Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Con la presencia de 142 señores diputados queda abierta la sesión.

Invito a la señora diputada por el distrito electoral de la Capital, doña Dolores Carmen Domínguez, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Honorable Cámara ha sido convocada a sesión especial, a pedido de varios señores diputados en número reglamentario, a fin de considerar el proyecto de ley del señor diputado Roggero y otros por el cual se derogan las leyes 23.492 y 23.521, denominadas de punto final y de obediencia debida (expediente 1.148-D.-98).

La Presidencia informa que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se ha acordado tratar el proyecto de ley sobre el mismo asunto contenido en el expediente 1.267-D.-98, en reemplazo del contenido en el expediente 1.148-D.-98.

Por Secretaría se dará lectura del proyecto de ley contenido en el expediente 1.267-D.98.

Sr. SECRETARIO (ESTRADA).- Dice así:

"Artículo 1°.- Derógase la ley 23.492.

"Artículo 2°.- Derógase la ley 23.521.

"Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo."

Firman los señores diputados Roggero, Storani y Álvarez.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde que la Honorable Cámara resuelva respecto de la consideración del proyecto de ley que acaba de ser leído por Secretaría.

Se va a votar. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la consideración del mencionado asunto en esta sesión especial.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración en general el proyecto de ley que ha sido leído por Secretaría, contenido en el expediente 1.267-D.-98.

La Presidencia informa que, según lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, esta sesión tendrá una duración de aproximadamente cuatro horas treinta y cinco minutos, y que en su transcurso harán uso de la palabra los legisladores que los señores presidentes de bloque propusieron en la citada reunión.

Asimismo corresponde aclarar que todas las iniciativas vinculadas con el tema que hoy nos ocupa y que dieran origen a convocatorias a sesiones especiales, serán remitidas a comisión para su tratamiento.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. UBALDINI.- Señor presidente: esta es una fecha no sólo de recordación sino también de dolor por el hecho que hace 22 años impulsó la dictadura más negra y tétrica que conociera nuestra historia.

Desde aquí, desde la cuna de la democracia, en este parlamento argentino, debemos recordar que nuestro compromiso con la sociedad es el nunca más; es el jamás a la violación de los derechos que nos corresponden como argentinos, y es el deber de preservar las instituciones.

Hace 22 años, quizás a esta hora, junto con el helicóptero que partía de la Presidencia de la Nación, se escapaba el único hito de democracia y entrábamos en la jornada más negra.

Posiblemente los trabajadores hayamos sido los que más sufrimos en esta serie de muertes, desapariciones, persecuciones, cárceles y gente que se tuvo que ir al extranjero nada más ni nada menos que por defender el ideal de vivir en democracia.

Es por eso que hoy la voz del parlamento argentino debe ser escuchada como palabra de fe, para que el pueblo sepa que estamos dispuestos a defender con nuestras vidas, si fuera necesario, todo aquello vinculado con las instituciones democráticas y republicanas.

En nuestras retinas permanecen aún fijas las imágenes de los compañeros muertos, torturados, perseguidos y desaparecidos. Ante los intentos de acallar expresiones de vuelta a la democracia, nuestro pueblo se levantó con fe y con el deseo de volver a esa vida que nos habían quitado.

Marcamos jalones históricos en esa resistencia, que no arranca solamente del 24 de marzo de 1976 sino también de aquel triste 16 de septiembre de 1955 y de aquel 16 de junio en el que desgraciadamente el pueblo indefenso soportó el bombardeo a la Plaza de Mayo. Arranca también de los que murieron en Tristán Suárez, de los que no tuvieron oportunidad de defensa y de todos nosotros, los peronistas, que estuvimos dieciocho años proscriptos cuando se hacía necesario avanzar en el camino a la democracia.

Quienes amábamos la vida en democracia ya no observábamos sólo el matiz político sino también la necesidad de terminar con la dictadura. Ese fue el motivo fundamental por el cual el 27 de abril de 1979 se produjo la primera huelga, que llevó a la cárcel a los dirigentes que tuvieron la valentía de afrontar con estoicismo y dignidad la defensa de sus ideales.

Así, seguimos avanzando en 1980 y en 1981, hasta la llegada de ese 30 de marzo de 1982, en el que se expresaron no sólo los trabajadores, sino todo el pueblo.

En este punto quiero hacer un reconocimiento no sólo a los compañeros justicialistas, sino a todos aquellos que desde distintos matices políticos comprendieron que únicamente la vida en democracia era la vida loable que debían tener los argentinos.

Ahora, la llegada la democracia, es necesario que todo lo que hizo a esa historia verdadera se conozca, y que se sepan cuántos fueron los sufrimientos y el dolor para llegar a esta vida republicana. Es necesario que se tome conciencia de que nunca más una dictadura debe manchar la noble historia de este pueblo argentino.

Queremos que los jóvenes entiendan que desde esta Cámara de Diputados estamos dispuestos a dar la vida, si es necesario, para que nunca más un golpe de Estado tuerza la vida republicana de nuestra patria, haciendo uso de todos aquellos que no supieron entender la voz del pueblo y de los que, como en la Francia de Pétain, fueron colaboracionistas del gobierno de Vichy; a ellos, que Dios y su conciencia les recuerden que los héroes -aun anónimos, aun aquellos que están en el cielo, aun aquellos que sufrieron y no se repusieron de sus heridas- jamás van a aceptar la vergüenza de no haber luchado por su democracia.

Esto es lo que el bloque quiere dejar en claro: que aun aquellos que no escucharon esa voz del pueblo sepan de una vez por todas que la voz de un pueblo no se avasalla.

Tuvimos fuerza no sólo para reimplantar la democracia en nuestra patria sino también para acompañar a los hermanos que sufrieron bajo la dictadura. Por eso nuestro dolor. Por eso jamás vamos a poder borrar sucesos como los de Margarita Belén y los acaecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Tampoco podremos borrar la vergüenza de los colaboracionistas .

Tenemos la firme convicción de que debemos luchar por el sostenimiento democrático y de que nuestra patria debe encaminarse hacia la vida republicana. En este sentido, hoy rendimos homenaje a esos mártires. Quiera Dios que desde el cielo puedan ellos juzgar nuestra conducta y saber que su sacrificio no fue en vano; que la vida republicana quede sentada en nuestra patria con el valor que corresponde a los pueblos que tienen dignidad. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. BARBERIS.- Señor presidente: "Sólo la verdad nos hará libres". Todo lo que se pueda decir siempre será poco; el país conoce la verdad y nadie se puede hacer el distraído frente a la realidad del horror. El juzgamiento a las cúpulas militares del proceso, a los que dieron las órdenes, fue único en el mundo.

Nunca antes se había doblegado de esa manera la fuerza militar con la legitimidad nacida del mandato popular. Se podrá repetir hasta el cansancio que después de Malvinas y por las propias contradicciones internas el "proceso" estaba muerto. Pero quienes hemos vivido intensamente estos años pasados y conservamos intacta la memoria, sabemos que eso es simplemente retórica. El "partido militar", como bien lo calificó Ernesto Sábato, estaba herido, pero todavía vigoroso; más aún, estaba acorralado, con toda la fuerza que da la desesperación. No supo o no quiso autodepurarse. Sus planteos eran permanentes y la soberbia casi ingenua, una regla de conducta. En ese contexto, como es público y notorio, surgen las leyes de punto final y de obediencia debida.

No fue lo mismo que la autoamnistía que se dictaron para sí los responsables del proceso, ni tampoco lo que diversos estamentos de la sociedad reclamaban. Sé que la ley de obediencia debida evitó para muchos el cumplimiento efectivo de la pena, pero al permitir juzgar a quienes dieron las órdenes, al permitir ventilar públicamente el horror, tuvimos conocimiento de todo lo ocurrido; y ya no pudieron algunos mirar para otro lado como si nada hubiera pasado. El subconsciente afloró a la superficie y el no querer saber se estrelló ante la realidad y la contundencia de los hechos.

Pudo haber faltado el final de una condena en el sentido jurídico, porque en el social la hubo con creces. Como la marca de infamia de los antiguos romanos, cada uno de los protagonistas llevará marcadas a fuego en la conciencia sus propias acciones. Nada es más doloroso que la sanción social y la íntima de la conciencia. Cumplir con la pena, muchas veces es nada frente a la voz que nos enrostra nuestras propias culpas. ¿Quiénes de los participantes de esta lujuria del horror pueden mirarse y en la soledad del compromiso con ellos mismos estar tranquilos? ¿Quién, que torturó y mató, puede vivir en paz? Es una carga demasiado pesada para llevarla a cuestas toda la vida; a veces he llegado a pensar que al faltar el castigo se les quitó la posibilidad de aliviar su culpa.

Todos sabemos que la ley tiene falencias; no se hizo lo mejor, se hizo simplemente lo posible. Y lo posible fue lo que permitió que la democracia arraigara definitivamente en la Argentina. Y fue Raúl Alfonsín, para decirlo con todas las letras, quien tomó la decisión política de apostar al futuro sin claudicar ni olvidar el pasado.

Y entramos en la vida democrática. El poder de la fuerza, digámoslo claro, el poder militar, se fue por sus errores, contradicciones y fracasos. Se fue porque no podía seguir explicando a una sociedad atónita sus horrores, su derrota en Malvinas y su soberbia mesiánica. Pero todavía hoy falta más democracia en la Argentina; falta la adhesión natural que tienen las sociedades avanzadas que saben que respetando el sistema las ventajas son cada vez mayores.

Todavía, aunque nos cueste reconocerlo, los argentinos gustamos del atajo, del camino rápido. Los dirigentes tenemos una gran deuda con el pueblo, pero el pueblo todo tiene una mucho mayor con las generaciones futuras. Todos debemos hacer un reconocimiento de nuestros propios errores, de nuestras propias conductas y, sobre todo, hacer memoria sobre nuestro propio pasado.

El respeto a los derechos humanos es primordial e inherente a la vida democrática. Solo quien sufrió la cárcel y la tortura, quien miró directamente a los ojos de la muerte, puede saber lo que se siente. Otros sólo lo comprendemos, lo intuimos, como se intuye el infierno que nos faltó conocer.

Hay otros temas que nos falta conocer, otras cosas en las que estamos permanentemente en mora. ¿O acaso, sin llegar a la crueldad de la tortura física, no es cruel el hambre, la falta de trabajo, el modelo de exclusión, la falta de solidaridad con nuestros semejantes? ¿Cuántas materias pendientes tenemos por delante?

Aquí, en la Argentina, se juzgó y condenó, indulto aparte; aquí se ventiló el error, aquí después del juicio el país todo -no algunos- se tuvieron que dar por enterados de lo que pasó. Muchos que en la calle decían "en algo andará", vieron a esos jueces ejemplares y corajudos de la República aplicando el peso de la ley. Fuimos muchos los que vimos pararse a esos antiguos señores de la vida y de la muerte ante la orden de un juez civil, para escuchar el condigno castigo a sus actos.

Como radical, pero fundamentalmente como argentino, estoy orgulloso de lo que hicimos. No fue tal vez todo lo deseado; se me podrá decir que fue poco pero fue, se hizo.

La Justicia condenó a los responsables, que ya habían sido condenados por la sociedad, así como también recibieron lo propio quienes se quedaron en el banco o se fueron por la ventana.

Adelanto mi voto afirmativo a la derogación de estas leyes, las mismas que aprobamos en circunstancias históricas difíciles y en un contexto diferente. Lo hacemos para nuestras generaciones futuras como un hito del "nunca más". (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. FERNANDEZ MEIJIDE.- Señor presidente: me congratulo de que hoy estemos todos aquí reunidos para cumplir con el compromiso que asumimos los hombres y mujeres políticos en el sentido de derogar estas dos leyes, y adelanto que mi voto será en esa dirección.

Haré algunas reflexiones intentando no reiterar -salvo en un caso- las que hice el martes pasado.

En primer lugar, quiero rendir homenaje a aquella gente que, aun no habiendo tenido desaparecidos ni sufrido dolores personales, por convicciones religiosas, políticas o éticas, estuvo al lado de quienes no podíamos hacer otra cosa que reclamar por la vida y la libertad de nuestros seres queridos. En tal sentido quiero recordar y rendir homenaje a tres personas que fueron compañeras nuestras y a quienes quise entrañablemente: el obispo católico monseñor Jaime de Nevares, el obispo metodista Carlos Gatinoni y el rabino Marshall Meyer. Ellos estuvieron con nosotros no sólo durante la dictadura sino también después, en la época de la democracia, cuando hubo que intentar reconstruir lo que aquí se describió: el conocimiento y el enjuiciamiento de lo que había ocurrido.

También quiero reivindicar el derecho a la justicia de las víctimas, y aquí reitero lo que he dicho el martes pasado. Un ser humano tiene su identidad completa cuando se ubica su muerte. Este es uno de los pilares de la sociedad: el respeto por los muertos y el reconocimiento del derecho a que se los entierre. Esta fue la lucha de Antígona, que buscaba el cadáver de su hermano para enterrarlo, y es algo que todavía la Argentina tiene como deuda. Solamente una voluntad política muy fuerte y un gran impulso de toda la sociedad podrá conseguir aquello que no se pudo obtener por el camino de la Justicia, que también es conocer la verdad. Las víctimas, no por ser tales sino por ser personas, tienen derecho a su identidad completa y también a la Justicia. Por ello reivindico los juicios que se están haciendo en otros países, que defienden el derecho de sus ciudadanos aun cuando éste fue violado fuera de sus fronteras.

Después de la dictadura la Argentina se instaló nuevamente en el respeto de las naciones del mundo porque, por un lado, recuperó la democracia y todas sus instituciones, lo cual se lo debemos al primer gobierno democrático; por otro, porque recuperó la estabilidad económica, logro que debemos al segundo gobierno democrático. No tengo problemas en reconocer los méritos de cada uno, es decir, los de tantos políticos que se esforzaron por reponer a la Argentina en el concierto de las naciones del que la había expulsado la dictadura, atropellando sus reglas.

Por eso me alegro de que este debate sea, como parece que va a ser -y en buena hora-, sensato, respetuoso y considerado con nuestra dignidad y también con las de las víctimas del terrorismo de Estado, y no como hubiera llegado a ser de haber sido verdaderos algunos rumores sobre una patética reedición de los enfrentamientos violentos que tuvieron que ver con nuestras tragedias del pasado.

Hemos reinstalado a la Argentina con mucho sufrimiento de parte de nuestra gente, tanto desde el punto de vista de la privación de la vida y de la libertad, como de la precarización a la que se vio y se ve sometida por numerosos ajustes. Tenemos que asumir el compromiso -al menos yo lo hago en nombre de mis compañeros y compañeras de la Alianza- de hacer de nuestro país una nación respetuosa de la legalidad, que cuente con instituciones respetables y, por lo tanto, respetadas. Esta es la única manera de construir en serio un país educado, con apego a la ciencia y a la técnica por vocación, pero también por imperio de una obligación que surge del desafío del mundo de hoy; un país donde la Justicia sea independiente y los argentinos entendamos alguna vez -creo que vamos camino a ello- que se acabó la época de la confrontación salvaje y que, en cambio, se tiene que abrir la etapa de los grandes consensos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

Sra. PANDO.- Señor presidente: en nombre de los bloques que conformamos el grupo federal de partidos provinciales -Demócrata de Mendoza, Renovador de Salta, Demócrata Progresista, Liberal de Corrientes y Bloquista de San Juan- vengo a rendir un homenaje a lo que ha significado en nuestra historia el 24 de marzo de 1976.

Por medio de este homenaje, todos y cada uno de nosotros debemos asumir con adultez las responsabilidades que nos caben dentro del concierto nacional. Como mujer, como política y como madre, quiero asumir la realidad que surge de esta historia que se ha venido construyendo con muchas pausas y retrocesos, pero con la firme y unívoca voluntad de reconstruir a la Argentina. No debe haber en este recinto ninguna persona que pueda suscribir el horror ni, fundamentalmente, la transgresión al orden democrático. Digo esto porque con esa transgresión no sólo hemos vulnerado las instituciones sino que, por sobre todas las cosas, hemos ultrajado el sentimiento más profundo de una persona, que es la dignidad del ser humano.

En aquellos años se confundía el ser con el deber ser. Hoy este Congreso, asumiendo o no cada uno de sus integrantes el protagonismo y responsabilidad que le cabe, pretende resolver hacia el futuro el "nunca más" a las transgresiones del orden moral y social de los argentinos.

Recuerdo que en el año 1976 integraba, junto con otro colega, el Colegio de Abogados de la Provincia de Corrientes. En aquel entonces mi colega, el doctor Alvarez, pensaba de manera distinta a quien está hablando. El era justicialista y yo liberal, pero nos unía una entrañable amistad y los dos queríamos lo mejor para la Argentina. Si bien teníamos algunas diferencias, éramos amigos.

En determinado momento comencé a notar que la policía lo buscaba, no lo dejaba dormir, lo perseguía, y él me decía: "Ana María, vos no entendés lo que está pasando". Un día me preguntó si podía quedarse a dormir en mi estudio jurídico, a lo que respondí que no tenía inconveniente. Al día siguiente, cuando fui a mi estudio, no lo encontré. Ya se había ido a otra casa, y así pasó el tiempo. Luego de treinta días vino a verme su esposa y me dijo: "Ana María, Titi se fue de Corrientes; se tuvo que ir". Luego de un año un amigo me dijo: "Titi no está más con nosotros".

Nunca entendí en esa época qué sucedía. El era bueno y trabajador. Tenía otra concepción de cómo construir el futuro. Ese era su único pecado: pensar de manera diferente. Entonces, en aquel momento quienes creíamos que los que pensaban como nosotros eran los dueños de la verdad llorábamos en silencio a nuestros amigos. Eso fue lo que me ocurrió a mí: lloré en silencio a mi amigo. Seguramente muchos de los que se encuentran aquí presentes también sufrieron en silencio pérdidas irrecuperables, habiendo quedado el afecto y el recuerdo.

En mi caso, le sucedió a un amigo y a otros les ocurrió lo mismo con un hermano, un padre o, lo que nunca puede reivindicarse en el tejido de los afectos, con la pérdida de un hijo.

Entonces, los que no tuvimos esas bajas en los afectos estamos aquí diciendo que venimos a asumir la construcción de un futuro venturoso y de una Argentina con la colaboración de todos los sectores. Es la Argentina que de tumbo en tumbo desde 1983 viene construyendo su aspiración de ser un país estable. Estamos a favor de una familia que reconozca sus diferencias, que en su diversidad exista el respeto y que en las libertades se conozca a las personas y a las instituciones.

Por sobre todas las cosas queremos que en este Parlamento, donde hoy todos tenemos un reconocimiento social, podamos decir que hemos construido o aportado a la construcción de una Argentina que va camino de la consolidación definitiva de su democracia.

Quiero recordar el sufrimiento que ha significado para toda la Argentina lo que hoy vivimos como un acto espiritual y moral, leyendo una pequeña frase de Abraham Lincoln, contenida en el discurso que pronunciara en Gettysburg: "Hace ochenta y siete años nuestros antepasados hicieron nacer en este continente a una nueva nación, concebida en la libertad y dedicada a la idea de que todos los hombres nacieron iguales.

"Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil, para probar si esta nación, o cualquier nación así concebida y dedicada, puede durar mucho. Nos hemos reunido en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a consagrar una parte de ese campo como un sitio de reposo final para los que aquí dieron sus vidas a fin de que la nación pudiera vivir. Es absolutamente conveniente y adecuado que nosotros hagamos eso.

"Pero, en un sentido más amplio, no podemos consagrar ... no podemos bendecir ... no podemos santificar este suelo. Los valientes vivos y muertos, que lucharon aquí, lo han santificado mucho más de lo que podrían añadir o disminuir nuestras pobres fuerzas. El mundo notará poco y no recordará durante mucho tiempo lo que dijimos aquí; pero nunca podrá olvidar lo que hicieron ellos aquí. Somos más bien nosotros, los vivos, quienes debemos consagrarnos en este sitio a la inconclusa labor que los que lucharon adelantaron tan noblemente hasta ahora.

"Somos más bien nosotros quienes debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que nos espera ...

"Que de esos venerados muertos tomemos una acrecentada devoción a la causa por la cual ellos dieron la última y plena medida de su devoción ...

"Que decidamos de todo corazón que esos muertos no han muerto en vano...Que esta nación, bajo la protección de Dios, nazca nuevamente a la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no desaparezca de la Tierra." (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. ADAIME.- Señor presidente: en nombre del Partido Autonomista de Corrientes y del Movimiento Popular Jujeño manifiesto que ha sido muy importante escuchar a los señores diputados que han hecho uso de la palabra en el día de la fecha. Cabe destacar también el estremecimiento que nos provocaron algunos conceptos de este gran debate que le debíamos a la sociedad en su conjunto.

No se trata en este caso de eliminar una idea sino de enfrentar la verdad encarnada en hechos pasados y actuales. Estamos iniciando el camino humilde de la reflexión y escarbando comportamientos históricos que pareciera que ya no se soportan.

No es lícito rehusar este gran debate, porque tiene carácter simbólico, testimonial y enriquecedor para las generaciones futuras, y un alto contenido jurídico, político, moral y social. Tampoco es lícito que lo pongamos al servicio de intereses coyunturales, de oportunismos. Creo que hay que decir la verdad -no lo que se quiera- dentro del contexto de tiempo y espacio en que fueron sancionadas esas dos leyes.

Este es un debate esclarecedor, y pretendo que en él no se reabran viejas heridas. Sabemos que ninguna de las posiciones provocará efecto jurídico, pero por consenso vamos a derogar ambas leyes.

