Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo, Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

Lista de oradores

1. Moción de orden formulada por el señor diputado Lamberto de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 3 de este sumario. Se aprueban ambas proposiciones.
2. Moción de orden formulada por el señor diputado Camaño de que se aplace la consideración de los asuntos pendientes a fin de tratar en primer lugar el asunto al que se refiere el número 3 de este sumario. Se aprueba.
3. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores diputados Roggero y otros sobre modificación de las leyes 25.053, de Fondo de Incentivo Docente, y 25.063, de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (3.537-D.-99). Se sancionan dos proyectos de ley.
4. Moción de orden formulada por el señor diputado Snopek de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor diputado López Arias y otros por el que se modifica el presupuesto establecido en la ley 25.064, de Fondo Especial del Tabaco (3.203-D.-99). No se vota por falta de quórum.
5. Homenaje a la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816. Se pasa a cuarto intermedio.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Continúa la sesión.

Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. LAMBERTO.- Señor presidente: formulo moción de que la Cámara se aparte de las prescripciones reglamentarias a fin de considerar sobre tablas el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley del señor diputado Roggero y otros -expediente 3.537-D.-99-, por el que se modifican las leyes 25.053, de Fondo de Financiamiento Docente, y 25.063, de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Santa Fe. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Queda aprobada la moción.

En consideración el pedido de tratamiento sobre tablas formulado por el señor diputado por Santa Fe.

Se va a votar. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Queda incluida la consideración del asunto en el orden del día de esta sesión.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: en razón de que correspondería que este cuerpo iniciara el tratamiento en particular del proyecto de ley sobre convertibilidad fiscal que fuera aprobado en general en la reunión anterior, formulo moción de orden de que se aplace la consideración de ese asunto a fin de tratar a continuación el dictamen de comisión cuyo tratamiento sobre tablas acaba de aprobar la Cámara, y que seguidamente se prosiga con el debate de aquella iniciativa.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Habiendo sido aprobada la moción, se procederá de acuerdo con lo solicitado.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- De conformidad con lo resuelto por la Honorable Cámara, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley de los señores diputados Roggero y otros -expediente 3.537-D.-99-, por el que se modifican las leyes 25.053, de Fondo de Financiamiento Docente, y 25.063, de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. LAMBERTO.- Señor presidente: la Cámara se halla abocada al tratamiento de un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al que se arribó alrededor de las 14 horas, después de un debate muy extenso del que participó gran cantidad de oradores, referido a la necesidad de modificar las leyes 25.053,sobre creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y 25.063, referida al impuesto a la ganancia mínima presunta.

La primera modificación intenta producir dos correcciones que fueron largamente discutidas, no sólo en el seno de la comisión sino -diría- casi en un debate público, pues se trató en todos los medios y en reuniones con participación de los sectores involucrados. Lo que estaba en tela de juicio era si el impuesto debía alcanzar al sector del transporte público y a la producción.

Creo que en el inicio de esta discusión no se tomó debida cuenta de la necesidad de brindar un tratamiento diferenciado para los sectores de la producción y el consumo. En general, gravar del mismo modo a la producción y al consumo genera problemas tanto de índole conceptual como de recaudación.

El gravamen aplicado sobre bienes de producción se traslada al costo y a su vez a las tarifas, en el caso de los servicios, o al precio de los productos. Cuando el tributo no se puede trasladar a las tarifas por la existencia de un impedimento legal ni a los precios por problemas del mercado y de los fletes, va hacia atrás y afecta la rentabilidad; y en el caso de que ésta no exista directamente incide en el capital. Este fenómeno ha afectado a muchísimas pequeñas y medianas empresas que han exteriorizado sus quejas y protestas. Además, no tenemos que ir muy lejos para saber lo que pasa en estos días en todas las rutas del país.

Con respecto a esta decisión entendíamos que no podía haber ningún sector fuera de la tributación, pero sí

que dentro de la tributación debían poder pagarse los impuestos, y tener en cuenta que a veces en determinados sectores hay múltiples gravámenes sobre una misma base imponible que descoloca a una empresa respecto de otra o a una actividad respecto de la otra. Si a esto se le agrega un marco recesivo en algunos sectores muy importantes, caída de precios y de la producción primaria, que es casi la única que usa este tipo de servicios, evidentemente gran parte de los reclamos son atendibles porque son justos, independientemente de que a veces este tipo de decisiones implique dar marcha atrás en cuanto a otras que tomó este mismo Congreso no hace mucho tiempo.

Algo similar ocurre con la otra ley, la 25.063, de renta presunta. Ha habido múltiples proyectos de distintos señores diputados proponiendo encontrar un mecanismo que no hiciera tan gravosa la renta presunta sobre sectores agropecuarios, básicamente los pequeños productores, que no tienen renta ni la van a tener en mucho tiempo ya que, como consecuencia de los precios bajos, no hay forma alguna de que en los próximos años tengan ganancias; y si no tienen ganancia real tampoco es atendible que contribuyan a la renta presunta.

Se ha encontrado un mecanismo que permite dejar fuera del impuesto fundamentalmente a los pequeños productores, que son los más afectados por la caída de los precios, por las condiciones del mercado y de la recesión en general.

Sabemos que este tipo de leyes rara vez conforma a nadie. También sabemos que cuando se toman este tipo de decisiones, bajo las circunstancias que tenemos, significa dar una solución política a problemas que existen y que no podemos obviar, ya que es el Parlamento argentino el que tiene que tomar la responsabilidad de afrontarlos, asumirlos y tratar de encontrar una solución, cuando no la hay en otros lugares, y cuando el no haber solución puede generar conflictos y sucesos que nosotros no queremos y que tampoco quiere ningún integrante de la sociedad argentina.

Pero sí podemos desterrar las causas que generan los conflictos, apelando a veces a la corrección de las leyes, que con razón o sin ella pudieron haber inducido, provocado o llevado a que determinados sectores que hoy están en situación de protesta pongan en peligro el abastecimiento de las ciudades y generen todo tipo de trastornos en la vida ciudadana.

Creo que nosotros podemos avanzar en la corrección de este tipo de leyes. Asimismo, creo que nos merecemos o que debemos hacer algún tipo de autocrítica. Quizás algunos no hemos sido lo enfáticos que debimos ser para oponernos en un determinado momento a algunas cosas.

Cuando se trata de impuestos de asignación específica, los libros de tributación dicen que son naturalmente malos porque enfrentan a sectores de la sociedad.

Cuando se dice que el impuesto tiene que ser de base general indiferenciada y con destino al presupuesto, y el gasto asignarse a través del presupuesto, esto no sale de la teoría, de algún libro o de la cabeza de algún tributarista, sino de la experiencia práctica, de las cosas que ocurrieron en la historia de la humanidad. Cuando se quiso corregir un problema poniéndole un impuesto a otro sector, en general se generaron dos problemas: no se corrigió lo que se pretendía corregir y se generaron problemas adicionales.

No quiero hacer un debate teórico sobre este tema, pero siento que estamos ante una situación que tenemos que corregir. Esto requiere urgencia porque tenemos que llevar tranquilidad a todo el país.

Esto es urgente pero también tenemos que asumir el compromiso de revisar a fondo este impuesto, así como se financia la educación en forma estable y permanente; garantizar a través de los mecanismos presupuestarios y de las leyes de la Nación cómo se financian determinados servicios indelegables del Estado, como el de la educación.

Pero también es cierto que tenemos que desterrar de nuestro sistema tributario los impuestos distorsivos, los que generan conflictos, los que son difíciles de administrar, los que no generan buena recaudación. Es inadministrable un impuesto de 6 millones de contribuyentes; este es el padrón más grande que tiene la AFIP.

La experiencia dice que estos impuestos son de recaudación local, y precisamente por eso los recaudan las municipalidades, porque están más cerca del contribuyente y pueden hacer el seguimiento.

Es imposible pensar que se va a entorpecer la circulación de 6 millones de vehículos para poder controlar adecuadamente este impuesto.

Por otra parte, sería inapropiado derogar este impuesto antes de que finalice el presente ejercicio fiscal, pues forma parte del compromiso que contrajo el Estado. Por esta razón, este impuesto debe seguir vigente por lo menos hasta fin de año, y nos tenemos que comprometer a comenzar el año próximo con otro sistema tributario y otra fuente de financiamiento para el fondo docente.

Dado que hay una parte de la recaudación teórica que no se va a alcanzar -porque hay una menor alícuota para el sector de carga-, proponemos que, cuando al final del año se haga el balance de la recaudación, el Tesoro de la Nación se haga cargo de lo que falte debido a esa menor recaudación, que estimamos en 70 millones.

Esta norma tiene dos cláusulas transitorias que apuntan a corregir los defectos de una ley que está en ejecución: para los que no pagaron, condonar multas y accesorias; y para los que pagaron, establecer un mecanismo de reintegro cuando pagaron de más. En este último caso, aquel que pagó sobre la alícuota del 1 por ciento y hoy tiene una alícuota del 0,30 por ciento, tendrá un saldo a favor, el que será computable al impuesto a las ganancias. En el caso del impuesto a la renta presunta, quien haya pagado anticipo de renta presunta y hoy quede exento del impuesto como consecuencia de esta reforma tributaria, ese anticipo también será tomado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.

Señor presidente: creo que en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda realizada en el día de hoy se ha dicho casi todo acerca de este tema, y sabemos que llegamos a su tratamiento en una circunstancia muy especial. Quizás la que proponemos no sea la única solución, pero entendemos que es la posible en el marco muy especial que vive el país. Entendemos que votando favorablemente esta iniciativa habremos contribuido a destrabar algunos problemas por los que atraviesan sectores de la producción.

Estamos buscando los mecanismos adecuados para que esto no afecte el Fondo de Incentivo Docente y, finalmente, ir perfeccionando un impuesto que tiene problemas desde sus orígenes. Sin duda -como dije-, para el futuro aspiramos tener otra base imponible y otra fuente de financiamiento. De modo que este impuesto va a tener el carácter de transitorio en lo que resta del ejercicio fiscal en curso.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. TERRAGNO.- Señor presidente: creo que la autocrítica del señor diputado Lamberto debería ir mucho más allá. Me parece que estamos enfrentados a un problema que es consecuencia directa de no haber dado a la educación la prioridad que corresponde en el presupuesto nacional.

La ley federal de educación previó inclusive un aumento del 20 por ciento en el presupuesto educativo durante cinco años a fin de duplicar ese presupuesto. No obstante, hubo una decisión gubernamental -creo que no hubo negligencia parlamentaria- de bloquear ese incremento del presupuesto educativo. Fue así como empezó a producirse la reacción social. Los docentes no aguantaban más y por eso

establecieron la carpa. Por supuesto que los docentes no tenían poder para cortar rutas, dejar a niños sin leche ni hacer que el ministro del Interior amenazara con aplicar el estado de sitio, pero la situación de aquéllos clamaba al cielo y había que encontrar una solución. Esto ya lo sentían todos los sectores, pero aun así el gobierno se negaba a que esa solución estuviera dada por el presupuesto.

Recuerdo los debates que tuvimos sobre el particular, incluso para reducir el presupuesto burocrático del Ministerio de Educación. Había una resistencia total a encontrar los fondos necesarios, y la iniciativa de establecer este impuesto surgió del propio Ministerio de Educación. Desde luego, en tal situación no podíamos decir a los maestros que tampoco estábamos de acuerdo con eso, aunque nos pareciera y estuviera mal. Era muy difícil que se comprendiera la posición, pero este era un impuesto destinado a enfrentar sector con sector, lo que resulta mucho más grave si pensamos que se enfrentaba la educación con la producción porque, si en la Argentina la crisis tuviera una salida, es justamente a través de una alianza entre la educación y la producción y no de una confrontación o conflicto. Sin embargo, hicimos el sacrificio -diría yo- de aprobar algo esperando que después pudiéramos corregir los efectos distorsivos. Además, habíamos introducido la garantía de que esto luego no fuera anulado por el veto presidencial, cosa que no fue así pese a que el bloque oficialista se había comprometido en tal sentido. No obstante cabe aclarar -sobre todo en función del esfuerzo de la clase media- que por la aplicación de este impuesto se recaudaron, según los informes de la AFIP, unos 300 millones de pesos. Pero ahora se manifiesta aquello que tanto temíamos: se empieza a ver cómo esto afecta directa o indirectamente no sólo al transporte sino también a las producciones agrícola, pecuaria y lechera, y a los fletes en general. Este no es un problema que atañe solamente a las empresas transportistas.

Aquí es donde debemos enfrentar una situación muy delicada. Tenemos una tempestad que es el resultado de los vientos que sembramos; estamos ante una dificultad en todo el país que nos obliga a resolver algo, no diría bajo la presión de un sector sino de las circunstancias.

Esta mañana escuché por radio a un fletero que decía que no se trata de que estén en contra de este impuesto en particular sino que ésta es la gota que viene a rebasar el vaso, porque ellos pagan peajes infames, todos los impuestos que les corresponden -siendo que conforman el sector más gravado- y el precio de los combustibles. Decía que ellos se ven afectados por esta recesión, no teniendo siquiera una protección frente a las condiciones diferenciales con las que cuentan los transportistas de países vecinos que recorren nuestras rutas y les quitan su trabajo. Y así es como ellos, que se encuentran en una posición débil, ahora se ven sorprendidos con esto.

En realidad, esta es la chispa, el último elemento que ha venido a atacar a este sector en un cuadro de recesión y de concentración monopólica.

No podemos ser parte de un conflicto entre la producción y la educación. No debemos caer en esta trampa. Por supuesto, este errado impuesto nos ha hecho llegar a una situación que no tiene soluciones ideales. Somos conscientes de que no existe ninguna solución que no tenga efectos negativos. Lo que tenemos que decidir aquí es cuál

es la que tiene menor costo. Desde luego que la anulación del impuesto no sólo representaría una debilidad institucional del Congreso -que necesitó que se produzca esta situación social para advertir los efectos negativos de aquello que había votado anteriormente-, sino que también desfinanciaría el Fondo de Incentivo Docente.

La primera consideración que deberíamos hacer para encontrar una solución a este problema radica en que ella no puede significar que el Fondo de Incentivo Docente reciba ni un peso menos. Esta es la condición ineludible. Por supuesto que ello habrá que conseguirlo mediante procedimientos que no son ortodoxos, porque no se puede alcanzar una solución ortodoxa para una situación que es heterodoxa desde su nacimiento.

Resulta claro que mantener el statu quo representa una opción muy delicada. Personalmente, no me alcanza con decir que la responsabilidad la tiene el gobierno. Tampoco me alcanza con decir que existen problemas en las rutas, que se han producido hechos de violencia, que existe algún muerto, que la Gendarmería tiene que salir a la calle, que las tanquetas deben aparecer o que la responsabilidad la tiene el gobierno, el ministro de Educación, la ex ministra de Educación o el presidente de la Nación. No me alcanza porque, aunque lo diga, los hechos se van a producir igual.

El estado de sitio es una amenaza y una desproporción. Lo único que hace es echar leña al fuego. Se trata de una exageración y un desborde, pero no podemos ignorar sus efectos.

A ese chico al que no le llega la leche de que tanto se habla, no le podemos decir que la culpa la tiene tal o cual persona. Entonces, hay que encontrar una solución. Por supuesto que, en virtud de que el problema es difícil y complejo, resulta inverosímil pensar que lograremos unanimidad en los espíritus y que todos pensaremos exactamente lo mismo con respecto a la resolución de las dificultades.

Hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda hemos sentado un criterio en nombre del radicalismo. Creemos -como dije antes- que la solución no puede restarle ni un peso al Fondo de Incentivo Docente. Por ello, tomando en consideración la iniciativa de disminuir el impuesto al sector del transporte, planteamos que ello sólo era aceptable si existía una garantía del Tesoro para reponer el tributo potencial que se dejaría de percibir en caso de sancionarse esta reforma.

Firmamos el dictamen en disidencia parcial, porque no estábamos convencidos -continuamos sin estarlo- de que la garantía realmente alcance. Cuando se plantea un tope de setenta millones, creo que se desvirtúa la garantía. Hay que hacer bien el cálculo. La garantíatiene que cubrir la totalidad del impuesto que caería en caso de sancionarse el presente proyecto de ley. Esa es nuestra posición. Nadie puede corrernos con un argumento que podría haber sido válido en otras circunstancias, porque entendemos que no es bueno plantear garantías. Desde luego que no es bueno sustituir una obligación tributaria ni recurrir al Tesoro nacional para solucionar problemas como el que nos aqueja, pero estamos ante una situación que nosotros no creamos y tenemos que encontrar los mecanismos para salir de ella.

