Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo, Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

Lista de oradores

1. Homenaje a la memoria del ex señor diputado Alberto Manuel Fernández.
2. Juramento e incorporación de la señora diputada por el distrito electoral del Neuquén, doña Fenny Goransky.
3. Homenaje a la memoria de Juan Domingo Perón.
4. Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de Legislación Penal y de Seguridad Interior en los proyectos de ley de los señores diputados Larraburu y Quintela (4.953-D.-98), Larraburu (7.168-D.-98) y Pichetto (1.670-D.-99), sobre modificación del Código Procesal Penal en materia de facultades de las autoridades de prevención. Se aprueba una moción de orden formulada por el señor diputado Storani de que el asunto vuelva a comisión.
5. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor diputado Remes Lenicov y otros sobre régimen para la administración de los recursos públicos de los poderes del Estado nacional (5.978-D.-98)
6. Manifestaciones sobre la labor de la Honorable Cámara.
7. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 5 de este sumario.
8. Cuestiones de privilegio planteadas por los señores diputados Balter y Natale con motivo de expresiones vertidas en el debate. Pasan a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
9. Continúa la consideración del asunto al que se refieren los números 5 y 7 de este sumario. Se aprueba en general.
10. Moción de orden formulada por la señora diputada Alarcia de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de preferencia para los proyectos de ley del señor diputado Soñez y otros (763-D.-99) y de su autoría (2.249-D.-99) sobre régimen para la venta de especialidades medicinales o farmaceúticas. Se aprueban ambas proposiciones.
11. Moción de orden formulada por el señor diputado Martínez Zuccardi de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar preferencia para el proyecto de ley del que es coautor sobre extensión a la provincia de Tucumán de las disposiciones previstas en la ley 25.078, de declaración del estado de emergencia en la provincia de Jujuy (3.135-D.-99). No se vota por falta de quórum y se pasa a cuarto intermedio.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Continúa la sesión.

Ante la lamentable noticia del fallecimiento del colega diputado Alberto Manuel Fernández, la Presidencia invita a la Honorable Cámara a posponer la consideración del asunto pendiente a efectos de rendir homenaje a su memoria.

Por Secretaría se dará lectura del decreto de honores dictado por la Presidencia.

Sra. SECRETARIA (Pérez Pardo).- Dice así:

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para rendir homenaje al ex señor diputado Alberto Manuel Fernández, tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. SALVATORI.- Señor presidente: con profunda tristeza y con gran congoja deseo rendir un merecido homenaje al diputado nacional don Alberto Manuel Fernández, cuya existencia se vio abruptamente interrumpida por una cruel y breve enfermedad cuando se encontraba en la plenitud de su existencia.

Todos los que lo conocieron saben que era una persona íntegra, de intachable honradez y de sólidos principios. Nació en Rosario, provincia de Santa Fe y egresó de la universidad de esa ciudad como estadístico matemático.

Con posterioridad se radicó en mi provincia -la provincia del Neuquén-, donde además de desempeñarse profesionalmente, orientó su vida política. Constituyó el equipo que dio base y origen al planeamiento en la provincia del Neuquén en la década del sesenta.

Se desempeñó como director de Estadística y Censos y, por su capacidad, su talento y sus condiciones, fue ocupando distintos cargos de responsabilidad en la administración pública de mi provincia, incluso en organismos nacionales como el Consejo Federal de Inversiones y el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas.

Fue secretario de Planeamiento, en un organismo que se constituyó en la verdadera columna vertebral del desarrollo del Neuquén. Fue varias veces ministro; ministro de Salud y Bienestar Social, de Gobierno, de Educación y Justicia y, finalmente, en 1995 fue elegido diputado nacional.

Seguramente su carrera política hubiera continuado no sólo en el Poder Legislativo sino también como precandidato a gobernador de mi provincia.

En su etapa legislativa -y ello consta en los anales de esta Cámara- ha sido un trabajador incansable, atendiendo no sólo su trabajo específico sino también los reclamos de la comunidad de su provincia de manera personal y constante, convirtiéndose en un verdadero embajador.

El trabajo que desarrolló en esta Honorable Cámara me atrevo a calificarlo sin exageraciones como brillante, el que es por todos los señores diputados conocido.

Ha defendido con énfasis y con profundas convicciones los intereses de la República, de la Patagonia y del Neuquén.

Fue secretario de la Comisión de Energía y Combustibles de esta Honorable Cámara, y al momento de fallecer se estaba desempeñando como presidente de la Comisión Bicameral de Integración Argentino-Chilena. Además, formó parte de las comisiones de Industria, de Economías y Desarrollo Regional, de Presupuesto y Hacienda y de Tercera Edad.

Todos los que tuvimos el privilegio de tratarlo y de ser sus amigos sabíamos que era un hombre de pocas palabras y sólidos principios. Lamento -en esto creo interpretar el sentir de esta Honorable Cámara- que ya no nos acompañe y que el pueblo del Neuquén haya perdido a un digno representante.

Seguramente habrá de permanecer en la memoria de todos quienes lo conocimos, ya que brindó lo mejor de sí no sólo en lo que atañe a su vida política sino también en lo referente a su ética de vida.

En homenaje a su memoria solicito que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio, rogando a Dios Nuestro Señor que sus familiares encuentren cristiana resignación en la fortaleza de la fe.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia informa que, como hay anotados otros señores diputados para rendir el mismo homenaje, sería conveniente que el minuto de silencio lo realicemos una vez que todos hayan hablado, a fin de que este acto tenga la solemnidad del caso.

Si hubiera asentimiento, se procederá en esa forma.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para el mismo homenaje tiene la palabra la señora diputada por el Neuquén.

Sra. MIRALLES DE ROMERO.- Señor presidente, compañeros diputados: a veces con las palabras uno no puede llenar el vacío que deja una persona como Alberto Fernández, que el 24 de este mes ha dejado su banca, la provincia del Neuquén y sus amigos.

Neuquén es una provincia joven que permanentemente ha tenido sus brazos abiertos para recibir a gente de todas las provincias. Por eso tuvo la suerte de contar con Alberto Fernández entre sus amigos y vecinos.

Fue una persona fiel a sus ideas, a pesar de que en política es muy difícil encontrar gente leal; sin embargo, él lo fue.

Muchas veces hemos sido adversarios, pero la caballerosidad que lo distinguía reflejaba en él una calidad humana extraordinaria.

El bloque Justicialista le dice a su familia, a su señora y a sus hijos, que Alberto Fernández va a cubrir una página de este Congreso de la Nación y otra representando a los hombres que trabajaron para y por el Neuquén.

La historia no se detiene, y por eso hoy una gran mujer va a venir a ocupar la banca que dejó Alberto Fernández. La señora Fenny Goransky es una mujer de marcada actuación en diferentes puestos de importancia en la provincia. Por eso le digo, señora, que el bloque Justicialista va a estar a su entera disposición. De ahí que deseo que Dios la ilumine para que su trabajo y su accionar en esta Cámara sean en bien de nuestra provincia y del país.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. NATALE.- Señor presidente: en nombre del bloque Demócrata Progresista, del bloque Demócrata de Mendoza, del bloque Renovador de Salta y de todos los demás bloques que componen el grupo provincial, manifiesto nuestra adhesión emocionada a la memoria de Alberto Fernández, a quien conocimos en este cuerpo.

Alberto Fernández era oriundo de Rosario, donde estudió, se graduó y vivió una parte importante de su existencia. Esa circunstancia contribuyó a fortalecer los vínculos que habían surgido en esta Cámara, y particularmente los nacidos por la cercanía de nuestras bancas en el recinto. El hecho de su muerte a tan temprana edad nos llenó de congoja porque siempre lo conocimos como un hombre de bien, sincero, honrado y auténtico, lo que es mucho decir en la vida y en la política. Por ello nuestro homenaje es fuerte, sincero y leal.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para el mismo homenaje tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. OLIMA.- Señor presidente: son muy pocas las cosas que se pueden decir en estas circunstancias, salvo las que importan rescatar la bonhomía, dignidad y lealtad de un colega que, a pesar de pertenecer a una fuerza absolutamente minoritaria, siempre estuvo presente en las discusiones de los grandes temas.

De circunstancias como ésta podemos extraer enseñanzas. Muchas veces he visto cómo diferentes legisladores defienden con fervor y pasión puntos de vista encontrados en cuestiones esenciales. Quizás la presente circunstancia, por ser especialmente dolorosa en razón de lo repentino de esta desaparición, nos ayude a pensar que siempre es posible que entre argentinos logremos alcanzar puntos de equilibrio que ayuden a la resolución de los problemas. Tal vez este sería el mejor homenaje que podríamos rendir en memoria de este colega desaparecido.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para el mismo homenaje tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. MASSEI.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frepaso y en el mío propio adhiero al homenaje que se rinde por la desaparición física del ex diputado Alberto Manuel Fernández, quien representaba dignamente a la provincia a la que yo también represento como diputado de la Nación.

Hemos acompañado a su familia durante el velatorio, y si bien no es de mi preferencia rendir homenajes tras las muertes, porque muchas veces conllevan algún sentido de hipocresía, lo que importa es cómo actuamos en la vida y cómo lo respetábamos.

Con Alberto Manuel Fernández llegamos prácticamente juntos a la provincia. El fue un soporte técnico valioso del partido provincial. Yo siempre estuve en la oposición. Competimos en 1995 y él ganó esas elecciones con mucha dignidad, viniendo a ocupar también con mucha grandeza una banca en esta Cámara de Diputados.

Para Neuquén la pérdida de Alberto Manuel Fernández es irreparable no sólo por lo que significó para la política sino, como dijo la señora diputada que me precedió en el uso de la palabra, porque trabajó con mucha honestidad, con austeridad y supo respetar y ser respetado en el disenso con otros hombres y mujeres de las fuerzas políticas.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para el mismo homenaje tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. OCAMPOS.- Señor presidente: en nombre de mi bloque y en el mío propio rindo un sentido homenaje a quien me honrara con su amistad.

Conocí a Tito Fernández en tiempos difíciles para la provincia del Neuquén. Cumplíamos roles diferentes pero buscábamos una necesaria comunicación pues en más de una oportunidad nos encontramos, junto con el señor diputado Massei, en reuniones que tenían como objetivo lograr la salida democrática que todos anhelábamos. En este recinto y también en otros ámbitos lo he visto defender con ahínco y humildad, pero con mucha fuerza, los intereses de Neuquén, a veces incluso olvidando sus propios objetivos o los de su partido para priorizar las necesidades de los habitantes de su provincia.

Por eso, más que nunca este sentido homenaje a Tito Fernández sirve de recordación a la labor muchas veces silenciosa pero persistente que realizan los diputados del interior en defensa de sus provincias. Me sentí -reitero- honrado por la amistad que me brindara, y creo haber expresado el sentimiento de los habitantes de la región de Comahue, Cipoletti y Neuquén, pues seguramente en cada uno de ellos vivirá de una u otra forma la figura de Alberto Manuel Fernández.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Invito a la Honorable Cámara a guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del ex diputado don Alberto Manuel Fernández .

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Por Secretaría se dará lectura del informe de la señora juez federal con competencia electoral en la provincia del Neuquén, que determina quién sigue en el orden de lista para ocupar la vacante producida por el fallecimiento del ex diputado Alberto Manuel Fernández.

Sra. SECRETARIA (Pérez Pardo).- Dice así:

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia informa que se encuentra en antesalas la señora diputada electa por el distrito electoral del Neuquén, doña Fenny Goransky. Si hubiere asentimiento, se la invitará a aproximarse al estrado a prestar juramento.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Invito a la señora diputada electa por el distrito de la provincia de Neuquén, doña Fenny Goransky a prestar juramento.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para otro homenaje tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. PEPE.- Señor presidente: quiero agradecer a mi bloque por permitirme rendir este merecido homenaje a la figura de quien fue nuestro jefe y fundador, el teniente general don Juan Domingo Perón, de quien mañana se cumple un cuarto de siglo -veinticinco años- de su desaparición física.

Hace un año relatábamos con documentación a la vista qué grado de grandeza tuvo este hombre. No era fácil reconocer, como lo hizo él en su época, que era hijo natural, y que su padre lo había reconocido dos años después de su nacimiento. Sin duda que no era fácil; aún hoy la sociedad argentina no alcanza a digerir la sinceridad de una persona que pueda decir, mirando a los ojos, "yo soy hijo natural".

Ese hijo natural de un hombre importante que lo reconoció dos años después de su nacimiento, tenía signado por la historia un grado de actuación y de inserción en la sociedad de nuestro país como pocas veces nuestro pueblo había conocido.

También mencionábamos hace un año los caminos inescrutables del destino de las personas, porque su sino lo unió a una mujer de las características de Eva Perón, que también era hija natural.

¿Qué es lo que ocurre en la vida de las personas para que, como en este ejemplo, la sociedad argentina haya podido visualizar durante muchos años a dos seres juntos que cambiaron la historia de la República?

Perón siempre fue objeto de una enorme resistencia de parte de los sectores no peronistas, en aquel entonces antiperonistas; una enorme resistencia de quienes no alcanzaron a comprender que lo que pretendía para la República era mayor justicia para sus ciudadanos y mayor equidad para su pueblo. Lo resistían inclusive con las balas y con las bombas del 16 de junio de 1955, previo a su desalojo del poder político. Tiraban bombas, atentaban contra la vida del presidente constitucional y huían a Montevideo.

Tres meses después Perón evitó un derramamiento de sangre cuando el almirante Rojas amenazó con bombardear Ensenada, donde recién se había instalado la primera y más importante destilería de la República.

Perón se va con un maletín de mano gracias a la buena voluntad del pueblo hermano paraguayo que le permite refugiarse en la cañonera que estaba en reparaciones en Puerto Nuevo.

Desde entonces tuvo un largo peregrinaje de dieciocho años que lo llevaron a Caracas, a Venezuela, a Santo Domingo, en aquel entonces Ciudad Trujillo, a Panamá, para finalizar en Madrid, donde estuvo muchos años.

Hace un año comentamos que el generalísimo Francisco Franco jamás lo había recibido en todo el tiempo que duró su exilio en España. Esa actitud reflejó un alto grado de desagradecimiento, porque Perón había ayudado al pueblo español después de su guerra civil. Ese reconocimiento fue testimoniado en la figura de Evita, cuando pasó por España.

Perón regresó después del triunfo de Héctor Campora, y no vino cargado de odio, como hubiese sido casi hasta natural. La República perdió, a nuestro entender, al mejor de sus hombres en los últimos cincuenta años. No merecemos perdón de Dios por haber tenido casi veinte años en el exilio a un hombre de las características de Perón.

Este último domingo, en un matutino, pudimos leer que esos dieciocho años le sirvieron para reflexionar y para tener una visión mucho más ecuménica de la problemática política nacional e internacional.

¿Qué dijo a su regreso Perón, este hombre que fue perseguido, vilipendiado y descalificado? Vino y dijo: "Soy un león herbívoro." Él mismo se autocalificaba como un hombre que quería la paz entre los argentinos.

Hace un año recordábamos el gesto de Ricardo Balbín, el primero de sus opositores y el último de sus amigos. Ante aquel abrazo en Gaspar Campos muchos sonrieron descalificando la figura de ese otro gran hombre de la política que fue Balbín. Saltó la tapia y se abrazaron; ése fue un verdadero mensaje para la sociedad argentina.

Desde entonces, esta generación de tribunos, esta generación de legisladores, asumió el compromiso de considerar que la unidad nacional estaba por encima de intereses partidistas.

Queremos decir a toda voz que ése es nuestro compromiso. Desde nuestro bloque sabemos que Perón hoy acompañaría esta decisión, más unido que nunca a nuestro pueblo.

Más allá de la globalización, de la necesidad de regionalización y del tema de la convertibilidad, sabemos que éste es un mundo que le exige mucho a los pueblos, sobre todo a los de los países en desarrollo.

Perón estaría seguro de que no hay otra posibilidad de futuro inmediato venturoso y promisorio si no es con la unidad del conjunto de su pueblo.

Queremos decir a los hombres y mujeres de la oposición que, en la misma forma en que Perón y Balbín se abrazaron en aquel entonces -hace ya casi treinta años-, nosotros nos abrazamos hoy, más allá de lo que ocurra el 24 de octubre, porque queremos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos una patria grande, poderosa, progresista y sobre todo justa y equitativa para sus habitantes. Éste es el compromiso actual del peronismo, que cumpliremos a rajatabla.

Entre todos -también con Raúl Alfonsín en la primera etapa de recuperación democrática- hemos podido restablecer un sistema en el que el Estado de derecho tiene el carácter sublime de un compromiso definitivo e histórico. En cada uno de nuestros actos valoramos y hacemos respetar el compromiso con la Constitución Nacional.

Mañana se cumplen veinticinco años desde que Perón nos falta físicamente, pero esto que acabo de expresar sin duda está en cada corazón, en cada mente de todas nuestras compañeras y compañeros. Estamos comprometidos con aquella vieja idea de Perón y de Balbín: unidad nacional, buen mensaje que entendieron la clase política y los ciudadanos en la Argentina. Como nunca: ¡gloria y honor a la memoria de Juan Domingo Perón! (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para el mismo homenaje tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALLENDE.- Señor presidente: mañana se cumple un cuarto de siglo de aquel día en que una congoja se esparcía por ciudades, pueblos y ranchos. Cada vez que a una figura que ha liderado vastos sectores del país y ha dejado su trazo indeleble le llega el percance final, o sufre una situación de emergencia como la que ha tenido nuestro querido Raúl Alfonsín -que esperamos sea pasajera-, el pueblo, la comunidad siente algo así como una orfandad. Entonces, eleva sus preces a Dios, o bien sus preces laicas, para recordarlos o trata de mantener la fuerza para no verse afectado por esa orfandad naciente determinada por la ausencia total o momentánea de los grandes dirigentes políticos y sociales del país.

Permítaseme hacer alguna consideración que va a tener cierto sesgo autobiográfico, pero me parece que así somos más honestos con nosotros mismos, con nuestra bancada y con las bancadas adversarias y amigas.

Pasaron veinticinco años desde que ocurrió esta desaparición, pero hace algo más de cincuenta años que aquellos que asomábamos a la adolescencia veíamos perplejos que un 17 de octubre transitaban enormes y bulliciosas masas de trabajadores, de gente de clase media y aun de profesionales. Quienes pertenecíamos al arco tradicional socialista y radical nos preguntábamos con cierta ingenuidad, con la virginidad política que poseíamos, si nuestro destino y nuestro deber no era sumarnos a esas masas, confundirnos con ellas, o permanecer en la vereda observándolas respetuosamente y con emoción, como fue mi caso.

Desde lo más íntimo de esa ingenuidad y desde nuestro deseo de saber, ¿quién nos puede decir hoy que aquellos que nos quedamos en la vereda observando no fuimos fieles a los ideales de los augurales futuros de las grandes tradiciones democráticas argentinas? Digo esto porque teníamos inquietudes y dudas legítimas sobre ciertos visos autoritarios que podían componer el movimiento que estaba surgiendo mayoritariamente desde las entrañas mismas del radicalismo.

Tampoco tendríamos ningún derecho -pues sería absurdo- a objetar a aquellos descamisados -nuestra "chusma" radical-, y a esos hombres que formaban parte de la ideología nacionalista, quizá exageradamente en ese entonces, que estaban hartos del dominio económico imperial. Aquellos personas, que conformaban un vasto sector del catolicismo argentino, a la vez integraban las masas que caminaban repitiendo el nombre de quien hoy está siendo homenajeado por esta Cámara.

La respuesta a las perplejidades finalmente estuvo dada por el histórico abrazo entre Perón y Balbín -al que hiciera referencia el señor diputado Pepe-, que selló la idea de unidad nacional que, si bien estaba latente, no había podido perfeccionarse.

Los argentinos somos deudores de los legados de las mujeres y de los hombres importantes de nuestro país. Por supuesto, hubo legados de Perón; por ejemplo, la justicia social y una cierta autonomía e independencia política y económica que hoy no puede ser tomada como una mala palabra, pues encuentra consenso generalizado en el pueblo argentino y, espero, en todos nosotros.

De todas formas ese legado aún no ha sido cumplido, como tampoco lo hemos hecho respecto de las enseñanzas de Yrigoyen, o del legado de austeridad y dignidad republicana de Illia, o de aquella persistencia temática y obsesiva por el desarrollo de las bases estructurales del país para el crecimiento económico y la justicia social, que tuviera como eje a Frondizi. Tampoco creo que estemos cumpliendo a la perfección con el legado de aquel conservador ilustre que fue Roque Sáenz Peña.

Creo que, más allá de erigir monumentos de mármol en memoria de estos próceres, debemos tenerlos como guías permanentes a efectos de entender la necesidad no sólo de la unidad nacional sino también del engrandecimiento de la Nación sobre la base de las enseñanzas que nos han dejado.

Sr. ALLENDE.- El bloque de la Unión Cívica Radical eleva sus preces cívicas por el recuerdo del amigo que se fue hace veinticinco años, quizá cuando más lo necesitábamos (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. FERNANDEZ MEIJIDE.- Señor presidente: haré uso de la palabra desde el lugar de una persona que no fue peronista ni antiperonista, que no tenía militancia política y siempre votó de acuerdo con sus convicciones.

Si vamos a hablar de personas como el ex presidente Perón, podríamos preguntarnos por qué ciertas personalidades políticas dejan marcas en la historia de su país.

Y fue tan fuerte la marca que dejó, que para mucha gente la condición de peronista forma parte de su identidad al igual que el nombre y la nacionalidad; ni siquiera distingue que se trata de una categoría política.

Por supuesto, no voy a ser original en lo que he de decir, pero no puedo menos que homenajear la capacidad de ver por anticipado lo que la sociedad iba a reclamar. Esta es la ventaja de aquellos que entienden a la política no como un negocio o un relato sino como una herramienta de transformación. Este es el mayor mérito que reconozco de hombres como el ex teniente coronel Juan Domingo Perón.

