- En la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de octubre de 2012, a
la hora 11 y 57:
- 1 -
Sr. Presidente (Domínguez).- Con la presencia de 133 señores diputados queda abierta la sesión
especial, conforme al requerimiento efectuado por varios señores diputados en
número reglamentario.
Invito
a la señora diputada por el distrito electoral de Santa Fe, doña Claudia
Alejandra Giaccone, y al señor diputado por el distrito electoral de Entre Ríos,
don Osvaldo Enrique Elorriaga, a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto.
- Puestos de pie los señores
diputados y el público asistente a las galerías, la señora diputada doña
Claudia Alejandra Giaccone y el señor diputado don Osvaldo Enrique Elorriaga proceden
a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.(Aplausos.)
- 2 -
Sr. Presidente (Domínguez).-
Invito a los señores legisladores
y al público presente a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino,
interpretado por la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación.
- Puestos de pie los
señores diputados y el público asistente a las galerías, entonan las estrofas
del Himno Nacional Argentino. (Aplausos).
Sr. Presidente (Domínguez).- Muchas gracias a la Orquesta de Cámara del Congreso de la
Nación.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por
Sr.
Secretario (Bozzano).- Dice así:
AQUÍ
RESOLUCIÓN DE
- 3 -
- 4 -
I
Sr. Presidente (Domínguez).-
Para un homenaje tiene la palabra
el señor diputado por Santa Cruz.
Sr. Metaza.- Señor presidente: en pocos días se va a cumplir el segundo
aniversario de la muerte de Néstor Carlos Kirchner.
Para
la gran mayoría de los diputados acá presentes se hace muy difícil efectuar
este homenaje, porque ninguno de nosotros hubiese querido hacerlo.
En
mi caso particular es peor, porque me ha tocado iniciar mi carrera política de
la mano de Néstor Kirchner. Allá por 1983 compartíamos sueños, proyectos,
utopías y, gracias a Dios, se fueron concretando en este largo recorrer de casi
treinta años de esta nueva democracia en
Quiero
recordar algunas cuestiones que lo pintan a Néstor de cuerpo entero. Por
ejemplo, ante un grupo muy chico de personas –incrédulos nosotros-, Néstor nos
decía que tenía un proyecto para veinte años. Lo cierto fue que no le creímos.
Sin embargo, transcurrió ese lapso y Néstor fue presidente de todos los
argentinos.
Evidentemente,
no era un político ni un dirigente más, sino un verdadero estadista. Tenía una
visión política mucho más desarrollada que la de cualquier político en
Luego
nos planteó que quería cambiar la historia de Santa Cruz. ¡Vaya si la cambió!
Santa Cruz dejó de ser el “patio trasero” de
Luego
vinimos a Buenos Aires con ese sueño de tener un país en serio, cuando Néstor
fue presidente de todos los argentinos. En esos sueños y utopías que Néstor
tenía, nos hablaba de la unidad latinoamericana. Dicho sueño se concretó cuando
fue designado secretario general de
Por
eso quiero reivindicar la tarea que ha llevado adelante Néstor Kirchner en
estos años, quien como nadie reivindicó al peronismo.
Ahora
que algunos andan con el cronómetro en la mano y hablan de las tres banderas
del peronismo, les digo que Néstor Kirchner desendeudó el país. Díganme si ello
no es independencia económica. En este gobierno le pusimos límite a la
extranjerización de las tierras; díganme si ello no es soberanía política.
También díganme si la asignación universal por hijo, los 5 millones de puestos
de trabajo, la inclusión de los jubilados y tantas cosas que ha hecho este
gobierno no son justicia social.
Podemos
decir que después de Juan Perón no hubo un gobierno más peronista que el de
Néstor y Cristina en
Estamos
muy contentos, felices, cuando vemos todas estas cosas, cuando los pibes
levantan las banderas del kirchnerismo en cada rincón de
Me
emociona mucho y me pone muy contento haber sido un compañero de ruta de Néstor
Carlos Kirchner. Por eso quiero decir, y permítame este atrevimiento, señor
presidente, lo que cantan los pibes en cada lugar: “Néstor no se murió, Néstor
no se murió. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió”. (Aplausos prolongados. Varios señores
diputados rodean y felicitan al orador.)
Sr.
Presidente (Domínguez).-
- Puestos de pie, los señores diputados y
el público asistente a las galerías guardan un minuto de silencio en homenaje a
la memoria del doctor Néstor Carlos Kirchner. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Con las palabras vertidas por el señor diputado queda rendido el
homenaje de
- 5 -
Sr.
Presidente (Domínguez).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Stolbizer.- Señor presidente: yo había anticipado
en la reunión de
He
recibido de conformidad la retractación o explicación pública del diputado
Kunkel, razón por la cual no voy a formular la cuestión de privilegio
mencionada.
- 6 -
Sr.
Presidente (Domínguez).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra la señora
diputada por Misiones.
Sra.
Perié.- Señor presidente: he pedido la palabra
para plantear una cuestión de privilegio, porque me veo en la obligación moral
e institucional de hacerlo debido a un hecho de extrema gravedad.
Lo
hago en los términos y alcances del artículo 68 de nuestra Constitución
Nacional y de conformidad con los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento de
La
necesidad de preservar la institucionalidad, la independencia y la debida
funcionalidad de este cuerpo legislativo es precisamente lo que me motiva a
invocar los privilegios constitucionales frente a un hecho que, como
describiré, es extremadamente dañino para la institucionalidad democrática de
Me
voy a referir al degradante y violento episodio que justifica mi intervención.
El 9 de octubre de este año, durante la emisión del programa “El show de los
impactos”, de FM Show, de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, que es
conducido por un señor que se llama Alfredo Abrazián, este conductor radial
profirió una serie de improperios contra las participantes del 27 Encuentro
Nacional de Mujeres, que se desarrolló en la capital de mi provincia los días
6, 7 y 8 de octubre del corriente año. En ese programa se hizo especial
referencia a mi persona en mi condición de diputada nacional, en términos que
por una cuestión de decoro no puedo reproducir en este ámbito.
Cabe
señalar que el señor Abrazian es cuñado de Domingo Felipe Cavallo y, además, es
un nostálgico de esa época nefasta que vivió nuestro país.
En
el programa el señor Abrazian estaba secundado por otro periodista, de nombre
Carlos Carballo, que figura en las listas de informantes civiles de la época de
la dictadura. El tercer participante de la emisión era Alejandro Barrionuevo,
otro periodista de mi provincia.
A
pesar de que como acabo de señalar estos dichos son irreproducibles e
inconvenientes, estoy dispuesta a hacerles conocer a las señoras diputadas y
señores diputados estas expresiones, para que en sus oídos retumbe el escarnio
al que se vio sometida a través de mi persona
Creo
que todos los legisladores deben acceder al audio de ese programa, razón por la
cual voy a dejarlo en Secretaría para quienes así lo consideren oportuno, a fin
de que puedan ponderar los alcances de la embestida institucional que se ha
producido contra esta Honorable Cámara.
Deseo
agregar que en mi opinión el ataque ha sido tan furibundo y representativo del
pensamiento más siniestro de ciertos sectores de nuestra sociedad que resume en
una sola declaración no solamente conceptos impunemente discriminatorios y
violentos contra la mujer, sino que también destila tendencias
antidemocráticas. Pero lo más terrible es que consigue asemejarse al tipo de
agresión que proferían los represores cuando torturaban a sus víctimas mujeres
en los tiempos de la última dictadura militar.
En
lo personal he activado todas las instancias institucionales: he presentado
denuncias en el Instituto Nacional contra
Por
otra parte, no quiero dejar de ponderar alguna posible invocación al legítimo
ejercicio de la libertad de expresión que se pueda plantear. Creo que todos
tenemos en claro que esta libertad no es de carácter absoluto y que puede ser
razonablemente limitada, en este caso por la propia Constitución Nacional, que
en su artículo 68 establece categóricamente que ningún legislador puede ser
molestado por las opiniones o discursos que emitan durante el desempeño de su
mandato.
Asimismo,
deseo remarcar el proyecto de resolución presentado por 21 señoras diputadas de
diferentes bloques de esta Honorable Cámara, a través del cual repudian
enérgicamente las agresiones del programa radial ya mencionado. Creo que hoy
esta Honorable Cámara ‑incluidos sus integrantes varones‑ tiene la
oportunidad de defender de pleno derecho su institucionalidad democrática,
dando curso a esta cuestión de privilegio.
En
consecuencia, por haber sufrido este grave atentado, que no estaba dirigido
solamente a mi persona, sino también –tal como lo he manifestado‑ hacia
todas las mujeres que componen este cuerpo y hacia la institución en su
conjunto, dejo planteada esta cuestión de privilegio. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- La cuestión de privilegio pasa a
- 7 -
Sr.
Presidente (Domínguez).- Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor
diputado por Mendoza.
Sr. Thomas.- Señor presidente: quiero plantear
públicamente la exclusión de la que hemos sido objeto, como Interbloque Frente Peronista, de
Hasta
hoy las explicaciones que hemos recibido acerca de nuestra exclusión como
tercera fuerza de
Si
ustedes recuerdan, en oportunidad de votarse
Sin
embargo, creo que el tiempo nos ha dado la razón: nuestro bloque sigue
trabajando en conjunto –como bloque y como interbloque- y en todas las
consideraciones y la mecánica de esta Cámara es considerado como la tercera
minoría.
En
oportunidad de constituirse
No
hemos logrado obtener un argumento creíble que justifique esta exclusión.
Pensamos que seguramente tiene que ver con nuestra posición crítica con
respecto a la ley y con nuestro pronunciamiento en el sentido de que la norma,
en vez de lograr la pluralidad de voces y la democracia de la palabra, lo que
ha logrado es la constitución de un fenomenal monopolio de grupos de medios de
comunicación oficiales y paraoficiales a través del manejo irregular de la
pauta oficial.
No
queríamos dejar pasar esta oportunidad para plantear este tema por enésima vez.
En todos los ámbitos que corresponda vamos a seguir reclamando por nuestro
derecho e incluso por el de nuestro Interbloque en
Queríamos
dejar explícita esta situación y reclamar los derechos que nos corresponden,
porque esto no tiene que ver con los usos y costumbres de
Como
la ley establece que la tercera minoría debe ocupar los lugares que estamos
reclamando, no se debe prestar a ninguna interpretación política. Es
simplemente una cuestión matemática y lo que establece la norma. Mal podríamos
en la casa de las leyes violar una ley, que está provocando una especie de
guerra declarada entre dos partes y que está llevando a una situación que creo
que la mayoría de los argentinos ni siquiera queremos tratar, pues nos
interesan otros temas.
Repito:
reclamamos lo que por ley nos corresponde, que son los lugares que determina la
ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sr.
Presidente (Domínguez).- La cuestión pasará a
- 8 -
Sr.
Presidente (Domínguez).- Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado por
Córdoba.
Sr.
Aguad.- Señor presidente: sé que las cuestiones
de privilegio no se discuten, pero escuché con mucha atención a la diputada
Perié y lamento lo que le está pasando. Nosotros también somos víctimas de
situaciones similares.
Quiero
recordar que nosotros hemos reformado el artículo 109 del Código Penal y, en
consecuencia, ya no hay más injurias; simplemente existe la reparación del daño
por la vía civil. Es decir que al modificar el Código Civil resolvimos que los
ataques que nos hace la prensa no constituyen una injuria.
- 9 -
Sr.
Presidente (Domínguez).- Corresponde considerar el dictamen de mayoría de las comisiones
de Legislación del Trabajo, Legislación General y de Presupuesto y Hacienda,
recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre
Régimen de Ordenamiento de
aquí orden del día N° 1072
Sr.
Presidente (Domínguez).- En consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Feletti.- El miembro informante será el señor
diputado Pais.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.
Sr.
Pais.- Señor presidente: fundamentaré el dictamen
de mayoría del nuevo régimen de ordenamiento de la reparación de los daños
derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Esta
no es una nueva ley de riesgos del trabajo sino un nuevo régimen para el
resarcimiento de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
Tanto
el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo nacional como la explícita defensa
que el señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social realizó en ambas
Cámaras evidencian que este proyecto se inscribe en la ejecución efectiva del
principio de progresividad que nos mandan
Esta
es una nueva norma que apunta a tomar nota de las principales objeciones del
actual sistema, que nació y perduró en el tiempo con importantes observaciones
de todos los sectores, fundamentalmente del trabajo. Era un sistema mezquino
que importaba una suerte de capitis
diminutio para los trabajadores, supuestamente en beneficio del sector
productivo en general. En concreto, esto configuró una gran deuda hacia los que
menos tienen y hacia quienes tenemos el mandato explícito de proteger.
Este
proyecto de ley propone sustituir aquel sistema mezquino, que funcionaba
tarifariamente sobre la base de negar a los trabajadores indemnizaciones
justas, por un nuevo sistema tarifado que tanto por los montos como por el tipo
de actualización que ahora se incluye y la complementación de pisos mínimos, no
de topes máximos, tiene como tutela preferente el derecho de los trabajadores y
el resarcimiento debido cuando estos sufran infortunios laborales.
El
Poder Ejecutivo nacional ha tomado nota fundamentalmente de los fallos de los
tribunales y en especial de
En
ese momento la presidenta de
A
fines de 2000 y con vigencia a partir de enero de 2001 ese tope fue actualizado,
pero sin perjuicio de ello siguió existiendo un tope de 180 mil pesos, y se
establecieron prestaciones dinerarias complementarias, pero también exiguas, de
30, 40 y 50 mil pesos.
En
2009 este gobierno eliminó el tope máximo, hizo funcionar las fórmulas,
estableció un piso mínimo y actualizó las prestaciones complementarias. Pero
evidentemente ello era insuficiente y requería un nuevo régimen general y no un
parche.
Este
régimen general que se va a adaptar a la Ley de Riesgos del Trabajo es lo que
estamos tratando hoy en este recinto.
Desde
antaño nuestros tribunales y la doctrina han consentido la existencia de
regímenes especiales de reparación de daños. Desde antaño también existía un
régimen especial de reparación de los daños producidos por accidentes y
enfermedades del trabajo. La vieja ley 9.688, que también mereció muchos
reparos desde diversos actores por la insuficiencia de las indemnizaciones, ya
sostenía un régimen especial.
La
propia Corte ha manifestado que el Congreso tiene potestades suficientes, pero
también desde antaño siempre existieron objeciones a estos sistemas especiales
en los casos en que no pudieran solventar un resarcimiento justo y adecuado al
daño sufrido.
Esta
iniciativa apunta sustancialmente a esa finalidad implícita y explícita. En el
mensaje de elevación, la señora presidenta de la Nación expresó que el objetivo
de esta norma es facilitar el acceso del trabajador a la reparación para que la
cobertura sea justa, rápida y plena, brindando un ámbito de seguridad jurídica
que garantice al damnificado y a su familia un mecanismo eficaz de tutela, de
desarrollo de su vida laboral; es decir, de su vida de relación.
Este
es el objetivo que ha movilizado al Poder Ejecutivo, la sanción por parte de
los senadores y el dictamen de mayoría. Me refiero a la especificidad de un
régimen que tienda a garantizar indemnizaciones sin techo y con pisos mínimos
para que éstas se conviertan en justas, reales e integrales para la afección
que ha sufrido el trabajador. No hay regímenes perfectos sino posibles. Este es
un régimen posible que apunta a mejorar sustancialmente la reglamentación
vigente.
Seguramente
esta norma podrá ser enriquecida, pero la que hoy vamos a sancionar
decididamente llena las expectativas de quienes creemos que el progreso con
justicia social se concreta paso a paso garantizando el trabajo y los derechos,
no con frías letras sino con actos concretos y específicos.
La
propuesta legislativa en consideración apunta esencialmente a no discriminar a
los trabajadores. Pretendemos que cuando ellos sufran un accidente o infortunio
laboral sean adecuadamente resarcidos. La norma contiene un sistema no
excluyente. Ya veremos que posibilita incluso la opción de reclamar el
resarcimiento por vía civil si el trabajador adecuadamente notificado considera
que el resarcimiento establecido por la ley no es suficiente, justo, pleno e
integral.
Esta
iniciativa permite que, una vez determinado el quantum indemnizatorio, sea el trabajador quien coteje y verifique
si el monto a percibir es suficiente para reparar el daño y, eventualmente,
elija otra vía.
La
propuesta avanza sobre parámetros de justicia, equidad y seguridad jurídica.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Solicito silencio a los señores diputados para poder escuchar la
opinión del señor miembro informante.
Continúa
en el uso de la palabra el señor diputado por el Chubut.
Sr.
Pais.- Señor presidente: como sistema tarifado,
apunta a que la indemnización sea oportuna, tempestiva y pagada en tiempo y
forma para que sirva verdaderamente a fin de mitigar el daño sufrido por el
trabajador.
Por
ello, incluso prevé un mecanismo rápido que imprima celeridad y seguridad una
vez determinado el daño, que puede ser un coeficiente, un porcentaje de
incapacidad o la muerte del trabajador. En ese caso, este mecanismo tiene dos
ventajas adicionales: una, prevé la movilidad del salario, la actualización, y
esta ley introduce una actualización retroactiva al 1° de enero de 2010 por el
índice que emite el Ministerio de Trabajo de
En
realidad, la propuesta promueve que el sistema sea absolutamente razonable y
también equilibrado para los empleadores, a fin de que puedan estar
suficientemente garantizados a través de un sistema eficiente y no demasiado
costoso, y para las Administradoras de Riesgos del Trabajo. Sin perjuicio de
ello, también podrán –porque la ley lo permite- obtener seguros complementarios
para resarcirse de los eventuales daños y perjuicios que puedan reclamarse por
la vía civil.
La
celeridad, la movilidad y la integralidad de la indemnización es el objetivo de
esta ley. Por eso entendemos que si en casos concretos se llegan a estos
parámetros estaremos en presencia de una indemnización justa, que no apunta
solamente a compensar el daño emergente en cuanto a la faz productiva sino que
también se prevé como un deber incrementarla en un 20 por ciento, en un pago
único, para que más allá de las fórmulas reparatorias se resarza cualquier otro
daño que sufra el trabajador.
A
partir del decreto 1.694 del año 2009, la suma de 180 mil pesos que como tope
máximo estaba vigente desde el 2001, se convirtió en un piso, y cuando se
sancione esta ley, en el caso de incapacidad total o muerte ese piso ascenderá
a 460 mil pesos. Además, con las sumas adicionales complementarias, ya fijadas
en el decreto 1.604 del 2009, y la actualización prevista en la ley que hoy
vamos a sancionar, ese piso alcanzará la suma de 715 mil pesos. Éste no es el
techo sino el piso que va a establecerse a partir de la vigencia de esta ley.
Si
tenemos en cuenta los 55 mil pesos, como tope del año 94, y los 180 mil pesos,
como tope del año 2001, hoy veremos que en términos económicos y jurídicos el
principio de progresividad establecido en nuestra Constitución tiene una
manifestación efectiva y concreta a través de la voluntad legislativa y también
política del Poder Ejecutivo nacional.
Esta
norma persigue la reparación por la pérdida de capacidad productiva, la
reparación dineraria para cubrir la disminución parcial o total producida en la
aptitud del trabajador para realizar actividades productivas, y también la
asistencia continua en caso de grave invalidez para atenuar el impacto generado
por el infortunio laboral en su entorno familiar.
Esto
demuestra que avanzamos sobre parámetros inéditos dentro de la tradición
jurídica argentina. Esta no es la ley
9.688, ni la 24.028 o la 24.557; éste es un nuevo sistema reparatorio más
justo, más equitativo y más solidario, y lo que se busca fundamentalmente con
este sistema es tutelar al trabajador y no a aseguradoras o empresarios. Se
persigue que entre todos hagamos un sistema equilibrado y justo.
Esta
ley que hoy vamos a sancionar elimina la renta periódica.
Este
gobierno, tomando nota de los fallos Milone y otros de
Lo
que buscamos es eliminar directamente todo el sistema de renta periódica, salvo
las prestaciones dinerarias durante el proceso de consolidación del daño o de
curación.
Esta
iniciativa avanza también en una norma trascendente y justa ya que modifica el
curso de la prescripción liberatoria, que es una espada de Damocles para los
trabajadores y los beneficiarios cuando sufren un infortunio. El curso de la
prescripción nace cuando se produce el daño o cuando éste se consolida. En un
accidente puede ser cuando se determina la incapacidad o al momento del
fallecimiento. Aquí en cambio se establece un nuevo curso de prescripción que
se inicia cuando el trabajador o sus derechohabientes tienen la certeza del
monto a cobrar que determina esta ley. En ese momento, con absoluta libertad,
podrán determinar si ese monto implica una indemnización justa, y si creen que
no, tendrán la opción de iniciar la acción de daños y perjuicios. Esa opción es
la posibilidad de que el trabajador y sus derechohabientes cuenten con todo el
abanico jurídico que les ofrece el derecho positivo argentino. A partir del
momento en que se notifica el quantum resarcitorio comienza el curso de la
prescripción liberatoria.
Esta
ley no cierra ninguna posibilidad sino que las abre todas. Sin perjuicio de que
no existe la acumulación de los regímenes indemnizatorios, en la práctica se va
a dar porque si el trabajador escoge la acción del derecho común, ello no
libera a la compañía de seguros, a
La
norma contempla incluso una situación que puede darse, ya que las indemnizaciones
que estamos sancionando no son mínimas ni tienen un techo injusto, pero la
sentencia puede condenar por un monto menor. En ese caso, el remanente será
incorporado al fondo especial que prevé la ley 24.557.
Esta
norma avanza también sobre el ordenamiento del régimen en materia de
aseguradoras de riesgo del trabajo para que eventualmente no impacte en los
mayores costos en forma disvaliosa, en especial en las pymes. Por eso no
descuida el objetivo de la prevención y tiene normas que incentivan la inversión
en materia de seguridad e higiene del trabajo. En ese sentido, establece
premios para quienes inviertan en esa materia y tengan bajos índices de
accidentología y controles eficientes de la seguridad en el empleo, y castigos
para quienes decidan no invertir en seguridad, quienes deberán hacerlo en
reparación.
Por
ello el proyecto encomienda a
La
norma contiene también disposiciones de índole procesal y finales, por ejemplo,
sobre la opción excluyente por la vía del derecho civil. En el ámbito de la
ciudad de Buenos Aires, mientras el Congreso tenga la potestad por estar los
tribunales ordinarios del trabajo bajo la órbita del Poder Judicial de la
Nación –algún día, cuando se realice la transferencia a
Sr.
Presidente (Domínguez).- Por favor, señor diputado, le pido que redondee.
Sr.
Pais.- Ya concluyo, señor presidente.
Voy
a dar lectura de una parte de los fundamentos del voto correspondiente al
doctor Lorenzetti en la causa “Galván Renné c/ Electroquímica Argentina S.A y
otro”.
Dice
así: “Cuando se ejercita la opción por la acción de derecho común, debe
aplicarse el régimen indemnizatorio previsto en el Código Civil. Ello es así
porque un mismo hecho dañoso puede dar lugar a acciones diversas que el derecho
pone a disposición de la víctima, de carácter penal, civil o laboral. Entre las
pretensiones con finalidad resarcitoria del daño causado, debe distinguirse
aquella que, fundada en el sistema de riesgos del trabajo, tiene una lógica
legislativa transaccional, puesto que facilita la acción al establecer
presunciones de autoría y causalidad, pero limita la indemnización a los fines
de facilitar la asegurabilidad.
“En
cambio, la acción civil se basa en la exigencia de la prueba de los
presupuestos de su procedencia y, como contrapartida, hay reparación penal.
También en este último campo hay diferencias ostensibles entre una acción
fundada en el ámbito contractual o extracontractual, o si se invocan daños
causados al trabajador por una cosa, por el ambiente o por un producto
elaborado”.
Así
que cuando el trabajador que sufrió un accidente laboral opta por ejercer la
acción civil, debe probar los presupuestos de ésta –vale decir, la atribución
de responsabilidad objetiva y subjetiva en la persona del empleador-, que
incluyen el acto ilícito, la imputación y el nexo causal con el daño.
Asimismo,
las razones de especificidad al menos hacen que sea atendible la posición que
estamos sosteniendo, que consideramos que para el ámbito de
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy, quien compartirá
su término con el señor diputado Bazze.
Sr.
Giubergia.- Señor presidente: cualquier
desconocido que ha escuchado relatos referentes a la década del 90, al
encontrarse frente a la discusión del proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, que
La
ley 24.557, inspirada prácticamente por estos mismos autores –salvo Cavallo-,
tuvo este mismo origen, ya que fue una iniciativa de claro sello neoliberal.
El
proyecto en debate no viene a significar un progreso o una conquista para los
trabajadores, sino que constituirá un retroceso. Ello, incluso respecto de la
ley vigente, que desconoce derechos a ellos otorgados por
La
iniciativa en consideración no tiene por objeto la protección del trabajador.
Primeramente, una ley de accidentes del trabajo debe garantizar la protección
del derecho de los trabajadores. Nosotros no podemos aceptar que quiera
confundirse al trabajador con una cosa más de la empresa, pues es un ser humano,
un ciudadano que conforma la sociedad. Es a ese hombre a quien debemos respetar
garantizándole su salud y su integridad.
Un
proyecto de estas características debió haber sido debatido y aprobado
unánimemente por parte de un Congreso que defienda a los trabajadores y a los
derechos humanos, de lo que muchos se llenan la boca hablando. Debemos proteger
a esos trabajadores para que no pierdan sus vidas o capacidades laborales como
consecuencia de un accidente. No podemos aceptar lo que muchos piensan: que el
trabajador es una cosa más de la empresa.
Desde
el radicalismo no vamos a aceptar, desde ningún punto de vista, ese criterio y
metodología. Venimos a defender la necesidad de contar con una norma que sirva
a los trabajadores, a la sociedad y a los empresarios. De esta forma, vamos a
generar fuentes de trabajo.
Cuando
escuchamos decir que las razones de ser de esta iniciativa tienen que ver con
la previsibilidad de los costos, no podemos aceptarlo como criterio expuesto en
el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo.
No
podemos aceptar que se hable de la “industria de los juicios”, cuando un
trabajador incapacitado debe peregrinar años para poder cobrar su
indemnización. Que hoy nos digan que se le ha cortado la “doble vía” para reclamar
la reparación integral del daño que sufre un trabajador.
Cuando
miramos las estadísticas que nos da el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social observamos que en 2011 hubo 675 mil siniestros laborales de
trabajadores registrados; si calculamos que aproximadamente existe un 35 por
ciento de trabajadores no registrados, la cantidad de accidentes laborales
llega aproximadamente a casi un millón de siniestros anuales.
En
2010, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, hubo 871 muertos por
accidentes de trabajo. Estamos hablando de trabajadores registrados. Si
incluimos a los no registrados, el promedio de muertos en accidentes de trabajo
por día supera los tres. Vale decir que las muertes en 2010 se elevaron a más
de 1.000, sin tomar en cuenta las que pudieron ocasionarse por enfermedades
profesionales.
El
dictamen referido al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo no contiene
ningún artículo que modifique la falta de control, de previsión y que mejore
las condiciones de trabajo para impedir la gran cantidad de accidentes y
enfermedades.
Sostiene
la iniciativa que existe una larga litigiosidad. Si tomamos los datos que en
2011 nos daba la Superintendencia de Seguros, se judicializaron únicamente
58.364 siniestros, lo que no representa siquiera el 8 por ciento de la
siniestralidad.
El
oficialismo sostiene que esto va a ayudar a generar empleo. No es así. Esta
norma va a implicar más trabajo para la Corte y menos derechos para los
trabajadores, que nuevamente tendrán que fatigar para llegar a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de la futura ley
que hoy muchos del bloque oficialista van a acompañar con su voto.
Sabemos
que esto también es un negocio para las ART. Los datos aportados en el Senado
dicen que durante 2011 la recaudación de las ART fue de 12.708 millones, con
indemnizaciones tarifadas pequeñas y sin actualización para los trabajadores.
¿Dónde están esos montos? ¿Dónde están esos recursos?
Durante
los primeros seis meses de este año la recaudación ha llegado a los 9 mil
millones. O sea que la estimación de recaudación de las ART –sólo para este
año- es de 20 mil millones de pesos.
A
lo largo de este tiempo se produjo una gran concentración de empresas de ART,
ya que de cuarenta que existían y que empezaron su labor, hoy quedan
veinticuatro. Pero el 75 por ciento de la facturación está concentrada en ocho
empresas, y esto es lo que viene a favorecer el presente proyecto del Poder
Ejecutivo.
En
estas ART que actúan como las mismas AFJP, que no ofrecen cambios respecto de
las enfermedades, el problema son las enfermedades no listadas, o sea, las no
profesionales pero que la jurisprudencia y la Corte consideran causadas en
alguna medida por el trabajo.
Se
dice que este proyecto puede incentivar un mayor empleo o registración, mensaje
que ya nos enviaban y escuchábamos allá en la década del 90. Se trata de algo
retrógrado, porque en el caso Aquino contra Cargo Servicios Industriales la
Corte decía: “Es deber del Congreso establecer reglamentaciones legales en el
ámbito de protección de los trabajadores dañados por un infortunio laboral y es
en búsqueda de otorgarle al principio ‘no dañar al otro’ toda la amplitud que
éste amerita y evitar la fijación de limitaciones que en definitiva impliquen
alterar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional.”
El
principio de opción es excluyente del que propone el artículo 4° del
oficialismo, lo que constituye claramente una limitación. Nosotros preguntamos
qué libertad de opción tendrá el empleado que aparte de quedar incapacitado
perdió su trabajo. ¿Cuál es la opción que tiene ese trabajador, señor
presidente? ¿Podrá optar realmente aquel trabajador que se quedó con un 50 por
ciento de incapacidad cuando termina la etapa provisoria? ¿Qué sucede con la
familia del fallecido que no cuenta con medios de subsistencia y tiene hijos
que alimentar?
- Ocupa la Presidencia la señora
vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de
Matarazzo.
Sr.
Giubergia.- Quiero terminar citando a los
civilistas Trigo Represas y López Mesa, que en el “Tratado de responsabilidad
civil”, Tomo II, página 926, decían: “Es
sin duda un sometimiento del derecho de los más débiles a las pretensiones
económicas de los más poderosos, lo que es contrario a todo criterio de
justicia. Se sacrifica el principio a favor del ser humano invocando razones
como la previsibilidad de los costos, como si el ser humano fuera una cosa más
y no la razón de ser del sistema jurídico. Es el hombre el que constituye las
sociedades, las empresas, la Nación; sin él nada hay en esta institución. Es al
hombre al que se debe proteger. Lo primero que se debe preservar en la sociedad
es la vida y la salud de los hombres que la integran, y en caso de ser dañado
en su salud, o –lo que es peor‑ muerto por algún accidente, el daño debe
ser reparado por la norma especial o común, según cuál sea la más beneficiosa
para la víctima o sus derechohabientes.” (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Bazze.- Señora presidenta: el radicalismo participa
en esta sesión con gran preocupación. Como acaba de manifestar el diputado
Giubergia, la Unión Cívica Radical se opone al proyecto del oficialismo.
Como
hemos manifestado en la reunión de comisión, nos hubiera gustado poder debatir
allí este proyecto con la seriedad y la responsabilidad que el tema merecía.
En
esa reunión de comisión lamentablemente el oficialismo optó por la falta de
debate, por cerrar las puertas a la posibilidad de analizar con seriedad este
tema. En esa recordada reunión de comisión se convocó a las organizaciones del
trabajo y después se decidió informarles que su opinión no contaba demasiado y
que no tenía sentido por cuanto el bloque oficialista había decidido avanzar en
la sanción de la ley.
Nos
parece que esta metodología de trabajo constituye un importante error, como así
también que el Congreso de
Lamentablemente
observamos con preocupación que en esta Cámara de Diputados y en sus
distintas comisiones –o por lo menos, en
algunas de ellas- se ha establecido una metodología que en modo alguno
contribuye al buen funcionamiento del Congreso de
En
el caso del proyecto en consideración, a nuestro juicio se debía garantizar la
participación de quienes sin lugar a dudas son los más afectados por una ley de
esta naturaleza. Me refiero a los propios trabajadores.
Como
acaba de expresar el señor diputado Giubergia, esta iniciativa de ninguna
manera viene a mejorar la situación de los trabajadores. Y fíjense ustedes qué
paradoja: debemos analizar en profundidad qué está pasando porque justamente
este Parlamento y esta Cámara de Diputados, que con razón se enorgullecen por
haber trabajado permanentemente en la ampliación de derechos para distintos
sectores de la sociedad a través de la sanción de distintas leyes y que
promovieron iniciativas de esta naturaleza constantemente, precisamente en un
tema vinculado con el sector del trabajo, en lugar de seguir avanzando en la
idea de ampliar los derechos de los trabajadores termina restringiéndolos.
Realmente
nos parece que es muy grave que esto ocurra, sobre todo en un tiempo en el que
tenemos absolutamente consolidada la democracia y en el que contamos con una
situación económica respecto de la cual nos deberíamos empezar a permitir
mejorar las condiciones de quienes trabajan.
Como
manifestó el señor diputado Giubergia, es realmente preocupante el hecho de que
avancemos en la sanción de una ley que nos acerca a las posiciones instaladas
en la década del 90 más que a lo que esperamos realmente de este tiempo. La
eliminación de la doble vía no es una cuestión menor. Todos sabemos que eso
restringe los derechos de los trabajadores y que de esta manera estamos
incentivando la posibilidad de que ellos acepten las indemnizaciones de las ART
y después no reclamen nada más.
Se
sostiene que estamos aquí tratando de terminar con la litigiosidad, es decir,
con la industria del juicio. Si esta preocupación del oficialismo fuera cierta
nos parecería más adecuado que empezáramos a finalizar con la litigiosidad en
el caso de los jubilados, que deben seguir reclamando a través de la promoción
de juicios aquello que les corresponde y que
Por
eso, lo cierto es que no encontramos otra cosa que incoherencias y
contradicciones, como bien dijo el señor diputado Giubergia. Con esta norma no
se trata de evitar los accidentes de trabajo, tampoco se ataca el tema de la
prevención.
Desde
el oficialismo y algunas instituciones que apoyan la sanción de este proyecto,
se afirma que con esta norma se está ayudando a la pequeña y mediana
empresa. Esto tampoco es cierto. Para apoyarlas, lo que hay que hacer es darle
asesoramiento y crédito suficiente para que puedan poner en marcha programas de
prevención y no se sigan produciendo accidentes de trabajo. (Aplausos.)
Aquí
no estamos trabajando en esa dirección; lo que estamos haciendo es recortar los
derechos de los trabajadores. En este sentido, escuché con preocupación los
argumentos sobre cuánto va a crecer el monto de la indemnización por muerte.
Sinceramente nos genera escalofríos que estemos hablando de esta manera. Digo esto porque en realidad tendríamos que
estar analizando en esta Cámara qué podemos hacer para que los accidentes de
trabajo no se sigan produciendo en la Argentina y no cómo terminar con la
litigiosidad.
Creo
que estamos perdiendo una oportunidad importante, y aquí hay responsables de
esta situación. Desde la Unión Cívica
Radical –como así también desde otros bloques‑ queríamos trabajan en la
ampliación de derechos de los trabajadores argentinos, pero indudablemente el
oficialismo está trabajando para cercenar parte de esos derechos. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr.
De Gennaro.- Señora presidenta: la casualidad o
la Providencia –según en lo que uno crea‑ me colocó el viernes último, en
oportunidad de la asunción de las nuevas autoridades de la Federación Judicial
Argentina, en un homenaje que se le hiciera a Luis Benencio, que probablemente
sea uno de los miles y miles de militantes desconocidos.
A
Luis Benencio lo conocí entre los años 1984 y 1985 ‑empezábamos con el
ATE recuperado‑, cuando fuimos a investigar y estudiar los alcances de
las enfermedades de los trabajadores mineros de Río Turbio. Me seguí
encontrando con él en otras ocasiones, pero recuerdo sobre todo cuando nos tocó
ir a declarar en el juicio que se le estaba llevando en Italia a Suárez Mason.
Nos presentamos para que quedara preso por el asesinato del compañero Mastinú y
de los compañeros del astillero Astarsa, que fueron perseguidos como él, y
asesinados después del 24 de marzo de 1976 por la comisión de un único delito:
haber tomado el astillero en 1973 al conjuro de la expectativa que significaba
la vuelta al gobierno del pueblo en las manos de Héctor Cámpora y luego de Juan
Domingo Perón.
El
astillero fue tomado por la muerte de un trabajador en un incendio. En aquella época era natural que la
construcción de cada barco en ese astillero costara una vida. Pero a partir de
que los compañeros lograron crear la Comisión de Higiene y Seguridad, apoyados
por aquel gran Instituto de Medicina del Trabajo del compañero Testa, que desde
la Facultad de Medicina iluminó a todas las comisiones internas, no hubo un
solo muerto durante tres años, como para demostrar claramente lo que
decimos aquí. Aquí se habla de la necesidad
de un control efectivo para que no haya muerte. Lo que vamos a discutir hoy es
la muerte y los negocios, como decía anteriormente el diputado. Los negocios de
las ART que no solamente facturaron 12.700 millones de pesos sino que van en
camino a los 20 mil millones. Son negocios que traen muerte. Sin lugar a dudas
que las muertes existen. Y me sorprende que no se discuta esto; me duele. Pero
no solamente esto sucede en este ámbito, sino que también cuesta discutirlo en
otros lugares, en ámbitos públicos e incluso con los compañeros. ¡Cómo no va a
perturbar saber que el trabajo puede costar la vida! Se mueren cuatro
compañeros por día en accidentes de trabajo y dieciséis como mínimo por
enfermedades laborales. O sea que estamos hablando de veinte muertos por día,
más de 7.500 por año. Aclaro que estas son cifras mínimas de acuerdo con los
índices internacionales. ¡Cómo no va a doler!
Duele
mucho más cuando escuchamos a la presidenta referirse al cambio de la ley que
posibilitaba esta discusión. Se habla nada más que de llevar al trabajador a la
necesidad de elegir entre cobrar o hacer juicio. Esto es de una perversidad
tremenda. En el peor momento del trabajador accidentado o de alguien que está
sufriendo la muerte de un familiar, se le exige que decida si agarra la plata o
va a juicio. Además, se le promete que no le conviene ir a juicio porque le van
a dar un 20 por ciento más de indemnización, como si eso fuera un mérito.
Tendría que haber vergüenza y plantear claramente que no se resuelve la
inconstitucionalidad. Tuvimos la posibilidad de discutir esto en las reuniones
conjuntas de la Comisión de Legislación del Trabajo. Pero lamentablemente se
citó a todas las entidades después de que se firmaron los dictámenes. De todas
maneras, vinieron y hablaron, y por eso solicito que se incorpore al Diario de
Sesiones todo lo que se dijo en esas reuniones. Hablaron, entre otros, Ricardo
Cornaglia, de FACA, Luis Piasek, de la Asociación de Abogados Laboralistas, los
compañeros del Grupo 14 Bis, el doctor Fernández Madrid y también habló
claramente el compañero Carlos Rodríguez, que fue uno de los directores de
Seguridad del Trabajo del Ministerio del Trabajo y secretario de Trabajo en el
gobierno de Santa Fe. No hubo uno solo que no dijera que se iba camino a la inconstitucionalidad.
¿Qué
se gana con esto, si todos dicen que es inconstitucional y que es un parche que
no resuelve los problemas? Lo lamentable –y por eso no lo puedo entender- es
que lo único que se logra es mantener uno, dos, tres, cuatro o cinco años hasta
que se determine la inconstitucionalidad. Mientras tanto, se siguen muriendo
nuestras compañeras y compañeros, siguen los accidentes y fundamentalmente
siguen las ganancias de los grandes grupos económicos en el sector financiero.
No
me voy a referir –porque me da vergüenza ajena- a lo que significa este guiño
que se hace a las mutuas, como diciendo que acá hay un negocio posible para los
sindicalistas o sindicatos que quieran “arreglar”. Ya ha quedado demostrado lo
que son las mutuas en España y en Chile. Acá también les dieron el negocio de
las AFJP a muchos sindicatos, y prontamente fueron subsumidos por los sectores
financieros. “No más parches”, decían. Y está claro que no hay que poner más
parches.
Por
eso yo siento orgullo aun en esta instancia porque estamos discutiéndolo; nos
dieron una posibilidad y los trabajadores vamos a abrir la brecha.
Agradezco
a Claudio Lozano que hace tiempo presentó un proyecto, y también a los
diputados Alicia Ciciliani, Graciela Villata y Horacio Piemonte, que firmaron
el dictamen que estoy informando y posibilitaron este debate. Pero mucho más
agradezco a los compañeros que durante años fueron construyendo desde su
conocimiento un proyecto de ley, como Horacio Meguira, del Observatorio
Jurídico, el ISLyMA de Córdoba o tantos otros que han efectuado sus aportes,
demostrando que frente al negocio y la muerte se puede tener un proyecto de
solidaridad y vida. Se trata de recuperar para el Estado la seguridad social ‑algo
tan sencillo como eso‑ por medio de un banco de seguros de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales para terminar con esto de dejar a la mitad de
la clase trabajadora sin cobertura.
Este
proyecto nada dice de los 8 millones de trabajadores que quedan afuera y que
deben ser cubiertos con una política clara de prevención y reparación de daños:
trabajadores rurales, trabajadoras domésticas, trabajadores de las
penitenciarías, los autogestionados, los que están en pasantías educativas.
Hay
que abrirse a entender y resolver el problema de la prevención y la reparación,
lo cual se logra muy fácilmente con cuatro instrumentos.
- Ocupa
Sr.
De Gennaro.- Primero, una oficina nacional de
seguridad y salud laboral; es necesario tener una planificación, un análisis,
una estadística, un estudio epidemiológico laboral, en suma, una cultura de la
prevención.
Segundo,
una comisión nacional de seguridad y salud laboral que sea capaz de asesorar al
Ministerio de Trabajo, a
Tercero,
un banco de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. La idea
es volver a tener un banco público que sea claramente posible. Alguna vez
tuvimos un Instituto Nacional de
Servicios Sociales de Jubilaciones y Pensiones. No es algo raro, sólo del
Primer Mundo; los compañeros uruguayos tienen el Banco de Seguridad del Estado ‑han
tomado para ellos el monopolio de la gestión‑ o el Banco de Previsión.
Claro, hemos aprendido con lo de las AFJP y vamos a hacer como los uruguayos.
Sí, lo vamos a hacer así: vamos a dar participación plena para que sea un banco
público con manejo del gobierno y no una caja del gobierno, con participación
de los trabajadores y los empresarios. Hemos aprendido de la desvergüenza que
tiene el señor Bossio, el director de
Por
supuesto proponemos comisiones médicas que puedan resolver las contradicciones
de las enfermedades, y hasta dejamos abierta la posibilidad de que vayan a la
justicia laboral.
Estamos
hablando de derechos constitucionales e internacionales que tienen que ser
consagrados y defendidos, como el derecho a la información, a la consulta, a la
participación de los trabajadores, delegados de prevención en cada empresa
votados por los trabajadores sin importar su afiliación sindical. La prevención
salva vidas, como lo vimos en Astarsa y en otros miles de ejemplos que
podríamos mencionar.
Hay
que perder el miedo a la libertad y la democracia sindical. Hay que enfocar la
luz en el sector del trabajo. (Aplausos.)
Da
pena que según las estadísticas oficiales el 84 por ciento de las empresas
privadas no tienen delegado. Hace treinta años que recuperamos la democracia y
donde se genera la riqueza todavía no hay una auténtica democracia. Tal vez
tengamos que recuperar los comités mixtos de riesgo del trabajo como existen en
Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires en el área de salud.
Hay
que animarse a llevar adelante una discusión sobre democratización, y por eso
hay que ir a fondo: responsabilidad solidaria para las empresas que llevan a
contratistas y subcontratistas a no cumplir. Recuerdo al compañero Daniel
Solano, desaparecido y asesinado. Fue encontrado después de un año, ¿saben
dónde? En Expofrut, empresa que subcontrataba y no cumplía con ninguna norma;
cuando alguien levantaba la cabeza había castigo.
