Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Habiendo transcurrido el término de espera reglamentario sin que se haya conformado quórum, corresponde declarar fracasada la sesión especial convocada para el día de hoy.

De todas maneras, como hemos procedido en otras oportunidades, esta Presidencia ha dispuesto que permanezcan abiertos los micrófonos y que el Cuerpo de Taquígrafos continúe registrando las manifestaciones de los señores diputados.

• Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 3ª de la Honorable Cámara, doña Graciela Fernández Meijide.

Sra. PRESIDENTA (FERNANDEZ MEIJIDE).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. NEGRI.- Señora presidenta: quiero aclarar que las manifestaciones efectuadas en minoría deben figurar en el Diario de Sesiones, porque así lo especifica el reglamento de esta Honorable Cámara.

Sra. PRESIDENTA (FERNANDEZ MEIJIDE).- La Presidencia aclara que el pedido formulado por el señor diputado por Córdoba es reglamentario, y así se hará.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. STORANI.- Señora presidenta: como es sabido, la Alianza -formada por el radicalismo y el Frepaso- ha solicitado esta sesión especial para tratar un proyecto de declaración. Nuestro propósito puede aparecer como simbólico, pero constituye mucho más que un mero simbolismo.

La Cámara de Diputados de la Nación, conforme a lo especificado en nuestra Constitución Nacional, constituye la representación del pueblo de la Nación. Por lo tanto, quienes estamos sentados en este recinto somos los primeros depositarios de la soberanía del pueblo.

Es muy importante que la representación del pueblo señale con toda claridad y énfasis cuál es la única e inequívoca interpretación de nuestra Constitución Nacional. Sería casi una cuestión infantil si no fuese por el hecho de que en el país se ha creado un clima de incertidumbre que nos puede arrastrar a la inestabilidad institucional.

Hace pocos días en este mismo recinto, con motivo de haberse cumplido un nuevo aniversario del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976, escuchamos todo tipo de expresiones condenando lo que había sido el denominador común de la inestabilidad política en nuestro país. Pero vale la pena destacar que la forma que ahora puede tomar la burla del orden institucional no pasa por un cuartelazo sino por los caminos del atajo que, lamentablemente, se han puesto en práctica en algunos países de América latina.

Desgraciadamente, en nuestro país se pretende seguir el mismo ejemplo que el de Perú, donde Fujimori disolvió las Cámaras que representan al pueblo de la Nación, en un claro intento de perpetuarse en el poder con cualquier mecanismo tramposo que viole el orden legal.

En nuestro caso particular existe una campaña que no se puede disimular, ya que tiene envergadura y se está ejecutando por parte del gobierno nacional.

Hay personas que se han preguntado si en realidad los políticos que representamos a la oposición en este Parlamento somos ingenuos al morder el anzuelo que supuestamente nos pone el presidente de la Nación para distraer la atención sobre los grandes temas que todavía están pendientes de resolver, como la desocupación, el financiamiento educativo, la situación de las pequeñas y medianas empresas, y la defensa de los instrumentos imprescindibles del Estado, como el Banco de la Nación Argentina y otros.

Sin embargo, tenemos que contestar que es responsabilidad de todo político serio que representa a un sector importante del pueblo argentino denunciar -si realmente tiene conocimiento de ello- cualquier maniobra que intente violar el orden constitucional. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte si ante lo que conocemos dejáramos pasar el tiempo y reaccionáramos después que el hecho se haya cometido. Por eso, como principio de ejecución nosotros podemos citar las decenas de declaraciones contradictorias del propio presidente generando expectativas alrededor de su probable tercera elección. Lo mismo ocurre con funcionarios de su más íntima confianza y cercanía, como el secretario general de la Presidencia, como el jefe de Gabinete y, más aún, con los sondeos -a esta altura son públicos- del jefe de la SIDE para tantear la reacción de los partidos de oposición ante la ejecución del procedimiento ilegal que se pretende perpetrar.

Igual referencia debo hacer respecto de un personaje que a esta altura califico de siniestro: ex miembro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ex ministro de Justicia de la Nación -separado de la función por antecedentes antisemitas en su militancia juvenil- y actual asesor de la Jefatura de Gabinete y de empresas privadas, muchas de ellas con incompatibilidad de intereses en negociaciones con el Estado. Este personaje siniestro es el que inventa una perversa teoría que no dejaría de ser una anécdota -a pesar del personaje y su influencia sobre el poder- si no fuera que ya está siendo receptada por algunos jueces de la Nación, que aparecen como delegados de los intereses políticos del Poder Ejecutivo.

Me refiero específicamente a la jueza Riva Aramayo que recogió, como vocera del ex ministro Barra, prácticamente con puntos y comas, lo que éste antes había escrito en un matutino de la Capital Federal.

Esta teoría dice, entre otras cosas, que por un acto de magia -aunque esto es mucho más que realismo mágico- la Constitución de 1994 sería una nueva Constitución que no reconoce prácticamente antecedentes. Es decir que no estaríamos frente a una reforma constitucional de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución de 1853, como realmente ocurrió.

Entonces, de acuerdo con esa originalísima teoría, por haberse puesto en vigencia una nueva Constitución, a partir de ahí debe contarse el mandato presidencial. Así llega a la conclusión de que el primer mandato de Menem no excedería los once meses, y conforme a una elucubración también completamente deformada, trayendo legislación comparada de otras Constituciones, establece que, si no se ha cumplido un tercio o por lo menos la mitad del mandato presidencial, no puede considerarse un período completo a los efectos de la reelección. Esto también de conformidad con la jurisprudencia de los Estados Unidos y de Venezuela.

Con esta particular teoría, en realidad ni siquiera hace falta reformar la Constitución. Advierto sobre este tema porque al principio podíamos calificar como un absurdo que el presidente pretendiera reformar la Constitución para que se lo habilite a un nuevo mandato, porque no creemos que ésta se pueda estar reformando a cada rato por las apetencias de poder de Menem.

Entendemos que el pueblo argentino está maduro para la alternancia de poder. Pero aun con todos estos reparos, que serían de carácter político, si el camino del Poder Ejecutivo fuera intentar la reforma constitucional, aunque nos pareciera absurdo al menos sería una alternativa legal a intentar, de conformidad con el procedimiento que establece la Constitución.