Todos coincidimos en este último punto; inclusive en el día de hoy el señor diputado Lamberto expresó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda su preocupación por el costo que representa para el Estado argentino un día más de esta situación, que no sólo debe medirse en términos sociales sino también en términos de riesgo de conflictos. Tenemos que tener cuidado porque estamos encendiendo chispas en una sociedad que vive una situación económica altamente inflamable. Por ello, no existe un argumento válido para negar lo que estamos poniendo como condición a fin de acompañar con nuestro voto el presente proyecto: ni un peso menos para el Fondo de Incentivo Docente.

Es cierto que tenemos que atender los reclamos del sector de la producción y rectificar un error de una manera que no es la ideal, pero lo que no podemos hacer es disminuir los recursos del Fondo de Incentivo Docente. Respecto de esta cuestión debe existir un compromiso cierto; ¿qué pasa si mañana el presidente de la Nación veta esta garantía tal como lo hizo con la que se había dispuesto al momento de sancionarse la ley?

Esta cuestión exige que haya un compromiso cierto. Por lo tanto entendemos que el bloque oficialista de ninguna manera puede plantear un proyecto como el que estamos considerando sin una consulta previa con el Poder Ejecutivo a fin de asegurar que no vetará la garantía que ahora se pretende establecer. Además, ese compromiso debe ser expresado en este recinto porque, si no, podemos caer en un engaño.

Aclaro que sólo bajo la condición descripta apoyaremos el presente proyecto de ley, respetando la libertad de quienes, aun con esta salvedad, no están dispuestos a acompañarlo porque se mantienen en una posición de plena solidaridad con la causa de los docentes. Respetando esa libertad, adelanto que apoyaremos el proyecto en consideración con la disidencia planteada y exigiendo que se asuma hoy el compromiso de que la garantía cubre la totalidad del impuesto que dejará de percibirse, previa consulta con el Poder Ejecutivo acerca de que no vetará esa norma. (Aplausos prolongados.)

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALESSANDRO.- Señor presidente: es indudable que estamos abordando un tema muy complejo. Ninguna de las soluciones que se proponen resulta óptima ya que este tema no tiene desenlace feliz. También debo decir que no es la mejor solución la propuesta en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Es necesario hacer una breve referencia para ver cómo llegamos a la presente situación. Hace instantes los señores diputados del oficialismo decían que el Parlamento debe hacer una autocrítica, pero a ello respondo que las responsabilidades no son iguales para todos. Como señaló el señor diputado Terragno, durante muchos años el gobierno dejó de cumplir con la Ley Federal de Educación en lo que respecta al aumento del presupuesto educativo. Pero no sólo no cumplió con esta formalidad sino que paralelamente todos dicen que respetamos, valoramos y reconocemos a la educación como el único camino para que los jóvenes y demás integrantes de la sociedad puedan lograr una formación que permita nivelarlos y tener igualdad de oportunidades. Pese a que este concepto estuvo presente en todos los discursos, la realidad fue otra.

El gobierno no dio la debida prioridad ni jerarquía al problema de la educación en la Argentina, que se hubiera solucionado con mayores fondos presupuestarios; tampoco trabajó adecuadamente para que la calidad de la educación sea buena y pareja, y para que no reproduzca las desigualdades que existen en la sociedad. Como consecuencia de un Estado que atiende mal sus obligaciones, los sectores que tienen mayores recursos han podido satisfacer sus necesidades por medio de servicios privados de educación, seguridad y salud. Sin embargo, la mayoría de la población se siente cada vez más discriminada, pues día a día se profundiza más la brecha económica que existe en la sociedad. Ante esta situación, el gobierno fijó otras prioridades, miró a un lado y con fatalidad esperó que estallara el problema educativo.

Si analizamos el trabajo realizado en el Congreso, podemos señalar que hubo muchas propuestas posibles y realistas, como las que formuló la Alianza, para brindar una solución al problema del financiamiento educativo. Entre ellas encontramos las más obvias, como la reasignación presupuestaria, dejando de lado gastos que el gobierno año tras año se niega a resignar, como es el caso de las partidas reservadas o los ATN que en forma poco transparente se manejan desde el Ministerio del Interior.

También propusimos soluciones más complejas que implican sacar este tema del contexto de las campañas electorales y de las actitudes demagógicas. Sugerimos gravar a los sectores que tienen una "superrenta" en nuestro país, como es el caso de los servicios públicos que fueron privatizados en forma monopólica, con usuarios cautivos y con organismos de control que funcionan deficientemente.

Entre ambos tipos de soluciones sugeridas hubo una amplia oferta de propuestas posibles que fueron sometidas a discusión para solucionar el problema del financiamiento educativo, pero ninguna fue aceptada. A la Cámara de Diputados llegó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, con la firma del señor presidente y de varios ministros, cuyas aristas más conflictivas se procura solucionar. De modo que hay que dejar bien planteado dónde se encuentra la responsabilidad; como las propuestas alternativas no fueron escuchadas, hoy terminamos discutiendo la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

Esta es la situación de arrastre que motivó que, para intentar solucionar una cuestión central para todos nosotros como es la educación, la gran mayoría de los integrantes de este Parlamento hayamos terminado considerando esa norma.

Al principio señalé que no es bueno este dictamen. Intenta solucionar un problema que reconocemos que existe en un sector de nuestra economía que, como casi todos los demás sectores, no se encuentra atravesando una buena situación. Pero considero que pueden generarse problemas muy serios hacia el futuro, que me gustaría plantear con absoluta honestidad.

Por un lado, estamos alterando el principio básico de igualdad ante la ley. Aquí va a plantearse una discriminación entre los contribuyentes. Algunos ciudadanos -cerca de un 50 por ciento- ya han pagado este impuesto. Seguramente no les resultó fácil; lo hicieron con mucho esfuerzo. Ese porcentaje representa a una mayoría silenciosa que no ha protestado de una forma explosiva ni ruidosa, pero que se verá discriminada negativamente.

Pienso que la mayoría de los contribuyentes que han cumplido con la ley se sentirán absolutamente defraudados y burlados. Ellos han pagado a pesar del costo que les ha representado y aun cuando no hayan estado de acuerdo con el impuesto, más allá de que la mayoría de los argentinos compartía su finalidad, consistente en saldar aunque sea en parte la deuda que tenemos con los docentes y con la educación de nuestro país.

Esos ciudadanos se sentirán defraudados, y de sancionar este proyecto de ley, el Congreso estará alterando el principio básico de igualdad ante la ley.

Por otra parte, estaremos creando un precedente muy peligroso, un principio de desobediencia fiscal permitido.

Decía que muchos ciudadanos pagaron, pero ahora se premiará a los que no lo hicieron cuando, más allá de si la ley es buena o mala, lo que corresponde es cumplir con lo que dispone.

Por cuanto nos estamos refiriendo a una ley que tiene una finalidad recaudatoria, entiendo que no podemos aceptar presiones que pueden ser legítimas -no pongo en tela de juicio el reclamo-, porque el impuesto es producto de una ley que fue sancionada por el Parlamento y que tiene plena vigencia.

Además me sorprende el hecho de que, si la semana pasada discutimos el proyecto de ley de convertibilidad fiscal y se planteó que había que obrar con prudencia para no aumentar el déficit, ahora con la sanción de esta iniciativa lo incrementemos y premiemos a los que no pagaron el impuesto por carecer de responsabilidad fiscal.

Existe otro riesgo sumamente serio que el Parlamento debe evitar. Debemos salir de esta especie de trampa y de círculo vicioso en el que nos hallamos en los últimos tiempos en el sentido de legislar bajo presión. Aquel sector que posee mayor capacidad de manifestar su discrepancia con lo que el Congreso decide, termina obteniendo su pretensión. Se trata de una situación muy peligrosa que indudablemente manifiesta una pérdida del poder político del Poder Ejecutivo que contagia al resto de las instituciones, las que tienen que recobrar su independencia ante los poderes económicos y fácticos que existen en la sociedad. En tal sentido, el Parlamento tiene que fijarse como objetivo recuperar su independencia al momento de sancionar las leyes, tanto ésta como cualquier otra.

He tenido muy en cuenta las distintas opiniones que han expresado los diputados pertenecientes a las diversas bancadas de la Cámara. No hay una única solución al problema que nos ocupa, pero advierto que aquélla a que tiende la mayoría indica que se están encendiendo las luces rojas de todo el sistema político de nuestro país. No podemos legislar si cada miércoles debemos prestar atención a los reclamos que con más fuerza se expresan en la sociedad.

Debemos legislar teniendo en mira el bien común y el equilibrio entre todos los sectores de nuestra sociedad. Me temo que estaremos desequilibrando la balanza si votamos favorablemente el dictamen en consideración.

Es indudable que el transporte, sea de pasajeros o de carga, está pasando por momentos económicos muy difíciles. El tema de la ley quizá sea la gota que rebalsa el vaso.

Al momento de asumir las responsabilidades de por qué se llegó a esta situación y por qué el sector del transporte afronta momentos tan difíciles, el oficialismo debe hacer una autocrítica fuerte, que todavía no he escuchado.

El señor diputado Terragno, con razón, se refirió a las altísimas tarifas de peaje que se pagan en nuestro país y que representan un costo que descoloca a toda nuestra producción. En este sentido, me permitiré recordar sólo dos datos: en el período comprendido entre agosto de 1991 y julio de 1992, el precio promedio del peaje en los corredores viales era de 1,09 pesos cada cien kilómetros, mientras que en el período comprendido entre enero y diciembre de 1998 el promedio en los veinte corredores viales era de 1,85 pesos. Quiere decir que en momentos de inflación cero y estabilidad de precios el valor del peaje promedio en todos los corredores viales se incrementó en más de un 70 por ciento. Eso influye decisivamente en el costo del sector del transporte y agrava la difícil situación por la que está atravesando.

Por otra parte, es injustificable el precio que en la Argentina se paga por los combustibles, sobre todo después de haber desregulado para aumentar la competencia y bajar los precios. En el mundo baja el precio del barril de petróleo, y el precio de los combustibles en nuestro país es el más alto comparándolo con cualquier otro.

Al hacer la autocrítica y un diagnóstico de la situación, pido al oficialismo que tenga en cuenta estos elementos y advierta cuál es la altísima cuota de responsabilidad que le cabe por haber llegado a esta situación.

Por último, dentro de la lógica divergencia que puede generar el tratamiento de un tema como el que nos ocupa -que no tiene una única solución-, quiero rescatar algo que planteó el señor diputado Terragno y que el oficialismo debe tomar con absoluta seriedad.

Muchas veces, luego de que este Congreso votaba una ley, pensábamos que habíamos solucionado el problema tratado, pero ocurría que luego llegaba el veto, total o parcial, del Poder Ejecutivo.

Si realmente se piensa que de esta manera se soluciona el problema -no es mi posición ni la postura mayoritaria de la bancada del Frepaso-, el propio bloque del oficialismo debería exigir el compromiso muy firme del Poder Ejecutivo de que no emitirá ningún veto parcial que afecte el Fondo de Financiamiento Educativo que todos decimos que queremos preservar.

La importante rebaja que se propone para algunos sectores producirá un considerable desfinanciamiento para el fondo. El oficialismo fijó un tope de 70 millones, pero estoy seguro de que es absolutamente insuficiente. Según los cálculos que hicimos en el día de hoy, esa cifra debe ser cercana a los 110 millones de pesos.

Entonces, pedimos que se amplíe la contribución a esa cantidad y que el Poder Ejecutivo se comprometa a que no haya veto alguno sobre el particular.

Dentro de esta norma se incluye un reclamo que en nada se relaciona con el tema en tratamiento. Me refiero a la reducción del impuesto a la ganancia mínima presunta para el sector agropecuario. Todos saben cuál fue la posición de la Alianza cuando se discutió la ley de reforma impositiva. Nos opusimos a ese gravamen y al impuesto sobre los intereses, que también afecta en gran medida al sector del transporte que hoy, se dice, queremos proteger. Como señalé, en oportunidad del tratamiento de la ley de reforma fiscal, la Alianza se opuso a la implementación del impuesto a la renta presunta.

No hay motivo para que en el dictamen en consideración se incluya la modificación de la ley de impuesto a la ganancia mínima presunta, más allá de que entendemos que esa reforma es pertinente, aunque no ideal, pues atenúa los efectos nocivos que dicho gravamen genera sobre el sector de la producción.

Por ello, varios diputados integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería hemos presentado un proyecto de ley -contenido en el expediente 3.721-D.-99-, que en lo referente a la modificación de la ley de impuesto a la ganancia mínima presunta reproduce el correspondiente artículo de la iniciativa en debate.

A fin de que quede expresado con absoluta claridad en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo, solicitamos al bloque oficialista que acceda a considerar separadamente el tema relativo a la atenuación a la ley del impuesto a la ganancia mínima presunta.

Estas son las posiciones que en términos generales tiene el bloque del Frepaso, que serán complementadas por otros legisladores.

Para finalizar deseo señalar lo siguiente. Ninguno de los actos legislativos que concretemos en el día de hoy debe afectar la reparación -aunque ésta sea parcial- de la que ha sido objeto el sector de la educación en la Argentina.

Entiendo que son válidas las diferencias de tratamiento y de enfoque que podamos tener respecto de este tema, pero ninguna de nuestras acciones -repito- debe alterar el Fondo de Financiamiento Educativo ni la decisión de privilegiar la solución de los problemas del sector de la educación en nuestro país.

Sabemos que esas soluciones no llegarán durante la gestión del actual gobierno -próxima a terminar-, que jamás las tuvo como prioridad; y hasta que llegue un gobierno que esté decidido a atacar a fondo el problema de la educación en la Argentina no debemos dar marcha atrás con lo que fue aprobado hace poco tiempo con mucho esfuerzo por este Congreso. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. FADEL.- Señor presidente: estamos tratando de corregir, a mi juicio, uno de los peores errores que se hayan cometido en política fiscal en los últimos años. Deseo aclarar que, cuando se analizó la ley de creación del Fondo de Incentivo Docente -cuya finalidad está fuera de discusión-, se consideraron varias alternativas de fuente de financiamiento de dicho fondo.

Por ello, en su momento desde la Alianza requerimos que se debatieran todos los proyectos que existían en ese sentido, y el oficialismo -por intermedio de la ex ministra de Educación, Susana Decibe- presentó su iniciativa como única alternativa posible.

Llegamos a este recinto y el proyecto fue aprobado por unanimidad. Quiero recordar que de pie, junto a nuestras bancas, aplaudimos la sanción de esa iniciativa. Pero resulta que hoy venimos a darnos cuenta de que ese es un impuesto injusto, pues dentro del sector productivo discrimina entre aquellos en los que el capital que representan los automotores tiene una alta incidencia, y aquellos otros en los que el impuesto prácticamente no tiene efecto.

Sin embargo, se viene a ofrecer una solución que no hace otra cosa que discriminar entre los discriminados y profundizar la indisciplina fiscal que ya existe en la Argentina. El día de mañana muchos de quienes ya pagaron el impuesto -cuando deban pagar nuevos gravámenes o los que ya existen- seguramente dirán: "en esta oportunidad no me van a agarrar". Eso es muy difícil de cuantificar, como también lo es lo que ya se dejó de pagar en las provincias en concepto de impuesto sobre los automotores. En esos casos, si la gente debía optar entre pagar este impuesto o cualquier otro, elegía el del Fondo Nacional de Incentivo Docente por la exigencia de la oblea. Esto significa que ya se ha provocado también una crisis en la política fiscal argentina.

Asimismo, esta cuestión genera una fuerte pérdida de autoridad del Congreso de la Nación, pues se está revisando un proyecto de ley aprobado por unanimidad y se está discriminando entre los ya discriminados.

Si se acepta el grave error que este tributo conlleva desde un principio por su carácter regresivo, a nuestro criterio se debería haber creado un ámbito distinto para discutir la solución, superando las prácticas que llevaron a la aprobación de este impuesto. En aquella ocasión se sostuvo que esta era la única solución y, del mismo modo, ahora se expresa que esta es la única salida a aquella mala solución, e incluso -como ya lo expresaron algunos señores diputados de mi bancada que me precedieron en el uso de la palabra- que entre las malas soluciones esta es la peor.