No coincido con aquellos que se permiten decir qué haría Perón en esta época para refrendar su propio accionar. No me atrevo a decir qué harían Perón o Balbín, porque las épocas son diferentes; por lo tanto, nuestro desafío es interpretar qué tenemos que hacer hoy, ya que ni siquiera el abrazo entre ellos produjo -más allá de la buena intención que ambos tenían- el fin de la confrontación entre el pueblo argentino, tal como quedó demostrado en el derramamiento de sangre más grande que vivió nuestro país.

Hoy podemos decir que hemos transformado ese pasado de amigos-enemigos que existía en las relaciones entre los políticos. Nuestra responsabilidad es luchar como adversarios cuando buscamos el voto de la gente por entender que nuestra idea puede transformar mejor al país que la de otros, pero siempre haciéndolo con todo respeto.

Personalidades como la de Juan Domingo Perón y Eva Perón -cuya imagen no se puede dejar de evocar, porque es compañera inescindible del ex presidente- dieron el ejemplo del político que entiende cuál es la respuesta que debe dar de acuerdo con la época que se está viviendo.

Con las palabras vertidas, el bloque del Frepaso rinde homenaje a un hombre que tuvo la capacidad de hacer política al servicio del país. (Aplausos prolongados.)

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Con las palabras vertidas por los señores diputados queda rendido el homenaje del cuerpo a la memoria del ex presidente Juan Domingo Perón.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Corresponde que la Honorable Cámara proceda a considerar en particular el dictamen de mayoría sobre modificación del Código Procesal Penal en materia de facultades de las autoridades de prevención (expedientes 4.953-D-98, 7.168-D-98 y 1.670-D-99.)

En consideración en particular el artículo 1°.

Se va a votar.

Sr. DUMON.- Señor presidente: solicito que la votación se efectúe en forma mecánica.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. ESTRADA.- Señor presidente: solicito que se agregue el siguiente párrafo al artículo 138 del Código Procesal Penal: "En todos los casos en que, por las especiales circunstancias de tiempo y lugar en que se realice el procedimiento vinculado a los actos procesales mencionados en el párrafo anterior, no fuere posible contar con la asistencia de los testigos de actuación requeridos, el encargado de la actividad así lo hará constar, suscribiendo el acta que se labre junto a todo el personal que lo asista en ella. El acta que resulte, será valorada por el juez de la causa de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional."

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. PICHETTO.- La comisión acepta la propuesta formulada por el señor diputado por Salta.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Con la modificación aceptada por la comisión se va a votar el artículo 1°.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- En razón de que el número de abstenciones registradas puede influir en el resultado de la votación, se procederá a votar nuevamente.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- En consideración el artículo 2°.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. ARAMBURU.- Señor presidente: en razón de que tenemos objeciones respecto de este artículo que modifica el 184 del Código Procesal Penal de la Nación, propondremos algunas modificaciones.

En el punto 3 se incorpora la facultad de la policía de interrogar a todas las personas que se hallen en las adyacencias del lugar en el que se haya cometido un delito con el objeto de determinar su existencia y orientar la investigación. Quienes hemos suscrito el dictamen de minoría opinamos que ese texto es ambiguo porque permite interrogar incluso al eventual responsable del delito, más allá de que en el último párrafo del artículo se establezca que no es posible recibir la declaración del sujeto responsable.

Como esto, en definitiva, queda sujeto a la apreciación del funcionario policial a cargo del procedimiento y como el tema es desarrollado en un párrafo de redacción no muy clara, creemos que lo que es un derecho de la persona que pueda resultar imputada, que es la declaración indagatoria -es decir, el derecho a declarar en el marco de la investigación del delito en el que se ve implicada- puede terminar transformándose en una obligación de declaración y en un elemento probatorio coactivo.

Por lo tanto, creemos que el párrafo al que alude el punto 3, que se incorpora como nuevo, debe ser suprimido.

En el punto 5 proponemos que, a continuación de "requisas personales", se agregue el término "o de vehículos", teniendo en cuenta que se omite la requisa de vehículos en el dictamen de mayoría.

En el punto 7 se está dando validez posible a la declaración de testigos recibida por la policía, porque dice "sin perjuicio de que el juez, cuando lo considere necesario, ordene posteriormente su ratificación o ampliación."

Como esto queda sometido al criterio de necesidad que el juez tenga de ratificar o de ampliar, obviamente declaraciones tomadas directamente por la policía pueden quedar con validez de declaración testimonial en la parte instructoria, y al quedar preconstituidas como prueba testimonial, resultarán limitantes del derecho de defensa, dado que las declaraciones fueron hechas sin las garantías judiciales y, obviamente, sin la intervención del defensor del imputado.

En el punto 8 proponemos que la retención de la persona detenida no supere las seis horas, tal como está vigente, y que no prospere la iniciativa de elevar ese plazo a doce horas.

En el anteúltimo párrafo proponemos que se mantenga la redacción actual, con la sanción de nulidad que se prevé para el caso de no cumplimentarse la prohibición de recibir declaración al imputado, y que se mantenga también la responsabilidad administrativa porque, de otro modo y tal como figura este aspecto en el dictamen de mayoría, al carecer de sanción de nulidad y de responsabilidad administrativa, las eventualidades de interrogación de presuntos responsables o de responsables de delitos se abre como posibilidad, dada la ambigüedad de la redacción del punto 3.

Estas son las propuestas que estamos efectuando a la comisión y que dejamos a la consideración del cuerpo.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. CAFFERATA NORES.- Señor presidente: quisiera dirigirme a estos siete señores diputados -cifra muy exigua por cierto- que sobre el total de los presentes en este recinto tienen dudas acerca de lo que estamos debatiendo, ya que estoy convencido de que los argumentos que voy a brindar podrían cambiar el destino de esta votación y de esta norma.

Quiero decirles fundamentalmente que, cuando hablamos de votar atribuciones para que la policía pueda practicar interrogatorios, estamos concibiendo a la declaración del imputado como un medio de prueba, como un medio de investigación, imponiéndole al ciudadano -delincuente o no según lo que resuelva la sentencia- la responsabilidad y la obligación de colaborar con la investigación.

Esta concepción es exactamente contraria a la que del derecho de defensa tiene la Constitución Nacional. No van a encontrar en nuestro repertorio jurisprudencial ni en nuestro repertorio doctrinario, un autor o un juez que diga que la declaración del imputado es un medio de prueba para el Estado. Este es el punto central de esta discusión.

De nada nos sirve decir que la declaración formal del imputado, prestada ante un juez, será un medio de defensa para él, cuando a la vez estamos permitiendo que en el ámbito en el que hace falta que existan más garantías, no las haya. Además, donde es más necesario efectuar una distinción en el sentido de que se trata de un acto para la defensa material del ciudadano, se lo utiliza como medio de investigación o prueba, sin necesidad de ejercer violencia física o moral sobre la persona.

Estamos discutiendo si vamos a retroceder o no en los avances conseguidos en la legislación argentina en relación con respeto del ciudadano en cuanto a su derecho de defensa.

Los fundamentos del despacho de mayoría dejan perfectamente en claro que lo que se persigue es permitir que la policía interrogue a los sospechosos hasta que los consideren responsables, y a partir de ese momento no los podrán interrogar más.

Además, se han utilizado como fundamentos los conceptos vertidos por un policía de Estados Unidos que nos visitó. Esto dio lugar a una serie de reflexiones. En primer lugar, no debemos olvidar que no hace mucho tiempo "Clarín" publicó un artículo en el que expresaba que ni en el FBI se podía confiar. En dicho artículo se hacía mención de una serie de irregularidades cometidas en la investigación de delitos por dicho organismo. Pero el sistema americano no es igual al nuestro: allí el acusado puede ser testigo en su propia causa, y si llegara a mentir, cometería el delito de perjurio. La enmienda constitucional americana poco tiene que ver con el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional y los pactos internacionales que fueron incorporados a nuestra Carta Magna.

No quiero abusar en el uso de la palabra, pero deseo señalar que no existe prueba alguna ni ningún estudio que nos posibiliten decir con seriedad científica que una policía con atribuciones para interrogar sea más eficaz en la lucha contra el delito.

Respeto las opiniones de quienes no piensan como yo y el sentido que le ha dado el bloque mayoritario a su dictamen de comisión. Ha querido aportar con sinceridad una solución a un problema que es de todos, pero que lamentablemente de esta forma no superaremos.

Por otro lado, debo manifestar que lo que está en juego en esta votación es un punto angular: si las declaraciones de un ciudadano acusado de un delito en la República Argentina pueden ser utilizados como prueba del delito que se le atribuye, o si simplemente puede ejercer el derecho de defensa tal como lo establecen los pactos internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CONTI.- Señor presidente: voy a reforzar los conceptos vertidos por el señor presidente de la Comisión de Legislación Penal, diputado Aramburu, y por el señor diputado Cafferata Nores. A la vez voy a llamar a la reflexión acerca de las modificaciones que se introducen a cuerpos normativos que guardan una unidad sistémica en nuestro Estado de derecho. Si se efectuara una modificación incorrectamente, violando la Constitución Nacional o tomando medidas que, más allá de ser buenas o malas sabemos que serían ineficaces, porque han tenido raigambre en la nefasta historia de la dictadura militar, estaríamos cometiendo un craso error, el que seguramente va a ser solucionado en el Senado, que no lo va a dejar pasar inadvertidamente. De todos modos, aunque ese cuerpo normativo finalmente se transformara en ley, no habría un solo juez de la República que dejara de anular la actuación policial llevada a cabo como se pretende, cuando se le está tratando de dar facultades de interrogar a imputados, cosa que nuestra Constitución prohíbe dado que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y la presencia policial en un interrogatorio es intimidante por sí misma.

La otra facultad que se está otorgando a la policía, que no tiene nada que ver con la comisión de delitos, -siendo que el Estado tiene el monopolio de la fuerza sólo si se está en presencia de la comisión de delitos-, es permitir que en operativos públicos de control -todavía no sabemos qué significa esta expresión- se afecte la intimidad de las personas haciendo requisas personales. Sólo la presunción de la comisión de un delito faculta a la fuerza monopolizada por el Estado y por la Justicia penal a interceder frente a los derechos que todos tenemos en pro de aplicarnos una condena en caso de que lo que realicemos contravenga las normas del Código Penal.

No hay un solo juez ni autor doctrinario ni fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que haya dejado de decir que no es válida la declaración de un imputado ante la policía o la requisa policial sin que exista la presunción de comisión de un delito.

La seguridad y la libertad tienen que estar equilibradas. El Estado debe proveer seguridad, y ésta es un derecho de todos, pero vamos a generar inseguridad cuando todos podamos ser puestos en la picota por una fuerza policial que todavía tiene la obligación de reestructurarse, prepararse y recrear sus vínculos solidarios con la comunidad, a la que tiene que defender. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. PICHETTO.- Señor presidente: en relación con las observaciones efectuadas al dictamen de mayoría por el señor diputado Aramburu quiero expresar que accedemos a su planteo referido al inciso 5°), por lo que quedarían incorporadas las requisas sobre vehículos. En cuanto al inciso 8), hemos reflexionado sobre el particular y mantenemos la incomunicación en seis horas.

Con respecto al planteo formulado por el señor diputado Cafferata Nores, por quien tengo un profundo respeto intelectual por su prestigio y trayectoria en esta materia, me parece importante que la Cámara de Diputados comprenda el sentido de la reforma. Comparto con él la idea de que a partir de la reforma del Código de Procedimientos en Materia Penal la confesión dejó de ser un elemento incriminante. La confesión o la declaración indagatoria del imputado es un derecho de defensa y de ninguna maneraconstituye el eje del debate. Con estas reformas tampoco estamos incorporando la posibilidad de que se realice un interrogatorio en sede policial ni asimilando el procedimiento al que rige en el sistema americano, donde en virtud de la ley Miranda el imputado puede ser interrogado por la policía en presencia de su abogado. Lo que pretendemos establecer -incluso porque así lo aconseja el sentido común- es la posibilidad de que cuando se produce un acontecimiento delictivo, la policía -que no siempre interviene en casos de flagrancia- tenga la facultad en el mismo lugar del hecho de identificar al sospechoso y a los testigos. Dado que la policía muchas veces arriba al sitio del hecho delictivo con posterioridad a su comisión es imprescindible que pueda formular preguntas a fin de identificar a los testigos y al sospechoso. Otras disposiciones del Código de Procedimientos, que no se modifican, determinan la prohibición de realizar un interrogatorio, de modo que las preguntas que podrá realizar estarán dirigidas a orientar la investigación, identificar a los testigos y registrar sus domicilios. De ningún modo creemos que esto signifique un retroceso pues no estamos facultando a la policía a obtener confesiones ni a realizar interrogatorios en la comisaría; ello sería un absurdo porque la misma letra del Código de Procedimientos lo prohibe, de modo tal que si la policía formulara preguntas al sospechoso el procedimiento caería por nulidad. Lo único que estamos planteando -y ese es el eje del debate- es que la policía, al llegar al lugar del acontecimiento delictivo, si hay personas allí, pueda formular preguntas para orientar la investigación. Sin embargo una vez identificado el sospechoso no puede interrogarlo; esto no se modifica. La facultad que proponemos otorgarle posibilita únicamente la orientación de la investigación y su posterior desarrollo, ya que permite brindar al juez elementos de convicción e impide que los delincuentes salgan en libertad.

Convoco a esta Honorable Cámara a realizar un acto de responsabilidad. Seguramente cuando el Poder Ejecutivo envíe su proyecto -un proyecto más integral, que haga hincapié en la figura del fiscal a cargo de la investigación y del juez de garantía- la sociedad contará con elementos superiores a los que estamos tratando en esa oportunidad. Mientras tanto es indispensable realizar esta modificaciones con el fin de incrementar las facultades prevencionales de la policía.

Por ese motivo vamos a votar afirmativamente el texto contenido en el despacho de comisión, con las modificaciones propuestas por el señor diputado Aramburu para los incisos 5° y 8°.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. STORANI.- Señor presidente: solicito que la votación se realice por el sistema mecánico.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Se va a votar por medio del sistema mecánico el artículo 2°.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. ARAMBURU.- Señor presidente: solicito que se someta a consideración del cuerpo el artículo 2° del dictamen de minoría, referido al artículo 184 en cuestión.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- En consideración.

Por Secretaría se dará lectura.

Sra. SECRETARIA (Pérez Pardo).- Dice así: "Modifícase el artículo 184 del Código Procesal Penal de la Nación (texto según ley 23.984), que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 184: Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán las siguientes atribuciones:

"1. Recibir denuncias.

"2. Cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que llegue al lugar la autoridad competente.

"3. Disponer, en caso necesario, que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho, o sus adyacencias, se aparten de aquél ni se comuniquen entre sí mientras se lleven a cabo las diligencias que correspondan, de lo que deberá darse cuenta inmediatamente al juez.

"4. Si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes, técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.

"5. Disponer los allanamientos del artículo 227, las requisas personales o de vehículos del artículo 230, y los secuestros urgentes del artículo 231, dando inmediato aviso al órgano judicial competente.

"6. Si fuere indispensable, ordenar la clausura del local en que se suponga, por vehementes indicios, que se ha cometido un delito grave, o proceder conforme al artículo 281, dando inmediato aviso al órgano judicial competente.

"7. Interrogar a los testigos.

"8. Aprehender a los presuntos culpables en los casos y formas que este Código autoriza y disponer su incomunicación cuando concurran los requisitos del artículo 205, por un término máximo de seis (6) horas, que no podrá prolongarse por ningún motivo sin orden judicial.

"En tales supuestos, deberá practicarse un informe médico a efectos de verificar el estado psicofísico de la persona al momento de su aprehensión.

"9. Usar la fuerza pública en la medida de la necesidad.

"No podrán recibir declaración al imputado. Sólo podrán dirigirle algunas preguntas para constatar su identidad, previa lectura que en ese caso se le dará en alta voz de los derechos y garantías contenidos en los artículos 104, párrafos primero y último, 197, 295, 296 y 298 de este Código, de aplicación analógica al caso, todo ello bajo pena de nulidad en caso de así no hacerse, sin perjuicio de la comunicación que hará el juez a la autoridad superior del funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave incumplimiento.

"En caso de que el imputado manifieste razones de urgencia para declarar, el funcionario policial de las demás fuerzas de seguridad que intervengan deberá instruirlo acerca de su declaración inmediata ante el juez competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro juez de instrucción que al efecto podrá ser requerido.

"Los auxiliares de la policía y fuerzas de seguridad tendrán las mismas atribuciones para los casos urgentes o cuando cumplan órdenes del tribunal."

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Se debe practicar nuevamente la votación dado que las abstenciones pueden modificar el resultado obtenido.

Sr. BRAVO (A.P.).- Señor presidente: me permito recordar que los señores diputados que deseen abstenerse deben pedir autorización para hacerlo.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Así es, señor diputado.

Sr. POLINO.- Han entrado otros legisladores al recinto; sólo deben votar los que estaban presentes.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Se va a votar.

Sr. STORANI.- Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. STORANI.- Señor presidente: teniendo en cuenta que estamos votando nada más ni nada menos que la modificación al código de procedimientos en lo penal, sobre la cual el pueblo argentino tiene una gran expectativa por las razones que son de público conocimiento, formulo moción de que el asunto que estamos considerando vuelva a comisión para que se encuentre un camino de consenso. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- En consideración la moción de orden de vuelta a comisión formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Queda aprobada la moción.

El asunto vuelve a comisión.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Se va a votar una inserción solicitada por el señor diputado Galland.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Queda autorizada la inserción solicitada.

(Orden del día N° 2.032 y expediente 5978-D.-98)

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se implementa un nuevo régimen para la administración de los recursos públicos de los poderes del Estado nacional.

La Presidencia desea aclarar que, en razón de la materia a la que se refiere el dictamen contenido en el Orden del Día N° 2.032, como ha ocurrido en otras oportunidades, este cuerpo actuará como Cámara iniciadora.

En consecuencia, debe considerarse que el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda ha recaído en el proyecto de ley del señor diputado Remes Lenicov contenido en el expediente 5.978-D.-98, el que se incorpora como antecedente al Orden del Día.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. REMES LENICOV.- Señor presidente: voy a exponer los lineamientos generales por los cuales subrayamos la importancia de este proyecto de ley.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio porque no se alcanza a escuchar al orador.

Sr. ALESSANDRO.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. REMES LENICOV.- No se la concedo, señor diputado.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. REMES LENICOV.- Señor presidente: decía que quería hacer comentarios generales sobre los principios centrales de este proyecto de ley de solvencia fiscal.

Está claro que a partir de 1989 la Argentina resolvió muchos de los problemas que teníamos en aquella década, pero también es cierto que han quedado algunos pendientes de resolución, han aparecido otros y el mundo ha cambiado.

Básicamente podría decirse que la Argentina tiene dos problemas desde el punto de vista económico: uno ligado a la competitividad global de la economía y otro relacionado con la distribución de los ingresos que afectan tanto a las familias como a algunas regiones del país y también a aquellos que tienen dificultades con el empleo. Pero cuando se dice que existen problemas lo primero que debe hacerse es contrastarlos con las restricciones a los efectos de no proponer medidas que luego sean de imposible instrumentación.

Todos sabemos que a partir del año pasado los precios de nuestros productos han caído y que la tasa de interés internacional ha aumentado.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- La Presidencia insiste en el pedido de silencio porque no se puede escuchar al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. REMES LENICOV.- Señor presidente: los problemas existentes deben ser contrastados con las restricciones a fin de que no se formulen propuestas que luego no puedan cumplirse en la realidad.

En el mundo han caído los precios internacionales de nuestros productos, han aumentado las tasas de interés y hay mayores restricciones para obtener créditos externos. A nivel de nuestro país se observa el aumento de la relación entre los servicios de la deuda externa y las exportaciones y ha habido una tendencia creciente hacia un mayor déficit fiscal. Estos dos indicadores determinan el riesgo país, que ha venido creciendo desde el año pasado a esta parte. Todos sabemos que el aumento del riesgo país genera alzas de las tasas de interés y produce efectos recesivos.

Por otro lado, desde el punto de vista de las restricciones seguimos necesitando del ingreso de capitales internacionales en razón de que para crecer es preciso invertir, y el ahorro necesario para realizar inversiones es exiguo. Por eso, la diferencia entre nuestro ahorro y lo que invertimos debemos cubrirla con inversión extranjera o con préstamos del exterior.

Si bien es cierto que en el período 1989-1994 el Estado experimentó importantes modificaciones, todavía quedan muchas materias pendientes. Ello constituye otra restricción.

Se sostiene que es necesario resolver la cuestión distributiva y la competitividad de nuestra economía; en ese sentido existen varios instrumentos de política económica, y en consecuencia esos dos problemas no pueden ser solucionados con una sola medida o apuntando a un solo sector.

Uno de esos instrumentos es el área fiscal, que es potente para resolver varios de los problemas de la economía argentina; pero sabemos que dentro de esa área existen dificultades con la cobranza de impuestos, la eficiencia del gasto, el déficit, etcétera.

Sr. REMES LENICOV.- El proyecto de ley en tratamiento pretende resolver algunas de las cuestiones del flanco fiscal, de acuerdo con los siguientes tres objetivos. Primero, la reducción del déficit hasta llegar a su equilibrio en el 2003, es decir, cuando termina la próxima gestión gubernamental; segundo, la creación del Fondo Anticíclico Fiscal, y tercero, la necesidad de replantear la idea de mejorar la calidad y la transparencia del gasto público.

Analicemos cómo es posible cumplir con estos tres objetivos que acabo de describir.

El déficit tiene una tendencia hacia la baja y llegará a cero en el 2003. El equilibrio fiscal tiene como fin, por un lado, aumentar el ahorro interno, y por el otro, depender menos de la inestabilidad de los capitales internacionales y tender a la baja del endeudamiento de la Argentina. No existe ninguna manera de poder reducir la deuda si no es mediante la disminución del déficit o su eliminación.

Es obvio que si logramos este objetivo también estaremos reduciendo el riesgo país y, como consecuencia de ello, bajarán las tasas de interés, lo que producirá un efectivo expansivo.

