunica a los responsables de los bloques que
hay tres diputados anotados para hacer uso de la palabra. Por lo tanto, como
máximo en quince minutos se pasaría a votar.
Tiene
la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra.
Rossi.- Señora presidenta: todos sabemos que en
los últimos años la falta de cumplimiento de la ley y el avance sin control de
la frontera agropecuaria en nuestro país está trayendo consecuencias graves,
poniendo en riesgo la salud y la subsistencia de muchas especies, incluida la
más importante, la humana.
Por
supuesto, la base de la producción agrícola se modificó en los últimos años
como consecuencia de la evolución de los precios relativos de los productos y
el margen neto de las diferentes actividades.
Esta
situación, sumada al incremento de las precipitaciones medias anuales, el
desarrollo genético de nuevas variedades y los avances observados en la
tecnología de siembra y protección de los cultivos, produjo un corrimiento de
la frontera agrícola. Esto ha generado un notorio incremento del área
cultivada.
Hasta
ahí todo estaría bien, pero sucede que personas desaprensivas y con
intencionalidad han quemado bosques. Sin embargo, como es un accidente, el
hecho queda allí y comienzan a utilizar esos terrenos para otros menesteres,
como la producción agrícola, transgrediendo la ley de bosques. Lo que me
preocupa es que en esa ley se pretendía mantenerlos, cuidarlos y ampliarlos,
pero los recursos nunca han llegado o si lo han hecho, fue en muy poca
cantidad. Por eso me congratula esta modificación que hoy estamos considerando.
Este
proyecto establece lineamientos generales para marcar el rumbo de la acción de
las provincias. ¡Y vaya si es importante! Mi provincia tiene la ley de fuego,
pero tenemos demasiados problemas y la mayoría de los casos se producen porque
no cuidamos el ambiente, tiramos vidrios que con la acción del sol provocan los
incendios.
Como
persona cercana a las sierras he visto incendios terribles, en los animales
corren, la vegetación se calcina y después, ¿cuántos años pasan para
recuperarla? Se habló de 80, pero a veces pasan muchos años más.
Se
han quemado bosques nativos realmente importantes, y algunos pueblos
originarios viven en parte de ellos.
Este
proyecto de ley es importante por los lineamientos generales que establece.
Tiene un amplio ámbito de aplicación en todo el país y preserva no solo el
bosque nativo de incendios forestales y rurales que quemen vegetación viva o muerta
‑para que no se puedan quemar árboles que están secándose-, sino también
bosques implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas,
pastizales, matorrales y humedales y áreas donde las estructuras edilicias se
entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o
estructural, algo que ha sucedido en nuestra provincia de Córdoba.
También
determina la asistencia y la coordinación de planes y acciones para hacer
frente a los incendios. Se establecen programas de asistencia, como por ejemplo
la asistencia técnica y operativa en capacitación, adquisición de equipamiento, disponibilidad
de servicios adquiridos, aportes financieros y campañas conjuntas de educación
y prevención para desarrollar el sistema de manejo del fuego en todas las
jurisdicciones.
Se
establece asimismo la asistencia de la Nación en las instancias de evaluación y
determinación de los daños sufridos como consecuencia de los incendios. En ese
sentido, es importante no dejar solas a las provincias con todas las
dificultades y los gastos que eso implica.
Tenemos
un solo medio ambiente, es nuestra única casa, pero cada vez se encuentra más
agonizante. Si observamos el tamaño de la mancha de sembradíos en la
actualidad, nos damos cuenta de que no está fallando la naturaleza sino los
hombres.
No
voy a desconocer la importancia y la riqueza que el cultivo brinda al país,
pero hay que recuperar la conciencia, porque el suelo se agota, se intoxica el
ambiente y se destruye la vida. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Closs.- Señora presidenta: he escuchado al
miembro informante, y la intención de la comisión ha sido introducir algunas
modificaciones al proyecto que viene en revisión. Por eso, me gustaría hacer
una propuesta para ampliar el espectro de cobertura.
El
primer párrafo del artículo 22 bis se refiere claramente a los bosques nativos,
que en su definición son los que están constituidos básicamente por especies
arbóreas. Es
cierto que nuestra ley de bosques regula este caso, pero previendo que a veces
los incendios afectan a otro tipo de ecosistemas vegetales, podríamos agregar
un párrafo.
El
agregado que propongo es para que, por ejemplo, se prevea un hecho similar a
este pero que en lugar de afectar a un bosque afecte a un pastizal, matorral o
cada una de las definiciones que tenemos en nuestras provincias.
Mi
propuesta es agregar un segundo párrafo referido exclusivamente a los bosques
nativos, efectuando algunos reenvíos muy específicos de la ley de bosques. El
agregado, que queda sujeto a consideración y también a modificaciones y
mejoras, dice así: “La prohibición de modificación del uso del suelo, será
aplicable a toda superficie incendiada intencionalmente, que afecte cualquier
ecosistema vegetal nativo y que conforme un área protegida o de reserva
natural”.
De
esta manera estaríamos aprovechando esta oportunidad de legislar, no solamente
para proteger y evitar el cambio intencional y malicioso del uso del suelo,
cuando se trate del incendio de un bosque nativo, sino también de cualquier
otro ecosistema vegetal nativo, que conforme un área protegida o reserva
natural.
Esperando
que sea aprobada, someto a consideración la propuesta, que tiene por fin la
voluntad de ampliar más nuestro espectro de protección.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Salta.
Sr.
López.- Señora presidenta: quiero aprovechar este
debate para hacer un homenaje a los cuatro brigadistas salteños que el 28 de
octubre de 2014 perdieron la vida combatiendo el fuego en un campo privado al
cual fueron mandados sin los elementos necesarios. Espero que este caso no
quede impune, vamos a luchar para que eso no ocurra.
También
quiero señalar que tenemos al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable al ministro rabino Bergman, quien ha realizado declaraciones en
medios de comunicación en el sentido de que lo único que nos queda para evitar
los incendios en este verano es rezar, porque no hay presupuesto ni los elementos
necesarios.
Digo
al señor Bergman que si quiere puede ser ministro de Dios, pero que no puede
ser ministro de ambiente de este país porque, a partir de sus declaraciones,
está claro que es incapaz de llevar adelante esa tarea. Dicho esto, señora presidenta,
paso a hacer algunas observaciones sobre el proyecto de ley que estamos
discutiendo.
De
algún modo, quiero defender el principio que establecía la sanción del Senado,
que planteaba que por ochenta años no podía modificarse el uso del suelo en un
bosque incendiado, tanto nativo como implantado.
Por
lo que han dicho algunos diputados, quiero señalar que los bosques implantados
muchas veces pueden jugar un gran papel, porque pueden ser implantados para
proteger una cuenca. Por lo tanto, era razonable el criterio de que no se
modifique el uso del suelo por la cantidad de años que establecía ese proyecto.
En algún caso podrá ser demasiado tiempo, pero hay bosques implantados que
cumplen un papel. Creo que era importante lo que establecía ese proyecto para
poder protegerlos.
Por
otro lado, se deja el ordenamiento territorial en manos de cada provincia. Hay
algunas leyes de ordenamiento territorial que permiten la recategorización,
como por ejemplo la que rige en la provincia de Salta. Es uno de los reclamos
que estamos haciendo en las provincias porque el gobierno recategoriza para
habilitar los desmontes para la extensión de la frontera agropecuaria. Lo mismo podría
ocurrir ante un incendio, es decir, que muchas provincias tengan la posibilidad
de recategorizar, pero este proyecto de ley no cumple con esa finalidad.
Tampoco
dice -quizás debería señalarlo- que lo que sí podrá cambiar, de acuerdo a los
ordenamientos territoriales, es que un bosque incendiado de un grado de menor
conservación pase a ser otro de mayor conservación. Por ejemplo, si se incendia
un bosque que está en una zona amarilla se podrá recategorizar y poner en rojo
para que no se modifique el uso del suelo y permitir la recuperación de ese
bosque.
Finalmente,
quiero decir que nuestro bloque ha realizado en esta Cámara de Diputados
audiencias públicas junto con la Asamblea en Defensa de los Bosques de Chubut a
raíz de los incendios forestales que se
denuncia que han sido intencionales. Han venido brigadistas de esa provincia y
de otras regiones que están reclamando el pase a la planta permanente. Aclaro
que están trabajando en condiciones precarias y tienen que atender estos
incendios arriesgando sus vidas. Recordemos la pérdida de las vidas de estos cuatro
brigadistas salteños y recientemente la de un piloto en la provincia de Salta
que estaba combatiendo el fuego. Quería hacer este reclamo a fin de que se
incorporen a las plantas permanentes y cuenten con todas las condiciones
necesarias aquellas personas que están encargadas de llevar adelante esta gran
tarea de combatir los incendios forestales.
Este
proyecto de ley tiene una enorme limitación, pero como el problema no estaba
contemplado en la ley de manejo del fuego creemos que constituye un pequeño avance.
Sin embargo, quiero dejar en claro los límites insalvables de esta norma y los
problemas que podría acarrear dejar esto en manos de las leyes de ordenamiento
territorial de cada provincia.
Sr. Presidente (Giménez).- A continuación cederé la palabra al
último orador y luego se pasará a votar.
Tiene
la palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr.
Casañas.- Señora presidenta: coincido en parte
con lo que sostuvo el señor diputado Pablo López. Cuando un bosque se ve
afectado por el fuego y se quema, ya sea nativo o manejado por el hombre pierde
su esencia, su densidad y su especie, por lo que considero que a este proyecto
le faltan algunas cosas. Hay que dejar en claro qué se hace con ese bosque pues
ya no cumple la misma función. Quizá se está preservando una cuenca con alta
densidad y un suelo desparejo. Hay que crear los fondos necesarios para
inyectar a ese bosque cierta cantidad de plata. El proyecto debería establecer
ese marco regulatorio.
Por
otro lado, el fuego siempre está ocasionado por la mano del hombre. Si uno va
al norte de la República Argentina notará que hay un clima monzónico y llueve
siempre en verano; en invierno no hay lluvias y pasan ocho o nueve meses sin
que caiga una gota. Cuando termina el invierno hay una humedad ambiente del 30
o 40 por ciento, temperaturas de 38 a 40 grados y vientos de 40 kilómetros por
hora, por lo que cualquier chispazo causa un incendio que avanza muy
rápidamente quemando todo lo que encuentra. Muchas veces ese campo o esa zona
rural –que no es de nadie sino del Estado- se quema, se perjudica y nadie se
hace cargo. Todos hablamos de la ley de bosques y de la ley de humedales pero
no están los recursos necesarios para implementarlas.
Acompañaré
esta modificación y comprometo al presidente de la comisión para seguir
trabajando en esta línea porque creo que hay cosas que se pueden seguir
aportando.
Sra. Presidenta (Giménez).- Cedo el uso de la palabra al señor
miembro informante para que responda si acepta o no la modificación propuesta
por el señor diputado Closs.
Sr.
Barletta.- Si bien compartimos lo expresado por
el señor diputado Closs, creemos que lo referido a los bosques no productivos
abarcados por la ley 13.273 ya está expresado claramente en el dictamen. Por lo
tanto, mantenemos el texto del dictamen.
Sra.
Martínez (S.).- Señora presidenta: solicito
autorización para insertar mi exposición en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Giménez).- Se tendrá en cuenta su pedido,
señora diputada.
Se
va a votar en general y en particular en forma nominal el dictamen de la
Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano recaído en el
proyecto de ley en revisión por el cual
se modifica la ley 26.815 del Sistema Federal de Manejo del Fuego. (Orden del
Día N° 786.)
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
181 señores diputados presentes, 178 han votado por la afirmativa. No se ha
computado el voto de 2 señores diputados.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se registraron 178
votos afirmativos.
aquí VOTACIÓN NOMINAL
Sra. Presidenta (Giménez).- Se deja
constancia de los votos afirmativos de los señores diputados De Mendiguren,
Ferreyra, Conesa, Austin y Borsani.
Queda
sancionado el proyecto de ley.
Habiendo
sido modificado el texto sancionado por el Honorable Senado, el proyecto vuelve
a la Cámara iniciadora.
- 16 -
Sra. Presidenta (Giménez).-
Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación Penal y
otras, recaído en el proyecto de ley de la señora diputada Burgos y otros
señores diputados, por el que se modifica el artículo 119 del Código Penal
sobre abuso sexual, contenido en el expediente
5.789-D.-2016. (Orden del Día
N° 887.)
AQUÍ oRDEN DEL DÍA N° 887
Sra.
Presidenta (Giménez).- En consideración en general.
Tiene la palabra la señora diputada
por Jujuy.
Sra. Burgos.- Señora presidenta: en honor a la brevedad, solicito autorización a la
Presidencia para insertar en el Diario de Sesiones los fundamentos del proyecto
en consideración. No obstante ello, puntualizaré una reseña de la iniciativa en
tratamiento.
Cabe manifestar que se tuvo a la vista
el proyecto del señor diputado Olmedo para la redacción de esta iniciativa.
Este proyecto de reforma del artículo
119 del Código Penal tiene la finalidad de extender el alcance del tipo penal
de la violación a supuestos, como es la fellatio
in ore, así como la introducción de objetos por
vía vaginal y por vía anal.
En
1999 se realizó una modificación y se sancionó la ley 25.087. Si bien fue una
modificación importante que en su momento cambió el paradigma de su época, tal
como fue redactada dejó en blanco un tipo penal.
Los
señores diputados protagonistas de esa reforma fueron la señora diputada Carrió
y los ex señores diputados Bravo, Coria, Fayad, Santín, Fernández Meijide,
entre otros.
Esa
iniciativa vino a sustituir el bien jurídico, que era el de la honestidad, por
el de la integridad sexual, que era un concepto vago, ambiguo y anacrónico que
no reflejaba la realidad que se estaba viviendo en esa época, pero trajo
aparejada ciertas complicaciones que hoy -luego de 17 años- queremos zanjar con
este proyecto.
Se
produjeron importantes disensos jurisprudenciales de magistrados –hombres y
mujeres del Derecho- que veían esta cuestión desde distintas posiciones, sin
considerar a la fellatio in ore como
violación. Es decir que hubo posturas diferentes: una restringida o tradicional
y otra amplia.
La
postura restringida o tradicional expresaba abiertamente que no interpretaba
como supuesto de violación a la fellatio
in ore, siguiendo a la ciencia médica, que considera que la boca no tiene
una conformación anatómica que sirva de vaso receptor a la actividad sexual, a
diferencia de la vagina y del ano que sí la poseen, porque tienen glándulas que
hacen que el cuerpo reaccione. Además, sostenía que si en ese momento los
legisladores hubiesen querido expresarlo abiertamente, lo habrían especificado
en el articulado.
La
postura más amplia, contemporánea, consideraba como violación a la fellatio in ore porque en la redacción
del artículo 19 se establecía “si mediare el acceso carnal por cualquiera de
las vías”. En esa interpretación debía incluirse a la fellatio in ore.
Hubo
fallos que ante la misma acción sentenciaron en diferentes sentidos. Podría
hablar de muchos fallos y de diversas posturas jurisprudenciales y de juristas
reconocidos a nivel nacional e internacional que se postulaban en cualquiera de
estas dos teorías. Este proyecto viene a zanjar esas dudas al incorporar a la fellatio in ore como violación, así como
la acción de la introducción de cualquier objeto por vía vaginal o por vía
anal. De esta manera estaríamos siendo congruentes con otros proyectos y otros
códigos como, por ejemplo, la legislación española.
¿Por
qué deja de ser un delito hacia la integridad sexual si se penetra con otro
objeto que no sea el pene? El
12 de octubre desarrollamos una reunión informativa en la comisión, con la
presencia de las doctoras Barbagelata, Mabel Bianco, Chiapparrone y Paula
Wachter, y al día siguiente todos nos enteramos de lo que había ocurrido con
Lucía Pérez en Mar del Plata.
Lucía Pérez fue asesinada, torturada,
secuestrada, drogada y empalada, y su sistema nervioso colapsó justamente por
esta última acción. Ese es el vacío jurídico de nuestra legislación y esta
iniciativa viene a zanjar la cuestión. No estoy diciendo que con esto dejará de
haber violaciones o se evitará este tipo de acciones totalmente inhumanas. Se
trata de un paso más para cubrir ese vacío legal, a fin de establecer esas
conductas repudiadas por la sociedad y que se han manifestado de muchas formas,
a través de marchas tales como “Ni una menos” o “Que no te toque”.
Espero que con el acompañamiento de
los señores diputados podamos sancionar esta iniciativa, a fin de dar a los
jueces las herramientas necesarias para que no duden e interpreten, sino que
apliquen taxativamente la ley. Esto es lo que se posibilitaría con la
aprobación de este proyecto. (Aplausos en
las bancas.)
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Tailhade.- Señora presidenta: nuestro bloque acompañará el
dictamen sin disidencias de la comisión.
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Litza.- Señora presidenta: adelanto el voto positivo de nuestro bloque. Nos
parece importante la precisión del tipo de delito establecido en el artículo
119 del Código Penal porque el bien jurídico protegido es la integridad sexual,
que como parte de la integridad y la dignidad de la persona humana, no puede
ser definida según términos anatómicos o fisiológicos.
Es un error confundir sexualidad con
genitalidad, y justamente incurre en él la redacción actual del artículo 119
del Código Penal. Ese error se profundiza cuando, frente a hechos aberrantes,
comienza la discusión jurisprudencial y no llegamos a saber la verdad ni a la
condena de los culpables, porque se corre el eje de la discusión a situaciones
que tienen que ver con la anatomía o la fisiología.
Adelantamos con beneplácito nuestro
voto positivo a la modificación que se está proponiendo al Código Penal.
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora
diputada por Córdoba.
Sra.
Estévez.- Señora presidenta: en primer lugar,
quiero expresar claramente mi apoyo al dictamen de comisión que seguramente
vamos a aprobar hoy, ya que representa un avance importante en el mejoramiento
de la redacción de nuestro Código Penal para facilitar la intervención de los
funcionarios judiciales y la sanción efectiva a los abusadores, en particular,
al terminar con la ambigüedad respecto del acceso carnal por vía oral y al
introducir los actos análogos a todo tipo de acceso carnal con objetos o alguna
parte del cuerpo humano.
Estas
modificaciones saldarán muchas de las dificultades y arbitrariedades que
surgían en los procesos judiciales por abuso sexual. En este sentido, cualquier
persona comprometida con la Justicia y la reparación de las víctimas de delitos
sexuales no puede sino acompañar este tipo de iniciativas.
Como
sabemos, las víctimas de abuso sexual suelen ser generalmente niños, niñas y
adolescentes y mujeres jóvenes y adultas. Esto no es casual. Las razones
radican en que este tipo de violencia es una forma específica de la violencia
de género legitimada por una cultura patriarcal. En todo crimen de abuso sexual
existe una relación de asimetría de poder insoslayable. Las causas de este tipo
de delitos hay que buscarlas en una cultura que promueve esa desigualdad entre
varones y mujeres. Por eso, no bastará con reformar el Código Penal para
facilitar la búsqueda de la verdad y la justicia en cada caso judicializado,
sino fundamentalmente en la prevención de este tipo de violencia y en la
asistencia integral a sus víctimas y familiares. Esto, sobre todo, porque se
sabe que la proporción de casos de abuso sexual que son denunciados es muy
baja.
El
Estado tiene un rol fundamental en la lucha contra la desigualdad entre varones
y mujeres, la violencia de género y los abusos sexuales. Aunque este Congreso
perfeccione al máximo el Código Penal en lo relativo al tema que nos convoca,
no alcanzará si en paralelo el gobierno nacional no impulsa políticas públicas
destinadas a la prevención.
Por
eso no deja de resultar preocupante la hipocresía de una alianza que, mientras
se promueve esta reforma legítima y sumamente positiva en este Congreso, al
mismo tiempo desmantela los programas de Salud Sexual y Procreación Responsable
y de Educación Sexual Integral, como así también la Dirección Nacional de Sida.
Si no podemos acceder a la salud y la educación sexual para empoderarnos
respecto de los derechos y la autonomía que tenemos sobre nuestros cuerpos y
nuestra sexualidad, nunca vamos a poder frenar el círculo de la violencia de
género y el abuso sexual.
Considero
que el proyecto que estamos a punto de sancionar con fuerza de ley constituye
un avance importante en materia penal y una respuesta acotada pero concreta al
reclamo popular contra la violencia de género en general y el abuso sexual en
particular.
Sin
embargo, ratifico la necesidad de avanzar en leyes y políticas públicas
integrales que no se centren únicamente en la sanción, sino fundamentalmente en
la prevención de este tipo de violencias, prestando especial atención a los más
vulnerables, es decir, los niños, las niñas y los adolescentes.
Solicito
puntualmente que se traten los proyectos que estamos impulsando desde el bloque
del Frente para la Victoria respecto del abuso sexual y de la violencia sexual
contra niños, niñas y adolescentes, que presentamos la semana pasado junto con
la campaña Yo no Miento y que ni siquiera fueron considerados en comisión. En
consecuencia, ya que en esta Honorable Cámara hay una preocupación manifiesta
en el sentido de tratar esta problemática, solicitamos que también se
consideren nuestros proyectos.
Antes
de finalizar, quisiera expresar mis condolencias a la familia de Estrella Belén
Sánchez, una mujer trans de veinticinco años de la ciudad de Córdoba que fue
asesinada el pasado 16 de noviembre, presuntamente a causa de un crimen de
odio. Cuando decimos “Ni una menos” nos referimos a todas nosotras y también a
las mujeres trans. Espero que así como hemos podido construir consenso para
esta importantísima reforma, podamos seguir generando acuerdos para avanzar en
toda la agenda pendiente en materia de equidad de género. Asimismo,
puntualmente pido que se incorporen a la agenda los proyectos sobre esa
temática presentados por el bloque del Frente para la Victoria, porque parece
que no son tenidos en cuenta. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Se va a votar nominalmente en general y en particular el
dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia recaído en el proyecto de ley contenido en el expediente 5.789-D.-2016, por el que se modifica el
artículo 119 del Código Penal, sobre abuso sexual (Orden del Día N° 887).
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
185 señores diputados presentes, 184 han votado por la afirmativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Hubo 184
votos por la afirmativa y no se registraron votos por la negativa ni
abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sra.
Presidenta (Giménez).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Honorable Senado. (Aplausos
en las bancas.)
- 17 -
Sra.
Presidenta (Giménez).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde considerar en forma conjunta, y votar por separado,
los dictámenes de la Comisión de Legislación Penal recaídos en los proyectos de
ley contenidos en los expedientes 3.805-D.-2016
y 4.829-D.-2016, sobre modificación
de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad (Orden del
Día N° 924) y los dictámenes de la Comisión de Legislación Penal recaídos en el
proyecto de ley contenido en el expediente 7.420-D.-2016, sobre régimen de otorgamiento de libertades durante el
proceso penal (Orden del Día N° 926).
aquí Órdenes del día N° 924 y 926
Sra.
Presidenta (Giménez).- En consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidenta: la verdad es que tiene
lógica efectuar un tratamiento conjunto de estos dos proyectos de ley porque
hay un reclamo constante y reiterado de la ciudadanía en el sentido de cerrar
la puerta giratoria.
Vemos
que muchísimos delincuentes que cumplen sus condenas y a la mitad de ellas
obtienen los beneficios de las salidas transitorias o de la utilización del
régimen de semilibertad, y terminan cometiendo delitos cuando deberían estar
cumpliendo sus penas.
Pero
también vemos que muchas personas con frondosos prontuarios y procesos penales
pendientes son sometidas a procesos y, en lugar de dictarse la prisión
preventiva y de ser valorado por el juez el riesgo procesal del peligro de su
entorpecimiento, del peligro de fuga o eventualmente del peligro para la
víctima, los dejan en libertad. A partir de allí continúan cometiendo delitos y
engrosando sus prontuarios criminales. Frente a estos hechos se debe tener en
cuenta la necesidad de modificar el Código Procesal Penal para regular con
exactitud el régimen de la prisión preventiva.
Esto
se debe hacer teniendo en consideración fundamentalmente el nuevo rol de la
víctima que acabamos de establecer en una sesión anterior y que confirmamos al
tratar estos dos proyectos. Ello es así porque establecemos como una causal
autónoma y optativa del recupero de la libertad la necesidad de que ella sea
ponderada y merituada por el juez a la hora de su otorgamiento o,
eventualmente, de la concesión de la prisión preventiva. Para ello debe
considerarse la existencia de un peligro real efectivo para la víctima del
delito, para quien lo padeció y la posibilidad de que, en definitiva, eso pueda
llegar a tener consecuencias ulteriores como producto de la liberación del
encartado.
Para
la víctima eso supone un peligro de entorpecimiento del proceso, porque muchas
veces ella es la principal testigo de cargo a la hora de imputar y permitir el
avance de la investigación.
Por
eso, teniendo en cuenta innumerable cantidad de fallos de Cámara como de la
Corte, entendimos que debíamos establecer un criterio que fuese de aplicación
en toda la extensión del territorio nacional, determinando condiciones y
presupuestos a los cuales se debe ajustar el régimen de prisión preventiva.
Dijimos
que esa puerta giratoria tenía dos hojas que se abrían de par en par y
aclaramos que una representaba el régimen de prisión preventiva, mientras que
la otra –que al abrirse también de par en par la sociedad nos reclama e
interpela para que la cerremos‑ es la del régimen de ejecución de la
pena.
Pensemos
que hablamos de una persona que es sometida a un proceso, durante el cual tiene
derecho a defensa, puede aportar pruebas y también alegar. Pero cuando,
respetando ese derecho de defensa, el tribunal la encuentra culpable, le impone
una condena. Sin embargo, esa condena impuesta en virtud de los diferentes
tipos penales y de los mínimos y máximos que prevé el Código Penal,
posteriormente se ve morigerada durante el proceso de ejecución de la pena.
Esto ocurre porque ya sea a mitad de la condena o una vez cumplidos los dos
tercios de la pena, la persona puede acceder a los beneficios de las salidas
transitorias o de la libertad condicional. De este modo, rápidamente se burla
la condena que oportunamente le impuso el tribunal.
Esa
burla no es solo hacia el sistema de justicia o hacia la sociedad que mira
atónita cómo un condenado, por ejemplo a quince años, a los siete recupera la
libertad; también lo es hacia las víctimas, que les pega en el pecho cuando ven
que la condena se ve rápidamente atemperada por el proceso de ejecución.
Por
lo tanto, simplemente estamos exigiendo que las condenas que impone un tribunal
sean cumplidas. No pedimos más. No queremos más. Las víctimas tampoco quieren
más. Tampoco pretendemos agravar las condiciones de detención; por el
contrario, queremos que los establecimientos penitenciarios tengan la capacidad
de resocializar, de reeducar y de otorgar un oficio a todas y cada una de las
personas que se encuentran privadas de la libertad. Pero queremos que en
determinados tipos de delitos –los violentos y graves que nos laceran como
sociedad- las personas cumplan la totalidad de la condena dentro de las
cárceles.
Seguramente
algunos alzarán sus voces para decirnos que esto es inconstitucional. A eso me
quiero referir para eliminar las dudas que puedan existir respecto de la
inconstitucionalidad o no del proyecto en consideración.
Al
establecer las penas el Código Penal determina en su artículo 5° lo siguiente:
“Las penas que este Código establece son las siguientes: reclusión, prisión,
multa e inhabilitación.” De esta manera, se hace una distinción en las penas de
acuerdo con los bienes jurídicos protegidos y eventualmente violados.
Entonces,
si el propio Código Penal establece una distinción entre reclusión, prisión,
multa e inhabilitación, la ley de ejecución de la pena no puede establecer
distintas modalidades de ejecución teniendo en cuenta la gravedad de los
delitos. El que lo puede hacer es este Congreso, que tiene que determinar la
política de persecución criminal y la de ejecución de la pena. Esto es lo que
estamos haciendo en esta sesión.
También
nos dicen que estamos violando la máxima consagrada en el Pacto de San José de
Costa Rica, según la cual el fin de las penas es la resocialización. La verdad
es que no la estamos violando, porque queremos que esas personas se
resocialicen. El problema es que quienes hablan de “resocialización”
automáticamente atan el concepto al de libertades anticipadas. En ese punto sostenemos
que esa atadura es antojadiza, porque la resocialización también se puede hacer
dentro de los establecimientos penitenciarios.
Aclaro
que eso no lo hacemos de manera antojadiza ni caprichosa. Por el contrario,
hemos tenido en cuenta lo que indican las reglas mínimas para el tratamiento de
reclusos, que contiene una definición muy clara que no podemos perder de vista
en este debate en relación con cuál es el fin último de las penas. Dichas
reglas -que es un estándar que nuestra Corte ha establecido y que
necesariamente tiene que cumplir la República Argentina‑ disponen que las
penas y las medidas privativas de la libertad son para proteger a la sociedad
del crimen. Este es nuestro deber primario a la hora de legislar en materia de
ejecución de la pena: proteger a la sociedad frente al crimen.
Esas
reglas van más allá y establecen en el punto 60.2 ‑esto es central en el
marco del tratamiento de este proyecto‑, lo siguiente: “Es conveniente
que, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los
medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en
sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen
preparatorio para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o
en otra institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una
vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá una
asistencia social eficaz.” Claro está que antes de la finalización de la
condena es posible y necesario garantizar un régimen preparatorio para la
liberación, pero una cosa es decir que antes de la finalización de la pena el
Estado debe organizar un régimen preparatorio para la liberación y otra muy
diferente que con un tercio de la condena o a mitad de ella el Estado
rápidamente le otorgue la salida anticipada o transitoria.
Sé
que se ha agotado mi tiempo, pero quiero finalizar con algunas reflexiones.
Ante
un Estado que no controla, una persona que se encuentra privada de la libertad
y sale bajo el régimen de salidas transitorias, si comete un delito desnuda no
solamente la falla del juez de ejecución que lo dejó en libertad sino también
la del sistema, que hizo progresar a esa persona en el régimen de ejecución de
la pena sin que tuviese acreditada las posibilidades de evolución y de un
retorno progresivo a la sociedad.
Evidentemente,
están fallando los organismos: el Técnico Criminológico, el Consejo
Correccional y los directores de establecimientos. Pero el que comete el error
fatal cuando esa persona termina cometiendo un delito, es el juez que le otorgó
la salida transitoria.
Me
pregunto cómo explicamos a la víctima de un delito en manos de un delincuente
que salió bajo el régimen de salidas transitorias que nos equivocamos, porque
si hubiese estado cumpliendo la condena no hubiera cometido ese delito. Esa
omisión es imperdonable en manos del Estado.
Por
eso proponemos el establecimiento de un régimen diferencial de ejecución de la
pena teniendo en cuenta la gravedad de los delitos. Creemos que tanto el
régimen de prisión privativa de la libertad y de ejecución de la pena como el
de prisión preventiva van de la mano porque cierran la puerta giratoria que se
encontraba abierta de par en par en la República Argentina. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Tailhade.- Señor presidente: el bloque del Frente
para la Victoria comparte la preocupación por los graves problemas que sufre la
sociedad argentina en materia de seguridad. Asimismo, comparte la necesidad de
escuchar el reclamo genuino de la ciudadanía, sobre todo en momentos en que el
mejor equipo de los últimos cincuenta años viene agravando desde el 10 de
diciembre del año pasado todos los indicadores vinculados con la seguridad o,
mejor dicho, con la inseguridad.
También
compartimos la necesidad de ponernos a trabajar en esta agenda, pero lo que no
podemos aceptar son las soluciones irracionales que presenta el oficialismo,
esta vez acompañado por el bloque del Frente Renovador. Son irracionales porque
venden humo, espejitos de colores a los argentinos. La puerta giratoria es un
verso; es mentira. ¿Cómo se explica entonces que en 1997 había 30.000 detenidos
en todo el país y hoy esa cifra asciende a 70.000? ¿Cómo puede ser que el 60
por ciento de los detenidos tenga prisión preventiva y no condena?
Está
claro que entran muchos más que los que salen. Por lo tanto, la puerta
giratoria es una excusa para aplicar este tipo de legislación a la que es tan
afecto el oficialismo y, en particular, algunos diputados. En la provincia de
Mendoza rige una ley, que lleva el nombre del miembro informante, que trata
justamente de lo que acaba de explicar recién. ¿En qué terminó? En un fracaso
absoluto; los presos duermen en pasillos y tinglados, y el delito aumentó
exponencialmente. A esto debemos agregar la condena de diversos organismos
internacionales por el estado en que se encuentran las cárceles de Mendoza.
También
tengo información de la provincia de Buenos Aires que demuestra que la puerta
giratoria es mentira, porque la gente entra en la cárcel, pero no sale.
Con
esto quiero decir que partimos de presupuestos falsos y acudimos a soluciones
que de eficientes no tienen nada, dado que no se ocupan del problema real. No atacan
las redes de criminalidad ni la complicidad policial, sino que se ocupan de
meter preso a un pibe de 15, 16, 18 o 19 años; pero, ¿saben cuánto tarda en ser
reemplazado por otro pibe de la misma edad? Cinco minutos, porque la labor que
desarrollaba para las redes de criminalidad pasa a ser realizada inmediatamente
por otro.
Entonces,
no hay posibilidad de solución alguna al problema de la inseguridad con leyes
de este tipo. Lo dice la Procuración Penitenciaria de la Nación, no un
kirchnerista como yo. Lo dice el doctor Mugnolo, que de “K” no tiene nada, al
sostener: “La Procuración Penitenciaria de la Nación manifiesta su preocupación
por el posible tratamiento de un proyecto de ley que plantea diversas
restricciones al otorgamiento de excarcelaciones durante el proceso penal. Este
organismo ha sostenido, a lo largo de más de diez años, que la política
criminal basada únicamente en medidas restrictivas de la libertad en ningún
modo colabora a brindar seguridad. Por el contrario, su único efecto es agravar
la superpoblación existente en las cárceles argentinas.”
Podría
seguir leyendo, pero quiero detenerme en cómo creo que deberíamos afrontar el
problema de la inseguridad. Por lo pronto, lo primero que tenemos que hacer es
poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal acusatorio, que está siendo
descuartizado desde principios de año. Quien quiera combatir el crimen
organizado y la inseguridad, que opte por la implementación de dicho código; no
por estas soluciones efectistas. Ese, y no éste, es el primer paso para lograr
un sistema penal eficaz.
Si
este proyecto de ley sobre otorgamiento de libertades durante el proceso penal
viniera del gobierno, diría que obviamente hay un negocio detrás: la
construcción de cárceles por parte de algún amigo. Pero no es una iniciativa
del oficialismo; la defiende el miembro informante, que pertenece a Cambiemos,
pero el proyecto es del Frente Renovador. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Que
existe una lógica, la misma con la que acompañaron todas las leyes que están llevando
al país al colapso ‑como dijo uno de los principales economistas de esa
fuerza política, el doctor Roberto Lavagna‑ y que con la misma
irresponsabilidad, demagogia y ligereza sancionarán estas normas que harán
colapsar totalmente al sistema penitenciario argentino.
Es
la legislación ideal para este modelo de exclusión: primero te sacan el laburo,
después la comida, la alegría y la esperanza, y por último –por las dudas‑
te meten en cana. Quieren ver hocicar a los pobres, a los negritos; no hay
vocación alguna de eliminar la inseguridad. Quieren garantizar que no haya
conflictividad social como consecuencia del plan de ajuste salvaje que están
implementando desde hace un año. Reitero: quieren ver hocicar a los pobres.
Encima
de todo esto, además de que quieren meterlos en cana, con la otra norma que se
pretende sancionar no saldrán de la cárcel ni por casualidad. Así es como están
echando por la borda años de tradición argentina en materia de progresividad.
No sé si están buscando hacer un aporte a la “pobreza cero” llenando las
cárceles de pobres y de negros para que se autoeliminen y haya menos.
Con
este tipo de iniciativas estamos generando una situación insostenible desde el
punto de vista penitenciario, porque tampoco hay propuestas que expliquen dónde
se alojarán todos los negritos y pobres que van a meter en cana a partir de
estas leyes.
Además,
a esos negritos vamos a jorobarles la vida porque impediremos toda posibilidad
de resocialización; no podrán ir a visitar cada tanto a sus familias ni
planificar una nueva vida. Les quitaremos todo incentivo; saldrán y volverán a
delinquir porque ya no tendrán todas esas instancias previas de salidas
anticipadas, morigeradas o como se las quiera llamar.
Antes
de que haga uso de la palabra mi compañero de bloque, el señor diputado Adrián
Grana, a quien pido disculpas por la extensión de mi discurso, quiero decir que
es un escándalo que este régimen de libertades forme parte de una ley autónoma
y no del Código Procesal Penal, que es donde deben estar reguladas la prisión
preventiva, la prisión anticipada, etcétera.
Estamos
llenando la norma de requisitos burocráticos, en lo que es una peligrosa
incorporación que tiende a la exclusiva subjetividad de los jueces. Me refiero
a la peligrosidad, absolutamente inconstitucional, que implica un
adelantamiento de penas y, además, implica legislar sobre la base de un derecho
penal de autor y no de acto, que es lo que constitucionalmente corresponde a un
Estado de derecho.
En
definitiva, me parece que esto no puede sostenerse, no ya en esta Cámara, sino
en ningún lado. Todas las organizaciones de derechos humanos lo están
cuestionando.
Termino
aquí y cedo la palabra al señor diputado Grana para que complete la
intervención.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Grana.- Señor presidente: voy a ser muy escueto.
Solo leeré un documento de una sola carilla que nos han alcanzado asociaciones
de profesionales del derecho y organizaciones de derechos humanos, como para
que esas voces también tengan expresión en este recinto.
El
documento dice así: “El próximo miércoles –por hoy‑ se tratará en la Cámara
de Diputados un proyecto de ley que pretende modificar el actual régimen de
excarcelaciones. Nos encontramos frente a un nuevo episodio en el que, ante el
legítimo reclamo de la población por una vida más segura, se pretenden reducir
las garantías constitucionales de los ciudadanos buscando implementar una vieja
receta que ha fracasado en las últimas décadas y de la cual no puede esperarse
que esta vez sea eficaz.
“El
proyecto de ley presentado por los diputados Sergio Massa, Carlos Américo Selva
y Raúl Joaquín Pérez, que la semana pasada obtuvo dictamen favorable de la
Comisión de Legislación Penal con apoyo de diputados del oficialismo, busca
restringir la libertad de las personas que no tienen condena durante el proceso
penal. Una iniciativa de estas características no puede ser adoptada en una
sesión parlamentaria realizada a las apuradas, sin información y sin debate.
Necesariamente debe estar acompañada de una discusión profunda sobre los
problemas que pretende saldar, la efectividad de sus propuestas y las
consecuencias que va a tener sobre la situación actual del sistema penal.
“En este sentido, el texto de la norma
parte de considerar que cualquier persona que es detenida es culpable y, por lo
tanto, se le puede aplicar una pena aun antes de que un juicio y una sentencia
así lo consideren. De esta manera se consolidan la prisión preventiva como
regla y la libertad como excepción. Una vez más, se intenta responder al
reclamo legítimo de mayor seguridad con reformas legislativas que solo generan
más encarcelamiento y mayor nivel de violación
de los derechos de las personas acusadas de cometer delitos, sin ninguna
incidencia en los delitos efectivamente cometidos.
“El proyecto de ley parte de un
diagnóstico errado sobre el encierro, donde se afirma como verdad categórica la
hipótesis de ‘la puerta giratoria’, algo que el aumento sostenido de la tasa de
encarcelamiento en todas las jurisdicciones del país desmiente: la población
carcelaria en la Argentina ha tenido en los últimos 20 años un aumento
exponencial, pasando de 29.690 personas presas en el año 1997 a casi 70.000 en
la actualidad. Incluso, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al
reconocer la actual crisis penitenciaria sostuvieron que 2.200 personas
ingresan detenidas al sistema penitenciario provincial al año, mientras que
solo 700 egresan, lo que implica que muchos entran, pero pocos salen.
“Esta respuesta ante la inseguridad ya
se ha utilizado en otras jurisdicciones, como Mendoza, Santa Fe y la provincia
de Buenos Aires. Allí no se logró reducir la tasa de delitos, que siguió
aumentando, al mismo tiempo que los lugares de encierro colapsaron y personas
que no habían delinquido pasaron largo tiempo detenidas. Particularmente en
Mendoza, a partir de reformas que restringieron la libertad de los acusados y
los condenados, en los últimos cinco años aumentaron los detenidos en un 69 por
ciento, sin embargo, los hechos delictivos en la provincia siguieron subiendo
en un 19 por ciento.
“Propuestas como estas pretenden
funcionar como atajos mágicos para resolver graves problemas sociales, en lugar
de atacar las deficiencias institucionales de las políticas de prevención del
delito y de combatir los defectos de las estructuras de investigación criminal.
Para consolidar un sistema de justicia penal eficaz es indispensable, antes que
cualquier otra reforma, la implementación del Código Procesal Penal Federal
aprobado y vigente hace casi dos años, cuya aplicación se sigue demorando,
instar a las distintas provincias del país a promover la instauración de la
oralidad plena en la administración de Justicia y establecer que el jurado
popular adopte la decisión final de condena en todos los casos criminales.
“Señalar objeciones a las políticas
impulsadas no significa negar los problemas que el delito y la inseguridad
ocasionan, especialmente en sociedades desiguales como la nuestra. Por el
contrario, estas problemáticas afectan a toda la sociedad y en forma
particularmente grave a los sectores de menores recursos. La respuesta a las
demandas sociales en materia de seguridad debe darse en forma responsable, con
diagnósticos serios y medidas que se traduzcan en políticas efectivas y
respetuosas de la Constitución Nacional.”
Este documento lo firman: ACIFAD,
Agrupación de Abogados Populares –Catamarca, APDH - La plata, APDH - Mar del
Plata, Asociación Civil por la Unidad y la Justicia (ACIJ), Asociación Civil
Radio La Cantora, Asociación Civil Resocialización y Dignidad, Asociación
Pensamiento Penal (APP), Campaña Nacional contra la Violencia Institucional,
Catamarca Contra la Tortura, Cátedra de Criminología de la Universidad de
Rosario - Santa Fe, Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad
Nacional de Lanús, CELS, CEPOC, CIAJ, Comisión Provincial par la Memoria -
Provincia de Buenos Aires, Equipo de Antropología Política y Jurídica de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Grupo de
Mujeres de la Argentina – GMAF, INECIP, Movimiento de Profesionales para los
Pueblos, Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, Patria Grande, Red
Cooperativa de Liberados, XUMEK – Mendoza, Yo No Fui y Zainuco – Neuquén.
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada
por Santa Fe.
Sra. Copes.- Señora
presidenta: en primer lugar, voy a referirme a las excarcelaciones, es decir,
al Orden del Día N° 926.
Debo decir que
este proyecto no ha recibido en la comisión el tratamiento adecuado. Entiendo
que los tiempos parlamentarios son tiranos, pero la relevancia del tema nos
exige que hagamos un debate verdaderamente como corresponde.
Me hubiera
gustado escuchar a representantes del Ministerio de Justicia y de las organizaciones
especializadas, como así también a los expertos.
Recién se leyó
el comunicado de las organizaciones, cuyo título me permito leer, ya que el
diputado preopinante no lo hizo: “Restricción de las excarcelaciones. Otra vez
las mismas recetas que demostraron ser inútiles para enfrentar el delito”.
Respetando el
lugar que ocupa el interior del interbloque y valorando el hecho de que podemos
disentir en un marco democrático, en una práctica totalmente novedosa para la
política en la Argentina, vengo aquí a presentar un dictamen de rechazo por los
fundamentos que voy a tratar de exponer, sin perjuicio de pedir desde ya
autorización para insertar para profundizar. No puedo hacerlo en el tiempo que
se me ha asignado para dos dictámenes.
