Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo, Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

Lista de oradores

SUMARIO

1. Moción de orden formulada por el señor diputado Camaño de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y mociones de que se traten sobre tablas los asuntos a los que se refieren los números 2 y 3 de este sumario. Se aprueban dichas proposiciones.
2. Consideración del proyecto de resolución del señor diputado Roggero y otros por el que se extiende el plazo para que las comisiones de la Honorable Cámara puedan emitir dictamen (7.484-D.-98). Se sanciona
3. Consideración de las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre Fondo Nacional de Incentivo Docente (12-PE-98). Se desechan las enmiendas y se sanciona definitivamente (ley 25.053).
4. Moción de orden formulada por la señora diputada Guzmán de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de preferencia para el proyecto de ley en revisión sobre modificación de la ley de inversiones mineras (89-S.-98). Se aprueban ambas proposiciones.
5. Continúa la consideración de los dictámenes que contienen el informe final de la Comisión Especial para el Análisis del Sistema de Concesionamiento por Peaje y el Estudio del Financiamiento de Obras viales (6.841-D.-98).
6. Manifestaciones del señor diputado Camaño relacionadas con la consideración del asunto al que se refiere el número 11 de este sumario.
7. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional en el proyecto de resolución del señor diputado Stubrin por el que se dispone la devolución al Poder Ejecutivo del proyecto de ley por el que se aprueba el acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile sobre los límites de los Hielos Continentales (2.206-D.-98), y en el proyecto de declaración del señor diputado Maurette y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo la adopción de medidas para la demarcación del límite con Chile en los Hielos Continentales (4.471-D.-98).
8. Manifestaciones del señor diputado Camaño relacionadas con la consideración del asunto al que se refiere el número 11 de este sumario.
9. Continúa la consideración de los asuntos a los que se refiere el número 7 de este sumario.
10. Moción de orden formulada por el señor diputado Camaño de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 11 de este sumario. Se aprueban ambas proposiciones
11. Consideración de las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre régimen para las asociaciones de bomberos voluntarios (469-D.-97). Se sanciona definitivamente (ley 25.054).
12. Continúa la consideración de los asuntos a los que se refieren los números 7 y 9 de este sumario. Se sancionan dos proyectos de declaración.
13. Moción de orden formulada por la señora diputada Domínguez de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 14 de este sumario. Se aprueban ambas proposiciones.
14. Consideración del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y de Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de resolución de la señora diputada Stolbizer y del señor diputado Bravo (A.P.) por el que se adhiere al 50° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (5.448-D.-98). Se sanciona.
15. Moción de orden formulada por la señora diputada Castro y moción de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 16 de este sumario. Se aprueban ambas proposiciones.
16. Consideración del dictamen de las comisiones de Transportes, de Legislación del Trabajo y de Obras Públicas en el proyecto de ley de la señora diputada Castro y otros sobre invariabilidad de la proporción accionaria correspondiente al Programa de Propiedad Participada de Aerolíneas Argentinas S.A. (3.566-D.-98). Se sanciona
17. Moción de orden formulada por el señor diputado Abalovich de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 18 de este sumario. Se aprueban ambas proposiciones.
18. Consideración del dictamen de las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda por el que se aconseja insistir en la sanción del proyecto de ley registrado bajo en número 24.873, observado totalmente por el Poder Ejecutivo, que establece una oficina de registro aduanero integrante de la Administración Nacional de Aduanas en la ciudad capital de Santiago del Estero (58-P.E.-98). Se confirma la sanción de la Honorable Cámara.
19. Moción de orden formulada por la señora diputada Curletti de Wajsfeld de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de preferencia para los proyectos de ley del señor diputado Abalovich y otros (5.147-D.-98), y del que es coautora (5.148-D.-98), por los que se suspenden las acciones judiciales por deudas del sector agropecuario o de industriales y comerciantes en juicios en que el actor sea el Banco de la Nación Argentina. Se aprueban ambas proposiciones.
20. Consulta del señor diputado Barrios Arrechea acerca de la consideración de un asunto cuyo tratamiento sobre tablas había sido aprobado.
21. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Legislación del Trabajo sobre modificación de la ley 24.557, de Riesgos del Trabajo (511-D.-97, 3.921, 4.041, 4.203, 4.293, 4.379, 4.760 y 4.812-D.-98). Se pasa a cuarto intermedio.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: en función de conversaciones que hemos mantenido con otros bloques, solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones reglamentarias para considerar sobre tablas el proyecto de resolución del señor diputado Roggero y otros por el que se extiende el plazo de las comisiones de la Honorable Cámara para emitir dictamen (expediente 7.484-D.-98), y las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre Fondo Nacional de Incentivo Docente (expediente 12-P.E.-98).

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de los asuntos a los que me he referido.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas formuladas por el señor diputado por Buenos Aires.

Se va a votar en primer término la moción de tratamiento sobre tablas respecto del proyecto de resolución contenido en el expediente 7.484-D.-98. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción.

Se va a votar en segundo término el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley contenido en el expediente 12-PE-98, sobre Fondo Nacional de Incentivo Docente. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Habiendo sido aprobadas ambas mociones, queda incluida la consideración de los respectivos asuntos en el orden del día de la presente sesión.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde considerar el proyecto de resolución por el que se extiende el plazo previsto en el artículo 106 del Reglamento de la Honorable Cámara para que las comisiones puedan emitir dictámenes sobre los proyectos sometidos a su consideración. (expediente 7.484-D-98).

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración.

Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobado el proyecto de resolución.

Se harán las comunicaciones pertinentes.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde considerar las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre Fondo Nacional de Incentivo Docente (expediente 12-P.E.-98).

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. NEGRI.- Señor presidente: propongo que la Cámara rechace las modificaciones introducidas por el Honorable Senado e insista en su sanción original.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar si la Honorable Cámara rechaza las enmiendas introducidas por el Honorable Senado e insiste en su sanción original.

En razón de la mayoría con que las enmiendas al proyecto fueron aprobadas por el Honorable Senado y de lo prescripto por el artículo 81 de la Constitución Nacional, se requiere el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La votación ha resultado unánime. Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías.)

Sr. NEGRI.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. NEGRI.- Señor presidente: solicito que la Presidencia autorice las inserciones que los señores diputados deseen efectuar acerca de los fundamentos del proyecto que acaba de sancionarse a efectos de que consten en la versión taquigráfica.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar el pedido formulado por el señor diputado por Córdoba.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda autorizadas las inserciones solicitadas.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. GUZMAN.- Señor presidente: solicito que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de que en la próxima sesión se trate con carácter preferente el proyecto de ley en revisión sobre reforma de la ley de inversiones mineras, que cuenta con dictamen de comisión (expediente 89-S.-98). Este pedido se funda en conversaciones efectuadas con representantes de distintos bloques.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar la moción formulada por la señora diputada por Jujuy.

Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción.

Se va a votar la moción de preferencia para tratar en la próxima sesión, con despacho de comisión, el proyecto de ley en revisión sobre modificación de la ley de inversiones mineras (expediente 89-S.-98).

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda acordada la preferencia solicitada.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Continúa la consideración de los dictámenes que contienen el informe final de la Comisión Especial para el Análisis del Sistema de Concesionamiento por Peaje y el Estudio del Financiamiento de Obras Viales.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. GUZMAN.- Señor presidente: en conceptos generales coincido con las expresiones que ha vertido la señora diputada Pando. La observación que quiero formular está dirigida a puntos concretos de este dictamen. Me refiero a la página 5.685 del Orden del Día N° 1.348, donde figura el subtítulo "Renegociación del corredor 18"; al punto d) del título "Conclusiones generales", y al punto 9 de las "Conclusiones específicas".

Al respecto debo decir que el dictamen de referencia no ha tomado en cuenta ninguno de los informes que han producido organismos competentes tanto del ámbito legislativo -como es la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones- como de los de contralor de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación.

El dictamen, al hacer referencia a la renegociación del corredor 18, dice lo siguiente: "El análisis de la información disponible, así como los informes de la Auditoría General de la Nación, revelan una grosera desproporción entre las obligaciones contraídas por el concesionario respecto a la extensión de la vigencia del contrato." No entraré a analizar ahora la extensión de la vigencia del contrato ni daré la opinión que esto me merece dado que ya lo ha hecho la señora diputada Pando, pero sí voy a decir que la Auditoría General de la Nación no ha emitido ningún dictamen sobre este punto de la renegociación del corredor 18. Los dos únicos dictámenes emitidos por la Auditoría General de la Nación son el 275/96, sobre concesiones viales del corredor 18 -donde hace observaciones de tipo técnico acerca de cómo va la obra pero sin pronunciarse sobre la renegociación- y el 97/98, que corresponde al complejo ferrovía Zárate-Brazo Largo. He consultado con los técnicos de la auditoría, lo que motivó que también remitiera una nota sobre los únicos informes que existían, que son los que me fueron entregados oportunamente. El 11 de noviembre de 1998 me notificaron por nota que se realizaron dos informes de auditoría referidos a la concesión del corredor 18 y que fueron aprobados por las resoluciones que mencioné anteriormente. Es decir que las palabras del dictamen de mayoría faltan a la verdad.

Sobre esta situación el punto d) dice lo siguiente: "Anular por inequitativa la renegociación del corredor 18, proceder a una nueva licitación y, de corresponder, efectuar las denuncias penales pertinentes a los funcionarios intervinientes."

Sra. GUZMAN.- Veamos cómo se desarrolló el trámite. El decreto 489/95 dispuso una modificación, rescate y ampliación de la licitación de los corredores viales, y posibilitó que los contratos de concesión vigentes pudieran modificarse para satisfacer necesidades de orden público.

La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones recibió en marzo de 1996 los informes del entonces secretario de Obras Públicas, Wylian Otrera, y se llegó a un acuerdo sobre la reformulación del contrato.

El 4 de julio la comisión bicameral comunica al Poder Ejecutivo que se abstenga de dictar cualquier acto administrativo en la materia hasta que dicha comisión emita dictamen.

En agosto de 1996 la comisión bicameral destaca la relevancia de las variantes introducidas respecto del contrato original al referirse a la eliminación de las compensaciones indemnizatorias otorgadas con anterioridad a la concesionaria, a la incorporación de nuevas técnicas constructivas, a los procedimientos de medición, a los parámetros, etcétera, extendiendo el plazo vigente a doce años más. Es decir que hay una reformulación o, si se quiere, para nosotros sería una modificación respecto del contrato original.

La comisión dice que hizo una ponderación a partir de la documentación dada por la entonces Secretaría de Obras Públicas, y además por los informes brindados por la Sindicatura General de la Nación. Y agrega que en principio no hay objeciones para la reformulación del contrato de este corredor 18.

Agrega la comisión que será necesario que la autoridad competente extreme sus recaudos en el control y fiscalización del servicio, en particular respecto del cumplimiento de las modificaciones del contrato, a fin de salvaguardar la responsabilidad patrimonial del Estado y contemplar los derechos del usuario.

Asimismo, en la parte final del informe de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones, en el punto 3, se expresa: "Poner en conocimiento de la autoridad administrattiva competente que corresponderá a esta comisión bicameral ... -es decir, la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones- "... con posterioridad la debida ejecución y cumplimiento del contrato de concesión que nos ocupa y que fuera necesario según los resultados de las privatizaciones y que surgen de la ley 23.696."

Por lo tanto, quisiera preguntar a los firmantes del dictamen de mayoría de la comisión, cuando además dicen hacer las denuncias penales pertinentes, si se están refiriendo al dictamen de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones, firmado casi por unanimidad, ya que sólo hubo una disidencia. Dicho dictamen está firmado por los senadores Massat, Romero Feris, Verna y Cantarero, y por los diputados Baylac, Fragoso, Kessler y Alvarez Echagüe. La única disidencia es la del diputado Alberto Natale.

En el tema de las responsabilidades mencionadas en el dictamen de mayoría, tenemos que analizar a quiénes se refieren. Hemos dicho que la Auditoría no trató este tema sino que efectuó otras consideraciones. En esto el dictamen llama a equívoco; no es fiel a lo que dijo la Auditoría y, en definitiva, falta a la verdad.

En el dictamen de la Sindicatura General de la Nación, del 11 de abril de 1996, no se ponen mayores reparos a la documentación que se envió vinculada con la reformulación del contrato del corredor 18.

El 21 de mayo de 1996 la Sindicatura General de la Nación emitió otro dictamen dirigido al entonces secretario de Obras Públicas, señor Otrera, en el que se sostiene que no merece comentarios adicionales la reformulación del contrato de la renegociación del corredor 18, que nosotros llamamos ruta Mercosur. Y continúan sucediéndose una serie de dictámenes.

Como consecuencia de lo expuesto, el Poder Ejecutivo dicta un decreto en septiembre de 1996. Debemos recordar que la comisión bicameral había dispuesto en julio que el Poder Ejecutivo debía abstenerse de realizar todo acto administrativo hasta que la mencionada comisión se expidiera.

Tal como he dicho, la comisión bicameral produjo su informe en agosto de 1996, no formulando objeciones a la renegociación, con la disidencia del señor diputado Natale.

La SIGEP continúa con este estudio, produciendo un dictamen el 19 de septiembre de 1997. En nota dirigida al señor subsecretario de Obras Públicas, señor Pedro Morrone -había dejado de ser secretaría-, manifiesta que no advierte reparos con respecto a la continuación del trámite licitatorio.

Siguen las resoluciones, y el 22 de mayo de 1998, en otra nota dirigida al señor subsecretario de Obras Públicas, señor Pedro Morrone, manifiesta que el proyecto de decreto de aprobación de lo actuado en el proceso licitatorio del corredor 18 no merece reparos.

El 23 de julio de 1998, por nota 1.827/98, la SIGEP determina que no advierte reparo en la continuación del nuevo trámite dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Pero como aquí se habla de responsabilidades, debo decir que el decreto de septiembre de 1998 es firmado por el señor presidente de la Nación, doctor Menem, y uno de sus ministros, el canciller Di Tella.

Los trámites continúan, y hace una semana, en el Boletín Oficial del 10 de noviembre, aparece el decreto 1.291/98, por medio del cual se ratifica todo lo actuado por la concesionaria de esta obra pública. Además, con respecto a la función cumplida por el señor Otrera, ratifica todo lo actuado por la ex subsecretaría de Obras y Transporte en la resolución 3.720 de noviembre de 1996. Dicha resolución pertenece al señor Otrera, y fue ratificada por decreto 1.291/98, es decir, hace menos de diez días, contando con la firma del presidente Menem, del jefe de Gabinete, ingeniero Rodríguez, y por el ministro de Economía, doctor Roque Fernández. Todo esto figura en el Boletín Oficial 29.019, primera sección, página cuatro.

Como conclusión debo decir que la afirmación del dictamen en el acápite "Renegociación del Corredor 18" no se ajusta a la verdad de los hechos, ya que allí se hace referencia al informe de la Auditoría General de la Nación cuando este organismo no dijo absolutamente nada sobre el tema de la renegociación, aunque sí se pronunció acerca de la resolución 275/96, relativa a este corredor vial.

Por otra parte, tampoco se ha tomado en cuenta lo establecido por la comisión bicameral, por lo que entiendo que, cuando se manifiesta que se iniciarán acciones penales, también se incluye en ellas a los miembros de la comisión bicameral. Tampoco toma en consideración lo referido por la SIGEN, por lo cual los miembros de este organismo también serán investigados; tampoco se toma en cuenta el decreto presidencial firmado por Menem y Di Tella, por lo que ellos también serán pasibles de acciones penales. Si yo fuera el presidente diría que, con los amigos que tiene en el bloque, no le hacen falta enemigos.

Solicito a la Presidencia que requiera a los señores diputados que guarden silencio porque en este momento nadie está escuchando.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio porque no se está dando el marco de respeto necesario para que la señora diputada pueda proseguir con su exposición.

Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. GUZMAN.- Señor presidente: en lo referido a las "Conclusiones generales", en el inciso d) se establece: "Anular por inequitativa la renegociación del corredor 18, proceder a una nueva licitación y, de corresponder, efectuar las denuncias penales pertinentes a los funcionarios intervinientes." Aclaro a la Honorable Cámara que los funcionarios intervinientes han sido los miembros de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, ya que todos firmaron el dictamen aludido a excepción del señor diputado Natale, y los miembros de la SIGEN.

Advierto asimismo que la Auditoría General de la Nación no intervino en el tema, como mentirosamente se afirma en el acápite "Renegociación del corredor 18".

También tuvieron participación en el tema el señor presidente Menem y el ministro Di Tella al firmar el decreto de septiembre de 1996, y nuevamente el señor presidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros y el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, firmantes del decreto 1.291/98, publicado en el Boletín Oficial del 10 de noviembre del corriente año.

Dejo en claro quiénes han intervenido en esta cuestión y llamo a la reflexión acerca de lo establecido en cuanto a iniciar acciones penales. Digo esto porque recuerdo que, cuando en el dictamen de la comisión investigadora sobre los contratos celebrados con IBM, hablábamos de responsabilidades políticas, identificamos con nombre y apellido a quiénes estábamos haciendo referencia, cosa que no ocurre con este tema.

Por todo lo expuesto reitero que, si el presidente tiene este tipo de amigos, no necesita enemigos.

En lo relativo a las "conclusiones específicas" debo advertir que en el punto 9°, contrariamente a todo lo que se había afirmado anteriormente, se expresa: "Considerar una eventual, mínima y acotada extensión de los plazos vigentes en caso de ser imprescindible para cerrar la renegociación."

¿Cómo es esto? El último punto al que hice referencia es contradictorio porque, al mismo tiempo que se están observando todas las renegociaciones, se pretende un pronunciamiento que, aunque no tenga carácter de ley, significa una clara señal política. Por él se da la posibilidad -porque lo de "mínima y acotada" es subjetivo y no me importa- de efectuar renegociaciones de contratos que vencerán en el 2003. Falta mucho tiempo para el 2003, y respecto de ellos seguramente la renegociación se iniciará en el 2001, cuando se hagan los controles sobre si cumplieron o no con las condiciones del pliego, todo ello conforme a un determinado marco legal; pero no es posible que estemos dando carta blanca desde ahora. Además, el punto 9 indica que, por un lado, se quiere escribir una cosa y, por otro, se quiere borrar otra.

Avalo lo que dijo la señora diputada Pando en el sentido de que hay nuevas opiniones y nuevas divergencias sobre un dictamen de mayoría que, por una parte contiene expresiones que no son ciertas -no establece con claridad las responsabilidades pertinentes-, y por la otra trata de dar piedra libre a toda renegociación, sobre todo en el punto 9. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. GUTIERREZ.- Señor presidente: a pesar de la distracción que se advierte en este momento en la Cámara en relación con el tratamiento de este tema, comienzo mi exposición diciendo que las siete palabras que contiene la expresión "ampliación del plazo de las concesiones existentes" vale 7.000 millones de pesos. Es decir, cada una de sus palabras vale 1.000 millones de pesos.

Esto es lo que se pretende aprobar, o bien de conformidad con el dictamen de mayoría, que -como lo han señalado las señoras diputadas Guzmán y Pando- da carta blanca al Poder Ejecutivo para que amplíe el plazo de concesión, o bien según el proyecto de ley sancionado por el Senado a iniciativa del senador Massat, que directamente autoriza al Poder Ejecutivo a extender la concesión por varios años más sin licitación pública.

He citado un monto que, de aprobarse esta iniciativa, le estaremos entregando a los concesionarios viales y quitando a los usuarios que recorren las rutas de la República Argentina.

Los ferrocarriles, las rutas, la provisión de agua potable y los desagües cloacales son todos servicios públicos esenciales y monopolios naturales. Seguramente los legisladores tenemos algo que decir sobre estos servicios públicos que se han entregado en concesión y que constituyen monopolios naturales.

Se quiere ratificar, una vez más, la filosofía de la renegociación permanente, esto es, asegurar contratos flexibles que se adapten las veces que sean necesarias a los intereses de las empresas y no a los de los usuarios.

La renegociación permanente es un invento argentino del que podemos estar tan orgullosos como del dulce de leche, el colectivo o la birome. Pero la palabra "renegociación" ni siquiera existe en el diccionario. Es la forma que han encontrado empresas que contratan con el sector público para cotizar barato y luego lucrar desmedidamente. Dado que ahora no puede renegociar por mayores costos, lo que les vamos a dar, sin licitación, es más años para seguir con el negocio.

Es claro que el concesionario más pícaro es el que cotiza a precios más bajos, se queda con el contrato y después renegocia. Esa es la filosofía de la renegociación permanente.

Ese tipo de renegociación está prohibido por el artículo 42 de la Constitución Nacional, reformada en 1994. Allí se establece que los servicios públicos tienen que ser adjudicados en procesos competitivos.

Entonces ya no es el Poder Ejecutivo el que está vulnerando la Constitución; si esto se aprueba esta tarde en el recinto, serán el Congreso, la bancada mayoritaria -que firmó el dictamen por la mayoría- y el Senado -que sancionó el proyecto del senador Massat- los que estarán violando la Constitución en su artículo 42.

Cuando hay servicios monopólicos naturales, el único momento en el que se puede mediar un proceso competitivo es la licitación; es la única defensa que tienen el Estado y el usuario en la búsqueda del mejor servicio al menor costo.

En este proyecto se propone -llamemos las cosas por su nombre- una adjudicación directa sin licitación pública. Pero el Congreso no está autorizado a violar la Constitución.

Voy a hacer una pregunta para ver si algún diputado de la bancada Justicialista se anima a contestar. Sin hacer ninguna compulsa ni licitación a nivel nacional o internacional, ¿cómo podemos saber si esta es la mejor alternativa para millones de usuarios?

Formulo otra pregunta: si se negocia con uno solo, ¿qué funcionario, por más sabio que sea, puede tener la seguridad de que no sería posible obtener un mejor servicio a una tarifa menor?

Por otra parte, ninguna persona -aunque sea un técnico excelente- puede saber cuál es el precio justo sin recurrir a una competencia transparente.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Ruego a los señores diputados que guarden silencio; de lo contrario no podemos escuchar al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. GUTIERREZ.- No importa que no escuchen, señor presidente, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, a diferencia de algunos diputados, sí se ocupa del tema. Este comité está conformado por el Centro Argentino de Ingenieros, el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, la Federación Argentina de Transportadores de Carga, la Cámara Argentina de Pasajeros de Larga Distancia, la Federación Agraria Argentina, Coninagro, la Confederación de Cooperativas Agropecuarias, la Junta Agropecuaria Nacional, Fedecámaras, el Centro de Acopiadores de Cereales, la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros, la Federación de Personal de Vialidad Nacional. Todas estas instituciones han expresado el rechazo más absoluto a la renegociación.

No importa que no escuchen los diputados; el país ya se ha pronunciado en contra. Este es el desprestigio del Congreso y de los legisladores.

Cualquier sistema económico racional tiene premios y castigos. ¿Cómo vamos a premiar a los concesionarios con quince o veinte años más...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Señores diputados: no sólo los legisladores no pueden escuchar al orador, sino que los taquígrafos tampoco pueden cumplir su labor debido al permanente murmullo. Solicito que quienes tengan que conversar lo hagan fuera del recinto para permitir trabajar a quienes queremos hacerlo. (Aplausos.)

Sr. GUTIERREZ.- Estoy hablando de premios y castigos. Se pretende premiar con quince o veinte años más, sin licitación pública, a quienes no han cumplido con su prestación. En el caso de los ferrocarriles de carga no se ha cumplido ni siquiera con el 50 por ciento de las inversiones prometidas. En el caso de las rutas concesionadas con el sistema de peaje existen graves y variados incumplimientos, algunos de los cuales fueron mencionados por las señoras diputadas Pando y Guzmán, forzando sus cuerdas vocales para ser escuchadas.

Cabe señalar que hay 28 millones de pesos por multas aplicadas que no se han pagado; que el 50 por ciento de los concesionarios no ha cumplido con las inversiones comprometidas; que según la Auditoría General de la Nación hay un estado de impunidad en beneficio de los concesionarios, y que se adeudan obras por 118 millones de pesos. En tales condiciones, ¿resulta lícito premiar con una prórroga a los concesionarios que han incumplido sus contratos?

Si un inquilino de un departamento no paga su alquiler, o no cumple con la obligación de preservar la vivienda, se lo desaloja. Ahora, ¿qué hacemos cuando el inquilino es el concesionario vial, que no sólo no paga sino que además incumple con el mantenimiento de los caminos argentinos?

Esta desigualdad entre los grandes grupos económicos representados por la Cámara de Concesionarios Viales y los usuarios de la Argentina -que además son los dueños de los caminos- es lo que hoy este Congreso está ratificando con la aprobación del dictamen de mayoría. (Aplausos.)

Aclaremos una falacia: dicen que el peaje lo paga el que usa la carretera. Esto es falso. Esta ley fue inspirada en la 17.520. No se podía construir en la República Argentina un solo kilómetro de camino con el sistema de peaje. Todo lo que existe en materia de pavimento de rutas -alrededor de 57 mil kilómetros- tuvo su origen en el impuesto al combustible. El peaje no alcanzaba ni siquiera para el mantenimiento de las rutas que ya estaban construidas por la Dirección Nacional de Vialidad y por las direcciones provinciales de Vialidad.

Desde que se estableció el sistema de peaje los concesionarios han recibido 401 millones de pesos en subsidios. Esta es la suma de dinero que se le destinó al sistema entre 1990 y 1997. Los concesionarios reclaman además del Estado 200 millones de pesos. Entonces, ¿con 600 millones de pesos no podríamos haber construido caminos sin peaje? Seguramente sí; y ahora les daremos quince o veinte años más.

No es cierto que el peaje lo pagan los que circulan. El peaje lo pagan todos; lo están pagando los pobres por intermedio de los subsidios que se destinan a los concesionarios.

Pasemos ahora al tema de la seguridad jurídica. Hay quienes se preocupan por la seguridad jurídica del concesionario y no por la seguridad jurídica del Estado nacional. Los concesionarios tienen un plazo improrrogable: el 30 de noviembre del 2003, y se lo estamos prorrogando. ¿Dónde está la seguridad jurídica? La inseguridad jurídica es para el Estado, no para los concesionarios, que pretenden una prórroga de quince años como se hizo con la ruta 14.

Recordemos que se comprometieron a realizar obras y el 50 por ciento de ellas no está ejecutado; que hay obras comprometidas por 118 millones de pesos que no han realizado. Hay 28 millones de pesos en multas que no han pagado. Según la Auditoría General de la Nación existe un estado de impunidad a favor de los concesionarios.

Debemos tener en cuenta otro tema muy declamado en esta Cámara y por todos los señores legisladores que tienen sensibilidad social: el desempleo. Hay una forma muy eficaz para reducir el desempleo: que se cumplan los contratos hasta el 2003 y que no otorguemos a los concesionarios un plazo de quince o veinte años; así ocuparán mano de obra y harán lo que no han hecho hasta el momento.

Los contratos establecen que los concesionarios deben repavimentar toda la red por lo menos una vez antes de devolverla al Estado; es decir que antes del 2003 deberían repavimentar 9.600 kilómetros, lo cual representa 610 millones de pesos que podríamos destinar al empleo en la Argentina. Entonces, ¿por qué vamos a permitir a los concesionarios que, en vez de hacerlo en el 2003, lo hagan en el 2017 o 2018, como ha ocurrido con la ruta 14?

No digamos que no sabemos generar empleo; lo que estamos haciendo es destruir empleo porque no exigimos a los concesionarios las obras de repavimentación que deberían realizar antes del 2003.

Resulta altamente sospechosa la urgencia de los funcionarios para renegociar estos contratos. No existe tal urgencia porque la concesión finaliza en el 2003 y luego se licita nuevamente. Que no quede ni en los funcionarios ni mucho menos en esta Cámara ni en el bloque oficialista la sospecha de esta urgencia; el único motivo de premura es generar empleo y que el país cuente con rutas seguras.

Lo que falta es una política de transporte, que no existe. Nos hallamos frente a la renegociación de los contratos relacionados con el servicio ferroviario de carga y de pasajeros, la concesión de los aeropuertos, el sistema de seguridad de vuelos y de rutas y, fundamentalmente, la determinación de qué rutas deben unir a nuestro país; pero no podemos vivir permanentemente en la renegociación.

En la concesión del servicio de provisión de agua potable, la tarifa, que al momento de la adjudicación era del 1 por ciento, se ha incrementado en varias oportunidades. Espero que no se repita lo mismo con los caminos.

Con autorización de la Cámara, voy a dar lectura a los fundamentos de un decreto. Pido al cuerpo que preste atención pues ya se van a enterar quién lo firma. Dice así: "Las concesiones de peaje son lesivas para el interés nacional, contienen beneficios abusivos para los concesionarios, situación alejada de toda noción de justa retribución, exacción ilegítima, carente de causa jurídica, sistema contrario al interés nacional, ha ocasionado serias distorsiones económicas, los niveles se muestran absolutamente desproporcionados en relación al servicio, traducen un gravamen desigualitario negándole así justicia y razonabilidad al tributo."

Esas afirmaciones no llevan la firma ni de la Alianza ni de los partidos provinciales ni del resto de la oposición ni del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, sino del presidente Carlos Menem, y corresponden al decreto relacionado con la primera renegociación de los peajes.