En esta economía globalizada y con el nivel de deuda externa que tiene nuestro país el equilibrio fiscal es más expansivo de lo que se pensaba hace veinte años, cuando el pensamiento keynesiano sostenía que el déficit y el gasto tenían efecto expansivo.

Estados Unidos, parte de Europa, Nueva Zelanda y Brasil también cuentan con leyes de este tipo; Brasil la está discutiendo en esta semana y el resto de los países ya las han sancionado hace tiempo.

El segundo concepto a destacar del presente proyecto de ley es que el gasto público no puede crecer más que el nivel de la actividad económica; esto es que no puede aumentar más que el porcentaje de incremento del PBI. Por lo tanto, pretendemos autoobligarnos como Estado a que haya aumentos en la productividad y la eficiencia, tal como se lo hemos exigido al sector privado mediante la competencia y la apertura económica.

En tercer lugar, debe destacarse que la presión tributaria queda fija como porcentaje del producto bruto. De esta manera no vamos a aumentar impuestos sino que en caso de que haya mejoras en la recaudación se producirá una disminución en impuestos como el del IVA o al trabajo, que tienen un importante efecto sobre la competitividad en las exportaciones y la distribución de los ingresos.

El cuarto punto importante de la presente iniciativa es que la deuda tiende a bajar en relación con el PBI. Esta característica permitirá que haya menores erogaciones por pago de intereses y, al mismo tiempo, no dejaremos una abultada deuda a nuestros hijos que pueda condicionarlos más de lo que actualmente sufrimos nosotros.

El quinto elemento a destacar está relacionado con la creación de un fondo anticrisis, a conformarse con una porción de las privatizaciones y otra de los ingresos hasta cubrir el 3 por ciento del PBI. El sentido que tiene este fondo es que el gasto público tenga siempre el mismo nivel, aun cuando haya recesión, a efectos de atemperar sus efectos sobre todo en lo atinente a gastos sociales.

El presente proyecto propone que los presupuestos sean plurianuales hasta cuatro años, a fin de dar mayor previsibilidad a la economía y al funcionamiento del sector público y de la inversión. Si bien es cierto que es fundamental tener una macroeconomía ordenada también hace falta otro tipo de medida a fin de cumplir con los objetivos que señalé al comienzo de mi exposición; esto es, mejorar la competitividad y la distribución. Para lograrlo es necesario retomar el tema referido a la transformación del Estado a fin de ganar en calidad y transparencia.

Con respecto a este último punto cabe destacar que se proponen normas relacionadas con los convenios-programas, en las que se fijan objetivos y sistemas de control de calidad. Asimismo se establece que en el caso de los gastos sociales debe existir un seguimiento de la comunidad más allá del control contable.

También se establece que los nuevos organismos deben ser creados por ley y se señala que toda la información de la que dispone el Estado deberá ser pública, desde las órdenes de pago hasta los contratos que se suscriban, lo que dará mayor trasparencia a su accionar.

Por último, se invita a las provincias a sancionar leyes similares a la iniciativa que ahora estamos considerando. Todos sabemos que casi la mitad del gasto público está en manos de las provincias y los municipios, y que en los últimos años las transferencias de la Nación a aquellas creció en alrededor de 5.000 millones.

Es necesario también que las provincias instrumenten programas de saneamiento fiscal y de búsqueda de calidad y transparencia en la gestión. Por cierto, esto deberá ser abordado cuando se debata el sistema de la coparticipación federal de impuestos. Pero, si logramos por un lado ofrecer una noción de previsión para el futuro, y por el otro mejorar la gestión del Estado tornándola más transparente, no me cabe la menor duda de que estaremos colaborando para que la República Argentina sea más competitiva y tenga una mejor distribución de los ingresos.

"A la continuación de este debate: punto 7 del sumario."

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia informa al cuerpo que varios señores diputados han pedido el uso de la palabra para formular mociones de orden de apartamiento de las prescripciones del reglamento. En razón de que tales cuestiones se anteponen a cualquier otro tema, la Presidencia debería concederles el uso de la palabra, pero como la votación de esas mociones complicaría el curso de la sesión pues en este momento no hay número, sugiere a los señores diputados que difieran sus planteos para después de la votación en general del asunto en consideración.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. STORANI.- Señor presidente: si hubiere acuerdo del cuerpo nosotros aceptaríamos la posibilidad de que se postergara el planteamiento de esas mociones de orden hasta que finalice el tratamiento de este proyecto de ley a fin de no interrumpir su consideración. Pero reitero que la condición es que haya asentimiento de todas las bancadas porque, si algún legislador insiste en hacer uso de la palabra, como es lógico otros pretenderán ejercer el mismo derecho.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. FLORES.- Señor presidente: nosotros planteamos una pequeña modificación a las propuestas formuladas: que las mociones de orden se formulen antes de la votación del proyecto en debate porque todos conocemos cómo es la historia que siempre se repite en este cuerpo. Muchas veces determinadas cuestiones se postergan y, al final, cuando corresponde tratarlas, no hay número. De ese modo existen algunos temas que hace ya mucho tiempo no pueden ser planteados.

Por lo expuesto, entiendo que sería sensato que se avanzara con las exposiciones vinculadas con el tema en discusión y, previo a la votación en general, se realizaran las mociones de orden, que son de brevísimo trámite. De ese modo se garantizaría la existencia del quórum para el momento de decidir al respecto.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Como solución intermedia, la Presidencia sugiere que, luego de que se vote en general el asunto en debate, se formulen las mociones de orden.

Sra. ALARCIA.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia advierte a la señora diputada por Córdoba que, en el caso de que se arribe a un acuerdo respecto de estas mociones, la suya también estaría comprendida, y por supuesto conservaría el primer lugar en la lista.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Comparto totalmente el criterio expuesto por la Presidencia. Aquí no hay ningún tipo de acuerdo para presentar mociones de preferencia. Por tal razón, alcanza con no dar los tercios. Por lo tanto, no hay motivos para que esta sesión sea levantada después de la votación en general.

El planteo de la Presidencia es el correcto y cada bloque decidirá si acepta tratar o no los temas planteados en el recinto.

Sra. ALARCIA.- Señor presidente:...

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia solicita a la señora diputada por Córdoba que tenga un poco de paciencia. Teniendo en cuenta que existe asentimiento de todos los bloques, se propone que en primer lugar agotemos la consideración en general, y después será el momento para las mociones de apartamiento del reglamento.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Continúa la consideración del dictamen sobre régimen para la administración de los recursos públicos de los poderes del Estado nacional.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. DUMON.- Señor presidente: el distinguido señor diputado Remes Lenicov nos acaba de decir que hay que votar esta ley de convertibilidad porque hay una crisis internacional, han caído las variables y en razón de estas pérdidas hay un déficit fiscal, que virtualmente es el origen de la crisis.

También ha dicho que sólo nos salva el dinero del exterior, para lo cual propone bajar el déficit, crear un fondo y la transparencia del gasto. Entonces sostiene que la deuda externa sólo se puede reducir si eliminamos el déficit. El gasto público debe tener un control vinculado al PBI para el futuro.

Asimismo mencionó algo vinculado a la presión tributaria que, en rigor de verdad, nosotros no lo tenemos en el último dictamen.

Vale hacer algunas preguntas. En primer lugar, ¿estamos frente a una ley de convertibilidad? En 1994, cuando algunas de las variables de este país engañosamente daban bien, ¿se le hubiera ocurrido a la bancada oficialista votar la ley de convertibilidad? No.

La propuesta es en este momento porque el propio autor del proyecto que estamos considerando reconoce que hay una crisis. Para nosotros hay una emergencia en la cual, en una compleja realidad, la crisis internacional es la causante de una parte, pero los errores de política nativa son los causantes de la mayor parte, y desde ya anticipamos que no va a venir la inversión extranjera a nuestro país con solo arreglar el déficit fiscal. Dicha inversión, como toda otra por el estilo, viene en busca del lucro, y nadie invierte en empresas o comienza emprendimientos en un país donde los costos son mucho más altos que en el resto del mundo. Esto no es culpa de la crisis internacional sino de los errores que se han cometido en el país durante todos estos años.

Vamos a mencionar algunos de tales errores. Nuestra economía ha pasado a tener una situación en la que los servicios tienen mayor trascendencia e importancia. Para citar un dato, en 1986 los servicios representaban el 54 por ciento de la economía y en 1999, trece años después, los servicios implican el 64 por ciento de la economía.

Quiero recordar que los países emergentes como el nuestro no exportan servicios; como dicen los economistas no son transables y por eso a la Argentina le pasa este fenómeno gravísimo que estamos viviendo. Diríamos que tiene guarismos de relaciones similares a los que han soportado en los últimos años países que han atravesado por crisis importantísimas.

El servicio de la deuda externa es de más de 8 mil millones de pesos, cuando nuestras exportaciones apenas llegan a los 24 mil millones.

El déficit en la balanza de pagos este año va a llegar a los 16 mil millones de pesos, y nuestras exportaciones seguirán representando apenas 24 mil millones, porque en la Argentina no se produce ni se exporta. No existe un mercado interno ni la posibilidad de influir en la balanza corriente con el comercio exterior.

Voy a citar algunos datos para que se tengan en cuenta los errores cometidos. En 1992, en utilidades y dividendos de la cuenta corriente de pagos, teníamos un saldo negativo de 928 millones de pesos, y en 1998 ese guarismo negativo llegó a 2.524 millones, es decir que el saldo negativo en estos seis últimos años ha aumentado en ese rubro un 171 por ciento.

En servicios financieros el saldo negativo de 1992 fue de 2.360 millones de pesos, mientras que en 1998 esa cifra ascendió a 7.614 millones, o sea que tuvo un aumento del 222 por ciento.

Las exportaciones en 1992 representaron 12.399 millones de pesos, mientras que en 1999 llegaron a 24 mil millones.

En conclusión podemos decir que las utilidades y dividendos han tenido en su saldo negativo un aumento del 171 por ciento; los servicios financieros han sufrido un incremento de su saldo negativo del orden de un 222 por ciento; y las exportaciones han aumentado tan solo un 109 por ciento.

Nunca en la historia argentina hemos tenido una relación tan desfavorable en las exportaciones. Además, cuando era presidente del Banco Central el actual ministro de Economía, y ahora con intervención del hoy presidente de dicha institución bancaria, doctor Pedro Pou -quien parece querer prorrogarse en su mandato-, se ha posibilitado una concentración monopólica y antidemocrática de la banca, que ha dejado un tendal de ahorristas en el camino.

La banca en la Argentina se concentró porque desapareció la pequeña y mediana banca, como también la banca cooperativa.

Existe un segmento de la población en nuestro país que sólo tiene crédito para el consumo mediante la herramienta más cara: la tarjeta de crédito. Ha desaparecido el crédito para los sectores medios de la población y para la pequeña y mediana empresa.

Voy a dar un dato ilustrativo: 1.604 clientes concentran créditos por más de 4 millones de dólares de promedio. ¿Qué representa esta cifra en la masa prestable de la Argentina? Más del 40 por ciento.

También debo manifestar que se concentró la renta y que desapareció el mercado interno. El 20 por ciento de la escala superior de ingresos de la población se queda con el 60 por ciento de la renta, mientras que el 20 por ciento más pobre no llega al 8 por ciento de dicha renta.

El 10 por ciento más rico de los argentinos se queda con el 40 por ciento de la renta y el 10 por ciento más pobre no llega siquiera al 2 por ciento. Esto no es por la crisis internacional: es porque en la Argentina desaparecieron las fuentes de trabajo y las empresas; se dejó de producir y, por lo tanto, de tener capacidad industrial.

Los parámetros que tenemos en este momento son similares a los del resto de América Latina. El informe del BID de 1997 dice que esta es la región del mundo donde los ingresos se encuentran distribuidos de la peor manera.

En cuanto a la pérdida del empleo, datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indican que en mayo hemos perdido 28 mil empleos. Según esta misma fuente hay más de 3 millones de trabajadores en negro, con sueldos menores a 400 pesos. Se estima que en junio la desocupación será del 16 por ciento. Pero curiosamente el informe de Bermúdez publicado por el diario "Clarín" dice que el Estado tiene más gente empleada que hace diez años, aunque en empleos transitorios y precarios, porque el mercado laboral está desestructurado, mientras las provincias y la Nación han gastado desde 1993 hasta ahora más de 4.500 millones de pesos en empleos transitorios y en subsidios sin ningún resultado.

El aumento de la pobreza -que tampoco es motivo de la crisis internacional- es ascendente en nuestro país. El 85 por ciento de los jubilados, parte de ese universo que nos viene a visitar todos los miércoles a la puerta de la Cámara de Diputados, gana menos de 250 pesos por mes.

Datos oficiales indican que en la Argentina hay 13 millones de pobres, de los cuales tres millones y medio están en la indigencia. En nuestro país uno de cada dos chicos se cura, educa y alimenta mal. Monseñor Rey, presidente de Caritas, ha dicho que la tasa de mortalidad en el Noroeste argentino equivale a la de los países africanos. De cada mil chicos, cincuenta fallecen antes del año. Esto tampoco es producto de la crisis internacional.

No existía tal crisis el año pasado ni durante el presente; pero según estadísticas oficiales desde mayo hasta octubre hubo 193 mil indigentes más en el conurbano bonaerense.

La pérdida de calidad del gasto público es cierta; la reconoció el señor diputado Remes Lenicov. Es una lástima que se acuerden de sancionar esta ley diez años tarde, en los que como nunca este país alimentó con sus presupuestos el gasto "cholulo" y tilingo de los funcionarios, hecho que causó vergüenza a los argentinos y también llenó de lodo a nuestra clase política. Citaré algunos ejemplos porque he visto que al respecto se ha publicado algún comentario en los diarios de hoy. En 1992 -durante este mismo gobierno- el gasto universitario equivalía al 4,4 por ciento del presupuesto; hoy representa el 3 por ciento. También se suele decir que en la Argentina se gasta mucho en salud pero se distribuye mal. Esto es mentira. Se distribuirá mal pero se gasta poco. En 1990 el 4,25 por ciento del presupuesto se destinaba a salud; hoy apenas alcanza al 3,80 por ciento. Habitualmente, cuando se habla de la pérdida de la competitividad se dice que vamos a recuperarla cuando realicemos la reforma laboral. Sin embargo el costo de los servicios en la Argentina aumentó en este período más de un 150 por ciento; algunos llegaron a aumentar más del mil por ciento, mientras que en el mismo lapso los salarios no se incrementaron sino que, por el contrario, se precarizaron. Precisamente por esa razón desapareció el mercado interno, pues quien tiene un trabajo precario no compra en cuotas: tiene miedo de endeudarse porque no sabe si la semana siguiente tendrá trabajo.

No es posible pasar por alto el hecho de que durante estos diez años fueron privatizadas todas las empresas del Estado. Lamento ver que algunos diputados de la bancada oficialista no escuchan pero creo que hay que asumir las responsabilidades históricas. En las privatizaciones se dilapidaron 45 mil millones de dólares pero la deuda externa, que a comienzos de esta década era de algo más de 68 mil millones, hoy alcanza la cifra de 130 mil millones, aun cuando no existen más las empresas del Estado. Como diría Terragno -lo señaló en este recinto- este es un Estado que no fabrica, que no presta servicios, que no sostiene escuelas -pues las ha trasladado a las provincias-, que no tiene hospitales, que ya no debe hacerse cargo del déficit de las empresas públicas, que no tiene necesidad de invertir porque ya no posee ni petróleo ni gas ni transportes. Sin embargo la deuda externa ha aumentado de 68 mil a 130 mil millones. La convertibilidad exige una disciplina de la que se ha carecido durante todos estos años.

En la Argentina la deuda pública crece 1.500 millones por mes. Como espero extender mi discurso por no más de quince minutos, calculo que para cuando termine la deuda pública habrá aumentado medio millón de dólares.

Antes de que me interrumpa, señor presidente, quiero decirle que si bien los tiempos que establece el reglamento son importantes, también lo es, en una situación de emergencia que no tiene comparación en la historia argentina, hacer el juicio de la pasada década.

Paradójicamente este gobierno, que persistió en sus errores y que pidió todas las facultades extraordinarias, quiere atar las manos al gobierno que viene. Yo le pido a usted, señor presidente, que no me ate la lengua y me permita decir estas cosas tan necesarias para un debate nacional.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Nunca le he atado la lengua, señor diputado. Sólo quiero advertirle que ya lleva diecisiete minutos en el uso de la palabra.

Sr. DUMON.- Veamos lo que propone la mayoría en su dictamen. Nos habla de un punto y medio del PBI, pero ese PBI que ya se ha convertido en uno de esos paradigmas de Kuhn y los paradigmas científicos valen en tanto y en cuanto todos aceptemos que valen. En eso han convertido al PBI. Así como decimos que la teoría del big bang vale pero no es susceptible de prueba, con el PBI sucede exactamente lo mismo. Hizo un cálculo del PBI, después debió hacer otro y ahora, como tiene que arreglar los números, efectúa un nuevo cálculo respecto de los servicios y la composición del producto bruto interno. Mídaselo como se lo mida, el déficit que propone el dictamen es de 4.500 millones de pesos. ¿Saben a cuánto asciende a esta altura del año el exponencial para fin de diciembre? A 6.050 millones de pesos aproximadamente, que seguramente será más.

No debemos olvidar que el año que viene caerán 800 millones de pesos en concepto de aportes patronales y en este momento la Reserva Federal está aumentando la tasa de interés. Y, por ser un país de alto riesgo a raíz de estas cosas, ya que no exportamos, no producimos bienes y tenemos una alta vulnerabilidad, también nos cobrarán más. De manera que si a los seis mil millones de pesos les sumamos los 800 millones que faltarán y los alrededor de 1.300 millones por aumento de la tasa de interés y por recuperación de los bonos, llegamos a 8.000 millones de pesos.

Vale decir que a los 4.500 millones de pesos que prevé el dictamen le están faltando 3.500 millones. ¿De dónde los van a sacar? De la salud, la educación, la seguridad, y de las funciones del Estado que tendrá que cumplir el próximo gobierno. Por eso sostengo que le están atando las manos al gobierno que viene, ya que ni siquiera le dan la posibilidad de flexibilizar las metas frente a un cambio de la negociación de los intereses y aún de los montos por vencimientos de la deuda externa. Pongo como ejemplo los bonos emitidos en el año 91 que vencen en el próximo ejercicio.

Estamos en una situación que es necesario que evaluemos a grandes trazos. Durante los últimos diez años se privatizaron los servicios. ¿Cuál fue el mecanismo? Antes los servicios eran nuestros, pagábamos barato, daban déficit, incluso quizá no eran buenos. Entonces se dijo: "Rápido y caro, porque es lo mejor que nos puede pasar; después viene el paraíso". Entonces se levantaron las tasas, después se privatizaron los servicios.

Muchas de las concesiones tienen cálculos de ajuste vinculados al dólar o al costo de vida de los Estados Unidos, pero no respecto de lo que sucede en nuestro país. Además, tienen cláusulas de estabilidad tributaria. De manera que el rubro que medí en ingresos y divisas se refiere a una súper renta respecto de la cual tendríamos que renegociar estas concesiones en la Argentina para poderlas aplicar.

¿Saben qué efecto produjo eso? Llevó la estructura de precios para arriba. Es como un imán, porque todo se encarece alrededor de los servicios que aumentan los precios.

La segunda cuestión que quería señalar se refiere a la concentración financiera. Hay pocos bancos y caros. Hasta el propio presidente de la Nación se ha hecho eco de esta situación.

En tercer lugar, cabe mencionar la adscripción a la teoría de la libre circulación de capitales. Dejaron el endeudamiento libre -también para lo privado- y allí están las consecuencias. El endeudamiento privado no preocupa demasiado porque, en realidad, cuando nos empezamos a poner la soga al cuello hace casi veinte años, un presidente del Banco Central de aquel tiempo, luego ministro de este gobierno y actual diputado y candidato a presidente, estatizó la deuda. Entonces nos quedamos con ese regalito para siempre.

Ahora hay libre circulación de capitales, endeudamiento estatal, endeudamiento privado y una deuda sin precedentes para la Argentina. A ello se suma el aumento del costo de los intereses y de los servicios.

¿Sabe qué hicimos con la presión impositiva? Desde 1992 a 1998 la aumentamos en cuatro puntos. Los impuestos son caros, al igual que el costo de los servicios y los servicios financieros, y además hay corrupción en el Estado y una mala aplicación del gasto público.

Nos hemos convertido en el país más caro del mundo para producir y paralelamente llevamos a cabo una apertura irrestricta por derecha y por izquierda. Por izquierda lo hicimos en la Aduana y por derecha con todas las "estampitas". A consecuencia de ello, cuando nos vendían las baratijas iban cerrando una a una las industrias argentinas que se habían modernizado -¡qué paradoja!- con máquinas que habían comprado endeudándose en el marco de este sistema.

No quiero abusar con mis palabras. El señor diputado Remes Lenicov es un caballero, un hombre muy serio pero, ¿sinceramente se cree que ésta es la única solución, que no hay otra cosa por hacer? ¿Recién se despierta el oficialismo?

Si es así, ¿por qué en la provincia de Buenos Aires hubo déficit en los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1998?

¿Cómo es posible que las necesidades de financiamiento en nuestra provincia fueran de 1.650 millones de pesos para 1998? ¿Cómo es posible que en 1992 en la provincia de Buenos Aires había un presupuesto de 5.168 millones de pesos y ahora llegamos a los 11.000 millones? Ahora el pueblo tiene que pagar con esta miseria que no se resuelve con una ley de emergencia.

Seguramente este movimiento del justicialismo para atar las manos al próximo gobierno se relaciona con una estrategia para la futura oposición, que así verá facilitada su tarea. Cuando nosotros pasamos a la oposición hasta les dimos quórum para la reforma del Estado.

Nosotros, desde el gobierno, que van a encabezar de la Rúa y "Chacho" Álvarez, no vamos a necesitar esta ley porque el gasto público no va a ser cholulo y tilingo.