En primer lugar,
llama la atención que el proyecto que estamos tratando legisle sobre cuestiones
de forma y no de fondo. Como todos sabemos, las cuestiones de forma son
potestad de las provincias. Seguramente aquí me dirán que se las invita a
adherir. Pero eso no es lo que corresponde. Las provincias tienen la potestad
de legislar y, en consecuencia, de decidir cómo se va a desarrollar el proceso
penal.
Este no es un
tema nuevo; reaparece año tras año. Lo cierto es que en esta cuestión no
podemos obviar lo que reza la Constitución Nacional, sobre todo en materia de
tratados internacionales que tienen rango constitucional y que entonces han
sido receptados por ella.
No voy a
nombrar aquí el articulado correspondiente del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que sí
tengo que decir es que en este punto el proyecto en tratamiento, en principio,
entra en contradicción con el precepto constitucional de libertad para los
imputados durante el proceso. Estamos hablando
de personas procesadas, no sancionadas, que pueden llegar a ser inocentes.
El
otro día, en la comisión escuchaba decir
a un diputado que para procesar debemos tener suficientes supuestos de
probabilidad de comisión y autoría, pero para condenar debemos tener certeza.
Es
así que, entonces, me permito hacer mención de las medidas de coerción, que
tienen que ver con un principio central. Estas son medidas instrumentales, no
tienen un fin en sí mismas. Justamente, el fin es asegurar el proceso; por eso
son instrumentales. Tienen por fin garantizar que no haya riesgos en la ejecución de ese proceso.
Esta
cuestión no es un capricho argentino. Toda la legislación internacional recepta
que la excepción debe ser la coerción, y la restricción a la libertad, cuando
justamente lo que se pretenda sea asegurar las garantías del debido proceso.
Por eso hay que demostrar motivos para esa restricción, ya sea el peligro de
fuga o el entorpecimiento de la investigación.
Ahora
bien, en este proyecto se suman otros supuestos como, por ejemplo, peligros
para la comunidad o para la víctima.
Pido
disculpas pero como demócrata progresista y persona de una cierta edad, cuando
escucho estas expresiones, las olvido porque son difíciles. Me duele el corazón
recordar términos como alarma social o repercusión social. (Aplausos en las bancas.)
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expedido rechazando nociones
como la de “peligrosidad para”. Esto nos hace recordar los peores crímenes de
la historia de la humanidad.
Estoy
de acuerdo con que el entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga
parecen cuestiones muy genéricas. Lo cierto es que aquí tenemos que poder dar
cuenta de en qué casos estamos frente a estas cuestiones, para mitigar o
limitar las arbitrariedades por parte de los jueces.
Es
así que el nuevo Código Penal –no vigente en estos momentos‑, en sus
artículos 188 y 189, coloca una serie de indicadores justamente para
neutralizar la arbitrariedad de los jueces. Justamente, sobre estos artículos
el Ministerio de Justicia presentó una reforma, colocando más indicadores para
las preocupaciones que aquí he escuchado.
Cuando
se pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que presentara postura,
lo hizo sobre estos puntos, pero dijo otra cosa, no esto que hoy estamos
considerando. Entonces, con toda honestidad me pregunto cómo esto se pone en
diálogo con lo que hoy está en tratamiento en el Senado.
Los
invito a leer las declaraciones de Garavano en esa presentación para
confrontarlas con lo que aquí estamos tratando. Es una preocupación legítima y
lo digo con total y absoluto respeto.
También
me preocupa la creación de un protocolo de libertad. ¿Saben cómo se resuelve
esto en un país donde se aplica correctamente el sistema acusatorio? Viene el
fiscal y explica por qué pide la prisión preventiva, el defensor dice por qué
no y el juez decide en 15 minutos.
Si
la Justicia fuera como debe ser y tuviésemos un sistema acusatorio, en todo
caso el procurador general podría instruir un protocolo para los fiscales,
justamente para prever situaciones para solicitar a los jueces esa prisión
preventiva. Como dicen los chicos, debería ser “al vesre”.
Entendemos
que sucede algo similar con el registro nacional de medidas de coerción.
Estamos hablando de personas procesadas, no sancionadas. Me parece que, como
información, esto puede ser de utilidad para el Ministerio Público Fiscal pero,
en todo caso, es excesivo y estamos contrariando principios constitucionales
mínimos. No quiero dar ejemplos al respecto.
No
es la primera vez que esto viene al recinto. Como clase política, deberíamos
admitir algunas de las cosas que escuchamos hoy. Sólo en la justicia federal,
nuestras cárceles están siendo habitadas por un 60 por ciento de personas
procesadas, pero sin condena. Así, tenemos que admitir los cuestionamientos a
los políticos, nuestros propios cuestionamientos como dirigentes, el legítimo
cuestionamiento hacia la justicia penal, que tarda un promedio de diez años en
dictar sentencia en cada caso.
Entonces,
daremos a la sociedad respuestas que no han sido soluciones: una justicia penal
que es escrita, lerda, perezosa, poco transparente y, encima, de espaldas a la
ciudadanía.
¿Hacia
dónde debemos orientarnos? Hacia el sistema acusatorio: oral, eficaz, rápido,
eficiente, transparente, devolviendo a la ciudadanía el principio
constitucional del que la venimos privando hace ciento cincuenta años en cuanto
al juicio por jurados.
Aquí
prosaicamente se habla de la puerta giratoria, pero me pregunto: ¿habría puerta
giratoria si hubiese justicia como corresponde?
En
el poco tiempo que tengo para exponer no puedo hacer referencia al dictamen de
minoría de ejecución de la pena. Simplemente me permitiré mencionar dos o tres
cuestiones.
Debemos
reconocer que, a diferencia del que referí recién, el proyecto sobre ejecución
de la pena fue largamente debatido en las comisiones. Teníamos observaciones,
escuchamos a los expertos, hemos visto que algunas cuestiones con las que
estábamos de acuerdo con los expertos no han sido receptadas en el dictamen de
mayoría, o por lo menos no han sido receptadas convenientemente.
Ejecución
de la pena nos pone frente al espejo de qué sociedad queremos; vertebra
verdaderamente la noción que tenemos como república. No es una cuestión menor.
En
ese sentido, nuestro dictamen de minoría reflexiona sobre el sentido de la
pena, la tergiversación o confusión que en principio tiene el dictamen de
mayoría, lo digo con todo respeto ‑siempre hablo con todo respeto‑,
en el que se confunde tratamiento penitenciario con progresividad. Hasta se los
trata de vincular, cuestión verdaderamente observable.
La
judicialización de la pena es clave. Hoy homenajeamos a Fayt, pero hay que leer
sus escritos sobre este asunto, que son excelentes.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Señora diputada: solicito que vaya finalizando su discurso e
inserte el resto.
Sra.
Copes.- Sí, señora presidenta.
Demás
está decir que no podemos considerar este tema sin tratar simultáneamente una
reforma del sistema penitenciario, que sabemos perfectamente que el Ministerio
de Justicia está diseñando para traer a consideración del Congreso de la
Nación.
Nos
han recomendado tanto que seamos breves que no solo voy a insertar el resto de
mi discurso, sino que incluiré allí también los artículos que me parecen
observables en la discusión en particular. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
Sr.
Hernández.- Señora presidenta: estamos analizando
dos dictámenes que abordan temas de enorme trascendencia y que pretenden
encontrar soluciones a una problemática que vemos a diario, que es cotidiana y
que, precisamente por eso, nos impulsa a buscar mejores respuestas para una
sociedad que está verdaderamente alarmada.
Por
un lado, tenemos la modificación del régimen de la ejecución de la pena, la ley
24.660, y por el otro, un régimen que aborda el otorgamiento de libertades en
el marco del proceso penal.
En
términos generales quiero destacar el rumbo que hemos asumido. El tratamiento
de estos dictámenes no es una casualidad, no son aislados, están en línea con
decisiones y con medidas que son impulsadas y apoyadas por el Poder Ejecutivo
nacional. Digo que no son medidas aisladas ni consecuencia de una coyuntura,
porque hay una política criminal en marcha y una decisión del gobierno
nacional. Esto ya lo hemos visto e, incluso, algunas ya hoy son ley en este
país. Me refiero a la ley de flagrancia, técnicas especiales de investigación,
ley del arrepentido, régimen de protección de víctimas de delitos, entre otros.
Por eso hablaba del conjunto de medidas y acciones del Poder Ejecutivo
nacional.
Todas
estas medidas en su conjunto se dirigen en el sentido de establecer bases más
justas de una política criminal, que tienen en la actualidad y desde hace mucho
tiempo una mirada indulgente y complaciente para los autores de delitos, y por
el contrario, una mirada indiferente para quienes han sufrido esos delitos. No
pretendemos un camino de castigos ni venganzas, simplemente un camino de
justicia. Por eso entiendo que resulta muy oportuno el tratamiento de estos
proyectos.
Puntualmente,
en relación con la propuesta de modificación de la ley 24.660, ha existido un
debate muy amplio. Hemos escuchado a todas las voces, a organizaciones especialistas
en la materia, magistrados, profesores, profesionales y docentes. Hemos
escuchado a las asociaciones de condenados y a quienes estuvieron en unidades
carcelarias. También hemos escuchado a las víctimas de los delitos.
La
verdad es que hemos construido, con una Comisión de Legislación Penal abierta,
un dictamen que ha recibido muchos aportes, pero también entendemos y
respetamos a quienes tienen una mirada diferente.
Sin
embargo, estamos convencidos de que expresamos en este proyecto la necesidad de
responder a una sociedad que ve cómo los autores de los delitos aprovechan las
fallas de un sistema que debe ser modificado, fallas que finalmente terminan
siendo una incitación a persistir en la carrera delictiva.
Pretendemos
un sistema donde la progresividad esté dirigida, sin duda alguna, a
resocializar al autor de delitos, pero cumpliendo la pena. Resocializar en el
marco de un proceso que garantice el cumplimiento del trato digno, humanitario
y dirigido, como bien lo dice la modificación del artículo 1° de este dictamen,
para que se comprenda la gravedad de los actos y la sanción impuesta.
En
este sentido, el artículo 1° en su párrafo segundo establece que el fin y la
justificación de las penas es la protección de la sociedad frente al crimen,
debiendo la ejecución de las mismas orientarse al cumplimiento de dicho
propósito. Básicamente, con este agregado se está dando un camino, un rumbo,
una dirección a la política criminal.
Si
bien –insisto- el régimen se asienta sobre la progresividad, la mirada no se
focaliza con exclusividad en quién ha cometido el delito, los autores de
delitos, sino que está focalizada en una sociedad que espera respuestas por
parte de su dirigencia política, porque las víctimas durante años han estado al
margen de todo proceso.
Así
también en esta línea se manifiesta el artículo 3° del dictamen, que modifica
el artículo 6° de la ley 24.660 en análisis, pues describe en qué consiste el
régimen de la progresividad. Un proceso gradual que posibilita al interno por
su propio esfuerzo avanzar paulatinamente hacia la recuperación de la libertad.
De esta forma modifica uno de los puntos medulares de la actual redacción de la
ley que, al referirse a la progresividad, habla de limitar la permanencia del
condenado en establecimientos cerrados. Este es el espíritu del régimen actual
y es el sentido que orienta todas las decisiones y las acciones en materia de
régimen carcelario.
Está
claro que un régimen de la pena cuyo objetivo principal sea el de reducir la
permanencia de los autores de delitos en las instituciones carcelarias, en el
contexto de falta de controles, con ausencia de estadísticas confiables y
permeabilidad en el manejo de informes técnicos criminológicos, es una muestra
clara de por qué hasta el día de hoy ha fallado el sistema, entre otras
circunstancias.
Este régimen es de ejecución de la pena, en
donde se establecen mecanismos para transcurrir la sanción impuesta por el
Estado, en el que se establecen beneficios en un programa resocializador. Pero
la pena como tal es el resultado de un proceso en el que ha intervenido el
órgano jurisdiccional, en donde se han respetado los derechos y garantías del
acusado con un debido proceso y en el que finalmente el Estado ha impuesto una
sanción.
Entonces,
pretendemos que esa pena o sanción se cumpla, no que sea simplemente el
resultado simbólico del poder punitivo del Estado y que por sus propias fallas,
aquellos que han cometido los delitos encuentren las herramientas necesarias
para conseguir su libertad y continuar con sus actividades delictivas, sin
cumplir, por supuesto, ninguna de las finalidades del régimen de ejecución de
la pena. Ni el resocializador ni el protectorio de la sociedad.
El
deficiente funcionamiento de este sistema ha producido daños irreparables a
muchos, como así también ha generado dolor y pérdidas a los familiares que
confiaron en las instituciones y en las leyes de su país. Las víctimas sufren
el olvido de un sistema que mira con indulgencia a quienes han cometido los
delitos y propicia la reducción del encierro, sin reparar en la situación de
las víctimas y de sus familiares, cuyas vidas jamás serán las mismas.
Aun
así cuando se argumente que muchos son casos aislados y excepcionales que
devienen en situaciones de tragedia, queda claro que en la actualidad por una
multiplicidad de motivos, entre ellos la ley vigente, no se logra la finalidad
de la resocialización progresiva. Muy por el contrario, se incentiva la
continuidad de la carrera delictiva.
Para
finalizar, señora presidenta, quiero decir que por estas consideraciones y las
que acabada y sobreabundantemente se han desarrollado en el marco de la amplia
discusión parlamentaria de este tema, el interbloque Cambiemos va a acompañar
el dictamen con su voto afirmativo.
Sra.
Presidenta (Giménez).- A continuación comparten el tiempo la señora diputada Mónica
Litza y el señor diputado Juan Brügge.
Tiene
la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Litza.- Señora presidenta: desde hace mucho
tiempo defendemos los derechos de las víctimas, especialmente de las víctimas
de delitos.
He
escuchado que algunos señores diputados preopinantes tienen una gran
preocupación respecto del colapso del sistema penitenciario, el otorgamiento de
las libertades y sus limitaciones, y la superpoblación en los penales y en las
cárceles.
Entiendo
que no tiene mucho sentido hablar en abstracto sin poner un nombre y un rostro
a las historias de las víctimas. Asimismo, como seguramente hay muchas víctimas
o familiares escuchándonos, me gustaría brevemente nombrar a algunas –no a
todas, porque son muchísimas‑. Tenemos el caso de Soledad Bargna,
asesinada en 2009 por una persona que tenía condenas anteriores por delitos
contra la integridad sexual. También tenemos el de Tatiana Kolodziez, violada y
asesinada en el Chaco por una persona con antecedentes por delitos similares
que gozaba de libertad condicional.
Asimismo,
tenemos el de Sofía Viale, violada y asesinada en La Pampa en 2012 por una
persona que tenía condenas similares, pero que, sin embargo, gozaba de libertad
asistida. Y el más reciente es el de Carla Figueroa, del que seguramente muchos
nos acordaremos, asesinada en La Pampa por su propio marido. Él estaba
cumpliendo una condena por violación y ella lo perdonó ‑figura conocida
como avenimiento que después de este suceso, afortunadamente, se derogó‑,
terminando finalmente muerta.
Para
pasar a los casos más recientes, tenemos el de Yasmín Chacoma, niña de 11 años
violada y asesinada en Comodoro Rivadavia. En esa oportunidad las pruebas genéticas
determinaron que el ADN hallado en su cadáver correspondía a un hombre que
gozaba de salidas transitorias y que figuraba en los registros de la provincia
por estar involucrado en delitos sexuales.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano,
ingeniero Mario Domingo Barletta.
Sra.
Litza.- Para acercarnos en el tiempo, un caso que
nos conmovió a todos es el de Micaela Ortega, una niña de 12 años asesinada el
23 de abril de 2016 en Bahía Blanca, luego de haber sido conectada por su
victimario a través de las redes sociales. En ese caso el delito, que en
principio se trataría de grooming,
terminó en homicidio.
Pregunto
a los diputados preopinantes que se preocupan tanto por el colapso del sistema
penitenciario si se animarían a mirar a la cara a los familiares de estas
víctimas y decirles que los asesinos de sus hijos, sus hijas, sus hermanas y
esposas tienen que estar libres porque los penales están colapsados.
Asimismo,
escuché con sorpresa que no existe la famosa puerta giratoria, sino que es
producto de nuestra imaginación. La explicación brindada en este recinto es que
se debe al aumento exponencial de detenidos. Sin embargo, quiero decirle al
señor presidente que sí existe esa puerta giratoria a la que venimos a ponerle
nueve llaves, que son los nueve pasos que sí o sí tienen que respetar
obligatoriamente los magistrados antes de otorgar la libertad en el proceso
penal.
Me
gustaría preguntarles a los señores diputados y señoras diputadas que opinan
que no existe la famosa puerta giratoria, si conocen el actual mecanismo de
otorgamiento de libertades. Ocurre que los magistrados tienen que resolver a
ciegas en un lapso de 24 horas, 48 horas o 5 días, dependiendo del caso, sin
contar con el registro criminal ni los antecedentes penales de la persona a la
que le estaría otorgando la libertad.
Muchas
veces los magistrados ni siquiera tienen la oportunidad de conocer la
personalidad o peligrosidad de esas personas; sin embargo, el Código los obliga
a dictaminar como si no tuvieran antecedentes penales. Entonces, si estas
facilidades y los pocos requisitos que hoy se piden no significan que se trate
de una puerta giratoria, me pregunto de qué estamos hablando.
Por
lo expuesto, proponemos la implementación de un protocolo a partir del cual no
solamente exista la obligación de que el magistrado tenga una audiencia de visu
para conocer a la persona a la que está por otorgarle la libertad, sino que
también tenga en cuenta la peligrosidad para la víctima que está ausente.
Entiendo
que siempre se preocuparon por respetar los derechos y garantías de los
procesados –lo que está muy bien‑, pero nunca de la víctima. Por eso con
este proyecto de ley venimos a continuar esta película iniciada la semana
pasada cuando aprobamos la ley de protección a las víctimas de delitos.
No se trata solamente de una foto, sino de
esta norma, además de la pertinente a la modificación de ejecución de la pena y
otras herramientas que tenemos que poner al servicio de la gente para tener una
justicia que realmente esté a la altura de las expectativas de la ciudadanía.
La realidad es que las personas no quieren sentirse burladas sabiendo que un
asesino, un violador o un agresor entra por una puerta y sale rápidamente por
la otra.
En
2012 se modificó la ley de ejecución de la pena, siendo categorizados como
delitos sexuales los comprendidos en los artículos 118, 119, 124 y 125 del
Código Penal, entre los que se encuentra el de violación seguida de muerte. Al
respecto, a efectos de otorgar beneficios penitenciarios, la ley vigente
propone la realización de un informe por un equipo disciplinario. Sin embargo,
para los otros delitos, entre los que figura el grooming, la pornografía infantil o las exhibiciones obscenas, no
se dice nada.
Por
ello en el caso de los delitos comprendidos en los artículos 118, 119, 124 y
125 proponemos la limitación y la prohibición de las salidas por libertad
anticipada. A su vez, para los delitos
de grooming, exhibiciones obscenas y
pornografía infantil, proponemos el mismo tratamiento que antes tenían los
otros delitos. Nosotros tenemos una deuda.
Sr.
Presidente (Barletta).- La Presidencia informa a la señora diputada Litza que va a dejar
sin tiempo al señor diputado Brügge –con quien comparte su tiempo‑ para
hacer uso de la palabra.
Continúa
en el uso de la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Litza.- Señor presidente: quiero terminar
diciendo que no solo venimos a ponerle nueve llaves al otorgamiento de
libertades, a esa puerta giratoria ‑por los pasos que deben seguir los
magistrados‑, sino que también pretendemos que esas llaves y pasos sean
razonables. Nunca se hizo y estamos convencidos de que tienen que respetarse. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Barletta).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: el diputado David que
sigue en el uso de la palabra gentilmente me regala algunos minutos. Voy a
utilizar esta herramienta y trataré de ser lo más sintético posible.
Los
diputados preopinantes han dicho varias cosas aquí. Me voy a remitir a tres
aspectos y luego haré un pequeño paréntesis sobre lo que se mencionó.
La
ley 24.660 de ejecución de penas, en definitiva, tiene una modificación
importante. Siguiendo la línea argumental de la diputada preopinante, quiero
señalar que la incorporación de la prohibición de los beneficios a aquellos que
han cometido delitos contra la integridad sexual tiene una razón de ser, no es
caprichosa y no es una cuestión de persecución a los delincuentes que cometen
este tipo de delito.
Esto
se debe a las características y las consecuencias de este delito, que no solo
afecta la integridad psicofísica de la persona, sino que también tiene
consecuencias sociales. Hay un alto índice de reincidencia. Una de las
estadísticas internacionales más importantes, el régimen federal de
criminología alemana, señala cómo es la evolución de la reincidencia de
aquellos que han sido condenados por este tipo de delitos en diez años. Este
estudio establece que durante el primer año el 15 por ciento es reincidente.
Por
lo tanto, establecer la limitación no es caprichoso, está basada en criterios
científicos y entendemos que es positiva. Además, constituye una satisfacción
para la Legislatura de la provincia de Córdoba porque el 11 de agosto de 2010
se aprobó una resolución –era de mi autoría, cuando me desempeñaba como
diputado provincial‑ por la cual le solicitábamos a la Cámara de
Diputados y al Senado de la Nación que modificaran la ley 24.660 a efectos de
excluir de todos los beneficios ‑de salidas transitorias, de
semilibertad, de libertad condicional, de prisión domiciliaria, etcétera‑
a aquellos delincuentes que estaban cumpliendo condena porque habían cometido
delitos contra la integridad sexual.
El
otro aporte que hacemos es el siguiente. En el artículo 35 del despacho de
comisión por el que se modifica la ley 24.660 se prohíbe el uso de la telefonía
celular móvil en los centros penitenciarios. Hay una prohibición expresa. Hasta
la actualidad no había una ley que lo prohibiera, sino que estaba dado por los
reglamentos penitenciarios y daba lugar a planteos legales y judiciales.
Entendemos que a todas luces es un aspecto sumamente necesario porque está en
juego la seguridad pública. Creemos que corresponde hacer esta prohibición.
También
consideramos que hay que ampliar los aspectos preventivos que se deben adoptar
en las penitenciarías con referencia a la inhibición de las señales de celular.
Por eso en el tratamiento en particular vamos a proponer un agregado al
artículo 35 que es una modificatoria específica del artículo 160 de la ley
24.660. Allí vamos a establecer otras técnicas. Esto lo tomamos de otro
proyecto ley que hemos presentado y que se encuentra en consideración en la
Comisión de Comunicaciones, pero entendemos que va a mejorar la situación.
Esto
no afectará el derecho de comunicación de las personas que se encuentran
privadas de la libertad, dado que estos podrán comunicarse ‑según el
actual régimen y el que se va a modificar‑ a través de una línea fija ‑según
lo determina el decreto 690/2006, que establece la obligatoriedad de parte de
las telefónicas de proveer el servicio gratuitamente‑ y de las visitas.
También hoy los jueces permiten el uso de internet.
La
determinación de las técnicas de anulación de señales es la que vamos a
incorporar en el tratamiento en particular y que será motivo de análisis.
Hoy
en día los celulares dentro de la prisión son sistemáticamente secuestrados. La
estadística del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de
Córdoba da cuenta de que por día se secuestran cuatro celulares. Un celular hoy
dentro de cualquier centro penitenciario cuesta entre quinientos y mil dólares
por la utilidad que tiene para seguir cometiendo delitos.
Para
finalizar, quiero decir que en la seguridad pública y en los procesos penales,
cuentan las libertades individuales y las garantías constitucionales, pero
también cuentan los derechos de la ciudadanía, los derechos de la sociedad que
tienen la legítima potestad de establecer normativas restrictivas dentro de los
tratados internacionales y de la Constitución.
Una
señora diputada dijo que le había corrido un frío por la espalda con este
proyecto. A mí me corre un frío por la espalda cuando veo a la ciudad de Rosario
copada por el narcotráfico por seguir criterios progresistas e individualistas
en el tratamiento de todos los procesos penales. Esto ha llevado a que la
comunidad de esa ciudad y de Santa Fe se encuentren en un verdadero estado de
vulnerabilidad con el avance de dicho flagelo. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Barletta).- Tiene la palabra el señor diputado Salta.
Sr.
David.- Señor presidente: creo que el tratamiento
de estos dos proyectos, que tienen que ver con dos momentos procesales, vinculados
con la ejecución de la pena y las libertades durante el proceso, hace a un
contexto del que no nos podemos evadir.
Muchas
veces entramos en discusiones doctrinarias y hasta dogmáticas vinculadas al
derecho y a posiciones dentro la Argentina y también de muchos otros lugares
del mundo.
Tenemos
una realidad que nos duele, en donde la sociedad argentina se siente
absolutamente vulnerable y desprotegida. Muchas de las situaciones que vivimos
en el país tienen que ver con la falta de eficacia del sistema de seguridad y
del sistema judicial argentino para devolverle a la sociedad algo que está
quizás entre las primeras causas de formación de una comunidad organizada.
Es decir, si nos retrotraemos a una de las
primeras causas por las cuales las personas nos hemos unido en una comunidad,
encontramos la necesidad de que haya alguien que nos brinde seguridad entre
nosotros y que se pueda repartir o impartir justicia. Hoy en la Argentina, por
muchos motivos, estamos debiendo esto como sociedad.
Creo
que eso no es patrimonio de ningún sector político. Me parece que es un deber
ineludible que los distintos estamentos que tenemos representación política
busquemos soluciones o caminos que, tal vez, no contemplen la totalidad de la
solución para los casos que estamos hablando, pero logren mejorar la situación
que vivimos.
- Ocupa la Presidencia la vicepresidenta
2° de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sr.
David.- Creo que los dos proyectos apuntan a
ello.
En
definitiva, tomamos una realidad en donde las víctimas de delitos y los
argentinos en general vemos cómo aquellos que eligieron el camino del delito
terminan sin cumplir penas o, por lo menos, sin un castigo más o menos
razonable de acuerdo al delito que han cometido.
Tal
como decía al principio, se necesita un accionar multidisciplinario que tiene
que ver con la seguridad que deben prestar los poderes ejecutivos, con la
Justicia y también con el Poder Legislativo.
Con
respecto a esos criterios de peligro de fuga, de entorpecimiento de una
investigación o de posibilidad de daño, hace mucho tiempo que escuchamos a los
legisladores decir que los jueces tienen las potestades, a los jueces explicar
que las leyes no les permiten hacer determinadas cosas y al Poder Ejecutivo
poner como excusa la actuación de los jueces o del Poder Legislativo.
Creo
que con la sanción de este proyecto de ley vamos dar un paso para que, por lo
menos, el Congreso avance en un camino que nos permita generar recaudos, mayor
cantidad de parámetros, mayor cantidad de condiciones y de criterios, que tal
vez no estaban escritos, pero que hoy con esta norma tendrán un marco para
achicar la discrecionalidad. Un marco, para que nadie pueda eludir su
responsabilidad. Para que nadie pueda decir esa frase genérica: yo puedo interpretar
lo que quiera.
Seguramente,
todavía –como corresponde-, por respeto a las libertades y derechos y
garantías, subyacen aquellos parámetros originales, como paraguas, de cuándo
conceder una excarcelación o cuándo dar una libertad condicional.
Pero
creo que la ley avanza en muchos de estos criterios.
Ineludiblemente,
tenemos que lograr entre todos los poderes del Estado, que nunca más aquél que
sufrió un delito pueda ver al victimario en la puerta de su casa, en la esquina
o saliendo libre con muchísima anticipación.
Es
algo que nos debemos. No sé si en la aplicación práctica de esta ley lo vamos a
conseguir. ¡Ojalá así sea!
Habrá
que seguirlo, porque como muchos de los caminos que buscamos, no es inmediato.
Pero sí creo que es un avance y que el Congreso está cumpliendo una demanda
absoluta de la sociedad de hacer un cambio en este sentido y avanzar buscando
una idea y un camino distinto.
Podremos
después mejorarlo y tener que corregir algunas cosas. Tendremos que ver cómo
funciona el Poder Judicial, la jurisprudencia y cómo trabajamos en conjunto
para avanzar.
Lo
que sí estoy seguro, señora presidenta, es que no nos podemos quedar quietos.
Estoy convencido de que, entre no hacer y hacer, necesitamos como Congreso
generar una legislación que permita lograr estos objetivos.
En
ese sentido, quiero instar también a que de una vez por todas –se ha dicho
acá-, avancemos decididamente en lo que tiene que ver con el nuevo Código
Procesal Penal de la Nación.
Me
parece que hay un trabajo enorme, que se ha hecho durante muchos años y con
mucha discusión, en el que necesitamos avanzar decididamente, porque es igual o
tan importante como estos proyectos o estas modificaciones que sancionar hacer
hoy.
Por
eso quiero reafirmar la posición del bloque justicialista de avanzar -así como
lo hemos hecho con otras medidas- con leyes e ideas que permitan de alguna
manera empezar a revertir esa grave injusticia que tenemos en la Argentina y
esa deuda enorme para con miles de argentinos, que a diario son víctimas de
delito.
Tenemos
que entender que aquél que decide delinquir, aquél que decide infringir la ley,
aquél que decide cometer un daño contra los bienes o las personas, debe ir
preso y debe saber que no es gratis. Este es un camino para eso. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Carlotto.- Señora presidenta: creo que el
tratamiento de estos dos proyectos es historia conocida. Es querer dar una
respuesta institucional a una demanda legítima del conjunto de la sociedad, con
medidas que no van a solucionar en nada los temas que dicen en principio querer
atender.
Es
absolutamente falso, de falsedad absoluta, la idea de la puerta giratoria en la
Argentina.
Lo
que hemos visto nosotros, a lo largo de los años, ha sido el proceso de
encarcelamiento, el crecimiento de la población carcelaria y la aplicación
indiscriminada de la prisión preventiva, que es una excepción, absolutamente
agravada y aplicada en forma permanente, que no viene a dar ninguna solución
más que la violación sistemática de los derechos humanos.
La
sanción más importante que tuvo la Argentina por parte del sistema
interamericano de derechos humanos, con
respecto a lo que significaba la situación de las personas privadas de la
libertad, fue la responsabilidad de la provincia de Mendoza a partir de la
aplicación de este tipo de criterios.
La
verdad, es que lo que provocó eso, es una crisis de carácter humanitario enorme
y fenomenal. Una profunda crisis que nosotros vemos y vivenciamos en las
estructuras fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, donde la
situación de hacinamiento y las condiciones de detención de estar alojados en
una unidad penitenciaria, son realmente violatorias de los derechos humanos.
Estos
dos proyectos vienen a romper un esquema fundamental y central de reincidencia
de las personas que están cumpliendo condena.
Es el proceso que tiene que ver con la resocialización, con la
socialización -en la mayoría de los casos-, de las personas que cometieron
algún tipo de delito.
La
idea de que la única solución para romper el esquema de reincidencias tiene que
ver con el encierro y no con los sistemas de morigeración y de reinserción
social, realmente tiene que preocuparnos, porque vamos a ver las consecuencias
de este tipo de legislación. Lo vamos a ver nosotros, porque va a ser de forma
inmediata. En ese sentido, va a hacer exponencial el crecimiento que vamos a
tener de las personas privadas de su libertad.
En
cuanto al proyecto que busca justamente activar en forma permanente la
aplicación de la prisión preventiva, debo decir que es violatorio de los
derechos humanos, de la Constitucional Nacional y de los pactos y tratados
internacionales de derechos humanos.
Ya
lo hemos visto. Hemos tenido experiencias en la provincia de Buenos Aires, en
la provincia de Mendoza y en la provincia de Córdoba.
Buscar
conceptos donde se modifica el criterio del derecho penal de acto, al derecho
penal de autor, es absolutamente peligroso y una regresión.
Hemos
tenido experiencias en este Parlamento en la búsqueda del endurecimiento y en
la búsqueda de dar una respuesta de lo que se denomina la demagogia punitiva. Y
no han dado solución a los problemas de seguridad.
Volvamos
nuevamente a la situación en la provincia de Mendoza. Allí, hubo un crecimiento
del 69 por ciento de las personas privadas de su libertad y, a su vez, hubo un
crecimiento del 19 por ciento en la comisión de delitos.
No
hay que buscar una relación entre la situación de la privación de la libertad y
las políticas de prevención en materia de seguridad. Es un error constante que
se comete y que termina en violaciones masivas a los derechos humanos. Pero
además, debe ser motivo de preocupación.
Hemos
recibido la comunicación de organizaciones de derechos humanos, vinculadas al
estudio procesal penal, penal y de ejecución, que ven con enorme preocupación
los tratamientos de estos proyectos, porque ven la crónica de un final
anunciado.
Lo
que vamos a tener es un crecimiento de la población carcelaria, sin ningún tipo
de política criminal, que es el eje central que debe atender la situación de la
seguridad pública.
El
97 por ciento de los casos que se atienden en la Justicia penal, con respecto a
tráfico, tienen que ver con pequeños tráficos. Solamente el 3 por ciento tiene
que ver con la estructura del crimen organizado.
Es
allí donde nosotros debemos tener puesta la mirada, para dar respuesta a las
demandas de la sociedad frente a sus requerimientos de seguridad.
No
se puede plantear, como se está haciendo aquí, que el fallo en el
funcionamiento del sistema penitenciario y del sistema de resocialización, debe
ser resuelto con mayores y masivas violaciones a los derechos humanos, y a
partir de generar un funcionamiento del Código Procesal Penal absolutamente
errado, con una interpretación y diagnósticos equivocados. La ejecución de la
pena roza la idea de que debe existir un acto de venganza con respecto a
aquellos que cometieron algún tipo de delito.
Hemos
tratado un proyecto que tuvo media sanción la semana pasada con respecto a los
derechos de las víctimas. Se hizo un planteo muy claro de la mirada de carácter
integral. Estos proyectos vienen a dar por tierra con ese criterio. La víctima
debe ser escuchada en el marco del proceso penal y ahí es donde se plantea si
una persona debe cumplir prisión preventiva o no. Desde nuestra perspectiva son
situaciones que ya las conocemos, han sido aplicadas y han provocado
violaciones a los derechos humanos. Nuestro país tiene recomendaciones en este
sentido.
Hemos
incorporado en nuestra norma constitucional los pactos y tratados
internacionales en materia de derechos humanos y debemos respetarlos, señor
presidente. No podemos legislar en función de un criterio de carácter demagógico. No digo que
no se deba trabajar sobres estos temas. Se debe hacer con la conciencia de que
lo que se está buscando es evitar una espiral de violencia en nuestra sociedad
y que se genere un criterio de armar más a nuestros ciudadanos. Aquí nuevamente
se demuestra la incapacidad. Estamos hablando de la incapacidad del Poder
Judicial y del Poder Ejecutivo con respecto a los procesos de resocialización
de las personas y buscamos el endurecimiento legislativo para tratar de
encontrar una solución. Eso es un error. Desde la perspectiva de los derechos
humanos y desde lo que se expresa a partir del derecho internacional, nosotros
debemos rechazar taxativamente este proyecto. Y esto no es porque no nos
preocupe la seguridad pública sino porque la correcta seguridad pública es a
partir de la correcta planificación de una política que busque perseguir el
delito organizado y no generar el proceso de encarcelamiento de los pobres
jóvenes de la periferia de nuestras ciudades.
Por
esa razón vamos a rechazar plenamente este proyecto.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Salta.
Sr.
López.- Señor presidente: se han justificado
estos dos proyectos de ley que están en tratamiento que, como todas las leyes
que se están promoviendo buscan un reforzamiento del aparato represivo de las
penas principalmente sobre la población y los trabajadores. Acá se ha hablado
de la puerta giratoria cuando todos sabemos que las cárceles en la Argentina
están llenas de presos, la mayoría de ellos sin condena. Se quiere decir aquí
que la permanencia por más tiempo en la cárcel sería favorable a la
rehabilitación de los presos, lo cual es falso porque también tenemos una
enorme cantidad de denuncias de torturas en las cárceles. Hay denuncias contra
el Servicio Penitenciario. Muchas veces sus integrantes son los que proveen de
drogas dentro de las cárceles y liberan a ciertos delincuentes para que roben
para los propios miembros del Servicio Penitenciario. Hay una enorme cantidad
de denuncias en todas las provincias sobre esta cuestión.
Está
claro que hay que apuntar a la complicidad del poder político con las fuerzas
de seguridad, la justicia y el crimen organizado.
Voy
a nombrar algunos ejemplos porque como dije en la sesión anterior –cuando
tratamos la ley de protección de víctimas- no nos alcanzaría una sola jornada
para mostrar las enormes complicidades del Estado con el delito organizado.
En
estos dos últimos meses la policía de la provincia de Salta se ha visto
completamente involucrada con el narcotráfico. Cada día se descubre un nuevo
caso y el gobierno sigue diciendo que se trata de hechos aislados y continúa
protegiendo a una fuerza de seguridad en absoluta descomposición mientras el
gobernador Urtubey hace gala por todo el país de que él tiene una ley para
combatir el microtráfico.
Sin
embargo, es la propia policía que el gobernador dirige la que está involucrada
en ese delito. Acá han tratado de mostrar preocupación por proteger a las
víctimas, pero quien defendió el dictamen de mayoría tiene al gobernador de
Mendoza, al que no le tembló el pulso para designar en la Corte Suprema de
Justicia de la referida provincia a un hombre que tiene 600 impugnaciones por
fallos aberrantes. Por ejemplo, otorgó legítima defensa a un empresario que
asesinó de cuatro tiros por la espalda a un pibe. Al mismo tiempo, el propio
juez niega la legítima defensa a una mujer que termina matando al golpeador y
violento que la había atacado. Acá no existe una preocupación por las víctimas.
Lo he señalado en la sesión anterior. Lo que existe, con estos proyectos, es la
idea de idear un movimiento que crece en el país cuestionando al Estado.
La
impunidad se basa en que existe una protección del Estado de sus fuerzas de
seguridad y la Justicia para beneficiar al delito organizado, siendo víctimas
la mayoría de los familiares que se movilizan en todo el país. Por ejemplo, en
Salta, este viernes se cumplieron 300 marchas de familiares que luchan contra
la impunidad.
En
este recinto se han aprobado proyectos de ley de blanqueo de capitales que
posibilitaron el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico, la trata de
personas, el contrabando de armas, etcétera. Estamos hablando del crimen
organizado no solo a escala nacional, sino mundial.
En
función de lo expuesto, rechazamos estos proyectos que vuelven a avanzar
beneficiando a los delincuentes. Lo mismo ocurrió con el nuevo Código Procesal
Penal que impulsó el gobierno anterior para un reforzamiento de la represión
contra la población argentina.
Tenemos
un programa para enfrentar el delito organizado, que fundamentalmente pasa por
la nacionalización del juego para evitar el lavado de dinero; la
nacionalización y estatización de los puertos; y la elección popular de jueces
y fiscales, para terminar con las complicidades de la Justicia y del delito
organizado.
Reitero
que votaremos negativamente ambos proyectos de ley que discutimos en este
momento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Bregman.- Señor presidente: estas reformas que
hoy tratamos las podríamos denominar como “Reformas Blumberg, Segunda
Temporada”.
Llegaron
al poder prometiendo República y la defensa de la instituciones, pero ahora
toman la agenda del candidato que proponía la militarización de los barrios y
la amplían. Es decir que ambos proyectos coinciden en el hecho de que una
situación crítica como la que vive la Argentina implica aumentar el control
social. De esto tratan los proyectos que estamos discutiendo en este momento.
El
dictamen, contenido en la Orden del Día 926, sobre prisión preventiva, viene a
limitar la libertad durante el proceso.
Han
sido tan poco cuidados en el objetivo, que desde el título se señala que el
encarcelamiento es la regla, invirtiendo el proceso básico, elemental y
constitucional de que la libertad es la regla y la prisión es la excepción.
Argumentan que la libertad se va a otorgar –los invito a que lo vuelvan a leer-
pero no dicen cómo se va a encarcelar a las personas en forma excepcional, sino
que se refieren a cómo se otorgará la libertad en forma excepcional. Realmente,
algo escandaloso.
En
cuanto a las hipótesis del peligro de fuga y entorpecimiento de la
investigación, se agrega el peligro para la víctima, como supuesto para
restringir la libertad. Sin embargo, no se establece cómo se evalúa ese
peligro. Tampoco se aclara para qué delitos rige, por lo que es muy amplio y
arbitrario. Es una carta libre para trasformar cualquier proceso penal en una
pena anticipada en cárceles sumamente cuestionadas.
También
queremos señalar que el artículo 5°, que además de tener elementos peligrosos,
criminalizantes y estigmatizantes, da más poder al cuestionado Servicio
Penitenciario, ya que sus informes tendrán gran poder para decidir si la
persona es liberada o no.
Quiero
llamar la atención para decirles que no es necesario que nos escuchen a
nosotros sino a la Comisión Provincial por la Memoria que durante el gobierno
de Scioli efectuó informes terribles. Escuchen lo que dicen los organismos
internacionales que también elaboraron informes, por ejemplo sobre la provincia
de Mendoza. Daría la impresión de que ni siquiera escucharon a la gobernadora
María Eugenia Vidal, cuando ella misma denunció lo que ocurría con las cúpulas
del Servicio Penitenciario en la provincia de Buenos Aires. Me parece que no
vieron la tele ni la serie “El Marginal” ni “Tumberos”. No vieron nada. A pesar
de ello, nos prometen que con este proyecto, que aumenta y repite los
mencionados esquemas de criminalización, se va a solucionar el problema de las
víctimas y de la inseguridad.
Por
otra parte, el Registro Nacional de Medidas de Coerción no deja de formar parte
–además de ser estigmatizante- de una verdadera inconstitucionalidad al
vulnerar el principio de inocencia. Toda persona que sea incluida en el
registro, sin ser condenada, estará estigmatizada. O sea que se invierte con
esto el principio de culpabilidad, tal como decíamos antes.
En
el artículo 11 se amplían las circunstancias que se deben considerar por el
peligro de fuga. Se introducen nuevos conceptos criminalizantes, sin tener nada
que ver con posibles fugas.
Ahora
bien, los que elaboraron el dictamen de mayoría, se preguntaron por qué en la
Argentina existen 46 genocidas prófugos, 15 evadidos en países vecinos,
etcétera. ¿Por qué la mayor parte de los casos de “gatillo fácil” no se pueden
resolver? Porque en el momento de ir a detener al policía –cuando con suerte
consiguen un juez que lo ordene- se encuentran con el hecho de que luego el que
delinquió se puede fugar porque las fugas son acordadas con las propias fuerzas
de seguridad. El mismo Servicio Penitenciario obliga a los presos a ir a robar,
y si los agarra después les garantiza la fuga. Es un pacto.
Hay
genocidas como Vildoza que fue un caso emblemático. ¿Creen que se fugó porque
existía un defecto legal? No. Fue por la enorme protección del Servicio
Penitenciario. En esta cuestión, fue todo el sistema político que colaboró para
que este genocida –que tenía muchos secretos- estuviese preso muchos años.
Por
lo que se dijo acá y en los medios de comunicación, nos negamos a que se
utilice como excusa la violencia de género -que nos conmueve y preocupa- para
justificar esta reforma. El Estado debe garantizar las garantías
constitucionales. Además, si éste quiere proteger a las víctimas, debe
garantizar refugios, licencias y demás cuestiones que venimos exigiendo se
traten en una norma de emergencia contra la violencia machista. Tal como
ocurrió con la reforma del ex ingeniero Blumberg, esto solo va a agravar el
problema.
Como
me queda poco tiempo, me voy a referir al otro Orden del Día: el 924. El
dictamen de mayoría tiene el mismo espíritu demagógico y reaccionario, desde
nuestro punto de vista.
Las
cárceles pasan a ser lugares de castigo. Es decir que lo que hoy es de hecho, pasa
a ser de derecho. Se establece que las cárceles serán para castigo de los
condenados.
Quiero
resaltar un punto que demuestra que poco importan las víctimas. El artículo 56
bis de la ley 24.660 que se modifica, retoma la letra de la ley antiterrorista.