Pero lo que se ha venido a instalar es algo mucho peor porque, en caso de prosperar esta perversa interpretación, en la Corte Suprema de Justicia no hará falta ni siquiera reformar la Constitución; simplemente diciendo que no ha habido un primer mandato se podría decir entonces que el actual presidente está habilitado para intentar un segundo mandato, conforme con lo establecido por la Constitución de 1994. No hace falta señalar lo perverso del argumento: se dice que no existió el período 1989-1995; es como si los argentinos lo hubiesen volatilizado.

Además, advierto que esta situación nos precipitaría a una grave crisis institucional. Quienes estamos aquí presentes no hemos exagerado cuando calificamos a las circunstancias como un golpe de Estado de hecho, como un golpe institucional o como una pérdida completa de legalidad.

A la Argentina le ha costado mucho recuperar la democracia. También hemos efectuado un gran esfuerzo para ganar credibilidad en el marco internacional como para que se produzca un retroceso sólo justificado en apetencias de perpetuidad de poder y, quizás, de impunidad, en la medida en que no se quiera rendir cuentas en el futuro.

Por ello, en nombre de la mayoría conquistada el 26 de octubre próximo pasado en elecciones limpias, no sólo hemos promovido este debate sino que también lo hicimos en los Concejos Deliberantes y en las Legislaturas provinciales.

En este sentido, tengo la suerte de informar que en muchos casos estos debates ya se han realizado con éxito y con el acompañamiento de hombres y mujeres del justicialismo, como corresponde, porque tampoco queremos caer en la falsa polarización, ya que ésta no es una pelea de la Alianza contra Menem sino de Menem contra el pueblo argentino, porque la Carta Magna es de todos los habitantes del país y es necesario preservar la legalidad.

Si Menem quiere transgredir la Constitución para perpetuarse en el poder, nos encontrará en el ejercicio de nuestra responsabilidad de denunciarlo y de impedirlo sin violencia, con la convicción de que la inmensa mayoría del pueblo argentino nos va a acompañar. (Aplausos.)

• Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Legislación General, doctor José Gabriel Dumón.

Sr. PRESIDENTE (DUMON).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. FERNANDEZ MEIJIDE.- Señor presidente: si tuviera que colocar un título a esta intervención que realizo en nombre de los diputados del Frepaso, diría que la Constitución es más fuerte que Menem.

Además, la Carta Magna no sólo es más fuerte que Menem sino que es más fuerte que cualquiera de nosotros, considerados individualmente o en conjunto, a menos que se la reformara con el enorme consenso que se requeriría en el Parlamento.

Creo que las democracias jóvenes que tenemos están construyendo una cultura democrática. No es lo mismo tener un sistema republicano y democrático que construir una cultura de la democracia. Este es un trabajo que todavía debemos hacer.

Precisamente, lo que enfrentamos son distintos modelos. Algunos, como el presidente Menem y su entorno, están muy atados a los hábitos más conservadores y más conservados de la sociedad.

En el pasado, el concepto de la democracia y de las instituciones tenía, desgraciadamente, escaso valor. De ello se habló en la sesión que justamente mencionara el señor diputado preopinante.

Se trata de la dificultad que presentaban las democracias latinoamericanas -entre las que se encuentra la nuestra- de aceptar el valor de las instituciones, porque el concepto era que ellas estaban al mando de quien ejercía el poder. En todo caso, era un instrumento para quien ejercía el poder desde posiciones con mayorías ideales, pero sin embargo se coincidía en que la institución era un estorbo porque una posición colectiva de la sociedad superaría a las propias instituciones. Por eso hablo de una posición más ligada con el conservadorismo más terrible en cuanto al desprecio por las instituciones, y pongo al presidente Menem como un caso desgraciadamente paradigmático. Si tuviera que describir sus condiciones diría que se trata de una persona con una gran ambición y ningún escrúpulo, o muy pocos.

Debemos reconocer que en un momento esta actitud pareció servir, pareció útil. Inclusive había quienes decían, apelando al sentido común, que los cambios que debían hacerse no permitían la búsqueda de consenso porque se perdía tiempo y había dificultades, y porque eventualmente las decisiones y el hecho de ser audaz -por la autoridad que eso significaba- y de llevarse por delante al Parlamento, entre otras cosas, o de someter a la Justicia, tenía que ver con la necesidad imperiosa de provocar los cambios estructurales indispensables.

Suponiendo que eso hubiera tenido algo de verdad -por supuesto, es discutible, y se lo discutió en su momento-, ¿hoy cuál sería la excusa? Menem tuvo siempre la habilidad y también la ventaja, como mérito de gran político, de aprovechar la confusión para establecer su fortaleza y para convertir el vicio en virtud, obteniendo su fuerza de la debilidad de los demás, lo cual es bastante lógico. Pero hoy la situación en el país cambió; no estamos en 1989 ni en 1995. La sociedad se conectó para construir una oposición que está en crecimiento y que -como bien se dijo aquí y notoriamente señaló el presidente en su mensaje a la Asamblea- el 26 de octubre produjo el primer hecho en el cual el justicialismo, no proscripto ni perseguido, perdió una elección. Por supuesto, no se puede pensar que eso solo garantiza el futuro. Está claro que vamos a tener las dificultades que se nos plantean ahora. ¿Por qué no pensamos cuáles son los méritos de un político? ¿Ser solamente audaz, transgresor y oportunista, o poder medir qué pide la sociedad en cada momento?

Cuando Maquiavelo aconsejaba al príncipe, aconsejaba a alguien que construía el país pero que tenía una metodología de lucha basada en que en aquel entonces no había ciudadanos sino vasallos, y la forma de confrontación quizá fuera la guerra o -al decir de von Clausewitz- la política como continuación de la guerra; tenía que ver con el ejercicio de la fuerza, con la audacia, la habilidad y la falta de escrúpulos, no existiendo mediadores. Pero desde entonces hasta la fecha pasaron la Revolución Francesa, la revolución americana, la instauración de la república y la aparición de la democracia, en la que interviene el ciudadano, y es nuestra obligación darle un espacio.

Tenemos conciencia de la existencia de ciudadanos con carencias por falta de experiencia democrática, pero es nuestro trabajo como dirigentes políticos contribuir a que la calidad de la ciudadanía aumente, así como también la de la sociedad civil y su fortaleza como tal.

En la última sesión establecimos que se acabaran las leyes de obediencia debida y de punto final. Traigo esto a colación porque es muy importante que en el futuro no quede ninguna posibilidad de que desde una profesión o corporación alguien pueda excusarse o justificar su falta de responsabilidad por el hecho de haber obedecido órdenes.

