37ª REUNION - 14ª SESION ORDINARIA
Noviembre 11 de 1998
Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri y Marcelo Eduardo López Arias
Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo, Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla
Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale
Lista de oradores
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Abalovich |
Alessandro |
Aramburu |
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Arias |
Balter |
Barrios Arrechea |
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Cafiero (M.A.H.) |
Camaño (E.O.) |
Camaño (G.) |
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Carrió |
Castillo |
Castro |
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Cruchaga |
De Sanctis |
Fernández de Kirchner |
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Flores |
Francos |
Goñi |
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Guzmán |
Haquim |
Liponezky de Amavet |
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Maqueda |
Massei |
Negri |
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Nieva |
Olima |
Pando |
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Passo |
Rampi |
Roggero |
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Saggese |
Snopek |
Storani |
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Stubrin |
Tejerina |
Vicchi |
SUMARIO
- Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre de 1998, a la hora 19.45:
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Con la presencia de 138 señores diputados queda abierta la sesión.
Invito al señor diputado por el distrito electoral de Salta, don Arnaldo Damián Estrada, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, el señor diputado don Arnaldo Damián Estrada procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.(Aplausos.)
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A Dirección de Taquígrafos |
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 164 del reglamento, corresponde considerar, a fin de que los señores diputados indiquen los errores que pudieran contener, los Diarios de Sesiones correspondientes a las reuniones celebradas desde el 12 de marzo (3ª reunión) hasta el 29 de abril de 1997 (10ª reunión).
- No se formulan observaciones.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- No formulándose observaciones, se tendrán por aprobados los Diarios de Sesiones en consideración, se autenticarán y archivarán.
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A Dirección de Taquígrafos |
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde dar cuenta de los asuntos incluidos en los boletines de Asuntos Entrados números 31 a 34, que obran en poder de los señores diputados.
Conforme con lo resuelto oportunamente por la Honorable Cámara, se prescindirá de la enunciación de los asuntos entrados por Secretaría, sin perjuicio de su inclusión en el Diario de Sesiones, y se dará por aprobado el giro a las respectivas comisiones.
Corresponde que la Honorable Cámara pase a resolver respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento inmediato del cuerpo, de los que se dará cuenta por Secretaría.
Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- La señora diputada Kent de Saadi eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.
Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- El señor diputado Dumón eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.
Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- La señora diputada Musa eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.
Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- El señor diputado Flores solicita el retiro de su firma del proyecto de ley contenido en el expediente 4.905-D.-98, sobre régimen federal de hidrocarburos.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se procederá conforme con lo solicitado.
Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- La señora diputada Stolbizer eleva su renuncia como miembro de la Comisión de Discapacidad.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.
Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- El señor diputado Aubía solicita el retiro de su firma del proyecto de ley contenido en el expediente 4.905-D.-98, sobre régimen federal de hidrocarburos.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se procederá conforme con lo solicitado.
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A Dirección de Taquígrafos |
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde resolver respecto de los pedidos de licencia presentados por los señores diputados, cuya nómina se registra en los boletines de Asuntos Entrados antes mencionados.
Se va a votar si se acuerdan las licencias solicitadas.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar si se conceden con goce de dieta.
- Resulta afirmativa.
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A Dirección de Taquígrafos |
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde pasar al término reglamentario destinado a la consideración del plan de labor de la Honorable Cámara.
Por Secretaría se dará lectura del plan de trabajo propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- Dice así:
Dictámenes, sin disidencias ni observaciones, en los proyectos de ley contenidos en los Ordenes del Día 519, 920, 1.124, 1.217, 1.256, 1.257, 1.290, 1.304, 1.344, 1.373, 1.394 y 1.417.
Dictámenes, sin disidencias ni observaciones, en los proyectos de resolución y de declaración contenidos en los Ordenes del Día 1.083, 1.084, 1.085, 1.086, 1.087, 1.088, 1.089, 1.090, 1.091, 1.092, 1.093, 1.094, 1.095, 1.096, 1.097, 1.098, 1.099, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.133, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.157,1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.186, 1.189,1.190, 1.191, 1.192, 1.196, 1.197, 1.198, 1.201, 1.202, 1.204, 1.205, 1.206, 1.208, 1209, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1218, 1219, 1220, 1.222,1.223, 1.224, 1.225, 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.231, 1.234, 1.235, 1.237, 1.238, 1.239, 1.241, 1.243, 1.245, 1.246, 1.255, 1.258,1.259, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.269,1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.275,1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.281, 1.282, 1.283, 1.284, 1.285, 1.286, 1.287, 1.289, 1.291,1.292, 1.293, 1.294, 1.295, 1.296, 1.297, 1.298, 1.299, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.305,1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.317, 1.320, 1.321, 1.322, 1.327, 1.331, 1.332, 1.333, 1.334, 1.335, 1.336, 1.338, 1.339, 1.340, 1.341, 1.342, 1.343, 1.345 y 1.347.
Dictámenes, sin disidencias ni observaciones, por los que se desestima la promoción de juicios políticos, contenidos en los Ordenes del Día 628, 629, 737,738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 817,818, 819, 820, 860,861, 862, 863, 864, 865, 959, 960, 961, 965, 996,997, 998, 999, 1.000, 1.001, 1.130, 1.131, 1.132, 1.134, 1.135, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.185, 1.199, 1.200, 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.323,1.324, 1.325, 1.326 y 1.329.
Proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por la constitución del "Comité Interreligioso por la Paz - Peregrinación 2000" (expediente 5233-D.-98).
Proyecto de declaración solicitando al Poder Ejecutivo que disponga la reincorporación de los señores Carlos Alberto Loys y Omar Oscar Carreras, ex empleados del Banco de la Nación Argentina (expediente 6757-D.-98).
Proyecto de declaración por el que se expresa solidaridad con los pueblos de los países de América Central afectados por el Huracán Mitch (expediente 7260-D.-98).
Dictamen por el que se desechan las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre prohibición de la caza o captura de ejemplares de orca en el territorio nacional (Orden del Día N° 1.319; expediente 4.705-D.96).
Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se observa totalmente el proyecto de ley registrado bajo el número 25.037, sobre exenciones impositivas a la actividad teatral (expediente 62-PE.-98).
Dictámenes, con disidencias, en los pedidos de promoción de juicio político contenidos en los Ordenes del Día 610, 898, 1412, 599, 783, 958, 966 y 1.003.
Dictamen, con observaciones, en el pedido de promoción de juicio político contenido en el Orden del Día N° 1.002.
Comunicación del bloque Justicialista por la que propone la designación de los representantes de la Honorable Cámara en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (expediente 7.365-D.-98).
Proyecto de ley por el que se modifica la ley 23.966, de impuestos sobre los combustibles líquidos y el gas natural (expediente 5.011-D.-98).
Proyecto de ley sobre régimen de emergencia pesquera (expediente 2.164-D.-98)
Dictámenes que contienen el informe de la Comisión Especial para el Análisis del Sistema de Concesionamiento por Peaje y el Estudio del Financiamiento de Obras Viales (Orden del Día N° 1.348; expediente 6.841-D.-98).
Dictámenes por los que se aconseja la sanción de proyectos de declaración solicitando al Poder Ejecutivo el retiro del Acuerdo y Protocolo firmados entre la República Argentina y la República de Chile sobre los límites de los Hielos Continentales, y la adopción de criterios para la demarcación del límite entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet en los Hielos Continentales (Ordenes del Día 611 y 1.004; expedientes 2.206 y 4.471-D.-98).
Dictamen por el que se modifica la ley 24.557, de riesgos del trabajo (Orden del Día N° 1.410; expedientes 511-D.-97; 3.921, 4.041, 4.203, 4.293, 4.379, 4.760 y 4.812-D.-98).
Dictamen por el que se aconseja la sanción de un proyecto de declaración por el que se solicita al Poder Ejecutivo la prohibición de la pesca y comercialización de diversos especies ictícolas en provincias del litoral (expediente 6.207-D.-98; Orden del Día N° 1.194).
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración el plan de labor propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. NEGRI.- Señor presidente: en relación con los dictámenes sin disidencias ni observaciones recaídos en los proyectos de resolución y de declaración se omitió mencionar dos proyectos de declaración respecto de los cuales en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria hubo consenso para incluirlos en el presente plan de labor. Ellos son los contenidos en el expediente 5.233-D.-98, sobre adhesión a la constitución del Comité Interreligioso por la Paz-Peregrinación 2000, y en el expediente 7.260-D.-98, sobre declaración de solidaridad con los pueblos de los países de América Central por la irreparable pérdida de vidas humanas y los cuantiosos daños materiales causados por el huracán Mitch.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Efectivamente, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria hubo acuerdo en el sentido de tratar los dos asuntos mencionados por el señor diputado por Córdoba.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. TEJERINA.- Señor presidente: deseo aclarar que el Orden del Día N° 1.127 se refiere a un homenaje a un deportista cuyo verdadero nombre es Mirio y no Mario como erróneamente se ha consignado. Por lo tanto, solicito que se efectúe la corrección correspondiente.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Así se hará, señor diputado.
La Presidencia advierte a la Honorable Cámara que entre los dictámenes sin disidencias ni observaciones referidos a promociones de juicios políticos a diversos magistrados, figura el Orden del Día N° 1.412, de juicio político al juez Oyarbide, despacho cuyo término no se halla vencido, por lo que requiere para su tratamiento en la presente sesión los dos tercios de los votos que se emitan.
Se va a votar el plan de labor propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobado el plan de labor.
Sr. OLIMA.- Pido la palabra.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. OLIMA.- Señor presidente: quiero señalar que entre los Ordenes del Día que fueron leídos por Secretaría y cuyo tratamiento fue acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria se ha omitido mencionar la número 1373, que se refiere a la aprobación del tratado ictícola argentino-paraguayo
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia aclara al señor diputado que el Orden del Día al que se refiere está incluido en la lista de temas cuyo tratamiento fue acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
"Véase el detalle de los Ordenes del Día precedentemente enumerados en el sumario".
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde pasar al término previsto por el artículo 168 del reglamento destinado a pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de tratamiento sobre tablas.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. RAMPI.- Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra a fin de formular dos mociones de preferencia, ambas con o sin despacho de comisión, y con el propósito de que los proyectos a los que me he de referir a continuación sean considerados en la próxima sesión o siguientes.
La primera moción está relacionada con el proyecto de resolución contenido en el expediente 1.595-D-98, sobre creación de una Comisión Especial Investigadora de las Actividades Desarrolladas por el Banco Patricios Sociedad Anónima.
Oportunamente, solicitamos que el proyecto se modifique a fin de que dicha comisión investigadora estudie los hechos de público conocimiento que tuvieron lugar en relación con el Banco Mayo.
La segunda preferencia se refiere al proyecto de ley en revisión contenido en el expediente 149-S.-98, sobre designación de los profesionales que las partes han acordado en la firma de boletos de compraventa. Es decir, para el acto de la escrituración las instituciones financieras deberán respetar la voluntad de las partes en cuanto a la designación de los profesionales estipulados en los boletos de compraventa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración la moción de preferencia formulada por el señor diputado por Buenos Aires en relación con el proyecto de resolución contenido en el expediente 1.595-D.-98.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda acordada la preferencia solicitada.
En consideración la moción de preferencia formulada por el señor diputado por Buenos Aires en relación con el proyecto de ley en revisión contenido en el expediente 149-S.-98.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda acordada la preferencia solicitada.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. CAFIERO (M.A.H.).- Señor presidente: no he solicitado el uso de la palabra.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- El bloque lo ha anotado, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: habíamos acordado que en el término destinado al tratamiento de las mociones de preferencia el señor diputado Cafiero hiciera uso de la palabra en función de una petición de la señora diputada Carrió, pero el citado señor diputado me pidió lo retirase de la lista de oradores. Fue un error mío dejarlo en ella y pido disculpas.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se tiene en cuenta su aclaración, señor diputado.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. STORANI.- Señor presidente: quiero llamar la atención de la Honorable Cámara, que de acuerdo con la Constitución Nacional representa la voluntad y la soberanía del pueblo de la Nación, y espero que lo que voy a decir suene con más fuerza que la capacidad que tiene mi voz a fin de que se escuche en todo el país.
Nos hallamos ante lo que diría constituye un extremadamente grave caso de violación de la Constitución, de las instituciones y del respeto a la soberanía del pueblo. Si no hay soberanía popular, no existe legitimidad en el poder, y esto vale tanto para una elección que se desarrolle de manera directa como respecto del mecanismo que determina la Constitución Nacional cuando las elecciones son indirectas.
Me estoy refiriendo a lo que todo el país ya conoce: el escándalo -no puede denominarse de otro modo- que se ha producido en el Senado de la Nación, donde ni siquiera podríamos conceder el título positivo de "senador trucho" a quienes pretenden ser consagrados representantes de las provincias, porque tampoco reúnen las condiciones para tener esta última denominación. Directamente no existen conforme al procedimiento que establece la Constitución Nacional.
No voy a realizar argumentaciones jurídicas ni constitucionales que todos conocen y que han sido sobradamente expuestas en el Senado de la Nación.
Tampoco haré referencia a sofisticados argumentos políticos que pueden confundir; simplemente se trata del más elemental sentido común.
En la provincia del Chaco, la Alianza se constituyó previamente a la elección del gobernador que oportunamente fue consagrado como tal, el actual mandatario Angel Rozas. Con posterioridad a esa elección se desarrollaron dos elecciones: la de legisladores provinciales y la elección nacional del 26 de octubre del año pasado. En ambas concurrimos con la denominación de "Alianza".
Quiero que quede en claro que aquí ni siquiera hay lugar para una doble interpretación. Cada ciudadano habilitado para votar en esa provincia no votó por un partido político individualmente considerado sino que lo hizo por una alianza previamente constituida. Por lo tanto, ni siquiera caben dudas respecto de la interpretación de cuál era la voluntad del votante al momento de emitir su sufragio.
La elección desarrollada el 24 de agosto de 1997 arrojó resultados más que contundentes. En ella la Alianza-Frente de Todos obtuvo el 56,8 por ciento de los votos; el Partido Justicialista, el 31,2 por ciento, y Acción Chaqueña, el 7,4 por ciento. Unos meses después, en ocasión de la elección nacional de renovación parlamentaria, la Alianza-Frente de Todos obtuvo el 58,6 por ciento de los votos; el Partido Justicialista, el 33,7 por ciento, y Acción Chaqueña, el 4,3 por ciento.
Entonces, queda absolutamente en claro que la voluntad expresada inequívocamente por el pueblo chaqueño fue a favor de la Alianza-Frente de Todos -que ya había sido consagrada- y no de los partidos individuales que la componen. Así, la Legislatura -que representa al pueblo de esa provincia- se constituyó de la siguiente forma: dieciséis legisladores por el bloque de la Alianza-Frente de Todos, trece por el bloque del Partido Justicialista y tres por el bloque Acción Chaqueña.
Conforme al procedimiento de la Constitución Nacional, sus cláusulas transitorias, el espíritu de la Constituyente de Santa Fe, la doctrina unánime de los constitucionalistas y todas las opiniones que se han recogido hasta este momento, sólo cabía la interpretación de que la Legislatura del Chaco, con la mayoría que se expresa en uno de sus bloques y la voluntad popular -que otorga legitimidad en el poder- consagrara como representante de la mayoría a un integrante de la Alianza-Frente de Todos.
Es evidente que, a raíz de un procedimiento torcido, deformado, que violenta la voluntad popular, en el Chaco no hubo ningún tipo de dudas en el sentido de que se produjo un verdadero fraude a esa voluntad popular. En el Senado de la Nación se consagró la representación, por vía del elector, de un integrante del bloque Justicialista. De esa manera el Senado se arrogó una facultad que no le corresponde, pues ha pasado por encima de la autonomía de las provincias para consagrar dicha elección. Y aclaro
que este pedido no es único, porque se suma a otras solicitudes de señores diputados, como el de la señora diputada Carrió.