Decían
que iban a terminar con la corrupción con la ley del arrepentido, pero ahora
vuelve a aparecer –sin que nadie dé una explicación- la ley antiterrorista
incorporada en estas normas. Ni hablar del artículo 5° de la ley 23.737 –lo
denunciamos anteriormente-, donde se amplía la criminilización para los que
hacen autocultivo. Esto lo denunciamos al tratar el tema del cannabis
medicinal.
Termino
diciendo que se destruye el principio de progresividad de la libertad. Incluso,
en el ministerio público la defensa oficial ha elaborado un dictamen brutal
contra este proyecto. Pueden no escuchar, pero lo que van a votar –tal como
ocurrió con las reformas Blumberg- terminará con una profunda crisis,
comenzando por el sistema carcelario.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Closs.- Señor presidente: este es un proyecto de
ley que genera dentro de un mismo bloque disidencias, que se vinculan con la
apreciación personal de cada uno, con su visión filosófica y su concepto de
garantías. Entonces, adelanto que lo que hablo es a título personal y no de mi
bloque, marcado por años de gestión y de compartir frustraciones, que he podido
ver en las caras de las víctimas –incluso aquí‑ y de los policías, y
también excusas.
Me
refiero a frustraciones de vecinos que se dan, por ejemplo, cuando la matriz
del delito es distinta en una gran ciudad o el conurbano bonaerense de la de un
pequeño pueblo del interior de la provincia de Misiones. Ante una ola de
delitos menores en el interior, uno escucha al comisario del pueblo decir:
“Nosotros sabemos quiénes son, sabemos dónde están; ya los llevamos muchas
veces a Oberá”, donde estaba el juzgado más cercano de nuestra zona. Seguía
diciendo el comisario: “El problema es que cuando llegábamos al pueblo, veíamos
que aquél que había sido llevado en el patrullero había llegado antes que
nosotros.” Esa frustración en cabeza de un policía o de una víctima me fue
cambiando algunas formaciones propias que traigo desde la facultad.
Además
de esto, muchas veces, cuando uno tiene ese registro mental de los comisarios
de cada uno de los pueblos, acerca de quiénes son los potenciales delincuentes
–hablo de los delitos menores‑, también considera la reacción de la
Justicia, ante la siguiente declaración: “Esta persona es la decimoprimera vez
que entró a la Policía”, y el juez señala: “No tengo herramientas”. A veces la excarcelación llega por fax y
quién cometió el delito sale liberado.
Está
claro que esto no va a resolver la situación; está claro que este proyecto es
un elemento más, para intentar parar una ola compleja que existe. La persona
que trabaja conmigo aquí en Buenos Aires me llamó hace tres o cuatro horas y me
dijo que lo habían asaltado y robado su mochila después de recibir tres o
cuatro patadas. Eso se vive constantemente. Seguramente en ese barrio, cuando
uno va a la seccional –creo que es la 36°‑ y habla con el comisario, este
puede llegar a decir: “Yo sé, más o menos, quiénes son”.
Creo que no podemos seguir así; sabiendo quiénes
son y, en muchos casos, habiéndolos llevado a la policía en cinco, seis o siete
oportunidades, para que después vuelvan a salir.
Sin
duda alguna, es dudoso el éxito de este sistema. Hay que dar un paso, y el
hecho de la excarcelación inmediata algo tiene que ver con las cosas que
ocurren en la Argentina. Esto no excluye los problemas sociales vinculados con
la pobreza, la pérdida de trabajo y tantas otras cuestiones. La ley es rígida;
tiene algunos artículos que pueden sonar complejos.
Está
claro que las provincias deberán o no adherirse; eso será un debate que se dará
en cada una de las legislaturas provinciales. Me parece inteligente que en esta
norma se haya puesto expresamente la facultad de las provincias de adherirse.
La
reincidencia es un instituto que requiere condena. Hasta que no exista condena,
la reincidencia no se da. Por eso, me parece que estos requisitos que se van
sumando permitirán, por lo menos, que esa frustración que sienten muchas
familias, ante la reiteración del robo y de saber quiénes son los que están
enfrente, o incluso, cuando el policía los lleva cinco o seis veces del pueblo
a la Justicia y vuelven antes que él, seguramente podrá aliviarse.
A los que tienen miedo de que esta medida meta
presa a mucha gente, sin excusas, sin razones, les digo que los casos que
existen con nombre propio son muchos. Hoy mismo hay famosos en la Argentina
que, si tuviéramos que considerar los institutos que deberían cumplir para
estar en prisión, quizás no deberían estarlo. Conocemos los nombres de muchos.
De manera que hoy día, con las instituciones, las reglamentaciones y la
legislación que existen, un juez puede negar la excarcelación a alguien, si así
lo desea.
Me
quiero ir tranquilo, sabiendo que no volverá a repetirse la situación de que un
juez diga: “Salió cinco veces porque no tenía las herramientas para dejarlo
detenido”.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por el Chaco.
Sr.
Pedrini.- Señor presidente: el tema que estamos
considerando es muy sensible a todos los argentinos que provenimos de los
viejos territorios nacionales. Las provincias del Chaco, Formosa, La Pampa,
Misiones, las patagónicas, como Neuquén, como un resabio de la vieja Argentina,
tienen cárceles nacionales en su territorio. Esto hace que tal situación sea de
principal importancia.
Tuvimos
en el Chaco un caso que se nombró acá, con Tatiana Kolodziey. Ella fue
asesinada por una persona que tenía una libertad condicional. El juez que le
había dado la libertad fue Axel López, quien luego fue juzgado por el Consejo
de la Magistratura y, lamentablemente para los chaqueños, resultó absuelto.
Estamos hablando de un juez que dio la libertad condicional a una persona sin
siquiera haberla entrevistado. Ese caso es común prácticamente en todas las cárceles
federales.
Los
delitos se cometen en Buenos Aires, la Capital Federal; los reos son llevados a
los viejos territorios nacionales –hoy provincias‑; los jueces de
ejecución permanecen en la Capital Federal y, por control remoto, van
decidiendo una u otra libertad. Esto hace que el sistema realmente no funcione.
Lo mismo podemos decir del estado de las cárceles; tanto las federales como las
provinciales en la Argentina, salvo honrosas excepciones, dejan muchísimo que
desear. Lo común es que colapsen. Tenemos reos hasta debajo del Palacio de
Justicia en Buenos Aires. Ya no hay lugar para encarcelarlos y entonces quedan
allí, donde tendrían que estar solamente por una noche; y están semanas o
meses.
En
las provincias es común el intercambio de presos entre las jurisdicciones
nacionales y provinciales. ¿Qué sucede con los juzgados de ejecución de la
pena? La verdad es que están en una situación calamitosa. Hay jueces designados
y sin lugar físico para ejercer su magistratura. Reitero: hay jueces sin lugar
físico para ejercer su magistratura. No tienen personal, computadoras ni
impresoras. Aquí cerca, dos juzgados de ejecución penal comparten un edificio
con la Administración de Parques Nacionales. Esto es una vergüenza y,
lógicamente, un gran peligro para todos.
Frente
a esta situación, ¿cómo aspiramos a resolverla? Con mayor demagogia punitiva.
Pero éste decididamente no es el camino. Lo único que lograremos con estas
leyes es complicar una situación que de por sí es sumamente compleja.
¿Los
miembros de la Comisión de Legislación Penal hablaron con algún juez de
ejecución de las penas? No; con ninguno. A ninguno se le pidió opinión.
Mientras tanto, se aduce que no hay recursos. Sin embargo, el Poder Judicial,
la Corte Suprema, reposa tanta injusticia sentada sobre plazos fijos por más de
11.000 millones, y resulta que no hay recursos para poner en marcha estos
juzgados de ejecución penal.
Creo
que no es con estas limitaciones como vamos a solucionar este problema, otra
vez creando registros y nuevos informes. Cuando fui ministro de Gobierno del
Chaco me tocó recorrer las cárceles, tanto federales como provinciales. Acá se
habla de un registro de huellas genéticas digitalizadas, de un registro
nacional de beneficios y de otras medidas procesales. Señores: es un problema
darle el DNI a los presos. ¿De qué registro de huellas genéticas digitalizadas
estamos hablando cuando no podemos garantizar que cada preso cumpla con su
derecho a la identidad, que es tener un documento nacional de identidad?
La
verdad es que estas limitaciones permanentes a la libertad anticipada lo único
que van a lograr es complicar aún más la situación. Las cárceles están
colapsadas; de continuar con este tipo de políticas, creo que van a tener que
habilitar los techos para alojar presos.
Las
políticas de demagogia punitiva ya demostraron que no sirven para combatir el
delito, y no servirán tampoco para solucionar los problemas que tenemos con los
jueces de ejecución penal. Lo que hace falta son recursos y que en cada provincia
exista un juez de ejecución penal si es que realmente quieren que exista una
audiencia personal y que el juez decida la libertad, o no, a través de una
entrevista personal.
Desde
ya, anticipamos que no vamos a votar leyes que solo nos garantizan un nuevo
fracaso. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Selva.- Señor presidente: me hubiera gustado que
mi primera intervención en este ámbito estuviera relacionada con un aspecto
positivo de desarrollo y no con un carácter restrictivo, como lo que se nos
está sometiendo a debate.
Tal
vez lo que voy manifestar esté fuera de contexto para la mayoría del cuerpo,
pero quiero decir lo siguiente. He estado presente durante todo el debate y he
escuchado muchas aseveraciones que ameritan mi pedido de uso de la palabra para
poder dejar en claro mi posición personal con respecto a este tema.
Primero
quiero ratificar mi identificación con los fundamentos de apoyo al proyecto que
han dado los dos expositores de mi bloque, cuyas palabras hago propias. En
segundo lugar, quiero aclarar algunas situaciones que se han manifestado a lo
largo de este extenso debate. Pero quiero dejar en claro tres cosas: primero,
que no soy rubio; segundo, que no soy abogado; y tercero, que no tuve, no tengo
ni tendré alma de buchón.
Se
han aseverado algunas cuestiones como que el objetivo de esta norma es
solamente sistematizar y estigmatizar a una determinada clase de personas por
su color de tez. Quienes tienen una posición contraria al proyecto han dicho
que quienes lo vemos positivamente pensamos en ese sector social. Esto me
obliga a manifestar lo que voy a decir, con el mayor de los respetos.
He
escuchado fundamentar en contra con palabras que casi agravian a quienes pensamos
distinto. También he escuchado aseveraciones por parte de personas por las
cuales tengo el mayor de los respetos cuando se habla de derechos humanos, como
es el caso del señor diputado Carlotto. En este caso, lo vemos distinto. El
diputado Closs hacía mención también a los que nos tocó la responsabilidad de
la gestión.
Quiero
ratificar algo que se dijo en alguna de las fundamentaciones: que cuando
escuchamos la voz de la sociedad, no la podemos escuchar de un solo lado. La
expresión terrible y agraviante, que es lo de la puerta giratoria para las
víctimas, nadie lo puede negar. Acá no se trata de un número estadístico,
acerca de cuántos detenidos en cárceles hay, ni de cuál es la problemática del
sistema penitenciario. En todo caso, esta es una discusión que habrá que dar en
el ámbito que corresponda.
Vuelvo
a aclarar que no soy abogado porque tal vez no use una terminología jurídica.
Quiero señalar que originalmente este proyecto, que no tiene dueño –como
señalaba con mucha certeza algún diputado‑, tenía un articulado que fue
modificado por el trabajo que se hizo en las comisiones abarcando muchos más
ámbitos de los que se tenía previsto.
De
manera que este es el dictamen que se ha emitido sobre la base de una
problemática reconocida: la liviandad con que muchas veces la sociedad expresa
que es muy barato delinquir. Eso no tiene que significar que el encarcelamiento
debe ser el sistema de la seguridad, pero en este caso vuelve a aparecer el eje
que motivó esta norma, que fue el tema de las víctimas.
Este
proyecto se presentó con antelación al que hemos tratado con respecto a la
defensa de las víctimas, respecto del que también me sentí motivado y
entusiasmado para acompañar.
Es
una realidad compleja de definir. No hay acciones que puedan solucionar esto.
El fondo es la Justicia, como se ha manifestado, pero nosotros tenemos que
crear herramientas.
Señor
presidente: si he vertido estas expresiones es porque creo que, más allá de los
fundamentos de convencimiento que tendrán cada uno de los legisladores, no
podemos menoscabar la imputación de hechos. Por lo menos yo me sentí molesto y
agraviado. Por eso he querido expresar estas palabras.
Reitero
mi identificación con el proyecto y con la representación de mi bloque.
Entiendo que esto es un paso más para las víctimas, como el proyecto que hemos
estado discutiendo el otro día en este mismo ámbito. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión
de Legislación Penal recaído en el proyecto de ley sobre modificación de la ley
24.660, de pena privativa de la libertad, sobre reinserción en caso de delitos
contra la integridad sexual y sobre libertad condicional. Orden del Día N° 924.
Sr.
Tailhade.- Ese es el segundo, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene razón, señor diputado Tailhade. Es el que está segundo.
Pero como ya lo anuncié, lo votaremos en primer lugar.
Sra.
Copes.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Copes.- Señor presidente: si primero vamos a
votar el Orden del Día 924, en mi inserción dejaré constancia de lo que pensaba
decir sobre algunos artículos en particular, a fin de ahorrar tiempo.
Sr.
Presidente (Monzó).- De acuerdo, señora diputada.
Entonces,
votaremos primero el Orden del Día 924.
Sra.
Llanos.- Señor presidente: solicito autorización
para abstenerme en la votación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se la autorizará a
abstenerse en la votación.
-Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar en general.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
205 señores diputados presentes, 134 han votado por la afirmativa y 69 por la
negativa, registrándose además 1 abstención.
Sr. Secretario (Inchausti).- Votaron
134 señores diputados afirmativamente y 69 negativamente, y hubo una
abstención. (Aplausos en las bancas.)
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: solicito que conste mi
voto afirmativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Así constará, señor diputado.
Tiene
la palabra el señor diputado por San Juan.
Sr.
Gioja.- Señor presidente: quiero que conste mi
voto por la negativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se tiene presente, señor diputado.
Tiene
la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Lusquiños.- Señor presidente: discúlpeme, pero no
corresponde computar el voto del diputado Negri porque la votación ya había
terminado. Si el resultado hubiese sido un empate…
Sr.
Presidente (Monzó).- El señor diputado Negri llegó durante la votación, pero no pudo
identificarse.
Sr.
Lusquiños.- Señor presidente: insisto en que si
la votación salía empatada, la hubiera definido el señor diputado Negri con su
voto, lo que no corresponde.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia estima que el señor diputado Negri llegó antes de
estar cerrada la votación. Veremos el Telebeam. (Risas.)
En
consideración en particular el artículo 1°.
Se
va a votar.
-Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 2°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: enunciaré los artículos
que van a tener modificaciones. Se van a introducir modificaciones en los
artículos 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 11, 12, 13, 15, 20 y 23.
Sr.
Presidente (Monzó).- Solicito al señor diputado que vaya enunciado las modificaciones
a medida que se pongan en consideración los respectivos artículos.
Sr.
Petri.- Simplemente era para que usted ya lo
supiera, señor presidente.
En
cuanto al artículo 2°, por el que se modifica el artículo 5° de la ley 24.660,
el párrafo tercero de ese artículo 5° deberá leerse de la siguiente manera:
“Deberá atenderse a las condiciones personales del condenado, y a sus intereses
y necesidades durante la internación y al momento del egreso.”
A
su vez, el párrafo cuarto quedará redactado así: “El desempeño del condenado,
que pueda resultar relevante respecto de la ejecución de la pena, deberá ser
registrado e informado para su evaluación.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas por la Comisión, se va a votar
el artículo 2°.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 3°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: en el primer párrafo
del artículo 6°, cuya modificación se propone en este artículo, quedará
redactado así: “El régimen penitenciario se basará en la progresividad,
procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y
promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a
instituciones semiabiertas o a secciones separadas regidas por el principio de
autodisciplina”.
Esta
sería la incorporación que hacemos en el artículo 3°.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta por la Comisión, se va a votar el
artículo 3°.
-Resulta afirmativa.
-Sin observaciones, se vota y aprueba el
artículo 4°.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 5°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: el artículo 5°, que
modifica el artículo 8°, debe consignar la siguiente redacción: “Artículo 8°:
Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o
distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición
social o cualquier otra circunstancia. Las únicas diferencias obedecerán al
tratamiento individualizado, a la evolución en el régimen progresivo y a las
disposiciones de la ley.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta por la Comisión, se va a votar el
artículo 5°.
-Resulta afirmativa.
-Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo
6°.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 7°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: en el artículo 7° se
incorpora un nuevo artículo, que es el 11 bis -por lo que posteriormente se
deberá renumerar por Secretaría-, que reza lo siguiente: “La víctima tendrá
derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime
conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie
cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona
condenada a:
“a)
salidas transitorias;
“b)
régimen de semilibertad;
“c)
libertad condicional;
“d)
prisión domiciliaria;
“e)
prisión discontinua o semidetención;
“f)
libertad asistida;
“g)
régimen preparatorio para su liberación.
“El
Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia
condenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca de
los planteos referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la víctima
deberá fijar un domicilio, podrá designar un representante legal, proponer
peritos y establecer el modo en que recibirá las comunicaciones.
“Incurrirá
en falta grave el juez que incumpliere las obligaciones establecidas en este
artículo.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas la Comisión, se va a votar el
artículo 7°.
-Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 8°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: en el artículo 8°
simplemente se modifica el inciso c).
Voy a leer cómo debe quedar redactado: “Indicar la fase del período de
tratamiento que se propone para incorporar al condenado y el establecimiento,
sección o grupo al que debe ser destinado.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Banfi.- Señor presidente: quisiera saber si el
artículo 8° que se está leyendo ahora es el 7° del texto original. ¿Es el que
empieza con “Modifíquese” o el que comienza con “Incorpórase”?
Sr.
Presidente (Monzó).- Comienza diciendo: “Incorpórase el artículo 13 bis a la ley
24.660...”
Sra.
Banfi.- Muy bien, señor presidente, pero en el
artículo 7°, que comienza con “Modifíquese…” y que leyó el señor diputado Petri
con una nueva redacción, yo tengo una observación que formular.
Sr.
Presidente (Monzó).- El artículo 7° ya se votó, señora diputada, por lo que habría
que reconsiderarlo.
Sra.
Banfi.- ¿No sería el actual artículo 8°? El señor
diputado Petri dijo que se había incorporado un artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Reitero que el artículo 7° ya se votó.
Tiene
la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
David.- Señor presidente: tengo entendido que el
señor diputado Petri propuso la incorporación de un artículo nuevo, que iría
antes del artículo 7° del texto despachado por la comisión. Por ende, la
modificación que acaba de proponer el mismo diputado se refiere al artículo 7°
del despacho, en su inciso c). Antes hubo una incorporación y por eso se pidió
volver a numerarlos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Le pido al señor diputado Petri que aclare la cuestión.
Sr.
Petri.- Señor presidente: en el artículo 8° se
modifica el artículo 13 de la ley 24.660, y al respecto anticipé que íbamos a
modificar el inciso c).
Sr.
Presidente (Monzó).- Yo no tengo un inciso c) en el artículo 8°.
Sr.
Petri.- Sería el artículo 7°, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Entonces, ahí es donde está el problema, señor diputado. El
artículo 7° sí contiene un inciso c), pero acaba de mencionar el artículo 8°.
Sr.
Petri.- Disculpe, señor presidente. En el
artículo 7° propuse una modificación respecto del inciso c), donde antes decía
“Indicar el establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado”.
Vamos
a tener que aceptar la reconsideración, no solo para hacer la modificación que
mencioné sino también para suprimir el inciso e), conforme lo solicita la
diputada Banfi.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Banfi.- Señor presidente: no debemos reconsiderarlo,
porque cuando yo pedí la palabra, el señor diputado Petri planteó la
modificación del inciso c), que es lo
que vamos a votar ahora.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia llamó a votar el artículo 7°. Pudo existir una
equivocación de nuestra parte, y como dice el señor diputado David, lo que
corresponde votar es la incorporación del artículo 11 bis a dicho artículo 7°.
Se
va a votar si se reconsidera el artículo 7°.
- Resulta afiramtiva.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consecuencia, se va a votar nuevamente el artículo 7°, con la
incorporación del artículo 11 bis de la ley 24.660 propuesta por el señor
diputado Petri.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones se vota y aprueba el
artículo 8°.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 9°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: en el artículo 9° no
hay modificaciones en el primer párrafo, pero sí en el segundo, referido al
período de tratamiento que se desarrollará en tres etapas o fases. A la primera
etapa, Fase 1, se la denomina a partir de ahora “Socialización”, y a la segunda
fase se la denomina “Consolidación”.
Presento
de esta manera la modificación para no leer todo el artículo, que es muy
extenso.
Por
último, se hacen modificaciones en los incisos. El inciso a) del punto 2, quedará redactado de la siguiente manera: “Poseer
conducta Buena cinco, y concepto Bueno cinco.” La Fase 3 se denomina
“Confianza”, y el segundo párrafo quedaría redactado así: “Para acceder a esta
fase de tratamiento deberá poseer en el último trimestre conducta Muy Buena
siete y concepto Bueno seis y darse pleno cumplimiento a los incisos b), c), d), e), f) y g) previstos para la incorporación al
período de consolidación.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 9° con las modificaciones propuestas
por la comisión.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 10 y 11.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 12.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: en el artículo 12 se
modifica el inciso c), que debe
leerse: “bajo palabra de honor”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar con la modificación propuesta por la comisión.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 13 y 14.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 15.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: en el tercer párrafo
debe leerse lo siguiente: “El juez en su resolución indicará las normas que el
condenado deberá observar y suspenderá o revocará el beneficio si el
incumplimiento de las normas fuere grave o reiterado.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar, con la modificación propuesta por la comisión.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 16 a 19.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 20.
Tiene la palabra el señor diputado por
Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: el artículo 20 modifica
el artículo 28, y en el cuarto párrafo deberá leerse la siguiente frase: “El
interno y la víctima podrán proponer peritos especialistas a su cargo, que
estarán facultados para presentar su propio informe.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar, con la modificación propuesta por la comisión.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 21 y 22.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 23.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: en el mismo sentido que
la modificación anterior, en el sexto párrafo de este artículo deberá leerse:
“El interno y la víctima podrán proponer peritos especialistas a su cargo, que
estarán facultados para presentar su propio informe.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 23, con la modificación propuesta por
la comisión.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota el artículo
24.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 25.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: en el artículo 25 se
modifica el inciso d), que debe
leerse de la siguiente manera: “se revocare la libertad condicional dispuesta
en el artículo 15 del Código Penal, en el caso que el condenado haya violado la
obligación de residencia.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 25, con la modificación propuesta por
la comisión.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el
artículo 26.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 27.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: en el quinto párrafo
deberá leerse el siguiente texto: “El juez de ejecución o juez competente
deberá denegar la incorporación del condenado a este régimen cuando considere
que el egreso puede constituir un grave riesgo para el condenado, la víctima o
para la sociedad.” Y en el párrafo octavo deberá leerse: “El interno y la
víctima podrán proponer peritos especialistas, que estarán facultados para
presentar su propio informe.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 27, con las modificaciones propuestas
por la comisión.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 28 a 33.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 34.
Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: durante la discusión
de este tema en general propusimos un agregado al artículo 34 por el que se
modifica el artículo 160 de la ley 24.660, referido a la prohibición del uso de
teléfonos celulares dentro de los sistemas penitenciarios.
En
este sentido, proponemos la incorporación de los siguientes párrafos: “Las
operadoras del servicio de telefonía móvil deberán realizar las siguientes
acciones: 1) reubicar la infraestructura de antena a fin de prestar el servicio
de telefonía móvil solamente en las áreas urbanas lindantes; 2) instalar
picoceldas orientadas a las áreas urbanas cercanas a los establecimientos
penitenciarios cuando la reubicación de las antenas no sea la forma apropiada
para anular la señal de la telefonía móvil; 3) colocar equipos inhibidores de
señal de telefonía móvil en los establecimientos penitenciarios emplazados
prioritariamente en zonas rurales.”
El
último párrafo que se agrega dice así: “La violación a la prohibición prevista
en este artículo será considerada falta grave en los términos del artículo 85
de esta ley.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: la comisión acepta las
modificaciones propuestas por el señor diputado Brügge.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 34 con las modificaciones propuestas
por el señor diputado por Córdoba y aceptadas por la comisión.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el
artículo 35.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 36.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: el segundo párrafo de
este artículo debe leerse de la siguiente manera: “En los casos de las personas
procesadas o condenadas por los delitos previstos en el artículo 128 tercer
párrafo, 129 segundo párrafo y 131 del Código Penal, o respecto de otros
delitos cuando el juez lo estimare pertinente, se exigirá en todos los casos el
acompañamiento de dos (2) empleados del Servicio de Custodia, Traslados y
Objetivos Fijos del Servicio Penitenciario Federal.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 36 con las modificaciones propuestas
por la comisión.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 37 a 40.
- El artículo 41 es de forma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley. (Aplausos en las bancas.)
Se
comunicará al Honorable Senado.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén.
Sra.
Villar Molina.- Señor presidente: quería decir
que en ocasión de la votación del proyecto contenido en el Orden del Día 887
tuve que ausentarme momentáneamente de mi banca. Mi voto hubiese sido por la
afirmativa y quiero que quede constancia de ello.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de
Legislación Penal recaído en el proyecto de ley sobre otorgamiento de
libertades durante el proceso penal (Orden del Día N° 926).
Tiene
la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Copes.- Señor presidente: pido permiso a la
Honorable Cámara para abstenerme en la votación. He estado en este tema y, como
saben, hemos trabajado largamente en el proyecto referido a las víctimas. El
reclamo social es perfectamente legítimo, pero no me parece que esta sea la
solución.
Por
lo expuesto, me abstendré de votar.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.
Sra.
Terada.- Señor presidente: por las mismas razones
vertidas por la señora diputada Copes, solicito autorización al cuerpo para
abstenerme de votar.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra.
Martínez Villada.- Señor presidente: en el mismo
sentido en que se expresaran las señoras diputadas preopinantes, solicito
autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente (Monzó).- Si hay asentimiento, la Cámara autorizará las abstenciones de las
señoras diputadas.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Monzó).- Quedan autorizadas las abstenciones de las señoras diputadas.
Se va a
votar nominalmente en general el dictamen de mayoría la Comisión de Legislación
Penal recaído en el proyecto de ley sobre otorgamiento de libertades durante el
proceso penal (Orden del Día N° 926).
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
189 señores diputados presentes, 118 han votado por la afirmativa y 63 por la
negativa, registrándose además 7 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han
votado 118 señores diputados por la afirmativa y 63 por la negativa. Se han
registrado 7 abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado en general el dictamen de mayoría. (Aplausos en las bancas.)
En
consideración en particular el artículo 1°.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 2°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: tanto en el artículo 2°
como en el 4° plantearemos modificaciones.
En
el caso del artículo 2°, proponemos suprimir la palabra “sustitutiva”.
Sr. Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta por el señor miembro informante, se
va a votar el artículo 2°.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el
artículo 3°.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 4°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: el artículo 4° debe
leerse de la siguiente manera: “Peligro para la víctima. Se entiende que la
seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado,
cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá hostigar,
amenazar o atentar contra ella, su familia o sus bienes.”
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas por el señor miembro
informante, se va a votar el artículo 4°.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 5° a 9°.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 10.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: el artículo 10
establece la adhesión de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, pero este artículo pasará a ser el 12. Por lo tanto, el artículo 10 que
deberíamos poner en consideración es el actual 11, que tiene una modificación
en su encabezado. Si quieren, puedo leerlo.
Sr. Presidente (Monzó).- Adelante, señor diputado.
Sr.
Petri.- Se suprime del artículo 11 –actual 10- el
primer párrafo, que dice: “Sustitúyese el artículo 188 del código aprobado por
el artículo 1° de la ley 27.063 por el siguiente: Artículo 188”.
Todo
esto que acabo de leer debe suprimirse, y el artículo 10 comenzaría con
“Peligro de fuga”.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas por el miembro informante, se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 12, si he entendido bien la
numeración.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: el artículo 12 pasa a
ser 11 a partir de la nueva numeración.
En
este artículo proponemos suprimir el siguiente texto: “Sustitúyese el artículo
189 del código aprobado por el artículo 1° de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 189”.
Lo
que acabo de citar es lo que debería ser suprimido, de manera que el artículo
comenzaría con “Peligro de entorpecimiento”.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas por el miembro informante, se
va a votar el artículo 12.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: quisiera aclarar dos
cuestiones. El artículo 12 consistirá en la invitación a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires “a adherir a la presente y a coordinar sus
regulaciones procesales con lo previsto en la presente ley”.
Además,
hay un artículo 13 por el que se sustituye el artículo 319 del Código Procesal
Penal de la Nación, aprobado por la ley 23.984, por el artículo 10 de la
presente norma.
Se
agrega un artículo 14, que incorpora como artículo 319 bis al Código Procesal
de la Nación, aprobado por la ley 23.984, el artículo 11 de esta norma.
También
habría un artículo 15 que sustituye el artículo 188 del código aprobado por el
artículo 1° de la ley 27.063, por el artículo 10 de esta norma.
El
último artículo, el 16, sustituye el artículo 189 del código aprobado por el
artículo 1° de la ley 27.063, por el artículo 11 de esta norma.
Con
dichos artículos estamos incorporando el peligro de fuga y el peligro de
entorpecimiento tanto en el Código Procesal vigente como en el Código Procesal
aprobado por este Congreso y que aún no entró en vigencia.
Sr. Presidente (Monzó).- Se van a votar, según la nueva numeración, los artículos 12, 13,
14, 15 y 16, propuestos por el señor miembro informante.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 17 es de forma.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Honorable Senado. (Aplausos
en las bancas.)
- 18 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General ‑Orden
del Día N° 937‑ recaído en el proyecto de ley del señor diputado Sánchez por
el que se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación en lo referente al
bien de familia y se crea el Sistema Nacional de Información de los Registros
de la Propiedad Inmueble (expediente 2.908-D.-2016).
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 937
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Como
el tratamiento de este proyecto será muy rápido, informo a los señores diputados
que lo estaremos votando en unos 20 minutos.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: se trata de un
proyecto muy sencillo. Tiene como antecedentes legislaciones similares de las
provincias de Buenos Aires y de Córdoba y se basa en lo que hoy prescribe el
Código Civil en su artículo 244: la protección del bien de familia.
El
proyecto introduce una modificación sustancial. El régimen vigente requiere de
una acción positiva del titular de dominio de la vivienda. La vivienda debe
cumplir los requisitos establecidos en el código y el titular debe inscribir la
propiedad en el registro como bien de familia.
En
este proyecto se invierte la modalidad para que estos inmuebles –solo se puede
proteger un inmueble por familia‑ no requieran su inscripción. Solo se
requerirá dicha inscripción cuando la familia tuviera más de un bien, en cuyo
caso el titular del dominio deberá escoger cuál de los bienes estaría protegido
como bien de familia.
Para
que lo entienda todo el mundo, señor presidente, cabe aclarar que si bien
cualquiera de nosotros sabe qué debe hacer para proteger un inmueble con el
instituto del bien de familia, conoce los requisitos necesarios y sabe que es
necesario registrarlo, en nuestro país hay muchas familias que apenas logran
tener el inmueble en el que habitan todos los miembros del núcleo familiar y
que no saben que existe el instituto del bien de familia.
Es
por eso que en este proyecto de ley invertimos la modalidad; es decir, si la
propiedad reúne los requisitos establecidos –vivienda única de ocupación permanente y cuyo valor no exceda las
necesidades de sustento y vivienda del beneficiario o los beneficiarios‑
queda automáticamente afectada como bien de familia. Es así de simple; la
legislación argentina –en este caso el Código Civil‑ supondrá por simple
derecho que está protegida como bien de familia.
Hubo
varias dudas sobre la iniciativa, señor presidente; puedo abundar en detalles
si así lo desean, pero lo cierto es que el proyecto solo tiene tres artículos.
Algunas
de las preguntas fueron qué ocurre si la familia quiere poner el inmueble como
garantía de algún crédito. En ese caso, para disponer del inmueble deberán
registrarlo como no afectado al bien de familia ante un escribano público o
ante el Registro de la Propiedad Inmueble.
Otra
de las preguntas que se formularon era qué ocurría si existía más de un bien.
En ese sentido, sigue siendo tal como se establece hoy el régimen del bien de
familia.
Con
esta iniciativa protegemos las casas de muchos argentinos que no saben que
pueden hacerlo y cuyas viviendas pueden ser ejecutadas por deudas al no estar
protegidas por no hacer lo que muchos de nosotros sabemos que tenemos que hacer
para que estén protegidas.
Las
provincias de Buenos Aires y de Córdoba ya han implementado esta modalidad.
Queremos que el resto de las provincias también cuenten con esta posibilidad a
partir de la presente modificación del Código Civil.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: como se hizo mención a
la provincia de Córdoba, quería aclarar que efectivamente en 1987 se reformó la
Constitución de la provincia y se incorporó al artículo 58 la inembargabilidad
de la vivienda única.
En
ese momento yo era asesor de la Convención Constituyente y manifesté que el
procedimiento era inconstitucional, ya que entendía que era legislación de
fondo. Luego se sancionó la ley 8.067, que reglamentó la inembargabilidad de la
vivienda única.
La
Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2002, en el caso “Banco del Suquía S.A. c/ Juan Carlos
Tomassini” ‑ratificado luego en el caso “Romero Carlos E. c/ Andrés F. Lema” en 2006‑ declaró la
inconstitucionalidad del artículo 58 de la Constitución provincial y de la ley
provincial por entender que era legislación de fondo.
Esto
lo traigo a colación porque entiendo que es en el Código Civil donde hay que
reglamentar esta modalidad. Estamos hablando del derecho de propiedad, cuya
reglamentación y regulación es competencia exclusiva del Código Civil y
Comercial de la Nación, conforme lo establece el artículo 75, inciso 12), de la
Constitución Nacional.
Por
supuesto, vamos a acompañar este proyecto.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
David.- Señor presidente: vamos a acompañar este
proyecto.
Nos
parece muy loable este cambio radical para que todos aquellos que tienen una
única propiedad afectada como vivienda de su familia puedan acceder
directamente al régimen del bien de familia –tal como plantea el proyecto‑
y por ende su propiedad quede fuera del comercio.
Ahora
bien, también quiero alertar sobre el hecho de que el régimen será distinto si
el individuo tuviera más de una vivienda, por cuanto los sistemas registrales,
que son provinciales y que están en manos de las provincias, requerirán de un
trabajo importante para evitar que cualquier situación pueda aparecer como
fraudulenta frente al objetivo de esta ley. Entonces, simplemente propongo
instar a las reglamentaciones en lo que corresponde a los registros para que
esto pueda llevarse adelante.
Nos
parece una buena modificación. Como bien planteó el miembro informante, son
justamente aquellas personas que más necesidades tienen y a quienes a veces más
les cuesta llegar a obtener su vivienda, las que más desconocen que cuentan con
la posibilidad de protegerlas mediante estos mecanismos. Es por ello que nos
parece sumamente importante que el sistema sea automático y en beneficio de
quienes más lo necesitan.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión
de Legislación General recaído en el proyecto de ley por el cual se modifican
los artículos 244 y 245 del Código Civil y Comercial de la Nación sobre bien de
familia y se crea el Sistema Nacional de Información de los Registros de la
Propiedad Inmueble (Orden del Día N° 937).
Tiene
la palabra el señor diputado por La Pampa.
Sr.
Ziliotto.- Señor presidente: vamos a proponer,
según lo acordado con el miembro informante, un pequeño agregado al artículo
1°. Por eso solicito que se vote primero en general y luego en particular.
Sr.
Presidente (Monzó).- Puede plantear ahora la modificación que propone, señor
diputado.
Sr.
Ziliotto.- Señor presidente: se trata de un
agregado que va en línea con el espíritu de este proyecto de ley, que tiende a
proteger a quienes menos tienen.
Queremos
agregar, sin ningún tipo de limitantes, el derecho de todos aquellos
beneficiarios que hayan recibido su vivienda a través de planes sociales
nacionales, provinciales o municipales a que sus viviendas sean bienes de
familia sin necesidad de registrarlas y sin
ningún tipo de condicionamientos.
Planteamos
entonces incorporar como tercer párrafo del artículo 1° el siguiente texto: “Las viviendas que sean adjudicadas a
través de planes oficiales, sean nacionales, provinciales o municipales estarán
afectadas al presente régimen de protección desde el momento del otorgamiento
de la escritura y sin necesidad de inscripción previa.”
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Sánchez.- Estamos de acuerdo, señor presidente.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Abraham.- Señor presidente: quisiera hacer una consulta al
miembro informante.
Considero que el espíritu del proyecto
es muy bueno. Justamente se basa en el desconocimiento que han tenido muchos
argentinos de que la vivienda podría ser anotada como bien de familia.
La pregunta concreta es si esta norma
es retroactiva. Digo esto porque puede haber propietarios con deudas anteriores
a la vigencia de esta norma a quienes todavía no han embargado sus inmuebles y
podría quedar afectada la integridad de lo que estamos tratando de proteger.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Sánchez.- Entiendo que no puede ser retroactivo porque rige el
régimen actual. Por lo tanto, la relación entre el acreedor y el deudor y sus
ejecuciones se basa en las leyes vigentes. Obviamente, van a pasar a estar
cubiertos frente a determinadas deudas a partir de la sanción del presente
proyecto.
Sr. Presidente (Monzó).- Con
la modificación propuesta y aceptada por la comisión se va a votar nominalmente
en general y en particular el dictamen de la Comisión de Legislación General
recaído en el proyecto de ley del señor diputado Sánchez sobre bien de
familia (Orden del Día N° 937).
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al
tablero electrónico, sobre 174 señores diputados presentes, 172 han votado por
la afirmativa. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 172 señores diputados por
la afirmativa.
aquí votación nominal
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Recalde.- Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto
por la afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda
sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos en las bancas.)
- 19 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Peticiones, Poderes y
Reglamento y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en
revisión del Honorable Senado sobre creación de la Oficina de Presupuesto del
Congreso de la Nación (Orden del Día N° 914).
aquí orden del día N° 914
Sr. Presidente (Monzó).-
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por
Santa Fe, quien comparte su tiempo con el señor diputado Laspina.
Sr. Spinozzi.- Señor presidente: vamos a considerar el proyecto de
creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación venido en
revisión del Honorable Senado.
No somos pocos los que pensamos que el
fracaso de algunas naciones está íntimamente relacionado con su baja calidad
institucional. Incluso hay quienes van más allá y afirman que las instituciones
explican la economía.
Sr. Presidente (Monzó).-
Solicito a los señores diputados que hagan silencio.
Sr. Spinozzi.- La Cámara de Diputados de la Nación durante este año
parlamentario ha mostrado un interés particular en avanzar en proyectos
vinculados con la calidad institucional de la República Argentina. Sin duda la
iniciativa más emblemática ha sido la ley de libre acceso a la información. Podríamos
agregar también a esa lista proyectos que han estado esperando por años su
tratamiento y aprobación, como el relativo a la conformación de la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, la
modificación del artículo 37 de la ley de Administración Financiera ‑artículo
conocido como el de los superpoderes‑ o la reforma de la ley electoral
para dejar atrás la antigua boleta de papel y buscar un sistema más moderno,
transparente y eficaz.
En esa lista de proyectos podemos
incluir entonces la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la
Nación. Se trata de un proyecto que muchos señores legisladores solicitaron durante
el tratamiento de la ley de presupuesto que hemos votado días atrás. En el
momento de la discusión quedó en evidencia la necesidad de contar con un mayor
nivel de información acerca de la ejecución presupuestaria, del funcionamiento
de los programas tratados en presupuestos anteriores, del nivel de la deuda o
su impacto y del costo de muchos de los proyectos que presentan los señores
diputados. Por eso, con el diputado Laspina asumimos el compromiso de que una
vez terminada la discusión del presupuesto debatiríamos sobre la creación de
esta oficina.
No exagero si digo que cientos de
diputados y diputadas en estos años también han firmado proyectos similares al
que tenemos en debate.
En ese sentido, como anticipé que
vamos a dar tratamiento al proyecto en revisión del Senado, quiero reconocer a
los autores de las iniciativa que hemos puesto en consideración en el plenario
de comisiones, que seguramente representan a esos otros diputados que a lo
largo del tiempo han presentado sin suerte una buena cantidad de proyectos. Me
refiero a los proyectos presentados por los señores diputados Rubén Giustozzi, Alicia
Ciciliani, Ana Carla Carrizo, Luciano Laspina, Elva Balbo ‑a quien tengo
el gusto de acompañar con mi firma‑, Carla Pitiot y Diego Bossio.
Todos esos proyectos que cuentan con
notables coincidencias fueron analizados junto con el proyecto en revisión que
vino del Senado. Tuvimos entonces la oportunidad de incorporar las reformas que
estamos considerando, por lo que deberá regresar a la Cámara de Senadores en
búsqueda de su sanción definitiva.
Estamos convencidos de que este
Parlamento puede fortalecer su incidencia en materia presupuestaria no
necesariamente aumentando el poder presupuestario sino mejorando sus capacidades
institucionales para ejercerlas de manera más efectiva y responsable.
El principal propósito de esta oficina
es proveer a los parlamentarios de mayor información y mejor análisis independiente
sobre políticas fiscales y presupuestarias a fin de permitir una discusión más
equilibrada y mejor informada entre los dos poderes.
La paradoja y el principal desafío de
la Oficina de Presupuesto del Congreso residen en garantizar su imparcialidad e
independencia para servir mejor a las instituciones que por su naturaleza son
altamente politizadas.
Es muy curioso que un tema con tal
nivel de consenso a lo largo de todos estos años no haya podido transformarse
en ley.
Señoras y señores diputados: lo que
estamos haciendo hoy es un aporte inestimable a los futuros debates
presupuestarios y a este Congreso para lograr una notable mejora en su calidad
institucional. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Señor diputado Laspina: ¿va a hacer uso de los dos minutos que restan o le
anoto cinco minutos?
Sr.
Laspina.- Señor presidente: es un placer dedicar
estos dos minutos a la Oficina Nacional de Presupuesto, que en 33 años de
democracia no había logrado llegar a tener dictamen, y menos a ser sancionada
como ley.
Como
decía el señor diputado Spinozzi, este es un paso fundamental. La calidad
institucional a veces requiere que algún sector, con cierta ingenuidad, dé el
primer paso, tomando el riesgo de la responsabilidad que implica esta Oficina
de Presupuesto que durante muchos años ha sido frenada por los distintos
Poderes Ejecutivos, que veían en ella una amenaza.
Por
el contrario, nosotros creemos que esta oficina viene a mejorar la calidad de
la discusión presupuestaria en la Argentina y que nos vendría bárbaro para la
discusión que tenemos en los próximos días sobre el impuesto a las ganancias
tener ya funcionando una Oficina de Presupuesto del Congreso que nos pudiera
decir si los distintos proyectos que están a consideración de esta Cámara son
financiables, si van en la dirección correcta y si los impuestos que se
proponen son eficientes y pueden recaudar lo que se afirma.
Hemos
incorporado modificaciones al proyecto del Senado que creo que han sido
realmente muy buenas. Hemos incorporado el artículo 8° a pedido de la diputada
Margarita Stolbizer, el presupuesto sensible al género, el criterio de la
evaluación presupuestaria en función de los objetivos de desarrollo sostenible
de la Organización de las Naciones Unidas, y hemos creado una estructura
eficiente, profesional, con concursos transparentes de oposición y antecedentes
para la selección del personal. Y fundamentalmente hemos dado este gran paso
que hace años han venido propugnando otros legisladores antes que nosotros y
que lamentablemente han fracasado de manera sistemática. Me refiero a los
entonces diputados Raúl Baglini, Oscar Lamberto y Carlos Balter, que pasaron
por la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de
Diputados, y también a los senadores que no han podido obtener el logro que
este Congreso de la Nación ‑que a veces es castigado y vapuleado- va a
conseguir en los próximos días con la sanción de esta iniciativa que va a ser
girada al Senado de la Nación.