Habrá un maratón de oratoria de alto contenido y de ejercicio político, pues lo más importante y trascendente en estos últimos tiempos es la reivindicación del imperio de los derechos humanos. Dado el escenario del que forman parte los muertos de nuestra sociedad, nuestros hermanos, honestamente deseo que esto no se convierta en una comedia, aunque estoy seguro de que no es esa la intención de ninguno de los que estamos aquí.

Se está llevando a cabo un debate con seriedad y con altura, porque se trata de los hechos más atroces y más lacerantes que tuvo que soportar la sociedad argentina. Seguramente este debate removerá emociones y sentimientos justificados, pero sabemos que ya no es época de revanchas; todos queremos mirar hacia delante, hacia el futuro, pero no podemos seguir construyendo esta democracia incipiente sobre claudicaciones de principios éticos. La sociedad en su conjunto ya ha condenado legal y moralmente estos hechos, pero no ha sido capaz de dejar atrás aquellos años tristes, vergonzosos y lacerantes. Por eso, me alegro de que hoy miremos hacia adelante, sin poner en juego la seguridad jurídica.

Sabemos que el derecho y el orden jurídico argentinos tienen definiciones y responden a principios absolutamente insalvables. El Congreso puede hacer lo que quiera, pero nuestro sistema constitucional ya ha establecido una categoría de derecho adquirido. Pensar lo contrario sería un absurdo. El consenso que hoy hemos logrado es muy importante y constituye un ejemplo para las generaciones futuras.

Sr. ADAIME.- Señor presidente: soy de la idea de dejar que el tiempo y los años sigan cerrando estas heridas, que son muy costosas y provocan mucho dolor; y vamos a apoyar la derogación de estas dos leyes. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. FRANCOS.- Señor presidente: en los últimos dos años hemos asistido a un debate de alto voltaje político entre los sectores mayoritarios de esta Cámara.

Allá por el mes de febrero, cuando se fijó fecha para la realización de una sesión con el objeto de debatir el proyecto originario que dio lugar a esta nueva sesión,

estuve tentado de realizar una suerte de revisionismo histórico para tratar de comprender las tres últimas décadas de la Argentina y lo que ocurrió con los argentinos, quienes con distintas responsabilidades políticas -en sectores de la comunidad y en las Fuerzas Armadas- llegaron a un nivel de enfrentamiento que generó décadas de violencia realmente alejadas de cualquier dimensión humana.

Después pensé en cómo los argentinos que no tuvieron responsabilidades políticas, que no ejercieron ninguna representación, que no actuaron en aquellos gobiernos y que no tuvieron responsabilidades militares, verían este debate, que se perfilaba como una discusión de confrontación política entre sectores.

En esa posición observaba cómo se había llegado a puntos de irreflexión total. Pensaba en el presidente Alfonsín, a quien los argentinos respetamos por habernos introducido y guiado en el primer período de la democracia; al que lo respetamos por su convicción y valentía para dar respuesta a los deseos de la sociedad en su conjunto; que estableció responsabilidades en función de lo que había acontecido en la última década. Se trata de un presidente al que los argentinos sin responsabilidades parlamentarias o de representación comprendimos en aquella Semana Santa en la que se originaron las leyes de obediencia debida y de punto final.

¿Cómo es posible analizar esta cuestión en relación con otros sectores que, también con el mismo ánimo de pacificar el país, dictaron los indultos para quienes habían sido juzgados en esa primera etapa?

Hoy esta visión no pretende ser revisionista, ya que la madurez de esta Cámara -luego de reflexionar durante dos meses sobre este tema- ha llevado a que tengamos un debate como el que la sociedad esperaba de nosotros.

Sólo quiero plantear que en los sectores políticos no existen tutores de la democracia argentina. El pueblo argentino ha demostrado que no los necesita. Lo ha hecho en muchas manifestaciones; por ejemplo, cuando estuvimos como simples ciudadanos en 1987 acompañando al gobierno democrático ante los intentos de romper el orden constitucional.

Allí los argentinos demostramos que habíamos ingresado en la madurez política y que habíamos comprendido, finalmente, que las rupturas institucionales fueron la causa y el origen de ese baño de sangre que signó la década del 70.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia señala al señor diputado que ha vencido su tiempo, por lo que le solicita que vaya finalizando su exposición.

Sr. FRANCOS.- Así lo haré, señor presidente.

Hoy estamos tratando la derogación de dos leyes que respondieron a un momento histórico de la Argentina. Quisiera que la decisión de los sectores políticos no genere -sobre todo en quienes reclaman con legítimo derecho saber lo que ocurrió- expectativas que la derogación de estas leyes no podrá solucionar.

Todos sabemos que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional; en consecuencia, la derogación de estas dos leyes –que insisto fueron el resultado de una situación histórica- no será una contestación concreta para quienes están esperando una respuesta de su Parlamento. En cambio se han presentado otras iniciativas, que estamos dispuestos a acompañar en su oportunidad, que posibilitarían que la sociedad en su conjunto brindara respuestas concretas a quienes han resultado particularmente afectados por una década que ha quedado sepultada por la democracia de los argentinos.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALSOGARAY.- Señor presidente, señores diputados: el acuerdo logrado en la Comisión de Labor Parlamentaria nos impone a todos una limitación temporal, y por supuesto me ajustaré a lo convenido. Por lo tanto, hoy sólo me referiré a algunos pocos puntos esenciales y mañana acercaré a Secretaría -para que se inserte en el Diario de Sesiones- el texto completo que habría expresado en esta ocasión si hubiera contado con el tiempo suficiente. En mi opinión este debate es importante y creo que cada una de nuestras posiciones debe quedar fijada para el presente y también para la historia.

Los autores del proyecto que motivó este debate son los señores diputados Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo. Existen tres hipótesis vinculadas con la presentación de esta iniciativa. Una sostiene que se trata de un ardid político –digamos así- con vistas a 1999; la otra enuncia que es una expresión de un pensamiento ideológico muy marcado en los legisladores que la propiciaron, y la última dice que quienes fueron derrotados en la lucha contra la subversión nunca quedaron conformes con la revisión efectuada en el período posterior por medio de la Conadep, el "Nunca más", el juicio a las juntas militares, etcétera, y pretenden volver las cosas a foja cero, al punto de partida, con el objeto de hacer lo que no pudieron lograr en aquella ocasión.

Creo que la tercera hipótesis es la más acertada, pero resulta claro que se encontrará con grandes inconvenientes para ser instrumentada desde el punto de vista jurídico. De cualquier modo, el debate se ha planteado en estos términos y habrá que ver qué resuelve el cuerpo en esta sesión. Ello nos dará la pauta respecto de si existe o no disposición para revisar todo.

Personalmente y en nombre del sentimiento liberal, aclaro que estamos de acuerdo con la revisión. Sin embargo, deseamos que se revise todo y no sólo desde el 24 de marzo de 1976 en adelante. La guerra no empezó en esa fecha sino mucho antes, a fines de la década del ’60, y si se quisiera tomar una fecha simbólica se podría mencionar el asesinato de Aramburu en 1970. A partir de entonces hubo torturas y más de novecientas desapariciones hasta 1976.

También en esa época el Estado intervino de una manera violenta, porque el presidente de la República dictó dos decretos por los cuales se ordenaba aniquilar la subversión. En ese sentido, el término "aniquilar" en castellano y en especial en lenguaje militar tiene una connotación muy clara. Por eso deberíamos encarar un debate para dilucidar qué se quiso decir al impartir la orden de aniquilar la subversión. Quienes impartieron esa orden -entre ellos el actual vicepresidente de la República, el senador Cafiero, el doctor Luder y la señora de Perón- nunca fueron juzgados a pesar de que durante sus mandatos acaecieron hechos muy parecidos a los ocurridos luego del 24 de marzo de 1976.

De manera que, si se va a reabrir el debate, como aparentemente se pretende, deberíamos hacerlo en toda su extensión, y por supuesto nosotros participaríamos de él.

Hay cuatro etapas en la intervención militar que se abre el 24 de marzo: la primera es la usurpación del poder; la segunda, el gobierno durante los regímenes militares; la tercera, la guerra de las Malvinas, y por último, la guerra antisubversiva.

La usurpación del poder es inaceptable para todo sentimiento democrático. Esto no es algo que digo ahora; lo dije antes del 24 de marzo. Creo haber sido el único político argentino -si es que ustedes me ubican dentro de la clase política- que dijo públicamente -esto ha sido reproducido en diversos medios de comunicación- que se oponía al golpe de Estado ante la evidencia de que iba a ocurrir. Aspiraba -esto estará incluido en el texto que ustedes recibirán- a que no se hiciera el golpe de Estado.

Las Fuerzas Armadas se habían retirado del gobierno después del episodio de 1973 y no era cuestión de volver a hacer la experiencia.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Señor diputado: se ha cumplido el tiempo que tenía acordado. Le ruego que redondee su exposición.

Sr. ALSOGARAY.- Cabría preguntar a muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras dónde estaban ese día. Algunos sindicalistas se borraron y se fueron del país; otros, como los de la Triple A, también se fueron del país con pasaporte argentino. Ninguno intervino en defensa de Isabel ese día, de manera tal que ahora es un poco tarde para venir a hablar de este tema. En todo caso, yo tengo el derecho de hacerlo por haberme expresado en esa oportunidad.

Nuestro voto será a favor de mantener las cosas como están. No negamos que se haga una revisión, pero debe ser completa. Sin embargo, no creo que éste sea un momento apropiado para que el país se embarque en una polémica de esa clase; tenemos muchas cosas que hacer para construir el presente y el futuro. De todas maneras esto es algo que decidirán los señores diputados de los bloques mayoritarios ya que nosotros no tenemos mucha influencia en ese sentido.

Nuestro voto, reitero, será a favor de mantener las cosas como están.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Antes de dar la palabra a la señora diputada Domínguez quiero aclarar que esta Presidencia será muy estricta en el cumplimiento de lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria en relación con el tiempo y por ello no autorizará interrupciones.

Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. DOMINGUEZ.- Señor presidente: venimos hoy aquí a reafirmar nuestra coherencia histórica.

Pasó más de una década desde que fueron sancionadas las leyes de punto final y obediencia debida. Pese a recurrentes intentos de detener el proceso de construcción de la memoria sobre nuestro desgarrante pasado, la sociedad no ha olvidado ni las circunstancias en que estas leyes fueron sancionadas ni las actitudes que las fuerzas políticas responsables de su dictado asumieron en ese momento.

Fueron sancionadas pese a las voces de repudio del Partido Justicialista que se levantaron en ambas Cámaras. Los diarios de sesiones de la época son prueba incontestable de lo que acabo de afirmar y a ellos me remito.

En forma coherente el Justicialismo sostuvo más tarde en ambas Cámaras que la ley de punto final contrariaba el orden constitucional y que, lejos de contribuir a la reconciliación de los argentinos sobre la base de la verdad y la justicia -según lo expresaba el oficialismo entonces-, dejaría las heridas abiertas por esa brutal injusticia de la que fuimos víctimas miles de argentinos.

De la misma manera, se fue todavía más lejos para acabar de una vez por todas con el problema de los juicios al personal militar. Es así que se sancionó después la ley de obediencia debida, colocándonos en situación de ser uno de los pocos países del mundo en adoptar la teoría extrema de la obediencia ciega, pasiva, repudiada por la mayoría del pueblo argentino.

Desde el punto de vista formal, la declaración de nulidad absoluta de las leyes 23.492 y 23.521 -acudiendo a una fórmula propia del Poder Judicial- representa un avance indebido sobre ese poder. El Poder Legislativo no es competente para declarar la nulidad de esas leyes.

El peronismo siempre trabajó por los derechos humanos, aunque en aquel entonces no los llamábamos de esa manera. Eran los derechos que estaban institucionalizados en la Constitución de 1949; eran los derechos de la ancianidad, los derechos de los trabajadores.

Me pregunto si aquel 17 de octubre, cuando todo un pueblo salió a la calle a rescatar a su líder preso, no se estaban defendiendo los derechos humanos. Me pregunto si la primera desaparecida de este país no fue Eva Perón, cuando secuestraron su cuerpo y se lo llevaron por todo el mundo. (Aplausos.) ¿Acaso no fue la resistencia peronista la que luchó más de dieciocho años por el retorno de su líder al país?

El peronismo nació defendiendo los derechos humanos. Cuando fue gobierno los institucionalizó y cuando fue proscrito u oposición sufrió las peores persecuciones y cárceles de toda la clase dirigente.

Hace pocos minutos hizo uso de la palabra el compañero sindicalista Ubaldini, quien recordaba su lucha con orgullo. Muchos de nosotros recordamos esa época cuando en 1976, apenas comenzada la dictadura militar, empezaba a organizarse el movimiento obrero. Eran sus dirigentes los que salían al exterior con los documentos de las primeras violaciones a los derechos humanos; eran estos compañeros, como Roberto García o el negro Castillo, orgullo del movimiento obrero peronista, que hoy está sentado como diputado nacional en estas bancas, o el compañero Smith, de Luz y Fuerza, y Di Pasquale, compañeros de ruta desaparecidos de este movimiento obrero. Es decir, era el peronismo el que ponía sus mejores hombres y mujeres en la lucha contra la dictadura más cruenta de la historia.

Por eso, más allá de las disputas políticas y más allá de las vergüenzas ajenas que todos podamos sentir por los fracasos anteriores lo cierto es que nos debíamos esta discusión. Tenemos una deuda con la sociedad. ¡Para qué hablar de quiénes o de cómo colaboraron con la dictadura! Por supuesto que nosotros tenemos nombres y ustedes también. Por supuesto que podemos hablar de la Triple A, pero esto no construye. Tratemos de construir hacia el futuro.

Uno de los diputados del Frepaso dijo el 8 de enero en un diario vespertino que esta discusión del pasado no contribuía a nada, mientras otros compañeros del Frepaso presentaban proyectos de ley entendiendo que sí, que así se contribuía a algo. Yo creo que sí. Hace rato algunas madres mostraban las fotos de sus hijos y algunas abuelas las fotos de sus nietos desaparecidos. Creo que los jóvenes que no conocen la historia sino por medio de quienes se la cuentan, se merecen esta discusión. Todos nos debemos esta sincera discusión, sin echarnos en cara las cosas del pasado y avanzando hacia el futuro, porque esta Cámara debe comenzar a legislar en serio más allá de nuestras diferencias.

Quiero entregar a la Comisión de la Verdad, que se va a formar, un documento elaborado por la mayoría de los organismos de derechos humanos. Allí figuran no sólo los informes de la Conadep, sino los de las Abuelas de Plaza de Mayo, que día a día siguen buscando a sus nietos. Quiero entregar un documento en el que consta que mientras en distintos puntos del país desaparecían compañeras, el mismo día que desaparecía un sacerdote en la provincia de Catamarca, Harguindeguy recibía a dieciséis mujeres periodistas diciéndoles que no las convocaba para que hablaran, sino para que fueran ante la sociedad las transmisoras de este proceso de reorganización nacional que había venido para liquidar al comunismo.

Además, entrego este documento porque queremos tener memoria, porque un país sin memoria no puede tener futuro. Habría muchas más cosas para decir. Quien está hablando fue una mujer perseguida por la dictadura militar

por su accionar como sindicalista, torturada y presa durante largo tiempo.

Creo que muchos de los integrantes de esta bancada podemos hablar y decir estas cosas. Sería muy largo referirnos a lo personal, pero también decía Chacho el otro día que teníamos que dar testimonio. ¿Cómo no vamos a dar testimonio, si quien habla estuvo presa con su mujer; cómo no vamos a dar testimonio, si el peronismo tenía en la clandestinidad un órgano, la revista "Vísperas", del cual Carlos Corach y el propio Chacho Alvarez eran directores y fueron los encargados de denunciar las violaciones a los derechos humanos en los primeros meses del proceso?

No he venido a aquí a acusar a nadie, tampoco para hablar de determinadas personas que en el pasado colaboraron con la dictadura. Puedo señalar incluso que algún señor diputado que hoy no está presente, en aquel momento era funcionario del Ministerio del Interior, y ha dicho que si en esa época hubiera sabido que desaparecía gente, habría renunciado.

Reitero que no he venido aquí para dar nombres sino para que entre todos juntos, legisladores de todos los partidos políticos, hombres y mujeres elegidos por este glorioso pueblo de la Nación Argentina, podamos caminar hacia el futuro con la claridad del pasado, a fin de que esto no vuelva a ocurrir nunca más. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CASELLA.- Señor presidente: soy uno de los pocos diputados que desempeñaba esta misma función en 1983. Por lo tanto participé del primer debate importante que se realizó en este recinto sobre el tema que hoy nos ocupa.

Recuerdo perfectamente que cuando se discutió la reforma al Código de Justicia Militar para permitir que fuesen los jueces civiles los que tomasen a su cargo el juzgamiento de las conductas de quienes eran acusados de violar los derechos humanos, tuve clara conciencia de que me tocaba participar de una cuestión que había dejado huellas indelebles en la sociedad argentina.

De ninguna manera llegué aquí pensando que iba a terminar un proceso. Llegué sabiendo perfectamente que estábamos escribiendo el primer capítulo de una historia que iba a quedar definitivamente grabada en la piel de nuestro pueblo.

Por lo tanto comprendo claramente el sentimiento de quienes aquí hablan como también el de quienes están afuera, buscando en esta discusión respuestas que seguramente no van a encontrar aquí y que van a recibir con el transcurso de una trayectoria que reconstruya la sociedad argentina, partiendo de la base de que una sociedad democrática debe apoyarse justamente en lo que buscamos en aquel momento: poner en marcha un proceso que servirá para reconstruir la Nación. Y una Nación implica la existencia de bases morales y políticas compartidas.

Las bases morales que había que reconstruir estaban muy claras. Teníamos que retornar a la vigencia plena de los valores básicos: en primer lugar, la sacralidad de la vida humana; en segundo lugar, la libertad de pensamiento.

En el proceso inmediatamente anterior ambas cuestiones habían sido vulneradas. La libertad de pensar había sido desconocida, y para ello se había pasado por encima la sacralidad de la vida humana.

Asimismo, procuramos superar la etapa de violencia vivida hasta ese momento. Además, queríamos reconstruir el contenido ético de la acción del Estado. Porque durante los seis años anteriores nos vinieron diciendo que los argentinos éramos derechos y humanos y que lo que hacían los que nos gobernaban no era otra cosa que responder a la agresión de los sectores subversivos.

Debíamos tener en claro a partir de ese momento que el Estado y su acción debían tener un contenido ético, que no puede ser dejado de lado nunca so color de que alguien lo esté violando desde algún otro lado. El Estado siempre debe actuar éticamente para que la Nación cuente con un punto de apoyo sustancial. Es la confianza recíproca la que genera ese tipo de apoyo.

El camino de la recuperación de los valores básicos y de la moral plena tenía que ser acompañado necesariamente por objetivos políticos que estaban también muy bien definidos.

En primer lugar había que legitimar la democracia naciente. Todos veníamos de experiencias muy duras en ese campo. En varios episodios consecutivos la Argentina había intentado reconstruir su mundo político tomando bases democráticas, pero la realidad era que siempre había fracasado.

Teníamos entonces la necesidad imperiosa de reconstruir la democracia para los tiempos, para darle continuidad y fuerza. En ese sentido no podíamos actuar como si nada hubiera sucedido en el plano de los derechos humanos. Teníamos que buscar un camino que nos permitiera reconstruir la democracia sobre bases de legitimidad cierta. Este fue el primer objetivo político.

Aquí se mencionó la guerra de las Malvinas. Sostengo que dicha guerra significó la crisis final del militarismo en la Argentina, pero fueron los juicios los que otorgaron legitimidad de origen a nuestra democracia.

El segundo objetivo político consistió en consolidar el Estado de derecho. Los derechos humanos tienen una forma de organización y expresión que es el Estado de derecho, un orden abarcativo de toda la sociedad, incluyendo a los sectores que durante la mayor parte del siglo XX habían sentido y actuado por encima de la ley. Este también era un objetivo fundamental.

A partir de 1930 los militares en la Argentina habían actuado por encima de la ley tutelando el sistema político. En una primera etapa se habían politizado: las Fuerzas Armadas se habían convertido en factor de decisión política. A partir de 1966 ya no fueron Fuerzas Armadas politizadas sino que se puso en marcha un intento deliberado de militarizar la sociedad argentina. Hay una diferencia cualitativa entre lo ocurrido antes y después de 1966. El 28 de junio de 1966 se produjo el primer intento orgánico de militarizar la sociedad argentina sobre la base de una concepción corporativa y de la doctrina de la seguridad nacional.

Mencionaré dos acontecimientos que son simbólicos respecto de lo que acabo de afirmar: el discurso del general Onganía en West Point adhiriendo a la doctrina de la seguridad nacional y la "noche de los bastones largos", el primer acto moderno de agresión dirigido deliberadamente a condenar una manera de pensar, el símbolo de la militarización de la sociedad argentina, cuando las fuerzas policiales entraron "a saco" en la Universidad de Buenos Aires para destruir determinadas ideas. Por lo tanto, la consolidación del Estado de derecho incluyendo a las Fuerzas Armadas era para nosotros un objetivo fundamental en ese momento.

El tercer objetivo político era garantizar el funcionamiento institucional colocando a los victimarios, a los responsables de la violación de los derechos humanos, frente a la Justicia autónoma e independiente. Para legitimar a la democracia naciente era imprescindible que aquellos que habían violado los derechos humanos fuesen respetados en su derecho de defensa. Era básico para la reconstrucción nacional y jurídica de la Argentina que los culpables fuesen juzgados con derecho a su defensa.

