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42° REUNION - 1ra. SESION EXTRAORDINARIA (ESPECIAL)

Diciembre 16 de 1998

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri y Marcelo Eduardo López Arias.

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo, Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla.

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

Lista de oradores

Barberis	Bravo (L.A.)	Bulacio
Cafferata Nores	Díaz Colodrero	Domina
Fernández de Kirchner	González Gaviola	Gutiérrez
Lamberto	Pando	Pernasetti
Viaña

Sumario

Izamiento de la bandera nacional.
Convocatoria a sesiones extraordinarias. Lectura del mensaje y decreto del Poder Ejecutivo.
Convocatoria a sesión especial. Lectura de la documentación relacionada con la convocación y pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre el asunto a considerar.
Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre distribución del producido del impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario y del impuesto a la ganancia mínima presunta (229-S.-98).
Convocatoria a sesión especial para el 29 de diciembre de 1998.
Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 4 de este sumario. Se sanciona definitivamente (ley 25.082 ).

- En Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de diciembre de 1998, a la hora 18 y 32:

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Con la presencia de 132 señores diputados queda abierta la sesión especial.

Invito a la señora diputada por el distrito electoral de Buenos Aires, doña María Rita Antonia D´Errico, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

- Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, la señora diputada doña María Rita Antonia D´Errico procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.(Aplausos.)

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CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Por Secretaría se dará lectura del decreto del Poder Ejecutivo por el cual se convoca al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias, y del mensaje mediante el que se remite dicho decreto.

- Se lee el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se convoca a sesiones extraordinarias.

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CONVOCATORIA A SESION ESPECIAL

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Por Secretaría se dará lectura del pedido de sesión especial formulado por varios señores diputados en número reglamentario.

- Se lee.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia mediante la que se convoca a la Honorable Cámara a sesión especial.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- Se han cursado las correspondientes citaciones a los señores diputados.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde que la Honorable Cámara resuelva si considerará el asunto para cuyo tratamiento ha sido convocada.

Se va a votar. Se requiere el voto de los dos tercios de los presentes.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la consideración del asunto para la cual fue convocada la Honorable Cámara.

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DISTRIBUCION DEL PRODUCIDO DE IMPUESTOS

(Orden del Día N° 1.832)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. LAMBERTO.- Señor presidente: cuando hace unos meses llegó a este Congreso la ley de reforma tributaria, uno de sus objetivos era la neutralidad, es decir que para el ciudadano no aumentara su carga tributaria. A tal efecto, algunos impuestos debían subir y otros debían bajar en la misma proporción, de forma tal que la sociedad en su conjunto no tuviese que pagar mayores tributos. Además, cambiaba la naturaleza del impuesto, pues se dejaba de gravar el trabajo para aplicar imposiciones sobre ganancias y capitales.

Ese objetivo indiscutido de todos los sectores, de hecho tiene en su implementación práctica algún tipo de dificultad, que se pretende solucionar con esta norma.

Cuando se habla de eliminar impuestos al trabajo, desde el punto de vista de los recursos del Estado nacional son los no coparticipables; esto significa que se destinan en forma plena al Estado nacional y no se distribuyen en las provincias.

La característica de esta reforma que votó el Parlamento argentino permite disminuir los impuestos que no son coparticipables, y aumentar los coparticipables. Al aumentar los impuestos coparticipables lograríamos un mecanismo de mayor presión fiscal sobre la gente, que permitiría aumentar los recursos de las provincias, más allá de lo que requieren para financiarse adecuadamente. Por otro lado, la Nación no tendría recursos para financiarse, con lo cual no se podría cumplir el objetivo de disminuir los impuestos al trabajo, y existiría la imposibilidad práctica de llevar adelante esta reforma.

Por eso, simultáneamente con el ingreso de esta reforma tributaria a la Cámara de Diputados tuvo entrada en el Senado un proyecto que contiene una suerte de precoparticipación, porque así corresponde por la Constitución Nacional. El Senado tenía que decidir sobre el destino de los fondos de la recaudación de la reforma tributaria votada en esta Cámara. La Cámara de Diputados y la de Senadores ya sancionaron el proyecto de ley de reforma tributaria; la ley está por ser promulgada, lo que falta por resolver es el tema de la distribución de los fondos. A esto se refiere la iniciativa que estamos tratando en el día de la fecha.

Este proyecto fue largamente discutido en el país; en el Senado se llegó a acuerdos con las provincias; incluso hubo funcionarios de esas jurisdicciones que participaron en la redacción de la norma que permitió preservar los intereses concretos de las finanzas provinciales. Básicamente, lo que se está planteando es un horizonte de tranquilidad para todas las provincias durante los próximos dos años. Ello se debe a que se establece una pauta de ingresos por encima del mínimo del pacto fiscal, de lo recaudado en 1998 e, incluso, de la expectativa de recaudación para 1999, como lo plantean muchos analistas.

Sabemos que esta iniciativa, por tratarse de una norma que modifica la ley de coparticipación, requiere de una mayoría especial para su aprobación. De hecho, se trata de plasmar en un papel el acuerdo logrado con las jurisdicciones provinciales que permite mejorar la posibilidad de bajar los costos laborales, los impuestos al trabajo, y brindar una opción para que los argentinos encuentren trabajo. Por otra parte, permite que el sistema tributario resulte más progresivo al cambiarse los impuestos al trabajo por el impuesto a las ganancias.

Sancionar esta norma es avanzar en un sistema tributario bastante mejor que el que tenemos; es cerrar un año legislativo en el que se aprobaron iniciativas importantes como la de reforma tributaria y la referida al presupuesto nacional, que contiene parte del financiamiento que estamos considerando. Sin duda, también significa avanzar en una nueva relación tributaria; como lo dijimos la noche del debate del proyecto sobre modificación del impuesto a las ganancias, implica que los sectores que tienen mayor capacidad contributiva aporten más que aquellos otros sectores que ven incluso frenada su posibilidad de acceso al mercado laboral por ser castigados con impuestos al trabajo.

En todas partes del mundo, cada vez más, los sistemas previsionales se financian con sistemas de base general, como son los impuestos al consumo y a las ganancias. También la sociedad argentina avanza en ese camino y esta norma completa este círculo.

El objetivo es no tener más impuestos al trabajo sino contar con un impuesto a las ganancias que lo pague la mayor cantidad de gente; asimismo, se procura bajar las tasas de impuestos a los consumos y contar con un sistema cada vez más parecido al de los países occidentales.