Al mismo tiempo en que sancionábamos ese proyecto -un gobernador, el general retirado Bussi- decía que el ocultamiento de su patrimonio lo había hecho como político, es decir, mintiendo como lo hacen los políticos. Quien dijo no haber sido responsable porque alguien lo mandó, eludiendo de esa manera su responsabilidad por los delitos de la dictadura, después escondió su avaricia diciendo que mintió como un político, atribuyéndole de ese modo a los políticos la condición de mentirosos por excelencia.

Tengo aquí la fundamentación empleada por el doctor García Lema en la Asamblea Constituyente -hay muchos constituyentes aquí- en torno de la cláusula transitoria para reforzar lo que en última instancia se encontraba descripto en un artículo del cuerpo de la Constitución, aunque -como muchas veces se dice- con una dudosa técnica legislativa.

Antes de leer algunas de las frases del doctor García Lema me pregunto por qué fue necesaria esa cláusula. Fue necesaria por la misma razón por la que hoy consideramos necesario promover esta declaración.

En aquel momento había sectores de la dirigencia política que desconfiaban del doctor Carlos Saúl Menem; de otro modo no habría sido necesaria esa cláusula transitoria.

El actual entorno del presidente de la Nación fue quien habló de la transparencia del doctor Menem. Cuando hablo del entorno no me refiero necesariamente al doctor García Lema; pero en todo caso sí podemos encontrar la firma del doctor Rodolfo Barra en el dictamen de mayoría, sin formular observaciones ni decir que se trataba de una Constitución nueva, con lo cual aceptaba que era una reforma de la Constitución.

Siento que todo lo que estoy diciendo son perogrulladas, pero es necesario reforzar estos conceptos para que todo el mundo tenga presente qué es lo que está ocurriendo.

Cuando el gobernador Bussi se refiere a la característica que aprendió de los políticos, me pregunto de quién la aprendió. Tal vez la haya aprendido de su socio ejemplar, Menem, y su entorno. ¿De quién aprendió Bussi que los políticos mienten?

No es así; no todos los políticos mienten. Pero sí mintió Barra, y miente ahora cuando dice que se abstuvo y que era otra la intención. No voy a repetir el argumento expresado por el señor diputado Storani, pero sí hay que decir con todas las letras que son mentirosos.

No hay que buscar justificaciones por medio de galimatías que la gente no entiende. La sociedad va a decir que dejemos de discutir estas cuestiones porque quiere que tratemos temas como los vinculados con la salud, la educación y el empleo, que son los que realmente le preocupan.

Por eso, es necesario que terminemos con este episodio, sobre todo pensando en futuros gobiernos que pueden tener otra visión de la Argentina, y que comencemos a trabajar con seriedad en un cambio institucional que conlleve el fortalecimiento de las relaciones entre los ciudadanos, sus instituciones y sus políticos, como asimismo el respeto de reglas básicas. En ese sentido, la Constitución Nacional es la regla básica por excelencia porque constituye nada más ni nada menos que el contrato social y político que se establece entre todos los miembros de un país que pueden votar.

Resulta evidente que no se puede decir que en la Convención Constituyente de 1994 sólo estuvo representada una porción de la sociedad, como quizá sí se pueda sostener respecto de alguna otra reforma anterior. La verdad es que esa fue una Convención Constituyente en la que la sociedad estuvo representada en su más amplio espectro.

Por otra parte, lo cierto es que existieron acuerdos en relación con la cláusula que hoy nos ocupa. Del espíritu del legislador se desprendía con claridad que el presidente Menem sería el único argentino que se vería privilegiado con la posibilidad de gobernar durante diez años seguidos. De esta manera quienes resultaran electos en el futuro sólo podrían hacerlo hasta ocho años. En cambio, Menem gobernó por seis años bajo el imperio de la antigua Constitución -que juró-; en 1999 habrá gobernado otros cuatro años, y se acabó.

La Constitución debe ser más fuerte que la ambición del presidente Menem, y esto todos debemos tenerlo muy claro.

Cuando la sociedad argentina se expresó en las urnas el 26 de octubre próximo pasado indicó cuál era su aspiración. Demostró que no quería al tipo de político que encarna o imagina Bussi -lo encuadra, encaja y congela- sino al que actúa con la autoridad que otorgan la decencia, la honestidad, la transparencia y también la eficiencia. Esa autoridad natural no tiene vinculación alguna con el autoritarismo del discurso único, el chantaje repetido, la arbitrariedad y la necesidad de someter a todas las instituciones, empezando por la Justicia.

El presidente Menem trazó una raya. Como ya lo expresé en otra ocasión, no me equivoco cuando distingo entre un gobierno democrático legal y legítimo y el totalitarismo. Durante la dictadura militar había una raya que separaba a quienes defendían la vida de aquellos que estaban con la muerte. Hoy esa raya divide a quienes operan a favor de la ilegalidad y el poder a cualquier costo -aunque otros paguen los platos rotos-, de aquellos que hemos elegido un país en el que nos vinculemos con los otros partiendo del principio de la seguridad jurídica.

Desde el gobierno, y en especial desde sus distintos organismos, se juega mucho con el concepto de la imprevisibilidad de un gobierno de la Alianza. ¿Quién si no Menem es hoy el imprevisible en la República Argentina? Menem se hace oposición a sí mismo contradiciendo aquello que suscribió y que en su nombre se dijo en la Convención Constituyente.

Esta tarde se mencionó a un país hermano a cuyo pueblo queremos. Lamentamos que tenga un presidente como Fujimori, que se lleva por delante todas las instituciones. Por su parte Paraguay -otra nación hermana- deberá solucionar sus problemas en el marco de la democracia. Lo máximo que podemos aspirar en relación con Paraguay es que halle la solución para su situación apegado a la letra de su Constitución.

¿Desde qué lugar el gobierno podría aconsejar o recomendar cambios en otros países si está dispuesto a llevarse por delante la Constitución o, lo que es peor, avanzar por el camino del sometimiento de la Corte Suprema?

Estamos aquí porque creemos que hay que dar un ejemplo distinto de aquel que parece haber tenido desde pequeño -o desde grande- el general Bussi, y porque pensamos que para realizar las reformas y transformaciones que merece nuestro país necesitamos reglas de juego claras, previsibles y, por lo tanto, seguridad jurídica. Por eso estamos aquí y lamentamos que no se haya podido ahondar en este proyecto de declaración de defensa y respeto de la Constitución (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (DUMON).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. NATALE.- Señor presidente: nuestra postura es demasiado clara y conocida como para sentirnos en la obligación de decir algo más.