Es
hora de abrir el espacio hacia una reparación integral que garantice el derecho
a reclamar con toda claridad.
Después
de haber escuchado a los compañeros de la Comisión de Legislación del Trabajo y
a los que concurrieron posteriormente a la audiencia, a ninguno se le ocurriría
no defender la competencia de la Justicia ordinaria laboral, ya que es el
tribunal natural donde deben discutirse estos diferendos.
Es
cierto que hay cuestiones lamentables. Discutir hoy esta iniciativa en el marco
de un Congreso vallado no era mi objetivo. Si me hubieran dicho que íbamos a
debatir sobre los derechos de los trabajadores con el Congreso vallado, no lo
habría creído. (Aplausos.) Sin
embargo, tengo esperanzas. Se equivocan en el motivo; lo vallan por temor al debate. En el corto
tiempo que estoy aquí, aprendí algunas cosas. No tengo ingenuidad; siempre
supuse que había poder, pero hoy entiendo que hay mucho más del que creía.
Estamos hablando de la vida y de la muerte de los compañeros trabajadores.
¡Vaya si no podíamos resolverlo! Hay más poder, pero también menos debate del
que pensaba.
Mi
esperanza es que aquí afuera están mis compañeros de la CTA encabezados por
Pablo Micheli, los compañeros de la CGT de Hugo Moyano, los trabajadores
autogestionados y de las cooperativas que se movilizan para producir este
debate.
No
debemos tener miedo al debate. Esa movilización, ese apoyo que se está
construyendo, sin lugar a dudas alimenta mi esperanza de que vamos a resolver
el problema a favor de la gente. Tardaremos uno, dos o cinco días, pero tarde o
temprano tendremos que discutir sobre la vida y la continuidad de nuestros
conciudadanos.
Porque
trato con mucho respeto a todos, no quiero decir cosas diferentes a las que
expreso afuera. Me he acostumbrado a mantener una coherencia. En la marcha del
13 de septiembre, en la que presentamos el proyecto que hoy venimos a defender
y a proponer, terminé diciendo que me daba mucha alegría que muchos levantaran
el nombre de nuestro compañero –para mí un amigo, un hermano‑ Germán
Abdala. ¿Quién puede dudar de la conducta, la idoneidad y la fortaleza que tuvo
Germán para plantarse en la década del 90 y pelear contra las privatizaciones?
Me
enorgullece que lo hagan desde distintos pensamientos partidarios. Ninguno, y
menos yo, podría defender lo que piensa partidariamente escudándose en los
dichos y la actuación de Germán Abdala. No es mi característica. Aspiro a que
aprendamos de su ejemplo. Quienes pretenden referenciarse con él, deben saber
que cuando llegó el momento más difícil de su vida en los años 90 y tuvo que
elegir entre la disciplina partidaria y la disciplina de clase, no dudó ni un
momento y eligió la disciplina de clase, y fue bandera para enfrentar la
política de los 90.(Aplausos.)
Por
eso, y lo digo con toda claridad, debemos tomar ese ejemplo con profundidad.
Afirmo –como pensaba él, que era consecuente- que los diputados de hoy no están
votando la ley del futuro, están votando igual que lo hacían los diputados en
los años 90: negocio y muerte, y nosotros votamos en contra porque queremos
solidaridad y vida. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Stolbizer.- Señor presidente: me llama la
atención los esfuerzos realizados por el miembro informante del dictamen de
mayoría para tratar de explicar lo realmente inexplicable. Creo que al propio
oficialismo le ha costado mucho encontrar voluntades para defender este
dictamen.
Llego
a esta sesión con un sentimiento contradictorio, que es participar, por la
atención que me produce, de un debate buscado, ansiado y promovido durante
muchos años en este Congreso, y al mismo tiempo hacerlo con la convicción de
que el resultado del debate que estamos dando llevará a este Poder Legislativo
a cometer uno de los más grandes errores e injusticias de toda su historia, así
como en su momento lo fue la sanción de la ley.
La
dimensión del error y la injusticia tiene que ver no solamente con la reforma
que se promueve sino –y me animaría a decir que es más grave aún- con la
convalidación que se hace por esta vía del mantenimiento incólume de un sistema
que durante muchos años ha sido realmente injusto e inhumano. Además, esto
implica mirar con indiferencia e ignorancia la gran cantidad de ejemplares
sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que a lo largo de los
años declararon la inconstitucionalidad de ese sistema. Se la ha declarado a no
menos de diez o doce artículos de la ley que hoy se está intentando reformar.
Me
animaría a decir que esos reiterados fallos del máximo tribunal de Justicia
fueron casi como un grito hacia los legisladores para que nos hagamos cargo de
reformar la norma a fin de que recupere constitucionalidad, pero sobre todo
recuperar justicia y protección para los trabajadores como destinatarios
principales de la normativa.
También
creo que no todos los que voten afirmativamente esta norma enviada por el Poder
Ejecutivo creen que es una solución a algo, más bien al contrario. Es verdad
que es difícil avanzar en un debate de estas características sin hacerlo desde
una perspectiva claramente jurídica, ya que esto es de lo que se trata. También
es imposible abordar este debate sin consideraciones políticas y sin medir
además el impacto humano y social que tiene la reforma que se va a aprobar en
el día de hoy.
Dos
derechos fundamentales son los que sostiene como base el sistema de prevención
y reparación de los accidentes de trabajo, que han sido consagrados en todo
nuestro plexo normativo, sobre todo a partir de la reforma constitucional del
94 y la jerarquización de los tratados internacionales en materia de derechos
humanos.
Uno
de estos derechos se refiere fundamentalmente al que tienen las personas a no
ser dañadas. Este derecho va acompañado obviamente con el de ser reparado
cuando se produce ese daño por aquellas personas que producen ese daño y en la
medida en que ese daño afecta a la persona.
La
indemnización debe cumplir siempre el objetivo de volver la situación al estado
anterior al menoscabo, y recomponer económicamente a la víctima que lo ha
sufrido.
Como
se ha dicho, la sanción de esta ley en 1995 y su puesta en vigencia en 1996
puso en guardia a muchos académicos del derecho, a magistrados, a
representantes gremiales y también a muchos legisladores, frente al silencio de
los muchos que descargan su diatriba contra la década del 90 pero cerraron su
boca cuando se instaló ese sistema. La década del 90, los contratos basura, la
característica represiva del reclamo obrero que tuvo la legislación de esa
época y la definitiva pérdida del principio protectorio del derecho del trabajo
hicieron de esta ley, que hoy se reforma pero se sostiene, el perfecto
instrumento al servicio de la instalación de un mercado de capitales y de
negocios a costa de la salud y la vida de los trabajadores.
Lo
peor del caso es que ese ataque y agravio a los derechos de las personas y de
los trabajadores en particular se consagró a partir de la propia ley. La ley es
la que violenta los derechos humanos. Lejos de los falaces argumentos con los
que pretendieron y vuelven a pretender con la ley y su reforma avanzar en la
prevención o disminución de la litigiosidad, todos sabemos que nunca tuvieron
ninguna probanza seria, porque en realidad lo que eliminaba el sistema y la ley
eran los incentivos para el buen comportamiento. El Estado entregaba su
estructura de controles para garantizar la rentabilidad de los representantes
de ese nuevo mercado de capitales.
Las
reacciones no tardaron en llegar porque los aspectos lesivos de la norma eran
muchos, evidentes y flagrantes. Así se fueron dando desde finales de la década
del 90 e inicios del 2000 cientos de fallos de tribunales inferiores, primero
en la provincia de Buenos Aires y después en el resto del país, que iban
reconociendo los argumentos sólidos e irrefutables, declarando la
inconstitucionalidad de muchos de esos artículos.
En
este Congreso se sucedieron debates, audiencias y proyectos que buscaban poner
sobre la mesa la necesidad y urgencia de la reforma. Presenté por primera vez
un proyecto de modificación bajo el expediente 6.975 en 1999, en el que me
acompañaron los diputados Brandoni, Vázquez, Raimundi, Passo, Villalba y
Pernasetti; volví a hacerlo en 2001, con el proyecto 1.814; en 2003, con el
4.797, y en 2005, con el 1.784, firmado por los diputados Giúdici, Giubergia,
Nieva, Tate, Basteiro, Pernasetti, Jorge Rivas, Mínguez y Alberto Piccinini.
Luego, vino el expediente número 4.827, firmado por los diputados Milman,
Riobó, Cuccovillo, Peralta, Alcuaz, Carca y Linares, y el expediente que
tuvimos hoy a la vista, número 2.916, acompañado por los diputados Duclós,
Linares y Milman.
Quiero
destacar la importancia de esos debates, y el prestigio de los académicos que
participaron durante todos esos años. También quiero destacar los consensos
sobre los que avanzamos en algún momento para plasmar en un dictamen lo que
había sido un acuerdo de la CGT y la CTA, cuando el diputado Recalde era asesor
de la Comisión de Legislación del Trabajo y actuaba como un componedor,
conjuntamente con las otras personas que participaban, entre las que recuerdo
al diputado Gerardo Martínez.
Todo
ello fue en vano. Nunca se logró avanzar en el debate que tenemos hoy, con la
trascendencia que tiene el tema del que hablamos. Hablamos nada menos que de 11
millones de trabajadores registrados bajo la cobertura de la ley, más un 35 por
ciento aproximadamente sobre quienes no hay registro, y de una siniestralidad
de aproximadamente 700 mil personas por año. Este
sentimiento contradictorio al que me refería es acompañado de una enorme
frustración en razón de que considero que la aprobación del dictamen de mayoría
es un retroceso.
Sin
duda, esta reforma es una soga que se tira para salvar empresas como
beneficiarias directas, pero al mismo tiempo es una soga al cuello que asfixia
a los trabajadores víctimas de su aplicación.
Vamos
camino a un retroceso de derechos del trabajador ya consagrados mediante
jurisprudencia de
Retomando
el relato de estos años, esos debates, proyectos y fallos a los que me referí
fueron sucedidos por la extraordinaria valentía y sapiencia de
Quiero
citar al doctor Horacio Shick, pues sin duda ha sido uno de los más firmes y
consecuentes luchadores, entre quienes aportaron esfuerzo intelectual
militante. Él dijo que fueron los fallos de
Fue
a partir de la obligatoriedad impuesta, que la siniestralidad ha ido
disminuyendo en la medida que los obligados sintieron el peso de una Justicia
que por fin atendió la vigencia del derecho, la aplicación de sus principios
fundamentales y las garantías constitucionales para que ningún trabajador
pudiera ser dañado impunemente y siempre existiera un responsable de reparar
las consecuencias sufridas.
Desde
entonces, se sucedió una enorme cantidad de fallos ejemplares –entre ellos, los
casos Aquino, Castillo, Minole, Llosco, Silva, Torrillo-, y lo que más
claramente han dicho los jueces, además de reconocer los derechos invocados, es
que los legisladores deben hacerse cargo de producir los cambios necesarios en
la norma. Ése fue el mensaje.
Ésta
es nuestra oportunidad y responsabilidad de hacernos cargo, debatiendo y
aprobando una reforma que recupere constitucionalidad y legalidad y, al mismo
tiempo, justicia para sus destinatarios.
Desde
nuestras competencias legislativas estamos obligados a acompañados esos fallos
de
Muchos
se deshacen en elogios hacia los integrantes de
Las
reiteradas inconstitucionalidades declaradas sobre la ley no han conmovido el
espíritu reformista marcado por
La
semana pasada, con dictamen firmado,
Las
posiciones marcadas tanto en el seno de la comisión como en todos los informes
que hemos recibido son unánimes. Este proyecto que se impulsa, de la misma
forma que lo fue la ley de accidentes de riesgo de trabajo, no supera ningún
test de constitucionalidad.
Me
reservo para insertar en el Diario de Sesiones los documentos que nos acercaron
el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Abogados
Laboralistas y el Colegio de Abogados de Quilmes. Todos con una posición
unívoca en cuanto al disparate que constituye la reforma que se promueve.
La
conclusión es una: esta reforma, que no soporta un test de constitucionalidad,
nos remonta al más rancio neoconservadurismo de los 90, constituyendo un
agravio intolerable a los derechos humanos. Además, el proyecto implica una
repetición de lo que fue la ley 24.028 de 1991.
Para
fundamentar el dictamen de minoría ‑agradeciendo el acompañamiento de los
diputados Milman y Tunessi-, me voy a referir a uno de los aspectos que
considero más graves en el dictamen del oficialismo. Fundamentalmente tiene que
ver con el artículo 4° y la opción excluyente. Parece casi imposible de pensar
que esa cláusula que fue progresista cuando se impuso en la ley 9.698, en 1915,
pueda ser incorporada hoy –cien años después-, cuando por supuesto ya no es una
cláusula progresista. Parece imposible que esa cláusula quiera introducirse
nuevamente en nuestro sistema positivo luego de los fallos ocurridos,
fundamentalmente el del caso Aquino.
El
establecimiento de la opción por el lado de la eliminación de la “doble vía”
veda el acceso a la Justicia intentando disfrazar lo que en verdad resulta ser
una ley hecha a la horma de los zapatos de los empresarios que aplaudieron
fervorosamente el discurso de la presidenta, cuando hizo el anuncio del envío
del proyecto al Congreso de la Nación en la cena de la Unión Industrial.
Deberíamos
ser claros: nos estamos perdiendo la posibilidad de avanzar en la prevención,
porque no va a aumentar la inversión en este rubro. Es imposible creer eso
porque no van a invertir cuando los costos son cada vez mayores, cuando no
existen incentivos y cuando se asegura la rentabilidad de los empresarios,
quienes no discuten la economía, la competitividad ni el crecimiento, sino el
abaratamiento de sus costos laborales aun cuando sea a costa de la salud y vida
de los trabajadores.
Me
pregunto si ninguno de los firmantes del dictamen advirtió que las sugerencias
de la OIT, en relación con las enfermedades laborales, procura que la normativa
sea abierta y no cerrada. Se actúa al revés, o sea, se cierra, lo que implica
abrir la litigiosidad.
Es
fácil advertir que ante una enfermedad no enlistada el trabajador lo que hace
es recurrir a la Justicia. En un Estado de derecho, ese acceso nunca le puede
ser vedado.
¿Cómo
explicar por un lado que se pretende bajar la litigiosidad violando el acceso a
la Justicia de los trabajadores? Cuando se habla de la “industria del juicio”,
debemos recordar que si existen juicios es porque hay derechos vulnerados.
Frente al atropello de la ley y el abandono del Estado, el juicio termina
siendo el único camino para reclamar la tutela y la garantía de los derechos
constitucionales.
El
acceso a la Justicia es un derecho humano fundamental, sobre todo ante la
negación de otros derechos. Mucho más lo es cuando al trabajador se le niega el
acceso a reclamar por los derechos que le corresponden.
Cuando
la señora presidenta cuestiona el accionar de los abogados, debería recordar
–según ella misma lo ha dicho-, que ha sido una letrada prestigiosa defendiendo
seguramente causas justas con los resultados patrimoniales que se conocen. Si
hay juicios es porque hay accidentes en condiciones degradantes para los
trabajadores y porque no se trabaja ni se trabajó nunca respecto de la
prevención. Sin embargo, es necesario decir que frente a los 700 mil accidentes
por año el número de causas iniciadas es de 53 mil, o sea que el porcentaje de
juicios es ínfimo. Los reclamos judiciales existentes se corresponden con
niveles razonables de litigiosidad propios del Estado de derecho, donde el
acceso a la Justicia es un derecho fundamental.
La
propuesta legislativa que se analiza promueve además el desinterés de los
obligados, porque la tendencia es conformar al trabajador con una indemnización
tarifada para que se desentienda, debiendo renunciar a la posibilidad de
reclamar una indemnización integral. En atención a la opción excluyente del
artículo 4°, resulta claro que no es el camino para resolver…
Sr.
Presidente (Domínguez).- Vaya concluyendo, señora diputada.
Sra.
Stolbizer.- Cómo no, señor presidente.
Solicito
autorización para insertar parte de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Finalmente,
quiero reiterar lo que planteé en la comisión: esta no es una opción sino lisa
y llanamente una extorsión a los trabajadores, porque se abusa de la condición
y del estado de necesidad y de debilidad que tiene el trabajador accidentado.
Esta
ley seguramente ha recogido uno de los rankings
más llamativos: es la ley que más cantidad de declaraciones de
inconstitucionalidad ha tenido a lo largo de los años. Sin embargo, creo que
hoy podemos estar alcanzando otro enorme símbolo para otra ley: el de la
vergüenza. Sin duda esta nueva ley será por muchos años el mayor símbolo de
vergüenza inexplicable por quienes terminen hoy aprobando este proyecto de
reforma. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Antes de dar el uso de la palabra al señor diputado Recalde
quiero hacer una breve aclaración.
Conforme
a lo acordado en la reunión de presidentes de bloque, les recuerdo que registren
por Secretaría a los diputados que hablarán en nombre de los distintos bloques
en general para poder efectuar el cierre de la lista de oradores
aproximadamente a las 15 y dar lectura por Secretaría de quienes se hayan
anotado.
Del
mismo modo, recuerdo a los señores diputados que vayan a hacer uso de la
palabra en forma individual que como hemos acordado cerrar la lista de oradores
a las 15, les pedimos que vayan anotándose por Secretaría para hacer uso de la
palabra a efectos de organizar y administrar el tiempo.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: trataré de explicar
las razones que me llevaron a firmar un dictamen de minoría. Para ello voy a
hacer una breve historia y luego explicaré en qué consiste el dictamen que
acabo de suscribir. Además, solicito la inserción de parte de mi discurso en el
Diario de Sesiones porque seguramente el tiempo no me va a alcanzar.
- Ocupa
Efectivamente,
nuestro país fue adelantado en el mundo en materia de legislar a favor de los
trabajadores a principios del siglo pasado.
La
ley 9.688, de 1.915, consistió en un adelanto muy importante para consagrar
derechos a los trabajadores, pero sucede que fue sancionada hace
aproximadamente cien años. En el artículo 17 ya se establecía una opción en
aquella época, pero quiero recordar que después de esa ley este Parlamento
aprobó distintas leyes en la materia: limitación de la jornada de trabajo;
indemnización por despido; sueldo anual complementario; salario mínimo, vital y
móvil; convenciones colectivas de trabajo; ley sindical; derecho de huelga;
asignación universal por hijo; movilidad jubilatoria; matrimonio igualitario.
También convalidó e hizo suyos con la reforma de 1994 tratados de derechos
humanos y tratados internacionales.
¿Qué
quiero decir con esto? Que realmente estamos avanzando en la consagración de la
ampliación de derechos. Uno tendría que advertir que no puede haber ninguna
regresividad en los derechos frente al principio de progresividad enunciado por
el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional.
Personalmente
me tocó batallar bastante en cuanto a la ampliación de derechos. De allí mi
compromiso con los trabajadores y con el derecho laboral.
Cuando se modifica el Código Civil con
la llamada ley Borda –número 17.711‑, esta posibilidad de ampliar
derechos del trabajador recurriendo también a normas que se habían consagrado en el Código Civil, la modificación de su artículo 1113, inicié un
juicio que terminó con un fallo plenario. Me refiero al fallo 169, llamado
“Alegre Cornelio c/Manufactura Algodonera Argentina”. Este fallo se sancionó el
10 de octubre de 1971, por lo que ahora se acaba de cumplir un nuevo
aniversario. De esta manera estoy confesando mi antigüedad y mi vejez.
Hasta
allí llegamos avanzando en materia de derechos, tanto legislativa como
jurisprudencialmente. Eso ocurrió hasta que comenzó lo que en uno de mis
trabajos denominé la tercera década infame. Allí se sancionó la ley 24.028, que
con la excusa de generar empleo y disminuir el índice de litigiosidad realmente
terminó reduciendo los costos laborales y los derechos de los trabajadores.
El
paso siguiente en este verdadero iter
criminis que voy a relatar fue un acuerdo marco firmado el 25 de julio de
1994 entre la conducción de
Pero
en materia de normas sancionadas por el Parlamento fue la ley 24.013, de
empleo, la que expresaba la promesa de generar empleo y demás, cuando en
realidad sucedió exactamente lo contrario.
Reitero
que este acuerdo marco fue suscripto el 25 de julio de 1994, días antes de la
reforma de
A
partir de dicho acuerdo marco, en 1995 se sancionó un verdadero paquete de
leyes flexibilizadotas. Entre ellas podemos mencionar la ley 24.464,
ampliatoria de los denominados “contratos basura”, y la 24.467, que otra vez
puso como mascarón de proa a las pequeñas empresas. Pero lo que esta última
norma hizo –y en este Parlamento hemos logrado modificar varios de sus
artículos- fue establecer una diferenciación entre iguales. De esa manera quitó
derechos a los trabajadores. Esto lo hizo en lugar de diferenciar entre
distintos, ya que no hay trabajadores grandes, medianos y pequeños, sino que
son todos iguales. Lo que se tendría que haber hecho es tratar de sostener a la
pequeña empresa, ya que en materia de dación de empleo probablemente sea una de
las más importantes. En definitiva, se hizo exactamente lo contrario.
También
debo mencionar la ley 24.522, de quiebras, que este Parlamento también
modificó. De esa forma se logró evitar que una mera presentación en
convocatoria de acreedores suspendiera por tres años los convenios colectivos
de trabajo. Logramos sacar los juicios laborales del ámbito de la justicia
comercial para llevarlos al de sus jueces naturales, es decir, a la justicia
del trabajo. Eso lo hizo este Congreso de
También
quiero citar la ley 24.557, que nos ocupa. Realmente el desafío mayor que uno
encontró frente a la sanción de esa norma fue cómo hacer para compatibilizar el
sistema de la seguridad social con un sistema de lucro que es lógico, legal y
legítimo en una sociedad con una economía de mercado como la nuestra. Pero esa
compatibilización es muy difícil de obtener debido a que cuanto mayor es la
seguridad social, menor es el lucro que se obtiene.
Por
último, debo mencionar la ley 24.635, que es de carácter procesal y que para
bien del resto del país solo rige en el ámbito de
De
esta manera llegamos al mes de febrero de 2002 con una Corte Suprema de
Justicia cuya integración había tenido lugar durante el gobierno del doctor
Carlos Menem. Dicho tribunal dictó el denominado fallo “Gorosito”, por el que
se determinaba que la ley 24.557 era inconstitucional. Debo reconocer la
persistencia de muchos abogados laboralistas que a pesar de la declaración de
constitucionalidad siguieron litigando y planteando la inconstitucionalidad de
esta norma. Esto lo remarco para
información de todos, porque el abogado que defiende a trabajadores –a
diferencia de otros colegas que se dedican a otras especialidades‑ no
percibe honorarios a cuenta, no percibe nada en concepto de gastos que pueda
tener y, además, si pierde el juicio, no
cobra honorarios. Por ende, los
compañeros abogados laboralistas que siguieron insistiendo con la
inconstitucionalidad de esa norma merecen nuestro reconocimiento.
¿Cuándo
se produce el cambio? Con el dictado del
decreto 222 del año 2003, de nuestro querido y entrañable compañero Néstor
Kirchner, que integra
Así
llegamos al año 2004; realmente, una primavera.
Lo digo porque el 21 de septiembre de ese año
Como
jefe de los abogados de
Así,
en el año 2005 el Consejo Directivo de
Con
posterioridad, durante mi primer mandato como diputado de
Hay
cosas que vengo planteando desde hace tiempo y, por ende, no puedo entrar en
contradicciones. En 2006 mantuve una
reunión –voy a dar los nombres y apellidos, porque es importante que todos
estén informados‑ con el doctor Daniel Funes de Rioja, a la sazón asesor
de
En aquel momento pensaba que era muy difícil
que se pudiera sancionar una reforma integral de la ley, pero frente al reclamo
de litigiosidad de las cámaras empresarias, me pareció que era importante
buscar la forma de acortar los caminos.
No
lo hacía porque me preocupara la litigiosidad que pudiera sufrir una empresa;
lo que me preocupaba –y me sigue preocupando‑ era que un trabajador tuviese
que ir a
Lo
que hay que hacer no es difícil; en parte es lo que propone el proyecto
sancionado por el Honorable Senado: aumentar las indemnizaciones por las
incapacidades derivadas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales. Pero en este último caso
hay que ampliar el listado. Ya que
estamos hablando de los juicios, quiero hacer un breve paréntesis para
referirme a la mentira en que se fundó la ley 24.557. La mentira era que habían
aumentado estrepitosamente los juicios. Investigué personalmente qué referencia
podía tomar para comparar. Tomé el año 1991, con la ley 24.028, que bajaba
costos y reducía derechos, para ver cuántos juicios se habían iniciado entonces
y cuántos en 1994 o 1995. Tengo las estadísticas al día de hoy, que pido
permiso para insertar para no ser tan latoso con los números. Aclaro que voy a
dar números redondos.
En 1991, tanto en
En
aquel momento publiqué un artículo, cuyo título –se lo puso el periodista- era
“Juicios Mentirosos”. La mentira era lo que habían fundamentado en aquella ley.
Obviamente, no alcancé resultados en esa reunión y, entonces, no tuve más
remedio que seguir insistiendo con mi proyecto de ley, tratando de ver cómo
podíamos salvar las deficiencias que presentaba el sistema de riesgos del
trabajo.
Con
mi insistencia estoy planteando, en realidad, un proyecto integral de reforma,
como decía recién, pero con algunos aspectos que considero importantes y que
mostraron una gran reacción contraria por parte de las cámaras empresarias.
Me
refiero, por ejemplo, a la participación de los trabajadores en el control de
lo que sucede con la producción en los lugares de trabajo. Esto es hasta de
sentido común. ¿Cómo el trabajador no va a aportar su experiencia de trabajo al
pie de la máquina para decir cuáles son los riesgos que ella entraña? ¿Cómo no
va a poder participar? Pero no se trata solamente de una cuestión de sentido
común o de un derecho humano. Es un derecho constitucional, porque el artículo
14 bis de
En
la prevención, el deber de seguridad a cargo del empleador no se tiene que limitar a cumplir la
normativa vigente, sino que también debe adoptar todas las medidas
complementarias, según el tipo y ambiente de trabajo, los materiales empleados,
la experiencia y la técnica necesarios para tutelar la integridad psicofísica y
la dignidad de los trabajadores.
Existe
un proceso nuevo que se inició con las privatizaciones, que es el de
tercerización. Hasta allí tenemos que extender la responsabilidad con toda
claridad. La tercerización es un proceso absolutamente legítimo en la medida en
que no se use para eludir la ley o para evadir la legislación. Entonces, en
estos supuestos de contratación y subcontratación hay que establecer una
responsabilidad interempresaria.
También
hay que tener en cuenta lo que sucede con los fabricantes y suministradores de
maquinarias. Me estoy refiriendo a algunos aspectos contenidos en este dictamen
de minoría.
Asimismo,
hay que terminar con la predisposición de los trabajadores a enfermarse, que la
ley 24.028 no consideraba. Como había una predisposición, se hablaba de la
concausa, mientras nosotros sostenemos que tiene que haber una indiferencia en
la concausa. Es decir que esta predisposición del trabajador no puede enervar
su derecho frente a una incapacidad.
Por
otra parte, el listado de enfermedades no puede ser taxativo. Nadie puede negar
la investigación o lo que puede determinar el médico sanitarista con relación a
nuevas enfermedades que se produzcan. Entonces, no es aconsejable cerrar el
listado, impidiendo la incorporación de nuevas enfermedades profesionales.
En
la Organización Internacional del Trabajo, cuando analiza estadísticamente la
cantidad de juicios, las enfermedades profesionales constituyen el 38 por
ciento del total. En nuestro país son el 2 por ciento. Esto quiere decir que
para bajar los costos y maximizar las ganancias de las ART y de las empresas se
está impidiendo este resarcimiento.
Además
uno piensa realmente en las pequeñas y medianas empresas ‑deberían ser
consideradas en las normativas y las propuestas por las cámaras empresarias,
que las ponen de mascarón de proa para defender su propia responsabilidad‑,
que históricamente llegaron a pagar una prima 500 por ciento más cara que las
grandes empresas. El dictamen de minoría que propongo establece un nivel de
equidad para que las pequeñas empresas no subsidien a las grandes.
Por
otra parte, sigo entendiendo que es
A
uno no le resulta ajena la suerte de aquel empleador que está injustamente
sometido a un juicio. En el dictamen de minoría proponemos un fondo de expensas
para que aquel empleador que gana el juicio que le inicia un trabajador no
tenga que pagar costas. Esto apunta a dos cosas, no solamente a la equidad,
sino también a evitar alguna patología en la que como abogado de los
trabajadores sabemos se suele incurrir. Creo que es una ínfima minoría, pero
aunque así lo sea, lo cierto es que existe una coacción a tratar de conciliar
pleitos, porque igual la empresa va a tener que pagar costas. Es decir que uno
trata de tener la mayor amplitud posible en esta cuestión.
Yo
hice una denuncia penal al entonces presidente en 1997, porque distrajo
recursos con destino al seguro de vida colectivo de los trabajadores para
subsidiar a las empresas y a las aseguradoras de riesgos del trabajo. Me parece
que hay que terminar con esto, y el proyecto contenido en el dictamen que suscribo
lo hace.
Asimismo,
entiendo que el Código Penal debe modificarse y ampliarse para establecer
sanciones penales a los empleadores que violen las normas de seguridad e
higiene del trabajo.
Para
finalizar, quiero hacer un homenaje a un laboralista, Carlos Moreno, que era
abogado de los trabajadores de Loma Negra, y en las entrevistas con ellos
descubrió que en esa empresa había silicosis. Esto figura en mi libro, que no
voy a leer, pero pueden comprar: Carlos Moreno defendió a los trabajadores, lo que
significó un aumento del costo laboral para Loma Negra, porque tuvo que pagar
los juicios. En esa dictadura cívico-militar, estas empresas fueron
responsables del homicidio del doctor Carlos Moreno, a quien rindo homenaje y
dedico este dictamen. (Aplausos. Varios
señores diputados rodean y felicitan al orador.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por
Sra.
Bullrich.- Señora presidenta: creo que la
discusión de este proyecto se basa en una aceptación común, por más que muchas
veces esto no aparezca en palabras con tanta claridad.
A
partir de la ley de riesgos del trabajo el cuestionamiento no está en el
sistema en sí mismo, sino en si se debe abrir o no una segunda vía, la de
Sin
duda, toda política de riesgos del trabajo debe partir de un primer concepto:
la prevención. La mejor política de riesgos del trabajo es que haya una
disminución de los accidentes laborales. No obstante, dichos accidentes
existen, son una realidad y es importante que los trabajadores que sufren un
accidente de trabajo, o sus familias, puedan contar con una ayuda dineraria
cuando deben dejar de trabajar o quedan desprotegidos.
En
consecuencia, lo que se está discutiendo no es la posibilidad de que exista un
sistema de riesgos del trabajo. Lo que se está discutiendo es si dicho sistema
es el único o si el trabajador puede, al mismo tiempo, recurrir a la vía
judicial.
Lo
primero que debemos considerar es que el régimen de riesgos del trabajo, a
partir del dictado de esta norma, de los decretos complementarios y de este
último proyecto de ley, plantea que los trabajadores pueden prever cuánto
cobrarán por el accidente que han sufrido, a diferencia de cómo es ahora, ya
que existe una indemnización general de una sola vez.
Por
lo tanto, respecto de la doble vía, tenemos que analizar algunos aspectos. Está
claro que todo sistema debe ser contemplado para el conjunto de las empresas.
Las empresas más pequeñas de nuestro país tienen una problemática muy seria
frente a un accidente de trabajo cuando estas dos vías están abiertas.
No
sé si este asunto se resolverá constitucionalmente. Veremos qué dice al
respecto
Lamento
que este proyecto no haya sido discutido y que hayamos vuelto al mecanismo de
la “ley exprés”, porque muchos de los temas que hoy estamos analizando se podrían
haber debatido seriamente. Está claro que esta iniciativa tiene una falencia
por no contemplar el tema de la prevención.
Hay
una cantidad de normas que se están incumpliendo y que se podrían haber
incluido en este proyecto. Me refiero al Convenio 155, de 1981, al Protocolo de
2002 –aprobados por la ley 26.693‑
y al Convenio 187 de
Deseo
plantear algunas inconsistencias que pueden generar problemas en el futuro. Se
dice que se cumplió con todos los fallos de
El
segundo problema que me parece que se va a plantear es que se sigue con el
sistema cerrado de enfermedades profesionales y se dejan afuera una cantidad de
patologías que sufren los trabajadores. Esta es una recomendación que hizo
Creo
que tiene que ver con que es un proyecto no discutido y absolutamente cerrado,
como los que permanentemente plantea el oficialismo. Repito que frente a la
opción, deberíamos plantear la eximición del pago de la tasa de Justicia como
un tema fundamental.
Una
cuestión que es un muy importante y no está bien resuelta en el proyecto se
refiere a que la iniciativa propone aumentar las incapacidades laborales
permanentes, pero no plantea nada en relación con la pérdida de la vida del
trabajador.
El proyecto podría haber resuelto un problema
existente, que ha hecho que muchísimas empresas pequeñas y medianas de nuestro
país hayan tenido enormes problemas para hacerse cargo de las dos vías cuando
existe un accidente, por lo que finalmente muchos accidentes no tuvieron ningún
tipo de reparación; esto hizo que muchísimas empresas terminaran trabajando
fuera del sistema.
La
falta de debate y de discusión sobre este proyecto va a generar una posible
declaración de inconstitucionalidad. Por la metodología que se ha adoptado para
discutir el proyecto, más allá de que considero que presenta algunos elementos
positivos, no lo voy a acompañar.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr.
Germano.- Señora presidenta: quiero hacer algunas
observaciones al Orden del Día N° 1.072 y destacar una anomalía que voy a
describir puntualmente; se refiere a una conducta que se viene desarrollando en
las reuniones de las comisiones de
Es
legítimo que la mayoría pueda imponer su voluntad mediante el voto de sus
legisladores en relación con cualquier proyecto tratado en comisión, cuando el
debate ha llegado a un razonable fin. Sin embargo, en la determinación de ese
razonable fin las formas deben ser prolijamente respetadas para garantizar
precisamente la expresión democrática de todos.
Casi
los únicos proyectos que se tratan en el recinto provienen últimamente de
dictámenes de reuniones conjuntas de comisiones, lo que constituye una práctica
habitual que está dejando de lado la visión específica y especializada de cada
comisión, desaprovechando su incumbencia en particular.
Esto, sin lugar a dudas, responde a la
determinación política de imponer sin debate proyectos ya cerrados, sobre los
que el oficialismo no admite modificación alguna. Esta conducta está basada
exclusivamente en una mayoría numérica, despreciando la opinión diferente y
firmándose dictámenes aun antes de cerrar el debate formal.
En
este marco, el pasado 9 del corriente se citó a una reunión conjunta de las
comisiones de Legislación del Trabajo, de Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General. Ya en el inicio de la reunión y antes de empezar el
debate, comenzó a tomar cuerpo la idea de que el proyecto con sanción del
Senado iba a ser dictaminado por la mayoría sin aceptar modificación alguna.
Sin
embargo, distintos diputados plantearon la necesidad de dar participación a
invitados que, naturalmente, eran parte involucrada como protagonistas en esta
temática. Este reclamo fue aprobado por el oficialismo, que aceptó que se
invitara a participar a la semana siguiente a representantes gremiales, colegios
profesionales y otras asociaciones. Todos quedamos con la convicción de que la
intención de cerrar la presentación de dictámenes ese mismo día no había sido
más que eso, una intención, y que la sensatez de valorar el intercambio de
opiniones había primado, en el sentido de escuchar en la semana siguiente a
distintos sectores del quehacer laboral.
Cuando
el martes 16, luego de finalizado el segundo encuentro conjunto de las
comisiones y después de haberse escuchado a quienes habían sido invitados, quise
presentar un dictamen, se me notificó
que el plazo para ello había vencido el viernes anterior. Frente a mi
insistencia se argumentó que el vencimiento se había establecido en la primera
reunión a la que hice referencia.
Para
asegurarme de ello, revisé la versión taquigráfica de esa primera reunión,
donde queda absolutamente claro que no fue manifestado públicamente en ningún
momento la determinación de cerrar al día siguiente el plazo para la
presentación de nuevos dictámenes. Lo más parecido que pude encontrar en esa
versión taquigráfica sobre el establecimiento de un plazo es la expresión de
uno de los presidentes de comisión, diciendo que él aconsejaba a los diputados
opositores que presentaran sus dictámenes en 24 horas.
Señora
presidenta: un consejo no es una resolución; una recomendación no se puede
hacer pasar como una resolución. Está claro ahora que el consejo formulado
escondía veladamente que no se recibirían más dictámenes, a pesar de
continuarse con un debate virtual, escuchando en comisión a los invitados.
Este
proceder vulnera una de las más caras condiciones de la democracia y del
Congreso: la de construir un ámbito de libre debate de ideas y opiniones. Este
proceder, que vengo a exponer por repetido, rompe con las reglas básicas de las
normas de convivencia y de una mínima buena educación.
En
la ceremonia que describo, los invitados
son recibidos para que manifiesten sus objeciones a la boda, cuando la boda ya
se ha consumado. Un verdadero acto de desprecio por su opinión y sus ideas, que
no debe repetirse. Por eso solicité que se incorpore al orden del día –pero no
está en mi banca- el tema en cuestión, que se me había negado.
Aprovechando
los minutos que me quedan, quiero expresar de qué se trataba el dictamen que
iba a presentar, que era un proyecto del año 2010 y que fue vuelto a presentar
el año pasado.
Después
de la exposición del diputado Recalde, con su sapiencia y sabiduría, y de la
encendida defensa de De Gennaro, intentar hacer una descripción de la relación
entre obreros y empresarios parece un atrevimiento.
¿Cuál
es la fotografía? Esta es la pregunta que le hice al ministro Tomada cuando
concurrió, y por cierto no digo que no haya querido responderla, sino que pudo
haberla olvidado en el debate. La fotografía de hoy de la relación entre
obreros y empresarios muestra que tenemos los tribunales desbordados por
juicios provenientes de la doble vía, y como resultado de esos juicios, los
empresarios no saben a quiénes pertenecerán las empresas.
¿Qué
ofrece el proyecto que nos envía el Poder Ejecutivo para solucionar la
situación? Absolutamente nada. Lo único positivo que se puede encontrar en este
proyecto es que evidentemente el Poder Ejecutivo ha tomado nota de lo que viene
ocurriendo.
¿Y
qué es lo que viene ocurriendo? Por un lado, el sistema funciona con las
aseguradoras de riesgos del trabajo, con
¿Qué
quiere decir que un empresario cumple? Ello significa que respeta las
condiciones de higiene y de salubridad, que contrata una ART. Así, debería
tener garantizado el cumplimiento de su trabajo. Respecto del empleado, siempre
van a existir accidentes y enfermedades profesionales. Todo lo que en tal
sentido se gaste en materia de prevención nunca resultará poco y siempre será
bienvenido.
¿Es
mala la lógica de la ley al decir que no tiene más responsabilidad empresarial
el empleador que cumple? De ninguna manera. Lo que ocurre es que
La
única verdad es que la mayoría de esos juicios se originaron en las paupérrimas
indemnizaciones pagadas por las ART por el desconocimiento de una nómina más
amplia de enfermedades profesionales, como bien explicó el señor diputado
Recalde.
¿Qué
solución proponía el proyecto presentado? En esta temática, la responsabilidad
subsidiaria es exclusiva del Estado, pues éste es quien fija las condiciones,
quien dice cuáles son las ART, quien tiene el poder de policía para aplicar los
correctivos a todo aquel que no respete en su empresa las condiciones
requeridas.
Entendí
‑y entiendo‑ que debió haberse declarado en emergencia el artículo
39, que tantos inconvenientes nos ha causado, generándose un fondo de
aplicación específica administrado por
Señora
presidenta: el proyecto del Poder Ejecutivo, por un lado, aumenta las
indemnizaciones tarifadas –es decir que da más plata-, pero por el otro,
dispone que la mayor cantidad de dinero estará disponible siempre y cuando el
trabajador renuncie a lo que legítimamente le corresponde, si así lo creyera
conveniente. No se puede privar al trabajador de su derecho a litigar. Se bajan
los honorarios de los abogados y se establece una cierta actualización con el
tiempo. ¿Saben cómo va a terminar esto? Terminará como ocurre con todas las
actualizaciones en el país: totalmente fuera de foco. De esta manera,
nuevamente caeremos en la inconstitucionalidad, ya que nadie puede ser privado
de su derecho a reclamar judicialmente.
Por
lo expuesto, no voy a acompañar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo,
pues tal iniciativa está abonada fundamentalmente por las grandes asociaciones
empresarias que muy bien responden a la famosa curva de Lorenz. El 6,5 por
ciento de los empleadores cubren los puestos de trabajo del 95 por ciento. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra.
Ocaña.- Señora presidenta: brevemente, fundaré mi
voto negativo al proyecto en tratamiento, tal como lo expreso en la observación
presentada respecto de los dictámenes emitidos por las comisiones.
La
iniciativa en debate no es más que un nuevo parche a la norma que establecía un
sistema ineficiente e insuficiente de reparación de los daños ocasionados por
el hecho o en ocasión del trabajo. Esa ineficiencia ha sido reconocida por el
propio Poder Ejecutivo nacional, que en abuso de facultades reglamentarias que
no posee promulgó infinidad de modificaciones, adecuación y mejoras mediante
el dictado de varios decretos en detrimento del sistema de división de poderes
establecido por la Constitución Nacional.
Este
proyecto de reforma en tratamiento no subsana las inconstitucionalidades
decretadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al contrario,
caprichosamente se insiste en legislar de manera contraria a derechos humanos
fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional, vulnerando las garantías
del juez natural, de la obligación de no dañar y el consecuente derecho de
reparación integral a la víctima, contrariando el derecho protectorio
garantizado en el artículo 14 bis para los trabajadores. Queda en claro que la
limitación de la responsabilidad de los empleadores establecida en el tope de
las indemnizaciones, como los regímenes previstos en la norma sobre el pago de
estas últimas y la atribución de la competencia civil en las acciones derivadas
por un accidente de trabajo –además de la falta de una clara regulación en
materia de prevención de accidentes-, no beneficia a los trabajadores.
Resulta
evidente que la norma beneficia a los empleadores y a las ART que por un lado
han visto bajar el costo laboral y, por otro, que se establezca un sistema de
tope indemnizatorio que justamente las beneficia.
Lo
más grave es el establecimiento de la obligación para el trabajador –en caso de
no aceptar la prestación dineraria por parte de la ART- de optar por la
Justicia civil. Evidentemente esto lo perjudica.
Se
está vulnerando claramente la garantía del juez natural que debe entender en
las cuestiones relativas al contrato de trabajo. Tampoco se garantiza el acceso
a una Justicia efectiva y gratuita al trabajador desde el inicio hasta la
finalización del proceso. Esto claramente lo perjudica.
Surge
entonces la siguiente pregunta: ¿por qué estamos tratando esta norma que no
soluciona el problema de fondo y que perjudica a los trabajadores?
En
declaraciones públicas nos hemos enterado de que la futura ley ha sido parte de
una negociación entablada entre el sector patronal y algunos sindicatos. ¿Por
qué hay asociaciones de trabajadores que apoyan este proyecto de ley?
La
respuesta está en el decreto 1.720 que fue dictado por el PEN en el mismo
momento que envió este proyecto de ley al Congreso de la Nación. Por dicho
decreto se incorporó un nuevo actor al sistema de prevención de riesgos. Son
las llamadas ART mutual, similar al sistema de mutuales que se ha implementado.
¿Quiénes pueden conformar estas nuevas organizaciones? Por un lado, los
firmantes de convenios colectivos sectoriales, esto es, las organizaciones de
empleadores conjuntamente con asociaciones sindicales con personería gremial.
Se produce claramente una confusión de roles que deben cumplir dichas
asociaciones sindicales.
Me
parece que lo más claro es que el decreto 1.720 fija que serán ahora las obras
sociales las que van a brindar los servicios, con lo cual, con estas mutuas, se
ha abierto una enorme caja de ingresos a los sectores sindicales, los que
emulando los años 90 –antes apoyaban a las AFJP- ahora están de acuerdo con las
mutuas.