Un economista muy favorable al gobierno, que prácticamente todos los días escribe columnas en el diario "La Razón" en apoyo a la política económica que se está llevando a cabo -me refiero al doctor Juan Alemann-, en uno de sus artículos publicados en ese periódico ha escrito lo siguiente: "Es indudable que frente a contratos tan mal hechos y seguramente leoninos en los que no se puede obviar una grave sospecha de cohecho..."

Por otro lado, en un informe que el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia proyectos de infraestructura pública en la República Argentina, elaborara para América y la región del Caribe acerca de los contratos de mantenimiento de rutas nacionales financiados por peaje implementados en la gestión del doctor Roberto Dromi, leemos lo siguiente: "a) las tarifas de peaje no fueron determinadas en un proceso competitivo y algunas parecen ser irrazonablemente altas; b) el proceso de selección de concesionarios no fue transparente; c) no está claro que los intereses de los usuarios serían preservados bajo los acuerdos previstos y es poco probable que los concesionarios que no los cumplan sean removidos." Esto lo dicen el BID, el doctor Alemann, el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Menem y el ingeniero Loitegui, autor de la ley de peaje, quien hace pocos días señaló ante la conferencia celebrada por el Centro Argentino de Ingenieros que resultaría altamente inconveniente la renegociación de los contratos de las concesiones viales.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia solicita al señor diputado que vaya redondeando su exposición.

Sr. GUTIERREZ.- Veo que existe premura en sancionar esta iniciativa. De todas maneras voy a ir finalizando mi exposición.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La premura es la que nos impone el reglamento, señor diputado, de manera que le solicito que lo respetemos.

Sr. GUTIERREZ.- Hace pocos días el ex presidente, doctor Alfonsín, señaló que, de aprobarse por la Cámara de Diputados la propuesta oficial, sería declarada nula en caso de llegar a ser gobierno la Alianza. También hizo lo propio el economista de la Alianza, doctor Machinea, ante la Cámara Argentina de la Construcción. Concretamente manifestó que prorrogar los contratos de peaje por veinte o treinta años sin licitación no es una práctica transparente. En igual sentido se han pronunciado los usuarios por medio de diversas impugnaciones, como la presentada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial en relación con la prórroga de la concesión de la ruta 14 y que da lugar a la causa que tramita ante el Juzgado Federal número 9, a cargo del doctor Ernesto Marinelli; también se ha planteado un recurso de amparo ante dicho juzgado por la prórroga de los contratos con los ferrocarriles urbanos de pasajeros. Finalmente la renegociación contraría la Constitución Nacional.

Por otra parte, debo destacar que el señor diputado Juan Pablo Cafiero ha presentado una denuncia por los tickets truchos extendidos por uno de los concesionarios de peaje en San Nicolás, asunto que todavía no ha sido aclarado por la Justicia. En relación con esta denuncia ponemos en duda la seriedad de los que manejan la cadena de peaje con respecto al tráfico de vehículos y a la evasión impositiva.

Por todo lo expuesto no puedo estar de acuerdo con el dictamen de mayoría que pretende sancionarse. Si bien no he firmado el dictamen de minoría, debo destacar la seriedad, profundidad y realismo con que ha sido elaborado. Basándome en su contenido, debo decir no a la prórroga de los contratos de los concesionarios de rutas por peaje en la República Argentina. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia desea recordar a los señores diputados que luego de este tema la Cámara debe considerar diversas iniciativas de importancia. Por lo tanto, sugiero a los legisladores que traten de sintetizar sus exposiciones a fin de poder abocarnos a la consideración de los asuntos pendientes.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. VOLANDO.- Señor presidente: las vías de comunicación son de enorme importancia en cualquier país, pero en el nuestro resultan trascendentes por su extensión geográfica. De allí el valor de este informe sobre el peaje.

Sin duda, el tema que aborda este debate es fundamental. El sistema de peaje es bueno si se aplica adecuadamente, pero lo que estamos observando es que entre lo que se estimó invertir y lo que realmente se lleva gastado desde 1991 hasta hoy existe una enorme diferencia. Muchas de las deficiencias que estamos viendo en estos años -que no voy a repetir porque hago mías las manifestaciones realizadas por la señora diputada Pando la semana pasada- hacen que entre lo estimado y lo que realmente está costando haya una gran diferencia.

Una estimación responsable nos demuestra que entre el canon previsto que se dejó sin efecto, los subsidios a pagar, las obras no realizadas, las multas no abonadas y las tarifas de los usuarios muy superiores a la relación costo-beneficio, hay alrededor de 1.000 millones de pesos, suma que es importante en cualquier momento y en cualquier país, pero que en el nuestro, frente a esta crisis económico-financiera que estamos soportando, adquiere una relevancia muy especial, y la Cámara debe prestarle la máxima atención posible.

Estamos procurando estimar cuánto le está costando realmente al país el sistema de peaje en vigencia. Considero que ha llegado el momento de tender una línea y hacer un examen cuidadoso sobre el verdadero costo y acerca de cómo se ha prestado este servicio, qué se debe exigir que se cumpla y qué es lo que puede llegar a justificar la suspensión de estos contratos.

Mientras no tengamos en claro estas cuentas y condiciones será imposible que podamos continuar adelante seriamente en el análisis de estos peajes actuales o de la continuación de las políticas a seguir a partir de este momento. Por lo tanto, arreglar las cuentas antes de seguir es una de las premisas que dejo establecidas.

Por otro lado, creo que es sumamente importante dar cumplimiento a lo resuelto en esta Cámara por unanimidad el 4 de marzo, cuando se resolvió que se suspendieran los aumentos establecidos a comienzos de este año. No he escuchado en esa oportunidad que ningún sector de la Cámara se haya manifestado en contrario, pero estamos en noviembre y esto no se ha cumplido, con lo cual estos aumentos vendrían a funcionar como el reloj de los taxis, sumando dinero que sale del bolsillo de los usuarios.

El informe de minoría, que vuelve a la tarifa de comienzos de 1998, bloquea nuevos aumentos mientras no conozcamos con exactitud la situación de estos contratos, no pudiéndose autorizar la extensión de su plazo, por lo menos en el tiempo que se está propiciando.

Por otro lado, el monto de estos peajes no está cumpliendo ni por asomo con la relación fundamental costo-beneficio; es decir que el usuario -ya viaje en auto o en camión- está pagando un peaje muy superior a lo que puede ahorrar por el mejoramiento de la ruta. Esto es de fundamental importancia porque se encuentra establecido dentro de las leyes orgánicas que fijan el peaje.

Considero que ha sido demasiado audaz la renegociación del corredor número 18, que debe ser anulada.

De tal manera que antes de continuar es necesario que veamos todos estos aspectos, si queremos que el peaje cumpla realmente su función, para que podamos desarrollar estas vías de comunicación, que como señalé al principio tienen una importancia fundamental en la República Argentina.

La política en materia de peajes debe ser planeada, teniendo que participar en ella los usuarios. Debe establecerse un marco regulatorio en el que ellas deben estar presentes junto con el Estado y las empresas permisionarias. Si se cumple con eso, podremos comenzar una nueva era racional en materia de vías de comunicación.

Mientras tanto, como ha sido señalado aquí en forma reiterada, no estamos cumpliendo a adecuadamentecon estos objetivos. Las rutas concesionadas no están a pleno y lo único que se hace -muy bien, por cierto- es cortar el pasto en las banquinas, dejando en condiciones muy irregulares el pavimento por el incumplimiento de los contratos por parte de las permisionarias.

Sr. VOLANDO.- En función de lo señalado, doy mi aprobación al dictamen de minoría, a fin de que reconsideremos el funcionamiento de este sistema, pues no es posible que el flaco bolsillo de los argentinos siga siendo drenado mediante un aporte a las empresas monopólicas, que se han sentado tranquilamente sobre algo que no les corresponde y que, por otra parte, presionan por todos los medios para que se prolonguen tales contratos, a fin de mantener una rentabilidad usuraria que nada tiene que ver con el verdadero servicio que están prestando. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. RECIO.- Señor presidente: la concesión de los casi 10 mil kilómetros de las principales rutas nacionales del país se realizó dentro del marco de un paquete muy amplio de privatizaciones que implicó la retirada acelerada del Estado nacional de su participación en la economía nacional como productor de bienes y prestador de servicios públicos.

También se realizaron estas concesiones dentro del marco de una profunda crisis económica, ya que había hiperinflación causada por este mismo gobierno y no se acertaba el rumbo. Y así se dieron las concesiones de los corredores viales sin establecerse un marco regulatorio previo y sin crearse un organismo de contralor efectivo que asegurara la intervención de los usuarios y de las provincias.

Las primeras concesiones tuvieron carácter oneroso, lo que significaba que el concesionario abonaba un canon que teóricamente iba a servir para hacer obras en las rutas secundarias a las que no podía llegar el peaje.

Con sorpresa observamos que al año siguiente se inició la primera renegociación de los contratos de peaje. Así pasamos de un sistema oneroso a uno subsidiado, es decir, a la contracara de la moneda. Además se reemplazó el criterio de indexación de la tarifa, pasándose de una pauta polinómica -que tenía sentido, pues se tomaban en cuenta los valores que se utilizaban para mantener las rutas- a un índice extraño en la realidad de la economía nacional, como es la tasa Libor. La pauta de actualización se fijó en un 80 por ciento de la mencionada tasa. De esta forma, al año siguiente se produjo el primer tropiezo con la primera reorganización.

Tampoco se previeron en estos contratos obras de importancia, y el nivel de inversiones exigido a los concesionarios fue realmente bajo, consistiendo fundamentalmente en mejorar el estado de la carpeta asfáltica, que es lo que el usuario advirtió como mejora inmediata. Dicha mejora es importante en función del estado anterior de nuestras rutas nacionales, que realmente se encontraban en un estado de conservación malo.

Voy a efectuar un somero análisis de la situación que hoy vivimos. El nivel de las tarifas del peaje es una de las cuestiones que debemos tener en cuenta, ya que en nuestro país son realmente altas teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesan los usuarios.

No se respeta de ninguna manera la ecuación económica costo-beneficio que prevé la ley 17.520 en su artículo 3°. De manera que en lugar de ser neutro el costo del peaje para las empresas y los transportistas, se ha transformado en un verdadero peso, ya que mercaderías de bajo valor han tenido un incremento del 30 al 40 por ciento como consecuencia del peaje que debe abonar el transportista.

Este incesante aumento de tarifas ha movilizado a distintos sectores productivos y empresarios, constituyéndose el Comité de Defensa del Usuario Vial, que nos ha visitado en la comisión y ha expresado las preocupaciones que tiene en este tema.

Otra cuestión que consideramos relevante se vincula con el sistema de ajuste de las tarifas, que viola la ley de convertibilidad, ya que los concesionarios -algo similar ocurrió con otras empresas de carácter monopólico que fueron privatizadas- tienen una especie de "coronita" al gozar de este sistema de actualización. En consecuencia, no afrontan riesgo alguno, porque permanentemente se revisa la ecuación económica para que no pierdan dinero.

En la comisión hemos acopiado información vinculada con las utilidades que perciben, llegando a la conclusión de que son excesivas, ya que en algunos corredores -vinculándola en su relación con el patrimonio neto- llega al 48 por ciento anual. Esto representa un verdadero disparate en cuanto a lo que debe ser el rendimiento de una inversión.

Hoy estamos nuevamente ocupándonos de las renegociaciones de estos contratos. Han pasado pocos años desde la primera renegociación, por lo que debemos dejar en claro que todo esto significa hipotecar el futuro del país, porque no podemos extender contratos por un plazo de quince años, tal como ocurrió con el corredor 18.

Teniendo en cuenta la evolución tecnológica, ¿quién puede prever cómo será el transporte en nuestro país dentro de quince años? ¿Qué necesidad existe de renegociar estos contratos? ¿Cómo se puede hacer para que no exista sospecha de que se está encubriendo algún tipo de negocio?

Voy a hablar ahora del corredor 18 que tiene una extensión de poco más de 40 kilómetros de multitrocha, y a cuyo concesionario se le ha "otorgado" un plazo de quince años para explotarlo, con un aumento de tarifas del 12 por ciento. Además, se ha introducido una nueva cláusula de ajuste que viola la ley de convertibilidad: la tarifa se indexa por el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. O sea que nosotros estamos importando la inflación de ese país del Norte. Esto es algo grotesco si tenemos en cuenta que los concesionarios cortan el pasto y mantienen las rutas con materiales de origen nacional.

También debemos tener en cuenta otra cosa, ya que con la renegociación se dejan para más adelante compromisos de obra asumidos por los concesionarios. Todo esto implica que en el 2003, cuando finalice el plazo de concesión para el resto de los corredores -salvo el 18-, deben devolver la cinta asfáltica con un coeficiente de estado de 7,5, lo que implica la repavimentación de todas las rutas nacionales concesionadas.

Se trata de una inversión que supera los 600 millones de dólares, que está vinculada con la renegociación, ya que se pautan nuevos términos para realizar estas obras.

Rescato las exposiciones anteriores y llego a la conclusión de que la situación es realmente grave, porque no se tiene en cuenta la importancia del peaje para la economía del país.

El Congreso de la Nación tampoco ha cumplido con su obligación. El 4 de marzo -tal como ha dicho el señor diputado Volando- aprobamos un proyecto de resolución creando la Comisión Especial para el Análisis del Sistema de Concesionamiento por Peaje y el Estudio del Financiamiento de Obras Viales y, al mismo tiempo, sancionamos una ley que dejaba sin efecto el aumento aplicado en el mes de marzo. El referido proyecto de ley volvió del Senado con modificaciones y hasta la actualidad no ha sido considerado.

Por las razones expuestas he firmado el dictamen de minoría por entender que el oficialismo pretende convalidar la renegociación que ha emprendido por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas. Asimismo los concesionarios están presionando porque no quieren perder un gran negocio ni la seguridad jurídica, que por supuesto no les va a dar un simple decreto del Poder Ejecutivo.

Ese es el camino al que se dirige el dictamen de mayoría, al igual que la ley Massat que en el capítulo "Disposiciones Transitorias" otorga poderes omnímodos al Poder Ejecutivo para que renegocie los términos contractuales en todos sus aspectos.

El bloque de la Alianza considera que los contratos referidos están viciados de nulidad y así lo ha hecho saber a través de un comunicado de prensa, porque se dejan sin efecto los procedimientos válidos para este tipo de renegociaciones, de tal manera que implican un nuevo contrato y por lo tanto correspondería llamar nuevamente a licitación.

Con respecto a este último punto corresponde señalar que existe jurisprudencia de la Corte Suprema que expresa que cuando se trata de un contrato originado en una licitación pública no podrán ser modificados los términos acordados porque si ello sucediera se alterarían las bases de la licitación y se afectaría la igualdad de los oferentes que se han presentado a ella.

La actitud del oficialismo en este cúmulo de renegociaciones es coherente, porque por ejemplo en el PAMI también se llamará a licitación para firmar contratos por el término de treinta años, lo que significará crear el corredor de la salud. También se ha establecido el corredor de Aguas Argentinas, porque el contrato con la referida empresa se ha renegociado, y producto de ello se han establecido gravámenes que significan verdaderos impuestos. Por último tenemos el corredor del Senado fijado mediante nombramientos anómalos.

Por estas razones debemos prestar particular atención al tema que estamos considerando porque podríamos estar hipotecando el futuro de nuestro país.

Por esta razón el bloque que represento se opone a la sanción del dictamen de mayoría y avala el de minoría. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. GIUSTINIANI.- Señor presidente: el dictamen de minoría referido al funcionamiento del actual sistema de peajes ha sido firmado por los señores diputados Leyba de Martí, Nieva, Pando, Pascual, Recio, Volando y quien habla. En él se hace un análisis sustantivo de lo acontecido en estos últimos años en lo que se refiere al funcionamiento de este sistema que abarca diez mil kilómetros de rutas y por el que circula más del 70 por ciento del tránsito vehicular.

Queremos llamar la atención de la Honorable Cámara en relación con varios aspectos del tema en consideración. En primer lugar, corresponde advertir que el 4 de marzo la Cámara sancionó por unanimidad un proyecto de ley que suspendía el aumento de los peajes que el Poder Ejecutivo había otorgado en el mes de enero a las concesionarias.

Posteriormente, el 1° de abril el Senado lo aprobó con modificaciones y lamentablemente hasta la fecha, a pesar de los meses que han transcurrido, aún el cuerpo no lo ha tratado.

En el mes de marzo existió voluntad política de parte de la Honorable Cámara para suspender el aumento otorgado, pero lamentablemente sigue en vigencia, por lo cual las concesionarias viales han logrado un ingreso en la recaudación -si tenemos en cuenta el período de enero a septiembre- de 24,4 millones adicionales, es decir el equivalente a casi treinta kilómetros de autopista. Cuando se levantan los fantasmas que dicen que se pueden llegar a parar obras por una resolución parlamentaria llamamos la atención en el sentido de que hubo un ingreso adicional de 25 millones de pesos.

Un 4 de marzo la voluntad política del momento decidió la creación de una comisión para el análisis del funcionamiento de las concesiones de peajes y ahora la comisión está señalando lo que piensa sobre los ocho años de funcionamiento de estas concesiones.

Voy a marcar la disidencia de fondo que tiene el dictamen de mayoría con el de minoría. Nosotros estamos en contra de la extensión del plazo de las concesiones.

No hay ningún motivo para que faltando cinco años para la finalización de las actuales concesiones de peaje se determine que van a concluir en el 2003. Ello implica abarcar la gestión no sólo de este gobierno sino también del próximo.

Por esa sola circunstancia no tiene sentido discutir ahora la posibilidad de extensión de los plazos de las concesiones. Hay que ser muy claros en relación con las decisiones que adopte la Cámara y que signifiquen cerrar las puertas respecto de la extensión de los plazos de concesión, porque lo que estamos debatiendo no es una cuestión aislada.

El Senado ha sancionado una normativa que tras el eufemismo de crear un marco regulatorio abre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo extienda los plazos de las concesiones, y en este mismo momento la Secretaría de Obras Públicas está renegociando con las concesionarias. Sabemos incluso que estas últimas ya han elevado las propuestas, aunque no las conocemos. Sabemos también que en nuestras provincias las empresas ya están prometiendo obras.

Esto nos recuerda a la magia de Laura. No sabíamos quién era. Pensábamos que se trataba de un arquitecto o ingeniero, pero resultó ser un abogado que apareció de la noche a la mañana prometiendo metros cúbicos de cemento y autopistas que mágicamente se iban a construir en el interior del país. Laura fue a Catamarca y prometió kilómetros de autopistas, fue a La Rioja y prometió lo mismo; así el país, mágicamente, sin costo para nadie, tendría 10 mil kilómetros de nuevas autopistas.

Esa magia debía venir con la re-reelección; por lo tanto, se terminó. Pero ahora aparece otra magia. Dado que ahora el tema es cómo será el país con el próximo gobierno, sea del signo que fuere, no podemos aceptar que una autoridad que se está yendo avale una renegociación que implica la ampliación del plazo de las concesiones vigentes.

En la sección Economía y Finanzas del diario "La Razón" del 30 de julio de 1998 se publicó un artículo de un autor de quien no puede sospecharse que es aliancista: el señor Juan Alemann. En dicho comentario dice: "En un proyecto de ley, presentado por Jorge José Massat (PJ, Santa Fe) el 24.6.98, referido al marco regulatorio para las concesiones de obra pública por peaje, se faculta (Art. 40) al P.E. a readecuar las concesiones vigentes...".

Más adelante dice: "Este proyecto de ley, que de sancionarse obliga al Gobierno a prolongar los contratos vigentes, fue aprobado en la Comisión de Transportes y Asuntos Administrativos y Municipales del Senado en menos de un mes, lo que es un hecho insólito. No cabe duda que los peajistas han hecho buen lobby, pero el proyecto de ley los favorece en forma demasiado burda. Sería un escándalo que fuese aprobado."

Me permitiré hacer un breve detalle del dictamen de minoría, al que se han referido muy bien los señores diputados Volando y Recio.

La historia de las concesiones comenzó en el país en 1989 y las adjudicaciones se hicieron a través de licitaciones muy poco transparente. El 4 de marzo de ese año se dijo que las concesiones no garantizaban un control adecuado ya que el órgano a cargo de esa tarea no tenía posibilidades de verificar el cumplimiento de las exigencias de los pliegos contractuales.

Al año -nada más- de ponerse en funcionamiento el sistema, en la primera renegociación, gratuita y graciosamente se le concede un cambio a los concesionarios. Es así que se cambia una realidad que resultaba onerosa para los concesionarios, quienes tenían que pagar un canon. Ese pago tenía una lógica en el sistema de privatizaciones, ya que los cánones servían para subsidiar las rutas del país no concesionadas.

Con esta modificación se les quitó un canon y se les otorgó un subsidio equivalente a 64 millones de pesos anuales. Además, se les otorga un año adicional; no contentos con los 12 años que tenían, se les da un plazo de 13 años y se les cambia el reajuste de la tarifa estableciendo a tal efecto el 80 por ciento de la tasa libre.

¿Cuál es el resultado de estos ocho años con los pliegos que realizaron entre Barra y Dromi de la noche a la mañana con la connivencia de los concesionarios que obtuvieron las adjudicaciones entre gallos y medianoche y que funcionaron sin ningún tipo de control?

Los datos son incontrastables: todavía no se han pagado los 28 millones de pesos en concepto de multas aplicadas por un órgano prácticamente inexistente.

Esas multas eran nada más que por cortar pasto y pintar rutas, porque como dice el diputado Recio, el principal control de la cinta asfáltica que es el índice de serviciabilidad presente y su estado no se controla.

Las inversiones previstas y no realizadas en los corredores viales superan los 118 millones de pesos. La modificación en las condiciones de contratación, producto de la primera renegociación contractual, generó una transferencia del Estado a las empresas concesionarias de más de 770 millones de pesos.

Cada año el Estado paga a las empresas más de 64 millones de pesos en concepto de compensación indemnizatoria.

En el período analizado las tarifas se incrementaron en el 69 por ciento en tanto que los índices de precios al consumidor y de precios mayoristas aumentaron en un 55 y en un 17 por ciento respectivamente.

La rentabilidad empresaria media del período comprendido entre 1990 y 1997 superó el 26,4 por ciento, en tanto que empresas similares, como las telefónicas, tuvieron una rentabilidad media del 11 por ciento, y sabemos que ganan muchísimo dinero. Por otra parte, la rentabilidad media de las empresas de gas fue del 12 por ciento y de las empresas de electricidad, del 6 por ciento.

Entonces, no se trata del libre juego del mercado, de comprar y vender; se trata de no robar. En una concesión pública, donde el funcionamiento es monopólico u oligopólico, el usuario debe tener defensas.

La ley 23.696, de Reforma del Estado es muy clara cuando se refiere a la rentabilidad razonable.

El dueño de una fábrica de zapatillas puede ponerle el precio que quiera a sus productos y el mercado determinará, de acuerdo con ese precio y la calidad, se le compra a ella o a otro fabricante.

En este caso no hay ninguna posibilidad porque no se puede usar otra ruta. Una vez que se llega a la cabina hay que meter la mano en el bolsillo y pagar.

Es por ello que el Estado debe vigilar para que la rentabilidad empresaria no exceda lo razonable.

Estamos en condiciones de afirmar que se han violado las leyes 23.696, de reforma del Estado, y la 17.520, de peaje. Esta última sostiene que debe devolverse al usuario en servicio lo que paga en concepto de peaje.

Finalmente, terminaré mi exposición con el mismo pensamiento con el que la comencé. ¿Por qué se insiste en la ampliación de los plazos? Comprendo a los diputados de la provincia de Entre Ríos cuando al inicio del tema planteaban sus dudas respecto de los dos dictámenes relacionados con el corredor 18. Esos concesionarios tenían trece años de plazo y ahora les damos quince más, es decir, veintiocho años de un negocio de alta rentabilidad, sin riesgo empresario, a cambio de algunas obras.

Ahora aparece el chantaje a los diputados y a la gente, diciéndonos que no tendremos las obras y que la "ruta de la muerte" seguirá cobrando vidas. En este sentido siguen las operaciones de prensa. Hace pocos días tomamos conocimiento por el diario "La Nación" que también se ha bautizado como "ruta de la muerte" a la número 9, en el trayecto Rosario-Córdoba. Dicen que es necesaria la autopista y ya se sabe que pedirán quince años más de concesión a cambio de unos kilómetros más de ruta.

Entonces, quiero alertar acerca de esta situación. Todos queremos autopistas. Tenemos que abrir un debate en el país respecto de cómo hay que construir los kilómetros de ruta que se necesitan y cómo los debemos mantener. Dicen que el presupuesto nacional no alcanza y hay que buscar recursos fuera de él. Hay muchos proyectos que proponen cómo mantener nuestras rutas. Pero es absolutamente de una total falta de transparencia otorgar a los actuales concesionarios una prórroga de diez o quince años más.

Cuando la voracidad empresaria se junta con la de algunos funcionarios públicos se empieza a desandar el camino del ilícito o de la corrupción. (Aplausos)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. ACEVEDO.- Señor presidente: seré muy breve.

Simplemente pretendo recordar a los señores legisladores que cuando se creó esta comisión especial algunos en franca minoría sostuvimos que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece pautas programáticas y operativas en orden a consagrar el mecanismo de la audiencia pública, como un instrumento indispensable para la defensa de los usuarios.

Decíamos que si la Constitución lo exigía para los marcos regulatorios -es decir, para lo más- con mayor razón la comisión tenía que receptarlo y hacerlo funcionar imperativamente, no así como una facultad.

Lamentablemente esa postura fue una expresión totalmente minoritaria y hoy vemos que los dictámenes de mayoría y de minoría en ningún momento se han hecho eco de esta cuestión. Por ello nos encontramos ahora inmersos en esta discusión.

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. NATALE.- Señor presidente: el dictamen de mayoría es una genuina expresión de hipocresía. Digo esto porque luego de una serie de consideraciones muy cáusticas sobre la necesidad de preservar los intereses de los usuarios y del Estado, en relación con el tema de los contratos viales incluye una cláusula novena que expresamente dice: "Considerar una eventual, mínima y acotada extensión de los plazos vigentes en caso de ser imprescindible para cerrar las negociaciones." Entonces, nos amenazan desde el Senado con el proyecto del senador Massat, y en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría: en ambos casos el oficialismo pretende abrir los cauces legales de la renegociación de los contratos sobre la base de la prórroga de las concesiones.

No me opongo a que se renegocie un contrato de concesión de obra pública que tiene un largo plazo de vigencia; es lógico que esto sea así e incluso la legislación lo admite. Pero una cosa es renegociar un contrato dentro de los márgenes establecidos en la legislación, y otra es ampliar los plazos contractuales como término de tal renegociación.

Existen tres casos grotescos de prórroga de concesión, que voy a mencionar rápidamente. En primer lugar, el relativo al dragado y balizamiento del río Paraná, feliz obra cuya ejecución ha permitido que las cargas en los puertos de Rosario aumentaran tremendamente. Sin embargo, el año pasado se firmó una renegociación contractual en virtud de la cual se pagaron 33 millones de dólares al concesionario pues no había podido utilizar algunas dragas. Se modificó la naturaleza jurídica de un subsidio de 40 millones de dólares anuales, y éste pasó a ser una indemnización. ¿Sabe, señor presidente, qué importancia tiene la modificación de la naturaleza jurídica del pago? En el caso del subsidio se paga impuesto a las ganancias, pero no sucede así en el de la indemnización. Si aplicamos la alícuota del 33 por ciento del gravamen sobre 40 millones de dólares advertiremos cuánto representa eso en cada año.

Finalmente, se prorrogó por ocho años el plazo de la concesión, que originariamente fue de diez. En la comisión bicameral fui el único que emitió un dictamen en contra, señalando estas cuestiones.

En este momento se halla en estudio el tema de Trenes de Buenos Aires: veinte años de prórroga renovables cada diez años. He dejado firmado un dictamen marcando seriamente mis disidencias.

Además existe el caso del corredor 18, donde se prorrogó por quince años la concesión a cambio de la realización de algunas obras.

Fui el único miembro de la comisión bicameral que firmó el dictamen en disidencia. El tema de las concesiones de peaje presenta un serio problema desde su origen. La idea es buena, y creo que hay que mantenerla; pero desgraciadamente se ejecutó mal. Es uno de los actos originales más corruptos que ha habido en este gobierno, y esto lo vengo diciendo desde 1990. En las oficinas más importantes de la Unión Argentina de la Construcción se repartieron a dedo los corredores viales. Se llegó hasta el absurdo de que los puntos por los cuales se acordaron las concesiones fueron asignados por el ministro de Obras Públicas de aquel entonces después de que se habían abierto los pliegos.

Sr. NATALE.- Recuerdo que en aquel momento dije en la comisión bicameral que ese procedimiento era como jugar al truco, repartir las cartas y después decir que el as de espadas mata al as de bastos, y éste al siete de espadas. Esto es lo que se hizo en 1990.

La renegociación de 1992 vuelve a salvar el origen espurio de esta cuestión.

Sr. CAMAÑO.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. NATALE.- Sí, señor diputado.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Quisiera saber si el señor diputado Natale es integrante de la comisión bicameral que autoriza este tipo de transacciones.

Sr. NATALE.- Por supuesto, señor diputado. Le sugiero que si tiene alguna duda lea las actas; allí verá reflejada mi oposición. Además esto se lo dije en su momento al doctor Dromi cuando concurrió ante la comisión bicameral. Existen todos los informes que esta Cámara recibió cuando fui vicepresidente de la comisión y me preocupé por conseguirlos.