La subordinación a la Justicia era para nosotros el signo más visible y pedagógico de la vigencia real del Estado de derecho, era el camino para concluir con la impunidad de los poderosos, que es la más grave de las impunidades. Además, era el camino que permitía el amplio ejercicio del derecho de defensa, porque el desafío consistía en otorgar las garantías de la ley también a quienes la habían violado.

Por ello lo primero que se hizo fue una investigación imparcial e independiente desde el punto de vista político aunque comprometida valorativamente. El mérito de la Conadep consistió en poner la investigación en manos de sectores independientes pero comprometidos valorativamente, con conciencia plena de la misión que debían cumplir.

Por otro lado, decretamos la nulidad de la ley de autoamnistía. Debemos tener en cuenta la enorme diferencia que existe entre una ley dictada por un régimen de facto que tenía como propósito beneficiar a los mismos que dictaban la ley y la nulidad de una legislación originada en un Estado de derecho. La reforma de la Justicia militar con el fin de sacar los juicios de ese ámbito fue necesaria porque era muy evidente que el propósito inicial de autodepuración no funcionaba a partir de una visión corporativa, ya que las Fuerzas Armadas manifestaron carencia de voluntad de autodepurarse. Las sentencias fueron el episodio más dramático, visible y notable de todo ese proceso. Como alguien dijo acá, el episodio más simbólico se vio en el instante en el que los dueños del poder, de la vida y de la muerte de sus compatriotas se pusieron de pie aceptando la competencia de un grupo de jueces que representaban a la sociedad civil y al Estado de derecho.

Obviamente esas sentencias tuvieron un valor adicional; se llegó a ellas con ecuanimidad, con transparencia, con plena publicidad y con un ilimitado ejercicio del derecho de defensa. Esto significó para la Argentina histórica una dramática corrección de sus tendencias seculares. Por supuesto que esas sentencias no satisficieron a todos los que se sintieron agredidos por el régimen militar. Los que sufrieron todo el dolor tenían derecho a reclamar castigo total, porque no hay argumento racional que compense el dolor ni visión estructural que amortigüe la brutalidad del despojo. Por eso, admito y exalto la actitud coherente de las víctimas de la represión, que aún hoy reclaman castigo total.

Personalmente percibo esta cuestión desde otro ángulo, porque no fui una de las víctimas. Tuve la enorme fortuna de no sufrir el dolor que ellos sufrieron, pero la manifestación de ese dolor debe ser reconocida.

Aquí se habló de la forma en que se sancionaron las leyes de punto final y de obediencia debida. Debo dejar en claro que legisladores muy importantes se expresaron en este recinto a favor y en contra de esas normas. El Parlamento debatió arduamente la cuestión y, por supuesto, se tomó en cuenta la realidad objetiva que existía puertas afuera.

Sin duda existía un riesgo, que no era el del golpe de Estado. Ni Rico y sus acólitos de Semana Santa, ni Seineldín y sus aliados posteriores estaban en una posición de fuerza como para violentar el sistema. El riesgo que existía era el de una dilución pasiva del poder político por omisión de defensa. Esa es la realidad que todos vivimos. Los que venían a reprimir llegaban a la puerta y no reprimían, con lo cual el Estado carecía del recurso armado necesario para ejercer el poder.

Frente a eso se advertía con claridad la necesidad de asumir responsabilidades políticas en términos globales. En ese momento no era diputado, pero si hubiese integrado esta Honorable Cámara hubiera votado favorablemente esos proyectos, ya que tengo clara conciencia de que existe un sentido y una ética de la responsabilidad que implica tener una visión estructural cuando se está en el gobierno.

No dudo que, desde el punto de vista de la gobernabilidad, la defensa del sistema democrático y de la legalidad son el objetivo superior. Por esa razón la opción fue la del Estado de derecho. Aquí no se trata de utilizar el argumento de la gobernabilidad, porque no era un problema de esa índole. Las cuestiones de gobernabilidad se resuelven como se lo hizo en 1989: mediante el mecanismo institucional de la elección y el traspaso del poder. Cuando el poder existente no está en condiciones de seguir gobernando, le traspasa el gobierno a quien fue electo por el pueblo. Por eso digo que en 1987 no nos encontrábamos ante un problema de gobernabilidad sino de preservación del Estado de derecho.

Tampoco se trata de incurrir en actitudes de relativismo moral. No se trata de condenar a unos cuantos para que los demás se salven, porque no podemos utilizar argumentos que justifiquen formalmente la impunidad de los criminales. Es necesario bregar por la continuidad de un sistema -la democracia- que por su naturaleza tiene capacidad de corrección a partir de la vida y de la libertad.

El Estado de derecho preserva la vida y la libertad. Considero -este es un juicio personal que no le adjudico al bloque ni a ninguno de los legisladores presentes- que como la democracia tiene facultades de autocorrección hoy podemos derogar dos leyes que en su momento sirvieron para sostener el sistema democrático.

La democracia argentina no se debilitó, y para demostrarlo voy a dar dos ejemplos. En principio, por primera vez en la historia moderna la democracia argentina resistió el ataque simultáneo de la crisis económica y de la subversión militar. Esto sucedió en los años 1987 y 1988. La subversión militar apareció junto con la crisis económica.

Sin embargo, la democracia argentina era lo suficientemente sólida como para soportar ese embate simultáneo, cosa que nunca había sucedido desde el año 1930. Cada vez que hubo una crisis económica grave en nuestro país, ella arrastró al sistema político con intervención de las Fuerzas Armadas. Por primera vez, en 1989 esto no ocurrió: aguantamos todas las tentativas de subversión militar y la hiperinflación simultáneamente.

En segundo lugar, por primera vez en la Argentina se produjo en medio de esa crisis un cambio de gobierno, que significó también un cambio de signo partidario. En julio de 1989, por primera vez en nuestra historia, un representante de un partido político opositor asumió el gobierno recibiéndolo de su antecesor. Este también es un dato que revela la consolidación de la democracia argentina.

Hoy nos encontramos ante la posibilidad de integrar el plexo jurídico argentino de manera coherente y de derogar una legislación que de alguna manera significaba una diferenciación en cuanto a niveles de responsabilidad excluyendo a algunos que cometieron delitos.

La reflexión que cabe para finalizar este análisis consiste en lo siguiente: el Estado de derecho y los derechos humanos concebidos globalmente constituyen el producto de la experiencia humana y no de la experiencia jurídica. La ley recoge la experiencia humana y, por lo tanto, los derechos humanos son el fruto de la acumulación de experiencias individuales y colectivas a lo largo de la historia. La continuidad del proceso, es decir, el hecho de no retroceder en ese campo, es fundamental. Estos derechos conforman un patrimonio reunido por acumulación; comienzan con la historia misma del ser humano frente al primer acto de prepotencia.

Lo que debemos dejar en claro es que la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final tiene como propósito aportar cohesión al sistema de defensa de los derechos humanos en la Argentina. Pero esta derogación no puede cuestionar la existencia y vigencia de una serie de institutos que también conforman el principio de vigencia de los derechos humanos.

Creo que es muy claro que la continuidad del proceso es esencial para garantizar su solidez. Por supuesto que, como dijo la señora diputada Domínguez, todos nosotros tenemos listas porque todos tenemos memoria. No hemos nacido hoy a la vida política argentina. Algunos hemos heredado nuestra vocación política. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene agravios propios y recibidos, para transmitir en este recinto. Pero ello no serviría porque el pueblo no quiere que hagamos eso.

La continuación del proceso de consolidación democrática se define totalmente cuando lo que discutimos y lo que construimos es el futuro y cuando a partir de la disidencia comprensible y necesaria levantamos edificios fundados en cimientos muy sólidos.

El argumento definitivo es la sacralidad de la vida, la libertad para disentir y expresar ese disenso, el Estado de derecho global y omnicomprensivo, y la amistad fraternal entre quienes tenemos el destino de compartir la historia.

Vamos a votar a favor de la derogación de estas normas porque entendemos que de ese modo estaremos contribuyendo a la construcción de un futuro compartido. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor

diputado por Buenos Aires.

Sr. TORRES MOLINA.- Señor presidente: a veintidós años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 venimos a esta Cámara a votar la derogación de las leyes de punto final y de obediencia debida.

En diciembre de 1986 el Congreso Nacional sancionó la ley de punto final, que tenía como objetivo limitar el juzgamiento de las personas que habían violado los derechos humanos. En los fundamentos del proyecto elevado, el Poder Ejecutivo se refería a la "pacificación de los espíritus" y al "afianzamiento del encuentro de los argentinos". Surgía de ellos que esa norma era una amnistía encubierta: por lo tanto contradecía lo dispuesto por el inciso 17 del artículo 67 del antiguo texto de la Constitución Nacional, que señalaba que las amnistías debían ser generales; y lo establecido por el artículo 16, es decir, el principio de igualdad ante la ley.

La ley de punto final se refiere a determinadas personas, y una amnistía no puede estar dirigida a un número limitado. Tampoco hace alusión a delitos determinados, salvo la exclusión que hacía la norma en su artículo 5°.

Por otra parte, los delitos cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país fueron consecuencia del ejercicio de la suma del poder público. Por lo tanto, tales delitos no eran susceptibles de ser amnistiados por vía legislativa.

En junio de 1987 se sancionó la ley de obediencia debida. Esta norma alteró el sistema vigente en relación con el principio de obediencia debida establecido en los códigos de Justicia Militar y Penal, referido a actos de servicio con apariencia de legalidad. El artículo 1° de dicha norma presume la obediencia debida sin admitir prueba en contrario. La Justicia, con la aplicación de esta ley, cumplía un acto mecánico, alterándose el principio de división de los poderes.

En definitiva, según esta norma, torturar, asesinar o hacer desaparecer seres humanos, para una determinada categoría de personas y en cierta época no significaba un delito sino un acto legal.

La impunidad en nuestro país finalmente alcanzó su punto máximo con los decretos de indulto dictados en 1989 y 1990. El indulto a procesados también fue un acto inconstitucional. Erróneamente, como antecedente de nuestra norma jurídica que autoriza al Poder Ejecutivo a dictar indultos, se tomó en consideración la Constitución norteamericana, que permitía indultar a procesados. Nuestra Carta Magna tiene como antecedentes las Constituciones de 1826 y 1819, que se remiten a los proyectos constitucionales de 1813 y a la Constitución de Cádiz de 1812.

Como abogado de los organismos defensores de los derechos humanos cuestioné en todas las instancias la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y de punto final y los decretos de indulto. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de las normas que consagraban la impunidad en nuestro país.

También como abogado de los organismos defensores de los derechos humanos presenté ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre de 1987 y enero de 1988, las dos primeras denuncias referidas a la violación del Pacto de San José de Costa Rica a raíz de las leyes de punto final y de obediencia debida y de los indultos. En definitiva, luego del largo trámite a que fueron sometidas tales denuncias por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 2 de octubre de 1992 se resolvió:

"Primero, que las leyes números 23.492 y 23.521 y el decreto número 1.002 de 1989 son incompatibles con los artículos 18, sobre el derecho a la justicia, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 1°, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Segundo, recomendar al gobierno de la República Argentina que otorgue a los peticionantes una justa compensación por las violaciones a las que se refiere el párrafo precedente.

"Tercero, recomendar al gobierno argentino la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar.

"Cuarto, disponer la publicación del presente informe."

Estas causas se mantienen abiertas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, mediante la derogación de estas leyes estamos cumpliendo en parte con lo que fuera dispuesto por esa comisión.

En el análisis de lo que se ha dado en llamar "transiciones a la democracia" y su relación con las violaciones a los derechos humanos, se observa en América la siguiente realidad.

Existen autoamnistías sancionadas por diversos Estados. Como ejemplo podemos citar a Chile, que en 1978 sancionó una ley que excluyó el caso Letelier, cuya constitucionalidad fue confirmada por la Corte en 1990. En la Argentina, por medio del decreto ley 22.924 se aplicó una autoamnistía que luego fue declarada nula por este Congreso e inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Diversas amnistías de estas características fueron sancionadas en Guatemala durante los año 1982, 1983 y 1986.

En diferentes países de América ha habido impunidad como consecuencia de las exigencias militares. Por ejemplo, en Honduras, en 1981, mediante la sanción de una norma de parte de la Asamblea Constituyente; en la Argentina, por medio de las leyes que estamos analizando y de los decretos de indulto; en Uruguay, por la ley 15.848, que fuera fruto de un acuerdo entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas en 1984. En 1988 la Corte uruguaya resolvió la constitucionalidad de la citada ley, y en 1989, a raíz de un referéndum, el pueblo uruguayo la ratificó por pocos votos de diferencia. En Surinam existieron normas similares en 1989, aunque excluían los crímenes de lesa humanidad.

También hubo amnistías como consecuencia de los acuerdos de Esquipulas II, que afectaron a todos los países de Centroamérica. En 1987 Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua sancionaron normas de paz, pero en este último país no se aplicaron. Respecto de Nicaragua una comisión interamericana de seguimiento tuvo por objeto verificar el cumplimiento de los compromisos contraídos por los países limítrofes, de no utilizar su territorio en contra de ese país. Sí se aplicó una amnistía, por acuerdo, en los años 1988, 1989 y 1990.

Las normas de impunidad consagradas en América no deben confundirse con las amnistías que recogen el verdadero sentido de un reclamo popular. Hubo amnistías que en Brasil y Uruguay favorecieron a opositores políticos de las dictaduras en 1979 y 1995, respectivamente. Esas amnistías se entroncan con algo que ha sido tradición en nuestro país: cuando se sancionaron amnistías que legitimaron hechos que tenían trascendencia histórica, como lo fueron la revolución de 1890, la de 1893, la de 1905 o las amnistías sancionadas en 1958 y 1963, que amnistiaron las acciones de la resistencia peronista.

Si observamos el ejemplo en otros países, también vemos que la impunidad ha sido la constante. En Francia no hubo condenas por la represión de los franceses sobre Argelia. En Estados Unidos, durante el genocidio contra el pueblo vietnamita, únicamente existió un proceso como consecuencia del exterminio de la aldea de My Lai, cuyos responsables fueron condenados a penas leves y en seguida indultados.

De Argelia y de los Estados Unidos proviene la doctrina de la seguridad nacional, que es la que se aplicó en nuestro país para fundamentar los actos de terrorismo de Estado y la represión de la cual fue víctima el pueblo argentino.

Unicamente los vencedores en las guerra o en las revoluciones triunfantes fueron los que sancionaron las violaciones a los derechos humanos que se habían producido con anterioridad.

Si vemos la situación de nuestro país y tenemos en cuenta los procesos que se hicieron a las juntas militares y a la policía de la provincia de Buenos Aires, observamos la diferencia fundamental que existe entre la impunidad en nuestro país y en los restantes países de América. Mientras la impunidad en los restantes países de América fue inmediata, producto de una ley o sucesivas leyes y no hubo procesos por violaciones a los derechos humanos, en nuestro país hubo un proceso de siete años, que llevó a través de diversas normas a consagrar la impunidad que se había establecido en otros Estados en forma inmediata. Pero la impunidad en nuestro país no ha finalizado.

Hay una lucha contra la impunidad, y esa duración de siete años que demandó el proceso de impunidad en la Argentina fue producto, por un lado, de la lucha de los organismos de derechos humanos y, por otro, de todo el pueblo argentino, que reclamaba la sanción a aquellas personas que habían violado los derechos humanos en nuestro país.

Pero la lucha contra la impunidad sigue siendo algo vigente. En la actualidad se han iniciado juicios en Italia y España, se proyectan enjuiciamientos en Alemania y existen condenas en Francia y también, de naturaleza civil, en los Estados Unidos.

La derogación de las leyes de obediencia debida y punto final forma parte de esta lucha contra la impunidad. El genocidio argentino fue un crimen contra la humanidad. Hoy, al derogar las leyes de obediencia debida y de punto final, la Cámara remueve obstáculos para que la Justicia aplique principios constitucionales, como la ley más benigna, la irretroactividad de la ley penal y los principios establecidos por la Convención contra la Prescripción de los Delitos de Lesa Humanidad.

Las violaciones a los derechos humanos han llevado en el campo internacional a dos tipos de respuestas. Una de ellas ha sido la creación de los tribunales penales internacionales , como se ha hecho con Yugoslavia y Ruanda. Si nuestro país hoy hubiese violado los derechos humanos como lo hizo hace veinte años, sin duda se habría creado en los ámbitos internacionales un tribunal penal internacional para entender sobre los crímenes de lesa humanidad que en la Argentina.

Diversos Estados también han creado -siguiendo la experiencia argentina de la CONADEP- comisiones de la verdad. Se han constituido comisiones de esta naturaleza, oficiales y no oficiales. Lo hizo Chile en 1990, El Salvador en 1991, Perú en 1983 y 1986, Bolivia en 1982 y Guatemala en 1997. Se crearon comisiones no oficiales en Bolivia, Brasil y Paraguay.

Frente a las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en nuestro país debe ser el Estado el que esclarezca los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. La derogación de esta norma contribuye a ello, y diversos proyectos que están siendo analizados por la Honorable Cámara –entre otros, el referido a la creación de una Comisión de la Verdad- contribuirán al esclarecimiento de esos delitos.

Por lo expuesto esperamos que no sean otros Estados los que resuelvan problemas pendientes de la sociedad argentina. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.

Sra. AVELIN.- Señor presidente: a todos nos resulta muy difícil hablar en este recinto del dolor y las heridas aún abiertas de tantos argentinos que han sufrido el despojo de sus familiares. Esto es así porque, como decía, las heridas todavía están abiertas y están siendo removidas por la firme decisión política de todos los sectores políticos de derogar las leyes de obediencia debida y de punto final, que en realidad fueron sancionadas cronológicamente en orden inverso.

Cuando se habla de derechos humanos es necesario tener en cuenta en primer lugar el respeto. ¡Ojalá que el silencio sea una muestra de respeto en este debate!

La Argentina ha padecido algo que nos parecía impensable: esta fractura social que en nada ha contribuido a la pacificación que anhelamos todos los argentinos.

Si bien cuando, veintidós años atrás, se produjo el golpe de Estado yo sólo tenía diecisiete años de edad, puedo decir que he vivido todo ese proceso y he sufrido lo que ha significado que muchos hogares quedaran destruidos por esas ausencias inexplicables, como asimismo la afectación de la libertad de pensamiento de determinadas personas al haberse atentado contra la sacralidad de la vida de hermanos argentinos. Me refiero al dolor que significa tener que vivir y convivir de modo permanente con la incertidumbre y la falta de verdad sobre los seres queridos.

Si bien es cierto que existieron razones de Estado que fueron muy bien explicadas por quienes sancionaron esas normas –en esencia ofrecer una respuesta en ese contexto que vivía la República Argentina-, quizás ellas no fueron entendidas por las razones del corazón. Esas son las heridas que aún hoy permanecen abiertas.

Votaré por la afirmativa la derogación de ambas leyes sabiendo que tal vez resultará testimonial o simbólica, pero con la esperanza de que esta decisión se convierta en el puntapié inicial para la construcción de un futuro de unidad que todos los argentinos anhelamos y merecemos.

Sólo con la justicia y la verdad, pero fundamentalmente con la paz que debemos brindar quienes tenemos una responsabilidad política, podremos construir en

la Argentina un camino de integración no sólo regional, económica, cultural y social, sino también moral.

Esta herida moral tal vez de alguna manera hoy se subsane y por ello es que votaremos afirmativamente este proyecto, con la esperanza -reitero- de que en algo contribuya a la pacificación y a dar alguna esperanza de unidad a todos los sectores en la República Argentina. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. OLIMA.- Señor presidente: en primer lugar tengo el deber moral de señalar que hablaré a título personal y en consecuencia, mi opinión no compromete la postura ni el sentimiento del otro integrante de mi bloque, el señor diputado Lorenzo Domínguez.

Lamento que las decisiones adoptadas en la Comisión de Labor Parlamentaria y expuestas en este recinto impongan estas limitaciones en el tiempo, pero comprendo las circunstancias.

Más allá del dolor que estos hechos han causado en muchísimos argentinos, y que no se va a corregir con este debate ni con las medidas que aquí tomemos -ni siquiera con la decisión formal de dejar sin efecto las leyes de obediencia debida y punto final-, quisiera exponer otro enfoque que surge de diversos análisis.

El año pasado mantuve una reunión con los kelpers, los habitantes de las islas Malvinas. Cada vez que hablábamos sobre la forma de reconstruir la relación, insistentemente volvían al conflicto de 1982. Luego de varias horas de conversaciones les señalé que desde 1982 a 1997 habían transcurrido quince años y que era lo mismo que situarnos en Europa en 1960 y extrapolar la Segunda Guerra Mundial cuando después de quince años de concluido el conflicto, Europa se estaba reencontrando y había tenido la sabiduría necesaria para superar el terrible dolor que una guerra mundial -con bombardeos permanentes, el Holocausto, etcétera- había producido en la ciudadanía. Sin embargo, una vez que señalé esto a los kelpers reflexioné y me dije a mí mismo que los argentinos no habíamos encontrado todavía el mecanismo que nos permitiera superar el dolor que estamos sufriendo desde hace muchos años. Tengo la convicción de que hasta que los argentinos no seamos capaces de dar vuelta con grandeza esta página triste y dolorosa de nuestra historia, difícilmente podamos mirar hacia el futuro con un proyecto consensuado para el país.

Si supiera que nuestro voto positivo servirá para calmar aunque sea parcialmente el dolor de todas aquellas madres e hijos que han perdido seres queridos, no tendría ninguna duda en expresarme en ese sentido. Pero me pregunto si realmente con este debate que llevamos adelante estamos haciendo una verdadera contribución a la pacificación nacional.