Esta norma, tal como fue sancionada por el Senado, registra algún tipo de problemas que requieren una interpretación especial. En ese sentido, durante la consideración en particular voy a exponer la interpretación del artículo 2°, que fuera acordado en el trabajo en conjunto de los técnicos de las distintas bancadas, fundamentalmente para que no queden dudas ni malas interpretaciones en cuanto a cómo debe entenderse esta cláusula, tanto para garantizar los intereses de las provincias como para equilibrar los recursos del Tesoro nacional.

Por lo señalado, voy a solicitar a este cuerpo que nos dé el apoyo que se requiere a fin de contar con la mayoría que establece la Constitución para que esta norma sea ley de la Nación. Durante la consideración en particular, seguramente se darán los argumentos referidos a las cláusulas que vamos a interpretar.

Reitero, entonces, el pedido de apoyo a los representantes de las distintas bancadas para obtener esa mayoría que establece la nueva Constitución.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. PERNASETTI.- Señor presidente: la norma que estamos por votar seguramente no nos debe gustar a muchos, ya que se trata de reconocer un sistema por demás complejo e injusto de distribución de impuestos percibidos por la Nación.

Debemos reconocer también las falencias de este Congreso al no haber cumplido la cláusula transitoria Sexta de la Constitución Nacional, que contenía la obligación de sancionar la ley de coparticipación federal en función de los parámetros establecidos en el inciso 2 del artículo 75, antes de la finalización de 1996.

Habiendo esta Cámara sancionado la prórroga de la ley de impuesto a las ganancias, así como la prórroga de los pactos fiscales, evidentemente la norma que estamos por votar es un simple parche. Pero no podemos dejar pasar este momento sin solicitar a todos los sectores políticos el compromiso de cumplir con el mandato constitucional de sancionar una nueva ley de coparticipación federal, que es la única forma de cambiar la realidad económica de las provincias.

Quienes venimos de provincias donde tenemos la responsabilidad de gobernar, a veces debemos tomar decisiones pragmáticas, que no nos gustan pero que responden a los intereses de nuestra propia gente.

Antes de la votación, y a pesar de las manifestaciones del señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, voy a solicitar algunas precisiones frente a las dudas que el propio proyecto genera, para que sean respondidas cuando tratemos la cuestión en particular.

Como antecedente a esta norma encontramos que existió un acuerdo entre las provincias gobernadas por el partido Justicialista, firmado el 4 de noviembre de 1998, por el cual se establece que el producido del impuesto a la ganancia mínima presunta, de los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario se iban a distribuir conforme a dicho acuerdo, según el cual se destinaban 1.240 millones de pesos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

El proyecto de ley que aprobó el Senado eleva esta cifra en un poco más de 900 millones de pesos dado que habla de 2.154 millones de pesos. Queremos saber cuál es la razón de esta diferencia.

En segundo lugar, queremos plantear, por ser confuso, la eliminación del segundo párrafo del artículo 2° del proyecto de ley, pues aunque hagamos todas las interpretaciones posibles del texto, nos parece que resulta de imposible cumplimiento.

Dejo planteada esta cuestión a fin de que sea tenida en cuenta cuando tratemos en particular el artículo 2°.

"A la continuación de este debate: punto 6 de este sumario".

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CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia informa a los señores diputados que para el próximo 29 de diciembre, a las 11 horas, se acordó la realización de una sesión especial para la consideración del Tratado de Límites firmado con la República de Chile en relación con la zona de los Hielos Continentales.

Para evitar el trámite de la convocatoria, que debería realizarse por Secretaría, si existe asentimiento, la Cámara quedaría convocada a dicha sesión especial.

- Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Entonces, la Cámara ha quedado convocada para la hora y el día mencionados.

La Presidencia dará forma de resolución a lo decidido por la Honorable Cámara.

Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

Sra. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Para una interrupción a la señora diputada Pando, tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.

Sra. FERNANDEZ DE KIRCHNER.- Señor presidente: en realidad, no se trata de una interrupción sino que voy a referirme al tema de la convocatoria a sesión especial, para el que había solicitado la palabra.

En relación con el tratamiento del acuerdo sobre Hielos Continentales para el próximo 29 de diciembre, deseo señalar que todavía no hemos recibido el texto que se ha firmado. Lo desconocemos totalmente o, por lo menos, no todos los legisladores de la Cámara lo han podido leer.

Por ello considero que fijar esa fecha para tratar la cuestión implicaría una falta de responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que por lo menos en las manifestaciones o en la verbalización se ha señalado que las cosas se iban a hacer en forma diferente a la línea poligonal.

Soy integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y junto con otros de sus miembros no hemos tenido conocimiento ni participación en el diseño del acuerdo de límites entre la República Argentina y la República de Chile. No puede fijarse su consideración para el día 29 del corriente sin que siquiera conozcamos el texto de lo que vamos a tratar. Sólo conocemos por trascendidos aparecidos en los diarios que el debate sobre este tratado de límites sería sin mapa, lo que sería como un hallazgo, junto con los ositos Winnie the Pooh de Di Tella.

Por lo expuesto dejo constancia de mi oposición al tratamiento de este tema el día 29 sin tener previamente conocimiento de qué documentación se acompaña con el acuerdo y sobre qué aspectos éste versa.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia informa que el acuerdo ha tenido entrada hoy al mediodía, de modo que está a disposición de los señores diputados en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

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DISTRIBUCIÓNDEL PRODUCIDO DE IMPUESTOS
(Continuación)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Continúa la consideración del dictamen sobre distribución del producido de impuestos.

Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

Sra. PANDO.- Señor presidente, señores diputados: escuché con mucho detenimiento y asombro las palabras del señor miembro informante y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El nos ha presentado y vendido este proyecto como la panacea para las provincias, como que estamos por recibir cifras que en justicia nos pertenecen, y donde estamos por superar los actuales montos que los habitantes de cada una de ellas también reciben. Se nos exhibe este proyecto como si a través suyo se nos estuviera regalando lo que no es de las provincias ni de sus sufridos hombres del interior. Pero se omitió decir que con este proyecto se está violando una vez más la Constitución Nacional.