No voy a hacer mención al gasto público que nos ha avergonzado en estos 10 años; lo que puedo decir de cara al país es que ni de de la Rúa ni de Álvarez vamos a tener esos ejemplos. En el futuro gobierno no va a haber fondos para gastos reservados, porque no van a hacer falta. (Aplausos.)

Sr. DUMON.- En el próximo gobierno va a haber apoyo a la pequeña y mediana empresa. Vamos a tratar de subsidiar las tasas, de disponer desgravaciones impositivas y de identificar proyectos para lograr saldos exportables, para fortalecer el mercado interno y para que haya trabajo (Aplausos.)

Por esas razones el próximo gobierno no necesita una ley de convertibilidad fiscal; lo que necesita es que no le aten las manos.

Por todo ello, vamos a votar en contra del dictamen de comisión. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Dado que el señor diputado Dumón ha agotado el tiempo asignado a su bloque, el señor diputado Pernasetti queda para hacer uso de la palabra en último término, disponiendo de diez minutos como cualquier otro señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALESSANDRO.- Señor presidente: luego de escuchar con atención las palabras del señor diputado Remes Lenicov, no puedo dejar de plantear dos interrogantes.

El señor diputado fundamentó la necesidad de contar con una norma como la que estamos tratando y de abordar adecuadamente el problema de la creciente deuda externa y del déficit en aumento que provoca un incremento en el índice del riesgo-país, lo cual, a su vez, provoca un aumento en las tasas de interés. Todo esto constituye un proceso que se realimenta en un círculo vicioso.

El señor diputado Remes Lenicov argumenta -en parte con razón- que una política fiscal sana es una respuesta, aunque parcialmente adecuada, al problema del endeudamiento. Pero me pregunto: ¿cómo se compadece esta estrategia que el diputado Remes Lenicov plantea para abordar el problema del endeudamiento con quienes dicen que hay que pedir la condonación de la deuda? Esto, en lugar de traer un beneficio para el país provocará justamente lo que el diputado dice que hay que evitar: el aumento del riesgo país, de la tasa de interés y de la vulnerabilidad del sector externo producto del creciente endeudamiento. Entonces, evidentemente estamos ante una flagrante y gran contradicción.

Otra de las diferencias que mantengo con el planteo introductorio del diputado del Partido Justicialista se relaciona con que para ser competitivo, el sector público debe hacer el esfuerzo que ya ha realizado el sector privado. Indudablemente debemos ser competitivos, pero creo que es una visión parcial.

Es cierto que parte del sector privado llevó a cabo esta reconversión a los "cachetazos" y no en forma planificada como se debería haber hecho, pero hay una gran parte del sector privado -aquel que comercializa bienes no transables- que no realizó ningún esfuerzo.

Tenemos las tarifas más altas del mundo en materia de peajes, comunicaciones y emisión de documentos de identidad. Entonces, es una visión parcial decir que el sector privado ya ha hecho los deberes para ser competitivo.

Reitero que queda mucho por hacer. Quizás haya hecho el esfuerzo el sector que produce y comercializa bienes transables que están en directa competencia con lo que se produce en el exterior, pero aquellos sectores que tienen capturados en forma monopólica a quienes deben contratar sus servicios no han efectuado ningún ajuste.

El señor diputado Dumón planteó muy bien cómo han crecido los precios de los servicios y bienes no transables respecto de aquellos con los que efectivamente deben competir: los transables.

Creo que faltaba completar estas ideas que respetuosamente transmito al diputado Remes Lenicov, con una visión más abarcadora.

Luego de estos comentarios sobre los fundamentos del oficialismo comenzaré a abordar el proyecto en consideración. Indudablemente constituye una obligación de cualquier gobierno contar con políticas macroeconómicas sanas como lo son el control de la inflación, el equilibrio fiscal y un gasto público adecuado a la capacidad real y genuina de financiamiento.

Un gobierno no es más o menos progresista o más o menos conservador por atender adecuadamente el mantenimiento de las reglas macroeconómicas básicas. Es más: el supuesto para realizar cualquier política económica consiste en tener una macroeconomía sana.

Decía recién que mantener estas reglas macroeconómicas no identifica y no carga ideológicamente el rumbo de un gobierno. Sin embargo, no hacerlo cataloga a cualquier gobierno como absolutamente irresponsable.

Sobre la base de esos fundamentos entendemos que la sanción de una ley de estas características, que no queremos denominar "de convertibilidad fiscal" sino "de emergencia fiscal", debe tender a que la norma sea cumplida y no burlada. En efecto, nuestra primera diferencia con el proyecto del oficialismo reside en el cumplimiento de las metas relacionadas con la reducción del déficit.

El señor diputado Dumón planteó adecuadamente la imposibilidad de que el próximo año el déficit represente el 1,5 por ciento del PBI. Ello, porque no partiremos del déficit de 5.100 millones de dólares que el gobierno ha firmado con el Fondo Monetario Internacional ni de 6.000 millones, sino de 6.500 millones, es decir, un déficit presupuestario de alrededor del 2,5 por ciento del producto bruto. Pregunto a la bancada Justicialista y en particular al señor diputado Remes Lenicov: ¿sobre qué base estamos sosteniendo que el próximo año el déficit será reducido al 1,5 por ciento del PBI?

Desde la Alianza entendemos con responsabilidad que es necesario tener conductas macroeconómicas sanas y un déficit controlado; es decir que estamos planteando algo serio. De lo contrario, sancionaremos una ley que no será respetada sino burlada, o se seguirá gobernando con equilibrio fiscal pero con las fuerzas de seguridad en la calle frente al planteo de demandas sociales que serán imposibles de satisfacer con estas medidas absolutamente incumplibles.

Así como planteamos la necesidad de ser cuidadosos con el equilibrio presupuestario, con la misma fuerza y el mismo convencimiento sostenemos que es preciso reconstituir el equilibrio social que diez años de gobierno menemista ha desvirtuado absolutamente. Nosotros ni nadie que asuma las funciones de gobierno con su mirada puesta en las cuentas fiscales tolerará políticas que provoquen el desborde fiscal; pero al mismo tiempo observaremos atentamente la situación de desprotección y desequilibrio social que diez años de política económica concentradora de la riqueza han provocado en nuestro país.

Alguien podrá decir que las medidas que propone la Alianza son flexibles. Quizá algún integrante del bloque oficialista o algún escriba de la city podrá decir que el proyecto del justicialismo es más restrictivo y plantea con mayor dureza la cuestión de las cuentas públicas. Nosotros no queremos tener un doble discurso; no queremos exponer ante los banqueros el discurso de la ortodoxia mientras en la tribuna política hacemos el discurso del voluntarismo, que todo lo puede. Nosotros afrontamos con seriedad la discusión de este proyecto de responsabilidad fiscal y también planteamos diferencias con la iniciativa del oficialismo.

Así como no son más sostenibles aquellas visiones que no asignan importancia al equilibrio presupuestario y no reparaban en que la falta de financiamiento genuino del sector público traía como inevitable consecuencia el aumento de la deuda externa y del riesgo país -lo cual genera mayor déficit y mayor endeudamiento-, también debemos dejar de lado aquellas visiones interesadas y simplificadoras de la realidad, según las cuales todos los problemas de la economía argentina están dados por el exceso del gasto público.

El problema no reside en el tamaño del gasto público en nuestro país, y esto creo que lo saben todo los señores diputados. Si comparamos nuestro nivel de gasto público con el de cualquier país semidesarrollado o desarrollado, advertiremos que aquél está muy por debajo de cualquier promedio que se tome. En nuestro país el problema está dado por la falta de financiamiento genuino, que obedece ni más ni menos a la tremenda evasión, al fracaso total del gobierno del presidente Menem y sus sucesivas conducciones económicas para terminar con la altísima evasión que hay en la Argentina fundamentalmente de parte de los sectores de mayor capacidad contributiva. Por ello cuando se discute el problema de la situación fiscal del país debemos tener una mirada mucho más abarcativa y tener en cuenta no sólo el gasto sino también los ingresos. De esta manera surgirán las dos grandes falencias que evidencia nuestro sistema tributario y su administración: los terribles volúmenes de evasión que existen y el sesgo absolutamente regresivo que ubican a nuestro país en los primeros lugares de algunos indicadores. Por ejemplo, estadísticas del Fondo Monetario Internacional señalan que la Argentina es uno de sus países miembros en el que los impuestos al consumo están en primer lugar, ya que proveen el 54 por ciento de la recaudación tributaria.

Hasta hace poco los economistas de la city se preguntaban: ¿qué pasa con los argentinos que no perciben que la macroeconomía anda bien? Creían que se trataba de una cuestión psicológica o de una falta de conocimiento económico que impedía entender una verdad tan elemental. Obviamente, dichos economistas no tenían en cuenta la inequidad en la distribución de los ingresos que existe en nuestro país, cuyas cifras no voy a referir porque todos las conocemos. Además, hace poco tiempo el Banco Mundial ha hecho referencia a esta cuestión, con lo cual deberíamos sentir vergüenza en lugar de intentar inútilmente discutir con esos datos que responden a la realidad.

Por supuesto, la economía de cada uno de los argentinos anda mal, pero resulta indudable que el hecho de estar considerando el presente proyecto de ley es un reconocimiento tácito de que existen problemas en la macroeconomía, que no sólo no han sido resueltos luego de diez años de gobierno sino que se han agravado.

La deuda pública externa alcanza a 113.000 millones de pesos, y la de los gobiernos provinciales a 17.000 millones, lo que en conjunto representa una deuda de 130.000 millones de pesos. El déficit de cuenta corriente en el año 1998 llegó al 4,9 por ciento del PBI, la deuda total supera el 40 por ciento del PBI y el nuevo cálculo ha reducido su cuantía de 334 mil millones -hecho que llevó al señor presidente a decir que ocupábamos los primeros lugares en el ranking de países desarrollados- a 298.000 millones. Además, para el presente año se había estimado un crecimiento del 4,8 por ciento, pero ahora se está reconociendo que en realidad el PBI va a bajar en un 3 por ciento.

No sé si hace falta aclarar que el nuevo cálculo del PBI, que establece una reducción de 40.000 millones, no significa que ahora seamos más pobres que lo que éramos hace dos meses; sólo está reconociendo lo que todos sabíamos: nunca fuimos tan ricos como el gobierno expresaba sino que la sensación que tenían los argentinos coincidía con la realidad económica.

Si analizamos la situación de las cuentas públicas veremos que la presunta verdad oficial era sólo una falacia. Recordemos que el discurso del gobierno se centraba en el hecho de que había conseguido el equilibrio presupuestario; sin embargo, en 1996 el déficit fue de 6.100 millones de pesos, en 1997 alcanzó los 4.800 millones, en 1998 llegó a 4.400 millones y según la carta de intención firmada con el Fondo Monetario para el corriente año se prevé un déficit de 5.100 millones, aunque los economistas privados más serios están hablando de más de 6.500 millones de dólares de déficit fiscal. Esto significa que nunca tuvimos un equilibrio presupuestario genuino. Lo que sucede es que lo que antiguamente se financiaba con emisión, durante los primeros años del gobierno del doctor Menem se financió con los ingresos provenientes de las privatizaciones, y en la actualidad con el aumento de la deuda externa. Esto llama la atención y pone en alerta al gobierno, pero tal como lo señaló el señor diputado Dumón, este reflejo es absolutamente tardío.

Por último quisiera referirme a la otra diferencia importante que tenemos con el proyecto del justicialismo y al motivo por el que hemos presentado otra iniciativa para abordar el mismo tema bajo la denominación, que consideramos objetiva, de "emergencia fiscal".

El proyecto del señor diputado Remes Lenicov plantea un camino a recorrer por los futuros gobiernos a partir de 1999. Nuestra posición es que la actual situación de emergencia fiscal es consecuencia de las políticas equivocadas de este gobierno en relación con los ingresos y los gastos. Consideramos que es necesario empezar a reconocer la emergencia ahora, o sea, ser disciplinados desde el punto de vista fiscal y sobre todo cuidar el gasto desde este momento.

Desde nuestro punto de vista existen algunas cuestiones que deben ser atendidas, y si en verdad se actúa de buena fe al hablar de la posibilidad de alcanzar un consenso sobre este asunto, las plantearemos en la consideración en particular con la esperanza de que sean aceptadas.

En nuestra iniciativa sostenemos que se debe dejar de aumentar los gastos reservados por sobre los montos aprobados por el Congreso de la Nación, tal como en reiteradas ocasiones lo hemos expresado en este recinto, aunque a veces hay cosas que no se escuchan.

Desde 1990 a la fecha el gobierno del presidente Menem ha gastado dos mil millones de pesos en concepto de gastos reservados. En el primer año de su gobierno esa cifra fue de 40 millones de pesos, y ahora oscila entre los 230 y 260 millones de pesos anuales. Este es un gasto del presupuesto que permanentemente se sobre ejecuta. Por eso nosotros solicitamos que se contenga ese rubro si en verdad se pide con seriedad responsabilidad en el gasto. Formulamos la misma solicitud en relación con la cuantiosa e innecesaria propaganda oficial, que debe detenerse.

Asimismo pretendemos que se aborde otra cuestión con toda seriedad. Tenemos mucho temor de que en virtud del tremendo desequilibrio fiscal queden libramientos impagos y a cargo de la próxima administración, y que se intente percibir en este ejercicio ingresos correspondientes al siguiente. Al respecto existen antecedentes: el año pasado el gobierno adelantó la cobranza de anticipos en concepto del impuesto a las ganancias que deberían haber sido percibidos con posterioridad. Por ese motivo planteamos como cuestión central que no se pueden postergar pagos de este ejercicio ni tampoco adelantar la percepción de tributos correspondientes a ejercicios futuros.

Por otra parte, tampoco queremos que en los pocos meses que afortunadamente restan del gobierno del presidente Menem se enajenen los escasos recursos que quedan al Estado Nacional con el objeto de cerrar de modo apresurado las cuentas fiscales.

Sr. ALESSANDRO.- No permitiremos tampoco que se incremente el endeudamiento por sobre lo acordado por el Congreso de la Nación. Al respecto deseo traer como referencia un decreto de necesidad y urgencia dictado en los últimos meses por el presidente Menem que permite el otorgamiento de avales -un endeudamiento por 420 millones de pesos- a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable a cargo de la ingeniera María Julia Alsogaray para construir un canal federal que desviará aguas de las provincias del noroeste argentino con destino a la provincia de La Rioja.

¿Quién va a pagar las obras producto de este aval, que seguramente no se levantará? Las administraciones y los gobiernos sucesivos; en definitiva, los argentinos.

En síntesis, coincidimos con la necesidad de contar con políticas macroeconómicas sanas y con tener una observación muy estricta sobre el gasto, impidiendo el desborde presupuestario, y fundamentalmente el déficit.

Pero no debemos pasar por alto la responsabilidad que ha tenido el gobierno durante estos nueve años, mirando para el costado, diciendo que no teníamos problemas porque había capitales disponibles. La Argentina tenía acceso a esos capitales, pero la realidad es que hoy, como resultado de esa política, tenemos esta deuda de más de 130 mil millones de dólares. Son las luces rojas que todos tenemos prendidas, con el aumento del riesgo país, de la tasa de interés, y por ende el incremento de la deuda y de los déficit fiscales futuros.

Para que no queden dudas acerca de la posición de la Alianza en este sentido, termino diciendo que debemos ser responsables en cuanto a la macroeconomía. Para concretar cualquier política económica, para que cualquier gobierno pueda tener la posibilidad de realizar una política económica, la macroeconomía debe estar controlada. Pero tenemos que ser severos e identificar las causas del problema, y a su vez absolutamente responsables y prudentes en cuanto a la norma que vamos a sancionar hoy.

Como dije al principio queremos tener equilibrio presupuestario, y sabemos que podemos lograrlo, pero también queremos reconstituir los desequilibrios sociales, que diez años de gobierno del partido Justicialista han instaurado como nunca en la Argentina, donde la realidad es que hemos retrocedido.

Cuando escuchaba el sentido homenaje que se le brindó al ex presidente Perón, yo decía que muchas veces son lindos los discursos que hacemos pero cuando debemos ejecutar las políticas, resulta que nada tienen que ver con los discursos que hacemos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. FADEL.- Señor presidente: comienzo mi exposición señalando lo que decía el señor miembro informante, representante del Justicialismo. Tratando de explicar los motivos que justificaban este tipo de norma, hablaba de la crisis internacional y sostenía que hizo incrementar el riesgo país.

Pero resulta que si la crisis es internacional afecta a todos los países por igual. Pero el riesgo país se mide en términos relativos, y nos preguntamos por qué aumentó el riesgo país. Aumentó porque esa crisis internacional no hizo otra cosa que desnudar ese país fuerte que nos quería vender el presidente de la Nación y que podía responder a cualquier embate o cualquier crisis financiera o económica internacional.

Sin embargo, esa crisis económico financiera no la resiste la macroeconomía y tampoco el propio Estado. Además automáticamente se transfiere a los argentinos, a cada uno de los habitantes de este país. Vale la pena observar el fenómeno: la crisis hizo aumentar el riesgo país; el riesgo país determinó el aumento de la tasa de interés, por lo que se incrementaron en varios cientos de millones los intereses que debíamos pagar este año, en cuanto a lo que estaba presupuestado. ¿Y dónde se metió mano? En el gasto social.

Quiere decir que a partir de esas facultades extraordinarias que tenía el Poder Ejecutivo y que nosotros siempre dijimos que desvirtuaban el presupuesto, por decreto se efectuó un recorte en lo social y una reasignación de las partidas de gastos sociales para pagar los intereses de la deuda.

En definitiva, con esta crisis en este último año se ha caído la careta y ha quedado en evidencia, saliendo a la superficie, el alto nivel de vulnerabilidad que tiene nuestro país, por las cosas que se dejaron de hacer y por las que se hicieron mal. Porque esto que hoy plantean era lo que se debería haber hecho en los tiempos de bonanza.

En la Argentina había que haber ahorrado en oportunidad de venderse los activos del Estado o cuando se vislumbró un crecimiento económico. Cabe recordar que nuestro país ha crecido como consecuencia de una coyuntura económica provocada por la expansión del consumo después de haber frenado de la manera que se frenó la inflación.

También existió un crecimiento económico en razón de las privatizaciones y de la expansión de los servicios, cuestión que fuera explicada en detalle por el señor diputado Dumón. En ese momento el país debió haber ahorrado y equilibrado sus cuentas fiscales. Sin embargo, paradójicamente, el gobierno pretende ahora que se haga lo que no se realizó en épocas de bonanza, y que la factura de la fiesta la paguen los que ganen las elecciones de octubre.

Nos solicitan que exista responsabilidad fiscal, y nosotros decimos que hace falta una ley de emergencia fiscal por la situación de alta vulnerabilidad que tiene el país. A tal punto hemos llegado que, cuando un gurú del mundo internacional dice que hace frío, nosotros estornudamos. Esta es la vulnerabilidad que nos han dejado en nuestro país.

Ante esta situación de emergencia fiscal hemos presentado un proyecto alternativo en el que exigimos que se empiece a cumplir con esa responsabilidad fiscal -que debió aplicarse a partir de 1991- en los meses que le resta de mandato a este gobierno. Pero nos contestan que no están de acuerdo con incorporar en el proyecto de ley el concepto de emergencia fiscal, con lo que nos quieren decir que los responsables serán los que vengan luego de las elecciones nacionales y que ellos seguirán con la fiesta.

Le voy a comentar al señor diputado Remes Lenicov dos ejemplos que son ilustrativos de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días. La Dirección General de Aduanas ha dictado una resolución secreta en la que reconoce que se ha cometido un error que al país le costará 1.500 millones de dólares. Esa cifra va a estar computada como déficit en los próximos años.

Esa resolución está vinculada con ajustes que ilegalmente venía haciendo la Aduana desde 1991. Dice la resolución del propio gobierno que la figura de valor de recomposición a que se hace referencia en los expedientes, que responden a un mecanismo que el Acuerdo de Valoración del GATT, no está contemplada en ninguna de sus normas. En uno de los puntos de esta resolución se dice que las Aduanas de Registro al recepcionar las notas indicadas dispondrán la anulación del cargo. Esto que aparece como una inofensiva y simple resolución implicará un déficit de 1.500 millones de dólares, de los que tendrá que hacerse cargo el gobierno, además de los potenciales 400 mil juicios que puedan producirse a un promedio de 3.000 pesos por juicio.

El otro ejemplo se vincula con lo ocurrido en 1997 cuando se pretendió colocar un régimen de contralor de las subfacturaciones a través de un sistema privado. Esto no fue aconsejado por nadie ni siquiera por la Organización Mundial de Aduanas, habiendo sido implementado sólo en algunos países de Africa y por Paraguay. La Argentina adoptó este régimen por decreto. ¿Y qué pasó con la recaudación en la Aduana? En 1997, cuando no existía el sistema privado de control en la Aduana, se recaudó lo mismo que en 1998, cuando existían las verificadoras preembarque, y digo lo mismo por no decir menos, porque entre 1997 y 1998 se recaudó un punto menos en relación con el crecimiento de las importaciones. Amén de esto hubo que pagar a las importadoras, es decir, a estas empresas de control preembarque.

Este es el nivel de responsabilidad fiscal: negocios puros de algunos privados que están en connivencia con funcionarios. Por eso también presentamos un proyecto para derogar este decreto por el cual se introdujo un sistema realmente negativo para las cuentas públicas en la Aduana.

Para quienes no conocen el funcionamiento de la Aduana, quiero aclarar que no sólo recauda dinero en concepto de derechos, en este caso, 2.600 millones de pesos, que entre 1987 y 1989 fueron 8 mil millones de pesos y que este año sufrió una caída de 2 mil millones de pesos. Si bien este último fenómeno se produjo a partir de la caída de las importaciones, lo concreto es que el gobierno no ha demostrado en ningún acto ser responsable de hacer lo que hoy pide que haga el próximo gobierno.