Como ya lo manifestó el señor diputado Terragno, tampoco aceptaremos que se reduzca un peso el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Se dijo además que la garantía era insuficiente, y en nuestra opinión no sólo lo es, sino que también descreemos de que el Poder Ejecutivo no la vaya a vetar o que el oficialismo esté convencido de que debe existir. Formulo esta afirmación porque la primera garantía ya fue vetada y, asimismo, porque en el mismo artículo en el que se incluye una garantía del Estado -no es otra cosa que el compromiso de reasignar 70 millones de pesos de otras partidas para destinarlos a la educación- se exime a los automotores de propiedad de los Estados nacional, provincial y municipal. Esto significa que el tema de la garantía es una gran mentira porque la primera muestra de que existe voluntad de reasignar los recursos del Estado hubiera sido cumplir con este tributo.

Cabe preguntar en este sentido de dónde saldrán los 18 o 20 millones de pesos que se estima se podrían haber recaudado si los automóviles pertenecientes a los Estados nacional, provincial y municipal estuvieran alcanzados por este impuesto. La respuesta es que deberían surgir de la reasignación de partidas en cada organismo. Si en época de crisis algún funcionario -presidente de una legislatura provincial o presidente de un bloque- se las ingenió en un municipio, una provincia o en la propia Nación para darse el lujo de cambiar un automóvil que estaba a su disposición, gastando cuarenta mil dólares y pagando el seguro pertinente, ¿por qué no se podrá ingeniar para pagar por única vez los trescientos a seiscientos pesos de este tributo? Esta es la muestra más clara de que no existe voluntad de reasignar un solo peso a favor de la educación en nuestro país.

Nosotros estaríamos de acuerdo con esta iniciativa si la garantía se calculara como corresponde, sin decir a grosso modo que es de 70 millones. Según nuestros cálculos esa cifra sería de 110 millones, y en la redacción original no se incluía a los taxis y remises. A nuestro criterio, con la redacción nueva que tiene el proyecto que anda dando vueltas, el oficialismo los está incluyendo. Es decir que ya son más de 110 millones los que se van a dejar de recaudar con este impuesto. Y si no somos rigurosos en la garantía de que este fondo va a llegar a constituirse con los recursos necesarios para cubrir la expectativa de los docentes, el costo va a ser doble, el costo por el mal impuesto que se ha creado para constituir este fondo y el costo de no cubrir las expectativas el día en que los docentes cobren el supuesto incremento que va a resultar de él.

Por eso nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Nos parece realmente un error sobre otro error; nos parece avanzar aún más sobre la injusticia que significó este impuesto en su origen, y nos parece que atentamos contra una de las asignaturas pendientes en la República Argentina, que es la de abonar e impulsar en todos los contribuyentes del país una mejor disciplina fiscal. Estamos haciendo exactamente lo contrario.

Por eso no confiamos en la voluntad del oficialismo de garantizar este fondo, como tampoco confiamos en su voluntad y vocación para reasignar recursos ahorrados en gastos superfluos para ser destinados a la educación.

Por todo lo señalado, sostengo mi voto en contra como el de muchos compañeros de nuestro bloque hacia esta iniciativa. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. SANCHEZ.- Señor presidente: voy a comenzar por recordar las palabras del señor diputado Lamberto que comenzó haciendo una crítica a lo que significan los impuestos directos de asignación específica, argumento que vengo escuchando desde hace mucho tiempo y que me parece constituye un punto nodal en esta discusión. El artículo 62 de la ley federal de educación, justamente cuando planteaba las metas que exigirían que en este momento en la Argentina se invirtieran 17 mil millones de dólares entre toda la inversión de Nación y provincias, preveía esta situación del aumento hasta llegar al 6 por ciento del PBI, como objetivo de inversión educativa para un país que pretende salir con desarrollo en la educación. Esa iniciativa tuvo en cuenta algo muy importante, en el sentido de que, si esa meta no se alcanzaba -ya que esa ley se estaba dando en medio de la transferencia de los servicios educativos de la Nación a las provincias, que fueron 1.200 millones de dólares que el Estado nacional dejó de garantizar en el momento de hacer la transferencia-, debían gravarse con impuestos específicos los sectores de mayor capacidad contributiva para cubrir la diferencia.

Sra. SANCHEZ.- Debe destacarse que durante tres años la discusión en este Parlamento se orientó a determinar qué sectores en la Argentina eran los de mayor capacidad contributiva. Eso derivó en que el oficialismo no aceptara ninguno de los 14 proyectos que hemos presentado los señores diputados, en un primer término los del bloque del radicalismo y los del Frepaso y posteriormente, los de la Alianza. Incluso, ante la presión de la publicidad en el sentido de que la Alianza quería aumentar los impuestos, a fines de 1997 propusimos como alternativa un aporte de las provincias y de la Nación. Propusimos que se tomaran dos impuestos importantes: el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales. También pedimos que se modificaran y redistribuyeran los ATN y que se mandaran a las provincias, y que aportaran la Nación y las provincias a fin de no producir mayores gravámenes. Se intentaron una y mil formas de considerarlo, y no se trataba nunca.

Pero no fue sólo el proyecto del Poder Ejecutivo el que se quiso tratar. Debemos recordar que el primer proyecto consistía en un endeudamiento externo de 600 millones de dólares para el aumento a los docentes. Posteriormente fue enviado el proyecto relativo al impuesto a los automotores.

Lo lamentable de todo esto es que en ningún momento hubo colaboración por parte de la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Algo distinto sucedió en la Comisión de Educación, en la que por unanimidad de todos los bloques fueron invitados gobernadores, ministros de Educación y representantes de los docentes para analizar profundamente cuál podía ser la alternativa. Nosotros modificamos el proyecto del oficialismo lo mejor que pudimos, dentro de las condiciones de relaciones de fuerzas que se dan en este Parlamento. Ante la acción absolutamente pacífica de los docentes -que ya lleva tres años-, en esa oportunidad planteamos poner un piso de 4 mil pesos y además avanzamos en dos cosas que se ignoran en el Parlamento a pesar de que son sustanciales. Por un lado, era la primera vez que lo recaudado por un impuesto iba a tener el destino que se anunciaba, dado que se había creado una comisión bicameral y se planteaba que debía tener una cuenta específica; de modo que el dinero no podía ir a Rentas Generales. Recuerdo esto porque me parece importante y porque también está vigente una ley de financiamiento educativo del año 1991, en virtud de la cual se llegaron a recaudar 1.200 millones de dólares. Justamente, esta ley quedó vaciada cuando se modificaron los impuestos en nuestro país; quedó la ley pero no los recursos. Creo que con lo que se está planteando en este momento vamos a recorrer un camino similar.

Entonces, no es justo que desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda ahora se quiera proceder de esta manera, cuando no colaboraron en su momento, teniendo la posibilidad de convencer al Ministerio de Economía de nuestro país de que se aplicaran alternativas que no gravaran a aquellos sectores a los que ahora se quiere beneficiar.

Se aprobó la ley pensando que nos íbamos a salvar y que no se iba a aplicar. Esto quedó evidenciado este año, cuando una vez que se comenzó a cobrar el impuesto el señor diputado Lamberto salió a decir a todas voces que se iba a pedir una prórroga y que el impuesto se iba a modificar.

Entonces, me pregunto: ¿la de hoy es una respuesta a los sectores que no tienen capacidad de daño, que ya pagaron? Creo que lo primero que debería hacer este Congreso es rechazar el veto del Poder Ejecutivo en cuanto a la garantía de los 700 millones de pesos. Esto nos dará el tiempo suficiente para reformular la ley, ya que dicen que hay de dónde sacar recursos y hablan de reasignación.

Lo que decíamos hace dos años lo dicen hoy muchos diputados del oficialismo. Entonces, hagámoslo, pero no sobre la base de esta situación, porque es evidente que ello va a hacer bajar los recursos, castigar a los que pagaron, promover la evasión fiscal y, fundamentalmente, promover la indisciplina. En este sentido, tengo en claro que hay delito; se amenaza con desabastecimiento y se cortan las rutas. Recordemos lo que ocurrió en Neuquén cuando los trabajadores cortaron rutas: el hecho terminó con la muerte de Teresa Rodríguez.

Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando en la Argentina? Con justa razón, un sector de nuestro país se queja por todas las cargas y problemas de fondo estructurales que tiene y pide como solución que se bajen los precios de los peajes y de los combustibles dado que internacionalmente ha disminuido el costo de estos últimos. Pero ese sector no está demandando al Poder Ejecutivo sino que está accionando contra el Congreso de la Nación, diciendo que miramos para otro lado y que fuimos frívolos e irresponsables. Bajo ningún punto de vista voy a aceptar que se diga esto después del trabajo que se hizo desde todas las bancadas, animándonos a plantear que la educación debía ser tenida en cuenta. No voy a permitir que se caiga en el discurso facilista de decir que lo hicimos mal. No pudimos hacer otra cosa; no había decisión de hacer otra cosa. Y ahora, frente a esta situación, que tiene mucho de complicidad frente a lo que se está planteando, se quiere castigar a los que pagaron.

Por lo expuesto, al igual que lo plantearon los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, nosotros creemos que esta iniciativa no tiene por qué tratarse hoy sobre tablas.

Deberíamos convocar a los representantes de los sectores que están afectados en este momento para decirles que vamos a discutir esto a fondo y luego hacer algo que tiene que ver con respetar la democracia, las leyes y la República. Hay distintos tipos de golpes o actitudes, y esto no lo puede aceptar nadie: ni el gobierno que se va ni el próximo, que esperemos que sea el nuestro. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia informa a los señores diputados que ha vencido el término asignado al Frepaso, como bloque, para hacer uso de la palabra. Si otros señores diputados lo desean, la Presidencia los anotará en su orden para exponer su posición, tal como lo establece el reglamento. Ahora tendrán prioridad para hacer uso de la palabra los representantes de los bloques provinciales.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. BALTER.- Señor presidente: llegamos a esta altura del debate mucho más preocupados que cuando vinimos. Hemos escuchado algunas posturas que realmente nos inquietan, porque hoy por primera vez estamos discutiendo en el recinto la forma de financiamiento del fondo de incentivo docente. Algunos tuvimos la oportunidad de hacerlo cuando este tema se trató en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde expresamos nuestra disidencia total respecto del proyecto originario, pero no pudimos hacerlo -aunque esto de ninguna manera significa que se haya aprobado por unanimidad, como se ha dicho aquí- cuando de viva voz se solicitó el tratamiento sobre tablas y a libro cerrado del proyecto, impidiendo que vertieran su opinión quienes tenían disenso total con la iniciativa.

Lo que más nos preocupa ahora es que estamos discutiendo si se mantiene el cobro a aquellos que no tienen la posibilidad de llegar hasta aquí para quejarse por este tributo que no resiste ningún análisis.

Quienes originariamente no corrieron ningún riesgo de ser gravados por este impuesto siempre estuvieron cómodamente sentados en sus sillones. Aquí se podía haber castigado a los pocos empresarios argentinos que quedan, por ejemplo, en el transporte, sobre los cuales ahora se dice que hacen lobby porque quieren que se modifique esta base tributaria. Pero nunca tuvieron que venir aquí, ni siquiera a levantar su voz, porque en el proyecto original del Poder Ejecutivo los ferrocarriles ya estaban exceptuados. Ellos, que son la competencia de los camioneros y que integran este grupo privilegiado de la República Argentina que concentra tres ventanillas. Digo esto porque son los mismos empresarios de los ferrocarriles los que también tienen el "club del peaje" como segunda ventanilla, y como tercera la de los subsidios, que es la que regularmente pasan con el presupuesto de la Nación y que mantenemos todos los argentinos. (Aplausos.) Ellos nunca tuvieron que venir aquí a quejarse, pero ahora que estamos en esta terrible encrucijada parecería que hubiera que redoblar la apuesta en cada una de las cosas y lejos de buscar una verdadera solución para este problema queremos poner un parche que va a ser mucho peor que lo que ya hemos hecho. Por eso hay que debatir en profundidad esta situación.

Los demócratas mendocinos queremos invertir en educación; lo hemos dicho en muchas oportunidades y por diversos motivos en este recinto. Lo hemos hecho históricamente. Algunos se ponen nerviosos cuando recuerdo la ley 1.420, que fue sancionada por nuestros hombres y que instauró la educación gratuita y obligatoria. También puedo mencionar la Constitución de mi provincia de 1916. Asimismo, nuestros legisladores impulsaron y lograron que en 1938 se crease la Universidad Nacional de Cuyo.

Por eso hoy insistimos en que es necesario invertir en educación. Ante nuestra negativa a este gravamen, siempre hemos dado propuestas alternativas para lograr su financiamiento pero, ¿qué ha ocurrido? Se votó un impuesto a los automotores que es inconstitucional. Se trata de un tributo directo, cuya sanción le corresponde a las provincias, lo que está fuera de discusión. También se viola la doble imposición; los automóviles ya no tienen una doble imposición, sino séxtuple.

Desde el punto de vista tributario no se respetan los dos principios que debe contemplar toda norma: la equidad y la justicia. Además, atenta contra la recaudación de los impuestos provinciales, ya que todas las jurisdicciones del país tienen un tributo sobre las patentes. Entonces, a pesar de las dificultades económicas que tiene la gente en el país, nosotros le imponemos una nueva carga y, para verificar el pago, la obligamos a colocar una oblea.

Entonces, ¿qué es lo que hace quien tiene estos problemas? Primero coloca la oblea y luego deja de pagar el impuesto provincial, con lo que se resiente la recaudación de las jurisdicciones.

Además, vuelven a surgir las diferencias entre las provincias, que aportan más dinero mediante este impuesto que el que reciben después mediante la distribución que se les otorga para pagar a sus maestros. Entonces, nuevamente aparecen inconvenientes en la relación entre la Nación y las provincias.

Hemos sancionado una norma de una recaudación muy compleja. Es necesario incorporar más de cinco millones de nuevos contribuyentes a un organismo fiscalizador que tiene problemas para cobrar los impuestos ya vigentes, siendo que no existen más de seiscientas mil personas registradas. Se trata de un gravamen sumamente oneroso.

Observamos las informaciones sobre cuánto se recauda, pero nadie dice cuánto se ha gastado para obtener la recaudación actual. Entonces, se nos tendría que informar cuál es el neto de que se dispone para cumplir el objetivo que persigue esta ley.

Ya también nos hemos referido en la comisión al tema de las obleas, que es similar a las estampillas que se utilizan para los impuestos internos. Inmediatamente comienza su falsificación. Lo habíamos advertido y así ocurrió. No dijimos que se iban a romper los parabrisas, pero ello también ha sucedido, sin que se haya orquestado una campaña en ese sentido.

Podríamos seguir señalando las deficiencias de este tributo, pero creo que ellas han quedado sumamente claras para todos aquellos que no quisieron escuchar razones. Ello también ocurre en estos momentos, donde muchos no prestan atención y después levantan la mano y dicen que se equivocaron. No hay capacidad de reflexión: parecen autómatas.

Entonces, ante esta coyuntura compleja, donde algunos hablan de que existe un lock out empresario, me pregunto si existen trescientos mil empresarios del transporte en la República Argentina. ¿Acaso no visualizamos que se trata de los empresarios, junto con los trabajadores del volante, los que están llevando adelante estas medidas? Nos amenazan con implantar el estado de sitio y reflotar viejas leyes que estaban olvidadas como, por ejemplo, la de abastecimiento, en lugar de buscar la solución definitiva que el tema requiere.

Solicito a la Presidencia que invite a los señores diputados que no tiene interés en escuchar mi exposición...

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia ruega a los señores diputados que guarden silencio y respeten al orador como se merece.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. BALTER.- Señor presidente: aquí no paran porque quieren; por supuesto, hay quienes lo hacen por convicción pero hay otros que paran porque los paran en virtud de las instrucciones que tienen Prefectura y Gendarmería. Por lo tanto hay una orden del gobierno que se contradice con el objetivo que se persigue.

En virtud de lo referido nuestro desafío es resolver los problemas de la gente; esa es nuestra función, nuestra responsabilidad y nuestra obligación. No debemos seguir enmendando con parches ni castigando a quienes no tienen posibilidades de quejarse. Es imposible continuar creando tributos en la República Argentina, porque todo el mundo sabe que la presión tributaria es insostenible para aquel que cumple y, al mismo tiempo, resulta insoportable convivir con un 50 por ciento de evasión.

Entiendo que llegó la hora de tener mayor dureza con quienes tienen privilegios y que muchos tienen miedo de tocar. Asumamos nuestra responsabilidad; levantemos nuestras manos y comprometámonos definitivamente en este camino.