He escuchado argumentaciones sólidas. Todos sabemos que los tiempos políticos y reales han cambiado; que las circunstancias que hoy vivimos no son las mismas que se dieron cuando se aprobaron estas leyes. Me pregunto si muchas otras cosas no han cambiado también. Por ejemplo, en 1983 o en 1984, no recuerdo bien, un avión comercial fue derribado por un misil ruso porque había sobrepasado su espacio aéreo, muriendo 286 civiles; la pregunta es si esto podría darse hoy en día. Pareciera que no.

Quiero ser optimista respecto de la capacidad de los argentinos por encontrar un rumbo común. Quiero ser optimista en cuanto a que podemos mirar hacia el futuro. También quiero ser realista y decir que el 24 de marzo de 1976 no se dio un episodio que de golpe vino de Marte o de Júpiter; el 24 de marzo de 1976 fue la consecuencia de largos desencuentros entre los argentinos.

Las Fuerzas Armadas argentinas, nuestras Fuerzas Armadas, no son las que violan los derechos humanos. Nuestras Fuerzas Armadas son aquellas creadas por el pueblo para defender nuestra soberanía. ¿Qué tiene que ver todo eso con aquellos que, perteneciendo a las Fuerzas Armadas, han excedido los límites que debe tener todo ser humano? ¿Por qué vamos a poner a todos dentro de la misma bolsa? Me pregunto cuándo la sociedad argentina va a hacer el mea culpa de su participación en todos estos procesos que hemos vivido con anterioridad, no sólo en el que tuvo lugar el 24 de marzo de 1976. Finalmente, me pregunto por qué no señalamos con total claridad que nunca un proceso de esta naturaleza se dio en América latina sin que fuera orientado desde otros centros de poder.

Son demasiados los elementos que inciden sobre todo esto como para que podamos verlo con liviandad, y como para expresar nuestro punto de vista en cinco minutos. En consecuencia, ante la duda filosófica y emotiva que realmente tengo, en cuanto a si esto hace bien al futuro y al presente del país, solicito autorización de la Cámara para abstenerme en la votación.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. BULACIO.- Señor presidente: nuevamente se abre el debate por situaciones vividas hace más de veinte años, mas no podemos decir que esto en sí sea un episodio negativo.

En este recinto de las leyes es donde la verdad debe reverenciarse para que el análisis objetivo sea el cimiento que nos impida caer en los mismos errores del pasado.

"Nunca más" fue la frase acuñada para no dejar en el olvido episodios aberrantes de tiempos recientes. Pero debo advertir lo imperioso que resulta que esta verdad sea completa y no fragmentada. De lo contrario, esta Cámara de Diputados de la Nación será juzgada por la historia, que en algún momento descorrerá los velos que envuelven las nebulosas del pasado.

Nuestra patria está signada por los desencuentros que han calado muy hondo en el cuerpo social y que han herido profundamente su epidermis. Desde hace décadas se busca la forma de cicatrizar esos procesos. Sólo basta apuntar que la rivalidad entre unitarios y federales se ha mantenido latente casi hasta nuestros días.

Ya en el siglo pasado, después de Caseros, el general Urquiza dijo aquella frase: "Ni vencedores ni vencidos". Los acontecimientos posteriores desvirtuaron esa sentencia.

¿Podemos dar una fecha de inicio de estos tiempos avergonzantes y oscuros de nuestra historia reciente? No. Pareciera que si observáramos a través de un gigantesco caleidoscopio, donde se confunden hechos y circunstancias, y se entremezclan los cristales de diversos colores y matices, en cada vuelta nos encontraríamos con revoluciones, golpes de estado y períodos institucionales que se mezclan con nuevos golpes militares; uniformados y civiles entremezclados con grupos económicos y corporaciones; quema de iglesias, fusilamientos, secuestros extorsivos, matanza de dirigentes sindicales y de políticos, el comandante Uturunco operando en Tucumán allá por la década del 60, más tarde la aparición de la Triple A, más secuestros, más terrorismos, la matanza de Ezeiza, militares que abandonan su función específica y en su soberbia se sienten salvadores de la patria, proscripciones políticas, cárceles, torturas, sangre y dolor por doquier, dolor de madres, de esposos, de hermanos y de hijos.

Esta no es sólo la historia reciente sino que es la historia misma de nuestra patria, la del siglo pasado y la de este siglo que está por concluir. La Argentina vivió un período muy difícil y cruel en toda la década del 70; ignorarlo sería un engaño. Sin duda el odio superó la razón y los intereses sectarios desconocieron el derecho de los demás.

Lo triste, lo realmente grave, es que se ingresó en una lucha donde el estado de derecho dejó de ser fuerte para la comunidad y afloró la ley de la selva, que mata, hiere, destruye y afrenta sin límites ni fronteras.

Ya casi ha transcurrido un cuarto de siglo y los dolores se renuevan en una constante que debe preocuparnos. Esta Cámara de Diputados ha resuelto hoy reabrir el debate sobre lo ocurrido; sus integrantes debemos tener presente que estamos exponiendo nuestro prestigio y credibilidad, debiendo dejar a un lado el partidismo y la subjetividad.

Debemos tener en cuenta que el juicio de la historia siempre es frío e implacable y ante él es ilusorio pretender esconder verdades o tergiversar los hechos.

Al mismo tiempo voces prudentes y con experiencia nos invitan a no remover el pasado mientras otras nos impulsan a removerlo. Esas mismas voces nos aconsejan que por una vez en la historia miremos hacia delante, hacia el futuro, abandonando la terrible tendencia a retrotraernos cíclicamente hacia el pasado para solazarnos con viejos rencores.

La enseñanza de aquellos oscuros tiempos es que ya nadie puede en la Argentina de hoy ni en la de mañana escudarse en falsos conceptos como el de obediencia debida, que ya no hay espacio para encubrir el crimen ni a sus responsables amparándose en superiores jerárquicos, sean civiles o militares.

Hoy en esta Cámara se escuchan voces que acusan o discursos que reavivan el pasado, que serán valiosos en la medida en que actúen como descarga emocional y moral, y que servirán como un ejemplo de dignidad y coraje para nuestros hijos.

A nosotros, los políticos, nos cabe la inmensa responsabilidad de evitar que sigamos agraviándonos, ya que finalmente la acusación nos abarca a todos. Algunos por acción y otros por omisión no hicimos lo que debíamos haber hecho en el pasado. No caigamos en el mismo error; hagamos hoy lo que la conciencia y la comunidad nos impone: dejar el pasado para la historia y asumir el futuro, que es lo que nos corresponde como políticos.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. ACEVEDO.- Señor presidente: no quiero caer en simplificaciones; no es mi intención herir justas susceptibilidades pero lamentablemente creo que la política del Estado argentino desde 1983 hasta la fecha no contribuyó a la verdad ni a la justicia sino, por el contrario, al olvido y al perdón. En esto se inscriben las leyes que hoy procuramos derogar, así como su resultado natural: el indulto.

Hubiera deseado que aquellos que participaron de la sanción de estas normas nos dijeran esta tarde que no hicieron lo que pudieron sino lo que les dejaron hacer, que es una cosa absolutamente distinta.

La nulidad de estas normas se impone para restablecer el camino de la verdad y de la justicia, que es la única senda para la reconciliación de una sociedad fraterna, tolerante y justa.

En estos días he escuchado a juristas y diputados referirse a que no es necesaria la derogación de estas leyes. A lo mejor aprobamos la iniciativa en consideración creyendo que es un paso hacia la verdad, pero creo que no termina de llegar a la finalidad que todos perseguimos, que es abandonar definitivamente la cultura de la impunidad, la que permitió todas estas atrocidades y dolores permitiendo, entre otras cosas, inequidades tales como la deuda externa y las exclusiones que ha generado aquel proceso de la dictadura militar.

Por ello creo que en 1983 se produce un hito histórico a partir del cual la política del Estado –de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- respeta los derechos humanos mientras la sociedad civil, con su movilización y sus reclamos, hace que este tema todavía tenga actualidad y no haya pasado al olvido.

Tengo la esperanza de que con buena voluntad estamos contribuyendo a la verdad. No quiero creer que este valor pueda ser coartado para que la clase dirigente de la Argentina salde su deuda con un pasado oprobioso que, en la medida en que no le echemos luz, nos impedirá transitar el presente ni tener un futuro venturoso. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

Sra. MENDEZ DE MEDINA LAREU.- Señor presidente, señores legisladores: hablaré a título estrictamente personal, razón por la cual seré la responsable exclusiva de lo que voy a decir.

El 14 de mayo de 1969 el estudiante universitario Juan José Cabral era muerto por una bala en una plaza de la ciudad de Corrientes. Participaba de una manifestación de protesta por el alza de las tarifas del comedor universitario. Era una manifestación pacífica pero ruidosa, como lo son habitualmente las protestas estudiantiles.

Conservo en la retina el aula de Anatomía Patológica, cuando el profesor titular de la cátedra hacía la autopsia de ese estudiante y explicaba a los restantes compañeros la trayectoria de la bala. Mientras tanto, en la calle los demás compañeros de la Facultad esperabanlos despojos para velarlos en otro lugar.

¿Cómo no nos podía sacudir eso a los educadores de Corrientes? Tuvimos entonces el atrevimiento de hacer este manifiesto, que decía: "En nuestra condición de educadores de la juventud correntina sentimos el imperioso deber de manifestar públicamente nuestro repudio a la irracional violencia esgrimida contra estudiantes desarmados y que provocó la muerte del joven Juan José Cabral. ¿Cómo seguiremos enseñando en nuestras aulas el respeto a la dignidad humana si en las calles vemos quebrar estos principios por quienes están obligados a defenderlos? Que tanto dolor no sea en vano y que se haga justicia. Mayo de 1969."

Sin quererlo, la muerte de Cabral estaba inaugurando una época terrible de dolor y de pérdidas en nuestro país.

Traigo este hecho a colación en esta sesión destinada a derogar las leyes 23.492 y 23.521, porque siete años después del triste episodio ocurrido en Corrientes, se instauró el llamado "proceso de reorganización nacional", que me convirtió, con efecto retroactivo por haber firmado aquel manifiesto, en la víctima de una persecución que no voy a detallar en esta sesión.

Por lo tanto, pertenezco a una generación que vivió el proceso. No me lo contaron, ya que tuve el triste privilegio de sufrirlo. Sin duda en este recinto hay muchas víctimas o protagonistas de esa historia. En mayor o menor grado que a otros colegas, sufrí la exclusión de mi trabajo sin explicación de las Fuerzas Armadas ni del funcionario del Ministerio de Educación responsable de ese acto. Me tocó ver mi biblioteca expurgada y destruida parcialmente, porque aparentemente contenía ejemplares que eran peligrosos para la seguridad nacional.

Inicié frente a muchos militares una exasperada demanda de justicia para que me reintegraran al cargo. Golpeé como algunos políticos las puertas de cuarteles y despachos, pero lo hice para luego golpear más fuerte las mesas de los coroneles y los generales que me escuchaban en silencio sin darme explicaciones.

La reparación que buscaba estaba orientada también a miles de docentes que parecíamos peligrosos por el solo hecho de pensar, reclamar y ser diferentes. Debo decir, en contraposición, que en aquella oportunidad ningún dirigente gremial ni ningún político me acompañó en la protesta. Por lo tanto, tengo que admitir que carezco de objetividad para analizar esta situación. Luego de tantos años no puedo olvidar que fui cesanteada, apartada de mis funciones y privada de la representatividad docente que tenía en una junta de calificaciones.

Pude conocer lo que se llama la "muerte civil", porque no podía trabajar en ningún lado. Me sentí vigilada y amenazada; transmití angustias a mi hijo, a mi marido y a mi madre. Estos no eran sentimientos nuevos porque, por mi pertenencia religiosa, conozco desde hace mucho tiempo la discriminación, el rechazo y la diferencia injustificada, que siempre entendí como una forma de violencia, aun antes del proceso de reorganización nacional.

Fui testigo de la historia pendular de la Argentina, entre el "no te metás" y el "qué me importa". En este sentido, basta con tener en cuenta la caída de Frondizi en 1962, a pesar de lo cual los sagrados partidos de fútbol no se suspendían; ¡si apenas había caído un presidente constitucional!; la caída de Illia en 1966, en medio de la indiferencia de la gente; las ambigüedades que precedieron la caída de Isabel Perón, otra presidenta constitucional.

Como contrapartida recuerdo una gris tarde de junio de 1978, cuando la población de la metrópoli, de esta orgullosa Capital Federal embanderada para ir a la inauguración del campeonato de fútbol, coreaba con Videla un gol nacional. ¡De qué guerra importante estábamos participando!

Después vino la guerra de Malvinas, y otra vez me tocó ver a las madres golpear los vagones de los trenes en Curuzú Cuatiá, reclamando la presencia de los hijos que habían quedado en los turbales de las islas. Nadie podía dar respuesta a esos soldados precoces que cayeron en Malvinas.

Por eso creo que no debemos olvidar estos y otros aspectos de nuestra historia. Recuerdo el activismo salvaje que en el año 70 no discriminaba en la Universidad entre los que enseñaban y los que no lo hacían, así como las cacerías que tenían lugar en las calles de Buenos Aires. Ustedes también deben recordar estos hechos ocurridos antes de 1976. Miles de argentinos dejaban el país acosados por la Triple A y había atentados que configuraban una verdadera guerra civil que no quiero calificar.

Sin embargo, todo esto sirvió para alumbrar esta cara democracia nacida en diciembre de 1983. Recordemos el mandato del doctor Alfonsín, cuando hubo leyes abortadas por la incomprensión de quienes no veían las reformas estructurales que promovía, necesarias para el país. Tengamos presente el conflicto del Beagle, la hiperinflación, la asunción adelantada del doctor Menem y las crisis económicas.

Sé que la mía puede parecer una visión naïf de la historia reciente, pero por mis convicciones creo en el perdón y la justicia. Por cierto que la justicia humana tiene defectos o, mejor dicho, sus ejecutores los tienen. Pero existe otra justicia ante la cual Videla, Massera y todos nosotros deberemos indefectiblemente rendir cuentas. Esa sí será la hora de la verdad, y junto con los represores, los violadores, los torturadores y los asesinos aparecerán también los débiles, los que no querían saber, los delatores, los adalides del "por algo será" y los indiferentes.

Los derechos humanos no son monopolio de ningún sector político. No creo que en este recinto exista un solo legislador que no esté comprometido con los derechos humanos, aunque más no sea por el instinto primario de conservación de la vida. Más aún: cualquiera sea el sector político de que se trate, todos estamos embanderados con esos derechos humanos a los que el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional confiere jerarquía constitucional.

En nombre de los correntinos que hoy están viviendo situaciones de emergencia y de desastre, en nombre de una provincia que está bajo las aguas sufriendo pérdidas irreparables y que necesitará de muchos años para recuperarse, les manifiesto que este debate sólo tiene un valor simbólico al que, sin embargo, no puedo sustraerme ni dejar de adherir.

Considero imprescindible mirar hacia delante, reconstruir el país, cicatrizar las heridas, construir un Estado más justo y solidario y recordar la frase de Alberdi que dice que "los pueblos no transitan sin provecho el camino de sus padecimientos."

Como docente nunca llevé mis resentimientos ni mis dolores a las aulas. Siempre creí y creo que es obligatorio educar para la vida. Por eso entiendo tanto el Lejaim hebreo: brindo por la vida, por la exaltación de la libertad, del amor, de la solidaridad y de la alegría. Eduquemos para la vida y sobre todo tratemos de construir un país mejor, perdonando sin olvidar la historia para no repetir sus trágicos errores.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia informa a la señora diputada que el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra se ha agotado. Por lo tanto, le sugiere que vaya redondeando su exposición.

Sra. MENDEZ DE MEDINA LAREU.- Argentinos, a las cosas que aún faltan por hacer para que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de esta democracia que tan alto precio nos ha cobrado a los adultos de hoy, a esta generación que convivió con el dolor y la pérdida de vidas humanas, para que nunca más, nunca más, nos desviemos del régimen jurídico que nos garantiza y preserva el Estado de derecho. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAFIERO (J.P.).- Señor presidente: en primer término, voy a hacer una breve referencia a la interpretación del señor diputado Alsogaray sobre los motivos que llevaron a un grupo de legisladores a presentar una iniciativa por la que se solicita la derogación y nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida.

Quiero decir al señor diputado que muchos de los que están aquí llevaron a cabo su primer acto político, casi sin saberlo, cuando tenían dos, tres o cuatro años de edad, al ir a visitar a una cárcel a sus padres, que eran presos políticos. Esos fueron presos políticos de los gobiernos a los que el señor diputado contribuyó. Quizás por ello, no logre discernir la intención perseguida por un grupo de legisladores al presentar a comienzos del mes de enero una iniciativa en este sentido.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia solicita al señor diputado que se dirija a ella, a fin de preservar el orden del debate.

Sr. CAFIERO(J.P.).- Decía que la intención de este grupo de legisladores está vinculada con el afán de buscar justicia y verdad.

El golpe de Estado de 1976 no fue un golpe más, como se ha dicho aquí. En ese momento se puso en marcha un plan criminal que tenía varios objetivos: hacer desaparecer a los militantes que enfrentaban al régimen militar, poner en marcha un plan de persecución de los adversarios políticos, enviar al exilio a miles de argentinos y encarcelar a otros tantos, y al mismo tiempo iniciar un plan económico devastador de la economía y la producción nacionales. Ese plan se pudo desarrollar porque el grupo militar que había tomado el gobierno adoptó sin ningún freno una actitud genocida, de la cual se han dado varios ejemplos, como el caso de Margarita Belén, el de los trabajadores perseguidos por el régimen militar -que terminó haciendo desaparecer a miembros de las propias organizaciones defensoras de los derechos humanos- y el de las monjas francesas Dumont y Dusquet, asesinadas por el capitán de navío Alfredo Astiz, condenado hoy en Francia. Todo esto nos llevó a pensar a un grupo de legisladores que la justicia que se estaba desarrollando en el exterior también debía darse en nuestro país. Por eso propiciamos la derogación de estas leyes, para que esa justicia pueda desarrollarse en la Argentina.

Para ello nos basamos en aspectos que han quedado consolidados en la historia judicial de la Argentina. Me refiero al ejemplar fallo dictado por la Cámara Federal y luego confirmado por la Corte Suprema de Justicia, que condenó a las juntas militares. El fallo estableció principios vinculados con el genocidio y los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en nuestro país. Y contiene los mismos fundamentos que en España ha utilizado el juez Garzón para llevar adelante el procesamiento de miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad argentinas que participaron de la represión.

Para nosotros, el artículo 29 de la Constitución Nacional constituye una valla infranqueable tanto para el Congreso como para el Poder Ejecutivo y la Justicia, pues condena como traidores a la patria a quienes hubieran puesto a su arbitrio la vida, el honor y la fortuna de los argentinos. Ese artículo está vigente y no hay leyes de jerarquía inferior a la Constitución que puedan derogarlo.

En ese sentido muy bien se han expresado otros miembros de este bloque en su reclamo de justicia, pues han señalado que las leyes de punto final y de obediencia debida, como sustitución del Poder Judicial, que generaron una presunción para los casos que estaban bajo investigación judicial, no debieron haber prosperado.

Más allá de los defectos formales en que pudo haber incurrido, este Congreso nunca tuvo competencia para sancionar esas leyes, así como el Poder Ejecutivo tampoco la ha tenido para decretar los indultos. Ello, porque el terrorismo de Estado es imperdonable y no puede ser objeto de amnistía en la Argentina constitucional.

Pretendemos que el Estado de derecho no contenga leyes injustas en su seno, y para que no se prolongue la impunidad en la Argentina aspiramos a que se anulen estas leyes; queremos su nulidad no porque busquemos un efecto testimonial sino para que haya un efecto práctico y se reabra el acceso a la Justicia a miles de personas que han quedado privadas de ello. Es obligación de un Congreso en democracia crear las herramientas y los instrumentos que favorezcan esa situación. Pretendemos que la Justicia que hoy vemos en el exterior se desarrolle en la Argentina, y sea nuestra guía. Esa es la dimensión ética que queremos dar al valor justicia.

Este fue el sentido de la presentación de nuestro proyecto de derogación y nulidad de ambas leyes, que seguiremos sosteniendo desde aquí en adelante quienes deseamos comprometernos para que todos los argentinos tengan acceso a la Justicia y por la vigencia irrestricta de los derechos humanos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. SORIA (C.E.).- Señor presidente: sin lugar a dudas hoy podemos debatir sin temores ni resentimientos la derogación de dos leyes que definitivamente deben ser borradas de los anales de la legislación argentina; me refiero a las leyes de punto final y de obediencia debida.

Ello es posible porque hemos conseguido una alta estabilidad económica y política que nos permite asumir reflexivamente una discusión tan trascendente e importante.

Voy a hablar de la sociedad, del terror y de la muerte, pero si comenzara con estas difíciles reflexiones solamente desde el punto de vista conceptual estoy seguro de que mi intervención quedaría en simples ideas, por más generales que ellas fueran. Por eso, invertiré el método e iré de lo particular a lo general, de lo individual a lo social, y no me excluiré.

No soy juez de la conducta del pueblo; en todo caso, soy parte del pueblo. No soy un dirigente político que reflexiona en abstracto; soy un dirigente que sabe que debe ser espejo de sus representados, y además –como todos ustedes-, aspiro a ser faro, luz y guía de conductas y valores para que aquellos que nos dieron el mandato y nos brindaron su confianza nos la sigan depositando.