Más burdo todavía resulta el caso de la provincia de Corrientes. Baste recordar que el partido Justicialista no gana una elección en dicha provincia desde 1973; es decir que hace veinticinco años que el pueblo de Corrientes no tiene una mayoría representativa justicialista. Sin embargo por esta maniobra se arroga la mayoría de la representación de la provincia de Corrientes.
Pregunto cuál es el objetivo que se persigue, porque no puede ser que tamaña violación se haga de manera gratuita. Es evidente que el objetivo es llegar a una mayoría propia que permita en ese cuerpo de alta sensibilidad, porque es la Cámara de sentencia de los casos de juicio político, garantizar la impunidad en caso de que algún juicio prospere ante evidencias de graves responsabilidades que puedan haberse presentado.
Del mismo modo se busca esta mayoría para designar a los embajadores políticos y alcanzar alguna otra política de acuerdo, como un remanente de la falta de expresión directa de la soberanía popular.
En lo posible, solicito que el cuerpo trate de mejorar no la imagen -porque no sería tan importante- sino la actuación de quienes componemos el Parlamento argentino para recuperar la fe, la confianza y la credibilidad.
No hay nada que discutir, porque si se pierden las elecciones se respeta a la mayoría que el pueblo eligió. Ese es el verdadero funcionamiento de la democracia y no cualquier otro procedimiento amañado.
Por lo expuesto, solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración del que soy coautor contenido en el expediente 7.247-D.-98.
Sr. CAMAÑO.- ¿Me permite una interrupción, señor presidente?
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- No corresponde, señor diputado.
Sr. CAMAÑO.- Sería bueno que me permitan hacerla porque quisiera preguntar cómo votaron en Santiago del Estero al senador Meneghini, y si ésta es la Unión Cívica Radical que actuó al revés en el caso de Jujuy.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia aclara al señor diputado Camaño que no le ha concedido una interrupción.
Sr. CAMAÑO.- De todas maneras, señor presidente, pregunto si esta Unión Cívica Radical es la misma que estuvo en Jujuy votando al senador que no ha sido propuesto por el partido Justicialista. Esto es lo que quiero que aclare el señor diputado Storani.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia le va a dar el uso de la palabra al señor diputado Carlos Alvarez, para que utilice los cinco minutos que establece el reglamento. Se aclara que el señor diputado Storani utilizó un tiempo mayor, por lo que el resto de los diputados no podrá emplear todo el tiempo de que disponían en un principio.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. ALVAREZ (C.A.).- Señor presidente: el señor diputado Storani ha sido suficientemente claro en este tema: no es una recriminación que simplemente se hace desde la Alianza, sino que parte del conjunto de la sociedad y de todos los sectores que han advertido una maniobra del bloque de senadores del justicialismo, una estrategia para utilizar al Senado como reserva de impunidad en el futuro.
No puede haber otra explicación que no sea atrincherarse en el Senado con la ilusoria creencia de que podrán impedir un proceso de movilización social que se hará en la Argentina por encima de acuerdos y de pactos de impunidad, y por encima de voces que quieran silenciar lo que pasó. Pero nadie podrá detener en la Argentina una movilización orientada a investigar a fondo los hechos más emblemáticos de la conducción del gobierno y de la administración Menem. Y se tiene esa visión porque hay un desprecio por la institucionalidad; es como si hubiera una estrategia basada en que, cuanto mayor debilidad tengan las instituciones, mayor poder van a tener los grupos económicos de presión en la Argentina. Esto no es casual, porque el peor liberalismo económico en nuestro país siempre apostó a que no tuviéramos una república en serio, una república democrática, porque sólo cuando tengamos instituciones fuertes y la sociedad tenga credibilidad en la política, dejará de haber capitalismo salvaje en nuestro país.
El proyecto del menemismo se asienta en estas dos situaciones. Hay un evidente poder de los grupos más concentrados de la economía que coexisten con un vaciamiento de la democracia, del cual es responsable fundamentalmente la generación de este clima de "vale todo" y de esta atmósfera de impunidad con la que cotidianamente convivimos los argentinos.
Se equivocan si creen que pueden encontrar refugios institucionales, porque esto no va a ser avalado por la Alianza. Va a haber una demanda; de hecho, ya existe en la Argentina de hoy. Si quieren convertir al Senado, no en juez de las habilitaciones y los diplomas sino en elector, enfrentando abiertamente a los componentes centrales de la República como lo son el federalismo y las autonomías provinciales, y planteando una estrategia de saqueo de bancas, tienen que saber que el costo político no lo estará pagando solamente el partido Justicialista sino la calidad institucional. Indirectamente el costo político lo estaremos pagando todos.
Estamos convencidos de que, cuanto más baja es la calidad institucional, más predominarán las decisiones de los que concentran el poder económico en nuestro país.
¿Qué queremos que piense la gente de las Cámaras de Diputados y de Senadores, especialmente de esta última? ¿Queremos que asocien a sus miembros a un refugio de bandidos? ¿Esa es la idea que queremos que tenga la sociedad de una de las instituciones más importantes de la República? ¿No nos damos cuenta del deterioro de la credibilidad de la gente en la política, en los partidos y en las instituciones?
Entonces, ¿cómo un partido va a definir una estrategia funcional para sí mismo, para el peronismo, y para los que utilizan el poder para delinquir? Es lamentable que senadores como Antonio Cafiero, Carlos Reutemann, Verna y muchísimos otros se presten a una estrategia que, en última instancia, apunta a convertir al Senado en una reserva de impunidad para el futuro.
Lo mismo está pasando con el intento de desplazar de la causa sobre el tráfico de armas al fiscal Stornelli. El proceso de mani pulite ya comenzó en Argentina, quizá por oportunismo, quizá por conveniencia, pero sepan y estén seguros los senadores del partido Justicialista que va a ser imposible detener a la sociedad civil, a los ciudadanos que no quieren convivir más con la violación de la Constitución y con esta suerte de pesadilla menemista signada por la corrupción y la impunidad. (Aplausos.)
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.
Sra. FERNANDEZ DE KIRCHNER.- Señor presidente: un hecho como el ocurrido en estos días en el Senado de la Nación exige ser abordado desde una perspectiva diferente a la del aspecto partidario. Digo esto porque, más allá de los intereses partidarios, están en juego dos pilares básicos del sistema institucional argentino: uno es el que se vincula con el concepto de la democracia expresada a través de la voluntad popular, y el otro es el federalismo, que se manifiesta por medio de las autonomías provinciales y que en el caso puntual de la elección de los senadores prescribe que los únicos electores posibles de los senadores de la Nación son las Legislaturas locales, porque ellas expresan la composición de la voluntad popular en las provincias.
Confluyen entonces en el abordaje de este tema dos pilares básicos: el respeto a las autonomías federales y el respeto a la voluntad popular. Se trata de dos conceptos que deben ser muy caros a todo el sistema democrático y popular en la Argentina, independientemente del color partidario que se tenga.
Creo, como el resto de la sociedad argentina, que debemos condenar severamente esta violación a la voluntad popular y al federalismo; pero no sería honesta si no manifestara que, cuando me desempeñé como senadora de la Nación, en 1996, me tocó tratar este mismo tema respecto de la decisión de la Legislatura de Santiago del Estero con referencia al senador Meneghini. En aquella oportunidad hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición para dejar de lado la decisión de la Legislatura local y, en virtud de ese acuerdo entre ambas fuerzas políticas, la Cámara de Senadores de la Nación se constituyó no sólo en juez del título sino en electora del senador Meneghini por Santiago del Estero. Junto con el señor senador Villarroel fuimos los únicos senadores de la totalidad de los presentes que votamos negativamente, independientemente de la persona de Meneghini, que es un ciudadano que me merece el mayor de los respetos.
Lo cierto es que hay antecedentes de esta falta de respeto a la voluntad de una Legislatura local. Esto no torna menos condenable la presente situación, porque estamos acostumbrados a un discurso en el cual parecería que la relación de unos habilitara la de otros. (Aplausos.)
Como justicialista debo decir que nunca el peronismo ocupó cargos institucionales que no tuvieran que ver con la voluntad popular. Por eso yo, además de repudiar este hecho como ciudadana argentina, lo repudio profundamente como militante democrática por considerar que se está violando lo que ha sido nuestra base fundacional, que es la voluntad popular.
No quería dejar de decir estas palabras porque entiendo que cuando los temas se abordan debe ser en su totalidad y no solamente para convertirnos en fiscales de las conductas porque nadie, ni un partido ni otro, es depositario de la suma de las virtudes públicas. Parecería que determinados sectores políticos muchas veces pretendieran monopolizar las virtudes públicas. Esto es erróneo y sinceramente pienso que el cuerpo debería expedirse, como debió hacerlo debió hacerlo en otrasoportunidades, sobre este hecho que sin lugar a dudas constituye una violación flagrante de la voluntad popular y de las autonomías provinciales. (Aplausos.)
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. HAQUIM.- Señor presidente: en el discurso anterior escuché hablar sobre el respeto a las instituciones, a la Constitución, a la seguridad jurídica y, fundamentalmente, a la voluntad popular.
Sin embargo, noto que hay falta de coherencia entre el discurso y las acciones. Hace pocos días en Jujuy también se produjo un escándalo, del que fue protagonista la Legislatura de esa provincia.
En Jujuy había que renovar al senador cuya banca pertenecía al partido Justicialista. De acuerdo con lo que establece su carta orgánica, el partido Justicialista convocó a elecciones internas.
Las elecciones se llevaron a cabo y su resultado fue certificado por el juez federal, otorgando lo que la cláusula transitoria cuarta de la Constitución Nacional exige. Sin embargo, merced a un acuerdo entre los integrantes de la Alianza y seis justicialistas disidentes, en la Legislatura de la provincia se votó otra cosa. Pusieron en riesgo la seguridad jurídica y burlaron la Constitución Nacional y la voluntad popular expresada en las urnas por más de 40 mil afiliados justicialistas, el 50 por ciento del padrón de afiliados justicialistas.
Por eso digo que hay falta de coherencia entre el discurso y la acción.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. HAQUIM.- Este escándalo producido en la Legislatura de Jujuy por la Alianza quiso ser salvado en el Senado de la Nación.
Hablo de falta de coherencia porque, mientras la Alianza en Jujuy violaba la Constitución y no respetaba la voluntad popular, los senadores radicales defendían en el Senado de la Nación lo que le correspondía al partido Justicialista de Jujuy. Esta es la incoherencia a la que me refiero.
¿La Alianza es la misma en todo el país menos en Jujuy? ¿O acaso hay un discurso incoherente que no respeta la voluntad popular ni las instituciones y que atenta contra la seguridad jurídica?
Es por lo expuesto que hago moción de que se ponga a consideración sobre tablas un proyecto de declaración de mi autoría -que figura bajo el expediente número 7.279-D.-98- que hace referencia a lo ocurrido en la sesión del 21 de octubre en el Senado de la Nación.
Tengo la seguridad de que todos los que estamos aquí tenemos que velar con coherencia por la Constitución Nacional y por el respeto a las instituciones y a la voluntad popular. (Aplausos.)
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra. PANDO.- Señor presidente: como diputada por el pueblo de la provincia de Corrientes y en representación del Partido Liberal vengo a denunciar el acto de violación del que hemos sido objeto debido al comportamiento de algunos senadores nacionales.
Hemos sido atropellados en nuestra autonomía, en nuestra soberanía y, fundamentalmente, en la posibilidad de que cada uno de los correntinos pueda elegir a su senador nacional.
Este es un hecho gravísimo y nunca visto entre las tantas irregularidades a las que el Senado ha acostumbrado al pueblo de la Nación Argentina en relación con otras provincias.
Digo que es gravísimo porque el caso del senador correntino se presenta con una asociación ilícita perfectamente armada y estructurada a partir de la actuación a partir de la actuación del señor juez federal Carlos Soto Dávila, quien entregó tres certificaciones a tres senadores pertenecientes a partidos políticos diferentes.
Este juez federal no analizó las condiciones personales de los diferentes candidatos ni los requisitos institucionales para acceder a una función legislativa. Menos aún tuvo en cuenta el cuadro de compaginación y formación de cada uno de los bloques de la Legislatura de Corrientes.
Ese juez federal, que hasta pocas horas antes de asumir su función era apoderado del Partido Justicialista de la provincia de Corrientes, no tuvo la delicadeza de apartarse de esta cuestión, teniendo en cuenta que iba a ser sometido a una presión compatible únicamente con el agradecimiento que debía a su partido por el cargo público obtenido.
He dicho todo esto porque ese juez federal ni siquiera analizó las cartas orgánicas de los distintos partidos políticos. Además, el dictamen emitido por el juez -luego de haber extendido las tres certificaciones en violación de las normas vigentes- fue modificado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Electoral, que efectuó un análisis del comportamiento de dicho magistrado, llegando a la conclusión de que no había cumplido con lo que especifica el artículo 166 de la Ley Electoral y la cláusula transitoria cuarta de la Constitución Nacional. Debimos soportar el incumplimiento de un juez que debe administrar justicia para todos los argentinos.
Posteriormente, producto de esa asociación ilícita que denuncio, el señor vicegobernador de la provincia de Corrientes se arroga la voluntad colectiva de todos y cada uno de los integrantes de la Asamblea Legislativa, argumentando que cuenta con imposibilidad material para sesionar legalmente.
Como debía continuar con ese concurso de inconductas tipificadas todas ellas en el Código Penal, extiende una certificación falsa de la composición de cada uno de los bloques, haciendo aparecer al bloque Justicialista con un número de legisladores superior al real.
¿¡Cómo se entiende que un vicegobernador pueda extender una certificación diciendo que el partido Justicialista representa a la mayoría, cuando desde 1973 no gana una elección en Corrientes!? (Aplausos.)
¿¡Cómo se puede entender que no habiendo ganado durante más de veinticinco años hoy cuente con dos senadores en representación de la mayoría!? Esta ecuación es imposible de entender, y sólo puede interpretarse como el resultado de la existencia de una asociación en la que el juez federal y el vicegobernador de la provincia -que responde al otro partido que también pretendió obtener una certificación para acceder a una banca- forman parte de un negocio espurio de muchos millones de pesos, tal como aparece reflejado hoy en todos los diarios de amplia circulación nacional.
Como si todo esto fuera poco, el Senado de la Nación, sin contar con la certificación que exige la Constitución y la ley electoral, se arroga la voluntad de los correntinos, se convierte en elector, violenta la soberanía provincial y, fundamentalmente, comete un atropello a las instituciones.
Por eso hoy más que nunca confiamos en las instituciones republicanas y en el Consejo de la Magistratura. Esperamos que ese juez, que no merece el respeto de los argentinos, sea sometido a un juicio, en el que tendrá oportunidad de defenderse, y expulsado del ámbito de la Justicia.
Tenemos mucha fe y confianza en el Consejo de la Magistratura. Además, esperamos que la Corte Suprema de Justicia reinvidique su honor y haga lugar al amparo que hoy presentó el único y legítimo senador por Corrientes: el doctor Carlos Lorenzo Tomasella. (Aplausos.)
Sr. NIEVA.- Pido la palabra.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Ha vencido el término reglamentario de treinta minutos. La Presidencia no otorgará más la palabra para aludir a este tema.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Existe una lista de legisladores anotados para hacer uso de la palabra, y la Presidencia no le dará curso.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- No corresponde que los señores diputados se enojen, ya que se trata de cumplir el reglamento. El señor diputado Storani sólo disponía de cinco minutos y utilizó diez. Como la Presidencia lo consintió, ese exceso de tiempo se debe recuperar después.
Es necesario definir si se quieren seguir haciendo discursos o si se desea avanzar en el desarrollo de la sesión.
Sr. ABALOVICH.- Pido la palabra para una aclaración.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero, quien sólo dispondrá de treinta segundos.
Sr. ABALOVICH.- Señor presidente: en Santiago del Estero, la persona elegida surgió de una elección interna del partido. Existió una certificación, ya que el procedimiento respetó los términos que prevé la cláusula transitoria de la Constitución Nacional en cuanto a la participación de la Justicia electoral.