Sr. CAMAÑO.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. NATALE.- Sí, señor diputado.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Sería conveniente que el señor diputado Natale hiciera una propuesta concreta a fin de que todas las actas de las reuniones celebradas por esa comisión sean analizadas por este cuerpo.

Sr. NATALE.- Lo he hecho, señor diputado. En tal sentido hace varios años presenté una iniciativa para que los dictámenes de esa comisión tuvieran carácter vinculante, pero nunca prosperó.

Sigamos con los temas del corredor 18, dragado y balizamiento del río Paraná y Trenes de Buenos Aires: son tres casos de prórroga de concesión. Cuando se efectuó la renegociación de los peajes en 1992 se lo hizo porque en 1990, al repartirse los corredores, la tarifa que tenía que pagar el usuario eran 2,50 dólares cada cien kilómetros de ruta común, valor que se duplicaba en las autopistas. Por dicha renegociación la tarifa se redujo a un dólar cada cien kilómetros de ruta común. En ese juego de compensaciones se suprimieron cánones, se otorgaron subsidios, etcétera.

Creo que en la renegociación de 1992 hubo un error: establecer un ajuste en función de la tasa LIBOR. Dicha tasa se aplicó porque recién salíamos de la hiperinflación y nadie creía en la estabilidad del país. Hoy no tiene razón de ser, después de siete años de estabilidad económica.

Ahora se quiere abrir la instancia de la renegociación. La prórroga de concesiones a cambio de la realización de determinadas obras implica lisa y llanamente dejar en manos de algunos funcionarios el manejo de sumas multimillonarias.

Por eso la Cámara tiene que expresar su enérgica voluntad en el sentido de que las concesiones terminen en el 2003. Considero que es razonable mantener el sistema, y también lo es que mucho antes de cumplirse ese plazo se vayan previendo licitaciones públicas para otorgar nuevas concesiones destinadas al mantenimiento de las rutas. Un Estado que tiene un déficit profundo y que presenta un presupuesto como el de la Nación Argentina -del que hablaremos dentro de unos días, cuando tengamos que abocarnos a ese tema- puede realizar este tipo de emprendimientos para no hacerse cargo del financiamiento de las obras.

No podemos dejar de reconocer que antes las rutas eran una catástrofe. Debemos decir las cosas como son: antes del sistema de concesión de peaje las rutas eran intransitables. Según informes de Vialidad Nacional había un 44 por ciento de rutas pavimentadas en malas condiciones, más de un 20 por ciento en condiciones regulares y poco más del 30 por ciento en condiciones de transitabilidad buena. Frente a esta realidad algo había que hacer. La idea fue correcta en ese momento, pero desgraciadamente se aplicó o ejecutó mal, por obra y gracia de aquellos funcionarios corruptos que hicieron cosas como las que se mencionaron hace unos instantes.

Por ello, cuando el señor diputado Camaño pide que propongamos algo, yo propongo cosas muy concretas. Del informe se desprende claramente algo que expresé en este recinto en varias oportunidades y que reiteradamente fue dicho a funcionarios del Poder Ejecutivo. A causa de la aplicación del ajuste en función de la tasa Libor se produjo un desequilibrio entre los incrementos de costos que tienen las empresas concesionarias y las tarifas que recaudan. La primera cuestión a considerar es que esta diferencia debe ser absorbida por las empresas en beneficio de los usuarios.

La segunda cuestión es que se debe renunciar categóricamente a toda posibilidad de prorrogar los plazos de las concesiones.

La tercera cuestión es que hay que definir la continuidad del sistema a través de nuevas licitaciones que se pueden ir preparando con la suficiente antelación al vencimiento que operará en el 2003.

Si se siguen estos pasos y se actúa con transparencia, con licitaciones honestas y no amañadas como las de 1990, podremos tener rutas buenas y los usuarios pagar tarifas adecuadas. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. NIEVA.- Señor presidente, señores diputados: resulta difícil para cualquier legislador concitar la atención de la Cámara cuando un tema ha sido expuesto largamente, como es éste el caso. Tal vez haya diputados que tienen expectativas respecto de otros temas, pero creo que esta cuestión merece la debida atención de los señores legisladores dado que se trata de algo demasiado importante para la Nación. Se trata de la posibilidad de entregar a empresarios privados 7.200 millones de dólares en ingresos por peaje durante los próximos años. Se trata de entregar a algunos señores empresarios 850 millones de dólares en obras nuevas sin licitación pública. Se trata de extender contratos amañados -como aquí bien se ha dicho- por más de quince años, faltando cinco para que se cumpla su término.

El tema en consideración es sumamente grave pues se está comprometiendo a las generaciones futuras. No se trata de una cuestión que pueda pasar así nomás por esta Cámara. Recordemos que todo comenzó el 4 de marzo, cuando la Cámara de Diputados sancionó por unanimidad un proyecto de resolución que encomendaba a una comisión especial el informe que se está analizando.

En los meses transcurridos sucedieron muchas cosas. Se discutió el plan Laura y llegó a tambalear el sistema de concesiones porque el Poder Ejecutivo consideró en su momento que ese proyecto era la posibilidad para terminar con las concesiones vigentes, estableciéndose un gravamen de dos centavos por litro de combustible. Así llegamos a un punto donde, desde nuestra perspectiva -a pesar de la coincidencia de los dictámenes de mayoría y de minoría en la evaluación objetiva de las condiciones en las que se ha venido desarrollando el sistema de concesiones de las rutas nacionales-, la realidad nos dice que en el tema fundamental el dictamen de mayoría abre las puertas para que algún funcionario renegocie los actuales contratos, extendiendo los plazos y manteniendo las condiciones de privilegio que han permitido el enriquecimiento de unas cuantas empresas en la Argentina.

Aquí se ha dicho cuáles son los antecedentes en las concesiones de las rutas nacionales. Todos sabemos que las actuales concesiones surgieron de contratos celebrados en septiembre de 1990, y que pocos meses después, a raíz de la inflación, tuvieron que ser renegociados.

Asimismo el Poder Ejecutivo nacional tuvo que dictar un decreto anulando y renegociando las concesiones y modificando el sistema de actualización monetaria debido a que las tarifas se habían ido por las nubes.

Sabemos que las actuales concesiones fueron aprobadas por el decreto 1.817/92, que generaron nuevos contratos con el índice de actualización de la tasa Libor, disminuido en un 20 por ciento -tal como se señaló aquí- cuando había entrado en vigencia la ley de convertibilidad. Si bien dicha norma legal establecía expresamente la prohibición de indexar cualquier tipo de obligación de naturaleza legal o constitucional, con posterioridad se renegociaron los contratos, estableciéndose índices de actualización.

A continuación analizaré lo que ha producido este sistema de concesiones, qué ha pasado con las tarifas, qué ha ocurrido con la rentabilidad de las empresas, cuál fue el comportamiento de los concesionarios en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, qué sucedió con las penalidades y, por último, qué se pretende hacer de ahora en adelante.

En relación con las tarifas, más de la mitad de los corredores tienen valores que superan el beneficio medio que se brinda a los usuarios. Las tarifas resultan excesivas, y las entidades que representan a los usuarios pueden dar fe de ello. En forma recurrente han expresado sus quejas. Además esto ha sido reconocido por esta Honorable Cámara en marzo de este año, cuando dispuso retrotraer el valor de las tarifas al 31 de diciembre de 1997.

La rentabilidad de este grupo de empresas ha sido excesiva: en siete años de concesión los ingresos fueron del orden de los 1.900 millones de pesos. El 81 por ciento de ese monto corresponde a recaudación propia y el 19 por ciento restante, a subsidios del Estado nacional.

Lo hemos escuchado en reiteradas oportunidades, y quiero que tomemos conciencia de los números que aquí se manejan, sobre todo frente a la situación de pobreza -en algunos casos extrema- que viven numerosas regiones del país, con provincias que se están incendiando, como por ejemplo la que represento, a la que le faltan 50 millones de pesos para pagar salarios.

El Estado nacional ha destinado la suma de 770 millones de pesos en concepto de subsidios a los empresarios, quienes hace unos días organizaron una cena para celebrar el Día de la Construcción y tuvieron el tupé de señalar al gobierno qué tiene que hacer en materia laboral pues no están de acuerdo con la reforma prevista en la materia.

Debemos tomar conciencia que estamos en un negocio que nació mal. Aquí se ha dicho con todas las palabras que detrás de estos negocios hay negociados. Existió una licitación amañada, y no sólo se les entregó un negocio de alta rentabilidad a los concesionarios, sino que el Estado nacional dejó de percibir el canon correspondiente y empezó a pagar subsidios. No puede ser que faltando cinco años para que finalicen los contratos, se pretenda prorrogarlos por quince. Si alguien pretende legitimar esta negociación es porque detrás de todo esto puede existir algún negocio.

El tema vinculado con los peajes ha provocado una alta rentabilidad. Ha generado utilidades por más de 122 millones de dólares para los dueños de las empresas, que son unos cuantos. Una sola de ellas ha obtenido una rentabilidad del 53 por ciento, lo que representa más de 56 millones de dólares en los últimos siete años.

Por otro lado, el promedio de rentabilidad de las concesiones viales es superior al 26 por ciento.

Vamos a ver cómo se han comportado con el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones estos empresarios que son dueños de las concesiones viales y que han obtenido márgenes extraordinarios de rentabilidad. En primer lugar, hay que señalar que en muchos casos los contratos fueron hechos a la medida de sus necesidades, ya que, por ejemplo, establecieron una cláusula denominada de franquicia, por medio de la cual el titular de la concesión puede prorrogar por un año la iniciación de obras consideradas prioritarias. O sea que en muchos casos han llegado a dilatar de manera excesiva el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos.

Ya se ha dicho que existen inversiones no realizadas por 118 millones de pesos. Estos incumplimientos han dado lugar a penalidades establecidas por el órgano de control, por valor de 28 millones de pesos, que no fueron pagados.

¿Qué ha dicho el órgano de contralor? La Auditoría General de la Nación cuenta con una cantidad de informes que son lapidarios con respecto al cumplimiento de las obligaciones por parte de los empresarios. Acordémonos de lo que pasó con el complejo Zárate-Brazo Largo, cuando los argentinos vivimos angustiados por la rotura de un cable del puente. En esa oportunidad la Auditoría General de la Nación sostuvo que el responsable de la rotura del puente fue el concesionario del corredor 18, que ahora es premiado con una prórroga del contrato por 15 años.

En su informe del 17 de julio de 1998 la Auditoría General de la Nación sostuvo que el concesionario no realizó los ensayos iniciales y anuales de los obenques, tal como se exige el pliego. Sostuvo que el concesionario no se ajustó a los requerimientos correspondientes ni acreditó aptitud para llevar adelante un plan de acción y control que garantizara al Estado el mantenimiento de una obra de importancia económica y estratégica, tal como acontece en el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo. Esta concesión se ha prorrogado por 15 años, tal como lo establece el decreto 489/95 del Poder Ejecutivo Nacional.

No podemos permitir que el Estado nacional se otorgue facultades de modificar contratos o de realizar nuevas contrataciones.

Los concesionarios no han cumplido con sus obligaciones. Tengo sobre mi banca otros informes que los demás señores diputados deben conocer. No voy a hacer mención de ellos porque podría ser muy extensa mi intervención y distraería en demasía la atención de la Cámara.

El decreto 489, que ha dictado el Poder Ejecutivo, permite a estos señores empresarios que propongan nuevas obras por, inclusive, un valor superior al 20 por ciento del monto total de las obras previstas en la concesión inicial. Es decir que ese valor puede ser superior en un 100 ó 150 por ciento al importe previsto en el contrato originario.

Además, ¿quién va a administrar esa licitación? Lo hará el propio concesionario, quien puede proponer una obra, aceptarla y financiarla. La licitación la manejan ellos, quienes también son propietarios de las propias empresas constructoras. Asimismo, tampoco las solventarán, ya que en definitiva se abonarán con tarifas más altas, con extensión de los plazos contractuales o con nuevos o mayores subsidios.

En virtud del decreto 489, el Poder Ejecutivo también se faculta para acordar con los concesionarios la extensión de los plazos contractuales, así como la contraprestación por la renuncia total o parcial a la percepción de la indemnización compensatoria. Es decir que a cinco años de la finalización de estos contratos se quiere conceder un mayor plazo a los concesionarios para que sigan "haciéndose la América".

Decía que existieron algunos cambios en la postura del justicialismo, los que fueron de mayor a menor. Lamentablemente, en el último dictamen la mayoría justicialista abrió la puerta al Poder Ejecutivo para que convalide la renegociación de estos contratos con una extensión de los plazos. Esto no era así hace algunos meses.

Tengo en mis manos el anteproyecto de dictamen que tenía el justicialismo hace algún tiempo. Allí se sostenía que la seguridad sigue ausente en nuestras rutas. El actual dictamen, en cambio, señala que la seguridad ha aumentado en las rutas concesionadas.

El anteproyecto también mencionaba que el sistema de peaje no dio los resultados esperados en nuestro país; que son muy pocos los kilómetros de rutas que se agregaron a los ya existentes; que la inversión efectuada en nuevas obras viales fue insuficiente; que las concesiones por peaje resultan sumamente onerosas para el Estado y los usuarios; y que la actuación de los funcionarios deja mucho que desear y que no defendieron suficientemente el interés general.

El nuevo dictamen, si bien en sus consideraciones generales presenta una visión crítica del sistema, indica que la tarifa respeta el marco legal y que la seguridad ha aumentado. Asimismo establece la posibilidad de que el actual gobierno proceda a una renegociación de estos contratos, posibilitando la extensión de los plazos.

Quiero proponer un proyecto de resolución porque es cierto que estos informes no los vota la Cámara. De acuerdo con la resolución originaria la comisión simplemente tiene que informar.

El proyecto de resolución que propongo en nombre de los legisladores de la Alianza podría ser votado una vez que se apruebe una moción de apartamiento del reglamento que lo posibilite. Diría lo siguiente: "Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de que se abstenga de incluir en la eventual renegociación de los contratos de concesión por peaje de la red vial argentina cláusulas que impliquen cualquier prórroga de los mismos."

Esto me parece vital y fundamental para que no crea de ninguna manera el señor Costamagna, ni los actuales concesionarios que la Honorable Cámara está dispuesta a convalidar negociaciones que van en contra del interés nacional. También deben saber que el futuro gobierno va a revisar todos los contratos que dañen el patrimonio nacional. (Aplausos prolongados.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia recuerda a la Honorable Cámara que cuando se constituyó la Comisión Especial para el Análisis del Sistema de Concesionamiento por Peaje y el Estudio del Financiamiento de Obras Viales se estableció que su actuación se limitaría a rendir informes al cuerpo, los que de ninguna manera serían sometidos a votación.

Asimismo aclara el señor diputado preopinante que la moción de apartamiento del reglamento que formulara será puesta consideración en el momento oportuno.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. GONZALEZ.- Señor presidente: cumpliendo con lo dispuesto por la Honorable Cámara al crear la Comisión Especial para el Análisis del Sistema de Concesionamiento por Peaje y el Estudio del Financiamiento de Obras Viales vengo a brindar informes en nombre de la mayoría, en los que incluimos las conclusiones finales de nuestro trabajo.

Debo advertir a la Honorable Cámara que por error se ha incluido en el Orden del Día N° 1.348 un proyecto de resolución a pesar de que el artículo 1° de la norma por la que se creó esta comisión especial dice con toda claridad que ésta tendrá por objetivo informar al cuerpo acerca del actual funcionamiento del sistema de peajes y analizar propuestas que impulsen el crecimiento de la infraestructura vial.

También quiero agradecer a todos los miembros de la comisión por el trabajo realizado. Aclaro que en el desenvolvimiento de nuestra tarea nos hemos manejado con una gran apertura para escuchar a todos los sectores involucrados en la problemática de las concesiones viales. Tan así es que en el transcurso de los últimos meses la comisión recibió la visita del señor secretario de Obra Públicas, contador Raúl Costamagna; del señor presidente del Consejo Vial Federal, Juan Carlos Laffitte; del señor secretario de Transportes de la Nación; de la señora coordinadora general del órgano de control de Concesiones Viales, agrimensora María Isabel Plus; del señor director del proyecto de privatizaciones y regulaciones en la economía argentina de FLACSO, licenciado Daniel Aspiazu; del consultor Enrique Zuleta Puceiro; del Comité de Defensa del Usuario Vial, que a su vez agrupa a un número importante de entidades presididas por el señor Luis Montes de Oca, y del presidente de la Cámara de Concesionarios Viales, ingeniero Rodolfo Perales.

También se han recabado de la Auditoría General de la Nación todos los informes que había producido con respecto a las concesiones viales desde el momento en que fueron puestas en marcha.

En nombre de la mayoría de la comisión informo a la Honorable Cámara que por razones de tiempo solicito la inserción en el Diario de Sesiones de la fundamentación y de los argumentos técnicos acerca de cuáles son las conclusiones generales y las específicas a las que hemos arribado.

Recuerdo también que esta comisión especial fue creada por iniciativa de legisladores del bloque del oficialismo, quienes entendían que el sistema de concesiones viales debe ser revisado como así también corregirse muchas de las falencias que actualmente tiene y que han sido evaluadas por nosotros. Los aportes que realizamos a través de nuestro trabajo y que seguramente mejorarán el funcionamiento del sistema de concesiones viales, están contenidos y resumidos en nuestras conclusiones, ampliamente elaboradas y apoyadas en los fundamentos y en el informe técnico que constituyen el soporte de aquéllas.

La primera de ellas -destaco que en el seno de la comisión no hubo una sola voz en disidencia con esta postura- dice: "Las ventajas del Sistema de Gestión Vial Privada, que se desprenden del análisis precedente, hacen aconsejable su continuidad, con las adecuaciones que se sugieren en las conclusiones específicas, en orden a lograr mayor equidad y control". Esto significa que el conjunto de los integrantes de la comisión cree que el sistema de concesiones viales por peaje es una herramienta eficaz, adecuada y útil para el mejoramiento y el mantenimiento de la red vial argentina.

La segunda de nuestras conclusiones expresa: "Se debe definir una planificación vial integral que incorpore las distintas regiones del país y vincule éstas con los países limítrofes, otorgando especial prioridad a los corredores que conecten las zonas productivas con puertos, vías navegables y redes internacionales de tráfico comercial y turístico (particularmente con el Mercosur)."

La tercera conclusión señala: "Dictar la Ley de Marco Regulatorio de las concesiones viales..." -este punto ha sido considerado de fundamental importancia por todos los integrantes de la comisión- "...que disponga la creación de un órgano regulador del sistema...". Creemos que esto dará la transparencia definitiva que el sistema necesita.

En este aspecto quiero responder la observación formulada por mi compañero de bloque, el señor diputado Acevedo, en el sentido de que entendemos que la participación y el resguardo de los intereses de los usuarios...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La señora diputada Pando le está solicitando una interrupción para pedir una aclaración de índole reglamentaria. ¿Se la concede?

Sr. GONZALEZ.- Sí, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

Sra. PANDO.- Señor presidente: sin que la cuestión haya sido sometida a consideración del cuerpo se ha dicho que en relación con los dos dictámenes -de mayoría y de minoría- no habría voluntad política de votarlos.

No salgo de mi sorpresa porque nunca he escuchado decir que se podría analizar el sistema de peaje en la Argentina sin recibir un pronunciamiento del cuerpo. Considerando que como tampoco la resolución que creó esta comisión establece una excepción para no votar un dictamen -mucho menos el reglamento de la Cámara- solicito que estos informes no constituyan una excepción a lo que es norma y práctica parlamentaria. En caso de que la Presidencia entienda que otro es el criterio a seguir, entiendo que la cuestión debe ser sometida a votación nominal.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia ha consultado este tema con los distintos bloques y el criterio referido a la constitución de esta comisión fue que sólo se autorizaba la emisión de un informe, o sea que no se va a votar ninguna resolución.

De todas maneras la Presidencia informa que el señor diputado Nieva ha formulado reserva en el sentido de que presentará un proyecto de resolución sobre este particular. Le sugiero a la señora diputada por Corrientes que adhiera a la propuesta que realizará el señor diputado Nieva.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. GONZALEZ.- Señor presidente: decía que la posición expuesta por nuestro compañero de bloque, el señor diputado Acevedo, es compartida por el dictamen de mayoría, y así lo expresa el punto c) de las conclusiones generales, cuando dice que es imprescindible dictar una ley de marco regulatorio de las concesiones viales creando un órgano regulador del sistema. Destaco este punto porque incluso ya se han presentado distintos proyectos sobre el marco regulatorio dando origen a un órgano regulador.

De acuerdo con nuestras conclusiones el órgano regulador del sistema debe tener una autonomía plena respecto del poder concedente, que garantice la debida representación de los intereses de los usuarios.

Compartimos la observación manifestada por el señor diputado Acevedo y entendemos que el marco regulatorio, con la formulación del órgano de control del sistema, debe ser el elemento jurídico que dé satisfacción a esa inquietud.

Dejamos entonces puntualmente señalado que compartimos la posición formulada por el diputado Acevedo y la hacemos nuestra en la propuesta presentada sobre el marco regulatorio.

En el cuarto punto se propone anular por inequitativa la renegociación del corredor 18, proceder a una nueva licitación y, de corresponder, efectuar las denuncias penales pertinentes a los funcionarios intervinientes.

Todos los miembros de la comisión hemos coincidido en que la renegociación del corredor 18 de la ruta 14 ha sido inequitativa y que los funcionarios intervinientes no han contemplado los derechos y las necesidades de los usuarios.

Sabemos que esto es compartido por diputados de nuestra bancada, pertenecientes precisamente a regiones geográficas involucradas en el corredor 18.

Sra. GUZMAN.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con autorización de la Presidencia?

Sr. GONZALEZ.- Sí, señora diputada.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Aclaro que cuando termine su exposición el señor diputado González, se tendrá por rendido el informe. Solicito la colaboración de los presentes para continuar ordenadamente con esta sesión.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. GUZMAN.- El señor diputado se refirió a los funcionarios intervinientes.

He estudiado quiénes han intervenido, y lo he dicho. Lamentablemente parece que el señor diputado González no estaba escuchando.

Intervino la Comisión Bicameral...

Sr. GONZALEZ.- He escuchado atentamente.

Sra. GUZMAN.- Entonces, las sanciones penales corresponden a los diputados, senadores...

Sr. LARRABURU.- A todos.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Ruego a los señores diputados que no conversen entre sí.

Sra. GUZMAN.- Recuerdo que quienes intervinieron fueron la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones -con excepción del señor diputado Natale- y la Sindicatura General de la Nación. También tuvieron intervención el señor presidente Menem y el ministro Di Tella -por medio del decreto firmado- así como el secretario Otrera.

Por medio del decreto 1.016 del 10 de noviembre -hace una semana-, firmado por el señor presidente, el señor jefe de Gabinete de Ministros y el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, se ratifica todo lo actuado por el señor secretario Otrera en 1996.

Lo que quiero señalar es que esta conclusión surge objetivamente de todos los elementos que se han tenido en cuenta, incluso antes de que el Poder Ejecutivo dictara el primer decreto en septiembre de 1996.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. GONZALEZ.- Prosigo con las conclusiones específicas incluidas en el dictamen de mayoría.

Sra. GUZMAN.- Pido al señor diputado que me conteste.

Sr. GONZALEZ.- La primera de ellas dice lo siguiente: "Analizar caso por caso los contratos vigentes, para determinar en forma fehaciente la verdadera situación en materia de inversiones realizadas y deuda por compensaciones."

En torno de esta situación en este momento se está llevando a cabo un análisis a nivel de la Secretaría de Obras Públicas. Nosotros pensamos que las deudas por compensación deben ser motivo de un estudio profundo y que el Poder Ejecutivo no debe admitir ningún reclamo de parte de los concesionarios hasta haber chequeado fehacientemente la documentación que compruebe de manera irrevocable la existencia de las deudas reclamadas.

Continúa el texto: "2. Exigir en forma perentoria la ejecución de las obras comprometidas e inversiones aún no ejecutadas.

"3. Acordar la refinanciación de las compensaciones adeudadas, procurando una solución justa, en términos compatibles con la situación fiscal.

"4. Ratificar la recomendación expresa a la autoridad de aplicación, de abstenerse a autorizar aumento alguno en las tarifas. Suspendiendo la aplicación de cualquier mecanismo de actualización que signifique elevar su nivel actual.

"Sustituir la actualización de Tasa LIBOR por un mecanismo de revisión periódica acordado."

En este sentido deseo expresar que a partir de la tarea de la comisión la Secretaría de Obras Públicas, de manera consensuada con los concesionarios, dispuso una suspensión de los aumentos de las tarifas en todos los corredores concesionados. De esta forma el aumento que debió operar el 1° de agosto fue suspendido sin que esto implique en pro de los concesionarios ninguna posibilidad de reclamo contra el Estado argentino.

Esta suspensión del aumento del 1° de agosto incluye asimismo la suspensión de cualquier otro nuevo aumento hasta tanto se concluya la rediscusión de los conflictos previos y de todo aquello que está siendo analizado a nivel de la Secretaría de Obras Públicas. Esto es prever con toda certeza que el aumento por actualización automática que debía cumplirse el 1° de enero tampoco será aplicado, con lo cual creo que debe ser motivo de satisfacción para los miembros de esta Cámara el hecho de que a partir de nuestra iniciativa se haya logrado que en todo este año y en los tiempos que vienen no se produzcan aumentos tarifarios.

"5. Redefinir la ecuación económico-financiera de cada corredor en función de los flujos de tránsito reales, con una proyección actualizada procurando eliminar la compensación a cargo del Estado."

Coincidimos con la necesidad de eliminar los subsidios que fueron introducidos después de la renegociación de los convenios a partir de la gestión del secretario Otrera.

"6. Dar continuidad al sistema incorporando un plan vial integral con proyección a diez o más años, con la obligatoriedad de relicitar al vencimiento de las actuales concesiones."

En este sentido queremos dejar también perfectamente aclarado que no es cierto que estemos protegiendo los aumentos tarifarios o que estemos alentando la realización de nuevas obras sin licitación. Somos absolutamente conscientes de que toda prórroga que involucre nuevas obras deberá ser inexcusablemente mediante el sistema de licitación a la fecha del vencimiento de las actuales concesiones.

"7. Fijar un tope a la rentabilidad del proyecto en un nivel de TIR que guarde relación con proyectos internacionales similares, considerando el riesgo país."

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La señora diputada Pando le solicita una interrupción por intermedio de esta Presidencia, señor diputado.

Sr. GONZALEZ.- No voy a conceder más interrupciones, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. GONZALEZ.- El texto de las conclusiones específicas continúa de la siguiente manera: "8. Establecer la obligatoriedad de un control de la AGN que certifique la rentabilidad en base a parámetros internacionales.

"9. Considerar una eventual, mínima y acotada extensión de los plazos vigentes en caso de ser imprescindible para cerrar la renegociación.

"10. Introducir criterios de competencia interna, a través de mecanismos de premios y castigos, que estimulen el cumplimiento de las metas de calidad y la celeridad en la realización de las obras, permitiendo una evaluación diferencial por corredor. (Ejemplo: tarifas con rango de variación según cumplimiento, escala de preferencia para futuras licitaciones, etcétera).

"11. Establecer la exigibilidad de la automatización gradual de los sistemas de recaudación de peaje, con un modelo uniforme, para la totalidad de la red, a fin de reducir la incidencia del costo operativo del sistema de recaudación.

"12. Establecer indicadores de calidad de servicio a ofrecer, adoptando parámetros internacionales en materia de seguridad vial.

"13. Establecer un régimen de sanciones a los concesionarios por incumplimiento, con trámite ejecutivo que asegure su efectiva percepción." Ello, porque si bien el régimen actual contempla sanciones por incumplimiento todos sabemos que el trámite previsto en los contratos actuales lleva a que el Estado jamás perciba el producido de las sanciones económicas impuestas, o lo haga a muy largo plazo.

"14. Considerar la apertura obligatoria gradual del capital de las empresas u otros mecanismos de participación de los usuarios."

Con este informe que traemos a la Honorable Cámara creemos aportar algunos puntos que consideramos imprescindibles para mejorar el funcionamiento del sistema de concesiones viales en la República Argentina. Asimismo, entendemos que en un tiempo perentorio esta Cámara debe abocarse a la sanción de un proyecto de ley que establezca el marco regulatorio de esta actividad, a los fines de que por imperio de la legislación cobren fuerza las sugerencias que la comisión hace a la Cámara. Esto, a efectos de lograr mayor eficiencia, transparencia, abaratamiento de costos y mejoramiento del funcionamiento del sistema de concesiones viales que, insisto, debe ser mantenido, adecuándolo a los fines para los que fue concebido exactamente en el año 1990.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Queda rendido el informe de la Comisión Especial para el Análisis del Sistema de Concesionamiento por Peaje y el Estudio del Financiamiento de Obras Viales.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: en razón de que el Honorable Senado ha sancionado con una modificación el proyecto de ley relacionado con los bomberos voluntarios, que fuera aprobado por la Cámara de Diputados hace aproximadamente noventa días, le solicito que realice la correspondiente gestión para que la Cámara alta envíe rápidamente este proyecto, y a la hora de tener quórum ponerlo a consideración del cuerpo, de forma tal que esta noche los bomberos voluntarios puedan contar definitivamente con una norma por la que han venido luchando durante tantos años.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Apenas recibamos la iniciativa del Senado la pondremos a consideración de la Cámara; no hay ningún inconveniente. Pero aclaro al señor diputado que todavía no hemos recibido información alguna.