De cualquier manera -ya refiriéndonos concretamente al proyecto-, aceptamos el desafío de ser responsables de hacer lo que ellos no hicieron, siendo que no hablamos de épocas de vacas gordas. Aceptamos el desafío de reasignar el gasto, de hacerlo más eficiente, pero la norma que estamos considerando, tal cual la presenta el oficialismo, presenta vicios que la tornan impracticable. Por ejemplo, aquí se está diciendo que este año el déficit no podrá superar el 1,9 por ciento del Producto Bruto Interno, pero ya lo superó, de modo que en primer lugar estamos por votar algo que no se puede cumplir. En segundo término, de los cuatro ejes que señaló el señor miembro informante de la comisión -es decir, el límite al gasto, al endeudamiento y al déficit y la constitución del Fondo- hay uno que simplemente es una señal pero que prácticamente no resulta operativo, que es el límite al gasto en relación con el Producto Bruto Interno. Si por un lado digo que el gasto no podrá crecer más que el Producto Bruto Interno y por otro afirmo que la recaudación va a aumentar en relación con dicho producto y que con algún mejoramiento en los controles de evasión se podrá incrementar un punto más, y tomando en cuenta la parte destinada a la constitución del Fondo y a la reducción del déficit, llegamos a la conclusión de que en cualquiera de las alternativas el gasto, en términos del Producto Bruto Interno, va a caer en los próximos cuatro años. Quiero que esto quede bien claro para que todos sepamos lo que vamos a votar. La diferencia estará dada por la mayor o menor pendiente que estemos dando en esa caída a los gastos. Esto también vale para algunos economistas que fuera del Congreso hablan de que estamos tratando una normativa blanda y proponen más ortodoxia.

Otro de los ejes de esta ley es el límite al endeudamiento, en directa relación con el déficit. En definitiva, el déficit es la gran llave que tiene este proyecto. Por eso no podemos acompañar una iniciativa que tiene atado el déficit a un producto bruto interno que primero fue reducido y después se fijó en un porcentaje que no podremos cumplir. De ahí que nuestro proyecto propone porcentajes que permiten llegar al equilibrio fiscal en el 2004, de modo tal que el próximo gobierno entregue las cuentas equilibradas. Ese desafío lo aceptamos. Lo que de ninguna manera podemos aceptar es la postura de que ese equilibrio se puede lograr antes. No es que no lo queramos; lo que sucede es que ello traería seguramente un desequilibrio social. Nuestra intención es buscar un equilibrio fiscal sustentable en el tiempo, y para que lo sea debe estar acompañado por un equilibrio social; es decir que debemos atender con el gasto público todos los requerimientos sociales que existan en nuestro país.

Voy a dar ejemplos para comparar el proyecto del oficialismo con el que presenta la Alianza, aunque aclarando previamente que en cualquiera de las dos alternativas -esto lo digo para los gurúes de la economía, que opinan desde afuera- el gasto va a bajar en términos del PBI. Nosotros decimos que con un país que durante los próximos cuatro años crezca a un tres por ciento del PBI, en promedio, y una recaudación que aumente en un cuatro por ciento -es decir, controlando la evasión- será posible mantener en términos nominales el gasto que hoy se realiza en la Argentina. Es necesario hacer estas aclaraciones para que sepamos qué estamos votando.

Según el proyecto de la Alianza, para mantener el gasto primario, que hoy es de 42 mil millones sin los intereses de la deuda, será preciso un crecimiento del 3 por ciento del PBI. Según el proyecto del oficialismo, en cambio, hay que crecer a un 4 por ciento y mantener el incremento de la recaudación un punto por encima de esa cifra, es decir en un 5 por ciento. Si se aplica el proyecto de la Alianza, el gasto primario, si bien se reduciría en términos del PBI, crecería nominalmente a un ritmo que en nuestra opinión es razonable: unos dos puntos en el primer año y medio punto más en el 2002, hasta alcanzar en el 2004 un 6 por ciento de incremento. Según el proyecto del oficialismo también se llegaría a ese 6 por ciento, pero la diferencia estriba en que todo el ajuste -todo el pago de la factura por la fiesta- se haría en los tres primeros años del próximo gobierno. ¿Será que están preparándose para que vuelva alguien y comience la fiesta de nuevo? En nuestra opinión, esto es inadmisible. Si vamos a votar una ley de responsabilidad fiscal, empecemos por ser responsables y aprobemos disposiciones que puedan ser cumplidas y no sean desde el principio letra muerta.

En síntesis, coincidimos en la necesidad de sancionar una ley de emergencia fiscal. Hago hincapié en el término "emergencia" porque se está tratando de vender este proyecto con el ostentoso nombre de proyecto de ley de convertibilidad fiscal. También estamos de acuerdo con que durante los próximos años hay que tender al equilibrio fiscal pero no con las metas que propone el oficialismo. A diferencia del oficialismo creemos, sin embargo, que esta ley de responsabilidad fiscal debe comenzar a regir inmediatamente y no cuando entre en funciones el próximo gobierno.

Por todas esas razones sostenemos un proyecto propio y adelantamos nuestro voto negativo al que ha presentado el oficialismo. (Aplausos).

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. NATALE.- Señor presidente: este proyecto de ley ha sido presentado como el gran instrumento jurídico querido por el Fondo Monetario Internacional, el mundo financiero, los inversores y demás sectores propios de la globalidad; y como si fuera la gran panacea para dar señales positivas que alienten inversiones en nuestro país.

Si uno se deja llevar por las manifestaciones de algunos importantes actores del mundo económico internacional debería pensar que sancionada esta ley de aquí en adelante la República Argentina recuperará los niveles de confianza internacional que habíamos sabido alcanzar y que lamentablemente hemos ido perdiendo año tras año.

Para nosotros no es nueva esta situación. Lo advertí en la sesión del 26 de noviembre de 1997 cuando discutíamos el presupuesto para el año 1998. Dije en ese entonces: "En cinco años prácticamente sin inflación los gastos presupuestarios han aumentado más de un 20 por ciento; frente a 39.650 millones de pesos presupuestados en el año 1993, hoy estamos por aprobar un presupuesto que contempla gastos por 48.675 millones, es decir, alrededor de 9 mil millones de pesos más. Al mismo tiempo, la necesidad de financiamiento, el endeudamiento, pasa de 4.436 millones en 1993 a 19.820 millones en 1998. Este es un camino peligroso, y es por ello que las advertencias que hiciéramos al discutirse el presupuesto del año 1994 las reiteramos en ocasión de la consideración de los correspondientes a los ejercicios 1995, 1996 y 1997."

El año pasado, cuando discutíamos el presupuesto para el ejercicio 1999 manifesté lo siguiente: "Día a día aumenta el déficit del presupuesto; día a día aumenta la necesidad de financiamiento; día a día tenemos que conseguir nuevos créditos por los que pagamos tasas de interés anual del 10 y el 11 por ciento para financiar esos déficit. Y si la volatilidad de los capitales de la que tanto se habla y tanto se percibe en estos tiempos afectara algún día a la Nación Argentina no pagaríamos los sueldos ni atenderíamos los compromisos del Estado ni podríamos afrontar las obligaciones corrientes que tiene la administración pública."

Sr. NATALE.- De manera que esto no es nuevo. El desequilibrio fiscal comienza a producirse en 1994 cuando se adoptó una decisión a mi juicio equivocada, como lo señalé en aquella oportunidad, consistente en la reducción de los aportes patronales al sistema previsional -lo que se dio en llamar el mapa previsional- que hacía pensar que se compensarían con la mayor recaudación que debía provenir de la inscripción de aquéllos que hasta ese momento no se hallaban inscriptos en el sistema. Pero los aportes se redujeron más, los nuevos aportantes que operaban en negro no blanquearon su situación y allí comenzó el desequilibrio de las cuentas que nos obligó hacia fines de 1994 a efectuar un refuerzo de partidas por mil millones de pesos para que saldaran las cuentas de ese año.

El problema es que el Estado nacional se halla en situación de insolvencia; esto es lo grave, y los operadores internacionales lo saben muy bien. Entonces, si hay insolvencia no hay atracción para la inversión y las tasas de interés que se deben pagar son altas; por ende, los costos nacionales también son muy altos y los factores económicos pierden competitividad.

No es cierto que, como se dice a veces, tengamos costos altos porque los servicios sean caros.

La electricidad en la Argentina es una de las más baratas del mundo en su fuente de generación, y lo mismo ocurre con el gas. Ello es así gracias a un sistema legal que supo sancionar este Congreso por el que se permitió la libre producción de electricidad y gas.

Lo que ocurre es que dentro del costo argentino hay una carga muy fuerte, producto de la falta de certeza sobre las posibilidades de la Nación Argentina de atender los compromisos financieros internacionales contraídos. Y el déficit fiscal es una parte fundamental de esa problemática. Dentro de ese marco es que consideramos el proyecto.

El señor diputado Balter ha planteado en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda diversas observaciones a los proyectos presentados. Me permitiré puntualizar algunos aspectos del dictamen de mayoría.

Sabemos que en el mundo existen importantes casos de sanción de leyes que conciben el gasto como una manera de lograr el equilibrio fiscal. Hay antecedentes exitosos en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia y en Nueva Zelanda. Sin embargo, ello no se va a conseguir con la norma que esta noche estamos considerando.

Si repasamos su articulado veremos que se reproducen normas establecidas en la ley 24.156, sobre administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional -la llamada ley de contabilidad-, que el Congreso sancionó en 1992, y se establecen meras declaraciones de buenos propósitos que de ninguna manera atan a los gobiernos al objetivo de lograr el equilibrio presupuestario.

Me permitiré hacer una brevísima exégesis de algunos de los artículos de este proyecto. En el inciso a) del artículo 2°, en el que se establece que el presupuesto contendrá todos los gastos corrientes y de capital a ser financiados mediante impuestos y tasas, es similar al artículo 12 de la ley de administración financiera del Estado.

El inciso b) del mismo artículo, que determina que el déficit tiene limitaciones, es incluso más permisivo que el artículo 28 de la ley 24.156, que no admitía que hubiera gastos sin recursos. La nueva ley que se propone es más permisiva que el régimen legal existente.

Por su parte, el inciso c) limita el incremento del gasto al aumento del producto bruto interno. Pero no sé a qué producto bruto interno se refiere, si al que conocíamos hasta hace unos meses o al que conocemos ahora. De todas maneras, aun así, crea excepciones, y especialmente lo dice cuando establece que la tasa real de incremento del gasto no podrá superar el incremento real del PBI, salvo que se agreguen autorizaciones al presupuesto. En definitiva, esto es no decir nada.

El inciso d) se vincula con el Fondo, al cual ya me he referido.

Por su parte, el inciso f) es una maravillosa expresión de literatura fantástica: la deuda pública total del Estado nacional no podrá aumentar más que el déficit del sector público nacional no financiero, la capitalización de intereses, el pase de monedas, los préstamos que el Estado nacional repase a las provincias y el pago establecido por varias leyes. Es decir, la deuda pública no puede aumentar más de lo que aumente la deuda pública. Esto es no decir nada. Para colmo, se incorpora como un elemento para ser atendido por la deuda pública la capitalización de intereses. Es cierto que desde hace varios años que se viene haciendo, pero también es cierto que la filosofía original del programa económico suponía que los intereses de la deuda se atenderían exclusivamente con recursos corrientes y no con nuevo endeudamiento.

Desde hace varios años, para atender intereses tomamos endeudamiento y pagamos el 10, 11 o 12 por ciento anual -es decir, mucho más de lo que pagan otros países-, justamente por esa situación de insolvencia de la que hablaba al principio; y ahora legalizamos esa situación incorporándola al proyecto de ley que estamos considerando.

En el inciso a) del artículo 3° se establece que todos los gastos devengados deben ser tomados en cuenta. Por supuesto, debe ser así; si no se hubieran devengado, no se tomarían en cuenta. El inciso b) de ese artículo pareciera ser el más sancionatorio, pues determina que los funcionarios que gasten más que lo que autoriza la ley de presupuesto incurrirán en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¡Chocolate por la noticia! Eso lo sabemos desde chicos: el funcionario que gasta más que lo autorizado en el presupuesto, incurre en malversación o en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta figura se halla incorporada desde hace muchísimos años al Código Penal.

El artículo 4° dice así: "No podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos extrapresupuestarios." Eso está bien, pero implícitamente ya se encuentra previsto por los artículos 28 y 38 de la ley 24.156.

En el artículo 5° del proyecto de ley en tratamiento hay algo interesante. Su inciso b) dice lo siguiente: "Las jurisdicciones y entidades de la administración nacional que tengan a su cargo la ejecución de programas clasificados en la finalidad servicios sociales, deberán estar sujetos a mecanismos de control comunitario antes del 31 de diciembre del año 2001,...". Pregunto: ¿qué son estos organismos de control comunitario que se harán cargo de controlar a las jurisdicciones y entidades de la administración que atiendan servicios sociales? ¿Para qué están la SIGEN y la Auditoría General de la Nación? Esto es insólito.

Por otro lado, mediante el mismo artículo 5° se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a establecer penalidades para las autoridades de los programas por incumplimiento de los compromisos asumidos. Es decir que el señor jefe de Gabinete podrá tipificar delitos e incorporarlos al Código Penal en el caso de que las autoridades no cumplan con los compromisos asumidos. Francamente, esto no tiene ni ton ni son.

Además, se instituye el Programa de Evaluación de Calidad del Gasto bajo la Jefatura del Gabinete de Ministros. En la actualidad existe la Oficina Nacional de Presupuesto, creada por la ley 24.156 en su artículo 17. Sin embargo, ahora estamos otorgando al jefe de Gabinete atribuciones sobre otra oficina burocrática, que aumentará los gastos del Estado en función del costo que genere ese organismo, que hará lo que mal o bien ya está haciendo la Oficina Nacional de Presupuesto.

Podría pasarme toda la noche haciendo la exégesis de este proyecto de ley, pero quiero referirme a uno de sus artículos, que es de antología. Me refiero al artículo 8°, que dice lo siguiente: "La documentación de carácter físico y financiero producida en el ámbito de la administración nacional y que se detalla a continuación, tendrá el carácter de información pública y será de libre acceso para cualquier institución o persona interesada en conocerla..."; y a continuación se procede a la correspondiente enunciación de esa documentación disponible a las instituciones o personas interesadas. Por ejemplo, estados de ejecución de los presupuestos, órdenes de compra, órdenes de pago, pagos realizados por la Tesorería, datos financieros, listado de beneficiarios de jubilaciones y pensiones, estado de situación, perfil de vencimientos y costo de la deuda pública, listado de cuentas a cobrar, inventarios de bienes inmuebles y de inversiones financieras, estado del cumplimiento de las obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, información acerca de la regulación y control de los servicios públicos, etcétera.

Estoy seguro de que el Estado nacional no dispone de toda esa información; pero no se trata sólo de eso. Pongamos como ejemplo el caso de un ciudadano que se presenta ante la administración, y dice: según esta ley yo puedo conocer el estado de cumplimiento tributario y previsional de todas las personas con la AFIP, así como los pagos realizados por la Tesorería nacional y el resto de las tesorerías de la administración nacional. ¿El funcionario le va a dar el listado de todos los pagos? ¡Por favor, si los diputados nacionales no podemos conocer el presupuesto distributivo de la Cámara de Diputados de la Nación! (Aplausos.) ¡Si nosotros mismos no sabemos cuál es el gasto de la Cámara de la que somos miembros, cómo se puede pensar que cualquiera de los 35 millones de argentinos va a poder obtener este tipo de información! ¡Es absolutamente ridículo!

Sr. NATALE.- Si quieren, podemos hablar de la bicameral; voy a ser el primero en pedir ese debate...

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Ruego a los señores diputados que se circunscriban al tema en consideración.

Sr. NATALE.- Señor presidente: con mucho gusto me sumaría a ese debate; tengo muchas ganas de que en el recinto se discuta todo lo atinente a la comisión bicameral.

Vuelvo al tema. Es una buena idea la creación del fondo anticíclico, pero haciéndolo en época de vacas gordas para prevenir lo que puede ocurrir en época de vacas flacas. ¿Pero cómo se lo va a constituir? Se prevé que el 50 por ciento provendrá de las privatizaciones, a excepción de la del Banco Hipotecario; pero ya no queda prácticamente nada por privatizar.

También se establece que el superávit financiero de cada ejercicio fiscal formará parte de este fondo. Lamentablemente, no se ha tenido en cuenta que, en lugar de superávit, tenemos déficit. ¿Cómo vamos a integrar el fondo anticíclico fiscal?

Asimismo se fija que el 2 por ciento de los recursos corrientes del Tesoro Nacional serán girados a ese fondo, que no admite ningún otro destino. Por lo tanto ese 2 por ciento de los recursos que es girado al fondo deberá ser reemplazado por una nueva deuda por la que pagaremos mayores intereses para, a su vez, cumplir con el pago de la deuda externa.

La constitución del mencionado fondo me parece una idea interesante como norma general, pero resulta poco serio en un país que arrastra déficit fiscal desde hace cinco ejercicios.

Por supuesto, la Jefatura de Gabinete será la encargada de autorizar cómo se usará el fondo anticíclico y, cuando los excedentes acumulados superen el 3 por ciento, determinará si se disponen a cancelación de deuda, inversión pública o gasto social.

Esta última norma merece un largo debate a fin de discernir qué tiene prioridad para el país en función del interés de los argentinos y no de los extranjeros. Por supuesto, cualquiera de los rubros que se deje de lado ocasionará consecuencias ya que, si no pagamos la deuda entramos en insolvencia; en ese caso pagamos más caros los intereses, lo que seguramente provocará recesión. No creemos que sea malo pagar la deuda porque, si no lo hacemos, terminamos soportando tasas del 12 o 13 por ciento.

Podremos anticipar este fondo cuando el Indicador Anticipado del Ciclo elaborado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán nos diga que hay reversión del ciclo. Esperemos que esa universidad siga haciendo los respectivos estudios porque, si no, habrá que modificar la presente norma.

Teniendo en cuenta los efectos buscados, entiendo que el presente proyecto de ley es poco serio. Compartimos la idea de sancionar una ley que limite el gasto; estamos dispuestos a aceptar todos los esfuerzos que sean necesarios para mejorar la recaudación. Otros señores diputados han manifestado -y es rigurosamente cierto- que el alto nivel de evasión sigue siendo una de las causas primordiales de los desequilibrios presupuestarios y que todavía falta mucho por hacer ya que, si bien la recaudación ha mejorado, estamos lejos de alcanzar niveles medianamente razonables. También compartimos plenamente la idea de aplicar disciplina fiscal y la convicción de reducir el gasto, tal como muchas veces lo he señalado en el recinto.

Asimismo estamos completamente de acuerdo con la idea de que hay que extremar los esfuerzos para aumentar la recaudación porque, de lo contrario, pagan justos por pecadores. Algunos pagan y los que evaden son señoritos.

Queremos discutir la calidad de la utilización del gasto. Tal como lo expresé hace pocas semanas en el recinto, no es cuestión de aumentar el gasto en salud, educación, seguridad social, etcétera, sino que es mucho más importante determinar cómo se dirige ese gasto. Es necesario analizar si el gasto en salud es bueno cuando lo dispone el señor Alderete en el PAMI; si el gasto educativo es bueno cuando se despilfarran recursos universitarios, secundarios o primarios, o si el gasto en otras áreas de hondo contenido social es eficiente cuando se reparten, por ejemplo, planes Trabajar para satisfacer los intereses de comité de algunos intendentes que buscan punteros y no crear puestos de trabajo para la gente.

La posición de la República Argentina es bastante más ordenada que la de México y Brasil. Hemos sufrido sacudones por hechos ajenos. La crisis del efecto "tequila" de México nos arrastró porque no se tenía confianza en la estabilidad del peso argentino; hoy se ha demostrado que es confiable. Esa misma crisis también arrastró a nuestro sistema financiero, en el que tampoco se confiaba; hoy se ha demostrado que es digno de confianza.

Las crisis posteriores de Malasia, Oriente y Rusia nos acarrearon consecuencias exclusivamente por los problemas de los crónicos y crecientes desequilibrios fiscales. Por su parte, la crisis que soportamos en la actualidad se produjo con motivo de la devaluación brasileña, y objetivamente fue mucho mayor de lo que debería haber sido si no hubiéramos tenido este problema de los desequilibrios fiscales.

En síntesis, compartimos plenamente la idea de sancionar un proyecto de ley que sea eficiente para lograr el equilibrio fiscal, pero no estamos de acuerdo con el texto que se ha puesto en consideración. Se trata de un proyecto de ley meramente declarativo y enunciativo que no resuelve ninguna de las cuestiones.

Por último, no creamos tanto en la deidad de las leyes. Un día la Asamblea Nacional Francesa, en medio de la euforia de la revolución de 1789, sancionó una ley que decía que Dios no existía; sin embargo, para miles de millones de seres humanos, Dios existe. La ley no resuelve los problemas y menos aún los presupuestarios. Las buenas cuentas públicas las debe administrar el Poder Ejecutivo, y las debe preservar el Congreso en la sanción de cada presupuesto. Si hacemos esto, la Argentina retomará los caminos de crecimiento que hoy se han alejado de nuestra perspectiva. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALSOGARAY.- Señor presidente: empiezo por aclarar que comparto muchos de los puntos expuestos por el señor diputado Natale, lo que me permite ser más breve en mi exposición.

La primera pregunta es cuál es el propósito de esta ley. ¿Realmente se cree que con esta norma se ponen en caja, o que se obliga a la burocracia de la administración pública a lograr el equilibrio fiscal?

Sería ingenuo pensar que esto es así y, por otra parte, ya existen leyes a ese efecto, entre ellas la ley de presupuesto que se considera todos los años.

Ahora bien; si la posición del Congreso fuera votar esta norma para luego decir que el Poder Legislativo ya asumió su responsabilidad y que a partir de ahora se arreglen el gobierno o los gobiernos sucesivos, el tema es otro.

De manera tal que no existe un propósito verdadero que pueda ser sostenido; podrá existir una declamación, pero no un propósito verdadero.