En este devenir entre espejo y faro ha transcurrido la historia política argentina de los últimos veinte años.

Algunos justifican sus claudicaciones en nombre de desviaciones sociales; mientras tanto, se camuflan en el barro. Otros hablan de sus soledades, que no son otra cosa que sus impotencias. No representamos -seguramente en esto debe haber coincidencia- en esta Cámara el idealismo, la virtud o la santidad, pero tampoco hemos llegado al recinto para explicar las desviaciones, la inmoralidad y el perfil más oscuro.

Desde esta ubicación me voy a permitir contar una parte de mi historia política. Así quizá quede reflejado lo que muchos otros jóvenes peronistas hicieron por el sostenimiento de la democracia.

Tuve la suerte de nacer en una familia peronista. Desde muy chico asumí la trashumancia de la militancia de mis padres; por eso aprendí a vivir en diferentes lugares, a compartir muchas casas en provinicas y pueblos, y a mirar rostros tensos y agitados.

Viví la inseguridad que sufrían mis padres y tíos. Los escuché muchas veces insultar cuando proscribieron a Perón, al Justicialismo y a tantos dirigentes justicialistas. Cuando algunos de esos militantes peronistas fueron fusilados, muchas veces me puse a pensar en que cualesquiera de ellos podría haber sido mi padre o algún tío.

Llegué a la universidad reformista de los años 60, donde se permitía casi todo y había una cierta libertad política para todos, con excepción de las agrupaciones peronistas.

En la Facultad de Derecho tuve que soportar que los 16 de septiembre de cada año se realizara un acto académico de homenaje a la Revolución Libertadora. Nosotros seguíamos proscriptos, pero los demócratas de aquella época -no hace falta dar nombres, ya que todos los conocemos- no hablaban de ello. Simplemente se disputaban el botín que representaba lo que ellos suponían que estaba vacante, que era el peronismo.

Así crecí y conocí, por boca de mis padres, a quienes habían proscripto a Perón. Sin embargo, luego de esa época ya empezaban a proscribir a mis compañeros y también a mí. Entonces, más de una vez se me ocurrió preguntarme dónde estaban los maestros de mi generación y si alguno de ellos se había sentado en las bancas que hoy ocupamos.

Además me preguntaba si alguno de ellos nos había educado en la práctica de la libertad, de la responsabilidad, del consenso en la diversidad y de la fecunda tarea creativa de la política. No encontré a ninguno de ellos.

Nosotros, los peronistas de esa generación, los tuvimos que encontrar solos e imaginarlos a golpes de bombos y cadenas. Como fuimos hijos de la violencia, finalmente también la ejercimos en sentido contrario. Nos equivocamos. Lo hicimos creyendo que si así lográbamos que Perón estuviera de vuelta en la Argentina, ese era el camino para derrotar lo que Perón quería derrotar: la injusticia social, la pobreza y la dependencia de la Nación.

Creíamos que el único método que conocíamos también servía para gobernar. Entonces, llevamos a nuestra juventud y a nuestra furia al seno del Estado, sin darnos cuenta de que, si bien la calle era nuestra, el Estado era de todos.

La muerte de Perón afectó a la Patria, y nos dejó a nosotros confundidos y al Estado nacional paralizado.

Así como en 1955 proscribieron primero a Perón y luego al partido, y más tarde vino el plan Conintes y todo lo que ya mencioné, el 24 de marzo de 1976 nos proscribieron a todos: en primer término, a los peronistas; seguidamente, a los dirigentes políticos, y después a todos los partidos y los militantes. Pero a treinta mil compañeros peronistas y algunos de otros partidos directamente los mataron en la noche más profunda de horror que recordamos los argentinos. Entonces quienes llegaron en 1955 para implementar la democracia y la libertad, pero proscribieron, discriminaron y encarcelaron, tuvieron su réplica magnífica después del 24 de marzo de 1976. Para combatir la subversión estos nuevos bárbaros se pusieron nombres de guerra, y para luchar contra la corrupción inauguraron el método de la apertura de cuentas corrientes en bancos suizos. (Aplausos.)

¡Qué fácil sería esta tarde condenar exclusivamente a las Fuerzas Armadas, que en realidad funcionaron como vanguardia blindada de la dictadura! ¡Qué fácil sería acusar a la Iglesia, que en verdad muchas veces fue la confesora complaciente de estos dictadores! ¡Qué fácil sería fustigar a los demás partidos políticos y citar los nombres de todos los colaboracionistas, que proveyeron a las juntas militares de cuadros políticos y administradores! ¡Qué fácil sería condenar también al periodismo, a algunos profesionales del horror silencioso, propagandistas de los verdugos!

Pero los políticos no podemos mantener hipocresías perennes. Estoy convencido de que nosotros vivimos de resultados electorales; sin embargo, no podemos alimentarlos con medias verdades que consecuentemente son medias mentiras. Seamos espejo cuando corresponde, pero cuando debemos ser faro adoptemos su actitud soportando la tempestad y la furia del mar sin retroceder. Los siete años, nueve meses y catorce días de dictadura militar no fueron sólo un fenómeno militar o económico sino que fundamentalmente constituyeron un fenómeno social. ¿Dónde actuaron, militaron y trabajaron esos militares, sacerdotes, periodistas y políticos colaboracionistas? Al responder esta pregunta nos daremos cuenta de que por desgracia ellos son tan argentinos y tan hijos de esta sociedad como nosotros. Fueron a las mismas escuelas, se sentaron en los mismos bancos, y seguramente hoy sus hijos comparten con los nuestros la misma educación.

No se trata entonces de absolver culpas concretas personales y específicas. Sigo creyendo profundamente que el que las hizo las debe pagar, pero reflexiono con temor y con dureza para que el nunca más que hoy estamos tratando de establecer sea social y cultural, y no un nunca más esporádico y contingente.

Las dictaduras militares no requieren manifestaciones ni pancartas que las ayuden a sostenerse. La forma más oscura del espíritu humano no necesita que se levanten carteles o pancartas sino sólo el silencio.

Debemos coincidir en que en la Argentina hemos visto ese silencio a lo largo de muchos de esos años de dictadura y también de democracia.

No hablo de los brutales uniformados, de esos militares que salían de madrugada en los Falcon verdes y volvían con su carga de torturados y de muertos. Tampoco hablo de aquellos valientes oficiales, muchos peronistas, que no quisieron torturar ni perseguir y se fueron del Ejército. Hablo de los miles de oficiales que no hicieron nada, ni un gesto, ni un susurro, para que el horror no invadiera todo.

No hablo de los sacerdotes y obispos que bendijeron la picana eléctrica; tampoco hablo esta tarde de otra minoría que se expuso y fue fiel, como monseñor De Nevares. Hablo de los miles de sacerdotes que nada dijeron, que siempre callaron y que recomendaron oración, que no detenía ni la tortura ni la picana.

No hablo de los periodistas que vendieron su pluma al diablo; tampoco hablo de los muy pocos que resistieron, como Rodolfo Walsh. Hablo de una enorme masa de representantes de la prensa que callaba en la Argentina y confundía en el extranjero.

Finalmente, no hablo de los políticos que compraron sus trajes, que juraron por el estatuto de la revolución, que ocuparon despachos en intervenciones federales, que estuvieron en hermosas embajadas o simplemente en municipios. Tengo realmente ganas de dar nombres, y muchos de los que me están mirando expectantes desde la bancada de enfrente con seguridad estarán esperando que lo haga. Sin embargo, no los voy a nombrar; todos sabemos quiénes fueron. Así como yo estoy haciendo -con mucho dolor, aunque creo que es importante- una autocrítica por nuestras equivocaciones, espero también que con valentía ellos hagan la suya.

Tampoco hablo de los otros políticos, la minoría, que enfrentó a la dictadura, que fue capaz de consensuar, coincidir y provocar cambios, como nuestro querido y siempre bien recordado Deolindo Federico Bittel. Hablo de la gran mayoría de los políticos que se callaron, que simularon, que desde el anonimato se rindieron a la vergüenza del silencio y el disimulo.

Esta tarde quiero concluir pensando con ustedes que si todos estos existieron -militares, políticos, empresarios, sacerdotes, periodistas- fue porque había una enorme cantidad de ciudadanos a medias en nuestra Argentina, ciudadanos que apostaban al plazo fijo, que viajaban a Miami y al volver rezaban en el silencio por el horror que veían o padecían.

Pensemos esta tarde cuántos pequeños gestos hubieran salvado tantas vidas. ¡Cuántas oportunidades tuvimos todos de hacer algo; pero cerramos nuestros ojos, oídos y corazón!

No se trata de exigir héroes ni de reclamar siquiera por la falta de coraje. Se trata simplemente de reconocer que socialmente no tuvimos temple ni responsabilidad humanista. Esos gestos estuvieron ausentes en nuestra sociedad durante esos largos años. No estuvimos a la altura que requería el horror de la atroz dictadura.

No podemos conformarnos con un ciudadano aterido en el miedo, superficial en su compromiso cívico. Estoy seguro de que ninguno de ustedes -y mucho menos yo, que estoy hablando- quiere ser representante de estos ciudadanos.

Por eso, en esta tarde tan especial, aprovechando esta significativa recordación, primero para los peronistas que los sufrimos y luego para los argentinos que también los sufrieron, llegó el momento de darnos cuenta de que cuando los políticos nos enfrentamos en juegos de poder lo que en definitiva estamos haciendo es postergar esta enorme, extensa y profunda tarea transformadora de conciencia y de conducta que tenemos por delante. Así como en algún momento fuimos un espejo desdibujado de lo que era la política y la sociedad, hoy tenemos que pensar seriamente si no llegó el momento de ser faro para transformar, desde nuestro ejemplo y con nuestras conductas, a esta sociedad que nos reclama un cambio.

Ojalá que el aniversario de esta fecha trágica para los argentinos, en la que vamos a derogar estas dos leyes que borraremos de los anales de la legislación, nos perfeccione en nuestra práctica política y nos lleve a todos al convencimiento de que la democracia y el civismo no son un lujo o un bien perecedero; que nos demos cuenta de que son la única posibilidad de vivir dignamente en una sociedad y en la relación con otros argentinos en la intimidad de nuestra conciencia. Si logramos esto, como peronista me voy a sentir orgulloso de mi viejo, de mis hermanos, de mis amigos y de todos aquellos que pagaron con cárcel y tortura esos largos años de dictadura. (Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. STUBRIN.- Señor presidente: muchas cosas me unen en la vida parlamentaria al señor diputado Carlos E. Soria. Respeto su emoción. Este es un tema que a todos nos emociona. No creo haber escuchado autocrítica; escuché un poco de crítica hacia otros. Pero tenemos el deber de sinceridad -no sé si en el faro o en el espejo-, que es lo que tenemos que aportar los hombres públicos a un debate de esta importancia y de esta envergadura.

Me pregunté mucho tiempo si este debate era oportuno, y el embarullado día 4 de febrero de 1998 me acordé de una frase con la que Marx comienza su libro El 18 brumario de Luis Bonaparte. Los primeros renglones empiezan así: "Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen dos veces. Hegel se olvidó de agregar: la primera vez como tragedia y la segunda como farsa."

Ese parecía ser el clima del 4 de febrero: una iniciativa legislativa de los señores diputados Alfredo Bravo, Juan Pablo Cafiero y otros; un gobierno ubicado en las antípodas, que dictó el indulto y que inopinadamente incluye el asunto en el temario de las sesiones extraordinarias. Así comienza una discusión que desemboca en esta sesión en la que se está examinando ese tema y también lo ocurrido el 24 de marzo de 1976.

Para nosotros el problema fue muy serio. ¿Qué hacer frente a esta iniciativa? Somos muy pocos los integrantes de esta Cámara que tuvimos que votar aquellas leyes. Me pregunto si cuando las votamos lo hicimos

alegremente, sin meditar, con irresponsabilidad, con distracción o si nos costó afrontar esa responsabilidad.

Entonces estábamos sometidos a un dilema: votar dos veces por la misma ley rechazando esta iniciativa o intentar afrontar este debate francamente, diciendo más o menos las siguientes cosas.

En primer lugar está la pregunta de por qué la votamos: lo hicimos por razón de Estado, no por estado de necesidad. Las situaciones previas a la sublevación de 1987 fueron realmente muy complicadas para la salud institucional y para la vida política del país.

El señor diputado Casella lo graficó de algún modo: las tropas del general Alais avanzaban y nunca llegaban, situación que se prestaba para la caricatura y la crónica mucho más que para el ejercicio del poder en el país. En este mismo recinto ocurrieron cosas en esos días. La situación era tensa. La Cámara Federal de Mendoza había ordenado la detención preventiva del teniente Plá, acusado de haber matado a dos jóvenes con un disparo en la nuca. Plá se acuarteló, rechazando las órdenes del tribunal, y sus compañeros oficiales expresaron su solidaridad.

La Corte dejó de lado su orden oficial cuando se dio cuenta de que uno de los testigos había cometido perjurio. Estábamos al borde de una crisis institucional. La Cámara Federal de Buenos Aires continúa las audiencias de los casos Camps y Richieri así como de los de varios oficiales militares y policiales. El 2 de diciembre la Cámara Federal sentencia a Camps a veinticinco años de prisión, a Etchecolaz a veintitrés años, y al general Richieri a catorce; al médico de policía Jorge Bergés a seis años de prisión y al cabo Norberto Cozzani a cuatro años.

El 4 de diciembre de 1986 se desencadena una grave crisis militar. La Cámara Federal citó a los generales retirados Jorge Rovere, José Montes, Andrés Ferrero, Juan B. Sasiaiñ y a Adolfo Sigwald, y al coronel Roque Presti. Cuando el ministro de Defensa, doctor Jaunarena comunica esta decisión, el jefe del Ejército, general Ríos Ereñú, respondió que esa decisión provocaría una fuerte reacción militar. Petracchi encuentra una solución temporal: un policía, Juan Antonio Del Cerro, acusado por torturas, había apelado ante la Corte Suprema de Justicia sobre la base de que la Cámara Federal tomó el caso bajo su jurisdicción en forma inadecuada.

Petracchi solicitó el expediente del caso, medida que tuvo el efecto de detener el proceso. Después ocurrió lo del punto final. ¿Qué hizo el punto final? Empeoró la situación por una sencilla razón: si los fiscales tenían poco tiempo para producir la acusación, en caso de duda acusaban. En consecuencia, el número de oficiales del tercer nivel de responsabilidad creció dramáticamente.

Más adelante se dio la sublevación de Semana Santa, y apareció el tema de la obediencia debida. ¿Qué fue esto desde el punto de vista de la lucha que se había iniciado para enfrentar el mal absoluto, intentando evitar lo peor en la Argentina?

La ley de obediencia debida, sancionada por este Congreso, significó un retroceso para el plan inicial de acción que había implementado el gobierno radical, acompañado por todas las fuerzas sociales y civiles de la Argentina. Esto es justo reconocerlo: fue un retroceso. Repito que no fue votado por estado de necesidad sino por razón de Estado.

¿Cuáles eran los objetivos que había señalado el doctor Alfonsín en el discurso que pronunciara al poco tiempo de asumir el gobierno? El paquete de medidas anunciado el día 13 de diciembre de 1983 contemplaba varios puntos: entre otros, la derogación de todas las leyes draconianas contra la subversión sancionadas por los anteriores gobiernos peronistas y militares; en su lugar serían sancionadas leyes para apoyar la democracia, que convertirían en delito todos los actos que pusieran en peligro el sistema constitucional; la sanción de una ley que castigue la tortura con la misma sanción que la reservada para el asesinato; la abolición de la jurisdicción militar para civiles; la reforma del Código de Procedimiento en materia penal limitando la duración de los procesos y haciendo más fácil la obtención de la excarcelación, tema hoy tan cuestionado y discutido en términos del derecho común; la sanción de una ley que prohibiría la discriminación pública y privada; la ratificación de varios tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo la famosa Convención Americana de Derechos Humanos, lo que suponía aceptar como jurisdicción obligatoria la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el convenio de las Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos y el convenio de las Naciones Unidas sobre derechos económicos y sociales; la reforma del Código Militar para abolir efectivamente la jurisdicción militar sobre delitos comunes cometidos en conexión con actos de servicio. ¿Quiere que diga algo más, señor presidente?

Alfonsín anunció su programa para enfrentar los hechos del pasado, un procedimiento similar al del hábeas corpus mediante el cual los civiles sentenciados por tribunales militares podían lograr una revisión de esas sentencias en tribunales civiles. Este no era un pequeño problema sino un problema enorme del sistema de organización de la libertad de las personas y de la sociedad civil.

Cabe agregar una ley que acortaba los tiempos de encarcelamiento para los detenidos por exagerados motivos de seguridad; la anulación de la ley de amnistía; la modificación del Código Militar, reconociendo la jurisdicción militar pero otorgando a la Cámara Federal de Apelaciones amplios poderes de revisión de las decisiones de aquella jurisdicción.

Ya Casella señaló de qué modo las Fuerzas Armadas no aceptaron la posibilidad que tenían de juzgarse a sí mismas ante sus propios organismos jurisdiccionales administrativos.

El programa también incluía la modificación de las normas del Código de Justicia Militar respecto de la obediencia debida. Respecto de esta justificación se crea en 1984 una presunción juris tantum a favor de aquellos que siguieron órdenes que en definitiva violaban derechos humanos y que cometieron un error respecto de la legitimidad de las órdenes. Esta presunción no debía alcanzar a quienes tenían capacidad de decisión.

Finalmente, debemos mencionar la sanción de decretos ordenando el inicio de procesos judiciales contra los miembros de las juntas militares y los líderes de los movimientos guerrilleros de subversión. Así se hizo, ordenándose el procesamiento de Videla, Viola, Galtieri, Agosti, Graffigna, Lami Dozo, Firmenich y Gorriarán Merlo, entre otros.

Ahora bien, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el final? ¿Qué ocurrió cuando terminó en crisis el gobierno de Alfonsín? Acepto el derecho de poner en el mismo lugar todos los escalones de retroceso, pero no acepto que tengan el mismo contenido. Seguidamente explicaré por qué.

Sr. STUBRIN.- Sumando las causas de violación de derechos humanos y las de subversivos militares, había 141 procesados. De los 49 implicados en materia de derechos humanos, siete estaban condenados y 42 seguían procesados a la espera de un juicio firme. De estos 42, había por lo menos diez con alta capacidad decisoria que se encontraban detenidos. Los condenados eran Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, Camps y Richieri. Los procesados detenidos eran Guillermo Suárez Mason, prófugo de la Justicia hasta el 24 de enero de 1987, a quien no se le había aplicado la obediencia debida en virtud de que los jueces entendieron que tenía plena capacidad decisoria sobre las operaciones; José Montes, comandante del Cuerpo Primero y Comandante de la Subzona Capital Federal, quien no fue beneficiado por obediencia debida ya que la Justicia entendió que tenía capacidad decisoria; Galtieri, condenado por la guerra de las Malvinas, tampoco fue beneficiado por obediencia debida y siguió cumpliendo condena; Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Cuerpo III, no fue beneficiado por obediencia debida y permaneció detenido; Juan Bautista Salsaiñ, comandante de la Subzona 11, Cuerpo I, visto en "El Vesubio", según la Conadep y juicio a los comandantes, no fue beneficiado por obediencia debida a pesar de que no era de alto rango porque la Justicia entendió que igual tuvo capacidad decisoria suficiente; José Luis Sextón, comandante de la Subzona 21, Cuerpo II, y Subzona 52, Cuerpo 5; Osvaldo Azpitarte, comandante del Cuerpo 5, no fue beneficiado con la obediencia debida por tener capacidad decisoria; Ferraro, Andrés (causa 1 cuerpo); Vilas, Acdel (comandante subzona 51, implicado en los secuestros de M. A. Amaya y Solari Yrigoyen); Barbot, Carlos A. (subsona 51); Harguindeguey, Albano (Ministro del Interior durante la época más sangrienta de la dictadura, caso Gutheim, secuestro seguido de tormentos, no fue beneficiado con la ley de obediencia debida). Luego hay una larga lista de quienes quedaron procesados, entre quienes se encuentran Nicolaides, Catuzzi, Trimarco, Díaz Bessone, Riveros, Olivera Rovere, Torti y Mendía.

No me parece que este objetivo de la sociedad -el de mantener las condiciones jurídicas y políticas que permitían el cumplimiento de esas condenas- sea un atenuante para el retroceso de la obediencia debida y para el error técnico político que produjo el efecto contrario que perseguía la sanción de la ley de punto final.

Cuando nos situamos frente al proceso militar lo hacemos frente a algo que podemos denominar el mal absoluto. Hannah Arendt, que se opuso al juicio a Eichmann por cuestiones vinculadas con la territorialidad, decía en su libro La Condición Humana, editado en 1958: "Somos incapaces de perdonar aquello que no podemos castigar, e incapaces de castigar aquello que se ha vuelto imperdonable." El hecho de ser incapaces de perdonar lo que no podemos castigar provoca una sociedad castrada, y el ser incapaces de castigar lo que se ha vuelto imperdonable es lo peor que puede ocurrir frente al mal absoluto, que es la total difusión de la responsabilidad.

Todos tuvieron algo que ver y colaboraron. En los campos de concentración tuvo que haber oficiales de Intendencia que se ocuparan de la alimentación, es decir, que no torturaban pero estaban vinculados con toda esta situación.