El bloque que represento ha expresado su disidencia total con el proyecto en tratamiento y se opone terminantemente a su sanción por entender que lo que en realidad se debe hacer en forma inmediata es proceder a la derogación de la ley que generó este conflicto. Por lo tanto, si finalmente el cuerpo toma esa decisión mediante un trámite rápido y sencillo habría que devolver el dinero a aquellos que hayan pagado a través de cada una de las jurisdicciones a fin de que sea acreditado al pago de la patente de los automotores, estén vencidas o a vencer.

Al mismo tiempo deberíamos sancionar en el día de hoy un proyecto de ley que garantice el financiamiento docente. Para ello hemos realizado distintas propuestas. En primer término y ante la emergencia propusimos que se expropiaran y se pusieran a la venta las acciones de la empresa Edcadassa que el Estado entregó a privados en condiciones que fueron modificadas en una forma absolutamente indigna y violando todas las disposiciones legales a fin de favorecer a sus tenedores. Advierto que estoy hablando de 600 millones de pesos; lamentablemente no hubo vocación ni decisión para tomar una medida que afectaba a un grupo empresario que respondía a un señor que decía que el poder significaba impunidad. Seguramente por este motivo no logramos que el tema fuera considerado.

También presentamos una segunda opción con el fin de cobrar a aquellos que tienen privilegios, es decir, las empresas que cuentan con promoción industrial y diferimiento impositivo. En el respectivo proyecto se preveía la creación de un bono solidario que representaba el dos por ciento de las ventas y el uno por ciento del capital; aclaro que estoy hablando de 2.907 personas jurídicas perfectamente identificadas ya que figuran en el banco de datos de la AFIP en razón de los aportes que realizan, cifras que han sido confirmadas por el propio doctor Silvani. Este proyecto permite recaudar más de 700 millones de pesos y podría implementarse en menos de 48 horas, prácticamente sin gastos, sin violar los derechos adquiridos. Estamos pensando en un bono que tiene una retribución que reconoce una tasa del 5 por ciento anual por algo que oportunamente van a tener que ingresar. Hay antecedentes que lo avalan; esto se ha hecho en la Argentina ocho veces, y quienes quisieron acudir a la Justicia perdieron sus reclamos en todas las instancias.

Pero como tampoco existe vocación ni ánimo de levantar la mano para cortar los privilegios ni terminar con un sistema tan costoso para el país -que no justifica la relación costo-beneficio-, estamos proponiendo que se afecte el excedente presupuestario que ha obtenido el gobierno nacional con la licitación de la telefonía móvil de PCS, con lo que estaría cubierto lo que se necesita para cumplir con el fondo.

No podemos perseverar en el error ni en la confrontación de la sociedad. ¿Con qué cara podremos mirar a aquellos a quienes les metemos nuevamente la mano en el bolsillo para sacarles dinero y que por falta de capacidad de reacción no tienen fuerza para protestar? Si se trata de cortar el hilo por lo más delgado, este es el mejor proyecto que podemos sancionar; si se trata de proteger la equidad y la justicia, es lo peor que podemos aprobar. Por eso llamo a la reflexión a los señores legisladores para que no avancemos en el error. Si existe la sincera intención de hacer realidad la equidad y la justicia, concretémosla sancionando una iniciativa que obligue a pagar a todo el mundo los impuestos que ya existen sin necesidad de crear nuevos tributos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. CAVALLO.- Señor presidente: la única forma de poder discutir este problema con sensatez y sentido común es comenzar por rechazar el veto del Poder Ejecutivo sobre el artículo de la ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente que eliminó la garantía por parte del gobierno nacional. Sólo así quedará plasmada la voluntad -creo que unánime- del Congreso Nacional de cumplir con los docentes.

Rechazando ese veto quedaría vigente la garantía de cumplimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y sería necesario entonces encontrar la forma de que el gobierno nacional pueda afrontar esa obligación, pero no creando nuevos impuestos sino eliminando gastos improductivos y superfluos que constituyen un despilfarro, o gastos simplemente no prioritarios. Sólo cuando razonemos de esa manera vamos a encontrar la solución a los problemas. Si seguimos creyendo que con el impuesto al gasoil y el aumento de las naftas que se implantó en octubre de 1996, o que con los impuestos a los intereses o a la renta mínima presunta que se crearon el año pasado, o que con este gravamen a los automotores que se creó por vía de la ley de Fondo de Incentivo Docente vamos a resolver los problemas sociales de la Argentina, estamos equivocados, porque la creación de esos nuevos impuestos disminuye la recaudación global al tornar más complejo e inequitativo el sistema impositivo, puesto que alienta el aumento de la evasión y desalienta la inversión, la creación de puestos de trabajo, la producción y el crecimiento de la economía.

El bloque Acción por la República votó en contra de estos nuevos impuestos que se han ido creando en los dos últimos años y si bien no pudimos fundamentar nuestra posición en su oportunidad porque se pasó a votación sin admitir lista de oradores, hicimos saber a los medios que nos oponíamos rotundamente.

Sostenemos la posición que ha señalado el señor diputado Balter en el sentido de que este impuesto debe ser integralmente derogado, devolviendo los importes abonados, que mal no le van a venir a casi cinco millones de argentinos que seguramente dispondrán de esas sumas mucho mejor que los gobiernos nacional o provinciales, que están realizando gastos absolutamente improductivos.

¿Cómo debe hacer el gobierno nacional para cumplir con los docentes y honrar la garantía que quedará establecida si eliminamos el veto del Poder Ejecutivo? En este aspecto es asombroso que aún no se haya derogado el decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente de la Nación en enero de este año y que lleva el número 21 por el cual autorizó a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable a disponer de la cifra de 514 millones de pesos, es decir, 425 millones más IVA, para obras absolutamente no prioritarias. Además lo hizo a través de un acto administrativo inédito, como lo es un decreto de necesidad y urgencia, violatorio de la ley de administración financiera. Si se deroga este decreto quedarán disponibles recursos que se iban a gastar en obras no prioritarias.

Sr. CAVALLO.- Además, como lo sostuvimos al momento de votarse la insistencia contra un veto del Poder Ejecutivo respecto de la ley de presupuesto nacional -que en ese caso sí era correcto, pues tal insistencia implicó aumentar de uno a tres pesos el aporte a los partidos políticos para las campañas electorales-, tendríamos que haber derogado ese aporte de tres pesos dando el ejemplo desde los partidos políticos en el sentido de que no se quiere gastar en actividades no prioritarias.

Entiendo que también debe reiterarse la autorización que cabe al señor jefe de Gabinete de Ministros para reasignar las partidas incluidas como aportes del Tesoro con el objetivo de cumplir con la garantía del fondo docente. Esa es la forma de resolver genuinamente este problema.

Asimismo en el futuro deberá incrementarse un mecanismo que permita a la Nación retener de las transferencias federales a las provincias los importes equivalentes al incumplimiento por parte de las jurisdicciones locales.

Señora presidenta: pido que se mantenga silencio en el recinto para que pueda continuar con mi exposición.

Sra. PRESIDENTA (Fernández Meijide).- Solicito a los señores diputados guarden silencio y escuchen al orador.

Sr. CAVALLO.- Hacia el futuro el gobierno nacional tiene que estar autorizado para retener de cualquier tipo de transferencia federal a las jurisdicciones locales los montos que éstas no hayan asignado de acuerdo con lo establecido por la ley federal de educación con la prioridad que ésta determina. Luego, lo que retenga, lo tendrá que aportar precisamente al fondo de incentivo docente.

De la misma forma, la Nación tiene que estar autorizada para retener los impuestos cobrados ilegalmente por las provincias. Cuando éstas firmaron el Pacto Fiscal Federal se comprometieron a eliminar, entre otros, el impuesto sobre los ingresos brutos y el de sellos, que perturban el funcionamiento de la actividad productiva, y sin embargo se siguen cobrando como si no existiera aquel compromiso.

Si de cualquier tipo de transferencia federal se retiene el importe que las provincias cobran ilegalmente por esos impuestos, aparece otra fuente de financiamiento para cumplir prioritariamente con el fondo de incentivo docente.

En síntesis, la solución no pasa por la creación de nuevos gravámenes. Hay que derogar este impuesto y muchos otros más.

Además, hay que dar el ejemplo en materia de reducción de gastos superfluos o improductivos, y este Congreso está muy demorado en ese sentido.

Hay dos propuestas que hemos reiterado en varias oportunidades: derogar el decreto de necesidad y urgencia 21/99, con lo cual se obliga al Poder Ejecutivo a evitar un gasto de 513 millones de pesos en el corriente ejercicio, y revertir el error de haber dispuesto que se destinaran tres pesos por voto, y no uno, para los partidos políticos con vistas a la próxima campaña electoral. De esa forma se estará dando el ejemplo desde este Congreso de la Nación.

Para posibilitar la discusión de estas iniciativas hemos presentado un nuevo proyecto de ley en la misma línea en que argumentaba el señor diputado Balter, quien en su momento asignaba al fondo docente el canon que se podría haber cobrado por los aeropuertos de haberse llevado a cabo la licitación por la concesión de los servicios de depósitos fiscales y para tiendas libres de impuestos sin los condicionamientos de las viejas concesiones que debían haber sido derogadas por este Congreso.

Aquello se ha tornado imposible, pero ahora presentamos esta alternativa.

Nuestra iniciativa figura en el expediente 3.729-D.-99, y solicito sea incorporada para ser tratada juntamente con el proyecto de la comisión. (Aplausos.)

Sra. PRESIDENTA (Fernández Meijide).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

Sra. PANDO.- Señora presidenta: según los informes que nos han brindado la AFIP y la prensa, en concepto de impuesto para el Fondo Nacional de Incentivo Docente se ha recaudado la suma de 302 millones de pesos, que representa aproximadamente el 43 por ciento del piso requerido para cumplir con esa ley. Entonces, nos preguntamos adónde está el 57 por ciento restante.

Sobre la base de nuestro análisis advertimos que ese faltante no constituye precisamente la motivación del proyecto de ley en consideración, cuyo carácter es correctivo. En primer lugar debemos realizar un acto de sinceramiento y fundamentalmente pasar por la columna vertebral del sentido común.

No sé si estamos aquí porque nos preocupa el tema educativo o el cumplimiento de la ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente. Interpreto que en realidad nos están preocupando los reclamos y la posición de fuerza de determinados sectores de esta Argentina de 1999. Sin embargo, también adoptaron posición de fuerza los docentes, cuando hace dos años instalaron su carpa a metros de este Congreso, y muchos años antes los jubilados y el 14 o 15 por ciento de desocupados y subocupados.

¿Qué estamos haciendo hoy acá? Estamos desnudando nuestra propia torpeza para resolver los problemas de la Argentina actual. ¿Por qué estamos aquí? Estamos por 132 millones de pesos. ¿Quién debe aportar para alcanzar esa cifra? El sector de la producción, que es un sector castigado, porque a pesar de que pone esfuerzo y riesgo le estamos diciendo que debe pagar el 1 ó el 1,5 por ciento, según corresponda, sobre el valor de un vehículo. ¿Acaso con esos 132 millones de pesos que deben aportar los transportistas habremos de resolver la situación de los docentes? Seguramente no, porque aún existe un faltante muy superior a los 200 millones de pesos. Estos son los números reales, señora presidenta.

Hoy debemos sincerarnos en cuanto a la posibilidad y el deseo recaudatorio que tiene este gobierno. Si tuviésemos la intención de cobrar y realmente existiera voluntad de pago, hoy en la Argentina no habría ni movimientos de fuerza ni el temor a la instauración del estado de sitio ni otros escenarios que nadie quiere ver ni recordar. Por lo tanto, analicemos estas cuestiones con algo de sentido común. Para ello debemos tener en cuenta tres acontecimientos.

Hace muy poco tiempo tuvimos que modificar la ley de pesca. En esa oportunidad algunos votaron a conciencia, otros lo hicieron con más o menos convicción, y otros, porque hubo presión. ¿Por qué se modificó esa ley? Porque movilizaron barcos desde Mar del Plata y hubo un tremendo movimiento social, con gran presencia de pescadores y otras expresiones de fuerza.

¿Por qué se modificó la decisión referida a la reducción del presupuesto universitario en 100 millones de pesos? Porque los estudiantes salieron a la calle y eso era un movimiento político preelectoral muy negativo para el gobierno.

Quizás se actuó más por necesidad que por convicción. Por eso nos preguntamos qué nos está sucediendo a los argentinos. ¿Quién gobierna? ¿Gobierna el miedo, la fuerza, la opresión o la sensatez? Creo que nosotros debemos plantarnos en que como es natural debe gobernar la sensatez. Por supuesto tenemos que apoyar la garantía de 700 millones de pesos -esa cifra y mucho más- para el Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero no podemos engañarnos con un movimiento de fuerza ni con los 132 millones de pesos que aporta el sector del transporte.

¿Dónde está la AFIP con su poder de recaudación? Al respecto considero que hoy deberíamos producir un fuerte voto de condena a los responsables de la recaudación no sólo de este tributo sino del resto de los gravámenes que no son tan distorsivos. Por eso los argentinos tenemos que dejar de corrernos con el chicote o la vara y empezar a gobernar. Y justamente para gobernar está el Poder Ejecutivo, que debe cumplir con sus tres obligaciones básicas, para lo cual no se requieren leyes especiales, sino criterio y decisión de hacerlo para la universalidad. Esto significa no gobernar para los sectores, porque como bien señaló el señor diputado Balter, existen privilegios intocables, como los que fundamentalmente gozan los monopolios que nosotros nos hemos encargado de otorgar en contra de la voluntad de la mayoría de los argentinos. ¿Por qué no tenemos la misma sensatez para revisar, reivindicar y valorizar el mercado que hemos entregado?

El Poder Ejecutivo nacional debe resolver el tema de los 700 millones de pesos en el marco del presupuesto y por medio de economías y reestructuraciones, sin condenar a algunos sectores. Además, rápidamente se debe ofrecer una solución a los docentes, pero no de este modo y menos aún por la vía de la desprotección a la producción.

También debemos expresar una fuerte condena a este Poder Ejecutivo nacional que hoy pretende reivindicar la ley de creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente ofreciendo 70 millones de pesos como garantía, no por los docentes -no nos engañemos- sino por la posición de fuerza de otros sectores. Ciertamente es lamentable que la fuerza resulte más importante que la inversión en la educación.

Por lo expuesto votaré por la negativa el proyecto en consideración, con la aspiración de que el Estado en su conjunto resuelva por medio del presupuesto y sin leyes especiales la situación de los docentes, que bien merecido lo tienen. (Aplausos.)

Sra. PRESIDENTA (Fernández Meijide).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. GUZMAN.- Señora presidenta: considero que nos hemos equivocado, y a veces hay que saber dar marcha atrás. Cuando comenzó este movimiento empezamos a pensar qué sucedía con este impuesto. Vemos que, además de ser regresivo, castiga fundamentalmente al interior del país porque aumenta los costos de fletes en el traslado de los productos. La estructura de costos de los fletes de los productos demuestra un estado de cosas que no puede continuar. El costo del flete de alcohol desde Jujuy a Buenos Aires es más caro que el de Buenos Aires a Tokio, vía Canal de Panamá. Si a eso sumamos esta nueva situación, aumenta el costo de flete y el mayor perjudicado es el interior del país.

Digo esto porque en lo que respecta al transporte de las personas se advierte algún beneficio -si cabe la palabra beneficio- en el sentido de que pueden tener el derecho de desplazarse por el resto del país. Hay un acercamiento a la geografía nacional, cuestión que se refiere también a la cultura y a la educación.

Este es un impuesto altamente regresivo y, por otra parte, no podemos dejar de mirar el problema de los docentes. Nos hemos equivocado y no hemos encontrado la solución adecuada.

¿Por qué no decimos que aquí debemos tener coraje y decisión política para eliminar el déficit? Porque no se trata de eliminar el déficit dejando desocupada a la gente del Estado, sino que se trata de eliminarlo con la mayor transparencia, poniendo énfasis en una Auditoría General de la Nación que vuelva a sus funciones originales, con lo cual vamos a lograr mayores beneficios. Vamos a tener un país con una menor tasa en cuanto a los créditos que recibe.

¿Por qué no hablamos de lo que le cuesta al país el impuesto a los monopolios, con los cuales no podemos terminar? ¿Por qué no hablamos de lo que cuesta el impuesto a los privilegios de un gran sector evasor, ya sea por la alta evasión por un lado o porque muchos no pagan sus impuestos? Cuando observamos que el impuesto a los bienes personales sólo lo pagan en el país 100 mil personas, nos preguntamos si acaso en la Argentina hay sólo 100 mil personas que tienen más de 104 mil pesos, o dólares, según se quiera hablar en una u otra moneda. ¿O es que hay evasión? Y el otro impuesto es el impuesto a la corrupción, cuando tenemos el problema de la Aduana, el del oro, el de IBM-Banco Nación y otras cuestiones.