Yo hubiese querido que aquí existiera un acto de sinceramiento y se dijera que el artículo 75, inciso 2°, de la Constitución Nacional y la cláusula transitoria pertinente son vulnerados una vez más en el Congreso de la Nación. Aquí se presenta este proyecto como que cada provincia va a recibir algunos millones de pesos más, pero yo me pregunto: ¿no será que nosotros no sabemos que tenemos deberes incumplidos y que deberíamos estar peleando por un régimen de coparticipación que sea justo y que reivindique la autonomía y el verdadero federalismo? ¿Qué nos está pasando, que estamos entregando las autonomías? ¿Qué nos está ocurriendo, que en honor a una fidelidad de determinado signo partidario no defendemos los intereses provinciales? ¿Acaso pensamos que con este proyecto estamos por resolver lo que cada uno de nuestros comprovincianos nos está pidiendo?

Se cree que con este proyecto se calman algunas voces de la conciencia, pero ni siquiera es así, porque con esta norma continuarán todos y cada uno de los regímenes especiales, seguirán los 600 millones de pesos del Fondo del Conurbano Bonaerense y también los índices de coparticipación que no guardan relación entre los argentinos de distintos lugares. También seguirá presente la gran injusticia. Pero, como si esto fuera poco, estamos por repartir en función de los intereses que les vamos a cobrar a nuestros fundidos empresarios, a quienes no les estamos dando las llaves necesarias y suficientes para que puedan promover sus industrias.

Es una vergüenza que en el proyecto digamos que estamos por extraer mayores fondos por los intereses al endeudamiento empresarial. ¿De dónde sale ese endeudamiento empresarial? Proviene de todos y cada uno de los argentinos que quisieron invertir creyendo en las pymes y en la fuerza y potencial de la Argentina. A esos vamos a castigar. De la miseria de cada uno extraeremos fondos para repartir luego entre la miseria general del país.

¿Por qué no planteamos aquí que esta ley es inconstitucional? La ley 23.548 está fuera del contexto legal, porque en 1994 todos juramos cumplir una nueva Constitución, y en 1996 teníamos que estar aquí ofreciendo a todo el país un sistema que sea creativo, productivo y justo.

Un diputado de la provincia de Corrientes no puede votar afirmativamente este proyecto de ley cuando una provincia vecina tiene 7 millones de pesos mensuales más en concepto de coparticipación. ¿Por qué los correntinos vamos a seguir aguantando estas injusticias, que en este caso particular nos representa 70 millones de pesos anuales? Con estos 70 millones de pesos podríamos construir 320 kilómetros de caminos; becar estudiantes no pudientes del EGB o del Polimodal -por lo menos, 15 mil al año-; promover industrias que hoy no cuentan con el apoyo del Estado nacional, que están quebradas o fundidas, y a las que se les prometió ayuda; promover las pymes, etcétera.

Entonces, ¿a título de qué vamos a oficializar una ley que significa una nueva violación a la Constitución Nacional por este Congreso, en detrimento de 900 mil correntinos? Y, lo que es más grave aún, se nos quiere presentar esta ley como si fuera una panacea.

Llamo a la reflexión a los señores diputados: no se dejen endulzar, no compren miseria y no se engañen por algunos millones más que dicen que vamos a recibir. No se olviden de que permanentemente nos jactamos que este Congreso piensa y brega por la gente. Pero si este proyecto se llega a votar vamos a ser los abanderados de la prostitución legislativa...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. PANDO.- Cada uno tendrá que votar a conciencia. Leamos el artículo 75, inciso 2°, de la Constitución Nacional, y la cláusula transitoria pertinente. Recordemos quienes fuimos constituyentes qué es lo que juramos en 1994: dar a todas las provincias autonomía y federalismo, mientras que aquí nos están endulzando con algunas monedas. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. GONZALEZ GAVIOLA.- Señor presidente: deberíamos sentirnos avergonzados ya que por uno de los artículos del proyecto de ley de presupuesto, que sancionamos hace dos semanas, se cedió una de las potestades más importantes de este cuerpo: la de distribuir el gasto público, al facultarse al señor jefe de Gabinete de Ministros a rehacer el presupuesto nacional de la manera que él considere más oportuna.

Hoy se pretende, si este proyecto de ley reúne los votos necesarios para ser sancionado, que haya otra claudicación por parte de este cuerpo, sepultando lo que alguna vez pretendió ser el régimen federal de distribución de impuestos en la República Argentina.

Quiero recordar a los colegas electos en representación del pueblo de las distintas provincias argentinas, y a todos aquéllos que muchas veces agregamos el adjetivo "federal" para tratar de dar mayor fuerza al instrumento que se sanciona, que lo que aquí se va a votar es todo lo contrario a un régimen federal de impuestos. Esto significa condenar a muerte al federalismo fiscal en la Argentina.

Originariamente, antes de la gestión del presidente Menem y en plena vigencia de la ley de precoparticipación, las provincias eran socias mayoritarias en el reparto de lo recaudado en concepto de coparticipación, ya que les correspondía el 56 por ciento de esos recursos.

Con las distintas modificaciones que el gobierno nacional ha introducido a esa ley de coparticipación, con la anuencia de la mayoría de las gobernaciones, se ha revertido esa situación: el gobierno nacional se lleva aproximadamente el 65 por ciento de esos recursos, a pesar de que hoy no administra empresas deficitarias, y de que ha transferido a las provincias servicios como los de educación y salud. O sea que el gobierno nacional ha tenido un incremento del 20 por ciento en la masa de recursos coparticipables, en desmedro de los estados federales argentinos.

Se ha dicho que todo esto tiene por objeto posibilitar el pago de las jubilaciones. Nosotros decimos desde el Frepaso y la Alianza que los jubilados son los rehenes de toda esta transformación, que pone a la clase pasiva de por medio, escondiendo una tremenda transferencia de recursos desde las provincias a algunos sectores que hoy reciben subsidios o beneficios injustificados.

En realidad, la cesión de recursos que han efectuado las provincias, que hoy se pretende profundizar mediante la sanción de este proyecto de ley, persigue el propósito de rebajar los costos laborales a un sector que hoy no compite en la economía globalizada -el de los bienes no transables-, que implica prácticamente una reducción de los aportes patronales a la mitad.

Este verdadero subsidio que se ha concedido no tiene ninguna justificación desde el punto de vista del mejoramiento de la competitividad. También se pretende mantener esta situación de malgasto público que el gobierno nacional está haciendo, tal como lo demostráramos en el análisis pormenorizado de las anteriores leyes de presupuesto y en el del presupuesto para 1999.