Esto
nos pone frente a una enorme responsabilidad. Hemos hecho una gran reforma hace
pocos días con la reducción de los denominados superpoderes en el artículo 37
de la Ley de Administración Financiera, que devuelve al Congreso sus atribuciones
en materia presupuestaria.
La
Oficina de Presupuesto está llamada a traer racionalidad y responsabilidad
fiscal en la discusión en este Parlamento. Hay un punto fundamental en este
dictamen, que hemos agregado a la sanción del Senado, que es que la Oficina de
Presupuesto va a evaluar también la sostenibilidad de la deuda pública. Esto
quiere decir que cuando discutamos la política presupuestaria, las reformas del
impuesto a las ganancias o cualquier otro gasto que estemos evaluando en el
Congreso de la Nación, tendremos un dictamen sobre las implicancias que
representan para el futuro de la deuda pública de los argentinos.
Es
una enorme responsabilidad. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias.
Otra vez, felicito a este Congreso y también al Senado, que dio origen a esta
iniciativa, por avanzar en una reforma institucional en materia fiscal que
diría que es la más importante de las últimas décadas en la República
Argentina. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
Sra.
Balbo.- Señor presidente: tal como dijera el
diputado preopinante, han sido innumerables los intentos para concretar esta
oficina de control de presupuesto para el Congreso, y todas han fracasado a lo
largo de los años.
Es
muy importante tener en cuenta que este es un enorme paso hacia la
transparencia y el manejo de los presupuestos del país. Es más, este paso
refleja la gran labor que ha hecho esta Cámara durante todo el año para lograr
inéditos consensos en temas de vital importancia para el país.
En
cuanto al proyecto, entiendo que supone un avance sobre la calidad de la
información de la que dispondremos los legisladores al momento de evaluar y
aprobar el presupuesto. Los presupuestos se hacen para ser cumplidos, y también
se hacen en función de cuáles son los recursos que vamos a obtener.
A
lo largo del año he visto innumerables proyectos que han entrado a las
comisiones sin tener en cuenta los impactos presupuestarios que podrían llegar
a provocar. Esta oficina va a venir a dar esa información de manera tal que
seamos mucho más asertivos, y devuelve al Congreso directamente la atribución
que le corresponde, que está dada por la Constitución Nacional en su artículo
75 inciso 8), dando cumplimiento fiel a sus deberes en la materia.
En
estos últimos tiempos y hasta la actualidad el Congreso no ha contado ni cuenta
con una adecuada información que le permita actuar ordenadamente en materia
presupuestaria. De esta manera, señor presidente, ha sido el Poder Ejecutivo
quien ha acaparado en su totalidad el manejo de las partidas presupuestarias y
de las partidas fiscales de nuestro país. Resulta entonces imprescindible
ajustar los niveles de información con que cuenta uno y otro poder a fin de
equiparar y permitir así un correcto trabajo de control republicano de poderes.
La
estructura con que se dota a la oficina va a ser altamente especializada y
capacitada, conformada por concurso de antecedentes y oposición, e incluso se
busca que sea por períodos anticíclicos, para que haya una renovación, evitando
así que la gente que esté en dicha oficina se mantenga allí por largos
períodos.
En
cuanto a los elementos que busqué para incorporar en mi propio proyecto,
entiendo que se podría haber trabajado un poco más en la posibilidad de
estipular mecanismos que regulen el acceso a la información que vaya a generar
esta oficina. Nosotros sabemos que somos sujetos de la reciente ley de
información pública y confío en que cuando se reglamente la ley se incluya un
inciso específico para que esto quede claramente estipulado.
Celebro
además que el proyecto insista en forma vehemente en asegurar el aspecto
técnico de esta oficina mediante el concurso de sus cargos y en una mayor
autonomía funcional de la Oficina de Presupuesto.
Por
último debo decir que de sancionarse este proyecto los diputados nos veremos
frente a un nuevo desafío que implica una nueva responsabilidad: una vez que
contemos con informes técnicos de calidad, claros e independientes en todo lo
inherente a materia presupuestaria, se redoblará nuestro deber de asumir un rol
protagónico e informado en esta materia. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que comparte su tiempo con el señor diputado Alejandro Snopek.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: voy a ser muy breve
porque creo que los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra
fueron muy claros.
El
esfuerzo que hemos hecho este año en lo que respecta a elevar la discusión del
presupuesto y sobre las cuentas públicas ha sido un paso fenomenal, y el que
estamos dando hoy con la aprobación –si es así- de esta Oficina de Presupuesto
es un paso adicional. Creo que vamos en la senda correcta.
A
mí también me hubiera gustado tener esta oficina ya en funcionamiento para
poder discutir las distintas leyes, como la de impuesto a las ganancias, que
vamos a debatir próximamente. Mientras tanto, le ofrezco al señor diputado
Laspina mi base de datos para ver los costos.
Me
alegro mucho de que podamos dar este paso realmente importantísimo que creo que
el Congreso se lo debía. (Aplausos en las
bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr.
Snopek (A. F.).- Señor presidente: en primer
lugar quiero expresar el beneplácito personal y del bloque por sancionar este
proyecto de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ya que es un
viejo anhelo.
Mi
padre fue presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y también había
presentado una iniciativa en ese sentido, pero en más de treinta años de
democracia no se había logrado este paso trascendental que vamos a dar hoy en
esta Cámara de Diputados ‑que además es Cámara de origen en materia
presupuestaria‑ aprobando la creación de la Oficina de Presupuesto del
Congreso.
Hay
experiencias en países del Primer Mundo, en la mayoría de los países de Europa,
donde los cuerpos parlamentarios, los Congresos, ambas Cámaras en los países
que tienen Poderes Legislativos bicamerales tienen en funcionamiento una
oficina de presupuesto. También hemos podido ver cómo en Estados Unidos
funciona la oficina de presupuesto. En América Latina hay muchos casos exitosos
de oficinas de presupuesto que están funcionando.
He
suscripto y acompañado el proyecto que ha presentado la diputada de nuestro
espacio Carla Pitiot y en ese sentido voy a corregir de alguna manera muy
brevemente lo manifestado por el señor miembro informante, el presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, que dijo que han incorporado la cuestión de
género por solicitud de una diputada en particular.
El
proyecto que he acompañado tenía la cuestión de género incluida y además creaba
un área específica dentro de las distintas áreas para evaluar que haya
justamente una distribución igualitaria de recursos, tanto para hombres como
para mujeres, así como en programas para niñas y niños.
En
ese sentido nuestro proyecto contempla la creación de un área específica para
poder ver lo relativo al federalismo fiscal, es decir, la asignación de los
recursos en el presupuesto de gastos de la Nación, y que la Oficina de
Presupuesto haga un análisis de la distribución del gasto a lo largo y ancho de
la Argentina. Así las iniciativas legislativas que presentemos los diputados de
los distintos bloques podrán evaluarse, analizándose cómo afecta la
distribución de recursos y también la recaudación por parte de los distintos
Estados provinciales.
Como
decía al principio, es un beneplácito muy grande que estemos tratando y
aprobando la creación de esta oficina. Hay un punto al que en el tratamiento en
particular podríamos darle una vuelta de tuerca para mejorarlo y es que en los
sucesivos presupuestos se vaya incorporando la presupuestación por
programas. De esa manera podremos tener
el análisis de esta oficina respecto de la cuantificación de las metas físicas,
no solo para estudiar la asignación del gasto sino también para ir viendo
cuánto se avanza con la asignación de los recursos de todos los argentinos.
Pido
permiso para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones. Allí me explayo
sobre algunas cuestiones que hacen a esta oficina, que creo que va a ser un
avance muy grande en materia de presupuesto, que es la ley de leyes y de la
cual esta Cámara es Cámara de origen. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr.
Bossio.- Señor presidente: voy a ser muy escueto.
Técnicamente ya han explicado el proyecto.
Dije
durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto que muchas veces
discutimos horas y horas y lo único que hacemos es llenar casilleros. Evidentemente no tallamos efectivamente en
una política central en esta ley de leyes porque efectivamente el Congreso de
la Nación a lo largo de todos estos años ha delegado facultades y capacidades
en el Poder Ejecutivo y no hemos podido cumplir, como realmente manda la
Constitución, que sea el Congreso el que fije el Presupuesto de la Nación, con
topes y prioridades federales.
Desde
hace muchos años se viene diciendo que las decisiones del presupuesto son
decisiones económicas, pero fundamentalmente son decisiones políticas, y estas
decisiones deben ir acompañadas de instrumentos y herramientas para que sean
mejores decisiones. Reivindicar la política significa también tener mejores
herramientas para tomar esas decisiones de la mejor manera posible.
Muchas
veces se denuesta la actividad del legislador, pero quiero decir que es toda
una experiencia discutir el presupuesto, los programas, las partidas, los
impuestos ‑que hacen a la formación de los recursos‑, las
proyecciones económicas.
Estados
Unidos tiene un sistema similar al nuestro. La tasa de reelección de los
legisladores argentinos es mucho más baja que la de los representantes en
Estados Unidos. Eso hace a la calidad democrática, eso hace a la calidad de
mejores políticas y a la calidad institucional. Con ello se da el avance
importante de tener la posibilidad de discutir en una oficina que sea una
herramienta para que los legisladores puedan tomar mejores decisiones.
Hemos
votado una ley de acceso a la información pública y leyes de transparencia y
contra la corrupción. Estamos por votar leyes vinculadas con el debate
presidencial, con la boleta única electrónica ‑que no sabemos si van a
terminar aprobándose‑, pero en definitiva hemos hecho un avance
significativo en ese sentido.
Entonces,
pido que reflexionemos sobre cómo cambiar el modelo productivo en la Argentina.
Si no tenemos una lectura precisa de lo que ocurre en el mundo, si la Argentina
no es capaz de poner las prioridades nacionales por encima de las sectoriales o
de cada una de las expresiones políticas, si no es capaz de advertir cómo
cambiar la matriz de funcionamiento y el método que necesita para resolver los
conflictos, fundamentalmente para encaminarse en un proceso productivo
sustentable, vamos a estar en una encerrona permanente; vamos a estar
discutiendo mezquindades o cuestiones menores y no podremos discutir las
verdaderas soluciones para los problemas centrales de los argentinos. Me parece
que esta es una reflexión que debemos hacer como legisladores.
La
tasa de interés en nuestro país es del 25 o 30 por ciento. ¿Quién va a venir a
invertir en la Argentina cuando la especulación financiera le gana a cualquier
negocio? Entonces, no llegan las inversiones.
Si
realmente no hay una actitud de fortalecer el mercado interno, que aumente el
salario real y la riqueza en la Argentina no va a aumentar lo que producimos
todos los años. Si nosotros seguimos apostando a un modelo donde la discusión
de las cuestiones muchas veces insignificantes nos llevan horas y horas y no
ponemos sobre la mesa los verdaderos problemas de la Argentina, evidentemente
vamos a estar en una espiral que no nos va a llevar a ningún lado.
La
Oficina de Presupuesto es un avance institucional; no va a resolver los grandes
problemas de la Argentina: es una herramienta que reivindica la política como
una expresión de hacia dónde vamos.
Como
un joven dirigente del justicialismo repito que tenemos que discutir hacia
dónde queremos que vaya la Argentina. Discutamos en serio qué queremos producir
los argentinos, si vamos a apostar a la patria financiara, a la especulación, o
a la producción.
Tampoco
pretendemos un modelo cerrado que efectivamente les haga ganar plata a cuatro
vivos, porque tampoco sirve un modelo cerrado en el que cuatro vivos ganan
plata y millones de argentinos pagan mal las cosas. Busquemos un equilibrio.
Vivimos discutiendo asuntos que no resuelven la cuestión de fondo.
Apelo
a que en este fin de año, y sobre todo el año que viene, que es un año
electoral ‑muchas veces en los años electorales recrudecen las
diferencias y los oportunismos‑, seamos maduros y discutamos los temas
que tenemos que discutir en la Argentina. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr.
Marcucci.- Señor presidente: creo que es
importante el proyecto que estamos debatiendo porque está claro que la
elaboración y la ejecución del presupuesto es función del Poder Ejecutivo, pero
el Congreso de la Nación tiene dos funciones fundamentales, que son la
aprobación y el control del presupuesto, funciones que claramente emanan de la
Constitución Nacional.
En
ese sentido, cuando se crea la oficina de presupuesto de los Estados Unidos, un
reflejo que muchos tenemos cuando analizamos la importancia de este tipo de
organismos, decía Edmund Muskie ‑que en 1974 era el miembro informante,
después de un conflicto muy importante entre el Congreso y el presidente de los
Estados Unidos de ese momento, Richard Nixon‑ que a partir de esa oficina
tenían la posibilidad de contar con los análisis y con la información de
calidad para estar en un pie de igualdad con el Poder Ejecutivo.
¿Y
qué pasó en la Argentina en estos tiempos? Pasó que no solamente existía una
mayoría automática sino que estas dos funciones esenciales del Congreso de la
Nación como son la aprobación y el control del presupuesto se ejercieron a
medias y las herramientas que había para llevarlas adelante también fueron
debilitadas claramente en una concepción de gobierno fuerte y de poca
república.
Sabemos
que muchos señores diputados, al mismo tiempo que lo aprobaban, decían que se
convertiría en algo efímero o en un presupuesto formal, porque en definitiva el
Poder Ejecutivo tenía todas las herramientas para modificarlo de cualquier
manera. Por ese motivo indudablemente se desdibujaba el rol del Congreso de la
Nación. En ese sentido, este Parlamento, a través del artículo 37 de la ley que
hace poco hemos sancionado, limita las facultades, lo que constituye un paso
hacia adelante.
El
tema del control constituye otro avance importante. La Oficina de Presupuesto
del Congreso de la Nación es fundamental en este rol que el Parlamento debe
tener. El control se puede ejercer, pero es mucho más importante hacerlo
mediante una oficina del Congreso de la Nación que pueda analizar y proveer
información. Al mismo tiempo, debe tener amplias facultades para consolidar
toda esa información, como así también lo relativo a los avances y la ejecución
del presupuesto.
El
control de las ejecuciones del presupuesto no solamente está referido a los
niveles de gasto y de ingreso, sino también a los programas y a aquellos
elementos relacionados con el gasto en materia de educación, inversión social e
infraestructura.
Es
necesario contar con una herramienta del Parlamento que tenga la capacidad de
elaborar todo esto para el conjunto de los legisladores y que permita tener una
mayor transparencia de cara a la sociedad. Ese mismo debate e información debe
transparentarse a otros actores sociales –por ejemplo, el periodismo- y a la
ciudadanía en general. Entonces, desde este punto de vista la Oficina de
Presupuesto del Congreso de la Nación cumple un rol fundamental.
Estamos
en camino de reconstruir la República porque queremos una mayor participación
del Estado, lo que significa la existencia de un gobierno que tenga la
capacidad de aceptar limitaciones, con un Poder Legislativo mucho más fuerte y
un Poder Judicial mucho más independiente. Sin lugar a dudas, estamos yendo por
el camino de fortalecer los poderes del Estado y no por la senda contraria, que
implica concentrar mayores facultades en el Poder Ejecutivo, debilitando así la
República.
Esta
oficina es fundamental y se crea en un momento en el cual el interbloque
Cambiemos es oficialista. En consecuencia, a mi juicio esto tiene un valor
adicional que marca los nuevos tiempos. No se trata solamente de que este
proyecto sea objeto de tratamiento por parte de este Parlamento en el que Cambiemos
no tiene mayoría, sino también de la existencia de una voluntad política de
ponerlo en consideración y debatirlo. Señalo esto porque podrían haberse
utilizado diversas formas para evitar o dilatar el debate, pero aquí se eligió
discutir y aprobar este proyecto de ley de creación de la Oficina de
Presupuesto del Congreso de la Nación.
En
oportunidad del tratamiento en particular formularé algunas observaciones, pues
creo que esta oficina cuya creación se propone debería tener mayores funciones
y potestades. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Ciciliani.- Señor presidente: quiero expresar mi
reconocimiento al bloque oficialista por haber incluido en la agenda este tema
tan trascendente no solo para una institución como el Congreso de la Nación,
sino también para la labor cotidiana de cada uno de los diputados,
especialmente de los que pertenecemos a bancadas minoritarias.
La
creación de esta oficina ha sido largamente esperada por todos nosotros.
Obviamente, también nos llena de satisfacción el hecho de que se haya aceptado
analizar el presupuesto con una perspectiva de género. Consideramos que la
posibilidad de tener esa mirada de análisis constituye un gesto de madurez muy
importante, fundamentalmente en lo relativo a la atención de la cuestión de
género.
Quiero
destacar que a partir de que se sancione este proyecto de ley vendrá la hora de
la verdad. La posibilidad de que la Oficina de Presupuesto del Congreso de la
Nación tenga la calidad necesaria que pretendemos los que la soñamos e ideamos
desde hace tanto tiempo, dependerá del esfuerzo y el empeño que pongamos en su
constitución. Los concursos y los perfiles técnicos que esta oficina requiere
deberán ser absolutamente transparentes, lo que significará una cuestión
esencial para lograr credibilidad. Señalo esto porque la oficina deberá brindar
esa confianza a todos los bloques y al público en general. Por ejemplo, la
Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos no solamente es
consultada por los miembros de esa institución, sino que además es una voz de
referencia para cualquiera que desee disponer de datos confiables y
fehacientes.
El
desafío que tenemos al poner en marcha este nuevo instrumento consiste en contar
con una oficina que sirva para el trabajo efectivo y la discusión política.
Esto último implica sacar del ámbito de la discusión política el impacto fiscal
de cualquier medida que estemos analizando. Si logramos esto mediante la
Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, pudiendo discutir en función
de una visión política cuando estemos analizando cualquier proyecto y evitar el
debate referido a los datos, habremos cumplido nuestro cometido. De lo
contrario, corremos el riesgo de tener una oficina burocrática más del Estado
en la que se repartan los cargos y no se ofrezca el cambio, la transparencia y
la jerarquía con la que pensamos este proyecto de ley.
Señor
presidente: cuente con nuestro apoyo para lograr excelencia en cuanto a la
Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Para nosotros este no es un
proyecto más, sino una iniciativa estratégica en el marco de la recuperación de
la institucionalidad y la República que tanto pregonamos y necesitamos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.
Sr.
Juárez.- Señor presidente: mientras esperaba mi
turno para hacer uso de la palabra me preguntaba si no estaba siendo demasiado
presuntuoso al pretender hablar de un tema tan trascendente. La verdad es que
me siento muy contento y orgulloso de haber participado en la correspondiente
reunión de comisión, que ha emitido dictamen respecto de un proyecto de ley tan
importante como el que estamos tratando.
Por
ese motivo, no quiero dejar de destacar la excelente labor desarrollada por los
señores diputados de los distintos bloques, que permitió que hoy estemos
tratando esta iniciativa, que implica la creación de la Oficina de Presupuesto
del Congreso de la Nación. Esto tiene lugar después de muchos años de arduo
debate en los que no se pudo llegar a buen puerto.
Por
eso celebro que estemos considerando este proyecto, que conlleva como objetivo
fundamental trabajar por un Parlamento moderno que sea garante institucional de
la labor que nuestros conciudadanos nos encomendaron cuando nos eligieron para
que los representemos.
La
Constitución Nacional establece que es competencia del Congreso de la Nación
controlar el cumplimiento de la ejecución del presupuesto nacional, cuyo
respectivo proyecto debatimos anualmente en este recinto. Pero hasta ahora la
función se ha limitado a la aprobación de esa iniciativa, sin posibilidad de
efectuar un prolijo seguimiento de su ejecución.
Este
organismo, que se pondrá en funcionamiento a partir de la sanción del proyecto
de ley en consideración, permitirá dar acabado cumplimiento a esa loable
misión.
Existen
sobradas experiencias internacionales que demuestran las virtudes de institutos
de este tipo. Además, son propiciados por organismos como el Banco Mundial.
En
nuestra región, países como Bolivia, Brasil, Venezuela y México, cuentan con
organismos como el que pretendemos crear, con la idea de producir una
herramienta idónea que permita analizar la información económica y
presupuestaria en forma trasparente. De esta forma, se posibilitará el uso
eficaz de los fondos públicos.
Tal
como ha quedado plasmado en el texto del presente proyecto de ley, la Oficina
de Presupuesto del Congreso de la Nación deberá tener un carácter netamente
técnico, dado que –tal como se establece en el artículo 2°- el organismo deberá
realizar estimaciones de impacto presupuestario de los proyectos de ley
ingresados a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Además,
a requisitoria de sus integrantes, también deberá efectuar estudios y análisis
de las políticas y programas de gobiernos en relación con su asignación
presupuestaria, pudiendo confeccionar los respectivos informes a solicitud de los miembros de este Congreso. Se hace
hincapié en que esta oficina no será un organismo de información pública ni de
consulta relacionada con gastos, impuestos o recaudación, pues para ello
existen organismos específicos.
Sin
duda alguna, esta oficina vendrá a contribuir a la mejora de la eficiencia y la
eficacia del rol de este Congreso en materia presupuestaria.
En
función de ello, desde el bloque del Frente Cívico por Santiago, acompañaremos
con nuestro voto afirmativo el presente proyecto de ley.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.
Sra.
Terada.- Señor presidente: celebro que la
propuesta que hoy debatimos pueda tener sanción de esta Honorable Cámara. Lo
digo porque viene a mi memoria lo que pasó en 2010, cuando nuestro bloque
presentó un proyecto de autoría de Alfonso Prat-Gay, que tuvo el acompañamiento
de los diputados Carrió, Solá, Pinedo, Aguad y Fernanda Reyes. Lamentablemente,
el proyecto nunca fue tratado en comisión.
Sabemos
que históricamente las democracias presidenciales han cooptado funciones
legislativas. Nosotros hemos vivido en esta Cámara cómo todo ello ha sido letra
viva, porque el proyecto de 2010 que mencioné ni siquiera pudo ser tratado en
la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Es decir que no existía
voluntad política por parte de la anterior gestión de ejercer un control
adecuado de las instituciones y de respetar la trasparencia y la República. De
hecho, existen otros países de América, como Venezuela, Bolivia y Chile que ya
han creado una oficina de este tipo.
Como
han dicho otros legisladores, la función de esta Cámara de Diputados no
consiste solamente en aprobar el presupuesto, sino también controlar su
ejecución, lo cual siempre se tornó bastante dificultoso. Por eso, me parece
importante que mediante esta creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso
de la Nación se pueda contar con la ayuda técnica, eficiente y eficaz para
poder saber cómo se lleva a cabo la ejecución del presupuesto, qué proyectos
tienen avance y cuáles están estancados. Esto es importante para las provincias
que muchas veces nos preguntan qué pasa con una obra que fue presupuestada pero
que ni siquiera tuvo inicio de ejecución.
Otra
cuestión para destacar es que esta Oficina de Presupuesto estará integrada por
gente que ingrese por concurso público de oposición y antecedentes. O sea que
los más capaces e idóneos serán los que formen parte de este organismo.
No
solamente los legisladores tendrán contacto con esta oficina para conocer cuál
es la ejecución del presupuesto, ya que también cualquier ciudadano podrá
acceder a estos datos, porque el mismo artículo 14 dice que todos los informes
serán de acceso público y deberán ser publicados en los sitios web de ambas Cámaras.
También
es importante el artículo 16, que invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a suscribir acuerdos de cooperación con la Oficina de
Presupuesto del Congreso de la Nación para facilitar el acceso a la información
requerida. De esta forma, la Oficina de Presupuesto cumplirá con las funciones
previstas en la presente norma.
Celebro
el tratamiento de esta iniciativa, que ha sido un anhelo de treinta años.
Además, en el caso concreto de la Coalición Cívica, nos sentimos satisfechos
porque ese proyecto de 2010 que nunca fue tratado hoy tiene un principio de
ejecución, demostrando que desde Cambiemos existe la voluntad política de
respetar la división de poderes y no la cooptación de facultades legislativas
por parte del Poder Ejecutivo.
En
función de lo expuesto, adelanto que acompañaremos la sanción de este proyecto
de ley. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Conesa.- Señor presidente: el señor diputado
Snopek recordó que su padre fue presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda. En ese momento, vino a mi memoria el caso de mi bisabuelo, don Carlos
Tagle, que aparece en el cuadro en el que está el general Roca, en el Salón de
los Pasos Perdidos. Él también fue presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda. Esto ocurrió por 1880 o 1888.
Para
mí la importancia de esta Oficina de Presupuesto está dada por el hecho de que
podrá estudiar a fondo el déficit presupuestario. La gran causa de la inflación
que tenemos en nuestro país, radica en el hecho de que hay excesos de la
demanda agregada sobre la oferta agregada.
El
déficit presupuestario es muy perjudicial. Nuestro país lo tendrá en tanto y en
cuanto exista el artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, que posibilita que se hagan adelantos transitorios al gobierno
nacional. Es sabido que esos adelantos no son transitorios sino definitivos.
Mientras el Poder Ejecutivo cuente con la facultad de emitir cheques contra el
Banco Central, será imposible que no haya déficit presupuestario. La comodidad
de tener una cuenta libre a disposición hace muy difícil el equilibrio
presupuestario.
Si
derogamos el artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central tendremos un
sistema como el de los Estados Unidos. ¿Por qué funciona en dicho país la
Congressional Budget Office? Porque el Poder Ejecutivo no puede librar cheques
contra el Banco Central; no existen los adelantos transitorios.
Si
se hace lo que sugiero, el Poder Ejecutivo propondrá presupuestos equilibrados
o con poco déficit. Si establecemos esta especie de Congressional Budget Office
en la Argentina, y derogamos el artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina, habremos dado un gran paso en la lucha
contra la inflación en nuestro país, posibilitando el desarrollo económico y el
progreso.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a
votar en general el dictamen de las comisiones de Peticiones, Poderes y
Reglamento y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en
revisión ‑expediente 71-S.-2016‑,
por el que se crea la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación,
contenido en el Orden del Día N° 914.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
175 señores diputados presentes, 127 han votado por la afirmativa y 47 por la
negativa.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 127 votos por la afirmativa y 47 por la
negativa.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por San Juan.
Sr.
Gioja.- Señor presidente: aclaro que mi voto ha
sido por la negativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Se ha
tomado debida nota, señor diputado.
Tiene
la palabra la señora diputada por Formosa.
Sra.
Dure.- Señor presidente: aclaro que mi voto ha
sido por la afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Ha
quedado constancia de su voto, señora diputada.
En
consideración en particular el artículo 1°.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 2°.
Tiene la palabra el señor diputado por
Santa Fe.
Sr. Marcucci.- Señor presidente: tal cual lo adelanté, creo que hay
algunas funciones y potestades que, cuando uno las compara con las de la
oficina de presupuesto de los Estados Unidos, son centrales y fundamentales,
como se dijo en el debate. Por lo tanto, sugiero las siguientes modificaciones.
En primer lugar, solicito que se agregue el siguiente párrafo: “Poner a
disposición de los legisladores estudios e informes sobre las proyecciones
macroeconómicas que expliquen el cálculo de los recursos y gastos incorporados
en el Presupuesto Nacional.”
En segundo término, propongo el
siguiente agregado: “Remitir en forma trimestral un informe pormenorizado sobre
la ejecución del Presupuesto General de la Administración Nacional, que
contemple los desvíos y/o las modificaciones presupuestarias acaecidas durante
la ejecución del mismo. Podrá solicitar
a la comisión creada por el artículo 2° de la ley 26.122 información sobre
normativa de facultades delegadas.” Sabemos que hay facultades delegadas
reguladas por el artículo 37 pero también otras contempladas en el mismo
presupuesto que aprobamos.
Por otra parte, a continuación del
inciso que establece “Apoyar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y a la
Comisión Mixta Revisora de Cuentas,...”, sugiero que tenga opinión sobre la
cuenta de inversión, a fin de que dentro de los noventa días también se gire
ese expediente y exista informe sobre dicha cuenta. Concretamente, estas son
las propuestas que sugiero se agreguen a las funciones contenidas en el
artículo 2°.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Spinozzi.- Señor
presidente: mantenemos la redacción del proyecto aprobado en general.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Jujuy.
Sr. Snopek (A.).- Señor presidente: sugiero incorporar en el inciso 1
del artículo 2° la expresión “metas físicas” luego de la palabra “gastos”. De modo
que quedaría redactado de la siguiente manera: “Analizar las estimaciones de
ingresos, gastos, metas físicas y deuda pública contenidas en el proyecto de
ley anual de presupuesto.”
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Spinozzi.- Señor presidente: vamos a aceptar la modificación
propuesta.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Santa Fe.
Sra. Ciciliani.- Señor presidente: el
segundo párrafo del inciso 8 del artículo 2° señala: “Para ello se utilizarán
las herramientas del Presupuesto Sensible de Género...”. Debe decir:
“...Sensible al Género...”. “...Presupuesto Sensible al Género...”, es una
expresión de Naciones Unidas, de modo que proponemos reemplazar el término “de”
por “al”.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Spinozzi.- Señor presidente: aceptamos la modificación
propuesta por la señora diputada, porque es el lenguaje correcto.
Sr. Presidente (Monzó).- De acuerdo con lo establecido por
el artículo 81 de la Constitución Nacional, deberá indicarse el resultado de la
votación a fin de establecer si las adiciones o correcciones fueron realizadas
por mayoría absoluta o por las dos terceras partes de los presentes.
Se va a votar nominalmente el artículo
2°, con las modificaciones aceptadas por el miembro informante.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
176 señores diputados presentes, 129 han votado por la afirmativa y 45 por la
negativa. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han
registrado 129 votos afirmativos y 45 negativos.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr.
Solá.- Señor presidente: solicito que quede
constancia de mi voto afirmativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se dejará constancia, señor diputado.
Sr.
Moyano.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Moyano.- Señor presidente: quiero saber si mi
voto fue consignado en forma afirmativa, porque lo había marcado pero me
levanté y no aparece.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿Usted votó por la afirmativa, señor diputado?
Sr.
Moyano.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se dejará constancia, señor diputado.
En
consideración el artículo 3°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Marcucci.- Señor presidente: en el mismo sentido
que en el caso anterior, es decir, para fortalecer esta oficina y darle más
facultades, funciones o capacidades, sobre todo en el cumplimiento de su tarea,
propongo agregar al final del inciso 2 del artículo 3° lo siguiente: “…debiendo
asistir funcionarios a cargo de dichos programas en caso de ser convocados por
la OPC”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Spinozzi.- Reafirmamos el texto del proyecto
aprobado en general, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 3°.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 4° a 6°.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 7°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Marcucci.- Señor presidente: veremos si la
tercera es la vencida o si no hay dos sin tres. Estoy convencido de que
nuestras propuestas mejorarían sensiblemente el proyecto de ley. Además,
hubiera sido importante poder integrarnos al debate; creo que hicimos el
esfuerzo.
Hay
una intervención en la elección de los directores, con jurados, y esto
garantiza lo que se debe garantizar, que es la independencia. Pero creo que
también deberíamos garantizar que la remoción sea por una mayoría calificada,
de las dos terceras partes, y no una simple mayoría, pues sabemos la debilidad
que se puede generar cuando hay una mayoría determinada en el Congreso.
Creo
que una mayoría calificada, de dos tercios, sería mucho más sana para
garantizar esa independencia y proteger la Oficina de Presupuesto.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Spinozzi.- No aceptamos la propuesta, señor
presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 7°.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 8° a 17.
- El artículo 18 es de forma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley. (Aplausos en las bancas.)
Habiendo
sido modificado el texto sancionado por el Honorable Senado, el proyecto vuelve
a la Cámara iniciadora.
- 20 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales ‑Orden
del Día N° 904‑ recaído en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre
régimen legal de transición del gobierno (21-P.E.-2016).
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 904
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por
la Ciudad Autónoma Buenos Aires.
Sr.
Tonelli.- Señor presidente: este proyecto
remitido por el Poder Ejecutivo es sencillo en su expresión literal pero de
gran trascendencia. Está destinado a establecer ciertas reglas y procedimientos
a cumplir cuando cambia el gobierno, es decir, cuando un nuevo presidente
reemplaza a otro que concluye su mandato.
Por
supuesto, está inspirado en las dificultades que hubo durante la última etapa
de transición, antes de que asumiera el actual presidente. Como todos sabemos,
esas dificultades se originaron en la absoluta falta de colaboración y de
información del gobierno saliente.
Con
el propósito de evitar la reiteración de esas dificultades, el Poder Ejecutivo
ha remitido este proyecto, que además encuentra antecedentes en el derecho
comparado. Posiblemente, el más conocido sea la reglamentación que hay en los
Estados Unidos sobre la transición. En 1963 se dictó la primera reglamentación,
que fue sucesivamente modificada en tres o cuatro oportunidades y su texto
actual fue aprobado hace muy poco, en 2015.
También
hay antecedentes en Canadá y en España. Inclusive en nuestro país hay dos
Estados locales que tienen normas similares para regular la transición, que son
la provincia de Buenos Aires y la del Neuquén.
El
objeto de la ley está definido en el artículo 1° y consiste en regular el
período de transición del gobierno en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
En el artículo 2° se establece que el período de transición comprende todas
aquellas acciones que resulten necesarias para facilitar el cambio de la
administración y, de modo muy particular, el suministro o la proporción de la
información sobre el estado del gobierno y del país que al nuevo gobierno le
permita empezar a funcionar inmediatamente luego de la asunción del presidente.
De
acuerdo con el artículo 3°, el período de transición se inicia a partir de la
proclamación de la fórmula presidencial que debe hacer la Asamblea Legislativa,
conforme lo establece el artículo 122 del Código Electoral Nacional. Es decir,
allí comienza el período de transición y concluye el día en que el nuevo
presidente jura como tal y asume el gobierno.
- Ocupa la Presidencia la vicepresidenta
2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sr.
Tonelli.- Un punto importante de la ley es el
referido al ámbito de aplicación, que está expresamente previsto en el artículo
5° del proyecto. Se aclara que las disposiciones de la ley se aplican no solo a
la administración central sino también a los organismos descentralizados,
incluyendo a las instituciones de la seguridad social, a las empresas y
sociedades del Estado, a las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, a las sociedades de economía mixta y todas aquellas en las cuales
el Estado tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones
societarias, a los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con
bienes o fondos del Estado nacional, a los bancos estatales y a los entes
interjurisdiccionales.
Es
decir que no hay organismo alguno de la administración central o
descentralizada que quede excluido de la aplicación de la ley y, por lo tanto,
que no esté obligado a dar la información que hay que brindar al nuevo
presidente o al nuevo gobierno.
El
proyecto de ley que estamos considerando también dispone cuál será la autoridad
de aplicación. Se establece que el jefe de Gabinete de Ministros será la
autoridad de aplicación de la ley y el responsable de que los restantes
ministros del Poder Ejecutivo y todas las entidades descentralizadas que ya
mencioné cumplan con la obligación de proporcionar al nuevo gobierno la
información necesaria. En ese sentido, se establecen como responsabilidades del
jefe de Gabinete de Ministros, coordinar las acciones de la transición,
convocar a los representantes del gobierno saliente y del gobierno electo a las
reuniones que se crea menester realizar, y por sobre todas las cosas, velar por
el cumplimiento de todos los actos simbólicos de entrega de mando, de
conformidad con los usos, costumbres y protocolo vigentes.
También
establece la obligación del jefe de Gabinete y de los restantes ministros de
entregar al presidente entrante una memoria del Estado.
El
artículo 9° contiene la descripción precisa de los contenidos mínimos que debe
tener la información a proporcionar por el gobierno saliente al gobierno
entrante, entre la cual se prevé la nómina del personal; la situación
financiera de cada uno de los ministerios; la situación de los procesos
judiciales en los que cualquiera de los organismos mencionados sea parte; las
contrataciones, licitaciones, concursos de obras públicas y adquisiciones que
estén en curso de ejecución; los informes de auditoría; el inventario de los
bienes; las normas propias de cada organismo vigentes al tiempo de la
transición, y la descripción de los servicios que cada organismo brinda
directamente al público.
Por
otra parte, en el artículo siguiente el proyecto consagra la obligación del
gobierno entrante –no ya del gobierno saliente- de publicar, dentro de los seis
meses posteriores a la asunción, un informe sobre el estado en el que encontró
a la Nación al momento de su asunción.
A
continuación, la iniciativa en consideración contiene tres artículos más que
fueron incorporados durante la discusión en comisión, a sugerencia de diputadas
de la oposición. Me refiero en primer lugar al artículo 11, por el que se
prohíbe al gobierno saliente que durante el período de transición comprometa el
crédito público de la Nación, salvo autorización expresa del Congreso.
En
segundo término, el artículo 12 prohíbe al gobierno saliente, y también durante
el período de transición, la contratación, la designación, el ascenso o la
reclasificación del personal del Estado.
En
tercer lugar, el artículo 13 dispone que el incumplimiento de las normas que la
ley prevé para la transición implicará el incumplimiento de los deberes de los
funcionarios públicos involucrados.
Por
último, el artículo 14 establece que el presidente saliente concluirá su
mandato a la hora 24 del día en que ese mandato concluye, y que a partir de las
cero hora del día siguiente, el presidente electo estará en condiciones de
asumir el gobierno.
En
definitiva, se trata de un proyecto de ley que contiene reglas que debemos
considerar mínimas o una suerte de piso para facilitar la asunción del nuevo
gobierno, que como dije anteriormente, consisten esencial y básicamente en el
suministro de información, para que el nuevo gobierno pueda preparar
adecuadamente sus planes, así como adaptar sus programas y propuestas, de modo
de empezar a gobernar, sin dilaciones, el mismo día de la asunción.
Este
proyecto fue dictaminado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales
y espero que del mismo modo sea votado en esta Cámara, porque si bien es un
proyecto sencillo en su concepción y en su factura, se trata de una iniciativa
importante para regular la transición entre un gobierno distinto del que le
toca asumir. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Cleri.- Señora presidenta: en primer lugar,
anticipo que voy a utilizar mucho menos de los diez minutos de que dispongo, y
además, solicito autorización para insertar el texto de mi discurso en el
Diario de Sesiones.
Quisiera
hacer algunas reflexiones respecto del proyecto de ley en consideración, que
tienen que ver con la administración del Estado nacional, que la Constitución
Nacional pone claramente en cabeza del jefe de Gabinete, y por supuesto, de
cada uno de los ministros y secretarios.
Esto
tiene que ver con una posición de defensa judicial en el marco de muchas de las
causas inventadas que está teniendo la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández
de Kirchner, donde claramente pone la administración del Estado en cabeza de
los jefes de Gabinete.
El
proyecto de ley en consideración establece que el jefe de Gabinete es quien
debe llevar adelante la transición, promover las reuniones con ministros y
secretarios, pues quien conoce cada una de las decisiones administrativas que
se estuvieron tomando, imponiéndosele también limitaciones.
La
iniciativa en consideración viene a reafirmar no solo la teoría del derecho
administrativo, la reglamentación y la aplicación de la Constitución Nacional
sino que –en este sentido, agradecemos la posición de Adrián Pérez así como de
todos y cada uno de los diputados que acompañarán esta iniciativa-
indirectamente también reafirma la defensa de la expresidenta de la Nación,
quien es inocente contundentemente. En efecto, la norma pone en cabeza de los
jefes de Gabinete, sus ministros y secretarios, la responsabilidad
administrativa del Estado nacional, tal como lo establece la Constitución
Nacional.
Sé
que no se debe dialogar en el recinto, pero el señor miembro informante de la
comisión dijo muy bien que el mandato de cuatro años concluye a la hora 24 del
día en que finaliza y que a la hora cero del día siguiente el presidente electo
está autorizado a prestar juramento. Debería decir cuál es ese día, si es el 10
de diciembre, y entonces empieza el 11, o si es el 9, como cuando en su momento
se planteó una medida cautelar y de facto.
No
sé si el señor diputado Tonelli me puede responder.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Tonelli.- Señora presidenta: quiero contestar al
señor diputado preopinante que la Constitución Nacional establece que el
mandato del presidente fenece exactamente al cuarto año de haber asumido. De
modo que hay que contar cuatro años desde el día en que haya asumido, y asunto
concluido. Es muy sencillo.
Sr.
Cleri.- Señora presidenta: el señor diputado
Recalde me está solicitando una interrupción y se la concedo.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por
Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señora presidenta: la cláusula
transitoria décima de la Constitución Nacional establece que el mandato del
presidente vence el día 10 de diciembre, no el 9.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Cleri.- Señora presidenta: conforme lo señalado
por el señor diputado preopinante, si un presidente asume un 10 de diciembre,
¿cuándo finaliza su mandato?
Sra.
Presidenta (Giménez).- El 9.
Sr.
Cleri.- No, el 10; lo dice la Constitución.
En
ese sentido, en función de los fundamentos que acompañaré en el texto del
discurso que habré de insertar en el Diario de Sesiones y por lo que
manifestaremos en cada una de las exposiciones, que están poniendo nuevamente,
como lo dispone la Constitución Nacional, en cabeza del jefe de Gabinete…
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Cleri.- ¿El señor diputado Tonelli quiere otra
interrupción? Se la concedo, señora presidenta.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Tonelli.- Señora presidenta: la cláusula
transitoria a la que se refirió el señor diputado Recalde establece que el
mandato del presidente que asuma el cargo el 8 de julio de 1995 se extinguirá
el 10 de diciembre de 1999, de modo que esto ya se acabó. Esa cláusula
transitoria ya fue aplicada en su momento y no tiene más vigencia.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Para una nueva interrupción tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señora presidenta: la única mención que
hace la Constitución Nacional en la cláusula transitoria décima ‑que no
es de 1800 sino de 1994‑ debe ser interpretada obviamente conforme al
sentido. No está hablando del siglo XIX, como tampoco los convenios colectivos
son de ese siglo ni del XX, sino del siglo XXI. La cláusula transitoria décima
establece que el mandato vence el día 10 de diciembre y eso no tiene otra
interpretación.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Recalde.- Pido al señor diputado Tonelli que no
me interrumpa.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Solicito a los señores diputados que no dialoguen.
Continúa
en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Cleri.- Señora presidenta: considero que este
debate y las interrupciones que he permitido han sido muy importantes para
saber que en este proyecto de ley no se está respetando la disposición
transitoria décima de la Constitución y que se sigue con una medida claramente
ilegal, como fue la disposición cautelar que impidió terminar el mandato de
manera legal a la expresidenta de la Nación, el 10 de diciembre, por lo que
anticipamos nuestro voto negativo.
Sé
que otros diputados y diputadas expondrán respecto del tema en consideración.
Entiendo esto de los partidos políticos, los programas de gobierno, el debate
presidencial o el show mediático –como lo llaman-, pero también hay que tener
en cuenta que cuando uno viene al Congreso de la Nación lo hace con una
ideología, un programa y una plataforma electoral que debe cumplirse porque
contiene las propuestas que se realizaron a la ciudadanía. Durante este año, no
hemos visto que se llevaran a cabo ninguna de las propuestas y programas que se
formularon a la ciudadanía.
Como
estudio mucho la historia, quiero señalar que hubo una diputada nacional que
defendió la flexibilización laboral a sesenta días de asumir el gobierno de la
Alianza. En aquel momento decía que no se había podido sancionar esa ley porque
estaba segura de que no iba a generar empleo. Tanto esa iniciativa como muchas
otras no resuelven los problemas de la gente, sino que solo aseguran que se
siga dando la espalda al pueblo y se continúe gobernando mediante una alianza
estratégica para los que más tienen. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presienta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señora presidenta: el dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales que estamos considerando nos introduce en
un tema que el derecho público provincial ya ha desarrollado en algunas
legislaciones municipales, sobre todo en lo que respecta a los actos de
gobierno y actos administrativos prohibitivos incorporados en los artículos 11
y 12, que reconocen la necesidad de lo que se llama la transición ordenada.