Incluso, como se había elegido primero al senador del Partido Justicialista, en una visita que realizó a la provincia, el senador Bauzá señaló a qué minoría le correspondía e, incluso, dio el nombre del actual senador Meneghini. Cuando se produjo la elección en la Legislatura, se terminó eligiendo a otro ciudadano componente de ésta.
O sea que el acuerdo político al que hizo referencia la señora diputada Fernández de Kirchner respondía exactamente a lo que imponía la Constitución, porque al no haber sido aceptado el pliego de quien había sido elegido, hubo una votación dentro de la misma sesión y fue refrendado el entonces candidato de la Unión Cívica Radical.
Aquí creo que están cumplidos los tres requisitos. Sin embargo, los casos que se cuestionan son aquellos en que no existió consentimiento del partido y de la Legislatura provincial, por lo que el Senado se arroga no sólo la calidad de juez, sino también la de elector.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar en forma numérica la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado Storani respecto del proyecto de declaración contenido en el expediente 7.247-D.-98. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.
- Resulta negativa de 83 votos; votan 179 señores diputados sobre 184 presentes.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda rechazada la moción de tratamiento sobre tablas.
Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado Haquim respecto del proyecto de declaración contenido en el expediente 7.279-D.-98. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.
- Resulta negativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda rechazada la moción.
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Conforme a lo resuelto por la Honorable Cámara, corresponde que a continuación el cuerpo se pronuncie sobre los dictámenes sin disidencias ni observaciones y de término vencido por los que se aconseja la sanción de los proyectos de ley, de resolución y de declaración contenidos en los Ordenes del Día enunciados al informarse sobre el plan de labor de esta sesión.
La Honorable Cámara se expedirá mediante una sola votación respecto de dichos dictámenes, en el entendimiento de que el pronunciamiento favorable importará la aprobación en general y en particular -cuando correspondiere- de los proyectos cuya sanción aconsejan las respectivas comisiones, quedando por consiguiente facultada la Presidencia para efectuar las comunicaciones correspondientes.
La Presidencia hace saber que la votación conjunta incluye los dictámenes sin disidencias ni observaciones por los que se desestiman pedidos de juicio político, contenidos en los Ordenes del Día enunciados al darse lectura del plan de labor, y los proyectos de declaración -sin dictamen de comisión- contenidos en los expedientes 5.233, 6.757 y 7.260-D.-98.
Sra. CAMAÑO.- Pido la palabra.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. CAMAÑO.- Señor presidente: formulo moción para que el dictamen en el proyecto de ley sobre creación la Comisión Honoraria de Fomento del Conocimiento y Respeto de los Símbolos Patrios, contenido en el Orden del Día N° 1.290, vuelva a comisión, pues junto con el señor diputado Pepe consideramos que se puede mejorar su redacción.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar la moción de vuelta a comisión formulada por la señora diputada por Buenos Aires.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- El asunto vuelve a comisión.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar si se aprueban -en general y en particular- los dictámenes cuya consideración conjunta ha dispuesto la Honorable Cámara.
- Resulta afirmativa por el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Quedan sancionados los respectivos proyectos de ley, de resolución y de declaración.
Se harán las comunicaciones correspondientes.
"Véase el detalle de los proyectos precedentemente sancionados en el sumario".
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Dictamen sin disidencias ni observaciones y de término vencido.
Teniendo en cuenta que se aconseja rechazar las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, insistiendo en su sanción original, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 de la Constitución Nacional, deberá indicarse el resultado de la votación.
Se va a votar si la Honorable Cámara insiste en su sanción original.
- Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Habiéndose desechado las modificaciones introducidas por el Honorable Senado y aprobado la insistencia en la sanción original de la Honorable Cámara, queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
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(Exenciones impositivas a la actividad teatral)
(Expediente 62-P.E.-98)
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración el mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña copia del decreto por el que se observa totalmente el proyecto de ley registrado bajo el número 25.037, denominado ley del teatro (expediente 62-P.E.-98).
Conforme a lo dispuesto por el artículo 83 de la Constitución Nacional, se va a votar nominalmente si la Honorable Cámara insiste en su sanción original.
- Se practica la votación nominal.
Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- Sobre 192 señores diputados presentes, han votado 191 por la afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda confirmada la sanción del proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado.
- Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Si hubiere asentimiento la Presidencia comunicará inmediatamente la sanción al Honorable Senado sin esperar a que concluya esta sesión.
- Asentimiento.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se procederá en la forma indicada.
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(Juicio político al doctor Guillermo Tiscornia)
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Dictamen sin disidencias ni observaciones y de término vencido.
Se va a votar. Se requieren dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa de 173 votos; votan 173 señores diputados sobre 183 presentes.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de resolución.
Se comunicará al Honorable Senado.
Sr. CRUCHAGA.- Pido la palabra para una aclaración.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. CRUCHAGA.- Señor presidente: aclaro que la petición que voy a efectuar se hace extensiva a los otros dos dictámenes que van a ser tratados a continuación.
Solicito que la Presidencia arbitre los procedimientos administrativos necesarios a fin de que los expedientes relacionados con la promoción de juicio político a diversos jueces tengan entrada en el Senado de la Nación -si es posible- en el día de mañana, atento a que la Disposición Transitoria Decimocuarta de la Constitución Nacional dispone que, a partir de la integración del Consejo de la Magistratura, todos los expedientes de esta naturaleza deberán ser girados a dicho organismo, salvo los que hayan ingresado al Senado de la Nación.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Así se hará, señor diputado.
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(Juicio político al doctor Jorge Pisarenco)
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Dictamen sin disidencias ni observaciones y de término vencido.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa de 180 votos; votan 180 señores diputados sobre 187 presentes.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de resolución.
Se comunicará al Honorable Senado.
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(Juicio Político al doctor. Norberto H. Oyarbide)
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa de 172 votos; votan 174 señores diputados sobre 186 presentes.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de resolución.
Se comunicará al Honorable Senado.
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr. BARRIOS ARRECHEA.- Señor presidente: solicito que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones reglamentarias a fin de pedir el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley contenidos en los expedientes 2.291-D.-98, 3.235-D.-98 y 3.322-D.-98, sobre el derecho real de superficie forestal, lo que resulta complementario de la recientemente aprobada ley de inversiones forestales.
Por medio de esta iniciativa, quienes tienen tierra ociosa y no poseen capital o no tienen posibilidad de forestar podrán hacerlo con el aporte de inversores que sean productores industriales forestales, acompañados por los subsidios que oportunamente acordamos por ley, firmando un contrato de propiedad de superficie forestal por el cual el propietario de la tierra conserva la nuda propiedad y el inversor forestal pasa a ser dueño de los árboles.
De esta manera una enorme cantidad de pequeños y medianos productores podrán participar de esta Argentina forestal que se inicia con el aval de esta Cámara a través de la respectiva ley de inversiones y también por medio de esta iniciativa sobre derecho real de superficie forestal.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. ROGGERO.- Señor presidente: nuestro bloque acordó en el seno de la Comisión de Labor Parlamentaria apoyar la consideración de las iniciativas a que hizo referencia el señor diputado preopinante, pero también señalo que es nuestra pretensión respetar el orden de los temas cuyo tratamiento se decidió en dicha comisión.
Por eso pido al señor diputado Barrios Arrechea que permita que continúe el curso de la sesión tal como se convino en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. BARRIOS ARRECHEA.- Estoy de acuerdo, señor presidente.
Sr. NEGRI.- Pido la palabra.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- ¿A qué efectos, señor diputado?
Sr. NEGRI.- Para solicitar un apartamiento del reglamento.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- El señor presidente del bloque Justicialista ha manifestado la intención de su bancada de continuar con el orden de los temas fijado en el plan de
labor, para pasar a la consideración de estas mociones luego que la Cámara agote el temario de esta sesión.
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(Juicio político al doctor Mariano Wenceslao Cardozo)
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. CRUCHAGA.- Señor presidente: desearía saber cuál es el término que reglamentariamente me corresponde para hacer uso de la palabra.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Dispone de diez minutos, señor diputado.
Sr. CRUCHAGA.- Señor presidente: el Orden del Día N° 599 contiene los dictámenes de mayoría y de minoría vinculados con los pedidos de juicio político al doctor Mariano Wenceslao Cardozo, juez federal de Jujuy.
Obviamente haré referencia a nuestro dictamen de minoría, que difiere del de mayoría firmado por los integrantes del bloque oficialista. Por razones de brevedad y por el tratamiento que en lo sustancial se ha adjudicado a estos temas, nuestro bloque se remite al dictamen de minoría. De todas maneras, resulta oportuno realizar un balance de los principales argumentos.
Es evidente que el dictamen de mayoría constituye simplemente una operación política de protección al nombrado juez federal. Por otro lado, debemos destacar que en el informe que acompaña a ese dictamen se vierten inexactitudes y se incurre en falta de objetividad. En efecto, el referido dictamen confunde argumentos, y fundamentalmente está destinado a distorsionar los pedidos de juicio político, atribuir intencionalidades inexistentes, agraviar a los firmantes de los pedidos de juicio político e, incluso, se llega al absurdo de citar opiniones doctrinarias de un destacado tratadista, absolutamente contrarias a las que éste expresa en sus libros.
Por otro lado, deseo destacar fundamentalmente que con el rechazo al pedido de juicio político al doctor Cardozo formulado por diversos diputados se inicia una etapa absolutamente nefasta en la vida de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara.
En el dictamen de mayoría se señala que el camino elegido no es la vía idónea para cuestionar o analizar la responsabilidad política de los jueces. En tal sentido, debo destacar que el pedido de juicio político formulado por diputados de la Nación se encuadra en las disposiciones de nuestra Constitución Nacional, que otorga al Congreso, órgano legisferante representantivo de la voluntad popular, la función principalísima de contralor institucional; y precisamente es por ese camino elegido que se debe analizar si los funcionarios acusables por el procedimiento de juicio político han incurrido en mal desempeño en el ejercicio del cargo.
Lo expresado significa que la vía elegida por la minoría en relación con este pedido de juicio político es absolutamente correcta desde el punto de vista legal y constitucional, y se corresponde con la función de control que en particular debe ejercerse. En efecto, recuerdo que un viejo y reconocido autor del derecho argentino, el doctor José Luis Matienzo, en su obra "Lecciones de Derecho Constitucional" decía: "Una Cámara que se considera representacional del pueblo es la más indicada para acusar". Se hace notar que, en este tema, la doctrina se ha pronunciado en tal sentido de manera reiterada y concordante.
Nosotros hemos indicado la causal de mal desempeño; hay una pluralidad de hechos que ha sido denunciada en el período correspondiente. El proyecto fue debidamente fundado y, en nuestro criterio, las causales denunciadas configuran notoriamente el mal desempeño en el cargo.
Nuestro pedido no tiene fundamentos aparentes; no es conjetural y no se basa exclusivamente en la petición o en el deseo de un diputado de la minoría. La lectura detenida de los fundamentos del pedido llevan a la conclusión de que el dictamen del oficialismo es sólo una expresión política de solidaridad con el juez federal Mariano Wenceslao Cardozo, de Jujuy.
Teniendo en cuenta que el reglamento otorga poco para mi exposición, resulta importante recordar que el juez nombrado se atribuyó la posibilidad de declarar inconstitucional un artículo de nuestra Ley Fundamental, que ese mismo juez juró defender.
En el Estado de derecho ningún juez puede ni debe declarar inconstitucional artículos de la Constitución, entre otras razones porque implicaría inexorablemente un alzamiento frente al acatamiento y la observancia que deben los jueces de la Nación a nuestra Carta Magna.
Por otra parte, el juez Cardozo utilizó una vía procesal inédita, no prevista por la ley vigente con la pretensión de aplicarla a fin de declarar la inconstitucionalidad de la cláusula que prohibía y prohibe la reelección del presidente de la Nación.
De tal manera, en nuestra acusación establecíamos y manifestábamos para cualquier juez que las normas procesales no son menores sino de cumplimiento obligatorio por parte del litigante y del juez. Las pautas procesales no son de cumplimiento voluntario sino que son normas obligatorias para los jueces que deben aplicarlas.
El juez Cardozo, al disponer la sustanciación de un expediente tendiente a acreditar la inconstitucionalidad de una disposición transitoria de la Constitución, evidenció un total y absoluto desconocimiento de los institutos procesales y de las normas vigentes de nuestra Ley Fundamental. Aún más: al justificar el rechazo se cita en forma errónea a un tratadista como Germán Bidart Campos, contradicciones destacadas en el dictamen que elaboramos.
En consecuencia, a partir del trámite dado al expediente de juicio político promovido contar el juez federal Cardozo, tuvo lugar el inicio de una seguidilla de rechazos in limine de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara, que ha significado fundamentalmente abortar por la voluntad de los diputados firmantes del dictamen de mayoría el derecho y deber de contralor prescripto por la Constitución.
Finalmente, sin perjuicio de las evidentes y notorias calidades o inclinaciones políticas que el bloque de la mayoría demostraba como premio al juez federal de Jujuy por abrir una vía procesal absolutamente desconocida en nuestra legislación, el dictamen de pedido de juicio político merecía al menos la apertura tradicional que marca el reglamento.
La Comisión de Juicio Político estaba trabajando con regularidad en temas que son de dominio público. A partir de este expediente vinculado al pedido de juicio político del juez federal Cardozo se torció el rumbo e inmediatamente comenzó una cobertura indiscriminada de carácter político, a cualquier precio, para los jueces mencionados.
Nuestro proyecto para enjuiciar al juez federal de Jujuy tenía fundamentos que se ajustaban a la ley, y una lectura sumaria de los antecedentes hubiera permitido como mínimo la apertura del respectivo proceso, tal como lo determina el artículo 9° del reglamento de la comisión.
A nuestro criterio -el de la minoría- este dictamen debe volver a comisión y procederse a la apertura del sumario de investigación que marca el reglamento de la Comisión de Juicio Político.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. SNOPEK.- Señor presidente: me toca hacer uso de la palabra en este tema como miembro informante de la Comisión de Juicio Político acerca de la situación planteada en torno al juez federal de la provincia de Jujuy, doctor Mariano Wenceslao Cardozo.
El pedido de juicio político en cuestión se plantea en momentos en que el juez federal recibió un expediente incluyendo asuntos que el señor presidente del Partido Justicialista de la provincia de Jujuy pretendía que sean objeto del dictamen de la Justicia. Este pedido de juicio político fue presentado en un momento del trámite judicial en que el señor juez ni siquiera había tenido oportunidad de dar vista al fiscal de la causa.
En ese entonces se estaba discutiendo si el presidente de los argentinos podía o no ser reelecto, una cuestión absolutamente política. Se utilizó la vía del juicio político con fines espurios para tratar de presionar el dictamen del señor juez, para intentar colocar al magistrado entre la espada y la pared, tratando de lograr un dictamen favorable a los propósitos políticos que en ese momento tenía la oposición.
El señor juez federal Cardozo no fue ni es afiliado al justicialismo. Nunca vivió de nuestro partido político. Es un juez probo y honesto, un hombre del derecho, de su familia, de Jujuy. Por esto no puede achacársele parcialidad alguna en esta circunstancia en que le tocó actuar.
Lo único que hizo el señor juez federal fue llamar a la ciudadanía de Jujuy, notificarle que esa acción estaba promovida a los efectos de que quienes tuvieran alguna oposición la formularan en tiempo y forma ante los Tribunales. En ningún momento abrió juicio alguno sobre la procedencia de esa acción y, por lo tanto, no pudo haber lesionado cláusula alguna de la Constitución Nacional, como temerariamente se acaba de manifestar en este recinto.
Por estas razones, como no quiero extenderme más, concluyo diciendo que el instituto del juicio político debe utilizarse con el fin de promover jueces probos y honestos para la República, de garantizar la seguridad jurídica y de conseguir que la ciudadanía confíe cada vez más en nuestros magistrados; nunca debe utilizarse con fines espurios o transitorios que responden a intereses políticos de una fracción, por más importante que sea.