Se presentan muchos problemas morales en la realidad de los desafíos que enfrentan las sociedades para juzgar el mal absoluto que se produjo en el pasado. Los ejemplos más cercanos y en los que no hubo una guerra son los ocurridos en la década del 70 en Europa del Sur, más precisamente en España y en Portugal; en la década del 80 en América latina, y en la década del 90 en Europa Oriental.

Es indudable que en Europa del Sur la transición a la democracia se produjo con una enorme tranquilidad y suavidad institucional. Es probable que los principales delitos y violaciones del franquismo se hubieran cometido diez, veinte o treinta años atrás, pero no caben dudas de que ese proceso se llevó a cabo con una extraordinaria suavidad institucional.

Los procesos en América latina están claramente liderados por la Argentina. Al respecto no voy a abundar en mayores detalles por una cuestión de tiempo y espero poder ampliarlos en alguna otra intervención.

Por otro lado, los procesos que se registraron en Europa Oriental -como la crisis de Yugoslavia en la presente década- ya tienen otra respuesta por parte del sistema internacional. En este sentido, existen procesos de juzgamientos liderados por el sistema multilateral, por lo que es probable que se esté mucho más cerca de hacer justicia.

El juez Jackson, que actuó como fiscal en el juicio de Nuremberg, señaló el 20 de noviembre de 1945, en su primera presentación, lo siguiente: "Desafortunadamente la naturaleza de esos crímenes es tal que tanto la acusación como la sentencia deben ser realizadas por naciones victoriosas sobre enemigos vencidos. Si estos hombres son los primeros líderes que son acusados en nombre de la ley, también son los primeros en tener la posibilidad de defender sus vidas en nombre de la ley."

Lamentablemente, he tenido para mí que la deserción de la aplicación en la posguerra de justicia retributiva hacia el pasado produjo dos datos que son escalofriantes. En relación con Nuremberg, el tribunal de ocho jueces -dos por cada una de las cuatro potencias- juzgó en la primera versión a veinticuatro personas que fueron imputadas. A la horca fueron condenados Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Jodl, Seyss-Inquart, Seukel, Bormann y Goering, quien se mató antes de ser ejecutado el 16 de octubre de 1946. ¿Ustedes saben qué paso simultáneamente en Francia, donde hubo miles de acusaciones, muy escasas condenas y una gran ineficacia del sistema de represión? En ese país hubo 200 mil imputados, 100 mil juzgados, 65 mil culpables y una amnistía dictada en 1953. El resultado fue que sólo en 1944 hubo 40 mil acusados asesinados, víctimas de la violencia privada contra colaboracionistas y diversos tipos de traidores a la Nación francesa en aquella circunstancia histórica de la invasión alemana y del régimen de Vichy.

En Italia, el alto comisionado Sforza decía que la estrategia era "golpear arriba y perdonar abajo" para lograr concordia en la Italia post fascista, antes de que Palmiro Togliatti dictara la amnistía en 1948. Las cifras oficiales hablan de 1.732 víctimas de la venganza privada, mientras que los exagerados hablan de 300 mil y los historiadores más serios coinciden en que por lo menos 30 mil personas fueron asesinadas.

Nuestro esfuerzo por mantener el estado de derecho consiste en evitar la venganza privada e intentar que en la Argentina -donde desde la Conadep y durante el juicio a las juntas se condenó la violencia global- sepamos toda la verdad acerca de las cuestiones puntuales y concretas que preocupan y laceran a tantas familias.

En mi bloque existen proyectos de modificación del Código de Procedimientos, entre ellos uno presentado por la señora diputada Carrió por el cual se pide a los jueces de instrucción que las causas no sean cerradas cuando no se encuentra al imputado o al condenado, sino que continúen abiertas a efectos de obtener el esclarecimiento total de la verdad.

La ley de Obediencia Debida, ya derogada por tratados internacionales que este Congreso ratificó, aprobó y a los que dio rango constitucional, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, posee una característica. El inciso 1° del artículo 10 establece que su plazo de vigencia tiene lugar entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de septiembre de 1983.

Tengo el deber de conciencia de decir que hoy vengo a votar por su derogación para evitar el intento de cualquier magistrado de este país de aplicarla analógicamente. Considero que sus efectos, desafortunadamente, fueron cumplidos en la parte negativa; en lo que pudieron tener de positivos desde el punto de vista de la salud institucional del país, no me alcanza la altura del faro para poder emitir un juicio absolutorio o condenatorio. Ya se verá con el tiempo, pero la aplicación analógica de estas normas sería negativa y esta es la razón por la cual voy a sumar mi voto a la derogación. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Soria).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAFIERO (M.A.H.).- Señor presidente: cada uno de nosotros llega a esta instancia cargado de emociones y de recuerdos. Para toda una generación de argentinos hubo un momento en que ingresamos a una pesadilla donde la violencia y el pisoteo a los derechos humanos eran hechos cotidianos. Y así como se nos arrancaba de cuajo nuestra adolescencia, se nos marcaba a fuego nuestra conciencia y nuestro corazón para toda la vida.

No me puedo olvidar del asesinato de los tres compañeros que conducían la organización política donde yo militaba en la Juventud Peronista. Federico, Demetrio y Simón fueron cobardemente asesinados en 1975. No eran de izquierda; no habían optado por la lucha armada ni por métodos violentos. Eran militantes y dirigentes peronistas. Allí aprendí de un mazazo la sinrazón de la violencia que condeno y repudio por demencial. En esa espiral de violencia terrible que vivió nuestro país no les dieron ninguna oportunidad a ellos, como tampoco a tantos otros.

Las palabras pronunciadas por un señor diputado preopinante me hicieron recordar no sólo este hecho que me vincula con la violencia y con la historia de violencia de nuestro país, sino también a mi madre. ¡Cuánto tienen que ver las madres con el hecho de despertar esa conciencia defensora de los derechos humanos! Recuerdo que mi madre no me llevó más a ver a mi padre preso cuando comprendió que, aunque estaba yo todavía en pañales, estaba violando mis derechos humanos, como se violaban los de todos los familiares de los presos cuando los visitaban.

No creo que este sea un tema que no importa a las generaciones jóvenes; todo lo contrario. Considero que la Argentina que vamos a legarles trae consigo una carga genética, política y social que es muy importante conocer. En esos genes conviven el dolor por los que murieron, la injusticia ante la impunidad, la memoria de los ideales y el compromiso de toda una generación.

Por eso, cuando se aborda el tema de la violación de los derechos humanos, lo que tenemos que entender es que esto derivó de un hecho de violencia política. Entonces debemos establecer las causas y efectuar un juicio veraz acerca de cuáles fueron las razones que motivaron esta situación de violencia política. Ese juicio histórico y político está pendiente, y creo que hoy estamos empezando a saldar dicha deuda.

Una sociedad no tiene una memoria única. Es imposible que una sociedad en libertad se desarrolle con una memoria única. La memoria colectiva es plural y dividida; cada uno cree vivir lo que vivió. Entonces, déjennos a los peronistas decir cómo creemos que fue esta historia y cómo es nuestra memoria de ella.

Para nosotros hay un hecho que explica todo esto: la violencia política se debió al enfrentamiento entre peronismo y antiperonismo. El golpe de Estado de 1976 fue producto de ese enfrentamiento. La violencia no empezó en la década del ’70. Por eso, cuando los peronistas sostenemos que la mayoría de los muertos eran de nuestra filiación política, no lo hacemos para competir en un torneo con otras fuerzas políticas, sino porque eso responde a una verdad incontrastable que legitima nuestra identidad y justifica nuestras acciones.

Sr. CAFIERO (M.A.H.).- Sólo quisiera señalar un aspecto de esa memoria que me parece importante para construir esta Argentina de hoy. Me refiero a un aspecto que tiene que ver con la actitud que ha tenido siempre el peronismo. En esos dieciocho años de proscripción durante los cuales el antiperonismo no admitía la existencia de nuestra fuerza política, el peronismo siempre buscó acceder al gobierno a través del camino democrático. Por eso me duele cuando algunos dirigentes le recomiendan al justicialismo que aprenda a acceder al poder democráticamente. Cuando estábamos proscriptos perdimos muchas elecciones, pero siempre fuimos "concurrencistas" y apostamos al sistema democrático. Cuando nos tocó perder en 1983 en elecciones libres y limpias en las que triunfó la Unión Cívica Radical y accedió al poder el doctor Alfonsín, ocurrió un hecho que aquí no ha sido mencionado: en el momento de los sucesos de Semana Santa, los dirigentes del peronismo estuvieron en el balcón de la Casa Rosada junto con el doctor Alfonsín, y el pueblo peronista se hallaba en la Plaza de Mayo.

Por eso, no coincido con el señor diputado Casella. No creo que nuestro país haya cambiado a raíz del cambio de la sociedad militar, de que se militarizó la política o se politizó a los militares. Pienso que cambió la sociedad civil. Ese hecho de Semana Santa demostró que el cambio se produjo en las fuerzas políticas y en la sociedad civil.

No quiero que se repitan viejos errores ni los dobles discursos que llevaron al fracaso de políticas y posiciones maximalistas que no tienen correlato con la realidad. En este bloque existe la necesidad de que nuestro voto sea no sólo testimonial sino también realista y constructivo.

Es necesario que en nuestro país se reconozca el derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas y la sociedad. Debemos obligar al Estado –a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- a que garantice ese derecho a la verdad. Por eso, es muy importante lo que usted ha manifestado, señor presidente, en cuanto a la conformación de una "Comisión de la Verdad". En este sentido sería conveniente que la Cámara acordara preferencia para que en poco tiempo, con despacho de la Comisión de Derechos Humanos, consideremos ese proyecto a fin de iniciar un camino de verdad para reconstruir la justicia, porque la verdad también es parte de la justicia. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. BRAVO (A.P.).- Señor presidente; indudablemente, en esta recordación de hoy cada uno de nosotros no sólo rememora el pasado inmediato sino que se remonta mucho más allá, y en consecuencia comienza a recordar todo lo que ha sucedido en la vida institucional y en la historia de nuestro país.

Quizá tengo más años que muchos de los diputados aquí presentes, y por eso puedo hablar de aquella proclama que, como decía el señor diputado Carlos Soria, tuvimos que padecer siendo muy pequeños. Me refiero a la proclama del 6 de septiembre de 1930, cuando el dictador general José Evaristo Uriburu, dijo: "Hemos venido a limpiarlos de gallegos y de gringos anarquistas."

Indudablemente eso me tocó muy de cerca, porque mi padre era un "gallego", como llamamos a todos los españoles; y anarquista, porque era panadero. En aquel entonces se daba esa conjunción; por eso, como muchos, sufrimos todas las persecuciones derivadas de esa forma de segregar a quienes, junto con los argentinos, fueron construyendo este país.

Quería señalar eso porque en algún aspecto no estoy de acuerdo con lo que se ha expuesto hasta ahora. Yo centro lo pasado en ese plan criminal que fue instrumentado y llevado a cabo por las fuerzas armadas argentinas; si fueron títeres de opiniones provenientes de otro sector u otra región geográfica, siento más vergüenza.

Ese plan criminal fue establecido antes de que llegaran al poder mediante un golpe cuya única norma institucional fue reemplazar un gobierno constitucional por otro de facto. Ese plan fue preparado y verdaderamente estructurado. Cuando el general Camps era coronel, decía que era justo liquidar a cien sospechosos aunque sólo cinco resultaran culpables.

Habría que recordar las palabras de Videla en el Uruguay, pronunciadas días antes de declararse el golpe. Allí también habló de que en la Argentina tendría que haber un baño de sangre para purificar el territorio, a fin de que los hombres pudieran vivir en democracia y en derecho.

Este fue un plan criminal que también estuvo avalado por corporaciones económicas. Quizás en ello se encuentre la esencia y la razón de todo esto. Debemos recordarlo.

Si tenemos memoria latinoamericana, debemos recordar cómo se fueron sucediendo las distintas dictaduras, incluyendo la de Pinochet, cuyo golpe militar estuvo avalado por Kissinger y toda la cofradía económica y financiera de los Estados Unidos. Esto está documentado, y no es un delirio de un izquierdista o de un zurdo. Se trata de la verdad reflejada por los mismos protagonistas en sus memorias.

Existe algo que yo no entiendo. Todos hemos hablado de lo que significó el 24 de marzo de 1976. Mencionamos la reparación de los hechos que ocurrieron a partir de esa fecha. Cuando lo hacemos, estamos pensando en las víctimas y en sus familiares. Quiero señalar que pareciera ser que nuestro tiempo -el de la Cámara- va a contramano del tiempo de esas víctimas y sus familiares, quienes todavía están buscando la verdad y la justicia.

En algún momento del día de hoy las galerías de esta Cámara contaron con la presencia de esos familiares. Transcurrió muy poco tiempo y se retiraron, porque a mi entender no podían conciliar que hablásemos de derogar las leyes de punto final y obediencia debida y no les devolviésemos a las víctimas el derecho de volver a aparecer.

Un grupo de diputados, integrado por Juan Pablo Cafiero, Villalba, Jorge Rivas, Adriana Puiggrós, Diana Conti y quien habla, hemos presentado un proyecto en el que, además de la derogación de las leyes de punto final y de obediencia debida, solicitamos su anulación.

Podrá haber muchas razones jurídicas de un lado y del otro, pero yo esperaba -no sé si concretará- que la Cámara tomara la decisión política de devolver su derecho a las víctimas y que los victimarios pagaran por los crímenes de lesa humanidad que cometieron.

Este es verdaderamente el deseo y la opinión que nos llevó a presentar nuestro proyecto de ley, que para nosotros tiene importancia, ya que la estructura provino de la doctrina de la seguridad nacional. Además, puedo señalar que en mi poder tengo una lista de seiscientos militares –desde cadetes hasta coroneles y teniente coroneles- argentinos que pasaron por la Escuela de las Américas. Por medio de distintos manuales de contrainteligencia –los acercaré a la Presidencia y a la Biblioteca del Congreso de la Nación- se los instruía para secuestrar, torturar y reanimar a esos detenidos que más tarde serían desaparecidos. Incluso se enseñaba la naturaleza de las preguntas que debían formularse, llegándose a la aberración de establecer cómo debía eliminarse al enemigo, como ellos consideraban a los argentinos que pensábamos diferente. Todo eso está escrito y representa el verdadero quid de esta cuestión de los detenidos desaparecidos.

¡Pero por favor, no importa el origen político de los detenidos desaparecidos sino que todos son argentinos, conciudadanos! ¡Por eso cuando salimos en su defensa no preguntamos a nadie qué pensaba políticamente ni le hicimos un análisis de sangre!

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia solicita al señor diputado por la Capital que redondee su exposición pues ha vencido su término.

Sr. BRAVO (A.P.).- En mi opinión era necesario debatir este tema en profundidad a fin de poner todas las cosas en su lugar, pero desgraciadamente no pudo ser así. De modo que para finalizar deseo expresar que, como en todo genocidio, la primera víctima es la verdad. Yo quisiera preguntar a qué verdad y a qué justicia nos estamos refiriendo aquí. Formulo esta pregunta porque si hoy derogamos y no anulamos estas leyes sólo estaremos ofreciendo un gesto testimonial sin devolver a las víctimas su derecho. De ese modo volverán a aparecer los reclamos porque el tema seguirá insepulto. Y lo insepulto siempre florece no sólo sobre la faz de la Tierra sino también en la vida, la memoria y el corazón de los familiares de los detenidos desaparecidos. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.

Sra. LIPONEZKY DE AMAVET.- Señor presidente: intervengo en esta discusión al solo efecto de realizar una contribución a este debate trascendente -y diría inusual para este cuerpo- que está teñido por la movilización de aspectos muy íntimos, recuerdos afectuosos y nostalgias originados en profundos dolores respecto de los cuales sería muy difícil hacer un racconto.

En mi opinión todos los bloques han realizado esta tarde una valiente y responsable descripción del pasado. Tal descripción no es sencilla pues no se trata de dar una mirada contemplativa hacia el pasado sino de referirnos a una etapa de nuestra historia que nos comprende y en la que estamos implicados todos, aunque no quizá en forma directa y personal pero sí por una relación de pertenencia a los partidos que aquí estamos representando.

Tal como aquí se ha dicho, nada puede ser más cómplice que el silencio. Creo francamente que quienes han tenido la iniciativa de propiciar este debate -en este sentido hago un reconocimiento expreso a la conducción de nuestro bloque- concibieron una idea magistral.

Aunque esto no conforme la expectativa de todos los que estamos sentados aquí, hemos demostrado que en democracia el tiempo no blanquea la memoria. Hemos demostrado que como representación genuina de nuestro pueblo somos capaces de ponernos de cara a la gente sin la complicidad silenciosa de quienes sabiendo que pueden tener una cuota de responsabilidad lo ocultan.

Decimos esto desde nuestra posición de pertenencia a un movimiento que siempre ha accedido al poder por la vía de respetar la soberanía del pueblo, que es la única fuente legítima del poder dentro de nuestro orden constitucional.

Por ello no es menor todo lo que aquí se ha dicho sobre este pasado reciente y profundamente doloroso de nuestra historia. Hoy aquí hemos demostrado que el tiempo no absuelve de responsabilidad política porque en la democracia todos los días tenemos que rendir cuenta de nuestros actos, y aun de los actos de nuestros pares si tenemos identificación política con ellos.

Sin pretender abundar sobre esta descripción del pasado, que en mi opinión ha sido relevante y suficiente -quizás los presidentes de los bloques puedan completarla-, venimos a traer una contribución hacia el futuro, una contribución que entendemos imprescindible para consolidar el sistema democrático, tal cual seguramente lo entendieron los convencionales del 94 cuando incluyeron dentro del artículo 36 -que se relaciona con el imperio del orden constitucional y la cláusula ética- la imposibilidad e inhabilitación para ejercer cargos o funciones de responsabilidad pública en sistemas democráticos a quienes hayan pertenecido a gobiernos que vulneraron el orden constitucional.

En este proyecto de ley, en el que me acompañaron los diputados Martínez Garbino, Maqueda, Acevedo, Maurette y Rollano, no hacemos más que reglamentar la cláusula del artículo 36 de la Constitución, en la inteligencia de que sólo inhabilitando por el efecto compulsivo de la ley lo que la sociedad ya ha condenado estaremos aportando a la consolidación del orden constitucional y descartando toda legitimación para quienes han convalidado con sus acciones los actos de subversión al orden institucional en otros tiempos de la historia.

Quiero dejar sentado que esta referencia también se aplicó en la ley del Consejo de la Magistratura cuando al tipificar las cualidades que deben tenerse en cuenta para la selección de los aspirantes a la Justicia se incluyó como requisito la vocación democrática.

Es nuestra intención que, con un pedido de pronto despacho, este proyecto de ley pueda tratarse en las comisiones pertinentes y recibir pronta sanción legislativa. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. BRITOS.- Señor presidente: no he podido sustraerme a la necesidad de participar en este debate.

Más allá de las emociones y de los recuerdos que me envuelven por haber sido actor en algunos hechos, teniendo en cuenta los conmovedores momentos que vivieron nuestros compañeros me siento hasta con la obligación de decir algunas palabras.

Luego de vivir estos quince años de democracia espero que su continuidad permita que en el resto de mi vida nunca vuelva a pasar por estos momentos que voy a relatar.

Recuerdo que estando detenido, en abril de 1976, un compañero mío que había sido senador de la Nación, con quien había viajado a Cuba junto con el dirigente gremial Telmo Díaz -razón por la cual se nos sospechaba de izquierdistas- fue asesinado cruelmente. El compañero al que me refiero se llamaba Luis Carnevale.

Estos casos se multiplicaron en el país alcanzando a muchos compañeros y amigos. Se decía "por algo será", expresión que no nos gusta escuchar. Estábamos todos sospechados.

Recuerdo a un hombre como Deolindo Felipe Bittel -cuyo espíritu pareciera recorrer esta Cámara de Diputados- quien después de estar detenido se atrevió a venir a Buenos Aires con un grupo de compañeros. Por la necesidad de la solidaridad que debe tener la clase política, nos constituimos con él en casi todas las provincias para hablar con nuestros amigos y enterarnos de la situación de los detenidos. En los momentos más difíciles parece que nos olvidamos de la solidaridad, porque resulta mucho más importante ansiar el poder. Este se construye a través de la militancia, el trabajo y la solidaridad.

Recuerdo que en ese entonces nos constituimos en el estudio jurídico de don Vicente Leónidas Saadi, donde un grupo de compañeros comenzó a preparar el documento que posteriormente, el 11 de septiembre de 1979, sería entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Bittel decía: "Vos sabés que tengo miedo, me preocupa esto", porque cada vez que visitábamos la sede de un partido amigo para coordinar alguna acción recibíamos como respuesta que no era el momento, que esperáramos para otra oportunidad. Bittel tenía miedo, y también lo teníamos todos. Cuando se habla de valentía, especialmente desde el periodismo, debo decir que es muy fácil ser valiente durante la democracia; pero en aquel momento teníamos miedo. Una docena de compañeros se habían comprometido a firmar aquel documento junto con Bittel; finalmente, sólo conseguimos que lo hicieran dos: Herminio Iglesias y Edgardo Murguía.

Ese día Bittel nos dijo: "Tengo que hacer esto por un compromiso con mi hijo, que es militante de la Juventud Peronista, y me avergüenza llegar a casa y mirarlo a los ojos, porque está sufriendo por el resto de sus compañeros que están encarcelados, torturados y desaparecidos." Así fue que firmó el documento que entregamos en la Avenida de Mayo. Esa noche el hotel de la calle Castelli donde se alojaba el compañero Bittel fue allanado. Nosotros, junto con Miguel Unamuno lo llevamos al barrio de Barracas, donde un compañero, que era encargado del edificio, lo escondió en el subsuelo durante dos días, en el lugar donde se juntaban los residuos.