¿Entonces vamos a parar todo eso con un impuesto regresivo como éste que castiga más al interior? Creo que en la vida, a veces, hay que saber dar marcha atrás. También tenemos que buscar los consensos para saber a dónde apuntar: apuntar al déficit, a los monopolios, a los privilegios de los que no pagan los impuestos, a la corrupción.

Entonces, sí nos van a cerrar las cuentas fiscales y los docentes van a tener los salarios que corresponden, y no a costa de que el interior del país se vea cada vez más perjudicado, porque reitero que este impuesto perjudica fundamentalmente al interior del país, tanto en lo que hace a cargas como a pasajeros.

Por lo tanto, quiero decir que apoyo una vuelta atrás de este impuesto, pero también tenemos que ponernos a trabajar sobre la base de un consenso.

Sra. GUZMAN.- Lo que se propone ahora tampoco es una solución, sirve apenas como para decir que se apaga el incendio. Y digo que tampoco sirve porque puede ser que para algunos sea pan para hoy y hambre para mañana.

Por lo tanto, tenemos que luchar en los otros aspectos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. BRAVO.- Pido a la Presidencia y a todos los colegas ayuda para descifrar este enigma que verdaderamente me paraliza y no hace que comprenda perfectamente qué es lo que está sucediendo.

En 1991 se produjo la transferencia de los servicios educativos a las provincias y se hablaba de ciertos objetivos que se iban a cumplir en tanto esa ley tuviera aplicación plena.

En 1992 se sancionó la ley federal de educación propuesta por el oficialismo, en cuyo artículo 61 se preveía el modo en que se iba a financiar el sistema educativo en su forma integral. Además, con respecto a la duplicación gradual del 20 por ciento anual -a partir del presupuesto de 1993-, o un incremento del 50 por ciento en el porcentaje del producto bruto, decía en su artículo 62 lo siguiente: "La diferencia entre estas metas de cumplimiento obligatorio y los recursos de las fuentes mencionadas en el artículo 60 se financiará con impuestos directos de asignación específica aplicados a los sectores de mayor capacidad contributiva."

La ley federal de educación tiene vigencia desde el año 1992, pero en ninguno de los presupuestos que hemos aprobado a partir de esa fecha se previó el cumplimiento de esa ley. Cabe aclarar que quien debía encargarse de reclamar esto último ante el Poder Ejecutivo era el partido gobernante.

Como dije, esa ley federal de educación preveía el modo de financiar el sistema educativo en forma integral. Pero esto nunca ocurrió, a pesar de estar establecido en una ley de la Nación que, como tal, debe cumplirse a rajatablas. Nadie puede hacerse el distraído ante esto.

A raíz del reclamo de los docentes por el incumplimiento de la ley federal de educación se instaló la "carpa blanca" en las cercanías de este Congreso. Estoy hablando del 2 de abril de 1997. Por esa "carpa blanca" desfilaron muchos conciudadanos, hombres expectables, representantes de distintos gremios -entre ellos, el de los camioneros- y también empresarios, que entendían que había que finiquitar este problema de una vez por todas.

Desde que se instaló la "carpa blanca" -hace más de dos años- hemos tratado de subsanar el incumplimiento de la ley con diferentes proyectos. Allí comenzó el verdadero vía crucis de una legislación que nunca conseguimos arrancar al oficialismo. Se han presentado catorce proyectos, con distintas ópticas y formas de financiar el sistema educativo, para cumplir de alguna manera con lo que establece el artículo 62 de la ley federal de educación, cuando habla de impuestos con asignación específica aplicados a los sectores de mayor capacidad contributiva.

Hubo catorce proyectos que fueron desechados uno tras otro, catorce proyectos que nunca aterrizaron en esta Cámara para su debate porque la comisión lo impedía. Entonces, es lógico que siga confundido. Estamos en el Congreso de la Nación hablando de una ley que no se ha cumplido y de la forma en que quisimos suplir este vacío de incumplimiento y después nos encontramos con que a raíz de una presentación de la ex ministra de Educación, señora Susana Decibe, de la bancada oficialista surge el nuevo proyecto de ley a considerar.

Sobre ese particular podemos hablar no sólo todos los que fuimos autores de proyectos sino todos quienes nos pronunciamos en ese lapso, pero el oficialismo dijo que ese era el proyecto y la única forma de salir de esta situación. Por eso me niego a reconocer siquiera un mínimo de culpa en este sentido, como dicen algunos que hoy se rasgan las vestiduras expresando que es bueno rectificar la posición cuando uno se ha equivocado o enmendar los perjuicios que se pudieron haber ocasionado con la rápida sanción de una ley.

Recuerdo que, cuando se sancionó la ley vigente, los bloques acordaron que nadie haría discursos, que simplemente se enunciaría el proyecto de ley y que todos la aprobarían por unanimidad; esto no debemos olvidarlo. Cuando el proyecto se sancionó, tanto la bancada oficialista como todos nosotros nos pusimos de pie y aplaudimos. Lo hicimos porque pensábamos que después de casi tres años de estar la "carpa blanca" en las cercanías del Congreso habíamos encontrado una solución.

Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿De un nuevo proyecto de ley? ¿Y por qué yo tengo que creer lo que ahora está diciendo la bancada oficialista, es decir, que con esta nueva legislación se van a cumplir las apetencias lógicas y justas que vienen reclamando los docentes desde hace mucho tiempo? ¿Por qué voy a creer que me van a acompañar en este sentimiento que tengo por la educación y la docencia y van a cumplir lo que no han cumplido hasta ahora?

¿Cuál es la razón por la cual tengo que depositar una cuota de confianza en la bancada oficialista para saber ciertamente si todo esto es viable? ¿Se puede ser tan ingenuo de creer que van a cumplir lo que digan, existiendo el poder omnímodo del veto que tiene el presidente de la República? ¿Se puede creer que todo esto surge simplemente de una inspiración y del deseo de mejorar la situación? ¿Acaso nos olvidamos de que, una vez promulgada la actual ley, el primero que se manifestó en contra de ella fue el ministro de Economía, doctor Roque Fernández? ¿Acaso nos olvidamos de la denuncia de sabotaje que tuvimos que hacer, en la que estaba involucrado el principal recaudador fiscal? ¿Acaso podíamos esperar que después de tres años de debate intenso, discursos, aclaraciones y marchas que hicieron los docentes y toda la sociedad íbamos a obtener este resultado?

Sigo estando confundido, señor presidente. No sé por qué los diputados que aprobamos una ley no tenemos poder para hacerla cumplir.

No sé por qué hemos entrado en el juego de buscar nuevas formas de financiamiento, cuando deberíamos habernos aferrado a ésta. Digo que estoy confundido y no creo absolutamente en nada de lo que me diga el oficialismo, porque la ley que habíamos aprobado establecía una garantía de setecientos millones de pesos que debía cubrir el Poder Ejecutivo si no se recaudaba el dinero suficiente para contribuir al mejoramiento salarial docente. Sin embargo, ello no se concretó, ya que el presidente vetó parcialmente la norma.

Nosotros deberíamos estar reafirmando la sanción del proyecto anterior y desechando el veto del Poder Ejecutivo. Esto sería lo lógico, pero parecería que el sentido común no impera en este asunto, ya que nos encontramos frente a quienes se desgarran las vestiduras y creen que hemos cometido un error.

Personalmente, no creo que haya cometido ningún error. No nos cabe la más mínima responsabilidad a quienes hemos impulsado esta norma. Ahora nos encontramos con una garantía prometida de hasta la suma de setenta millones de pesos. Se trata de una cifra que, indudablemente, no tiene ningún fundamento, por lo menos en relación con lo que necesitamos.

Además, ahora nos encontramos con que debemos apagar el fuego, que fue provocado por quienes no cumplieron desde el primer día con la ley que ellos mismos votaron y que promulgó el Poder Ejecutivo. Se hizo la farsa de elaborar el proyecto, de aprobarlo por unanimidad en la comisión y en el recinto y, finalmente, de aplaudirlo puestos de pie. Sin embargo, hoy estamos a fojas cero.

Estoy confundido y no sé qué pensar. Si las reglas de juego se establecen correctamente y si nos quieren hacer entrar en otro juego, que no es el que corresponde, me parece que lo mejor sería reafirmar la facultad soberana que tenemos como diputados para exigir el cumplimiento de la ley, rechazando el veto del Poder Ejecutivo. Luego analizaríamos todo esto, lo que probablemente haya sido expresado con mayor claridad de pensamiento por mis compañeros de bancada.

Por lo expuesto, reafirmo el voto negativo de todos los integrantes del Frepaso, y quisiera que alguien me explicara por qué soy diputado, para qué soy diputado y para quién legislo. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. PUIGGROS.- Señor presidente: ayer decía un compañero de bloque que existen cosas fundamentales de las que no se pueden dudar. Quiero repetir esto, porque para que una sociedad exista y para que un país siga adelante y los conflictos se solucionen por los carriles normales es necesario que se sostengan los pactos fundamentales referidos a la puesta en práctica de los contenidos de la Constitución. Al mismo tiempo, debe lograrse estabilidad en el conjunto de las normas que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad.

Me siento acongojada porque veo que la situación que estamos viviendo demuestra que esta sociedad no es capaz de sostener los pactos fundamentales, y lo que es peor aún es ver que aquellos legisladores que aprobaron la ley del Fondo de Incentivo Docente, aplaudiendo de pie hace pocos meses, hoy no son capaces de sostenerla a pesar de que no estamos hablando de una norma menor sino de un pacto fundamental de la sociedad.

Por otro lado, no debemos olvidar que la referida ley fue el resultado de un año y medio de trabajo de una subcomisión dependiente de la Comisión de Educación, integrada por todos los sectores que tenían interés, algo que decir o se sentían afectados por el tema salarial docente.

Esa comisión trabajó con suficiente seriedad como para discutir los diecinueve proyectos que se presentaron. Sin embargo, el gobierno y el bloque Justicialista sólo admitieron que se avanzara en el estudio del proyecto refrendado por Roque Fernández y Susana Decibe, que es el que finalmente se aprobó. Y esa sanción se logró porque no había otra solución, ya que el Parlamento fue puesto en una situación en la que aprobaba el proyecto oficial o no había solución para los docentes, quienes clamaban desde hacía más de dos años por tener un salario que les permitiera llegar a las escuelas para cumplir con su función.

Aclaro que soy docente y en tal carácter la sociedad me exige que trabaje bien y cumpla mi función con calidad. Así mismo advierto que no dudo de la idoneidad técnica de los importantes tributaristas -sean diputados o sus asesores- que elaboraron el proyecto presentado el año pasado mediante el que se creaba un impuesto al automotor.

Por lo tanto, no puedo entender si se trata de un problema en la calidad del trabajo de estos profesionales -calidad que, por otra parte, todos deben exigir a quien gobierna el país- o si ignoraban cuáles son los problemas que acarrea un impuesto con asignación específica. A lo mejor prefirieron establecer un impuesto de estas características antes que cumplir con la Ley Federal de Educación que fija un presupuesto del 20 por ciento anual. Seguramente, también prefirieron sancionar un proyecto de esa naturaleza en lugar de ordenar los fondos que existen para educación y que están deparramados en distintos organismos del gobierno nacional o de elaborar un correcto presupuesto educativo o establecer fondos genuinos para la educación a fin de llegar al porcentaje que figura en la Ley Federal de Educación. No sé si se trata de un error o había alguna intencionalidad política. Me inclino por pensar que no se previeron recursos genuinos para los docentes por la misma razón por la que no se previó la incidencia de los peajes, del aumento a los combustibles, la falta de créditos a los sectores productivos, etcétera. Entonces, ahora ponemos todo en la misma bolsa, buscamos cualquier solución y sancionamos cualquier norma.

Una cosa es la crisis productiva que tiene este país como consecuencia de una política económica que ha ahogado a los pequeños productores, a las pequeñas y medianas empresas y al conjunto de los sectores productivos, y otra cosa diferente es que esta sociedad quiera pagar a sus docentes salarios dignos como en cualquier sociedad civilizada.

En ese sentido, me molesta mucho que se diga que los que pagamos el impuesto somos "giles". Yo tengo un Renault Clío cero kilómetro que compré en un Plan Rombo, por el que pagué 150 pesos de impuesto en marzo, que distribuidos en los doce meses del año equivalen a 11 pesos por mes. Hubo 5 millones de argentinos que pagaron el impuesto. ¿Son 5 millones de "giles", como se ha dicho aquí varias veces? No; son 5 millones de argentinos responsables que pagaron lo que tenían que pagar, que hicieron un esfuerzo, que sacaron de su bolsillo el dinero destinado al pago de los docentes, que quieren que las escuelas funcionen correctamente, que mandan a sus hijos a estudiar y pretenden para ellos una educación de calidad que exigirán a los docentes. Entonces, ese ciudadano no es un "gil" sino un ciudadano de calidad, que paga sus impuestos.

Además de reiterar el voto negativo de mi bloque al proyecto presentado, entre otros, por el señor diputado Lamberto, quiero insistir en lo siguiente. En primer lugar, debemos rechazar el veto del Poder Ejecutivo, restableciendo la garantía fijada en la primitiva ley. Resulta necesario reponer esta situación a fin de que el Congreso no aparezca creando inestabilidad y que vuelva a ser confiable, ya que si se sanciona una norma, ésta debe ser cumplida. El encargado de hacer cumplir las leyes que nosotros sancionamos es el Poder Ejecutivo nacional, que a su vez debe garantizar el cobro de los impuestos. Justamente para el caso de que algún sector o algunas personas no quisieran o no pudieran cumplirla es que se colocó en la ley el artículo que fue vetado por el Poder Ejecutivo, referente a la garantía del gobierno nacional.

Por lo tanto, el Congreso debe restablecer dicha garantía, y el Poder Ejecutivo tiene que gobernar, tiene que garantizar el cobro de los impuestos y asegurar que las demandas que efectúen los diferentes sectores sean canalizadas por las vías que corresponda, sin cortar las calles ni las rutas y brindando tranquilidad y seguridad para que los chicos vayan a escuelas que funcionen y para que los docentes cobren lo que tienen que cobrar.

En segundo término, es necesario buscar una solución de fondo, con vistas al futuro, en el ámbito de la Comisión de Educación. Se han presentado 19 proyectos, que no voy a enumerar en este momento. Sabemos perfectamente que es posible encontrar esa solución, que implique fondos genuinos, estabilidad para los docentes y pago de sus salarios, en el marco de un buen funcionamiento de las escuelas, sin pensar que mañana pueda haber otro paro u otra "carpa blanca". En la Argentina debe educarse sin temer un estado de inestabilidad permanente.

Hoy no solamente está en juego este impuesto sino también la credibilidad de este Congreso y la responsabilidad de sus integrantes. Respeto el conjunto de opiniones, y me parece lógico que alguien sostenga que puede existir una solución más adecuada para este problema, pero lo que no podemos hacer es crear una situación en la que no se cumpla ni una ni otra ley, una situación en la cual el gobierno vete nuevamente la garantía que se le está pidiendo y nos quedemos sin el fondo de financiamiento anterior y sin una nueva solución.

Por eso es mejor que se cumpla con la ley vigente y que mientras tanto se reúna la subcomisión que estuvo discutiendo el tema para hallar una solución, pero para los próximos años, no un parche. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. PARENTELLA.- Señor presidente: lleva más de dos años el conflicto docente y se ha instalado una "carpa blanca" frente al Congreso; una instalación pacífica muy elogiada por esa cualidad, porque no tiene prepotencia ni agresión, pero que plantea la difícil situación por la que atraviesan las provincias argentinas, aquéllas donde hace tiempo -en algunos casos tres meses- que los docentes no cobran su salario o lo perciben en bonos o les han rebajado el sueldo.

Algunos diputados nos hicimos eco de esta situación y planteamos el problema al señor diputado Lamberto, quien nos dijo que queríamos nacionalizar un conflicto que en ese momento sólo se expresaba con virulencia en la provincia de Neuquén.

Sin embargo, quienes conocemos el tema educativo sabemos que se trata de un conflicto que afecta a todas las provincias argentinas.