SR. CAMAÑO.- Simplemente planteé la posibilidad de que la Presidencia realizara esta gestión ante el Senado.

(Ordenes del Día 611 y 1.004)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- En consideración.

La Presidencia informa que, a raíz de un acuerdo entre los distintos bloques, se ha resuelto considerar estos dictámenes en forma conjunta y fijar como horario de votación la hora 22 y 30.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. MAURETTE.- Señor presidente: una democracia que pretenda ser firme, madura y responsable, debe trascender la política de un gobierno en aquellas cuestiones que, por su importancia, merecen el tratamiento de políticas de Estado. Es decir, problemáticas que afectan a la totalidad de los argentinos que han perdurado por generaciones, y que esta generación de políticos responsables de su tiempo histórico debe asumir como propias.

Nuestro trabajo es por el país. Nuestra responsabilidad es histórica. Nuestro compromiso está con las generaciones por venir.

Señor presidente: la frontera que separa a Chile de la Argentina es la tercera en el mundo por su extensión. Ha sido, en consecuencia, motivo de controversias de mayor o menor grado de conflictividad y violencia a lo largo de toda nuestra historia independiente, y ha generado, a través de los años, un imaginario defensivo de las propuestas, no siempre comprobadas, de las ambiciones expansivas chilenas. Dicho imaginario se nutre de otros más generales que apuntan a considerar a la Argentina como la permanente perdedora de territorios en los lugares donde se han generado conflictos.

Ciento diecisiete años nos separan del histórico Tratado de Límites con Chile que sentara el criterio sobre el cual descansaría la línea fronteriza; y 105 años nos separan del Protocolo Adicional que complementara ese principio. Sin embargo, la geografía no fue tan clara como para convertir en realidad inmediata la demarcación de la extensa frontera.

Las cuestiones que se suscitaron a lo largo de todos estos años son conocidas por todos. El arbitraje, la consulta y el acuerdo fueron las formas que se utilizaron para resolver las controversias. Con menor o mayor grado de belicosidad, Argentina y Chile resolvieron sus diferendos. Con mayor o menor grado de legitimidad, los gobiernos se encontraron con la imperiosa necesidad de convertir en realidad la delimitación de la totalidad de la frontera mencionada. Sin embargo, quedan aún situaciones por resolver. Cuando en agosto de 1991 los presidentes Menem y Aylwin firmaron la Declaración Presidencial sobre Límites entre la Argentina y Chile, lo hicieron con el convencimiento de que una etapa llegaba definitivamente a su fin. Prueba de ello es que de los veinticuatro puntos que entonces se hallaban en discusión, veintidós se resolvieron por un acuerdo, uno fue a arbitraje -me refiero a Lago del Desierto- y hoy sólo resta resolver la problemática existente en torno de los Hielos Continentales.

Nadie ignora cuál fue el procedimiento seguido respecto del área en cuestión, y felizmente nadie desconoce las reglas de juego que imperan en esta democracia. Estas premisas son las que me excusan de entrar ahora en tecnicismos. El profuso debate planteado en torno a la poligonal explica de manera acabada cómo se actúa cuando se respetan las instituciones de la República. Sin embargo, es necesario considerar que nuestra labor como parlamentarios no termina allí. La decisión tomada por unanimidad por las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional es la solicitud del retiro del acuerdo firmado por los presidentes Menem y Aylwin el 2 de agosto de 1991, cuyo proyecto de aprobación fuera enviado por el Poder Ejecutivo a esta Cámara durante las sesiones extraordinarias. Asimismo se solicita el retiro del proyecto de ley por el que se aprueba el protocolo firmado por ambos gobiernos aclarando los alcances del referido acuerdo, donde se hace especial referencia al aprovechamiento de los recursos hídricos, a la protección del medio ambiente y a la soberanía territorial y marítima de ambos Estados, que fuera enviado a esta Cámara en diciembre de 1996.

Esto queda sometido a la inacción, y bien sabemos que, de acuerdo con lo expresado por la ley 13.640, los proyectos tendientes a la aprobación de tratados internacionales no caducan. En virtud de dicha norma hubiéramos podido aplazar la sanción del proyecto de ley que aprueba el protocolo a la espera de condiciones políticas favorables; es decir, congelar el tema. Sin embargo, asumir la responsabilidad significa no dilatar las decisiones sino hacerse cargo de los grandes intereses del país, ponerse de frente al conflicto y buscar la mejor solución cuando la ofrecida no logra satisfacer la opinión de la mayoría.

Como legisladores debemos comprender que nuestra tarea no concluye con la firma de una declaración que imposibilita la viabilidad de aquella poligonal. Por el contrario, la tarea del legislador es la de generar propuestas, y en este sentido la búsqueda de alternativas es parte de nuestra responsabilidad si es que queremos -como ya expresáramos- hacer frente a las grandes cuestiones nacionales.

Solicito que por Secretaría se dé lectura de las modificaciones al proyecto de declaración cuya sanción aconseja el dictamen de mayoría contenido en el Orden del Día 1.004.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones aludidas.

Sra. SECRETARIA (Pérez Pardo).- Dicen así: "La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo realice con la República de Chile la demarcación del límite entre el Monte Fitz Roy y el Cerro Daudet en los Hielos Continentales. Que los criterios para la demarcación de la frontera en el sector mencionado deben estar regidos por:

"a) El tratado de Límites de 1881, su Protocolo adicional y Aclaratorio de 1893, Actas de 1898, Laudo de 1902 y demás instrumentos relacionados a la fijación de la frontera entre ambos países, según los cuales 'la línea fronteriza correrá por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras que dividan las aguas y pasará por entre las vertientes que se desprenden a un lado y otro", ratificando el dominio exclusivo por parte de la República Argentina y a todos los efectos de todas las aguas que fluyen hacia el Océano Atlántico.

"b) La voluntad de acordar y definir con Chile la fijación de la frontera entre el cerro Fitz Roy y un punto situado al Noroeste del lago Viedma sobre la divisoria continental de aguas, no siendo aplicable en este tramo de frontera el Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos del 2 de agosto de 1991.

"c) La adecuada aplicación del principio sobre el cual la Argentina no pretende punto alguno de acceso al Oceáno Pacífico, en particular en la zona de los fiordos.

"De acuerdo a las pautas expuestas, la Honorable Cámara de Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo realice, a través de la Comisión Mixta de Límites, los trámites de demarcación de la frontera con la República de Chile, de acuerdo al Protocolo de 1941, contando con la cartografía 1:50.000 para esos efectos.

"La Academia Nacional de Geografía asesorará a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sobre todo lo relacionado a la implementación de los criterios antedichos. A ese efecto, la Honorable Cámara de Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo brinde a la Academia toda la información que le permita cumplir con su cometido."

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. MAURETTE.- Señor presidente: nuestro convencimiento es que definitivamente debe demarcarse una frontera justa, que plasme nuestra intención de no perder ni un metro cuadrado argentino y de no aspirar a poseer ni un metro cuadrado que corresponda a la hermana República de Chile.

Los grandes intereses nacionales son aquellos que traspasan los límites de los límites; aquellos que traspasan los intereses partidarios para convertirse en políticas de Estado; aquellos que traspasan sus propias temáticas para convertirse en temáticas integradoras y transformadoras de la realidad. Y este espíritu transformador es el que ha permitido diseñar una nueva realidad entre nuestros países, donde la frontera no sea el lugar de la división y la diferencia sino el lugar del flujo comercial, de la integración de intereses, de la cooperación, de la construcción de una nueva integridad histórica. Las fronteras seguras y estables son las que posibilitan la nueva realidad, abiertas a la integración y el desarrollo genuino de la región.

Afirmamos que la política de Estado no reemplaza la confrontación. Esta última zona en conflicto con el país hermano ha demostrado, puertas adentro de nuestro Parlamento, que nuestra democracia ha madurado. Los legisladores hemos comprendido que en las decisiones tomadas a conciencia se reitera el compromiso asumido con nuestros electores, tanto como la realidad que hoy se muestra aquí. El consenso logrado plasma la afirmación de que desde la confrontación se construye. Confrontación que también estuvo presente en nuestro bloque aunque, como peronistas fieles a las reglas del juego de la democracia, priorizamos la voluntad de la búsqueda del acuerdo y de las coincidencias.

Gracias a ello hemos logrado trascender los límites partidarios y alcanzar lo que podemos presentar hoy: una auténtica política de Estado. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. ESTEVEZ BOERO.- Señor presidente: solicito la inserción en el Diario de Sesiones de un texto que fija nuestra posición sobre este tema. Haré una síntesis para ajustarme al tiempo acordado a mi bloque, que compartiré con el señor diputado Flores.

Creemos que un conflicto de esta índole debe tener en cuenta el momento en que se plantea, las características de nuestro vecino, la historia de nuestras relaciones, la situación de la región y también las modalidades imperantes en el mundo contemporáneo.

Las cuestiones limítrofes con Chile comenzaron a mediados del siglo pasado con la fundación del fuerte Bulnes, que nuestro país cuestionó. Luego de un momento crítico se suscribió el tratado de 1881, que determinó que la línea fronteriza pasaría por las altas cumbres de las cordilleras que dividieran las aguas.

Con posterioridad se suscribió el protocolo de 1893. Cabe destacar que en aquel momento el canciller Quirno Costa tuvo una actitud que merece ser recordada, al invitar a todas las personalidades de diverso signo político que fueran entendidas en la materia, a que opinaran y crearan un consenso para llevar adelante el acuerdo con Chile. Si ese criterio hubiera sido empleado con anterioridad, seguramente este tema ya habría estado resuelto, y nuestros reclamos de soberanía sobre las Malvinas también hubieran estado hoy en una faz más adelantada.

La demarcación entre el Fitz Roy y el cerro Daudet aún no ha sido efectuada, y para determinar dicha demarcación se firmó un tratado entre los presidentes Menem y Aylwin en 1991, conocido como el tratado de la poligonal.

En su momento, en una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional, votamos en contra, ya que considerábamos que no siempre alcanza con la legalidad, que en las decisiones trascendentes de la Nación debe estar acompañada de la legitimidad. Sostuvimos en esa oportunidad: "Nuestra estructura política no se encuentra en condiciones de legitimidad para imponer una decisión con implicancias territoriales que tampoco cuenta con consenso. No se puede construir el desarrollo de nuestra integración a través de un puente sin cimientos en la conciencia de la gente."

El tratado suscrito entre los presidentes Menem y Aylwin no fue convalidado por nuestro Congreso ni por el de Chile.

Preocupados por la solución de este tema, hace un año nos pusimos a trabajar con otros diputados de diferente signo político: Maurette y Stubrin. Lo hicimos con tres objetivos por delante. En primer lugar, defender los intereses de nuestro país; en segundo lugar, respetar los principios de los tratados fundamentales vigentes; y, finalmente, arribar a una conclusión que fuese aceptada por la opinión pública de ambos países.

Al comenzar esta tarea contamos con la valiosa y ejemplar comprensión de los diputados integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional que, sin haber participado en estas reuniones, no vacilaron en aprobar por unanimidad el dictamen por el cual se solicitaba al Poder Ejecutivo que retirara del Congreso el proyecto por el cual se solicitaba la ratificación del tratado de 1991 entre los presidentes Menem y Aylwin y del Protocolo Adicional de 1996.

Alentados por el apoyo brindado por las dos comisiones elaboramos, junto con los señores diputados Maurette y Stubrin, un trabajo que contenía una serie de principios a tener en cuenta en la demarcación pendiente.

Dichos principios consistían en lo siguiente: respetar el tratado de límites de 1881, el Protocolo de 1893, las Actas de 1898, el Laudo de 1902, asegurando el dominio exclusivo por parte de la República Argentina y a todos los efectos de todas las aguas que fluyan hacia el Océano Atlántico; además, se acordó que en este tramo de la frontera no se aplicará el Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos de 1991; también se convino la adecuada aplicación del principio "Argentina al Atlántico, Chile al Pacífico", en particular en la zona de los fiordos. No estábamos planteando un distanciamiento de los fiordos sino una adecuada aplicación del principio de que el terreno puede determinar tanto aproximación como distanciamiento.

También resolvimos que la Academia Nacional de Geografía asesorara a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sobre todo lo relacionado con la implementación de los criterios mencionados anteriormente.

Todo esto sucedió en medio de un planteo de integración regional para quienes peleamos por un mundo multipolar y no unipolar.

En este sentido, jerarquizamos la integración del Mercosur mediante su institucionalización, su democratización social y la incorporación plena de Chile y de Bolivia.

Si se avanzara en la plena relación con Chile, no sólo la Argentina accedería con mayor comodidad al Pacífico sino también todos los países que integran el Mercosur, ya que de ellos el único país con costa sobre el Pacífico es Chile.

También la actividad minera se ha de beneficiar con este tratado, porque el importante convenio sobre integración y complementación minera firmado en 1997 no ha sido ratificado ni en la Argentina ni en Chile. Es claro que su tratamiento depende de la resolución de este último tramo de la frontera que nos falta demarcar. Resulta innecesario destacar la trascendencia económica que tiene para nuestro país el tratado de minería.

Desde el punto de vista geopolítico, tampoco nos interesa estar entre dos hipótesis de conflicto: por un lado, Inglaterra presenta la hipótesis de conflicto por las Islas Malvinas y, por otro lado, las fuerzas armadas de Chile consideran a nuestra controversia fronteriza como una hipótesis de conflicto.

Esta articulación no es un juego de la imaginación. A raíz de la detención en Londres del dictador Pinochet, fue ratificada la existencia de estas conexiones totalmente negativas para nuestro país.

En 1902 dimos un ejemplo al mundo al firmar con Chile los Pactos de Mayo, suscribiendo el primer tratado de limitación de armamentos que conoce la historia del derecho internacional público.

Hoy la situación indeterminada con respecto a los hielos continentales continúa constituyendo para las fuerzas armadas chilenas una hipótesis de conflicto que debemos desarticular para generar una política de desarme en beneficio de los dos países.

En conclusión, en defensa de nuestra soberanía, de la paz, de la integración de la región, del desarme, de los intereses geopolíticos de nuestro país y del crecimiento solidario y sustentable de toda la región, el Frepaso votará por la afirmativa el retiro del Tratado Menem-Aylwin de 1991 y del Protocolo Adicional de 1996. Asimismo, aprobamos los criterios conceptuales para demarcar los límites desde el Monte Fitz Roy hasta el cerro Daudet.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. FLORES.- Señor presidente: hoy es un día importante en relación con este tema. Si bien la solución no se alcanzará en este momento, estamos en camino hacia ella. Se está avanzando de una manera trascendente en comparación con los años anteriores.

Ya han transcurrido más de siete años desde que se firmara el Tratado Menem-Aylwin, por el que se pretendió fijar un nuevo límite en relación con los 200 kilómetros lineales que separan al Monte Fitz Roy de los cerros Stokes y Daudet en la zona de los hielos continentales patagónicos. Han pasado más de seis años desde que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo ingresara a esta Cámara. En ese plazo y en dos oportunidades -en 1992 y en 1996- las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional fueron escenario de debates extensos y minuciosos, especialmente en 1992, cuando el entonces diputado Ruckauf en su carácter de presidente de la primera de las comisiones mencionadas, cabecera en este tema, en un gesto que merece destacarse por la diferencia que marcó con el proceder que más tarde tuvo el entonces diputado Erman González, permitió que se expresaran los más destacados especialistas y las más prestigiosas instituciones vinculadas con el tema.

A raíz de esas exposiciones surgieron con la contundencia de un martillo las más claras refutaciones a los argumentos dados por la Cancillería, que pretendía justificar la poligonal contenida en el tratado Menem-Aylwin, que cercenaba de manera injustifica más de mil kilómetros cuadrados pertenecientes a nuestro país.

Recuerdo que en las mencionadas reuniones se esgrimió como argumento en favor de la poligonal que la zona era inexpugnable. Se demostró que ello no era cierto, ya que en determinada época del año y en ciertas circunstancias se puede acceder al lugar fácilmente; y en otros momentos, si se cuenta con un vehículo adecuado, el terreno no ofrece ningún tipo de dificultad.

Recuerdo también que en un reportaje publicado por el diario "La Nación" el señor ministro Di Tella afirmó que el lugar estaba totalmente cubierto de hielo y que era imposible visualizar las altas cumbres. Más allá de la gravedad de esta afirmación disparatada proveniente nada menos que del responsable de las relaciones exteriores del país, se demostró mediante una simple comprobación fotográfica y sobre la base de filmaciones y testimonios de personas que recorrieron la zona, que en realidad tanto las cumbres más altas como las más pequeñas eran perfectamente visibles.

También se sostuvo de manera irresponsable y públicamente que mapas argentinos perjudicaban la defensa de nuestros derechos; pero en 1992, durante los debates de las mencionadas comisiones, se demostró lo que luego fue ratificado por el laudo arbitral de 1994 en relación con Lago del Desierto, es decir que la realidad geográfica tiene una clara preeminencia sobre una cartografía de época con notables limitaciones.

También se señaló que no podía precisarse la divisoria de aguas en una zona cubierta de hielo, pero en 1992, en las reuniones celebradas por las comisiones con el aval de la Sociedad Argentina de Geología, un especialista que enorgullece a los santacruceños, el doctor Kramer, dijo lo que luego se afirmó en el laudo arbitral de 1994; es decir, que no obsta a la demarcación ni a la precisión acerca del curso de las aguas en la divisoria continental el hecho de que ésta esté constituida por glaciares, que después de todo no son otra cosa que agua en estado sólido, dato que el señor Di Tella desconocía.

Se pretendió demostrar que el camino de la denominada poligonal era el único posible y se ocultó premeditadamente documentación que informaba de la voluntad del gobierno de Chile para llevar adelante los trabajos de demarcación de la zona. En 1992 no pudimos lograr que el señor Di Tella encontrase en los cajones de la Cancillería la documentación que daba cuenta de las reuniones que en la ciudad de Punta Arenas había sostenido el director de Límites de la Cancillería, general Miró, con su par chileno, Javier Illañez, del 10 al 12 de febrero de 1991. Como resultado de dichas reuniones, de puño y letra del representante chileno se estableció que el gobierno trasandino estaba dispuesto a iniciar la tarea de demarcación sobre la base de los tratados internacionales referidos a esa región fronteriza. Se hicieron precisiones de fechas -porque con posterioridad a esta reunión el responsable argentino le preparó un informe al señor Carignano, subsecretario de Asuntos Latinoamericanos cuando Domingo Cavallo era canciller-, y pese a esos datos que hacen más inexplicable todavía la decisión del trazado de la poligonal, nunca el ministro Di Tella -que concurría impávido a las reuniones de la comisión- acercó la documentación correspondiente.

Se dijeron muchas cosas más, pero nunca se pudo explicar por qué razón se abandonaron los principios contenidos en los instrumentos de 1881, 1893, 1898 y 1902, que rigieron a lo largo de la historia la relación fronteriza entre nuestro país y la hermana República de Chile.

Como es sabido, hay temas que tienen la capacidad de exaltar más el sentimiento que la razón. Las cuestiones de límites están entre ellos. Por eso también es justo decir que durante estos años se escucharon otras voces provenientes de los sectores más reaccionarios de la sociedad, que aprovecharon el espacio que se les abría para enmarcar este asunto en lo que se dio en llamar el expansionismo chileno, intentando encontrar en la demonización del país hermano o en vanas teorías conspiratorias una explicación que, en realidad, era mucho más sencilla, pues se basaba en la frivolidad y en la obstinación del ministro Di Tella de persistir en un camino que, en el mejor de los casos, era desacertado.

Como los extremos de un lado encuentran su sintonía en los extremos del otro, también desde Chile se alzaban voces que demonizaban a la Argentina, que hablaban del expansionismo argentino y que exaltaban sólo un costado de este asunto, lo que hace también más grave la responsabilidad del ministro Di Tella, quien teniendo en sus manos la posibilidad de cerrar adecuadamente la cuestión, de acordar con justicia y equidad, eligió el peor de los caminos.

Después de todos estos años, luego de la caída de los dictámenes que se obtuvieron de dudosa manera en 1996, el Poder Ejecutivo llegó a la convicción de la ausencia de voluntad política en la Cámara de Diputados para aprobar el tratado Menem-Aylwin.

Con otros actores en la Cancillería y muy especialmente en la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, se entendió que había que convocar a quienes nunca se había consultado. Se inició un proceso diferente con participación de los especialistas de la Dirección de Límites de la Cancillería y de la Academia Nacional de Geografía, que permitió llegar a un acuerdo tardío pero histórico alrededor de un tema que debió ser encarado como una cuestión de Estado desde un primer momento.

No me voy a referir al pedido al Poder Ejecutivo para que retire el tratado Menem-Aylwin, sino que aludiré al contenido del dictamen obrante en el Orden del Día 1.004, que rescata todos los principios por los que venimos luchando quienes nos opusimos al trazado de la poligonal contenido en el tratado Menem-Aylwin desde 1991, cuando eran muy pocas las voces que se animaban a pronunciarse.

Esto lo saben los señores diputados del bloque oficialista que alzaron sus voces especialmente en los primeros tiempos, cuando la cuestión de los hielos no estaba suficientemente instalada en los medios de comunicación y en la opinión pública. Lo saben perfectamente la señora diputada Camaño y el señor diputado Corchuelo Blasco, quienes en 1991 integraban la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y con valentía pusieron sus convicciones por encima de cualquier lealtad partidaria, y junto con otros legisladores, diputados de la oposición y otros que ahora no están, impidieron que en aquel momento se emitiese un dictamen favorable al acuerdo.

En este dictamen que se somete a consideración de los legisladores se rescatan los tratados que rigen la relación fronteriza entre la Argentina y Chile. Se establece con toda claridad que la zona está delimitada y que debe demarcarse en función de esos instrumentos.

Se afirma que la tarea la debe realizar la Comisión Mixta de Límites en cumplimiento del protocolo sobre el trabajo de los peritos de 1941, contando con la cartografía adecuada, que es la de escala 1:50.000, con los agregados que se le hicieron. Además, se convoca a la Academia Nacional de Geografía.

Se pide, entonces, que se haga todo lo que en aquella época se dijo que había que hacer y no se hizo.

También se dice en el dictamen que es necesario acordar con Chile el punto de llegada desde el Monte Fitz Roy hasta un lugar que debe estar situado al noroeste del Lago Viedma, sobre la divisoria continental de aguas; no al sudoeste, como en forma casi obscena -diría-, faltándole el respeto a la inteligencia, marcaba la poligonal Menem-Aylwin.

En esta declaración se dice todo lo que durante años venimos diciendo.

Por supuesto que no tenemos la certeza de que el ministro Di Tella acepte todos estos criterios, pero estamos seguros de que constituyen un marco del que difícilmente pueda apartarse el Poder Ejecutivo. Es muy difícil que se pueda intentar una segunda poligonal o una nueva aventura de fijar un límite arbitrario caprichoso cuando la Cámara de Diputados afirma que no va a aceptar ningún tipo de demarcación de la zona que no responda a estos criterios.

El reconocimiento de una equivocación enaltece siempre a quien la efectúa. Pero, en este caso, la persistencia en el error ha sido constante en la conducta del ministro Di Tella, quien tomó este tema con la misma frivolidad y ligereza con que encaró, por ejemplo, la política de seducción en la cuestión de las Islas Malvinas. Nunca supo escuchar la contundencia de los argumentos que le exponían, no los diputados que nos oponíamos al dictamen, sino lo especialistas, los miembros del Instituo Geográfico Militar, del Instituto del Hielo Continental Patagónico, de la Academia Nacional del Geografía, y el general Miró en las reuniones públicas, en las reservadas y en las secretas. La realidad ante la que se tiene que rendir el Poder Ejecutivo demostró que es inviable insistir en la poligonal.

Mientras tanto, han transcurrido siete años con un tema abierto que debió haberse cerrado hace mucho tiempo para mejorar aún más el proceso de integración que calurosamente todos apoyamos.

No es este el momento de una rendición de cuentas, pero estoy seguro de que cuando se haga el balance de lo ocurrido en todo este tiempo -la cuestión de los hielos, la política de relaciones carnales, los acuerdos petroleros del Atlántico Sur y la política de seducción por el tema Malvinas- será impiadoso el juicio de la historia sobre quien tuviera a su cargo durante prácticamente ocho años la responsabilidad de conducir la política exterior del menemismo.

Finalmente quiero destacar que esta cuestión de los Hielos Continentales no es un asunto de incumbencia particular de los santacruceños. No obstante, la cercanía otorga siempre una sensibilidad distinta que explica la pertinaz actitud de la población de la provincia de Santa Cruz en cuanto a que no prospere este acuerdo.

El tema de los Hielos Continentales o el fracaso de la poligonal contenida en el Tratado Menem-Aylwin pertenece a muchísimos argentinos, no sólo a los legisladores que llevaron adelante su tarea en esta Cámara de acuerdo con sus convicciones; pertenece a muchísimos argentinos que entendían que una mala solución iba a dejar abierta una herida en la relación entre Argentina y Chile que sería aprovechada en algún momento de nuestra historia por los sectores fundamentalistas para exacerbar todo aquello que nos divide sin privilegiar lo que nos une.

Estamos ahora en el camino de cerrar las cuestiones de límites entre los dos países de una manera justa y equitativa. Es una oportunidad que no se debe desaprovechar; es un desafío del momento, y afrontarlo es un compromiso que los legisladores debemos asumir.

Ojalá que las enseñanzas de estos años hayan sido útiles para los responsables de la política exterior de nuestro país, para que definitivamente se encaminen en pos de la defensa de los intereses nacionales con soluciones racionales, justas y equitativas, con el fin de poder seguir avanzando -insisto- en el proceso de integración entre Chile y Argentina, en lo cual el bloque del Frepaso compromete todas sus energías. (Aplausos)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. ZAPATA MERCADER.- Señor presidente: en nombre del partido Demócrata de Mendoza voy a anticipar nuestra postura en este tema de los Hielos Continentales patagónicos, que en los últimos años ha despertado gran interés y muchas polémicas, por lo que hoy debemos tratar de encontrar una solución.

Antes de entrar en el fondo de la cuestión quiero resaltar especialmente la estrecha relación que tienen Mendoza y Chile.

Mendoza fue fundada desde la Capitanía General de Chile, a la que perteneció administrativamente hasta 1776 cuando se creó el Virreinato. Hay más de doscientos años de una exclusiva relación social, familiar y comercial entre Mendoza -Cuyo, en general- y Chile; ni hablar de la gesta emancipadora de los Andes, la epopeya del general San Martín y el sacrificio del pueblo cuyano para la liberación del pueblo chileno. Muchas fueron las circunstancias que nos acercaron.

Muchos argentinos e incluso mendocinos ilustres se exiliaron en Chile, como Sarmiento y Alberdi, entre otros. Existe una importante relación comercial entre Mendoza y Chile a raíz del Mercosur, ya que Mendoza es la puerta de la República Argentina hacia el Pacífico.

En Mendoza tenemos un instituto histórico argentino-chileno, así como también organismos argentino-chilenos de cultura, cámaras empresarias y grupos que trabajan por mejorar las comunicaciones y el transporte entre Mendoza y Chile. Nuestro paso de Pehuenches es la última gran aspiración que concretamos. Es por ello que somos los primeros interesados en que se solucionen los problemas limítrofes entre la Argentina y Chile.

En relación con los dictámenes de comisión contenidos en los Ordenes del Día 611 y 1.004, que se encuentran sometidos a la consideración de este cuerpo, debo señalar en primer término que el acuerdo firmado el 2 de agosto de 1991 -llamado también tratado Menem-Aylwin- ha dado lugar a enormes críticas y discusiones, muchas de las cuales incluso impidieron que las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional emitieran un dictamen dentro del período normal y reglamentario.

En diciembre de 1996 se produjo un dictamen de mayoría y otros de minoría, los cuales tengo a la vista. Quienes firman el dictamen de minoría contenido en el Orden del Día N° 1.004 -que estamos considerando- se oponen al trazado de la poligonal, que el convenio introduce como medio para terminar con las diferencias de demarcación del límite entre los cerros Fitz Roy y Stokes, mal llamado Daudet. En este sentido, en el referido dictamen se produce una confusión pues en el informe se hace alusión al cerro Daudet mientras que en el proyecto de declaración se menciona al cerro Stokes; pero hasta el momento nadie se ocupó de aclarar qué diferencias existen entre uno y otro cerro.

El dictamen de minoría emitido en diciembre de 1996 es absolutamente congruente con el dictamen de minoría que estamos considerando; la única diferencia es que éste tiene otros protagonistas y en algunos casos ha habido un cambio de postura que, por supuesto, sabrán explicar quienes así han actuado.

Existe un concepto básico permanente: las altas cumbres divisorias de aguas que separan vertientes. Este ha sido el principio que se ha mantenido desde el primer Tratado de Límites de 1881 y el Protocolo Adicional y Aclaratorio de 1893, y que se reitera en las actas confeccionadas por los peritos Francisco Pascasio Moreno -a quien, poniéndonos de pie, deberíamos rendir homenaje porque realmente se trata de un prócer- y el chileno Barros Arana. En esas actas protocolares también se aclaran muchos temas que aparentemente hoy queremos volver a dilucidar.