Además, en el presupuesto para el próximo año existe una duplicación de los gastos superestructurales de ministros, subsecretarios y autoridades superiores, que no son destinados a actividades fundamentales del Estado sino que se trata de gastos suntuarios y superfluos.

Decía que cuando se firmó el Pacto Federal Fiscal, que es el precedente de esta iniciativa que se pretende sancionar, había un compromiso del gobierno nacional en el sentido de restituir a las provincias cada punto que se bajara en materia de aportes patronales en virtud de los recursos que se sustrajeran a las provincias. Luego de cuatro años de experiencia de rebajas de aportes patronales hemos advertido que al sistema jubilatorio no se le han restituido 10 mil millones de pesos que les fueron sustraídos a las provincias por ese concepto -y por algún otro-, recursos que hoy continúan financiando la transición del sistema jubilatorio a través de la reforma implementada por la ley 24.241 y mediante las partidas que hemos criticado respecto de la ejecución del presupuesto.

Por ello, pretender aprobar esta ley significa seguir incumpliendo -como bien se ha dicho- con el mandato constitucional de sancionar primero la ley de precoparticipación.

Uno de los problemas más serios que tiene la Argentina es el de las asimetrías, por la concentración global del ingreso -que hoy está en pocas manos- y por la distorsión regional que ello está generando. Uno de los instrumentos para resolver esto sería sancionando una nueva ley de coparticipación que tratara de paliar la situación de estas asimetrías en materia de distribución de montos per cápita que las provincias vienen recibiendo.

Reitero que hoy se dan tremendas asimetrías. Esto lo digo como representante de la provincia de Mendoza, que está ubicada en penúltimo lugar en materia de coparticipación per cápita.

Lejos de seguir haciendo parches, se impone aplicar lo que venimos diciendo desde la sanción de la ley de reforma tributaria, porque esta última implica una mayor concentración de recursos ya que fundamentalmente afecta, a través del impuesto a la ganancia mínima presunta y del impuesto al endeudamiento, a las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de localización regional.

El hecho de que hoy la Nación pretenda quedarse con la tajada mayor achicando los beneficios de las provincias implica ni más ni menos que transformar el régimen de coparticipación. Cuando las provincias debieran ser los socios mayoritarios de este emprendimiento, por miedo a las maniobras del gobierno nacional se aferran a una cuota fija sin poder ejercer con plenitud el derecho a participar como corresponde en la masa de recursos.

Si aplicáramos plenamente la ley de coparticipación, el piso de 920 millones de pesos quedaría muy corto, y esto es lo que deberían reconocer los gobernadores valientes.

Por esa razón, el Frepaso y la Alianza se oponen a la sanción de esta iniciativa, en el entendimiento de que algunos legisladores pueden ejercer su libertad de conciencia atento a que la situación acuciante y el chantaje que algunas provincias vienen sufriendo por parte del gobierno nacional tornan imperativa la necesidad de garantizar ese piso que representa sólo 10 millones de pesos más en el reparto a las provincias de lo que se ha distribuido en promedio durante 1998, cuando sabemos que los recursos que la reforma va a generar estarán por arriba de los 2.500 millones de pesos, si se aplican y ejecutan correctamente las cláusulas que desde el Frepaso y la Alianza apoyamos, como son los mecanismos de antievasión y antielusión.

Por ello, el Frepaso y la Alianza votarán en forma negativa este proyecto de ley que tiende a seguir postergando la discusión de la ley de coparticipación para seguir emparchando en desmedro de las provincias y a favor de una concentración mayor de los recursos en el gobierno nacional. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. GUTIERREZ.- Señor presidente: en honor a la brevedad vamos a dar sólo algunos argumentos por los cuales el bloque Demócrata de Mendoza votará en contra de este proyecto.

Con esta norma se genera un grave problema para la Nación Argentina, y por ende para las provincias y todos sus habitantes.

Estamos ante el típico dilema de la ética de la conciencia y la ética de la responsabilidad. En esta oportunidad, los demócratas de Mendoza votaremos según nuestra conciencia.

Las provincias argentinas preexisten a la Nación Argentina. Cada una de ellas tiene gobernadores y poderes constituidos que, en virtud de leyes como la que se intenta aprobar hoy en este recinto -utilizando nuevamente el argumento de la gravedad extrema de la República-, se han transformado en eternos mendicantes y negociadores frente a la Nación. Esto ocurrió con los fondos para la vivienda, los fondos viales, los fondos para obras públicas, los fondos sociales y los innumerables parches a la ley de coparticipación de impuestos federales entre la Nación y las provincias.

Lo peor de todo, sin embargo, son las enojosas situaciones que se generan entre las provincias argentinas, porque el gobierno nacional se da el lujo de enfrentarlas. No podemos ser hipócritas. En su lucha por el federalismo, al pelear por sus recursos, una provincia no se enfrenta a la Nación sino que trata de hundir a la provincia que tiene al lado.

Este es el perverso sistema que se ha creado con los sucesivos parches que se aprobaron en función del interés último de la Nación cuando las papas queman. Eso es lo que ocurrió con el sistema previsional, y es lo que ocurrirá con el Fondo de Financiamiento Docente y con este proyecto que se pretende aprobar.

Se dice que si esta ley no se sanciona o sufre modificaciones, será vetada y caerá la reforma impositiva. Nuevamente tenemos que decir que con seguridad esto no es bueno para la Nación ni para la negociación que las autoridades argentinas están llevando a cabo frente a los organismos de crédito internacionales. Pero esto tampoco es bueno para las provincias, y por eso no lo podemos aceptar.

Finalmente, quiero señalar que con sorpresa estoy advirtiendo en el radicalismo una reacción que no se corresponde con su estilo. La Unión Cívica Radical -partido integrante de la Alianza-, que aspira a gobernar nuestro país a partir del año próximo, sabe muy bien de la necesidad de dar ya mismo un nuevo sistema de coparticipación de impuestos federales a la Nación.

No me parece sano el hecho de que el radicalismo esté intentando negociar su apoyo a este proyecto por una prórroga de cinco años a esta legislación de parches. Espero que revea su actitud, porque esta posición que llaman pragmática no le haría bien a su campaña, ni beneficiaría la defensa de las provincias que dicen enarbolar.

Voy a ser un poco más duro: esto ni siquiera es pragmatismo. No se puede asimilar este ámbito con una carpa de gitanos en la que las decisiones se toman según lo que se obtiene y lo que se deja.