Ya en 1994, cuando nos oponíamos a la reforma constitucional, señalábamos que constituía un grave error consagrar la reelección y al mismo tiempo reducir el mandato presidencial.

Se contraponía nuestro criterio con el ejemplo de los Estados Unidos de América. Pero no se advertía que se trata de dos sociedades con distintas culturas y políticamente diferentes, con niveles de desarrollo y de demanda de acciones de gobierno totalmente diferenciadas.

Insistíamos en señalar que era un grave error sustituir la sabia preceptiva de los seis años sin reelección por los cuatro años con una reelección porque vaticinábamos que entraríamos en un tiempo electoral permanente, donde gobierno y oposición estarían más preocupados por las elecciones que por las decisiones. Y no nos equivocamos.

Habían transcurrido horas de la elección de 1995 cuando desde el mismo gobierno se estaban insinuando los nombres de los candidatos que en aquel momento se sostenía que podrían sustituir al actual presidente de la República, al término de su mandato en el año 1999.

Sin embargo, después ha ocurrido todo lo que conocemos y que realmente es incomprensible. Por un lado el presidente de la Nación que dice que no, que le gustaría quedarse en el poder, pero sólo si se modifica la Constitución , y por otro el runrún, el murmullo, hasta la propaganda soez por el "Menem 99".

Claro está, el país se ha hecho eco de esto, y la prensa, que naturalmente está ávida de conocer, informar y opinar todos los días, habla de la re-reelección, y los políticos de la oposición sentimos la necesidad de asistir a esta sesión para decir que eso es un absurdo, que no hay argumento posible o válido para sostener ese criterio. ¿Cómo que la Corte Suprema? Hasta se especula sobre el criterio de cinco o seis jueces, como si los integrantes de la Corte Suprema pudieran resolver lo que resulta imposible decidir. Porque así como tenemos muchos poderes -limitados por la Constitución-, no vayamos a creer que los jueces -ni siquiera los de la Corte- son omnímodos. Ellos no pueden hacer lo que nadie puede realizar. No importa si son cinco, seis o nueve los que lo quisieran; ellos no pueden cambiar el texto de los artículos de la Constitución ni sus disposiciones transitorias, aun con la complacencia de algunos juristas que no han tenido reparos en tirar hilachas de prestigio al abandono con argumentaciones que nadie puede sostener.

Por eso, uno se resiste a esta idea de participaren la instalación del absurdo, -porque en la Argentina se lo ha instalado-, que es la re-reelección presidencial, algo que es imposible.

No es válido pensar que al presidente Clinton se le hubiera ocurrido algo parecido -y cito a los norteamericanos como ejemplo, por la similitud de las normas- ni tampoco cabe suponer que algún estadounidense hubiese pensado en recurrir al máximo tribunal de su nación para buscar alguna interpretación de la Constitución que le haga decir lo que ésta no expresa.

A nadie se le hubiera ocurrido; sin embargo se le ha ocurrido a la sociedad argentina. Pero resulta que lo irracional, lo ilógico, lo que no tiene sentido, lo que no encuentra una explicación posible, de pronto es el gran tema de todos los días.

Me resisto a sumarme a esta instalación del absurdo, aunque sienta la necesidad de hablar. Porque sé que en el fondo con estos dichos se contribuye a abrir un debate sobre algo en torno de lo cual no cabe discusión alguna.

Mientras la sociedad política está preocupada por las cosas que son absurdas, mientras a la opinión pública se le hace pensar permanentemente en el absurdo, los verdaderos temas del país están en otro lado: en la preocupación de algunos, o en el debate circunscripto a alguna comisión o a algún ámbito ministerial.

En estos tiempos a nadie se le ocurriría renegar de la estabilidad monetaria, pero ella se asienta sobre bases económicas, no solamente sobre una ley. Y la realidad nos muestra que tenemos un presupuesto que necesita financiarse extraordinariamente con un nuevo endeudamiento, en un 40 por ciento de sus erogaciones. Existe un quebranto del comercio exterior de más de 5.000 millones de pesos. Si el día de mañana ese flujo de fondos que últimamente ha venido con tanta facilidad a la República Argentina variara su dirección por temores, por insuficiencias, por tantas cosas que hemos visto, ¿qué pasaría? ¿Acaso no vivimos el efecto "tequila", cuyas angustias hemos padecido?

Si eso se repitiera, por más ley de convertibilidad que sigamos votando, la fuerza de los hechos económicos pasaría por encima de nuestras mejores voluntades.

¿El tema del desempleo se va a resolver por el mero crecimiento económico, o será necesario adoptar determinadas políticas apuntando hacia ello?

Hemos tenido un importante debate en esta Cámara hace más de un año, pero después nos hemos olvidado del asunto. Ni hablar de la ley de coparticipación federal que deberíamos haber sancionado hace más de un año.

En ese sentido quiero recordar un episodio parlamentario que algunos memoriosos tal vez tengan presente. No quiero que con esto se interpreten similitudes con lo que voy a narrar, pero sí con el comportamiento de la Cámara. En junio de 1966 el país era un hervidero, porque en los diarios, en la opinión pública y en todos los comentarios se planteaban enormes dudas acerca de la posibilidad de la continuidad del gobierno del presidente Illia. Ya se cernían las sombras del golpe que estaba incubando el general Onganía.

En esta Cámara, en las vísperas de ese 28 de junio, se discutía sobre el ejercicio del derecho de Patronato y el juramento de los obispos.¡Mientras el paísardía en llamas nuestros antecesores discutían sobre el Patronato y el juramento de los obispos a raíz del concordato con la Santa Sede!

¿Qué quiero decir con esto? Que el absurdo nos ha invadido a todos y, de alguna manera, estamos contribuyendo a que sea un tema opinable y de debate. Lo que antes no podía ser discutido ni analizado por nadie, de pronto, en la Argentina de marzo de 1998 se transforma en un tema opinable; reitero que ello es un absurdo y que debemos reaccionar.

No hay ninguna posibilidad de reelección presidencial, no hay ningún birlibirloque a través del cual se pueda realizar, no hay juristas que la puedan amañar ni Corte que tenga facultad para decidir esas cuestiones.