Para dar fundamentos de lo afirmado, voy a decir algunas palabras sobre la situación actual. En términos redondos el presupuesto de 1999 prevé un gasto de 50 mil millones de dólares. De esa cifra, el 64 por ciento corresponde al gasto social y el 14 por ciento a los intereses de la deuda externa. Quiere decir que el 78 por ciento ya está bloqueado de antemano.

¿Quién está pensando en disminuir los aportes a los jubilados, a la educación, a la salud, o al gasto social? Parece bastante utópico pensar que esa sería la solución.

Por otro lado, tampoco se pueden reducir los intereses de la deuda externa; de manera tal que queda como fondo para gastos para toda la administración, un 20 por ciento, es decir, 10 mil millones de pesos. ¿Cuánto se puede bajar de esos 10 mil millones? Un 10 o un 15 por ciento, o sea 1.000 o 1.500 millones.

Pero ya tenemos un déficit de 6 mil millones, de manera que aparentemente no es solución ese tipo de reducciones. Podría quedar como posibilidad aumentar los impuestos; sin embargo, quienes estamos en la materia tenemos la sensación de que hay que separar entre lo que es evasión y lo que es imposibilidad de pagar impuestos.

He estado examinando la cuestión, y lamentablemente se advierte que hay mucha gente que en la disyuntiva entre no pagar salarios y no mantener en operaciones su fábrica, prefiere no pagar impuestos.

De manera que si, frente a la situación actual, con recesión y desempleo, quisiéramos aumentar los impuestos, sería un verdadero drama.

Frente a esta situación, ¿por qué se cree que con esta ley podremos salir a flote? ¿Qué probabilidad hay de que se cumplan las metas cuidadosamente trazadas? Obviamente, no tiene explicación.

Además, frente a una norma de esta clase, el Congreso por lo menos debería indicar el camino para resolver el problema. Si el Congreso dictara una ley que dijera que hay que mandar un cohete a Saturno y traerlo de vuelta, resultaría inoperante. No lo vamos a poder hacer y en todo caso habría que decir que para eso destinamos tantos miles de millones de dólares y demás. Es decir que, si realmente el Congreso quiere que se cumpla algo parecido a esta ley, debe contar qué se hace para salir de la situación planteada.

Por otra parte, si el Poder Ejecutivo o los poderes ejecutivos sucesivos quisieran aplicar la ley, estarían obligados a concurrir al Congreso y pedir autorización legal para aplicar una serie de reducciones, para alterar las disposiciones impositivas vigentes, etcétera. De manera que anticiparnos y decir cómo hay que hacer el operativo, sería sumamente conveniente.

En representación de la Unión Cívica Radical, el señor diputado Dumón nos brindó una descripción apocalíptica de la situación en que nos encontramos, y en muchas cosas tiene razón.

Este tema lo hemos venido planteando desde 1993, en todas las intervenciones que hemos tenido, tanto de ese año como de 1994 y demás. Y sobre el presupuesto hemos brindado un razonamiento parecido al que estamos efectuando hoy.

Pedíamos de entrada una reducción, que en aquel momento era importante, de 5 mil millones de dólares, y una disminución similar de los impuestos. Al no haberse practicado esa reforma y haberse mantenido el ritmo al que estábamos acostumbrados, no había duda de que íbamos a llegar a la situación en la que hoy nos encontramos.

Para ser honestos deberíamos decir por qué hemos llegado a esta situación, con lo que entraríamos en una revisión histórica que creo no sería beneficiosa para el señor diputado Dumón. No nos olvidemos de que en 1989 éramos insolventes, ya que ni siquiera pagábamos los intereses de la deuda, además de soportar una trágica inflación.

En consecuencia, para analizar los fenómenos de estos últimos años hay que remontarse a las causas, a las que no me voy a referir hoy, aunque me gustaría hacerlo en otra oportunidad.

Se critica el modelo. Todos los males que sufre el país en este momento serían consecuencia del modelo. ¿Pero qué es el modelo, y cuál es la parte de él que no les gusta? Esto lo pregunto porque hay partes del modelo que dicen que sí les gusta. Por ejemplo, hablan de que no van a tocar la convertibilidad y de otras cosas que se apresuran a aclarar para satisfacer a los inversores y a los analistas extranjeros.

Sin embargo, nadie ha hablado de la parte del modelo que no les gusta, a menos que llamen modelo a cosas que son extramodelo.

El modelo está constituido por la nueva política económica lanzada por el presidente Menem el 8 de julio de 1989 en este mismo recinto. Se basa en que la economía es libre y no dirigida o regimentada. Sabemos que ahora se aplica una economía de mercado que es diferente a la economía dirigida que se aplicó durante muchos años en los países socialistas y también en el nuestro.

Es necesario que exista disciplina fiscal y una apertura internacional. Pero fundamentalmente es imprescindible mantener el valor de la moneda. Este es el modelo, y todo lo demás -la corrupción, las fallas de la Justicia, etcétera- forman parte de lo que es el extramodelo.

Todo esto se podría contestar si nos dijeran cuál es la parte del modelo que no les gusta, y por qué otro modelo lo quieren reemplazar. Seguramente de esto nos enteraremos en los próximos meses, cuando avance la campaña electoral y vayamos conociendo las plataformas políticas de los diferentes candidatos.

Vamos a votar negativamente este proyecto de ley por las razones dadas. No lo haremos porque estemos en contra de la disciplina fiscal, porque este ha sido nuestro caballito de batalla en los últimos años. Lo que acontece es que esta norma de ninguna manera asegurará una disciplina fiscal, y quedará como una cuestión inoperante que ha tratado el Congreso de la Nación.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. PERNASETTI.- Señor presidente: en primer lugar voy a realizar una aclaración. El señor presidente de esta Cámara, diputado Pierri, dijo que íbamos a tratar un proyecto de ley originado en esta Cámara; pero debemos reconocer que este proyecto de ley de convertibilidad fiscal tuvo su origen en el Senado de la Nación, en una iniciativa presentada por el señor senador de la Sota en 1998 y que fue sancionada por esa Cámara. Ahora, de pronto, aparece como una ley importante. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando surge la inquietud de los mercados por el déficit, cuando se acrecienta la recesión y cuando estamos en medio de una campaña electoral en la que se levanta la bandera de que con esta ley vamos a parecer más serios y a dar buenas señales a los mercados, con lo que todo el mundo nos va a creer.

Nadie puede estar en desacuerdo con una iniciativa tendiente a contener el gasto público y hacerlo más trasparente, limitando el déficit fiscal, pero tengo dudas respecto de que para ello sea realmente necesaria una nueva ley. Los tres objetivos que señaló el señor miembro informante de la comisión -bajar el déficit en el 2003, crear el fondo anticíclico y mejorar la calidad y transparencia del gasto- se pueden lograr sin ninguna nueva ley, porque el riesgo país no surge solamente de todas la variantes que él ha indicado sino también de la falta de seguridad jurídica. Justamente, una de las causales del riesgo país es la falta de cumplimiento de la ley vigente.

Obsérvese que, con el pretexto de disminuir el índice de desempleo, hemos sancionado treinta y tres normas laborales desde 1991 hasta la fecha. Si bien todas tenían el mismo fundamento de bajar el índice de desempleo, éste se ha duplicado.

Esta ley ha sido llamada de convertibilidad fiscal o de administración de los recursos del Estado. También podría llamarse reforma del Estado III, IV o V. ¿Pero el solo hecho de sancionar una nueva ley hará que los mercados nos crean? ¿Así disminuiremos el riesgo, cuando ni siquiera cumplimos con la Constitución Nacional? Si se piensa que la solución la podemos encontrar en esta norma, ¿por qué no cumplimos con la Constitución? Por ejemplo, en el capítulo referido a las atribuciones del Congreso, el artículo 75 de nuestra Carta Magna establece que le corresponde fijar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional y aprobar o desechar la cuenta de inversión. También es facultad del Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.

Cuando sancionamos el último presupuesto, en noviembre del año pasado, absolutamente todas las bancadas señalamos al oficialismo que había números irreales, que el PBI no crecería tal como se decía y que el déficit no sería el que se había proyectado. El amigo diputado Balter, de Mendoza, dijo que habría que invitar al mago David Copperfield para acomodar los números del presupuesto. Los hechos nos están dando la razón. Hemos sancionado el presupuesto, la ley de leyes; es decir, la ley que debería ser más creída que todas las demás, y después se dictaron cuatro decretos de necesidad y urgencia que la han modificado y tergiversado, cambiándose todas las finalidades y destinándose fondos de capital a gastos corrientes, violando así las normas de la ley de administración financiera. Entonces, ¿por qué nos deben creer con esta nueva ley? Por otra parte, además de la ley de administración financiera, existe otra, la 24.629, que yo planteé que debería ser citada en el artículo 2° del proyecto. En dicha ley, llamada por Cavallo "segunda reforma del Estado", se ordena al Poder Ejecutivo presentar al Congreso de la Nación un informe trimestral y, dentro de los treinta días de vencido el trimestre respectivo, estados demostrativos de la ejecución del presupuesto general de la administración nacional siguiendo las clasificaciones y niveles de autorización incluidos en la ley de presupuesto, exponiendo los créditos originales y sus modificaciones, explicitando la motivación de los desvíos y los avances logrados en los aspectos mencionados en esta misma ley. Asimismo disponía que al 30 de junio el Poder Ejecutivo debía mandar al Congreso un avance sobre la elaboración del presupuesto para 1997.

Algunas de esas disposiciones han sido cumplidas formalmente: la información llegó a la Comisión de Presupuesto, pero nadie más la conoce.

El artículo 3° de esta ley, que está vigente, dice: "El Poder Ejecutivo nacional no podrá aumentar el gasto de las jurisdicciones y entidades que obtengan recursos adicionales". A su vez el artículo 4° dispone: "Queda derogada toda facultad de origen legal para utilizar créditos no comprometidos."

Por otra parte, el artículo 5° establece: "Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos..." "...El funcionario que autorice u otorgue actos nulos o prohibidos en el presente artículo será personalmente responsable frente a terceros". Y luego fija una serie de disposiciones a las que ya se ha referido el señor diputado Natale.

El artículo 8° faculta al Poder Ejecutivo a "centralizar, fusionar, transferir a las provincias previo acuerdo, reorganizar o suprimir parcialmente organismos descentralizados creados por ley..." "...disponer la supresión total de organismos descentralizados...", y establece toda una serie de disposiciones que también están previstas en este proyecto.

Como consecuencia de esa ley han sido dictado por lo menos cinco decretos, algunos de los cuales son realmente importantes.

El decreto 928/96, por ejemplo, obliga a los organismos descentralizados de la administración pública nacional -DGI, Aduana, ANSES, ANSSAL, PAMI- a presentar, en el marco del nuevo rol del Estado, un plan estratégico que está orientado al ciudadano, a la medición de los resultados y a la jerarquización y participación de sus recursos humanos, asegurando así la transparencia en la gestión.

El artículo 3°, a su vez, establece los requisitos del plan estratégico, y el 5° fija la necesidad de presentar una memoria anual que integre y sintetice la información patrimonial y de la gestión económico financiera realizada, y determina la obligatoriedad de llevar a cabo al menos una vez al año audiencias públicas para dar a conocer el resultado de la gestión a la ciudadanía.

Estos decretos están vigentes. Sin embargo ninguno de esos organismos los ha cumplido. No era responsabilidad de esta Cámara ni de la oposición sino del gobierno -que hoy propone esta nueva ley- hacerlos cumplir. Por eso entendemos que las normas que hoy nos rigen son suficientes; sólo falta la voluntad política de cumplirlas. Entendemos que no hace falta ninguna convertibilidad fiscal sino simplemente la decisión de cumplir la ley.

Por otro lado quiero plantear una cuestión que debe importar a todos los diputados del interior. El señor miembro informante de la mayoría dijo que casi el 50 por ciento del gasto público está en manos de las provincias y de los municipios; no obstante, por medio de esta norma estamos poniendo un corsé al gasto público federal. ¿Qué pasa con las provincias que deben prestar los servicios de salud, educación y seguridad, que son también víctimas de la recesión y que hoy ven disminuidos sus recursos tributarios? Por medio de esta ley estamos diciendo que no se las podrá auxiliar con créditos, pases de créditos u otras operaciones de ese tipo, cualquiera sea la denominación que se les dé. Es decir que estamos dejándolas a cargo de todos esos servicios sin brindarles ningún tipo de asistencia, y además con un proyecto de ley de coparticipación que hasta ahora es secreto y respecto del cual no conocemos su contenido.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia hace saber al señor diputado que ha concluido el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra, por lo que ruega que redondee su exposición.

Sr. PERNASETTI.- Si queremos disminuir el riesgo país analicemos el gasto global y determinemos cuáles son las funciones y los servicios a cargo de las provincias y cuáles los correspondientes a la Nación. Definamos un nuevo régimen de coparticipación cumpliendo con la Constitución, porque sólo de esa forma adquiriremos la seriedad necesaria para dar señales al exterior, ya que tal como ha sido redactada esta ley no brinda ninguna señal positiva.

Concluyo mi exposición citando un párrafo de un trabajo que nos hizo llegar la señora diputada Alicia Castro referido al tratamiento de un proyecto de ley en Estados Unidos respecto de las enmiendas constitucionales y que intenta poner un límite al gasto público. Ese documento ha sido firmado por 1.100 especialistas, entre quienes figuran once premios Nobel. Dice lo siguiente: "El Presidente y el Congreso pueden reducir el déficit a cero o aun generar superávit presupuestario, sin una enmienda constitucional. No es necesario ponerle un chaleco de fuerza a la Nación. Que el Presidente y el Congreso apliquen políticas fiscales que respondan a las prioridades y necesidades nacionales, como los autores de la Constitución, sabiamente proyectada."

Tenemos ejemplos de esto en nuestro país. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires redujo el déficit, creó un fondo anticíclico y generó superávit sin necesidad de ninguna ley de estabilidad fiscal. De este modo fundamentamos nuestro voto por la negativa. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CASELLA.- Señor presidente: seré breve porque quienes han hecho uso de la palabra han expuesto con claridad el punto de vista del bloque de la Alianza.

Simplemente realizaré un aporte al debate desde un ángulo distinto. Tanto los señores diputados que han apoyado esta iniciativa como quienes se han manifestado en contra de ella han sostenido casi unánimemente dos puntos de vista que son compartidos genéricamente.

Ambos grupos han expresado que es deseable que el presupuesto nacional no tenga déficit, pero quienes opinaron en contra de esta iniciativa agregaron que con esta norma no se garantiza la posibilidad de alcanzar ese objetivo.

Quiero añadir otro argumento a lo expuesto sobre este tema. En primer lugar, quiero señalar que se debe tener presente una cuestión de jerarquía normativa. El proyecto de ley que estamos considerando tendrá el mismo valor normativo, en caso de ser sancionado, que cualquier otra ley, incluyendo las sucesivas iniciativas vinculadas al presupuesto nacional. Por lo tanto, nadie puede garantizar que en la próxima ley de presupuesto no se incorpore un artículo que excepcione la normativa que ahora se pretende sancionar. Es un caso típico de la historia normativa de orden presupuestario de nuestro país; aun cuando la ley de presupuesto no debe incluir normas que tengan un sentido distinto al que su título establece, lo cierto es que la experiencia legislativa argentina indica que las normas del presupuesto generalmente incluyeron excepciones respecto de otras normas.

El miembro informante ha dicho que existe una tendencia perceptible en el derecho comparado y en el mundo económico internacional en cuanto a la implementación de normas de esta naturaleza y en ese sentido mencionó a la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.

El caso brasileño incluye una diferencia sustancial. El artículo 163 de la constitución de Brasil establece el principio que denominan "de leyes complementarias", que establece una jerarquía superior a la de la norma común. De esta forma el Estado brasileño cuenta con un instrumento de origen constitucional que permite sancionar una ley de este tipo sin riesgo de que la normativa común la cambie año tras año. Hay mayores garantías de que el contenido de la ley sea respetado.

En Francia ocurre exactamente lo mismo: la ley de finanzas tiene una jerarquía normativa superior a las leyes ordinarias y permite elaborar la legislación presupuestaria sin riesgo de derogación parcial por otra vía.

Por su parte en Estados Unidos se sancionó a mediados de la década del '80 una ley que establecía pautas presupuestarias máximas, que se denominó popularmente la Grant-Rudman-Hollins act. Pero esta norma fue declarada inconstitucional porque otorgaba al auditor la facultad de recortar recursos presupuestarios que excedieran el marco fijado por la ley. La justicia norteamericana determinó que esto significaba la invasión de facultades propias del Ejecutivo. Se trataba de algo que no podía ser llevado a cabo por un funcionario público cuya dependencia era el Congreso de dicho país porque implicaba la ruptura de la división de poderes.

Entonces, en un caso por vía de la normativa posterior y, en el otro, por la interpretación jurisprudencial, lo cierto es que teniendo en cuenta los ejemplos mencionados queda en claro que la ley que pretendemos incorporar para limitar el gasto presupuestario presenta fallas jurídicas que se adicionan a las fallas económicas que han sido claramente comentadas por los expositores anteriores. Por otra parte, se han hecho afirmaciones -no sólo provenientes de integrantes de la Alianza- sobre la imposibilidad de aplicación concreta de la norma.

El domingo pasado -27 de junio- en el diario "La Nación", un joven economista de primera categoría, el doctor Federico Sturzenegger -menciono el nombre para no confundirlo con el padre- señala expresamente que el gasto público, calculado con relación al producto bruto interno ha ido descendiendo en la Argentina a partir de un pico producido en 1982. Tomo la referencia de los últimos 20 años, dejando de lado el comportamiento anterior.

En este momento el gasto público representa el 25 por ciento del producto bruto interno. Ahora bien, ¿cómo analiza Sturzenegger esta evolución? Dice textualmente: "Es así como los argentinos empezamos a proveernos de algunos bienes públicos de manera privada."

Es decir que en el lenguaje de Sturzenegger la caída del gasto público significó la disminución de la prestación de servicios por parte del Estado. ¿Qué servicios? No los servicios públicos privatizados, sino los esenciales.

Sturzenegger dice: "Es así como los argentinos empezamos a proveernos de algunos bienes públicos de manera privada: seguridad y educación, siendo dos ejemplos obvios. El gran desafío del nuevo gobierno es mejorar la administración de esos recursos. Es decir que la tarea que se enfrenta es más la de un administrador que la de un economista. Y si se es exitoso en esta tarea, es probable que queramos aumentar nuestra provisión de bienes públicos."

Es decir, si aumenta la eficiencia del Estado y la prestación de servicios públicos, los reclamos de la sociedad se van a incrementar. Y si ello ocurre los chalecos presupuestarios pueden significar un inconveniente para la redistribución de los ingresos en la Argentina.

Si hay algo que cualquier modelo económico aplicado en nuestro país debe tener en cuenta es la redistribución del ingreso, ya que se ha generado aquí una pobreza creciente.

Federico Sturzenegger continúa su artículo de la siguiente manera: "Adicionalmente, muchos de los servicios provistos por el gobierno exhiben un menor aumentoen su productividad que el de otros sectores de la economía, con lo que su participación en el producto debería ir aumentando". Es decir que la reforma del Estado además de prestar más servicios públicos fundamentalmente en educación, salud y seguridad, debe prestar mejores y más productivos servicios. Para mejorar la productividad también es necesario invertir recursos presupuestarios.

El artículo continúa así: "Por ambos motivos el límite al gasto puede convertirse en una restricción costosa". Repito que estas no son palabras mías ni de los demás integrantes de la Alianza, sino del señor Sturzenegger.

"En síntesis,..." -continúa diciendo- "...la ley de convertibilidad fiscal surge con toda la buena intención de dar señales positivas al mercado internacional sobre nuestro comportamiento fiscal. Sin embargo, en un esquema donde no hay política monetaria y donde puede haber cambios significativos en la eficiencia del sector público, no parece ser una ley a la que podamos augurarle el mismo éxito y perdurabilidad que a la convertibilidad monetaria".

Agrego estos escasos argumentos a los ya enunciados con brillo y categoría por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, y reitero que esos fundamentos constituyen no sólo mi opinión sino también la de quien desde el punto de vista técnico económico reviste primer nivel en nuestro país. (Aplausos.)

 "A la continuación de este debate: punto 9 del sumario."

Sr. BALTER.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. BALTER.- Señor presidente: en función de lo establecido en los artículos 127 y 128 del reglamento vengo a plantear una cuestión de privilegio a raíz de un hecho sumamente grave que ha ocurrido durante el transcurso de esta reunión, y que en consecuencia requiere una decisión inmediata de este cuerpo.

Mientras un señor diputado se hallaba en el uso de la palabra en relación con el tema del equilibrio fiscal, otro señor diputado -en forma imprudente- hizo una imputación. De conformidad con el segundo párrafo del artículo 128 del reglamento, tenemos la obligación de resguardar el decoro de la Cámara y asegurar su normal funcionamiento.

Se ha tendido un manto de sospecha sobre el funcionamiento de una importante comisión del Congreso de la Nación. Me refiero a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones...

Sr. BALTER.- ... -tengan cuidado, calladitos-, sobre la que ha habido comentarios periodísticos en las últimas horas.

Cuando desde toda la comunidad se estaba requiriendo y exigiendo la jerarquización de la actividad política, una imputación de esta naturaleza exige que se explique a toda la ciudadanía si esa comisión funciona o no correctamente. Si hay sospechas, este cuerpo debe ser el primero que se autoinvestigue.

Dejo así formalmente planteada esta cuestión de privilegio, que se vincula con la honra y al honor de quienes estamos sentados en estas bancas, y nadie puede hacerse el distraído. Esta cuestión exige una votación en sentido afirmativo, en forma inmediata, para que la comisión -también en forma perentoria- proceda a analizar los términos que ha utilizado el señor diputado al que me estoy refiriendo.

Por ello solicito que en forma inmediata se ponga a votación la cuestión planteada.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia aclara que reglamentariamente corresponde que se ponga a votación si se acuerda trato preferente o no a la cuestión de privilegio recientemente planteada. En caso de que se acuerde trato preferente, deberíamos comenzar a discutirla; en cambio, si el resultado de la votación fuera negativo, la cuestión pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. NEGRI.- ¿Contra quién es la cuestión de privilegio?