No había manera de introducir el tema a pesar de que existían muchos proyectos que no acudían a un nuevo impuesto sino que planteaban una reasignación de partidas presupuestarias y la eliminación de los gastos reservados y de la cuenta publicitaria del gobierno.

Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo, desde la propia ministra de Educación -incluso el presidente en un momento determinado- hubo burlas y promesas, pero en ningún momento se cumplió con lo prometido. Es más, después de la elección de 1997, en los pasillos de la Cámara se escuchó decir que el costo político de la "carpa blanca" ya lo había pagado el oficialismo perdiendo las elecciones, por lo que entonces no había por qué tener en cuenta los reclamos de los docentes. Seguramente eso ocurrió porque la protesta fue pacífica y si bien ha sido elogiada ha tenido poca efectividad a la hora de encontrar soluciones.

A comienzos de 1998, cuando presidía la Comisión de Educación el señor diputado Mondino, se inició el análisis del único proyecto de ley que se podía tratar, que fue el enviado por el Poder Ejecutivo, pero quiero señalar que quien asistió a todas las reuniones para discutir y monitorear esta iniciativa fue el actual ministro de Educación, el doctor García Solá. También estuvieron presentes el secretario del Consejo Federal de Educación, Osvaldo De Bries, y muchos docentes y diputados de los diferentes bloques.

Quiero destacar que la Confederación de Trabajadores de la Educación efectuó su aporte para resolver el tema del financiamiento educativo siguiendo los lineamientos contenidos en la Ley Federal de Educación, como señalara la señora diputada Mary Sánchez, esto es, que si había que pensar en nuevos impuestos, ellos debían afectar a los sectores de mayor capacidad contributiva.

Ninguna de estas propuestas fueron tenidas en cuenta hasta que finalmente arribamos a la sanción de aquella iniciativa con algunas modificaciones, pero con la garantía del Estado de responder en caso de que no se llegara a obtener la recaudación prevista.

Incluso en estos días, antes de que se comenzara a percibir el impuesto, tanto desde el señor diputado Lamberto como desde el Ministerio de Economía se saboteaba la posibilidad de su cobro, y en algunos reportajes lo escuchamos decir al primero de los nombrados que cuando los educadores redactamos leyes referidas a temas impositivos los resultados están a la vista.

Admito que sé poco de economía, pero sin embargo me permito señalar que ninguno de los educadores, ni la Confederación de Trabajadores de la Educación, ni los proyectos presentados por la Alianza, tenían que ver con el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, que sí fue diseñado por un ex asesor del Ministerio de Economía durante la gestión del doctor Cavallo: el doctor Gutiérrez.

Esta iniciativa no fue diseñada por los educadores sino por los economistas, fue avalada por el Poder Ejecutivo y se discutió permanentemente con la presencia del actual ministro de Economía.

Es por ello que este bloque no quiere acompañar la modificación que propone el bloque oficialista porque, como se ha dicho reiteradamente, no tenemos motivos para confiar en que lo que hoy se dice se va a respetar. Además, pensamos que sería un muy mal ejemplo.

Esta situación nos deja algunas enseñanzas. En primer lugar, la protesta pacífica, que tanto se elogia, no tiene el resultado de la prepotencia ejercida en su protesta por los representantes de las empresas de transporte.

Yo también escuché al fletero al que se refería hace algunos momentos el señor diputado Terragno. Este señor hablaba del "tiro final", refiriéndose a este impuesto. Sin embargo, el sector no reaccionó con tanta virulencia en relación con el costo del peaje.

La conclusión es que la protesta pacífica no tiene el resultado que todos esperamos, a pesar del gran perjuicio que se causa a los niños argentinos por la calidad de la educación pública.

La segunda enseñanza que nos deja esta situación es que debemos desconfiar de todo lo que provenga del Poder Ejecutivo porque finalmente se termina con un veto, o directamente no se respeta lo sancionado.

La tercera enseñanza...

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Discúlpeme, señora diputada, pero debo interrumpirla para imponer silencio en el recinto.

Sra. PARENTELLA.- No me interesa el silencio, señor presidente, porque tampoco escucharon lo que pasaba en la carpa de los docentes y pensaron que era un problema simplemente político, de la oposición. Después de mucho tiempo se dieron cuenta de que efectivamente existía el conflicto docente.

Como se dijo reiteradamente aquí, los docentes no tienen la fuerza de poner los camiones en la ruta o de parar la distribución de alimentos. Aunque han tenido seriedad en el planteo del conflicto, en la calidad de las propuestas -quiero destacar la labor de su secretaria general, la señora Marta Maffei- y en el acompañamiento de las discusiones, no han tenido el respeto de muchos diputados, ni del presidente de la Nación ni del ministro de Economía, que siempre desprecia la educación pública argentina.

Ahora tampoco se quiere respetar a quienes pagaron en término, mediante la sanción de una ley que perdona a aquellos que no pagaron y además rebaja el impuesto que estaba programado.

Por todas esas razones no podemos votar favorablemente esta iniciativa; sería una muy mala enseñanza para todos los argentinos.

Sí estamos dispuestos a discutir propuestas en las que no se les meta la mano en el bolsillo a quienes más necesitan y que sean justas para todos los argentinos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. AGUIRRE.- Señor presidente: lamento que este tema sobre la educación de los argentinos hoy sea objeto de la cuestión electoral. Digo esto porque muchos argentinos sostenemos que la educación es una cuestión de Estado, es decir, no una simple formulación conceptual sino una política estratégica para la Nación. Siendo esto así, la educación debe formar parte del diseño de la política económica. No puede decirse que existe una política económica diferencial de la política educativa; ésta, al igual que la política laboral, debe insertarse en la matriz de aquélla.

Así ocurre en los principales países. Analicemos cuánto invierten en educación los diez principales países del mundo; y lo hacen porque ésta forma parte de la estrategia de Nación y de la matriz económica del país. Sin embargo, en la Argentina todavía hay algunos sectores que consideran que la educación es un simple problema social. Me resisto a pensar eso, pues a mi juicio constituye un tema estratégico.

Sucede que para la mayoría de los partidos políticos -asumo esto como autocrítica- y de la dirigencia económica y social, la educación aún no es una cuestión de Estado, más allá de que se repita y reitere lo contrario en escritos y discursos. Esto la sociedad lo percibe mucho más que los dirigentes.

Nos estamos embrollando en una cuestión elemental e instrumental. Ni en este ámbito ni en el resto de la Argentina se debate seriamente el problema estratégico de la educación; todo es llevado al terreno electoral, y lamentablemente ello conspira contra la educación. Esto lo saben los miles de maestros y profesores, los alumnos, los padres, los miembros de las cooperadoras escolares y el resto de la comunidad educativa.

Pareciera que la clase dirigente argentina, salvo excepciones, se encuentra alejada de los reales problemas de la educación. Por otro lado, quiero aclarar que la problemática docente constituye sólo una parte del problema de la educación argentina; lo que sucede es que quizá aquélla permite ver algunas otras cuestiones de fondo.

Naturalmente, sé que hoy existe una serie de programas y políticas relativas al sector educativo de nuestro país; pero estos no han recibido el acompañamiento de muchos de los docentes y de los alumnos de nuestro país. Ello, pese a que se ha hecho un esfuerzo en la inversión pública, a que se han erradicado las escuelas rancho y a que se ha invertido en equipamiento didáctico, en educación superior y en capacitación. La mayoría de la docencia argentina no se siente expresada por esta política. A mi juicio esto se debe a que la política educativa está separada de la docencia. En este sentido, no se puede aspirar a construir una transformación educativa cuando muchos miles de docentes no la acompañan.

En lo personal sostengo que para que exista una transformación educativa debe haber un acompañamiento voluntario de la docencia, y como es natural, para que ello suceda se requiere la existencia de una política del gobierno en la materia. En ese sentido la cuestión no estriba en quién está de un lado o del otro del mostrador, como muchas veces se ha señalado, sino que lo básico es saber si estamos a favor de una verdadera transformación educativa, en cuyo caso con seguridad se asumirían los compromisos necesarios para llevarla a cabo.

Reitero que en la mayoría de la dirigencia política argentina existe esta falta de voluntad política y de compromiso. Aquí no se trata de aprobar un proyecto de ley para posibilitar que se otorgue un aumento a los docentes sino de discutir en serio sobre la grave crisis de la educación argentina, que se observa en el aula, el taller, el laboratorio, el colegio, la universidad, las cooperadoras, los padres y la comunidad educativa. Pero pareciera que todo esto está lejos de la actual dirigencia argentina.

Si no nos abocamos a debatir en serio el fondo de la cuestión, que las políticas educativas formen parte de la estrategia nacional y de la matriz económica y laboral del país, seguiremos perdiendo el tiempo discutiendo estas cosas que poco contribuyen a solucionar el problema, porque son justamente lo contrario de lo que hoy necesita la Argentina.

Para finalizar apelo a la sensatez, la clarividencia, la voluntad política de los miembros de este cuerpo y la sensibilidad de la dirigencia argentina para que con el nivel adecuado que merece el problema encontremos las verdaderas soluciones. Pero insisto, para ello debemos debatir en serio esta cuestión y no meros temas instrumentales.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Teniendo en cuenta que ha sido aludido, tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. CAVALLO.- Señor presidente: la señora diputada Parentella reiteró algo que ya le había escuchado decir por televisión a la ex ministra Susana Decibe y esta mañana al señor diputado Carlos Alberto Alvarez. En los tres casos se pretende asignar responsabilidades a un ex colaborador mío en el Ministerio de Economía, el ex secretario de Hacienda, licenciado Ricardo Gutiérrez. Siempre se menciona que justamente fue un estrecho colaborador del ex ministro Cavallo, como para sugerir que hay algún tipo de responsabilidad de mi parte o del que fue mi equipo económico.

Quiero señalar que fui el que más claramente se opuso a la creación de un impuesto absolutamente absurdo, así como a toda creación de impuestos desde que asumí como diputado.

De manera que resulta totalmente inconsistente la acusación, y además me parece que es una forma de eludir la responsabilidad política por parte de la ex ministra Decibe, así como por parte de los diputados que tratan de buscar un eventual autor técnico de un proyecto que es equivocado desde el punto de vista político. Aquí no es una cuestión de cómo se diseñó el impuesto o de si algún técnico lo propuso, sino que el tema reside en la gravísima irresponsabilidad política de pensar que los problemas sociales se van a solucionar creando nuevos impuestos, y, para colmo, impuestos de estas características que gravan herramientas de producción.

No se puede seguir eludiendo la responsabilidad política por parte de aquellos que firmaron los proyectos que llegaron al Congreso de la Nación desde el Poder Ejecutivo y de los diputados que votaron a favor de esta norma. Tampoco se puede utilizar esta tribuna, la radio o la televisión para nombrar a personas que somos precisamente quienes con mayor claridad e insistencia señalamos que éste era un pésimo impuesto, desde el punto de vista de la decisión política de recurrir a él para tratar de resolver un grave problema social.

Sr. CAMAÑO.- Pido la palabra para plantear una moción de orden.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: teniendo en cuenta que resulta difícil resolver la cuestión en consideración, efectúo una moción de orden para que la Cámara pase a cuarto intermedio hasta la semana próxima, a fin de lograr un objetivo común que permita a todos los legisladores dar una solución definitiva al conflicto que estamos viviendo.

Como se trata de una moción de orden, la Presidencia debe ponerla a votación.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. DUMON.- Señor presidente: sin perjuicio de la posición que van a sostener las autoridades de nuestro bloque, quiero resaltar, como lo señaló en su momento el señor diputado Alessandro, que en este dictamen hay dos proyectos de modificación de leyes absolutamente diferentes: uno es el vinculado con el Fondo de Incentivo Docente, y otro es el referido al impuesto a la renta o ganancia presunta. En realidad, lo que se ha hecho fue recrear el impuesto a los activos, pero se ha olvidado efectuar la reducción del 25 por ciento sobre los inmuebles rurales.

El dictamen viene a resolver esta cuestión respecto del impuesto a los activos sobre los inmuebles rurales, en una actividad que hoy está en crisis, sobre todo las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias. Se descuenta del valor fiscal el 25 por ciento para la consideración del impuesto.

No creo que tengamos necesidad de postergar para la semana próxima una modificación que apoyamos aun los que estamos en contra del impuesto.

Por lo señalado, solicito que se separen ambos temas y se dé aprobación a la iniciativa contenida en el artículo 2° del dictamen.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza para referirse a la moción de orden formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. BALTER.- Señor presidente: sin duda el tema de fondo es de difícil resolución, tal como lo ha planteado el señor diputado representante de la bancada Justicialista. Pero nosotros creemos en la necesidad de poner una cuota de sensatez por parte de este cuerpo en la resolución del conflicto que existe en el país. No podemos hacernos los distraídos frente a lo que está sucediendo a lo largo y a lo ancho del territorio de la República. Creo que tenemos herramientas alternativas.

Se está generando el primer conflicto del Mercosur. Algunos de los camiones que hoy están parados vienen de países vecinos como Paraguay, Brasil y Chile. A raíz del daño que se les origina, sus propietarios podrían llegar a reclamar judicialmente. De esto hay antecedentes en la legislación comparada. Por ejemplo, cuando en Francia quedaron parados camiones originarios de países como Italia, España, Portugal y Alemania, los empresarios han reclamado judicialmente y han obtenido un resarcimiento por el daño causado. Si esto mismo sucediera en nuestro país, estaríamos hablando de cifras multimillonarias, que podrían significar un monto mucho mayor a lo que hoy estamos discutiendo.

Por otra parte, la falta de productividad que se da en la Argentina a raíz de las medidas que se están tomando también representa una pérdida en cifras multimillonarias por día. Si dividimos el producto bruto interno de la República por la cantidad de días del año, nos vamos a dar cuenta de la recaudación que dejaría de percibir el país.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- La Presidencia aclara al señor diputado que le concedió el uso de la palabra para referirse a la moción de orden formulada por el señor diputado Camaño.

Sr. BALTER.- Ya concluyo, señor presidente, pero creo que antes de pasar a cuarto intermedio tendríamos que tomar una decisión, dado que existe la amenaza de implantar el estado de sitio y la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento. En este sentido, no me imagino a la Prefectura incautando vehículos ni a la Policía Federal o a la Gendarmería, por ejemplo, parándolos porque no tienen la oblea. Diría que es hasta payasesco. ¿Acaso vamos a poner al ministro del Interior como agente de tránsito?

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- La Presidencia recuerda al señor diputado que se ha formulado una moción de orden.

Sr. BALTER.- Antes de pasar a votar la moción de orden, señor presidente, quiero agregar lo siguiente. Entiendo que hay una propuesta concreta en el sentido de derogar el veto del Poder Ejecutivo a la garantía del Fondo de Incentivo Docente de manera tal que se pueda descomprimir esta situación, que podamos avanzar y que no dejemos latente este conflicto. En caso contrario, los costos para la República van a ser mucho más graves.

Sr. CAMAÑO.- Si me permite, señor presidente, quiero decir al señor diputado que asumo la responsabilidad de haber pedido el cuarto intermedio, aclarando que nunca hago algo sin consultar.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. BECERRA.- Señor presidente: voy a intentar hablar con mucha franqueza, sin realizar -que me disculpe el señor diputado Camaño- un alegato a favor o en contra de la moción de orden. Voy a hacer alguna reflexión en voz alta, tomando incluso algunas expresiones del señor diputado Balter.

Esta Cámara ha sido citada precisamente para intentar destrabar o dar una solución al problema planteado en la sociedad. Si pasamos a cuarto intermedio hasta la semana que viene y la opinión del Congreso es sustituida por la aplicación de la ley de abastecimiento, o quizá del estado de sitio, más algunas otras medidas a las que puede recurrir el Poder Ejecutivo -por supuesto, con la legitimidad que tiene en su accionar-, pregunto con toda franqueza a mis estimados colegas de todas las bancadas: ¿qué va a decir -sin ánimo de ofender- el señor presidente a las 21 de hoy, hora en la que posiblementedirija un mensaje al país? ¿Va a decir que allá están los políticos, el Congreso..., que ya dijo en Río que su sustitución podría provocar la hiperinflación en la Argentina? Me parece que, como cuerpo que representa al pueblo, tenemos que asumir una responsabilidad fundamental en el día de hoy.

Debemos agotar el debate sobre este tema, buscar una solución al financiamiento y al reclamo del sector del transporte, que además afecta la libre circulación de mercaderías y la producción argentina. Por problemas que cada uno tenga en su bloque -que me disculpe mi querido amigo Camaño- no podemos politizar los grandes temas del país, más allá de la legitimidad que reviste la politización, máxime cuando estamos en un proceso electoral. No podemos politizar los problemas que hoy tiene la Argentina en función de expectativas electorales inmediatas.