En consecuencia, por intermedio de la Presidencia solicito a los señores diputados que rechacen este intento de promover juicio político a un juez de las calidades morales del doctor Mariano Wenceslao Cardozo.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.
Sra. GUZMAN.- Señor presidente: simplemente quiero adelantar que votaré negativamente la promoción de juicio político al doctor Cardozo porque entiendo que, si bien sus expresiones fueron desafortunadas, no configuran la causal de mal desempeño que prevé la Constitución Nacional.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar el dictamen de mayoría.
- Resulta negativa de 91 votos; votan 182 señores diputados sobre 189 presentes.
Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: solicito que la votación se practique nuevamente en forma nominal.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.
- Resulta suficientemente apoyado.
Sr. VICCHI.- Señor presidente: ¿cuántos diputados más entraron? Hay seis o siete diputados que no estaban en la votación anterior.
Sr. PASSO.- Tiene que haber el mismo número.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar nominalmente.
- Se practica la votación nominal.
Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- Sobre 194 señores diputados presentes han votado 95 por la afirmativa y 91 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones. No se ha computado el voto de 3 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se debe practicar nuevamente la votación. ¿Algún señor diputado solicita abstenerse?
Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: estamos votando nominalmente con resultados muy estrictos. No quiero que se enoje conmigo el diputado Alfredo Bravo, pero en la votación anterior no estaba presente.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- No podemos entrar en ese tipo de discusiones porque vamos a terminar mal.
No vi quién estaba y quién no. Votarán los que estén presentes. Si hay algún señor diputado que desea abstenerse, deberá solicitarlo en este momento.
Se va a votar nominalmente.
-Se practica la votación nominal.
Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- Sobre 195 señores diputados presentes han votado 99 por la afirmativa y 94 por la negativa, registrándose además una abstención.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de resolución.
Se harán las comunicaciones pertinentes.
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(Juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración.
Tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén.
Sr. MASSEI.- Señor presidente: el dictamen de mayoría rechaza los pedidos de juicio político de la que nosotros hemos denominado "mayoría automática de cinco miembros integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación."
Este es un juicio de naturaleza esencialmente política, lo que no quiere decir que se pueda actuar con arbitrariedad y discrecionalidad sino en defensa de la Constitución y del interés general de la sociedad.
Voy a hacer referencia a graves irregularidades que se produjeron en el tratamiento de esta iniciativa en la Comisión de Juicio Político, que concluyeron con el retiro de los integrantes de la Alianza de dicha comisión. Lo lamentable es que se lo involucra a usted en todo esto, señor presidente.
La primera irregularidad se produjo en un aspecto que debe dar lugar a la nulidad del dictamen -dejando a salvo la persona del diputado que actuó, ya que existió una abierta violación del reglamento de esta Honorable Cámara.
En una nota firmada por el señor presidente...
Sr. FLORES.- Es importante que no haya murmullo, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Existe suficiente silencio, señor diputado.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por el Neuquén.
Sr. MASSEI.- Señor presidente: más allá del componente político que tiene este dictamen, habida cuenta de las personas que fueron incluidas a la solicitud de juicio político, quiero remarcar dos graves irregularidades.
Lamentablemente, quien ejerce la Presidencia de la Cámara provocó esta solicitud de nulidad que nosotros formulamos en el dictamen. Conozco que en alguna oportunidad se mencionó que existían antecedentes en la Cámara. Si el accionar desde el punto de vista reglamentario significa que lo que se hizo mal se debe seguir haciendo mal, seguramente no obtendremos buenos resultados en el tratamiento de todos los aspectos reglamentarios, con todo lo que ello puede significar para el futuro.
Dejo a salvo al diputado que generó nuestra solicitud de nulidad del dictamen. Conforme al artículo 107 del reglamento de la Cámara, una vez que se nomina a un diputado para integrar una comisión permanente del cuerpo, la única forma de reemplazarlo es mediante una decisión de la Cámara, ya sea por renuncia o por revocación del mandato que los legisladores otorgaron.
Nosotros nos hemos reunido en la comisión y hemos observado una nota firmada por quien ejerce la Presidencia de la Cámara, en la que se decía que a partir de una fecha determinada, el diputado "tal" sería reemplazado por el legislador "tal". No quiero mencionarlos para no provocar cuestiones de otro orden.
Hemos objetado esa decisión y elevamos oportunamente una nota a la Presidencia, la que nunca fue respondida. Ella tenía como objetivo conocer cuáles eran las atribuciones por las que el presidente de la Cámara de Diputados había actuado de la forma en que lo hizo.
Como no obtuvimos respuesta, hasta la fecha no hemos participado de las reuniones de esa comisión, dado su funcionamiento irregular y las resoluciones que, en definitiva, carecen de juridicidad, ya que se han logrado mayorías que prácticamente fueron satisfechas con la presencia de legisladores objetados.
De todos modos, lo que acabo de explicar no fue lo único que ocurrió con este trámite. En la primera reunión que realizó el cuerpo para tratar la iniciativa que estamos mencionando, se decidió por mayoría cumplir con el reglamento de la Comisión de Juicio Político, consistente en iniciar el estudio preliminar investigativo. Así, se requirió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se remitan los expedientes que eran motivo de la solicitud de juicio político. Dicha solicitud, además, había sido formulada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y por la Federación Argentina de Colegios de Abogados. El objetivo era realizar un estudio y establecer a posteriori la admisibilidad o no de la petición.
En la reunión siguiente, ya con la incorporación irregular de un diputado que reemplazó a otro -como lo he explicado-, se decidió -violentando el reglamento de la Comisión de Juicio Político- dejar sin efecto el estudio preliminar y proceder a rechazar in limine el pedido de juicio político que ahora estamos considerando.
Hoy se incurre en otra grave omisión e irregularidad. Se rechaza una solicitud de juicio político sin haberse realizado el estudio que corresponde ni merituado que hay diez casos paradigmáticos vinculados con una degradación de la vida institucional argentina. Ellos están relacionados con un perjuicio que se provocó no solamente al país sino también a los trabajadores de la República Argentina -en los casos de UOM y Cocchia- y a los jubilados, en el caso Chocobar.
La actuación de la mayoría en lo referido a este dictamen adolece de los vicios mencionados. En consecuencia, por todos los precedentes y porque la comisión seguirá considerando los pedidos de juicio político al presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete de Ministros, ministros y miembros de la Corte Suprema, apelamos a la prudencia y la responsabilidad de la mayoría para que en un gesto que enaltezca la concepción republicana que debemos defender en el marco de la democracia y en un momento de tanta degradación institucional -recuerdo en este sentido la situación del Honorable Senado- revoque su decisión y apruebe la vuelta a comisión de este asunto a efectos de realizar los estudios y las investigaciones pertinentes.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Ha vencido su término, señor diputado.
Sr. MASSEI.- Finalizo mi exposición formulando una apelación a la mayoría para que revoque su decisión y nos acompañe aprobando la vuelta a comisión de este tema para que sea tratado como corresponde.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. CRUCHAGA.- Señor presidente: muchas de las consideraciones que voy a formular son también aplicables a los dictámenes contenidos en el Orden del Día N° 958, relacionados con los pedidos de juicio político a la doctora Luisa Martha Riva Aramayo.
En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical debo manifestar que, tal como señaló el señor diputado Massei, el tratamiento de los diversos pedidos de juicio político a determinados miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue verdaderamente escandaloso.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Marcelo Eduardo López Arias.
Sr. CRUCHAGA.- Ya en el momento de considerar el dictamen referido al doctor Cardozo anunciábamos que, lamentablemente, ese sería el camino que habría de seguir el oficialismo para el tratamiento de causas que hubieran merecido el puntilloso cumplimiento de las prescripciones del reglamento.
Somos conscientes de que, en determinadas circunstancias políticas, no podemos pedir a la bancada oficialista que apruebe la acusación. Sin embargo, al menos, le solicitamos que, respecto de estos dictámenes, cumpla con lo que dispone el reglamento y -por sobre todas las cosas- con la letra de nuestra Constitución.
Los miembros del oficialismo, por su propia voluntad, han abortado las facultades de investigación de este cuerpo en el análisis de las responsabilidades que se le han imputado en diversos expedientes a algunos miembros de nuestro más alto tribunal. No se trata sólo de chicanas o habilidades parlamentarias. Ello por cuanto en la comisión se votó por la afirmativa, conforme al reglamento, la apertura del sumario de investigación en sesión del 5 de agosto del corriente año, oportunidad en la que se dispuso el diligenciamiento de distintas pruebas, entre otras -la primera y elemental-, solicitar algunos de los expedientes judiciales que estaban involucrados en la denuncia.
Sin embargo, ¿qué pasó? En la sesión del miércoles 12 de agosto del corriente el bloque oficialista -que había perdido la primera votación- montó una operación mediante la cual se dispuso el reemplazo de determinados miembros de su bloque en la referida comisión a fin de lograr un resultado afirmativo en una segunda votación realizada por simple mayoría y alterando no sólo el quórum sino también el número de integrantes.
En relación con este último tema, aprovecho la oportunidad para recordar a la Presidencia que está pendiente de resolución el pedido de investigación realizado por diversos señores diputados, en atención a que en la misma ocasión no sólo se alteró la integración de la comisión sino que además una diputada del oficialismo manifestó que en el respectivo dictamen su firma había sido falsificada, hecho que no registra antecedentes en la Honorable Cámara.
Por otra parte, aquella manifestación realizada por dicha legisladora tuvo importante difusión en distintos medios periodísticos, y ello nos condujo a solicitar a la Presidencia de la Cámara la investigación de lo ocrurrido; petición que aún está pendiente de resolución.
En efecto, no sólo se violó el reglamento de la Comisión de Juicio Político sino también el de la Honorable Cámara. Ello, toda vez que la revocación del resultado obtenido en la reunión de la Comisión de Juicio Político del día 5 de agosto hubiera requerido, en la misma sesión, una mayoría integrada por el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros. Sin embargo, aprovechando la mayoría con la que cuenta el oficialismo, en la sesión siguiente, violando el reglamento, por simple mayoría y con la presencia de diputados que no integran la comisión, forzaron una reconsideración que no correspondía.
Las mencionadas irregularidades son sólo algunos de los vicios que afectaron de nulidad manifiesta los expedientes aludidos. Sin embargo, lo sustancial de la cuestión consiste en que se rechazaron in limine y, en consecuencia, se archivaron dieciséis expedientes que contenían solicitudes de juicio político a diversos jueces sin haber realizado la más mínima investigación, aun cuando algunas de ellas podrían ser calificadas como presentaciones políticas, como por ejemplo la petición realizada por la Alianza con la firma de los presidentes de los respectivos bloques.
Sin embargo, cabe destacar que el pedido de juicio político referido en último término constaba de aproximadamente 240 fojas que reflejaban la opinión de prestigiosos constitucionalistas, así como de organismos representativos del Poder Judicial, de los abogados y de otros ámbitos. Se destaca que, por primera vez, en los fundamentos de un pedido de juicio político, además de los fundamentos esgrimidos por los peticionantes, se transcribe la opinión de terceros. Sin embargo, no solamente se rechazó el pedido efectuado por la Alianza sino también la presentación oficial formulada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entidad que realizó la presentación pertinente en ejercicio de la representación de los abogados.
Cabe preguntarse: ¿a quién se le ocurre que el Colegio Público de Abogados vaya a efectuar una petición sin fundamentos y sin ajustarse a la ley?
La interpretación política que debemos realizar en relación con este hecho es que por solidaridad -en algunos casos peligrosa y en otros vergonzosa- los miembros del oficialismo prestan cobertura política a actos que podrían considerarse lesivos del buen cumplimiento y desempeño de las funciones o directamente delictivos. Ello es aún más peligroso porque se han cercenado a la Cámara de Diputados sus atribuciones y, por ende al Congreso, en cuanto a las facultades iniciales y mínimas que le corresponde ejercer a fin de iniciar una investigación cuando entidades de gran prestigio y representatividad efectúan una determinada presentación, máxime si tenemos en cuenta que uno de los pedidos estaba referido a un fallo aberrante como es el dictado en el caso "Chocobar" y había sido realizado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, entidad que representa a más de cien mil letrados en todo el país.
Podría continuar citando otros casos preocupantes para la salud de la República que significan el cercenamiento de la administración de justicia.
En consecuencia, no se puede admitir que -como mínimo- ni siquiera se encare una investigación. ¿Quién va a dar la cara de este cuerpo frente a la ciudadanía, los letrados y las partes que con debida representación y fundamento hicieron las peticiones que permite la Constitución? Nosotros, los legisladores de la Alianza, no queremos asumir esa responsabilidad y señalamos que las actitudes reseñadas constituyen un grave riesgo para la vigencia del sistema democrático.
Si el oficialismo había adoptado la decisión de rechazar estas peticiones por solidaridad política, sin perjuicio de lo reprochable que ello pudiere resultar, es necesario destacar que, por lo menos, debieron haberlas leído o tenerlas a la vista previamente.
Ninguna de las medidas de prueba dispuestas regularmente pudo ser cumplida. En escasos cinco días hábiles el justicialismo retrocede, trae a su gente y modifica una resolución de la comisión e intenta dar marcha atrás.
Esto es lo preocupante. En el rechazo que aconseja la mayoría de estos pedidos de juicio político se advierte una clara y manifiesta subordinación política peligrosa hacia determinados miembros del más alto tribunal de la República; significa convalidar y cercernar las facultades constitucionales propias de este cuerpo. Eso es lo que llama la atención y nos indigna. No pedimos otra cosa más que colocarnos en el pináculo de nuestra responsabilidad política, porque se trata del más alto tribunal de la República. (Apluasos.)
Por eso digo que no estamos pidiendo un voto que signifique el rechazo, sino que estamos solicitando que estos expedientes vuelvan a la comisión a fin de que, una vez leídos y debidamente aclaradas algunas circunstancias -porque hay situaciones que podrían considerarse delictuales-, los señores diputados votemos de conformidad con lo que indiquen cada partido o nuestras conciencias. (Aplausos.)
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. ARIAS.- Señor presidente: quiero responder a los cargos que se han formulado en relación con el comportamiento de la conducción de la Comisión de Juicio Político en cuanto al tratamiento del tema vinculado con el Orden del Día N° 783.
Los cuestionamientos procedimentales no son susceptibles de ser receptados por cuanto el comportamiento que hemos seguido en el seno de la comisión se ha subordinado totalmente a las prescripciones del reglamento que rige el trabajo en comisión.
Se trata de un reglamento que tiene la jerarquía propia de haber sido emitido por este cuerpo en una votación sin disidencias.
En la consideración del pedido de juicio político promovido contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicamos en un todo las prescripciones y disposiciones del artículo 9° del reglamento de la Comisión de Juicio Político, que faculta a su presidente a analizar si se dan en especie las condiciones subjetivas y objetivas de la causa para la apertura del sumario. Entendimos que esto no era procedente y, luego de ello, efectuamos un análisis particularizado de todos y cada uno de los cargos que se formularon. En este sentido, el contenido de los respectivos informes ratifica mis palabras. Cada uno de los fallos que fueron objeto de cuestionamiento y observaciones merecieron la réplica pertinente, con fundamentaciones jurídicas adecuadas.
Para finalizar, haré dos afirmaciones sustanciales. En primer término, desde ningún punto de vista es posible aceptar que un juez de la Nación -en el funcionamiento de los equilibrios que marca la Constitución y en particular de las facultades otorgadas al Parlamento argentino por el artículo 53- sea cuestionado por las opiniones jurídicas y la doctrina que establece en sus fallos. Esta es una regla de oro válida tanto para la Argentina como para cualquier otro país que ha estructurado su sistema de juicio político de manera semejante al modelo de los Estados Unidos de América.
En segundo lugar, la politización que se viene haciendo del Poder Judicial es propia de esta década. En este caso concreto se pretendió utilizar el pedido de juicio político para montar un show con un claro y definido sentido político electoralista. Tanto es así que, antes de procederse a la presentación formal de la denuncia o el requerimiento de enjuiciamiento político de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquí mismo -en el Salón de Pasos Perdidos- se montó un show de carácter eminentemente mediático.