En este momento hay problemas urgentes y necesidades a las que responder. Por ello, los diputados de la oposición tenemos la responsabilidad de decir al país qué pensamos acerca de la deuda externa, del presupuesto, del déficit del comercio exterior, del desempleo, etcétera, y qué tipo de solución proponemos. Parecería que estamos dominados por el absurdo y que nos olvidamos de los grandes temas que debemos abordar.

Alguna vez Ortega nos mandó a los argentinos a ocuparnos de las cosas. Entonces, ¡metámonos en las cosas y no nos dejemos enredar por el absurdo! (Aplausos prolongados.)

Sr. PRESIDENTE (DUMON).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

Sra. PANDO.- Señor presidente: debo confesar que dudé acerca de si debía hacerme presente en el recinto, porque resulta una paradoja que los legisladores tengamos que recordar que es necesario cumplir con el artículo 30 de la Constitución Nacional y, fundamentalmente, lo que ésta significa para todos los países organizados, sobre todo cuando pretendemos que la Argentina lo sea.

Debo recordar que similar debate pero con otros actores mantuvimos en 1993 y 1994. En aquel entonces -no hace muchos años de ello- la sociedad se dividía entre los reformistas y los no reformistas de la Constitución. Entre estos últimos nos encontrábamos el Partido Liberal de Corrientes, los demócratas progresistas y los demócratas de Mendoza, quienes nos encargamos de advertir sobre los problemas que iba a ocasionar la reforma de la Constitución tal como estaba planteada.

También recuerdo que algunos se engolosinaban con institutos que finalmente han sido incorporados a la Constitución, frente a lo que advertíamos que el riesgo que corríamos era demasiado elevado, y que el costo resultaría altísimo para toda la sociedad y fundamentalmente para los valores de la República.

Reitero: en aquel entonces los argentinos nos dividíamos entre los que no apoyábamos el Pacto de Olivos y el Núcleo de Coincidencias Básicas y los que adherían a ese proyecto.

Temíamos que la reforma de la Constitución tal como había sido presentada tuviera como único objetivo la reelección del presidente de la República, porque esa era la cuestión que más les interesaba a sus protagonistas, en especial al Partido Justicialista.

No vale la pena recordar el gran menú de incumplimiento y las deslealtades que ha tenido el Partido Justicialista para con sus socios circunstanciales entre ellos, la Unión Cívica Radical. Digo esto porque con respecto a los demás puntos que fueron incorporados a la Constitución aún no se ha sancionado ni el cincuenta por ciento de las leyes que se comprometieron a aprobar para conseguir la reelección.

En aquel entonces decíamos que el poder es como una golosina, pues a quien la degusta le cuesta dejarla. Es un sabor que se torna altamente peligroso para la sociedad toda si aquel que lo experimenta no tiene acrecentado los valores de austeridad de la democracia y de la República.

Hoy estamos aquí los propios legisladores recordándole a una parte de la Argentina, fundamentalmente al sector político, que tenemos que cumplir con la Constitución.

¿Pero qué ocurre hoy en este país? Estamos en una Argentina en donde los medios de comunicación¸ la publicidad y la concentración del poder lleva a que algunos demoren su reacción. ¿Frente a qué peligro nos hallamos todos los argentinos? Como dijo el señor diputado Natale, el peligro reside en que habilitemos la consideración y el debate de algo que está totalmente prohibido por la Constitución Nacional.

Por si esto fuera poco, recuerdo a algunas personas y fundamentalmente a aquellos que propician esta reforma indirecta -que no es otra cosa que la violación del Estado de derecho- que este es el mejor ejemplo de que, contrariamente a lo que se dice, la seguridad jurídica no existe en nuestro país; si existiera no habría necesidad de recurrir a ningún per saltum para el análisis y la interpretación de nuestra Constitución.

¿Qué podemos decir a los argentinos? ¿Qué tenemos que posibilitar una nueva reelección del presidente Menem? ¿Para qué? ¿Para qué disponga por decreto la concesión de los aeropuertos? ¿Tenemos que decir a los argentinos que vamos a habilitar una nueva reelección porque el presidente es austero y democrático, y concede la renovación de las concesiones de los peajes sobre la base de la oferta pública? No. No olvidemos que hace poco tiempo se resolvió vía decreto la renovación de la concesión del Corredor 18.

A ello debemos sumar la situación de todos los argentinos que han sido beneficiarios de créditos del Banco Hipotecario, que a raíz de su privatización -concretada por el voto de legisladores de este Congreso- hoy están por perder su casa habitación porque no pueden pagar las cuotas. Sucede que el objetivo del Banco Hipotecario -el rol social de la vivienda- ha sido desagregado en su naturaleza jurídica. Entonces, ¿para qué existe este Estado?

No podemos dar respuesta ni a los jubilados ni a los maestros, salvo por el camino más rápido: el aumento de los impuestos, sea al combustible o a cualquier otro bien que no es suntuario sino que es necesario para la puesta en marcha del país. Así, cuando el negocio es muy interesante para algunos, hay concentración del poder, pero cuando la carga es de todos y en consecuencia allí debe aparecer el Estado, rápidamente somos tan creativos que nos ocupamos del aumento de los impuestos.

Esta sesión debe tener como bandera el despertar de la Argentina. Ello, no para reivindicar ni ratificar los valores de la Constitución sino para decir a la gente que no tenemos capacidad para resolver el problema de la deuda externa y que sobre las espaldas de cada uno de los argentinos hay un mayor acrecentamiento de esa deuda. También debemos decir que no tenemos capacidad para resolver cuestiones vitales de un Estado fuerte, que no necesariamente debe ser grande. Reivindico todo lo que significa un Estado eficiente y pequeño, y no un Estado ausente.

Entonces, tengo que decirle al señor presidente y a sus amigos que quieren la reelección para violar la Constitución y provocar un golpe de Estado, que quienes viven bien son unos pocos, porque está concentrado el capital y está ausente la distribución de la riqueza para el pueblo argentino.

Por eso el Partido Liberal de Corrientes, tanto aquí como en mi provincia, jamás va a apoyar una reforma constitucional vía per saltum para posibilitar una nueva reelección del presidente de la Nación. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (DUMON).- Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. BRAVO (L.A.).- Señor presidente: he escuchado con atención todo lo que se ha dicho en este recinto. Si estamos sentados en este momento en nuestras bancas es porque compartimos la gran mayoría de las cosas que se han dicho, y las razones que se han dado en el sentido de que el presidente Menem no debe violar la Constitución de la Nación.