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: aclaramos que votaremos la cuestión de privilegio luego de que se haya sancionado el proyecto de ley en tratamiento.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- En razón de que existen dudas, la Presidencia solicita al señor diputado por Mendoza que precise cuál es el privilegio del cuerpo que ha sido lesionado. Asimismo aclara que en ningún caso se va a dejar de investigar cualquier cuestión que merezca ser dilucidada, ya sea en el recinto o en comisión, si el cuerpo así lo decidiera.

Sr. BALTER.- Señor presidente: nadie duda acerca de que ha sido cuestionada una de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y de la de Senadores. Además, se ha cuestionado la conducta del señor diputado Alberto Natale.

Por las dos razones apuntadas considero que está perfectamente planteada la cuestión de privilegio, con respecto a la cual solicito que la votación se realice nominalmente.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

Sr. BALTER.- ¡Señor presidente: reitero mi pedido de votación nominal!

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Se va a votar si la Honorable Cámara acuerda trato preferente a la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado por Mendoza.

Se requieren dos tercios de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. BALTER.- Señor presidente: solicité que la votación se realizara nominalmente.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Su pedido no estuvo suficientemente avalado, señor diputado. Nadie avaló su petición de que la votación se realizara nominalmente.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: me llama la atención la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado por Mendoza ya que, previamente a su exposición, el señor diputado que estaba haciendo uso de la palabra cuestionó los gastos de la Honorable Cámara de Diputados y, sin embargo, no se planteó ninguna cuestión de privilegio ante una acusación tan seria como la que se estaba realizando.

El señor diputado plantea una cuestión de privilegio referida a un tema respecto del cual hace exactamente treinta días la Cámara decidió que debía darse por concluido. El cuerpo lo votó por unanimidad y determinó que todas las decisiones que tomara la comisión bicameral debían ser consideradas por la Cámara. En ese momento hubo unanimidad de criterios; nadie votó en contra. En la reunión posterior -en la que no estuve presente- se solicitó una reconsideración del asunto y no contó con los votos necesarios para volver sobre el tema.

Deseo formular estas aclaraciones porque me parece que las cuestiones de privilegio deberían ser planteadas de acuerdo con las ofensas que supuestamente reciben las partes. Alguien dijo que esta Cámara no tenía control, y el señor diputado que opinó ni siquiera se preocupó por repetir el mensaje que supuestamente emitió al plantear la cuestión de privilegio. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia desea aclarar que, cuando se solicitó que la votación fuera nominal, el único legislador que adhirió levantando su mano fue el señor diputado Gutiérrez, por lo que esta Presidencia consideró que el pedido no estaba suficientemente avalado.

Sr. DUMON.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. DUMON.- Señor presidente: existiendo dudas respecto del resultado de una votación en virtud de que no se observó cuántas manos estaban levantadas, de acuerdo con las prescripciones del reglamento solicito rectificación de la votación de la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado por Mendoza.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Con el mayor gusto la Presidencia someterá nuevamente a votación la cuestión en el entendimiento de que es lo que corresponde.

La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal formulado por el señor diputado por Mendoza está suficientemente apoyado.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia aclara que en esta instancia corresponde que sólo voten quienes participaron en la anterior votación.

Sr. MAQUEDA.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. MAQUEDA.- Señor presidente: solicito que se aclare qué es lo que se va a votar porque aquí se ha planteado una cuestión de privilegio contra un diputado a quien no se nombra, y contra lo que expresó un legislador sin decir qué es lo que manifestó.

Creo que estamos ante una cuestión virtual porque esto no es parte de la realidad. No se trata de un asunto que pueda presentarse como una cuestión de privilegio ni se encuadra en las prescripciones reglamentarias. (Aplausos.)

Sr. NATALE.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. NATALE.- Señor presidente: al referirme al artículo que otorga facultades a todos los ciudadanos para averiguar respecto de las cuentas públicas ironicé expresando que, si ni siquiera los diputados podíamos conocer el presupuesto distributivo de la Honorable Cámara de Diputados, cómo cualquier ciudadano iba a poder informarse del manejo de todas las cuentas públicas. En ese momento el señor diputado Camaño hizo algunas interjecciones que alcancé a escuchar refiriéndose a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y de Seguimiento de las Privatizaciones. Pensé que era una más de las guaranguerías a las que nos tiene acostumbrados el señor diputado Camaño...

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia solicita al señor diputado por Santa Fe que guarde el decoro que corresponde en este ámbito y no realice ese tipo de adjetivaciones respecto de otro legislador.

Sr. NATALE.- Retiro la palabra "guaranguerías". Pensé que era una más de las deslucidas apreciaciones que suele efectuar el señor diputado Camaño, y en el caso me limité a contestarle indicándole que, si quería conocer los dictámenes de todos losdiputados que integramos la Comisión Bicameral desde el principio hasta hoy, los pusiésemos en la mesa, porque los que yo he firmado no podrán jamás ser tachados de indignidad alguna. Y yo no puedo aceptar que en este cuerpo se ponga en tela de juicio la conducta de un diputado con el que podrán estar de acuerdo o en desacuerdo los demás miembros, pero que jamás en su vida política pudo ser imputado de un acto de indignidad.

En ese momento no dije nada; me callé la boca porque era otra apreciación más de las que nos tiene acostumbrados el señor diputado Camaño, pero ante la cuestión planteada por el señor diputado Balter y al salir a relucir mi nombre, el diputado que habla, como integrante de la Comisión Bicameral, los desafía a todos a que analicen uno por uno los dictámenes de la citada comisión: allí verán quién fue el que en todo momento estuvo defendiendo legítimos intereses públicos.

Lo tengo que decir con una fuerza que nunca he puesto en este recinto, porque haber echado una sombra de duda sobre un comportamiento ético de toda una vida como el mío, no merece ninguna otra tipificación que no sea de la descalificación absoluta.

Pido que se vote la cuestión de privilegio y que el cuerpo analice el comportamiento de todos los integrantes de la Comisión Bicameral.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Vamos a dar un corte definitivo a esta cuestión procediendo a la votación.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Las cuestiones de privilegio no se discuten, pero como estábamos haciendo aclaraciones, la Presidencia cederá el uso de la palabra al señor diputado Camaño para luego proceder a efectuar la votación.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: insisto en un tema puntual que este Honorable cuerpo aprobó, y no me voy a apartar de preguntar cada vez que se hable del tema, que supuestamente vengo planteando desde hace un año en el recinto.

Vengo diciendo -y le aclaro a algún señor diputado que supuestamente no tiene la información correspondiente- que la Comisión Bicameral fue creada por ley. Digo esto porque me parece que, repasando el planteo de otro señor diputado que también opinó en este recinto, se advierte que no conoce por qué se creó la comisión bicameral, qué ley se está cumpliendo y cuál de sus artículos en particular. Quiero refrescar esta cuestión; es decir que la comisión bicameral ha surgido de una ley que debe ser cumplida.

La Honorable Cámara votó una resolución por unanimidad, que dice que las decisiones tomadas por la comisión bicameral y las determinaciones que los señores diputados deben llevar a esa comisión para ser firmadas, tienen que tener la representación y la voluntad del cuerpo.

Si preguntar esto en el recinto implica que se plantee una cuestión de privilegio o que alguien se sienta ofendido, le pido disculpas, pero aclaro que lo repreguntaré cuantas veces haga falta...

Sr. CAMAÑO.- ...pero ya no en cumplimiento de mi proyecto sino en el de lo que esta Cámara ordenó y que pretendo que se cumpla. Reitero que, si eso merece el planteo de una cuestión de privilegio, que la planteen, pero lo que se debe hacer es cumplir con el mandato que esta Cámara le impuso a los señores diputados que integran la comisión bicameral.

Sr. CAMAÑO.- No me preocupan que golpeen las bancas; tienen que cumplir con el reglamento de la Cámara y la decisión unánimemente adoptada por el Congreso al sancionar la ley de creación de la comisión bicameral.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia reitera a los señores diputados que debe ser votada la cuestión de privilegio.

Sra. ALARCIA.- Pido la palabra para una aclaración.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba. La Presidencia le solicita que sea breve para poder procederse a votar de inmediato la respectiva cuestión.

Sra. ALARCIA.- Señor presidente: quiero referirme...

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Señor diputado Natale: no sea injusto, ya que la Presidencia le ha dado el uso de la palabra en su momento; también habló el señor diputado Dumón para pedir la rectificación de la votación recaída. Asimismo hablaron otros señores diputados...

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Como estamos saliéndonos del procedimiento normal en el sentido de que hubo una votación y un pedido de rectificación de la votación, la Presidencia va a dar el uso de la palabra, pero pide a los señores diputados que sean breves para que pueda ser votada la cuestión de privilegio ante el pedido de rectificación formulado.

Sra. ALARCIA.- Señor presidente: como integrante de la Comisión Bicameral quiero dejar constancia en este recinto de que jamás he firmado un dictamen que no estuviera en conocimiento del titular de mi bloque y del señor presidente de esta Cámara.

Por lo tanto, la resolución que votamos en conjunto en esta Cámara de Diputados no me afecta en lo personal porque siempre he mantenido informado a mi bloque y a la presidencia del cuerpo. Lo que sí quiero dejar constancia es de que tampoco voy a permitir que en referencia o alusión a este tema algún diputado dudede la honorabilidad de los integrantes de la comisión.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Atento a que las cuestiones de privilegio planteadas por los señores diputados por Mendoza y Santa Fe versaron acerca de una misma situación, se va a votar nominalmente si se les acuerda trato preferente.

Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

Sra. SECRETARIA (Pérez Pardo).- Sobre 163 señores diputados presentes, votaron 80 por la afirmativa y 69 por la negativa, registrándose además 5 abstenciones. No se ha registrado el voto de 8 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Las cuestiones de privilegio pasan a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: deseo que quede debida constancia de que he votado por la afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Señor diputado: como la votación ha sido nominal, su voto ha quedado registrado en forma clara.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Continúa la consideración del dictamen sobre régimen para la administración de los recursos públicos de los poderes del Estado nacional.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. MARTINEZ ZUCCARDI.- Señor presidente: el régimen propuesto resulta redundante, y por lo tanto tiene un carácter superfluo en tanto y en cuanto se pretenda mantener como sistema monetario en la Argentina el de la convertibilidad. Además, el esquema de convertibilidad monetaria supone por su propia naturaleza y composición la existencia de un equilibrio fiscal.

Sin perjuicio de lo expuesto, debo decir que en los nueve años de vigencia de la convertibilidad monetaria la vida económica de nuestro país se ha visto envuelta en un desequilibrio y déficit fiscal. Ese déficit ha sido financiado por sectores económicos y financieros interesados en paliar ese desequilibrio.

El proyecto en consideración también resulta ingenuo por cuanto pretende prever para un quinquenio el posible déficit fiscal. Esto resulta absolutamente voluntarista dado que el régimen de presupuesto es uno de los instrumentos naturales en orden al desenvolvimiento económico-social de una sociedad y de la disputa política de la participación y la distribución. Por lo tanto, generar un sistema de rigideces del que resulta bastante difícil salir significa adoptar una posición regresiva y absolutamente mutilante de una futura gestión de gobierno. En este sentido podemos recordar la experiencia vivida en la provincia de Tucumán: cuando por mayoría absoluta de la Convención Constituyente y bajo el eslogan de la fuerza moral de los tucumanos el partido gobernante modificó la Constitución de la provincia estableciendo rigideces respecto de los regímenes del gasto público, la inversión y la obra pública, se ubicó en el mismo voluntarismo en que está orientado el esquema de este proyecto de ley, convirtiéndose esta disposición constitucional en letra muerta. Así fue como en la provincia de Tucumán, con el mismo gobierno y los mismos integrantes del partido Fuerza Republicana que lo votaron, se violó sistemáticamente la Constitución porque se produjo un exceso en el gasto y no se realizó obra pública alguna; por el contrario, se generó un endeudamiento de más del 114 por ciento de la coparticipación federal.

El caso que acabo de traer a colación es un buen ejemplo de una equivocada filosofía que incorpora esta proyección legal.

La ley aparece también como innecesaria en tanto y en cuanto existan suficiente cultura, conducta y decisión políticas de llevar adelante un proceso de equilibrio fiscal o de eventual reducción del gasto. Con la previsibilidad que tiene el sistema económico mundial actual, donde el propio jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greespan, vaticina modificaciones sustanciales de dicho sistema en el futuro, donde va a tener significativa importancia la suba de la tasa de interés prevista y la disminución de los precios de los commodities de los productos, adoptar un criterio de rigideces significa encorsetar las posibilidades de generar no sólo políticas activas sino también la existencia de iniciativas políticas vivas y vigentes; significa mutilarse y desprenderse de la posible iniciativa política hacia el futuro.

La ley también aparece como peligrosa en tanto trata de establecer mecanismos en los que, fijando topes, endurece o rigidiza el sistema.

Estamos afrontando las complejidades de superar el régimen de convertibilidad monetaria que ha llevado a la Argentina a una situación de perjuicio frente a la competitividad económica mundial. Esa ha sido la consecuencia de la ausencia de una política monetaria en un esquema como el actualmente vigente.

Sin embargo salir de un sistema rígido resulta difícil y complicado. En consecuencia aplicar también en el orden de las finanzas públicas un sistema rígido sería dificultar las posibilidades de superación. En medio de esta peligrosidad, de esta ingenuidad, de esta naturaleza superflua, que bien puede estar prevista lisa y llanamente en la ley de presupuesto anual, nos ubicamos cada año en una posición en que la limitación de los topes puede provocar, si existe crecimiento de la tasa de interés y mayor costo del endeudamiento, un ajuste presupuestario basado en el equilibrio de las partidas que hacen al crecimiento de los impuestos o en su caso a la reducción del ingreso del sector de los recursos humanos que directa o indirectamente dependen del presupuesto.

Estamos en un momento en el cual la Argentina debe tener mucho cuidado con las nuevas pautas de las políticas a aplicar. En un reciente artículo publicado en el "New York Times" se plantea la cuestión de si a los Estados Unidos les conviene tener vecinos fuertes o vecinos débiles, en estos términos: "Esa pregunta acapara cada vez más el debate de Washington, dividiendo a los partidos Demócrata y Republicano por lugares impensados, enredando a legisladores y expertos en argumentos circulares sobre dónde están los verdaderos intereses de Estados Unidos."

"La escena mundial está ocupada por estados económicamente debilitados, que al tiempo que buscan por todos los medios protagonismo internacional sufren los embates del endeudamiento, la falta de confianza y el desempleo." El propio economista Paul Krugman, sobre cuyo pensamiento económico no podemos tener dudas, ha expresado recientemente: "Sin embargo, es difícil evitar el llegar a la conclusión de que tarde o temprano deberemos volver el reloj, al menos en parte, para limitar las fugas de capital para los países que no son apropiados para las uniones de monedas o la libre flotación; para volver a regular los mercados financieros hasta cierto punto; y para buscar inflación baja pero no demasiado baja, en lugar de estabilidad de precios. Debemos prestar atención a las enseñanzas de la economía de la depresión para no tener que volver a aprenderlas atravesando el camino más duro."

Estas expresiones nos llevan a plantear un interrogante. Así como se pretende pautar un quinquenio de alícuotas posibles de déficit fiscal con un destino de crecimiento económico, integración nacional y social, y limitación de las exclusiones sociales existentes, y dado que el presupuesto es uno de los espacios para la lucha política de los sectores sociales y económicos, ¿no será conveniente que a la par de un proyecto de esta naturaleza sancionemos también una ley en la que fijemos para el próximo quinquenio cuál será el crecimiento económico anual, la tasa de empleo o de desempleo o el nivel de desarrollo humano que queremos para la Argentina. Por las razones expuestas votaré en contra de esta iniciativa.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. CAVALLO.- Señor presidente: nuestro bloque va a votar a favor de la ley de solvencia fiscal propuesta por el señor diputado Remes Lenicov. Sin embargo, quiero señalar que esta iniciativa no tiene nada que ver con la ley de convertibilidad que fuera aprobada en el mes de marzo de 1991, ya que es de naturaleza completamente diferente.

Es desafortunado que en la prensa y en la discusión cotidiana se la haya denominado ley de convertibilidad fiscal, porque la convertibilidad es una propiedad que da poder a la gente para elegir; en el caso de la convertibilidad monetaria la elección fue por la moneda con la que se manejaría. Por lo tanto, significa quitarle poder al Banco Central y a las autoridades políticas y económicas para desvalorizar la moneda.

El muy buen efecto que tuvo la ley de convertibilidad monetaria, tanto desde el punto de vista económico como político, se debe precisamente a que la gente usó ese poder primero para defender el valor del dinero, de su trabajo, de sus ahorros, y luego para exigir a la dirigencia política que nunca le quite ese poder que le asegura estabilidad a esos ahorros.

También se podría pensar en una ley de convertibilidad social -como la hemos denominado nosotros- en lugar de esta denominada ley de convertibilidad fiscal, pero la clave estaría en dar poder a la gente para asegurar que lo que figura en el presupuesto asignado a la educación tenga ese destino a través de ella, lo que figure en el presupuesto para salud llegue por medio de la gente a los hospitales, y así el control del buen destino del dinero que recauda el sector público estaría en la gente y las partidas no se perderían en vericuetos burocráticos y de corrupción. Esa será en el futuro la nueva ley de convertibilidad social que espero que algún día sancione el Parlamento.

Destaco que a pesar de que algunos señores diputados votarán a favor y otros en contra de esta iniciativa, la discusión ha puesto de manifiesto que existe una preocupación prácticamente unánime en las distintas bancadas respecto al control del gasto público y para evitar el descontrol del déficit y el aumento permanente del endeudamiento.

Espero que en función de esta unanimidad el efecto que produzca la sanción de este proyecto de ley sea positivo, es decir, ayude a mejorar las expectativas respecto al futuro de nuestro país. Sin embargo, en ese mismo sentido señalo que no creo que esta normativa constituya un gran aporte, porque coincido con los que han señalado que en materia fiscal hay dos conjuntos de normas que son clave. El primero se vincula con la ley de administración financiera y control presupuestario, que es una muy buena ley que debe cumplirse, y el segundo se relaciona con las leyes anuales de presupuesto. En este sentido, si hoy hubiéramos dispuesto la derogación del decreto de necesidad y urgencia 21/99 que firmó el señor presidente de la Nación el 14 de enero de este año, habríamos producido un muy buen efecto sobre los que miran el grado de disciplina fiscal de la Argentina.

Es la primera vez que por medio de un decreto de necesidad y urgencia se modificó la ley de administración financiera, que es una norma marco que nunca debería ser modificada por esa vía. Además se hizo para autorizar el aumento del gasto y del endeudamiento en obras no prioritarias a ser contratadas por la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable.

No habría mejor forma para demostrar la prioridad que este Congreso de la Nación otorga al control del gasto y del endeudamiento y al respeto por la ley de administración financiera, que derogar esa autorización para gastar y endeudarse más, derivada del decreto 21/99. Se trata de un pésimo antecedente porque fue la primera vez que por decreto de necesidad y urgencia se modificó una ley de esa jerarquía.

Además podríamos dar una señal muy positiva si hoy estuviéramos rediscutiendo la ley de presupuesto para 1999, es decir, la ley vigente; si incluyéramos en esa ley un condicionamiento a las transferencias pendientes desde la Nación a las provincias de aquí a fin de año, a fin de que se dé estricto cumplimiento por parte de las provincias al Pacto Federal Fiscal en todo lo vinculado con el control del gasto y la eliminación de impuestos distorsivos.

Si las provincias hicieran en los próximos tres meses lo que no hicieron en los tres últimos años, leyeran y releyeran el Pacto Fiscal Federal y se guiaran en las decisiones que tienen que tomar con lo que se comprometieron a hacer en ese Pacto, comenzaríamos a ver una solución al gravísimo problema fiscal que estamos viviendo en este momento.

Una discusión del presupuesto para 1999 debería llevar a la eliminación de partidas innecesarias o superfluas y demostrar que no sólo prometemos disciplina fiscal para el futuro, sino que la comenzamos aplicar aquí y ahora porque sin duda estamos enfrentando una verdadera situación de emergencia fiscal.

También hubiera sido una buena señal haber derogado hoy el impuesto a los automotores, por lo menos en lo que respecta a las empresas de transporte. Es una aberración que se exija que paguen el 1,5 por ciento del valor de sus herramientas de trabajo a quienes prestan servicios de transporte, tan importantes para el buen funcionamiento del resto de la economía.

En síntesis, vamos a votar a favor de este proyecto, sobre todo para que nadie interprete que falta voluntad en este Honorable Congreso para poner límites al gasto y al déficit excesivos.

Sería muy productivo que hoy nos abocáramos a dar muestras de disciplina fiscal. Todos los miembros de este Congreso deberían dar el ejemplo y hacer un mea culpa sobre aquella resistencia equivocada a un veto del Poder Ejecutivo cuando por intereses corporativos, como es el caso de los tres pesos por voto asociados a las campañas electorales insistieron -no digo "insitimos" porque los tres diputados de Acción por la República en ese caso acompañamos el veto del Poder Ejecutivo- para que se triplicara el aporte por voto para la próxima campaña electoral. Obviamente, desde el Congreso deberíamos estar dando el ejemplo en materia de disciplina fiscal.

Entre paréntesis, el gasto enorme que se está haciendo en las campañas electorales no es precisamente un buen ejemplo en momentos en los que debería existir una fuerte austeridad. En síntesis, más allá de que votemos afirmativamente este proyecto de ley, es urgente que en esta Cámara nos aboquemos al tratamiento del problema fiscal federal y de las provincias con referencia al año en curso antes de las elecciones.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. LAMBERTO.- Señor presidente: seré breve en mi exposición para que luego haga uso de la palabra el señor diputado Remes Lenicov.