Por eso hemos procurado en el seno de la comisión ajustarnos a los términos del análisis técnico-jurídico de esta cuestión, y desde esa perspectiva en ninguna de las intervenciones que han precedido a la mía se ha expuesto un desarrollo argumental que cuestione el sentido de las afirmaciones contenidas en el dictamen de mayoría.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia hace saber a los señores diputados que en la Comisión de Labor Parlamentaria se resolvió diferir la votación de los dictámenes relacionados con los pedidos de juicio político contenidos en los Órdenes del Día 783, 958, 966 y 1003 para después de su consideración.
Por consiguiente, queda diferida la votación de los dictámenes contenidos en el Orden del Día N° 783, sobre juicio político a los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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(Juicio político a la doctora Luisa M. Riva Aramayo)
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. ALESSANDRO.- Señor presidente: no podemos dejar pasar por alto el rechazo a este pedido de juicio político. Cuando nosotros solicitamos el juicio político a la doctora Riva Aramayo recordamos las circunstancias en las que actuó dicha magistrada.
Reparemos en que el entonces interventor del Partido Justicialista de La Rioja, Roberto Fernández, había promovido una acción judicial tendiente a obtener un pronunciamiento sobre la cláusula novena de la Constitución, con el fin de determinar que el actual presidente de la Nación, el doctor Carlos Saúl Menem, pudiese estar habilitado para volver a presentarse para un nuevo período electoral.
La Cámara Nacional Electoral rechazó la pretensión del dirigente justicialista Fernández, pero el fallo no fue unánime. En un pronunciamiento absolutamente contrario a derecho, inexplicable y totalmente absurdo, la doctora Riva Aramayo opinó lo contrario, argumentando e interpretando la cláusula novena, con facultades que ningún juez de la Nación tiene, para concluir que el doctor Carlos Menem podía volver a presentarse en 1999 en una próxima elección.
Por una vez la sensatez primó sobre la decisión absurda de la doctora Riva Aramayo, y pareciera que este planteo de algunos dirigentes justicialistas ha quedado desestimado ante una realidad inapelable. La Constitución no permite la re-reelección del presidente Menem, y la mayoría del pueblo argentino tampoco la quiere.
Como autor de un proyecto presentado en su oportunidad, no puedo pasar esto por alto. Quiero refrescar la memoria de los diputados presentes en este recinto, tanto de la oposición como del oficialismo, que creo que de ninguna manera pueden acompañar el pedido hecho por el ex diputado Fernández como apoderado del Partido Justicialista de la provincia de La Rioja. También resulta importante resaltar la opinión de muchos e importantes dirigentes del Partido Justicialista que, obviamente, consideraron que no se podía interpretar de otra manera lo que la Constitución establece claramente en su cláusula novena, tal como se aprobó en la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe. Precisamente, en dicha Convención algunos convencionales del partido Justicialista, como los doctores García Lema y Dromi, lo expresaron claramente en el sentido de qué mandato estaba cumpliendo el presidente.
Solicito a los integrantes de la bancada Justicialista que tengan la misma sensatez para no rechazar este pedido de juicio político; esa misma sensatez que demostraron en su momento cuando no acompañaron la pretensión de un sector pequeño del Partido Justicialista de ir en contra de la Constitución y de la voluntad mayoritaria de los argentinos pretendiendo una nueva reelección del presidente Menem.
Si somos congruentes con lo que ellos han dicho públicamente, con lo que algunos de ellos han expresado en un congreso del propio partido Justicialista, desestimando este intento ultraminoritario de ir en contra de la Constitución, voy a solicitar a los diputados del justicialismo que no desestimen de ninguna manera el pedido de juicio político a la doctora Riva Aramayo.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- No habiendo más oradores, se difiere la votación.
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(Juicio político al doctor Jorge Alejandro Urso)
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- En consideración.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. ARAMBURU.- Señor presidente: seré breve. Se manifestó aquí que la Comisión de Juicio Político perdió su estilo. Recuerdo que en su momento planteé una cuestión de privilegio en razón de que se buscó un modo de composición que permitiera garantizar determinado tipo de votaciones, que de ahí en más se hicieron alterando el clima de respaldo que hasta ese momento existía.
En tal sentido recuerdo a los amigos justicialistas que el pedido de juicio político a la Corte Suprema no se hizo por determinadas posiciones doctrinarias sino porque con su mayoría automática ha sido en forma constante adicta a los dictados del poder político, es decir, del Poder Ejecutivo. Esto no se le escapa a nadie; incluso en alguna de las reuniones se manifestó que esto debía ser así.
Respecto de la cuestión a la que se refieren los dictámenes contenidos en el Orden del Día N° 966, las razones por las cuales nos oponemos al rechazo in limine del pedido de juicio político están dadas en el propio informe, pero sucintamente son las siguientes.
Ha habido un apartamiento del artículo 9° del reglamento interno de la comisión. Se ha tratado un tema sin que estuviera incorporado al orden del día y se ha hecho un rechazo in limine sin siquiera juntar los elementos que en el pedido de juicio político se mencionaban.
Esta forma de tratamiento nos ha parecido insólita. Creemos que lo menos que se debería haber hecho es tomar todos los recaudos antes de expedirse sobre el particular. Con esto se patentiza un estilo que desde aquel momento tuvo la comisión y que por desgracia ha perdurado hasta el presente.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- No habiendo más oradores anotados para hacer uso de la palabra sobre los dictámenes contenidos en el Orden del Día N° 966, se difiere la votación.
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(Juicio político al doctor Carlos Liporaci)
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- En consideración.
Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.
Sra. CARRIO.- Señor presidente: básicamente el juez Liporaci fue acusado por varios señores diputados, pero después fue pedida su destitución por un juez de la Nación por varios delitos.
Uno fue el delito de cohecho. El señor Gowland denunció que el juez Liporaci habría conversado acerca del arreglo de una causa con el señor Samid, la que estaba radicada en su juzgado.
A su vez, fue denunciado por haber amenazado a dos empleados; fue pedida su destitución por abuso de autoridad, por haber ordenado escuchas ilegales a un empleado de su juzgado sin existir causa penal. Además, fue acusado penalmente, y pedido su juicio político, por librar órdenes de allanamiento en blanco y sin fundamento, es decir, que permitirían que la policía pudiera allanar a cualquiera, ya que el documento estaba en blanco y firmado por el juez.
Es decir que había un pedido de juicio político por parte de diputados de la Nación pero además había un pedido concreto de destitución de parte de un juez de la Nación para poder someterlo a la indagatoria por estos delitos.
¿Qué hizo la mayoría en la Comisión de Juicio Político? No abrió la investigación. Rechazó in limine el pedido de juicio político al juez Liporaci e hizo algo más, dijo que no había delito, es decir, se sustituyó al accionar de la Justicia.
Creo que éste es el caso paradigmático donde una decisión sobrepasó todos los límites; y cuando esto sucede también se pierde la vergüenza. Es evidente que en este caso del juez Liporaci lo que se hizo fue consagrar en la Comisión de Juicio Político un santuario para la impunidad de un juez federal, y se lo hizo expresamente por orden del señor ministro del Interior, doctor Carlos Corach, que no sólo no titubeó en mandar a su emisario político a la comisión para impedir que el comisario Rosa pudiera declarar, diciendo que en ese caso se comprometía el prestigio de la Policía Federal, cuando el comisario estaba acusado de pedir coimas. Se ordenó garantizar la impunidad del juez Liporaci no sólo en los juicios políticos sino ante la Justicia.
Por ello, lo que correspondería y debería hacerse es que este expediente vuelva a comisión y pase al Consejo de la Magistratura para que alguna vez este juez pueda ser indagado por el juez Cavallo, que es el que hoy está investigando la conducta del juez Liporaci por orden de la Cámara Federal.
Se ha pasado por encima de lo denunciado por el juez Bergés, quien después fue acusado en venganza por las acusaciones que hiciera contra el juez Liporaci. Pero llegado el caso a la Cámara Federal, además de aplicarle cuatro sanciones, le ordenó al juez Cavallo que siguiera investigando las actitudes delictivas del juez Liporaci, y lo que hizo la Comisión de Juicio Político rechazando eso in limine fue presentarse ante más de cinco jueces de la República y decirles: "aquí no hay delito; hay simple y claramente impunidad."
Por ello proponemos que el asunto vuelva a la comisión pertinente, lo que en este caso significa que este juez pueda ser investigado por el nuevo Consejo de la Magistratura. (Aplausos.)
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. FRANCOS.- Señor presidente: en este caso particular quisiera hacer una breve mención como autor de uno de los proyectos de pedido de juicio político al doctor Liporaci.
Creo que en muchas oportunidades la Comisión de Juicio Político actúa con criterios duales; me refiero a la mayoría de la comisión. En este caso particular el juez Liporaci fue acusado de haber cometido uno de los delitos más graves por los que puede ser acusado un juez, que es el de abuso de poder. Un juez, que es ante el Estado y la sociedad en su conjunto quien debe velar por las garantías que establece la Constitución Nacional, en este caso particular abusó de su poder para violar las normas constitucionales; y lo singular es que el juez que lo investigaba dejó en claro, en la resolución por la que se dispuso tomar declaración indagatoria al juez Liporaci, que este era uno de los motivos por los cuales pedía su juicio político. Ahora bien, la Comisión de Juicio Político nunca resolvió citar al juez Liporaci, ni siquiera para que diera explicaciones. En cambio se hizo un dictamen diciendo que el juez Liporaci no infringió ninguna norma porque las escuchas y grabaciones que ordenó hacer estaban en el marco de un sumario administrativo, cuando ni siquiera tenía a su cargo su realización. Y aquí no importó nada. Un juez abusa del poder o viola los derechos de los ciudadanos y a la mayoría no le importa.
Más allá del resto de los delitos por los que estaba acusado en el pedido de juicio político formulado por el propio juez de instrucción Bergés, éste en particular es uno de los más graves.
Digo que la mayoría de la comisión actúa con un criterio dual porque el juez que reclamó el pedido de juicio político para tomarle indagatoria al juez Liporaci -el juez Bergés- en cambio sí fue citado a la Comisión de Juicio Político para que dé explicaciones sobre distintas causas en las cuales había sido falsamente imputado.
El juez Bergés, que solicitó juicio político a otro juez que no fue citado a la Comisión de Juicio Político, tuvo que venir aquí a dar explicaciones. Por supuesto que no pasó nada porque nada podía ocurrir, ya que no hay motivos para acusar al juez Bergés.
Sin embargo, una vez más la mayoría de los integrantes de la Comisión de Juicio Político demostró tener un criterio dual: a los jueces amigos no se los juzga, y a los que no son amigos se los juzga.
Este es un mensaje absolutamente equivocado que la Cámara de Diputados está dando al conjunto de la sociedad. Por suerte la semana próxima el Consejo de la Magistratura quedará finalmente instalado y, a partir de ese momento, para bien de la Justicia, la Cámara de Diputados no tendrá nada más que ver en la designación de los jueces y en su enjuiciamiento. (Aplausos.)
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- No habiendo más oradores, se difiere la votación.
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Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Vamos a votar en el orden en que fueron puestos a consideración los distintos temas.
Me han hecho llegar una solicitud para que se vote nominalmente. La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.
- Resulta suficientemente apoyado.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- En primer lugar corresponde votar los dictámenes contenidos en el Orden del Día N° 783, sobre juicio político a los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para dar mayores precisiones, el Orden del Día N° 783 contiene dos dictámenes. En el dictamen de minoría se plantea la vuelta a comisión, que no es lo propuesto en el curso del debate. Corresponde que en primer término se vote el dictamen de mayoría, que aconseja la desestimación del juicio político.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar nominalmente.
- Se practica la votación nominal.
Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- Sobre 198 señores diputados presentes han votado 98 por la afirmativa y 95 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado por no haber hecho uso de su llave.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En razón de que las abstenciones podrían llegar a modificar el resultado de la votación, se va a votar nuevamente en forma nominal.
- Se practica la votación nominal.
Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- Sobre 198 señores diputados presentes, votaron 99 por la afirmativa y 96 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia entiende que las dos abstenciones no modifican el resultado final de la votación.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. FLORES.- Pido la palabra.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.
Sr. FLORES.- Señor presidente: le agradezco que me haya otorgado el uso de la palabra, porque tengo una curiosidad que no justifica que me quede afónico.
Si cuando se votó había 198 diputados en el recinto, y el resultado fue de 99 votos por la afirmativa, 96 por la negativa y dos abstenciones, llego a la conclusión de que en realidad votaron 197 señores diputados.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Lo que ocurre es que el tablero registra al presidente de la Cámara -que reglamentariamente no puede emitir su voto- como presente. Por lo tanto, el resultado de la votación no puede alterarse.
Queda sancionado el proyecto de resolución.
Se harán las comunicaciones pertinentes.
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde que la Honorable Cámara se pronuncie sobre los dictámenes contenidos en el Orden del Día N° 958, recaídos en los pedidos de juicio político a la doctora Luisa Martha Riva Aramayo.
Se va a votar el dictamen de mayoría.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de resolución.
Se harán las comunicaciones pertinentes.
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde que la Honorable Cámara se pronuncie sobre los dictámenes contenidos en el Orden del Día N° 966, recaídos en el pedido de juicio político al doctor Jorge Alejandro Urso.
Se va a votar el dictamen de mayoría.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de resolución.
Se harán las comunicaciones pertinentes.
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde que la Honorable Cámara se pronuncie sobre los dictámenes contenidos en el Orden del Día N° 1.003, recaídos en los pedidos de juicio político al doctor Carlos Liporaci.
Se va a votar el dictamen de mayoría.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de resolución.
Se harán las comunicaciones pertinentes.
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DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Don Alberto PIERRI
S / D
Tenemos el agrado de dirigimos a usted, a los efectos de comunicarle que el bloque de diputados nacionales justiticialistas, primera minoría parlamentaria, ha procedido a elegir a los diputados -titular y suplente- que conforme lo prescribe el art.22 de la ley 24.937 (T.C. ley 24.939) integraran el Jurados de Enjuiciamisnto de Magistrados, creado por los mencionados textos legales en cumplimiento con lo dispuesto por el art. 115 de la Constitución Nacional.
Rogamos a Ud. ponga a consideración del plenario de la Cámara las designaciones que propiciamos.-
Miembro Titular: Diputado Nacional Carlos Ernesto Soria.
Miembro Suplente: Diputada Nacional Doña Sara Liponezky de Amavet.
Sin otro particular saludamos a usted con nuestra mayor consideración.
Humberto J. Roggero
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. MAQUEDA.- Señor presidente: la Convención Nacional Constituyente de 1994 reformó la histórica Carta Magna de 1853, introduciendo una serie de instituciones nuevas, entre las que se han destacado el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.
En 1997 el Congreso de la Nación, mediante las leyes 24.937 y 24.939, reglamentó los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional. De acuerdo con lo que establecen dichas normas, en el ámbito de la Cámara se han elegido los representantes para integrar el Consejo de la Magistratura.
Ahora nos corresponde elegir, en función a lo preceptuado en dicha normativa, a los representantes en el Jurado de Enjuiciamiento, que de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución y el artículo 22 de la ley 24.937, deben ser dos senadores y un diputado.
El 29 de septiembre de 1998 el bloque de la mayoría elevó a la Presidencia de la Cámara la propuesta para cubrir ese cargo, siendo nominado el señor diputado Carlos Ernesto Soria. Como la ley expresa que también se debe elegir al suplente correspondiente, hemos propuesto a la señora diputada Sara Liponezky de Amavet. (Aplausos.)
Dado que las calidades personales que revisten estos legisladores son conocidas por todos, resultaría sobreabundante y fatigoso repetirlas en este momento. Creemos, tratando de interpretar no sólo la letra sino también el espíritu del legislador, que el representante que vamos a elegir debe surgir del bloque de la mayoría.