En más de una oportunidad los radicales hemos tenido algunos vicios. Por ejemplo, mis pares de bloque me han criticado, entre otras cosas y con razón, por padecer casi un síndrome de responsabilidad institucional. No es este el caso, pero si nosotros decimos a la opinión pública que la Cámara de Diputados pasa a cuarto intermedio hasta la semana que viene sin resolver nada, nuestros representados, el pueblo de la República, interpretaría que la representación del pueblo de la Nación Argentina no está en condiciones de dar solución a ninguno de sus problemas y que eso sólo lo puede hacer el Poder Ejecutivo por cualquier medida a la que eche mano, ya sea legítimamente o por decretos de cualquier naturaleza.

Pido al señor diputado Camaño -mi estimado amigo, cuya responsabilidad conozco- y al conjunto de la Cámara que reflexionemos sobre esta cuestión y que retire la moción de pasar a cuarto intermedio hasta la próxima semana. En todo caso podríamos pasar a un cuarto intermedio de media hora en las bancas a fin de dialogar sobre el tema que nos ocupa, pero dando luego una solución a esto porque si no desde la política no estaríamos resolviendo los problemas de la gente. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: no aclaré demasiado el sentido de la moción porque me pareció suficiente que constara en el Diario de Sesiones. Retribuyo los conceptos de amistad al señor diputado Becerra, un hombre que generalmente actúa con total franqueza y firmeza.

Quiero aclarar que consulté a los responsables de todos los bloques acerca de la posibilidad de pasar a cuarto intermedio hasta la próxima semana y fue en virtud de ello, y con la tranquilidad de haberlo acordado así, que formulé la correspondiente moción. Si interpreté mal lo que me dijeron los representantes de cada uno de los bloques, pido disculpas por ello. De todos modos, tengo la tranquilidad de conciencia de haber hecho las consultas correspondientes.

No estamos evadiendo ningún tipo de debate político. Si hace falta, podemos seguir haciéndolo. Lo que quiero aclarar es que había pocos diputados en el recinto y la trascendencia del tema requería que fuera tratado en un marco distinto; de allí el acuerdo logrado en el sentido de pasar a cuarto intermedio hasta la próxima semana.

Si los señores diputados desean que retire mi moción, lo haré con mucho gusto. Lo que no quiero es cargar con la culpa de que no se haya debatido el tema a raíz de mi moción, porque ello no sería justo.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. PICHETTO.- Señor presidente: en representación del bloque al que pertenezco solicito que se pase a un cuarto intermedio de media hora a fin de que el sector oficialista se reúna para unificar criterios, y luego conversen los presidentes de bloque junto a usted.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- En virtud de lo solicitado por el señor diputado por Río Negro, la Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar a un cuarto intermedio de treinta minutos a los efectos de alcanzar un acuerdo que permita continuar la sesión.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Continúa la sesión.

Solicito a los señores presidentes de bloque hacerse presentes en la Presidencia a fin de intercambiar ideas sobre la continuación de la sesión.

Invito al cuerpo a pasar a cuarto intermedio en las bancas por el término de cinco minutos.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. PICHETTO.- Señor presidente: formulo una moción de cierre del debate y otra de que se someta a votación nominal el dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Asimismo, aclaro que aceptamos incluir el aumento de la garantía a 110 millones de pesos.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. STORANI.- Señor presidente: a los efectos de la cuestión reglamentaria que se está planteando debo decir que no puede disimularse lo que ocurre, a saber, que el bloque de la mayoría no pudo llegar a un acuerdo respecto de lo que habíamos convenido, que es lo que el país está esperando: una solución a las partes involucradas. (Aplausos.) Nosotros habíamos propuesto una prórroga hasta el 31 de agosto del corriente año.

Llamo a la reflexión a los señores diputados integrantes de la bancada Justicialista porque no se trata de sacar rédito de ningún sector. Estamos en una situación de igualdad. Si establecemos una prórroga hasta el vencimiento del impuesto estaremos en condiciones de estudiar las mejores soluciones que proponga el justicialismo, la Alianza o los partidos provinciales. Pero lo que no pueden hacer es, después de un cuarto intermedio, colocarnos una mordaza para disimular los conflictos internos que afronta el propio bloque mayoritario. No estamos dispuestos a aceptarlo en nombre de la responsabilidad que nos impuso el pueblo argentino.

Por lo tanto, solicito que se vote la prórroga del plazo de vencimiento del impuesto y que mientras tanto se estudien las alternativas correspondientes. También pedimos que honren el compromiso que asumieron con nosotros hace apenas cinco minutos detrás del estrado de la Presidencia.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para referirse a la cuestión reglamentaria, tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALESSANDRO.- Señor presidente: quedaron expresados con absoluta claridad los motivos por los cuales no se podía votar el dictamen. El resultado a esta hora de la noche demuestra que es inadmisible someterlo a votación.

La nuestra no es una posición obstruccionista que intenta negar los sucesos que están teniendo lugar. Hay una salida: es la que propuso el señor diputado Storani y que hace cinco minutos acordamos detrás de la mesa de la Presidencia.

Nadie queda aferrado a sus posiciones originales porque todos estamos tratando de buscar una solución verdadera a esta cuestión. Y esa solución no es el dictamen del oficialismo, que genera una situación de desigualdad entre los ciudadanos.

La solución que se plantea es lógica: una ley con un solo artículo por el que se establece una prórroga hasta el 31 de agosto para que analicemos el tema con seriedad y serenidad.

La propuesta significa mantener el Fondo de Financiamiento Educativo pero buscando otra forma de allegar fondos, mucho más transparente, genuina y aceptada por la sociedad.

Nuestra bancada acompañará la propuesta formulada por el señor diputado Storani que, por otro lado, hasta hace cinco minutos compartíamos con la bancada del Partido Justicialista.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para referirse a la cuestión estrictamente reglamentaria, tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

Sra. PANDO.- Señor presidente: tal como dije en mi exposición anterior, condeno todo movimiento de fuerza y de coyuntura llevado a cabo con el objeto de lograr una solución para un tema accesorio y no para el principal.

Sin embargo, me permito advertir sobre la falta de solución de este problema. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes hay una enorme cantidad de camiones parados y en piquetes. En esta provincia hace tres meses que no se pagan los sueldos. En este mismo recinto advertí hace quince días que pueden suscitarse circunstancias que nadie quiere y con resultados realmente inesperados. Una vez más formulo la advertencia en este recinto.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Señora diputada: le solicito que se limite a la cuestión reglamentaria.

Sra. PANDO.- Ocurre que estamos en la Argentina y tenemos que conocer los problemas que existen en cada provincia, en Corrientes, en Neuquén y en otras más.

Por favor, tengamos la sensatez necesaria de aprobar el proyecto que se acordó durante el cuarto intermedio. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. ROGGERO.- Señor presidente: en la negociación que tuvo lugar durante el cuarto intermedio propusimos -luego de efectuar la consulta pertinente- que la fecha a establecer para la prórroga fuera el 15 de noviembre. Si los bloques de la Unión Cívica Radical y del Frepaso están de acuerdo, estamos dispuestos a modificar nuestra posición y prorrogar el debate hasta el 15 de noviembre. De lo contrario, estaremos metiendo este conflicto en medio de las elecciones. Así, en vez de intentar resolver el problema, esta noche lo prorrogaremos cincuenta y tres días para que el conflicto siga existiendo y, como se dijo esta noche en forma reiterativa, su causa continúe siendo este impuesto poco ortodoxo, como dijeron algunos, o "mal impuesto", como señalaron otros, pero que en definitiva aquí fue aprobado por todos.

Siempre es más fácil echar la culpa al otro. Si realmente queremos resolver, pensar, solucionar este problema y sacarlo de la campaña electoral, asumamos la responsabilidad de acordar la prórroga del debate de este proyecto y del conflicto a resolver hasta el 15 de noviembre. De lo contrario, tendré que pensar que para algunos esta cuestión forma parte de la campaña electoral. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia desea saber si el señor diputado Storani acepta modificar su posición, de acuerdo con lo solicitado por el señor diputado por Córdoba.

Sr. STORANI.- No, señor presidente. El señor diputado sabe que lo que ha dicho no es cierto; no es lo mismo que manifestó hace un rato detrás del estrado de la Presidencia.

Vamos a votar por la negativa el dictamen que ha firmado el oficialismo.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- De acuerdo con lo solicitado por el señor diputado por Río Negro, La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Corresponde votar nominalmente, en primer término, la moción de cierre de debate formulada por el señor diputado por Río Negro. En caso de que el resultado de la votación sea afirmativo, se pasará a votar el dictamen de comisión. De lo contrario, se votará la propuesta formulada por el señor diputado Storani en el sentido de que se establezca una prórroga hasta el 31 de agosto.

Sr. ALESSANDRO.- Si me permite, señor presidente, desearía saber cuántos diputados están anotados en la lista de oradores.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Hay tres oradores anotados, pero otros diputados están solicitando su inclusión en la lista.

Sr. LAMBERTO.- Señor presidente: entiendo que en el caso de que resulte negativa la votación de la moción de cierre de debate, debemos continuar con la discusión del proyecto.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- El señor diputado por Santa Fe tiene razón, porque el señor diputado Storani ha presentado un nuevo proyecto.

Sr. STUBRIN.- No es un proyecto nuevo. Si fuera rechazada la moción de cierre de debate...

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- En ese caso proseguirá el debate.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Si el resultado de las mociones de cierre del debate y de votación del dictamen fuera negativo ...

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- En primer término el señor diputado Pichetto formuló una moción de cierre del debate, que en el caso de aprobarse presupone que se pase a votar el dictamen, aceptando la garantía de los 110 millones de pesos...

Sr. PICHETTO.- Es así, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Si el resultado de la votación de esta moción fuera negativo, continuaría el debate, en cuyo caso se podrían formular todas las propuestas que se deseen. De lo contrario, si el resultado fuera afirmativo, se cerraría el debate y se pasaría a votar el dictamen.

Sr. PICHETTO.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia sólo otorgará la palabra al señor diputado por Río Negro a efectos de que aclare los términos de sus mociones.

Sr. PICHETTO.- Señor presidente: deseo ratificar las dos mociones que he formulado. La primera de ellas es de cierre del debate sin lista de oradores...

Sr. STUBRIN.- La única moción que se puede realizar, según los términos del inciso 4° del artículo 127 del reglamento, es simplemente de cierre del debate.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- El cierre del debate puede ser con o sin lista de oradores...

Sr. PICHETTO.- La segunda moción que he formulado es que se someta a votación el proyecto de ley cuya aprobación aconseja el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que fue motivo de todo este debate.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Salvo que la modifique, corresponde votar la moción formulada por el señor diputado por Río Negro, de cierre del debate sin lista de oradores.

Sr. GATTI.- ¡No fue esa la moción, señor presidente! ¡La moción fue de cierre del debate con lista de oradores!

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- En razón de que existen diversas interpretaciones, la Presidencia solicita al señor diputado por Río Negro que confirme si su moción fue de cierre del debate sin lista de oradores.

Sr. PICHETTO.- Así es, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Los términos de la moción son claros; no requiere de otras interpretaciones.

Se va a votar la moción de orden del señor diputado por Río Negro.

Sra. SECRETARIA (Pérez Pardo).- Sobre 176 señores diputados presentes, han votado 54 por la afirmativa y 113 por la negativa, registrándose, además 3 abstenciones. No se ha computado el voto de 5 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- En virtud de que la votación de cierre del debate ha resultado negativa, continúa el debate.

La Presidencia informa que existen varios señores diputados anotados, entre otros, los señores diputados Pernasetti, Fernández de Kirchner y Gutiérrez.

Sr. STORANI.- Pido la palabra para proponer una modificación al dictamen.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. STORANI.- Señor presidente: cumpliendo con lo expresado recientemente, no voy a hacer ningún discurso y simplemente voy a reformular mi proposición. En este sentido voy a solicitar la aprobación de un proyecto de ley con un solo artículo por el que se prorroga el pago del impuesto establecido en la ley 25.053 hasta el 31 de agosto de este año.

Hago moción concreta para que sea votado en este mismo momento.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra la señora diputada por Chubut

Sra. FERNANDEZ DE KIRCHNER.- Señor presidente: en forma breve voy a fundamentar el voto negativo no sólo de quien habla sino de otros compañeros que no están de acuerdo con el dictamen. En realidad, si se entiende una ley como un concepto que debe abarcar a la generalidad de los ciudadanos, creo que estaríamos votando un privilegio.

Digo esto porque hace unos meses se discutió acerca de las bondades o de los perjuicios de este proyecto de impuesto automotor para el financiamiento docente. Creo que hoy no cabía la discusión de si era distorsivo, bueno o malo. Lo que está en discusión es si el Parlamento argentino es capaz de tratar en forma igualitaria a sus ciudadanos, o si vamos a funcionar con una pistola 45 en la sien, como lo hemos tenido que hacer muchas veces desgraciadamente en el pasado.

Pienso sinceramente que éste no es un conflicto entre la producción y la educación, como dijo algún señor diputado; tampoco es algo que se nos escapó en el análisis cuando aprobamos por unanimidad el Fondo de Financiamiento Docente.

Lo cierto es que aquellas veces actuamos porque había una carpa que reclamaba soluciones. Ahora respondemos porque hay camiones obstruyendo las vías de abastecimiento en la República Argentina. Y así nos va.

Creo que algo fundamental en este Parlamento es decidir a quiénes y cómo los vamos a representar, si vamos a ser Parlamento de los lobbies o de los ciudadanos. Escuché hablar de impuesto distorsivo. ¿Qué más distorsivo que un 21 por ciento de IVA, por ejemplo, al consumo, donde ningún ciudadano puede evadirlo?

Entonces, pareciera ser que, de aprobar este impuesto o esta exención impositiva, estaríamos consagrando la existencia de ciudadanos de primera y de segunda clase. El que tiene plata o poder de presión obtiene leyes, y el resto de los hombres y mujeres de este país, los ciudadanos comunes, no tienen lugar en el Parlamento.

Por eso señalo que sería importante que en este caso también la oposición hiciera el esfuerzo de dar una prórroga que fuera más allá, para poder conciliar posiciones y solucionar este problema. Porque sinceramente no creo que nadie salga ganancioso esta noche, ni oficialismo ni oposición.

Si cedemos a esta presión o a este lobby, va a haber una hipoteca para toda la clase política en el futuro, gane quien gane el 24 de octubre. Ya nos pasó con los carapintadas. Que no nos vuelva a pasar lo mismo ahora con carapintadas económicos, que se atrincheran en los camiones y extorsionan al resto de la ciudadanía argentina para lograr un privilegio.

Por eso, en nombre del grupo de compañeras y compañeros de mi bancada que vamos a votar negativamente esta iniciativa, quería decir estas palabras. Pero también quiero agregar algo respecto de este presunto caos que se pretende solucionar con el estado de sitio. Creemos que hay instrumentos que no son tan terminantes ni tan trágicos como el estado de sitio: la ley de abastecimiento o la ley de represión al agio; estas son viejas leyes, también de un gobierno justicialista.

Entonces, pido por favor que no montemos una escenografía para tornar insustituibles a aquellos que quieren presentarse como los garantistas del orden absoluto frente al resto de la ciudadanía, porque la garantía del orden y del cumplimiento de las leyes debe estar acá, en el Parlamento, que es donde reside fundamentalmente la soberanía popular. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: voy a ser breve porque suscribo todo lo que han dicho los legisladores de la Alianza que me precedieron en el uso de la palabra.

Creo que acá hay falsos antagonismos. En recientes expresiones se ha comparado a sectores de la producción con militares subversivos, y de ningún modo vamos a suscribir este tipo de expresiones.

En todos los países centrales el transporte es una herramienta estratégica, considerada como un instrumento de desarrollo, de producción, de comunicación y también de generación de empleo. Hoy el problema central del transporte es la falta total y absoluta de una política de transporte, así como lo es la ausencia de una política educativa. Si bien no es el punto central, podemos decir que este impuesto hoy agrava el problema del transporte.

El sector del transporte por carretera se ve afectado por el hecho de que las empresas prefieren radicarse en Foz de Iguazú o en Paso de los Libres para librarse de los peajes -que son confiscatorios-, del precio de los combustibles -que son los más caros del mundo- y de los impuestos regresivos que se aplican a la producción en la Argentina.