No hay piso de coparticipación, no hay caída de recaudación ni tampoco es viable el cuento del niño malo para asustar a las provincias; eso es lo que ocurrió durante los últimos años y es un argumento que no se puede seguir utilizando.

Pido encarecidamente a los señores miembros del radicalismo, integrantes de la Alianza, que no condicionen su decisión al hecho de sacarse un paquete de arriba por cinco años; es una actitud que no hace bien a su tradición republicana y federal.

Con estos argumentos, e insistiendo en que las provincias argentinas son preexistentes a la Nación, fundamentamos nuestro voto negativo al proyecto en consideración.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. BRAVO (L.A.).- Señor presidente: como todos los proyectos de ley que elaboran los hombres que componen este Parlamento, esta iniciativa no es ni tan buena ni tan mala.

El texto en consideración tiene algunas cosas positivas, como por ejemplo que se asegura a las provincias recursos por 920 millones de pesos. Debemos reconocer que dentro de la grave situación económica por la que estamos atravesando esto brinda cierta tranquilidad a los gobernadores provinciales.

El proyecto contiene también algunas contradicciones intrínsecas que desde mi punto de vista ameritan por lo menos una discusión. Se prevé una disminución de la recaudación y al mismo tiempo se piensa reducir los aportes patronales con el objeto de que aumente la oferta de trabajo en el país. En verdad, en el mundo no hay experiencias que muestren que bajando los aportes patronales se crea más trabajo. Me parece que en todo caso los empresarios pagarán menos, pero no ofrecerán más trabajo. Esta es una impresión personal que creo el tiempo confirmará.

En relación con los jubilados, cabe recordar que varias provincias trasladaron las cajas de jubilaciones y pensiones a la Nación. En ese sentido, tampoco es tan malo que el gobierno afirme que los recursos que superen los 920 millones de pesos se destinarán directamente a todos los jubilados del país. Sostengo que esto no es tan malo porque de este modo sabemos a dónde irán los millones de pesos que superen ese piso.

Este proyecto de ley es un parche porque los señores senadores de la Nación no están capacitados para sentarse a discutir un verdadero proyecto de ley de coparticipación federal. Sucede que cuando sólo se trata de distribuir miseria, en el debate cada provincia pretende sacar la ventaja que le corresponde.

Aprecio que el proyecto de ley en consideración tiene algunos aspectos positivos y otros negativos. Al respecto, deseo aclarar a los miembros del bloque Justicialista que, si mi presencia contribuye a alcanzar los ciento veintinueve votos al momento del pronunciamiento, propondré una modificación a esta iniciativa como condición para ello.

En mi opinión, en el artículo 2°, en lugar de decir: "...hasta el 31 de diciembre del 2000", debería expresarse: "...hasta que se dicte una nueva ley de coparticipación federal", o -lo podemos discutir- "por un plazo de cinco años". No estoy de acuerdo con que se fije un plazo de dos años porque significa trasladar un problema irresuelto al próximo gobierno. Entonces, debemos optar entre establecer un plazo de cinco años, con lo cual no se afectaría al próximo gobierno, sea justicialista o de la Alianza, o disponer con claridad que esta norma tiene vigencia hasta que se dicte una nueva ley de coparticipación federal. Esta última alternativa obligaría a los señores senadores a discutir esa norma.

Para finalizar, reitero que sólo votaré en general por la afirmativa si se modifica el artículo 2°, teniendo en cuenta algunas de las alternativas que he expuesto.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. BULACIO.- Señor presidente: una vez más estamos considerando un proyecto de ley parche que pretende resolver las urgencias motivadas por las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Estamos sentados siguiendo las instrucciones de este organismo tan discutido en los últimos tiempos por su fracaso en detener la crisis ya universal de los mercados.

En reiteradas oportunidades se ha reclamado en este recinto el cumplimiento de la cláusula transitoria sexta de la Constitución reformada en 1994, que exige que antes de finalizar el año 1996 se establezca un nuevo régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75.

La ley 23.548 vigente se prorrogó en forma automática hasta tanto se dictara un nuevo régimen sustitutivo. ¿Por qué la Nación y las provincias no han avanzado en la sanción de esta obligatoria ley convenio? ¿Por qué han transcurrido dos años en exceso del plazo constitucional?

Advertimos que como consecuencia de ese incumplimiento se ha producido una situación institucional inconveniente y sumamente desventajosa para las provincias.

La discusión de una nueva ley de coparticipación federal justamente debería apuntar a remediar esta situación de inequidad, a partir de criterios de reparto objetivos y justos que atiendan los actuales desequilibrios provinciales y regionales, y brinden un adecuado marco fiscal para el desarrollo armónico de la Nación.

El problema federal es mucho más que el de la distribución de competencias entre la Nación y las provincias o la asignación de sus recursos. Se trata, a mi juicio, de la voluntad política de constituirnos en Nación integral o bien renunciar a ese objetivo.

La Constitución de 1853 creó un sistema de competencias entre la Nación y las provincias destinado a hacer posible la unión nacional. Las provincias resignaron parte de sus poderes con el expreso objeto de que existiera la Nación. En aquellos momentos el acento estaba puesto en fortalecer la unidad, que había sido el objeto postergado por más de cuarenta años que tantos desencuentros ocasionó a los argentinos.

Alberdi enfatizaba el hecho de que era impensable un gobierno nacional sin un Tesoro nacional. De nada valía encomendarle la seguridad, la educación, la salud y la justicia si a la vez no se proveía al gobierno nacional de los recursos adecuados. De esta necesidad nació el sistema tributario contenido en nuestra Constitución, que prevé una distribución de competencias entre los gobiernos nacional y provinciales.

Además, se trataba de delimitar la competencia sobre los impuestos directos e indirectos. Respecto de los primeros, no había duda de que pertenecían a las provincias; sin embargo, se convino que el Congreso podría establecerlos cuando razones de emergencia lo justificaran. Las razones circunstanciales que se invocaron se convirtieron en justificativos permanentes que por sucesivas prórrogas permitieron que impuestos como el de réditos, que se estableció por un breve período, se extendieran finalmente por más de sesenta años.

Los impuestos indirectos debían ser compartidos entre la Nación y las provincias en una proporción razonable nacida de índices objetivos que hicieran posible un crecimiento armónico de todo el país. De este objeto nació el sistema de coparticipación vigente.