Debemos estar presentes para decirle al pueblo argentino, con toda firmeza, que si se insiste con la reelección se estará cometiendo un delito en el marco de la democracia, y que ese delito debe ser castigado por la gente dentro de la ley.

Me gustaría que el señor presidente de la Nación estuviera en este momento ocupando la Presidencia de la Cámara, porque sería la única forma de decirle las cosas. Pero como se trata de algo difícil, me gustaría que algún vocero, o alguien que oficie de relator de lo que está pasando en este recinto, le cuente qué opina este diputado por San Juan.

Creo, señor presidente de la Nación Carlos Menem, que se puede disentir con las cosas que usted ha hecho, pero no con la circunstancia de que usted es un político de raza. Además, los políticos de raza, sean del partido que fueran, deben bregar fundamentalmente por la unidad nacional. Deben hacer conocer en un debate político serio qué es lo que quieren y cuáles son las cosas que deben hacerse en el marco democrático de una Nación. Debemos darnos este debate, porque va a favorecer el crecimiento político de la sociedad argentina.

Debe interpretar el señor presidente de la Nación -en realidad, todos debemos hacerlo- que en una democracia nadie es imprescindible, a pesar de que al pueblo argentino se le dice lo contrario: "Si se va Menem, se cae todo el esquema económico hasta ahora implementado, se acaban las inversiones en el país, no habrá posibilidades de crecimiento, etcétera."

Señor presidente de la Nación: usted sabe que eso es mentira, y también sabe que con su deseo de una nueva reelección atenta justamente contra este fin económico que puede ser muy loable y que todos buscamos dentro de la democracia.

Por otro lado, usted señor presidente, que es abogado, debe explicar claramente a todos los argentinos -esto se lo pido porque algunos por su trabajo o por las diferentes situaciones de vida que llevan no lo conocen- que la alternancia en el poder es la base del sistema democrático. Esto es fundamental y se aprende en el primer año de la carrera de Abogacía.

Eso lo conocen los abogados pero no tienen por qué saberlo los profesionales de otras materias o los que no tienen un estudio superior. Pero, insisto, es la base del sistema democrático. Y usted, señor presidente Menem, junto con todos los políticos del país, deben enseñar al pueblo argentino, porque así creceremos como Nación. Si queremos entrar en el Primer Mundo debemos no sólo crecer económicamente sino también institucionalmente.

Provengo de una familia de tres generaciones de caudillos nacionales. Por mi ascendencia política podría pensar exactamente de manera contraria; podría creer en el personaje salvador, en aquel que todo lo puede, en aquel que tiene el dedo largo y que puede decidir por todos los argentinos.

No critico ni siquiera lo que ha pasado en el país, porque yo quisiera saber quién puede tirar la primera piedra. Pero sí creo que todos los argentinos hemos hecho un esfuerzo terrible desde 1983 en adelante; en este sentido quiero reivindicar a algunos sectores, como el de las fuerzas armadas. En debates anteriores hemos dicho que han reconocido sus errores y que interpretan como corresponde la Constitución Nacional, poniéndose como brazo armado de la Nación al servicio de la democracia. ¡Cómo no lo vamos a hacer los políticos, cualquiera fuese nuestra ascendencia cultural!

Estamos saliendo de un sistema político latinoamericano caudillesco. Estamos queriendo entrar a un sistema político democrático de avanzada. Por eso necesitamos que usted, presidente Menem, que por el título que ostenta es hoy el hombre más importante institucionalmente de la Argentina, nos dé una mano a todos los argentinos. Le hablo a usted, que viene de La Rioja, que ha mamado el caudillismo como yo. Usted tiene que entender, aprender y comprender que al país lo haremos entre todos, que existen diferencias de opinión y que debemos regirnos por una Constitución que cobije a todos los argentinos, sin importar los distintos credos.

Aspiramos a ser un país verdadero del Primer Mundo, pero con todo lo que ello implica; con todas las responsabilidades políticas, económicas y sociales.

Creo fervientemente que si usted lo comprende así, al igual que las fuerzas de la oposición, nos espera un futuro venturoso y de grandeza a todos los argentinos.

Nadie es imprescindible. No se va a morir nadie porque cambie el presidente, porque es lo normal que ello pase en una democracia. Las cosas que hagan falta hacer serán mejor hechas por el que venga. Las cosas que se han hecho bien se van a respetar. Así conviviremos todos bajo una misma bandera y dentro de la Constitución.

Si el presidente de la Nación y todos nosotros no comprendemos esto, vamos a tener días muy tristes en la República Argentina, en la que no me gustaría que crezcan mis hijos. Sí me gustaría que los hijos de todos los argentinos tengan un país donde sea comprensible y criterioso vivir, crecer y desarrollarse con reglas de juego claras como las que marca la Constitución Nacional; un país en donde podamos tener desarrollo económico y todo lo que deseamos los que estamos sentados en este recinto. Pero el presidente de la República es el primer responsable de que ello ocurra.

Desde 1983 los militares han puesto su cuota. El doctor Raúl Alfonsín, nuestro primer presidente democrático, realizó una obra titánica para conservar la democracia en la República Argentina.

El actual presidente de la Nación dio pasos fundamentales -¿por qué no reconocerlo?- para consolidar el crecimiento económico de la Argentina. Ahora falta que lo continúe otro presidente que combata -lo voy a decir delicadamente- residuos de corrupción y que otorgue más solidaridad a este crecimiento económico, concepto que pareciera que hubiésemos desterrado del diccionario de la política argentina, como si se tratara de una mala palabra.

Es necesario que el crecimiento y el desarrollo sean para todos, y se requiere que podamos vivir cobijados bajo una Constitución que resguarde al conjunto de los habitantes. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (DUMON).- Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.

Sra. AVELIN.- Señor presidente: no puedo negar que parecería que en este recinto hay una gran desolación. Existen bancas vacías, y los oficialistas, que hoy están ausentes, no están cumpliendo con su deber, que consiste en respetar a las minorías que hoy ocupamos un lugar en este recinto.

Quizás representemos a la mayoría electoral del pueblo argentino, que está esperando otra cosa de sus legisladores. Hoy existía el deber de los sectores oficialistas de concurrir al recinto y señalar en el Parlamento que estamos dispuestos a cumplir con la Constitución Nacional.