Ello es así porque cuando en aquel momento se elaboró la ley, quienes discutimos la iniciativa en el ámbito de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales pensábamos que se debía dejar bien en claro que los representantes en el Consejo de la Magistratura debían ser dos por la mayoría, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría, y en el caso del Jurado de Enjuiciamiento el representante correspondía a la bancada mayoritaria.
Por lo expuesto, además de las calidades personales, políticas y profesionales de los señores diputados Carlos Ernesto Soria y Sara Liponezky de Amavet, solicito que todo el cuerpo vote por los miembros del justicialismo, quienes de modo legítimo representarán a esta Cámara en esta nueva institución que es el Jurado de Enjuiciamiento. (Aplausos.)
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. ARAMBURU.- Señor presidente: sin perjuicio de las calidades personales de los señores diputados propuestos por el bloque Justicialista, la Alianza entiende que en el Jurado de Enjuiciamiento debe existir el mayor pluralismo posible. En este sentido, los bloques del Frepaso y de la Unión Cívica Radical han llegado a la conclusión de que en este Jurado ya hay una representación del justicialismo y de la Alianza, motivo por el cual nos parece correcto que se designe a un miembro de los partidos provinciales.
Hemos consultado con los partidos provinciales respecto de las personas que ellos consideraban podían representar al conjunto del cuerpo en el Jurado de Enjuiciamiento. En consecuencia, reitero que sin objetar las calidades personales de los diputados propuestos por el oficialismo sino por una cuestión netamente política y de transparencia e independencia del órgano de juzgamiento de los magistrados, proponemos como titular al señor diputado Alberto Natale y como suplente al señor diputado Ricardo Gómez Diez. (Aplausos.)
Finalmente solicito que la votación se realice en forma nominal.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal se halla suficientemente apoyado.
- Resulta suficientemente apoyado.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En primer término se va a votar la proposición formulada por la mayoría y, en el caso de que la votación resulte negativa, se votará la otra propuesta.
Sr. STUBRIN.- Pido la palabra.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. STUBRIN.- Señor presidente: no corresponde votar una moción porque la Cámara debe realizar una elección. Existiendo dos candidatos, propongo un método para simplificar el procedimiento: que se realice un sorteo y se establezca...
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia considera que, habiéndose formulado una moción, no corresponde seguir el temperamento sugerido por el señor diputado por la Capital.
Sr. STUBRIN.- No es así porque no hay dictamen.
Habiéndose propuesto dos candidatos -los señores diputados Natale y Soria- propongo que en la votación se le adjudique a uno la tecla "sí" y al otro la tecla "no" con el objeto de que esto se constituya en una verdadera elección.
Aquí no se trata de someter a votación una moción que será rechazada o aprobada sino de proceder a una elección. De acuerdo con la ley del Consejo de la Magistratura, en este momento esta Cámara es un cuerpo electoral, y si hubiera tres candidatos deberían existir tres opciones en la votación.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar nominalmente la proposición formulada por el señor diputado Maqueda.
- Se practica la votación nominal.
Sr. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- Sobre 202 señores diputados presentes han votado 101 por la afirmativa y 97 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la designación del señor diputado Carlos Ernesto Soria como titular y de la señora diputada Liponezky de Amavet como suplente. (Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al señor diputado Carlos Ernesto Soria.)
La Presidencia dará forma de resolución a lo dispuesto por la Honorable Cámara.
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MODIFICACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y AL GAS NATURAL
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde considerar el proyecto de ley del señor diputado Abasto y otros sobre modificación a la ley 23.966, de impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural (expediente 5011-D.-98).
La Presidencia hace saber que la Comisión de Energía y Combustibles ha elaborado un pre-dictamen, que es el que se somete a consideración de los señores diputados.
PROYECTO DE LEY
Articulo 1° . - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo segundo de la Ley de Impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural aprobado por el artículo 7° del título III de la ley 23.966, modificada parcialmente por la ley número 23.988, y los decretos número 2.198 del 21 de agosto de 1991, número 897 del 10 de junio de 1992, número 1.161 del 10 de julio de 1992 y núrnero 2.021 del 28 de octubre de 1992, y la ley número 24.698, por el siguiente:
'Tratándose de productos importados, quienes los introduzcan al país, siempre que no sean los sujetos pasivos definidos en el artículo 3°, deberán ingresar con el despacho a plaza, el pago del tributo, el cual será liquidado e ingesado juntamente con los derechos aduaneros y el impuesto al valor agregado, mediante percepción en la fuente que practicará la Dirección General de Aduanas, dependiente de 1a Administración Federal de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. La tasa será la vigente en ese momento.
Articulo 2°.- Sustitúyase, el articulo 3° de la Ley de Impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural aprobado por el artículo 7° del título III de la ley 23.966, modificada por la ley número 23.988, y los decretos número 2.198 del 21 de agosto de 1991, número 897 del 10 de junio de 1992, número 1.1.61 del 10 de julio de 1992 y número 2.021 del 28 de octubre de 1992, y las leyes número 24.181 y 24.698, por el siguiente:
Artículo 3°.- Son sujetos pasivos del impuesto:
a) Las empresas que realicen importaciones de combustibles gravados; ya sea por cuenta propia o de terceros.
b) Las empresas que refinen o comercialicen combustibles líquidos ylu otros derivados de hidrocarburos en todas sus formas.
e) Las empresas, que produzcan, elaboren, fabriquen u obtengan productos gravados directamente o a través de terceros.
Los importadores recibirán el mismo tratamiento impositivo que los sujetos mencionados en los incisos b) y c) para los casos en que estos realicen operaciones de importación.
La incorporación de empresas comercializadoras y/o importadores como nuevos sujetos pasivos estará sujeta a las siguientes condiciones:
1) Estar constituida en legal forma según los tipos y requisitos que establece la Ley de Sociedades Comerciales.
2) Inscribirse en la sección "Empresas elaboradoras, comercializadoras y/o importadoras del Registro de Empresas Petroleras", de la Subsecretaria de Combustibles de la Nación.
La inscripción se otorgara sin limite de tiempo y caducara por resolución fundada de la Secretaria de Energía.
3) Comercializar los combustibles y otros derivados bajo marca propia o no y en estaciones de servicio habilitadas al efecto, sean de su propiedad o no, o grandes consumidores directos o al mercado mayorista de combustibles, o cualquier otra forma autorizada de comercialización siempre que cumplan con las normas de calidad y seguridad establecidas por la legislación vigente.
4) Contar con plantas de almacenaje en el territorio nacional sean de su propiedad total o parcial, o en alquiler o comodato, que cumplan con las normas técnicas, de seguridad y protección ambiental vigente. La capacidad de la planta no podrá ser inferior a 30.000 m3 (treinta mil metros cúbicos). De tratarse de un comodato, el plazo de vigencia del mismo no podrá ser inferior a 12 meses al momento de solicitarse la inscripción en el registro referido en el ítem dos precedente y deberá mantenerse vigente durante el plazo que se mantenga tal inscripción.
5) Haber importado y comercializado productos gravados por esta ley, durante 12 meses anteriores a la fecha de solicitud de inscripción en el impuesto, por un volumen no inferior durante el periodo indicado de 40.000 m3 (cuarenta mil metros cúbicos). El plazo indicado podrá reducirse a seis meses para el supuesto en que el volumen supere los 60.000 m3 (sesenta mil metros cúbicos).
6) En el caso de los importadores, garantizar el cumplimiento de las obligaciones impositivas previstas en el presente artículo, mediante la presentación con anterioridad del despacho a plaza de una garantía o fianza por el monto del impuesto adeudado.
Los requisitos enumerados precedentemente deberán ser fehacientemente acreditados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Los transportistas, depositarlos, poseedores o tenedores de productos gravados que no cuenten con la documentación que acredite que tales productos han tributado el impuesto de esta ley, o están comprendidos en las excenciones del artículo 7°, serán responsables por el impuesto sobre tales productos sin perjuicio de las sanciones que legalmente les correspondan, ni de la responsabilidad de los demás sujetos intervinientes en la transgresión.
Artículo 3°.- Incorporase como inciso a) del artículo 7° de la Ley de Impuesto sobre, Combustibles Líquidos y Gas Natural aprobado por el artículo 7° del Titulo III de la Ley 23.966, modificada parcialmente por la Ley 23.988 y los decretos 2.198 del 21 de agosto de 1991, 897 del 10 de junio de 1992, 1.161 del 10 de. julio de 1992, y 2.021 del 28 de octubre de 1992, y la ley 24.698, el siguiente:
Inciso a) Se destinen a sujetos pasivos definidos en el artículo 3° inciso b) y c), y los del inciso a) inscriptos según lo establecido en la presente ley.
Articulo 4°.- Derógase el artículo 9° de la Ley de Impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural aprobado por el artículo 7° del Título III de la Ley 23.966, modificada parcialmente por la ley 23.988, y los decretos. 2.198 del 21 de aqosto de 1991, 897 del 10 de jimio de 1992, 1.161 del 19 julio de 1992 y, 2.021 del 28 de octubre de 1992 y 1a Ley 24.698 y autorízase a quienes estén comprendidos en el artículo 1° del decreto 1.920/94, a devengar el crédito Fiscal consagrado por el artículo 14 del Titulo III de la ley 23.966 (Texto ordenado, decreto 518/98) y sus modificatorias, en los términos de dichas normas a partir de la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial por un plazo de veintidós (22) meses.
Artículo 5°- Incorpórase como productos gravados a los detallados en el artículo 4° de la Ley de impuestos sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural aprobado por el artículo 7° del Titulo III de la Ley 23.066, modificada parcialmente por la ley 23.988, de los decretos. 2198 de agosto de 1991, 897 del 10 de. junio de 1992, 1.161 del 10 de julio de 1992 y 2.021 del 28 de octubre de 1992 y la Ley 24.698, lo siguiente:
1) Nafta sin Plomo oxigenada, hasta 92 RON $ por litro
0.3296
2) Nafta sin Plomo oxigenada de más de 92 RON $ por litro
0.4135
Será considerada como nafta sin plomo oxigenada la nafta sin plomo con un contenido mínimo de oxigeno en su composición, medido como por ciento en peso, según norma ASTM D 4815 del 1.0 % (uno por ciento) en peso hasta el 31 de diciembre de 1999, 1,5 % (uno y medio por ciento) en peso hasta el 31 de diciembre de 2001 y 2,0 % (dos por ciento) en peso a partir del 1 de enero del 2002.
Los componentes oxigenados incorporados a las naftas sin plomo oxigenadas deberán cumplir los límites máximos establecidos en las Especificaciones de los Combustibles del Anexo I, de la Resolución Nro. 54 del 14 de abril de 1996 de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
El impuesto establecido para las naftas sin plomo oxigenadas será siempre igual al 85 % (ochenta y cinco por ciento) del impuesto de las naflas sin plomo de igual número de octanos método research.
Artículo 6°.- Derógase toda norma legal o reglamentaria que se oponga a la presente.
Artículo 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Angel L. Abasto - Pedro Salvatori - Victor M. Fayad - Oscar E. Massei - Carmen N. Dragicevic - Juan J. Chica - Raul H. Vicchi - Ricardo a. Barrios Arrechea - Fortunato R. Cambaperi - Liidia E. Mondelo - Pascual a. Rampi - Roberto de Bariazarra - Jose M. Corchuelo Blasco - Ricardo a. Bussi - Jorge T. Perez -
En Disidencia Parcial: Jorge E. Aubia - Mario F. Ferreyra - Rafael H. Flores
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración en general.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración en particular el artículo 1°.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 2° a 6°.
- El artículo 7° es de forma.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado.
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Sra. CURLETTI DE WAJFELD.- Pido la palabra para formular una moción de orden.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Para una moción de orden tiene la palabra la señora diputada por Chaco.
Sra. CURLETTI DE WAJSFELD.- Señor presidente: solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a efectos de pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución contenido en el expediente 4.566-D.-98.
Mediante esta iniciativa se solicita al Poder Ejecutivo que haga efectivo un aporte de 50 millones de pesos con destino a los productores agropecuarios de la provincia del Chaco. Este compromiso fue asumido por el señor jefe de Gabinete de Ministros en una reunión conjunta con el gobernador de la provincia del Chaco y senadores y diputados de mi provincia.
En esa oportunidad se acordó un plazo de no más de diez días para concretar el aporte, pero ese lapso ha vencido y tal circunstancia dará lugar a que a partir del próximo viernes se corten las rutas nacionales 11 y 16 que constituyen importantes conexiones con el sur y el norte de la Argentina que vincula a los países del Mercosur.
Se trata de un compromiso que también fue asumido personalmente por el señor presidente de la Nación. Ese aporte, conjuntamente con otro de 50 millones de pesos que ya hizo efectivo el gobierno provincial, vendría a subsanar la precariedad y la exclusión de importantes sectores sociales marginados, como son los minifundistas de mi provincia.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: nuestro bloque va a apoyar el pedido formulado por la señora diputada preopinante, pero es nuestra intención que pase a ser considerado como último punto del plan de labor.
Sra. CURLETTI DE WAJSFELD.- Acepto la indicación, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar el apartamiento del reglamento solicitado por la señora diputada por el Chaco. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas solicitada por la señora diputada por el Chaco.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción.
En consecuencia, se incorpora la consideración del asunto como último punto del orden del día de la presente sesión.
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.
Sr. DE SANCTIS.- Señor presidente: solicito que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones reglamentarias a fin de formular una moción de preferencia para que en la próxima sesión se considere con despacho de comisión el proyecto de ley del que soy coautor, contenido en el expediente 3.017-D.-98, vinculado con la reedición de las obras completas de Domingo Faustino Sarmiento.
Esta iniciativa cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Cultura, a la que desde ya agradezco porque, sin diferencias de colores políticos, su presidenta -Irma Roy-, su vicepresidente -el amigo Luis Brandoni- y el resto de sus integrantes adhirieron fervientemente a esta iniciativa. Aclaro que en este momento el asunto se halla en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Por lo expuesto, solicito preferencia para que el proyecto en cuestión sea considerado el próximo miércoles, con despacho de comisión; no digo "próxima sesión" porque no sé si ésta habrá de levantarse o si se pasará a cuarto intermedio.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En primer término, se va a votar si la Honorable cámara se aparta de las prescripciones del reglamento. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración la moción de preferencia formulada por el señor diputado por San Juan.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda acordada la preferencia solicitada.
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A Dirección de Taquígrafos |
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr. BARRIOS ARRECHEA.- Señor presidente: solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones reglamentarias para considerar sobre tablas el proyecto de ley contenido en el expediente 2.291-D.-98, conjuntamente con los expedientes 3.322-D.98 y 3.235-D.-98, referentes al régimen para la constitución del derecho real de superficie a favor de los titulares de tierras susceptibles de forestación. Fundo mi petición en los argumentos que respecto de este tema expusimos en esta sesión antes de que, a pedido del bloque Justicialista, la Cámara acordara que estas mociones fueran formuladas en esta oportunidad.
Tratándose de iniciativas que favorecen a la clase media para la producción forestal, solicito su consideración sobre tablas.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Misiones. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado por Misiones.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda incluida la consideración del asunto en el orden del día de esta sesión.
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A Dirección de (Comisión de Transportes)aquígrafos |
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Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde considerar el proyecto de ley de los señores diputados Saggese y Storani sobre régimen de emergencia pesquera (expediente 2.164-D.-98).
La Presidencia hace saber que la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios ha elaborado un pre-dictamen, que es el que se somete a consideración de la Honorable Cámara.
PROYECTO DE LEY
LEY DE EMERGENCIA PESQUERA
Artículo 1° - Declárase la emergencia pesquera en los espacios marítimos regulados por el Régimen Federal de Pesca, ley 24.922, artículos 3° y 4°, comprendiendo la totalidad de los recursos vivos marinos que los poblaren.
Art. 2° - Suspéndese la aplicación de los incisos a) y c) del artículo 23 de la ley 24.922, durante el transcurso de la emergencia pesquera.