Entiendo
que es imposible apoyar este proyecto de ley, por lo que adelanto mi voto
negativo.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Salta, que comparte su tiempo con el señor diputado Alfredo Carlos Dato.
Sr.
Kosiner.- Señora presidenta: he escuchado
plantear a algunos señores diputados preopinantes que estaban participando en
la sesión con preocupación. Yo debo decir que nuestro bloque participa en el
tratamiento de este proyecto de ley con profunda convicción.
Cualquiera
que escuche parte de esta sesión y que no viva en nuestro país podría
interpretar que está frente a un gobierno de extrema derecha que vulnera
permanentemente los derechos de los trabajadores y que tiene una profunda
insensibilidad social. Sin embargo los argentinos ‑fundamentalmente los
trabajadores argentinos‑ conocen el esfuerzo que hizo el gobierno de
Néstor Kirchner desde el año 2003 y de la actual presidenta para volver a
colocar a los trabajadores argentinos en la condición de protagonistas y de
sujetos de los derechos en la República Argentina.
Fue
nuestro gobierno el que tuvo el desafío de bajar del 24,7 por ciento al 7,1 por
ciento la desocupación, que fue heredada de gestiones totalmente incapaces de
poder garantizar efectivamente los derechos sociales de los trabajadores.
No
debemos olvidar que muchos de esos trabajadores a los cuales hoy se dice que se
reivindica y se protege integraban la masa de más del 50 por ciento de pobres
en la Argentina, y fue este gobierno, el que hoy propone este proyecto de ley,
el que reduce ese porcentaje al 8 por ciento.
También
fue nuestro gobierno el que volvió a reunir luego de catorce años al Consejo
del Salario Mínimo, Vital y Móvil y el que volvió a poner en vigencia los
convenios colectivos de trabajo para que nuevamente los trabajadores sean los
protagonistas en las discusiones bilaterales con las empresas para fijar las condiciones
y remuneraciones de su trabajo. Fue también nuestro gobierno el que incorporó a
más de 2,5 millones de jubilados al sistema de previsión y el creador de la
asignación universal por hijo.
¿Por
qué hago esta introducción? Porque este proyecto de ley no es un eslabón
perdido: es una medida más en la cadena de iniciativas que propone nuestro
gobierno como consecuencia de un proceso de optimización de leyes laborales y
previsionales.
Este
proyecto de ley tiene como claro objetivo realizar un ordenamiento en el
régimen de reparación de los daños derivados de enfermedades y accidentes
profesionales. Este proceso se había iniciado con la ley 25.877, que estableció
un nuevo marco regulatorio en materia del derecho individual y del derecho
colectivo de trabajo que determinó el sistema de inspección, balance social y
conflictos en servicios esenciales.
Fue
nuestro gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner y el de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, el que logró la ley 26.425, apoyada por este Congreso,
que en materia de seguridad social unificó el sistema de jubilaciones como
único, solidario y de reparto.
Cuando
la presidenta de la Nación decidió remitir este proyecto al Congreso dijo “No
se va a impedir a nadie ir a juicio; cualquier trabajador que no esté de
acuerdo con los montos fijados por esta ley podrá reclamar ante la Justicia
civil en los términos del artículo 113 del Código Civil”. Esto es lo que
representa el presente proyecto. Se busca disminuir el impacto de la industria
del juicio, que desalienta la actividad generadora de empleo, en especial de
las pymes.
Entre
los años 2004 y 2012 los juicios laborales crecieron dieciséis veces. Solamente
en 2012 se han registrado 67 mil nuevos juicios laborales lo que representa un
incremento anual del 42 por ciento. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque la
característica de gobernar, de gestionar, no solamente implica plantear lo
ideal, sino compatibilizar los intereses sectoriales.
Nuestra
responsabilidad como integrantes de este gobierno es generar las condiciones
óptimas para que los trabajadores mantengan sus empleos y para que cada vez
haya más trabajo en
Este
proyecto de ley también responde a la necesidad de no seguir mirando hacia el
costado, de plantear una adecuación de nuestra legislación a los fallos
jurisprudenciales. Me refiero puntualmente al caso Aquino, que marcó el camino
a seguir en el sentido de determinar que la realidad que en la actualidad nos
gobernaba en materia de riesgos del trabajo era arbitraria, discriminatoria e
inconstitucional.
Asimismo,
determinó que la ley de riesgos de trabajo hoy, sencillamente, no tiene
eficacia prácticamente en ninguno de sus contenidos. Dicho fallo declara la
invalidez del inciso 1) del artículo 39 de la mencionada norma legal, por el
que sólo se admite la vía del Código Civil para el caso de dolo en la
ocurrencia de los eventos dañosos.
Además,
a los efectos de ir adelantando mi análisis quiero señalar que se tiene en
cuenta el criterio que establecen los tratados internacionales que respaldan el
ya citado fallo Aquino. Me refiero a
Por
otra parte, la redacción actual de la ley de riesgos del trabajo sólo repara la
capacidad de ganancia del damnificado sin contemplar otros daños admitidos por
el principio de la reparación integral, a la vez que la igualdad del
tratamiento ante la ley establecida por el artículo 16 de
Por
eso esta ley se basa en los principios de la reparación dineraria computada
desde el acaecimiento del daño o la configuración de la relación de causalidad
adecuada de la enfermedad profesional, estableciendo el pago de una
indemnización adicional como pago único y en concepto de reparación integral
del daño. Se determina un mecanismo de opción entre las indemnizaciones
previstas en este régimen y las que pudiera establecer algún otro sistema de
responsabilidad.
Esta
elección de la vía de reparación deja sin efecto las restricciones determinadas
en el artículo 39 de la ley 24.557, lo que torna perfectamente constitucional
el proyecto de ley que la señora presidenta de
En
lo concerniente al momento de la opción, el cambio resulta trascendente ya que
se podrá hacer una vez recibidas todas las prestaciones médicas y pagados los
salarios del período de curación, lo que refuerza el criterio de plena libertad
del trabajador.
A
fin de permitir que mi compañero de bloque haga uso de la palabra prosiguiendo
el análisis de este proyecto de ley, quiero decir, para aquellos sectores que
han planteado que podría ser una vergüenza el tratamiento de este proyecto de
ley, que vergüenza es la propuesta que tuvieron para este país en 2001, cuando
dijeron que el ajuste era el único camino para reactivar la economía; vergüenza
es recortar los salarios de los empleados públicos; vergüenza es el aumento del
impuesto al consumo; vergüenza es la eliminación o fusión de oficinas públicas;
vergüenza es la paralización de las obras de infraestructura; vergüenza es la
eliminación de los planes sociales; en definitiva, vergüenza es tener
incapacidad para gobernar. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Tucumán.
Sr.
Dato.- Señora presidenta: en primer término, intentaré
mostrar una pequeña fotografía sobre cómo está funcionando el sistema en estos
momentos, cómo lo mejora el proyecto de ley que tenemos bajo análisis y también
voy a aprovechar para referirme a algunos aspectos de la propuesta que aparecen
como discutibles.
Pese
a todo lo que se dice, el sistema de riesgo del trabajo en
En
materia de salarios caídos, en
Por
otra parte, el coeficiente por el que multiplica
Además,
los indicadores actuales de siniestralidad muestran en
En
cuanto a la actuación de
Los
montos que abona el sistema también se encuentran entre los más altos, junto a
los de Alemania, diferenciándose de España, Estados Unidos e incluso Francia.
Entonces,
¿qué ha pasado en torno al tema de la litigiosidad? Al enervar la vía judicial del artículo 39 de
la ley 24.557, se producía en el trabajador la necesidad de ir a pleitear. Esta instancia tiene dos momentos que son importantes:
el primero, cuando
¿Cómo
ha evolucionado el tema de los juicios?
El señor diputado preopinante anticipó una cifra que es correcta, ya que
habló de aproximadamente 70 mil juicios.
Sin embargo, esta historia comienza en 2003 con 2.947 juicios. Es decir que al día de hoy este indicador ha
crecido prácticamente 42 veces. Si
analizamos los datos hacia atrás veremos cómo decrece el número de juicios, ya
que en 2011, los juicios fueron 57 mil; en 2010, 54 mil juicios, y en 2008, 27
mil juicios.
Ahora,
¿qué ocurre con los nuevos montos que se fijan y las nuevas
indemnizaciones? Tengo aquí un ejercicio
de simulación que he realizado, que contempla los tres momentos que presentan
los accidentes de trabajo en
Si
tomamos un trabajador de 40 años en tres niveles distintos de salario, tenemos
que una persona con un salario de 3 mil pesos cobraba 230 mil pesos hasta 2009,
en 2010-2012, en función del decreto presidencial, cobra 378 mil pesos y con el
nuevo proyecto se va a 629 mil pesos. O sea que tenemos un incremento del 66
por ciento con respecto al 2009 y del 174 por ciento con respecto a 2010-2012.
Tomemos
otro salario de 7 mil pesos, siempre con una incapacidad del ciento por ciento:
230 mil pesos hasta 2009, 722 mil hasta 2012 y hoy, 1.042.000 pesos. Hay un
aumento del 44 por ciento con respecto a la cifra de 2009 y de un 353 por
ciento con respecto a las cifras anteriores.
Un
abogado laboralista me decía con razón que el temor iba a ser ahora exactamente
al revés: que la siniestralidad se va a encarar exclusivamente por el reclamo
ante las aseguradoras de riesgo de trabajo porque el negocio no va a ser el
juicio, teniendo en cuenta los montos y la poca necesidad de prueba que ellos
tienen.
Nos
introducimos en una cuestión que aquí ha sido maltratada y despreciada. Me
refiero a que el proyecto manda a la justicia civil al reclamo que tiene otro
ámbito de responsabilidad.
La
historia de los accidentes en
Luego
aparece ese interregno de la ley 23.643, que tuvo una vigencia corta, desde
1988 hasta que se dictó la ley 24.028 en el año 2001. Estas leyes no
modificaban para nada ese aspecto de acudir a la justicia civil. Por su parte, la ley que estamos tratando de
modificar no posibilitaba la acción civil sino en función de que hubiera dolo
por parte del trabajador según lo que establece el artículo 1072. ¿Qué decía la
ley 24.557 acerca de la posibilidad de acudir a
Es
cierto que cuando estudiábamos derecho social o laboral, el procedimiento
laboral tenía algunas características tuitivas como por ejemplo la inmediación,
la concentración de las diligencias, la impulsión procesal de oficio y la
celeridad. En ese marco de los procesos laborales hay modelos como el de la
provincia de Buenos Aires, con oralidad y audiencia, hay modelos de doble
instancia o modelos escriturales de instancia única.
Actualmente
el problema del procedimiento de la provincia de Buenos Aires –que está
celebrando sesenta años- tiene que ver con la agenda. Es decir que hoy quien
quiera llevar adelante un juicio en la
provincia de Buenos Aires, tiene que esperar tres años para que le fijen la
audiencia. Esto, frente a la posibilidad de acudir a la justicia civil.
Es
verdad que el proyecto acierta cuando dice que vaya a la justicia civil
nacional mientras no se transfieran los juzgados, como se ha dicho aquí. Cuando
invita a las provincias no era indispensable, pero como existe una cultura de
fijar la competencia de la ley, no era indispensable porque cualquier tribunal
superior lo que hace para determinar la competencia es ver la sustancia de la
pretensión. Y cuando va a la justicia civil lo hace no sólo con la amplitud de
conocimiento y prueba propia de esa justicia sino a abordar sistemas de
responsabilidad muy superiores.
Antes
la responsabilidad objetiva estaba prevista en el artículo 1113 del Código Civil,
y creo que si sancionamos el proyecto de ley de reforma será el 2782. Por eso
entiendo que el único riesgo que tendrá el trabajador es que no irá a la
justicia civil porque los montos que se fijan en el nuevo proyecto harán que no
sea apetecible, por decirlo de alguna manera. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires, quien compartirá este término con el señor diputado Tunessi.
Sr.
Santín.- Señora presidenta: quiero plantear esta
discusión desde un lugar distinto, porque casi estamos debatiendo un proyecto
de ley que tiene que ver profundamente con la seguridad social desde el lado
estrictamente económico.
Cuando
el propio presidente de
Soy
un viejo legislador que viví el período 1991-1995 en esta Cámara y por lo tanto
el proceso de las privatizaciones. En aquel momento tuve el honor de cerrar en
nombre de mi bloque,
Aquella
iniciativa ponía la seguridad social en manos del Estado para que el mercado
resolviera lo que teóricamente no podía solucionar el Estado. Veníamos
siguiendo la receta del Banco Mundial, según la cual los países en vías de
desarrollo no teníamos mercados de capitales, y por lo tanto debíamos generar
instrumentos para tener mercados locales.
Como
costó mucho sancionar esa ley y estuvimos casi un año escondidos detrás de las
cortinas, como nos decían, terminaron permitiendo a los sindicatos crear
administradoras de fondos de pensión. Así consiguieron el quórum necesario para
que ese maléfico proyecto se convirtiera en la ley 24.241.
Junto
con esa ley se discutió el tema de las ART, que en definitiva no es una ley de
riesgos del trabajo. Observen que el oficialismo manda un proyecto que se
denomina régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en rigor la seguridad
social es una función indelegable del propio Estado.
El
Estado nunca puede delegar la seguridad social, porque si la pone en manos del
mercado lo único que hace éste es hacer negocios y no resolver los conflictos.
¿Para
qué se sanciona una norma como ésta? Para reparar daños, pagar manos, brazos,
cabezas, muertos, pero no para evitarlos, porque eso nunca lo hará el mercado.
¿Cómo
alguien puede imaginar que una determinada ART que compite con otra va a
obligar a un empresario a establecer medidas de seguridad y perder el cliente?
Es mucho más fácil subir la prima que evitar el daño. En la práctica, el daño
se cobra al empresario; éste lo traslada a precios y entonces es pagado por
otro. En definitiva, la seguridad en manos del mercado termina siendo una
estructura que lo único que resuelve son los daños.
Es
de imaginar que en el marco de cualquier proyecto nacional y popular, se debe
trabajar por la inclusión, la igualdad y la equidad para dar a los trabajadores
las herramientas necesarias. Recordemos que son trabajadores con alto nivel de
profesionalidad, pero con un grado de siniestralidad tres veces mayor que el de
los europeos, y no porque estos tengan un nivel cultural tres veces mayor.
Nuestro
régimen de riesgos del trabajo está basado en la reparación de daños y no
específicamente en la prevención. ¿Hacia dónde deberíamos haber ido? Deberíamos
haber aprovechado este momento para discutir un nuevo régimen en la Argentina.
Sé que no se dan las mismas condiciones que cuando se estatizaron las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Acá no vinieron los
bancos a entregar el paquete porque tenían problemas como consecuencia de la
crisis de 2008. El gobierno estuvo atento y reaccionó perfectamente frente a
los bancos que estaban huyendo. No hubo ningún juicio de parte de una AFJP; se
quedaron con 5.000 de los 10.000 trabajadores, y el resto quedó en manos del
Estado. De manera que el Estado reaccionó bien: se quedó con esos fondos, que
fueron importantes porque se volcaron a la política económica.
En
este caso en particular, estamos hablando de los negocios de otros bancos. Cabe
remarcar que de las veintitrés ART, las ocho primeras concentran el 80 por
ciento del mercado y facturan más de 20.000 millones de pesos por año.
Obviamente, es un negocio fabuloso; pero es un negocio con la vida de la gente,
con el riesgo de la gente.
Si
estuviéramos pensando en la seguridad social, estaríamos analizando algo
absolutamente diferente. Un amigo me preguntó si este tema iba a discutirse hoy
en el Congreso, por la poca repercusión que tuvo. En este caso, me pasa lo
mismo que con las AFJP. En aquel momento, las AFJP invertían más de 50 millones
de dólares en campañas publicitarias y, como el Estado estaba de acuerdo, nos
hicieron creer que ganaban la revolución cultural. No se podía hablar de otra
cosa que no fuera a favor de las AFJP. Ahora, ni los diarios opositores ni los
oficialistas hablan de otra cosa que no sea a favor de las ART. ¿No llama la
atención al bloque oficialista nacional y popular que vaya a votar con el PRO?
¿No llama la atención que este tema haya sido anunciado específicamente en la
reunión de empresarios?
Nosotros
podríamos estar en el Congreso cambiando parte de la historia, revirtiendo
algunas cuestiones. La presidenta no necesita pedir el 5 por ciento a las ART.
Si el sistema se queda con las ART se puede hacer como con el fondo de las
garantías solidarias y trabajarlo específicamente como una herramienta
económica al servicio de los proyectos nacionales. Y no hacerlo con un pedacito
que es el 5 por ciento, que es lo que la presidenta fue a pedir el otro día a
las ART que pongan en esa tarea de la inversión nacional.
Entonces,
no sé cómo el bloque oficialista da este debate. No veo ni a los jóvenes de
Esta
es una ley que nos hace retroceder a todos los argentinos, no hace sólo
retroceder al gobierno. Los argentinos teníamos la oportunidad de dar un salto
en calidad, como lo dimos con el tema de las AFJP; tenemos un salto en calidad
en la seguridad social de América Latina. Podíamos diferenciarnos de aquellos
que entregan la seguridad social al mercado; sin embargo, decidieron renunciar.
(Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr.
Tunessi.- Señora presidenta: en la misma línea
quisiera poder expresar al bloque oficialista si tiene plena conciencia del
enorme retroceso hacia los 90 que significa votar esta ley. Quiero saber si han
tomado plena conciencia de que para explicar los beneficios de esta ley hay que
recurrir más al pasado que al futuro, hay que recordar los logros obtenidos y
no los por venir, y hay que estar recordando como siempre, como una muletilla
permanente, aquella cuestión del 2001, que es lo único que parece justificar
cualquier decisión.
Háganse
cargo muchachos, estamos votando una ley que se parece demasiado a la de los
90, se parece demasiado al menemismo, en un contexto que cada vez más se parece
a aquellas circunstancias.
Volvemos
a escuchar hablar en
Háganse
cargo de votar la ley más antiobrera, que les está sacando hasta el fuero
laboral. Fue el producto de la lucha del peronismo por dar derechos a los
trabajadores, un fuero especial que hoy tiene jerarquía de tratado
internacional en
Yo
creía, al menos así me enseñaron en la facultad, en la calle y lo aprendí
escuchando a los viejos dirigentes obreros del peronismo, que todavía regía la
norma más favorable al trabajador, el in
dubio pro operario, y la irrenunciabilidad de los derechos básicos de los
trabajadores.
¿Dónde
ha quedado todo eso? ¿O tenemos que agradecer, como escuchaba decir recién a un
diputado, que no se prohíbe ir a la justicia? Bueno sería que tuviéramos que
agradecerlo. No he visto nunca una actitud tan patrimonialista, tan
paternalista, tan antiobrera como la de decir “agradezcan que los dejamos ir a
la justicia civil. Eso sí, no van a cobrar la tarifada y van a ir tres, cuatro,
cinco años a la justicia civil a ver cuándo les toca cobrar la indemnización
para una retribución justa e integral”.
En
este contexto se parece a los 90. Nosotros no hemos negado que
Pero
eso cambió y ahora tenemos cepo cambiario. Y nos quieren decir que el cepo
cambiario es para quitarles los dólares a los ricos que los atesoran y para
industrializar el país. ¡Mienten! Eso no es para industrializar el país. El
componente industrial, del sector manufacturero, en el PBI del año 2012 es
menor que el de 2002. Asuman esa realidad. No han industrializado
Por
supuesto que queremos una industria, no como sustitución de importaciones,
porque no queremos salarios de China, no queremos los salarios baratos de la
mano de obra esclava sino salarios altos. Estamos de acuerdo con que las
divisas del campo subsidien a las industrias, para que haya trabajo en
- Ocupa
Sr.
Tunessi.- Nosotros queremos que haya salarios
altos y una industria que sea subsidiada. La industria argentina tendrá que ser
subsidiada, no nos oponemos, para que haya pleno empleo y los argentinos tengan
trabajo. Pero no queremos un ajuste por el lado del trabajador, una vuelta a
los 90, que es lo que están haciendo.
Hemos
esperado ocho o nueve años, desde la declaración de inconstitucionalidad de
esta ley que nos rige, para que manden al Congreso esto, que no soluciona
ninguno de los problemas sino que los agrava y profundiza, precarizando las
relaciones del trabajo. No se solucionarán los inconvenientes de las pequeñas y
medianas empresas.
¿Por
qué no hablamos de prevención? ¿Qué les hubiera impedido enviar un proyecto que
contuviera un capítulo referido a prevención, con comisiones mixtas de
trabajadores y empresarios a los fines de atender lo relativo a seguridad e
higiene, con el objeto de evitar la ocurrencia del siniestro o que suceda lo
que no supimos prevenir? ¿Por qué no enviaron un proyecto de ley que tuviera
contenido humano, en vez de éste que importa una actitud regresiva a los 90?
La
sintonía fina se parece mucho al neoliberalismo y el ajuste de esa década. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Aguilar.- Señor presidente: hace exactamente tres
meses falleció el último de los treinta trabajadores víctimas de silicosis,
como dijo el señor diputado Recalde. Me refiero a los trabajadores de la
molienda en
La
protección constitucional del trabajador debe ser mayor cuando se encuentra en
juego un valor fundamental como es su propia vida y su salud. Por lo tanto,
nuestra principal preocupación debe enfocarse en la prevención de los
accidentes y enfermedades del trabajo, tema ausente en la ley que hoy tratamos,
que es tan pobre que de ninguna manera solucionará los problemas que hoy tiene
el sistema, que debe convertirse en un verdadero sistema de seguridad social.
Lamentablemente, no lo es.
Como
señala Ackerman, en los verdaderos sistemas de seguridad social la
característica fundamental es que el asegurado es el trabajador, que es la
verdadera víctima y quien tiene la necesidad de cobertura; mientras tanto, en
el sistema de la ley de riesgos del trabajo el asegurado es el empleador.
En
un verdadero sistema de seguridad social el trabajador debe ser devuelto a su
hogar en las mismas condiciones que salió a cumplir con sus obligaciones
laborales; pero desde la perspectiva de la seguridad social no basta con ello
sino que, además, se requiere prevención, lo cual se omite en la reforma de la
ley.
De
allí la necesidad de una reforma integral, discutida y consensuada entre los
distintos sectores involucrados, con tiempo suficiente y acorde a la
envergadura del problema, y no esta reforma parcial, con un tratamiento exprés
que carece de toda justificación, con la que se intenta emparchar el sistema
sin brindar las soluciones necesarias a los trabajadores que ven afectado su
bien más valioso, que es la capacidad de su trabajo, o lo que es peor, su
propia vida.
En
atención a los derechos supremos que están en juego es preciso que nos tomemos
el tiempo necesario que el tema amerita, a los fines de sancionar una ley
acorde con un verdadero sistema de seguridad social.
Como
anticipé, la presente reforma de la ley de riesgos del trabajo no solucionará
los problemas que sufren los trabajadores accidentados o enfermos, a quienes sí
han dado respuesta nuestros tribunales. De tal forma se ha pronunciado
Ante
un accidente o enfermedad vinculada con la actividad del trabajador, la
solución es la reparación integral del daño causado y no el pago de una tarifa,
que se masifica sin tener en cuenta el sufrimiento del trabajador.
Estamos
hablando de derechos humanos y no meramente de un derecho económico. Esta
situación terrible para el trabajador enfermo o incapacitado –incluso para su
familia, en caso de muerte-, se verá agravada con la eliminación de la llamada
“doble vía”.
Esa
opción excluyente que se pretende imponer con esta reforma implica un retroceso
respecto del criterio actual de nuestro máximo tribunal. Este sistema perverso
desalentará a invertir al empleador por prevención, pues se lo exime únicamente
de responsabilidades. En la actualidad, esta opción excluyente no existe en el
mundo. Sólo está prevista en el régimen de Finlandia, pero no está contemplada
en ningún otro país que posea un régimen de seguridad social, de cobertura de
accidentes y de enfermedades profesionales.
El
inglés Beverig, padre de la moderna seguridad social, descalificó desde siempre
este sistema de opción excluyente. No se puede dejar pasar el error en el que
se incurre en el artículo 5º del proyecto, ya que omite incluir las
prestaciones por incapacidad permanente provisoria, entre las que no implican
el ejercicio de la opción.
El
cambio de competencia de la Justicia del trabajo por la civil, cuando el
trabajador reclama la indemnización integral por accidente o enfermedad del
trabajo, contradice la doctrina de la Corte Suprema de Justicia.
El
juez laboral es ante quien se deben tramitar todas las acciones referentes al
contrato de trabajo. Es quien tiene la especialidad en la materia y quien está
en mejores condiciones para aplicar los principios protectores del trabajo.
Además,
como se establece que el juez civil debe aplicar la legislación de fondo, de
forma y los principios del derecho civil, el trabajador no será tratado en su
condición de tal sino como una persona más.
En
el fuero civil el trabajador no contará con el beneficio de gratuidad que
establece la ley de contrato de trabajo. Deberá solicitar el beneficio de
litigar sin gastos, que no se otorga en todos los casos.
Cabe
resaltar que si el trabajador pierde el juicio civil, también habrá perdido
–por ejercer la opción excluyente- las prestaciones e indemnizaciones de la
ART.
No
se puede creer que hoy estemos debatiendo este tema. Por eso es oportuno
recordar que fue Perón quien desde la Secretaría de Trabajo, con el apoyo de
los sindicatos, creó los tribunales de trabajo para brindar la efectiva
protección a los obreros.
La
futura ley será un retroceso que nos llevará directamente a perjudicar a
quienes debemos defender.
Por
las razones expuestas, acompañé la iniciativa presentada por el señor diputado
Germano, por medio de la cual se declaraba en emergencia el artículo 39, inciso
1º, de la ley de riesgos de trabajo, asegurándole al trabajador el cobro de la
indemnización. El dictamen en minoría lamentablemente no pudo ser incluido
debido a la vergonzosa actuación de la comisión, ya que se estaba firmando el
dictamen de mayoría mientras el señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social estaba exponiendo. Por ello son pocas las expectativas de poder mejorar
esta iniciativa debido al trámite acelerado que se le imprimió.
Acompañar
esta reforma parcial significaría una traición a los trabajadores, a los que me
comprometí a defender desde esta banca. Como señalaba Ángel Carcoba Alonso en
su libro El modelo obrero: “La salud
no se vende ni se delega, se defiende.” (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la
señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: vengo a este debate
con la tranquilidad de haber pertenecido al bloque oficialista al momento de
dictarse la ley de riesgos de trabajo y no haberlo acompañado. Digo esto porque
muchos de los legisladores del bloque oficialista quizá supongan que el bien
preciado es la disciplina parlamentaria. No, el bien preciado es la defensa de
las convicciones, tal como dice vuestra propia presidenta.
Solicito
autorización de
En
líneas generales se trata de la reinserción de la llamada opción civil
excluyente con renuncia a la indemnización tarifada que fue diseñada en 1915 e
incorporada en la ley 9.688. Los requisitos de esta ley son más restrictivos y
tienen al agravante de derivar las acciones civiles a
Tampoco
se tuvo en cuenta el dictamen del grupo de expertos de relaciones laborales.
Quisiera que el ministro de Trabajo pudiera explicar las razones por las cuales
viene a vulnerar lo que su propia comisión ha escrito de su puño y letra en la
resolución 502/2005 del Ministerio de Trabajo. Esta resolución decía lo
siguiente: “Con relación al sistema de reparación de los daños provenientes de
un accidente o enfermedad de trabajo, será indispensable tener en cuenta la
doctrina de
Por
allí han mencionado que el proyecto establece algunas mejoras en materia de indemnización. Es cierto, pero de
acuerdo con la ley 24.557 el Poder Ejecutivo nacional está autorizado por la
vía del decreto para imprimir dichas mejoras. No necesitábamos esta reforma.
Esas mejoras las hicieron con el decreto 1.694 del año 2009.
Sin fundamento ni otra pretensión más
que la de obstruir la libre actuación del trabajador accidentado se determina
que el damnificado sólo podrá iniciar su reclamo judicial una vez notificado
por los órganos administrativos del sistema de los importes que le corresponden
percibir por las indemnizaciones tarifadas de la ley. Esta opción excluyente
con renuncia implica que si el trabajador percibe las indemnizaciones por
incapacidad permanente del régimen tarifado se va a ver privado de las acciones
por mayores daños que le correspondan en el derecho civil, lo que no está
incluido en la indemnización tarifaria. Es un retroceso altamente gravoso para
las víctimas, porque se impide al trabajador percibir la reparación tarifada y
aspirar también a una sentencia que reconozca el daño mayor sufrido, es decir,
una reparación justa, cosa que el ordenamiento jurídico reconoce a las demás
personas dañadas en accidentes de tránsito, de transporte, como consecuencia de
daños ambientales y mala praxis médica, entre otros. Todos van a tener la
posibilidad de reclamar el daño; el trabajador, no.
No sólo se postula obligar al
damnificado o a sus derechohabientes a una elección que es inconstitucional sino
que también se propone que esta opción se efectúe en un lapso acotado cuando el
estado de necesidad de la víctima pueda llevarla en el contexto del infortunio
a tomar decisiones apresuradas en contra de sus intereses, con el agravante de
la falta de patrocinio jurídico obligatorio, que existe en la ley de riesgos de
trabajo. Este es un criterio anacrónico que hoy venimos a reafirmar con este
proyecto vulnerando así nuevamente el principio de defensa en juicio que tiene
el trabajador.
Una de las garantías constitucionales
esenciales es el acceso directo a un tribunal competente. Así lo establecen los artículos 8º y 25 de
El
proyecto además acentúa la desprotección de las víctimas al disponer que en el
supuesto de ejercer la acción del resarcimiento pleno ella debe dirimirse en la
justicia civil. Le imponen el juez del fuero, que no debe tener en cuenta los
principios del derecho del trabajo. Esto es lo grave. No se trata de una
injusticia o la otra, sino qué percibe el juez de la justicia civil, quien va a
tener que tomar la ley de forma y de fondo, y los principios que corresponden
al derecho civil.
Esta
propuesta contradice la doctrina de
Esta
norma procesal que aparta del conflicto al juez natural acentúa la desigualdad
que afecta al trabajador en el marco del contrato de trabajo, pero que también
lo afecta en el proceso judicial. De modo que despojarlo de la atención del
fuero especializado no tiene otra finalidad que acentuar su debilitamiento,
como se verificó claramente cuando las causas laborales contra empresas
concursadas o en quiebra fueron, en virtud de la ley 24.552, derivadas a la
justicia comercial.
Voy
a expresar un pensamiento de Fernández Lamadrid que, para muchos de nosotros,
tiene la entidad necesaria y suficiente como para hacerlo. Dice Fernández
Lamadrid: “Cuando debe acudirse a otra rama del derecho para suplir un vacío
normativo en el ámbito laboral, las normas respectivas deben ser interpretadas
a la luz de los fines propios del derecho del trabajo. Debe manejarse con mucha
prudencia la normativa civil y cuidar en todos los casos que la interpretación
y alcances que se dé a su inserción en la relación laboral respondan a los
principios del derecho del trabajo”.
Hay
falencias en el proyecto, señores diputados. Entiéndanlo. Hay artículos que
están mal redactados. Lo dijo mi compañero de bloque: el artículo 5º tiene un
error. Se olvidaron -no sé si lo
hicieron ex profeso- de incluir las prestaciones por incapacidad
permanente provisoria que beneficia a los damnificados con más del 50 por
ciento de incapacidad hasta la total obrera.
Señor
presidente: quiero que el miembro informante me diga si están de acuerdo con
este artículo porque, de esa manera, a ese trabajador que trae aparejado el
salario al cobro de un accidente lo están dejando sin una cosa o sin la otra.
Similar
naturaleza poseen las prestaciones por incapacidad permanente provisoria, de
modo que su percepción no puede ser interpretada como un ejercicio a favor del
régimen especial, sobre todo porque estos niveles de incapacidad -siendo provisorios- no pueden reclamar la incapacidad definitiva,
y ni siquiera está agotado el procedimiento administrativo obligatorio que
exige el proyecto para el ejercicio de la opción establecida.
Por
lo tanto, es imperioso que el miembro informante aclare esta situación.
El
artículo 9º claramente está desajustado. Por favor, señores diputados: tomen
las órdenes del día. Nos está remitiendo a los decretos 658 y 696, que han
quedado derogados por leyes que ha votado este Parlamento.
El
27 de julio de 2011 fueron sancionadas las leyes 26.693 y 26.694, por las
cuales los listados de enfermedades están en consonancia con
Se
destaca que se ha logrado una mejor opción con respecto al régimen pasado. Pero
en ese régimen se optaba a partir del mismo momento del accidente o toma de
conocimiento de la enfermedad y sus consecuencias invalidantes. Ahora se está planteando realizar la opción
una vez que se hayan brindado todas las prestaciones médicas y cobrado todos
los salarios en período de curación.
Eso
es algo que parece bueno, pero durante la vigencia de la ley 9.688 –estoy
hablando del año 1915‑ la precepción de los salarios por incapacidad
temporaria hasta el alta o la recepción de atención médica del empleador o su
asegurador se consideró como un ejercicio de la opción por acción tarifada y la
renuncia a la acción civil, ya que sólo actuaba como impedimento la percepción
de la indemnización por incapacidad permanente. El proyecto en análisis es más
restrictivo, porque obliga a la víctima a esperar los dictámenes de las
comisiones médicas.
Se
me está agotando el tiempo, señor presidente.
Por eso, quiero hacer hincapié en el mensaje que en dos oportunidades
los jueces de
Sr.
Presidente (Domínguez).- Ha vencido su tiempo, señora diputada.
Sra.
Camaño.- Gracias por su paciencia, señor
presidente. Simplemente quiero agregar
que este proyecto es inconstitucional.
Lo lamentable es que mientras tanto hay trabajadores que habrán de morir
y otros que se verán dañados. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Lozano.- Señor presidente: adelanto que voy a
acompañar el dictamen que defendió mi compañero, el diputado Víctor De Gennaro,
que contiene un proyecto que ha sido promovido por
¿Qué nos
dice el gobierno? Nos ha dicho que
elevando los montos indemnizatorios, incorporando mecanismos de actualización,
exigiendo la renuncia al juicio, cambiando al fuero civil y reduciendo los
honorarios de los abogados se resuelve el problema. En realidad, lo que están haciendo es
acorralar al trabajador que sufre el accidente, planteándole que renuncie a sus
reclamos y que cambie de fuero. Con esto pretenden restituir un equilibrio
precario que no va a funcionar, porque es claro que en
Esta
propuesta no soluciona tres cuestiones que son fundamentales. No resuelve el
manejo privado con fines de lucro de fondos públicos de la seguridad social; no
resuelve el hecho de que se mantenga la connivencia entre las aseguradoras de
riesgo del trabajo y las empresas, porque son socias en la estrategia de reducción
de los costos laborales y, por último, no incorpora a los trabajadores en la
prevención, dando una muestra más de este peculiar caso de experiencia que se
dice peronista, pero que no convoca a participar a los trabajadores en los
ámbitos en los que debe hacerlo.
¿De
qué estamos hablando? Hablamos de un
sistema que sólo cubre al 51,4 por ciento de los trabajadores, es decir, a
8.498.000 trabajadores sobre una población activa de 16,5 millones de personas.
Esta cobertura está estancada desde 2008, revelando que esto no lo resuelve el
negocio privado, sino que requiere de política pública.
Además,
los días de baja e incapacidad se han incrementado un 14 por ciento en 2010
respecto de lo que ocurrió en 1997. La duración media de las bajas también está
por encima de lo que ocurría incluso en la época de la convertibilidad.
En
1997 la duración promedio de las bajas e incapacidades era de trece días; hoy
es de más de treinta y un días. Las jornadas no trabajadas entre 1997 y 2002
eran en promedio de 1.435 días; entre 2003 y 2010, de 2.200 días. Los casos
registrados de accidentes son cerca de 600 mil, y si uno incorpora los no
registrados, nos acercamos a los 900 mil casos de accidentes laborales.
Entre
los años 2003 y 2010 el número de trabajadores cubiertos creció en un 80 por
ciento, pero los días de baja y de incapacidad laborar aumentaron un 104 por
ciento. La cifra de trabajadores fallecidos entre 2003 y 2010 creció un 28 por ciento, y tenemos entre seis y siete
muertes por día.
Esta
realidad de agravamiento del cuadro de accidentes laborales coexiste con el
manejo de un mercado que se ubicó en el orden de los 13 millones de pesos para
el año pasado y que está cercano a los 20 mil en el presente año. Esta notable
expansión de accidentes, de días, de bajas y de muertes tiene que ver con un
incremento del 1.300 por ciento en la facturación de este mercado desde el año
2003, crecimiento que duplicó el incremento de la recaudación en el mismo
período y donde sólo seis empresas controlan el 64 por ciento del total de la
facturación de ese mercado. Tres de ellas integran el pool de la élite empresaria del país.
Están pretendiendo hacernos votar el retorno a los
90 con un sistema que es un pingüe negocio para pocas empresas que por esta vía
integran la élite de conducción empresaria del país, mientras se cubre a la
mitad de los trabajadores y tenemos seis o siete muertos por día. Están
defendiendo el negocio financiero y están haciendo primar el enfoque de la
reducción de los costos laborales por sobre la vida y la salud de los
trabajadores.
Es bueno decir cómo se llama esta
ley. Esta ley se llama empresa
Prevención ‑número uno del mercado‑, empresa Consolidar ‑número
dos‑, empresa Asociart ‑número tres‑, empresa
Lo que estamos discutiendo es mantener
el negocio privado de la salud y fortalecer la estrategia de reducción de
costos laborales como criterio para generar empleo. Es algo que está
absolutamente asociado a la estrategia de los 90. Es la lógica que propone
alguien que es un esbirro del grupo Techint, como Ignacio De Mendiguren, y
alguien que representa el interés del capital concentrado. Eso es lo que
pretenden hacernos votar, y no tiene absolutamente nada que ver con cualquier
discurso vacío de contenido nacional y popular. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).-
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Zabalza.- Señor presidente: en primer lugar, quiero
destacar que las bases estructurales de nuestra posición como Frente Amplio
Progresista han sido marcadas por las participaciones de los diputados De
Genero y Stolbizer, que con diferentes enfoques han puesto de manifiesto
nuestra oposición al proyecto de ley en consideración.
Quiero
también aprovechar esta oportunidad para destacar la conducta viva y activa de
un dirigente sindical como Víctor De Genaro, cuyas palabras tienen una riqueza
particular porque provienen del sector de los trabajadores. Es un dirigente
gremial que ha comprendido cabalmente que además de la actividad gremial hay un
marco global en el cual debe participar el movimiento obrero argentino. No se
puede construir un país sin un rol activo del movimiento obrero encarnando un
nuevo proyecto nacional.
Como
bien decía el señor diputado Recalde, esta preocupación por la salud de los
trabajadores y la vida comienza en 1915 con la sanción de la ley del entonces
diputado socialista Alfredo Palacios. Hasta ese momento el empleado tenía que
demostrar el criterio de culpa en un accidente, y a partir de entonces se
produjo un cambio, pasando a ser el dueño de la máquina el que responde por el
accidente. Esa es la esencia de la legislación que a partir de 1915 y por obra
de diversos legisladores –muchos socialistas nos honran en esa labor‑ fue
modificando y avanzando en
Posteriormente
tuvimos avances y retrocesos. Hubo retrocesos en las épocas en que la voluntad
soberana del pueblo fue violada al intentar avanzar sobre los intereses, la
vida y la salud de los trabajadores.
Los
avances se produjeron en democracia, y a veces no tanto, porque también
padecimos los años noventa y la década más cruel del neoliberalismo
personificada en 2001.
En
la actualidad la vida y la salud de los trabajadores están regladas por dos
leyes: la 19.587, de higiene y seguridad en el trabajo, que es de la dictadura
militar, y la de ART, que es de Menem, como bien lo explicitó el señor diputado
Lozano y otros colegas.
Por
los compromisos internacionales asumidos por este gobierno, como por ejemplo
los convenios de
Este
proyecto de ley no garantiza la salud de los trabajadores sino el lucro de las
empresas. Además, implícitamente tiene un contenido negativo que ignora todo el
avance de la legislación en este sentido al negar la participación del propio
trabajador en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.
Por
otra parte, este texto remitido por el Poder Ejecutivo no asegura que se
garantice la reparación integral de los trabajadores, que es la base de todos
los fallos que ha dictado
El
tema es mucho más profundo porque tiene que ver con la integralidad del
trabajador y su familia, con que después de un accidente que él no produjo se
pueda reincorporar a una vida de normalidad y dignidad. Por eso nosotros no
compartimos este proyecto ni la forma en que se elaboró. Creemos que el
mecanismo adecuado es la concertación, el diálogo, entre los sectores
involucrados. Aquí hay dos sectores básicamente involucrados: los trabajadores
y sus organizaciones, y los empresarios. Obviamente, este diálogo tiene que ser
convocado por el Poder Ejecutivo y debe respetar un lineamiento básico. No es
posible un lineamiento para que todos escuchen lo que quieren escuchar, y otro
de acuerdo con el público al que está dirigido.
Es
necesario tener un único mensaje que vaya de la mano del progreso social, en
una Nación que contenga a todos, de respeto a la vida, la salud y la seguridad
de los trabajadores y sus familias.
En
esta puja de intereses que está viviendo el país, se ha optado por disminuir al
más débil. Lamentablemente, estamos en el inicio de ese camino que los
argentinos debemos reconstruir, pero en sentido inverso. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Obiglio.- Señor presidente: en primer lugar,
quiero hacer referencia al tratamiento vergonzoso que ha recibido este proyecto
de ley en comisión. No culpo al presidente de
Algunos
de nosotros consideramos que esta iniciativa tiene muchos aspectos positivos y
que se podrían haber hecho incorporaciones para mejorarlos. Tanto es así que el
ministro Tomada y el único miembro informante del Frente para
A
ello debemos agregar el hecho de que en ese plenario se dispuso invitar para la
semana siguiente a representantes de los trabajadores, del sector privado y a
todo aquel que quisiera aportar algo para mejorar la norma. Llegado el día, los
invitados se encontraron con la sorpresa de que los dictámenes habían sido
firmados. Es más; a la oposición se le dio un plazo de veinticuatro horas para
definir su postura. Es decir que a las veinticuatro horas de sentarnos a
debatir, tuvimos que tomar una decisión: presentar nuestro dictamen, firmar el
de mayoría, firmar en disidencia, etcétera.
¿Qué
sentido tenía entonces invitar a todas esas personas a exponer sus posiciones y
brindar elementos para mejorar la iniciativa? Evidentemente, ninguno.
Este
fue uno de los motivos por los cuales toda la oposición no dio quórum. Ninguno
de nosotros, más allá de las diversas posturas frente a la norma, estaba de
acuerdo con el procedimiento implementado para un debate tan importante.
A
continuación, haré referencia a tres cuestiones centrales: las ventajas de esta
iniciativa, algunos aspectos que criticamos y otras propuestas que pensamos
impulsar, aunque tengo entendido que no serán tenidas en cuenta durante el
tratamiento en particular.
Respecto
de las ventajas, este proyecto elimina algunas fallas de la ley vigente por las
cuales ha sido declarada inconstitucional. Se elimina la acumulación de las
acciones, que ha sido sumamente perjudicial para las pequeñas empresas; se
brinda la opción de cobrar el seguro más un plus del 20 por ciento o la de ir a
la vía civil para una reparación que el trabajador considere que sería mayor a
la del seguro; se aumentan los topes indemnizatorios; se establece una pauta
objetiva de ajuste que hasta el día de hoy no teníamos en la ley vigente, y es
uno de los motivos esenciales por los cuales
Principalmente
se genera previsibilidad en los desarrollos empresariales, sobre todo para los
pequeños porque es bien sabido que en el caso de una incapacidad total o de un
fallecimiento, la empresa que tiene que asumir el pleito sobreviniente, o sea
que tiene que soportar el pago de lo que prevé
¿Cuáles
son las críticas que tenemos a este proyecto, que creo que son centrales?