La
transición ordenada de un gobierno a otro tiene su significación en lo que hace
a la buena administración, el derecho y el acceso a la información que
legítimamente tienen aquellas autoridades que resultan electas por el voto
popular. En el caso del gobierno federal, entendemos que por el volumen de la
actividad estatal, las partidas presupuestarias comprometidas y las diferentes
carteras, dependencias, entes y sociedades que tiene el gobierno nacional, la
tarea de la transición sigue siendo corta. Si tomamos el plazo previsto a
partir del cual se activa este proceso de transición en el artículo 3°, desde
que la Asamblea Legislativa proclama la fórmula electa presidente y
vicepresidente, nos encontramos con que los plazos son bastante breves atenta
la complejidad de la administración pública. En el mismo sentido, tendríamos
que modificar también el plazo dentro del cual tiene que reunirse la Asamblea
Legislativa y el plazo para llevar a cabo la elección de presidente y
vicepresidente, frente a lo que estamos muy limitados.
No
obstante, este proyecto de ley implica un avance y, repito, está tomado de
nuestro derecho público provincial, estableciendo un orden o un método. El
proyecto de la señora diputada Camaño planteaba la creación de comisiones
mixtas integradas por representantes del gobierno saliente y representantes del
gobierno entrante a los fines de coordinar la tarea de intercambio de
información. La norma que estamos considerando ha querido poner en cabeza del
jefe de Gabinete de Ministros esta potestad, en el entendimiento de que tiene a
su cargo la tarea de la jefatura administrativa del Poder Ejecutivo nacional y
el conocimiento suficiente sobre las diferentes carteras.
En
oportunidad de la discusión de este aspecto en la Comisión de Asuntos
Constitucionales propuse que fuera una autoridad no implicada ni comprometida
la que actuara en la transición –como podía serlo la Auditoría General de la
Nación‑, pero mi propuesta no fue tenida en cuenta. La mayoría se inclinó
hacia este modelo de transición y de coordinación.
El
proyecto de ley también prevé los capítulos que hacen a la información que debe
brindarse, como las nóminas de personal y la situación financiera. Este último
aspecto es fundamental, teniendo en cuenta el mecanismo de control de la
hacienda pública, que es posterior a la ejecución del acto a través de la
Auditoría General. Esto es muy diferente del procedimiento que existía
anteriormente, en el que había un control previo, otro concomitante y uno
posterior. Esto llevaba a que muchas veces la información contable y financiera
del gobierno federal no llegara en el tiempo deseable. Por lo tanto, este punto
es medular a la hora de conocer en qué situación se encuentra el gobierno
entrante. Lo mismo sucede con todo aquello relacionado con los procesos de
contrataciones y licitaciones.
Otro
aspecto importante es el del inventario de los bienes, es decir, con qué tipo
de bienes se encontrará el gobierno entrante a fin de saber cómo llevar
adelante la tarea que debe encarar a través del voto popular.
Por
otro lado, para el informe final de transición se establece un plazo de seis
meses, tal como ya lo prevén muchas legislaciones provinciales. Cabe señalar
que este plazo de seis meses no genera ningún tipo de derecho ni lo hace
caducar, sino que es un plazo meramente ordenatorio. Todo tipo de
responsabilidad funcional, civil y penal que pueda caer sobre los funcionarios
del gobierno saliente se rige con las normas de los códigos de fondo. Por lo
tanto, el hecho de que el informe se haga a los seis meses no libera de ningún
tipo de responsabilidad a los funcionarios.
Es
interesante rescatar que se establecen en la norma actos de gobierno y actos
administrativos prohibitivos en cuanto al crédito público y a la designación de
personal. Si bien en los artículos 11 y 12 no se establece nada respecto de las
consecuencias de estos actos, debemos entender que si se produce esa situación,
serán nulos de nulidad absoluta. Las operaciones que están prohibidas se
encuentran expresamente enumeradas en estos dos artículos.
En
este sentido, el artículo 13 –que nosotros impulsamos también‑ establece
que el incumplimiento de cualquiera de
las normas que establece el procedimiento de transición de un gobierno saliente
a un gobierno entrante conlleva la pena contenida en el Código Penal en cuanto
a la inobservancia de los deberes de funcionario público.
Por
último, quisiera referirme a cuándo un presidente electo está en condiciones de
tomar el mandato que inicia, habida cuenta de la experiencia reciente que hizo
correr muchos ríos de tinta por las diferentes interpretaciones. Nuestra
Constitución Nacional no contiene una cláusula expresa, sino que lo deja
librado a las distintas interpretaciones. En este sentido, escuché dos tipos de
análisis, y me animo a presentar un tercero que muchos constitucionalistas
tenemos en cuenta: conforme al artículo 93 de la Constitución Nacional, el
mandato del presidente comienza cuando toma posesión del cargo, lo que se hace
en la Asamblea Legislativa que le toma juramento. Algunos creemos que la
posesión se da en ese momento, porque se labra un acta, hay una hora de toma de
posesión y empiezan a correr los cuatro años del mandato.
En
esta iniciativa nos hemos inclinado por otra de las interpretaciones. Repito
que la Constitución no establece específicamente este momento y si bien hace
referencia a la toma de posesión, entendemos que inclinarnos por esta vía de
establecer la hora cero posterior al día en que efectivamente concluye el
mandato de cuatro años del presidente saliente, es una medida razonable,
ordenatoria y pone un grado de certeza en el caso de volver a encontrarnos ante
una situación de descoordinación –por ser elegante en el término‑ cuando
sale un gobierno y entra otro.
Por
las razones expuestas, entendemos que este proyecto de ley es útil y que si
bien no tiene trascendencia para el público en general, sí la tiene a los fines
de establecer parámetros ordenados de transición de un gobierno a otro. Además,
sus cláusulas presentan un correlato con el texto constitucional. En
consecuencia, vamos a apoyar esta iniciativa.
Sra.
Presienta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado Rubín, quien compartirá su
tiempo con el señor diputado Kosiner.
Tiene
la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Kosiner.- Señora presidenta: cedo mi tiempo al
señor diputado Rubín.
Sra.
Presienta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr.
Rubín.- Señora presidenta: podemos decir que hoy
vamos a sancionar un proyecto de ley que en la mayoría de los países representa
una práctica normal y natural en la transición de gobierno. Pero dadas las
circunstancias de nuestro país, se hizo necesario dictar esta norma.
Si
bien existen antecedentes en Brasil, en Bolivia, en Puerto Rico o -como se
referenciaba- en Estados Unidos, debemos tener en cuenta que existe un momento
para competir y otro para cooperar.
Una
vez finalizado el período electoral es necesario que renazca ese momento de cooperación
entre las fuerzas políticas, porque en definitiva ninguna de ellas tiene que
estar peleando por sus propios intereses, sino por los del país. Cuando esa
competencia electoral finaliza debe predominar y renacer ese principio de que
primero está la patria, luego las instituciones y, por último, los hombres.
En
este sentido, este proyecto es un tímido avance. Y digo tímido porque establece
un piso respecto de algunas cuestiones, por ejemplo, el intercambio de
información, que es una cuestión básica. Además, como esto se realiza una vez
que el presidente electo ha sido designado por la asamblea legislativa, el
período de transición es muy corto y a veces ello implica la imposibilidad de
acceder a toda la información que se requiere. De todas maneras, el piso es
mínimo.
Esto
no quiere decir que no pueda haber una cooperación mayor de la que establece la
ley. Por eso, por ejemplo, respecto del intercambio de información no se habla
de aquella referida a seguridad, defensa nacional, inteligencia, que puede ser
vital para un presidente que está por comenzar su gestión.
En
estos tiempos de terrorismo, de narcotráfico y de distintas cuestiones de
seguridad que resultan tan sensibles, es muy apropiado que el presidente –que
es comandante en jefe de las fuerzas armadas- tenga la información en tiempo
oportuno y lo antes posible en relación con este tema. No obstante, si bien la
norma no hace referencia a esta cuestión, tampoco impide que esto se realice.
Por
otra parte, la responsabilidad de los funcionarios que dejan el cargo no está
establecida, ello porque será regulado en otra normativa, que sigue siendo
también insuficiente. En nuestro caso, propugnábamos que se efectuara lo que se
denomina el juicio de residencia, una forma de rendición de cuentas que data de
la época de la colonia pero que implica que el funcionario saliente tiene esa
obligación.
Es
necesario reglamentar más estrictamente lo referido a la vuelta a la actividad
privada de aquellos funcionarios que han dejado la administración y que pueden
manejar información sensible, incluso cuando llegan del sector privado a la
administración pública.
Son
cuestiones en las que vamos avanzando en la Argentina como una manera de ir
logrando una administración transparente, sobre todo en lo relativo a una mayor
honestidad en la función pública.
Se
ha planteado que entre la administración saliente y la entrante los equipos
técnicos y políticos intercambien su información. Nosotros también habíamos
propuesto en otro proyecto de ley la creación de un consejo nacional de
partidos políticos que permitiera que en la Argentina exista un mecanismo de
coordinación política que exceda a la administración pública y que además
revalorice el rol del partido político. Ello para que también pueda colaborar
en estos períodos de transición en los que hay un gobierno que se va y un poder
que pretende instalarse.
En
ciertos casos es necesario suplir la sensación casi de vacío que puede existir
con algunos organismos de carácter político a fin de solucionar los problemas
que pudieran surgir.
Las
cuestiones que estamos señalando podrían ser tratadas y complementadas en el
futuro para demostrar que el bloque Justicialista, por supuesto, apoya este
proyecto. Vemos esto como un buen comienzo para terminar con una situación que se
planteó. Creemos que es el puntapié inicial de una reforma política que todos
ansiamos.
Sepan
que cuando un presidente le transfiere a otro ese bastón de mando, no está
transfiriéndole más que la confianza del pueblo y una mayor responsabilidad
para cumplir lo que todos queremos y merecemos, que es un país justo y con
políticos que estén a la altura de las circunstancias.
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
Sr.
Brizuela Del Moral.- Señora presidenta: resulta atendible
abordar esta cuestión, máxime tras la situación vivida con todos los argentinos
en la última transmisión de mando gubernamental en diciembre de 2015, que dejó
un sabor amargo por la lamentable imagen institucional de la República ante el
mundo.
Celebro
que haya sido el Poder Ejecutivo nacional quien tomara la decisión de remitir
un proyecto sobre el particular a este Congreso, aunque quisiera expresar mi
opinión en relación con algunos aspectos.
- Ocupa la presidencia el señor presidente
de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr.
Brizuela Del Moral.- Digo esto porque, tal como
ha sido definido en el texto de la iniciativa, hay un fuerte acento en el
proceso de transmisión y entrega de información del Estado nacional a la
gestión entrante, pero poco o nada se dice del proceso de transmisión del mando
gubernamental en el que un presidente deja sus funciones. Esa fue quizás la
situación más traumática vivida por los argentinos en el último recambio
gubernamental, como ya se expresó.
El
proyecto en tratamiento solo hace alusión a la situación descripta en un inciso
del artículo 7°, y le asigna responsabilidades al jefe de Gabinete de Ministros
del gobierno saliente de velar por el cumplimiento de los actos simbólicos de
entrega de bando, de conformidad con los usos, costumbres y protocolos
vigentes. Sin embargo, nada se dice respecto de estos actos. Hubiese sido una
buena oportunidad para que con esta iniciativa y para los tiempos se regulara
este aspecto que hace a la solemnidad de los actos más importantes de nuestra
democracia, pues marca la periodicidad de los mandatos de los funcionarios
electos en las urnas por el voto popular. Ello implica la continuidad en el
tiempo de la democracia, no solo como forma de gobierno sino como sistema de
vida entre los argentinos y el pleno funcionamiento de las instituciones de la
República.
No
está determinado el inicio de este proceso de transición sin una referencia a
la oportunidad de la proclama de la fórmula electa en la asamblea legislativa.
Recordando
lo sucedido en 2015, este período de transición habría sido entre el 4 y el 10
de diciembre. Pero resulta además indeterminado, pues depende de la
convocatoria a asamblea legislativa. Hay un plazo exiguo para cumplir con
utilidad y funcionalidad la entrega de informes a los que se refiere el
proyecto y el proceso de transición.
Comparto
la importancia de que el proyecto en consideración estipule en su artículo 14
que el presidente de la Nación electo se encontrará en condiciones de asumir el
cargo a la hora cero del día siguiente a la finalización del mandato de cuatro
años del presidente de la Nación saliente.
Sobre
este artículo, tal como está planteado, quisiera que se me permita hacer una
salvedad relacionada con una cuestión de redacción, aunque más de fondo. Es
decir, que el presidente entrante estará en condiciones de asumir el cargo
independientemente del juramento que preste ante el Honorable Congreso de la
Nación reunido en asamblea, conforme a lo previsto en el artículo 93 de la
Constitución Nacional.
No
me parece una expresión feliz, puesto que la asunción no es independiente de la
prestación de un juramento ante este Congreso, sino que el mismo es una
imposición constitucional, ya que el acto de toma de posesión del cargo se hace
efectivo en el instante mismo de cumplir la manda constitucional de juramentar
el cargo ante el Congreso reunido en asamblea.
Quisiera
explayarme respecto de otra situación atinente a la redacción del proyecto.
Entiendo que la Comisión de Asuntos Constitucionales ha avanzado en el proyecto
venido del Poder Ejecutivo al incorporar tres artículos. Considero que el
artículo 12, con temas atinentes a personal, pensiones y ascensos, es un
desapoderamiento de facultades constitucionales del presidente de la Nación.
Siendo
lego en materia constitucional, entiendo que la Constitución de la Nación es un
cuerpo normativo, cuya interpretación debe abordarse de modo genérico y
concatenado de sus disposiciones.
El
artículo 91 establece que el presidente de la Nación cesa en el poder el mismo
día en que expira su período de cuatro años. Es decir, posee todas las
facultades y atribuciones inherentes a su cargo estipuladas en el artículo 99
de la Constitución Nacional hasta el último día de su mandato, atribuciones que
posee por su condición natural de titular del Poder Ejecutivo y otras que puede
ejecutar o adoptar en receso del Congreso
Entiendo
que requerir la conformidad del Congreso para cuestiones como las mencionadas
es un avance constitucionalmente inadmisible de un poder sobre otro.
De
hecho, y para concluir, entiendo que esta loable iniciativa regula el proceso
de transición en el supuesto del cambio de mando de un presidente de un
gobierno a otro de igual o distinto signo político, pero nada dispone sobre la reelección
de un presidente constitucional.
Creo
que habría que hacer algún agregado al proyecto en virtud del cual, cuando
estemos frente a una reelección del cargo del Poder Ejecutivo, toda la
información enunciada en el artículo 9° sea puesta a disposición de este
Congreso, de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de
la Nación, así como expuesta en páginas de Internet para salvaguardar
principios democráticos como la publicidad de los actos de gobierno y el acceso
a la información pública. Salvo que entendamos que la obligación se cumple con
las previsiones constitucionales de los artículos 100, inciso 10), y 104, lo
cual debería constar en el proyecto.
Más
allá de las consideraciones vertidas, solo con el ánimo de aportar a la redacción
de una iniciativa que entiendo plausible y necesaria, adelanto mi
acompañamiento al dictamen recaído en el proyecto en tratamiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Stolbizer.- Señor presidente: nuestro interbloque
apoya esta iniciativa.
En
lo personal soy autora de uno de los proyectos que ha sido tenido en cuenta por
la comisión.
Agradezco
además la tarea realizada por el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, el diputado Tonelli, en la confluencia de las distintas
iniciativas.
En
particular me congratula que hayan sido incorporadas las dos limitaciones que
nosotros habíamos planteado en nuestro proyecto para este período que se crea,
que para nosotros debe ser un período institucional, pero sobre todo de
convivencia institucional y democrática cuando existe un presidente en
ejercicio y un presidente que ha sido electo.
Sin
perjuicio de que el proyecto apunta a garantizar la continuidad de los estados
en el funcionamiento más fuerte y firme de lo que ello implica, creemos que en
ese período de acuerdos y consensos deben existir limitaciones. Esas
limitaciones eran las que estaban en nuestro proyecto y que han sido recogidas
por la comisión en los artículos 11 y 12.
La
iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo tenía en principio otra finalidad, la
de darle fecha cierta al momento de transmisión de mando, y esto a partir sobre
todo de ese episodio tan insólito del que hemos sido involuntarios partícipes
en la última oportunidad de transmisión, cuando el presidente saliente toma la
decisión de no concurrir a la ceremonia de transmisión del mando.
Esta
iniciativa del Poder Ejecutivo para darle fecha cierta a la finalidad y al
inicio de ese período ha estado más que justificada. Pero es necesario
institucionalizar un período de transición de esa convivencia democrática entre
uno y otro.
Creemos
que deben existir limitaciones y que ello no implica afectar la continuidad de
los estados ni el ejercicio de las facultades plenas que tiene el presidente en
ejercicio.
Hubiéramos
preferido que, en lugar de hacer recaer la tarea en el jefe de Gabinete, se
hubiera constituido una comisión conformada por los equipos de ambos
presidentes, siempre pensando en el caso de que sean distintos, porque hasta
podría ser el mismo. Consideramos que hubiera sido mejor que esa transición y
la toma de decisiones en la misma se hubieran hecho de manera conjunta.
De
todas maneras, vamos a apoyar esta iniciativa con el consenso logrado en el
marco de la comisión y a partir de la incorporación de nuestras propuestas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones, último orador.
Sr.
Closs.- Señor presidente: anticipo el voto
negativo de nuestro bloque por dos razones.
En
primer lugar, porque según todas las argumentaciones que uno viene escuchando,
pareciera que el objetivo de este proyecto de ley fuera laudar para ver quién
tuvo razón en la disputa política del 9 y 10 de diciembre de 2015, y me parece
que una ley no debe buscar zanjar esa disputa que ocurrió en la transición
anterior.
En
segundo lugar –y esto lo dejó de manifiesto el ex gobernador y actual
legislador Brizuela Del Moral‑, porque la iniciativa no prevé cuestiones
como la reelección y porque, como algunos citaron, en el derecho comparado ‑como
en los casos de Brasil y Paraguay‑ la transición no empieza cuando hay un
presidente electo, sino seis meses antes de las elecciones, al lanzarse todo el
proceso electoral.
Sería
sabio que todas estas restricciones que se le quieren imponer al presidente
-que ya tiene un presidente electo- se las impongan seis meses antes, sin dejar
la chequera abierta para recategorizaciones, pases a planta permanente y
nombramientos de personal hasta el día de las elecciones, comenzando luego el
proceso de transición.
Entendiendo
que un proceso de transición debe empezar por lo menos seis meses antes de las
elecciones, cuando se desconoce el resultado ‑como ocurre en otros países‑,
y porque no debemos zanjar una disputa política de lo que ocurrió en 2015,
anticipamos nuestro voto por la negativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Tonelli.- Señor presidente: teniendo en cuenta
que no hay propuestas de modificación al texto del proyecto, solicito que se
lleve a cabo una sola votación en general y en particular.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar la propuesta formulada por el señor diputado
Tonelli.
-Resulta afirmativa.
Si
la Cámara presta asentimiento, se autorizarán las abstenciones que están
solicitando los señores diputados Bregman, López, Pitrola y Sosa.
-Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
192 señores diputados presentes, 138 han votado por la afirmativa y 49 por la
negativa, registrándose además 4 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han
votado 138 señores diputados por la afirmativa, 49 por la negativa,
registrándose además 4 abstenciones.
aquí votación nominal
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda
sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos en las bancas.)
- 21 -
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general el proyecto de ley venido en
revisión por el cual se denomina al Capítulo IV bis del Título III del Código
Electoral Nacional “De la Campaña Electoral y el Debate Presidencial
Obligatorio”. (Expediente 126-S.-2016.)
AQUÍ EXPEDIENTE 126-s.-2016
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Tonelli.- Señor presidente: este es otro proyecto
originado en el Poder Ejecutivo, aunque en este caso viene en revisión del
Honorable Senado, que al igual que el anterior es un proyecto sencillo en su
texto pero me parece de trascendencia para la vida democrática del país.
Se
trata de un proyecto por el cual se establece la obligatoriedad de los debates
entre los candidatos a presidente antes de la elección.
Si
bien en la última elección tuvimos un debate, lo cierto es que en la Argentina
costó mucho establecerlos. Fue muy trabajoso ponerse de acuerdo sobre sus
condiciones y características. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo ha juzgado
saludable reglamentar esos debates y hacerlos obligatorios.
La
finalidad de los debates, de acuerdo con este proyecto, es que los candidatos a
presidente le hagan conocer al electorado y debatan las plataformas electorales
de sus respectivos partidos, frentes o agrupaciones políticas.
Esa
obligatoriedad de participar alcanza a todos los candidatos a presidente que
hayan superado el mínimo establecido para quedar consagrados como tales en las
elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
Me
parece que es importante el hecho de que...
Sr.
Presidente (Monzó).- Solicito a los señores diputados que hagan silencio.
Sr.
Tonelli.- Decía que es importante desde mi punto
de vista que el proyecto establezca la obligatoriedad para todos los candidatos
que hayan quedado consagrados luego de las PASO de participar del debate, ya
que esto no es así en todo el mundo.
En
el caso particular de los Estados Unidos, que además de tener una tradición más
añeja en materia de debates hay normas que los regulan, lo habitual es que de
los debates participen solo los candidatos con mayores posibilidades de ser
electos. Incluso en alguna oportunidad, en el año 1998, la Corte Suprema de
Estados Unidos resolvió que era lícito y legítimo que de los debates
participaran los candidatos con mayores chances y que quedaran excluidos
aquellos que a priori, y de acuerdo con las encuestas, tenían menos chances.
En
este caso en particular, por el proyecto del Poder Ejecutivo están obligados a
participar del debate todos los candidatos que hayan quedado consagrados en las
PASO. Nos parece que esto es relevante, porque que participen todos y que no
haya exclusiones es lo más democrático.
Asimismo,
junto con la obligatoriedad del debate se propone la consiguiente sanción para
el caso de que alguno de los candidatos decida no participar. La sanción
contempla la pérdida de los espacios públicos previstos en la ley 26.215. Y
esos espacios a su vez, y de acuerdo con lo que propone el proyecto, serían
redistribuidos o readjudicados entre el resto de los candidatos que sí
participen.
Hay
una previsión singular que contiene este mismo artículo referido a las
sanciones por no participar del debate; en el caso de que algún candidato no
participe del debate su lugar debe permanecer vacío. Es decir, debe quedar en
evidencia para el electorado y para los televidentes del debate que allí hay un
candidato ausente, sin perjuicio de la sanción, que es la pérdida de los
espacios publicitarios gratuitos.
Otro
punto del proyecto que considero central y esencial es que establece que la
autoridad de aplicación de esta norma será la Cámara Nacional Electoral. Es
decir, un órgano independiente del poder político que integra el Poder Judicial
de la Nación y que, además, como todos sabemos, es el órgano encargado de la
organización de las elecciones nacionales y, sobre todo, del control y
escrutinio de esas elecciones.
Pero
para que el proyecto sea más amplio en su concepción, no solo contempla
otorgarle a la Cámara Nacional Electoral la condición de autoridad de
aplicación, sino que prevé que la Cámara organice los debates con asesoramiento
de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil comprometidas con
la promoción de los valores democráticos.
En
ese sentido, y de acuerdo con el proyecto, la Cámara asesorada por esas
entidades debe convocar a los representantes de los candidatos a presidente a
reunirse en el ámbito de la propia Cámara a fin de establecer las reglas y los
alcances de esos debates. En el caso de que no haya acuerdo entre los representantes
de los candidatos, el proyecto dispone que sea la Cámara la que fije las
condiciones, de manera tal de asegurar su realización. Es decir, si los
candidatos no se pusieran de acuerdo el debate se realizaría bajo las reglas y
de acuerdo con el procedimiento que en ese caso debería establecer la Cámara
Nacional Electoral.
El
proyecto también contempla que los debates que deben incluir los temas
dispuestos en esas reuniones previas y que hayan sido sugeridos por las
organizaciones de la sociedad civil sean como mínimo dos, y que uno de ellos se
realice en el interior del país, en una provincia determinada por la Cámara
Nacional Electoral. Esto debe suceder dentro de un plazo que va desde los
veinte hasta los siete días anteriores a la elección.
El
proyecto también prevé que en el caso de que exista balotaje, como
efectivamente ocurrió en la elección pasada, debe haber un último debate entre
los dos candidatos destinados a participar y debe celebrarse dentro de los diez
días previos a la realización de esa elección.
Esta
iniciativa también contempla que esos debates presidenciales obligatorios deben
ser transmitidos por la televisión pública y emitidos por la radio estatal.
Además, tanto la señal de la radio como de la televisión estatal deben ser
puestas de manera gratuita a disposición de cualquier otra emisora radial o
televisiva que quiera participar en la transmisión de los debates. Es decir, se
asegura la máxima difusión posible de los debates para que efectivamente el
electorado tenga la oportunidad de escucharlo y nadie quede excluido.
Por
último, el proyecto dispone que durante la transmisión del debate deberá
suspenderse cualquier publicidad electoral de los partidos o anuncios del
gobierno.
En
definitiva, se trata de una iniciativa que, reitero, es sencilla, tiene pocos
artículos, pero de acuerdo con la intención del gobierno ‑que comparto‑,
está destinada a tener una enorme trascendencia en nuestra vida democrática y a
establecer de modo definitivo los debates presidenciales. Estos sin duda
constituyen un instrumento, una herramienta sumamente útil para los electores a
la hora de decidir su voto nada más y nada menos que sobre la persona que nos
va a gobernar a todos durante los siguientes cuatro años.
El
proyecto no obtuvo dictamen de comisión aquí en la Cámara de Diputados, de
manera tal que antes de aprobarlo deberíamos constituir la Cámara en comisión,
y una vez dictaminado, votarlo y entiendo que aprobarlo. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputado por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: siempre estamos a favor
de debatir, discutir e intercambiar miradas, y por ello creemos que el debate
presidencial es una herramienta más que importante, ya que refleja la madurez
de nuestro sistema democrático, y como tal es importante que se la utilice y
regule con muchísima responsabilidad, cuidando sobre todas las cosas los
intereses republicanos y no los intereses que gobiernan los medios de
comunicación masivos.
Antes
de entrar de lleno en el tratamiento de este proyecto, reiteremos ‑porque
por ahí algunos diputados todavía no se enteraron‑ que si bien este
proyecto tenía giro a la Comisión de Justicia, nunca fue debatido en esa
comisión, y estamos tratándolo ahora sin dictamen y sin que acepten propuestas
de modificación. Por eso, antes de entrar a analizar esta iniciativa, quiero
decir que no hay ningún apuro para tratar así este proyecto, de la forma que lo
estamos haciendo. Que yo sepa, el año que viene no tenemos elecciones
presidenciales. A menos que algún presidente o alguien esté a punto de tirar la
toalla porque las cosas no le estén saliendo bien.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Soria.- No entiendo entonces por qué estamos
tratando esto. La verdad que no se entiende por qué lo estamos tratando así,
con esta urgencia. (Aplausos en las
bancas.)
Díganme
cuál es la urgencia. No hay urgencia para que un proyecto se aparte del
tratamiento en comisión como manda el reglamento. Pero como tienen las dos terceras
partes, hacen lo que quieren.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Soria.- Señor presidente, ¿puede pedir silencio?
Porque tengo la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Por favor, señores diputados, hagan silencio.
Sra.
Soria.- Tampoco me parece saludable que ustedes,
los autoproclamados guardianes de las formas, hayan retrotraído el proyecto de
la señora diputada Margarita Stolbizer, que tenía giro a la Comisión de
Justicia. Como no lograron tener quórum para el debate, ese mismo día, sin citación
formal, el proyecto se trató en la Comisión de Legislación General. Esas son
desprolijidades, señor presidente, que usted está consintiendo. La verdad que
es serio, no es algo sencillo lo que estamos hablando.
Mire
si se estarán cometiendo desprolijidades que hoy hasta un proyecto caduco
íbamos a tratar en esta Cámara, y casi pasa de largo. ¡Por favor, un poquito
más de prolijidad! Recuerden que cuando ustedes se sentaban en las bancas de
este lado vivían reclamando por esas desprolijidades. Ahora las están
cometiendo ustedes. Borran con el codo lo que pedían con la mano.
Por
eso sugiero a las autoridades de este cuerpo que habiliten los mecanismos
extraordinarios para proyectos realmente urgentes para esta altura del año. Si
no tienen ninguno, este bloque tiene una larga lista.
Entrando
a analizar la iniciativa que nos convoca, otra vez el apuro injustificado hace
que este proyecto ‑que reitero, es loable- se quede a mitad de camino y
no desarrolla los principios necesarios para que el debate presidencial no sea
un negocio televisivo ni una herramienta funcional al candidato que quiera
vender una imagen marketinera, desprovista de profundidad de propuestas.
Por
esta razón, este bloque tiene hace tiempo el proyecto de la señora diputada
Luana Volnovich ‑que no fue siquiera puesto a consideración en el día de
hoy-, que desarrolla requisitos muchos más exigentes y gira sobre cuatro puntos
rectores, que me gustaría que los consideren por lo menos, ya que tienen tanta
urgencia.
Uno
de ellos es la exhaustividad: los candidatos deben explicar y desarrollar de
manera profunda sus posiciones para que la sociedad comprenda lo que están
proponiendo.
Otro
punto es la rigurosidad: las propuestas y datos deben ser precisos y
contrastables, que no estemos haciendo promesas en el aire.
Otro
punto es la participación ciudadana: es importante que la ciudadanía pueda
hacer preguntas y orientar el debate, establecer cuáles son los temas que le
interesan.
Otro
punto no menor es el compromiso con la ciudadanía: los candidatos se tienen que
comprometer públicamente frente a la ciudadanía, mediante la firma de un acta
acuerdo, sobre las cosas a las que se comprometen, para que después no sean
promesas vagas.
Además,
nuestro proyecto propone la creación de una comisión bicameral para el
monitoreo e implementación de esta ley, comisión que tendrá facultades para
determinar los días y horarios de debate, así como también la implementación de
debates en las universidades públicas, con moderadores y ejes de discusión.
Pero
la verdadera innovación de este proyecto es que los candidatos tienen que hacer
hincapié en el acta acuerdo de promesas. Este no es un dato menor, teniendo en
cuenta que la única experiencia que tuvimos en nuestro país fue la de Argentina
Debate, organizada en 2015 entre Macri y Scioli, de la que mucho tenemos que
aprender. Esa experiencia fue gestionada por una ONG independiente –entre
comillas-, ya que hoy buena parte de sus miembros ostentan cargos en los
gabinetes nacional y porteño, ambos de signo político del candidato ganador.
Pero
para que no sea solo un circo mediático con lluvia de promesas –parecida a la
lluvia de inversiones que nos cansamos de esperar, promesas que vienen por
todos lados- y sin sustento, tenemos que incluir esto del acta acuerdo. Es una
cuestión importante, sobre todo teniendo en cuenta que hace poco hubo un debate
trascendente donde también hubo una gran lluvia de promesas. Me gustaría
detenerme en algunas de ellas para que vean de lo que estamos hablando.
Por
ejemplo, hacer crecer la economía y generar nuevos puestos de trabajo. No sólo
no crearon nuevos puestos de trabajo, sino que además en lo que va del año ya
llevamos perdiendo 1.300.000 puestos de trabajo, y seguro que me quedo corta. (Aplausos en las bancas.)
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Soria.- Otra gran promesa de campaña, que suena
muy linda a los oídos de la gente, es la pobreza cero, y hoy tenemos dos
millones de nuevos pobres según la UCA.
Entonces,
esas promesas de campaña son peligrosas. No tenemos que orientar el debate
hacia promesas huecas y peligrosas, como “no vamos a devaluar”, otra gran
mentira, ya que a los días de asumir se devaluó un 50 por ciento, lo que nos
llevó a la recesión en la que hoy estamos estancados.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Soria.- Quédense tranquilos que no voy a abundar
en las doscientas promesas incumplidas, fueron nada más unas pocas como
ejemplo. (Aplausos en las bancas.)
Aquí
radica la importancia de exponer ideas sólidas, contrastarlas con información,
que sean verdaderas plataformas de campaña, pero sobre todo que no sean frases
maquilladas para engañar al electorado.
Reitero,
señor presidente, ¿cuál es el apuro por dar este debate? Ni siquiera fue
tratado por la Comisión de Justicia. Había propuestas interesantes, incluso que
el debate sea aún más amplio, que se incluya a los diputados, a los senadores,
con lo que algún miembro del bloque oficialista estuvo de acuerdo. Pero hay
tanta urgencia que sin lugar a dudas tenemos que dictaminar rápidamente. Reitero señor presidente, debemos jerarquizar
el valor de la palabra en la política y no políticos prometiendo pavadas.
Hoy, cuando sacan a algún político de
su libreto, no saben responder preguntas básicas. Eso pasa cuando tenemos
productos marketineros.
¿Usted sabe, señor presidente, cómo
reactivar el consumo? ¿Usted sabe, señor presidente, cómo reactivar el
consumo? (Aplausos en las bancas.) Si usted lo sabe dígaselo al presidente de
los argentinos (Aplausos en las bancas.)
Este bloque propone debatir ideas…
- Varios señores
diputados hablan a la vez.
Sra. Soria.-… y no prometer por un voto. Así que no vamos a acompañar esta
propuesta.
Reiteramos el pedido de que vuelva a
comisión para que se elabore un proyecto serio que incluya las iniciativas que
en este momento están en la Comisión de Justicia y que ni siquiera fueron
tenidas en cuenta. (Aplausos prolongados en
las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: este proyecto es un
instrumento más. No se tiene que tomar como finalidad absoluta, pero entendemos
que es parte de los procesos electorales en gran parte del mundo. Las
democracias más asentadas del mundo tienen establecidos mecanismos de debate
para los aspirantes a los cargos más importantes como es el de la presidencia.
El
humanista cristiano Jacques Maritain establecía concretamente uno de los
principios básicos de la convivencia política que era la amistad cívica. Esta
amistad cívica se lleva adelante no solamente con palabras sino también con
hechos y compromisos, por eso los debates presidenciales se enmarcan dentro de
este contexto.
Si
hacemos un repaso del derecho comparado encontramos que Estados Unidos tiene
una larga tradición en debates presidenciales, y es una tradición porque nació
sin una ley, nació de un acuerdo. El primer debate presidencial se desarrolló
el 26 de septiembre de 1960 entre John Fitzgerald Kennedy por los demócratas y
Richard Nixon como candidato republicano. Ese debate fue televisado, tuvo una
audiencia de 70 millones de espectadores y fue muy importante porque fue
abriendo camino en la democracia norteamericana.
Otro
caso importante que podemos señalar es la tradición en Francia, donde la
primera vez que se hizo un debate fue en 1981, cuando François Mitterrand
competía con Valéry Giscard d’Estaing, y tuvo un significado tan importante que
le sirvió para lograr un éxito contundente en esas elecciones, ello por varias
frases que pronunció en ese debate.
Durante
la discusión en comisión recuerdo que algunos proponían que el debate también
se extendiera a los parlamentarios, a los candidatos a diputados y senadores
nacionales. En Suecia desde 1948, por ser un sistema parlamentario, el debate
se hace entre los candidatos al Parlamento sueco. Y el último por citar, para
no cansar con citas, pero no por ello menos importante de referenciar, es el
caso español de 1993, cuando Felipe González debatió con José María Aznar.
Estamos
hablando de grandes líderes mundiales que han desarrollado importantes avances
para sus países y estos debates sirvieron a los fines de conocer cuáles fueron
sus propuestas.
Yendo
a la propuesta, entendemos que es razonable. La vamos a acompañar. La
obligatoriedad no tendría que ser tal, tendría que ser un compromiso de todos
los candidatos presidenciales. A diferencia del modelo estadounidense,
participan todos aquellos candidatos que hayan pasado el proceso de
preselección de las PASO, y por lo tanto tienen la gran oportunidad de estar presentes
y opinar.
Creemos
que en esto la Cámara Nacional Electoral, como organismo independiente, cumple
un rol importante, pero también somos conscientes de que quizá las reglas del
juego se tendrían que haber planteado en los debates presidenciales entre los
equipos de los candidatos, como sucede en el modelo norteamericano, con
intervención quizá de ONG dedicadas a la temática cívica, como es el modelo de
ese país, pero aquí se deja en manos de la Cámara Nacional Electoral. Si bien
hay una audiencia, y la vemos positiva, entendemos que quizá no pueden
generarse ámbitos propicios o reglas de juego claras.
No
se establece básicamente una temática sobre la cual se va a debatir. Entendemos
que eso es positivo en la medida en que, como dijimos recién, los cuerpos
técnicos de cada candidato puedan establecer puntos de coincidencia para
avanzar en esa línea.
Me
parece importante que haya una sanción para la silla vacía ‑como
comúnmente se dice‑, porque rechazar el convite a un debate significa
privar a la ciudadanía de conocer en vivo y en directo cuáles son sus opiniones
y que sean confrontadas con la de los otros candidatos, porque no es un
discurso, no es un monólogo de cada candidato, sino que hay un intercambio, hay
una discusión, hay preguntas cruzadas que son positivas porque eso permite
medir a cada uno de los precandidatos.
No
hay ningún modelo que dé seguridad de que lo que se promete en los debates se
cumpla en la tarea gubernativa. No existe ningún mecanismo. De hecho, en el
último debate presidencial del país del Norte el que salió a la postre elegido
presidente ya está cambiando su discurso en algunos de los aspectos que había
anunciado en su momento, porque tenía una postura diferente cuando era
candidato, pero las posturas cambian cuando se asume como presidente.
Quien
tiene el poder de juzgar es el pueblo, que es el soberano, para determinar si
se cumplió. Lamentablemente, no contamos con mecanismos de revocatoria popular.
Esos mecanismos sí existen, repito ‑y por eso muchas veces se habla del derecho
comparado‑, en muchas provincias donde tenemos revocatoria popular para
los concejales y los intendentes que no cumplan. El mismo pueblo que los puso
es el que los revoca. Nuestro mecanismo no es ese. No está en nuestras reglas
constitucionales.
Sí
está en algunas Constituciones, como es el caso de Venezuela donde hoy el
presidente Maduro está enfrentando un referéndum de esas características, que
no se lleva adelante por diferentes pautas, pero está previsto en la
Constitución venezolana.
Este
mecanismo se usa para el juzgamiento de las promesas no cumplidas mientras está
el mandato en curso, porque una vez vencido es el pueblo el que manifiesta si
le renueva el voto o no al candidato que quiere presentarse o a la fuerza
política por la cual se presenta. Por eso está la figura de la revocatoria, que
por supuesto requerirá, en nuestro caso, una reforma constitucional. Sería la
única figura democrática que podría interrumpir, por quien le dio la
posibilidad, que es el mismo pueblo, el mandato de algún presidente, llegado el
caso, por no cumplir con sus promesas.
Dentro
de ese marco y de los aspectos constitucionales, entendemos que es un
instrumento más, que es algo que sirve para el conocimiento de la gente, para
el voto informado, para que el ciudadano esté informado a la hora de votar.
Este
es un mecanismo idóneo para ello y por eso adelantamos el voto favorable del
interbloque UNA. (Aplausos en las
bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Salta.
Sr. Kosiner.- Señor presidente: desde 1983, luego del
último golpe de Estado, la Argentina ha ido evolucionando en los niveles de
exigencia que ha tenido la sociedad respecto del funcionamiento de la
democracia.
Sin
duda, la primera etapa de la democracia fue la formal. La expectativa de la
sociedad estaba dada en que las instituciones funcionaran, que se pudiera
votar, que el sistema no cediera a las distintas tensiones que todavía
generaban sectores que no terminaban de aportar al sistema democrático. La
sociedad exigía eso, es decir, el funcionamiento formal de las instituciones.
Luego,
clara y lógicamente la sociedad fue demandando mayores contenidos a la
democracia. De esa forma se pasó de una exigencia formal a una democracia
plena. En ese traspaso de una democracia formal a una plena, la democracia, que
en su momento fue netamente representativa y donde existe una delegación de la
sociedad a sus representantes, empezó a tener una demanda mayor por parte de la
sociedad, que es la participación. Es decir que los argentinos no quedaron
conformes solamente con que las instituciones funcionen formalmente y sus
representantes a los que les delegan las facultades cumplan esas funciones,
sino que además fueron demandando cada vez más una mayor compenetración,
compromiso y participación.
Creo
que instituciones como la del debate permiten mejorar el sistema democrático
desde el punto de vista participativo. Coincido con lo que dijo recién el señor
diputado Brügge: es una herramienta más y no el fin en sí mismo. Este último es
tener mejor calidad democrática día a día, que los argentinos se sientan cada
vez más representados por sus representantes, que los gobiernos se comprometan
a partir de los debates a una agenda que deban cumplir y, en definitiva, que la
sociedad tenga elementos de control y de juicio sobre si se cumplen o no las
promesas electorales.
En
ese marco también la democracia ha ido evolucionando desde el punto de vista de
la participación. Lo hizo a partir del avance del derecho público provincial en
la década del 80, con la consulta popular, el referéndum, las iniciativas
populares y la posibilidad de que la sociedad intervenga en el origen de las
leyes.
Posteriormente,
Néstor Kirchner hizo un aporte muy importante que fueron las PASO, que
significaron la apertura de la participación dentro de los partidos políticos
de la sociedad. Entonces, también hubo un avance muy importante en el sentido
de darle un carácter participativo a la democracia.
Últimamente
hemos sido testigos de debates importantes, como por ejemplo los
correspondientes a las leyes de igualdad de género y de acceso a la
información. Hoy todavía el Senado está
debatiendo una iniciativa en materia de reforma política que, más allá de que
se esté de acuerdo o no, es importante por el hecho de coincidir en la
necesidad de mejorar nuestro sistema político a partir de su modificación.
Ahora
estamos considerando el proyecto referido al tema de los debates. Creo que en
definitiva la Argentina, con este proyecto de ley, no hace nada más y nada
menos que ponerse a tono con una tendencia mundial. Como dijo el señor diputado
preopinante, el punto de inflexión fue el debate presidencial entre Kennedy y
Nixon, en donde por análisis gestuales se definió esa elección, que reflejaban
la mayor o menor seguridad de cada candidato.
A
partir de allí casi nadie discutió la conveniencia de los debates. En América
Latina las dos primeras experiencias han sido las de Venezuela y Brasil, en
1960 y en 1963, respectivamente. Desde entonces y hasta 2015 la Argentina y la
República Dominicana son los únicos países que no han institucionalizado y
formalizado los debates. Se han celebrado debates en Haití, Nicaragua y El
Salvador. Los más recientes tuvieron lugar entre 2010 y 2014. En México se los
implantó por leyes especiales, mientras que en Brasil mediante el Código
Federal de Instituciones. En algunos casos, como por ejemplo en Chile, Paraguay
y Perú, no fueron reglamentados por ley, pero sí promovidos por algunas
organizaciones no gubernamentales.
En
lo concerniente al concepto de la ley, coincido con lo que dijeron los señores
diputados preopinantes sobre las virtudes del proyecto en cuanto al carácter
obligatorio del debate, su contenido y la necesidad de que la Cámara Nacional
Electoral lo regule y se garanticen principios como los de trato y tiempo
igualitario, la manera de efectuar las exposiciones, las réplicas y las
sanciones desde el punto de vista del partido político que no se presente a
debatir.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta
2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sr.
Kosiner.- Ahora bien, sería importante que
podamos avanzar en una reforma posterior que contemple a los legisladores
nacionales en cada uno de los distritos.