Art. 3° - Denúncianse los Acuerdos sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la República Argentina y la Comunidad Económica Europea, debiendo el Poder Ejecutivo comunicarlo a la misma, conforme lo previsto en el artículo 12, punto 1 de los Acuerdos, aprobados por la ley 24.315.
Art. 4° - Mientras dure la emergencia pesquera, se prohiben todos los transbordos y descargas en alta mar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la ley 24.922. Solamente podrán realizarse operaciones de transbordo en rada por causas de fuerza mayor debidamente justificadas.
Art. 5° - Mientras dure la emergencia pesquera, queda terminantemente prohibida la pesca en áreas de desove determinadas por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
Art. 6° - Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento de¡ Cumplimiento de la Ley de Pesca. La Comisión estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, quienes serán designados por los presidentes de ambas Cámaras
La Comisión será presidida alternadamente, cada tres (3) meses, por los presidentes de la comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y de Pesca, Intereses Marítimos y Portuarios del Honorable Senado de la Nación.
Art. 7° - Serán funciones de la Comisión Bicameral:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la ley 24.922 y proponer iniciativas legislativas vinculadas a la emergencia pesquera.
b) Evaluar las consecuencias biológicas, económicas y sociales en el sector pesquero provocadas por la situación de emergencia actual.
c) Tratar los temas vinculados a la emergencia pesquera.
d) Evaluar y determinar responsabilidades a fin de efectuar, cuando correspondiera, las denuncias ante autoridades administrativas y/o judiciales pertinentes.
e) Dictar su propio reglamento de funcionamiento interno.
Art. 8° - Facúltase a la Comisión Bicameral a requerir a las autoridades u organismos nacionales o extranjeros toda información que considere necesaria y disponer la concurrencia de los funcionarios responsables a los fines de ampliar dichos requerimientos.
Art. 9° - La Comisión Bicameral podrá requerir a las autoridades de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y de¡ Honorable Senado de la Nación, el giro preferencia¡ a su seno de los asuntos relacionados con su competencia y aquellos de carácter mixto que requieran el estudio de otras comisiones permanentes o especiales.
Art. 10 - La Comisión Bicameral se disolverá transcurridos cinco años desde la promulgación de la presente, o antes, si habiendo alcanzado su objetivo dictaminase por decisión unánime de sus miembros que existen garantías suficientes de haber superado el estado actual de emergencia de las pesquerías.
Art. 1 1 - Esta Comisión deberá quedar integrada en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José L. Castillo - Juan C. Ayala - José M. Corchuelo Blasco - Néstor M. Saggese - Mario Das Neves - Ernesto A. Löffler - Norma Godoy - Jorge E. Aubia - Elsa Melogno - José A. Recio - Rafael H. Flores - Humberto A. Volando - Armando N. Juri - José L. Saquer - Edmundo del Valle Soria - Carlos G. Haquim - Pablo D. Fernández - Norma A. Miralles de Romero - Beatriz Z. Fontanetto - Mario N. Fadel - Ricardo A. Barrios Arrechea - José L. Zavalia - Carlos A. Vilche - Luis M. Diaz Colodrero - Fortunato R. Cambareri - María V. Goñi - Norberto R. Nicotra
Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. SAGGESE.- Señor presidente: deseo formular unas breves consideraciones para explicar a esta Cámara cuáles han sido los motivos que han abundado para que tuviéramos que tratar en las comisiones respectivas un proyecto de emergencia pesquera.
Cuando se consideró la ley federal de pesca informamos acerca de cuáles eran las conductas que venían desarrollando los distintos funcionarios que como autoridades de aplicación llevan a cabo las políticas para la industria pesquera. En ese momento señalamos que en los mares argentinos se producía sobrepesca, que hubo un error grosero al firmarse los convenios con la Unión Europea y que no existió un ordenamiento adecuado para el otorgamiento de permisos y la aceptación de programas en relación con la pesca de la merluza hubssi.
En su oportunidad, el INIDEP brindó un informe científico en el que se estableció el tonelaje máximo que se podía pescar en nuestra plataforma que era del orden de las 247 mil toneladas.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Marcelo Eduardo López Arias.
Sr. SAGGESE.- Señor presidente: quiero decir a esta Cámara que a la fecha, con las nuevas autoridades de la Subsecretaría de Pesca, se llevan pescados en el país cerca de 500 mil toneladas, estando al borde del colapso la principal especie de elaboración y de exportación que tiene la industria pesquera argentina.
No es poca cosa y es tan grave la situación y tan grande el daño que se le causó al país que ha obligado a que los distintos representantes de las bancadas lo consideren en las comisiones respectivas y en la propia Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios se procura acordar un dictamen único de emergencia pesquera que denuncie los convenios con la Unión Europea.
En este sentido se solicita que el Poder Ejecutivo haga las denuncias antes del 24 de noviembre, y por tal motivo adelanto el pedido de rápido tratamiento para que esta sanción sea girada con carácter urgente al Senado.
Hemos tenido que avanzar en la prohibición de la pesca en la zona de desove, tal como lo indica el INIDEP. Añado que el texto tendrá un agregado, que va a adelantar uno de los integrantes de la comisión, respecto a la suspensión del plan de charteo para que una especie excedentaria con relación a la merluza pueda llegar a tierra y produzca una movilización de mano de obra argentina que está en el orden de los 4 mil trabajadores.
Son casi 500 mil toneladas las que se fueron yendo de la Argentina con este plan que hoy intentamos exterminar con este proyecto de ley.
Simplemente quiero informar a esta Cámara de Diputados que es neceasrio que hoy demos aprobación a este proyecto de emergencia pesquera para que pase rápidamente al Senado.
Es necesario que levantemos nuestra voz y que el Poder Ejecutivo denuncie los convenios con la Unión Europea. Debe respetarse la Ley Federal de Pesca y es necesario que el Consejo Federal Pesquero comience a defender con carácter y profundidad la riqueza ictícola argentina.
Aunque parezca un tema menor y no movilice la atención de esta Cámara, quiero recordar que esta industria significa el ingreso de mil millones de dólares anuales al país, cantidad que podría ser mucho mayor si con este proyecto de ley nos ponemos de acuerdo en la aplicación adecuada .
Para evitar quedarnos sin quórum, como parece que puede ocurrir en cualquier momento, solicito a la Cámara, con el agregado que se va a proponer en la Comisión, la aprobación de este proyecto.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia solicita a los señores diputados que sus exposiciones sean breves porque estamos con quórum estricto.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. GOÑI.- Señor presidente: este proyecto es de una importancia suprema, y como nos corre el tiempo porque se pide que se haga la gestión antes del 24 de noviembre, voy a solicitar autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se va a votar la inserción solicitada por la señora diputada Goñi.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Queda autorizada la inserción solicitada.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. CASTILLO.- Señor presidente: para agilizar la votación, adhiero a lo manifestado por el señor diputado Saggese, y solicito que se pase a votar.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se va a votar en general.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- En consideración en particular.
La Presidencia informa que el proyecto contiene doce artículos, y sugiere que los señores diputados efectúen las propuestas de modificaciones acordadas a efectos de que luego se vote en forma conjunta todo el articulado teniéndolas en cuenta.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. CASTILLO.- Señor presidente: la comisión propone una modificación al artículo 2°, que quedaría redactado de la siguiente manera: "Suspéndese la aplicación de los incisos a) y c) del artículo 23 y también la del artículo 36 de la ley 24.922, durante el transcurso de la emergencia pesquera."
La otra modificación propuesta es para el artículo 3°, que quedaría redactado de la siguiente manera: "Denúncianse los acuerdos sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la República Argentina y la Comunidad Económica Europea, debiendo el Poder Ejecutivo comunicarlo a la misma antes del día 24 de noviembre de 1998, conforme lo previsto en el artículo 12, punto 1 de los Acuerdos, aprobados por la ley 24.315."
Estas son las dos únicas modificaciones propuestas por la comisión.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Si hay asentimiento, se procederá a votar en forma conjunta los doce artículos con las modificaciones propuestas por la comisión.
- Asentimiento.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se van a votar los artículos 1° a 11.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 12 es de forma.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado.
La Presidencia solicita autorización de la Honorable Cámara para remitir inmediatamente al Senado el proyecto de ley que acaba de ser sancionado.
- Asentimiento.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se procederá en consecuencia.
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(Juicio político a la doctora Patricia S. Zabotinsky)
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Advirtiendo la Presidencia que en su oportunidad se omitió el tratamiento del dictamen de la Comisión de Juicio Político por el que se desestima el pedido de promoción de causa a la titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 83, doctora Patricia Susana Zabotinsky, se pondrá a consideración a continuación.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- En consideración.
Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.
Sra. GUZMAN.- Señor presidente: el pedido de juicio político a la doctora Zabotinsky lo he presentado junto con el señor diputado Pichetto. Yo no soy miembro de la Comisión de Juicio Político y por ello he presentado una observación al dictamen de comisión.
Quiero recordar a la Honorable Cámara cuáles son las circunstancias que nos han llevado a formular este pedido. La doctora Zabotinsky es jueza en primera instancia en materia civil, y entiende en cuestiones de familia. Como consecuencia de un problema en una familia se da la guarda de una menor a una tía.
La madre era enferma mental, lo cual constaba en las distintas certificaciones médicas, y no podía tener la guarda de la niña. El padre había tenido un serio altercado con la madre, y ésta lo quiso matar. Hubo un intento de homicidio en el que dejó al padre discapacitado permanentemente.
La guarda de la niña la dan a una tía, hermana de la madre. Al padre le dan el derecho de visita una vez por semana en el Jardín Japonés. La jueza es advertida por la familia paterna de que la niña era permanentemente sacada y llevada por la madre a otro lugar. La madre la cambió de domicilio y de escuela a efectos de que el padre no conociera dónde estaba la niña..
A pesar de la existencia del padre era el abuelo quien principalmente actuaba porque aquél tenía -como ya dije- una discapacidad permanente. Por eso era el abuelo -que era abogado y había sido juez- quien siempre hacía las presentaciones ante la Justicia a efectos de que la jueza constatara que la niña no estaba con la tía sino con la madre.
Repito que la madre era una persona que intentó matar al padre de la niña, estuvo presa y quedó luego en libertad. Por otro lado, se había comprobado su enfermedad mental y que padecía sida, lo cual tornaba la cohabitación con ella muy peligrosa. Sin embargo, la jueza no tomó los recaudos pertinentes ni actuó cuando la niña fue llevada por su madre a otra casa. Hubo una total desidia por parte de la jueza, quien fue permanentemente advertida de la situación y no obstante se hizo la distraída.
La Honorable Cámara recordará que hace unos años en el barrio de Belgrano una mujer arrojó a su hija al vacío desde un séptimo piso y luego se tiró ella. Como consecuencia de esto la señora murió y la niña quedó con una discapacidad permanente ya que pasó a vivir en estado vegetativo. Esta señora era la madre de la niña, con la que no podía estar por no tener su guarda; la jueza debió haberlo impedido.
Esto no sucedió porque sí sino porque la jueza no tomó en cuenta las distintas advertencias que se le hicieron. La jueza no actuó en protección de la menor; no se interesó por la cuestión. Ella sabía perfectamente que la persona a quien correspondía la guarda legal de la niña, que era la tía, no la tenía en los hechos porque la menor vivía con su madre. Así lo dijeron distintos testigos cuando ocurrió el hecho tremendo en que ella se suicida arrojando previamente a la niña al vacío, quien milagrosamente salva su vida pero por desgracia queda totalmente postrada, en estado vegetativo.
Una jueza de familia debe más que extremar los cuidados. Sin embargo, no lo hizo. Hemos pedido los informes de la Cámara, los que han sido remitidos de manera parcial. Por ello considero que este dictamen debe volver a la comisión pertinente, aún cuando después lo trate un jury, pero lo que no podemos hacer aquí es salvar las responsabilidades de una jueza de familia que ha provocado un daño tremendo a la sociedad, a una familia, y sigue ejerciendo sus funciones de magistrada como si nada hubiera ocurrido.
Pido a los señores diputados que recuerden lo que fue aquel hecho terrible de esa madre afectada mentalmente y de HIV que no podía tener a su niña y la jueza sabía que vivía con ella, y que la cambió de colegio y de domicilio para que no se supiera dónde estaba y sin embargo, advertida a tiempo, no hizo nada.
Pido a la Honorable Cámara que en protección de los derechos de la familia y de los muchos otros casos que esta jueza juzga este asunto vuelva a comisión. Quizás sea necesario un jury de enjuiciamiento, pero lo cierto es que no podemos tolerar aquí esta conducta bochornosa y vergonzosa de una jueza de familia que realmente nos lleva a límites que no es posible aceptar.
Sé que a veces se tratan con más cuidado las cuestiones que afectan intereses económicos. El mayor interés económico es el resguardo a las personas. Ese resguardo no está protegido con juezas como la doctora Zabotinsky.
Por lo expuesto, solicito la vuelta a comisión de este proyecto.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se va a votar el dictamen por el que se desestima el pedido de juicio político a la doctora Patricia Zabotinsky.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Queda sancionado el proyecto de resolución.
Se harán las comunicaciones pertinentes.
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Sra. CASTRO.- Pido la palabra para formular una moción de orden.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una moción de orden tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. CASTRO.- Formulo moción de orden de apartamiento de las prescripciones del reglamento para que la Honorable Cámara trate sobre tablas el proyecto contenido en el expediente 3.566-D.-98, vinculado con la invariabilidad del porcentaje accionario de la propiedad participada de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.
La sociedad ha perdido mucho con la privatización de nuestra línea aérea de bandera a manos de Iberia. Se han levantado escalas, se ha amenazado con la desintegración del territorio y se ha convertido nuestra línea aérea de bandera en una alimentadora de la línea matriz.
Si hay algo que ha impedido el vaciamiento y la desaparición de nuestra línea aérea de bandera ha sido la presencia de los trabajadores con su denuncia y su aporte para que tengamos una herramienta en el desarrollo de una política aerocomercial que responda a los intereses políticos, geopolíticos, estratégicos, económicos y comerciales de los argentinos.
El último embate que pretende hacer Iberia a través de un aporte de capital irrevocable consiste en diluir la propiedad participada de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.
Por ello solicito hoy el tratamiento y la aprobación de este proyecto que cuenta con dictamen favorable unánime de las comisiones de Transportes, de Legislación del Trabajo y de Obras Públicas. La presencia de los trabajadores en el directorio, tal como la prevé la ley de reforma del Estado y los propios estatutos de la privatización de Aerolíneas Argentinas, garantiza -no dividendos para los trabajadores, porque no los hay- la defensa de nuestra línea aérea de bandera.
Por las razones expuestas pido que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento para abocarse al tratamiento sobre tablas de este proyecto, y solicito el apoyo de los legisladores para mantener la importante presencia de los trabajadores en el directorio de Aerolíneas Argentinas, tal como está previsto en la ley de reforma del Estado.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se va a votar la moción de orden de apartamiento de las prescripciones del reglamento formulada por la señora diputada por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.
- Resulta negativa.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Queda rechazada la moción.
Sra. CASTRO.- Señor presidente: me llama la atención la mala fe del bloque oficialista.
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Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. BALTER.- Señor presidente: formulo moción de que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento para tratar sobre tablas el proyecto de ley contenido en el expediente 1.293-D-98, que cuenta con despacho y tenía una preferencia para ser tratado en la sesión de hoy. Además, este dictamen cuenta con la anuencia del señor presidente de la Comisión de Finanzas.
Para no retrasar el trámite de esta sesión solamente diré que se trata del régimen de garantías mediante el cual el Banco Central de la República Argentina va a afrontar las obligaciones del pago de sueldos mediante acreditaciones en cuentas corrientes, en empresas con más de cincuenta empleados.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se va a votar la moción de que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Queda aprobada la moción.
En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado por Mendoza.
Se va a votar. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Queda aprobada la moción y se incorpora este asunto al orden del día de la presente sesión.
Sr. BALTER.- ¿Por qué no tratamos este proyecto ahora mismo?