Fíjense que todos estamos debatiendo cómo es la reparación, y cuando llegamos
al punto en el que solamente hablamos de reparación es que toda la prevención
ha fallado. Toda esta ley se focaliza en lo que es reparación, no hay ninguna
palabra sobre lo que es la prevención.
Y
lo que nosotros tenemos que hacer como legisladores es evitar justamente que
haya más accidentes, no buscar la forma de reducir los juicios. Y lo que
estamos haciendo con esta ley, que es correcto pero no absolutamente completo,
es reducir la litigiosidad, pero no estamos dando una solución para que haya
menos accidentes en
Esta
ley se limita únicamente a dar más dinero por menos salud, y creo
definitivamente que esto no es adecuado. Por otro lado, no se tiene en cuenta
la problemática desde el punto de vista de la salud pública y la seguridad
social, sino que solamente se enfoca esta ley en el sistema de responsabilidad
y en cómo van a ser los pagos.
Tampoco
se dan soluciones para la atención médica inmediata de los trabajadores que han
sufrido algún accidente, y es justamente esto lo que morigera las secuelas que
puede tener un accidente y limita los problemas que puede llegar a tener ese
trabajador en el futuro. Nada se dice sobre nuevas medidas para que el
trabajador sea mejor atendido y con mayor celeridad.
Tampoco
se incorpora ninguna nueva norma en materia de seguridad e higiene,
absolutamente ninguna. Todo esto nos demuestra que hay temas buenos en la ley.
En general, la ley está bien, pero no se ataca la generalidad del problema;
estamos atacando solamente las consecuencias con algunas herramientas que son
correctas pero no estamos yendo a la causa, a la prevención. No estamos buscando evitar nuevos accidentes.
En
el 2010 hubo 630 mil siniestros; en el 2011, 675 mil siniestros en
Nosotros
tenemos algunas propuestas para mejorar esta ley que ojalá sean consideradas
luego en el debate en particular. Creemos que definitivamente deberíamos
establecer incentivos para que el trabajador pueda denunciar incumplimientos en
las normas de seguridad e higiene en las empresas. Hoy en día no hay ningún
incentivo, sino todo lo contrario, el trabajador en muchos casos no se anima a
denunciar cuáles son las fallas que está habiendo en materia de seguridad e
higiene.
Por
otro lado, deberíamos dar la posibilidad al trabajador a negarse a cumplir sus
tareas si no se están cumpliendo las normas de seguridad e higiene que
efectivamente prevé la normativa.
Asimismo,
estamos proponiendo la creación de comités de seguridad y de salud donde
participen principalmente los trabajadores en conjunto con los empleadores, y
que juntos busquen las soluciones para cada uno de los rubros donde se tiene
que trabajar.
Estamos
proponiendo el incremento de las prestaciones dinerarias cuando un accidente se
produce por algún incumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene.
Esto quiere decir que si el accidente se produce porque la empresa, el
empleador, no cumplió con las condiciones de seguridad e higiene de la ley, la
indemnización aumenta todavía más.
Asimismo,
y esto es crucial porque varios de los diputados preopinantes lo mencionaron,
hay que obligar a las ART a intervenir en la fiscalización del cumplimiento de
la normativa de seguridad e higiene. En caso de ser incumplida, y que
Finalmente,
la ley de seguridad e higiene data de 1972, con lo cual definitivamente ha
quedado fuera de nuestra época y merece ser revista en su totalidad,
actualizándola a las condiciones de seguridad e higiene que tenemos en esta
época.
Para
terminar quisiera referirme al objetivo que teóricamente tiene el bloque de la
mayoría de mejorar las condiciones sociales de la población y de los
trabajadores en particular.
Realmente
no creo en ese discurso. Creo que no es así porque si lo fuera además de estar
discutiendo esta ley estaríamos debatiendo el aumento de los haberes
jubilatorios y del salario mínimo, los proyectos de ley para elevar el mínimo
no imponible de ganancias, los proyectos para reducir el IVA a los productos de
la canasta básica, los que eliminan el impuesto a las ganancias en las
jubilaciones, y entre muchos otros, los que proponen la reincorporación de los
trabajadores que han sufrido una incapacidad por algún accidente laboral y que
hoy en día están quedando afuera de sus trabajos.
Si
vamos a discutir proyectos que mejoren las condiciones de vida de los
ciudadanos, de los trabajadores, traigamos todos esos proyectos y no nos
limitemos a discutir uno solo, que más allá que consideremos que en su mayor
parte está bien, en ningún momento se abrió el debate ni se aceptaron
modificaciones o sugerencias del resto de los partidos que integran esta
Cámara. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén.
Sra.
Comelli.- Señor presidente: en mérito al tiempo
que comparto con el diputado Garramuño y dado que nuestra postura está
expresada en los fundamentos de la disidencia que hemos firmado, a ellos me
remito.
Quiero
expresar que compartimos los objetivos planteados en el proyecto del Poder
Ejecutivo: la necesidad de disminuir la litigiosidad, que se produce por
múltiples causas, el establecimiento de un régimen que brinde prestaciones
plenas, accesibles, automáticas y mejorar la situación de los trabajadores en
cuanto a la cuantía de los montos indemnizatorios, que han sido aumentados.
- Ocupa
Sra.
Comelli.- Apoyamos estos principios generales en
un marco de referencia donde hubo progresivas mejoras para los trabajadores en
los últimos años.
No
obstante este acompañamiento en general entendemos necesario hacer algunas precisiones
en orden al debate de esta ley, que en realidad reiteran lo que ha quedado
claro y es que estamos nada más que ante un proyecto que habla del
resarcimiento de los accidentes de trabajo.
En
ese sentido, tenemos algunas objeciones u observaciones basadas en íntimas
convicciones y también de orden constitucional.
Sobre
una de ellas se habló aquí y es la vinculada a la opción por un sistema de
responsabilidad, como lo contempla el artículo 4°, que es excluyente para el
trabajador en cuanto a poder optar de modo acumulativo por otro en aras de una
reparación integral.
Destacamos
como positivo el cobro del salario pleno en el período de recuperación, la
indemnización actualizada cada seis meses para poder mantener el carácter
resarcitorio de la misma, así como los intereses contados desde el día del
accidente, el pago único en moneda, sumado a la indemnización equivalente a un
20 por ciento más de la suma que surja en definitiva. Sin embargo, todo ello no
puede ir en desmedro de la posibilidad del trabajador de acceder a una
reparación plena en el mandato del sistema de responsabilidad, que tiene base
en nuestra Constitución Nacional.
Si
bien es cierto –como señaló el miembro informante- que estamos discutiendo un
régimen para el resarcimiento de los accidentes de trabajo, aun con el deseo de
mejorar la situación del trabajador en cuanto a montos y celeridad de pago,
sentimos –junto con otros señores diputados- que estamos legislando para la
patología y las consecuencias de lo que en realidad es el problema de base.
La
problemática está dada por las condiciones laborales en las que se desempeña el
trabajador. Allí debemos poner el mayor énfasis. Me refiero a la obligación del
empleador de garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Ésta
debería ser la medida legislativa pronta en nuestra agenda, a los fines de ser
concretada en un régimen que determine obligaciones para la parte más fuerte de
la relación.
Básicamente,
nuestras observaciones contemplan tres ejes. Por un lado, la transferencia de
las competencias de
Como
abogada, deseo señalar que la alta litigiosidad no es causada –como alguien
señaló y como también han indicado las cámaras- por la “industria” del juicio,
sino que surge de los accidentes de trabajo reales que se producen por falta o
carencia de las condiciones laborales pertinentes. Entonces, no se trata de que
esto sea provocado por los abogados.
Más
allá del proyecto de ley en debate, que encuadramos solo como un régimen de
resarcimiento de accidentes del trabajo, debemos seguir analizando todas estas
cuestiones. Así, urge actualizar el régimen de prevención de riesgos del
trabajo, que por supuesto no podrá darse en ningún debate o negociación de
marco transaccional con quien es la parte fuerte de la relación laboral. Por
otro lado, el control no se negocia. Ésta será la gran deuda pendiente, ya que
la prevención es una actitud y una decisión política. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Tierra del Fuego.
Sr.
Garramuño.- Señora presidenta: quisiera expresar
los sentimientos encontrados que nos produce el proyecto de ley en
consideración. Digo “encontrados” porque compartimos los objetivos que tal
iniciativa tiene en cuenta, pero nos genera dudas la constitucionalidad de
algunos aspectos indicados en la norma.
Por
otro lado, nos duele no poder aprovechar la oportunidad del debate de esta
iniciativa para actualizar la legislación respecto de algunos temas de manera
acorde a los tiempos que corren.
Subrayaré
los aspectos que consideramos positivos; entre ellos, propender a fijar
prestaciones claras y automáticas que eviten interpretaciones distintas ante
una misma problemática en la cobertura de los daños. Por lo dicho, también se disminuye la litigiosidad, estando de
acuerdo con la eliminación del pacto de la cuota litis.
También
implica que exista mayor Justicia al mejorar la situación del trabajador en
relación con los montos indemnizatorios, ya que a los que se fijen se
establecerá un incremento adicional del 20 por ciento. Dicha suma tendrá una
actualización por el RIPTE, que tiene en cuenta el aumento del costo de vida y
la depreciación de la moneda.
Corrige
–y esto es importante- una
situación de inequidad e incertidumbre que padecen las pequeñas y medianas
empresas, ya que en muchos casos abonan alícuotas superiores a las grandes.
Cabe destacar que lo regulado en el presente proyecto sobre gastos de comercialización
evita que las pymes tiendan a subvencionar en dicho rubro a las empresas más
grandes.
Debemos señalar que nos genera dudas
la constitucionalidad del segundo párrafo del artículo
4º, donde se señala que el trabajador debe optar entre cobrar la indemnización
indicada en la presente norma o la que le pudiese corresponder con fundamento a
otro sistema de responsabilidad, como ser demanda por daños y perjuicios en
sede civil, indicando que los distintos sistemas de responsabilidad no son
acumulables. Creemos que este artículo va a tener como mínimo los mismos
inconvenientes que tuvo el artículo 39 que en este proyecto se deroga en parte,
ya que se limita más aún la posibilidad del trabajador de acceder a una íntegra
reparación.
Está
en contra de los sucesivos pronunciamientos de
También
nos queda una enorme deuda que tiene que ver con el dictado de una nueva ley de
siniestros en el ámbito laboral, buscando mejorar las condiciones en las que el
trabajador desempeña sus tareas, garantizando adecuadamente la seguridad y la
salubridad en función del tipo de tarea que lleve adelante.
En
el artículo 9º se deja pasar la posibilidad de actualizar el listado de
enfermedades profesionales, que está vigente desde 1996. Prácticamente no se
contemplan patologías psiquiátricas y otras enfermedades causadas por el
trabajo.
En
función de lo expuesto, adelanto nuestro acompañamiento al presente proyecto de
ley, tanto en general como en particular, salvo el artículo 4º, por los motivos
expuestos. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por el
Chaco.
Sra.
Terada.- Señora presidenta: en primer lugar
corresponde la siguiente pregunta: ¿es necesario regular de nuevo los riesgos
del trabajo? Indudablemente la respuesta es afirmativa, ya que la primera ley
de accidentes de trabajo data de 1915. Fue la famosa y recordada ley 9.688, que
tuvo once reformas legales, con cinco decretos que se sumaron a dichas
modificaciones.
Posteriormente,
se sancionó la ley 23.451 de 1984, pero fue vetada. O sea que tuvo poca vida.
Todo esto creó confusión y motivó la sanción de la ley 24.028. Posteriormente,
so pretexto de la existencia de alta litigiosidad, se sancionó la ley 24.557 en
octubre de 1995.
O
sea que han pasado casi diecisiete años de esta última sanción legislativa que
regula los riesgos del trabajo.
Pero
ahora pretendemos modificar la norma y a la vez estamos desperdiciando la
oportunidad de efectuar una modificación real y sustancial, porque lo que se
está produciendo es una suerte de parche.
¿Por
qué decimos que es un parche? En primer lugar, porque no existe un estudio
integral de los riesgos de trabajo. En segundo término, porque no se recoge el
contenido del Convenio 155 de
Fundamentalmente no se incluye todo lo
referido a la prevención de accidentes de trabajo, como ya lo mencionaran
algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra. Y lo que es más
grave aún es que en este proyecto de ley se pretende que los accidentes de
trabajo no se resuelvan por la vía del juez natural, que es el laboral, sino
por la vía civil. Esto significa nada más ni nada menos que dejar sin efecto
principios básicos del derecho laboral que tienen una implicancia real en
defensa de los derechos de todos los trabajadores. El primero de ellos es la no
aplicación del principio in dubio pro
operario, que en el fuero civil no tendría ningún efecto.
Otro principio que quedaría sin
vigencia es el de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, quien
por supuesto sería objeto de presión por parte de las aseguradoras para que
acepten el ofrecimiento inmediato. Seguramente la urgencia y necesidad
existentes van a determinar que renuncie a esa otra vía. Esto contradice lo que
claramente establece el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que
dice que el Estado tiene que garantizar la irrenunciabilidad de los derechos
laborales.
El principio laboral de la indemnidad
es otro de los que se ataca, porque le pone un techo al valor de la vida de los
trabajadores con una tarifación cerrada, sin camino y como una opción que
obliga al trabajador a que si encuentra un daño mayor tenga que acudir fuera
del juez natural ‑o sea, el juez civil‑ y deba agotarse previamente
la vía administrativa.
Otra cuestión que nos preocupa es el
avance sobre los derechos de las provincias en relación con el uso de
facultades no delegadas por ellas a
Por
otro lado, se invita a las provincias a adherir a esta ley, fijando
solamente para
Otra cuestión que nos preocupa y que
vemos que realmente establece una gran desprolijidad en el texto de la ley es
la referida al artículo 17 inciso 3°), que dice que en las acciones judiciales
previstas en el artículo 4° resultará de aplicación lo dispuesto por el
artículo 277 de la ley 20.744. Aclaro que esta ley es la de contrato de
trabajo, cuyo artículo 277 dice textualmente: “Todo pago que deba realizarse en
los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario en autos a la
orden del Tribunal interviniente…” y luego continúa diciendo que “Queda
prohibido el pacto de cuota litis que exceda del veinte por ciento el que, en
cada caso, requerirá ratificación personal y homologación judicial.” A contrario sensu de lo que establece la
ley, al decir que queda prohibido el pacto de cuota litis que exceda del 20 por
ciento en realidad está permitiendo el pacto de cuota litis –que es el acuerdo
que se hace entre el abogado y el trabajador‑ que no exceda ese porcentaje. Sin embargo el
artículo 17 inciso 3°) prohíbe claramente el pacto de cuota litis. Entonces,
¿cómo juzgaría la aplicación de este artículo, en donde desprolijamente por un
lado se establece una cosa y por el otro algo diferente?
Recordemos que la ley de contrato de
trabajo es de orden público y por ende una normativa de mayor rango que la que
hoy tenemos en tratamiento. Entonces, a nosotros nos
quedan dudas acerca de cuál sería la aplicación y el sentido.
Por
otro lado, la litigiosidad no se va a agotar justamente por el hecho de que se
sancione esta ley. Al contrario; esto va a dar motivo a mayores juicios y
planteamientos por inconstitucionalidades porque justamente lo que estamos
haciendo con esta iniciativa es volver a los años 90 y dejar sin efecto toda la
doctrina que
Por
último, si es cierto que al oficialismo le interesa la litigiosidad, tendría
que preocuparse por el pago de los juicios de los jubilados y no permitir que
en el presupuesto de 2013 se fije un porcentaje que implica la atención de un
tercio de todos aquellos jubilados que hoy tienen sentencia firme y liquidación
aprobada, pero no pueden acceder al cobro frente al reclamo que han hecho.
Por
todas estas razones, desde
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por
Sr.
Heller.- Señora presidenta: quiero adelantar el
voto favorable del bloque Frente Nuevo Encuentro al dictamen de mayoría del
proyecto de ley que estamos considerando.
Voy
a fundamentar el sentido de nuestra decisión, pero previamente deseo expresar
que la misma forma parte de un proceso y un desafío más amplios que tenemos por
delante a los efectos de seguir desarrollando el sistema de prevención laboral
a fin de disminuir la siniestralidad en el campo del trabajo, que creemos que
debe ser el enfoque principal.
También
entendemos que no es correcto plantear el debate en términos de resarcimiento
versus prevención, como si se tratara de dos categorías antagónicas que pueden
considerarse por separado.
Creemos
que ambos conceptos deben complementarse a fin de hacer más protectorio al
mundo laboral, y de esa manera fortalecer la cultura del trabajo digno y
decente.
Detrás
de este planteo que aquí hemos escuchado a través de diversos diputados
preopinantes, surge la idea de que no se ha hecho nada en esta materia. En
realidad, estamos en las mismas condiciones que en 1995, cuando se sancionó la
ley 24.557 en este Congreso.
Entendemos
rotundamente que no es así. A las instituciones jurídicas y políticas hay que
analizarlas como parte de un proceso y no como si cada una fuera un acto
estanco que se analiza en sí mismo y se lo saca del contexto.
Este
proyecto va en la dirección correcta porque, siguiendo fallos de
Recordemos
que la ley de riesgos del trabajo sancionada en los 90 discriminaba
negativamente a los trabajadores al fijar cifras indemnizatorias que, en un
comienzo, equivalían aproximadamente a la mitad de la reparación que podría
lograr un ciudadano que recurría a la vía civil.
El
sistema era cerrado ya que prohibía taxativamente la posibilidad de que el
trabajador recurriera a la vía civil violando el principio constitucional de
defensa.
Al
establecer valores resarcitorios fijos se cubrían sólo los daños de pérdida
funcional y no se tenía en cuenta el carácter de reparación integral del daño.
Peor
aún: esas cifras indemnizatorias se otorgaban fraccionadas en forma de renta
vitalicia, y con el transcurso del tiempo se transformaban en montos
verdaderamente indignos.
En
consonancia con aquella política neoliberal,
A
esta altura no podemos desconocer que esta situación comenzó a revertirse a
favor de los trabajadores a partir del proceso político iniciado en mayo de
2003, entre otras cosas con la integración de una Corte Suprema de Justicia
independiente, lo que dio cabida al concepto de reparación integral del daño
laboral.
En
ese camino hay que recordar también el decreto 1.694, del 5 de noviembre de
2009, por el cual se inició un proceso de reestructuración del régimen de
riesgos del trabajo, que incluyó el dictado de una serie de medidas que
permitieron proteger más a las víctimas y otorgar un grado de previsibilidad
mayor a los empleadores, a través de un conjunto de medidas, entre las que
señalamos: actualización de los valores indemnizatorios, eliminación de los
techos establecidos de pisos mínimos como garantía y, además, se triplicaron en
términos generales las prestaciones de incapacidad. Para finalizar este listado, debo mencionar
que la reciente resolución 915 del 19 de octubre de 2012, convocó al Comité
Consultivo Permanente de la ley sobre riesgos del trabajo. En los considerandos del decreto se indica
que aún restan por superar importantes deficiencias en el sistema.
Para
esa primera reunión del Comité, está previsto el tratamiento de temas
relevantes, tales como la incorporación de más ítems al listado de enfermedades
profesionales –esto viene a cubrir una de las grandes deficiencias del régimen
actual‑, el análisis de la tabla de evaluación de incapacidad, la
evaluación del funcionamiento de las comisiones médicas y otros temas
contenidos en los lineamientos establecidos en el plan estratégico Argentina
Salud y Seguridad 2011‑2015.
A
pesar del conjunto de medidas que hemos comentado y que son favorables a los
trabajadores, uno de los temas que persiste y que debe resolverse es el
referido al sistema indemnizatorio de la ley 24.557, particularmente en
relación con los trabajadores que sufrieron pérdidas funcionales permanentes en
ocasión del trabajo.
En
ese sentido, destacamos los aspectos que en opinión de nuestro bloque este
proyecto viene a subsanar: la actualización de los mínimos para que todos los
trabajadores, especialmente aquellos que cobran salarios más bajos, tengan una
reparación adecuada al daño; que las prestaciones en dinero por incapacidad
permanente mantengan su valor real a lo largo del tiempo, estableciéndose un
mecanismo adecuado de actualización, como lo es el RIPTE, y que esa
actualización se efectúe en los mismos plazos que los dispuestos en el Sistema
Integrado Previsional Argentino; el cómputo de los intereses del monto
indemnizatorio desde el momento mismo del accidente; la incorporación de un 20
por ciento adicional a las indemnizaciones, con el objeto de reparar el daño
integral que el trabajador hubiere tenido; la imposición de un pago único e
inmediato de la reparación del daño, superando las consecuencias nefastas que
trae la normativa vigente; la incorporación de un capítulo destinado a regular
las alícuotas de las ART y el control y supervisión de sus gastos, con el
objetivo de evitar que el sistema cause un mayor recargo en las alícuotas que
se puedan establecer y, por último, que las alícuotas no deben estar regidas
por las leyes del mercado, como sucedió hasta ahora, sino que deben estar
reguladas como corresponde en un servicio de estas características y, al mismo
tiempo, deben vincularse con el mapa de riesgo que cada empresa tenga. El objetivo es revertir una situación de
iniquidad, donde las pymes deben pagar alícuotas superiores a las que abonan
las grandes empresas.
Es
en todos esos aspectos que fundamos nuestro voto afirmativo al dictamen de
mayoría. Estamos convencidos de que significa un avance en el funcionamiento
del sistema de riesgos del trabajo y que es un paso más en un camino que ya
empezó a recorrerse y que deberá continuar y profundizarse a fin de resolver
las cuestiones que tienen que ver con la prevención integral de los riesgos del
trabajo.
Quiero
agregar que enmarcamos esta sanción dentro de un conjunto normativo registrado
en los últimos años con el objetivo de derogar el andamiaje jurídico impuesto
por el neoliberalismo.
En
ese camino iniciado en el año 2003 destacamos: la norma que suplantó a la
denominada ley de flexibilización laboral, la ley 26.425, que consagra el
Sistema Integrado Previsional Argentino y deroga el régimen de las AFJP, la ley
26.417, que establece la movilidad por dos veces al año de todas las
prestaciones a cargo del Sistema Integrado Previsional Argentino; la
modificación de la ley de quiebras, para facilitar el funcionamiento de las
fábricas recuperadas por sus trabajadores; la ley 26.727, sobre el nuevo
régimen de trabajo agrario, más conocida como ley del peón rural, y la ley
26.390, sobre la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo
adolescente.
Nuestro
bloque tiene un claro compromiso con este proceso, integrado a un claro
proyecto político de fortalecimiento y ampliación de los derechos de los
trabajadores activos y pasivos.
Estamos
convencidos de que todavía falta mucho por hacer, también en el plano de los
riesgos del trabajo. Desde este Congreso
hoy estamos dando otro paso para hacer más equitativo el proceso de reparación
de los daños, que era sumamente injusto hasta el presente. Pero el objetivo
principal sigue siendo –y en ello debemos comprometernos todos- lograr un
sistema integral y eficiente para la prevención de los riesgos del trabajo.
Estoy
convencido –y así piensa nuestro bloque- de que estamos avanzando en la
destrucción del andamiaje neoliberal y conservador que hizo crisis en diciembre
de 2001, y que al mismo tiempo vamos encontrando cauces hacia un nuevo orden, posibilitando relaciones
sociales más equitativas, más democráticas, más participativas y más justas.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr.
Mouillerón.- Señora presidenta: es difícil
agregar mucho más a lo ya dicho sobre este proyecto de ley que viene a este
recinto después de haber tenido un exiguo tratamiento en el Senado y ninguno en
las comisiones de esta Cámara. Solamente hubo dos reuniones a solicitud del
presidente de
Entonces,
con una mirada hacia adentro de esta Cámara, puedo decir que es lamentable y
vergonzoso que un proyecto de esta envergadura, en un gobierno peronista que se
dice popular, venga a la discusión directamente al recinto, sin escuchar ya no
sólo a nosotros, los diputados, sino tampoco a quienes vinieron a expresar su
pensamiento. Cabe aclarar que concurrieron a manifestar su opinión los más
calificados y distinguidos hombres del derecho ligados al mundo laboral, los
referentes de las distintas representaciones sindicales, y alguna que no vino
también mandó a decir por nota que no coincide con este proyecto, haciendo
notar que poco valía la pena asistir a esa reunión porque la mayoría de
En
relación con esa ley que fue producto de reproches permanentes desde su sanción
todavía hoy no sabemos quiénes son sus padres o padrinos. Pero si hoy se
sanciona este proyecto que modifica la 24.557 esta ley tendrá padres y
padrinos. Los que no se animaron a poner la cara hasta ahora se harán cargo de
que esta ley siga en pie y esta reforma no sirva para que de una buena vez por
todas los trabajadores tengan el reconocimiento suficiente y la atención que
recae sobre la salud de los que trabajan, aquellos que todavía intentan hacer
que nuestra patria crezca a partir de sus manos, acompañando un proceso
productivo que todos quisiéramos ver mejor.
Hoy
se rindió homenaje a Néstor Kirchner, y tengo para mí que en su advenimiento al
orden nacional como presidente de
Este
proyecto de reforma de las ART fue uno de los que más espacios ocupó en los
debates nacionales junto con el de trabajadores a domicilio, que a pesar de
haber sido sancionado por unanimidad en esta Cámara lamentablemente duerme el
sueño de los justos en el Senado, y con lo que debía ser la protección de la
ley de contrato de trabajo para los trabajadores rurales, que se cumplió a
medias. Sucede que junto con eso destruimos el andamiaje que necesitaba la ley
para su cumplimiento: el Renatre, por lo cual cabe preguntar cuál es la función
que está cumpliendo
Lamento
decir esto porque en verdad, a partir de que se abrieron las discusiones
paritarias, habíamos empezado a crecer en materia laboral. Debo reconocer que
se realizaron ingentes esfuerzos para ir contemplando todo aquello que había
sido destruido en la nefasta década del noventa, como se la califica. Prueba de
ello es que en
Como
se ha dicho en este debate de mil maneras, este proyecto es regresivo. No he encontrado
una sola voz de los representantes sindicales de origen peronista que se atreva
a defenderla. Es indefendible; quienes expusieron se manifestaron en su contra,
y afuera están los que intentan hacer justicia desde la calle, que es el ámbito
en el que pueden expresarse.
Lamentablemente
en este recinto no hemos escuchado una defensa. Me asustó ver cuando el
presidente de
Estoy
seguro de que hoy estamos bailando al compás de una música y una letra dictada
por
¿Por
ventura creen que uno puede seguir poniendo el oído a gente que habla de esta
manera? Les conté qué me decían los referentes productores del campo cuando
íbamos a inspeccionarlos: que no ponían baño para los trabajadores porque
hacían sus necesidades afuera, y que si ponían jabón se lo comían. Lo único que
pude decirles en ese momento es que tanto a los trabajadores como a mí nos
gusta comer jamón y no jabón. (Aplausos.)
Esta
norma es regresiva; volvemos a un sistema injusto que, en forma indirecta
gracias al ex presidente Kirchner, la Corte puso límites a tanta inequidad.
Lamentablemente volvemos a retroceder.
Los
sistemas injustos acunados desde estos lugares sólo generan su destrucción.
Estoy seguro de que la Corte encontrará el camino para que este tema vuelva a
su cauce natural.
A
continuación haré referencia a algunas expresiones de varios señores diputados
preopinantes y a algo que nos ha llamado la atención.
Con
fecha 19 de octubre –hace cinco días‑ el ministro de Trabajo de la Nación
convocó para conformar el Comité Consultivo Permanente de la Ley de Riesgos del
Trabajo, que nunca había sido integrado, a entidades de los trabajadores y
empresarios para tratar, entre otros temas, la implementación de la ART‑Mutual
y la evaluación de la política nacional en materia de salud y seguridad
laboral.
¡Cuánta
razón teníamos cuando pedimos en la comisión que nos dieran quince días más
para lograr una norma más justa!
Pido
a mis compañeros de la bancada oficialista que no cometan el error de otros
peronistas que agacharon la cabeza cuando no estaban de acuerdo con la sanción
de la ley 24.557. Serán los responsables –como dijo otro señor diputado‑
de este nuevo desquicio. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Solanas (F.E.).- Señor presidente: el presente
proyecto de ley sobre reforma de las ART es claramente contrario a los
intereses de los trabajadores. Continúa asegurando a las ART el lucro con los
trabajadores que son víctimas de los siniestros laborales y no termina con la
famosa litigiosidad, dados sus claros aspectos inconstitucionales y
discriminatorios.
Estamos
ante un favor grosero al poder económico y a las Aseguradoras de Riesgo del
Trabajo. Las ART son producto de la privatización del sistema de la seguridad
social. Su existencia incuba en una gran contradicción. Son las sociedades
comerciales con fines de lucro que operan en el sistema y tienen intereses
opuestos a los de las víctimas de accidentes y enfermedades. Lo que ellas
ganan, lo pierden los trabajadores siniestrados. La Corte Suprema de Justicia
ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos 21, 22 y 46 de la Ley de
Riesgos del Trabajo, cuestionando la obligatoriedad de recurrir a una vía
administrativa ante organismos de orden federal, como son las comisiones
médicas, pero sin embargo la reforma que se intenta votar insiste en la
necesidad de recurrir a ellas como una vía para la determinación de la
incapacidad laboral.
Seamos
claros, los conflictos entre las ART y las víctimas de siniestros laborales se
dirimen ante las comisiones médicas, que actúan como tribunales médico‑
administrativos. Esta situación encuentra al trabajador en una abismal
disparidad frente al tremendo poder económico de las aseguradoras y su ejército
de médicos, abogados, contadores y actuarios.
Ésta
es la realidad de los trabajadores argentinos frente a esta ley de típico cuño
neoliberal. Ahora, desde el punto de vista de los intereses laborales, este
proyecto es también discriminatorio, porque obliga al trabajador a renunciar a
uno de los sistemas de responsabilidad que lo puede proteger, que es
Obligar
a la víctima de un siniestro laboral a optar por un sistema de responsabilidad
renunciando a otro, es un claro retroceso respecto de la situación actual,
afectándose el principio de progresividad, cuya vigencia ha declarado
En
el mundo laboral, en el que rige como postulado fundamental el principio de
irrenunciabilidad de los derechos, exigir al trabajador que opte entre un
sistema de responsabilidad y otro, sin garantizarle el debido asesoramiento
médico y legal, vicia de nulidad tal manifestación de voluntad. Pretender que
el colectivo de trabajadores sea el único que no pueda utilizar los mecanismos
existentes para defenderse ante los siniestros y para limitar los efectos de la
correlación de fuerzas desfavorable que se le presenta ante sus patrones, es
claramente inconstitucional.
En
síntesis, Proyecto Sur ve con enorme agrado las propuestas que se hicieron
algunas horas antes por parte del diputado Víctor De Gennaro, de creación de un
banco reparador, de crear los delegados de salud laboral, y de crear el
instituto de salud que haga el
seguimiento de todos estos siniestros. Nosotros estamos ante un hecho no sólo
vergonzoso sino que recuerda la siniestra e hipócrita historia de los años 90,
cuando Domingo Cavallo hablaba de solidaridad previsional para hacer votar a la
mayoría justicialista la ley de las AFJP.
Estamos
ante otra ley que parece dictada por Domingo Cavallo, aquel que en el 93 le
redujo a las patronales al 50 por ciento los aportes que debían hacer para
promover la creación de empleo y mayores salarios. Estamos ante una ley y un
Parlamento de una gran impostura. Hemos escuchado discursos que realmente son una
burla a la credibilidad. Pocas leyes más antiperonistas y más traidoras al
legado de Juan Perón y su modelo argentino, donde la protección de los
trabajadores estaba en la centralidad de su proyecto político.
La
verdad que es una vergüenza escuchar a legisladores de una bancada que se dice
de procedencia peronista, como a otros legisladores de sectores de izquierda,
que no titubearon en votar a cuatro manos la ley antiterrorista. (Aplausos.)
Voy
a terminar diciendo que ayer el gobierno nacional, la presidenta de la Nación,
capituló ante los fondos buitres al abandonar la Fragata Libertad, y hoy
capitulan groseramente los derechos laborales de los trabajadores, que son
derechos humanos indivisibles.
¿Hasta
cuándo va a capitular esta Cámara de Diputados su reglamento y el respeto
mínimo que nos debemos para debatir democráticamente leyes tan esenciales como
ésta? Hasta ahora venimos votando a libro cerrado, sin modificar una coma, y
llegando a las comisiones con los dictámenes ya firmados. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra.
Rodríguez.- Señora presidenta: voy a ser breve
porque la evidencia es mucha. Por lo tanto, una se pregunta: si un gobierno
tiene un vicepresidente de la UCEDE, si cree que la huelga es extorsión, si le
pide a los obreros y trabajadores que sean solidarios con los empresarios, si
promueve leyes absolutamente antiobreras como ésta, entonces ¿no es un gobierno
gorila? Les podrá gustar o no a los compañeros, pero en las viejas épocas eso
se llamaba gorilaje. (Aplausos.)
Desde
el gobierno pretenden decir que la alta litigiosidad por accidentes es un
problema y entonces atienden a la preocupación de la Unión Industrial sobre el
impacto que esto puede tener en la rentabilidad empresarial. Desde ya, esta
manera de formular el problema es preocupante. Es claro que una persona
preocupada por los intereses de los trabajadores tiene que inquietarse por la
cantidad de accidentes que ellos sufren y no por los costos que esos accidentes
generan. Supongo que todos vamos a coincidir que es mucho más grave el costo
que tiene que afrontar un trabajador que la pérdida de las ganancias de los
empresarios.
Para
ser realmente breve porque algunos diputados y diputadas preopinantes han sido
claros y precisos con relación a la cuestión de la inconstitucionalidad, no
tiene sentido sobreabundar en ello. De la misma manera con la cuestión
económica que está detrás, el tema de las aseguradoras, sobre el cual los diputados
Lozano, De Gennaro y Camaño fueron sumamente claros, incluso sobre aquellos
aspectos técnicos que increíblemente quedan sin resolver.
Quiero
volver a una cuestión política que también fue observada pero deseo remarcar
porque merece serlo durante toda la jornada de hoy.
No
podemos desconocer que este proyecto llega aquí, pese a todo lo que diga el
oficialismo, con el apoyo de aquellos a quienes dicen enfrentarse, es decir, Clarín y La Nación; el primero,
habiendo directamente ocultado la trascendencia del debate de esta ley, y el
segundo, el diario de Bartolomé Mitre, apoyándola desde sus editoriales. Si no,
lean la nota que el diario
Por
otro lado, nos encontramos con que de Mendiguren, nada menos que representante
de la patronal, dice: “La iniciativa del Ejecutivo le pone fin a la industria
del juicio. Acá, todos pusimos lo mejor para diseñar una ley a favor de los
trabajadores que también beneficiará a las pymes, que al fin y al cabo son el
gran motor de la economía”.
En
verdad, sobre las declaraciones del titular de
Para
diseñar una política a favor de los trabajadores, estos son los primeros que
deberían estar participando; luego, los representantes. Por lo tanto, señor de
Mendiguren, absténgase de tanta generosidad, pues creo que los trabajadores se
lo van a agradecer.
- Ocupa
Sra.
Rodríguez.- Frente a esta situación de elogios de
patronales y del corazón más rancio de la derecha ideológica argentina,
recuerdo una anécdota que ha llegado a nosotros, con diferencias, sobre una
situación sucedida en el Parlamento alemán. Estando brindando su discurso el
social demócrata Augusto Hebel, al ser interrumpido por los aplausos de la
derecha se frenó y preguntó en voz alta: “¿Qué te pasa, viejo Hebel, que hasta
los burgueses te aplauden?”.
En
esta oportunidad, a punto de sancionarse una ley absolutamente antiobrera, que
desconoce los principios centrales del peronismo, del Partido Justicialista,
pregunto a quienes se reivindican como peronistas y creen representar los
intereses de los trabajadores: “¿Qué pasa, viejo Hebel, que hasta los burgueses
te aplauden?”. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por Tierra del Fuego.
Sra.
Fadul.- Señora presidenta: en primer lugar,
quiero mencionar algo que ya he dicho en otras oportunidades. Deseo referirme
al tratamiento que se ha dado a este proyecto, crítica que haré cada vez que el
oficialismo elija imponer el número inmerso en una metodología que a nadie
sirve, y menos aun a nuestros representantes.
Es
así como asistimos, hace unos días, a la presentación del proyecto que estamos
tratando, donde el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el
superintendente de Riesgos del Trabajo nos explicaron las supuestas bondades de
la iniciativa. Ni siquiera estaba cerca de concluir la reunión del plenario
cuando el oficialismo comenzó a firmar el dictamen de mayoría que hoy
consideramos.
Luego,
para una semana después se convocó a quienes deberían ser los grandes
destinatarios de la reforma que se impulsa, es decir, los trabajadores. Lo que
realmente preocupó fue que no se los escuchara. Reitero, por si no se entendió,
que se convocó a una reunión para escuchar a los principales destinatarios del
proyecto, como bien supo interpretar un dirigente gremial, “con todo cocinado”.
Ésta fue la definición.
Una
ley para los trabajadores, donde ni siquiera se los escucha en tiempo y forma
ni se hace presente la mayoría de los legisladores oficialistas, no puede ser
avalada, al menos por este bloque. Es imposible prestar oídos sordos a los
sectores que se manifestaron contrarios a la reforma y declamar lo que se
declama. El camino que se transita, blindando los proyectos del Poder Ejecutivo
sin considerar siquiera los aportes de otras fuerzas políticas, termina
resultando perjudicial para todos. Dicho esto, pasaré a efectuar algunas
consideraciones particulares.
En
primer lugar, hay algo que ya se ha dicho pero considero imprescindible
reiterar: el primer error está íntimamente ligado a la forma de encarar la
reforma de un sistema que todos estamos convencidos de que hay que modificar.
El
eje de la discusión relativa a todos los accidentes de riesgo del trabajo debe
ser la prevención, minimizando la siniestralidad al máximo posible. Éste
debería ser el objetivo principal de todo proyecto que se pretenda encarar.
Por
supuesto que luego de un accidente debe asegurarse al trabajador una justa e
importante reparación. Pero ocuparse de ésta soslaya lo que debería ser nuestra
principal preocupación: la salud de los trabajadores.
Por
otro lado, hay algo que ya fue mencionado por otros señores diputados y que es
presentado por el oficialismo como una de las grandes bondades del proyecto: la
prohibición de la “doble vía”. La opción excluyente de recibir la reparación de
la ART o acudir a la Justicia
-además de ser claramente
inconstitucional- significa un despropósito si lo que realmente se busca es
defender al trabajador y velar por sus intereses.
Acá
no me voy a referir a la progresividad que debe marcar el avance del derecho
laboral ni a ningún otro aspecto jurídico. Simplemente trataré de apelar al sentido
común.
Imaginemos
por unos segundos la lamentable situación que vive la familia de un trabajador
que sufre un accidente y tal como lo indica el proyecto a los quince días la ART
le indica cuál es la suma que le ofrece como reparación. El accidentado o sus
derechohabientes en el peor de los casos, ¿van a estar preparados para tomar
semejante decisión? ¿Es posible separar esta elección de un muy probable estado
de necesidad de quien se busca proteger?
La
opción que se le está dando a los trabajadores es muy simple: la reparación
ahora o el ejercicio de sus derechos. Lógicamente, en el momento de mayor
vulnerabilidad. ¿Esto es en beneficio del trabajador o de quiénes?
Basta
con sopesar los sectores que acompañan esta iniciativa y los que la rechazan para
darse cuenta de que el relato nuevamente está disociado de la realidad. Mucho
más honesto hubiera sido admitir que este proyecto no mejora la situación de
los trabajadores, que intentar justificar lo injustificable.
El
argumento de intentar reducir la litigiosidad, apoyándose en una disminución de
los derechos laborales, constituye el regreso a una Argentina que no deseamos.
Existe
otro elemento que muestra a las claras de qué manera se considera al trabajador
en el proyecto del oficialismo: el 20 por ciento que se propone agregar para
que la reparación sea integral. Por eso me pregunto: ¿todos los accidentes son
iguales? Pretender fijar un porcentaje igual para todos es deshumanizar al
trabajador.
Ahora
resulta que son un número. Son todos iguales. La reparación para todos equivale
a un 20 por ciento más. Tarifar para llegar a una reparación integral es algo
irreconciliable con el mismo concepto de integralidad al que se pretende
arribar.
Creo
que es necesaria una reforma, pero esta propuesta está lejos de ser una
solución y avanza en un camino inaceptable. Los trabajadores se quejan al punto
de sentirse discriminados, como escuché decir a algunos dirigentes gremiales el
martes de la semana pasada. Los especialistas mayoritariamente están en
desacuerdo. El bloque de la mayoría, que suele actuar sin fisuras, muestra
disidencias. Todas estas son demostraciones de que se está equivocando el
camino.
Aquí
se nos está proponiendo nada más y nada menos que un remedio neoliberal que ya
sabemos que no sirve para llegar a la cura. ¿Acaso no tuvimos ya sobradas
experiencias en el pasado? No por nada Perón dijo: “La verdadera democracia es
aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo
interés: el del pueblo.”
Por
todo lo expuesto el bloque del partido Federal Fueguino no va a acompañar el
dictamen de mayoría, con la decepción de saber que se va a desperdiciar una
gran oportunidad ‑no ya del oficialismo ni de la oposición sino de todos
los argentinos‑ y con la tristeza de saber que los mayores perjudicados
serán aquellos a quienes más deberíamos proteger. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr.
Favario.- Señora presidenta: para que nadie diga
después que en una maniobra artera traigo el cuchillo bajo el poncho, anuncio
ahora, al comenzar mi exposición, que he de terminarla planteando una moción de
orden para que este asunto vuelva a comisión.
Para
fundar mi propuesta, aunque sea reiterativo pregunto: ¿hasta cuándo se va a
seguir legislando de esta manera? No bien entran los proyectos que interesan al
bloque oficial, se tratan. Llegamos a la comisión y ya tienen el dictamen. Nada
se debate, porque –como diría el diputado Feletti‑ las posiciones están
cristalizadas, y entonces la reunión de comisión se convierte en un ensayo de
la sesión, donde se dicen discursos que al día siguiente se repiten en el
recinto de la Cámara. Ni tan siquiera se guardan las formas: se escucha a
funcionarios o invitados cuando ya se han firmado los despachos. ¿Para qué los
escuchamos, señora presidenta, si estamos poniendo el carro delante del
caballo? Después se pasa por sobre el reglamento y se convoca a sesión especial
para aprobar todo de urgencia.
En
algunos casos estamos sesionando sin haber podido leer los dictámenes.
Pregunto: ¿con qué necesidad? Porque el oficialismo tiene los votos suficientes
para imponer su voluntad cuidando las formas, evitando estas groserías, y en el
caso de esta ley incluso cuenta con el apoyo de sectores que no son
kirchneristas. Así ocurrió los otros días en la reunión conjunta de comisiones
donde invitaron al secretario general de la CGT, a otros dirigentes gremiales y
a especialistas del derecho laboral, pero después de haber firmado los
dictámenes. Esto fue una provocación que generó un hecho bochornoso sin ninguna
necesidad. Así no se puede legislar. Estamos tratando un despacho invalidado
por abuso de una mayoría que impone su voluntad sin posibilitar el debate
previo en comisión, sin que las comisiones funcionen como deben, conforme las
prescripciones reglamentarias que constituyen las reglas de juego del
funcionamiento parlamentario.
El
11 de septiembre la señora presidenta de
¿Una
norma de esta importancia en el derecho laboral argentino no merecía que se
hubiera escuchado fundamentalmente a los trabajadores? Después quieren
vendernos la imagen de un gobierno progresista. Ni el peor de los gobiernos
conservadores seguramente hubiera tenido tanto desprecio por los trabajadores y
los dirigentes sindicales.
La
reunión conjunta del día 16 posibilitó escuchar no sólo a los dirigentes
gremiales sino también a prestigiosos especialistas, que fueron identificados
por el señor diputado De Genaro en su exposición. Por lo tanto, no voy a
reiterar sus nombres que, de por sí, constituyen autoridad en materia laboral.