En
cuanto a la responsabilidad, ella es claramente política. La mejor manera de
castigar al que no cumple sus promesas está dada por el juicio de la voluntad
popular cada dos años. Creo que esto no tiene que ver con una responsabilidad
penal o no, porque eso se define a partir del cumplimiento o no de los deberes
de funcionario. Pero en cuanto a la responsabilidad de mentirle a la sociedad,
quédense tranquilos que el pueblo sabe cómo actuar en cada uno de los desafíos
que afronta. Cada dos años el pueblo argentino se pronuncia, y respecto al que
no cumple, tarde o temprano el pueblo sabe cómo expresarse. Entonces, creo que
esta es una cuestión que hay que tener muy presente.
También
considero que es muy interesante debatir esta iniciativa a un año del último
debate presidencial, porque lo importante de este proyecto de ley es que
institucionaliza una agenda. ¿Cuál es esa agenda? La de la rendición de
cuentas. El debate plantea lo que cada uno de los candidatos le expresa a la
sociedad como su agenda y su promesa. Un tiempo después -por ejemplo, un año,
dos años o lo que fuese- la sociedad tiene la posibilidad de ver qué es lo que
se dijo, hasta dónde se avanzó y cuáles son las cosas pendientes.
Releyendo
–esta es la gran oportunidad que tenemos‑ el debate presidencial del año
pasado, para mí el aspecto medular que a nosotros nos permite analizar hoy esa
agenda virtuosa que genera esta iniciativa es el del desarrollo económico y
humano. Allí, el actual presidente y candidato en su momento, Mauricio Macri,
le planteaba a la sociedad cuatro desafíos importantes. En ese sentido, decía
que el objetivo económico de su agrupación política era lograr una Argentina
con pobreza cero porque hacía cuatro años que no crecía, crear trabajo, cuidar
las pymes y proteger a los pequeños productores. Claramente, si en esa agenda
del debate analizamos el tema de la pobreza ‑en esto voy a dar datos
objetivos de organizaciones no políticas y del propio gobierno‑ nos
encontramos con que la Universidad Católica Argentina planteó hoy su
preocupación en el sentido de que la Argentina pasó de tener un 29 por ciento
de pobreza a poseer un 34,5 por ciento en el primer trimestre de este año. Esto
significa que más de un millón de argentinos se han agregado a la lista de
pobreza en la Argentina, lo que constituye el mayor índice de los últimos siete
años.
Esa
agenda fue planteada en el debate. Ese es el desafío más importante que hoy
tiene el gobierno para cumplir con la agenda que el mismo candidato propuso en
el debate: la pobreza. Creo que es muy difícil alcanzar el objetivo de lograr
la pobreza cero si en el primer año hay más de un millón de argentinos pobres.
En
oportunidad de considerar el proyecto de ley de presupuesto para 2017
insistimos en que la clave es cambiar la manera de distribuir los ingresos en
la Argentina, descentralizando y apostando por primera vez ‑esta es una
deuda pendiente de todos los gobiernos‑ a invertir más donde hay menos
gente, porque ahí es donde hay más pobreza. Curiosamente, en los núcleos
poblacionales más pequeños de la Argentina es donde se registra la mayor
pobreza.
Entonces,
creo que los temas de la pobreza y del crecimiento son muy importantes.
Respecto de este último, el propio INDEC ha reconocido que el año pasado la
Argentina finalizó con un crecimiento del 2,1 por ciento, mientras que durante
2016 ninguna organización se anima a decir que nuestro país va a crecer. En mi
opinión, el crecimiento en la Argentina no va a superar el 1,5 o el 2 por
ciento.
En
lo relativo al tema del trabajo, el propio presidente lo planteó en su agenda.
Al respecto, dijo que se iban a crear dos millones de puestos de trabajo. Según
nuestros cálculos, esto significa la creación de 200.000 puestos de trabajo por
año. Pero de acuerdo con datos suministrados por el propio INDEC vamos a finalizar
el presente año con 120.000 trabajadores menos registrados en la ANSES. En
consecuencia, si el cálculo indicaba que se iban a crear 200.000 nuevos puestos
de trabajo por año y en el primer año cerramos con 120.000 menos, creo que ahí
también hay algo pendiente que el mismo gobierno ha planteado en el debate como
agenda y que claramente no se está cumpliendo.
De
acuerdo con la información del INDEC, el índice de desocupación en 2015 fue del
6,8 por ciento, mientras que en el corriente año asciende al 9,3 por ciento.
Cuando
tenemos en cuenta la situación de las pymes, que es el cuarto desafío planteado
en el debate, otro índice suministrado por la Cámara Argentina de la Mediana
Empresa nos indica que en octubre de este año se registró una caída de la actividad
económica del 7 por ciento, lo que implica un promedio de casi el 8 por ciento
en lo que va de 2016. El 68 por ciento de las pymes dicen que perdieron dinero
en la Argentina.
También
en el debate se habló del modelo económico actual. Es más, el actual presidente
se había comprometido a no abrir en forma indiscriminada las importaciones. La
relación de éstas con el PBI en 2015 llegaba al 9,5 por ciento y hoy es casi
del 10,5. La economía se está abriendo de hecho.
Si
uno analiza la realidad de las pymes con lo que he dicho, las principales
caídas que se produjeron en las pymes tienen que ver con actividades en las que
se ha abierto la importación.
Traje
eso a colación para no perder el sentido del debate. Es muy importante porque
nos permite concentrar la agenda que legítimamente los ganadores llevan
adelante. Quienes hemos perdido, tenemos la obligación de controlar que las
cosas se hagan.
Cada
uno sabrá si el resultado fue más o menos el esperado, pero es la agenda con la
que el ganador se comprometió con la sociedad argentina.
Para
culminar, me voy a referir a la inflación. La meta inflacionaria propuesta por
el ganador del debate fue del 25 por ciento para este año. Todas las
organizaciones y distintos sectores hablan de que este período cerrará con una
inflación superior al 40 por ciento.
Insistimos
en que el debate no se agota con el debate –valga la redundancia- que propone
este proyecto de ley. El debate comienza
con el que propicia esta norma, porque se trata de la agenda política de la Argentina. Entonces,
será el pueblo argentino cada dos años, concretamente el año que viene, el que
se expresará en el sentido de si se cumplió o no con la agenda.
Desde
el bloque Justicialista creemos que este proyecto de ley es una herramienta
para que el pueblo argentino pueda realizar el control de las autoridades que
ha elegido para gobernar.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Stolbizer.- Señora presidenta: nuestro interbloque
considera que el proyecto ha sido más que suficientemente fundamentado. Por lo
tanto, vamos a proponer que se adopten las medidas reglamentarias propiciadas
por el presidente de la comisión para votarlo.
Lo
cierto es que nos preguntábamos cuál era la razón de debatir de esta forma.
¿Por qué teníamos que convencer a alguien de que una persona que se propone ser
presidente de la Nación debería estar obligada siempre a debatir? Nos parece
inconcebible. Entre nosotros nos preguntábamos si alguien podía estar en contra
de semejante cosa. Llegamos a una sola conclusión: solamente algunos pueden
estar en contra. Lo digo porque no hubo un solo debate, sino dos. Los que están
en contra son los que estuvieron del lado del candidato que se ausentó en el
debate. (Aplausos en las bancas.)
¡Los que
se oponen son los que apoyaron a una presidenta que ni ella ni su antecesor –en
un lapso de doce años- aceptaron participar de un debate! (Aplausos en las bancas.)
Los que
se oponen son los que nunca dieron una conferencia de prensa ni la cara para
ser preguntados o interpelados. (Aplausos
en las bancas.)
Hicieron
un culto de la mentira para poder estar tantos años en el gobierno. Por eso se
oponen a algo que para el resto es absolutamente natural. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señora presidenta: coincido con lo que
ha dicho la señora diputada Soria en cuanto a la premura para tratar este tema
sin despacho de comisión. Esto se pudo obviar, porque el expediente ingresó en
esta Cámara el 7 de noviembre. Hubo tiempo más que suficiente para reunir a las
comisiones correspondientes. Creo importante poder debatir este tema en un año
no electoral.
En
la Comisión de Asuntos Constitucionales, en su momento, se había formado una
subcomisión que alcanzó un consenso importante sobre este tema para regular los
debates. Como estaba cerca la elección presidencial de 2015, el proyecto no
pudo prosperar.
Una
herramienta importante de este proyecto es el hecho de poner en cabeza de la
Cámara Nacional Electoral la organización del debate, ya que en el anterior una
ONG se encargó de organizar algo tan trascendente, no para los candidatos, sino
para el futuro del pueblo argentino, que debe tomar las decisiones en función
de la información que obtenga.
Muchos
de los integrantes de la ONG que organizó el debate presidencial de 2015 hoy
son funcionarios de alto rango en este gobierno. Hablo del titular de la AFIP,
de Bordón y de una larga lista de funcionarios que formaron parte de esa ONG;
hoy son miembros del gobierno actual o aportantes de dinero en efectivo. Esto
sería una incompatibilidad. Por eso digo que poner en cabeza de la Cámara
Nacional Electoral esta cuestión va a evitar que otra vez tengamos ese
conflicto de intereses, como nos pasó en el debate presidencial del año pasado.
Adelantamos
que vamos a votar afirmativamente este proyecto, con la aclaración de que se
habla de las sanciones, tema que fue tratado en su momento por la Comisión de
Asuntos Constitucionales en 2015.
Se
hablaba de establecer una pena para el que no participe del debate, la que
consistía en que se le restara la publicidad gratuita que tiene en los medios.
Se trata de un aporte importante en la democracia argentina que permite igualar
al candidato con pocos votos con el que tiene más. Esto ha fortalecido mucho la
democracia argentina. Ello se logró no solo con las PASO, sino también con el
reparto equilibrado de la publicidad de las fuerzas que compiten. Es un piso de
igualdad que no es común en otros países del mundo, que sí cuentan con debates
presidenciales.
En
cuanto a la obligatoriedad, ojalá alguno pudiera decir que ésta consista en la
sinceridad y un compromiso vinculado con una especie de contrato electoral con
el pueblo que lo escucha.
Lamentablemente,
esto no se dio porque todos tenemos memoria de lo que fue el debate
presidencial del año pasado. El candidato Scioli dijo que iba a haber
devaluación, tarifazos y quita de subsidios. Pero el hoy presidente manifestaba
todo lo contrario: que no iba a haber devaluación ni tarifazo, que se iban a
otorgar un millón de créditos hipotecarios a treinta años a tasa cero,
etcétera. Hoy en día ni siquiera el Procrear complementario puede avanzar.
En
cuanto a la pobreza cero debo decir que hoy tenemos que discutir la emergencia
social, porque ese compromiso de campaña no lo van a cumplir desde el gobierno.
Tenemos
que discutir el tema del Impuesto a las Ganancias, con una acción concertada
entre la oposición y los gremios. Esto es así porque dijeron que el salario no
era ganancia y que le iban a sacar la totalidad de ese impuesto. Sin embargo,
desde la oposición tenemos que estar luchando para que se cumpla con lo que
fueron mentiras descaradas.
Hubo
mentiras en un debate que, sumado al ocultamiento de la información de los Panama Papers –información que tenían
dos de los principales medios de la Argentina-, configuran un escenario que
posibilitó este resultado electoral, que aceptamos porque somos democráticos.
Sin embargo, no vamos a dejar de decir que estas cosas han pasado.
Por
ello, poner en cabeza de la Cámara Nacional Electoral y no de una ONG –estamos
hablando de una entidad que fue absolutamente parcial y de periodistas que se
ufanaron de haber hecho periodismo de guerra- constituye un avance sustancial.
En
aquel debate el presidente actual dijo: “Mentís, Daniel. ¿En qué te has
convertido?” Ahora les digo en qué se ha convertido Scioli: en un profeta. Todo
lo que dijo en noviembre de 2015 se hizo realidad. (Aplausos en las bancas.)
Este
Congreso debe contribuir a que se cumpla con esa agenda. Por eso se presentaron
la emergencia social y todos los temas cuyo tratamiento no hemos rehuido, ya
que venimos acá a ejercer nuestras responsabilidades.
Insisto
en que vamos a acompañar esta iniciativa, rogando que jamás en un debate nos
encontremos con la mentira descarada que se generó en noviembre de 2015.
Solo
me resta la aclaración de que podría haber dictaminado la comisión
correspondiente. (Aplausos en las
bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Olmedo.- Señora presidenta: le quería comentar al
señor diputado Tonelli que yo había presentado un proyecto vinculado con el
debate presidencial obligatorio. No recuerdo si fue en la anterior gestión o en
esta. Si fue en este período, que por favor la tenga en cuenta. Tengo en claro
que el debate presidencial debe ser obligatorio.
Me
preocupa algo del debate presidencial, porque muchas cosas que dijeron los
candidatos no se cumplieron.
Entonces,
¿por qué no podemos agregar a esta iniciativa, que se discute cuatro años
antes, que el que haga las promesas de campaña tenga, por ejemplo, cien días de
plazo para dictar las leyes que ha sugerido? De lo contrario, es todo mentira;
nos dicen una cosa y después hacen otra.
No
sé qué opina el cuerpo respecto de que el que promete en la campaña mande en
los primeros cien días los proyectos de ley al Congreso de la Nación. Si están
de acuerdo con mi propuesta, lo planteo como una modificación a fin de que el
señor diputado Tonelli la tenga en cuenta.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Olmedo.- ¡Para qué quieren debatir, si vamos a
seguir mintiéndonos! ¡Solo será una mentira de candidatos! No quiero eso; quiero
el compromiso de que si el candidato dice tal cosa, lo cumpla, en primer
término, en el Congreso de la Nación, dentro de los cien primeros días de
gobierno. De lo contrario, nos pasamos debatiendo y mintiendo al pueblo, y no
se le puede mentir nunca más.
Este
es, en definitiva, mi aporte. Pido al señor diputado Tonelli que se fije si
está mi proyecto, que lo ponga a la vista, y si alguien está de acuerdo con lo
que yo propongo, creo que será algo muy bueno para la democracia. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr.
Ruiz Aragón.- Señor presidente: estamos debatiendo un
tema que me genera sensaciones encontradas, porque por un lado, como hombre
nacido y criado en la democracia, creo profundamente en estas expresiones en
cuanto a que puedan mejorar la calidad democrática e institucional; pero, por
otro lado, me pregunto para qué.
Hace
poco más de un año fuimos testigos de la estafa dialéctica más importante de la
historia argentina. Un candidato se manifestaba sereno, tranquilo, enfocado,
con un discurso plagado de buenas palabras, intenciones y deseos, dirigidos
hacia todos los argentinos. Seguramente, muchos argentinos depositaron su
esperanza en esas palabras, y hoy también están decepcionados y arrepentidos de
su voto.
Me
vuelvo a preguntar, ¿para qué? No quiero pensar que este es solo un proyecto
que favorece los intereses de consultores y especialistas en oratoria, en
materia de coaching y marketing político, que hacen de algunos
empresarios candidatos presidenciables, como es el caso del actual presidente.
¿Para
qué tantas palabras vacías, aunque meticulosamente esculpidas en hermosos
discursos, como las utilizadas por algunos señores diputados? ¿Qué pasó con el
valor de la palabra? Yo lo sé: no existe; lo que existe es un precio de la
palabra, que ustedes conocen muy bien. (Aplausos en las bancas.)
Me
refiero a frases como “¿En qué te han convertido Daniel?”, “Parecés un
panelista de 6,7,8”, “No voy a flexibilizar, no voy a devaluar”, “Estoy a favor
de las economías regionales”. Yo les diría a esos que están a favor de las
economías regionales que fueran a ver cómo se están fundiendo los tomateros de
Corrientes.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Ruiz Aragón.- Me pongo a pensar en la
propugnación de las expresiones y la relativización del marketing estudiado y efectista.
-
Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Ruiz Aragón.- La lógica de un show televisivo responde solamente a
eso: al show, un modo de vender una
idea creativa.
Claramente,
el futuro de los argentinos no puede estar ligado a eso. Sería un espectáculo
circense en el que dos gladiadores de la palabra debaten el futuro de los
argentinos, aunque no exista la verdadera y real intención de hacerlo. No voy a
legitimar con mi voto una iniciativa que proponga esto o vaya en esta
dirección.
Creo
que este proyecto de ley no permitirá tener un mejor presidente; todo lo
contrario. No voy a empujar al pueblo argentino a la burda emboscada de algún
hábil consultor o especialista en oratoria para que engañándolo en su buena fe,
se apodere del Estado y se beneficie con él.
Quiero
terminar mi discurso con algo simple. Recién habló una señora diputada y
también el señor diputado Tonelli, quien inició el debate. La señora diputada
dijo que nosotros nos escondíamos y que no estábamos a favor de esto. Creo que
lo seguimos sosteniendo; somos coherentes con eso. No estuvimos de acuerdo
durante doce años ni el año pasado. Ella no fue coherente; tenía un twitter en contra de Massa, y ahora está
con Massa; anteriormente había presentado un libro con Macri, y ahora se
presenta con Macri. Nosotros seguimos siendo coherentes; ella, no. (Aplausos
en las bancas.)
Por
otro lado, el señor diputado Tonelli, que inició la sesión, se ufana de la
calidad democrática e institucional, y hoy él ocupa una banca en el Consejo de
la Magistratura, habiéndosela claramente “choreado”. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Negri.- Señora presidenta: pregunto si podemos ceñirnos un poco al debate. Estamos todos
cansados; de lo contrario, hagamos como en el fútbol: paremos cinco minutos y
repartan agua, así terminan de escribir alguna otra monografía. Salvo que
tengamos que aguantarlos para que tomen el ómnibus. ¿A qué hora se van?
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr. Negri.- Si querés,
te esperamos; no hay problema...
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
- 22 -
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Carrió.- Señora
presidenta: quiero plantear una cuestión de
privilegio. La peor imagen que podemos dar a la sociedad, cuando estamos
acordando, es este cruce de palabras, que lo único que hace es
desprestigiarnos.
En
segundo lugar, quiero decir al diputado preopinante que no puede hablar en esos
términos sobre un legislador como Pablo Tonelli. (Aplausos en las bancas.)
Lo
digo yo, que cuando teníamos cuarenta y cinco diputados, no nos dieron la
vicepresidencia. Nos robaron todos, todo; pero nunca dijimos “chorro” a nadie. (Aplausos
en las bancas.)
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Carrió.- Les dije “ladrones”, con denuncia penal;
pero en esta Cámara, no, señores, y podría haberlo hecho, con pruebas. También
podría haber hablado de los agentes de la SIDE.
Sra.
Presidenta (Giménez).- La cuestión planteada pasa
a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 23 -
Sra.
Presidenta (Giménez).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Rucci.- Señora
presidenta: no
pierdo mi capacidad de asombro. ¿Que justamente la señora diputada Carrió diga
que quedamos mal frente a la sociedad si nos desprestigiamos entre nosotros?
¡En vez de venir acá y estar todo el día en la banca, que es por lo que le
pagan, está todo el día mandando twitters,
desprestigiando a cualquiera de los diputados que están sentados en estas
bancas! ¡Lo que tiene que hacer la diputada Carrió es pedir disculpas por las
barbaridades que dice en su Twitter!
Sra.
Presidenta (Giménez).- La cuestión de privilegio pasará a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
- 24 -
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Cleri.- Señora presidenta: ¡qué tema! Lo bueno es
que aquí se está debatiendo e intercambiando opiniones. La verdad es que tenía
una línea de argumentación, que la conversé el “día de la mentira”, el 15 de
noviembre, cuando vinieron a presentar este proyecto sobre la obligatoriedad
del debate presidencial, que ya había obtenido sanción del Senado. Ese día vino
a la comisión el secretario Adrián Pérez y no el ministro Frigerio.
En
esa reunión se argumentaba que esto es muy necesario para fortalecer la
democracia, utilizando distintos conceptos. Pero digo lo siguiente: esto será
muy necesario para fortalecer la democracia, pero más es cumplir con lo que se
dijo.
Para
fortalecer la democracia y cumplir con la Constitución Nacional hay que
fortalecer los partidos políticos. Estos últimos, en el momento en que forman
un frente o se presentan a elecciones como partidos, llevan adelante una plataforma
electoral, en la que desarrollan cuál es su plan de gobierno, que debe expresar
una coherencia histórica contando el pasado, el presente y el futuro; debe
contener un compromiso exacto.
Aquí
estamos hablando de la obligatoriedad del debate de los candidatos a
presidente. Pero ese debate nació muerto por el papelón de Mauricio Macri. (Aplausos en las bancas.)
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Cleri.- Nació muerto porque le faltaron el
respeto a la sociedad y a la democracia, que tanto nos costó recuperar,
exponiendo en dos minutos y repitiendo monólogos televisivos, que casi eran lo
mismo que los spots, no transmitiendo
nada.
Además,
se dijeron muchas cosas, pero después se fue en sentido contrario. Así no se
fortalece la democracia. Para ello hay que tener coherencia, sobre todo con las
plataformas electorales; desde allí se debe desarrollar un programa de gobierno
y no en un minuto de televisión.
Recuerdo que en la reunión de comisión una
diputada nacional planteó si no se podrían sumar la cantidad de segundos que se
tienen de acuerdo a los votos obtenidos. Dijo que esto debería figurar en el
proyecto. Esto lo planteó la diputada Stolbizer, pensando en la publicidad y no
en las acciones.
Como
dije, hay que tener coherencia. A sesenta días de asumir la Alianza, aquí se
votó la norma de flexibilización laboral, que después fue a la Cámara de
Senadores. En ese momento decían que “este proyecto de reforma no genera
empleo”. Debo aclarar que nunca dijimos que esa iniciativa resolvería el
problema de la desocupación; y no quisiera empezar este debate, porque el
problema del desempleo es otro.
No
tienen coherencia. Recordemos el impuestazo y todo lo que hicieron ni bien
asumieron.
Tampoco
hay debates de senadores y diputados, que se deberían llevar a cabo porque sus
plataformas electorales, es decir, las de sus frentes más las iniciativas
propias, también deben tener coherencia. No pueden ir de acá para allá, una y
otra vez, saltando y siendo completamente incoherentes, faltándole así el respeto
a la ciudadanía. No pueden estar mirando las encuestas y pensar: “Ahora voy a
decir esto y después voy a decir lo otro”. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Señor diputado Cleri: la señora diputada Mayra Mendoza le
solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr.
Cleri.- Sí, señora presidenta.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Para una interrupción, tiene la palabra la señora diputada por
Buenos Aires.
Sra.
Mendoza (M.S.).- Señora presidenta: estaba
escuchando con atención lo que se decía sobre el compromiso con la ciudadanía y
con la plataforma de gobierno.
Quisiera
poner a la consideración de este cuerpo la incorporación al debate y a la firma
del compromiso ciudadano de los legisladores nacionales, para evitar que
algunos diputados especuladores traicionen la plataforma que los llevó a estar
sentados en estas bancas y, por ende, traicionen a sus votantes, que de buena
fe los eligieron. Un ejemplo concreto de esto –aunque también puedo dar otros
nombres‑ es Diego Bossio. Diego llegó aquí gracias al voto de los
electores que confiaron en él, y hoy traiciona a esos votantes. (Aplausos en las bancas.)
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Mendoza (M.S.).- Por eso, señora presidenta,
solicito que se nos informe cuando se presente alguna renuncia a las bancas que
pertenecen al Frente para la Victoria. (Aplausos
en las bancas.)
- 25 -
Sr.
Bossio.- Señora presidenta: solicito el uso de la
palabra por haber sido aludido.
Sr.
Cleri.- Yo estaba en el uso de la palabra, señora
presidenta.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Su tiempo se había terminado, señor diputado Cleri.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires, por haber sido aludido.
Sr.
Bossio.- Señora presidenta: voy a plantear una
cuestión de privilegio para que se trate en la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
En
primer lugar, no voy a ser hipócrita, porque ninguno de los que estaban ahí,
excepto la señora diputada Álvarez Rodríguez, participó del debate. Tengo
muchas cosas para plantear sobre el debate, pero no voy a ser hipócrita y me
las voy a guardar. Me las voy a guardar porque voy a dar el debate donde lo
tengo que dar, que es fundamentalmente buscando la voluntad popular. Este es el
primer punto.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Bossio.- El segundo punto es el siguiente.
¡Aquellos que fueron los verdaderos responsables y padres de la derrota, que no
se animan a hacer autocrítica y no tienen la suficiente responsabilidad de
decir las cosas como son, son los que vienen a plantearnos un manto de
autoridad moral!
La autoridad moral se construye con hechos,
con trabajo, haciendo política, y fundamentalmente de cara a la sociedad. Yo
formé y formo parte del Partido Justicialista, y siempre traté a cada uno de
mis compañeros con absoluto respeto, porque entiendo la política sobre la base
del respeto y no del destrato. Entiendo la política como una metodología de
construcción política que permita, de cara a la sociedad, plantear con
responsabilidad los verdaderos desafíos que tiene la Argentina.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Bossio.- ¡Hipócritas son aquellos a los que les
tuvieron que decir quince días antes que salgan a militar porque lo único que
hacían era poner palos en la rueda a quien era el candidato del Partido Justicialista!
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Bossio.- ¡Hipócritas son aquellos que no
reconocían los verdaderos problemas de la Argentina! ¡Hipócritas son aquellos
que decían que en la Argentina había 4 por ciento de pobreza cuando sabíamos que
el 30 por ciento de nuestros compatriotas no tenían trabajo y no estaban en
blanco! (Aplausos en las bancas.)
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Bossio.- ¡Hipócritas son aquellos que no dicen la
verdad! ¡Porque nosotros ‑lo pueden decir muchos de los diputados que
estaban acá‑ hablábamos del tema de los buitres! ¡Lo hablábamos con
sinceridad, de cara a la gente! (Aplausos
en las bancas.)
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Bossio.- ¡Ustedes son, efectivamente, los que
hicieron perder al peronismo, y se tienen que hacer cargo de esa derrota! (Aplausos en las bancas.)
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Bossio.- ¡Como un hombre, y como un dirigente
joven del peronismo, voy a dar la cara ante los argentinos, voy a hacer la
autocrítica que tengo que hacer y, fundamentalmente, voy a plantear para qué el
peronismo quiere gobernar la Argentina en 2019! ¡Pero con franqueza, con
verdad, y no con hipocresía y con la peor metodología de la política argentina,
que es la que representa La Cámpora y sus máximas expresiones! (Aplausos en las bancas.)
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Presidenta (Giménez).- La cuestión de privilegio pasará a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
- 26 -
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr.
Huss.- Señora presidenta: la verdad es que no
vengo a este recinto a marcar diferencias con los colegas diputados. Lo que me
preocuparía es que me aplaudan ciertos personajes que la única
institucionalidad que conocen es la libertad que tiene el pueblo de morirse de
hambre. (Aplausos en las bancas.)
Lo
digo como integrante de la agrupación antes aludida, a la que me siento
orgulloso de pertenecer. También me enorgullece mi militancia de los últimos
doce años. Yo no oculto mi pertenencia, mi conducción y mis firmes
convicciones, y no necesito esconderme.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara,
doctor Emilio Monzó.
Sr.
Huss.- Aquí hay un diputado del Frente para la
Victoria, y por más que no le gusten algunas cosas que se puedan decir, yo las
defiendo y tengo el mismo derecho que cualquier diputado a expresarme.
Dicho
esto, señor presidente, quiero hablar sobre el proyecto. Le pido al señor
diputado Negri que no se ponga nervioso. ¿Qué te pasa, Negri, estás nervioso? (Risas.)
La
verdad es que el diputado Negri ha interrumpido constantemente, por lo que
simplemente le pido respeto. Las cuestiones electorales se resolverán en las
urnas.
Quisiera
que me dejaran explicar la postura que tenemos respecto del debate
presidencial. En este sentido, recuerdo que nuestro bloque presentó en su
momento un proyecto de ley -contenido en el expediente 7406-D-16, cuya autoría
corresponde a la señora diputada Volnovich y otros señores diputados-, referido
al debate presidencial.
No
entiendo cuál es el fundamento de tratar esto a las apuradas y de pedir que la
Cámara se constituya en comisión para poder dictaminar -como diría el viejo
dicho popular- entre gallos y medianoche, puesto que ya hemos superado las 12
de la noche.
Como
aquí hay muchos teóricos, quiero hacer propio un dicho popular de mi provincia,
Entre Ríos, donde decimos que cuando uno se quema con leche, ve una vaca y
llora.
En
su momento, en este recinto sancionamos una ley que estableció las PASO, en el
marco de una reforma electoral que se dispuso allá por el año 2010 y que llevó
muchísimo más debate, así como la participación de diferentes fuerzas políticas.
Nosotros
queremos la obligatoriedad del debate presidencial, pero en verdad tendríamos
que discutir qué sanciones –además de la moral- se aplica a aquel que
sistemáticamente, como método de construcción política, utiliza la farsa y la
mentira. Al respecto, comparto lo que dijo el señor diputado preopinante, en el
sentido de que el pueblo es muy sabio en este sentido.
Nuevamente,
señor presidente, la política, representada aquí por los representantes de las
diferentes fuerzas de la República, cede a la Cámara Nacional Electoral
facultades que le son propias. Humildemente, considero que esto es un exceso.
Por
otra parte, comparto lo señalado por un señor diputado preopinante en el
sentido de que es un deber de todos y cada uno de los actores políticos de la
República Argentina empezar a hacer el mayor de los esfuerzos para reivindicar
algo tan fundamental como el respeto a la palabra y a los compromisos. Los
compromisos en la vida, y específicamente los compromisos de campaña, deben ser
honrados y no se debe mentir.
Aclaro
que no tenemos miedo a los debates políticos. Pertenezco a una fuerza política
que fue proscripta, perseguida, desaparecida y fusilada, así que no nos vengan
a correr con que les tenemos miedo a los debates políticos. Los debates
políticos los hacemos acá, en la calle, en las unidades básicas, en las
fábricas y donde deba debatirse la política. No queremos a una ONG cuyos
funcionarios luego formen parte del gobierno de alguien que participó en el
debate ni queremos a periodistas de dudosa imparcialidad. Tampoco queremos
ceder territorio de la política a los gurúes del marketing, a los que
“coachean” ni a los que no hacen de la política sino una farsa. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.
Sr.
Olivares.- Señor presidente: si bien es cierto
que a veces el tiempo nos va calando y haciendo perder el rumbo del debate,
considero que allá por 1983 nuestro país comenzaba a caminar por un rumbo
distinto. En efecto, los argentinos habíamos elegido la democracia como sistema
de gobierno.
Sin
duda que muchos de los aquí presentes han tenido responsabilidad en la
consolidación de esta democracia, para hacerla creíble y fortalecerla, lo que
constituye una honra para nosotros.
También
debo decir que muchos hemos apostado a veces a que esta democracia no continúe,
pero el pueblo de la Nación ha convalidado este sistema de gobierno y ha
permitido que ya llevemos más de treinta años consolidándolo.
Haré
una alusión a título de colación. Allá por los años noventa hubo un presidente
que en su momento prometió muchísimo para cambiar la realidad de nuestro país,
pero después salió a decir que si decía la verdad, era muy probable que no lo
votaran.
Sin
duda que todos estos años, cada uno de los que han tenido responsabilidad ha
ido aportando para enriquecer y fortalecer la democracia, y al respecto debemos
resaltar hechos importantes. Uno de ellos es el establecimiento de las PASO,
que nos permite seleccionar a nuestros candidatos. Por otra parte, la ley de
acceso a la información pública, sancionada por este Congreso, permite que
cualquier ciudadano pueda conocer los actos del gobierno. Eso no hace más que
fortalecer el sistema democrático.
Hace
aproximadamente una hora hemos dado sanción a una ley importante, referida a la
transición entre gobiernos, y ahora estamos por dar sanción a algo que también
sirve para fortalecer nuestro sistema democrático, que son los debates
presidenciales. Creo que esto de exigir por ley a los candidatos que debatan y
pongan a consideración de la totalidad de los ciudadanos de nuestro país cuál
va a ser su plataforma de gobierno y, fundamentalmente, se comprometan ante la
sociedad sobre su plan de gobierno para los cuatro años es algo que permite que
la sociedad tome conciencia y elija libremente a quien considera que cumplirá
de la mejor forma. Esto también sirve para fortalecer nuestra democracia.
Algún
diputado preopinante se refirió a la consolidación de los partidos políticos.
También iremos por leyes que hagan a la transparencia en el financiamiento de
los partidos políticos, y en particular, de las campañas políticas. Esto nos
permitirá transparentar y defender mucho más este sistema democrático que los
argentinos hemos elegido para vivir en libertad. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
Sr.
Díaz Roig.- Señor presidente: anticipo que, por
las razones que expondré seguidamente, voy a votar por la negativa el proyecto
de ley en consideración.
No
obstante ello, sin perjuicio de que presumo que no será aceptada, pero para no
tener que hacerlo después, alcanzaré seguidamente a Secretaría una propuesta
para agregar un artículo 64 septies, cuyo texto es el siguiente: “Los
candidatos deberán presentar ante la Cámara Nacional Electoral sus plataformas
electorales acompañadas con una declaración jurada por la cual se obligan a
cumplir con las promesas de campaña que se enumeran en las respectivas
plataformas. Las mismas serán difundidas, previo al debate, por medios de
alcance nacional
El
incumplimiento acarreará las penas del artículo 140 de la presente ley;
inducción con engaños, prisión de dos meses a dos años al que con engaños
indujere a otros a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo;
inhabilitación especial de cuatro a ocho años para ejercer cargos públicos y la
imposibilidad, por parte del candidato, de presentarse en las próximas
elecciones.”
Al
margen de que imagino que esta modificación no va a ser aprobada, creo que es
tiempo de volver a reflexionar sobre la necesidad de llevar el debate político
en esta Cámara, en la Cámara de Senadores y en la comunidad.
Considero
que vivimos los tiempos de la dictadura no democrática de los medios de
información, a la que se ha sumado una metodología –aún no descrita realmente‑
del manejo de las redes sociales y de internet. Obviamente, estamos ante un
tremendo blindaje mediático del 90 por ciento de los medios de información y
30.000 trolls que día a día difaman,
difunden y ocultan.
En
este sentido, varias veces cité a Robert Proctor, a quien, con humildad, pido
que lo lean, porque analiza perfectamente el tema del manejo de la
desinformación, la técnica de la ignorancia y del ocultamiento de la verdad.
Dicho
sea de paso, en oportunidad de este debate, le comenté al presidente de la
comisión que en el texto de la iniciativa no aparecía la palabra verdad; en la
ley de información pública no está mencionada ni una sola vez esta palabra.
Esto es lo que tenemos que empezar a plantearnos, es decir, si la palabra
verdad tiene algo que ver con nuestra democracia o si es solo una forma.
Los
medios han construido un tremendo relato, muy superior al que nos acusan a
nosotros de transmitir. Yo he escuchado decir a todos ustedes que la mayor
inflación de la Argentina fue la producida durante el kirchnerismo. Esto es
mentira. Según Macri, el kirchnerismo tuvo un 700 por ciento de inflación en
doce años, pero en los doce años anteriores, la inflación fue del 19.000 por
ciento. A su vez, en los siete años anteriores –que fueron los del gobierno de
Alfonsín‑ la inflación fue de entre el 1.600.000 y 1.900.000 por ciento.
Durante la dictadura cívico militar, la inflación fue del 340.000 por ciento.
Podemos debatir la inflación, pero empecemos diciendo que los doce años del
gobierno kirchnerista tuvieron la menor inflación en la historia de la
República Argentina desde Perón, les guste o no les guste. (Aplausos en las bancas.)
Queremos
decir la verdad. Si nos proponemos debatir sobre la inflación y combatirla,
hagámoslo, pero desde la verdad y no desde la mentira. Nunca me escucharán
decir que el 45 por ciento de inflación de este año va a ser el que se va a
proyectar para los próximos cuatro. Esto no lo sabemos, porque tiene sus
explicaciones y, además, hay toda una serie escandalosa de mentiras. Esto es
grave. No podemos decir que vamos a construir un millón de viviendas y empezar
a los dos años; no podemos decir que no va a haber inflación y luego generar
inflación.
De las veinte afirmaciones de ese debate,
diecinueve fueron mentiras; una sola fue cierta. Incluso, podríamos aceptar que
tres, cuatro o cinco de esos temas constituyeron una preterintención del
presidente ‑y analizarlo desde ese punto de vista‑, pero es
evidente que hubo una deformación. Al blindaje mediático y judicial podríamos
sumarle enormes aciertos, sobre todo técnicos, de quienes son gobierno, así
como importantes errores de nuestra fuerza política. Pero todo esto...
Sr.
Presidente (Monzó).- Vaya redondeando, señor diputado.
Sr.
Díaz Roig.- Ya termino, señor presidente.
Decía
que todo esto tiene que volver a convocarnos. El 13 de diciembre de 1973 Perón
llamó a todas las fuerzas políticas, las juntó en una oficina en la casa de
gobierno y les planteó elevar el debate político para hacer análisis objetivos
y frenar las diatribas, los insultos y los agravios. Podemos construir un
proyecto común; la unidad de los argentinos depende de ello.
Es
difícil llegar a un punto intermedio entre liberalismo y peronismo, pero
hagamos el esfuerzo. Y, en este sentido, hagamos el esfuerzo por dos temas
centrales que también debemos debatir: la emergencia ocupacional y el aumento
para los jubilados. Juntémonos en esto; no importa quién se lleve el mérito
político. Hay millones de argentinos esperando a que les demostremos un gesto
firme de unidad para resolver sus problemas. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Carrizo (A.C.).-
Señor presidente: es difícil volver a la cuestión después de haber participado
en una apasionada interna del peronismo, pero vamos a intentar hacerlo.
Lamento
que no esté presente la señora diputada Conti –aunque sí están, o estaban, las
señoras diputadas Carrió y Camaño‑, porque tengo que agradecerles algo a
ellas. En 2015, en la Comisión de Asuntos Constitucionales se formó una
subcomisión en la que trabajamos con mucho profesionalismo para llegar a un
consenso, el que finalmente se logró en un mes, entre siete bloques legislativos,
con quince proyectos en total.
En
consecuencia, lo que quiero señalar es que el tema del debate presidencial no
es nuevo. Asimismo, quisiera desmitificar esta idea de que no podemos tratar
los temas cada vez que se renueva el Congreso, porque hubo un trabajo colectivo
de los diputados de la Nación.
¿Por
qué no pudimos aprobar la iniciativa en ese momento? En los meses de junio y
julio llegamos a un consenso, que fue dictaminado por dos de las cuatro
comisiones a las que el tema había sido girado. Pero no logramos aprobarlo,
precisamente, porque era un año electoral. En este sentido, tenemos que ser
honestos con nosotros mismos: en un año electoral, los diputados del Congreso
no trabajamos sobre derechos, sino que nos dedicamos a proteger candidatos. Por
ello, el proyecto sobre debate obligatorio en la Argentina no se pudo sancionar
en el mes de agosto de 2015. Cabe aclarar que el bloque del Frente para la
Victoria nos apoyaba y nos ayudó en la construcción del consenso inicial.
Entonces,
¿por qué estamos tratando hoy este tema? Celebro que lo estemos haciendo en un
año no electoral, porque el año que viene no se votaría. Además, el senador
Eduardo Aguilar, del Frente para la Victoria, se comunicó con nosotros y nos
pidió específicamente que tratemos este tema, que ya lleva más de un año de
trabajo en el Congreso.
Entonces,
además de tener mayor coordinación en la fragmentación interna del peronismo,
tendrían que tener una mayor coordinación entre ambas cámaras, porque esto
también fue un pedido del Frente para la Victoria de la Cámara de Senadores.
Por
último, quisiera señalar dos cuestiones. ¿Por qué deben ser obligatorios los
debates y no espontáneos o una práctica cultural como sucede en los Estados
Unidos? Es muy claro. Los debates tienen que ser obligatorios porque la
información es una concesión de la dirigencia, es un derecho de la ciudadanía.
Los debates no están hechos para posicionar candidatos, sino porque la
información es un bien público de los ciudadanos. En consecuencia, deben ser
obligatorios porque lo que queremos es equiparar los derechos en la Argentina y
la tremenda asimetría de poder entre la dirigencia y la ciudadanía. Por eso
tienen que ser obligatorios los debates, independientemente del síndrome de la
silla vacía. Eso es una anécdota. Lo importante es que la obligación no se
negocia, sino que se cumple.
Entonces,
esto constituye un aprendizaje, pero no para la ciudadanía, sino para la
dirigencia política, así como también es un aprendizaje en el sentido de que
los derechos no se agradecen, sino que se exigen.
Debo
ser honesta, y lamento no estar de acuerdo con Argentina Debate. Esto aquí se
ha dicho. La idea de que fuera obligatorio nos venció a todos, al Frente para
la Victoria también, porque la Argentina Debate no es buena ni mala. Lo cierto
es que –como decía Bresser Pereira, ministro de Finanzas de Cardoso, en
Brasil-, en países con pobreza estructural la sociedad civil no es sinónimo de
pueblo, sino de elite.
Entonces,
si el debate presidencial es organizado por un canal privado o por una ONG,
allí rige el principio de que el cliente tiene la razón y se negocian ciertas
cosas. Por un lado, los temas. Es decir, de qué se habla. ¿Se habla de lo que
la ciudadanía necesita escuchar o de aquello que los candidatos necesitan
comunicar? No es lo mismo una cosa que otra.
Es
por eso que a nosotros no nos gustó Argentina Debate, porque en nuestro país ni
siquiera existe una regla de lobby,
de incompatibilidad de intereses.
Si
bien Argentina Debate fue una buena experiencia y evitamos el síndrome de la
silla vacía, no tuvimos la información pública que deberíamos haber recibido
como ciudadanos. Nos pasó lo siguiente. Yo seguí muy de cerca el debate, por Twitter.
Ese
fue el rol que desempeñó la ciudadanía: seguir el debate por Twitter. Había dos grandes bandas
organizadas: la ciudadanía tuitera –que blindaba a los candidatos-, y los
disidentes –como decía Tomás Abraham-, quienes además de seguir el debate,
pensaban. ¿Saben qué pedían estos últimos? Menos marketing, más política.
Algunos
tuits eran emblemáticos y decían cosas como “un debate entre Lilita y
Cristina”; otros decían: “Papa Francisco versus Boca”. Es decir que el debate
no sirvió a la ciudadanía porque fue espectadora y no participante.
¿Qué
aprendimos de esa experiencia? ¿Probó que era necesario que esto se regulara?
Efectivamente, probó que era necesaria su regulación…
Sr. Presidente (Monzó).- Señora diputada: la Presidencia le solicite que redondee su
exposición porque ha agotado el tiempo de que disponía para hacer uso de la
palabra.
Sra.
Carrizo (A.C.).- Ya finalizo. Hay dos cosas que
faltaron en relación con esta regulación y que nos sirven para aprender para el
futuro.
En
primer lugar, los temas. Hay diez temas que son tabúes en la democracia
argentina. El primero es el referido a la división Iglesia-Estado, y no quiero
seguir nombrando los nueve que faltan.
En
segundo término, nosotros propusimos que la ciudadanía instalara los temas. Lo
hicimos a través de un sistema de responsabilidad social, por medio del cual
obligamos a las encuestas que ganan mucha plata a ofrecerle a la Cámara
Nacional Electoral una encuesta nacional en la que la ciudadanía propusiera los
temas. Eso no va a estar en esta norma.
Por
último, no debemos confundir el modo en que participan los expertos y los
académicos. No tenemos que dejar que este debate se transforme en una…
Sr. Presidente (Monzó).- Señora diputada: ha concluido su tiempo.
Sra.
Carrizo.- He escuchado a muchos que se excedieron
mucho más que yo. Simplemente termino ahora.
Esto
no es sacarle a Tinelli el espectáculo y cedérselo al poder de los expertos.