El Laudo Arbitral de Eduardo VII, de 1902, da solución a las zonas cercanas a la región a la que nos estamos refiriendo. También debemos mencionar el protocolo de 1941 relativo a la reposición de hitos y a la formación de la comisión de límites argentino-chilena.

Todos estos antecedentes que hoy no debemos olvidar indican una tradición negociadora con Chile de más de cien años. Entonces, no nos deben apresurar. No hay duda de que mediante el inciso 11 del artículo 99 de la Constitución Nacional se otorga al Poder Ejecutivo la facultad de conducir la política exterior argentina; pero pareciera que hoy queremos inmiscuirnos con un ánimo de colaborar con el Poder Ejecutivo o de querer solucionar este conflicto. De esta manera, estamos quitándole sus facultades.

Sólo debemos considerar y estudiar el tratado que luego se nos presente para su homologación; sin embargo hoy nos apresuramos a introducir en el dictamen de mayoría contenido en el Orden del Día N° 1.004 nuevos elementos confusos y contradictorios, con terminología distinta. En ninguno de los tratados firmados desde 1881 hasta la fecha se mencionó a los fiordos del Pacífico. A veces también se confunden términos como "demarcar", "fijar límites", "fronteras", "divisorias continentales". Se olvidaron de la cordillera de los Andes, nuestra verdadera frontera.

Desde el Partido Demócrata de Mendoza tenemos la impresión de que brindamos más servicios a nuestro país dejando en libertad de acción al Poder Ejecutivo para que por intermedio de la Cancillería impulse los estudios a través del Instituto Nacional de Geografía y del Instituto Geográfico Militar, proporcione la cartografía pendiente de ser conocida y publicada en escala 1:50.000 para compararla con la realizada por los chilenos, y celebre los acuerdos. Es conveniente que se continúen haciendo los estudios en las zonas para analizar las altas cumbres divisorias de aguas y las vertientes que las separan.

No me opongo a arribar a un acuerdo que pudiera ser compensatorio o implicara resignar de una u otra parte alguna pretensión. Pero evidentemente esto lo tiene que proyectar, discutir y acordar el Poder Ejecutivo nacional.

En estos momentos existen interpretaciones diversas. Hay quienes sostienen que el presidente de la República quiere terminar su mandato con el mismo prestigio del general Roca hace cien años. Los representantes de la Alianza prefieren que este tema quede resuelto antes de llegar a ser gobierno el año próximo. No vamos a juzgar las motivaciones de cada uno de los sectores para tomar una decisión determinada sobre este asunto.

Por lo tanto, vamos a votar favorablemente el dictamen de comisión contenido en el Orden del Día N° 611, por el que la Honorable Cámara declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo retire los proyectos de ley que ha presentado oportunamente, mediante los cuales se aprueban el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile para precisar el límite en la zona comprendida entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet.

Asimismo, aclaro que vamos a apoyar el dictamen de minoría contenido en el Orden del Día N° 1.004, porque se ajusta a derecho y a nuestros principios. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.

Sra. AVELIN.- Señor presidente: hoy el Congreso está abocado a tratar dos Ordenes del Día importantes. Por un lado, tenemos el dictamen de comisión contenido en el Orden del Día N° 611 por el que se solicita al Poder Ejecutivo que retire los proyectos presentados oportunamente mediante los que se aprobó el tratado entre los presidentes Menem y Aylwin. Y, por el otro, está en consideración el Orden del Día N° 1004, en donde se establecen las pautas o criterios para la respectiva demarcación. Sin embargo, a lo largo de su articulado advertimos que se trata de una nueva poligonal, según el contenido del dictamen de mayoría allí incluido. En consecuencia, vengo a sostener desde mi partido y desde mi provincia que el tema de los hielos continentales debe ser abordado como una verdadera cuestión de soberanía; vengo a mantener la observación que presentara oportunamente ante esta Cámara bajo el número de expediente 35-D.O.-98, con fecha 30 de setiembre.

Recién decía que se trata de una cuestión de soberanía, y son precisamente las futuras generaciones las que tendrán que evaluar la responsabilidad de aquellos que fijaron los criterios para definir un tema de tanta envergadura como es el de los Hielos Continentales. No hay que confundirse ni confundir al pueblo argentino. Los argentinos sabrán juzgar con dureza a todos aquellos que no supimos cumplir con nuestro deber. Se trata de un deber de conciencia que nos convoca a defender los límites argentinos y los derechos soberanos de la Nación, como decía el senador Alfredo Avelín.

Como se trata de una política de Estado, de una cuestión de integración territorial y de un tema de conciencia nacional, desde el primer momento de este nefasto acuerdo de 1991 sostuvimos que debíamos crear conciencia en el pueblo argentino y hacer saber que estábamos en presencia de nuevos límites atentatorios de los derechos soberanos del país, tema en el que no caben parcialidades ni partidos políticos ni especulaciones mezquinas. Había que salir a hablar en defensa de los derechos de tantos millones de argentinos que pusieron su esfuerzo para forjar nuestra Nación. También había que defender a las futuras generaciones, por las que tenemos que trabajar protegiendo esta reserva de agua potable que son los Hielos Continentales, cercenados por esta poligonal establecida por el canciller Di Tella.

Esta nueva poligonal, nueva demarcación, nueva propuesta alternativa o como se la quiera llamar, es más de lo mismo: es entrega de territorio argentino. De modo tal que aquí no caben secretos ni ocultamientos. ¿Por qué tenemos que enterarnos por los diarios y admitir que hubo negociaciones secretas entre ambos cancilleres? Lo que antes era responsabilidad de los poderes ejecutivos de Chile y Argentina ahora también es responsabilidad de este Congreso, que está permitiendo y avalando negociaciones secretas.

El general Perón -a quien tanto se cita aquí- decía lo siguiente ante el Congreso de la Nación el 19 de marzo de 1953: "Frente a este Parlamento de mi patria es que declaro solemnemente que en la política internacional argentina, que vuestra honorabilidad conoce punto por punto, no hay, no ha habido ni habrá en el futuro nada oculto, porque los negocios de Estado, tanto internos como de lo externo, nuestro gobierno..." -en ese momento era su gobierno- "...lo ha de ventilar en la plaza pública si es necesario."

Por si esto fuera poco, Eduardo Arnaud, presidente de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, hizo llegar a este Parlamento la resolución que ese cuerpo emitiera el 25 de junio de 1998, a través de la cual el pueblo de esa provincia manifestó su rechazo a las negociaciones secretas sobre los Hielos Continentales llevadas adelante por diputados nacionales y apoyadas por los técnicos de las Cancillerías argentina y chilena. Santa Cruz no ha sido participada en forma alguna, y en esa resolución exige que hagamos venir aquí al ministro Di Tella para que explique públicamente e informe en qué consistían esas negociaciones secretas porque, según la resolución 015/98 de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, toda tratativa debe ser realizada en forma oficial y pública, como corresponde a una cuestión de Estado, y con la participación de esa provincia. Entonces, ante este ocultamiento y estas negociaciones secretas, voy a exponer la claridad que tiene el tema de los hielos continentales, claridad jurídica, geográfica e histórica, ya que no caben dudas de que los hielos continentales son argentinos.

No hay conflicto de límites como aquí se ha dicho; es falso decir que es la última cuestión de límites, ya que la última fue el Beagle, y por eso se firmó el Tratado de Paz y Amistad en 1984 entre Pinochet y el entonces presidente Alfonsín.

No se trata de un conflicto; tampoco hay cuestiones limítrofes; simplemente es un problema de demarcación, y lo que hace falta es cumplir con la legislación. Eso es lo que deberíamos estar exigiendo hoy desde este Congreso de la Nación.

Efectivamente, la certeza jurídica, histórica y geográfica es la verdad que venimos a sostener en este momento. En 1871 se firmó el Tratado de Límites entre Argentina y Chile, donde se decía que el límite entre ambos países era, de norte a sur, hasta el paralelo 52° de latitud, la cordillera de Los Andes, y que la línea fronteriza correrá por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras que dividen aguas y pasarán por entre las vertientes que se desprenden a un lado y otro.

El mismo tratado de 1871 -ley 1.116 1/2 de nuestro país, que no ha sido derogada- también establece que "los gobiernos de la República Argentina y Chile ejercerán pleno dominio y a perpetuidad sobre los territorios que respectivamente les pertenecen según el presente arreglo... quedando en todo caso como límite inconmovible entre las dos Repúblicas el que se expresa en el presente arreglo".

Estas precisas expresiones jurídicas "límite"-"línea fronteriza", "límite inconmovible" y "pleno dominio y a perpetuidad" se las establece en el artículo 6° del Tratado de Límites de 1881, entre la Argentina y Chile, que es, reitero, derecho vigente.

Continuando con la claridad jurídica, debemos decir que el 1° de mayo de 1893 se suscribió un protocolo adicional, aportando más claridad al tratado de 1881. Dicho tratado se convirtió en la ley 3.042, por lo que también constituye derecho vigente, tanto en la Argentina como en Chile. De acuerdo con las normas constitucionales, los tratados se incorporan al derecho interno de nuestro país.

Dicho protocolo establece que los peritos encargados de efectuar la demarcación del deslinde entre la República Argentina y Chile lo harán conforme al Tratado de Límites de 1881. Asimismo señala que tendrán este principio por norma invariable de sus procedimientos, es decir, que no cambia, porque el principio es a perpetuidad. Quiere decir: "límite"; "cordillera de Los Andes"; "línea fronteriza"; "cumbres más elevadas que dividen aguas".

El protocolo sigue diciendo que se tendrán por pertenecientes a la República Argentina a perpetuidad, como de propiedad y dominio absoluto, todas las tierras y aguas -a saber, lagos, lagunas, ríos y partes de ríos, arroyos, vertientes-, que se hallen al oriente de la línea de las más elevadas cumbres de la cordillera de los Andes que dividen aguas. Y se establece que serán de propiedad y dominio absoluto de Chile todas las tierras y aguas -a saber, lagos, lagunas, ríos y partes de ríos, vertientes- que se hallen al occidente de la línea de las más elevadas cumbres de la cordillera de los Andes que dividen aguas (artículo 1° del Protocolo Adicional de 1893).

Por su parte el artículo 2° establece: "La soberanía de cada Estado sobre el litoral respectivo es absoluta ..." -el litoral y los fiordos, palabra que ahora aparece en el nuevo proyecto- "... de tal suerte que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico, como la Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacífico.

¿Por qué ahora entonces el Congreso quiere incorporar nuevos elementos que cambian la claridad de todo esto? "Para la Argentina todas las aguas que caen hacia el Atlántico, para Chile -por el principio oceánico- todas las aguas que van al Pacífico." ¿Por qué se habla ahora de los fiordos? Se trata de la pretensión chilena que lamentablemente el Congreso de la Nación hoy está aceptando.

En 1898, hace exactamente cien años, se confeccionaron las actas de las conferencias celebradas por los peritos Moreno y Diego Barros Arana, argentino y chileno respectivamente. Fijan posiciones sobre la línea general de frontera y altas cumbres divisorias de aguas. En esas actas se solicita laudar al rey Eduardo VII, conforme lo resuelto en 1896. El acuerdo establece que las divergencias sobre límites de frontera, conforme al Tratado de 1881 y al Protocolo de 1893, se someterán al fallo de Su Majestad Británica.

Esta certeza jurídica se sigue manteniendo de manera coherente, ya que en 1902 el laudo arbitral de Su Majestad Británica, el rey Eduardo VII, expresa en su artículo 3°: "Desde el monte Fitz Roy hasta el monte Stokes la línea de frontera ya ha sido determinada." O sea que forzosamente se incluyen los hielos continentales patagónicos.

¿Qué sentido tiene entonces cuestionar nuestros derechos soberanos, si ese límite inconmovible ya estaba fijado desde 1902?

En 1941 se suscribe el protocolo sobre reposición y colocación de hitos en la frontera chileno-argentina. Como consecuencia de ello se integra una comisión mixta entre técnicos argentinos y chilenos para que proceda a efectuar los trámites de demarcación: colocar los hitos, porque los límites con claridad ya habían sido fijados.

En 1972, por ley de la Nación 19.865, este Congreso ratifica lo dispuesto por la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, que fuera suscripta por la Argentina y Chile el 23 de mayo de 1969. Esta convención establece el marco general de lo que significan los tratados. Además, la ley 19.865, en su artículo 26, dice lo siguiente: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe." ¡La Argentina siempre cumplió de buena fe e hizo honor a los tratados firmados con naciones extranjeras!

Esos tratados deben cumplirse de buena fe e interpretarse de la misma manera, conforme el sentido corriente que haya de atribuirse a sus términos y teniendo en cuenta su objetivo y fin. Pacta sum servanda y principio de buena fe.

¿Qué más claridad para abordar el tema de los hielos continentales? Sin embargo, esta claridad comienza a enturbiarse y aparece la nebulosa del tratado Menem-Aylwin de 1991, dando la espalda a lo que ellos, un año antes, habían dado como instrucción a la comisión mixta de límites, al pedirle que procediera a la demarcación correspondiente. Pero no sabemos por qué un 2 de agosto de 1991 -fecha nefasta que será registrada por la historia argentina y por las futuras generaciones- aparece la poligonal de la vergüenza, la poligonal inadmisible, como dijo el ex presidente de la República, doctor Raúl Alfonsín, a quien todos reconocen por su idoneidad.

Esa poligonal inadmisible entregaba 1.057 kilómetros cuadrados de nuestros hielos continentales, corriendo el límite e ingresando a la Argentina. Así se generaba una entrega a perpetuidad, que no se basaba en las altas cumbres divisorias de aguas, ya que el límite se introducía en el territorio argentino, produciendo una división en los hielos continentales, que representan la reserva de agua potable más importante del planeta.

Cabe recordar que Chile tiene el dominio del 85 por ciento de los hielos continentales, mientras que sólo el 15 por ciento corresponde a la Argentina. En virtud de la poligonal de la vergüenza, justamente se pretendía entregar la mitad de dicho 15 por ciento, dejando a Chile el 92 por ciento y sólo el 8 a la Argentina.

Esta poligonal de la vergüenza, surgida de un acuerdo firmado en 1991 y justificada con argumentos inadmisibles, fue confirmada el 10 de diciembre de 1996 por un protocolo adicional al acuerdo, para precisar el límite en la zona comprendida entre el cerro Fitz Roy y el cerro Daudet. Se trataba de aclarar los alcances del acuerdo Menem-Aylwin y, en realidad, aclaraba lo que ya era turbio y oscuro, porque lo único claro eran el tratado de 1881 y sus posteriores acuerdos de límites.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia solicita a la señora diputada que redondee su exposición.

Sra. AVELIN.- Solicito una prórroga de cinco minutos.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- El término de que dispone la señora diputada es improrrogable. Por eso la Presidencia le solicita que redondee.

Sra. AVELIN.- Cuando alcanzamos este Tratado de Menem-Aylwin, después de haber querido justificar lo injustificable, el canciller de Chile dijo al pueblo argentino que se acudía a la poligonal porque resultaba muy difícil la demarcación en la zona. Ello es mentira, como aquí ha sido confirmado: las altas cumbres emergen de los hielos y resulta posible realizar la demarcación.

Se nos habló de la soberanía compartida y de que los hielos constituían piccola cosa, como si nosotros fuésemos italianos. Es decir que se nos dijo en ese idioma -lo señalo con mucho respeto hacia nuestros orígenes itálicos- que eran poca cosa y que la poligonal surgía de una razón política; se trataba de un acuerdo transaccional.

¿Qué se transó? ¿Cuál es la cuestión política que existía en ese momento? ¿Acaso se olvida el gobierno de que la únicas razones que deben tenerse en cuenta son las jurídicas, las geográficas y las históricas, a fin de respetar lo que es nuestro y lo que nunca debe dejar de serlo?

También se habló de la integración y de la necesidad de concretarla con Chile. ¿Acaso nuestro país vecino necesita que le entreguemos los hielos para hacer inversiones, como las que ya se han concretado? La integración la ha definido Chile en función de la rentabilidad de los negocios que ha efectuado en la Argentina, donde ha invertido seis mil millones de dólares en áreas estratégicas de nuestro país, como la energética.

Eso no lo ha decidido Chile a cambio de que le hayamos cedido todo lo que significan nuestros hielos continentales. Es inadmisible...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia recuerda a la señora diputada que ya le ha señalado que debe redondear su exposición. No quisiera tener la descortesía de quitarle el uso de la palabra.

Sra. AVELIN.- Vale la pena que se pueda escuchar al menos esta voz, que constituye una de las pocas opiniones opositoras.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Hay otras voces para escuchar, y la Presidencia debe respetar el reglamento.

Sra. AVELIN.- Le solicito paciencia, señor presidente. Me falta muy poco para llegar al final, y pido mucho respeto, como el que estoy teniendo yo.

Se nos habló de la minería y en ese sentido se advirtió que era necesario aprobar el tratado sobre Hielos Continentales porque de lo contrario no se firmaría el tratado minero. Esta fue una clara extorsión del gobierno chileno, aceptada por nuestro Canciller, aunque días atrás eñaló ante los señores diputados que era razonable aceptar lo relativo a los hielos para evitar un problema pendiente entre Argentina y Chile; ello significa la clara aceptación de la extorsión a la que nos somete Chile en relación con el tema minero.

Asimismo el señor Canciller nos ha dicho, después de siete años de mentiras al pueblo argentino, que la poligonal fue un error. ¡Vaya error, señor presidente!

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia solicita a la señora diputada que concluya con su exposición porque, de lo contrario, se verá obligada a llamarle la atención.

Sra. AVELIN.- ¿Quién es el responsable de este error? ¿Quién va a pagar las consecuencias de este nuevo error que ahora la Honorable Cámara está a punto de consumar aprobando esta nueva traza y este nuevo límite?

Voy a concluir con mi exposición porque veo que nadie quiere escuchar y la Presidencia me está impidiendo...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Es el reglamento el que se lo impide, señora diputada. La hemos escuchado con todo respeto, por lo tanto la Presidencia le solicita que respete el reglamento.

Sra. AVELIN.- ¿Qué propongo ante estos errores de la Cancillería? Corresponde aclarar que éstos han sido aprovechados por el expansionismo chileno; inclusive en un libro de geopolítica de la época de Pinochet se expresa que poseen un océano adelante, que es el Pacífico, pero que pretenden conquistar el otro océano, que está a sus espaldas. Ello significa que para conquistar el Atlántico tienen que hacerlo a través de la República Argentina. Esto no sólo lo dijo Pinochet sino que además los mapas del Chile moderno -y esto no es un invento de la oposición- con los que se enseña en las escuelas, es decir, aprobados por el Ministerio de Educación, abarcan desde Jujuy, todo Cuyo hasta la Patagonia.

Por supuesto, el objetivo de Chile es la Patagonia y lo logrará basándose en los errores de la Cancillería y en futuras equivocaciones como la que hoy va a cometer la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, propongo...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia advierte a la señora diputada que el artículo 150 del Reglamento fija que los plazos establecidos para hacer uso de la palabra tienen carácter improrrogable. Por lo tanto, solicita a la señora diputada que concluya su exposición y no obligue a esta Presidencia a violar el reglamento.

Sra. AVELIN.- Señor presidente: cuando hay tanto sentimiento resulta difícil expresar todo lo que uno quisiera en tan poco tiempo.

Propongo que la Honorable Cámara se ponga de pie, asuma la obligación establecida en el inciso 22, artículo 75, de la Constitución Nacional y rechace el tratado Menem-Aylwin y el tratado de diciembre de 1996. En segundo lugar, propongo que lo rechace en virtud de que el señor ministro Di Tella ha reconocido ante este cuerpo que no existe documentación probatoria del litigio; jamás hubo litigio, por ende la poligonal es un error -como el señor ministro lo ha reconocido-, y sólo ha sido inventada para entregar los Hielos Continentales. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia indica a la señora diputada que ha vencido el término del que disponía para hacer uso de la palabra.

Sra. AVELIN.- La historia lo juzgará...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Aténgase al reglamento, señora diputada.

Tiene la palabra la señora diputada Mondelo.

Sra. AVELIN.- Con micrófono o sin micrófono voy a seguir diciendo lo que pienso.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.

Sra. MONDELO.- Señor presidente: voy a ceder algunos minutos del tiempo del que dispongo para hacer uso de la palabra a fin de que la señora diputada por San Juan pueda concluir su exposición.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia ruega a la señora diputada Avelín que con el mismo respeto con que el cuerpo la ha escuchado durante la media hora que reglamentariamente le correspondía para hacer uso de la palabra trate a la señora diputada Mondelo, ya que de otro modo me veré obligado a llamarla al orden.

Sra. AVELIN.- Con o sin micrófono voy a seguir hablando, señor presidente.

Sra. MONDELO.- Señor presidente: reitero que voy a conceder a la señora diputada Avelín dos minutos del tiempo que se me ha asignado para hacer uso de la palabra.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- De conformidad por lo prescripto por el artículo 150 del reglamento, los plazos asignados para hacer uso de la palabra son improrrogables y esta Presidencia no va a violar esa disposición.

Así como el cuerpo ha escuchado con respeto la exposición de la señora diputada Avelín, del mismo modo debe proceder ella. Le ruego a la señora diputada Mondelo que continúe en el uso de la palabra.

Sra. AVELIN.- ¿Me permite una interrupción de un minuto, señora diputada?

Sra. MONDELO.- Le voy a conceder el minuto que solicita, señora diputada.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia hace notar a la señora diputada Mondelo que, como no está haciendo uso de la palabra en representación del bloque -en cuyo caso el tiempo asignado es de treinta minutos-, sólo dispone de diez minutos para hacer uso de la palabra.

Por lo tanto, el tiempo durante el cual exponga la señora diputada Avelín será descontado del suyo. Asimismo, la Presidencia ruega a la señora diputada Avelín que por respeto no ocupe la totalidad del tiempo que le ha sido asignado a la señora diputada Mondelo, a quien también hará cumplir el reglamento en este aspecto.

Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por San Juan.

Sra. AVELIN.- Le agradezco la interrupción, señora diputada, porque necesitaba decir que debía rectificarse la intolerancia que se ha manifestado al cierre de este debate.

Si hubiera anticipado mi voto favorable seguramente el corte de micrófono no se habría producido.

Para no emplear más del tiempo asignado a la señora diputada Mondelo, quiero concluir señalando que Emiliano Huerta, héroe de la patria, recorrió él solo, en 1952, los 300 kilómetros de hielos ida y vuelta. Avellaneda dijo que se iba a cortar las manos antes de entregar un pedazo de nuestro territorio cuando el canciller chileno le pidió la Patagonia. El perito Moreno decidió donar las hectáreas que le habían entregado en el Nahuel Huapí, y allá están enterrados sus restos.

Finalmente, quiero expresar que por respeto a todas las opiniones, pero fundamentalmente por respeto a aquello acerca de lo que estoy convencida que debo defender, voy a votar en contra de esta iniciativa, porque así voy a cumplir con la historia de estos héroes, con mi conciencia, y fundamentalmente con el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. La historia nos juzgará. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Santa Cruz.

Sra. MONDELO.- Señor presidente: hace uso de la palabra una diputada nacional santacruceña que habla en nombre de todos y cada uno de los que pueblan su tierra y de generaciones de santacruceños, las de sus padres y de sus abuelos.

Desde hace seis años muchos argentinos hemos estado esperando este día: que se retire del Congreso una poligonal que fijaba nuevos límites a la Nación, sin fundamentos históricos, jurídicos y geográficos.

Muchos ciudadanos de la Argentina no entendieron esta línea de puntos, y aun sin tener conocimientos teóricos sobre glaciares, intuyeron que esa no era una solución justa. La Cámara de Diputados supo interpretar este sentimiento del pueblo y entender que por ese dibujo no pasaba la integración y la complementación económica con la hermana República de Chile, como en algún momento argumentó nuestra cancillería.

En este sentido, el Parlamento ha funcionado como institución de la democracia, puesto que este no es un tema de políticas partidarias de un gobierno ni de una administración en particular sino de una Nación en su conjunto.

Siempre reclamamos para los Hielos Continentales participación, consenso y una política de Estado, como hoy se procura para las Islas Malvinas.

El consenso hoy alcanzado por las fuerzas políticas representadas en este Parlamento se encauza en carriles más racionales se evitó lo que podía haber sido un error histórico de nuestra diplomacia.

Claro que hubo discusiones con legisladores de otros bloques, y muy duras entre nosotros. Aquí quiero destacar la actitud de muchos compañeros diputados de distintos lugares del país, en especial los patagónicos y sin duda los de mi provincia, todos aquellos que a pesar de las tensas circunstancias han sostenido una posición política que no conoció resquebrajamientos.

Me queda la sensación de que con esta iniciativa avanzaremos, argentinos y chilenos, en la construcción de un presente y un futuro de hermandad, que ya vivimos los santacruceños.

Humildemente como una mujer militante de la política quiero decir que la integración latinoamericana no es un tema nuevo para los justicialistas. No es para nosotros una imposición de la modernidad o la globalización.

En el año 1953, el general Perón le proponía al Presidente de Chile, Carlos Ibáñez del Campo derribar las aduanas entre ambos países.

Decía el entonces presidente de los argentinos: "La unión de los pueblos no podrá realizarse sino bajo el signo de la libertad y la sobernía". Decía, además, que el año 2000 nos hallaría unidos o dominados.

Al general Perón, le podemos decir que hemos cumplido su mandato.

Para quien habla, como representante de Santa Cruz -que ha venido sosteniendo una firme posición- en consonancia con la opinión del gobierno y del pueblo de su provincia-, este nuevo dictamen que se encuentra a consideración de los señores legisladores tiene hoy un abordaje distinto y uno de los rasgos que lo define es el consenso.

Acompañamos el texto con algunas modificaciones acordadas porque nos parece que cubre las expectativas de nuestro pueblo de una manera aceptable, sin dejar por ello de animarnos una expectante prudencia en los tiempos por venir.

Mañana volveremos a nuestra provincia a decir con orgullo que hemos cumplido con parte de nuestro mandanto. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. ACEVEDO.- Señor presidente: a esta altura del debate cuesta expresar conceptos y situaciones, relatar eventos y fijar posiciones sostenidas por diputados preopinantes, tanto aquellos que se han expresado favorablemente al dictamen en debate como la colega que tenía otro entendimiento acerca de los alcances y el contenido de este acto legislativo.

De todas maneras, no conviene olvidarse de que ambos países han construido un sistema jurídico que si bien tiene como fundamento la naturaleza, data de 1881 y ha seguido avanzando con el devenir de los tiempos. Se trata de un sistema jurídico que ha permitido decir cuál es el límite, establecer cómo se demarca y a partir de 1984 ha fijado la manera de resolver los conflictos de interpretación que se suscitan entre ambos países.

En otras palabras, más allá de cualquier referencia a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, entre Argentina y Chile existe un sistema jurídico que se basta a sí mismo para resolver cualquier cuestión que pueda suscitarse.

No es mi intención ahondar en el Tratado de 1881, en el de 1893 o en el Laudo de 1994. Tampoco quiero volver a insistir sobre cuáles fueron las razones últimas que llevaron a las cancillerías y a los presidentes -especialmente al nuestro- a firmar aquel tratado de agosto de 1991. Alguien dijo aquí que la globalización fue un poco lo que informó estos acuerdos en favor de una integración entre ambos países, lo cual para nosotros no es un concepto novedoso.

Aquí se ha hecho referencia a héroes, pero yo creo que nuestros héroes son los ciudadanos de carne y hueso que viven en la periferia de la Argentina, que no pueden conjugar el verbo integrar, porque la integración es de los capitales y de las empresas, pero no de nuestros paisanos que viven allende las fronteras y a quienes todos los días les cuesta relacionarse con los hermanos que están del otro lado.

Estas son las cuestiones que no se han abordado y que nos interesaría que a partir de estos precedentes se comenzaron a solucionar.

Insisto en que para nosotros está perfectamente resuelta la cuestión de los límites porque existe un sistema jurídico y hacemos hincapié en la integración de los pueblos, porque no es sólo de las empresas que encaran negocios. Esto es algo que no podemos soslayar y que debemos dejar perfectamente aclarado en cuanto a nuestra posición.

También queremos rescatar que la poligonal no fue aprobada, gracias al valor que en 1992 pusieron de manifiesto algunos de nuestros legisladores de la Patagonia austral. Así como han sido mencionados el señor diputado Corchuelo Blasco y la señora diputada Camaño, no quiero olvidarme del ex diputado Patricio Toto, quien siendo secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto no dio su voto, con el objeto de que no obtuviera mayoría el dictamen por el que se aprobaba el trazado de la poligonal.

Sr. ACEVEDO.- En definitiva, nos parece importante que se retiren los proyectos de ley por los que se establece el trazado de la poligonal, y la contribución del Congreso a la Cancillería, que ha tenido una actuación poco destacada o muy equivocada respecto del sistema jurídico construido entre ambos países para establecer los límites y resolver los conflictos limítrofes.

Queremos hacer conocer a los hombres y mujeres de nuestra Argentina que estaremos satisfechos el día en que este Congreso vuelva a tratar un acuerdo que se celebre entre los presidentes de ambos países, que en definitiva ponga esta cuestión en su justo término. Que a la Argentina y a Chile les toque lo que les corresponde. Nunca hemos tratado de quedarnos con un metro de la hermana República de Chile y tampoco estamos dispuestos a ceder un solo centímetro de lo que realmente nos corresponde. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (DUMON).- Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. GONZALEZ CABAÑAS.- Señor presidente: en el proyecto de declaración contenido en el Orden del Día N° 611 leemos lo siguiente: "Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo retire los proyectos de ley que ha presentado oportunamente, mediante los cuales se aprueban el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile para Precisar el Límite en la zona comprendida entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet, firmado en Buenos Aires el 2 de agosto de 1991..."