Esas fueron tal vez las dos noches de mayor dolor e impotencia de ese hombre, quien seguramente desde el cielo nos está mirando. Y esta noche todos los argentinos podemos rendirle un homenaje, aunque el mejor homenaje es decirle que nunca más los que estamos en política vamos a pronunciar aquellas palabras de tanto dolor "por algo ha de ser". (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALVAREZ.- Señor presidente: a nadie se le escapa que esta sesión es un poco la contracara de aquella del 4 de febrero. Y qué bien nos sentimos todos los que estamos aquí cuando hacemos las cosas como corresponde.

Hoy podemos preguntarnos por qué no lo hicimos antes, por qué no construimos este clima, por qué no tuvimos esta satisfacción que recibimos esta tarde cuando junto con los señores diputados Roggero y Storani firmamos el proyecto de derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final.

Este es un paso adelante muy importante, y resulta evidente la necesidad de homenajear en este clima a los que dieron la vida, equivocados o no, por una causa, a los que sufrieron torturas y persecuciones y a los que lucharon en los momentos más difíciles.

En un momento gris de la historia mundial, con el ocaso de las ideologías, con la falta de valores, con la quiebra de los proyectos colectivos, hay flotando una necesidad, que compartimos, de homenajear a una historia militante. En ese sentido me sumo a este homenaje, comprendiendo a todos los compañeros que dieron su vida por una causa noble.

Hace pocos días murió una de las primeras integrantes de las madres de Plaza de Mayo, René Epelbaum, y creo que este también es un homenaje al coraje de las mujeres que en los años 1976 y 1977 salieron a la calle para luchar por la verdad y la justicia, buscando conocer el paradero de sus hijos.

Creo que este homenaje colectivo, sin banderías partidarias y sin mezquindades, también se lo debemos a esa historia. Creo también que hay otra necesidad, quizá mal planteada, por la que debemos repudiar a aquellos que colaboraron con los procesos militares.

A mi entender no es bueno el tema de las listas porque serían fragmentarias, interesadas e incompletas. Desde esa perspectiva no es bueno este enfoque. Pero sí lo es compartir un sentimiento, que también es colectivo, diciendo que mientras muchos de nosotros nos jugamos a la hora en que había que jugarse, cuando, como expresaba el señor diputado Britos, los "25" realizaban la primera huelga en un momento muy difícil de la historia y cuando muchos dirigentes del radicalismo ayudaban a gente que había desaparecido, otros trabajaban por la dictadura militar. Eso debe repudiarse, e incluso me parece correcto hacerlo en estos momentos.

Durante varios pasajes de esta sesión se habló de los debates pendientes, y uno de ellos es el referido a la historia. No es un debate ocioso o improductivo. Resulta muy interesante lo planteado por el señor diputado Casella acerca de cómo se puede articular una estrategia política entre aquellos que no vivieron el espanto y el horror y los que están pidiendo verdad y justicia.

Creo que la dirigencia política tiene además un compromiso hacia adelante; tiene el compromiso de no impedir que en la Argentina estemos frente a toda la verdad y tengamos el máximo de justicia compatible con la relación de fuerzas existente en nuestra democracia.

Me parece extraordinaria la postura que ha tomado el gobernador Duhalde –y lo digo aun compitiendo con él- en el sentido de no considerar al juez Garzón como un magistrado que está perjudicando a la Argentina, porque creo que en la globalización en la que vivimos la verdad no tiene fronteras y es bueno que desde cualquier lugar del mundo nos ayuden a encontrar la certeza sobre lo que nos ha pasado. Considero que es una actitud sincera si no queremos solamente dar testimonio hacia atrás sino también aportar desde nosotros mismos a este complicado camino de la verdad y la justicia en nuestro país.

Nunca hemos valorizado estrictamente hacia atrás la democracia en la Argentina. Es verdad lo que dice el peronismo en el sentido de que cuando algunos hablaban de democracia se referían a una democracia proscriptiva, una democracia sin la participación de las mayorías, y muchos argentinos se criaron con una idea de la democracia casi fraudulenta. Es verdad que muchas de las complicaciones e inestabilidades tienen que ver con aquellos que pensaron que se podía construir un sistema político y democrático con la exclusión del principal movimiento de masas en la Argentina. Ese fue un error tremendo en la conducta de una gran parte de la dirigencia del país: pensar que se podía consolidar la democracia con la exclusión de mayorías que de esta forma se sentían excluidas del sistema mismo. Además hubo otro elemento distorsionante de peso que nos impidió construir una democracia plena, que fue confrontar mal los valores de la transformación económica y social con el de construcción de instituciones. Así fue como se cayó en aquello de que el fin justifica los medios, y que si uno está a favor de la justicia social y de una mejor distribución del ingreso poco importa la calidad institucional del país, es decir, poco importa el valor de las instituciones.

Existe una legitimidad de origen en este gobierno, pero hay una forma que no es plena en el ejercicio del poder democrático. Esto también estuvo en la conciencia nacional durante muchísimo tiempo.

Por su parte, cabe mencionar la conducta de los Estados Unidos, que apostaron a los golpes de Estado en América Latina. Como bien dijo el señor diputado Soria, se debe tener una visión integral de lo que nos pasó si es que queremos hacer un debate sobre el pasado, un debate que sirva para clarificar los desafíos que tenemos por delante.

Es evidente que los Estados Unidos apostaron a las peores dictaduras en América latina, y es indudable que conspiraron y apoyaron el golpismo militar más retrógrado y reaccionario. Esto también contribuyó muchísimo a dificultar que América Latina valorara la construcción de una democracia plena. Creo que esta etapa la hemos superado.

Ahora bien, ¿qué nos enseña el golpe del 24 de marzo de 1976? Que el peor gobierno democrático es preferible al mejor gobierno de una dictadura militar, cosa que nosotros no teníamos internalizada como sociedad porque todas las fuerzas políticas argentinas veían a las Fuerzas Armadas como un partido político. El peronismo muchas veces pensó en encontrar a un militar que reemplazara a Perón o que devolviera a la Patria a alguien como el general Perón, y otros partidos antiperonistas pensaron en un militar para abrir un camino hacia una democracia proscriptiva o fraudulenta.

Tenemos que reconocer que en la historia política contemporánea nunca se pensó en la institución militar subordinada seriamente al poder civil. En la Argentina todos pensaban que el actor militar era de hecho un actor político que tenía que ayudar a construir un sistema político a favor de unos o de otros; según unos, para terminar definitivamente con el peronismo, y según otros, para que el peronismo volviera a tener un protagonismo excluyente en la escena nacional.

Considero que esa etapa se cerró en la Argentina. Además, nuestro país avanzó muchísimo en los últimos tiempos. Por esta razón tenemos que pensar cuál es el debate que debemos mantener de aquí en adelante, porque creo que nunca más un dirigente político va a golpear las puertas de los cuarteles para desestabilizar un sistema democrático; Considero que no estamos frente a ese peligro.

Sin embargo, sí nos encontramos ante el peligro de desestabilización social de la democracia en el mediano plazo por la exclusión y pérdida de ciudadanía de miles de compatriotas que no pueden ser articulados en el mercado político ni en el de las transacciones económicas. Ya no enfrentamos el problema de cuál puede ser hoy el comportamiento del actor militar; el problema que nos alerta sobre la supervivencia o no de la democracia es que el proceso de globalización económica lleva a concentrar el poder, la riqueza y las oportunidades cada vez en menos manos.

Por esa razón, en América latina y zonas marginadas son excluidas millones de personas que no tienen acceso al mercado político, con lo cual pierden de hecho su ciudadanía. Ya no son ciudadanos porque pueden votar cada dos o cuatro años, porque ni siquiera ejercen derecho al no sentirse ciudadanos plenos.

Teniendo en cuenta lo que mencionó la señora diputada Fernández Meijide, ¿cuál es el compromiso que tenemos para construir consensos que resuelvan la utopía de América latina y la de la Argentina? ¿Cuál es la utopía argentina de los años 90? Reivindico las heroicidades militantes de los 60, 70 y, 80 porque al menos se luchó por las utopías. ¿Cuál es la utopía de fin de siglo? Articular un sistema político con calidad institucional, con crecimiento político y justicia social, porque en el continente puede haber crecimiento económico, un poco más de libertad, pero existe un alto grado de exclusión social, lo que nos lleva a una crisis de deslegitimación de la democracia que puede provocar nuevas formas de golpismo.

El caso de Fujimori en Perú es una nueva forma de golpismo, porque les dice a los peruanos que garantiza las transformaciones económicas, que necesitan contar con una capacidad de decisión autoritaria a expensas de la calidad institucional.

Las democracias más avanzadas del mundo lograron sociedades incluyentes, cohesionadas y más integradas, con sistemas políticos y democráticos de mayor calidad.

Creo que esta ha sido una de las mejores jornadas que hemos tenido en la Honorable Cámara, porque hubo intervenciones de gran nivel y altura y reivindicaciones partidarias en el mejor tono, merecidas por la gente que luchó por un ideal. Hoy tenemos la oportunidad de plantear en este debate la necesidad de que en la Argentina y en América latina nadie diga que por alguna cuestión se puede excluir al otro. No vamos a tener calidad institucional si no tenemos crecimiento económico y, menos aún, si no tenemos un grado importante de inclusión de los humildes y de justicia social. Esto es básico porque ya no está Estados Unidos acechando con el golpismo sino que existe una idea de aceptar la democracia. Pero, cuidado, porque pueden estar aceptando una democracia restringida y no la vieja contradicción democracia formal-democracia real que supieron acunar algunos sectores de la izquierda argentina. Esto nos costó muy caro, porque la consigna era: ni golpe ni elección, revolución. Es decir que la democracia siempre se tomó peyorativamente porque no era el instrumento que conducía a la revolución. Fue la gran equivocación de una parte importante del movimiento de la década del 70, que no entendía que con la vuelta de Perón se terminaba una etapa en que el poder ya no salía de la boca de los fusiles, sino que Perón estaba diciendo que el poder empezaba a ser atributo de la concertación política, de la concertación económico-social, de la revalorización de la política y de los acuerdos entre partidos para construir un proyecto nacional hacia delante.

Algunos no entendieron que el 11 de marzo de 1973, terminaba una etapa en la Argentina y había que prepararse para construir una democracia integrada o democracia social, como se la llamó desde distintos sectores de la política argentina.

Entonces, con respecto a los derechos humanos tenemos la responsabilidad de trabajar. Ya lo dije el martes pasado: nunca se produjo un avance en el tema de los derechos humanos, de la verdad y de la justicia, de una fuerza a expensas de otra. Es estúpido pensar en el atajo, en el protagonismo individual o creer que una jugada oportunista puede aportar avances serios en los derechos humanos.

Los avances serios en los temas de la justicia, la verdad y los derechos humanos siempre estuvieron relacionados con la capacidad de construir consensos, como lo estamos haciendo hoy. Y creo que debemos asumir el compromiso de no detener los avances sobre la verdad y la justicia en la Argentina. No se va a debilitar la democracia porque ése sea el debate que hagamos.

La pregunta que cabe es la siguiente: ¿la verdad y la justicia debilitan hoy la democracia Argentina, o la fortalecen? Creemos que cuanta más verdad exista, más se fortalecerá la democracia.

Entonces, el compromiso hacia adelante consiste en no detener, no obturar ni impedir los avances que se puedan hacer en torno a la verdad y la justicia.

Es cierto, como se dijo aquí, que un dirigente político debe considerar la situación en términos estructurales y tener en cuenta el bien común. En esa dolorosa tensión entre pasado y porvenir y entre pasado y presente la gente nos pide que ofrezcamos un porvenir. Lo que la gente solicita a la dirigencia política es que construyamos un horizonte de progreso para el conjunto de los argentinos.

Pero también todos los que estamos aquí y hemos reivindicado una historia, una lucha y heroicidades sabemos que con impunidad es difícil construir un horizonte de dignidad y de futuro para la sociedad argentina. Ese es el primer compromiso.

En segundo lugar, para dar cuenta de esta utopía de los años ‘90 de integración y cohesión social, de calidad institucional y crecimiento económico, debemos contestar la siguiente pregunta: ¿es suficiente una fuerza política o deben lograrse grandes consensos nacionales? Debemos tener en cuenta que esta es una etapa muy dura y muy difícil para los países que, nos guste más o menos, no pertenecen al primer mundo. Estamos en las orillas del mundo y, de alguna manera, somos un depósito de las corrientes económicas internacionales y de las decisiones que quizá treinta o cuarenta yuppies toman en sus computadoras y afectan las economías de todas las regiones del mundo.

En un momento de desvalorización de la política, cuando muchos se preguntan de qué sirve o qué valor tiene la política hoy frente al poder económico concentrado y frente al peso de los medios de comunicación, lo que tenemos que hacer es otorgar a la política la capacidad de construir conciencia nacional para que en una época muy difícil, de mucha concentración y exclusión garanticemos, hacia atrás, verdad y justicia, y hacia delante, una sociedad más justa e igualitaria. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. STORANI.- Señor presidente: en la sesión frustrada del martes pasado había pedido al bloque oficialista que permaneciera en el recinto para escuchar nuestros argumentos, parte de los cuales voy a reiterar en el día de hoy.

Permítanme que comience citando al poeta bonaerense Almafuerte, quien en sus Sonetos Medicinales señala: "Todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte." Estas palabras fueron las elegidas por Ricardo Balbín para dirigirse al país cuando estaba embargado en la angustia y la zozobra de la cuenta regresiva de una crónica anunciada de un golpe de Estado en la República Argentina. En realidad cuando Balbín recordó esta cita habló de cinco minutos antes de la muerte, y no lo hizo porque desconocía el texto del poeta -que recitaba de memoria- sino para no hacer tan perentorio el supuesto plazo que nos imponían desde otras fuerzas a fin de intentar salvar entre todos las instituciones que sabíamos que estaban siendo amenazadas.

También recuerdo que en esa oportunidad Balbín sostuvo que no tenía soluciones, por lo que fue duramente criticado, incluso por algunos hombres que hoy están en este recinto y que posteriormente intentaron justificar el golpe de Estado diciendo que si el líder del principal partido de la oposición confesaba que no tenía soluciones, la única alternativa era la del golpe. En realidad el hecho de decir que no tenía soluciones reflejaba la integridad y la modestia de un hombre al señalar que ninguna fuerza individualmente considerada era la solución para la estabilidad democrática argentina. La solución para la estabilidad de la democracia en la Argentina se construye entre todos.

Ricardo Balbín utilizó una frase muy gráfica que ha sido reproducida en un informe que seguramente todos leímos el domingo acerca de los documentos desclasificados de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país, y que ilustran acerca de la posición de cada uno y de esa crónica anunciada de la inestabilidad democrática en nuestra Nación. Decía Balbín que había que llegar a las elecciones aunque sea con muletas: gráfica expresión que demostraba de manera cabal que, aunque la democracia tuviera errores y el sistema tuviese muchas fallas, aun a los tumbos debíamos lograr que sólo fuera el pueblo el que pudiera corregir esos rumbos.

Empecé mi exposición resaltando estos aspectos porque pareciera que fuéramos paracaidistas si no analizáramos nuestra historia un poco antes. Me refiero no sólo a la historia del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sino también a la de los demás golpes en la Argentina. No los voy a abrumar repitiendo lo que seguramente todos saben. Simplemente me referiré a algunas características –si es que la política tiene algo de científico- que sirven para sacar algunas conclusiones. Se trata de reglas que se repiten y que marcan denominadores comunes de los golpes de Estado en la Argentina, el primero de los cuales fue el 6 de septiembre de 1930. Y lo ubico en ese orden porque fue la primera vez que las Fuerzas Armadas institucionalmente decidieron intervenir en la vida política argentina, constituyéndose a partir de ese momento en actores políticos.

¿Cuáles fueron las enseñanzas que nos dejaron esos golpes? Primero, que ellos sólo eran posibles sobre la base de la división de las grandes mayorías populares. Es decir que si no existía división y enfrentamiento artificial no había posibilidad de golpe de Estado. Deliberadamente digo "artificial" porque el pluralismo democrático siempre implica que existen matices sobre los cuales vamos a debatir; pero nuestros enfrentamientos de entonces no eran tan profundos como para que alguien fuera seducido por el corporativismo que empezaba a tener mucho auge en el contexto internacional. No podemos olvidarnos de que Uriburu intentó establecer un sistema corporativo a la usanza de los movimientos nacionales que se desarrollaban en Europa por aquella misma época, que pensaban -lamentablemente con el auxilio de importantísimos intelectuales en nuestro país como Lugones- que la hora de la espada y algunas de estas situaciones que justificaban la posibilidad del reemplazo de la decisión mayoritaria del pueblo eran quizá el camino de un destino menos mediocre que el que generaba la permanente participación popular y la construcción cotidiana.

Como segunda enseñanza podemos citar la siguiente: cada vez que hubo un golpe de Estado en la Argentina se produjo sin excepciones la restauración de los intereses de las minorías del privilegio. Nosotros no tuvimos golpes a la usanza del que se produjo en Perú en 1968, cuando se nacionalizó el petróleo -no puedo estar de acuerdo con ese tipo de golpes, aunque permita procesos reflexivos, por no haber sido protagonizado por el conjunto del pueblo-, ni con el que después se dio con Torres en Bolivia.

En la Argentina el ciento por ciento de los golpes de Estado, a pesar de que algunos de ellos fueron reivindicados como nacionales, finalmente resultó copado por los sectores de la oligarquía que restauraban sus intereses y aplicaban a sangre y fuego una propuesta a raíz de la cual siempre padecía la mayoría de nuestro pueblo.

Ese fue el denominador común de los golpes de 1955, 1966 y 1976, aunque en éste último observamos un hecho diferente que hoy debemos reivindicar: no hubo ninguna fuerza política representativamente importante que de manera orgánica diera apoyo a ese golpe de Estado. En este sentido ya cité la posición del entonces presidente del partido radical. No quiero decir que no haya habido actitudes individuales, incluso del propio partido gobernante, que se prestaran a lo que entendían que era una nueva falsa promesa de la permanente situación de engaño que se nos hacía vivir con el advenimiento de un golpe de Estado.

Detengámonos un momento y recordemos qué fue lo que justificó, entre comillas, ese golpe. Primero, combatir la subversión. Desde el momento del golpe se produjo el terrorismo de Estado más terrible que recuerda la historia de nuestro país. Segundo, combatir la corrupción. A partir de la muerte y la tortura no hay ninguna acción humana que se aleje más de la moral que esa práctica sistemática. Tercero, terminar con la situación de desgobierno y la alta deuda externa que había generado aquel gobierno, que si mal no recuerdo se hallaba en el orden de los seis mil millones de dólares. Sin embargo, cuando se fue la dictadura esa deuda ascendía a cuarenta mil millones de dólares.

No existe entonces ninguna justificación que no haya sido destruida por la propia experiencia que los argentinos debimos padecer. En lo personal me alegra que este debate haya sido iniciado por mi amigo Saúl Ubaldini, a quien insulté decenas de veces durante el gobierno de Alfonsín por los trece paros que supo encabezar, pero a quién nunca podría descalificar, porque aquellos días negros y terribles de la dictadura nos encontraron juntos para movilizarnos e intentar arrancar al gobierno las elecciones que el pueblo se merecía.

Esa es la distinción. Yo puedo discrepar con dureza en el marco de la democracia, pero lo que hemos aprendido -esta es la enseñanza que nos dejó el último golpe y lo que tuvimos que padecer- es que las diferencias nunca serán tan amplias ni profundas como para que nos prestemos a cualquier tipo de aventura que pretenda reemplazar la única fuente legítima del poder, que es el pueblo expresado libremente. (Aplausos.)

Por eso simplemente voy a señalar el hecho terrible de las Malvinas, donde Saúl se vio atrapado. ¿Cómo hace un dirigente, que siempre reivindicó la soberanía nacional y territorial, para no caer en las redes del más perverso de los objetivos de la dictadura, que era perpetuarse en el poder, cuando se produce una reivindicación histórica ampliamente apoyada por el pueblo argentino?

Sin embargo, nuestra derrota militar en Malvinas y los errores estratégicos precipitaron la salida democrática. Igualmente antes de ello los militares quisieron imponernos sus condiciones. Podemos recordar el programa de los diecinueve puntos, que estaba constituido por condicionamientos militares que tuvimos que destruir uno por uno con movilizaciones populares.

Simplemente quiero hacer una reflexión, porque aquí se ha hablado de lo errático de la política de Estado y de las claudicaciones que se produjeron en aquel momento. Estamos con el ánimo de coincidir, pero deseo hacer algunas precisiones.

El gobierno que el 30 de octubre de 1983 surgió de la voluntad popular no provenía de un poder revolucionario. No habíamos tomado la Bastilla, no habíamos bajado de Sierra Maestra para derrocar a Batista y tampoco habíamos derrotado al ejército de Somoza en Nicaragua.

Llegamos con la legitimidad del origen de una elección inobjetable, pero también con los condicionamientos y límites que nos imponían las restricciones que teníamos para ejercer el poder.

Si hoy analizáramos los procesos de transición en el mundo, podríamos encontrar ventajas y desventajas. La ventaja residió en que la derrota militar nos dio un mayor margen de maniobra para poder actuar. La desventaja fue que el camino que pisábamos estaba minado de imprevisibilidad. Si íbamos un paso más allá, el poder militar -que no había sido derrotado por las armas- podía colocar en peligro la propia estabilidad democrática conquistada.