La simple observación muestra que las leyes creadoras de gravámenes coparticipables aparecen dictadas por la Nación sin que en general las provincias hayan intervenido en su redacción. Esta potestad así ejercida ha sido criticada doctrinariamente, pues en la práctica habría una verdadera delegación de funciones de parte de las provincias no prevista en el sistema constitucional.

Se advierte asimismo que por nuestras características económicas y demográficas la mayor parte de la recaudación se efectúa en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y oscila entre el 50 por ciento y el 85 por ciento del total recaudado en el país. Esto es obvio ya que las casas centrales de las grandes empresas, bancos, etcétera, se hallan establecidas en esa zona. El reparto se efectúa de acuerdo con los indicadores y los índices que estatuye la ley vigente, y desde que se creó el sistema cada una de las provincias ha venido pujando permanentemente para aumentar los porcentajes a su favor.

También se advierte que las provincias, de alguna manera, dependen significativamente de los fondos de coparticipación. Muchas veces la coparticipación representa el 90 por ciento de sus ingresos y los recursos tributarios de su territorio sólo el 10 por ciento.

Frente a todas estas situaciones de hecho y de derecho, la reforma de 1994 estableció la oportunidad de fijar un plazo perentorio para que se formule un nuevo régimen de coparticipación entendiendo que era necesario e imperativo introducir correcciones. El país todo está esperando esta ley convenio.

Quiero recordar también que las provincias delegan en la Nación el cobro de sus impuestos, y ésta confiesa públicamente, y sin rubor alguno, que es una administradora ineficaz ya que registra altos índices de evasión fiscal. En este caso, ¿la Nación no debería resarcir a las provincias por su mal desempeño recaudador? Yo pienso que sí, ya que las provincias no tienen por qué pagar los platos rotos de la ineficiencia para prevenir la evasión de parte de los organismos recaudadores del Estado nacional. Las provincias deberían recibir la coparticipación, que es hoy del 48,5 por ciento, por todos los impuestos evadidos y que la Nación se ve imposibilitada de cobrar por su incompetencia.

Lo que necesitamos es un nuevo y equitativo régimen de coparticipación que tienda a equilibrar el desigual desarrollo entre las provincias y regiones. Debemos volver al concepto alberdiano que sostiene que la unión argentina constituye nuestro pasado de doscientos años y forma la base de nuestra existencia venidera. Sin la unión de los intereses argentinos, habrá provincias argentinas, pero no habrá República Argentina ni pueblo argentino: habrá riojanos, cuyanos o porteños, pero no habrá argentinos.

Por lo expuesto, quiero adelantar mi voto afirmativo a esta iniciativa. Mi reclamo por una nueva ley de coparticipación federal es el de todos. Sin embargo, hoy, ante la evidencia, los hechos y las circunstancias, creo que es mejor fijar un piso mínimo para las provincias y no dejar la situación absolutamente inestable.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

Sr. VIAÑA.- Señor presidente: anticipo mi voto afirmativo al proyecto en cuestión, pero también quiero dejar sentada una situación que se presenta a menudo en la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros interpretamos que en el artículo 3° está incluida nuestra provincia. Pero en la iniciativa referida al monotributo tuvimos inconvenientes; por ello el Congreso tuvo que sancionar una ley modificatoria, pues se interpretaba que Tierra del Fuego no estaba incluida en la distribución secundaria.

Por lo tanto, creo que es importante que este Congreso deje sentado en este caso en particular que Tierra del Fuego está incluida dentro de los 920 millones de pesos de distribución secundaria.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. DIAZ COLODRERO.- Señor presidente: hace poco más de un año juraba aquí en esta Cámara sobre la Biblia cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Había logrado la honrosa diputación nacional por la provincia de Corrientes, y me comprometí ante todos los correntinos a luchar firmemente por obtener una definitiva ley de coparticipación federal de impuestos que reparara las injusticias a las que viene siendo sometida mi provincia.

Y hoy, al final del año legislativo, me he dado cuenta en forma indudable de mi ingenuidad, porque he sido excesivamente iluso al creer que todas las bancadas de esta Cámara iban a realizar un estudio serio, con voluntad política para definir antes de que termine el año parlamentario una verdadera ley de coparticipación federal.

Quien no conozca el contenido del proyecto podría decir que más vale tarde que nunca, que los diputados estamos analizando hoy una ley de precoparticipación federal que sería algo así como la antesala de la definitiva ley de coparticipación federal, pero esto no es cierto.

Más allá de que a algunos les haya dolido lo que ha dicho la señora diputada Pando, es evidente que no hemos sido capaces, porque no hay voluntad política, de acometer seriamente el tratamiento de una ley vital para el futuro de nuestras provincias. En realidad, estamos anestesiando la definitiva ley de coparticipación federal, no sé por cuánto tiempo, uno, dos, tres o más años.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Marcelo Eduardo López Arias.

Sr. DIAZ COLODRERO.- La primera luz de alarma, después de la reforma constitucional realizada en Santa Fe, se dio cuando el Poder Ejecutivo nacional obligó a todas las provincias argentinas a adherir al Pacto Federal para el Empleo y el Crecimiento, allá por el año 1996.

Nos ilusionaron a todas las provincias con que, si adheríamos al citado pacto, habría empleo y crecimiento armónico de las provincias argentinas. Ya por aquel entonces, y dentro del texto de ese pacto, se contemplaba el traslado del cumplimiento de la exigencia constitucional hasta diciembre de este año.

Por eso quizás haya concurrido a esta sesión con alguna ilusión, pensando que este año podría levantar la mano votando la definitiva ley de coparticipación federal.

Pero continuó la luz de alarma, hasta que advertimos que la reforma tributaria que votó este Congreso -y no la votamos los liberales de Corrientes- contenía una cláusula transitoria muy breve que establecía que la ley iba a regir hasta que se dictara la definitiva ley de coparticipación federal.

Al finalizar un año legislativo más, debemos realizar la autocrítica, con la vergüenza de muchos de nosotros, porque no hemos tenido la capacidad para ponernos a estudiar y dar a las provincias argentinas la definitiva ley de coparticipación que ellas merecen.

Hoy nos planteamos una vez más, casi mirándonos de reojo, cuáles son las provincias a las que les conviene esta ley y cuáles son aquéllas a las que no.

Por ahí también se dice que hay provincias gobernadas por el radicalismo a las que les conviene la norma y por eso sus diputados van a votarla favorablemente; y que hay otras, que no tienen gobiernos radicales, cuyos diputados no la van a votar.