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Señor diputado: reglamentariamente ha quedado incorporado este asunto, y será tratado en el momento correspondiente, salvo que se formule una moción de alterar el orden del día a fin de considerarlo en este momento.
Sr. BALTER.- Señor presidente: formulo moción de que se altere el orden del día y se considere el proyecto al que hice mención.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Mendoza.
- Resulta negativa.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Queda rechazada la moción, y consecuentemente el proyecto queda incorporado para ser tratado en el momento oportuno.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. BALTER.- Señor presidente: no entiendo por qué este proyecto cuyo tratamiento sobre tablas he solicitado ha sido incorporado al final del orden del día cuando cuenta con una preferencia aprobada por este cuerpo.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Señor diputado: no podemos volver a discutir este tema. Es más: la Cámara aprobó un plan de labor en el cual no estaba incluido el proyecto al que usted hizo mención. En consecuencia, deberá ser tratado de acuerdo con el orden correspondiente.
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Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- En consideración.
Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra. LIPONEZKY DE AMAVET.- Señor presidente: el tema tiene relación con un dictamen emitido por la comisión que se ocupó específicamente de la cuestión de los peajes.
Entiendo que las consideraciones finales del dictamen de mayoría son correctas, salvo en lo que atañe al último punto, que se vincula con la propuesta de dejar sin efecto el contrato que permite la ejecución de obras en el corredor 18, que comprende las rutas nacionales números 14 y 12 en el territorio de la provincia de Entre Ríos, dado que se encuentra en ejecución más de un 65 por ciento de esta obra.
Sin perjuicio de las consideraciones que oportunamente ha efectuado esa comisión con respecto al cumplimiento íntegro del contrato por parte de la empresa competente, resulta de interés para las fuerzas vivas de mi provincia -así lo han expresado, junto con un número importante de intendentes- que este tema pueda ser revisado en el ámbito de reuniones en las que puedan ser convocadas todas las partes interesadas.
Nuestra intención como diputados por la provincia de Entre Ríos es que se considere la ejecución de las obras que ya están en marcha. En consecuencia, sobre este punto en particular quiero dejar constancia de mi diferencia con respecto al dictamen. Asimismo, solicito una reunión, a celebrarse en un corto plazo, donde puedan tener voz todas las partes afectadas por la ejecución de esta obra.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra. PANDO.- Señor presidente: la Comisión Especial de Peaje ha producido dos dictámenes. En esta circunstancia, voy a sostener el informe que hemos elaborado como integrantes de esa comisión y que se ha constituido en el dictamen de minoría.
Alrededor de 1991 nuestro país consideró al sistema de peaje como necesario y -casi diría- como la única solución para el mantenimiento y la realización de algunas pocas obras nuevas en la estructura de carreteras. Así ha venido a solucionar en parte el gran déficit y la ausencia del Estado que por muchos años ha existido en nuestro país en materia de inversión en obras públicas.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Todavía restan temas muy importantes para considerar, y la última votación se realizó con un quórum estricto. Por ello la Presidencia solicita a los señores diputados que no se retiren del recinto y a los oradores que traten de sintetizar su exposición.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra. PANDO.- Así entendida la propuesta, en esa oportunidad se licitaron aproximadamente 10 mil kilómetros de carreteras, que a su vez tenían aproximadamente el 65 por ciento del tránsito de todos los automóviles y camiones de nuestro país. A su vez, conformaban...
Señor presidente: teniendo en cuenta que no se está prestando suficiente atención, preferiría que tratáramos este tema la semana próxima. Estamos refiriéndonos al sistema de concesión de obra pública por peaje...
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Si la señora diputada por Corrientes formula una moción en ese sentido, la Presidencia la someterá a votación, pero mientras tanto corresponde seguir el orden aprobado por el cuerpo.
Sra. PANDO.- Si no se presta la debida atención, en verdad preferiría que este asunto se postergara para la próxima semana. Digo esto con todo respeto por los legisladores ausentes, que con seguridad deben tener otras cosas que hacer. Es la hora 23 y 20...
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia desea saber si la señora diputada por Corrientes está formulando una moción concreta para que se aplace el tratamiento de esta cuestión.
Sra. PANDO.- Sí, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Corresponde votar la moción de orden formulada por la señora diputada por Corrientes en el sentido de aplazar el tratamiento de este asunto.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: en las reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria se acuerda el modo en que se va a desarrollar la sesión.
La semana pasada la señora diputada Pando solicitó en ese ámbito la postergación del tratamiento del tema para la sesión del día de la fecha, en razón de que los dictámenes respectivos no estaban impresos. Hoy, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, acordamos un plan de trabajo que incluye el debate de esa cuestión, de modo que me parece que solicitar en esta instancia su aplazamiento configura una falta de cumplimiento de los compromisos asumidos.
Si ahora se llamara para votar la moción formulada por la señora diputada por Corrientes, se correría el riesgo de tener que levantar la sesión por falta de quórum, pues es indudable que muchos señores diputados están en sus despachos o en otros lugares de la Cámara. En consecuencia, teniendo en cuenta que cuesta mucho formar quórum, solicito a la señora diputada Pando que retire su moción por respeto a lo acordado entre los representantes de los bloques.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia reconoce que de acuerdo con lo prescripto por el inciso 7º del artículo 127 del reglamento, la señora diputada por Corrientes tiene derecho a plantear una moción de orden para solicitar el aplazamiento de la consideración del asunto en tratamiento. Sin embargo, teniendo en cuenta que se corre el riesgo de que la sesión caiga, la Presidencia solicita a la señora diputada por Corrientes que retire su moción.
Sra. PANDO.- Señor presidente: no es mi interés que la sesión caiga; todo lo contrario. Deseo recordar por su intermedio al señor diputado Camaño, quien me hace cargo exclusivamente del pedido de diferimiento de la consideración de este tema por la falta de impresión de los dictámenes, que la señora diputada por Jujuy también presentó una solicitud en ese sentido.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia desea saber si la señora diputada por Corrientes retira o no su moción.
Sra. PANDO.- Sí, señor presidente.
Continúo con mi exposición. Entre los años 1990 y 1992 el país consideró que el sistema de peaje era el medio idóneo para resolver el problema de nuestros corredores viales sobre todo teniendo en cuenta la situación económico financiera. Pero transcurrido el tiempo nos dimos cuenta de que algunas decisiones fueron acertadas y otras no resultaron tan exitosas, al menos en algunas de las rutas concesionadas.
Se concesionaron alrededor de 10 mil kilómetros de rutas y dieciocho corredores, pero a lo largo del tiempo se realizaron modificaciones a cada uno de los contratos, ya que originariamente fueron acordados en época de hiperinflación; pero más tarde, con la ley de convertibilidad, la situación contractual cambió sustancialmente.
A raíz de que se dieron distintas situaciones legislativas para contratos similares, se hizo necesario renegociarlos y modificar el espíritu originario.
Esta última situación permitió advertir falencias en la prestación del servicio, en la ejecución de las obras y en la razonabilidad existente entre el servicio prestado y la rentabilidad que cada uno de los concesionarios obtenía.
A medida que fue pasando el tiempo se advirtió que los concesionarios obtenían un incremento anual entre un 70 y un 80 por ciento de la tasa Libor, que de ninguna manera refleja las condiciones económicas del país sino del extranjero. Esta es la razón por la que el servicio de peaje sufría incrementos anuales que se contraponían con lo regulado por la ley de convertibilidad.
Por este motivo la sociedad en su conjunto se expresó en contra de los servicios que el sistema de peaje brindaba porque, a pesar de la alta rentabilidad obtenida, cada vez se realizaban menos obras y, por lo tanto, la ganancia no guardaba relación con lo establecido por la ley 17.250 ni por la ley de reforma del Estado, que fijan un principio de razonabilidad entre la inversión, la prestación y el goce del servicio.
En un principio las quejas provinieron de las asociaciones de consumidores y de quienes realizan un uso frecuente del servicio, tales como camioneros, cerealeros y transportistas de ganado. A ellos se adhirió el transporte de carga en general, y finalmente la sociedad se manifestó en contra no del peaje sino del costo por el servicio recibido.
Es así que el Parlamento, receptando las quejas de los usuarios, resuelve crear esta comisión especial para el estudio de los peajes, donde recibimos a distintos sectores involucrados: los concesionarios, los usuarios, el ente regulador, la Auditoría General de la Nación y el informe de especialistas en la materia.
Una de las conclusiones a las que se arribó es que casi todos -por no decir todos- los concesionarios han incumplido las cláusulas de sus respectivos contratos.
Es así que no han hecho efectivas inversiones por un valor de 115 millones de pesos, ni han abonado al Estado multas equivalentes a 28 millones de pesos. Pero, lo que es peor, esta contratación que en su origen fue onerosa porque los concesionarios debían pagar un canon, con la primera modificación y renegociación del contrato, se ha transformado en una concesión a título gratuito. Vale decir que el canon dejó de ser percibido por el Estado, que por ende ha dejado de recaudar alrededor de 700 millones de pesos.
Si consideramos que el costo de ejecución de una ruta se halla en el orden de los 200 mil pesos el kilómetro, llegamos a la conclusión de que con esa cifra seguramente hoy estaríamos en un nivel de ejecución de obra que abarcaría no menos de 3.500 kilómetros de rutas argentinas en las que son imprescindibles.
Ese fue el espíritu originario del sistema de concesión por peaje en las rutas ya construidas. El Estado otorgaba el mantenimiento, pero la naturaleza y la filosofía del proyecto era que a través del pago del canon el Estado podía recuperar un volumen importante de dinero para volcarlo en obra pública. Ese objetivo no se ha cumplido porque hasta hoy el dinero no ha ingresado a las arcas del Estado, como tampoco las sumas correspondientes por multas. Como agravante, tampoco se exigió la inversión en obras que tendrían que haberse ejecutado.
Prácticamente todos los concesionarios registran un incumplimiento de aproximadamente el 40 por ciento en ese estado de ejecución del contrato. Por lo tanto, consideramos la necesidad de revisar este sistema, para lo cual no debemos esperar al año 2003. Ello, porque si bien el Estado ha dispuesto la privatización de este servicio, debe revisar las concesiones de acuerdo con lo establecido en las leyes 17.250 y 23.966, pues no se está cumpliendo con el requisito de la razonable rentabilidad.
Según los informes pertinentes -que han sido volcados en el dictamen de minoría y en los que se incluyen cuadros de muy fácil interpretación-, el promedio de rentabilidad de este servicio monopólico asciende aproximadamente al 25 por ciento, y en algunos corredores ha llegado a superar el 40 por ciento.
Nosotros, como Estado, sin declinar el espíritu de la privatización, debemos controlar si éste se ha respetado. Evidentemente, no. Hemos relegado el servicio y la obra pública, y además existe falta de control en relación con el concesionario y la excesiva rentabilidad.
Si existe una cantidad de elementos que generan un desequilibrio en el objetivo de esta privatización, el Estado debe actuar mediante sus órganos de control para que no estén en polos contrapuestos quienes ejercen este monopolio y los usuarios cautivos, que no recibimos lo prometido en los contratos a pesar de la rentabilidad obtenida por los concesionarios.
Es necesario que todos tengamos conciencia de que la Auditoría General de la Nación ha venido formulando observaciones a todos y cada uno de los corredores, y ha señalado que el órgano de control es ineficiente y prácticamente inexistente, pues no hace cumplir las multas ni controla el ritmo de ejecución de las obras. En este sentido, en la mayoría de los casos se llegó al incumplimiento del nivel de prestación del servicio, el ahuellamiento, la rugosidad de las rutas, etcétera.
Respecto de algunos corredores, la Auditoría General de la Nación expresa sus conclusiones y a la vez formula recomendaciones. Por ejemplo, en relación con el corredor número 13 dice lo siguiente: "Incumplimiento en tres obras de la fecha última de inicio. Incumplimiento de la fecha última de terminación de las tres obras. Con respecto a los incumplimientos, si bien se inician los trámites de penalidad, nunca se efectiviza el cobro de los mismos, hecho este que ha resultado una constante a lo largo de la concesión, y para todos los concesionarios ya auditados por esta Auditoría General de la Nación."
También señala que no se efectuó ningún control de los volúmenes de obra ni del monto de la inversión en concepto de conservación de rutina, a pesar de que para este corredor el concesionario declaró haber invertido durante los primeros cuatro años una cifra de 31 millones, de pesos 31 millones de pesos que representan un 52 por ciento del total invertido en ese período.
Con respecto a la ruta del Mercosur, se dice que "el concesionario no realizó los ensayos iniciales ni anuales de los obenques". Se está refiriendo al contrato que este gobierno, sin concurso y sin licitación pública previa, le ha ampliado al corredor número 18 de la ruta 14 del Mercosur.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia informa a la oradora que a esta altura de la noche y ya sin quórum, va a ser muy estricta en el cumplimiento del tiempo. En ese sentido le advierte que tiene tres minutos y le solicita que redondee su exposición.
Sra. PANDO.- Decía que la concesión de esa ruta ha sido ampliada en quince años más, no habiendo vencido aún el primer contrato de concesión. Los señores de la ruta 14 tienen todavía la facilidad para incumplir; por ejemplo, no realizaron los ensayos iniciales ni anuales de los obenques, tal como lo exige el pliego particular.
Dice la auditoría: "Es de destacar que durante los seis primeros años de la concesión, el concesionario no produjo intervenciones técnicas oportunas y adecuadas, ni propuso medidas tendientes a determinar el origen de los problemas observados desde el inicio de la concesión.
"El órgano de control no evaluó convenientemente los daños surgidos en los anclajes, ni intimó al concesionario a cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. Asimismo dicho organismo no aplicó las penalidades previstas en el pliego por incumplimiento en las tareas de control y mantenimiento de los puentes."
Por último, en lo referente al concesionario, éste no se ajustó a los requerimientos del pliego respectivo y tampoco acreditó su aptitud para llevar adelante un plan de acción y control que garanticen al Estado el mantenimiento de una obra de la importancia económica y estratégica como lo es el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo.
En estas condiciones de incumplimiento nuestro país ha regalado quince años más este mercado cautivo y monopólico, en detrimento de todos los argentinos.
No renegamos del sistema de peaje sino de la falta de control del Estado, y de la ligereza y liviandad con que se entregan los mercados cautivos en detrimento del servicio que todos los argentinos nos merecemos y de la ejecución de más y mayores obras.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Su tiempo ha concluido, señora diputada.
Sra. PANDO.- Concluyo, señor presidente. Los contratos no pueden ser prorrogados ni un minuto más. La ruta 14, concesión número 18, debe ser revisada y fundamentalmente el Estado debe actuar con rigorismo y no con complacencia. (Aplausos.)
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.
Sra. GUZMAN.- Señor presidente: comparto las preocupaciones de mi colega, la señora diputada Pando, y quiero decir algo respecto a la negociación del corredor 18. Sería muy bueno que la mayoría analice sus propias incoherencias, tal como aparecen reflejadas en el dictamen.
Dice el dictamen de la mayoría: "El análisis de la información disponible, así como los informes de la Auditoría General de la Nación..."
En esta Cámara siempre ocurre lo mismo. Yo recuerdo que cuando se terminó de tratar el dictamen de la Comisión Investigadora sobre el caso IBM-Banco Nación había treinta señores diputados. A la sesión siguiente los diputados vinieron directamente a votar y muchos ni siquiera sabían qué estaban votando.
Creo que no se puede seguir trabajando de esta manera, y no es imputable a ninguno de nosotros que hagamos una moción de orden de que se levante la sesión, sino que es imputable a la ausencia de los señores diputados en el recinto. No se puede hablar de estas cuestiones habiendo tan pocos señores diputados; vendrán a la próxima sesión, la Presidencia dirá: "Se va a votar", y ni siquiera sabrán de qué se trata, más allá de los buenos deseos o de la buena fe del presidente. (Aplausos.)
En consecuencia, hago moción de orden de que se levante la sesión.
Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Evidentemente, al no haber quórum no vamos a poder votar su moción, por lo que, en uso de las facultades reglamentarias, invito a la Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 15 horas.
- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 23 y 43.
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