No me parece que esa sea una actitud coherente ni un tratamiento serio de esta cuestión tan importante. En ese sentido, haciendo una interpretación personal, considero que el Poder Ejecutivo tiene facultades para retirar esos proyectos, y la Cámara de Diputados no tiene por qué solicitarlo.

En el dictamen contenido en el Orden del Día N° 1.004 se sugiere que el nuevo acuerdo se realice sobre la base de los antecedentes anteriores a 1991. En consecuencia, implícitamente la Cámara de Diputados está dando a conocer la posición que tienen en esta materia. De otra forma no subsanaríamos un error de la Cancillería sino que estaríamos sobreabundando. En razón de que este pedido no puede ser formulado mediante un proyecto de resolución, deberíamos omitir la solicitud del retiro de los proyectos y sólo dejar implícita la posición de la Cámara en el sentido de que el acuerdo se realice sobre la base de los antecedentes previos a 1991.

Sr. PRESIDENTE (DUMON).- Tiene la palabra el señor diputado por el Chubut.

Sr. CORCHUELO BLASCO.- Señor presidente: desde ya adelanto que solicitaré la prórroga del término de diez minutos que me corresponde para hacer uso de la palabra. Muchos años he trabajado en torno de este tema como para tener que constreñirme sólo a aquel término.

Realmente hace mucho tiempo que espero este momento. Con este día soñé hace varios años; éste es un buen día.

En 1990, apenas ingresado a está Cámara, ya comenzaba a hacer realidad algo que había sido objeto de mi vida política de joven: trabajar por la integración americana, y lo hice, en la Patagonia y en Chubut.

Tuve oportunidad de integrar la Comisión Parlamentaria Argentino-Chilena luego de que el 2 de agosto de 1990 viajara con el señor presidente Menem a Chile para dar origen al primer acuerdo inicial de complementación económica entre los dos países. Soñábamos con cumplir el deseo de nuestros padres fundadores y el de los líderes americanos como San Martín y Bolívar, y para ello debíamos tener elementos de acceso y acción prácticos; el señor presidente de la Nación lo estaba haciendo.

Un legislador mendocino señaló que los peronistas

quieren que el presidente Menem pase a la historia como el general Roca; sí, ese es nuestro anhelo. Pero a Roca no se lo identificó por el partido político al que correspondía. También queremos que Alfonsín y Menem pasen a la historia. Alfonsín por haber encarado junto al ex presidente Sarney el inicio del Mercosur al integrar ambos países -Argentina y Brasil- buscando la complementación económica. Luego Menem selló este acuerdo en el acto de 1991 que dio origen al Mercosur.

Queremos que el presidente de esta época selle con debida solidez este punto todavía no resuelto de la demarcación entre Argentina y Chile, porque esto se relaciona con el hecho de avanzar en el perfeccionamiento de los marcos de integración que hemos definido como positivos.

La integración es un camino que define aspectos de los países para trascender como tales, y marca cuestiones vinculadas con la confluencia, la síntesis, la finalización de dichos principios que tanto argentinos como chilenos estamos estableciendo desde hace añares. Me refiero al contacto, al conocimiento, a la confianza, al comercio, a la complementación y a la cooperación. Si esto confluye en un marco de integración, vale la pena hacer el esfuerzo. Así, con la integración plena de Perú, Bolivia, Chile y el resto de los países de América al Mercosur, algún día podremos decir que esta es la fortaleza americana, como lo es la fortaleza europea: nosotros nos hemos inspirado en ésta. A su vez, Alfonsín y Menem han buscado los marcos de integración entre los países de América.

Cuando uno analiza estos temas y trata de buscar la paz perpetua como uno de los objetivos primeros y finales de la integración, está reconociendo que llevamos más de una centuria con el hermano país de Chile buscando encontrar solución a uno de los problemas de una de las fronteras más largas del mundo. Lo que queremos hacer es soldar esta paz perpetua, y ello será posible en la medida en que argentinos y chilenos hagamos lo que tenemos que hacer en este tiempo.

Llegará el día en que nos demos cuenta claramente de que la Unión Europea a través de la integración ha definido un nuevo marco de realidad entre la Nación y el Estado; definió universalismo para integrar países y particularismos para decir al resto del mundo que sigue pensando que hay fronteras territoriales. Son universales al decir "aquí estamos los europeos", pero son particulares cuando sostienen que van a subsidiar agrícolamente para no lesionar a los seres humanos o controlar la libre circulación de trabajadores a fin de no afectar los intereses de los Estados europeos. Y eso es lo que queremos hacer aquí: lograr una América latina lo más integrada posible.

Por esa causa aquellos que tenían un pensamiento por el modo de sellar la dificultad que existía entre el monte Fitz Roy y el Cerro Daudet, lo propusieron, y aquellos que decidíamos y pensábamos que ese no era el modo hicimos lo que debíamos hacer.

Como dijeron los señores diputados Flores y Acevedo, en aquella época algunos hicimos desde este lado del pensamiento lo que debíamos hacer, y quedó un diputado del peronismo en el tintero. Se mencionó a quien habla, de Chubut; a la señora diputada Camaño, por la provincia de Buenos Aires; y al señor diputado Toto, de Santa Cruz; pero se olvidaron de Humberto Romero, por la provincia de Corrientes. Eramos cuatro diputados del bloque Justicialista pertenecientes a las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa que en el marco de la libertad y de la democracia hicimos efectiva la existencia del disenso en nuestro bloques y en nuestros partidos para definir con firmeza y sin dobleces que no era correcta la fijación de la línea poligonal. Pero esto también lo hicieron otros señores diputados: por ejemplo, Flores, que ahora no se encuentra en el recinto, quien pertenecía al bloque Justicialista aunque no era miembro de las mencionadas comisiones: no obstante ello, fue un actor principal en las audiencias públicas llevadas a cabo por las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa en pro de aclarar a la Argentina lo que queríamos explicitar en esta discusión pacífica pero repleta de pasión y de responsabilidad.

Debido a la gran cantidad de cosas que quiero expresar, solicito la inserción del resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.

Podría nombrar, uno por uno, a todos los legisladores de otros bloques que trabajaron en este tema con solidez. En primer lugar quiero citar al señor diputado Juan Carlos Olima. No olvido una oportunidad en que se avecinaba un debate duro y hablamos con él cuando estaba en la Cancillería. Nos expuso lo que debía hacer por mandato de sus superiores y nosotros, con esa relación que nos une con el amigo Olima, le comentamos que pensábamos que los argentinos nos estábamos equivocando.

Otro caso que recuerdo es cuando con la señora diputada Camaño nos apersonamos al despacho del entonces señor diputado Carlos Ruckauf, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y hoy vicepresidente de la Nación, y le planteamos la necesidad de que la comisión se abriera a la opinión de las instituciones y de todos aquellos que tuvieran algo que decir sobre el particular. Ante esta inquietud, el doctor Ruckauf no hesitó y entonces dio comienzo a una ronda de conversaciones que fue enriquecedora no solamente para nosotros, los legisladores, y nuestros asesores sino también para toda la Argentina. Allí se destacó también el señor diputado Di Tulio. ¿Acaso alguien ha olvidado todo lo que trabajó el señor diputado Di Tulio desde el radicalismo? ¿Alguien puede dejar de remarcar el esfuerzo sostenido y apasionado de la señora diputada Sureda, de Santa Cruz, o de los señores diputados Guillermo Estévez Boero y Dante Caputo?

No es posible olvidar la cantidad de voces provenientes de mi bloque que me decían: "Sigan adelante..."

Sr. CORCHUELO BLASCO.- Señor presidente: lamento que cada vez que pretendo exponer aparezca algún señor diputado solicitándome una interrupción. No la voy conceder porque dispongo de poco tiempo.

Asimismo lamento que no haya más diputados en el recinto, como sí ocurre cuando tratamos temas de juicios políticos, materia tan querida por el señor presidente, o cuestiones de economía, que aprecian varios señores diputados, a quienes siempre les otorgan una extensión del tiempo de que disponen para hacer uso de la palabra. Lamento que no estén presentes más señores diputados para que puedan votar una extensión de sólo diez minutos sobre el tiempo del que dispongo.

Sr. PRESIDENTE (DUMON).- La Presidencia lo lamenta mucho más que el señor diputado, pero le aclara que está para hacer cumplir el reglamento. Todos los señores diputados disponen del mismo tiempo, y si bien la Presidencia podría otorgarle algunos minutos más, nunca serán diez, porque hay muchos señores diputados anotados para hablar. En ese sentido el señor diputado por Chubut debe comprender que todos tienen el mismo derecho.

Sr. CORCHUELO BLASCO.- Agradezco su sugerencia, señor presidente, pero le recuerdo que junto con usted y muchos otros señores diputados soy de aquellos que se quedan hasta la madrugada, hasta que las velas no arden.

Lamentablemente, la presencia de una buena cantidad de señores diputados hasta que las velas no arden suele darse cuando tratamos de política o economía. Sin embargo, hay dos cuestiones respecto de las cuales quisiera observar una concurrencia mayoritaria: las sociales y el tema que estamos considerando en este momento.

Señor presidente: le aclaro que si no me permite seguir haciendo uso de la palabra voy a formular una moción para que la Cámara apruebe una extensión del tiempo de que dispongo para exponer, lo que obligará a los señores diputados a concurrir al recinto para votarla.

Sr. PRESIDENTE (DUMON).- No haga eso, señor diputado. No amenace y aproveche el tiempo como los demás.

Sr. CORCHUELO BLASCO.- No soy de amenazar ...

Sr. CORCHUELO BLASCO.- Estoy hablando en un tono prudente y les pido que tengan templanza porque sólo me faltan comentar dos o tres cosas.

En primer término, quiero reivindicar la figura del actual señor diputado Olima. Las pasiones, las expresiones y los vocablos para calificar a las personas merecen mi mayor respeto, pero siempre busco rescatar a la persona y la figura.

Recién expresé cuál es el modo en que a mi entender debió cumplir una misión encomendada por autoridades superiores el actual señor diputado Olima, quien anteriormente se desempeñó como vicecanciller. Pero también quiero decir que en forma previa al 2 de agosto de 1991 nos reunimos en varias oportunidades -por supuesto que también lo hicimos posteriormente- con el doctor Olima, y siempre observé en él disposición para debatir y exponer los elementos que habían dado origen a la definición de la línea poligonal. Además, en 1992 fue interlocutor de la comisión en las audiencias públicas en forma permanente, lo que habla de su valor como funcionario, de su seriedad como persona y de su responsabilidad como argentino.

También quiero destacar la figura del canciller Di Tella. Aunque a algunos quizás no les guste, me satisface profundamente que el señor ministro haya reconocido hace pocos días -no en una reunión privada, sino ante los medios de comunicación- que el acuerdo y la presentación efectuada al señor presidente de la Nación fue un error. Aclaro que en mi vida política he tenido sólo tres mentores, de los cuales sólo queda uno, que es mi padre. Precisamente a él le pregunté lo siguiente: "¿Vos te acordás, viejo, de algún ministro que haya tenido la valentía de expresar que se equivocó en un tema de esta envergadura?" Me contestó: "La verdad, no me acuerdo de muchos".

Todo esto hay que valorarlo, aunque algunos lo minimicen.

¡Ya está¡ Ha terminado un capítulo. Esta Cámara demostró seriedad: los que creían en una parte del tema y los que creíamos en otra.

Por eso al principio decía que hoy es un buen día; es el día de los que sostenemos que siempre hay una nueva oportunidad y que nunca hay que abandonar.

También en 1992 o 1993 presenté un proyecto de ley. Conversé varias veces con el gobernador Néstor Kirchner, de Santa Cruz, sobre su contenido, y él me dijo: ¡qué buena idea!

Sr. CORCHUELO BLASCO.- Pretendíamos que se respetaran todos los acuerdos y que en base a ello se trabajara para demarcar los límites en función de las altas cumbres que dividían las aguas.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia ruega al señor diputado que redondee su exposición pues se ha excedido del tiempo que le correspondía.

Sr. CORCHUELO BLASCO.- Ya concluyo, señor presidente.

Hay cosas que deben ser dichas públicamente, y lo voy a hacer para que mi testimonio quede reflejado en el Diario de Sesiones, a fin de que me juzgue la historia. Nunca he sufrido presión alguna de parte del señor presidente Menem para cambiar mi posición en aquellos tiempos.

Sin embargo, en este "correveidile" de rumores muchas cosas se han dicho. ¿Saben qué me dijo el presidente de la Nación? "Corchuelo: seguí estudiando y buscá la verdad, que vos como patagónico y argentino sé que la vas a encontrar." Es la primera vez que digo esto.

Otra cosa deben saber los argentinos: el 26 de junio de 1996 los patagónicos creamos en Santa Rosa, La Pampa, la región patagónica, cobijados por la nueva redacción de la Constitución de 1994. Todo esto no tuvo mucha difusión, pero los mandatarios de las seis provincias patagónicas firmaron un acta en la que expresaron que no coincidían con el acuerdo firmado el 2 de agosto de 1991. ¡Qué bueno!

Estoy convencido de que los que tienen ideas son fuertes, pero los que poseen ideales son invencibles. Llegar a esta día constituía para nosotros un ideal.

Todos los legisladores justicialistas y patagónicos fuimos invitados a un almuerzo con el embajador chileno Rodríguez Guarachi, quien tenía por objetivo que ratificáramos el acuerdo suscrito en 1991. La reunión fue seria y apasionada. Pero feneció cuando le pregunté al embajador qué es lo que privilegian las naciones en sus relaciones interestatales. "¿No privilegian los intereses de los Estados?" Me contestó: privilegian los intereses de los Estados.

Nosotros estamos privilegiando el interés del Estado argentino en lo referente a su territorio, buscando la verdad para que nos fortalezca en un marco de integración.

Yo agradezco a todos los argentinos que nos acompañaron en nuestra posición, a los señores diputados, al pueblo de mi provincia...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Una vez más la Presidencia le solicita al señor diputado que redondee su exposición.

Sr. CORCHUELO BLASCO.- Terminaré en dos minutos, señor presidente.

Ya aludí a la Patagonia, al pueblo de Chubut y a Rada Tilly y a mi ciudad, Comodoro Rivadavia.

¿Conocen a quiénes más puedo nombrar? Yo no me sentía muy acompañado. Me encontraba medio solo en algunas circunstancias. Sin embargo, en 1995, cuando ingresaron los señores diputados Mario Das Neves y Elsa Melogno, el ciento por ciento del peronismo de Chubut en esta Cámara también le dijo que no a la línea poligonal.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia se verá obligada a quitarle el uso de la palabra, señor diputado. Se le solicita que finalice su exposición para no dar lugar a un momento desagradable.

Sr. CORCHUELO BLASCO.- Finalizo haciendo referencia a dos aspectos que quiero dejar aclarados.

Voy a apoyar los dos proyectos de declaración a los que estamos haciendo referencia, pero quiero señalar que mantengo prevenciones con respecto al acuerdo de demarcación que realice nuestra Cancillería. En este sentido ello me fortalece para mencionar que queremos seguir de cerca lo que se efectúe en esta materia. Por ello señalo que la propuesta de acuerdo entre la Argentina y Chile debe ser considerada por este Congreso de la Nación.

En segundo lugar, propongo la siguiente redacción para el inciso c) del proyecto de declaración contenido en el Orden del Día N° 1.004: "La aplicación estricta, indubitable y perenne del principio por el cual la República Argentina no pretende punto alguno de acceso al Océano Pacífico y la República de Chile no pretende punto alguno de acceso al Océano Atlántico."

Finalmente, agradezco a mis amigos y a mi familia el apoyo que me han brindado en momentos tan difíciles. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Antes de continuar con el tratamiento de la cuestión, la Presidencia insiste en anunciar la ingrata tarea que le asiste para que se cumplan los plazos que establece el reglamento, ya que es la única forma para que el debate se desarrolle ordenadamente.

No corresponde que se diga que la Presidencia ha censurado a un diputado cuando utilizó cuarenta minutos para su exposición. A su vez, el señor diputado Corchuelo Blasco insumió diez minutos más de los que le correspondían. Esto no resulta correcto, máxime cuando los bloques han acordado un horario de votación. Por ello la Presidencia solicita a los señores diputados que se ajusten al reglamento a fin de poder avanzar con el desarrollo de la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. DOMINGUEZ.- Señor presidente: esta noche están en consideración dos temas. El primero es la exhortación al Poder Ejecutivo nacional para que retire el tratado Menem-Aylwin de 1991, incluida la línea poligonal.

Por otra parte, existe una exhortación para que nuestro país inicie negociaciones con la República de Chile, fijando pautas que deben ser respetadas en el tratamiento del tema de límites.

En materia de relaciones internacionales, las palabras tienen un valor muy grande. Estoy seguro de que no sólo lo que resulte aprobado esta noche, sino también nuestras propias intervenciones, van a ser tenidas en cuenta si se alcanza el momento de una negociación detallada con la República de Chile.

Considero que no es función del Congreso de la Nación indicar al Poder Ejecutivo cuáles son los criterios que debe seguir en la negociación final. Por el contrario, la función del Parlamento es aprobar o no el tratado que finalmente se eleve.

En caso de que el Poder Ejecutivo retire el actual proyecto de ley, y lo propio haga el gobierno chileno en su Congreso, la situación se retrotraerá a la que imperaba antes de la firma de estos acuerdos.

Creo en la vía política para la solución de los diferendos. Por ello reivindico el papel de todos los que en su momento propusieron la vía política para la solución de este problema y, a pesar de que haya resultado desacertada, la reivindico como método.

Por lo expuesto, adelanto que he de votar a favor de que el cuerpo exhorte al Poder Ejecutivo a retirar el proyecto de ley que ratifica el tratado Menem-Aylwin, pero no voy a avanzar más allá, porque entiendo que es el Poder Ejecutivo el que por intermedio de la Cancillería debe redactar el documento final, libre de términos equivocados que inadvertidamente podríamos verter esta noche.

Reitero que voy a votar por el dictamen de comisión contenido en el Orden del Día N° 611. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.

Sra. DRISALDI.- Señor presidente: después de siete largos años la Honorable Cámara va a dar el trascendente paso de aprobar el proyecto de declaración contenido en el Orden del Día N° 611, por el que se invita al Poder Ejecutivo a retirar los proyectos de ley por los que se aprueban los acuerdos con Chile. Ello significa retirar la propuesta de línea divisoria conformada por la poligonal, paso que a mi entender debería haber dado mucho tiempo antes, con lo cual nos hubiese ahorrado sinsabores varios y angustias y preocupaciones extremas.

La situación que generó nuestra Cancillería ha permitido el reencuentro de los argentinos, que mayoritariamente y desde todo el país nos hemos opuesto a que se cediera territorio que nunca fue oficialmente reclamado por la hermana República de Chile, ya que el reparo puesto de manifiesto por este país en ocasión de la declaración como patrimonio de la humanidad del Parque Nacional Los Glaciares de ninguna manera puede ser considerado un reclamo territorial. Por lo mismo, tampoco fue tenido en cuenta ni mencionado en la declaración conjunta de Santiago celebrada el 29 de agosto de 1990 entre los presidentes Patricio Aylwin y Carlos Menem.

No he de hacer referencia a otros documentos históricos, pero está claro que el reclamo no se oficializó nunca, por lo cual no tendría que haberse firmado el acuerdo Menem-Aylwin del 2 de agosto de 1991.

Nadie duda que es necesario mantener buenas relaciones con Chile a fin de permitir la cooperación e integración que beneficie a nuestros respectivos pueblos; inclusive hoy se ha hecho referencia a que la firma del tratado minero está obstaculizada por la no resolución de la demarcación en la zona de los Hielos Continentales. Esto es falso; de ninguna manera puede relacionarse al tratado minero con el tratado de Hielos Continentales, ya que el primero deja expresamente afuera la zona de los Hielos Continentales así como la del estrecho de Magallanes y la isla de Tierra del Fuego.

En Santa Cruz tenemos una historia común con la Patagonia chilena; compartimos la gesta poblacional, las vicisitudes históricas, el aislamiento, la lejanía geográfica, el riguroso clima e innumerables factores que han modelado un estilo de vida y un ideario que nos identifica a los patagónicos chilenos y argentinos.

Por eso expreso a la Honorable Cámara que la oposición que ejercimos respecto del tratado Menem-Aylwin no se basa en una animadversión hacia Chile, ni en el deseo de despojarlos de su propiedad cometiendo una injusticia. Muy por el contrario, los santacruceños creemos desde siempre que las relaciones entre ambos países se deben apoyar en inconmovibles principios de equidad, respetando los sabios contenidos del tratado de 1881. Sólo así, con equidad y justicia, se consolidarán los lazos entre ambos pueblos.

Considero que el retiro del tratado Menem-Aylwin es un muy firme paso hacia adelante en el camino de la integración.

Por otra parte, se solicita que el Poder Ejecutivo nacional proceda a aplicar los tratados y protocolos vigentes a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, demarcando el sector fronterizo que nos ocupa. Es lo que he sostenido y solicitado desde 1996 mediante mi proyecto de resolución contenido en el expediente 1.611-D.-96 y reiterado en el presente año; ignoro el motivo por el cual no fue considerado por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Cada uno de los señores legisladores puede advertir las coincidencias básicas del proyecto de mi autoría de 1996 con el dictaminado en el Orden del Día N° 1.004. Pero, como bien dije, son coincidencias básicas, no totales.

Podría especificar algunas cuestiones pormenorizadas que, más que aclarar el contenido y el espíritu del Tratado de 1881, del Protocolo Adicional de 1893 y de las Actas de 1898, tienden a confundir y nos hacen aparecer como renunciando a un espíritu expansionista que en realidad nuestro país nunca sustentó.

Como ejemplo, basta comparar el territorio del Virreinato del Río de la Plata, el territorio de las Provincias Unidas que suscribieron la independencia en 1816, con el actual territorio de nuestro país.

Por lo expuesto, quiero dejar constancia de los reparos que mereció en su momento el dictamen de mayoría, que si bien fue mejorado en virtud de las modificaciones que se leyeron por Secretaría, todavía contiene algunos puntos que no nos conforman.

Esta reunión de la Honorable Cámara trascenderá en el tiempo de una manera que ahora no avizoramos ni valoramos en su importancia futura, pero cumplir con la voluntad del pueblo al que representamos nos debe llenar de satisfacción.

Lamento que esta alegría se vea empañada por las consideraciones que manifesté precedentemente y que generan un cúmulo de dudas e inquietudes respecto del cumplimiento estricto de los tratados, protocolos y actas vigentes.

Por otro lado, aparecen en la prensa chilena y argentina explicaciones, noticias y declaraciones de diverso calibre que nos hacen sospechar un acuerdo hasta ahora desconocido por nosotros y que dejan traslucir la voluntad de compensar al hermano país por algo que nunca reclamó oficialmente y que en 1991 fue graciosamente ofrecido por nuestra Cancillería.

Por eso debe saber nuestra Cancillería que permaneceremos muy atentos, en estado de alerta y vigilancia, para que no se tergiverse nuestra voluntad. No es que sea desconfiada, pero la experiencia de los últimos siete años me indica que todos somos buenos, pero somos mucho mejores si nos están mirando.

Así como nos opusimos a la poligonal, nos vamos a oponer con todas nuestras fuerzas al próximo acuerdo con el hermano país si se aleja de los principios que contienen los tratados, protocolos y actas vigentes.

Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto debe ser consciente de esta responsabilidad. Digo esto porque en 1991 no estuvo presente -así lo refleja el acuerdo Menem-Aylwin- el respeto por la provincia de Santa Cruz, sus instituciones y sus habitantes.

Aunque las provincias han delegado las relaciones exteriores en el Poder Ejecutivo nacional por imperio de la Constitución, deben ser respetadas en su integridad territorial, tal como la misma Constitución lo establece.

Esta vez el Poder Ejecutivo nacional debe informar oficialmente al gobierno de mi provincia antes de asumir compromisos con Chile que nos puedan afectar territorialmente.

Como santacruceña he sostenido la actual posición con razón y pasión, usando el arma que tenemos los legisladores: las palabras. Si alguna vez, a lo largo de este tiempo, alguien se sintió ofendido por mis palabras, quiero decirle que no fue mi intención ofender; mi intención siempre fue buscar la razón y la justicia. Si a veces subí el tono de la discusión ha sido porque desde la periferia nos cuesta un poco más hacernos oír.

¡Si sabremos los santacruceños lo que significó oponernos a la aprobación del tratado Menem-Aylwin! ¡Si sabremos lo que significó la defensa de nuestro territorio! No lo defendimos sólo con palabras; lo defendimos sufriendo el castigo al que se nos sometió.

Quiero recordar también a los que nos ayudaron, a los que de entrada mantuvieron una firme posición sobre este tema y a los que se fueron sumando. Entre ellos, al diputado Migliozzi, entonces vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, quien firmó un dictamen de minoría que reflejaba su disidencia total con el dictamen de mayoría de 1996, y a la diputada Mabel Rodríguez.

Ambos legisladores sobrevolaron conmigo la zona del Glaciar Viedma y del cordón Perito Moreno con el afán de informarse y confirmar lo que decían los especialistas.

Tendré para siempre una deuda de gratitud con todas aquellas personas e instituciones que, consecuentes con la defensa de nuestro país y en coincidencia con las convicciones que nos alientan, las defendieron sin claudicar contribuyendo a esclarecer a la opinión pública.

Debo hacer también un reconocimiento expreso al coronel Emiliano Huerta y al ingeniero Mario Bertone por el conocimiento integral con que contamos hoy en día sobre los hielos continentales.

Vaya también un reconocimiento a una institución que nació a raíz de este tema: la Comisión Argentina de Defensa del Hielo Continental Patagónico, por sus investigaciones, por sus acciones, por el abnegado interés con que siempre me asesoraron y por su constante presencia, que me permitió sobrellevar con esperanza los sombríos días de diciembre de 1996, convirtiéndose, como dice el tango, en un "puñado de amigos que alientan mis horas".

¿Por qué recordé ese tango precisamente? Nada es casual, todo es causal. Lo recordé porque los santacruceños nos hemos sentido muchas veces "con la ñata contra el vidrio y en un azul de frío" respecto de las decisiones que se toman desde el poder central.

A quien debo reconocer especialmente es al tenaz pueblo de mi provincia, que "aguantó" siempre los chubascos sin renunciar a la dignidad y a la justicia. Estoy orgullosa de representar a sus integrantes, porque soy una más de ellos y compartimos el amor al terruño, al solar natal, a la patria chica, al lugar donde están los huesos de mis antepasados y en el que con seguridad, algún día, la hierba echará raíces en esta efímera vestidura carnal que me contiene.

Reitero mi esperanza ante este honorable cuerpo, haciendo votos para que la integración con el hermano país acreciente y complete la integración de nuestras provincias y regiones y para que, en democracia y en igualdad, los pueblos del sur seamos los felices protagonistas del futuro que nos aguarda, en paz y libertad, apoyándonos en el histórico pasado que nos hermana. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Cada uno de los cuatro oradores que están anotados para hacer uso de la palabra dispone de media hora, ya sea por representar a un bloque o por ser informantes de dictámenes de minoría. De todas maneras, les recuerdo que hemos fijado una hora para votar y temo que si nos extendemos demasiado corramos el riesgo de quedarnos sin quórum.

"A la continuación de este debate: Reunión 38; punto 9" 

Sr. CAMAÑO.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: sé que se encuentra en la mesa de la Presidencia el proyecto enviado por el Honorable Senado sobre el tema de los bomberos voluntarios.

Adelanto que, una vez logrado el quórum, formularé moción de orden de apartamiento del reglamento para tratar dicha iniciativa, de manera tal que los bomberos voluntarios presentes en las galerías puedan retirarse.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La moción será puesta a consideración de los legisladores en el momento en que tengamos número para votar.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Continúa la consideración de los dictámenes relacionados con el Acuerdo sobre los límites de los Hielos Continentales.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. OLIMA.- Señor presidente: hoy se cierra un ciclo que se inició en 1991. Siete años, además de ser un tiempo bíblico, es un tiempo normalmente muy largo; pero mucho más en la época en que nos toca vivir, donde siete años son una eternidad.

Mi posición sobre este acuerdo es ampliamente conocida. No obstante, en 1996, cuando el tema fue considerado en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, no apoyé el dictamen de mayoría porque era consciente de que gran parte del pueblo estaba en contra de esta propuesta.

Ahora he acompañado el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional contenido en el Orden del Día N° 611, relacionado con el retiro de la propuesta de divisoria poligonal, lo que permitió lograr la unanimidad.

En este sentido, he sostenido reiteradamente que la primera obligación de quien se desempeña en la función pública es no escabullirse de los problemas sino buscar soluciones y proponerlas. La segunda obligación es que, cuando las propuestas no son aceptadas, no hay que sentirse dueño de la verdad. Por eso acompañé a aquellos que realizaban un nuevo esfuerzo para encontrar una solución a un problema que en mi opinión existía y estaba oculto.

Durante este período muchas cosas se han dicho al respecto; algunas ajustadas a la realidad y otras no. Creo que es importante recordar algunas de ellas, porque no es bueno que los argentinos no podamos establecer límites entre lo verdadero y lo falso.