Acá lo que está en juego es si el electorado y la ciudadanía van a poder
instalar temas y tener voz en los debates presidenciales en la Argentina. Eso
todavía no se logró. Esperamos que dentro de unos años, cuando veamos cómo son
los debates presidenciales, podamos modificar esta norma. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Pereyra.- Señor presidente: me hubiera encantado que este proyecto se tratara a fines del año
que viene -es decir, a dos años de la actual gestión de gobierno- y no ahora,
por dos motivos.
En
primer lugar, porque nos habríamos olvidado del debate anterior, o al menos
gran parte de nosotros habría olvidado qué dijo cada quién. Por otra parte,
porque también -siendo personalmente optimista- puede ser que en 2017 quien
estuvo en el debate y fue ganador de las elecciones pueda cumplir varias cosas
de las que prometió allí. Esto lo digo, reitero, desde mi optimismo.
Se
plantea aquí la modificación del Código Nacional Electoral introduciendo la
obligatoriedad del debate presidencial para futuras elecciones. Planteada en
abstracto, esta puede parecer una iniciativa loable, toda vez que uno piensa en
el derecho de los ciudadanos a acceder de manera sencilla y gratuita a las
plataformas de los partidos políticos. Hacerlo mediante un debate público y
transmitido por televisión garantiza, en principio, dicho acceso.
Lamentablemente
–tal como han dicho otros diputados preopinantes-, hemos asistido hace apenas
un año al primer debate al que voluntariamente se sometieron los candidatos
presidenciales con un resultado desalentador.
Desde
el Virreinato del Río de la Plata que no tenemos juicio de residencia, es
decir, la posibilidad de juzgar las acciones de los gobiernos luego de que
terminan sus mandatos. Esto es un avance ya que no se juzgan los hechos
políticos, sino eventualmente solo aquellos que pudieran constituir algún delito
de los tipificados en el Código Penal.
El
año pasado asistimos a un debate en el que el actual presidente de los
argentinos prometió realizar todo lo contrario a lo que luego hizo. En efecto,
durante el debate Macri prometió no devaluar, no ajustar, no producir despidos
y seguir trabajando para el crecimiento de la economía del país. Sin embargo,
devaluó un 60 por ciento ‑aunque lo llame “sinceramiento”-, aumentó las
tarifas un 2.000 por ciento y, a pesar de que luego tuvo que retrotraerlo
porque la gente salió a las calles, dicho aumento finalmente fue de un 400 por
ciento.
Su
política económica produjo 200.000 despidos, inflación que se duplicó -la del
año anterior-, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo del salario. Y
lo más grave: prometió pobreza cero y esas políticas de ajuste generaron un
millón y medio de nuevos pobres. Entonces, ¿qué sentido tiene un debate
obligatorio, si puede mentir sin ponerse colorado?
Por
estos motivos y por lo que la experiencia nos está indicando, los debates
debieran ser optativos, de manera que cada candidato decida qué hacer y cómo le
habla a los ciudadanos, y no como pretende el texto sometido a consideración,
obligar a debatir y no cumplir con lo que se diga en el debate.
Por
lo expuesto, votaré en forma negativa este proyecto de ley. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Tonelli.- Señor presidente: como no hemos
recibido ninguna propuesta de modificación, propongo que votemos en un solo
acto en general y en particular.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
Sr.
Díaz Roig.- Que se vote, ya que presumí –o
presumo- que no van a querer incorporar la modificación que he propuesto. No
obstante, durante el tratamiento en particular solicitaré que el artículo en
cuestión se vote nominalmente.
Sr. Presidente (Monzó).- Señor diputado Díaz Roig: si votamos artículo por artículo ello
nos llevaría mucho tiempo. El señor miembro informante le ha dicho que no va a
incorporar esa modificación.
Sr.
Díaz Roig.- Es solo un artículo, que lo leí en su
momento. Pido que se vote su inclusión.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿Qué artículo es?
Sr.
Díaz Roig.- Es el 64 septies.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Tonelli.- Señor presidente: a fin de acortar el
tiempo de votación, anticipo que no vamos a aceptar la modificación propuesta
por el señor diputado Díaz Roig ni ninguna otra. Por lo tanto, reitero la
propuesta de que hagamos una sola votación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: por tratarse de un
tema electoral, rige la mayoría absoluta del total de los miembros, dispuesta
en el artículo 77 de la Constitución Nacional. Ello requerirá la votación nominal, no solo en general sino también en
particular. Quería dejar esto planteado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Según el segundo párrafo del artículo 77 de la Constitución
Nacional, se requiere la mayoría absoluta del total de los miembros del Cuerpo.
A eso se refería, ¿señora diputada?
Sra.
Ferreyra.- Así es.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar en general el proyecto de ley venido en revisión
del Honorable Senado.
Sr.
Tonelli.- Señor presidente: es para recordarle
que antes de votar en general y en particular debemos constituir la Cámara en
comisión para dictaminar, ya que no hay dictamen de comisión.
Sr.
Presidente (Monzó).- No es necesario. No tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda. Se trata sobre tablas. Se aprobó con los dos tercios al inicio de
la sesión, señor diputado.
Sr.
Recalde.- Debe hacerse una votación nominal.
Sr.
Presidente (Monzó).- Será nominal, diputado Recalde, ya que es un proyecto de ley.
Se
va a votar en general el proyecto de ley en revisión por el
cual se denomina al Capítulo IV bis del Título III del Código Electoral
Nacional: De la Campaña Electoral y el Debate Presidencial Obligatorio. (expediente 126-S.-2016).
Tiene
la palabra la señora diputada por San Juan.
Sra.
Castro.- Solicito abstenerme de votar.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar la solicitud efectuada.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar en general en forma nominal.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
192 diputados presentes, 152 han votado por la afirmativa y 38 por la negativa,
registrándose además una abstención. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Secretario (Inchausti).- Votaron 152 señores
diputados por la afirmativa, 38 por la negativa, y hubo una abstención.
aquí votación
nominal
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en particular el artículo 1°.
Se
va a votar en forma nominal.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
192 diputados presentes, 152 han votado por la afirmativa y 38 por la negativa,
registrándose además una abstención.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Votaron 152 señores
diputados por la afirmativa, 38 por la negativa, y hubo una abstención.
aquí votación nominal
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en particular el artículo 2°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Olmedo.- Señor presidente: le había propuesto al
diputado preopinante que se agregue lo que se debata, de modo que quien fuera
elegido presidente tenga la obligación de mandar al Congreso de la Nación las
50 o 100 medidas que enuncie en el debate. De lo contrario, el debate es una
mentira.
Sr.
Presidente (Monzó).- Diputado, ya estamos votando.
Sr.
Olmedo.- Pido si se puede agregar.
Sr.
Presidente (Monzó).- Ya dijo el diputado Tonelli que no se aceptan modificaciones.
Sr.
Olmedo.- ¿No acepta nada?
Sr.
Presidente (Monzó).- No.
Sr.
Olmedo.- Bueno, se parece a los otros entonces. (Risas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar en forma nominal el artículo 2°.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
191 diputados presentes, 151 han votado por la afirmativa y 38 por la negativa,
registrándose además una abstención.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Votaron 151 señores
diputados por la afirmativa, 38 por la negativa, y hubo una abstención.
aquí votación
nominal
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en particular el artículo 3°.
Se
va a votar en forma nominal.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
191 señores diputados presentes, 151 han votado por la afirmativa, 38 por la
negativa, registrándose además una abstención.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 151 señores diputados por la afirmativa, 38 por la
negativa, registrándose además una
abstención.
aquí votación nominal
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración los artículos 4° a 9°.
Se
va a votar nominalmente.
Este
proyecto contempla una modificación del Código Electoral por lo que tiene que
quedar sentada la mayoría absoluta que se exige para esta votación.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
191 señores diputados presentes, 152 han votado por la afirmativa, 36 por la
negativa, registrándose además una abstención. No se ha computado el voto de un
señor diputado.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 152 señores diputados por la afirmativa, 36 por la
negativa, registrándose además una abstención.
aquí votación nominal
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.
Sr.
Igon.- Señor presidente: quiero dejar constancia
de mi voto por la negativa.
Sr. Presidente (Monzó).- El artículo 10 es de forma.
Queda
definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (Aplausos en las bancas.)
- 27 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Finanzas
y de Legislación General recaído en el proyecto de ley por el que se establecen
modificaciones a la ley 25.065, estableciendo que las entidades financieras
emisoras de tarjetas no podrán fijar comisiones o aranceles, tasas de
intercambio y/o tasa de adquirencia diferenciada entre comercios (Orden del Día
N° 908).
aquí orden del día N° 908
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: el proyecto que
estamos considerando propone la modificación de la ley de tarjetas de crédito.
Se trata de una norma que hace diez años que no se modifica en nuestro país.
Cuando
propusimos modificar esta ley no solamente pensamos en reducir las comisiones
que le cobran las tarjetas de crédito a los comercios sino también hacer algunos
cambios más amplios y globales, teniendo en cuenta que nos encontramos con un
mercado donde no hay verdaderas condiciones de competencia.
Para
ello, el proyecto prevé una rebaja de las comisiones que se le cobran a los
comercios, tanto para las operaciones en las que se usan las tarjetas de
crédito como en las que se utilizan las tarjetas de débito.
Además
pensamos que había que incluir otro tipo de normativa que ayude a generar
competencias y que de alguna manera mejore los costos que hoy se le cobran a
los comercios, en su mayoría pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Por
eso proponemos modificaciones que hagan que el mercado de la adquirencia ‑el
vínculo que tiene el comercio con la empresa que comercializa las tarjetas de
crédito‑, no se encuentre monopolizado por una sola empresa, como ocurre
hoy. Por lo tanto, planteamos que cada empresa de tarjetas de crédito tenga por
lo menos más de una empresa de adquirencia.
Asimismo,
estamos pensando en los consumidores, porque ‑más allá de la baja de
costos, que es importante para los comercios en la República Argentina‑, consideramos
que es necesario avanzar en su protección.
Uno
de los reclamos que más se recibe es sobre la finalización del vínculo entre
consumidor con la empresa de tarjetas de crédito. Actualmente la baja se
realiza a través de carta documento en forma personal. En este proyecto
contemplamos que también se pueda hacer a través de medios electrónicos, es
decir, por correo electrónico. Esto va a ayudar a agilizar este trámite que
actualmente es bastante engorroso para los consumidores.
Voy
a tratar de ser lo más breve posible teniendo en cuenta lo avanzado de la hora.
En
definitiva, considero que lo más destacable del proyecto en debate es en primer
lugar la disminución de las comisiones. Creemos que las comisiones que hoy se
cobran a los comercios son muy altas si las comparamos con las de otros países,
sobre todo de la región. Esto va a repercutir en definitiva en una mejora para
los comerciantes y esperamos que influya también en una baja de los precios. Lo
que debemos lograr es que los consumidores paguen precios más bajos y puedan
consumir lo que realmente necesitan.
Por
otro lado, es muy importante que generemos mejores condiciones de competencia,
porque si no concretamos esta mejora seguramente cualquier baja de comisiones
va a ser transferida a otros costos que aplican las empresas de tarjetas de
crédito a los comercios, como por ejemplo el cargo de alquiler por el Posnet.
Por
lo tanto, la reforma que estamos proponiendo va más allá de la baja tan
importante de las comisiones, que es una mejora global que va a ayudar a que
cada vez tengamos menores costos. De alguna manera se incentiva no solamente al
uso de las tarjetas de crédito sino a la baja de precios, tan necesarios en un
proceso inflacionario como el que hoy transitamos.
Para
finalizar, les comento que el proyecto que estamos debatiendo nos pone del lado
que debemos estar: del de la defensa de las empresas nacionales, pequeñas y
medianas, y en definitiva, de los consumidores argentinos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Para completar el tiempo
del que disponen, tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: quiero agregar dos
elementos a lo que acaba de decir el diputado preopinante. El primero es que
llegamos al tratamiento de este proyecto luego de una larga tarea de consensos
entre uno de los actores fundamentales de este proceso: los comerciantes.
Por
eso, quiero remarcar la presencia de CAME entre nosotros. Se trata de la
entidad madre de las pequeñas y medianas empresas que con su presencia viene a
decirnos que el comercio está de acuerdo con lo que estamos legislando.
Cierto
es que los que legislamos somos nosotros, y somos nosotros quienes tomamos las
responsabilidades. Pero la presencia de las cámaras empresarias es un
acompañamiento muy importante para nuestra voluntad política.
En
segundo lugar, con este proyecto le estamos dando importantes facultades al
Banco Central. Quiero aclarar este tema porque algunos señores diputados me han
consultado sobre esta cuestión.
Como
bien dijo el señor diputado Lipovetzky, estamos introduciendo un cambio
copernicano en este negocio, que hasta ahora era el potrero de los bancos.
Las
entidades bancarias han ganado enormes cantidades de dinero con el manejo de
las condiciones y de las tasas. Lo han hecho a partir de contar con una empresa
que manejaba el 60 por ciento del negocio de la adquirencia y el procesamiento.
Como
también manifestó el diputado Lipovetzky, este proyecto obliga a que esta
estructura oligopólica se rompa. Pero el Banco Central tiene la obligación de
controlar que el mercado no vuelva a cerrarse ni a oligopolizarse. Por eso es
tan importante que, en la medida en que los señores diputados estén de acuerdo,
mantengamos las facultades que le estamos dando al Banco Central para que
controle este complejo damero de recursos.
Me
recuerda el diputado Lipovetzky que también se encuentra presente la Cámara
Argentina de Comercio, la otra entidad que nos acompaña esta noche.
En
este proyecto ganan claramente las pymes porque logran una importantísima baja
en las tasas que pagaban hasta ahora, así como los consumidores porque van a
tener no solamente mejores condiciones y más competencia, sino también menores
costos.
Para
finalizar, considero que estamos entrando a un tiempo nuevo; estamos entrando
al tiempo de pago electrónico. Y lo estamos haciendo gracias a un Banco Central
muy activo ya que a través de nuestros teléfonos vamos a poder hacer todos los
pagos que necesitemos.
Este
proyecto brinda un marco para que este mercado fluya, para que no se
oligopolice, para que compita y para que todos tengamos el enorme beneficio del
acceso al crédito. El acceso al crédito democratiza el consumo, beneficia a los
consumidores y es una de las plataformas que necesitamos para un crecimiento
sustentable. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
López.- Señor presidente: antes de empezar a
referirme a este proyecto de ley quiero hacerle un reclamo, porque hoy usted
nos negó la posibilidad de pedir un apartamiento del reglamento que pedimos en
la Comisión de Labor Parlamentaria, porque íbamos a plantear que se trataran
cuatro proyectos que tienen dictamen de la Comisión de Previsión y Seguridad
Social.
Quiero
decirle, señor presidente, que hay un reglamento que da a los diputados la
posibilidad de hacer una moción de orden y que usted no decide si hay o no
apartamiento del reglamento. Los diputados tenemos derecho a hacerlo, y en todo
caso su bloque puede rechazarlo, pero de ninguna manera puede impedir que
nosotros hagamos el planteo de un apartamiento del reglamento.
Dicho
esto, voy a la forma en que llegamos a discutir este proyecto de ley. La semana
pasada se convocó para el día jueves a un plenario de comisiones con un
proyecto que se había presentado el día miércoles a la noche y al que no
podíamos acceder porque ni siquiera figuraba en el sitio web de esta Cámara.
Por si esto fuera poco, llegamos al plenario y cuando luego de la discusión de
si estaba completado el quórum o no empezó el debate, no conocíamos, después de
haber accedido por fin al proyecto, cuál era el texto definitivo que se estaba
discutiendo. No lo conocían ni siquiera los diputados del oficialismo, que
proponían cambios y venían los empresarios ‑con los cuales sí habían
discutido el texto del proyecto‑ a decirles “no, ya arreglamos que esto
va a ser así”. Es decir, como me dijo el presidente de la Comisión de Finanzas,
los proyectos los discuten con los empresarios y no los someten a la votación
de los diputados. De manera que en esa comisión tuvimos que dictaminar sin
conocer el proyecto que habían acordado con los empresarios, lo que jamás hacen
con los trabajadores.
Por
otro lado, quiero señalar que esta modificación de la ley de tarjetas de
crédito que estamos discutiendo, no cambia absolutamente nada la usura de la
cual son víctimas los usuarios de las tarjetas de crédito. Las comisiones e
intereses que les cobran a los trabajadores cuando se retrasan en el pago de
las tarjetas se mantienen en pie.
Lo
que está en juego en la discusión de este proyecto es una lucha por la
plusvalía, por las ganancias, entre los bancos y el sector de los grandes
comercios, y lógicamente siempre se introduce al pequeño comerciante como
excusa para llevar esto adelante. Pero acá se da una pelea, sobre todo a partir
de que ha caído el consumo. Los trabajadores consumen menos pues hay despidos,
ha caído el salario entre un 10 y 15 por ciento y ha bajado el nivel de
consumo. Por lo tanto, ha empezado esta disputa para ver si se bajan o no las
comisiones que tienen que pagar los comerciantes, en un momento donde los
trabajadores están apelando cada vez más al crédito porque lógicamente no
pueden consumir comprando en efectivo.
Quiero
decir con respecto a esas tasas de intercambio que se pagan y que ahora se van
a reducir, que el proyecto ha incorporado la posibilidad de que se autorice a
los comerciantes a cargarles a los consumidores el costo de esa tasa de
intercambio. En el artículo 7°, en la modificación del artículo 37 de la ley de
tarjetas de crédito, está incorporada la transferencia al precio al consumidor
de los costos de la tasa de intercambio. Una tasa de intercambio que viene a
ser una especie de impuesto que cobran los bancos, porque se les paga un
porcentaje de las operaciones que se hacen, cuando en realidad el costo
operativo es el mismo sin tener en cuenta el valor que tenga la transacción que
se haga. Es decir que se mantiene este enorme beneficio para los bancos.
Se
ha hablado aquí de que la competencia beneficiaría a los usuarios de las
tarjetas de crédito. No sabemos por qué podría beneficiarlos que otras empresas
financieras usureras vengan a competir en el mercado de las tarjetas de
crédito. ¿Cuál sería el beneficio para los usuarios? Ninguno, porque van a
seguir sufriendo el aumento de los precios, la inflación y la usura que está
detrás de las tarjetas de crédito que usan muchos trabajadores en este país.
Por
eso es que no vamos a acompañar este proyecto, porque en ningún caso está
detrás de esta iniciativa la defensa del interés de los consumidores y mucho
menos de los trabajadores. Y eso se refleja en una nota que se ha publicado el
día de ayer en el diario Clarín,
donde la conclusión dice que las cámaras empresarias ‑que hoy están
presentes aquí‑ quieren que este proyecto esté aprobado antes de fin de
año. Además dice que el efecto de esta ley podría potenciarse con otras
cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones? Por ejemplo, que se apruebe una nueva
ley de ART, que claramente perjudica al conjunto de trabajadores de este país.
Por
eso, señor presidente, nosotros, que somos partidarios de acabar con la usura que
llevan adelante los bancos y las tarjetas de crédito, planteamos que debe haber
comisiones formadas por trabajadores para controlar y conocer las ganancias de
los bancos, y creemos además que hay que nacionalizar la banca para que el
ahorro de los argentinos esté el servicio del desarrollo nacional.
Por
todo esto, señor presidente, no vamos a acompañar la iniciativa que se ha
presentado desde el oficialismo. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- No encontrándose presentes los diputados Abraham y Bardeggia,
tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: en primer lugar,
quiero traer al pleno de la Cámara un hecho que ocurrió en torno de este
proyecto y que de alguna manera explica nuestra posición sobre el particular.
Esto
tiene que ver con que el proyecto que hoy estamos tratando lo conocimos el día
jueves, cuando fue la reunión en la que pensábamos que íbamos a tratar otro
proyecto, que era conducente y efectivo y que nuestro bloque estaba
comprometido a apoyar, que era el aprobado por el Senado de la Nación. Es un
proyecto que básicamente consta de un artículo, que apunta directamente al
objetivo que nuestro bloque tiene y que ha compartido con las asociaciones
empresarias, particularmente la de pymes, que es el de reducir las comisiones
para los pequeños comercios. Ese es nuestro objetivo. La verdad es que
compartíamos también el hecho de que las comisiones se redujeran del 3 por
ciento al 1,5 por ciento, tal como marcó el proyecto del Senado. Allí íbamos
todos dispuestos a acompañar el proyecto. Y aquí vino la sorpresa, porque esto
había sido aprobado en septiembre.
A
esta Cámara, y en particular al oficialismo si tuviera transparencia respecto
de esta cuestión, no le quedaba más que llevar ese proyecto a la comisión,
dictaminarlo, votarlo, y hubiera sido apoyado por nuestro bloque. Grande fue
nuestra sorpresa cuando el jueves pasado, en lugar de ocurrir eso, nos
enteramos de que había sido echado a la nada, a la basura, el proyecto con
sanción del Senado y se había presentado un nuevo proyecto.
Pero
no solo fue eso. Tengo que ejercer acá
nuestro legítimo derecho a quejarnos por la forma en que están operando en las
comisiones, en la Cámara y con respecto a la presentación de importantes
proyectos. Probablemente el movimiento que hicieron respecto de la Unidad de
Información Financiera haya sido el extremo de esto. Aquí en esta Cámara
presentaron un artículo que nadie conocía.
El
otro día en la comisión, sin dejarnos leer el proyecto y prácticamente sin
tiempo, porque veníamos de sesionar el miércoles, presentaron ahí mismo, en la
comisión, un nuevo proyecto que no consta de un artículo que va al objetivo y
al hueso, sino otro proyecto que consta de quince artículos.
¿De
qué se tratan los otros catorce artículos que no apuntan a bajarle la comisión
a los pequeños y medianos comercios? Son todas cuestiones lesivas, dañinas,
para los consumidores, que se presentan como vinculadas a la competencia, a
cambiar el mercado de tarjetas, y cuya explicación ni siquiera pudimos
escuchar, porque lo primero que se procedió a hacer fue una trampa; y lo
denuncio, como denuncié en aquel momento a los presidentes de las comisiones.
¿Cuál
era la trampa? Consistía, si se podía, en ni siquiera tratar ese nuevo proyecto
que habían proporcionado. ¿Cómo? Echándole la culpa al Frente para la Victoria ‑miren
qué paradoja‑, a nosotros, cuando nuestra fuerza aprobó en el Senado un
proyecto que veníamos tratando. Se
inventó un proyecto nuevo y después se pretendió levantar la sesión de la
comisión simplemente para echarnos la culpa de que no se beneficiaba a los
pequeños comercios cuando ese era y es nuestro objetivo.
¿Qué
son esos otros catorce artículos? Se lo hemos explicado a todos los que
participan de esto, que tuvimos muy poco tiempo. Los otros artículos perjudican
a los consumidores. Este es el dilema en el que está el bloque. Nosotros,
queriendo fácilmente beneficiar a los pequeños comerciantes, nos encontramos
con que le agregaron otros artículos para perjudicar a los consumidores y
favorecer a los bancos.
Si
votamos a favor de uno, votamos en contra del otro. Nosotros no podemos
permitir un proyecto que perjudique a quienes tendrían que ser los primeros
beneficiarios, esto es a los pequeños comercios que hoy son perjudicados. No solo son perjudicados por las comisiones
de las tarjetas, sino también porque no hay demanda; y no hay demanda,
precisamente, porque se hacen cosas como esta para perjudicar a los
consumidores: se les sube el gas, se les sube la luz, se les sube la tasa de
interés en el banco para financiarse, se les suben los precios como resultado
de la devaluación y ahora, con este proyecto, se le permite a las tarjetas de
crédito subirle también los cargos que le cobran a los usuarios. De forma tal
que nos encontramos con que el proyecto se desvirtuó, y con una trampa
adicional.
El
Senado tiene aprobado un proyecto. Los que están en esta Cámara conocen muy
bien este tipo de subterfugios: se aprueba un proyecto en el Senado sobre un
tema; después, Diputados aprueba un proyecto distinto sobre el mismo tema; hay
una colisión de los dos proyectos y nos quedamos sin ningún proyecto. Hay que
traer el proyecto que tuvo sanción en el Senado y aprobarlo y van a contar con
nuestro voto.
Paso
a mostrar uno por uno cuáles son los graves problemas que nosotros vemos en
este proyecto en perjuicio de los usuarios. En primer lugar ‑esto que
quede claro para la sociedad‑, afecta a las pymes, afecta a los pequeños
comercios, pero no son los únicos afectados. El monto total de comisiones es de
6.000 millones de pesos por cada punto de comisión. De esos 6.000 millones de
pesos, el 70 por ciento no está explicado por los pequeños comercios, está
explicado por 200 empresas grandes que básicamente son los grandes vendedores
de electrodomésticos, los grandes vendedores de electrónica liviana y los
grandes supermercados. Es decir, es una puja entre supermercados y grandes
vendedores, donde son cautivas las pequeñas empresas.
Este
proyecto sería óptimo si solo se refiriera a los pequeños comercios, pero se
refiere a toda la rama comercial. Vamos a acompañar en ese sentido el proyecto
del Senado, pero no un proyecto que, además, trafica cosas como las que voy a
nombrar a continuación.
En
primer lugar, y esto es un acuerdo que han hecho los representantes ‑eso
lo podemos acompañar también‑, en vez del 1,5, se establece el 2 y el 1
según el caso, pero no para todas las tarjetas, solamente para las tarjetas de
sistema abierto. Es decir que para las tarjetas de sistema cerrado ‑para
que lo conozca toda esta Cámara‑, esto es, los sistemas de tarjetas de
una rama de comercio, de una línea de comercio, de una empresa, también las
pequeñas tarjetas regionales, no hay regulación; es decir que desregula ahora
explícitamente las comisiones para todas las tarjetas que no son las bancarias
y queda afuera una parte importante del mercado.
En
segundo lugar, en el proyecto que nos trajeron, dicen que la autoridad puede
regular las comisiones; esto lo ha detectado también la representación de los
pequeños comercios y las pequeñas empresas.
Se regula por el Congreso pero después lo puede regular la autoridad, es
decir que en lugar de bajar la comisión podría terminar subiendo.
En
tercer lugar, en la ley de tarjetas que tenemos hoy, esa que no se modifica
hace tiempo, se pone un techo a la tasa de interés, ya dispone que no puede
superar en 25 puntos a la tasa promedio. ¿Qué hace este proyecto, ese que nos
trajeron una noche y que querían que aprobáramos a la mañana? Saca ese techo a
las tasas de interés, es decir que desregula el interés y va hacia niveles de
usura en cualquier segmento.
Por
otro lado, este proyecto explícitamente dice que se puede trasladar en un
período las comisiones que cobren directamente al usuario de las tarjetas. ¿A
qué vamos a llegar con esto? A que va a ser más caro comprar con tarjeta que en
efectivo, lo cual no sería un problema si no fuera que la idea es, justamente,
regular a la baja y, además, generar bancarización, ya que todos sabemos que
ello genera también comercio limpio y posibilidad de recaudación.
Por
último, como si todo esto fuera poco, nosotros aquí encontramos que todo este
proyecto que tiene quince artículos de procedencia desconocida, de destino
desconocido y de resultado desconocido y que cuando lo empezamos a estudiar
–afortunadamente‑ encontramos que encerraba todo esto que se quería
aprobar en una reunión de comisión directamente a carpeta cerrada.
Nosotros
de esta forma no podemos acompañar un proyecto.
Podemos acompañar el proyecto que efectivamente votó el Senado de la
Nación, y con solo levantar la mano acá van a bajar las comisiones y no se va a
perjudicar a los usuarios. No podemos
acompañar este proyecto que tiene oscuros intereses encerrados, que no lo
pueden explicar ni los autores y que tenemos que discutirlo una y otra vez
porque tiene quince artículos que salieron de la galera. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Río Negro.
Sr.
Bardeggia.- Señor presidente: pido permiso para
insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por La Pampa.
Sr.
Fernández Mendía.- Señor presidente: simplemente
quiero hacer un relato que ya adelantaron algunos de los integrantes de la
comisión, porque participamos de la misma reunión.
Esto
comenzó de una manera prácticamente insólita. Se convocó a la comisión diez o
doce horas antes, cuando salíamos de la sesión para el otro día a las once de
la mañana. Nos encontramos con un proyecto que nadie había leído porque a la
mayoría ni siquiera nos había llegado. El asombro fue que estábamos esperando
tratar la sanción del Senado.
Cuando
uno mira los dos proyectos en realidad nosotros hubiéramos querido tratar el
proyecto del Senado por la sencilla razón de que de aprobarlo se hubiera
convertido en ley, obviamente salvando el veto del presidente.
Hubiéramos
tenido una ley, que era lo que teóricamente la gente de CAME, representando la
opinión de todos los comerciantes del país, estaba solicitando. En
consecuencia, nosotros tomamos un compromiso en el sentido de apoyar, primero,
el proyecto del Senado. Pero después vinieron los propios dirigentes de los
comercios, es decir, la gente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, a
pedirnos que apoyemos esta otra iniciativa.
¿Cuál
es el inconveniente? No hace falta ser muy ducho en cuestiones legislativas
para saber que si uno cruza una sanción del Senado con una de la Cámara de
Diputados va a entrar en la hoguera de las vanidades legislativas y ninguno va
a querer aceptar el proyecto del otro. Esto es claramente un camino muerto, por
lo menos a la hora de querer contar con una ley este año, que es lo que la
gente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa manifestó que necesitaba en
la reunión de la comisión.
A
nosotros nos interesa una ley que beneficie a los comerciantes y a las pequeñas
y medianas empresas. Ello es así por razones obvias: están pasando por una
crisis complicada y son dadoras de trabajo. En definitiva, lo que necesitamos
es una buena ley que beneficie a cada uno de los sectores involucrados, más
allá de que coincido con lo manifestado por el señor diputado López y otros
señores legisladores en el sentido de que hoy por hoy para la gente el problema
de la tarjeta no está dado por la comisión del 2, del 3 o del 1,5 por ciento
que puedan pagar los comerciantes y tampoco por el arancel que la tarjeta
cobra, sino por las tasas absolutamente usurarias a que se ven sometidas las
personas, sobre todo aquellas que no tienen forma de pagar el total del monto
de la tarjeta.
Voy
a contar una pequeña anécdota, no en el afán de ser autorreferencial, sino
porque me parece que representa el aspecto medular de la perversidad del
sistema.
A
mí nadie me ofrecía una tarjeta de crédito, más allá de la que tenía desde
siempre. Pero veía que a la gente que trabajaba conmigo y tenía un ingreso
bastante menor permanentemente le ofrecían tarjetas de crédito. Entonces llamé a un gerente del banco y le
pedí que me explicara eso, ya que en general la gente que vende cosas
privilegia como cliente al que paga y está al día. Le dije que estaba rodeado
de gente que pagaba el monto mínimo, que con una tarjeta financiaba a la otra
-pedaleando así las deudas- y que a pesar de eso permanentemente le estaban
ofreciendo tarjetas. Le agregué que en mi caso, que estaba siempre al día y que
supuestamente era un cliente perfecto, nadie me ofrecía una tarjeta. La
respuesta del gerente fue que precisamente a nadie le interesaba un tipo que
pagaba con débito automático y que el negocio era que la gente pagara el monto
mínimo y se le cobraran tasas usurarias sobre el saldo. De ese modo, esas tasas
aplicadas sobre saldos sucesivos daban como resultado usuras sobre usuras.
Entonces,
este es un poco el problema, es decir, la cartelización del sistema. En otras
palabras, se dice que los bancos tercerizan, pero después resulta que son
socios de la tercerización.
Estos
son, en nuestra opinión, los verdaderos problemas que tiene el sistema de las
tarjetas de crédito en la Argentina. Nos parece importante solucionarlo.
Seguramente nos pueden decir que el problema de las tasas usurarias no es de
ahora. Es cierto, pero probablemente ahora sea el tiempo de que eso se empiece a
terminar. Este es uno de los tantos abusos que sufrimos los argentinos
permanentemente y que, como siempre, cae con más fuerza sobre los más débiles,
es decir, los que menos tienen. Los que podemos abonar el monto de la tarjeta
en tiempo y forma no pagamos usura, pero los que no pueden hacerlo, tienen que
pagarla.
Reitero
que estos son los verdaderos problemas que se registran en torno de este tema.
Más allá de eso, es cierto que en alguna de las iniciativas hay alguna mirada
sobre este sector.
Nos
preocupa que no entendamos la estrategia, es decir, que la Cámara Argentina de
la Mediana Empresa primero nos pida que apoyemos un dictamen y después el otro,
cuando está claro que van a colisionar y terminar en ningún lado. A veces uno
no quiere pensar mal ni adjudicar intencionalidades a nadie, pero lo cierto es
que cuando no entiende la estrategia no sabe qué pensar.
Nosotros
nos encontramos aquí con una de esas tragedias griegas en las cuales, cuando el
héroe tomaba el camino de la izquierda terminaba en una desgracia, y cuando
elegía el de la derecha terminaba en una tragedia, con lo cual no había salida.
Ahora podemos elegir entre votar este proyecto que nació muerto porque va a
colisionar -y, como dije, caer en la hoguera de las vanidades legislativas- o
votar la iniciativa del Senado, lo que no podemos hacer.
De
manera tal que la conclusión es que no hay una ley, que es lo que supuestamente
nadie quiere.
Así
que esta es en cierta forma la preocupación que queremos manifestar. No
queremos poner ningún palo en la rueda, sino que por el contrario nos interesa
que a los comerciantes se les empiecen a solucionar los problemas.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita al señor diputado que redondee su
exposición.
Sr.
Fernández Mendía.- Simplemente quiero señalar que
no entendemos cuál es la estrategia y nos parece que de esta manera no habrá
una ley.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
David.- Señor presidente: quiero plantear dos
cuestiones. La primera es por qué tratamos el tema de las comisiones. El señor
miembro informante ha dicho algo a medias. Hay un proyecto que cuenta con la
correspondiente sanción del Senado y que llega a la Cámara de Diputados porque
en definitiva no hay competencia. En última instancia, lo que debería ser un
tope por debajo del cual se compita para lograr una tasa o una comisión
razonable, no existe. ¿Por qué? Porque obviamente la principal tarjeta o
empresa compuesta por los principales bancos –esto no se ha dicho aquí- es la que
fija las tasas elevadas.
Entonces,
la discusión estriba en determinar si el Estado debe intervenir y regular este
tema bajando las tasas de prepo. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque tampoco ha
funcionado durante este año ni posiblemente en los anteriores el área de
Defensa de la Competencia. Esta es la verdad. Pero todavía seguimos diciendo
que Defensa de la Competencia va a ver si el año que viene puede emitir alguna
resolución que permita mejorar el sistema de competencia en beneficio de la
gente y, en este caso, del comercio. Este es el problema.
Entonces,
obviamente, nosotros estábamos de acuerdo ‑lo hemos manifestado y no voy
a reiterar lo que se ha dicho acá‑ con la forma en que ha funcionado la
comisión respecto de este tema. Creemos que una solución simple era aprobar el
proyecto que venía del Senado y después, el año que viene, trabajar como lo
proponen Defensa de la Competencia y el oficialismo en muchas de las cuestiones
que tienen que ver con el sistema de las tarjetas de crédito.
Por
lo tanto, me parece que este es el meollo de la cuestión. Lamentablemente, debo
decir que desde el principio, cuando llegó este tema, hubo una actividad del
oficialismo tratando de trabar la sanción de esta ley. No juzgo los motivos ni
digo que fue porque está a favor de unos u otros. Lo que manifiesto es que en
definitiva hoy nos ponen en una situación en la que tenemos que elegir un
proyecto que, como bien lo expresó el señor diputado Fernández Mendía, no
sabemos si en definitiva, por esto de las dos iniciativas del Senado y de la
Cámara de Diputados, se va a convertir en una ley. Ojalá que el mismo ahínco
que el oficialismo puso en no aprobar el proyecto venido en revisión del
Senado, lo tenga para sancionar la ley en ese cuerpo.
Provengo
de una provincia en la que muchos comerciantes hoy por hoy están esperando que
un proyecto les solucione medianamente la difícil situación coyuntural que
están atravesando, de muchos años de abuso en las comisiones de las tarjetas de
crédito. Para nosotros es muy difícil decirles que los vamos a dejar sin ley,
es decir, que no vamos a aprobar nada. Comparto muchas de las cosas que en este
sentido han dicho el señor diputado Kicillof y otros señores legisladores.
¿Pero cuál es la alternativa?
Por
lo tanto, creo absolutamente que aquí hay un problema de fondo que no estamos
resolviendo. Se trata de una solución sencilla, clara, concreta y que inclusive
podría generar mañana el área de Defensa de la Competencia, en el sentido de
terminar de una vez por todas con este abuso de las comisiones de las tarjetas
de crédito que los bancos están produciendo desde hace mucho tiempo.
Para
finalizar, llegamos a esta instancia en una de las últimas sesiones del año con
un proyecto que bajo ningún concepto es el mejor o, por lo menos, el más claro
en cuanto al objetivo original. Ojalá que pueda servir para mejorar realmente
la situación de los comerciantes y no sea, en definitiva, una trampa más
orquestada para evitar el objetivo final, que es la obtención de ese beneficio.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Carrió.- Señor presidente: en primer término,
muchas de las observaciones formuladas por el señor diputado Kicillof fueron
aceptadas por el presidente de la comisión en conversaciones anteriores. En primer lugar, voy a hablar desde el punto
de vista del consumidor. Me referiré a mi caso personal porque en los resúmenes
nunca pago el total de lo gastado con la tarjeta de crédito, sino el mínimo.
Soy víctima de esas tasas de interés que se aplican por no pagar el total. La
verdad que esto me beneficia absolutamente, como a todos los que pagan el
mínimo de lo gastado con sus tarjetas de crédito. Lo digo porque si uno saca la
cuenta de lo que paga anualmente, seguro que la tasa llega al 40 por ciento.
Si
coincidimos en que un crédito común no pueda superar un 25 por ciento,
significa una gran mejora para mucha gente que hoy paga el mínimo. Esto es
indiscutible.
Por
otro lado, se bajan las comisiones, cuestión que también es cierta. Es verdad
que mejora a los grandes comercios, pero mucho más lo hace con los pequeños.
Debemos tener en cuenta que hoy venden poco y si encima les aumentas las
comisiones, se ven perjudicados. Sin embargo, al bajarlas, estamos beneficiando
a todos. No creo que ninguna de las organizaciones de pequeñas y medianas
empresas estén acá avalando un proyecto si es que no mejora su situación
personal.
Además,
este proyecto puede pasar perfectamente al Senado para ser tratado en sesiones
extraordinarias y seguro lo aprueban.
Quería
agregar que esto no se resolvió en doce años, porque no es que estamos pagando
los intereses de este año solamente. Desde que tengo uso de razón –es decir,
“uso de tarjeta”, porque me la dio mi madre cuando tenía 20 años- esta
situación se produce siempre y cobran cualquier interés.
Me
alegra que se haya producido este debate, porque es la primera vez que en este
Parlamento se trata la situación de los que pagan el mínimo y les cobran
cualquier interés por el monto no pagado.
Esto
significa un adelanto y, en todo caso, el Banco Central tiene límites. Incluso
hoy, por lo que dice la Ley Orgánica del Banco Central, lo puede regular dicha
entidad. Entonces, si lo puede hacer per
se el Banco Central, ¿por qué no lo hacemos ahora nosotros? Lo digo porque
el Banco Central puede adoptar una medida por un mayor monto, más tope u otra
negociación con los bancos.
Entonces,
tomamos un proyecto o el otro. Esto está acordado con las empresas y se aceptan
modificaciones. La verdad es que podemos obtener un beneficio rápido. ¿Ustedes
creen que alguien en el Senado se va a negar a aprobar esto ante de fin de año?
Nadie.
Sinceramente
les digo que hemos realizado todo un trabajo de consenso. Les aclaro que no
fueron responsables los presidentes de las comisiones de tratar este tema el
jueves. Fue un pedido que le hice al bloque de Cambiemos para que lo pudiésemos
considerar en sesiones ordinarias. Me parece que es lo acertado beneficiar a
los consumidores y a los comercios en relación con los bancos. No debería tener
tanta oposición en el Congreso de la Nación.
La
verdad es que mucho no entiendo. Sí entendí muchas veces que no se dijera nada
en cuanto a que los bancos financiaban las campañas políticas de muchos
candidatos. Si es así, digámoslo y que la ley la sancione el Banco Central en
lugar del Congreso. No podemos mentirnos entre nosotros. (Aplausos en las bancas).
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: en realidad, le había
solicitado una interrupción a la señora diputada preopinante, porque estamos
tratando un tema sumamente delicado que genera muchas expectativas.
Obviamente
que acá nadie puede estar en contra del pequeño empresariado ni de los consumidores.
Sin embargo, a título personal lo que me genera una controversia muy grande
tiene que ver con el hecho de que no hayamos modificado el proyecto de ley que
sancionó el Senado y que nos enviara en revisión.
Si
queríamos que se cumpliera todo lo que la señora diputada preopinante ha
mencionado, lo que deberíamos haber hecho era modificar la sanción de la Cámara
alta y de ninguna manera generar este choque de planetas que bien conocemos
quienes tenemos alguna experiencia y tiempo en la Cámara. Lo que se está
haciendo es obstruir el tratamiento del tema. Lo debemos decir con todas las
letras.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.
Sra.
Arenas.- Señor presidente: en primer lugar,
quiero reiterar lo que han dicho los señores diputados preopinantes en cuanto a
la sorpresa que nos llevamos el jueves cuando fuimos a considerar en la reunión
de comisiones el proyecto de ley que había sancionado el Senado. Al menos, es
lo que habíamos conversado con las cámaras de la pequeña y mediana empresa a
nivel local y regional.
Nos
encontramos con un nuevo proyecto. Consulté a las cámaras y ellos también se
manifestaron a favor de lo que había aprobado el Senado, pero era algo así como
que estaban sometidos a un apriete y que no podían optar por otra cosa.
Durante
los meses anteriores hemos estado oyendo los reclamos de estas entidades.
Constantemente han panfleteado delante del Congreso, reclamando el tratamiento
del proyecto de ley que aprobó el Senado.
La
realidad que vivimos es que cierran comercios tanto a nivel nacional como
local. Los despidos de empleados aumentaron, tenemos un tarifazo y hay
hiperinflación. A esto hay que agregar la disminución que se produjo en el
consumo y la pérdida de ventas. Las entidades quedaron conformes con la baja
que se hacía a las tasas usurarias que les cobraban los bancos en concepto de
comisiones. Ese era el proyecto de ley que íbamos a aprobar.
No
queremos pensar que esto ha sido un acuerdo de cúpulas entre los empresarios y
los diputados. Desde ya no quiero regresar a mi provincia y encontrarme con el
reclamo de la gente. Si mejora la situación, vamos a acompañar su sanción. Pero
si se trata de una puesta en escena que sabemos va a terminar en la nada porque
colisiona con el proyecto aprobado por el Senado, deberíamos replantear su
consideración o su vuelta a comisión.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Abraham.- Señor presidente: se habló de decir
verdades. Estamos tratando esto porque el comercio tiene problemas graves y son
cosas que se dijeron en debates anteriores.
Es
fruto del ajuste, de los salarios a la baja, la apertura de las importaciones y
muchas de las cosas que en un debate presidencial se manifestaron que no se
iban a hacer y se hicieron. Por ello, ahora la industria y la pequeña y mediana
empresa tienen los problemas que tienen.
Este
proyecto de ley es una especie de paliativo para ayudar a este sector. Si se
quiere estamos ante una distribución de la riqueza en la Argentina entre los
que más tienen y los que menos tienen. Pero también debemos decir la verdad: el
proyecto que sancionó el Senado estuvo más de setenta días en las comisiones.
Por todos los medios intentamos que se tratara. Lo hizo CAME y algún otro
establecimiento. Llegaron a sostener que si no se trataba el proyecto iban a
decir quiénes estaban obstaculizando o trabando el tratamiento de este tema.