Este es nuestro primer mandato y el deber que asumimos cuando juramos al hacernos cargo de esta función. Aquí no es necesario interpretar nada. Es lamentable que no estén presentes, ya que del debate surgiría para el pueblo argentino que aquí no hay nada que interpretar, porque la Constitución es muy clara.

Hay un refrán que dice que el menos común de los sentidos es el sentido común. No hace falta ser abogada -aunque lo soy- para analizar esta cuestión. La vez pasada un joven me preguntaba sobre el tema de la reelección. Le respondí que, para no entrar en discusiones, sencillamente alcanzaba con leer lo que señala la Carta Magna reformada.

El artículo 90 expresa que el presidente dura en sus funciones el término de cuatro años y podrá ser reelegido. Antes también podía serlo, pero se requería un período intermedio sin gobernar.

Ahora se permite la reelección sucesiva una sola vez, y para que no queden dudas, la cláusula novena de las disposiciones transitorias señala: "El mandato del presidente en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser considerado como primer período." La expresión "en ejercicio" hace referencia al momento de sancionarse la reforma, cuando el presidente Menem ejercía el gobierno.

¿Qué duda puede existir? ¿Es admisible que el intelecto de algunos juristas -ex ministros de la Corte Suprema de Justicia- pueda retorcer el espíritu y la letra clara de la Constitución Nacional para otorgar un beneficio, mediante un direccionamiento distinto al que establece la Constitución de la República?

Estas son horas de cumplir con nuestros deberes. Es necesario respetar la Constitución. Nuestra sabia Constitución no le ha impedido a ningún presidente -cualquiera fuere su color político- trabajar para el desarrollo del país, entregando su esfuerzo para lograr el engrandecimiento de la República.

Pero desde hace un tiempo observamos cómo el presidente de la República y muchos gobernadores provinciales, como el de San Juan, distrito al que represento, están intentando reformar las constituciones para hacerlas a la medida de sus apetencias personales, motivados exclusivamente por intereses de permanencia en el poder. ¿Dónde están el patriotismo, la ética, la grandeza y el renunciamiento que tuvieron los forjadores de la Argentina, aquellos que entregaron sus esfuerzos por las instituciones y no para beneficio de los hombres?

Hoy nos encontramos con nuevas teorías jurídicas -como la que ahora invoca el oficialismo-, inventadas para acceder al poder y permanecer en él interpretando antojadizamente la Constitución Nacional.

Lo mismo ocurre en la provincia a la que represento pese a que su Constitución, que es de 1986, permite la reelección por un período inmediato, a lo que estamos procediendo actualmente. El actual gobernador de mi provincia arguye que no logró completar su primer mandato constitucional, razón por la cual no se puede hablar de reelección. Lo que olvida decir es que si no lo completó fue porque hubo un juicio político, que indicaba que no estaba cumpliendo adecuadamente con la Constitución. Hubo denuncias y acusaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por supuesta comisión de delitos en la función. En esto se basaba el juicio político, que ahora también se pretende cuestionar tratando de cambiar la estructura de lo que significa una Constitución.

Esto es muy grave y parecería que lo estamos discutiendo entre nosotros, sin los grandes protagonistas e impulsores de esta maniobra de la reelección. Nos da vergüenza que mientras el pueblo de la Argentina, nuestros comprovincianos, nos preguntan día a día cuándo sancionaremos la ley de financiamiento educativo y cuándo nos vamos a ocupar de los problemas de los jubilados, nosotros estamos hablando aquí y pidiendo al Poder Judicial de la República que cumpla con la Constitución y que no pretenda interpretarla desde el punto de vista de esta nueva teoría del ex ministro de la Corte, doctor Barra. Esto hace daño a las instituciones. Hay que poner un tope, un límite, y esto lo tendrán que hacer todos los diputados, no solamente los de la oposición, porque estamos hablando del deber de cumplir con nuestra propia Constitución Nacional.

Debe quedar claro que el bloque de la Cruzada Renovadora no viene a decir aquí que está en contra del presidente de la República ni del gobernador de la provincia a la que represento -quienes aspiran a una reelección- sino que está en contra de estas actitudes que lesionan el sistema constitucional.

La prohibición de la reelección -en su momento se estableció que debía haber un período de alternancia de seis años- era sabia, porque velaba y protegía la salud del sistema: permitía la oxigenación a fin de que aquel que ejercía el poder y manejaba los presupuestos del país pudiera desprenderse de su función, así como quienes estaban a su alrededor, a fin de que nadie se enquistara en el poder. En esto consistía la oxigenación del sistema: era la alternancia que permitía la anterior Constitución. Actualmente, a los seis años del primer mandato se suman por el voto popular cuatro años más -esto no lo vamos a desconocer-, pero se pretende decir que el actual mandatario tiene derecho a cuatro años más. La suma arroja un total de catorce años. ¿El sentido común puede aceptar que cuando los convencionales apoyaron eso, estaban habilitando una cláusula que hablaba de catorce años en el poder? Por supuesto que no, señor presidente.

Venimos a este recinto, lamentando que esté vacío porque los diputados del oficialismo no han concurrido -no han respetado a las minorías presentes, que representan las verdaderas mayorías electorales en la República-, a decir que es hora de hacer deberes.

Ojalá el señor presidente de la República tenga la grandeza de espíritu que nos reclamó a los convencionales constituyentes de 1994, incluidos los que estábamos en contra, como en mi caso. En su discurso inaugural del 25 de mayo de 1994 nos reclamó que actuáramos con libertad de espíritu. Ojalá que el presidente de la República, sus correligionarios y los amigos del oficialismo terminen con esta historia, actúen con grandeza de espíritu y permitan que nos dediquemos a trabajar en serio para atender las necesidades reales, como la pobreza -que existe en la Argentina, aunque en Australia haya dicho que disminuyó- y la niñez que corre peligro, con deficiencias en la salud y la educación.

Ese es el futuro -no el de la Constitución y la reelección- que tendríamos que estar debatiendo. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (DUMON).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. BALTER.- Señor presidente: utilizaré sólo treinta segundos para ratificar una vez más la posición de este centenario partido al que tengo el honor de representar: el partido Demócrata de Mendoza.

Cuando en diciembre de 1993 se debatía en este mismo recinto la necesidad de la reforma constitucional, defendimos fervientemente la Constitución de 1853.

En ese momento advertimos sobre los graves inconvenientes que esa modificación iba a generar. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para evitar ciertos males, algunos de los cuales hoy estamos viviendo.