No es bueno que se le haya hecho creer a la opinión pública que con el acuerdo se comprometían los derechos argentinos sobre la Antártida, cuando hoy todos sabemos que eso no es cierto.

No es bueno que se haya sostenido que era la negligencia diplomática lo que permitía que el Fitz Roy fuera un punto del límite argentino chileno, cuando todos sabemos hoy que ese punto había sido fijado en 1898 y ratificado en 1902.

No es bueno que se dijera que la Carta elaborada en 1991 se había hecho entre gallos y medianoche, cuando en realidad se empezó a gestar en 1982.

No es bueno que se dijera que se convertía el río Santa Cruz en un río internacional, cuando todos sabemos que nace y muere en territorio argentino y que, si nos referimos a su naciente, no es técnicamente posible ir desde el Fitz Roy hasta la línea divisoria continental sin pasar por encima de glaciares que desembocan hacia el Atlántico.

No es bueno que se haya presentado el Protocolo de Recursos Hídricos como una maniobra relacionada con el tema de los Hielos Continentales, porque el país comparte con Chile más de ochenta cursos hídricos que se extienden desde los 22 grados de latitud sur hasta los 50 grados de latitud sur y que requieren una regulación, la que además debe ser consecuente con la posición que el país ha venido sosteniendo desde hace muchos años en el ámbito de la cuenca del Plata, porque esto afecta a muchos otros ríos de curso sucesivo que involucran los intereses de muchas provincias argentinas.

No es bueno que se haya sostenido que éste es un problema exclusivamente de demarcación, porque hoy sabemos que por lo menos los extremos norte y sur -esto ya nadie lo discute- exigen algún tipo de negociación o de convenio, pues la cuestión está sin resolver.

Debemos recordar adicionalmente que hoy están cerradas discusiones técnico jurídicas sobre el recorrido del límite en zonas de hielos, que recién se despejaron con los fallos sobre Laguna del Desierto en 1994 y 1995.

A propósito de Laguna del Desierto, también vale la pena recordar las durísimas críticas iniciales y el silencio que siguió al fallo absolutamente favorable a los intereses argentinos registrado por primera vez en la historia de los pleitos argentino-chilenos. Ese silencio se explicó muy simplemente: se dijo que nada habíamos ganado porque nos correspondía la totalidad del territorio en litigio. Sería muy bueno recordar a quienes así pensaban que lo mismo sosteníamos respecto de los conflictos limítrofes de río Encuentro, Palena y canal de Beagle, y sin embargo los fallos jurisprudenciales no nos dieron la razón. Por lo tanto, respecto de Laguna del Desierto algún mérito habrá que reconocer.

Asimismo sería bueno recordar que hoy nos estamos refiriendo a uno de los veinticuatro puntos que fueron resueltos, que desde 1965 estaban identificados como problemas conflictivos en la frontera argentino-chilena.

Algunos colegas podrán pensar que nos encontramos frente al fracaso de una política que surgió del gobierno nacional, porque es necesario remarcar que las decisiones sobre este conflicto limítrofe superaban largamente las facultades que en su momento me correspondían como vicecanciller, y de las que todos saben que jamás renegué.

Personalmente, nunca he compartido el punto de vista de quienes creen que la Nación es el Estado y que éste es el territorio; pienso que la Nación es la gente y a ella debemos garantizarle la paz y la posibilidad de realizarse en ese territorio y con ese Estado. Por eso, no creo que estemos frente a un fracaso.

Se ha logrado garantizar y afianzar la paz con Chile. Hoy esto parece una frase hecha, pero en 1991, a pocos meses de haber asumido el presidente Aylwin, la sombra de la dictadura de Pinochet todavía se proyectaba dolorosamente sobre la Argentina. Basta hacer mención de la actitud que él adoptara durante el conflicto de Malvinas, de la que todos teníamos conocimiento pero que sólo recientemente quedó patentizada.

Podemos decir con seriedad que hemos concluido con los problemas limítrofes que desde los inicios mismos de nuestra historia envenenaron la relación argentino-chilena. Hoy podemos mirar hacia el porvenir con la seguridad de que mediante la cooperación entre ambas repúblicas estaremos en mejores condiciones de superar los desafíos que nos presentan el presente y el futuro.

También aseguramos a todas las provincias limítrofes con Chile -especialmente del centro hacia el noroeste del país- la posibilidad de luchar con éxito por su desarrollo. Las explotaciones agropecuarias y mineras no soportan los costos de fletes por distancias superiores a los mil kilómetros hasta el Atlántico; ahora se han creado las condiciones para que en el corto plazo pueda accederse a los puertos del Pacífico.

Finalmente, debemos valorizar que por primera vez en la historia política argentina se ha logrado consensuar con la casi totalidad de las fuerzas políticas la solución de un problema limítrofe argentino-chileno. Es en este campo del consenso en el que evidentemente tuve lecturas equivocadas. A la dirigencia de la Unión Cívica Radical le consta que traté de construir ese consenso.

Durante el período de negociación que concluyó con el acuerdo de la poligonal mantuve reuniones con la máxima dirigencia de ese partido político, explicando los problemas que presentaba la zona de hielos y la posibilidad de solución que vislumbrábamos. Obviamente, tuve una lectura equivocada de las conversaciones mantenidas con esa dirigencia.

Esta voluntad de construir el consenso en torno de los temas que deben ser política de Estado ha estado constante en mí, no de ahora sino desde hace años. Así lo he escrito en 1983. Gracias a la inteligencia y al esfuerzo de otros legisladores se pudo alcanzar el consenso en esta materia; tengo la esperanza de que podamos lograrlo en relación con lo que constituye para mí el verdadero problema de la soberanía argentina. Me refiero a la recuperación de las Islas Malvinas. Ningún gobierno podrá alcanzar este resultado si no cuenta en su accionar con el respaldo de la totalidad de las fuerzas políticas y sociales del país.

Si los siete años transcurridos en la atención de estas cuestiones de soberanía territorial sirven para que Malvinas se convierta en una verdadera cuestión de Estado, podremos entrar al siglo XXI con una clara identificación de lo que afecta a nuestra soberanía en forma esencial, y empeñar nuestro esfuerzo para dar un sentido y una orientación a la pasión de los argentinos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.

Sra. FERNANDEZ DE KIRCHNER.- Señor presidente: pocos temas como el de Hielos Continentales evidencian un cierto grado de dificultad en nosotros para abordar asuntos de complejidad. Digo esto porque a lo largo de los últimos seis años, e inclusive esta noche en distintas exposiciones, hemos escuchado argumentaciones a favor o en contra de lo que constituyen, tal vez, mistificaciones en torno de este problema. Se ha hablado de progresismo, de nacionalismo, e incluso de la postura de la Cancillería. Convengamos en que es muy difícil ubicar en un espacio ideológico lo que dice la Cancillería argentina, pero vamos a hacer el esfuerzo.

Hemos escuchado argumentos tales como que debíamos arribar prontamente a una solución porque había hipótesis de conflicto con el país hermano, y si no fortalecíamos las posturas del derecho chileno encarnadas en la figura del ex dictador Pinochet, dichos conflictos serían inevitables.

Se trata -como lo señaló algún señor diputado- de una de las fronteras más extensas del mundo, con cinco mil kilómetros de extensión. Nuestro país siempre ha resuelto democráticamente sus diferencias limítrofes en el marco del derecho binacional, como también mencionara otro legislador.

Pero en 1978, en mi provincia los aviones estaban a punto de despegar para atacar Punta Arenas por orden del entonces dictador Videla; y no se trataba de un problema limítrofe por el canal de Beagle. Se debía a que ambos países contaban con gobiernos dictatoriales que no respetaban la voluntad popular y trataban de solucionar sus problemas internos creando conflictos externos. Pruebas al canto: en términos de conflictos limítrofes, el más grave que se libró en la historia entre Argentina y Chile data de 1965, cuando en Laguna del Desierto se enfrentaron fuerzas de seguridad argentinas -Gendarmería- con fuerzas de seguridad de un país extranjero, Chile -los carabineros-, y de esta disputa limítrofe resultó la muerte del teniente Correa Merino. Sin lugar a dudas, este fue el momento más grave que vivieron ambos países. ¿Y entonces qué pasó? Nada. Gobernaba nuestro país Arturo Illia, y Frei -padre del actual presidente de Chile- era el presidente de los chilenos. Ocurre que en ambos países había gobiernos civiles; por eso se pudo resolver esta diferencia en forma democrática y en el marco del derecho.

Otro de los mitos agitados recurrentemente es el de la integración. Ya en 1992 -cuando se impulsaba la aprobación de la poligonal-, en 1996, y aún hoy, se ha escuchado el argumento de que esto perjudicaría el proceso de integración económica entre ambos países.

Cuando se firmó la poligonal en 1991, las inversiones chilenas en la Argentina orillaban los 600 millones de dólares. Hoy, luego de seis años de que el Parlamento argentino manifestara en reiteradas oportunidades su negativa a la aprobación de la poligonal, Chile es el tercer inversor extranjero en nuestro país, con más de 6.000 millones de dólares. Esto significa que la integración económica o el fenómeno de la globalización no es una cuestión que tenga que ver con las territorialidades sino con la rentabilidad. Del mismo modo, el tratado de Maastricht no sufre menoscabo alguno por el hecho de que España e Inglaterra no se pongan de acuerdo por el Peñón de Gibraltar.

En estos años -incluso hoy- también he escuchado recurrentes argumentaciones en contra del expansionismo chileno. Represento a una provincia donde la integración con Chile no es una conveniencia económica ni producto del Mercosur sino el fruto de la convivencia y de lo cotidiano. Pero quiero decir a aquellos que creen ver un expansionismo de los chilenos, que vendrían a arrebatar lo que es nuestro, que en realidad el problema no es de ellos: el problema está aquí, en los nuestros, que no saben proteger lo propio, que cuando ocupan puestos institucionales no saben defender los verdaderos derechos de los argentinos. Como he dicho en reiteradas oportunidades y hoy recalco, admiro a la clase dirigente chilena porque tiene un proyecto de país, ya sea que esté en el gobierno Pinochet, Aylwin, Frei o mañana el socialista Lagos. La política exterior chilena no se mueve un centímetro, y si lo hace es porque le conviene. Esto no debe hacer que nos enojemos con los chilenos sino, en todo caso, con los que nos representan mal o en forma indebida.

Hechas estas aclaraciones, cabe preguntarse por qué se firmó algo tan inconveniente y manifiestamente contrario a los intereses argentinos, a la geografía, al derecho, a la lógica y al sentido común.

En primer lugar, corresponde remarcar que existe un problema estructural e histórico en la Argentina en materia de toma de decisiones políticas. Y esto lo digo como mujer del interior. En nuestro país la construcción de la decisión política funciona en veinte manzanas de la Capital Federal, donde se decide sobre la vida y el patrimonio del resto de los argentinos sin que se nos dé la debida participación.

También cabe mencionar dos concepciones que mantiene Cancillería sobre la política exterior, que debería ser una auténtica cuestión de Estado y no subordinada a posicionamientos internos.

Una particular concepción que tiene nuestra Cancillería se refiere al proceso de globalización e integración, al que confunde con el de subordinación y desaparición de las identidades nacionales. Nosotros concebimos al proceso de globalización y de integración como un proceso de complementación. Allí está Maastricht en 1999, llegando a su expresión máxima de unidad económica: la moneda única. Y sin embargo, Francia sigue siendo Francia, Alemania sigue siendo Alemania e Italia sigue siendo Italia, porque hay una concepción real de la integración.

Quiero referirme a un argumento que se ha venido agitando insistentemente y que ha sido invocado por la Cancillería.

Aquí se presentaba la cuestión señalando que se resolvían todos los conflictos existentes con Chile, porque éste era el último, según se ha escuchado recurrentemente en este recinto.

Les recomiendo, y sé que muchos de los señores diputados la han hecho, la lectura de un importante documento publicado por la Academia Nacional de la Historia, y solicito desde ya su inserción en el Diario de Sesiones. Allí está la verdad histórica objetiva, sin adjetivaciones. En marzo de 1882 el presidente Roca, en un mensaje dirigido al Parlamento, habla de que el tratado de 1881 va a terminar con todas las diferencias que venimos teniendo con Chile. Las cosas se reiteran durante la presidencia de Luis Sáenz Peña, cuando se firma otro tratado en el que se hace alusión a la finalización de los conflictos.

Quiero recordar otro más reciente: el del Beagle, respecto del cual en 1984 se nos dijo, cuando se sometió a plebiscito el Acuerdo de Paz, Cooperación y Amistad, que era el último. Es más: el gobierno de Chile, al recibir el resultado del laudo, sostuvo que lo hacía alborozadamente, porque de esa forma se resolvía el último conflicto entre ambos países.

Y, refiriéndonos a una época más reciente, muchos argentinos creyeron que el laudo de 1994 sobre Laguna del Desierto era el primero relacionado con dicha región. Eso es erróneo. Ochenta y nueve años más tarde del laudo de 1902 tuvimos que recurrir a un segundo arbitraje sobre interpretación del laudo de 1902, porque ello constituyó el objeto del arbitraje en 1994 sobre Laguna del Desierto. Es decir que ochenta y nueve años más tarde tuvimos que venir a discutir lo mismo.

Por eso digo que debemos ser muy prudentes en cuanto a la valoración histórica de que estamos ante el último conflicto. Este pensamiento puede resumir una cierta cuota de escepticismo, en el sentido de que siempre habrá diferencias. Algo de cierto hay en ello pero, cuando se tiene una frontera de cinco mil kilómetros, pueden existir diferencias. Lo cierto es que frente a instrumentos jurídicos creados para ambos países a fin de dirimir controversias o diferencias, no hay que tener miedo, ya que existen los mecanismos para procesar esas diferencias.

Hechas estas salvedades, y recordando que existe un dictamen de mayoría y otro de minoría, quisiera analizar las modificaciones que se introdujeron y que nos llevaron en este caso a apoyar dichas modificaciones. Nos habría gustado que estas solicitudes hubiesen sido contempladas en la discusión que oportunamente se dio en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, del mismo modo en que se aceptaron las modificaciones al proyecto de resolución que dio lugar al dictamen contenido en el Orden del Día N° 611, que acompañamos porque fue aprobado en forma unánime.

Hemos logrado la introducción de las actas de 1898, sin duda un instrumento muy importante, ya que allí se fijan los criterios generales de interpretación de ambos países sobre la línea general de frontera. Pero hay otra cuestión especial en esta zona. Es el único instrumento donde el perito chileno Barros Arana reconoce que las hoyas hidrográficas de los lagos Viedma y Argentino que alimentan el río Santa Cruz y que van a desaguar al Atlántico pertenecen incuestionablemente a la Argentina. Y las separa -esto es textual- de las vertientes chilenas que desaguan por los canales al Pacífico.

También se ha logrado la inclusión del laudo de 1902, instrumento liminar no solamente porque determinó un límite entre el cerro Daudet y el monte Stokes, sino porque además nos remite a las actas de 1898, donde se sostiene que estaba acordado el límite entre ambos países.

Además, se introduce la cartografía 1:50.000, que para nosotros era algo muy importante, y la no aplicación en el tramo del Fitz Roy al cordón Mariano Moreno del Protocolo Específico de Recursos Hídricos compartidos.

También es importante la supresión de dos frases que a nuestro criterio lesionaban incuestionables derechos argentinos, cuando en el punto b) se decía: "sin perjuicio de la traza", y cuando se sostenía que las aguas debían considerarse recursos hídricos propios en el caso del río Santa Cruz.

Debo confesar que tenemos dudas con respecto a lo que vaya a hacer la Cancillería. No fue nada fácil para nosotros acompañar todo esto, porque no sólo existía un fuerte compromiso de defender lo nuestro. Mi provincia sufrió fuertes castigos, que se patentizaron en un decreto del 19 de diciembre de 1996, precisamente el mismo día del escarapelazo. En ese momento nos arrebataron los derechos sobre las zonas francas, que tanto nos había costado conseguir.

Pero nos quedaban dos caminos: se firmaba y se aprobaba lo que se había elaborado erróneamente con frases que perjudicaban los derechos argentinos, o se trataba de mejorar la redacción. Este proyecto de declaración no puede servir de paraguas para que la Cancillería vuelva a hacer algo similar a lo que hizo el 2 de agosto de 1991.

De cualquier manera -y es justo decirlo-, tenemos serias prevenciones, porque no le creemos al canciller Di Tella, ya que ha mentido demasiado. Mintió en agosto de 1991 cuando le hizo firmar al señor presidente un acuerdo que hablaba de no aplicar el principio de las altas cumbres, porque existían inconveniencias geográficas, de tiempo y económicas.

También ha mentido el ministro de Relaciones Exteriores y Culto cuando sostuvo que iban a ser convocados los representantes de la provincia de Santa Cruz para analizar las posibles soluciones.

Esta noche tenemos sentimientos ambivalentes. Por un lado está la alegría por el retiro de la línea poligonal, por lo que se luchó no solamente desde mi provincia, sino desde todo el país. Por eso quiero agradecer a los habitantes de mi provincia todo lo que han tolerado y el apoyo que, pese a las sanciones que recibieron, nos dieron. Además, esas sanciones no las reciben los gobernantes ni los dirigentes, porque a ellos, sean del oficialismo o de la oposición, siempre les va bien. Las consecuencias las paga la gente. Pese a los castigos y a las sanciones el pueblo de mi provincia nos decía todos los días: ¡no aflojen! Y esto lo demostraban cuando había que demostrarlo.

Por otro lado están todas las prevenciones que nos merece la Cancillería. Aun así, esperamos que cuando vuelvan al Parlamento el acuerdo con el mapa no tengamos que lamentar la desidia y la imprudencia de una Cancillería que creó un conflicto donde no lo había.

Estamos discutiendo desde hace seis años porque se creó artificialmente un conflicto que no existía. Tampoco quiero recordar lo que ha dicho otro señor diputado respecto a las reuniones de Punta Arenas con miembros de la COMIX para iniciar el proceso de demarcación de acuerdo con los tratados suscritos.

Por ello agradezco a quienes de un modo u otro colaboraron durante todos estos años para que esta verdadera vergüenza, que era la línea poligonal, no fuera aprobada. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Como quedan dos oradores, la Presidencia solicita a los asistentes de bloques que convoquen a los señores legisladores a concurrir al recinto.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. STUBRIN.- Señor presidente: en primer lugar, solicito la inserción de una parte de mi exposición a los efectos de abreviar el debate, con la más íntima convicción y el deseo de que nunca sea necesario acudir a la versión taquigráfica de esta sesión para buscar una interpretación auténtica de lo que está señalando el Congreso en este momento.

Mis palabras van a estar destinadas a relatar sucintamente algunas de las cuestiones centrales que llevaron a la consideración de estos dos proyectos. Desde mi punto de vista, las suspicacias y los recelos son bienvenidos. Luego de experiencias lamentables y poco exitosas, dichas suspicacias y recelos tienen que estar puestos sobre la mesa, como una presión de los integrantes del Congreso para que el gobierno cumpla con lo que estamos solicitando.

Quiero señalar brevemente el origen de este problema. Existe una ley, denominada Olmedo, que establece que los tratados internacionales nunca vencen. En consecuencia, el Tratado Menem-Aylwin podía permanecer en consideración por la Cámara de Diputados durante diez, veinte o treinta años.

Luego del último intento fallido de diciembre de 1996, cuando se quiso considerarlo en el recinto, nos pusimos a trabajar para alcanzar un mecanismo que destrabara una situación política que se había convertido en totalmente insoluble.

Resultaba probable que la Cámara de Diputados de la Argentina jamás aprobara la línea poligonal y la demarcación de los hielos continentales. Era probable que ello nunca ocurriera porque el gobierno argentino y el chileno no tenían un desacuerdo para afrontar y resolver, sino que sólo poseían un consenso, que era precisamente la realidad virtual del Tratado Menem-Aylwin.

Adicionalmente, existía el peligro de que una mayoría circunstancial o una vicisitud política de la Cámara permitiera y posibilitara su aplicación.

El proyecto original que presenté en diciembre de 1997 -y esto lo aclaro para aventar suspicacias como las que se han publicado en el sentido de que lo presenté dos veces-, después de las elecciones, es decir cuando estaba claro que las posibilidades de que se aprobara la línea poligonal eran menores debido al resultado electoral favorable a la Alianza, intentaba destrabar la situación.

¿Qué hicimos? Como no había antecedentes en la Cámara relacionados con proyectos devueltos al Poder Ejecutivo, hicimos una interpretación congruente del artículo 125 del Reglamento, que es el que prevé cómo se pueden retirar los proyectos. En ese caso, si la Honorable Cámara tiene que autorizar a un diputado a retirar una iniciativa, y como no estamos en condiciones de imponer al Poder Ejecutivo el retiro de su proyecto, establecimos un mecanismo análogo que nos permitiera devolver el proyecto.

La iniciativa presentada fue mejorada en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto; a raíz de ello el artículo 2° se convirtió en proyecto de declaración para lograr el respaldo del bloque Justicialista.

Resalto el altísimo nivel de protagonismo político que tuvo el Parlamento en esa época debido a una razón muy sencilla: a pesar de que algunos señores diputados señalen que las relaciones exteriores están bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, si hacemos una interpretación acabada de la Constitución veremos que, si bien el presidente tiene la facultad de terminar y celebrar los tratados, es el Congreso el que los aprueba o rechaza. Pero, además, el inciso 15 del artículo 75 de la Constitución Nacional, ex artículo 67, establece que corresponde al Congreso arreglar los límites definitivos de la Nación. En consecuencia, tenemos en este caso un poco más que la facultad de aprobar o rechazar tratados, y la realidad política así lo está demostrando.

La importancia del presente plenario radica en que hoy vamos a consagrar la voluntad política unánime del Congreso de la Nación devolviendo el tratado referido a la línea poligonal, es decir, el dictamen contenido en el Orden del Día N° 611.

No podemos olvidar que dos gobiernos -el argentino y el chileno- tomaron posición contraria a la consideración realizada por las comisiones de la Honorable Cámara. Este hecho demuestra la importancia de la democracia, de la división de los poderes, del control republicano y del consenso que se puede lograr a fin de modificar posiciones no sólo de nuestro gobierno sino también de la hermana República de Chile.

Por lo expuesto reivindico la potestad del Congreso en el sentido de tener un papel protagónico en lo que se vincula con las cuestiones de límites en lugar de representar el pasivo papel de aprobar o rechazar tratados.

Afortunadamente esta denominada democracia parlamentaria está demostrando mediante algunas experiencias recientes que en otros congresos del mundo ha habido una importante participación de los legisladores en negociaciones internacionales cuyas conclusiones fueron tomadas como propias por el Poder Ejecutivo a fin de cumplir con la Constitución y luego enviar el tema al Congreso para su aprobación.

En relación con lo manifestado acerca de que presenté dos veces el mismo proyecto, según se ha publicado por ahí, quiero aclarar que inicialmente fue presentado en diciembre de 1997 y que, por tratarse de un proyecto de resolución, dejó de tener vigencia al concluir el respectivo período parlamentario. Por lo tanto, reiniciado éste, lo volví a presentar a efectos de que tuviese estado parlamentario, cuestión que de ninguna manera responde a una circunstancia mágica, conspirativa o curiosa.

Recuerdo que cuando conversé con la mesa directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto acerca del proyecto que habían presentado los señores diputados Maurette y Estévez Boero -presidente y secretario respectivamente-, me convencieron de que era necesario explicar en Chile que la poligonal no era la única solución, a pesar de que estaban de acuerdo con la iniciativa que establecía devolver o pedir al Poder Ejecutivo que retirara el proyecto de ley; es decir, dos momentos cuantitativamente diferentes de la misma decisión, porque si es el cuerpo el que debe aprobarlo y le dice al Poder Ejecutivo que lo retire está significando que nunca lo va a sancionar.

Recuerdo que en una de las múltiples reuniones que mantuvimos con colegas chilenos les dijimos -esto forma parte de un informe oficial que presenté ante el Comité Nacional de mi partido y consta en las actas respectivas, por eso lo hago público- que la línea poligonal no era viable y que aceptaran la posibilidad de otra solución.

Esto lo expresamos principalmente a los señores diputados de la Concertación, es decir, del oficialismo, que habían respaldado fuertemente la línea poligonal y se hallaban comprometidos con ella.

Primero nos respondieron en forma negativa. Después nos expresaron que la poligonal había sido un invento argentino que les habían impuesto y del que no estaban muy convencidos. Finalmente, y luego de explicadas las razones por las cuales considerábamos que esta línea arbitraria que faltaba el respeto a la geografía y a la historia sería fuente de conflictos en el futuro, aceptaron en un diálogo informal y amistoso que, si nosotros estábamos en condiciones de hacer una nueva propuesta que destrabara la situación y la cancillería chilena no la veía de modo negativo, ellos la iban a considerar.

Esto es lo que de manera precipitada ocurrió, porque destaco que se tomaron posiciones sobre la base de los pronunciamientos de las comisiones adelantándose al plenario.

¿Cuáles fueron los efectos producidos? Empezamos a trabajar sobre la idea de efectuar propuestas. ¿A quién consultamos? ¿Qué proceso o mecanismo se puso en marcha? ¿Por qué el gobierno iba a aceptar darle prioridad y preponderancia a un proyecto que surgía de la oposición y que había logrado consenso en el Congreso, si en materia de política exterior no había prácticamente acuerdos de ninguna naturaleza, salvo el Mercosur? Porque imperó el sentido común y la razón.

La situación era insostenible. Hubo cosas muy sucias en el camino. Hubo amenazas de arbitrajes en los que podíamos ser derrotados. Hubo frases irrepetibles que constan en la versión taquigráfica de los debates de 1996 con motivo de las reuniones conjuntas de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto. Hubo desprecio por el proceso de acuerdo establecido en la propia Comisión Mixta de Límites que luego del acta 132 obligaba a abordar la cuestión y a precisar en dos anteproyectos de traza cuáles eran las diferencias que tenían ambos países.

Entonces consultamos a la Academia Nacional de Geografía, a la Comisión Nacional de Límites, a la Academia Nacional de la Historia, al Instituto del Hielo Continental Patagónico, al Instituto Geográfico Militar, a la Comisión de Actividades Aeroespaciales, al Centro Argentino de Ingenieros, a la Secretaría de Recursos Hídricos, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Gendarmería Nacional. Además, se logró algo que antes parecía mágico e imposible: imágenes satelitales Landsat a través de la CONAE -que no costaron un centavo porque la Comisión Nacional de Actividades Espaciales las tenía- y las spot images francesas, que son de máxima resolución para estos fines. No quiero ofender a la Cámara señalando cuál fue su costo, porque es francamente irrisorio y no merece anotación en ningún presupuesto, sobre todo luego de los litros de tinta que se habían escrito sobre la imposibilidad, la distancia, la inaccesibilidad, el enorme costo que demandaría trabajar para conocer la zona.

Pero eso no es nada. Durante septiembre del corriente año se produjo la primera misión oficial multidisciplinaria al terreno, con la especial colaboración del Ejército, la Gendarmería y la Prefectura Naval. En dicha misión participaron miembros de la Comisión de Límites, del Instituto Geográfico Militar y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El objetivo de esa misión no fue encarar una fantasía estratégica sino identificar la divisoria continental de aguas en gran parte del trazado de los hielos continentales: aproximadamente doscientos kilómetros en línea recta y otros trescientos kilómetros uniendo el Fitz Roy con el Stokes y el Daudet, que son los puntos del extremo sur de esta zona.

Quiere decir que el Congreso tiene tres misiones diferentes que pretendo que sean preservadas. El Congreso destrabó el conflicto logrando el rechazo, aportó una solución y dio instrucciones al Poder Ejecutivo sobre cuáles son los lineamientos respecto de los que espera una negociación exitosa, y se reservó la tercera misión, que consiste en el examen del resultado que obtenga el Poder Ejecutivo.

Ocupo estos pocos minutos de atención de la Cámara simplemente para decir que esta tercera misión constitucional de aprobar o rechazar tratados, podrá ser considerada sobre la base del éxito -es decir, del resultado- del tratado que sea sometido a nuestra consideración y que responda a los lineamientos que mayoritariamente votaremos hoy en esta Cámara.

¿Por qué hace falta un tratado? ¿Por qué la Comisión Mixta no puede ir a demarcar cumpliendo simplemente el protocolo Rothe-Ríos Gallardo?

Tal como lo han dicho numerosos señores diputados, hay aquí cuestiones simples de demarcación y cuestiones más complejas que requieren una negociación que permita establecer una frontera en algunos tramos muy específicos.

De norte a sur salimos de un punto que no está sobre la divisoria continental de aguas, que es el cerro Fitz Roy, donde concluye el exitoso arbitraje de Laguna del Desierto. Desde allí tenemos que encontrar una modalidad y un mecanismo que permitan llegar a la divisoria continental de aguas.

Aquí se presenta una dificultad adicional ya que la subida a la cima del Fitz Roy de nuestra línea de frontera, según el protocolo, no es en línea recta en dirección norte-sur, sino que llega describiendo la figura de un anzuelo que se corre primero hacia el suroeste y luego sube hacia el norte y corona la cima del cerro.

Desde allí no puede salir la frontera hacia el oeste o hacia el norte, volviendo a cortar el límite, porque para que haya límite hacen falta dos países y una soberanía de cada lado.

Me permitiré hacer un comentario sobre el último conflicto.