Los
expositores merecían ser escuchados porque estaban haciendo aportes para
mejorar el proyecto de ley. Los representantes del oficialismo que estuvieron
presentes en la reunión del día 16 pueden dar fe de la solidez de las
argumentaciones expresadas, como así también de algunas objeciones planteadas
en el marco del derecho que se expusieron en dicha reunión.
No
voy a tener la osadía ni la pretensión absurda de pedir a los diputados del
oficialismo que tiren este proyecto al canasto. Simplemente, se trataría de una
torpeza de mi parte. Sí creo que el proyecto puede ser sensiblemente mejorado
con algunas de las propuestas razonables que hemos escuchado, que aclaran
muchas de las dudas que también se han planteado en el curso de esta sesión.
El
sentido común, la prudencia, nuestra responsabilidad como legisladores y los
reclamos de muchos diputados que se hicieron oír esta tarde, me indican, de
acuerdo con mi conciencia en base a un espíritu de colaboración en beneficio de
esta Honorable Cámara, en resguardo de los derechos de los trabajadores y en
aras del prestigio legislativo, que lo más conveniente es que el proyecto
vuelva a comisión. Por esta razón, de
conformidad con lo que establece el artículo 127 del reglamento interno en su
inciso 8), hago moción de orden de vuelta a comisión. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Adbala de Matarazzo).- A partir de este momento
comenzaremos con la lista de oradores que disponen de 5 minutos para su
exposición.
Tiene
la palabra el señor diputado por Salta.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Favario.- ¡Tiene que votar mi moción, señora
presidenta!
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Rossi.- ¡Qué vamos a votar si no hay quórum!
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Señor diputado: su moción se va a votar
en el momento que corresponda.
Tiene
la palabra el señor diputado por Salta.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Yarade.- Señora presidenta: necesitamos seguir
consolidando el desarrollo económico, necesitamos seguir creciendo en nuestro
país. Como gente del interior, sabemos perfectamente lo que representan las
pymes para muchas regiones de nuestro país. Las pymes son el motor de nuestra
economía, porque son las grandes generadoras de puestos de trabajo.
Además,
como representantes del interior sabemos también que cada vez que nos
encontramos con una persona que tiene una pyme nos pide dos cosas:
financiamiento y previsibilidad.
En
lo que respecta al financiamiento, hemos avanzado muy fuerte con la reforma del
Banco Central, mejorando la situación crediticia de muchas empresas que antes
no tenían acceso al mercado de capitales.
Esto nos permitió posicionar a las economías regionales.
En
cuanto a la previsibilidad, tenemos que ir legislando sobre muchos de los
conflictos laborales que hoy enfrentan las pymes en cada una de nuestras
provincias. Paralelamente, hemos
avanzado en la sanción de muchas normas, como la ley de cooperativas y la
recuperación de fábricas. Entre los años
2011 y 2012 se han sancionado catorce leyes que tienen que ver con los
trabajadores.
A
pesar de todo lo que hemos hecho, necesitamos seguir avanzando. La industria
del juicio ha distorsionado el sistema de ART. Necesitamos reparar este
daño. Necesitamos un sistema suficiente
e integral para los trabajadores.
Desde
el momento que se decretó la inconstitucionalidad, la industria del juicio ha
registrado un avance notable en su cuantía. Digo esto porque de 2.900 juicios
hemos pasado a 70 mil. Este dato se ha incrementado un 42 por ciento por año o,
en otros términos, podríamos decir que se ha multiplicado 24 veces. Las más
afectadas por todo esto son las pymes, que justamente son las que generan
puestos de trabajo en el interior del país.
Por eso digo que toda esta situación nos afecta sobremanera.
Además,
tienen un pasivo contingente de 7 mil millones, de los cuales casi 3 mil
millones son de honorarios. En estos casos, actúan abogados mayoristas. Hay denuncias fuertes por parte de
Este
proyecto le pondrá un límite a esa situación, porque estamos fijando un techo
del 20 por ciento a esa situación que sobrepasa nuestras pequeñas y medianas
empresas, nuestros pequeños emprendedores.
- Ocupa
Sr.
Yarade.- Quiero destacar además los beneficios
que tuvieron lugar desde la aplicación de esta ley. Fueron muchísimos. Por
ejemplo, en materia de incapacidades tenemos el ciento por ciento de cobertura;
en nuestro país se cubre desde el uno por ciento de incapacidad. No pasa eso en
Chile, que muchas veces se toma como ejemplo, donde arranca a partir del 15 por
ciento; tampoco ocurre en España, donde comienza en el 33 por ciento.
También
hemos avanzado fuertemente en lo que representan los salarios caídos, donde
existe un ciento por ciento de cobertura
más adicionales. Eso no se da en otros países. Ocurre lo mismo con los pagos:
acá no hay topes, mientras que en España, por ejemplo, hay un tope del 24 por
ciento y en Chile del 15 por ciento.
Por
otra parte, cabe destacar el gran avance que han tenido los indicadores de
siniestros. La tasa de incidencia bajó un 22 por ciento pero el 20 por ciento
de las pymes tiene una cuantía mayor a las grandes empresas. Lo mismo sucede en
la tasa de fallecimiento, que se redujo en un 56 por ciento desde la aplicación
de la ley. Un 42 por ciento pertenece a los in
itinere, pero las pymes tienen una incidencia seis veces mayor que las
empresas grandes. Ese es el gran problema: afecta a nuestras pequeñas y
medianas empresas. Hemos avanzado mucho en el control colocando inspectores,
pero este proyecto va a ayudar a regular en función de los beneficios que
muchos trabajadores hoy no tienen.
Por
ejemplo, en cuanto a los plazos, se establecen quince días a partir de la
notificación o de la homologación de un acuerdo de incapacidad laboral.
Avanzamos en el pago único y no rentado, como venía siendo hasta ahora.
Avanzamos en un adicional del 20 por ciento del daño moral. Es un adelanto
realmente notable que estamos haciendo en estos días.
Asimismo,
hay avances en materia de prestaciones. Antes el trabajador tenía que decidir
sin las prestaciones médicas, sin tener los salarios. Ahora lo va a hacer
cuando tenga cubierta esa situación, a partir de este momento.
También
a partir de una incapacidad menor del 50 por ciento va a haber un 20 por ciento
de cobertura,
y
un 50 por ciento más si la incapacidad supera aquel 50 por ciento. En cuanto al
piso de reparación, pasa de 1.800 a 3.800 pesos.
Tenemos
un costo de cobertura del 3 por ciento, altamente superior al de otros países.
En Chile es del 1,7 por ciento y en Estados Unidos, del 2,1 por ciento.
Nuestro
sistema creció nueve veces en materia de recursos. Tenemos que resolver esta
situación. Esta ley está avanzando en legislar para las pequeñas y medianas
industrias, que son las grandes generadoras de puestos de trabajo y de la
actividad económica de nuestro país.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Solicito a los señores diputados que guarden silencio dentro del
recinto.
Tiene
la palabra el señor diputado por
Sr.
Forte.- Señor presidente: parafraseando al
general Perón cuando decía que la única verdad es la realidad, quiero expresar
que encuentro un tremendo abismo entre el relato oficial y la realidad.
Hoy
hablamos de los derechos de los trabajadores y de las pymes, pero la realidad
es que la cuota Hilton se la quedaron diez frigoríficos; la realidad es que el
negocio del biodiesel quedó para cuatro; la realidad es que a los trabajadores
se les sigue cobrando impuesto a las ganancias, no hay ajuste y resulta que la
inflación está devorando los sueldos. La realidad nos indica que el índice de
pobreza es cada vez más alto y que una cosa son los números que dice el INDEC y
otra distinta lo que cuesta vivir todos los días. La realidad es que no estamos
destruyendo la industria del juicio sino castigando notablemente a los sectores
más vulnerables que son los trabajadores, sobre todo los que menos ganan,
porque se está jugando con la necesidad de la gente.
Este
proyecto de ley no rompe con la segunda vía, con la industria del juicio, sino
que significa un apriete financiero y económico a los trabajadores. Es muy
sencillo, les dicen: “Agarrá tanto ahora o vamos a la justicia civil, que sabrá
Dios cuándo se expedirá”. Ni hablar cuando un trabajador pierde su vida, pues
queda la viuda con sus hijos, sin trabajo; obviamente aceptará la plata
inmediata antes que esperar lo que disponga la justicia civil. Por eso, señor
presidente, la verdad sigue estando muy lejos de la realidad.
Se
da la espalda a los trabajadores y se delinea este proyecto en los grandes
centros urbanos, desconociendo la realidad del interior, donde cada vez hay más
desocupados, el comercio cada vez trabaja menos, las pymes están destruidas, el proceso de
industrialización y creación de fuentes de trabajo es una mentira.
Este
proyecto no prevé cómo frenar los riesgos del trabajo ni cómo avanzar sobre los
empresarios que no cumplen con las leyes de prevención, por lo cual cada vez
están más lejos de la realidad cotidiana.
Como
la única verdad es la realidad, nos sorprende cómo se la va distorsionando.
Siempre es muy factible realizar comparaciones entre 2000 y 2012; es obvio y no
hace falta explicar que estamos mejor. Pero como vivimos en una República y no
en un sistema de dinastías familiares, sería importante comparar alguna vez
Este
proyecto claramente indica las distorsiones que se están produciendo. Tanto es
así que este proyecto de ley que defiende a los trabajadores fue ovacionado por
los grandes empresarios argentinos. Parece que para el modelo nacional y
popular virtuoso, distribuidor de la riqueza, ahora los “progres” están en
Para
que no me acusen de gorila terminaré citando otra frase de Perón, quien dijo:
“Dividimos al país en dos categorías: una la de los hombres que trabajan, y
otra la que vive de los hombres que trabajan. Nos hemos colocado abiertamente
del lado de los que trabajan.” Indudablemente este gobierno se ha colocado del
otro lado. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.
Sra.
Bianchi (I.M.).- Señor presidente: estamos
analizando un proyecto de suma importancia que involucra a uno de los actores
fundamentales del proceso productivo y del crecimiento de un país: nuestros
queridos y tan manipulados trabajadores.
Considero
que no estamos tomando dimensión en esta Cámara de lo que significa la
modificación de esta ley que estamos impulsando a través de las consecuencias
que puede traer en el sistema económico productivo. Es más lamentable aún
porque no responde a ninguna de las necesidades que los trabajadores nos han
solicitado.
Al
escuchar el discurso de la señora presidenta cuando anunció el envío de este
proyecto de ley al Parlamento, mencionó la excesiva litigiosidad que existe hoy
día en el fuero laboral con motivo de la actual ley de ART. Asimismo manifestó
que gran parte de esta litigiosidad se debía a la industria del juicio.
Considero
lamentable que el objeto de esta iniciativa del Poder Ejecutivo sea netamente
económico y que sólo se busque frenar los litigios en la República Argentina.
Si la ley fuera eficaz y diera una reparación integral al daño sufrido por el
trabajador, ¿existirían tantos juicios? Es dable destacar que fueron los
abogados quienes lograron por medio de acciones judiciales promover que los
juzgados de primera instancia, la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de
Justicia declarasen la inconstitucionalidad que padece actualmente la Ley de
Riesgos del Trabajo. Es decir, pusieron una luz a la necesidad de esta reforma
más allá de sus matices.
En
relación con la prevención, hay que destacar que en el sector formal la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo verificó alrededor de 650.000
infortunios por año. A esto habría que agregar un 35 por ciento que proviene de
los siniestros ocurridos en el sector no registrado, es decir, en el trabajo
informal. Totalizarían 900.000 eventos dañosos anuales en la República
Argentina ‑nótese que son cifras oficiales‑ si se adicionan los
siniestros en el sector informal, suponiendo que estos se produzcan en igual
cantidad que en el sector formal, aunque sabemos que en la realidad no es así
dadas las condiciones más precarias del trabajo no registrado.
Cuando
dictamos normas, tenemos que garantizar, sobre todo, el derecho del trabajador
en el marco del riesgo laboral. Debemos saber cuál es el bien jurídico a
proteger: la integración psíquica y física del trabajador, situación que no se
ve plasmada en este proyecto de ley. La prioridad es tranquilizar a un sector y
salvarlo de los constantes pleitos. Entonces me pregunto qué lugar ocupan los
accidentes de trabajo, las secuelas, los reclamos de los trabajadores y
principalmente la salud. Ninguno.
Respecto
de los cincuenta y un artículos que componen la ley 24.557, once han sido
declarados inconstitucionales por distintos fallos; pero lamentablemente el
Poder Ejecutivo ha desoído una vez más la opinión de la Corte Suprema y, por lo
tanto, quedan vigentes institutos tales
como el listado cerrado de enfermedades, los topes máximos previstos por los
trabajadores, el pago en cuotas, el procedimiento con carácter obligatorio ante
las comisiones médicas y la competencia de la Justicia.
Por
pertenecer a un sector que conoce al justicialismo, que sabe de su doctrina y
lo vive en su provincia, quiero dejar claro que los derechos y las garantías de
los trabajadores no son negociables. No voy a ser cómplice de esta ley engañosa
y perjudicial para este país y miles de trabajadores que todos los días forjan
su destino. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Cuccovillo.- Señor presidente: como integrante
del bloque del Partido Socialista y el FAP, veo con inquietud y preocupación
cómo el gobierno y el Frente para la Victoria han logrado sintetizar en este
proyecto de ley el pensamiento de los sectores más conservadores del
empresariado argentino.
La
Unión Industrial Argentina, a través de su vocero más importante –Daniel Funes
de Rioja‑, nos decía hace unos años –y sigue repitiéndolo‑ que
quien quiera el sistema de ley tiene que agotarse dentro del mismo, mientras
quien quiera ir por
Este
proyecto es un mal parche a la actual ley de riesgos del trabajo. No incorpora
ni reincorpora la protección integral del trabajador. Quienes se rasgan las
vestiduras por los derechos de los trabajadores, no hacen más que llevar
adelante con esta modificación la esencia misma del neoliberalismo de la década
del 90. Es en verdad lamentable que en esta presentación a fin de modificar la
ley de riesgos del trabajo, no haya una sola mención a los riesgos que cada día
tiene el trabajador en su empleo y sea solamente una cuestión de números y
cálculos de dinero. Tanto el gobierno como las aseguradoras y los empresarios
siguen tomando al compañero trabajador como un apéndice de una máquina que se
gasta, se cambia y se tira.
Hablamos
cotidianamente sobre programas y planes de prevención en el delito, en la salud
pública o en los accidentes de tránsito. ¿Por qué el Estado no se ocupa de la
prevención de los accidentes laborales? ¿Por qué no se encarga de evitar las
enfermedades profesionales?
A
fines de la década del 60 y principios del 70 ya existían los Comités de Salud
y Seguridad en el Trabajo en algunas convenciones colectivas de algunos
gremios, como el de Luz y Fuerza. Allí se jerarquizaba la vida del trabajador y
no un resarcimiento por su accidente y discapacidad o su muerte.
También
tenemos el ejemplo de la provincia de Santa Fe. Allí existen los Comités de
Salud y Seguridad en el Trabajo con el objeto de promover la protección de la
vida y la salud de los trabajadores y el mejoramiento de las condiciones y
medioambiente de trabajo.
Hace
pocos años tuvimos la posibilidad de sancionarla. Llegamos a trabajar en forma
conjunta entre las comisiones de Legislación del Trabajo y de Acción Social y
Salud Pública, estaba la predisposición de sus integrantes, con la presidencia
de Sylvestre Begnis y Recalde, pero no alcanzó. Quizás faltó el interés por la
causa de los trabajadores por parte del
Ejecutivo nacional, que no mandó a acelerar ese tratamiento, como sí lo hizo en
esta ley de
Este
proyecto retrotrae la situación de los trabajadores a principios del Siglo XX
con la sanción de la ley 8.688, que en su artículo 17 disponía la opción entre
la acción de indemnización especial o las que pudieran corresponderles según el
derecho común, por causa de dolo o negligencia del patrón. Se le impone con
este proyecto al trabajador la opción excluyente con renuncia no acumulable de
acciones.
Tampoco
se habla aquí de las distintas condiciones de trabajo que perjudican la salud
de los trabajadores, las nuevas tecnologías, los ritmos de producción, que
incrementan las ganancias empresariales y perjudican proporcionalmente la salud
de los trabajadores. Más ganancias para el empresario, menos salud para quienes
trabajan porque se incrementan los accidentes y las enfermedades laborales.
También se incrementan en esta situación el estrés laboral y las enfermedades
psicosociales que repercuten no sólo en el trabajador sino también en el
entorno laboral.
He
presentado un proyecto de ley a fin de que se incorpore un capítulo dentro del
Código Penal denominado “delitos contra la seguridad en el trabajo” a fin de
sancionar a los empleadores que no cumplan con las medidas de seguridad e
higiene exigibles cuando se produzca alguna lesión o muerte de algún trabajador
producto de este incumplimiento. Me consta que el presidente de la comisión lo
ha empujado, pero el proyecto sigue esperando y la familia Burgueño que
perdiera a su hijo en una tolva de cereales también sigue esperando.
Según
refleja el suplemento “Argentina Económica”
del Diario Miradas al Sur de agosto del 2008, el ministro de Trabajo
Carlos Tomada decía que “el valor jurídico protegido tiene que ser la salud de
los trabajadores, lo que implica la derogación de la actual ley, para que la
prevención sea el valor fundamental y la reparación el valor complementario”. A
su vez, Juan González Gaviola decía en la misma publicación: “En la ley que
queremos el seguro de los trabajadores tiene que ser el plan B, primero tiene
que estar la prevención”. Compartimos y apoyamos los dichos de Tomada y
González Gaviola en relación con una ley de Riesgos de Trabajo; sería
interesante saber si ellos siguen sosteniendo su posición.
Los
socialistas venimos aquí a plantear, como lo hemos hecho siempre a lo largo de
nuestra historia, la defensa de la vida por sobre la restitución económica de
la muerte. La defensa de la salud de los trabajadores no se hace viendo cuanto
más o menos le pagamos a las compañeras o compañeros o a sus viudos o viudas.
La defensa de la salud de los compañeros y compañeras se hace primeramente con
la prevención, con un empleo que se cumpla en condiciones dignas. La salud no
debe ser un costo; para nosotros los socialistas es un derecho irrenunciable.
Como decían los trabajadores de Fiat en los años 60: la salud no se vende, se
defiende.
Cuando
votemos en este recinto estaremos aprobando una modificación que en nada ayuda
a los trabajadores. En ese momento los legisladores podremos comprobar si lo
que expresamos y sentimos a lo largo de nuestra vida y de nuestros discursos es
lo que plasmamos en la realidad. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- No encontrándose presente el señor diputado Gdansky, corresponde
dar el uso de la palabra al señor diputado Luis Fernando Sacca.
Sr.
Buryaile.- Señor presidente: en lugar del señor
diputado Sacca va a exponer el señor diputado Casañas.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Argumedo.- Señor presidente: creo que tendríamos
que humanizar un poco la situación y darnos cuenta de que estamos hablando de
un tema donde por un lado se encuentra la tragedia de un trabajador y su
familia, sea por muerte, incapacidad o cualquier otro aspecto que ha afectado
duramente su salud, y por otro lado encontramos a las aseguradoras, cuyo
objetivo es el negocio y el lucro. Aquí debemos tener en claro de qué lado de
esta confrontación nos encontramos: si vamos a ser solidarios con la tragedia
de los trabajadores o con el objetivo de lucro de las grandes aseguradoras.
Aquí
se dice que una de las correcciones que se busca con esta ley es bajar la
litigiosidad de los juicios por accidentes de trabajo. Nos preguntamos si este
aumento de los juicios se debe al hecho de ciertos negocios de los abogados o a
un incremento del masoquismo de los trabajadores, que han decidido alguna forma
de amputación o agresión hacia su persona de manera tal de entrar en el litigio
por accidentes de trabajo.
Se
nos dice aquí que tenemos un modelo de inclusión que defiende a los
trabajadores. Me permito dudar de esta afirmación. Debemos tener en cuenta que
hasta comienzo de los 70 casi el 90 por ciento de los trabajadores argentinos
estaba cubierto por el conjunto de los derechos sociales. Hoy esa cobertura no
alcanza a más allá del 50 por ciento, porque el 50 por ciento de la población
económicamente activa de
Si
en nueve de los últimos diez años se ha crecido a tasas sin precedentes, como
se reitera muchas veces, ¿cuántos más años de crecimiento a tasas sin precedentes
vamos a necesitar para tratar de devolver al conjunto de los trabajadores esos
derechos conculcados, principalmente a partir de la dictadura militar genocida,
que fue la condición para imponer un modelo neoliberal de explotación de los
trabajadores y de saqueo de nuestros recursos estratégicos?
El
tema es que frente a ese 50 por ciento y ese 75 por ciento de jóvenes
trabajadores sin cobertura social, pareciera ser que los trabajadores en blanco
tienen un cierto privilegio. Utilizo la palabra “privilegio” con cierta
indignación, porque si esto se hace en nombre de un proyecto supuestamente
nacional y popular e invocando la memoria del general Perón, es una verdadera
herejía y una burla. Es la misma herejía que se hizo en esta Cámara cuando se
votó la ley antiterrorista. Les digo a los legisladores que tengan cuidado con
la obediencia debida, porque recuerden que la ley antiterrorista fue votada por
víctimas, familiares e hijos de desaparecidos y fue repudiada por mucha gente
que estaba cercana a ellos, pero era el conjunto de los organismos de derechos
humanos que había llevado adelante la epopeya de la defensa de esos derechos
contra la dictadura y sus secuelas.
Por
eso, les digo: ustedes saben que ésta es una ley vergonzosa. Como aquí se
mencionó, no están las banderas ni los militantes; ni siquiera trajeron a los
“gordos”, los dirigentes sindicales más vendidos de la historia.
Señores
del Frente para
Cuidado
con la obediencia debida. He conocido a muchos que después de esa obediencia
debida sintieron vergüenza cuando se abrieron los archivos. He conocido a
muchos que se autocriticaron por haber votado la ley de flexibilización
laboral. Las consecuencias fueron sufridas por mucha gente, y eso no se
revierte. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr.
Casañas.- Señor presidente: hoy es un día
histórico porque este gobierno nacional y popular, que proclama la
redistribución y los derechos humanos, por primera vez en la historia democrática
argentina ataca un derecho adquirido de los trabajadores.
El
proyecto del oficialismo habla de un régimen de ordenamiento de las
reparaciones de los daños derivados de los accidentes y enfermedades
profesionales, pero en ningún caso alude a la prevención, es decir, a la
necesidad de tomar medidas para que no ocurran esos accidentes o que estos
tengas un menor impacto, como si fueran lo mismo el valor indemnizatorio ‑la
parte económica que se da a la viuda, viudo u otro familiar‑ y la vida de
ese padre o madre, de ese ser que ya no estará más en casa.
Esa
sería una política de Estado de este gobierno nacional y popular, pero está
claro que no tiene la menor intención de propiciarla, pues una política de
Estado implica diálogo, debate, discusión entre todos los partidos.
Preguntaría
a la señora presidenta, Cristina Elisabet Fernández, qué va a hacer con el
resto de las personas. La ley contempla el 44,5 por ciento de la población, a
aquellos que tienen la suerte o la dicha de contar con un trabajo; ¿pero qué va
a pasar con el 34,5 por ciento que no tiene trabajo registrado, que trabaja en
negro? Se trata de mucha gente. ¿Qué pasará con el 8 por ciento, que ningún
tipo de trabajo tiene?
Como
dijo la senadora por Tucumán, no se ve al “señor Estado”. Tenemos un Estado
ausente. Desde el 25 de mayo de 2003 están en el poder, y cuántas cosas aún sin
resolver... Habría sido bueno que el tucumano Carlos Marriero, de 21 años,
oriundo de Lules, que recibió 250 pesos para ir a un acto a plaza de Mayo y murió
aplastado por un farol, hubiese tenido algún tipo de cobertura social o alguna
ART; o que Juan Valdez, de 54 años, empleado público de
Este
gobierno nacional y popular no se hace cargo de sus muertos ni de sus heridos;
son muertos de la democracia, como las cincuenta y una personas muertas y los setecientos
heridos en el accidente de la estación de Once. Desde el 22 de febrero
esperamos que haya culpables, siendo que la señora presidenta, Cristina
Elisabet Fernández, exigió que en quince días aparecieran los responsables. Ya
pasaron ocho meses y todavía no hay culpables.
Este
gobierno nacional y popular prefiere los negociados con las empresas y los
gremios amigos, en lugar de proteger la vida de los trabajadores. Sólo así se
justifica el dictado del decreto 1.720 del corriente año, firmado el 19 de
septiembre, por medio del cual se posibilita a las mutuales amigas entrar en un
negocio millonario que se reparte más de 20 mil millones de pesos en ganancias.
Sin
embargo, no se hace nada por esas
veintisiete personas que diariamente se mueren por accidentes de trabajo o
enfermedades laborales.
La
verdad es que muchas veces los amigos del Frente para la Victoria se jactan del
54 por ciento de los votos obtenidos. Lo dicen con mucho orgullo y los
felicito. Tienen todo a favor para solucionarle la vida a la gente: mayoría en
las dos cámaras y el apoyo popular.
¿Para
qué quieren ese poder? ¿Para perder la Fragata Libertad por tener un canciller
con pocas luces o para atacar el derecho de los trabajadores? (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la
señora diputada por Mendoza.
Sra.
Fernández Sagasti.- Señor presidente: estamos
ante un proyecto de ley que podríamos catalogar como uno de los más importantes
en la legislación laboral. No sólo repercutirá en beneficio de los trabajadores
y de los empleadores, sino de la economía en general.
Hace
más de una década que venimos escuchando de los diferentes sectores que el
sistema de trabajo explota. Nuestra Corte Suprema de Justicia señala numerosas
inconstitucionalidades. ¿Por qué? Porque los montos que fijaba la ley 24.557
eran absolutamente miserables. Se lesionaba todo tipo de derecho a las
víctimas. Además del bajo monto, se lo pagaban en cuotas. ¿Qué dijo la Corte
ante esta situación? Que la reparación a los trabajadores debería ser integral.
Por esa razón se habilitó la vía judicial, pero nunca dijo que el sistema
tarifario era inconstitucional.
A
partir de esas consideraciones, lo que podemos afirmar que lo que intenta este
proyecto es llegar a una reparación justa y satisfactoria. Éste es el eje de la
cuestión. Además, que sea rápida. Por eso establece una reparación que se
actualiza semestralmente por medio del índice del RIPTE, que actualmente usa la
jurisprudencia en la legislación laboral. Además, se fija un 20 por ciento
adicional. Se trata de otro criterio que estableció la Corte Suprema en
relación a la reparación integral, esto es, el daño moral y el lucro cesante.
También
se fija un plazo de quince días para el pago único. Si a pesar de ello el
trabajador considera que la suma no es suficiente, una vez notificado del monto
que le correspondería por este sistema, tiene la opción excluyente de recurrir
a la vía civil por el daño que según hoy establece el artículo 1.113 del Código
Civil.
La
futura norma va a desmantelar la “industria del juicio” que existge, a pesar de
lo que han dicho muchos legisladores en este recinto. Pregúntenle al respecto a
los condenados de la provincia de Córdoba o a los investigados en el
Departamento San Martín, de Mendoza.
Desalienta
la “industria del juicio” por lo que he venido diciendo al aumentar las
indemnizaciones en la ley de riesgos del trabajo, facilitando su acceso y
haciendo que no sea necesario el reclamo judicial; prohíbe el pacto de cuota litis, que es algo muy importante, ya
que se pone un tope al honorario de los abogados, además de obligar a que la
indemnización de los trabajadores se efectúe en una cuenta del trabajador y no
de los abogados.
Las
medidas que he enunciado son tomadas pensando exclusivamente en los
trabajadores, porque he escuchado mucho en este recinto acerca de los derechos
y de la “doble vía”, pero nadie se cuestiona lo que representa para un
trabajador ir a un juicio. No es una tarea fácil para el obrero, sino que es
una cuestión traumática. En primer lugar, porque hay que conocer un abogado que
nos dé confianza y, en segundo término, por el tiempo que nos lleva.
Con
la futura norma la indemnización por muerte pasará de 180 mil pesos a 380 mil,
más el 20 por ciento. O sea que estamos hablando de medio millón de pesos, que
es lo mismo que hoy fija la Justicia laboral. Es así precisamente porque
utiliza –repito‑ el mismo índice: el RIPTE.
La
mayoría de los que estamos acá ‑muchos se han pronunciado al respecto‑
estamos de acuerdo con que lo mejor sería que no hubiera accidentes laborales
o, por lo menos, que se pudieran evitar lo máximo posible.
Como
dijo la presidenta de
En
síntesis, creo que esta ley va a ser muy útil para todos los argentinos, para
nuestro crecimiento y la creación de empleo genuino, que es lo que necesitamos
y que, en definitiva, es la gran clave de este modelo económico: un modelo de crecimiento con generación de
empleo e inclusión social. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Biella Calvet.- Señor presidente: nos pone
contentos que volvamos a traer al ruedo el tema de la situación sanitaria de
los trabajadores de
Me
viene a la memoria que por el año 2000, mediante un decreto de necesidad y
urgencia se permitió al Poder Ejecutivo modificar el número de enfermedades
profesionales para poder trabajar en su prevención. Lamentablemente, en este
proyecto –como escuché decir a otros legisladores‑ solamente estamos
hablando de la indemnización para casos que se dan tanto en el trabajo como in itinere.
Quiero
creer que el espíritu del Poder Ejecutivo es evitar que el lucro sea el fin
último de las ART, pero sin lugar a dudas sobresale esta limitación importante
en lo que es la indemnización integral de los trabajadores.
Poner
el tema de la salud laboral sobre el tapete es algo muy importante. Ojalá el
Poder Ejecutivo redireccione toda la energía que tiene, que a veces,
lamentablemente, aplica en proyectos de dudosa conveniencia en cuanto a la
prevención de enfermedades laborales.
Cuando
uno habla de prevenir enfermedades, está haciendo referencia a anticiparse a
accidentes, a capacitar a los trabajadores en higiene y seguridad en el trabajo
y a la salud. Cuando uno pregunta a los trabajadores del interior, en especial
a los de la provincia de Salta, qué es para ellos la salud, responden: “Estar
sano, doctor, es simplemente sentirse bien al ir a trabajar”.
Como
están apareciendo nuevas enfermedades laborales y se ataca el medio ambiente,
necesitamos seguir previniendo, pensando en las generaciones venideras.
Cuando
uno habla de prevención, me viene a la memoria el doctor Juan B. Justo, que fue
el creador del Partido Socialista, quien en el año 1898 dijo que debemos
extremar nuestra energía para alcanzar una capacitación inicial de los alumnos
y mayor higiene y seguridad en el trabajo. Ya hace más de un siglo que se viene
trabajando en ello. Lo sé porque, además de ser médico, soy profesor de primeros
auxilios y capacito a un sinnúmero de empresas, tanto oficiales como privadas,
en materia de higiene y seguridad. Cuando les consulto si saben que las ART
tienen la obligación de capacitarlos en forma periódica, me responden que no y,
lamentablemente, ello no se lleva a cabo.
Cuando
uno piensa en esto, dice: “¡Caramba!”. Si se pone blanco sobre negro, ¿cuántas
empresas cumplen con la ley sobre Riesgos del Trabajo, dando cursos de
capacitación? Sin ir más lejos, estuve preguntando en el Congreso, a los asesores,
a los miembros de Seguridad y demás, quiénes toman cursos de capacitación en
higiene, seguridad y primeros auxilios, y un escaso porcentaje lo hace a través
de las ART, siendo esto opcional.Por eso es muy importante que sepamos que esto
forma parte de la letra muerta de la ley.
Cuando
en Salta hacíamos hincapié en la importancia de llevar un médico más al
Congreso, estábamos hablando de los aportes positivos que podíamos hacer al
área de la salud de los argentinos en general y de los trabajadores en
particular.
Cuando
se habla de disminuir los accidentes de trabajo mediante la promoción de la
salud, se pretende bajar la cantidad de enfermos e incapacidades, permitiendo
que los trabajadores puedan llevar el pan a su casa con el derecho inalienable
del trabajo. Pero hoy no estamos hablando de ello, sino simplemente de indemnizaciones en forma
parcial.
Teniendo
en cuenta que mi compromiso fue que los argentinos no sólo podamos vivir más,
sino también mejor, no voy a acompañar este proyecto.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Comi.- Señor presidente: quiero comenzar estas
palabras haciendo una reivindicación a los abogados, porque se los hace
aparecer aquí como los malos de la película. El oficialismo está buscando algún
chivo expiatorio, algún culpable, y parece que los abogados laboralistas, que
son los que defienden los derechos de los trabajadores, los asesoran y los
asisten a la hora de un accidente, son los que este Congreso mereciera
repudiar.
Por
lo tanto, en honor a los abogados que defienden en serio a los trabajadores
hago este reconocimiento. Se ocupan de una rama del derecho que no da riqueza y
no genera nuevos ricos, contrariamente a otros casos que, de la mano de esa
profesión, en los momentos más terribles del país se han hecho millonarios. No
son los abogados laboralistas los que se han hecho millonarios de la mano de la
usura en los momentos en que la gente desaparecía en este país. (Aplausos.)
Así que
reivindico expresamente la profesión de abogado, más allá de todo lo que se
diga y de todas las palabras que se tratan de encontrar, porque cuando se
quiere explicar lo inexplicable se hacen discursos difíciles.
Hoy
es un día negro. Claramente lo que hoy se pretende votar constituye un agravio
a los derechos de los trabajadores. Por eso, festejan los empresarios. Por eso,
el proyecto se anunció en el lugar en que fue presentado y aplaudido -como se dijo aquí- a rabiar por los empresarios.
Nuestro
bloque ha suscripto con orgullo el dictamen del señor diputado De Gennaro,
porque fue elaborado por los trabajadores y
El
dictamen suscripto por el señor diputado De Gennaro dice lo siguiente: “La
presente ley tiene por objeto garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias
para la prevención de riesgos derivados del trabajo y la reparación de los
daños e incapacidades ocasionadas por los accidentes”. Ese es el norte que
debería tener el debate, pero no es lo que estamos haciendo.
Tienen
razón los diputados que sostienen que estos son los mismos argumentos que en su
momento se utilizaron para bajar el costo del trabajo, hacer más eficiente la
relación laboral y tantas otras cosas que también se dijeron en el Parlamento
en los 90. Así nos fue, y hoy todavía estamos recorriendo ese camino.
Pero
este no es el único hecho que nos preocupa de este itinerario que ha elegido
este gobierno, especialmente en estos últimos meses.
En
diciembre el Congreso votó la ley antiterrorista, que introdujo tipos abiertos
como solamente las dictaduras militares habían hecho en este país, dejando a
los jueces la posibilidad de que consideren qué es un hecho terrorista. Esto
fue una vergüenza.
Después
Después
le quitaron la personería a las entidades que decían que las cosas aumentaban,
porque contradecían el discurso oficial.
Hoy
también podríamos hablar de la megaminería y el apoyo explícito que hacen a
esta actividad, que destroza los recursos naturales de los argentinos, no
solamente ahora, sino también para las generaciones futuras.
Así,
hoy vienen aquí y presentan este proyecto, y lo pretenden hacer con un tufillo
nacional y popular, pero lo que en realidad hacen es extorsionar al trabajador
para que elija entre una vía u otra. De
este modo, los trabajadores no pueden acceder a
En
mi provincia dicen que si es blanco y negro, da leche y es rumiante, es una
vaca. Si ustedes nos quieren decir que
esto es nacional y popular, permítaseme dudar.
Para
finalizar, quiero traer a colación en este debate una anécdota. En 2010, cuando
la oposición era mayoría en este recinto,
promediando un debate, el señor diputado Rossi nos dijo esa noche: “Miren
las encuestas; se van a llevar una sorpresa”; sin duda ese fue un preludio del
resultado electoral de 2011. Hoy les digo lo mismo: ustedes creen que pueden
hacer cualquier cosa, que todo está permitido y que la mayoría es para siempre;
miren las encuestas de estos días, porque no saben la que se les viene: la
gente está harta de este modelo de prepotencia y de autoritarismo. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Pucheta.- Señor presidente: hoy más que nunca
quería estar presente en esta sesión para fundar mi voto negativo a un proyecto
que lo único que hace es ir en contra de los trabajadores.
Quien
les habla es una militante social que no está de acuerdo con esta propuesta.
Durante el debate se han aportado muchos números, pero lo único que yo sé es
que esto va en contra de los trabajadores, gracias a los cuales se han llenado
los bolsillos miles de empleadores. Hoy ustedes se ponen en contra de
ellos. De ahí mi voto por la negativa.
No
estoy de acuerdo con que se siga jugando con los trabajadores; no estoy de
acuerdo con que se les siga recortando sus beneficios solo porque ustedes lo
dicen o porque les parece que es lo mejor. Evidentemente, les importa muy poco
aquel trabajador que se levanta temprano para ir a trabajar y enriquecer a
quienes más tienen. Con este proyecto, van en contra de todos ellos.
Creo
que con esta iniciativa solo pretenden endulzar los oídos de los trabajadores
con una indemnización supuestamente mayor a la actual. Lo cierto es que de
aprobarse este proyecto, se va a privar al trabajador de la doble vía ante un
probable reclamo por un accidente laboral.
Digo esto porque en caso de un accidente de
trabajo, hoy el obrero puede cobrar el seguro de
¿Eso
es lo que quieren hacer con este proyecto?
¿Quieren dejar sin nada a los trabajadores y beneficiar a las
patronales?
- Ocupa
Sra.
Pucheta.- ¿Acaso no conocen el sufrimiento de los
jubilados en su lucha por el 82 por ciento móvil? Muchos de esos jubilados han muerto sin
siquiera haber recibido una sentencia favorable.
Por
estas razones digo que esta indemnización es puro cuento. Nos han dicho que lo
que pretenden es frenar la industria de los juicios, cuando en realidad de
todos los accidentes laborales solo el 8 por ciento termina en una instancia
judicial. En mi opinión esta es una excusa más con la que solo buscan
beneficiar a la patronal.
Este
expediente ha sido presentado como un nuevo proyecto de ART; sin embargo, no
dice nada en materia de prevención.
Me
enorgulleció escuchar al compañero
De Gennaro y por eso acompañé su proyecto. Él sí habla, ante todo, de
resguardar al trabajador. ¿Cuándo vamos a pensar en el otro sin dejar de pensar
en uno mismo?
Por
eso los problemas de los trabajadores se tienen que debatir día a día y no
solamente cuando se le antoja al Poder Ejecutivo. No estoy de acuerdo con que
siempre nuestra clase tenga que estar sufriendo privaciones porque el Poder
Ejecutivo así lo quiere.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Tucumán.
Sr.
Santillán.- Señora presidenta: ante todo quiero
agradecer a algunos miembros de este cuerpo por su preocupación de tratar de
hacernos recordar que somos peronistas.
Aclaro
que todo este bloque y el gobierno nacional en cabeza de nuestra presidenta
todos los días demostramos que somos peronistas. Se demuestra porque se trabaja
en función de la gente, por las gestiones de gobierno que se vienen llevando a
cabo y porque los hechos concretos demuestran lo que se busca. El ejemplo
concreto está dado por todo el avance que ha tenido
Como
somos peronistas, también tenemos muy en cuenta el proyecto de ley que estamos
considerando. Como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Y
como peronistas sensibles que somos, cuando vemos la realidad nos damos cuenta
de cómo sufre un trabajador cuando tiene un accidente de trabajo por el eterno
tiempo que llevan las gestiones para el cobro de la indemnización y por todas
las situaciones que tiene que padecer para poder acceder a ese derecho, en el
marco en que se venía desarrollando hasta ahora.
Creo
que esta modificación es muy positiva, porque es expeditiva, práctica y
necesaria para los trabajadores, ya que actualiza y eleva los montos
indemnizatorios cuando el trabajador sufre un accidente laboral. También
establece el plazo máximo para el cobro efectivo del valor que le corresponde
al trabajador accidentado. Hay que interpretar lo que le sucede a un trabajador
accidentado, como decía recién.
Se
habla mucho en contra de este proyecto y no se tiene en cuenta que ataca el
problema en forma directa y precisa, porque busca dar a la clase trabajadora la
garantía de ejercer su derecho a una indemnización justa y actualizada.
El ministro de Trabajo, cuando nos visitó en
Tal
como se lo viene haciendo en distintos programas desde el ministerio y
Más
importante aún es la reparación integral
del daño en forma actualizada y rápida, gracias a estas modificaciones, porque
se supo interpretar la necesidad de los trabajadores.
Una
vez más, quienes representamos al pueblo y defendemos sus derechos no lo
hacemos sólo desde la retórica, como lo hacen algunos, sino sobre todo desde los
hechos, donde se plasma la mejora en la calidad de vida de los argentinos.
Voy
a votar a favor de esta modificación, porque no es simplemente una cuestión
política la que está en juego aquí y ahora. Son los derechos de aquellos
trabajadores que están en sus casas a la espera de una solución para ellos y
sus familias. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Cortina.- Señora
presidenta: en un tramo de la sesión en la que se trató la ley de
matrimonio igualitario, el diputado Agustín Rossi dijo que después de las
palabras del diputado Ricardo Cuccovillo ya no hacían falta más discursos, que
estaba claro lo que había que votar. Con mucho respeto sostuvo que los otros
discursos estaban de más.
Quizá
en esta sesión muchos discursos estén de más después de la brillante
intervención del colega y compañero de mi Interbloque, diputado Víctor De
Gennaro, pero en estos breves minutos diré algunas cosas.
Como
saben los compañeros peronistas, socialistas y de izquierda, la lucha y la
discusión en favor de la seguridad y la higiene en el mundo del trabajo –a
partir de disminuir los riesgos de los trabajadores- prácticamente nacieron con
el movimiento obrero. Los socialistas estamos orgullosos de que el primer
antecedente fuera la ley de accidentes del trabajo sancionada en 1915, de
autoría de Alfredo Palacios.
Próximamente
se cumplirán cien años, y es notable que ya en aquella época se hablara de que
los peligros ocasionados por el funcionamiento de la máquina deben estar a
cargo de la industria. Hace casi cien años el concepto indicaba que la
responsabilidad objetiva era del empleador.
Todos
sabemos que hubo un terremoto político, social y económico en
Para
satisfacer a los organismos internacionales de crédito se puso en marcha un
conjunto de reformas, entre ellas una vergonzosa moneda de dos caras: por un
lado, la eliminación del sistema de jubilación estatal y la creación de las
AFJP, y por el otro, las ART, como nuevo sistema de riesgos del trabajo.
El
objetivo era claro: se excluía al empleador como sujeto pasivo directo. Esto
importó un enorme retroceso para los trabajadores en su conjunto y tuvo como
consecuencia el nacimiento de lo que se conoce como la doble vía, habilitada por
¿Qué
tiene que ver esta ley con la estatización de las AFJP? ¿Quieren una cara de la
moneda con las convicciones que todos compartimos y otra con la profundización
de la década del noventa? ¿Quieren sancionar una ley que los jueces laborales
ya han dicho que no podrán aplicar? Es un proyecto de ley que no podrán aprobar
con quienes defendimos la estatización de las jubilaciones, y que tendrán que
sancionar con otros sectores políticos que no son afines al oficialismo.
Todos
los supuestos beneficios, el 20 por ciento adicional, la aceleración o el
acortamiento de los plazos y la actualización semestral, no sirven para
esconder el beneficio en favor de los empresarios. Incluso, frente a los
industriales usan los mismos escenarios y discurso: es para terminar con la
industria del juicio, tomando los mismos argumentos que utilizaba Cavallo en
los 90. El eje es el mismo: mantener disminuida la responsabilidad empresaria
en lo que respecta a la seguridad y los riesgos del trabajo, que muchas veces
sufren nuestros trabajadores.
Hoy
es un día triste, porque estamos perdiendo la oportunidad histórica de avanzar
en un nuevo marco legal que exprese una visión integral de la seguridad, la
salud de los trabajadores y el medioambiente del trabajo, en lugar de priorizar
la prevención y la defensa de su integridad psicofísica por sobre la garantía
de la ganancia empresaria.