Del transporte marítimo podemos decir muy poco, porque desgraciadamente es muy poco lo que queda. Se han destruido la flota fluvial argentina y la pesca. Recién nos acordamos de sancionar una ley cuando nos están petardeando, cuando la merluza mide ocho centímetros y ya se la está comiendo el ganado, pero no por culpa de los fresqueros o de los congeladores argentinos sino por la depredación que permitió el ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ingeniero Felipe Solá.

Con respecto al transporte aéreo, que es el que mejor conozco, podemos decir que es una industria que está en alto riesgo. Algunos legisladores pueden sostener que si una empresa está en condiciones de comprar diez o doce aviones nuevos es porque es rica. Pero esto sólo pueden decirlo los que no conocen la industria y los que no saben que se trata de una actividad que tiene muy poca ganancia y que en general se maneja con rentabilidad negativa. Por ejemplo, yendo específicamente a este impuesto, una empresa que haya comprado diez aviones nuevos tendrá que pagar cinco millones de pesos en este año, cosa que no va a poder hacer. Esto se suma a los impuestos que se le han agregado durante este año, a la falta de política que sufrió la aviación comercial -empezando con el desguace y el desmantelamiento de la línea aérea de bandera- y a la privatización por decreto de los aeropuertos, que no atienden a los usuarios -entre los que están las compañías de aviación- y que han subido las tasas hasta en un 300 por ciento. Este problema se agrava por el hecho de que el canon no se destina al reequipamiento ni a la Fuerza Aérea, sino que, además, la fuerza aérea también subelas tasas a las compañías de aviación porque el canon se destinó a Rentas Generales, mintiéndose una vez más con esta privatización en la que se prometía dedicar algunos de sus recursos a la seguridad y al equipamiento aeroportuarios. Estamos con una industria en crisis. ¿A quién le va a bien en la aviación en la Argentina? Al único es al presidente de la Nación, que tiene su propio Boeing 747 y su propio helicóptero. Además, en este caso -según cuentan los medios de difusión- la pista de Anillaco que le regala Eurnekian va a ser más larga que la del Aeroparque, por la que transitan 6 millones de pasajeros por año.

En la Argentina de Menem y Duhalde no le va bien a nadie en la industria del transporte ni en ningún sector productivo. Esta es la realidad.

Lo que hoy tenemos del sector duhaldista son nada más que especulaciones electoralistas. A veces parecería que cuando los diputados dicen que van a consultar -lo digo con todo respeto- lo hicieran a algún medio publicitario para saber hacia qué lado les conviene ir. De todos modos, considero que el problema o el conflicto social es muy grave. No coincido con la idea de que se trata exclusivamente de lobbies, porque en muchos casos se trata del interés legítimo de la protección de la industria del transporte, sobre todo como fuente de trabajo. Estoy a favor de una prórroga hasta el 31 de agosto y de que los sectores productivos no paguen este impuesto sino que lo hagan, por ejemplo, las actividades financieras, las empresas públicas privatizadas que han tenido ganancias extraordinarias y escandalosas con mercados monopólicos, o bien la telefonía celular.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia informa a los señores diputados que, si bien correspondería someter a votación el dictamen de mayoría que está en consideración, como se le ha hecho conocer un acuerdo de bloques en el sentido de que primero se vote la propuesta referida a la prórroga -propuesta en la que existe una discrepancia ya que una moción habla del 31 de agosto y la otra del 15 de noviembre-, y luego se desglose el tema del impuesto de renta presunta votándose aparte, se procederá de acuerdo con ello.

De lo que se trata es de desdoblar en dos -modificándolo a su vez- el proyecto contenido en el dictamen. Se votaría en primer lugar el proyecto propuesto por el señor diputado Storani en el sentido de prorrogar el vencimiento del pago del impuesto hasta el 31 de agosto. Si la votación resultara negativa, correspondería votar la propuesta formulada por el señor diputado Roggero en el sentido de que la prórroga sea hasta el 15 de noviembre.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: en el proyecto que propone presentado el justicialismo, que tiene dos artículos, se modificar la iniciativa del señor diputado Storani. Aquel proyecto no se refiere al 31 de agosto sino al 15 de noviembre. En consecuencia, habría que votar el proyecto con la modificación propuesta.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Pero si el señor diputado Storani mantiene su proposición, hay que someterla a votación. Si esta votación resultara negativa, se someterá al pronunciamiento del cuerpo la otra propuesta.

Señor diputado Storani: ¿mantiene su propuesta?

Sr. STORANI.- Sí, señor presidente. Mantengo la propuesta de que se prorrogue hasta el 31 de agosto el pago del impuesto, tal como fue acordado por los bloques.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. BALTER.- Señor presidente: queremos ser muy precisos al fundar nuestro voto. No hubo ningún acuerdo entre los presidentes de bloque. A nosotros no se nos convocó para acordar ninguna fecha de prórroga. Ninguno de los presidentes de los bloques de los partidos provinciales estuvimos contestes con esta postura.

Nos hemos pronunciado categórica y enfáticamente por la derogación de esta barrabasada impositiva, que es el impuesto a los automotores, pero si el consenso del cuerpo es otorgar una prórroga, nos parece que debemos dar un ejemplo de sensatez y alcanzar unanimidad.

Si no se quiere politizar la cuestión y realmente pensamos en buscar una solución seria, como lo hemos planteado en cada una de las exposiciones, deberíamos acordar una fecha que nos permita tener el tiempo necesario para encontrar la solución que definitivamente haga desaparecer este tributo.

Insistimos en la derogación, pero si se plantea una fecha, optamos por dar el mayor tiempo posible y por retirar el problema del período electoral, para que nadie se confunda y crea que estamos especulando. (Aplausos.)

Sr. BALTER.- ¡Voten la derogación ahora!

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALESSANDRO.- Señor presidente: quiero fundar por qué el 31 de agosto es la fecha más correcta. Antes deseo ratificar, como señaló el señor diputado Storani, que este tema fue conversado y acordado hace diez minutos.

En segundo lugar, existe una contradicción muy fuerte en el bloque Justicialista porque, si este tema era tan importante como para ser tratado sobre tablas, ahora no podemos esperar tres meses y medio para solucionarlo. Esta es la contradicción que quiero señalar. No se trata de un tema de la campaña electoral sino que es una cuestión grave en la Argentina. Entonces, que se dejen de "chicanear".

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. GUZMAN.- Señor presidente: ratifico lo que dijera anteriormente. Estoy de acuerdo con que este impuesto sea derogado, pero si es necesario elegir entre agosto y noviembre, optaría por el mal menor, que está representado por agosto, ya que no podemos mantener al país en vilo hasta noviembre. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Se va a votar.

Sr. STORANI.- Solicito que la votación se realice en forma nominal.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Se va a votar nominalmente el proyecto propuesto por el señor diputado Storani, cuyo artículo 1° dice: "Prorrógase el pago del impuesto de la ley 25.053 para el presente ejercicio fiscal hasta el 31 de agosto de 1999."

Sra. SECRETARIA (Pérez Pardo).- Sobre 182 señores diputados presentes votaron 82 por la afirmativa y 97 por la negativa, registrándose además una abstención. No se ha computado el voto de un señor diputado por no haber hecho uso de su llave.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Queda rechazado el proyecto. (Aplausos prolongados.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Se va a votar nominalmente el proyecto propuesto por el señor diputado Roggero cuyo artículo único tiene la misma redacción del proyecto propuesto por el señor diputado Storani, con la diferencia de establecer la prórroga del pago del impuesto hasta el día 15 de noviembre de 1999.

Sra. SECRETARIA (Pérez Pardo).- Sobre 182 señores diputados presentes votaron 98 por la afirmativa y 82 por la negativa, registrándose además una abstención.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Queda sancionado el proyecto de ley.

Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos prolongados.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Está en consideración el proyecto de ley que contiene los artículos 2° y 3° del proyecto cuya sanción aconsejaba el dictamen, y que pasan a ser los artículos 1° y 2°.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. BALTER.- Señor presidente: aclaro a la Honorable Cámara que he firmado el dictamen en disidencia total por no coincidir con lo estipulado en el artículo 2°, que hace referencia a la fórmula de cálculo de la ganancia presunta.

En el mencionado artículo se fija como franquicia para la tierra libre de mejoras una deducción del 25 por ciento sobre el valor fiscal que figura en el impuesto inmobiliario de cada una de las provincias...

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio a fin de continuar con la sesión. Asimismo aclara que aún resta considerar en particular el proyecto de ley sobre convertibilidad fiscal y otras mociones de orden que formularán varios señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. BALTER.- Señor presidente: nuestro bloque ha firmado en disidencia total el dictamen en el cual estaba incluido el tema que ha sido sometido a consideración.

La norma propuesta impone una rebaja del 25 por ciento del valor de la tierra libre de mejoras en el cálculo del tributo, estando dicho valor fijado en el impuesto inmobiliario provincial. Pero resulta que nuevamente estamos ante un caso de violación de los principios de equidad y justicia, porque no es lo mismo deducir el 25 por ciento del valor de la tierra en la Pampa Húmeda que hacerlo en el caso de los productores de mi provincia.

Para dar un ejemplo concreto y categórico a fin de que nuestro criterio pueda ser fácilmente aceptado por los señores legisladores, diré que en la provincia de Mendoza una hectárea de tierra de una buena zona se puede comprar en 3 mil o 5 mil pesos, pero el verdadero valor que se debe computar para el cálculo de este tributo incluye lo que el Código Civil define como inmueble por accesión. La importancia de las tierras en Mendoza está dada, por ejemplo, por el agua y las perforaciones que tienen, que nadie se las puede llevar y, por lo tanto, forman parte del concepto de inmueble.

Este tema ya fue llevado a la Justicia cuando estaba en vigencia el impuesto sobre los capitales, y resulta un verdadero atropello para los productores mendocinos esta fórmula de cálculo.

Por ello, proponemos que sea modificada la redacción de este artículo en el sentido de que el 25 por ciento de deducción se calcule sobre el valor del inmueble, entendiéndose comprendido en dicho concepto el de inmueble por accesión contemplado en el Código Civil.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. DUMON.- Señor presidente: efectivamente, esta propuesta ha sido copiada del viejo impuesto a los activos, que se restableció a partir de la última reforma impositiva y que tanto mal está causando a la producción.

Este artículo constituye una forma de mitigar ese daño. Es cierto que en muchas provincias los revalúos que sirven de base al impuesto inmobiliario son muy elevados, y que sobre esa misma base se debe pagar el ahora mal llamado impuesto a la renta mínima presunta. De manera que esta disposición viene a reiterar lo señalado por el impuesto anterior.

Por supuesto que las expresiones del señor diputado Balter son razonables. Propongo que se vote este texto en su redacción original y que nos comprometamos a elaborar un proyecto que contemple las injusticias que puedan sufrir los productores mendocinos respecto de la valuación de sus tierras. No impidamos que los pequeños y medianos productores del resto de las provincias reciban un verdadero beneficio, que en algunos casos podría convertirse en una exención mediante esta disposición.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. VOLANDO.- Señor presidente: es conveniente que serenemos un poco los ánimos. Es evidente que respecto de algunos temas, como el del impuesto a la renta presunta, no podemos arribar a una solución en este momento; sin embargo, me parece razonable hallar atenuantes que permitan reducir el mal que se pueda ocasionar.

Por eso adhiero a la propuesta formulada por el señor diputado Dumón en el entendimiento de que de esa forma podremos continuar analizando una alternativa más completa para cuando los ánimos estén más calmos.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. VICCHI.- Señor presidente: votaré por la negativa por estar en contra de la filosofía vinculada con este tipo de impuesto.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. ZAPATA MERCADER.- Señor presidente: teniendo en cuenta la redacción que se propone, nuestro voto también será por la negativa.

Sin embargo, creo que la situación se podría salvar si se suprimiera la expresión "tierra libre de mejoras" y que la norma se refiriera exclusivamente a inmuebles, ya que todo lo que a ellos se incorpora por accesión forma parte de ellos.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. LAMBERTO.- Señor presidente: mantenemos la redacción del artículo porque esto tiene que ver con todo un historial sobre el tema del impuesto a la tierra libre de mejoras.

Las incorporaciones a inmuebles por accesión deben ser objeto de una normativa especial, pues a través del mecanismo que estamos propiciando se pueden producir grandes fenómenos de elusión, sobre lo cual los argentinos tenemos enorme experiencia.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Señor diputado Lamberto: el señor diputado Gutiérrez le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. LAMBERTO.- No, señor presidente.

Concluyo expresando que mantener el impuesto a la tierra libre de mejoras ha sido tradición en materia de gravámenes al patrimonio, a los capitales y a los activos.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Corresponde votar en general el proyecto de ley por el que se modifica la ley del impuesto a la ganancia mínima presunta.

Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- En consideración en particular el artículo 1°, que es idéntico al artículo 2° del proyecto de ley contenido en el dictamen original.

Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- En consideración el artículo 2°, que coincide con el artículo 3° del proyecto contenido en el dictamen original, con una pequeña modificación. Dice: "Los saldos a favor que puedan surgir serán considerados pagos a cuenta en el Impuesto a las Ganancias del respectivo año fiscal."

Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Queda sancionado el proyecto de ley.

Se comunicará al Honorable Senado.

Sr. GABRIELLI.- Solicito que quede constancia de mi voto por la negativa.

Sr. SAT.- Solicito lo mismo, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Queda constancia, señores diputados.

Se va a votar una inserción solicitada por el señor diputado Galland.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Queda autorizada la inserción solicitada.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. SNOPEK.- Señor presidente: formulo moción de orden de apartamiento de las prescripciones del reglamento para el tratamiento sobre tablas -esto significa un cambio de orden en la consideración de los asuntos, porque estaba previsto tratar a continuación la ley de convertibilidad fiscal- del proyecto de ley contenido en el expediente 3.203-D.-99, que cuenta con dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que, sintéticamente, consiste en una modificación en torno de los créditos presupuestarios establecidos en la ley 25.064, relativos al denominado Fondo Especial del Tabaco.

Solicito a mis pares tengan a bien acompañarme en esta moción de orden de apartamiento de las prescripciones del reglamento para tratar sobre tablas el proyecto referido. En su oportunidad -en caso de ser apoyada por los señores diputados esta moción-, habré de pedir la palabra para fundamentar la iniciativa.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Dado que no hay número suficiente, queda diferida la votación de la moción de orden formulada por el señor diputado por Jujuy.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para rendir homenaje a la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816, tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén.

Sr. SALVATORI.- Señor presidente: habiéndose atemperado los ánimos, pedí la palabra por ser ésta la última sesión de este año antes del 9 de julio, día en el que se celebra nuestra independencia nacional. Esta fecha marca un hito histórico en el nacimiento de nuestra Nación.

Por la responsabilidad que hemos asumido tenemos la obligación de cumplir con el mandato de nuestros antepasados de que nuestra Nación sea gloriosa.

Los prohombres de nuestra nacionalidad fueron personas de acción, con fuerza, capacidad, talento, que tomaron históricas decisiones bajo circunstancias mucho más difíciles que las que hoy nos tocan vivir. Lo hicieron con temple irrenunciable, fortaleza, vocación patriótica y generosos renunciamientos. Superaron obstáculos que parecían insalvables.

Estoy persuadido de que el espíritu y la unción patriótica que animan a los pueblos y a todos los señores legisladores, por encima de las diferencias políticas partidarias, nos eximen de mayores comentarios.

Quiero ser muy breve porque estoy seguro de que nos sentiremos orgullosos de rendir este sincero y sencillo homenaje.

También propongo que en este acto rindamos nuestro testimonio de admiración y gratitud no sólo por nuestros próceres fundadores de nuestra independencia, sino también por aquellos que actuaron en otras fechas patrias y a quienes no pudimos homenajear debido a las modalidades de trabajo propias de esta Cámara.

Propongo incluir hoy un homenaje al 25 de mayo de 1810, día de nuestra gesta emancipadora, que sembrara la simiente de la democracia y de la libertad, así como también al 20 de junio, conmemorando al general Manuel Belgrano, el creador de nuestra enseña patria.

Ruego que estas expresiones de veneración, afecto y respeto por nuestros símbolos nacionales y nuestros próceres no se agoten en discursos, sino que recojamos su ejemplo para poder superar divergencias pues nos convoca una empresa de sello indiscutiblemente argentino.

Interpretando el sentimiento de todos los bloques, solicito a la Presidencia que entonemos las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- De acuerdo con la solicitud formulada por el señor diputado por el Neuquén, invito a los señores diputados y al público asistente a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- En uso de sus facultades reglamentarias, la Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 15.