Un hito es una decisión consensuada de dos países que interpretan que allí se respeta la realidad geográfica de los acuerdos jurídicos de delimitación de soberanía que se realizaron. Puede haber conflicto entre dos hitos de aquí hacia el futuro y a lo largo de los cinco mil kilómetros de frontera. Habría que hacer una muralla para evitar los conflictos limítrofes y ni siquiera así se lograrían resolver.

No obstante lo antedicho, doscientos kilómetros lineales de frontera, pendientes de demarcación en su mayor parte y de delimitación, en algunos segmentos, son demasiados en una región muy importante y muy sensible de la Nación Argentina para que alguien piense que el statu quo, la indefinición o la falta de solución del conflicto le conviene al interés vital de la Nación Argentina.

Estoy convencido de que no le conviene al interés vital de la Nación Argentina, no le conviene a la región, ni a sus habitantes, ni a los emprendimientos y desarrollos científicos, turísticos y de toda naturaleza que se puedan llevar a cabo en esta zona que se ha bautizado como Parque Nacional Los Glaciares.

De modo tal que a nosotros nos compete modificar la situación de estancamiento en la que nos encontramos desde 1991; y eso es lo que estamos haciendo.

Para terminar, deseo señalar que aceptaré las reformas propuestas por el presidente de la Comisión al dictamen considerado en la Comisión de Defensa Nacional.

Las acepto porque en primer lugar me parece satisfactoria la frase final del punto a), que dice: "Ratificando el dominio exclusivo por parte de la República Argentina y a todos los efectos de todas las aguas que fluyen hacia el océano Atlántico."

Aquí quedó flotando una idea: que si nosotros afirmábamos la propiedad nacional exclusiva sobre los cursos de agua estaríamos implícitamente dando la razón a alguien que pudiera pensar que no son argentinos. Esta no es una realidad argumentativa racional; es un galimatías; es como si alguien dijera que no tenemos que decir que las Malvinas son argentinas porque estaríamos reconociendo que están en poder de los ingleses. No obstante lo cual la frase sintetizada en este punto a) me parece absolutamente comprensiva de lo que queremos decir.

Es muy importante a los efectos del establecimiento de esta línea de demarcación -resulte lo que resulte- dejar hechas estas reservas como consecuencia del aprovechamiento de importantes recursos naturales de las provincias.

En síntesis, quiero terminar esta breve intervención diciendo -a los efectos de que quede constancia en el Diario de Sesiones- que siempre interpretamos en el inciso a) que los instrumentos que se agregaron estaban perfectamente incluidos en la frase "...y demás instrumentos relacionados a la fijación de la frontera." Lo que abunda no daña.

En cuanto a la posición relacionada con la cartografía 1 en 50 mil me parece la más redundante de las explicaciones, porque no se puede demarcar cumpliendo el Protocolo Rothe-Ríos Gallardo, de 1941, sin levantar dicha cartografía. Es sencillamente imposible. Quiero aclarar a quienes se expresaron con anterioridad que la cartografía 1 en 50 mil tiene que ser levantada de común acuerdo por ambos países, en el marco del complejo procedimiento establecido por la Comisión Mixta de Límites, y destaco que no me estoy refiriendo a ningún diputado por la provincia de Santa Cruz. El levantamiento de una cartografía de 1 en 50 mil no es una decisión de la Argentina; es una decisión de Argentina y de Chile una vez destrabadas las razones que tuvieron esto paralizado durante años.

Sr. STUBRIN.- Ratifico en todos sus términos mi intervención en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional en el año 1996. Ratifico en todos sus términos el dictamen firmado por nuestro bloque respecto del acuerdo Menem- Aylwin; y me reservo la más absoluta independencia política para tomar decisiones libres acerca del tratado que probablemente vamos a considerar dentro de poco cuando los poderes ejecutivos de ambos países logren, espero que rápidamente, firmar un acuerdo que tenga la naturaleza instrumental que corresponde a un tratado de acuerdo con la Convención de Viena. Primero se lo firmará, luego lo tratarán los congresos, lo ratificarán los poderes ejecutivos y se lo inscribirá donde corresponda. Esta es la intención. Doy la bienvenida al recelo y a la desconfianza. Tienen sobrados motivos, y los acepto; lo que no puedo aceptar es la visión conspirativa, el insulto o la respuesta fácil.

Creo que, sin darnos cuenta, con tono bajo y sin mucha grandilocuencia, habremos realizado una sesión muy importante de la Cámara de Diputados de la Nación en la medida en que logremos votar estos proyectos, que auguran una personalidad política distinta de este Congreso. Espero que ella sirva para fortalecer la democracia en toda la región y sea precursora de actitudes similares de parte de otros cuerpos legislativos del país, para que sean capaces de despartidizar los temas y ponerlos al servicio de los mejores intereses nacionales, generando así situaciones que ayuden a todos los argentinos a resolver nuestros problemas. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. MAURETTE.- Señor presidente: cuando en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto comenzamos a desandar el camino para iniciar uno nuevo, nos fijamos fundamentalmente tres metas. En primer lugar, buscamos el asesoramiento de las instituciones que aquí han sido nombradas, que están al servicio de todos los argentinos y dedican su vida al estudio de temas particulares. La segunda meta fue el conocimiento de la zona, es decir, ir al terreno, recorrer cada kilómetro, comprobar sus particularidades y determinar sus dificultades. Así lo hicimos. La tercera meta -tal vez la más difícil- fue proponer la idea de arribar a un consenso político.

¿Por qué es difícil el consenso político cuando debería ser, en este caso, lo más fácil? La respuesta podemos hallarla en algunos de los conceptos que hoy se vertieron aquí.

Nuestro escenario de todos los días augura una próxima elección presidencial. En cada uno de los partidos políticos hay aspiraciones y posicionamientos. Los argentinos siempre hemos maltratado a estos temas, y los llevamos a la tribuna política. Con ellos fuimos calentando cada uno de los discursos para ganarnos a nosotros mismos y ver quién era más nacionalista o quién defendía más estas ideas, aunque en muchos casos sólo era de palabra.

Aquí se dijo algo que también escuchamos en la calle: los argentinos no somos tan buenos como los chilenos o los brasileños en política exterior, porque siempre perdemos, siempre cedemos; pero aquellos que conocen algo de la historia argentina pueden comprobar que eso es falso. Tenemos una historia que nos enorgullece y antecesores de los cuales también nos sentimos orgullosos. Sin embargo, en los últimos tiempos sucedió algo que nos arrastró a un punto cercano a la mediocridad. Por eso, buscar el consenso político -que tal vez debería ser lo más sencillo- resulta una audacia en estos días. Pero usted, señor presidente, habrá escuchado cada uno de los discursos pronunciados esta noche. Creo que hoy hemos dado un paso al frente; hemos comenzado a mirar lo que tenemos en nuestro plato y darnos cuenta de cuál es nuestra comida en lugar de detenernos en la de al lado. Cuando ello ocurre, cuando miramos tanto la comida de al lado, nos encontramos con que la nuestra está fría o se la comió alguien.

Estas palabras simples, estas reflexiones, son las de un diputado, de un argentino, que no tiene otra vocación que la de solucionar los problemas de nuestro país. En este caso se trata de conflictos de límites y de soberanía, de metros y de kilómetros cuadrados. Sabemos que cada uno de esos problemas tienen caras y rostros diferentes. Esta noche cada legislador ha ido desfilando por este recinto recordando los debates de los últimos diez años y el protagonismo de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajaron para llegar a este momento.

Quiero rescatar la nobleza de un acto que no es común en estos días. Me refiero al hecho de que un ministro reconozca haberse equivocado. Ojalá todos los argentinos podamos aprender de esta actitud, más allá de las consecuencias que puede traer aparejada.

Quiero comprometerme a dar el mismo tratamiento, la misma seriedad, la misma apertura y buscar el mismo consenso en el tratado que envíe el Poder Ejecutivo luego de haber sido firmado con Chile. Este es el compromiso no sólo personal sino de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa, que refleja el testimonio de los legisladores que han hablado hoy en este recinto. Los felicito y me felicito por formar parte de este cuerpo y tener al menos la posibilidad de destrabar este asunto que, como dijo un señor diputado, podría quedar en un sueño o en una congeladora. Muchas veces poner la mano y el cuerpo a los verdaderos problemas implica contraer a su vez problemas.

Por último, quiero expresar el reconocimiento a mi bloque porque juntos recorrimos este camino y hoy llegamos a un consenso con la común aspiración de resolver los problemas de la Argentina. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. LOPEZ ARIAS.- Como es importante pasar a votar esta iniciativa y culminar esta muestra de consenso y protagonismo del Congreso, solicito autorización para insertar el discurso que pensaba pronunciar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Teniendo en cuenta que hay varios señores diputados que han solicitado insertar sus discursos, se van a votar las inserciones solicitadas en el curso de esta sesión por los señores diputados López Arias, Corchuelo Blasco, Fernández de Kirchner, Aubia, Stubrin y Estévez Boero.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.

"A la continuación de este debate: Reunión 38; punto 12" 

Sr. CAMAÑO.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: hago moción de que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a efectos de tratar sobre tablas las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se regula el régimen para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. (Expediente 469-D.-97)

Sr. CAMAÑO.- Este aplauso refleja la voluntad de los legisladores presentes en este recinto porque fue un esfuerzo muy grande de todos nosotros poder llevar adelante el proyecto de ley que seguramente sancionaremos en forma definitiva en el día de la fecha.

Sr. CAMAÑO.- El aplauso es para todos ustedes. Agradecemos la presencia de los distintos cuerpos de bomberos que vinieron desde diferentes lugares del país para presenciar cómo el Congreso de la Nación reconoce definitivamente a esta fuerza que trabaja a pleno y que hoy recibirá la sanción de la ley que tanto anhela. A tales efectos solicito el tratamiento sobre tablas del referido proyecto de ley.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. STORANI.- Señor presidente: deseo expresar nuestro apoyo a la moción que acaba de formular el señor diputado por Buenos Aires, que entre otras cosas constituye la corrección a la insensatez de cortar la línea telefónica nada menos que a los bomberos.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. POLINO.- Señor presidente: el bloque del Frepaso también aceptará la modificación introducida por el Senado al artículo 12 del proyecto de ley, eliminando el piso de 15 millones de pesos. En efecto, los bomberos voluntarios consideran más importante contar con un proyecto de ley que regule y dignifique su actividad que el hecho de tener una partida presupuestaria predeterminada en el texto de la ley.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción y se incorpora el asunto al plan de labor.

En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. GATTI.- Señor presidente: si bien estaba anotado en la lista de oradores, como me indicaron que se suprimirían los discursos a fin de posibilitar la sanción de este proyecto de ley, solicito la inserción de mi exposición en el Diario de Sesiones y renuncio a hacer uso de la palabra a fin de que esta iniciativa sea sancionada hoy definitivamente.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar la inserción solicitada por el señor diputado y otra cuya petición hizo llegar a la Presidencia el señor diputado Salvatori.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.

Se va a votar si la Honorable Cámara acepta la modificación introducida por el Honorable Senado.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Continúa la consideración de los dictámenes contenidos en los Ordenes del Día 611 y 1.004, relativos al Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile para precisar el límite de los Hielos Continentales.

Sr. ZAPATA MERCADER.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. ZAPATA MERCADER.- Señor presidente: deseo dejar constancia de mi apoyo al dictamen de minoría.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar el proyecto de declaración cuya sanción aconseja el dictamen contenido en el Orden del Día N° 611.

• Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de declaración.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar el proyecto de declaración cuya sanción aconseja el dictamen de mayoría contenido en el Orden del Día N° 1.004.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de declaración.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. AVELIN.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.

Sra. AVELIN.- Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto por la negativa.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra.DOMINGUEZ.- Señor presidente: solicito que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del Reglamento para tratar sobre tablas el dictamen de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Peticiones, Poderes y Reglamento, contenido en el Orden del Día N° 1.451, en el proyecto de resolución por el que se adhiere al 50° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (expediente 5.448-D.-98).

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulado por la señora diputada por la Capital. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.

Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda incorporada la consideración del asunto al orden del día de la presente sesión.

(Orden del Día N° 1.451)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración.

Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de resolución.

Se harán las comunicaciones respectivas.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: formulo moción de apartamiento del reglamento para tratar sobre tablas el dictamen de las comisiones de Transportes, de Legislación del Trabajo y de Obras Públicas, en el proyecto de ley contenido en el Orden del Día N° 1.420, que establece la invariabilidad de la proporción accionaria correspondiente al programa de propiedad participada de Aerolíneas Argentinas S.A. hasta su disolución (expediente 3.566-D.-98).

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración la moción de apartamiento del reglamento formulada por la señora diputada por la Capital.

Se va a votar. Se requieren los tres cuartos de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción.

En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la señora diputada por Buenos Aires.

Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción.

(Orden del Día N° 1.420)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración.

Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: voy a fundamentar brevemente esta iniciativa, que no tiene observaciones de las respectivas comisiones. Recuerdo que la ley 23.696, de Reforma del Estado, ya preveía que el porcentaje de propiedad participada de los trabajadores fuera invariable e intangible. También lo previeron los estatutos de Aerolíneas Argentinas, señalándose como mecanismo que en el caso de aumento del capital se suscribirían las acciones a través de bonos o dividendos provenientes de las ganancias, considerando la naturaleza alimentaria del salario.

Señor presidente: solicito que se vote esta iniciativa antes de que los señores diputados se retiren del recinto y a su vez pido que se inserten en el Diario de Sesiones los argumentos que pensaba expresar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar el proyecto de ley.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración en particular el artículo 1°.

Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de ley.

Se comunicará al Honorable Senado.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. ABALOVICH.- Señor presidente: solicito el apartamiento del reglamento para el tratamiento sobre tablas del dictamen de las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda por el que se aconseja insistir en la sanción del proyecto de ley registrado bajo el número 24.873, observado totalmente por el Poder Ejecutivo, por el que se establece un registro aduanero en la ciudad de Santiago del Estero.

Aclaro que la cuestión se origina en un proyecto de mi autoría junto a la del señor diputado Salim, y que existe un particular interés del gobierno de mi provincia sobre este tema.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Santiago del Estero. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción.

En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado por Santiago del Estero.

Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración.

Se va a votar si la Honorable Cámara insiste en su sanción original.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 83 de la Constitución Nacional, debe registrarse el resultado de la votación, la que debe efectuarse en forma nominal.

Sra. SECRETARIA (PEREZ ARIAS).- Sobre 179 señores diputados presentes han votado 178 por la afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda confirmada la sanción del proyecto de ley.

Se comunicará al Honorable Senado.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Para una moción de orden tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.

Sra. CURLETTI DE WAJSFELD.- Señor presidente: formulo moción para que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento para solicitar una preferencia a fin de tratar en la próxima sesión, con despacho de comisión, los proyectos de ley contenidos en los expedientes 5.147-D.-98, del señor diputado Abalovich y otros, y 5.148-D.-98, del que soy coautora.

Estas iniciativas suspenden las acciones judiciales por deudas del sector agropecuario, de industriales y comerciantes en juicios en que el actor es el Banco de la Nación Argentina.

Además, hago extensiva la moción para tratar todo otro expediente que se relacione con este tema.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por la señora diputada por el Chaco. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción.

Se va a votar la moción de preferencia formulada por la señora diputada por el Chaco.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. BARRIOS ARRECHEA.- Señor presidente: el miércoles pasado se aprobó el tratamiento sobre tablas y se incorporaron al orden del día los proyectos de ley sobre derecho real de servidumbre forestal contenidos en los expedientes 2.291, 3.235 y 3.322-D.-98.

Solicito a la Presidencia que me informe si dichos proyectos han sido incorporados para su tratamiento en la presente sesión.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia informa al señor diputado que la consideración de ese asunto está prevista ya que fue incorporado al orden del día.

(Orden del Día N° 1.410)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ATANASOF.- Señor presidente: las reformas a la ley 24.557 que hoy se someten a consideración de este cuerpo apuntan a perfeccionar y corregir el sistema de cobertura de los riesgos de trabajo por ella implementado. Lo hacemos sin echar por tierra el camino transitado, ya que pretendemos mantenerlo y aprovechar la experiencia adquirida, introduciendo en función de ella las modificaciones que posibiliten desechar las situaciones de inequidad que se detectaron a partir de los hechos acaecidos y el tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia de la norma legal mencionada.

El bloque que integro no reniega de las modificaciones que la ley cuya corrección está en consideración introdujo al sistema legislativo que regulaba los infortunios del trabajo.

La ley 24.557 significó un cambio de rumbo que revolucionó nuestro sistema de accidentes del trabajo. Indudablemente, mejoró los niveles de protección de los trabajadores y tornó previsibles los costos de los empresarios, eliminando la incertidumbre que generaba la situación anterior.

Con la misma responsabilidad con que este bloque enfrentó en aquel momento el colapso del sistema y supo superarlo mediante la sanción de la ley en vigencia, hoy nos hacemos cargo de las falencias que exhibe y nos abocamos con honestidad a la tarea de corregirlas y subsanarlas.

En esta dirección, los integrantes de este bloque hicieron punta con la presentación de proyectos claves para la reforma de la ley de accidentes de trabajo. La primera iniciativa que se presentó para resolver esta crisis del sistema de riesgos del trabajo correspondió a mi autoría. Luego otros legisladores de mi bancada y de la oposición continuaron con la presentación de otros proyectos en este sentido.

También a partir de nuestra iniciativa, los proyectos aludidos, que propiciaban modificaciones parciales a distintos aspectos de la ley, se incorporaron al tratamiento de la comisión que presido y se habilitaron para su análisis y discusión.

Ello coincidió con la amplia difusión mediática de un gran número de accidentes fatales. Se trató de algunos accidentes desgraciados que presentaron características espectaculares y singulares, cuya gravedad actuó como detonante de la presentación de otros proyectos, que finalmente alcanzaron el número de diecinueve y fueron considerados en el marco de nuestra comisión.

En este cuadro de situación, la primera reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo en que se trató el tema coincidió con la realización por parte de los trabajadores de la construcción de una movilización similar a la que se efectuó hace algunos días por motivos idénticos.

Por unanimidad de los bloques que integran la comisión, se acordó la constitución de una subcomisión especial de trabajo, integrada por dos representantes de cada bloque, a fin de que se abocara a la compatibilización de los diecinueve proyectos que se habían presentado.

Ello ocurrió hace aproximadamente noventa días, y en ese corto lapso surgió la iniciativa que está siendo tratada en este recinto, junto con las disidencias parciales que se presentaron y a las que luego haré referencia.

Ello expone claramente nuestra voluntad reformista, lo que no debería resultar sorprendente, pues las estadísticas de accidentes son alarmantes, ya que por día se producen alrededor de cuatro muertes por accidentes de trabajo mientras que los actores del sistema se responsabilizan mutuamente sin lograr encauzar un mecanismo que proteja a los trabajadores de los riesgos previsibles y estimule la cultura de la seguridad en el mundo laboral.

Cuando la Superintendencia no puede controlar, las administradoras de riesgos del trabajo no quieren hacerlo y los empleadores se aprovechan de esta situación, estamos frente a un caos que requiere la inmediata intervención de los poderes públicos. Lo que estoy sosteniendo no significa una simple apreciación de un legislador preocupado, sino que es la descripción sencilla de lo que los propios protagonistas del sistema nos han expresado cuando los convocamos al seno de la comisión.

Los funcionarios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dicen que los empresarios deben entender de una vez por todas que tienen que desarrollar la prevención y reconocer que no lo hacen, así como las administradoras de riesgos del trabajo llevan a cabo prácticas poco vinculadas con la prevención y están inmersas en una agresiva disputa del mercado. A su vez las administradoras de riesgos del trabajo dicen que el empresariado argentino no está acostumbrado a tener en cuenta la prevención dentro de un esquema de negocios. Al mismo tiempo, representantes de los empleadores manifiestan que pueden estar satisfechos con lo que han hecho en materia de prevención desde la sanción de la ley. Por supuesto, esto se parece mucho a un diálogo de sordos o a una atmósfera de esquizofrenia que se ha apoderado del sistema. Mientras tanto cabe preguntarse qué dicen los datos oficiales.

Cuando el sistema se puso en marcha sólo el 3 por ciento de las empresas cumplían con las normas de seguridad e higiene requeridas. Hoy no existen datos muy confiables al respecto, pero en base a las inspecciones realizadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo puede estimarse que más del 93 por ciento de las empresas argentinas no cumple con los requerimientos de seguridad e higiene.

En diciembre, dentro de muy pocos días, se hará una nueva recalificación, pero resulta difícil pensar que en tan poco tiempo puedan verificarse avances muy importantes, ya que todo indica que la mayoría de las empresas no ha cumplido con las pautas establecidas en los planes acordados con las administradoras de riesgos del trabajo.

¿Qué hacen las administradoras de riesgos del trabajo al observar que las empresas no cumplen? En caso de que presionen mucho a las empresas para que cumplan con los planes previsionistas corren el riesgo de perder el cliente; lo mismo ocurre si incrementan excesivamente las primas por mayores riesgos. En esta situación el que paga las consecuencias es el trabajador, con su inseguridad, su integridad psicofísica y en muchos casos con su vida.

Recuerdo que cuando advertimos a nuestros interlocutores acerca de que la siniestralidad era muy alta y que todos los días mueren trabajadores, tanto la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como las administradoras y los empleadores nos respondieron con pseudotecnicismos de moda, que sostienen que si bien las estadísticas muestran índices elevados resulta imposible analizarlos comparativamente porque antes de la sanción de la ley 24.557 no existían registros confiables. También manifiestan que desde que este subsistema de la seguridad social funciona, la siniestralidad está en baja; sin embargo, más allá de los pretendidos atenuantes que se esgrimen desde los distintos sectores, lo cierto es que la siniestralidad aún es muy alta.

Si tomamos en cuenta los casos fatales veremos que estamos seis veces por encima de los índices de Estados Unidos y el promedio de la Unión Europea; duplicamos a España y nos ubicamos casi veinte veces por arriba de Inglaterra. Además, es por lo menos muy dudoso que a partir de la vigencia del subsistema se plantee una tendencia consolidada a la baja de los índices de accidentes fatales. Si bien es cierto que hubo una caída en los casos fatales registrados en 1997 en relación con 1996, la proyección de los primeros siete meses del año en curso permite estimar una suba de los indicadores de fatalidad hacia el final del año. Pero cuando advertimos esto sacan a relucir el otro pseudotecnicismo que les permite enfrentar los debates mediáticos sin modificar las deplorables conductas que han contribuido a sumir el sistema en una crisis asfixiante.

"¡Cuidado!", nos dicen. "Hay que tener en cuenta que subió la población cubierta." Esto es correcto, pero aun teniendo en cuenta el crecimiento de la población, en 1996 tuvimos por cada cien mil trabajadores, veinticinco casos fatales, veintidós en 1997 y para diciembre de 1998 podemos estimar en veinticuatro los casos fatales del presente año.

Ante la gravedad que evidencian estas cifras, con helada insensibilidad algunos pretenden inducirnos a creer que la culpa la tienen los que manejan rápido y los que no respetan los semáforos al decirnos que los datos esconden una porción muy significativa de accidentes in itinere.

Si bien es cierto que el tránsito es una preocupación real en la Argentina que realmente se expresa en el número de accidentes in itinere, es por lo menos inaceptable pretender encubrir el drama de la inseguridad en el trabajo con argumentos como éste. Aun contemplando la cuestión, la proporción de este tipo de accidentes permanece más o menos constante con la evolución de las cifras de siniestralidad, es decir que no explica la evolución de las cifras de accidentes que podríamos estimar.

Entonces, por un lado tenemos siniestralidad alta; por otro, falta de prevención; y, finalmente, una muy fuerte puja de mercado.

Frente a todo esto nos preguntamos alarmados quién controla esta situación. El organismo de control es la Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo; y si bien durante el primer semestre de 1998 se realizaron más inspecciones y se aplicaron más sanciones que durante todo el período anterior a la vigencia de la ley, aun así la capacidad de control de este organismo es sumamente reducida, tal como lo reconocen sus propios responsables. Ni el cuerpo de inspectores -treinta en total- ni el presupuesto de la Superintendencia permiten supervisar adecuadamente un sistema integrado por 412.166 empresas y 4.849.784 trabajadores con más de cuarenta aseguradoras de riesgos de trabajo.

Este es un problema central. Si no hay un control estatal adecuado, no habrá garantía de buen funcionamiento de un sistema que antes que nada es un negocio, dado que procura el logro de las finalidades de la ley a partir de la rentabilidad empresaria.

La ley 24.557, tal como lo reconoce la propia Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, ha hecho una delegación natural de la prevención en las aseguradoras de riesgos de trabajo.

Ahora bien: además de estar inmersas en la puja de mercado que mencionábamos antes, las aseguradoras tienen una estructura que permite dudar de su capacidad real de controlar efectivamente el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, aun suponiendo que quisieran hacerlo. Si entre el 10 y el 15 por ciento de la dotación de una ART está afectado a la tarea directa de prevención y seguridad, llegamos a una relación demasiado alta de empresas a cargo por cada especialista.

A poco que se ahonde en el contenido del dictamen del justicialismo y del de la oposición se verificará fácilmente que ambos son coincidentes en un 90 por ciento de su articulado y que sólo registran unas pocas diferencias significativas a las cuales se hará referencia en la discusión en particular. Esas diferencias en nada obstan para que se vote favorablemente en general el dictamen de mayoría y luego se puntualicen las diferencias en el tratamiento específico del articulado.

Como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo propuse este temperamento en la reunión en la que se dictaminó sobre el tema. Lamentablemente no tuve éxito; de haberlo logrado posiblemente estaríamos considerando este proyecto desde otro ángulo.

Esta iniciativa apunta fundamentalmente a poner énfasis en la prevención de los accidentes de trabajo. En ese sentido quiero ser claro y preciso: las medidas para preservar la vida y la integridad física de los trabajadores deben ser adoptadas a rajatabla, cualquiera sea su costo, y si el sistema no puede soportarlo será porque no sirve, pero bajo ningún concepto aceptaremos que la reducción de los costos para que se pueda sustentar un sistema se lleve a cabo a costa de la sangre, la vida o la discapacidad de nuestros compañeros.

Otro tema puntual que se pretende corregir en el proyecto es el referido a las competencias provinciales en materia judicial y a la adhesión y no imposición imperativa del sistema a las provincias. En este aspecto también hay coincidencia con los legisladores de la primera oposición.

Otra cuestión importante y liminar es el incremento de los montos indemnizatorios. Sobre el particular también existe coincidencia; tan solo se presenta una diferencia cuantitativa en lo referido al monto mínimo del resarcimiento: nuestro bloque propicia fijarlo en 80 mil pesos y la oposición propone establecerlo en 110 mil.

Deseamos dejar en claro que mucho nos gustaría coincidir en la cifra más alta o, en su caso, discrepar por propiciar un mínimo mayor. No somos tontos y es mucho más simpático y popular proponer más que propiciar menos, pero las responsabilidades que derivan del ejercicio del gobierno del país -que recae sobre nuestro partido- nos imponen la necesidad de ser realistas y responsables. De ello surge nuestro posicionamiento sobre esta particular cuestión.

También hay coincidencia en lo referido a la ampliación de los derecho-habientes que deben ser resarcidos, como así también en la inmensa mayoría de las cuestiones tratadas en ambos dictámenes.

Para terminar, insisto en reiterar mi convicción sobre la necesidad de reformar la ley 24.557, que bloquea la acción civil, que gira alrededor de un listado cerrado de enfermedades, con un sistema de prevención en crisis, con siniestralidad alta, con ausencia de las medidas necesarias de control público y que en sucesivas oportunidades ha sido declarada inconstitucional por tribunales de las más variadas jurisdicciones.

Para llevar la iniciativa a feliz término, hay que manejarse con criterio y con grandeza, evaluando adecuadamente el contexto político y económico general en que se enmarca la cuestión y no adoptar actitudes voluntaristas y efectistas que pueden servir para obtener espacio político, pero que seguramente serán la forma más efectiva de bloquear la modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo, que sin dudas es lo que los trabajadores esperan y merecen.

Las escasas diferencias que existen entre los dictámenes justifican un esfuerzo de amplitud con miras a alcanzar el objetivo de reformar la ley y dar una rápida respuesta a los trabajadores, que son quienes sufren a diario las consecuencias de un sistema de prevención que está sumido en una crisis profunda.

Todavía estamos a tiempo. Es imprescindible encaminar una rápida y adecuada respuesta que garantice la prevención, establezca reparaciones justas, revise los aspectos más controvertidos de la norma y promueva una dinámica de incentivos que cimiente una cultura de la seguridad en el trabajo.

Por todo ello invito a los señores legisladores que integran este cuerpo a votar afirmativamente esta iniciativa. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LAMBERTO).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALLENDE.- Señor presidente: debido al marco realmente lamentable al que nos vemos reducidos para el tratamiento de este importante proyecto de ley, me permito solicitar que pasemos a cuarto intermedio hasta la próxima semana para considerar el tema con la presencia de todos los sectores de la Cámara. Desgraciadamente el bloque mayoritario, a pesar del elocuente discurso que hemos escuchado del presidente de la comisión, no se encuentra presente en el recinto dando el quórum correspondiente.

Sr. PRESIDENTE (LAMBERTO).- En uso de las atribuciones conferidas a la Presidencia por el Reglamento de la Honorable Cámara, invito al cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 15 horas.