Votaremos
en contra del dictamen de mayoría oficialista porque no somos hipócritas. Por
las mismas razones que acompañamos la estatización de las AFJP, jamás podríamos
votar por la afirmativa este dictamen. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por
Sr. Cardelli.- Señora presidenta:
en el último tiempo el gobierno nacional ha empezado a dar señales en una
dirección diferente. El antecedente de esta norma es la ley antiterrorista, que
también se votó por mecanismos y procedimientos que nada tienen que ver con la
consulta a la ciudadanía y menos aún con los antecedentes que tenía este
gobierno en materia de juicio y castigo a los genocidas.
Ahora
aparece esta iniciativa que claramente tiene un sentido “antitrabajador”, justo
con el mismo procedimiento, ya que la consulta a las organizaciones sindicales prácticamente
ha sido inexistente; en todo caso, las que fueron consultadas no tuvieron
presencia pública para debatir y debieron denunciar en otros ámbitos.
Tampoco
un proyecto de estas características ha tenido la suficiente consulta. De modo
que el procedimiento utilizado ha sido francamente antidemocrático. No se puede
negar que esta iniciativa expresa un acuerdo político del gobierno con algunos
sectores, donde la prioridad la tienen los empresarios. Está claro que los
empresarios están pidiendo –más aún, exigiendo‑ condiciones para
invertir, algunas de las cuales –así lo plantearon el año pasado‑ son
poner techo a las paritarias, establecer un bajo salario mínimo y contar con
una ART donde el costo de la salud laboral sea realmente bajo.
Insisto
con lo que dije al principio: este gobierno empieza a hacer concesiones y a dar
señales hacia otros sectores. No solo sigue presente el modelo mercantilista,
sino que se ha profundizado. Hay sectores de la sociedad en los que el Estado
no se encuentra presente: la educación, la salud y las ART.
De
ninguna manera se puede decir, como tantas veces se ha jactado el gobierno, que
tenemos más Estado en el control de la salud de los trabajadores o del empleo
en negro. En todo lo que se vincula con la protección de los trabajadores,
venimos heredando la legislación que se generó en los años 90 con el
achicamiento del Ministerio del Trabajo; nada ha mejorado en materia de
protección laboral.
Hay
que decir la verdad: para las ART, los trabajadores son una fuente de ingresos,
mientras no se enfermen mucho y denuncien poco. Podríamos decir que los
trabajadores funcionan como un negocio, pero también como un enemigo. ¿Cómo
podemos esperar que de las ART aparezcan políticas de prevención? No les
interesa absolutamente para nada el tema de la prevención, porque tienen que
vender sus servicios a las empresas y éstas no quieren pagar costos laborales.
Creemos
que esta norma acentúa o profundiza un cierto gesto hacia otros sectores,
concretamente los más poderosos. Teniendo en cuenta estos conceptos, no vamos a
votar favorablemente este proyecto de ley, y como adherimos a la propuesta de
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por
Sr.
Martínez (J.C.).- Señora presidenta: estamos
asistiendo a un debate muy importante y, por lo que veo, con un oficialismo
dividido en su línea argumental: por un lado, están los ortodoxos y en el
Senado, Pichetto.
Se
habla de cuestiones que yo pensaba que ya no se iban a escuchar en boca de
gente de este gobierno, como la generación de empleo, la industria del juicio,
la flexibilización y la reducción de costos: todo lo que Menem y Cavallo decían
en su momento cuando impusieron este tipo de leyes, con las flexibilizaciones y
las privatizaciones en el país.
Pero
también desde el mismo oficialismo, escuchamos a diputados como Heller, con el
respeto que le tengo, y a otros que ponen en línea a este proyecto con uno pro
revolucionario, como si hubieran bajado de Sierra Maestra y llegaran al recinto
para que lo aprobemos.
Lo
cierto es que en su momento Menem puso la seguridad social en manos de los
privados, y este gobierno con este proyecto y con otras actitudes consolida esa
línea de trabajo.
Debemos
decir que las estadísticas indican que tenemos el triple de siniestros que en
Europa, cerca de 900 mil siniestros por año. Tenemos que hablar del fracaso de
este sistema y de esta ley; teníamos la oportunidad de sentarnos a trabajar
para hacer una ley nueva, poniendo hincapié en algo que este proyecto no
menciona: la prevención, que es lo que más nos debe interesar.
Este
sistema fracasó. Respecto de los argumentos no tengo tiempo para darlos en su
totalidad, pero coincido con lo que dijeron los señores diputados Santín, Bazze
y otros de nuestro bloque, como así también lo que mencionó el señor diputado
De Gennaro, que me parece que ha sido muy claro.
Quiero
ocupar el poco tiempo que me resta para explicar lo que pasa en nuestra
provincia,
Hace
mención a los municipios y las provincias, y esto ha sido utilizado por los
municipios y las provincias, como la nuestra, no dejando ninguna posibilidad a
los trabajadores, porque no han armado un sistema propio. En nuestra provincia
el trabajador que tiene un siniestro no cuenta con una oficina para reclamar, y
no le queda ninguna posibilidad después de que acude por la vía administrativa
al Ministerio de Hacienda. Sólo le queda recibir lo que le dan, pero es muy
poco y para colmo no se lo pagan.
Cuando
pretende hacer el reclamo judicial, se da cuenta de que la causa está
prescripta, porque transcurrieron dos años. Es el peregrinar que tienen los
trabajadores de nuestra provincia, y en los municipios es mucho peor, porque
éstos no tienen autonomía, no son empleadores, no tienen ley de coparticipación
y dependen de la voluntad del intendente. Por eso normalmente no tienen dónde
reclamar un siniestro de estas características. Podemos decir que por
Pensaba
que con este debate íbamos a tener, como en otras oportunidades, las gradas
llenas con los amigos del trabajo, las ONG, las organizaciones de derechos
humanos, los chicos de
Eso
seguramente se debe al reconocimiento de que esta iniciativa no tiene nada que
ver con el supuesto proyecto nacional y popular que el oficialismo dice
defender. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr.
Moyano.- Señor presidente: voy a hacer un aporte
escueto, porque voy a insertar mi discurso, pero me parece importante abordar
algunas cuestiones y reflexiones que tienen que ver con la historia, para que
tengamos en claro el sentido político y el valor simbólico que tiene la
aprobación de este proyecto de ley.
- Ocupa
Sr.
Moyano.- Creo que no tiene demasiado sentido a
esta altura profundizar sobre los tecnicismos y sobre que este proyecto de ley
–que va a ser ley cuando lo voten, yo no lo voy a votar- reafirma la
inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 24.557.
Este
proyecto fue tratado en una reunión conjunta de las comisiones, y no entiendo
por qué. Nos hemos sentido manoseados los diputados que formamos parte de
En
esa reunión el diputado De Gennaro hizo referencia, y la presidenta lo dijo
también, a que esta ley era aprobada por los trabajadores. En este sentido me
gustaría compartir algunos hechos históricos.
En
1995 fue sancionada la ley 24.557, con el acompañamiento de sectores
sindicales, llamativamente los mismos sectores sindicales que en 1998 llamaban
a la hoy presidenta de
Una
nota del diario
“La
delegación sindical estuvo compuesta por Daer, Armando Cavalieri (mercantiles),
Rubén Pereyra (Obras Sanitarias)...” –no sé por qué no estuvo José Luis
Lingieri‑ “...Luis Barrionuevo (gastronómicos), Andrés Rodríguez (UPCN),
Carlos West Ocampo (sanidad) y Oscar Lescano (Luz y Fuerza)”, infaltable cuando
se trata de entregar intereses o derechos de los trabajadores.
En
este sentido tenemos que destacar –y de hecho es la misma actitud que he
adoptado con el diputado Plaini- que cuando en el año 1998 estos mismos
sindicalistas llamaban a la hoy presidenta para que diera quórum, ella sin
tener una actitud dubitativa no lo hizo. Hoy nos encontramos con este mismo
sector sindical aplaudiendo esta iniciativa, y según Cavalieri se van a ahorrar
plata los empresarios y los trabajadores o, mejor dicho, los sindicatos.
Es
bochornoso el hecho de que vemos a empresarios defendiendo únicamente este
proyecto de ley. Comparto con algún diputado opositor cuando hace referencia a
que no hemos escuchado un argumento sólido que sostenga la defensa de este
proyecto de ley, que indudablemente se tiene que llamar “proyecto de de
Mendiguren” o, como bien lo definió Horacio Verbitsky –creo que es la mejor
calificación que he escuchado-, “el engendro de
Quiero
manifestar la postura de la central obrera a la que pertenezco de oposición a
este proyecto de ley, porque no hace otra cosa que reafirmar el negocio de las
ART, con la vida y la sangre de los trabajadores, subiendo el precio a los
brazos, a los ojos y, en definitiva, a la salud.
Quiero
remarcar, como señalé en mi discurso, que no voy a votar este proyecto. La
dignidad se encuentra en los establecimientos de trabajo, en los peajes, en los
camiones, en el trabajador que hace el día a día de la patria, y de ninguna
manera se halla en la aprobación de este proyecto de ley, que es un engendro de
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Pérez.- Señor presidente: ha llegado a nuestro
análisis el proyecto de ley que acompaña el mensaje 1.721 del Poder Ejecutivo,
elaborado dentro del marco de las transformaciones laborales.
El
citado mensaje expresa que se trata de un proyecto que atiende la reparación de
los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Pensé que esta
iniciativa venía a resolver los problemas de los trabajadores, como la parte
más débil de toda relación laboral, pero sin embargo me encontré con un
proyecto hecho a medida de los de Mendiguren y otros que sostienen la misma
idea. ¿Por qué digo esto?
Analizando
el proyecto, particularmente su artículo 4°, advierto que se dice al
trabajador: “Ocurrido un accidente de trabajo te corresponde tanto, más un
porcentaje determinado en el artículo 3°, conforme a un ajuste dispuesto por el
artículo 8°, y se acabó. Si no te gusta, hacé juicio, pero no en el fuero
laboral, sino en el civil”.
Todos
sabemos que litigar en el fuero civil no es lo mismo que hacerlo en el fuero
laboral, porque los tiempos son distintos y los jueces tienen criterios
diferentes. Entonces, tendremos al trabajador esperando durante años la
decisión de
En
caso de que el trabajador no acepte esa vía, debe elegir otra, que es
excluyente; me refiero a la indemnización tarifada, con un ajuste, según la
valoración del índice RIPTE, elaborado por un organismo del Estado. Me pregunto
si tal índice será como los que elabora el INDEC. En tal caso: pobre
trabajador.
Se
está jugando con la necesidad del trabajador y de su familia, máxime aun cuando
aquel se encuentra en una situación de completa vulnerabilidad a raíz de un
accidente o aquella debe afrontar una situación de fallecimiento de un
familiar. Nosotros, como peronistas, no podemos permitir esto. Además, se niega
al trabajador el derecho a recurrir al fuero natural, que es el laboral. Así,
los trabajadores no tendrán derecho a acudir a jueces laborales; una barbaridad
que, como peronistas, nos duele, porque el fuero laboral fue creado por Perón
para que los trabajadores tuvieran un ámbito especializado en
¿Qué
pasaría si el trabajador, dado su estado de necesidad, aceptara recibir la
indemnización tarifada que se le propone, aunque esta no le satisfaga o sea
injusta e insuficiente? ¿Vamos a prohibirle que se presente ante
El
acceso a
En
función de lo expuesto, adelanto que al igual que mis compañeros del Frente
Peronista votaré por la negativa. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor
diputado por
Sr.
Prat-Gay.- Señor presidente: los diputados
preopinantes de mi bloque han expresado en forma clara nuestra postura en
relación con este proyecto de ley.
Lo
ha dicho con mucha claridad el diputado Comi: se trata de una extorsión al
trabajador, al que se le da la opción –prácticamente la obligación- de tomar la
única vía que se le ofrece.
Explicó
muy bien la señora diputada Terada cuáles son las objeciones jurídicas que
tenemos en relación con este proyecto de ley, y con más elocuencia lo explicará
el señor diputado Piemonte –un militante de la causa de los trabajadores-,
cuando haga el cierre del debate por parte de nuestro bloque.
Quería
hacer una o dos observaciones, porque creo que en su fervor por defender un
proyecto que va claramente en contra de los intereses de los trabajadores, el
oficialismo ha cometido errores.
Se
nos dijo que es un gran premio –una gran zanahoria- incrementar las
indemnizaciones en un 20 por ciento.
A
lo largo de toda la sesión se nos ha hablado del caso de fallecimiento contemplado
específicamente en el punto 6. del artículo 17. Por supuesto que se han inflado
los números, porque solamente representa el 6 por mil de los casos que
legislará la futura norma. Solamente se están contemplando 61 fallecimientos
entre un millón de trabajadores. Para los demás solamente habrá un incremento
del 20 por ciento en las indemnizaciones, como zanahoria para no ir por la vía
judicial.
Ese
20 por ciento ni siquiera cubre la inflación del INDEC entre 2009 y 2012. Ni
hablar de la inflación real.
Si
tenemos en cuenta las actualizaciones de las indemnizaciones desde 2003 –porque
pareciera que la vida empieza en ese año-, solamente en algunos casos aislados
las indemnizaciones habrían aumentado más que la inflación acumulada en todo
ese tiempo.
Hablando
de la inflación futura acumulada quiero remarcar una cuestión. Los diputados
oficialistas han dicho que una de las virtudes de este proyecto tiene que ver
con la actualización que se va a producir en función del índice del RIPTE.
¿Cuál es la virtud de la movilidad? En realidad, con esto el oficialismo está
reconociendo lo que quiere esconder: que la inflación es más alta que lo que
publica el INDEC.
Si
aplicamos la movilidad para las indemnizaciones, ¿por qué no la aplicamos para
subir el mínimo no imponible? Existe un proyecto de ley de la oposición para
este caso. O sea que para una cosa sirve el ajuste y para otra no. En
definitiva, ya se han agotado los argumentos.
Es
bastante claro que no es cierto que este proyecto de ley vaya a resolver la
inconstitucionalidad que estableció
Como
ha dicho la señora diputada Terada, posiblemente se vaya a incrementar la
“industria del juicio”, como consecuencia de que según nuestra interpretación
la ley será inconstitucional. Entonces sólo nos queda preguntarnos a quién va a
beneficiar y a quién va a perjudicar. O sea, quién gana y quién pierde. Veamos
quién celebra y quién protesta. Celebra
Muchos
diputados preopinantes han hecho una excelente comparación con los años 90.
Creo que eso es efectivamente así: en los 90 había atraso cambiario y
estancamiento del empleo. Durante la gestión de Cristina Kirchner el empleo se
incrementó solamente en 700 mil puestos de trabajo, 160 mil por año, menos de
lo que aumenta la población económicamente activa cada año.
Hay
un problema en el empleo y ‑exactamente igual a la receta de los 90‑
se lo combate con atraso cambiario y con medidas que ajustan el costo laboral y
perjudican a los trabajadores.
Por
esta razón y por las razones que se han mencionado previamente en nuestro
bloque vamos a votar por la negativa el dictamen de mayoría.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Cerrando la lista de oradores, tiene la palabra el señor
diputado por Santa Fe.
Sr.
Cleri.- Señor presidente: la vez pasada
escuchamos un debate que estaba muy lejos de la realidad. Hoy me da la
sensación de que muchos diputados quizá nunca han visitado un estudio jurídico
ni visto cómo sufre un trabajador por tener que esperar y mostrar su
incapacidad para cobrar en algún momento una indemnización justa e integral.
Para
los que no conocen la realidad, cuando un trabajador sufre una incapacidad
tiene que ir a un abogado, que le dirá qué incapacidad tiene, y luego a
Hoy
estamos trayendo un proyecto de ley donde diputados de izquierda y otros de derecha
nos pegan. Nos golpean tratando de basarse en la historia y por cuestiones que
no atienden la realidad concreta nos quieren demostrar que no somos peronistas,
porque ellos nos dicen que seguimos avanzando en el sentido de la defensa del
trabajador y el proyecto nacional. (Aplausos.)
Estamos
modificando el artículo 39, dando lo que se llama una ley corta, para empezar a
ver cómo cambiamos esta realidad y avanzamos un paso más para que los
trabajadores puedan estar en mejores condiciones que las que tenían con el
sistema menemista neoliberal. Por votar en contra a ninguno se le podrá decir
que no es neoliberal, porque se es neoliberal según la forma de vida, no por
apoyar o no un proyecto de ley. Estoy convencido de que la forma de ser de
muchos sigue siendo neoliberal y por no apoyar proyectos colectivos así están.
Voy
a dar ejemplos que se citaron acá. Hablaré de la provincia de Santa Fe, porque
me da mucha lástima, y no de otro tema. Me da una vergüenza absoluta tener que
hablar de la provincia de Santa Fe en estos términos, cuando uno antes se
paraba orgulloso cuando la nombraba. Hoy esta provincia es una vergüenza por la
política de complicidad con el narcotráfico.
Todos
los diputados presentes deben saber que la prevención estaba en cabeza de las ART,
de
En
la provincia de Santa Fe levantan la bandera de las comisiones mixtas. Tenemos
48 mil empresas y hay 1.100 comités delegados de la provincia que previenen.
Hay 32 mil microempresas, 9 mil pequeñas, 2.900 medianas y 1.700 grandes.
Parece que el número coincide. El comité mixto funciona en las empresas
grandes, porque seguramente no llegan adonde deben llegar, que son las empresas
pequeñas y medianas. Puede ser una cuestión de Estado de un gobierno tener
presencia o simplemente hacer la plancha.
Pero
más allá de esto, en la provincia de Santa Fe, que tiene en cuenta el tema de
la prevención que aquí se ha venido a discutir
-y seguramente tenemos que profundizarlo-, hay 85 agentes en el
Ministerio de Trabajo, de los cuales solamente 17 son inspectores y se ocupan
de las construcciones en la ciudad de Rosario, que representan el 30 por
ciento.
En
la ciudad de Rosario crecen edificios y se hacen inversiones privadas, porque
público no hay nada, excepto lo que hace el gobierno nacional. El 70 por ciento
tiene fallas eléctricas y el 60 por ciento no cumple con los requisitos
necesarios para que el trabajador tenga seguridad cuando va a trabajar. De esta
manera, la sangre del trabajador sigue estando a costa de seguir vendiendo una
Barcelona, una ciudad que verdaderamente es una máscara que encubre un marketing que en algún momento se podía
disfrazar, pero que hoy, cuando tienen que dar la cara, no lo hacen.
He
escuchado que un diputado dijo que el peronismo no llegó a
Esta
política no sólo es de índole universitaria, sino que también brinda vivienda,
asignación universal y trabajo digno. La dignidad se da cuando el trabajador
llega a su casa, tiene la respuesta del Estado, puede llenar la olla y
compartir el alimento en la mesa con su familia.
De
esta manera, sabe que hay un Estado presente e inclusivo que defiende al pueblo
y a los trabajadores, pero no a las corporaciones. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Piemonte.- Señor presidente: a partir de lo
planteado por la señora diputada Camaño, tuve que rearmar mi intervención,
porque creo que podríamos hablar horas de los fallos judiciales, de la
inconstitucionalidad y de todos los detalles de la iniciativa.
En
este sentido, anticipo que voy a insertar todos los análisis pormenorizados que
he realizado, porque si bien lo dijeron muchos señores diputados, no quiero que
queden afuera de mi intervención.
Tampoco
voy a hablar del tratamiento que ha tenido el proyecto en esta Cámara, es
decir, del análisis exprés, tipo escribanía, palabras que tanto molestan al
señor diputado Feletti cuando las mencionamos.
Creo
que el tratamiento de este proyecto ha sido inédito: desde la sanción del
Senado pasaron dos días hábiles hasta que se firmó el dictamen, pero no se
escuchó a un solo diputado, ni siquiera al presidente de la comisión cabecera.
Creo
que este trámite inédito marca el valor que el oficialismo otorga al Congreso
de
Pero
este es un debate más profundo. No voy a hablar de estas cosas. Reitero que voy
a insertar el análisis de este proyecto de ley y no me voy a referir a este
tema.
Este
debate es eminentemente político. A partir de lo que decía la señora diputada
Camaño, tenemos que preguntarnos cómo procedemos y tomamos las decisiones cada
uno de nosotros. Ella lo graficaba muy bien cuando decía que, siendo parte del
oficialismo, votó en contra de la ley de ART.
Creo
que el oficialismo no puede ni debe usar el argumento que utilizaron Pichetto y
Cavallo, tendiente a la disminución de la industria del juicio y de la
generación del empleo. Esos argumentos se han repetido todas y cada una de las
veces que se han votado proyectos en contra de los trabajadores en nuestro
país. Espero que no volvamos a escuchar ese argumento en el cierre del bloque
del Frente para
Quiero
hacer una aclaración. Ya lo dijo el señor diputado Solá en la sesión anterior:
muchas veces el debate que se da en esta Cámara, que tiene que ver con el
folclore de dónde nos paramos y cómo nos revoleamos por la cabeza la historia
del menemismo y de
Más
allá de que casi todos hemos cometido errores y hemos estado en algunos lugares
equivocados, también casi todos nosotros hemos tomado decisiones muy valientes
durante nuestra historia política.
Yo
apoyé el gobierno de Menem. Pertenecí al Partido Justicialista. Era secretario
general de un sindicato docente. En este
sentido, como ustedes saben, en general los gremios docentes no son peronistas
y, sin embargo, me hice cargo públicamente de dar ese debate en cada una de las
escuelas. ¿Saben cuánto duré en el
gobierno peronista que asumió en 1989?
Creo que fueron sólo 48 horas, cuando Menem decidió que Roig y Rapanelli
eran sus ministros de Economía y que Bunge y Born iba a manejar los destinos
del país. En ese momento pasé inmediatamente a la oposición. Por suerte lo hice, porque estuve en contra
de esta ley de ART que se aprobó en 1996.
No
fueron decisiones fáciles. Fue un momento de mucho desasosiego en la
trayectoria política de muchos de nosotros.
Después
de eso acompañé al Frente Grande, de la mano de Chacho Alvarez, cuando nos
incorporamos a la Alianza. Pero también
tuve que tomar una decisión difícil cuando de la Rúa puso como ministro de
Economía a Cavallo. Para nosotros ése
fue un antes y un después. ¿Saben quién me contesto en la mesa del Frente
Grande cuando sostuvimos que con Cavallo no podíamos seguir en el gobierno más
allá de cualquier tipo de crítica?
Graciela Fernández Meijide y Carlos Raimundi. Ellos sostenían que había
que “bancar” a Cavallo. Después, con Carlos Raimundi compartí parte del ARI.
Por
eso les digo que no tiene sentido que nos corran con la historia. Hemos estado
en lugares distintos y equivocados alternativamente, pero también hemos tomado
decisiones importantes en la vida política de cada uno de nosotros. En lo
personal no me arrepiento de haber dejado la Alianza ni de haber dejado el
menemismo y desde allí haber construido el ARI junto a “Lilita” Carrió, también
desde la nada.
Soy
un hombre de partido y entiendo la importancia de las decisiones colectivas.
Pero hay momentos en la historia de cada uno de nosotros en el que la
conciencia y las convicciones van mucho más allá de las cuestiones partidarias,
de gobierno o de bloque. Coincido en que el 99 por ciento de las veces
seguramente vamos a compartir lo que plantee nuestro gobierno, nuestro bloque o
nuestro partido, pero siempre habrá un margen que tiene que ver con nuestra
historia, con nuestra conciencia y nuestras convicciones en el que tenemos que
tener el coraje de decir “no”.
No
hace falta ir muy atrás para corroborar lo que estoy diciendo. Hace muy poco me
pudieron ver en esta Cámara votando a favor de la estatización del 51 por
ciento de las acciones de YPF cuando la mayoría de mi partido y de mi bloque no
coincidía con mi postura. Lo hice en función de mi historia, de mi lucha y de
mis convicciones. En este caso, creo que muchos integrantes del oficialismo
deberían proceder con el mismo coraje.
Por
otro lado, quiero hacer dos aclaraciones. En la última sesión, en la que se
trató el presupuesto, el diputado Rossi manifestó que no aceptarían sugerencias
de la oposición porque tenía una posición cerrada; es más, dijo que no se iba a
tomar el tiempo ni el trabajo para hacerlo. ¿Saben quién se está oponiendo hoy
a este proyecto de ley? El propio
presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que fue designado en ese
cargo por el oficialismo. Entonces, es mentira que no aceptan las sugerencias
de la oposición porque tenemos una posición cerrada. La verdad, es que ni
siquiera aceptan las sugerencias del presidente de la comisión que ustedes
mismos designaron.
Están
actuando mal. Están desprestigiando a esta institución, el Congreso de la
Nación, que es la encargada de generar los consensos necesarios en los temas
centrales de la Argentina.
Estoy
seguro de que ustedes saben que este proyecto de ley es malo, que es
inconstitucional y que ni siquiera es perfectible, tal como lo señaló la señora
diputada Nebreda en la reunión de comisión. Este proyecto va en contra de los
trabajadores. Va a ser una ley menemista.
A tal punto es así que trascribe un artículo de la ley 24.028, que ni
siquiera Menem pudo aplicar en lo atinente al cambio del fuero laboral por el
civil. La eliminación de la doble vía es una barbaridad que ustedes van a
aprobar en el día de hoy. Esto se inscribe en la concepción neoliberal de la
política, es claramente inconstitucional y se inscribe también en el negocio de
las corporaciones financieras que van por 20 mil millones de pesos. ¡Esto es lo que van a votar en el día de
hoy!
Cuando
apresen a algún militante social porque le aplicaron la ley antiterrorista,
ustedes se van a arrepentir de haberla votado. Cuando algún trabajador tenga un
accidente de trabajo grave y a los quince días les vaya a preguntar qué tiene
que hacer, si aceptar la extorsión de la ART o ir a un juicio civil que demore
cinco o seis años, se van a arrepentir de votar esto.
Ustedes
saben que este proyecto no está hecho en defensa de los trabajadores sino para
bajar el costo empresarial. Yo entiendo que algunas veces los gobiernos deben
ceder a la presión empresaria. Fue un lobby muy fuerte del empresariado
argentino. Pero ya no en términos personales, sino de fuerza política, ¿cuál es
el papel de esa fuerza? ¿Aceptar mansamente la imposición que le hacen al
gobierno de Cristina para aplicar esta ley? ¿O son ustedes –mucho más que la
oposición- capaces de decir que no y de detener ese lobby? ¿Qué creen que va a
pasar si no se vota esta iniciativa? ¿Piensan que se va a debilitar el
gobierno? No, se reabre la negociación, se les dice: “señores empresarios, así
esta ley no pasa. Señores empresarios, con la vida de los trabajadores no se
juega.” Ese es el poder de ustedes. Ejérzanlo.
En
la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo el diputado Rossi le
gritaba a un miembro de su bloque: “Vos tenés que votar esta ley porque
entraste por Cristina y te lo manda Cristina.” Muchos de los que estamos acá
entramos por Cristina, por Binner, por Carrió, por Solanas, por Macri, por
Alfonsín o por quien sea. ¿Pero saben qué? Muchas veces tenemos que proceder
independientemente de lo que nos ordena el líder en cuestión porque debemos
votar de acuerdo con nuestras convicciones, nuestra historia y nuestra
coherencia y ejercer el pequeño poder que tenemos de votar lo correcto.
Quiero
finalizar diciendo lo siguiente: en casos en que se juega con la vida y la
muerte de los trabajadores, no hay orden que valga, venga de donde venga. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Pinedo.- Señor presidente: lamento mucho la
actitud de maltrato innecesario que el oficialismo le ha prodigado a la
oposición y a buena parte de la sociedad argentina en el tratamiento de este
proyecto.
Me
da la impresión de que eso es lo que ha generado un debate duro como el que
tuvimos hoy y sin duda ha provocado que el proyecto de ley que estamos tratando
sea menos bueno de lo que podría haber sido.
Estamos
discutiendo ni más ni menos que la ley que regula los accidentes de trabajo en
la Argentina. Este tema tiene por lo menos dos componentes: por un lado, cómo
prevenir los accidentes, cómo proteger a los trabajadores, y por otro lado,
cómo indemnizar los daños que se generan cuando sucede el accidente. Este
proyecto se ha limitado a analizar lo segundo, que es un tema que viene con
mucho conflicto de la justicia argentina y ha perdido la oportunidad de que
trabajemos seriamente en lo primero, que es lo que se ha propuesto desde
nuestro bloque y también desde otras bancadas.
De
todas maneras, tenemos que opinar sobre la iniciativa que está en discusión. En
el día de hoy hubo muchos discursos que
parecen orientados a sostener que en realidad no debería existir seguro que
ampare los accidentes de trabajo. Pareciera que lo único positivo para los
trabajadores de la Argentina fuera poder hacer juicios de monto indeterminado
para garantizar su bienestar. Pareciera que habría algo malo en que haya
seguros para resguardarnos de los accidentes de trabajo, como hay seguros de
responsabilidad civil para resguardarnos de otro tipo de accidentes.
Como
lo muestra la historia de la sociedad civilizada y como sabe cualquier persona
que carece de los recursos para afrontar una emergencia en materia de salud o
los resultados de un accidente grave de tránsito, un drama en su casa o un
incendio, el seguro cumple una poderosa función social.
Durante
todo este debate se trató el tema como si estuviéramos hablando de los
trabajadores de Paolo Rocca por un lado, y de Paolo Rocca por el otro.
Ciertamente si a Techint se le hace y se le gana un juicio por cualquier
accidente de trabajo generado en esa empresa, lo puede pagar. El drama surge
cuando se le produce un siniestro a un señor que tiene una peluquería, una
panadería o un taller para reparar autos, que muchas veces si sufre un
siniestro tiene que cerrar y despedir a todos los trabajadores.
- Ocupa
Sr.
Pinedo.- La función social del seguro es que los
más desprotegidos puedan hacer frente a indemnizaciones altas que sus
trabajadores merecen.
Si
tuviéramos que dejar a los empresarios más pequeños sin la posibilidad de
asegurar a sus trabajadores no podrían pagarles las indemnizaciones altas que
los accidentes de trabajo de esos trabajadores merecen. Quizá podríamos
llevarlos a la quiebra como solución ante un accidente laboral, pero eso no
daría más recursos al trabajador que lo sufrió.
Resulta
obvio que es socialmente relevante y hace a la justicia social permitir que
haya seguros para actividades de riesgo y para el acontecimiento de siniestros
de este tipo que, insisto, ponen en peligro a los más pequeños emprendedores de
cualquier iniciativa de contenido económico de
Un
fallo de
Ni
bien ingresé a
Pensé
que si los jueces pueden decir que una indemnización es integral cuando tenga
determinados contenidos, ¿por qué los legisladores no podemos poner tales
contenidos en una norma y que eso sea una indemnización integral?
La
discusión sobre las ART viene de lejos y se le han buscado muchas vueltas para
ver cómo garantizar la función social del seguro y que esto sea constitucional.
El
Poder Ejecutivo ha avanzado con una idea: mantener la vía judicial abierta pero
dar pautas que permitan que los riesgos sean asegurables. ¿Qué quiere decir
esto? Que se puede asegurar cuando hay una incógnita, pero no cuando hay dos.
Es decir, se puede asegurar en el caso de un accidente de auto asumiendo el
riesgo de que existió; pero no si además del riesgo de que el accidente se
produzca, existiera el riesgo de no contar con una pauta sobre cuánto
corresponde pagar en caso de accidente. Alguna pauta razonable de indemnización
integral de acuerdo con los criterios de los jueces argentinos habría que
buscar. Por eso propuse en su momento que se actualizaran las prestaciones de
indemnización, que es lo que busca de alguna manera el proyecto que estamos
discutiendo.
Considero
que hay mucho espacio para proteger los derechos de los trabajadores de verdad
y no de la boca para afuera, y comprender que la estructura productiva moderna
no es la del siglo XIX con enormes empresas textiles en Brighton, Inglaterra,
donde millones de trabajadores no tienen ningún derecho. Esa estructura
productiva no existe en la Argentina y probablemente tampoco en el resto del
mundo.
Realmente
creo que había mucho espacio para defender el derecho de los trabajadores y
buscar acuerdos suficientes con gente que tenga un poco de sentido común, buena
fe, buen corazón y comprometida social y políticamente. Lamentablemente no se
ha buscado ese camino.
De
todas maneras, es bueno para los trabajadores que se hayan aumentado de manera
sustancial las indemnizaciones de riesgos del trabajo y que exista una
actualización permanente y periódica para que no dejen de ser una reparación
integral, que es lo que busca la Corte Suprema. Es bueno garantizar la
asegurabilidad de los riesgos del trabajo, porque eso permite la subsistencia
de las pequeñas empresas en la Argentina, y también dar previsibilidad para
generar empleo y producción en nuestro país.
Por
las razones expuestas, acompañaremos en general este proyecto de ley, y
adelanto que durante el tratamiento en particular haremos algunas
observaciones. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por Santa Fe.
Sra.
Ciciliani.- Señora presidenta: en lo personal,
siento la desazón de la oportunidad perdida. Creí que iba a tener la
posibilidad de votar una ley importante, como lo pude hacer en muchas ocasiones
en estos tres años que llevo de diputada.
Con
el tratamiento de esta norma estamos olvidando una cara de la moneda: la
prevención junto con la reparación. Hablamos de un modelo productivo antiguo,
atrasado, que no entiende que las condiciones de trabajo mejoran necesariamente
la productividad de la empresa. No hay ninguna contradicción en cuidar la vida
de los trabajadores con el lucro de una empresa. Estamos seguros de que cuidar
la salud y la vida de los trabajadores redundará en una mayor productividad de
las empresas y de la sociedad en general.
No
quiero abundar en temas que ya han sido explicitados hondamente por todos los
compañeros del FAP. Simplemente deseo hacer una reflexión ante la enorme
irresponsabilidad y la falta de respeto a la comunidad política santafesina de
parte del señor diputado Cleri. Tal vez por ser joven no ha podido valorar el
esfuerzo que hemos hecho los legisladores y la comunidad política toda. Este no
es un proyecto del socialismo sino que ha sido promovido fundamentalmente por
los trabajadores sindicalizados de origen peronista. Todos ellos, ya sea que estuviesen
afiliados a la CGT o a la CTA, defendieron en la Legislatura de la ciudad de
Santa Fe poder avanzar en sus derechos, y al frente de eso estaba un hombre
intachable en la defensa de los intereses de los trabajadores, como es Carlos
Rodríguez, que ha trabajado con Alfonsín, con Néstor Kirchner y en el gobierno
de Santa Fe. Pero no trabajó para Hermes Binner, trabajó para defender la
calidad de vida de los trabajadores.
Vino
a Santa Fe a crear un Ministerio de Trabajo. Después de veinticuatro años de
gobierno peronista en la provincia encontramos una Secretaría en la que los
expedientes estaban en el baño y también se vendían. Hubo escuchas telefónicas
que demostraban que había inspectores que vendían los expedientes, la salud y la
seguridad de los trabajadores a los empresarios. A eso fuimos a la provincia de
Santa Fe, pero no lo hicimos solo
nosotros, los socialistas. Lo hicimos con el Frente Progresista y con los
peronistas que anteponían los trabajadores a las cuestiones políticas.
Tener
hoy en Santa Fe a 172 mil trabajadores representados por su delegado de
prevención, que lleva en su bolsillo una guía para la acción, que puede
defender sus derechos teniendo la potestad de parar la producción si ve riesgo
para la vida de los trabajadores, es un avance cualitativo.
El
diputado Cleri, que ha sido legislador porque alguien lo puso con el dedo y no
porque haya hecho muchas cosas en su vida, no sabe lo difícil que es luchar
contra el poder. (Aplausos.) En Santa
Fe hemos dado el debate político y la lucha contra los empresarios que veían en
esto un riesgo para sus emprendimientos.
En
la última evaluación tripartita realizada, los empresarios reconocieron que
mejoró dentro de las plantas el diálogo social y se redujo la accidentabilidad
en el trabajo. Falta mucho por hacer, vamos por más, y este año en Santa Fe
empezaron a trabajar los comités mixtos en las escuelas y en los hospitales.
Veo que también en esta Cámara de Diputados hemos comenzado a discutir las
mejoras en las condiciones de trabajo, y en esto tenemos mucho para avanzar.
Debo
reconocer el trabajo conjunto efectuado a lo largo de estos años entre el
gobierno de Santa Fe y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hemos encontrado
en este Ministerio un respaldo cuando tuvimos que sumar inspectores. Se han
integrado cien inspectores a la planta porque cuando llegamos no había ninguno.
Pero nosotros creemos que la mejor defensa la hace el trabajador cuando
defiende sus propios derechos.
Por
eso Estévez Boero propuso en el año 1986 la creación de los comités mixtos en
el ámbito nacional; después lo propusieron Binner y Mónica Fein. Ahora como
Interbloque FAP volvimos a presentar la propuesta, de modo que vamos a seguir
luchando, trabajando, y militando decentemente, pensando en los trabajadores y
en la gente porque creemos firmemente en la política, somos decentes, no
tenemos nada que ocultar y respetamos a las fuerzas políticas adversarias.
Jamás
las vamos a tratar como nos trataron a Vicky y a mí ayer en la reunión conjunta
de comisiones. Nos sentimos agraviadas como mujeres y como políticas por un
diputado que realmente tiene poco para mostrar en sus antecedentes en la vida
política. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra.
Donda Pérez.- Señora presidenta: no nos sorprende
que este proyecto haya visto la luz en la cena de la UIA. La verdad es que no nos sorprende el entusiasmo que
despertó en los sectores empresariales. La verdad es que no nos sorprende que
se hayan puesto felices los mismos que se alegraban y palmeaban el hombro
cuando en este país se cercenaban los derechos de los trabajadores y
trabajadoras.
Por
eso venimos a oponernos desde el Frente Amplio Progresista, sentados en estas
bancas, pero también en la calle se manifiestan los trabajadores y
trabajadoras, ocupados y desocupados, en contra de este proyecto de ley de
vergüenza.
Este
no es un proyecto de ley que cubre los riesgos del trabajo de los trabajadores.
Este es un proyecto de vergüenza, porque una ley de riesgos del trabajo debe
tener la voluntad de proteger a los trabajadores frente a los accidentes,
prevenir esos accidentes, y en el caso de que ocurra inevitablemente un
accidente, procurar la mejor reparación para el trabajador y su familia.
Es
evidente que el gobierno y el PRO no opinan en ese mismo sentido. El leiv motiv
de este proyecto parece ser, como la misma presidenta dijo en su discurso de
presentación, darle competitividad a la economía.
Lo
primero que quiero decir es que los argentinos y argentinas sí tenemos memoria.
Ya sabemos qué se esconde detrás de este concepto. Durante todo el día se me
vino a la cabeza la letra de un tango muy popular, Volver, cuando dice: “Tengo miedo del encuentro con el pasado que
vuelve”. Tengo miedo. Tengo miedo de volver a la mentira de los 90, cuando la
política cambiaria fue en detrimento de la competitividad productiva y a
Cavallo se le ocurrió aplicar el concepto de devaluación fiscal. Claro, como no
podían devaluar por la ley de convertibilidad, lo que hicieron fue tratar de
bajar lo que los empresarios llaman “costos laborales”. Así, recortaron los
aportes patronales.
Llaman
“costos laborales” a la fuerza del trabajo que genera la riqueza en este país y
en el mundo. Quedó demostrado que un fajo de billetes no se reproduce por sí
mismo si no hay hombres y mujeres que trabajan para lograr riqueza.
Nosotros
creemos que es importante tener un gobierno que implemente medidas económicas
que recuperen la competitividad, pero también sabemos que no va de la mano de
bajar esos costos laborales, que en realidad para nosotros no lo son. No va de
la mano de recortar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Señora diputada, se terminó su
tiempo.
Sra.
Donda Pérez.- Están volviendo a la alianza
neoliberal de los 90 con la UCEDE, hoy llamada PRO.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Donda Pérez.- ¡Chiflen todo lo que quieran! ¡Me
daría vergüenza estar sentada con ustedes que votaron la ley antiterrorista! (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
Marcos Cleri, por haber sido aludido.
Sr.
Cleri.- Señora presidenta: en la política lo más
importante que uno tiene es la palabra y se le debe dar un verdadero contenido,
porque la política del piripipí de decir mucho y no mostrar después lo que se
hace ha degenerado en que no se tenga confianza en la misma.
Hoy
dicen otra cosa que ayer. Hoy soy el joven Cleri. Soy joven, tengo 30 años,
pero eso no es un valor en sí mismo. Ayer estaban pidiendo que hubiera cupo
joven en las listas. Gracias a Dios una visionaria, una compañera que va
delante de todos, sin que hubiera una ley dio participación en las listas de
diputados nacionales, provinciales y concejales a muchos jóvenes. Me refiero a
nuestra querida presidenta de la Nación. (Aplausos.)
Va
a ser difícil, después de lo que algunos dicen hoy, tratar de sostener esto con
un promedio de edad en sus listas de más 60 años. Nos quieren correr por
izquierda diciendo que hay que poner un cupo joven, pero muchas veces sin que
exista la ley, la decisión política está.
En
el día de ayer, en la reunión de las comisiones de Prevención de las Adicciones
y de Presupuesto y Hacienda, tratamos un proyecto para tratar de sacar a los
pibes de la droga. Nuevamente, vemos por los medios de comunicación a ONG que
intentan sacar a los pibes de la droga, y el señor diputado Horacio Pietragalla
Corti nos habló desde el corazón en el sentido de por qué confeccionó ese
proyecto y por qué éste contó con el aval de la bancada del Frente para
Me
parece que hay que tener sentido, contundencia. Para seguir enamorando de la
política a los pibes, hay que darles un verdadero contenido y acción. Ésta tiene
que darse todos los días, y la política debe ser utilizada para transformar la
realidad y no para seguir engañando a la gente. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Mendoza.
Sr.
Thomas.- Señora presidenta: está de más decir que
nuestro bloque va a votar en contra del proyecto oficial; oportunamente,
propusimos un dictamen de minoría, que en el apuro y la desprolijidad de la
reunión conjunta de las comisiones no fue aceptado; por lo tanto, se transformó
en una observación total.
Charlábamos
con algunos compañeros del bloque acerca de que si hoy estuviera sentada aquí,
en una banca, la presidenta de
Hoy,
las bandejas no están ocupadas por simpatizantes. En la calle, detrás de la
vallas, están los trabajadores, que son quienes recibirán, entre comillas,
estos beneficios y esta ley dedicada a mejorar sus condiciones laborales. Las
centrales de los trabajadores están en contra, y los diputados oficialistas del
Frente para
A
diecisiete años de la entrada en vigor de la ley de riesgos del trabajo,
profundamente conflictiva en razón de la inconstitucionalidad de muchos de sus
artículos y del fomento de la litigiosidad, el Poder Ejecutivo envia el
proyecto que estamos considerando, que consiste en una modificación parcial y
restrictiva que lejos de adecuarse a los estándares que propone
En
otras palabras, este gobierno ‑que constantemente defenestra las
políticas neoliberales de los 90‑ impulsa una ley basada en el
razonamiento propiamente neoliberal, que juzga y estimula el empleo y la
producción limitando y disminuyendo la responsabilidad de los sectores
empresarios.
Varios
de mis compañeros de bloque más capacitados que yo desde el punto de vista
técnico han detallado la cuestión con minuciosidad, artículo por artículo. De
la misma manera, la cuestión fue advertida por nuestro espacio en el Senado.
Los argumentos que hoy defiende este proyecto oficialista para bajar la
litigiosidad son los mismos que esgrimió Domingo Cavallo, y miren cómo le fue.
Como
a menudo va ocurriendo, encontramos una profunda contradicción entre el
discurso oficial, que condena las restricciones del sistema vigente de acceso a
Lejos
de otorgar una protección mayor y simple a los trabajadores, el proyecto impone
la opción excluyente con renuncia, que obliga al damnificado entre la
reparación tarifada o la emergente del derecho común, de modo tal que si
percibe la primera, renuncia al derecho de poder acceder a la Justicia y
viceversa.
En
segundo lugar, y en íntima relación con lo expuesto anteriormente, establece la
jurisdicción civil sobre la laboral al momento de fijar el quantum de las indemnizaciones.