Dijo el señor diputado Casella con toda corrección que había algo que no se podía hacer esta vez, y no me refiero a los radicales sino a la totalidad del pueblo argentino. ¿Qué era lo primero que hacíamos cada vez que recuperábamos la democracia después de las dictaduras militares? Se dictaba una amnistía amplia y general. Ello no estaba mal porque varias veces fuimos suficientemente ingenuos como para creer que con una amnistía empezábamos una nueva etapa, todos nos perdonábamos y a partir de ese momento estabilizábamos la democracia.

Esta vez no podía ocurrir lo mismo porque el horror de lo vivido y la profundidad y gravedad de las experiencias negativas del pasado fue tan grande que para recuperar la moral del pueblo en términos políticos se requería iniciar el camino de hacer justicia.

Existía un margen de maniobra relativo y un andarivel estrecho dado por el imperativo moral de hacer justicia y no transgredir determinados límites que pudieran poner en peligro la propia estabilidad democrática.

¿Qué hizo el gobierno constitucional? Ordenó por decreto el procesamiento de las juntas militares, a partir de la determinación del presidente de la Nación en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Como dijo el señor diputado Casella, derogamos la mal llamada ley del pacificación nacional, que se había convertido en una autoamnistía. Creamos la segunda instancia por las dudas. También debo admitir que nosotros pecamos de cierta ingenuidad: pensamos que si en la nueva etapa democrática dábamos la oportunidad a las Fuerzas Armadas de depurarse a sí mismas, se podrían incorporar a la sociedad y evitar una situación más traumática. Quizás cuando el primer Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se fue dando un portazo, reivindicando la metodología de la llamada guerra sucia, -que era el terrorismo de Estado-, debimos actuar poniendo en marcha las instancias que también nosotros habíamos creado para que no se consagrara la impunidad. Lo hicimos más tarde, y tal vez ya habíamos perdido el impulso de la fuerza inicial del cambio multitudinario que fue acompañado por la inmensa mayoría del pueblo argentino.

Tal como ya lo expresé algunos días atrás, todo esto es opinable, pero está inscripto en una política que tuvo como principal objetivo la restauración de las bases morales de una democracia, y si no veamos cuál es el famoso contexto del que se habla de modo permanente.

Todos sabemos que los mismos documentos que se publicaron el domingo pasado hablan de que la primera potencia del mundo, el tándem Kissinger-Ford, no era justamente devota de los derechos humanos en el mundo. La violación de los derechos humanos era en verdad un problema porque en algunos casos no iban a tener más remedio que abocarse a ellos, y en realidad eso les podía generar relaciones de conflicto con los militares, que se habían adueñado del poder, y que como ustedes saben se manifestaban occidentales, cristianos, alineados, limpios, altos, rubios y con todas las condiciones que se requerían para que en el marco de la guerra fría fuera posible avanzar en la consolidación de ese proceso.

Felizmente el panorama cambió cuando con la administración Carter -reconozcamos el papel de Patricia Derian- se implementó una política más agresiva -en el buen sentido de la palabra- y coherente con los valores occidentales.

¿Pero que sucedía con la otra superpotencia, la Unión Soviética, en ese momento? Por un lado acusaba duramente a la dictadura pinochetista en Chile mientras simplemente hablaba de un gobierno militar en la Argentina, que era altamente tolerado en razón de que tenía con él un significativo nivel de intercambio comercial. ¿Dónde estaba el conflicto ideológico? No existía; había un conflicto de intereses dentro de la guerra fría, que nada tenía que ver con nuestras propias necesidades.

En ese marco desarrollaba su política de derechos humanos el gobierno surgido del acto democrático del 30 de octubre de 1983; durante él se suscribieron pactos internacionales y se llevó adelante sin duda alguna una política de restauración de los derechos humanos y del Estado de derecho.

Pero también vale la pena repasar de manera muy rápida lo que ocurría en América Latina. En un plebiscito Uruguay se pronunciaba por la amnistía Paraguay no produjo ningún juzgamiento a las múltiples violaciones a los derechos humanos cuando comenzó a recuperar la democracia. Con la muerte de Tancredo Neves y su reemplazo por Sarney Brasil no juzgó a las duras dictaduras militares que había tenido que soportar. Por su parte Chile fue fuertemente ayudado por el gobierno democrático argentino para que pudiera recuperar su propia democracia con ese histórico plebiscito en el que con el triunfo del no comenzó la cuenta regresiva del fin del pinochetismo. Pinochet tuvo que aceptar –e hizo bien- una transición pactada, del mismo modo que hicieron bien otros países ubicados en una latitud más cercana al primer mundo, como por ejemplo España. Luego de décadas de oscurantismo y autoritarismo allí también aceptaron una transición pactada: el primer gobierno de Adolfo Suárez, en el que también se aceptaron senadores vitalicios y determinadas restricciones. Como ya lo señalé días atrás, parece extravagante ver al dictador Pinochet como senador vitalicio. Sin embargo, fue un costo a pagar, que no me animo a juzgar con dureza en nombre de un purismo en la medida en que con ello se permitió al inicio de un proceso democrático que con el tiempo seguramente será tan amplio como es hoy el de España.

No nos gustaron las leyes, pero se dictaron en un contexto histórico en el que la política de Estado, que había sido fuertemente coherente en la materia, tenía que elegir entre preservar los derechos humanos que la estabilidad democrática garantizaba o la posibilidad de perderlos.

Como dijo el señor diputado Casella, no había peligro de golpe de Estado, pero eso no quiere decir que no hubiera situaciones de inestabilidad permanente y que no pudieran generarse condiciones para un golpe de Estado.

Lamentablemente la década del 80 no fue para las conquistadas democracias de América latina una buena época, con fuga de capitales y alto nivel de intereses. Fue denominada la década perdida en todos los ensayos político económicos latinoamericanos.

En esas condiciones la fortaleza de la democracia consistió en tener situaciones de crisis y de estabilidad institucional.

¿Cuál es ahora nuestro desafío? ¿Podríamos decir que en todo el continente la democracia está suficientemente estabilizada? Diría que desde el punto de vista formal, sí; sin embargo, conviene hacer un brevísimo análisis.

¿Existe democracia en México? Todavía se padece un partido dominante que a pesar de sus últimas derrotas mantiene todas las mañas del fraude, que aun llega al crimen político, tal como se conoció en el caso de Colosio.

Una de las democracias más estables de América latina es la de Venezuela, después del pacto del punto fijo en 1958, que alternó los principales partidos. Sin embargo, con el intento de asonada golpista del coronel Chávez por el desprestigio de la clase política caída en episodios de corrupción -felizmente superados-, este coronel llegó a registrar el 60 por ciento de popularidad en Caracas.

El de Perú es un caso ya citado, con supresión del Parlamento, amansamiento de la Corte Suprema, referéndum fraudulento e intento de estabilidad autoritaria, con la vista gorda distraída de buena parte de la comunidad internacional, porque todo eso coincide con sus intereses.

En términos generales hay varios factores que conspiran contra la estabilidad: el narcoterrorismo, que en algunos lados es un fenómeno del Estado dentro del Estado; ciertas formas de terrorismo felizmente muy atenuadas; el desprestigio de la clase política dirigente con episodios de corrupción; la marginalidad y la pobreza.

Coincido totalmente con lo que acaba de manifestar el señor diputado Alvarez en cuanto a que nuestro desafío para el futuro es cómo incluir a los millones de argentinos que si no se sienten incluidos no tienen razones de conciencia valederas para defender la estabilidad democrática, que aparece como un juego formal y no como una necesidad de asegurar un marco de estado de derecho para satisfacer las expectativas de las grandes mayorías. Esa no será una tarea sólo nuestra, sino de todos.

Nos encontraremos con planteos como que el mundo está globalizado y que por lo tanto hay que alinearse incondicionalmente, cuando en realidad ya no tiene el menor sentido el alineamiento porque no hay más guerra fría.

¿Con quién debemos alinearnos? En un mundo multipolar que nos ofrece perspectivas y oportunidades de hacer distintas relaciones, ¿cuál es el sentido del alineamiento incondicional? ¿Qué valores están en juego?

Tampoco debemos aceptar como una regla inamovible que los marcos de globalización nos imponen determinados dictados de política económica que no son modificables.

Para que cumplamos realmente con el homenaje que corresponde a quienes lucharon, se inmolaron y persiguieron utopías, debemos acercarnos mediante una tarea común a la realización de esos sueños, sin resignarnos a una realidad que no nos gusta, utilizando el latiguillo de que es inmodificable, simplemente para conformarnos.

No venimos a este debate con el ánimo de reabrir lo que ya fue cerrado. En una intervención anterior señalé que había cuatro hitos fundamentales en los últimos años: el abrazo entre Perón y Balbín; las palabras de despedida de Perón, pronunciadas por Balbín, al decir: "Un viejo adversario despide a un amigo"; la asunción de un gobierno democrático en 1983, en nombre de la unidad nacional para combatir la dictadura y no reabrir el pasado, y la entrega del poder por parte de un presidente constitucional a otro presidente constitucional.

Quienes quieren ir para atrás le están haciendo el juego, no a un peligro golpista que no existe, sino a algunos nostálgicos del autoritarismo que empiezan a expresarse en publicaciones y solicitadas, pretendiendo cabalgar una vez más sobre la división artificial del pueblo argentino.

Termino mi discurso como lo empecé, citando los versos de Almafuerte: "Si te caes una vez, te levantas. Otras diez, otras cien, otras quinientas. No han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco por ley han de ser tantas." Creo que la Argentina tiene un futuro y es con la unidad de todos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. ROGGERO.- Señor presidente, señores diputados: hacía muchos años en mi vida que no tenía tantas dudas en mi conciencia como las que tengo en este debate.

Los peronistas provenimos del movimiento nacional de 1945, que muchos de nosotros creemos es la continuidad del que supo llevar adelante don Hipólito Yrigoyen. Durante muchos años después de 1955 sufrimos el problema de exclusión social que recién se mencionaba. ¡Cuánto sabemos los peronistas de exclusión! Dieciocho años de marginación, compañeros fusilados y torturados, impedidos de hablar en nombre del líder que nos conducía. Cuánto dolor sentíamos los peronistas cuando aquella mujer era muy mal considerada por muchos sectores del poder. Durante muchos años en la Argentina se habló de la "segunda dictadura". De manera que nosotros conocemos profundamente el dolor de la exclusión.

Este viejo y glorioso movimiento siempre accedió al gobierno de una sola manera: a través del voto popular. Jamás este movimiento nacional en su conjunto fue parte de algún golpe. Por el contrario, fuimos nosotros mayoritariamente, junto con otros argentinos, la masa crítica de muerte, dolor y terror durante esos golpes.

Aquí se habló de las utopías de las generaciones del 60 y 70. Tengo en mi memoria la época posterior a 1966, cuando junto con los compañeros de Franja Morada y otras fuerzas políticas luchábamos por la libertad y la democracia. Y yo reivindico a mi generación porque fue un combate, y en ese sentido vale la pena reivindicar los objetivos de ese combate. Porque fue un combate por la justicia social, por la dignidad de la gente, por la libertad, contra los grupos económicos concentrados, que son la impronta de la historia argentina.

Fue un combate por ideales y convicciones; también de la misma forma vale reivindicar a mi generación, porque tenemos autoridad moral para reconocer los errores por los métodos que el mismo combate planteaba.

Es justo reivindicar también los errores cometidos por quienes vivimos y sufrimos ese proceso histórico de la Argentina.

Por eso, venía a este debate con la conciencia de esas utopías, con la conciencia de muchos nombres de compañeras y compañeros, nombres que pasan por mi cabeza, desaparecidos y muertos por la sola desgracia y dolor de pensar.

La generación que perteneció a esta parte de la historia del país fue tildada alguna vez por un general, que hoy vive en mi provincia, como una generación podrida, que lo mejor que podía hacer era desaparecer de este país.

Dentro de esta línea de pensamiento, debo decir que tengo mucho material, donde se habla de los civiles que participaron, que ayudaron o que fueron soporte ideológico para ese proceso. Porque no debemos equivocarnos: en esto las Fuerzas Armadas no estuvieron solas. Hubo grupos económicos que las apoyaron, buscando mantener sus prebendas y privilegios.

Esto ocurre siempre que las democracias son débiles, máxime en esa época en que el movimiento nacional estaba excluido del protagonismo. Y estos grupos civiles fueron los mentores ideológicos. ¿O acaso Martínez de Hoz y los que lo siguieron eran hombres que sólo pensaban en la represión y en el terrorismo de estado?

También participaron muchos civiles de todas las fuerzas, entre ellos algunos grupos que se referían a Videla como el general democrático y que no provenían de líneas de pensamiento afines. Se puede hablar de muchos elementos que tenemos aquí, pero yo prefiero reivindicar a mi generación, reivindicar el combate por la vida y la dignidad.

Hoy, este Congreso y esta Cámara de Diputados da un valor distinto a la historia con la mayoría de sus bloques votando la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final.

La duda de mi conciencia era cómo se reivindicaba y cómo se podía valorar a aquellos hombres y mujeres trabajadores que lucharon por un ideal. Y yo creo que en virtud de estas utopías, entre todos, debemos construir el país.

Desde la instauración de la democracia en 1983 se han sucedido una serie de hechos, y si bien con algunos no coincidimos en cuanto a la forma en que se manejaron, pensamos que más importante que discutir la debilidad de la democracia, o de las leyes de punto final y de obediencia debida, poniendo el acento en cuestiones circunstanciales, es aplicar el principio que señalaba el general Perón de mirar hacia el futuro procurando reivindicar las necesidades colectivas de nuestro país.

Por eso creemos que el debate se tiene que hacer sobre la base de la verdad y que ésta debe ser dicha más allá de que nos duela, porque yo también cuestiono como hombre de esa generación no solamente a los militares que apretaron el gatillo y a los civiles que acompañaron el proceso sino también a algunas personas que exiliadas en Europa entregaban a los compañeros que habían quedado en el país. (Aplausos.)

La verdad es mucho más que una rueda de listas y de denuncias. Imagino que si algo de conciencia les queda, tendrán en su memoria la cara y el recuerdo de muchos compañeros que hoy no están porque fueron los que ellos entregaron a través de las listas. Quienes somos de esa época conocemos bien la historia porque la vivimos. Por eso nosotros en este tema pretendemos mirar hacia adelante.

Cuando se sancionaron las leyes de obediencia debida y de punto final el peronismo se opuso y, como bien lo reconoció con gran valor el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, posiblemente sus objetivos no resultaron porque en la práctica las Fuerzas Armadas, que habían sido parte de ese proceso, seguían extorsionando y presionando a una democracia a la que se podía considerar débil.

Por ello pensamos que en esta Argentina no vale mirar las culpas: vale solamente buscar la verdad.

El 3 de diciembre de 1990 las fuerzas democráticas fuimos solidarias, con la presencia del actual presidente, que también conoce de cárceles, persecuciones y exclusiones, así como muchos otros argentinos de diversas fuerzas políticas. Con el esfuerzo de todos pudimos empezar a reordenar unas Fuerzas Armadas al servicio de la democracia y conducidas por los civiles desarmados de este país. Esta no fue la lucha de un solo partido político; no estuvo sólo en la mira del justicialismo gobernante, también estuvo en la de las fuerzas de la oposición. Todos nos sumamos a frenar ese movimiento porque nadie quería repetir la historia.

Por eso nosotros decimos que este "nunca más" tiene un valor político y hacia el futuro, porque uno muchas veces se pregunta en nombre de los compañeros que no están cuál es la mejor reivindicación que se puede hacer. Y en este sentido creemos que, mirando hacia adelante, el "nunca más" tiene dos caminos, uno de los cuales es el de las leyes.

Compañeros de mi bloque han presentado iniciativas al respecto que estamos dispuestos a compartir en el marco del consenso democrático, con las otras fuerzas representadas en el Congreso. Se trata de las leyes de la verdad, para que los familiares de los muertos y desaparecidos puedan saber finalmente dónde están y qué pasó, y sabemos que esto aún se puede descubrir en la Argentina.

Sr. ROGGERO.- También queremos compartir los proyectos de inhabilitación ética que hoy se mencionaron aquí y mañana hacer lo propio respecto de otro proyecto de reglamentación del artículo 36 de la Constitución Nacional que el compañero diputado Arias y otros van a presentar para que el "nunca más" no sea solamente un discurso hacia atrás. Queremos que la verdad y la justicia -no como revancha ni venganza-, junto con los derechos a la vida y a la libertad que importan los derechos humanos, sean respetados con el compromiso que todos y cada uno tenemos que asumir en su verdadera y despolitizada defensa con la más profunda de las convicciones.

Invitamos a compartir estas inquietudes y propuestas para mejorar su formulación sobre la base de la de la defensa de la libertad, la vida y la democracia.

La mejor forma de reivindicar a los compañeros y a los combatientes -no porque hayan usado armas sino porque lucharon por un ideal- es viendo la manera de construir cada día un país mejor.

Ya he dicho en este recinto que nunca estuve de acuerdo cuando se señalaba que en 1989 se había producido la explosión de un gobierno, y por eso puedo reiterar el concepto en este momento. En 1989 estalló una Argentina que desde hacía muchos años venía cometiendo errores, y la suma de todos esos errores tuvieron que ser enfrentados por un gobierno. Esto le podría haber sucedido a cualquiera.

Esa explosión se produjo en la Argentina incendiada y peligrosa, a la que llegamos como consecuencia de veinte años de errores y equivocaciones, porque nunca tuvimos democracias plenas que nos permitieran construir un destino mejor y diferente para nuestro país y nuestra gente.

En ese contexto entre todos hicimos un gran esfuerzo para reconstruir el país, y hoy podemos hacer un debe y un haber hacia nuestra gente porque tenemos conciencia y no hay perversión en la acción de gobierno. Recuperamos un país que -como dijo una señora diputada- ha vuelto a tener prestigio en el concierto de las naciones. Vivimos en una Argentina que es previsible, ya que ha vencido una inflación que era una forma de destrucción y de concentración económica que empobrecía aun más a los humildes de nuestro país.

Sin embargo, somos conscientes de que faltan cosas por hacer. Por eso queremos compartir en esta primera etapa de transformación del país la segunda generación de las transformaciones.

Estamos contestes de que quienes hoy se denominan excluidos son producto de un fenómeno mundial que todos conocemos como, "globalización". Frente a este proceso se pueden hacer tres cosas. En primer lugar, hay una ideología de la globalización que la defiende como la verdad suprema de un país.

En segundo término, nos podemos quedar en la nostalgia del pasado y generar un freno a un proceso que no podemos detener, porque no tenemos el poder como nación para hacerlo, por más que quisiéramos.

En tercer lugar, podemos plantear un gran debate para ver cómo logramos que el fenómeno de la globalización conduzca a nuestro país a logros positivos que sirvan para el crecimiento, desarrollo y bienestar de nuestra gente, que nos permitan morigerar los efectos perniciosos que nunca hemos buscado ni querido.

La defensa de esta última postura no pasa por la política de la denuncia permanente ni del prontuario. La política del prontuario es peligrosa; se sabe dónde empieza pero no dónde termina.

La demanda de la implementación de la segunda generación de transformaciones del país se sustenta en la necesidad de seguir avanzando y de mejorar la Justicia. Sobre esta última podemos hablar mucho, porque yo también sufrí en carne propia los padecimientos causados por algunos jueces que venían de antes -no de los que dicen que están ahora-. Quisiera seguir profundizando en este marco el tema de la Justicia.

También me gustaría ahondar acerca de la forma de resolver la incertidumbre que nos provoca hacia el futuro este fenómeno de la globalización, como consecuencia de la inserción de nuestro país en la realidad mundial. En este debate también tendremos que analizar aquellas cuestiones que están vinculadas con la salud, la educación, la cuestión laboral y la seguridad. Tampoco deberemos dejar de analizar la actitud de aquellos grupos que piensan que la Argentina puede ser manejada por un Estado ausente y falto de equilibrio, que no atiende las necesidades colectivas de una nación. Sin duda es amplio el debate y largo el camino. Se ha construido un proceso de transformación con aciertos y con errores. No tenemos la soberbia de decir que todo lo hemos hecho bien, porque los políticos no somos superhombres ni supergenios como para no equivocarnos nunca.

Yo nunca acepté teorías explicativas y justificativas de los errores mientras la sociedad piensa de otra manera. Por eso creo que junto a estas leyes del "nunca más", con unas Fuerzas Armadas hoy integradas al proceso democrático, estamos dispuestos a redoblar el esfuerzo desde el peronismo convocando a otras fuerzas políticas y compartiendo sus ideas y propuestas a fin de que podamos superar este nuevo fenómeno que tenemos en nuestro país. Debemos trabajar por la dignidad del pueblo, por la justicia, por el honor y el orgullo de ser argentinos, por un país que crezca y realice a su gente para que en la Argentina exista esperanza colectiva y fe común. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar en general el proyecto de ley.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración en particular el artículo 1°.

Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. BRAVO (A.P.).- Señor presidente: a efectos de ser coherentes con la exposición que se ha realizado y con el apoyo presentado, en nombre de los diputados que firmamos otro proyecto sobre el tema, así como también en nombre del señor diputado Gatti, solicito que se agregue un artículo que exprese: "Decláranse nulas de nulidad absoluta las leyes 23.492 y 23.521."

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar la propuesta formulada por el señor diputado Alfredo Bravo.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de ley.

Se comunicará al Honorable Senado.

Se van a votar las inserciones solicitadas por los señores diputados Alsogaray y Martínez Garbino, y por la señora diputada Domínguez.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, queda levantada la sesión.

- Es la hora 21 y 12.