Se menciona asimismo que diputados justicialistas pertenecientes a provincias pobres se quejan; estos legisladores serían reacios a votar favorablemente la norma, pero en virtud de la famosa disciplina partidaria se verían obligados a hacerlo.

Quizás sea éste el momento de reflexionar hasta cuándo vamos a tener que seguir siendo dependientes de las órdenes rigurosas que llegan de nuestros partidos, para dejarlas de lado y responder prioritariamente a los intereses de nuestras provincias.

Por eso nosotros, los liberales de Corrientes, en soledad, pese a la solidaridad de algunos partidos provinciales, lamentablemente nos vemos obligados a votar en forma negativa este proyecto de ley denominado de precoparticipación federal, entendiendo que ésta es una de las tantas urgencias de un país improvisado, que se somete a las dictados del Fondo Monetario Internacional.

Los liberales correntinos no podemos aceptar los mendrugos de unos millones de pesos que nos puede brindar esta ley, ya que lo único que logra esta herramienta es anestesiar las conciencias provincianas para seguir sin contar con la definitiva ley de coparticipación federal que reclaman nuestras provincias. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. CAFFERATA NORES.- Señor presidente: hago uso de la palabra a título estrictamente personal para fundar mi voto por la negativa con respecto al proyecto de ley en tratamiento.

Cuando en esta Cámara se sancionó la denominada reforma tributaria, señalé con alguna soledad que ella venía acompañada de una iniciativa que se encontraba en el Senado y que significaba que los beneficios de dicha reforma no se destinarían al conjunto de las provincias, sino que iban a servir para que se produjera una rebaja de las contribuciones patronales, que actualmente se denominan impuestos al trabajo.

Esto ya ha ocurrido en el Senado, y ahora el triángulo va a quedar cerrado en esta Cámara. Habrá argentinos que abonarán más impuestos para que las empresas paguen menos gravámenes. Creo que es importante tener esto en cuenta, porque lo real es que los argentinos van a pagar más, y no sabemos si el menor pago de las empresas se transformará en un beneficio real para mejorar la competitividad de la economía o las condiciones laborales en nuestro país, que son los únicos dos argumentos que se han esgrimido hasta ahora para justificar esta reforma.

Sí quiero decir que todas las provincias argentinas van a ceder a los empresarios de este país cantidades importantes de dinero, las que, de no ser por este proyecto de ley que hoy se pretende sancionar, quedarían en cada provincia para ser distribuidas en servicios por sus respectivos gobiernos.

En este aspecto, simplemente voy a señalar que los cálculos que hemos desarrollado nos muestran las cifras siguientes: la provincia de Buenos Aires cederá 22 millones de pesos por año; Catamarca, 27; El Chaco, 50; Chubut, 15; Córdoba, 89; Corrientes, 37; Entre Ríos, 49; Formosa, 28; Jujuy, 19; La Pampa, 20; La Rioja, 20; Mendoza, 42; Misiones, 33; Neuquén, 17; Río Negro, 25; Salta, 38; San Juan, 34; San Luis, 23; Santa Cruz, 15; Santa Fe, 90; Santiago del Estero, 41; Tierra del Fuego, 7 y Tucumán, 48.

Esta es la contribución de las provincias argentinas para dar cumplimiento a esta propuesta que se va a convertir en ley. Ello significa que los gobiernos provinciales cederán el aumento de recaudación en beneficio de las empresas argentinas, que van a dejar de pagar estos importes en función del efecto nunca demostrado de mejorar la competitividad y generar más puestos de trabajo.

Sólo quiero preguntar si aquellas empresas que en nuestro país tienen el monopolio de los servicios públicos van a disminuir sus tarifas o van a contratar más empleados, dado que se disminuirán sus contribuciones patronales.

Esta es mi honesta posición, y la sostengo en este recinto con la autorización de mi bloque, que en este aspecto ha permitido votar libremente a algunos legisladores. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. DOMINA.- Señor presidente: el objetivo de la reforma tributaria nunca estuvo oculto. Dicha reforma siempre fue planteada sobre la base de la finalidad que se perseguía, de modo que no estamos ante un hecho nuevo sino simplemente -y de acuerdo con lo que impone la normativa referente a los recursos fiscales- sancionando una ley complementaria que perfecciona la ingeniería de la reforma tributaria que oportunamente aprobó esta Cámara.

Exigir un mayor esfuerzo fiscal a los argentinos, es decir, demandar a los ciudadanos una mayor contribución debe tener, obviamente, una fuerte justificación social. Partimos de la base de que en la Argentina ya son demasiados y bastante altos los impuestos que existen. Por ejemplo, todos queremos tener un IVA con una alícuota más razonable. En general, vemos mal el hecho de que los gobernantes suelan caer en la tentación de solucionar todos los problemas recurriendo a los impuestos, ya sea creando nuevos tributos o aumentando los actuales.

A todos sin excepción en esta Cámara nos resulta difícil levantar la mano para aprobar la creación de un nuevo impuesto, aun cuando la finalidad sea la más loable; a todos nos disgusta aumentar las alícuotas o autorizar su incremento. Por lo tanto, cuando se diseñó esta reforma y el gobierno la remitió al Congreso para su tratamiento, ésta se abrió paso sólo porque venía relacionada con un objetivo realmente importante y compartido en general. Era necesario que la Argentina contara con mayor competitividad, con reducción de los costos laborales y de producción y con la regularización de la situación de muchos argentinos que siguen siendo "de segunda", porque son trabajadores en negro y, en consecuencia, no gozan de los beneficios que les concede la ley.

Coincidimos en que esta reforma tenía una dirección correcta, aunque de ninguna manera solucionaría mágicamente el problema del sistema tributario argentino.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, don Rafael Manuel Pascual.