Aplicamos
el artículo 109, nos dijeron que iba a haber reuniones de comisiones en
conjunto para considerarlo más rápido, después las dejaron sin efecto;
posteriormente, fueron solo informativas. De modo que no hubo voluntad de
tratar el proyecto que venía del Senado, que en forma más sencilla y sin
perjudicar a nadie convenía a los empresarios y a los comerciantes.
Hubo
una acción deliberada de llegar al final del período de sesiones ordinarias
para tratar otro proyecto. ¿Cuáles son las intenciones? Las desconozco.
Obviamente, tanto CAME como las demás organizaciones prefirieron antes que nada
que les dieran el 2 o que bajaran a uno. Me pareció una actitud cuasi extorsiva
demorar hasta el final la consideración para tratar un proyecto distinto,
nuevo. Ya hablaron otros legisladores, como Kicillof, sobre la confrontación de
proyectos, dando argumentos técnicos. Si estamos en esta situación es porque
hubo una acción deliberada del oficialismo de no tratar la iniciativa del
Senado, que convenía a todos, aunque no tanto al sector bancario.
Me
da la impresión de que se ha querido ayudar al sector bancario con todos estos
beneficios. Creo que ni este año ni el que viene saldrán estas cosas. Se ve que
no existe voluntad para ello; pesa más el sector bancario y el financiero que
el de la industria y el comercio. Repito: estamos así no por la pesada herencia
sino por las pesadas medidas económicas que ha tomado este gobierno, que están
destruyendo la industria nacional y el comercio.
Tal
vez no conozca tan en profundidad las cuestiones reglamentarias como otros
señores diputados, pero podríamos estar considerando el proyecto del Senado,
aprobarlo; el comercio y la industria se verían beneficiados, no habría
conflictos de poder con la otra Cámara y hoy mismo tendríamos la ley sancionada
por el Congreso. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Salta.
Sr. Durand Cornejo.- Señor presidente: voy adelantar mi voto positivo a
este proyecto de ley, pero me veo obligado a aclarar vehementemente mi
desilusión y fastidio por la forma en que fue tratado. (Aplausos en las bancas.)
No
puedo ocultar que trabajo en una asociación de consumidores hace veintitrés
años; eso lo tengo muy en claro. Tampoco puedo dejar de señalar que los
fundamentos comienzan diciendo expresamente: “El presente proyecto es fruto de
una tarea de búsquedas de consenso entre todas las partes involucradas en el
mercado de las tarjetas de crédito.”
La
ley 25.065 tiene ya diez años. Desde hace diez años esperábamos este momento
para considerar todos los proyectos que están durmiendo en la Comisión de Defensa
del Consumidor, del Usuario y de la Competencia a fin de mejorar esta norma.
Esta
ley es un trípode, y como tal tiene tres patas: por un lado están los poderosos
bancos, los propietarios del sistema; después, los comerciantes, que tendrán un
pequeño beneficio ‑si voy a votar favorablemente esta iniciativa es por
ellos‑, y finalmente, los consumidores, aunque no tengo dudas de que no
tendrán ni un centavo de baja. (Aplausos en las bancas.)
Este proyecto de ley está claramente mal encarado.
El Congreso tiene una comisión que se dedica exclusivamente a la temática de
los consumidores. Cómo puede argumentarse que están contempladas todas las
partes, cuando jamás se giró la iniciativa a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia ni
tampoco se ha pedido opinión a las asociaciones de consumidores, que forman
parte del negocio de las tarjetas de crédito. (Aplausos en las bancas.)
Nos
están hablando de la baja del titular, uno de los problemas más graves que
existen. Supuestamente, los bancos regalan las tarjetas; se las mandan
engañosamente a los clientes o se las venden por teléfono, pero cuando quieren
darles de baja, es imposible. Es más, existe una ley vigente que da derecho a
los consumidores, a través de la ley 24.240, a dar de baja un producto de la
misma manera en que se ha obtenido; es decir, si se la vendieron por teléfono
deben darla de baja por teléfono. Todos sabemos que eso no se cumple.
Aquí
se habló de que se ha dotado de facultades al Banco Central. El Banco Central tiene
facultades hace muchos años para controlar a los bancos y evitar el abuso a los
consumidores; sin embargo, nunca lo ha hecho, y nada me hace pensar que ahora
lo hará.
Muy
triste y lamentablemente tengo que manifestarme de esta manera, con la idea de
que esto no sea así. Escuchaba al señor diputado del Partido Obrero, con quien
no comparto absolutamente en nada su ideología. De todas maneras debo decir que
hoy lo noté conservador en lo que dijo respecto de lo que significa esta ley
para los consumidores. (Risas y aplausos en
las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
-
Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Olmedo.- Señor presidente: estoy totalmente desconcertado; perdí el rumbo. (Risas.)
Voy a ser muy claro: hace un mes pedí
a esta Cámara tratar el tema de CAME y el de las tarjetas de crédito. Todos los
bloques votaron en contra. El único que lo pidió fui yo.
CAME me dijo que quería que tratemos
la iniciativa del Senado. Ahora me desayuno, meriendo y ceno de que nada que
ver... (Risas.)
Yo
digo las cosas como son; no doy vueltas. No tengo pelos en la lengua ni miento.
Pero, ¿qué estamos tratando ahora? ¿Para qué vamos a votar esto? Ahora dicen
que la iniciativa va a volver al Senado. Al Senado no le gusta que le corrijan
nada; no mintamos. ¿Por qué no tratamos la iniciativa del Senado?
No
sé mucho de reglamento, por mi experiencia, pero pregunto: ¿No puede tratarse
sobre tablas el proyecto del Senado y dejamos de dar vueltas? ¿No es posible
constituir la Cámara en comisión? No sé si se puede o no; solo pregunto.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Olmedo.- No sé si Camaño puede ayudarme. (Risas.)
¿Se
puede hacer eso, señora diputada?
-
Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Olmedo.- Aclaro que no estoy en contra, porque
vengo del sector de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, y por qué
no decirlo, hasta logramos una empresa importante. Pero no mintamos más a la
gente. Tratemos una cosa o la otra ¿Por qué cambian?
No
digo que perdí el rumbo, porque nunca lo he perdido; lo tengo muy claro, aunque
no entiendo para qué vamos a votar esta iniciativa. Tengo presente que debo ser
positivo con la gente de CAME, de las pequeñas y medianas empresas y con los
consumidores. ¡Basta ya de hacer política por el simple hecho de hacerlo sin
solucionar los inconvenientes de la gente! Ahora estamos generando un problema
doble: llegarán las fiestas de fin de año y no habremos solucionado nada, salvo
que el Senado apruebe la semana que viene el proyecto que nosotros modificamos
sin ninguna razón de ser. Yo no soy dueño de un banco. Saben que no tengo nada
que ver con ellos; solo tengo deudas con los bancos. La verdad es que me quedé
sin palabras por primera vez, señor presidente, y mire que normalmente no me
quedo sin palabras. (Risas.)
A
la gente de CAME le digo, como le di mi palabra el primer día, que acá estoy,
firme, y voy a apoyar este proyecto. Pero no entiendo por qué cambiaron la
monta en medio del río. Lo digo muy clarito, porque yo soy muy claro con mis
cosas. (Aplausos en las bancas.)
Ahora que cambió el oficialismo, no hagan que diga “parecen iguales a los
otros”. (Risas.) No; no quiero que
sean iguales a los otros. Hay que ser distintos. El pueblo está esperando que
los políticos le respondamos a la sociedad y no que seamos más de lo mismo.
Para eso votó el cambio y para eso este Congreso tiene la diversidad que tiene.
Como
dije, voy a votar afirmativamente este proyecto. A los de CAME y a los del
oficialismo les digo: cuando se cambia la monta en medio del río, algo se moja.
Espero que no le estemos mojando el bolsillo a la gente más humilde. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Pereyra.- Señor presidente: he escuchado con
mucha atención a los colegas preopinantes, como corresponde, y comparto lo
expresado por algunos de ellos en el sentido de que estamos bastante
desconcertados.
Nosotros
estábamos dispuestos a apoyar la sanción del Senado por dos motivos: primero,
para que pueda convertirse en ley, y segundo, porque había recibido algunas
mejoras. Pero ahora, con todos estos puntos que se han incorporado, la realidad
es otra y se nos plantean un montón de dudas.
Por
lo tanto, ya veremos cómo votar. Es una lástima, porque no podremos beneficiar
a nadie, ni en poco ni en mucho, cuando es momento de “hacer algo” con este
tema de las tarjetas, como se dice en criollo.
Los
trabajadores, la clase media, están usando mucho las tarjetas debido a la situación
económica, ya que la tarjeta de crédito es como sacar fiado. Antes se sacaba
fiado con la libreta; ahora, con la tarjeta. Todos conocemos el alto costo que
tiene la financiación de las tarjetas a través de los bancos, de las
financieras. Por eso, tenemos que “hacer algo”. Pero ese “algo” no lo estamos
haciendo con esta modificación del proyecto venido del Senado. ¿Por qué? Por un
lado, porque estamos cerca de fin de año, y por otro, porque seguramente no van
a aprobar el cambio de proyecto y se va a trabar.
Lo
lamento profundamente, señor presidente, porque la verdad es que quería
acompañar este proyecto.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Schwindt.- Señor presidente: como bien dijeron
muchos aquí, este proyecto que estamos tratando se resolvió entre gallos y
medianoche. A decir verdad, un senador de nuestro espacio presentó, a
instancias de CAME –porque no es que CAME no participó en este proceso‑,
un proyecto que salió aprobado por unanimidad. Debe ser el único caso en el
mundo en que una asociación consigue sacar un proyecto por unanimidad en una
Cámara y cuando va a la otra Cámara lo esconden en un cajón y en lugar de
tratarlo sacan de la galera un nuevo proyecto. (Aplausos en las bancas.)
Ese
proyecto nuevo no beneficia en nada a los consumidores ‑aclaremos esto de
entrada‑, porque ahora resuelven que a las pequeñas empresas, es decir, a
las que facturan hasta 55 millones de pesos, corresponde el 2 por ciento, y a
las otras –como sería el caso de Garbarino, por ejemplo‑ el 2,6 por
ciento.
¿Alguien
cree que eso va a beneficiar al consumidor? ¿Alguien cree que el consumidor no
lo va a pagar? Lo pagábamos antes y lo seguiremos pagando ahora. Esto no nos
beneficia en nada a los consumidores. Pero no solo eso, sino que para este
proyecto que se resolvió entre gallos y medianoche ‑como bien dijo el
diputado Durand Cornejo‑ no citaron a una sola asociación de consumidores
para preguntarle nada.
Ya
que estaban negociando desde hace días con los bancos, hubieran dicho “vamos a
darle algún beneficio al usuario; por ejemplo, que no pague el plástico de
renovación”. Cada tarjeta le cuesta al banco apenas 5 pesos, pero la cobran lo
que quieren. No hay un solo beneficio para los usuarios. No pensaron en nada para
los consumidores.
No
sé qué hizo la asociación CAME. A nosotros nos pasa lo mismo que al diputado
Olmedo, es decir, no entendemos por qué de la noche a la mañana tiraron un
proyecto que se había hecho a instancias de ellos. Simplemente dijeron “porque
no sale”. ¿Qué es lo que no sale? ¿A quién le preguntaron para decir que no
salía? A nosotros nos mandaron el hombre sándwich acá afuera el miércoles
pasado, nos panfletearon, y nunca dijimos que estábamos en contra de nada. Por
el contrario. ¿Cuándo les dijimos que no? Nos estuvieron apretando todo el
tiempo. Esa es una metodología vieja, que no sirve. ¡No somos apretables,
señores! ¡Entiéndanlo! ¡No somos apretables! (Aplausos en las bancas.)
Ahora
vamos a ver cómo resolvemos este entuerto, porque nosotros no estamos a favor
de los bancos. ¡Que les quede claro, estamos a favor de los consumidores! Pero
los mismos señores de CAME, que pidieron un proyecto y se aprobó en el Senado
por unanimidad, ahora no lo quieren tratar acá y vinieron con una iniciativa
nueva que no tuvimos ni tiempo de estudiar. Ahora aparecemos modificando
artículos y corriendo de una banca a la otra, porque veo que el diputado Amadeo
sigue dando vueltas.
Esto
es realmente vergonzoso. De manera que ahora vamos a ver qué terminamos resolviendo.
(Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Lusquiños.- Señor presidente…
Sr. Recalde.- Pido la palabra para plantear una moción de
orden.
Sr. Presidente (Monzó).-
Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: a esta altura del
debate, con todas las cosas que han pasado acá y hemos escuchado, creo que lo
más prudente es que este proyecto vuelva a comisión. Por eso, hago una moción
en este sentido.
Me
parece que se va a neutralizar, va a quedar incómodo, no vamos a quedar bien
con nadie y no vamos a resolver lo que tenemos que resolver. (Aplausos en las bancas.)
Dado
que existe una contradicción entre el proyecto sancionado por el Senado y el
proyecto de esta Cámara de Diputados, solicito que el expediente vuelva a
comisión. Además, pido votación nominal. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Votaremos la moción de orden luego de escuchar a los dos
oradores que faltan.
Tiene
la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: la verdad es que
estamos haciendo un papelón. Esto es un papelón. Además, cuando las cosas son
mal paridas, terminan mal paridas.
Nosotros
no vamos a permitir que este tema no se resuelva. Tenemos un pequeño problema:
acá hay gente que hace las cagadas y habla de más.
Entonces,
señor presidente, voy a pedirle que si lo que se decide es no tratar o no votar
el proyecto y tenemos la voluntad de hacer algo en serio, se ponga
inmediatamente en tratamiento la sanción del Senado, con los dos tercios que
corresponde, constituyamos la Cámara en comisión y trabajemos sobre ese
proyecto; entonces estaremos haciendo las cosas como corresponde. (Aplausos en las bancas.)
Lo
que están haciendo con este proyecto es un fraude. Acá están defraudando la
confianza de la gente. Han buscado el peor de los caminos, el de no hacer nada,
el de decir que se hace para no hacer nada.
Por
lo tanto, señor presidente, nosotros no vamos a acordar irnos de acá sin una
solución.
Sr.
Presidente (Monzó).- Voy a continuar con la lista de oradores, ya que no vamos a
permitir que los dos diputados que han esperado toda la noche no tengan la
oportunidad de hablar. Posteriormente se someterá a votación las mociones
formuladas.
Tiene
la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Lusquiños.- Señor presidente: no puedo decir
ninguna palabra más ni mejor que las dichas por la señora diputada preopinante.
De manera que, en la misma línea, vamos a acompañar la moción de orden e
intentaremos resolver el problema hoy.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Conesa.- Señor presidente: debo decir que antes
de que se recibiera la sanción del Senado yo presenté un proyecto muy similar
en esta Cámara, pero no fue tratado. Mi iniciativa es anterior a la del Senado,
pero no sé por qué causa no se trató.
Lo
cierto es que ahora tenemos un dictamen de comisiones bastante completo y muy
interesante que establece comisiones del 2 por ciento para las tarjetas de
crédito y del 1 por ciento para las tarjetas de débito. El proyecto del Senado
contempla comisiones del 1,5 por ciento para las de crédito y cero para las de
débito.
En
realidad, desde un punto de vista estrictamente económico no se justifica que
las transacciones con tarjeta de débito abonen un derecho ad valorem del 1 por ciento, porque simplemente se trata de hacer
un asiento electrónico que prácticamente no tiene ningún costo. Si tuviéramos
que asignarle un costo, le podríamos fijar 10 pesos por transacción, pero no un
derecho ad valorem. Este derecho ad valorem significa una transferencia
de ingresos enorme para los bancos emisores de las tarjetas de débito, lo que
resulta antieconómico incluso para los mismos bancos.
El
gran negocio de la Argentina toda, del desarrollo económico de nuestro país,
consiste en bancarizar la economía. Esto que aquí se propone es en realidad
como un impuesto que abonan los consumidores, pero que no entra a las arcas
fiscales sino que va a los bancos. Por eso, considero que esto es un absurdo,
no tiene ningún sentido.
En
el caso del impuesto al cheque, uno puede pensar que se trata de un mal
impuesto, que es distorsivo, que no debería existir, pero al menos va a las
arcas fiscales. En cambio este 1 por ciento que se cobra por las operaciones
con tarjetas de débito es una suerte de impuesto que va a los bancos, lo que
contradice el interés general de manera muy importante.
Personalmente
soy partidario de la bancarización de la economía, es decir, que casi todas las
transacciones se hagan por la vía bancaria, lo cual favorece a los bancos pero
también al país, ya que evita la economía “en negro” y permite al Fisco
recaudar muchos más recursos por vía del impuesto a las ganancias y del IVA. De
esta forma se concilia el interés general, se favorece a los consumidores
–porque evidentemente esto significa una rebaja para ellos- y, en el fondo y a
largo plazo, también se favorece a los bancos. En efecto, la bancarización que
estoy propiciando sería muy beneficiosa para todo el país y, a la larga, para
los mismos bancos.
Considero
que este mezquino 1 por ciento que se pretende cobrar es un grave error.
Insisto en que es como un impuesto que no entra a las arcas fiscales sino que
va a los bancos.
Por
supuesto, si se vota el dictamen de comisión, anticipo que tengo modificaciones
para proponer al artículo 15. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Hemos concluido con la lista de oradores. En consecuencia, debe
votarse la moción de orden formulada por el señor diputado Recalde.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: queremos hacer una
aclaración desde el bloque de Cambiemos antes de someter a votación -como
corresponde- la moción de vuelta a comisión formulada por el señor diputado
Recalde.
Al
respecto quiero señalar tres cuestiones. En primer lugar, si se vota
afirmativamente la moción, todo el mundo, y particularmente los comerciantes de
todo el país, deben saber que no va a haber una solución hasta el año que
viene, porque no se puede emitir dictamen de comisión y porque no podemos
tratar nada.
En
segundo lugar, si a alguien se le ocurre la hermosa idea de poner en consideración
un proyecto que hoy no está siendo tratado, como la sanción del Senado, ello
requiere una mayoría de tres cuartos. Que alguien encuentre los tres cuartos
que se necesitan.
En
tercer término, este dictamen de comisión, que tiene soluciones para la cuestión
de la intermediación del comercio a lo largo y ancho del país, está firmado por
la mayoría de los bloques aquí presentes: el Frente para la Victoria, el bloque
Justicialista, Cambiemos. (Aplausos en
las bancas.)
Entonces,
¿cuál es el problema que tenemos ahora? En la comisión dijeron que si bien
tenían diferencias, iban a firmar para poder tratarlo y darle solución a este
tema antes de fin de año. (Aplausos en
las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: de ninguna manera
tenemos ánimo de demorar. Lo que queremos es que se apruebe este proyecto, y la
mejor forma -y la más rápida- es que pase a comisión. Tenemos sesiones
extraordinarias, de manera que si hay voluntad política podemos fijar el
tratamiento del tema en sesiones extraordinarias, para que el asunto pueda
volver al Senado.
A
mi juicio, la única manera de que se haga efectivo esto y podamos llegar a un
acuerdo es que votemos el proyecto venido del Senado, y si después quieren
presentar otro proyecto, votamos otro proyecto.
Lo
que quiero es demostrar claramente que tenemos todas las posibilidades para que
se convierta en ley este año. Si lo pasamos a comisión, nos reunimos y
consensuamos, se puede reformular el dictamen de comisión votando el proyecto
sancionado por el Senado, con lo que daremos satisfacción a aquello a lo que
nos comprometimos originalmente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde votar en forma nominal la moción de orden formulada
por el señor diputado Recalde en el sentido de que el proyecto pase a comisión,
la cual no se discute. Se trata de una moción de orden y no quiero seguir
discutiendo este tema.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: retiro la moción.
Sr.
Presidente (Monzó).- Perdón, señor diputado, no entiendo.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: hay otra moción, que
es la de que la Cámara se constituya en comisión. Pido que se trate esa moción
y yo retiro la mía.
Sr.
Presidente (Monzó).- Esto confunde, señor diputado. Usted hace una moción y la
retira.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Voy a tratar de ordenar la discusión. El señor diputado ha formulado
una moción de orden, pero cuando estábamos por votarla dijo que la retiraba.
Sr.
Recalde.- Déjeme explicar por qué procedo así. Lo
hago en aras de aportar al debate, porque no me enamoro de las ideas, sino de
la verdad y de la posibilidad de dar una respuesta al pueblo. Entonces, si hay
otro camino mejor que el que yo indiqué, retiro la moción de orden.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿Encontró ese otro camino, señor diputado?
Sr.
Recalde.- El camino lo están planteando ellos y
yo adheriría...
Sr.
Presidente (Monzó).- Vamos a votar la moción de orden.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia va a tomar la palabra y va a adoptar su decisión.
Tendríamos que votar la moción formulada, pero vamos a tener una buena actitud
y predisposición para con el bloque, que se ha arrepentido respecto de lo
propuesto por el señor diputado Recalde.
En
consecuencia, debemos pasar a votar el proyecto original...
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- No se puede desplazar un proyecto. Primero está el proyecto
original.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Massa.- Señor presidente: está claro que todos
los bloques tienen la vocación de resolver este tema antes de que termine la
sesión. También está claro que tenemos en discusión diversas cuestiones
vinculadas con la iniciativa que sancionó el Senado, con el proyecto del señor
diputado Lipovetzky y con su articulado.
En
este sentido, quisiera proponer un cuarto intermedio de quince minutos en las
bancas y que constituyamos la Cámara en comisión. Le pido a usted, como
presidente del cuerpo, y a quienes trabajaron en la redacción del texto que
tratemos de resolver la cuestión para que esta noche misma, ya que no hay
consenso para tratar la iniciativa proveniente del Senado, podamos discutir un
proyecto que resuelva el problema de los comerciantes y nos permita mostrar que
tenemos la vocación de resolver el problema de los consumidores.
Sr.
Presidente (Monzó).- En síntesis, el señor diputado Massa propone pasar a cuarto intermedio
en las bancas.
Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: voy a tratar de no
confundir más a nadie.
Estamos
considerando un proyecto que tiene un Orden del Día y que ha sido incorporado
para su tratamiento en esta sesión especial. El trámite normal es el de su
votación en general después de que se agota el debate y luego en particular a
fin de proponer las correspondientes modificaciones, si las hubiera. Este es el
orden natural para el tratamiento de esta iniciativa.
Si
se quiere incorporar para su consideración otro proyecto diferente y para ello
constituir la Cámara en comisión, se necesitan las tres cuartas partes de los
votos para hacerlo. Pero aquí no es necesario constituir la Cámara en comisión
porque estamos ante un proyecto que tiene Orden del Día, y las modificaciones
pueden introducirse durante su consideración en particular. Este es el orden
natural; no tenemos por qué traumatizarnos.
Si
alguien no quiere que sigamos sesionando, puede hacer una moción de orden; si
alguien quiere que el tema vuelva a comisión, puede hacer otra moción de orden.
Es el curso natural de tratamiento de los diferentes asuntos, que en el
reglamento está más claro que el agua. No tenemos nada para inventar en este
sentido.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia comparte las palabras vertidas por el señor
diputado Negri.
En
primer lugar, tenemos que pasar a votar la moción del señor diputado Massa de
pasar a cuarto intermedio. Si no interpreté mal, el señor diputado no quiso
proponer que se constituya la Cámara en comisión, sino que entre los
presidentes de bloque se acuerde cómo continuar con la sesión. Creo que aquí
está la confusión.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Massa.- Señor presidente: están presentes los
miembros de CAME. Como bien señaló el señor diputado Sánchez, todos los bloques
firmamos el dictamen con disidencias. Está claro que hay cuestiones del
articulado que pueden condicionar la votación en general de un bloque o del
otro. Por eso, una reunión de quince minutos para resolver un problema que
afecta a 15 millones de argentinos me parece que no es algo imposible. Hemos
sesionado varias veces hasta las 5 de la mañana. Son las 3 y 15; no es tan
grave.
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde pasar a votar la moción formulada por el señor
diputado Massa de pasar a un cuarto intermedio de quince minutos en las bancas.
Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: creo que no hace falta
votar la solicitud del señor diputado Massa; a nadie se le niega un cuarto
intermedio en las bancas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Invito al cuerpo a pasar a cuarto intermedio con permanencia de
los señores diputados en las bancas.
- Se pasa a cuarto intermedio. Luego de
unos instantes:
Sr. Presidente (Monzó).- Continúa la sesión.
Se
va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de las Comisiones de
Finanzas y de Legislación General recaído en el proyecto de ley contenido en el
expediente 8.048-D.-2016…
Sr.
Bardeggia.- Solicito permiso para abstenerme en
la votación.
Sr.
Pitrola.- También solicito autorización para
abstenerme de votar.
Sr. Presidente (Monzó).- Si hay asentimiento, la Cámara autorizará las abstenciones de los
señores diputados.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Monzó).- Quedan autorizadas las abstenciones de los señores diputados.
Se
va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de las comisiones de
Finanzas y de Legislación General recaído en el proyecto de ley contenido en el
expediente 8.048-D.-2016, sobre
modificación de la ley 25.065, de tarjetas de crédito, estableciendo que las
entidades financieras emisoras de tarjetas no podrán fijar comisiones o
aranceles, tasas de intercambio y/o tasa de adquirencia diferenciada entre
comercios (Orden del Día N° 908).
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
176 señores diputados presentes, 134 han votado por la afirmativa y 34 por la
negativa, registrándose además 7 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han
votado 134 señores diputados por la afirmativa y 34 por la negativa,
registrándose además 7 abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobado en general el dictamen de mayoría.
En
consideración el artículo 1°.
Se
va a votar.
-Resulta afirmativa.
-Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 2° y 3°.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 4°.
Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: vamos a hacer una
propuesta de modificación en el último párrafo del artículo 4°.
Proponemos
agregar al final “conforme a lo establecido en el párrafo precedente”. El
párrafo entero quedaría redactado de la siguiente manera: “La autoridad de
aplicación tendrá la facultad de regular la comisión o arancel, la tasa de
intercambio y la tasa de adquirencia, con el objetivo de brindar mayor
transparencia al sistema y favorecer a la competencia, conforme a lo
establecido en el párrafo precedente”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.
Sr.
Bermejo.- Señor presidente: solicito incorporar
el siguiente agregado al segundo párrafo del artículo 4°, que sustituye el
artículo 15 de la ley 25.065: “Las acreditaciones correspondientes a
operaciones abonadas con tarjetas de crédito, cuando no correspondan a
regímenes especiales convenidos entre las partes, no podrán exceder los 18 días
hábiles”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: quisiera explicar
algo.
Hemos
conversado largamente con el diputado y quisiera acompañar las razones por las
cuales hemos conversado con el diputado Lipovetzky para no aceptar esta
modificación.
El
sistema de pago de tarjetas de crédito es muy amplio: va desde la compra
inmediata hasta, por ejemplo, los programas que tienen el Banco Nación o Visa
Agro, que paga a un año. En el medio están las compras que uno puede hacer a
ocho meses y el banco le paga al comercio a los dos meses. En otros casos paga
a los tres meses.
El
señor diputado con muy buen criterio ha intentado arreglar esto refiriéndose a
“convenios especiales”, pero no existen tales convenios.
Si
obligamos a que todos los pagos con tarjetas de crédito se hagan a los 18 días
van a morir programas muy importantes, como el Agro Nación o los programas con
un crédito largo. Esta es la razón por la que nos vamos a oponer.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: queríamos aclarar
que, como nos hemos comprometido con CAME a votar a favor la rebaja de las
tarjetas ‑con la negociación que hicieron, bajando del 3 al 2 por ciento
y del 2 al 1 por ciento‑, vamos a votar favorablemente este artículo 4°.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Lusquiños.- Señor presidente: como no estoy de
acuerdo ni con el dictamen ni con CAME, quiero proponer que se mantenga que el
porcentaje no podrá ser superior al 1,5 en el caso de las tarjetas de crédito y
al 0 en el caso de las tarjetas de débito.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires para
manifestarse sobre la propuesta del señor diputado Lusquiños.
Sr.
Amadeo.- Rechazamos la propuesta.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Durand Cornejo.- Señor presidente: pido por favor
a los miembros informantes si pueden leer y explicar, a los fines de que quede
constancia, el segundo párrafo del artículo 15, referido a la acreditación de
los importes correspondientes a las ventas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Perdón, ¿el segundo párrafo del artículo 4°?
Sr.
Durand Cornejo.- Del artículo 4°, que modifica el
artículo 15 de la ley 25.065, donde dice: “La acreditación de los importes
correspondientes a las ventas en las cuentas de los establecimientos adheridos
se hará en un plazo máximo de tres (3) días hábiles para las operaciones con
tarjeta de débito.”
Este
es un punto que más de una vez nos han planteado los comerciantes y los
titulares de las tarjetas. Cuando se realizan compras con tarjeta de débito, al
cliente se le descuenta ipso facto,
siendo que al comerciante se le entrega el dinero tres días después, y el
comerciante muchas veces utiliza este argumento para cobrar un dinero extra
cuando se paga con tarjeta de débito.
Sr.
Presidente (Monzó).- Es una opinión. No está formulando ninguna propuesta.
Sr.
Durand Cornejo.- Quisiera saber si es una mala
interpretación o no.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: en este caso
reiteramos lo que ya está establecido en la ley. Este aspecto de la ley no ha
sido modificado por la propuesta que estamos haciendo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
David.- Señor presidente: simplemente quiero
aclarar que el agregado que se propuso tiene por objeto limitar la facultad de
la autoridad de aplicación para regular las comisiones o aranceles en los
límites o montos que se establecen en los párrafos anteriores. Ese es el objeto
claro del agregado que se propuso.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: en el párrafo
anterior, donde se refiere a los sistemas abiertos, propongo que sea “abiertos
y cerrados”.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: en realidad acá
seguimos manteniendo la misma diferenciación que proponía la ley anterior en
cuanto a un tratamiento diferencial entre sistemas cerrados y sistemas
abiertos.
Por
lo tanto, proponemos mantener las condiciones establecidas en la ley vigente
para los sistemas cerrados y modificar lo relativo a los sistemas abiertos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones
propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 4°.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 5°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: conforme a lo que
hemos conversado con los diferentes bloques parlamentarios en el día de hoy,
proponemos la eliminación del artículo 5°. Por lo tanto, autorizamos a la
Presidencia para que luego realice la renumeración del articulado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar la
supresión del artículo 5°.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 6°.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el
artículo 7°.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 8°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
David.- Señor presidente: este artículo incorpora
un título completo en el artículo 38 ter, denominado “Del adquirente”. En el
segundo párrafo proponemos hacer el siguiente agregado: “La autoridad de
aplicación, y en su caso la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,
quedan facultadas para reglamentar las condiciones de prestación de la
actividad de adquirencia...”, y sigue hasta el final de esa oración. La
propuesta continúa de la siguiente forma: “Asimismo deberán tomar las medidas
que consideren pertinentes a los efectos de evitar que más de una entidad
financiera participe directa o indirectamente en la propiedad de una entidad
como adquirente.”
Esta
modificación tiene la intención de hacer incorporaciones para generar la mayor
competencia posible en el sector.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: la comisión acepta
las modificaciones propuestas por el diputado David. Quiero aclarar que en
realidad hay que modificar el artículo 38 bis y no el 38 ter, ya que hubo un
error al realizar las modificaciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: tanto en esta
modificación como en el artículo 13 hay muchas facultades delegadas al Banco
Central que le permiten hacer modificaciones que pueden terminar perjudicando
lo que estamos tratando en esta norma. Por lo tanto, parte de estas propuestas
que hemos ido acordando tienen el objetivo de limitar la discrecionalidad que
se da al Banco Central a la hora de determinar las modificaciones que pudiera
hacer.
En
el artículo 13 ocurre algo similar que llegado el momento de su consideración
plantearemos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: la comisión acepta
esa propuesta en el marco de lo que propone el señor diputado David, que es en
el mismo sentido de lo que formula el señor diputado Lavagna. Sin embargo,
quedaría la redacción propuesta por el diputado David para cumplir con el
objetivo fijado.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia recuerda a los señores diputados que se requieren
quórum para votar.
Tiene
la palabra el señor diputado por La Pampa.
Sr.
Ziliotto.- Señor presidente: sería bueno que
aquellos que anduvieron por los medios de comunicación diciendo que ganábamos
mucho ‑ellos querían ganar mucho menos‑ estuvieran presentes.
Estamos trabajando; para eso nos pagan. Hoy tendrían que estar los que se
sintieron ofendidos por el sueldo que nos están pagando todos los
contribuyentes.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia informa que hay un diputado que está viniendo
hacia el recinto, así que en cinco minutos contaremos con el quórum
reglamentario.
-
Luego de unos instantes:
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones
propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 8°.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 9°.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 10 a 12.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 13.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: propongo una
modificación al artículo 13. Queremos incorporar dos párrafos que voy a leer a
continuación. El primero dice así: “Los emisores y adquirentes de sistemas
abiertos deberán adecuarse a lo dispuesto por el presente artículo y por el
tercer párrafo del artículo 15 de la ley 25.065, dentro de los siguientes
plazos: i) desde la entrada en vigencia de esta ley hasta el 31 de diciembre de
2017 inclusive, la suma de la tasa de intercambio de la tasa de adquirencia no
podrá ser superior a dos coma seis por ciento (2,6%) para las operaciones que
se realicen con tarjeta de crédito, y a uno como tres por ciento (1,3%) para
las que se realicen con tarjeta de débito.
“ii)
A partir del 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, inclusive,
la suma de la tasa de intercambio y la tasa de adquirencia no podrá ser
superior a dos coma tres por ciento (2,3%) para las operaciones que se realicen
con tarjeta de crédito ni a uno coma quince por ciento (1,15%) para las que se
realicen con tarjeta de débito.
“iii.
A partir del 1° de enero de 2019 será aplicable sin excepción alguna lo
dispuesto en el presente artículo y en el artículo 15 de la ley 25.065, según
fuera reformado por la presente ley.”.
El
segundo párrafo diría lo siguiente: “No se aplicará la excepción establecida en
el párrafo anterior a las operaciones que involucren a empresas que se
encuadren en la categoría de micro y pequeña empresa del sector comercio,
conforme lo dispuesto en la comunicación A-6025 del Banco Central de la
República Argentina. A las mencionadas operaciones se les aplicarán, a partir
de la entrada en vigencia de esta ley, los porcentajes máximos fijados en el
tercer párrafo del artículo 15 de la ley 25.065, según fuera reformado por la
presente ley.”
Con
esta propuesta establecemos un gradualismo, pero además que la baja de
aranceles sea de aplicación inmediata para las pequeñas y medianas empresas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: queremos proponer un
agregado donde el artículo se refiere a la autoridad de aplicación de la ley
25.156, ya que se le da alguna discrecionalidad al Banco Central cuando habla
de competencia efectiva y no se explica qué es una competencia efectiva, con lo
cual, el Banco Central puede determinar casi con absoluta libertad parámetros
para determinar si es o no una competencia efectiva.
Entonces,
proponemos que el Banco Central, a través de un dictamen o una resolución
fundada, mande al Congreso de la Nación los parámetros y la explicación clara
de por qué se está cumpliendo o no la competencia efectiva.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Aceptamos la propuesta. Nos parece
conveniente que el Banco Central lo haga por resolución fundada y además que
envíe la información al Congreso de la Nación. ¿El diputado Lavagna quiere
proponer la redacción exacta?
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Luego de donde dice “en el mercado de
adquirencia”, podría agregarse “por resolución fundada, que deberá enviar al
Congreso de la Nación.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Aceptamos la modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
David.- Señor presidente: solicito al miembro
informante que lea nuevamente el tema de las comisiones, porque hay una
modificación respecto de lo que figuraba en el dictamen, que nosotros no
conocemos. Por lo que escuché a grandes rasgos, son más gravosas que las que
estaban en el dictamen. No sé si escuché mal, entonces, quisiera saber cómo
quedaría redactado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: hemos establecido
un gradualismo, pero de ninguna manera los parámetros exceden los límites que
estamos fijando. Lo que pasa es que la reducción que se hace es gradual y esto
no es aplicable a las pequeñas y medianas empresas, para las cuales la
reducción es inmediata. Lo que establecemos es un gradualismo en la reducción
de las comisiones para las empresas que no son pequeñas y medianas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
David.- Nuevamente, para poder definir nuestra
posición, queremos saber cuáles son las tasas, porque llegué a escuchar el 2,6
por ciento, contra el 1,5 por ciento que menciona el dictamen.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: para las
operaciones que se realicen con tarjeta de crédito, hasta el 31 de diciembre de
2017 se reduciría la comisión al 2,6 por ciento y al 1,3 por ciento para las
que se realicen con tarjeta de débito. A partir del 1° de enero de 2018 y hasta
el 31 de diciembre de 2018, para las operaciones con tarjeta de crédito sería
2,3 por ciento y con tarjeta de débito, 1,15 por ciento. Y a partir del 1° de
enero de 2019 se aplicaría la reforma que hemos introducido en el artículo 15
de la ley 25.065, es decir, 2 por ciento para tarjeta de crédito y 1 por ciento
para tarjeta de débito.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
David.- Queremos expresar nuestra posición de que
no estamos de acuerdo con esa modificación. No la conocíamos, acabamos de
enterarnos del tema y la verdad es que no estamos de acuerdo con que de 1,5 y
0,5 pase a 2,6 y recién se llegue a aquellas tasas en tres años. Me parece que
si la disposición transitoria tiene que ver con condiciones de defensa de la
competencia, en doce meses claramente se puede tener una tasa mucho más real y
adecuada a lo que queremos votar.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: solicitamos votación
nominal para este artículo, porque queremos dejar constancia del voto.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: quiero remarcar algo
que quizá de la lectura no quedó claro y es que para las pequeñas y medianas
empresas, que son las que facturan hasta 55 millones de pesos por año, la
rebaja es inmediata a partir del momento de la aprobación de esta ley; es
gradual para las grandes empresas.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
David.- Señor presidente: cuando preguntamos cómo
quedaba redactado el artículo, se leyó un sistema de tasas a tres años y jamás
se hizo una distinción entre pymes y no pymes. Cuando dijimos que nos oponíamos
a esa modificación, el señor diputado Amadeo aclaró que había una distinción,
pero de la lectura del articulado no surgió esa distinción. Resulta esencial
saberlo para votar de una forma u otra, porque si existe esa distinción,
podríamos acompañar este artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Antes de proceder a votar vamos a aclarar este tema.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: es muy largo el
párrafo, pido disculpas. Cuando leí el segundo párrafo, allí estaba claramente
establecido a quiénes se aplicaba. Voy a volver a leerlo para que quede claro.
El
segundo párrafo que estamos incluyendo dice así: “No se aplicará la excepción
establecida en el párrafo anterior a las operaciones que involucren a empresas
que se encuadren en la categoría de micro y pequeña empresa del sector
comercio, conforme lo dispuesto en la comunicación A-6025 del Banco Central de
la República Argentina. A las mencionadas operaciones se les aplicarán, a
partir de la entrada en vigencia de esta ley, los porcentajes máximos fijados
en el tercer párrafo del artículo 15 de la ley 25.065, según fuera reformado
por la presente ley.” Es decir que se les aplicaría la reducción que estamos fijando.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Carrió.- ¿Por qué no se les aplica a las medianas
empresas la misma disposición? Se incluye a las micro y pequeñas empresas, pero
no a muchísimas empresas que son medianas. Propongo que se incluya a las
medianas empresas porque si no sería una trampa a lo acordado hasta ahora.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Aceptamos la modificación; creemos
que ya entra la mediana empresa, pero lo aclaramos: “micro, pequeña y mediana
empresa del sector comercio, conforme lo dispuesto en la comunicación A-6025”.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿Hacemos votación nominal igualmente?
Sra.
Camaño.- No, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 13.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 14 y 15.
- El artículo 16 es de forma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Honorable Senado. (Aplausos
en las bancas.)
- 28 -
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra.
Lospennato.- Señor presidente: tal como acordamos
hoy después de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicitamos
incluir y tratar una serie de proyectos sin disidencias ni observaciones, que
pedimos votar nominalmente en un solo acto, para lo cual se requieren los dos
tercios de los votos que se emitan.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el apartamiento del
reglamento para incluir y tratar esos asuntos.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia dará lectura de los
proyectos sin disidencias ni observaciones cuya inclusión fue acordada. Son los
siguientes: expediente 4.556-D.-2015,
edificio de la Capilla de Seion, sito en la ciudad de Esquel, provincia del
Chubut, declaración como bien de interés histórico nacional, Orden del Día N°
599; expediente 96-D.-2016, Capilla
de la Asunción de la Virgen del Tránsito, ubicada en el pueblo de Asunción,
provincia de Mendoza, declaración como bien de interés histórico nacional,
Orden del Día N° 600; expediente 1.849-D.-2016,
declaración como Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles a la
ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires, Orden del Día N° 816;
expediente 134-D.-2016, declaración
como Capital Nacional del Ajedrez a la ciudad de Potrero de los Funes,
provincia de San Luis, Orden del Día N° 850; expediente 68-S.-2015, Fiesta del Tambero y su Familia
que se realiza anualmente en la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba,
declaración como fiesta nacional, Orden del Día N° 852; expediente 105-S.-2014, declaración como Capital
Nacional del Pesebre a la provincia de La Rioja, Orden del Día N° 853;
expediente 2.301-D.-2016,
declaración de deporte nacional al juego denominado “El Pato”, Orden del Día N°
854; expediente 3.281-D.-2016,
fútbol como deporte popular, su institución, Orden del Día N° 855; expediente
4.673-D.-2016, declaración al
departamento de Las Heras, de la provincia de Mendoza como “Cuna de la Gesta
Libertadora Americana del Cruce de Los Andes”, Orden del Día N° 857; expediente
3.357-D.-2015, Fiesta del Caballo
que se realiza la segunda semana de octubre de cada año en la ciudad de
Bragado, provincia de Buenos Aires, declaración como fiesta nacional y
cuestiones conexas, Orden del Día N° 858; expediente 110-S.-2016, autorización al señor presidente de la Nación para
ausentarse del país durante el año 2017, Orden del Día N° 864; expediente 855-D.-2016, declaración como Capital
Nacional del Golf a la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, Orden del
Día N° 866; expedientes 91-S.-2015 y
839-D.-2016, declaración como
Capital Nacional del Deportista a la ciudad de Río Tercero, departamento de
Tercero Arriba, provincia de Córdoba, Orden del día 897; expediente 5.530-D.-2016, ciudad de Viale, departamento
de Paraná, provincia de Entre Ríos, declaración como Capital Nacional del Asado
con Cuero, Orden del Día N° 919; expediente 5.516-D.-2015, templos de la ciudad de Esperanza provincia de Santa Fe,
declaración como bienes de interés histórico nacional, Orden del Día N° 923;
expediente 6.227-D.-2016, Fiesta
Nacional de la Tradición Jachallera, se declara la Fiesta Nacional de la
Tradición que se realiza anualmente en la localidad de Jáchal, provincia de San
Juan, y expediente 904-D.-2016, ley
20.337 de cooperativas, modificación sobre cupo femenino, Orden del Día N° 929.
Se
va a votar el tratamiento sobre tablas de los asuntos enunciados por la
Presidencia. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Conforme a lo acordado en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde votar nominalmente en una
sola votación, en general y en particular, los Órdenes del Día de los que se
acaba de dar cuenta.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
130 señores diputados presentes, 129 han votado por la afirmativa y ninguno por
la negativa.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado por la afirmativa 129 señores diputados y no se han
registrado votos negativos.
aquí votación nominal
Sr. Presidente (Monzó).- Quedan sancionados ‑definitivamente,
cuando correspondiere- los respectivos proyectos de ley.
Se harán las
comunicaciones pertinentes.
Se van a votar las inserciones
solicitadas por los señores diputados en el curso de esta sesión.
- Resulta
afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).-
Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.
Habiéndose cumplido el objeto de la
convocatoria, queda levantada la sesión.
- Es la hora 4 y 6 del día 24.