Es necesario hacer algunas reflexiones sobre el proyecto de ley en tratamiento, que no tengo la menor duda de que es importante no tanto por lo que dice sino por todos quienes están en contra de esta iniciativa.

Todas las leyes importantes que sancionó esta Cámara siempre fueron votadas de la misma manera: el justicialismo tomando la iniciativa de las transformaciones y la oposición diciendo "no sirve, es insuficiente, no va a durar". Recuerdo que decían que la convertibilidad no podía durar más de tres meses. Felizmente, pasaron más de tres meses y sigue funcionando.

El proyecto de ley en debate evidentemente tiene un gran valor político y de comunicación. Incluso, debería ser aprobado por todos porque existe el compromiso de que, pase lo que pasare el 24 de octubre, el país va a seguir con estabilidad y con disciplina fiscal. Este es el mensaje político respecto de una ley de esta naturaleza, que va mucho más allá de su letra y su contenido.

Se percibe en muchos sectores de la sociedad que siempre están aquellos que creen que se puede gastar sin límite, que no importa de dónde sale la plata, que el gasto es milagroso. Fundamentalmente en estos años de disciplina fiscal, de presupuestos equilibrados...

Sr. ALESSANDRO.- ¿Qué disciplina fiscal?

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Señor diputado Alesssandro: si desea pedir una interrupción, hágalo, pero no interfiera en la exposición de quien está en uso de la palabra.

Sr. ALESSANDRO.- Solicito una interrupción...

Sr. LAMBERTO.- Que el señor diputado se anote en la lista de oradores.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. LAMBERTO.- Señor presidente: ¿por qué razón hace falta una ley de estas características?

Supongo que los contratos, que inicialmente eran verbales, comenzaron a ser escritos porque alguien no los cumplió. Luego se necesitaron escribanos que certificaran las firmas porque había quien negaba la suya y luego se inventaron las escrituras.

La sanción de una ley de la Nación constituye la decisión del cuerpo más importante que tiene el país, que es el Parlamento, y significa que habremos de comportarnos de aquí hacia el futuro respetando los lineamientos de esa norma. Algunos dirán que esta ley puede ser modificada con la sanción de otra ley; lógicamente, eso siempre puede ocurrir. Sin embargo, creo que hay una señal clara de que el Parlamento, aquí y ahora, está adoptando una decisión sin importar quién gane en las próximas elecciones. Para el gobierno que viene habrá una conducta establecida a raíz de una decisión de los argentinos.

Eso no es poca cosa, porque la Argentina ha adoptado decisiones importantes respecto de las cuales jamás volvió hacia atrás. Cuando se recuperó el sistema democrático y se empezó a caminar con amenazas de golpes de Estado y desestabilización, la sociedad tomó la democracia como propia y nunca más se volvió hacia atrás. Cuando se decidió tener estabilidad monetaria, el valor de una moneda en la que la gente pudiera confiar, no fueron los economistas los que dijeron qué iba a suceder; fue esa gente, que se aferró a algo que le diera seguridad en sus vidas.

Es cierto que hoy a los argentinos les falta plata, porque hay problemas en los mercados internacionales y los precios de nuestros productos han disminuido. Por ello, el hecho de demostrar que el gobierno no va a malgastar el dinero de los ciudadanos es la mejor señal que el Parlamento puede dar.

Por otra parte, el presente proyecto de ley no sólo significa poner un límite al gasto sino también que se va a gastar bien, cuestión a la que hicimos referencia en oportunidad de discutirse los respectivos presupuestos cuando enumeramos las cosas que nos faltan hacer.

Por supuesto, soy consciente de que no alcanza sólo con la presente norma, ya que, por ejemplo, es necesario sancionar una ley de coparticipación como la que los argentinos nos debemos y que por distintas razones se va demorando a pesar de que representa la tercera pata que se requiere para la organización del país; este debate debe darse y no a muy largo plazo.

Debo aclarar que ciertos temas me asustan porque pareciera que por cumplir con determinadas normas de conducta, de receptividad social o para aparecer como creíbles para gobernar se dice que se está de acuerdo con la convertibilidad fiscal.

En razón de que no se encuentra presente el señor diputado Terragno da la sensación de que se hubiera quitado el tapón a una botella y, en consecuencia, se destaparon todos. Pero en cada discurso subyace que no están de acuerdo con el fondo de la cuestión, es decir, con aceptar como norma de aquí a futuro que vamos a vivir en estabilidad, que es la que nos permitió realizar cosas importantes.

Por otro lado, se modificarán aquellas cuestiones que lo requieran pero sólo a partir de los logros alcanzados, corrigiendo las cosas que están mal hechas ya sea porque no supimos cómo hacerlas o no pudimos.

El presente proyecto de ley debe ser votado por todos, entre otras razones porque en la comisión respectiva se han aceptado las sugerencias realizadas; tanto es así que se han corregido párrafos enteros a pedido de varios señores diputados; por lo tanto, no existe razón alguna para que esta noche el Parlamento no sancione este proyecto de ley con el voto de todos los bloques; esa será la mejor señal de que a partir de ahora y por mucho tiempo los argentinos queremos vivir con estabilidad. (Aplausos.)

Sr. VICCHI.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia advierte al señor diputado que el debate está cerrado en razón de que ya ha hecho uso de la palabra el presidente de la comisión.

Sr. VICCHI.- Hay hechos nuevos...

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia advierte al señor diputado que el único que tiene derecho a hacer uso de la palabra en esta instancia es el autor del proyecto. Por lo tanto, si el señor diputado Remes Lenicov acepta una interrupción, con mucho gusto le concederé al señor diputado Vicchi el uso de la palabra; en caso contrario el debate está cerrado.

Sr. VICCHI.- Pido la palabra para una aclaración.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. VICCHI.- Señor presidente: no desconozco el hecho de que quien tiene derecho a hablar por segunda vez a efectos de cerrar el debate es el señor diputado Remes Lenicov. Por lo tanto, no es el señor diputado Lamberto quien cierra la discusión, menos aún cuando acaba de poner sobre el tapete una serie de hechos nuevos que corresponde aclarar. Entiendo que como bloque tenemos derecho a solicitar la participación que nos corresponde.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALVAREZ (C.A.).- Señor presidente: el señor diputado Lamberto ha planteado una cuestión que no se compadece con la realidad. Los países serios que manejan bien el gasto no necesitan una ley de convertibilidad fiscal porque el instrumento con el que cuentan es el presupuesto nacional; además, tienen una administración transparente, con controles y una buena calidad del gasto público.

Por el contrario, este proyecto de ley que significa una señal política a los mercados, es producto del desmanejo que ha tenido el gobierno durante los últimos cinco o seis años.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia solicita que no nos apartemos del tema en debate...

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia advierte que si continuamos por esta vía solicitará un breve cuarto intermedio para ver cómo continúa la sesión.

Sr. ALVAREZ (C.A.).- ¿En esta Cámara no se puede decir nada que disguste al bloque oficialista?

Sr. ALVAREZ (C.A.).- Señor presidente: pretendo hacer una aclaración, porque el señor diputado Lamberto dijo que no coincidimos con el fondo de la cuestión. Somos conscientes de que cualquier administración económicamente sana necesita como condición esencial el equilibrio fiscal, pero no queremos llegar al gobierno para hacer más de lo mismo porque en este país también hay muchas demandas productivas, económicas y sociales postergadas.

En nuestra opinión el texto propuesto por el oficialismo tiene dos deficiencias. Primero, no existe la decisión política de empezar ya a buscar el equilibrio fiscal. Por ese motivo siguen los gastos improductivos, los manejos discrecionales de los ATN, y no se termina con los fondos reservados y los bolsones de ineficiencia e improductividad en el Estado.

En segundo lugar, y creo que esto es muy importante, tal como lo señaló el señor diputado Lamberto, este proyecto es una especie de autocrítica del gobierno. Si hubiera manejado bien el gasto público hoy no necesitaríamos de esta norma para brindar una señal política a nadie. La señal sería la propia administración ajustada a un presupuesto equilibrado y no al dibujo que presentó un año atrás el oficialismo como presupuesto nacional. (Aplausos.)

Es necesario poner las cosas en claro porque ahora parece que los que manejan una conciencia de la responsabilidad son los que nos están dejando esta Argentina del desmanejo y de la crisis social. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para que no queden dudas respecto del desarrollo de este debate, antes de la exposición final del miembro informante, la Presidencia concederá el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. VICCHI.- Señor presidente: en principio había tomado la decisión de no intervenir en este debate pues pensé que casi todo estaba dicho, pero luego de escuchar al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda no puedo dejar de efectuar un pequeño análisis.

La sanción de una proyecto de ley tiene un objetivo; por eso frente a estas normas de índole declarativa uno se pregunta cuál es su objeto. En ese sentido, sin duda quien dio en el clavo con la respuesta a ese interrogante fue el señor diputado Cavallo, y nadie puede acusarme de pensar como él. Con muy pocas palabras manifestó que este no es un proyecto de ley de convertibilidad sino una expresión de deseos respecto del presupuesto nacional. ¿Quién elaboró el proyecto de ley de presupuesto en los últimos diez años? ¿Nosotros o ustedes?

Cuando se plantea este tipo de normas en el marco de la inestabilidad que padecen distintas regiones del país cabe preguntar si se está apostando a que el país navegue en la estabilidad o en la inestabilidad, porque pareciera que quienes se oponen a la sanción de esta iniciativa pretenden la inestabilidad cuando en realidad quienes tienen esta actitud son los que ponen este asunto en el tapete. Un presupuesto tiene un contexto, una ingeniería para su elaboración que no se perfecciona por medio de un proyecto de ley declarativo sino por el procedimiento pertinente.

Por otra parte, como bien se ha señalado en este debate, existen leyes que se vinculan con la estructura del presupuesto y que deben ser sistemáticamente respetadas. Sin embargo, los oficialistas fueron los primeros que no las respetaron.

También se expresó en este debate que hay un conjunto de leyes y decretos que coadyuvan a que la estructura del presupuesto navegue en unmarco de estabilidad. No hemos logrado la estabilidad, y ése es el primer error. No quiero ser infamante con mis palabras, pero mi amigo Lamberto ha incurrido en un primer error porque el presupuesto ha sido desequilibrado en los últimos diez años. Esto no admite discusión ni duda alguna.

Sr. VICCHI.- El presupuesto ha tenido serios defectos de forma que han provocado que algunos sectores sufrieran el proceso de alta concentración económica que se produjo en el país.

Ustedes pueden gritar y decir lo que quieran, pero esto es así y no tiene vueltas. Entonces, me parece un gran error que vengan a esta altura de los acontecimientos a decirnos como el "maestro ciruela" qué es lo que hay que hacer para el futuro. Es cometer un grave error porque implica cercenar o cercar el funcionamiento del Estado para el futuro en función de quién tiene las facultades de conducir ese Estado. Lo que ocurre es que ustedes no asumen la responsabilidad de que en este campo han sido ineptos.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia informa que está agotada la lista de oradores. Para cerrar el debate hará uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. REMES LENICOV.- Señor presidente: en realidad tengo una sensación contradictoria porque, por un lado, observo que la gran mayoría está de acuerdo con tener normas de buena conducta fiscal. Más allá de algunas cuestiones puntuales, creo que existe una coincidencia generalizada en cuanto a que el país debe tender al equilibrio. Pero, por otro lado, en función de los discursos que hemos escuchado, pareciera que surge nuevamente la forma de razonar que teníamos en la década del ochenta. En este sentido, quisiera refrescar lo que ha significado 1989 en la historia económica argentina.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia solicita a los señores diputados mantener el orden y les recuerda que, luego de que se vote este proyecto, la Cámara deberá pronunciarse sobre cinco mociones de apartamiento del reglamento cuyo tratamiento se acordó oportunamente. Por lo tanto, pido colaboración para poder practicar la votación.

Sr. VICCHI.- Deberíamos remontarnos a la época de Celestino Rodrigo.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia solicita al señor diputado Vicchi que no siga complicando la sesión porque ya ha tenido derecho a hacer uso de la palabra.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. REMES LENICOV.- Señor presidente: en ese año 1989 se produjo un cambio importante en la política que se venía siguiendo. ¿Qué sucedió en la década del ochenta? Aquí se han brindado muchas cifras de lo que está ocurriendo en la década del noventa, pero en los ochenta el ingreso per cápita cayó un 20 por ciento,único caso en el mundo. No hay otra economía equiparable con una performance tan negativa como la de la Argentina de entonces.

¿Cuándo empezó a crecer la pobreza? En el año 1986. ¿Cuánto era el déficit fiscal promedio en los años 80? Era del 9 por ciento. ¿Cuánto era la deuda? Era del 70 por ciento.

Alguien puede decir que el gobierno del radicalismo...

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia advierte al señor diputado Vicchi que estamos considerando una cuestión muy importante para el país, y le solicita que mantenga el nivel del debate a fin de no dar este triste espectáculo, reitero, cuando estamos tratando una cuestión tan trascendente.

Sr. PASCUAL.- ¡Sea ecuánime, señor presidente!

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. REMES LENICOV.- Señor presidente: alguien podría decir que el gobierno de aquel entonces no quiso, pero no me cabe la menor duda de que aquel gobierno quería mejorar la situación y quería el crecimiento. Pero creo que no se dio cuenta por dónde iba el mundo ni tampoco reconoció cuáles eran las leyes básicas de la economía; y terminó como todos sabemos.

Sr. REMES LENICOV.- A partir de 1989, debió hacerse muy rápidamente lo que otros países que crecieron comenzaron a aplicar en las décadas del 70 y del 80.

Así cambiamos toda la organización económica, lo que nos permitió que en la década del 90 nuestro país creciera el 55 por ciento. Asimismo se logró la estabilidad, aumentaron las inversiones y se contó con una organización que nos permite reconocer que la Argentina, más allá de los problemas, es viable. En los años 80 la Argentina no era viable económicamente.

Actualmente tenemos problemas que son mucho menores que los que teníamos en la década del 80. Aquí también se dijo por qué esta ley no se sancionó a principios de esta década.

Seguramente quedaron cosas por hacer. No es menos cierto que en esa época el déficit estaba decreciendo. Pero también podemos preguntarnos o preguntar a quienes dicen por qué no se aplicó antes, cuáles fueron los proyectos que ellos presentaron en esta temática en aquellos años.

El señor diputado Lamberto sostuvo que en esos años ninguna de estas leyes que permitían la transformación fueron votadas por la oposición.

Sr. VICCHI.- Pero algo ayudamos...

Sr. REMES LENICOV.- Es menester también reconocer que desde 1997, en su campaña la oposición cambió su discurso y comenzó a reconocer que había que respetar los pilares básicos de esta organización económica iniciada en 1989. Creo que esa fue una gran noticia, muy buena por cierto en términos de país a futuro, ya que por primera vez después de sesenta o setenta años los argentinos, así como nos pusimos de acuerdo en los 80 en que democracia era mejor que dictadura, también nos pusimos entonces de acuerdo en que esta forma de organización económica es mejor que la que teníamos en los 80.

Hoy tenemos nuevos problemas y por eso hay que buscar nuevas soluciones. Este proyecto no es la solución, pero ayudará a encontrarla. Por eso resulta importante que más allá de las diferencias que tenemos, la oposición y el oficialismo votemos juntos a favor de este proyecto.

No es atarse las manos como alguien ha dicho sino respetar las leyes de la economía y reconocer la realidad, y una manera de decirnos que no queremos volver a razonar como lo hacíamos antaño, es decir, ante un problema, proponer más gastos y ante más gastos, mayores impuestos o emisión monetaria.

Quiero efectuar un comentario adicional con respecto a la provincia de Buenos Aires. En 1987, cuando asumió el doctor Cafiero como gobernador, no se sabía cuál era la deuda de la provincia. Incluso el Banco de la Provincia de Buenos Aires le debía al Banco Central en concepto de redescuentos. Dicho sea de paso, cuando nosotros asumimos esos fondos nos fueron reclamados inmediatamente.

Empezamos a normalizar la situación y a reconocer cuáles eran las deudas que tenía la provincia de Buenos Aires, llegando a determinarla en 1991 en 2.750 millones de dólares. ¿Saben a cuánto asciende hoy día la deuda? A 1.500 millones de dólares. Es el único caso en el país donde la deuda ha disminuido. Esto es consecuencia del superávit fiscal que tuvimos durante varios años.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- El señor diputado Dumón le solicita una interrupción. ¿La concede?

Sr. REMES LENICOV.- No, señor presidente.

Sr. DUMON.- ¡Está diciendo falsedades!

Sr. REMES LENICOV.- Quiero remarcar el espíritu de esta Cámara por reconocer la importancia de las leyes económicas y la necesidad de un equilibrio fiscal. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia aclara que en virtud de varias inquietudes que nos hicieron llegar

-entre ellas una del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales- se debe entender que el proyecto que vamos a votar ha tenido origen en este cuerpo como Cámara iniciadora, ya que trata materias que son de su competencia exclusiva.

Se va a votar en general.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Se van a votar las inserciones solicitadas por los señores diputados Galland, Salvatori y Folloni.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para una moción de orden tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. ALARCIA.- Señor presidente: formulo moción de que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar una preferencia para tratar dentro de siete días, con o sin despacho de comisión, los proyectos de ley contenidos en los expedientes 763-D.-99 y 2.249-D.-99, que se refieren al régimen para la venta de especialidades medicinales o farmacéuticas, incluyendo los medicamentos o preparados especiales para la salud humana denominados de venta libre.

Sra. ALARCIA.- Voy a dar lectura al proyecto de mi autoría, que está contenido en el expediente 2.249-D.-99, que dice lo siguiente: "Artículo 1°: los únicos comercios autorizados para la venta de todas las especialidades medicinales o farmacéuticas, todas las preparaciones o productos farmacéuticos, principios activos o drogas que posean efectos farmacológicos determinados y se utilicen en medicina en medicina humana, serán las farmacias debidamente autorizadas y que cuenten con un profesional farmacéutico responsable.

"Artículo 2°.- Queda absolutamente prohibido a partir de la sanción de la presente ley la comercialización, venta o distribución de cualquier manera de productos farmacológicos o farmacéuticos, medicamentos o cualquier producto natural que se comercialice con fines terapéuticos o medicinales, en cualquier otro tipo de comercio.

"Artículo 3°.- Lo dispuesto en los artículos anteriores será aplicable también para los medicamentos que en la actualidad se denominan de venta libre.

"Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo nacional deberá arbitrar las medidas necesarias e indispensables a los fines de constatar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo anterior. Queda facultado el organismo que determine el Poder Ejecutivo, para proceder a la clausura de aquellos comercios que se dedicaren al expendio de medicamentos sin los requisitos establecidos en el artículo 1°.

"Artículo 5°.- A los fines de dar cumplimiento a la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional deberá firmar un convenio con las respectivas autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de implementar el control de los productos que se expenden e implementar un cuerpo de inspectores."

El artículo 6° es de forma.

Esta iniciativa obedece a la cantidad de medicamentos que se está publicitando sin ninguna autorización y que provocan daño a la salud del pueblo argentino. Parece que se ha olvidado que todo medicamento tiene efectos colaterales y que aun aquellos que parecen menos nocivos pueden llegar...

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Disculpe, señora diputada pero, si no redondea su exposición, corremos el riesgo de quedarnos sin quórum.

Sra. ALARCIA.- Concluyo, señor presidente, solicitando preferencia para que en la próxima sesión se trate, con o sin dictamen de comisión, la iniciativa a la que acabo de dar lectura, así como la del señor diputado Soñez, que es en el mismo sentido.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. POLINO.- Señor presidente: vamos a apoyar la solicitud de preferencia formulada por la señora diputada preopinante pero en la medida en que sea con dictamen de comisión.

Existen numerosos proyectos presentados en esta materia. Hace pocos días nuestro sector presentó un proyecto en este sentido donde denunciamos muchas irregularidades que se cometen en el proceso de la venta de medicamentos, en el que incluso existe un nuevo sistema que se ha puesto en boga denominado financiamiento de gerenciamiento farmacéutico. En virtud de dicho sistema, por ejemplo, una empresa ubicada en la Capital Federal envía formularios a distintos profesionales médicos ofreciéndoles una bonificación y pidiéndoles que den a conocer -si es que quieren cobrar ese dinero extra que en términos llanos constituye una coima- la cuenta corriente y el banco donde van a depositar esa retribución.

De modo que este es un tema muy complejo y amplio, por lo que pido que la preferencia sea con dictamen de comisión, pudiéndose incluso unificar las diversas iniciativas que existen sobre el particular.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- La Presidencia aclara a los señores diputados que para poder votar la moción de preferencia es necesario que en primer lugar el cuerpo se pronuncie respecto de si está de acuerdo con apartarse del reglamento.

En consecuencia, se va a votar si la Cámara se aparta de las prescripciones reglamentarias para luego pronunciarse sobre la moción de preferencia formulada por la señora diputada por Córdoba. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Señora diputada Alarcia, se le ha solicitado que la moción de preferencia sea con despacho de comisión.

Sra. ALARCIA.- Acepto, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Se va votar la moción de preferencia con despacho de comisión para los proyectos de ley contenidos en los expedientes 763-D.-99 y 2.249-D.-99.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Queda otorgada la preferencia solicitada.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. MARTINEZ ZUCCARDI.- Señor presidente: formulo moción de orden de que la Cámara se aparte de las prescripciones reglamentarias a fin de poder solicitar preferencia para que en la próxima sesión sea tratado, con despacho de comisión, un proyecto de ley firmado por siete de los nueve diputados por la provincia de Tucumán, por el cual se solicita la declaración del estado de emergencia, con determinados efectos, en la provincia de Tucumán (expediente 3.135-D.-99). No se piden exenciones ni subsidios...

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Señor diputado: la Presidencia le ruega que sea breve porque la Cámara está a punto de quedarse sin quórum.

Sr. MARTINEZ ZUCCARDI.- Se trata concretamente de la declaración del estado de emergencia en la provincia de Tucumán a los fines financieros e impositivos.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Corresponde votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Tucumán.

No habiendo quórum, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 101 del reglamento, la Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 15.