Sr. DOMINA.- Si algo se le achaca al sistema tributario argentino como un problema realmente fundamental es su regresividad, o sea que reposa sobre aquellos impuestos llamados indirectos, que paga el conjunto de la población sin diferenciación alguna. Efectivamente, en la Argentina todavía somos "IVA-dependientes"; el impuesto al valor agregado recauda 21 mil millones de pesos y es el tributo más importante con que se financian el Estado nacional y en buena parte las provincias argentinas. Pero, ¿qué pasa con el IVA? ¿Es un impuesto malo? No, no es malo: es un impuesto que se cobra en todo el mundo. Lo malo es que sea el principal impuesto, que sea aquel que genera la mayor recaudación, porque quiere decir que por el impuesto a las ganancias -el impuesto directo por excelencia- no se recauda en este país tanto como en países a los que nos gusta parecernos y con los que nos gusta compararnos. Y no estoy hablando del primer mundo, de los países centrales, porque creo que todavía están bastante lejos de nuestra realidad. Hablo de países muy parecidos al nuestro en grado de desarrollo relativo; por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica o el propio Chile, donde el impuesto a las ganancias en ningún caso recauda menos del 10 por ciento del producto bruto, mientras que en la Argentina apenas alcanza al 2,4 por ciento.

La reforma que sancionó este Congreso tiene la virtud de pretender que el impuesto a las ganancias trepe por lo menos a las cifras que alguna vez en el país se consiguieron. En este sentido, analicemos la serie histórica de los distintos impuestos a las ganancias en el país, es decir, la performance que ha tenido en el tiempo ese tributo. Tengamos en cuenta que el impuesto a las ganancias fue creado como un impuesto de emergencia allá por 1932, llamado entonces impuesto a los réditos. Si observamos esa performance veremos lo acontecido en las distintas épocas, y no pretendo con esto entrar en una confrontación política sino simplemente llamar la atención sobre el hecho de que, cuando hubo voluntad política de cobrar el impuesto a las ganancias, entre 1946 y 1952, se llegó a recaudar más del 4,5 por ciento del producto bruto, nivel nunca más alcanzado en la Argentina.

Sería muy bueno fijar como política de Estado -no de un gobierno- la necesidad de que el impuesto a las ganancias recaude más, que los ricos paguen más y que no haya tanta elusión y evasión. La reforma tributaria cierra muchas de las ventanas por donde se escapan recursos fiscales.

Este impuesto a los intereses permitirá terminar con la calesita que realizan grandes empresas, las que toman fondos en paraísos fiscales, donde a su vez tienen depositada la plata en negro, ahorrándose el 35 por ciento del impuesto a las ganancias.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. DOMINA.- Por eso yo diría que este proyecto de ley que estamos por votar no hace sino completar y dar sentido y justificación social al endurecimiento del impuesto aprobado con la reforma tributaria. De ninguna manera podemos permitir que esos mayores recursos fiscales que se conseguirán el año que viene vayan a cubrir el gasto público; tienen que favorecer el empleo y disminuir el trabajo en negro. No puede ser que este país, que lucha contra la desocupación, castigue al trabajo con impuestos.

Votamos esta equitativa distribución de recursos fiscales con la conciencia tranquila, porque pensamos que trata razonablemente el esfuerzo que hará el pueblo argentino. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar nominalmente en general y en particular. De acuerdo con el artículo 75, inciso 3°, de la Constitución Nacional se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara, es decir, 129 votos afirmativos.

La Presidencia ruega a los señores diputados que se provean de sus respectivas llaves para la votación nominal.

- Luego de unos instantes:

Sr. DIAZ COLODRERO.- Señor presidente: quiero saber qué es lo que está pasando, porque se está demorando demasiado la votación. Desde mi punto de vista, estamos dando un lamentable espectáculo. Que se vote o que se levante la sesión. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene razón, señor diputado, pero resta que algunos señores diputados coloquen sus llaves para proceder a la votación nominal.

Sr. LAMBERTO.- Señor presidente: mientras algunos señores diputados buscan sus llaves, quiero hacer un comentario...

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia no le puede conceder la palabra, porque se la negó a otros señores diputados.

Se va a votar nominalmente en general y en particular.

- Se practica la votación nominal.

Sra. SECRETARIA (Pérez Pardo).- Sobre 205 señores diputados presentes votaron 140 por la afirmativa y 57 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones. No se ha registrado el voto de 3 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. (Aplausos.)

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

Sr. LAMBERTO.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. LAMBERTO.- Señor presidente: tal como lo anuncié durante el debate de esta iniciativa, voy a dar lectura de un texto que expresa la interpretación auténtica que corresponde dar al segundo párrafo del artículo 2° del proyecto que se acaba de sancionar.

El texto en cuestión dice: "El segundo párrafo del artículo 2° del proyecto sólo pretende establecer el orden en que deben detraerse determinados conceptos a fin de calcular el importe neto destinado a la coparticipación.

"De la redacción integral de dicho artículo cabe interpretar que para el cálculo de la masa a distribuir de acuerdo con las normas del artículo 2° de la ley de coparticipación, deberá considerarse la recaudación de cada impuesto coparticipable menos la porción de ellos que tenga un destino específico, con excepción de los montos destinados a Seguridad Social de conformidad al inciso a) del artículo 104 de la ley de ganancias y al artículo 52 de la ley de IVA.

"Es decir que, para determinar la masa coparticipable, del neto que resulte luego de efectuar dichas deducciones, primero deberá restarse la suma fija que el proyecto destina a Seguridad Social ($ 2.154 millones) y luego, del remanente, los importes que las leyes de ganancias e IVA destinan a Seguridad Social.

"Cabe aclarar que la norma de que se trata (segundo párrafo del artículo 2° del proyecto) solamente dispone un orden para efectuar las deducciones y de ninguna manera pretende un cambio en la base de cálculo sobre la que deben aplicarse los respectivos porcentajes (20 por ciento ganancias, 11 por ciento IVA) ya que para ello deberían haberse modificado los artículos de las leyes tributarias que definen dicha base con claridad."

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Marcelo Eduardo López Arias.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. BARBERIS.- Señor presidente: quiero que quede constancia de mi voto por la afirmativa en relación con la normativa que se acaba de sancionar.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Quedará debida constancia, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

Sr. VIAÑA.- Señor presidente: solicito que se aclare si la provincia de Tierra del Fuego está incluida en el piso de los 920 millones de pesos, porque de otro modo sucederá lo que ya ocurrió con la ley del monotributo.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. LAMBERTO.- Señor presidente: la provincia de Tierra del Fuego se halla incluida en el piso de los 920 millones de pesos.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia hace saber a los señores diputados que para la sesión a celebrarse el 29 de diciembre está haciendo las gestiones necesarias a los efectos de facilitar el traslado de los señores diputados desde y hacia sus respectivas provincias.

Habiéndose cumplido el objeto de esta convocatoria, queda levantada la sesión especial.

- Es la hora 20 y 20.

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