En
consecuencia, evidentemente que lo que se busca con la norma enunciada es que
no se aplique al trabajador que opta por la acción civil ni la legislación de
fondo laboral ni las normas procesales ni los principios del derecho laboral.
Por
el contrario, no regirá el principio de gratuidad propio del fuero laboral ni
el principio más favorable al trabajador, conquistas históricas. Incluso en la
apreciación de la prueba ni el impulso de oficio entre otros derechos.
Parece
inadmisible que una administración que se precia de justicialista –o como le
gusta a la presidenta, de peronista- nos invite a convalidar semejantes trazos
normativos.
Es
menester destacar también que tratándose de una norma procedimental, no
delegada al Congreso, no puede válidamente extenderse por ley nacional la
competencia de las acciones a todo el país. Por este motivo es que se invita a
las provincias a adherir a esta asignación de competencia al fuero civil. Por
supuesto que adelantamos que va a haber serios inconvenientes para que las
provincias adhieran a esta norma.
Otro
de los puntos que destacaron mis compañeros de bloque, que resulta totalmente
discordante entre la exposición de motivos, la defensa del Poder Ejecutivo del
proyecto y la letra propia de la iniciativa tiene que ver con la fundamental
prevención de los riesgos laborales.
Cristina
dijo que quedaba pendiente una ley de prevención de riesgos del trabajo. ¿Por
qué la dejamos pendiente y no la tratamos antes? ¿Por qué no tratamos un
proyecto integral que abarque el punto central de una ley de este tipo?
El
proyecto de ley no contiene un solo artículo que modifique la reglamentación
actual de la prevención y la falta de controles.
Todas
las legislaciones avanzadas del mundo hacen hincapié en la prevención, como una
herramienta inclaudicable para disminuir la siniestralidad.
Nuestro
gobierno ha suscrito con los demás países de Iberoamérica, para el trienio
2011-2014, la Estrategia Iberoamericana de Salud y Seguridad en el Trabajo,
donde se destaca la prevención como el elemento distintivo sobre el que se debe
trabajar para proteger a nuestros obreros.
Aún
más, el año pasado fue destacado por el Poder Ejecutivo nacional como el año de
la salud y seguridad de los trabajadores y del trabajo decente. Sin embargo,
¡miren lo que estamos por votar! ¿Justo cuando nos decidimos, después de años,
a modificar nuestra legislación específica, nos olvidamos de la prevención? ¿No
será que le estamos haciendo un favor vaya uno a saber a qué sector que pudiera
beneficiarse con semejante omisión?
Otro
de los argumentos del oficialismo consiste en detener la denominada “industria
del juicio”. Sin embargo, el gobierno no repara en que lo que es altísimo no es
únicamente el número de procesos judiciales sino la propia siniestralidad.
Según
datos de la propia Superintendencia de Riesgos del Trabajo en 2011 hubo 675 mil
siniestros laborales de trabajadores registrados, lo que representa el 51 por
ciento de la fuerza de trabajo. Durante 2010, según datos de la misma
Superintendencia, hubo 871 muertes por accidentes. Es decir, 2,38 muertes por
día. Pese a estas elevadas y preocupantes estadísticas, en 2011 se
judicializaron 58.364 siniestros, lo que no llega al 8 por ciento de la
siniestralidad registrada.
Cabe
destacar que esos números tienen en cuenta únicamente a los trabajadores
registrados y la siniestralidad detectada. Pero dada la gran cantidad de
trabajo informal, en nuestro país los números reales deben ser ampliamente
mayores.
Es
relevante destacar que así como no existe punto alguno sobre prevención, nada
se expresa acerca de las enfermedades laborales, como ha dicho el señor
diputado Aguilar. Esto se produce como consecuencia de que las ART niegan en
los tribunales, en forma casi sistemática, su existencia. Para la OIT cerca del
38 por ciento del total de siniestros laborales son producto de enfermedades
profesionales. En nuestro país no llegamos al 3 por ciento. ¿Esto es parte del
milagro argentino, del modelo nacional y popular? No, esto es por la actitud
refractaria de las ART.
No
hace falta que reitere en este recinto que el peronismo vino a la historia y a
nuestra patria a dignificar a los trabajadores y a sus derechos; a convalidar
los derechos sociales y aumentarlos en gran manera. Cualquier cosa en contra de
lo que acabo de expresar, no será acompañado por nuestro bloque. Por lo tanto,
vamos a votar negativamente. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires, que comparte su tiempo con el señor diputado Ricardo Gil
Lavedra.
Sr.
Alfonsín.- Señora presidenta: considero –y no me
siento dueño de la verdad‑ que la organización de los trabajadores, sobre
todo en un régimen legal como el que existe en la Argentina, debe ser
independiente de los partidos políticos, estén en el gobierno o en el llano.
Entiendo que la subordinación o dependencia de la organización de los
trabajadores a un partido político termina perjudicándolos, que las
organizaciones y dirigentes de los trabajadores deben defender los intereses de
los trabajadores, con responsabilidad ‑por supuesto‑ y atendiendo a
las restricciones que impone la realidad.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor
Julián Andrés Domínguez.
Sr.
Alfonsín.- Sin perjuicio de que comparto con
muchos esta idea, es cierto que en los últimos tiempos nos preguntaron frecuentemente
cómo podía ser que ciertos sectores u organizaciones importantes del trabajo se
hayan distanciado del gobierno. Todos sabemos a qué me refiero. Y se sorprenden
al escuchar la respuesta, cuando yo creo que es fácil explicar este
distanciamiento. Desde mi punto de vista, tiene que ver con el hecho de que
después de las elecciones ha cambiado el rumbo, las políticas, las filosofías
que inspiraban la anterior gestión de gobierno.
Quiero
señalar algunos datos objetivos, que seguramente tuvieron que haber generado
desconcierto primero y enojo después en las organizaciones de los trabajadores.
Recuerdo, por ejemplo, que durante la campaña se hablaba de aprobar un proyecto
de ley que garantizara lo que la Constitución establece: la participación de los
trabajadores en las ganancias.
Todos
recordarán cómo se hizo campaña y cómo desde el radicalismo manifestamos
nuestra alegría y disposición a debatir este proyecto, porque nos parece que es
una deuda que tenemos con la Constitución Nacional y con la justicia social.
Durante
la campaña también dijeron que iban a discutir el mínimo no imponible. En
varias ocasiones incluso dijeron que había que revisar la naturaleza misma de
este impuesto, si el ingreso de los trabajadores era gravable o no. Después de
la campaña dijeron que no iban a modificar el mínimo no imponible, es decir que
incumplieron, como en el caso de la participación de los trabajadores en las
ganancias.
Durante
la campaña reivindicaban las paritarias, la libertad de los trabajadores y los
empresarios para pactar el nivel de los salarios y su actualización en función
de la situación socioeconómica.
Después
de las elecciones el discurso de la presidenta en el Congreso propuso poner a
la discusión salarial un techo que estaba por debajo de la inflación que se
registraba en la Argentina.
Por
supuesto que todos estos incumplimientos, que en el fondo revelan cambios en la
filosofía de gobierno, tienen que generar conflictos con la organización de los
trabajadores. ¿Qué pretendían? ¿Que los trabajadores saltaran de contentos
cuando les decían que no iban a poder aumentar los salarios al nivel de la
inflación? ¿Pretendían que saltaran de contentos cuando les dijeron que no iban
a modificar el mínimo no imponible? ¿Pretendían que saltaran de contentos
cuando les dijeron que iban a cajonear el proyecto que había nacido en el
propio oficialismo de participación de los trabajadores en las ganancias? ¿Cómo
se pueden sorprender con esas cosas?
Seguramente
muchos se han sentido manipulados durante la campaña electoral.
Inevitablemente, la reacción tenía que producirse.
Este
es un proyecto más que seguramente sorprende a los trabajadores. Esta
iniciativa no hace otra cosa más que regresar a la legislación de la década del
90. Esto es peor todavía, porque al menos dicha legislación fue corregida por
la acción de
Para
reparar esa corrección de
Obviamente
no son los trabajadores los que están en mejores condiciones en el mercado. Por
eso hago mías las palabras del diputado Santín y de otros colegas, quienes han
reivindicado la necesidad de que el Estado tenga una presencia fuerte a la hora
de defender los intereses de los trabajadores, porque el mercado no tiene esa
función.
No
estoy haciendo un juicio crítico, pero el mercado no tiene horizonte moral,
ético ni temporal. Simplemente tiene el propósito de tener la mayor
rentabilidad posible. De manera que debe ser la política la que debe hacerse
cargo de esta situación.
Estoy
seguro de que muchísimos de los que están aquí saben en su fuero íntimo que lo
que decimos es cierto.
Quiero
decir otra cosa, señor presidente, aunque seguramente me van a contestar que no
se elimina la opción judicial sino que se reconoce el derecho a ejercerla,
porque no está prohibido ejercerla.
¿Saben
una cosa? Tampoco está prohibido ir a la universidad. ¿Pero cuántos
compatriotas nuestros no pueden ir? Sabemos que no está prohibido.
Tampoco
conozco ninguna ley que diga que está prohibido curarse pero, a pesar de que se
reconoce el derecho, ¿cuántas madres tienen que sufrir la angustia y el dolor
que implica el no poder garantizar a su hijo el derecho a la salud?
Tampoco
está prohibido tener vivienda o trabajo. Acá no está prohibido ir a la vía
judicial. ¿Pero creen los trabajadores, que son los que se encuentran en mayor
estado de necesidad, que van a poder ejercer esta opción con libertad? El
derecho está reconocido. Ustedes lo saben mejor que nosotros, sobre todo los
que no formaron parte del gobierno en la década del 90 y los que sinceramente
son críticos con esa década.
No
me refiero a los que hoy se han vuelto críticos con la década del 90 diciendo
que con el derecho no alcanza y es necesario garantizar condiciones materiales
para que ese derecho pueda efectivamente ser ejercido.
Voy
a ir terminando mi exposición, porque quiero ceder el uso de la palabra al
presidente de mi bloque.
Este
proyecto tampoco va a resolver el problema de las pymes, porque
Este
es un negocio para las ART. Para ellas sí es un negocio extraordinario, pero no
va a resolver el problema de las pymes y mucho menos el de los empleados.
Creo
que tenemos que trabajar más tiempo en esta iniciativa. Vamos a consensuar
seguramente un proyecto más justo, equitativo y mucho más igualitario.
Si
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por
Sr.
Gil Lavedra.- Señor presidente: quiero hacer
algunas consideraciones breves.
Mucho
se ha dicho a lo largo del debate en el día de hoy. En septiembre de 2004
Incluso,
han obviado buenos proyectos que había en el Ministerio de Trabajo, que
trataban de fundir la vieja ley de seguridad e higiene con la de accidentes y
enfermedades del trabajo, apuntando claramente a la prevención. La mejor manera
de evitar un siniestro es apuntar a la prevención, que está ausente en este
proyecto de ley.
Esta
propuesta tampoco va a obtener el efecto deseado, porque es mentira que con
esto se va a evitar la industria del juicio.
Lo digo porque el texto que se va a someter a votación contiene dos
normas que, como ya se ha dicho en este recinto hasta el hartazgo, son
inconstitucionales. Tengamos en cuenta
que la propia Corte ha establecido ‑tanto en el caso Aquino, pero sobre
todo en el caso Llosco‑ que se puede acumular la indemnización tarifada
como la de derecho común. La Corte también ha dicho que no se puede establecer
el registro cerrado de enfermedades, sino que tiene que quedar abierto según
cual fuere la dolencia del trabajador.
Lo
que acabo de señalar es importante, porque como ustedes saben los tribunales
aplican el principio de seguimiento condicionado a los fallos de la Corte. En
consecuencia, por esos dos fallos la litigiosidad no va a bajar.
Con
este proyecto se está perjudicando al trabajador, porque contiene malos
mecanismos de prevención, que podríamos decir que son inexistentes.
Durante
el debate también se ha hablado del pasado y del futuro. Sin duda, todos tenemos pasado, y en estos
debates políticos se tiende a mirar hacia atrás. Pero tenemos que mirar el pasado para
aprender de los errores que pudimos haber cometido. Aquí estamos dictando normas para el futuro,
aprendiendo de las malas enseñanzas del pasado.
Sinceramente,
me pregunto a qué se debe la falta de imaginación y por qué` se intenta volver
a una receta fracasada de los 90. ¿Por qué volver a la indemnización tarifada
de los 90 y al mismo esquema vigente en una década que todos repudian? ¿Por qué
no aprovechamos esta oportunidad para implementar un sistema más flexible y más
armonioso? Hay maneras de conciliar
ambos efectos. Hay maneras de establecer
mecanismos de prevención, de fijar etapas de conciliación en las cuales luego
se podría renunciar a esa instancia, pero no podemos echar por la borda el
principio protectorio respecto de los derechos del trabajador.
Además,
causa extrañeza que sean ustedes quienes hacen todo eso, es decir que sean
ustedes quienes echen por la borda algunos principios que desde el 14 bis en
adelante ha costado defender con mucho esfuerzo desde todos los partidos
políticos.
La
aparición de este proyecto de ley con tufillo de los 90 no es utilizada por
nosotros para reprocharles características neoliberales ni para que vuelvan a
argumentar con el tema del pasado. Lo que decimos es que no hay que repetir
estas recetas. Me gustaría saber por qué persisten en repetir una receta
fracasada que no va a arrojar ningún resultado.
En
un contexto económico en el que claramente se advierte una desaceleración de la
economía, porque según el propio INDEC está bajando el índice de la
construcción, el de la industria y el empleo industrial, ¿por qué se recurre a
la fórmula de los 90? No sea cosa que frente a este contexto hayan decidido
recurrir al ajuste.
Por
otra parte, todas las explicaciones que han dado a lo largo de este debate son
insuficientes. Están perdiendo la oportunidad de sancionar una norma que
sirva.
Por
estas razones, desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a votar en
contra de este proyecto, porque no solamente no va a solucionar ningún
problema, sino que, por el contrario, los va a agravar. Además, como nos tienen acostumbrados desde
el oficialismo, induce a apartarse claramente de la Constitución Nacional, en
un rasgo verdaderamente bobo, porque jamás sancionaría una norma que sé que van
a declarar inconstitucional.
Por
último –esto es lo decisivo-, porque nos parece que es profundamente inmoral. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Rossi.- Señor presidente: sin ninguna duda las
leyes tienen distintos objetivos. Algunas de ellas son profundamente
simbólicas, ayudan a construir una mirada y un tipo de sociedad. Recuerdo que
cuando por iniciativa de Néstor Kirchner votamos el feriado inamovible del 24
de marzo, argumentábamos fundamentalmente esto. Queríamos decir a todos los
argentinos, sobre todo a las nuevas generaciones, que el 24 de marzo no era lo
mismo que el 23 o el 25. La verdad es que fue un acierto, como tantos otros de
nuestro compañero Néstor Kirchner, porque a partir de esa decisión todos los
años nos enorgullecemos, ya que en esas marchas del 24 de marzo cada vez hay
más jóvenes, más militantes, más pueblo repudiando un hecho al que nunca
queremos volver.
También
se suele interpretar la realidad y plasmarla en una ley que en el futuro
permita modificar conductas o alentarlas en un determinado sentido. Esto es lo
que seguramente haremos la semana que viene cuando votemos la ley que amplíe la
frontera de derechos para permitir a los jóvenes de dieciséis años ejercer el
derecho de votar. Interpretamos una realidad porque hay claramente una mayor
participación juvenil en la Argentina. Al interpretar esa realidad mediante esa
ley seguramente vamos a lograr que incluso quienes hoy la miran con algún
escepticismo, al momento de la votación terminen haciéndolo por la afirmativa.
Para
ir entrando en el tema específico, quiero decir que también las leyes sirven
para resolver problemas. Lo que nosotros teníamos en el sistema de riesgos del
trabajo era un problema que no era neutro, porque tenía perjudicados y beneficiarios.
La situación actual del sistema de riesgo del trabajo perjudica
fundamentalmente a los trabajadores y a las pequeñas empresas y beneficia a las
ART.
Entonces,
el voto negativo es funcional al mantenimiento de las actuales condiciones. (Aplausos.) Si no se modifica el sistema se mantienen las actuales
condiciones. Nosotros venimos a proponer una modificación del sistema que
favorece a los trabajadores y a la pequeña empresa y disminuye los niveles de
rentabilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo. Además, crea el
instituto de las mutuas para que deje de ser un sistema con rentabilidad.
Me
detendría a analizar este elemento, porque en general en la historia de nuestro
espacio político no se han producido las modificaciones a los sistemas todas al
mismo tiempo ni de una misma manera.
Recuerden
lo que sucedió con las AFJP, no las nacionalizamos de un día para el otro:
primero modificamos el régimen, permitiendo que se pudiera salir del sistema de
las AFJP y volver al de reparto; después dispusimos que los que no optaban
quedaban dentro del sistema de reparto, y luego agregamos el inciso q) para
orientar las inversiones de las AFJP. Me parece que ese es un elemento a tener
claramente en cuenta para analizar la creación de las mutuas con este sistema.
El
proyecto de ley que estamos analizando tutela y defiende a los trabajadores y a
la pequeña empresa. Tutela y defiende a los trabajadores, porque el sistema no
elimina la doble vía, como aquí se ha dicho, sino que fortalece una vía, y es
obligación del Estado hacerlo.
Fortalecer
la vía administrativa significa permitir al trabajador, que es víctima de una
situación que le genera un accidente de trabajo y lo deja en una discapacidad
parcial o total, recibir una indemnización en forma inmediata y en un único
pago.
El
sistema vigente lleva al trabajador a litigar, y para obtener lo que le
corresponde deben pasar más de cinco o seis años. Yo reivindico a los abogados
laboralistas; muchos de ellos tuvieron una trayectoria intachable en la
historia política argentina –muchos hoy están sentados en nuestras bancas‑
al defender los intereses de los trabajadores en la dictadura. Sin embargo,
negar que exista el “carancheo” con los accidentes de trabajo es negar la
realidad. Negar que después de seis años para anticipar el cobro muchos
trabajadores terminan vendiendo la posibilidad de obtener un resarcimiento en
esos juicios a sus propios abogados o a los grandes estudios patrocinantes
también es negar la realidad. Y el Estado no tiene que mirar hacia el costado.
Nosotros
venimos a proponer a todos los trabajadores un nuevo sistema, que en muchísimos
casos duplica las indemnizaciones que ya habían sido aumentadas por un decreto
del Poder Ejecutivo, agrega un 20 por ciento y que no tiene tope, pero sí piso.
Imaginemos
lo que pasa por la cabeza de un trabajador. Si estás laburando, tenés un
accidente de trabajo y quedás con una discapacidad parcial o total, ¿cuál es la
tranquilidad y el sentido amplio del resarcimiento anímico, material y moral?
¿Encima tenés que “morfarte” cinco años en la vía judicial para que te paguen,
cuando inmediatamente podrías tener una vía administrativa que te da lo que te
corresponde y te indemniza en el sentido resarcitorio más amplio?
Nosotros
no tenemos contradicción alguna, señor presidente. Muchos diputados hoy han
hablado más dirigiéndose a nuestro bloque que defendiendo sus posiciones
políticas. En verdad queda feíto terminar siempre tratando de interpelar al
bloque oficialista y señalar algún tipo de contradicción.
Es
mentira que las centrales de trabajadores estén en contra, sólo algunas.
También es mentira que tiene que haber una contradicción entre prevención y
resarcimiento. Es lo mismo que decir que existe una contradicción entre niñez y
adultez.
Esta
norma no viene a hablar de la prevención, pero sí del resarcimiento.
La
presidenta de
La
población cubierta ha aumentado todos los años, mientras que la siniestralidad
creció hasta 2008, fundamentalmente por la mayor cantidad de trabajadores, y a
partir de ahí empezó a disminuir.
El
gobierno nacional, junto con las provincias ‑todos sabemos que la policía
del trabajo está en manos de ellas‑, implementa permanentemente planes de
prevención. Concretamente, desarrollan planes de prevención secundaria a partir
de un registro de las empresas que tienen mayor índice de siniestralidad. Esto
se vincula con una labor intensiva de
Todos
los diputados saben que
Por
otro lado, en el marco del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se
logró un acuerdo entre algunas de las centrales de trabajadores y algunas
organizaciones empresarias. Ese es el acuerdo que venimos a tratar acá.
Entonces, ¿de dónde sale la idea de que todos los trabajadores están en contra?
Algunas centrales sindicales están en contra y expresan su posición; otras,
vinieron y manifestaron su opinión favorable públicamente. Del mismo modo,
algunas organizaciones empresarias están de acuerdo y otras no.
Respecto
de las pymes, que dan trabajo a casi el 46 por ciento de los argentinos, el
sistema de riesgos del trabajo es muy difícil de sostener en la situación
actual, porque
Una
empresa grande tiene un flujo de programas, de negocios y de ingresos por cinco
o siete años. La estadística en ese lapso se compensa en algún momento. Sin
embargo, una pyme no tiene esa posibilidad. Entonces, con esta idea venimos a
proponer este proyecto de ley, que no es la sanción del Senado, sino el
proyecto de ley que envía la presidenta de
Somos
el bloque oficialista, no somos librepensadores ni somos parte de una
entelequia, sino que somos parte de un proyecto político que hemos sostenido en
nuestro gobierno en cada una de las circunstancias. (Aplausos.)
Somos el
mismo bloque que vino a nacionalizar YPF, que vino a modificar
Comenzamos
esta sesión recordando a Néstor Kirchner. Lo
primero que hicimos con Néstor fue resolver el problema de los trabajadores
docentes en Paraná, a los cinco días de haber asumido, porque hacía tres meses
que no había clases en la provincia de Entre Ríos.
Con
Néstor derogamos la ley Banelco. Este bloque, con el señor diputado Héctor
Recalde a la cabeza, impulsó la derogación de los tickets canasta y de los
pagos en negro.
¡Nosotros
concretamos la nacionalización de las AFJP! ¡Nosotros, en soledad, votamos la
ley de movilidad jubilatoria! ¡No nos acompañó nadie en ese tratamiento! Se van
a arrepentir por no habernos acompañado en esa iniciativa. Muchos deben estar
arrepentidos cuando ven que los aumentos de la movilidad jubilatoria se
incrementaron más del 31 por ciento por año, porque nos decían que el índice de
Movilidad Jubilatoria iba a estar en el orden del 1, 2 o 3 por ciento.
Nosotros
somos el proyecto político que generó más de 5 millones de puestos de trabajo.
¡Somos el proyecto político que tiene paritarias permanentes en
¡Somos
el proyecto político que, en crisis, lo primero que hemos hecho es defender el
trabajo! ¡Somos el proyecto político que hoy viene a defender a los
trabajadores, porque nos da vergüenza que un trabajador que padeció un
accidente de trabajo deba recorrer los pasillos de tribunales para recibir una
retribución justa! ¡Queremos dársela
nosotros, carajo! (Aplausos.)
Por
eso, venimos a resolver problemas. No estamos para seguir mirando hacia afuera
o hacia el costado. ¡Tenemos que seguir avanzando! En la campaña del 25 de mayo
del 2003 prometimos un país normal y estamos tratando de construirlo. A veces
los pasos son más grandes y a veces, más
cortos, pero siempre en el mismo sentido.
¡Nadie
puede decir que esta iniciativa va en contra de los trabajadores! ¡Nadie puede
decir que este proyecto no los proteja! ¡Nadie puede decir –como escuché a
algunos- que esta norma está a favor de la muerte! ¿A quién se le ocurre una
apreciación semejante? Se dicen cosas que a veces son difíciles de sostener un
minuto después de haberlas pronunciado.
¡Venimos
a mejorar un sistema que era indigno para los trabajadores argentinos! ¡Venimos
a duplicar las indemnizaciones, que podrán cobrarlas en quince días! ¡Venimos a
decirles a los trabajadores que tuvieron el infortunio de sufrir un accidente
que lo van a cobrar de una sola vez!
Mañana
nos vamos a parar ante cualquier trabajador y le vamos a decir que no tiene que
mendigar nada, porque la ley les otorga una garantía. (Aplausos prolongados.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Antes de pasar a votar el proyecto que se encuentra en
consideración, corresponde votar la moción de vuelta a comisión formulada por
el señor diputado Favario. Conforme con lo dispuesto por el artículo 128,
Se
va a votar la moción del señor diputado Favario.
- Resulta negativa.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Se va a votar en general el dictamen…
Sr.
Lozano.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Lozano.- Entiendo que la votación va a ser
nominal.
Sr. Presidente (Domínguez).- No está pedida.
Sr.
Lozano.- Entonces, pido votación nominal.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Si usted habla del proyecto de ley, señor diputado, su votación
es nominal.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Moreno.- Quisiera pedirle al diputado Lozano un
ejemplo de una ley que no se haya votado de manera nominal.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las
comisiones de Legislación del Trabajo y otras, recaído en el proyecto de ley
venido en revisión del Honorable Senado, sobre régimen de ordenamiento de la
reparación de daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, Orden del Día N° 1.072.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
225 diputados presentes, 140 han votado por la afirmativa y 83 por la negativa,
registrándose además una abstención. No se ha computado el voto de un señor
diputado.
Sr.
Secretario (Bozzano).- Se han registrado 140 votos por la afirmativa y 83 por la
negativa. (Aplausos.)
aquí votacion
nominal
Sr. Presidente (Domínguez).- Resulta afirmativa.
Sr. Salim.- Señor presidente: solicito que quede constancia
de mi voto por la afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).-
Se toma nota, señor diputado.
Tiene la
palabra el señor diputado por Chubut.
Sr.
Pais.- Señor presidente: prima facie, por así
haberlo resuelto nuestro bloque, anticipamos que no vamos a aceptar
modificaciones en el tratamiento en particular de este proyecto de ley. Sin
perjuicio de ello, pedimos que la iniciativa se vote por capítulos, ya que
tiene tres bien diferenciados y compatibles: ordenamiento de la cobertura,
ordenamiento de la gestión del régimen y disposiciones generales, que contiene
un solo artículo.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Obiglio.- Señor presidente: nosotros queremos
proponer el agregado de varios artículos en materia de prevención, ya que
consideramos que esta norma no brinda una solución integral en la materia.
Atento a lo que ha dicho el señor miembro informante, mencionaré los cuatro
puntos centrales que queremos proponer y pido autorización para insertar el
articulado en el Diario de Sesiones.
Los
temas centrales en materia de prevención son artículos que dispongan incentivos
para que el trabajador denuncie los incumplimientos en las normas de seguridad
e higiene; la posibilidad de que el trabajador se niegue a cumplir con su tarea
si hay incumplimientos en materia de seguridad e higiene; creación de comités
de seguridad y salud con la participación de trabajadores y empleadores;
incremento en las prestaciones dinerarias cuando el accidente se produce por
incumplimiento en materia de seguridad e higiene; hacer solidariamente
responsables a las ART cuando ha habido incumplimiento en los controles de
seguridad e higiene; actualizar en general la ley de seguridad e higiene, que
es de 1972, y otorgar por ley el beneficio de litigar sin gastos para aquel
trabajador que decida ir directamente a reclamar por la vía civil.
Sr.
Presidente (Domínguez).-
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Favario.- Señor presidente: según me informa el personal de Secretaría, mi voto
no fue identificado, por lo cual quiero aclarar que he votado en forma negativa
el proyecto de ley.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda registrado.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: más allá de la
aclaración del miembro informante, quisiera que constaran en la versión
taquigráfica algunas cuestiones...
Sr.
Presidente (Domínguez).- Si me permite, señora diputada, antes de que continúe en el uso
de la palabra se va a proceder a votar la propuesta formulada por el miembro informante
en el sentido de proceder a la votación por capítulos.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Domínguez).- En consideración el capítulo I, que contiene los artículos 1° a
9°.
Continúa
en uso de la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: en el artículo 3° del
proyecto se habla de un equivalente del 20 por ciento que se pagará de más. Han
omitido colocar el accidente in itinere.
Si bien es cierto que el artículo dice “mientras se encuentre a disposición del
empleador”, lo real es que debería especificarse correctamente –si esa es la
voluntad del oficialismo‑ que el accidente in itinere también está contemplado en la suma extraordinaria que
representa ese 20 por ciento.
En
el artículo 5° ‑éste es el problema más serio‑ se ha omitido –no sé
si ex profeso o sin querer‑ la prestación por incapacidad permanente
provisoria. A raíz de tal omisión, no se permite que el damnificado tenga la
posibilidad de optar. Así, condenamos al accidentado a que se vaya a la
solución tarifada.
En
el artículo 9° se mencionan los listados de enfermedades profesionales, y se
alude a dos decretos que actualmente no tienen vigencia ya que fueron superados
por leyes sancionadas por el Congreso. Si bien es cierto que, hacia el final,
el artículo dice “o los que los sustituyan en el futuro”, en realidad las leyes
no son el futuro, sino parte de la legislación actual.
Indudablemente,
se ha cometido un error. No creo que haya habido mala intención; simplemente,
no se ha tenido en cuenta que aquellos decretos fueron superados por las leyes
26.693 y 26.694.
Más
allá de que el miembro informante ha dicho que no aceptará modificaciones, me
he referido a estos tres gruesos errores que contiene el proyecto de ley, por
lo que dejo expresa constancia de ellos.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Quedan incorporadas las observaciones formuladas por los señores
diputados Obiglio y Camaño.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: en razón de que se va
a votar por capítulos, quiero dejar constancia de mi voto negativo respecto de
los artículos 4° y 9°, capítulo I, y del artículo 17...
Sr.
Presidente (Domínguez).- Señor diputado: estamos considerando hasta el artículo 9°, del
capítulo I.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Ledesma.- Señor presidente: como no habrá
modificaciones, quería solicitar la inserción de mis objeciones en relación a
los artículos 4° y 9°, y 17, inciso 2°.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.
Sr.
Garramuño.- Señor presidente: en el mismo
sentido, expreso mi voto negativo al artículo 4°.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Se va a votar el Capítulo I, que contiene los artículos 1° a 9°.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Domínguez).- En consideración el Capítulo II, que contiene los artículos
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Domínguez).- En consideración el Capítulo III, que contiene el artículo 17.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Ledesma.- Señor presidente: quería adelantar mi
voto negativo a los tres artículos que ya he mencionado, debido a que no se van
a autorizar modificaciones. Igualmente voy a insertar mi postura.
Adelanto
que votaré negativamente el artículo 17.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Quedará debida constancia
de su voto, señor diputado.
Se
va a votar el Capítulo III, que incluye el artículo 17.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 18 es de forma.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. (Aplausos.)
Se
comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Como
el miembro informante indicó que no se iban a aceptar modificaciones,
simplemente quedan registradas.
- 10 -
aquí orden del día n° 999
Sr.
Presidente (Domínguez).- En consideración en
general.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pietragalla Corti.- Señor presidente:
lamentablemente, tenemos que conmemorar el día 3 de abril como consecuencia de
que en esa fecha arrebataron a Marita Verón de los brazos de Susana Trimarco.
Los
que conocemos el caso Marita Verón sabemos que gracias a la lucha de Susana
Trimarco –estaba viniendo para acá; espero que llegue, porque quería estar
presente- se visibilizó la trata de personas en el país.
- Ocupa
Sr.
Pietragalla Corti.- No teníamos conocimiento de
que existiera ese delito. Si bien distintos actores lucharon, Susana se encargó
de mostrarle a toda la sociedad argentina que el delito existía.
No
sólo lo hizo con denuncias y colocándose delante del poder de turno de la
provincia de Tucumán, sino también imponiéndose ante el Poder Judicial y
policial, que actuaban en complicidad con el flagelo.
Sabemos
que muchas fueron las trabas que estos tres poderes le impusieron a Susana para
llegar a la verdad. Pero ella ayer en esta casa dijo –cuando se le entregó el
Premio Néstor Kirchner- que hubo un hombre
-dentro de pocos días vamos a conmemorarlo debido a los dos años de su
partida- que la recibió a la semana de haber leído una carta de ella. Puso todo
el Estado para poder avanzar contra esta lucha. Ese hombre fue Néstor Kirchner.
Como
dije antes, Susana denunció la complicidad del poder político, del Poder
Judicial y del poder policial. Ella misma nos contó que hubo detenidas que
estuvieron en cautiverio como víctimas de trata, y que al ser liberadas tenían
que declarar ante jueces que se habían acostado con ellas cuando estaban en
situación de trata. Sabemos que los policías que recibían las denuncias de este
delito eran los mismos que también habían estado en esos lugares usufructuando
esta problemática y abusando de las mujeres que eran mantenidas en estos
albergues, prostíbulos o whiskerías.
Tenemos
el compromiso con Susana, como Frente para la Victoria y como uno de los
sectores que representa a la juventud, de seguir difundiendo esta temática para
que todo el mundo, incluyendo el poder
político, sepa que esto todavía existe con la complicidad de las policías
provinciales.
Sabemos
que la investigación del comisario de Santa Fe empezó con la averiguación de un
caso de trata de personas y que la policía es uno de los eslabones necesarios
para mantener este delito vigente.
Muchas
veces cuando se llega a un allanamiento es la misma policía la que delata este
delito y cuando las fuerzas policiales están llegando para realizar las
detenciones correspondientes ya no hay mujeres que puedan mostrar situación de
trata.
El
día 3 de abril en muchos colegios e instituciones educativas se va a conmemorar
el Día Nacional contra la Trata. Quiero rendir este homenaje a Susana Trimarco,
una mujer jefa de un hogar que tuvo que imponerse ante las aberraciones de un
Estado, como fue el Estado provincial de Tucumán, enmarcado en una impunidad
total. Lo bueno es que se equivocaron, que tocaron a la mujer equivocada,
porque no se escondió a llorar sino que puso los ovarios donde había que
ponerlos y se enfrentó a los poderes corruptos de esa provincia. Hoy Susana
Trimarco es una guía para nosotros, como lo son las Madres y las Abuelas de
Plaza de Mayo, porque su lucha nace del amor a un hijo y de su búsqueda, lo que
les permitió mostrarnos la verdad de este delito.
En
el breve tiempo que me resta quiero decir también que tenemos el orgullo de
haber celebrado los treinta y cinco años de las Abuelas de Plaza de Mayo. (Aplausos.) Nuestras queridas abuelas
encontraron y restituyeron a 107 nietos, muchos de los cuales estamos sentados
en estas bancas.
La
llegada de Néstor Kirchner marcó un antes y un después para nuestras queridas
abuelas. Cuando Néstor llegó a la Casa de Gobierno en el año 2003 había 75
nietos restituidos; hoy, gracias a las políticas llevadas a cabo por este
gobierno, podemos contar 107, es decir, 39 nietos más. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por Tucumán.
Sra.
Córdoba.- Señora presidenta: como comentaba
nuestro compañero Horacio Pietragalla, el 3 de abril de 2002 era secuestrada en
Tucumán “Marita” Verón. A quienes estamos aquí no nos cabe ninguna duda de que
su mamá, Susana Trimarco, se ha convertido en un ícono de la militancia en la
lucha contra la trata de personas. Es un ejemplo más de aquellas mujeres que
transforman su dolor en una fuerza arrolladora y la aportan a una causa
colectiva más allá de su sufrimiento personal.
Es
un orgullo para mí compartir la autoría de este proyecto con Horacio, porque
pertenecemos a dos generaciones distintas pero significamos la continuidad de
un mismo proyecto que abrió las puertas para iniciar en
Junto
al bloque del Frente para
Como
todos sabemos, la trata de personas es un delito que no siempre se denuncia.
Gracias a la aprobación de la ley y a la política de Estado que se ha llevado
adelante con programas de lucha contra la trata y de asistencia y rescate, las
víctimas han tenido una nueva visibilización en los últimos años.
El
proyecto que hoy estamos considerando tiene como objetivo la difusión, la
concientización y la prevención en toda la sociedad argentina en relación con
la trata de personas.
Si
hiciéramos un análisis de los actores que participan en la comisión de este
delito observaríamos claramente que existe una brecha insalvable entre el poder
de los tratantes y la vulnerabilidad de las víctimas.
Si
bien hemos avanzado como Estado en las políticas de combate a la trata de
personas, existen tres momentos en este proceso: la prevención, la penalización
y la reparación de las víctimas.
En
un ejercicio de honestidad colectiva debemos reconocer que estas políticas, más
allá de los esfuerzos que se realizan, todavía no logran alcanzar la expansión
que las bandas que se dedican a la trata de personas han logrado en el mundo.
Debemos
tener en cuenta que se trata del segundo ilícito global, es decir, es el delito
que más dinero mueve después del tráfico de armas, y ahora está por encima del
tráfico de drogas.
Tanto
desde el Estado como desde las organizaciones no gubernamentales tenemos que
evitar, a través de la prevención, que más niñas y jóvenes caigan dentro de las
redes de la trata de personas.
Por
eso, el objetivo de fijar el 3 de abril como la fecha nacional en la lucha
contra la trata de personas queremos que involucre no solamente a los actores
gubernamentales -los estados nacional y
provinciales- sino también a los
organismos no gubernamentales y los medios de comunicación.
En
los medios públicos se percibe el compromiso cuando emiten spots y campañas en las que se involucran actores y otras personalidades
en la lucha contra la trata, pero los grandes monopolios y los canales privados
no ceden espacios para prevenir acerca de este delito.
Desde
esta banca reclamo a todos aquellos que hablan sobre la responsabilidad social
empresaria para que abran las puertas de esos medios privados para empezar a
involucrarse con un problema que no es solamente de las víctimas sino de toda
la sociedad argentina.
Quiero
destacar el coraje que ha demostrado nuestra querida presidenta Cristina cuando
prohibió por decreto la publicación del Rubro 59, donde de manera encubierta se
facilitaba la trata de personas. No lo hicimos nosotros, pero lo hizo ella:
puso la firma para defender una vez más la dignidad de nuestro género.
La
trata de personas es uno de los delitos que viola todos los derechos humanos y
cuyos efectos han alcanzado la vida de tres generaciones. Digo esto porque en
Piensen
lo que significa para alguien de 13 años haber vivido toda su vida con custodia
policial, y lo que implica tener que vivir la adolescencia custodiada siempre
por un patrullero ubicado en la puerta de su casa.
Por
esa razón debemos poner todo nuestro esfuerzo en la prevención y en el
mejoramiento de las herramientas para la judicialización.
En
este Congreso todavía tenemos una materia pendiente, a pesar de haber hecho un
gran aporte con la ley contra la trata de personas, porque después de haber
estado vigente en estos años, tenemos que promover su modificación, toda vez
que no podemos seguir transitando la incoherencia de decir que la trata de
personas es un delito aberrante, pero que siga siendo un delito
excarcelable.
Por
último, quiero decir que he firmado esta propuesta ratificando mi compromiso
con el proyecto político que inició Néstor Kirchner, que fue el primer
presidente que creó un programa contra la trata de personas, incluso antes de
que nosotros sancionáramos la ley. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra.
Donda Pérez.- Señora presidenta: en principio,
saludo la presentación de esta iniciativa y, además, expreso nuestra alegría
por el hecho de que se incluya en la agenda pública un tema tan preocupante,
que debe ocuparnos especialmente.
Recordar
el día de la desaparición de Marita Verón y establecerlo como el día de la
lucha contra la trata de personas en
Al
mirar a los ojos a Susana Trimarco y a “Mica”, la hija de Marita, que tenía 3
años cuando se llevaron a su mamá, recuerdo a esas mujeres que hace poco
cumplieron un nuevo aniversario. Me refiero a las abuelas de Plaza de Mayo, que
todos los días salen de sus casas decididas a buscar a sus hijos, a sus nietos
y a sus nietas. Esto no hace más que recordarme a mi abuela, Leontina Puebla,
que la primera vez que la vi me dijo llorando que algún día quería recuperar los
restos de mi mamá para poder llevarle una flor. Susana Trimarco, con los ojos
llenos de lágrimas, ayer nos dijo exactamente lo mismo en un salón de esta
Casa: que quería encontrar a Marita, esté viva o no, pero que por fin quería
dormir tranquila. Micaela merece saber
qué pasó con su mamá y dónde está.
La
verdad es que las víctimas de la trata de personas hoy son las desaparecidas en
democracia. Digo “las” porque el 80 por ciento de las víctimas de este delito
somos las mujeres. Esta es otra de las formas de violencia a las que las
mujeres somos sometidas en esta sociedad. Las mujeres –repito- somos sometidas
a diferentes formas de violencia, que después tratan de invisibilizar. ¡Cuánto más efectivas serían las políticas
que el Estado debe implementar si contáramos con estadísticas a las cuales
recurrir! Lo cierto es que no las
tenemos. ¿Por qué? Porque la trata se termina con leyes, con decisión política
y con voluntad de terminar con la connivencia entre los sectores delictivos,
las fuerzas de seguridad, la política y la Justicia. Pero también se termina
con presupuesto. Para terminar con la
trata y con la violencia hacia la mujer estamos pidiendo que se sancione una
ley de emergencia. En la Argentina las mujeres estamos viviendo situaciones de
violencia, y la ley de emergencia sirve para exigir que se otorgue el
presupuesto que necesitamos para implementar esas políticas del Estado que
todavía no logramos.
Estoy
de acuerdo con la diputada preopinante. Necesitamos campañas de prevención. El
sector privado y el público tienen la responsabilidad social, cada uno desde su
espacio, de combatir este flagelo. Sin embargo, mucha más responsabilidad tiene
el Estado, y nosotras hace tiempo estamos pidiendo un programa de protección de
testigos para que realmente se las proteja de manera eficiente y eficaz en la
lucha contra ese delito. Estamos exigiendo que se implemente la ley de
prevención contra las diferentes formas de violencia hacia la mujer y que se
empiece a discutir sobre otra forma de violencia en la que el Estado nos somete
a seguir muriendo, que es la ilegalidad de las interrupciones voluntarias del
embarazo. En este sentido, desde esta banca repudio el accionar del jefe de
gobierno porteño. La verdad que es una vergüenza vetar lo que decidió la
Legislatura porteña para reglamentar un derecho que las mujeres tenemos desde
1920.
Pero
también quiero exigir al ministro de Salud que implemente el protocolo sobre
abortos no punibles. En la Argentina no necesitamos una ley de aborto no
punible. Necesitamos discutir la legalización. El aborto no punible ya lo
tenemos especificado en nuestro Código Penal desde el año 1920.
Queremos
exigir que se terminen las distintas formas de violencia. Marita es un símbolo
de esa violencia a la cual estamos sometidas. Susana es un símbolo de esa
fortaleza de las mujeres, como también lo son las Abuelas de Plaza de Mayo, las
Madres de Plaza de Mayo y las miles de mujeres que siguen peleando para sacar
adelante a su familia, a sus hijos, salir adelante ellas y vivir felices en su
país, en su sociedad, siendo parte de este pueblo pero con un Estado presente.
Necesitamos al Estado presente para que en este país las mujeres seamos
iguales. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra.
Rodríguez.- Señora presidenta: quiero hacer un
pedido. No soy quién para hacerlo pero de todas maneras, en nombre del
Movimiento Social de Mujeres, el movimiento feminista, que desde hace muchos
años viene luchando en temas de violencia contra las mujeres, pido que por
favor no convirtamos a estos temas en cuestiones que directamente tienen que
ver con campañas políticas partidarias. Me refiero a que pareciera que las
víctimas de trata fuesen de determinado partido político. Lamentablemente las
víctimas de trata son muchísimas, de todos los grupos sociales y no solamente
son mujeres pobres. Las mujeres somos víctimas de trata porque tenemos hambre,
porque tenemos frío, porque fuimos violadas, porque nos echaron de nuestras
casas, porque tuvimos problemas de adicciones, en fin, por muchísimos de estos
problemas, y pertenecemos a cualquier partido.
Ninguno
desde de los partidos que estuvo en el gobierno tuvo política públicas para las
víctimas de trata. Entonces, nadie puede arrogarse haber sido defensor en esta
materia.
Creo
que básicamente –acompaño la iniciativa porque entiendo que está muy bien
colocarla en la agenda pública- debemos hacernos cargo de la deuda que este
Congreso tiene con esas víctimas, todas las mujeres prostituidas, porque
efectivamente todas son mujeres, y la mayoría niñas y adolescentes.