En aquella oportunidad levantamos las tribunas a lo largo y ancho de nuestra provincia para tratar de explicar por qué estábamos en contra de la reforma.

Hoy, con más fuerza y más vehemencia y apoyados en esta triste experiencia que hemos tenido que vivir, ratificamos nuestra vocación de trabajar, explicar y luchar para que no se vuelva a cometer otra tropelía violando el artículo 1° de nuestra Constitución nacional, por el que se adopta el sistema republicano, que implica periodicidad en las funciones de gobierno.

Sin embargo, tal como se señalaba hace un momento, alguien cree que la periodicidad en las funciones implica gobernar durante catorce años, o durante toda la existencia de algún ser humano.

Lo único que tenemos que decir hoy en este recinto es que seremos consecuentes con el pensamiento de cien años de historia de nuestro partido. Seguiremos honrando los principios partidarios y trabajando para que la Nación argentina tenga una Constitución que deben respetar todos los habitantes de la República.

Lo que surge de esta discusión y lo que algunos pretenden hacer es exactamente lo contrario: que la Constitución no sea respetada, no tenga vigencia.

Ratificamos que no hay ningún tipo de posibilidad de interpretación. Si alguien quisiera reformar la Constitución tendría que hacerlo reiterando que el actual presidente no puede ser reelecto.

Sr. BALTER.- Con estas pocas palabras, los demócratas de Mendoza queremos adherir a estas manifestaciones para que entre todos los argentinos seamos capaces de estructurar una red de defensa del derecho en la República Argentina. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. GOMEZ DIEZ.- Señor presidente: pese a las claras disposiciones de la Constitución Nacional que se lo impiden, el presidente de la Nación quiere ser reelecto. Así lo ha expresado aunque, fiel a su estilo, luego se desdijo para aumentar todavía más la confusión. Pero todos sabemos que en estos momentos sus principales personeros están abocados a la concreción de una operación política que tiene como objetivo violentar la Constitución Nacional, utilizando a la mayoría oficialista de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Teniendo en cuenta las circunstancias que hoy nos convocan, en nombre del Partido Renovador de Salta queremos exhortar al señor presidente de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia a cumplir con la Constitución. Asimismo deseamos solicitar a nuestros pares de la bancada Justicialista -hoy ausentes- que acerquen al presidente palabras de sensatez y cordura en estos momentos de la vida nacional.

En nuestra opinión, interpretar la Constitución de una manera distinta de lo que marcan sus claros preceptos equivaldría a producir en el país un golpe de Estado jurídico que implicaría echar por la borda quince años de vigencia del sistema democrático y de la Constitución Nacional. No hay derecho a que la enfermedad de poder nos conduzca a destruir las instituciones que tanto nos ha costado construir a todos los argentinos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. DIAZ COLODRERO.- Señor presidente: en la misma línea argumental expuesta por la señora presidenta de mi bloque, diputada Pando, y coincidiendo con las manifestaciones vertidas por todos los señores diputados representantes de partidos provinciales, sólo deseo formular una reflexión que pretende ser una especie de toque de atención para las bancadas de la Unión Cívica Radical y del Frepaso.

Cuando el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara declaró fracasada la sesión, en el recinto había ochenta y tres legisladores. Entre ellos estaban doce representantes de partidos provinciales, el bloque de Acción por la República, el ingeniero Alvaro Alsogaray y algunos otros señores diputados que no recuerdo. Esto significa que del total de presentes, quince o dieciséis no pertenecíamos al bloque radical ni al del Frepaso. Sin embargo, acudimos a este recinto convencidos de que valía la pena discutir el tema y producir una manifestación institucional del cuerpo contra este deseo voraz e insaciable de Menem y sus amigos.

Pero promediando estas manifestaciones en minoría ya sólo quedamos en el recinto sesenta y cuatro legisladores y, hasta donde yo sé, las bancadas de la Unión Cívica Radical y del Frepaso reúnen ciento seis diputados. Una sesión con la presencia de setenta u ochenta diputados no causa en los medios el mismo efecto que una reunión en la que casi se araña el quórum.

Sr. STORANI.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. DIAZ COLODRERO.- Sí, señor diputado.

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. STORANI.- Señor presidente: sólo deseo rectificar una información: en el momento en que se intentó formar quórum había noventa y tres diputados presentes. Si bien hemos estado habituados a la inflación, no utilicemos la deflación en este tema, porque políticamente es importante.

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. DIAZ COLODRERO.- Nosotros hemos concurrido a esta sesión porque el tema nos parece sumamente importante. Por eso creo que sería conveniente que en la próxima oportunidad el Frepaso y la Unión Cívica Radical hagan un mayor esfuerzo ya que, como he dicho, no causa el mismo efecto público una manifestación en minoría realizada por casi el cincuenta por ciento de los integrantes de la Cámara, que por setenta señores diputados, respecto de una cuestión sobre la que para nosotros, los liberales de Corrientes, resulta trascendente pronunciarnos.

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. FRANCOS.- Señor presidente: brevemente quiero señalar que, cuando dio inicio esta reunión de la Cámara en minoría -que no existe como figura en el reglamento-, el señor diputado Storani manifestó que mucha gente se preguntaba si los dirigentes políticos no estábamos ingresando en el juego que planteaba el presidente de la República al instalar el tema de la re-reelección.

Sabemos cuales son las intenciones del presidente Menem al respecto, quien no ha sido muy claro en explicitarlas. Pero entiendo que esta discusión constituye un gesto político, un testimonio de lo que opina la oposición sobre este asunto que se ha instalado en la opinión pública.

La Constitución es una y muy clara: establece expresamente la prohibición de una nueva reelección del presidente en ejercicio. Esa Constitución fue jurada no sólo por los señores diputados y los constituyentes que la redactaron, sino también por el presidente de la República, este último en dos oportunidades.

Nadie puede violentarla ni pueden dar lugar a interpretaciones cláusulas tan expresas. Por eso, más allá de que se gobierne bien o mal, no se puede pensar en habilitaciones políticas para un tercer mandato. Se gobierne bien, más o menos, o mal, la Constitución es una sola, y ella impide la nueva reelección del presidente en ejercicio.

Seguramente, si se pretende violentarla, vamos a reunirnos para encarar un debate político de otra naturaleza, pero siempre en defensa de esa única Constitución Nacional. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- No habiendo más señores diputados que deseen hacer uso de la palabra, la Presidencia declara fracasada esta sesión especial.