Este
Congreso –el gobierno tampoco lo ha hecho‑ tiene pendiente la reforma de
la ley de trata, a la cual en su momento nos opusimos en el convencimiento de
que tenía problemas. Lo cierto es que hay un consenso casi unánime de que debe
ser reformada. Pese a la sanción del Senado y a que creemos debe ser reformada,
no se ha avanzado en ese sentido, lo que constituye una deuda de la que debemos
hacernos cargo.
No
quiero que siga habiendo Susanas Trimarco a las que estemos exigiendo que
cumplan funciones del Estado. ¿Qué más vamos a pedir a Susana Trimarco? Lo que
ella hizo lo debe hacer el Estado. Es madre de una víctima y la mayoría de las
víctimas no tienen madres como Susana Trimarco. Es una mujer excepcional, así
como las Madres y las Abuelas son mujeres excepcionales.
Tenemos
una democracia justamente para que el Estado se haga cargo de esto, implemente
políticas públicas y no pedir que ciertas mujeres tengan que poner arrojo,
valentía y hasta sus vidas al servicio de esto. Lo debe hacer el Estado, lo
tenemos que hacer nosotros.
Está
muy bien que el Estado tenga políticas públicas y que se usen minutos de los
medios de comunicación para hacer por ejemplo campañas de prevención, pero
nosotros debemos sancionar leyes para instrumentar campañas de prevención.
Nosotros decimos a los medios que tienen que usar algunos minutos para hacer
campañas referidas a estos temas. Por ejemplo, lo hemos hecho para los partidos
políticos, y creemos que es valioso para la democracia el debate público. Si
consideramos que en este momento la trata de personas es una de las violaciones
más grandes a los derechos humanos, empleémoslo en este caso.
Reivindican
a la presidenta por el tema del rubro 59, y yo creo que tiene razón. Sin
embargo, entiendo que no era la manera adecuada sino que correspondía que
nosotros adoptáramos las medidas.
Efectivamente
hay un tema a debatir: la pornografía, pero se tiran contra el grupo Clarín y
los grandes medios por otros temas. ¡Tírense contra los grandes grupos y los
medios de comunicación por la pornografía! ¡A ver si tienen las agallas o si en
realidad todos están en la misma versión ideológica, y cuando están en juego otros
temas se puede debatir y tener divergencias, pero cuando se trata de negocios
millonarios como la pornografía y la trata de personas, dicen: bueno, acá ya
estamos hablando de otros números.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Rodríguez.- Yo no escuché a nadie, y no estoy
hablando de una ley penal, un tema moral o una obscenidad sino de cuestiones de
resarcimiento. Yo digo: dañaron a una mujer, paguen, y esto nunca lo escuché.
Podemos
estar echándonos la culpa con Clarín por otros temas, pero no en este. Yo no
veo que se enfrenten a los grupos poderosos cuando se trata de defender los
derechos humanos de las mujeres. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por Neuquén.
Sra.
Comelli.- Señora presidenta: desde nuestro
interbloque queremos sumar nuestro voto afirmativo al proyecto en consideración
en homenaje y como testimonio de una triste y repugnante realidad de
explotación, tormentos, amenazas.
Me
siento feliz de haber podido avanzar en la tipificación de esta figura allá por
2008, pero tal como lo señaló la diputada preopinante, tenemos una deuda que
bien podríamos saldar de aquí a fin de año. Este es el mejor homenaje que
podemos hacer a Susana, a Micaela, a todas y cada una de las más de tres mil
jóvenes mujeres y niñas que han sido recuperadas.
Es
un buen momento para reflexionar sobre el tema de trata de personas y tantos
otros vinculados con los derechos humanos de las mujeres. Un Estado de derecho,
democrático, se mide por muchas variables; por ejemplo, la libertad de
expresión. Pero también se mide por el respeto hacia las políticas públicas que
garantizan la plenitud de los derechos humanos de las mujeres. Cuando una mujer
dice “no”, es no.
Para
hacer realidad este homenaje necesitamos darnos el tiempo suficiente para
aprobar las leyes pendientes, para que el Senado sancione definitivamente la
iniciativa que le enviara
Debemos
demostrar una firme actitud social y de condena porque ésa es la mejor
prevención: sin clientes, no hay trata. Entonces, denunciemos al cliente porque
sin él no hay trata. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra.
Storani.- Señora presidenta: adhiero al proyecto
del señor diputado Pietragalla. Es muy importante que recordemos el trabajo que
hicimos en las escuelas el día 3 de abril de
Quiero
rescatar al movimiento feminista argentino, señalar que en aquel momento nos
constituimos en
Tengo
que adherir a lo dicho por el señor diputado Pietragalla respecto de la
provincia corrupta donde tuvo lugar el caso de Marita Verón y donde sigue sin
esclarecerse la muerte de Paulina Lebbos, quien fuera trasladada en un remís al
igual que Marita Verón. Por este caso están acusados muchos integrantes de la
administración de Miranda y de la gobernación de Alperovich. Hemos ido a los
juicios con Susana; escuchamos los testimonios y participamos de diversas
marchas con otros diputados. Esperamos que este caso se esclarezca.
Como
bien dijo el señor diputado Pietragalla, se trata de provincias corruptas que dan
lugar a estos hechos. Lo mismo ocurrió en
Sabemos
de los esfuerzos que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, pero también, conocemos las fallas. La ley 26.364 se
encuentra vigente desde el 2008; solamente tenemos doce condenas y desconozco
si hay algún proxeneta preso. Esta es la realidad de la Argentina y la realidad
de esta Cámara es que no hemos debatido en todo este año la sanción de esta
iniciativa que vino del Senado. No tuvimos una sola reunión de comisión para
tratar este tema y estamos en deuda con esta cuestión.
Hoy
las mujeres víctimas, mayores de 18 años, tienen que probar si consintieron o
no ser explotadas. Estas falencias tiene la ley actual, con todo el debate que
se produjo en esta Cámara y con la ausencia de su sanción por parte de este
Congreso.
Felicito
la iniciativa, pero me gustaría que el señor diputado preopinante me aclare lo
que ha señalado respecto de la provincia, donde estos casos siguen sucediendo y
tienen un entramado complicado.
Auguro
que trabajemos conjuntamente con las organizaciones sociales y que también les
reconozcamos su labor, porque todos los días 3 de cada mes nos reunimos frente
al Congreso con la foto de todas las desaparecidas en honor a Marita Verón. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por Tucumán.
Sra.
Mirkin.- Señora presidenta: soy diputada nacional
por la provincia de Tucumán y fui ministra de Desarrollo Social. Durante ocho
años ejercí mi gestión en el gobierno provincial y trabajé conjuntamente el
problema de la trata y la violencia contra las mujeres.
La
provincia de Tucumán no escapa al resto de las circunstancias de la Argentina,
de América Latina ni del mundo en relación con la trata contra las personas,
pero especialmente contra las mujeres y los niños.
Considero
que no se trata de un flagelo sino de un crimen de lesa humanidad, porque tiene
que ver con un patrón cultural donde las mujeres no somos ciudadanas de primera
como el resto del mundo. Esto provoca que las mujeres nos ocupemos de los
problemas de las mujeres como si fuera un problema exclusivamente nuestro, pero
le incumbe a los varones y a las mujeres.
Tal
como ha mencionado la compañera diputada preopinante, no es un problema de
partido político sino de defensa de derechos humanos fundamentales.
Fui
ministra de Alberto Lebos. Acá se habla graciosamente de algunos funcionarios
del gobierno provincial del que he formado parte. En aquella oportunidad fue
encontrada muerta la hija del compañero Lebos.
Quisiera
que se señalen cuáles son las políticas que los gobiernos provinciales venimos
desarrollando en el tema de tratas, porque se trata de un delito federal. La
provincia de Tucumán ha sancionado una ley de trata de personas, se está
trabajando fuertemente en esta cuestión y lo ha reconocido ayer la madre de
Marita Verón, la señora Susana Trimarco.
Nosotros
no salimos a decir -por parte del gobierno provincial- dónde tenemos escondidas
a las mujeres que son rescatadas de la trata ni cuántos problemas de vivienda,
salud y trabajo hemos resuelto. Consideramos que si las exponemos las estamos
revictimizando.
En
este sentido, un conjunto de compañeras con las cuales venimos trabajando
fuertemente esta cuestión queremos solicitar no ser aludidas de este modo en un
problema que es grave, que debiéramos intentar resolver, como venimos
intentando, por lo menos en las comisiones de las que formo parte. Venimos
intentando darle respuesta al tema de que no puede haber consentimiento. Hay
clientes de todos los sectores y profesiones. Mientras haya clientes va a haber
trata, y la trata da plata. El comercio con el cuerpo de las mujeres, la
esclavitud de las mujeres, da plata, y eso es porque hay clientes. Sépanlo los
varones, porque mientras haya prostitución y pornografía, no es con el cuerpo
de los varones sino de las mujeres, en Tucumán y en toda la Argentina. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por la provincia de Buenos Aires.
Sr.
Solá.- Señora presidenta: obviamente este pequeño
bloque va a apoyar el proyecto de ley de los diputados y diputadas del Frente
para la Victoria para instituir el 3 de abril como el Día Nacional de la Lucha
contra la Trata de Personas.
Quiero
decir que tengo un enorme respeto por la militancia, generalmente femenina,
social y política en contra de la trata y a favor de la defensa de la mujer en
general. Creo que estos han sido años gananciosos en términos de conciencia
sobre la problemática de la mujer en general y sobre el delito más grave, que
es el de trata, además de otros como el trabajo esclavo, que si bien afecta a
hombres y mujeres, lo hace en mayor medida con éstas.
Con
el debido respeto a esa militancia y con la expresa mención del aumento del
grado de conciencia de la sociedad a raíz de esa militancia, y el aumento del
grado de organización de la sociedad argentina en defensa de las víctimas de
este tipo de delitos, quiero decir que seguimos requiriendo permanentemente de
figuras señeras a las que señalamos como héroes o en este caso heroínas, como Susana
Trimarco.
Después
de muchos años de democracia y años de un gobierno que se ha propuesto el
trabajo social de una manera muy especial y como una de las claves de su
gestión, seguimos requiriendo de heroínas que por motivaciones personales, por
agallas, por convicción, por estar bien acompañadas o por lo que fuere, lleven
adelante este tipo de acciones. Cuando en el Congreso debamos recibirlas y
premiarlas, podremos convenir que mientras esto ocurre, hay un aumento en el
grado de conciencia que en buena medida atribuyo a la política, y
específicamente a quienes gobiernan. Pero al mismo tiempo no hay un
acompañamiento de acciones de Estado que estén en relación directa con ese
aumento del grado de conciencia.
Nos
agarramos la cabeza y nos impresionamos cuando suceden cosas como lo que acaba
de ocurrir en Chaco, el caso de un violador serial que además es un asesino, y
que ha sido liberado por un juez porque no funcionaron, no solamente las
neuronas del juez sino los mecanismos de control antes de la liberación.
No
hago hincapié en esto para utilizar este terrible y candente tema de la trata
para chicanear o hacer críticas sino que hablo desde la única experiencia que
tengo en ese sentido, que es la de gobernador de una gran provincia con
infinidad de problemas de inseguridad.
No
hay posibilidad de que haya una empatía concreta entre este grado de conciencia
de las mujeres y de aquellas que tienen funciones públicas sobre la cuestión, y
la acción del Estado mientras no exista un compromiso federal asumido por el
gobierno nacional respecto de las policías provinciales y la Gendarmería,
porque también está involucrado en este tema de la trata el control de la
frontera. La Gendarmería hace la vista gorda en la frontera para eso y muchas
cosas más, como el paso de gente que viene a trabajar de manera esclava. Ninguna
posibilidad habrá de que no haya una cuota de hipocresía en seguir hablando de
la trata, si no hay control de las policías provinciales; pero tampoco habrá
posibilidad de que exista control de esas policías. Cambian los gobernadores o
se impone el control desde el gobierno federal, que varias cosas impuso cuando
quiso hacerlo, bien o mal, con críticas de nuestra parte, y a veces, con
nuestro apoyo.
Sin
embargo, el control no está; y la policía federal es tan culpable como las
provinciales, porque fuera de la capital tiene delegaciones vacías, que son una
mentira ya que no hacen inteligencia en el sentido social de la palabra.
Existe
un proyecto consensuado con Seguridad Democrática y muchísimos otros
organismos, pero no puede ser tratado en esta Cámara porque existe una
prohibición política de confeccionar una ley orgánica para
Mientras
en la provincia de Buenos Aires tuvimos control policial, hubo ley y no existió
policía que no supiera qué podía pasarle a raíz de esa ley. Es decir que
primero debemos sancionar una ley, a efectos de discutir todo sobre su base.
Por ejemplo, podríamos discutir el control sobre los comisarios ‑no es
caro hacerlo‑, desde el punto de vista estadístico y mediante la computación.
Además, discutiríamos acerca de los premios y castigos para el buen policía y
el mal policía.
Los
policías de la provincia de Buenos Aires que veo y conozco estacionan su
patrullero en los lugares más “dormidos” para jugar con el teléfono o dormir. Es
lo mismo el policía que investiga y arriesga su “cuero” que el que nada hace;
cuando llega el momento de los ascensos son lo mismo, porque no se cumple con
la ley orgánica.
En
La
trata tiene que ver con Capital Federal,
Estamos
frente a una cuestión de seguridad, no solo de conciencia. Mientras no
asumamos, todos, el tema de la seguridad como centro de la cuestión, no habrá
igualdad en
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por
Sra.
Bertol.- Señora presidenta: adhiero
fervientemente al proyecto que estamos tratando, y hago mío el discurso –del
principio al final- pronunciado por la señora diputada Marcela Rodríguez. En
relación con este tema hay una enorme ausencia del Estado. Además, me molesta
muchísimo que algunos dirigentes políticos pretendan tomar como bandera propia
una cuestión tan sensible que a todos nos atraviesa.
Finalmente,
solicito autorización para insertar en el Diario de Sesiones el resto de mi
discurso.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr.
Comi.- Señora presidenta: como Coalición Cívica
deseo expresar nuestro apoyo y acompañamiento a la iniciativa en debate. Sin
perjuicio de ello, brevemente quisiera reclamar que no nos quedemos respecto de
estas cuestiones, como han sostenido otros legisladores.
En
En
consecuencia, como señalaran miembros de mi bloque en una discusión anterior,
reivindico la competencia de este Parlamento en el tema. Debemos abocarnos al
debate de la sanción del Senado, porque se nos va el año. Algunos creemos que
deben hacerse modificaciones y que tenemos el derecho de hacerlo. Esto no puede
ser un combo cerrado. No es posible que en aras de que algo sea aprobado,
sigamos votando cosas que no son buenas y tienen que mejorar. Podrá ser la
mirada mía la que triunfe o no. Casi seguramente no, pero tenemos que tratar
este tema ya porque se nos va el año.
Está
muy bien el proyecto que han presentado los señores diputados y reivindicamos
el coraje y la figura extraordinaria de Susana Trimarco, pero lo que nos
compete es mejorar la ley de trata que tenemos. Podrá haber sido un avance pero
es muy mala. Además, lo que vino del Senado también es malo.
Nos
pagan el sueldo para que nos ocupemos de estos temas. Por eso invitamos de
buena fe a quienes integramos las respectivas comisiones a tratar este tema ya,
antes de fin de año. De lo contario, hacemos jueguito para la tribuna.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Si la Honorable Cámara está de acuerdo, esta
Presidencia propone votar nominalmente en general y en particular en un solo
acto, atento a que el proyecto no tiene disidencias ni observaciones.
- Asentimiento.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Vamos a esperar unos minutos que los señores
diputados vayan ocupando sus bancas para votar.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pietragalla Corti.- Señora presidenta: quería
aclarar una cosa que creo que corresponde. Desde 2008 que se votó la ley de
trata fueron rescatadas en el país casi 4 mil mujeres que estaban en
cautiverio. Si eso no es política de Estado, que por favor después pasen por mi
despacho y me expliquen qué es.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Se va a votar nominalmente en general y en
particular el Orden del Día N° 999.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
187 señores diputados presentes, 186 han votado por la afirmativa.
Sr.
Secretario (Bozzano).- Afirmativos, 186 votos. No hay votos negativos. (Aplausos.).
Aquí votación nominal
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Queda
sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Honorable Senado.
- 11 -
Aquí orden del día N° 686
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- En consideración en general y en particular.
Tiene
la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Cleri.- Señora presidenta: en primer lugar,
quiero agradecer a todos los diputados que debatieron este tema en las
comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Legislación General.
Solicito
autorización para insertar mi exposición en el Diario de Sesiones.
Únicamente
quiero recordar unas frases de Néstor Kirchner cuando visitó Las Parejas por
última vez. Sostuvo que era el corazón vivo de una Argentina que renace y que
ahí estaba claramente expresado el proyecto nacional y el proyecto del
gobierno, además de haber un Estado presente. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Se va a votar nominalmente en general y en
particular.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
165 señores diputados presentes, 160 han votado por la afirmativa,
registrándose además 3 abstenciones. No se ha computado EL voto de un señor
diputado.
Sr.
Secretario (Bozzano).- Se han registrado 160 votos por la afirmativa y ninguno por la
negativa.
aquí VOTACION NOMINAL
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Para una aclaración tiene la palabra
el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Perotti.- Señora presidenta: esta declaración nos
parece un justo homenaje a quien fue Heraldo Mansilla, intendente de la ciudad
de Las Parejas, que falleció el 7 de abril pasado. Fue un hombre que luchó
permanentemente por su comunidad, por ese perfil industrial. Su sueño era
obtener un reconocimiento de este logro que se ha planteado con este proyecto
de ley para toda su comunidad de trabajadores y empresarios.
Sirva
este proyecto como homenaje a un luchador, un gran dirigente como ha sido
Heraldo Mansilla. (Aplausos.)
Sr.
de Petri.- Señora presidenta: quiero dejar
constancia de mi voto afirmativo.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Para una aclaración tiene la palabra
el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
De Gennaro.- Señora presidenta: quiero dejar
constancia de mi voto afirmativo.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Queda registrado, señor diputado.
Tiene
la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Rossi.- Señora presidenta: también quiero dejar
constancia de mi voto afirmativo.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Se toma nota, señor diputado.
Queda
sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Honorable Senado.
- 12 -
- 13 -
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- En consideración en general y en
particular el dictamen de las comisiones de Justicia y otra recaído en el
proyecto de ley venido en revisión venido del Honorable Senado por el cual se
crea el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº3, con asiento en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, provincia de
Tucumán.
Se
va a votar nominalmente.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
167 señores diputados presentes, 166 han votado por la afirmativa.
Sr.
Secretario (Bozzano).- Se han registrado 166 votos por la afirmativa y ninguno por la
negativa. (Aplausos.)
aquí VOTACION NOMINAL
Sra.
Pucheta.- Solicito que quede constancia de mi
voto afirmativo.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Se tomará nota, señora diputada.
Queda
definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
- 14 -
- 15 -
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- En consideración en general y en
particular el dictamen de las comisiones de Deportes y otra recaído en el proyecto
de ley por el que se instituye el 8 de enero de cada año como Día Nacional de
Tiene
la palabra la señora diputada por el Chaco.
Sra.
Pilatti Vergara.- Señora presidenta: este
proyecto de ley tiene por objeto instituir el 8 de enero de cada año como Día
Nacional de
Tres
de las peores dictaduras del siglo XX han tenido un objetivo en común: utilizar
el deporte para autoproclamarse adalides de la hombría, la virtud y el coraje
mientras desembozadamente protagonizaban las más aberrantes violaciones a los
derechos humanos fundamentales que haya conocido la humanidad.
Hablamos
de Mussolini, en aquel Mundial de Fútbol de 1934; de Adolfo Hitler, referido a
los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936; de la dictadura cívico-militar
argentina de
Es
por ello que no extraña que los deportistas comprometidos con la realidad
nacional hayan sido blancos de persecución bajo la férrea dictadura que se
instauró en
Mientras
celebrábamos los preparativos de aquel Mundial en 1978, el 8 de enero fue
secuestrado el atleta Miguel Sánchez, un compatriota de origen tucumano
proveniente de una familia muy humilde que alrededor de los años
Por
sus dotes deportivas, jugó al fútbol en el club Gimnasia y Esgrima de
Volviendo
de esta última maratón en 1977, el 8 de enero de 1978 fue secuestrado, detenido
y desaparecido. Hasta el día de hoy no se sabe nada de él, y tan así es que ni
siquiera figura en los informes de
Esto
pasó desapercibido en la historia argentina hasta que en el año 2000 un
periodista italiano que visitaba nuestro país adquirió un libro que tenía que
ver con los años de la dictadura y el deporte, y es así como descubrió la
historia de Miguel.
Teniendo
en cuenta que Miguel era militante político de la juventud peronista en la
unidad básica de Berazategui, escritor y atleta, este periodista, conmocionado
por su historia -que se asemejaba a sus habilidades, deseos y objetivos-,
comenzó a organizar en Roma la “Carrera de Miguel”.
Esta
maratón comenzó con muchos obstáculos políticos, pero como dice el mismo
periodista, sea del signo que fuera el alcalde de Roma, la carrera de Miguel se
hace todos los años, participando entre 15 y 20 mil maratonistas
aproximadamente en cada una de las oportunidades.
En
nuestro país, esporádica y desorganizadamente se realiza bajo distintas
modalidades en diversas localidades y ciudades, pero a partir de esta ley
pretendemos que Miguel Sánchez comience a ganar una de las carreras más
importantes de su vida, que es aquella que tiene como meta a la memoria.
Su
espíritu solidario y su matriz de atleta sobreviven entre nosotros. El
periodista Gustavo Veiga decía: “Su fuerza radica en que nos congrega y rebela
de furia al mismo tiempo a quienes no lo conocimos”.
Cuando
la última dictadura lo secuestró y le decretó su destino de desaparecido estaba
convencido de que su ejemplo no sobreviviría el paso del tiempo. No contaron
con que su poder residía precisamente en eso, en su condición de argentino con
ideales firmes y un compromiso de lucha.
Miguel
Sánchez es el atleta emblema de una juventud comprometida con la realidad de su
época. Como dije, este reconocimiento ya ha trascendido las fronteras de
nuestra República inspirando la concreción de la “Carrera de Miguel” por todo
el mundo.
Como
representantes del pueblo argentino creemos que la mejor manera de homenajear a
todos los deportistas detenidos y desaparecidos durante la última dictadura
cívico-militar es fomentando la realización de estos eventos en todos los
rincones de nuestra República para que también en el ámbito deportivo la
memoria, la verdad y la justicia sean una realidad. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr.
Barbieri.- Señora presidenta: quiero agradecer a
la diputada Pilatti Vergara por haberme invitado a participar de la firma de
este proyecto que me permite expresar mi visión sobre la dictadura militar,
sobre los derechos humanos y, en un segundo escalón, sobre el deporte como
ciencia social.
Este
reconocimiento a Miguel Sánchez constituye un justo homenaje a un deportista
que se convirtió en un emblema de esa juventud comprometida con la realidad de
una época de la historia de nuestro país.
En
su persona, también estamos haciendo un reconocimiento a todos los deportistas
desaparecidos de nuestra patria durante la última dictadura. Recordemos que han sido más de treinta y
cinco los deportistas desaparecidos.
Al
instar a
Además,
a través de este proyecto estamos destacando los valores que promueve el
deporte, los que se encuentran en el sentido más opuesto al que han pretendido
darle a lo largo de la historia de nuestra humanidad los distintos regímenes
autoritarios. Digo esto porque el deporte es, precisamente, una herramienta
fundamental de la relación intercultural y un medio para mejorar al
hombre. Ningún gobierno democrático de
la posmodernidad debería caer en la tentación de utilizarlo como un panfleto.
Ortega
y Gasset decía: “Se debe considerar a la actividad deportiva como primaria y
creadora, como la más elemental, seria e importante de la vida, y la actividad
laboriosa como derivada de aquella, como su mera decantación. ¡La vida propiamente dicha es sólo la de
cariz deportivo! Lo otro es
relativamente mecanización y mero funcionamiento.”
El
deporte es un lenguaje universal, un
factor de integración cultural que favorece el desarrollo de actividades
múltiples e incluyentes y refuerza la cohesión y la convivencia social,
convirtiéndose entonces en un derecho fundamental en las sociedades modernas y
en un derecho básico de la vida de todo ser humano.
Es
por ello que con la sanción de este proyecto de ley estamos reconociendo y
recordando a un hombre como Miguel Sánchez; estamos haciendo un homenaje al
deporte, a los derechos humanos y a la vida misma. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Tucumán.
Sr.
Santillán.- Señora presidenta: no quería dejar
pasar este momento sin señalar que Miguel Sánchez nació en la misma ciudad en
la que actualmente resido, es decir, en Bella Vista, un pueblo de la provincia
de Tucumán.
Lamentablemente,
nuestro pueblo ha sufrido a la dictadura militar de manera salvaje. Ese sufrimiento fue tan salvaje en una etapa
de nuestra sociedad, que de los compañeros, de los vecinos y de los obreros
desaparecidos durante la última dictadura no se hablaba.
Gracias
a Dios nos enteramos por una eventualidad de que en Italia se realizaba una
carrera en nombre de Miguel Sánchez y que después se fue trasladando de a poco
a distintas provincias, especialmente a Buenos Aires y Tucumán.
Creo
que es muy importante instaurar esta fecha para conmemorar el Día Nacional de
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Se va a votar en general y en
particular en forma nominal.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 167 señores diputados presentes, 166 han votado por la
afirmativa.
Sr. Secretario (Bozzano).-
Han votado 166 señores diputados por la afirmativa.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Quedará constancia del voto
afirmativo de los señores diputados Juri y de Pedro.
- 16 -
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Corresponde considerar las órdenes
del día de
aquí ordenes del día
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr.
Landau.- Señora presidenta: más allá de la
inserción que voy a solicitar del discurso que tenía previsto para fundamentar
de los distintos decretos de necesidad y urgencia que vamos a tratar hoy,
solamente quiero hacer un par de aclaraciones.
La
primera de ellas es que se trata de decretos que fueron enviados por el Poder
Ejecutivo durante los años 2010 y 2011 y que no tuvieron ocasión de ser
tratados por la comisión correspondiente. Finalmente, esa inacción
parlamentaria fue resuelta hace poco en una reunión plenaria de la comisión que
emitió los dictámenes que estamos considerando en el día de la fecha.
Resalto
esto por la objeción formal que planteó oportunamente la oposición. El hecho de
no haber sido tratados dentro de los diez días no implica ningún fenecimiento
de término preclusivo, toda vez que la inacción parlamentaria sólo hace nacer
el derecho a que este plenario proceda al tratamiento concreto de estos
decretos. Por eso ahora estamos ejercitando esa facultad que
El
dictamen que oportunamente emitió la comisión no ha tenido carácter vinculante,
precisamente porque la condición de asesor de este cuerpo que importa el
despacho de cada una de las comisiones sólo contribuye a su asesoramiento. Esto
es lo que se está considerando.
Desde
nuestro punto de vista, el reparo que se formula respecto al tratamiento que
oportunamente dio
Asimismo,
recuerdo que estos decretos observaron la formalidad que exige
Hecha
esta aclaración, atento lo avanzado de la hora, solicito la inserción en el
Diario de Sesiones de la fundamentación del dictamen de mayoría.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires, quien comparte el término con los diputados Albarracín y Gil
Lavedra.
Sr.
Tunessi.- Señora presidenta: en la convocatoria
figura que los proyectos de resolución por los que se ponen en consideración
los distintos DNU son sin disidencias ni observaciones. Quiero modificar eso,
porque entiendo que los señores diputados debieran conocer la actividad de la
comisión bicameral en un tema tan importante.
Cabe
aclarar que hemos formulado observaciones. En la reunión del miércoles 15 de
agosto de 2012 los diputados de la oposición manifestamos precisamente el
rechazo a la inclusión de estos decretos en el tratamiento de la comisión
bicameral por su manifiesta incompetencia, al haber fenecido los plazos
estrictos y perentorios que tiene para abocarse a la consideración, y que están
vinculados con la excepcionalidad de la medida.
No
se trata de plazos meramente formales, por eso son preclusivos y tienen que ver
con la necesidad de hacer de una cuestión excepcionalísima algo habitual, sin
plazo, que puede ser tratada en cualquier momento y bajo cualquier
circunstancia.
Dijimos
entonces que la perentoriedad de los plazos para el tratamiento es un requisito
constitucional que surge del artículo 99, inciso 3°, que establece con claridad
que esta comisión bicameral asesora tiene raigambre constitucional, debe
recibir el DNU de parte del jefe de Gabinete personalmente, y dentro de los
diez días debe abocarse a su tratamiento. Si no lo hiciera, el asunto pasará a
ser considerado de manera inmediata por el pleno de cada una de las Cámaras. El artículo 19 de la ley 26.122 establece
que la Comisión Bicameral tiene un plazo de diez días para expedirse, mientras
que el artículo 20 dispone que vencido ese término sin que se haya elevado el
correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato
tratamiento del decreto de conformidad con el artículo 99 de la Constitución.
Nosotros
no queríamos que se trataran en el ámbito de la comisión porque pretendíamos
que la Cámara se abocara en particular a cada decreto de necesidad y urgencia
que integran esa retahíla, esa larga lista a la que nos tiene acostumbrados el
gobierno nacional. Entre ellos se encuentran el presupuesto del año 2011 y una
enorme cantidad de asuntos que sería importante considerar porque como datan de
2010, la comisión no tenía que tratarlos.
Estuvieron
más de un año sin esta perentoriedad, sin esta urgencia, sin que el inmediato
tratamiento fuera necesario. No había ninguna razón; ni siquiera la
judicialización respecto de la conformación de la comisión bicameral, que bien
podría haber emitido dictamen en tiempo y forma aun cuando no fuera favorable
al oficialismo, ya que éste tenía asegurado su tratamiento en el recinto.
Sra.
Conti.- La oposición no daba quórum, señor
diputado Tunessi.
Sr.
Tunessi.- Pida la palabra, señora diputada.
El
dictado de un decreto de necesidad y urgencia debe estar fundado en una
situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir el
trámite ordinario para la sanción de las leyes. Resulta forzoso concluir que la
crisis política habilitante para el dictado de tales decretos refleja la falta
total de respuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita, imperiosa
e inminente de la administración para
dictar una norma. Tal es el resguardo, el celo, el cuidado que pone la
Constitución para impedir precisamente que el Poder Ejecutivo asuma facultades que
son propias del Poder Legislativo.
La
expresión “necesidad y urgencia” alude a un decreto que únicamente puede ser
dictado en circunstancias excepcionales, que tornen imposible seguir el
procedimiento normal para la sanción de las leyes. De allí la necesidad de
respetar escrupulosamente los plazos de la Constitución Nacional.
En
resumen, deben concurrir circunstancias excepcionales: que la necesidad y la
urgencia no puedan ser satisfechas por vía ordinaria para la sanción de las
leyes, y que la materia de que se trate no esté expresamente prohibida para los
decretos de necesidad y urgencia.
Nada
de eso se ha cumplido, y está claro que la necesidad y la urgencia no eran
tales, porque pudieron ser explicados durante más de un año en comisión, y
debieron esperar entre seis meses y un año para que el cuerpo se abocara a su
tratamiento.
El
listado de estos decretos de necesidad y urgencia constituye una muestra
palmaria de la falta de urgencia. Los plazos largamente expirados nos llevan a
considerar la cuestión fuera de tiempo, sin ninguna necesidad y urgencia.
Los
plazos son perentorios, preclusivos, taxativos. No es una formalidad que los
tratemos hoy, mañana o pasado. Estamos hablando de diez, doce o quince DNU,
porque muchas veces la presidenta ni siquiera puede esperar el trámite exprés
de las Cámaras con mayoría absoluta, porque al día siguiente necesita anunciar
una ley en una conferencia de prensa. Ese es destrato que le dan a las
instituciones. Ni siquiera pueden esperar los tiempos, los diez días del trámite
exprés a libro cerrado; así es como se sancionan las leyes del Parlamento hace
bastante tiempo.
Como
si fuera poco, si mañana a la tarde a la presidenta se le ocurre hacer una
conferencia de prensa y anunciar determinada cuestión, se mandan diez o quince
DNU juntos. ¡Ese es el respeto que se le da a la constitucionalidad en la
Argentina! ¡Un poco más de atención!
Acá estamos aprobando el presupuesto del año
2011. ¡Mandaron un DNU para aprobarlo y lo hicieron de esta manera! Es decir
que forma parte de las iniciativas que no fueron tratadas en tiempo y forma
oportuna.
Digo
esto para llamar la atención en el sentido de que ahora sí estamos abocados al
tratamiento de los temas. ¡Finalmente, vinieron al recinto estos asuntos!
¡Luego de tantas vueltas, estamos tratándolos! La comisión no era competente y
por eso lo dijimos -no por rigor formal-, era porque queremos respetar la
Constitución.
En
consecuencia, no vamos a apoyar los DNU porque no tienen nada de necesidad ni
de urgencia. Cualquiera de estas cuestiones podría haber sido satisfecha por el
trámite de una ley ordinaria, normal, común y corriente. Dicho sea de paso, en
este Parlamento las iniciativas se aprueban de manera exprés, en menos de quince días, es decir, en
tiempo récord. Por esa razón, vamos a rechazar el tratamiento.
Quiero
decir que no existe un motivo para un destrato institucional de estas
características, sobre todo, teniendo mayorías tan claras en ambas Cámaras. Me
refiero a la necesidad de arrogarse facultades legislativas, atropellar a este
Congreso, llevárselo por delante, no respetar los plazos ni las formas y
aprobarlo cuando quieran para darle un viso de legalidad y constitucionalidad,
que no tienen. Son nulos de nulidad insanable, no tienen ninguna necesidad ni
urgencia, y son un desborde autoritario del Poder Ejecutivo, que no respeta al
Congreso de la Nación. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor miembro
informante para una aclaración, sin insumir el tiempo al bloque radical.
Sr.
Landau.- Señora presidenta: no voy a hacer uso de
la palabra para refutar ninguna cuestión, aunque realmente tendría una cantidad
de elementos para hacerlo. Voy a informar que efectivamente existió la
disidencia en el tratamiento en comisión por parte de la oposición.
El
tema que se replica aquí tuvo oportunamente el mismo debate en la reunión de
comisión. Vale decir que la disidencia efectivamente existió.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Mendoza.
Sr.
Albarracín.- Señora presidenta: queremos aclarar
que el reloj no se detuvo cuando habló el miembro informante de la mayoría.
Estas
veintitrés órdenes del día que hoy tratamos no son solamente DNU sino que
conforman una mezcla de diversas cuestiones. Tenemos diez DNU, tenemos quince
asuntos relativos a facultades delegadas al Poder Ejecutivo y tenemos dos
cuestiones que son vetos parciales. Se trata de facultades legislativas que
ejerció excepcionalmente el Poder Ejecutivo.
La
pregunta que nos formulamos en la comisión y también nos formulamos ahora es la
misma. ¿Están bien o mal ejercidas esas funciones por parte del Poder
Ejecutivo? La verdad que hoy no podemos hacer un análisis detallado de cada uno
de los elementos porque no nos daría el tiempo. Todos verán el tamaño de los
órdenes del día y ello nos insumiría mucho tiempo. La respuesta de nuestro
bloque ‑y por eso lo rechazamos in
limine‑ es que desde el aspecto formal no deben ser considerados,
pero tampoco desde el punto de vista sustancial.
Hablemos
primero de la oportunidad. ¿Qué sentido tiene en la Constitución el tema de los
plazos? Se puede ser un poco más laxo con los plazos, pero estamos hablando de
diez días para que el jefe de Gabinete envíe el DNU y de diez días para que la
comisión lo trate e inmediatamente después pueda ser tratado por el cuerpo.
La
pregunta es: ¿diez días es asimilable a dos años? De ninguna forma. Esto es lo
que hace perderle la pista a las facultades ejercidas. ¿Cómo vamos a controlar
esas facultades? Por eso se establecen estos plazos breves, porque son
facultades excepcionales y las tenemos que controlar casi inmediatamente. Esa
es nuestra función porque son atribuciones legislativas, no son propias del
Ejecutivo.
Por
ejemplo, entre las facultades delegadas hay al menos tres decretos sobre normas
arancelarias del Mercosur dictados en los años 2010 y 2011 que tenían una
vigencia de un año. Es decir que los decretos ya caducaron. ¿Ahora vamos a
analizar si estuvieron bien o mal ejercidas las facultades delegadas? Es una
barbaridad. En realidad, lo que estaríamos haciendo es regularizar la situación
del funcionario que aplicó esos aranceles.
Como
el tiempo que me queda es escaso pido autorización para insertar en el Diario
de Sesiones el resto de mi discurso.
Simplemente,
quiero agregar sobre el tema presupuestario que por un decreto de necesidad y
urgencia se aprobó una modificación del presupuesto de 2010 que se prorrogó en
2011. Si les hablara de algunas de las cifras, son las mismas que tratamos en
la sesión pasada, es decir, miles de millones de pesos, y eso se asignó por
DNU. ¿Cuándo lo tratamos? Cuando venció
el ejercicio. Entonces, en vez de haber un seguimiento inmediato, se realiza
cuando el ejercicio ya venció.
Como
no convalidamos este barniz de legalidad que pretende dar el Poder Ejecutivo y
que hoy va a dar la Cámara a estos decretos, vamos a votar por la negativa. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien le quedan seis minutos.
Sr.
Gil Lavedra.- Son seis minutos gracias a la
prórroga que le contó al señor diputado Landau, pero voy a utilizarlos.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Se le volvió a asignar los minutos…
Sr.
Gil Lavedra.- ¡Cállese!
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- No me diga que me calle. Yo lo estoy
respetando y usted me tiene que respetar.
Sr.
Gil Lavedra.- Quiero referirme a un caso
particular y pediría que me escuchen porque es un hecho grave. Voy a referirme
a la promulgación parcial de la ley de lavado de dinero que eliminó la
prohibición de que la UIF pueda ser querellante. Obviamente han cambiado el
sistema persecutorio establecido por la ley que sancionamos. La posibilidad de
constituirse como querellante tiene que ser establecida por ley no por esta
cuestión amañada de una promulgación parcial, como fue en este caso. La
Constitución dice que debe ser el Ministerio Público, no por la ampliación de
facultades del Poder Ejecutivo que ha habido acá.
Pero
hay una circunstancia más grave. La ley de lavado de dinero fue sancionada con
el concurso de todos los bloques, porque el gobierno tenía que ir a rendir
examen frente al GAFI. Todos hicimos la contribución para poder sancionar la
ley rápidamente. Y la exclusión de la posibilidad de que la UIF fuera parte
querellante integró el acuerdo parlamentario que todos los bloques hicimos con
el Frente para la Victoria. El Poder Ejecutivo desoyó este acuerdo
parlamentario.
Hace
un rato ustedes gritaban orgullosamente que son el mismo gobierno, pero
parecieran no ser el mismo gobierno; ahora, van a decir que rige la división de
poderes y que el Ejecutivo tiene facultades propias. No es la primera vez que
violan acuerdos parlamentarios; lo hicieron respecto de la ley de los partidos
políticos, al igual que cuando con engañifas hicieron votar a otro partido, y
luego vino el veto parcial.
Hay
dos posibilidades: o el bloque parlamentario del Frente para
Señora
presidenta: le pido disculpas por mi exaltación inicial, que en verdad obedeció
al hecho de que, sinceramente, me da bronca este proceder, que hace mal al
funcionamiento del Congreso. Es tradición que aquello que se pacta en el
Parlamento se respete en el Poder Ejecutivo cuando permite la sanción de una
ley por consenso. Acá todos los bloques aportamos a esa sanción a fin de ayudar
al gobierno, que tenía perentoriedad para ir frente al GAFI. Se trató de una
norma que establecía y ponía en su quicio la posibilidad de que las facultades
persecutorias no se expandieran.
Este
veto parcial expande, ensancha y multiplica los órganos de persecución, y ello
en alguna medida afecta la defensa en juicio de los posibles imputados. Más
allá de las razones constitucionales por las que con esta promulgación parcial
de la ley se ha desvirtuado el espíritu del sistema de persecución penal,
expresamos nuestro profundo desagrado y repudio a la violación de un acuerdo
parlamentario celebrado de buena fe entre
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).-
Sr.
Gil Lavedra.- Señora presidenta: le pido
disculpas por mis expresiones, que sólo son entendibles en el calor del debate.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).-
Está disculpado, señor diputado.
Tiene
la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Rodríguez.- Señora presidenta: en realidad, en
relación con estos decretos de necesidad y urgencia en particular, yo integraba
la comisión cuando fueron dictados por el Poder Ejecutivo. Ellos tuvieron una
primera discusión. Más aún; en algún momento los decretos fueron enviados en
tiempo y forma por el jefe de Gabinete, pero según recuerdo, en la mayoría de
los casos eso no sucedió dentro de los diez días.
También
es cierto que la culpa fue nuestra, porque en general no dimos quórum. Hablo en
términos colectivos. Se trata de una Comisión Bicameral Permanente. Recuerdo
que en enero estuvimos solas las señora diputada Conti y yo –ella no me dejará
mentir-, y terminamos tomando un café.
Hay
requisitos formales que exige
En
realidad tengo dictámenes sobre la mitad y nunca los pude presentar, porque
jamás tuve la oportunidad de hacerlo.
Uno
podría discutir respecto de la validez o no de los decretos o del
incumplimiento del artículo 99, inciso 3), pero lo que debe quedar en claro es
que la Constitución no deja dudas de que la competencia de la comisión se
termina.
Por
lo tanto, si querían traer este tema al recinto, lo podrían haber hecho el año
pasado. ¿Por qué no lo hicieron?
-Varios señores diputados hablan a la vez.
Sra.
Rodríguez.- Yo he perdido muchas votaciones.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
Sra.
Rodríguez.- Lo cierto es que es una muy mala
respuesta el hecho de no haber traído los decretos a la consideración de
Se
trata de decretos de necesidad y urgencia, que requieren la aprobación del
Congreso, porque así lo exige
Lo
cierto es que
Si
fuera por una cuestión de rapidez, me debo remitir a todos los dictámenes que
he suscripto sobre los decretos de necesidad y urgencia, porque efectivamente
se violaron los artículos 29, 76 y 99, inciso 3), de
Entiendo
que no existen razones de necesidad para esos decretos de necesidad y urgencia.
Para los decretos delegados no existen bases de delegación ni tiempo
establecido para el ejercicio de las facultades delegadas.
En
relación con los vetos parciales, voy a votar negativamente, como lo hice con
la ley de lavado y la de aduana con un dictamen de minoría. Yo mantengo mi
postura. Si ahora el oficialismo quiere dar marcha atrás con lo que dijo, será
su posición.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra.
Ocaña.- Señora presidenta: simplemente quiero
adelantar mi voto por la negativa y pedir autorización para insertar los
fundamentos en el Diario de Sesiones, dada la hora avanzada de la sesión, que
ha comenzado muy temprano.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Prat-Gay.-
Señora presidenta: quiero adelantar el voto por la negativa de nuestro
bloque y hacer una breve reflexión. Se trata de lo absurdo que es la
interpretación de cómo se sancionan las leyes. Esta es la casa de las leyes y
resulta que no solamente es más fácil sancionar un DNU, porque requiere una
sola Cámara, sino que ahora descubrimos que además se tiene la ventaja de
esperar a que se tenga una Cámara con mayoría en algún momento del futuro para poder compensar la
minoría que tenían cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez años atrás.
Han
sido muy claros los argumentos del radicalismo. Quiero que esto quede asentado
y que conste en la versión taquigráfica para que algún día alguien vea cómo se
sancionaban las leyes en
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Se van a votar los proyectos de
resolución.
- Resulta afirmativa.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Quedan sancionados los respectivos
proyectos de resolución.
Se
harán las comunicaciones pertinentes.
- Asentimiento.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Se harán las inserciones
solicitadas.
Habiéndose
cumplimentado el objeto de la convocatoria, queda levantada la sesión.
Es la hora 22 y 7.-