8ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN
ORDINARIA (ESPECIAL)
Presidencia
de los señores diputados Emilio Monzó, Patricia Viviana Giménez, Pablo Gabriel
Tonelli y José Luis Gioja
Secretarios: don Eugenio Inchausti, ingeniera Florencia Romano y licenciada María Luz Alonso
Prosecretaria: doña Marta Alicia Luchetta y doctor Marcio Barbosa Moreira
Lista de
asistencia
SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional.
2. Himno Nacional Argentino.
3.
Homenajes:
I. A la memoria de la ex
diputada nacional Irma Roy.
II. A la memoria del concejal
de General Villegas Pedro Satragno.
4. Convocatoria a sesión especial.
5. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Lospennato.
La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
6. Moción de
orden formulada
por el señor diputado López de que la Honorable Cámara se aparte de las
prescripciones del reglamento a fin de considerar el proyecto de resolución del
que es autor junto con otros señores diputados, por el que se solicita repudiar
el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoca la sentencia
de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en los autos caratulados
“Orellano, Francisco Daniel contra Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima (3.654-D.-2016). Es rechazada.
7. Moción de
orden formulada
por el señor diputado Tonelli de que la Honorable Cámara se aparte de las
prescripciones del reglamento a fin de considerar el dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales en el proyecto de resolución del que es autor junto
con otros señores diputados, por el que se autoriza a allanar el domicilio
particular y las oficinas del diputado nacional De Vido, en los autos
caratulados “De Vido, Julio Miguel y otros s/enriquecimiento ilícito, artículo
268, inciso 2°, del Código Penal” (2.578-D.-2016).
Es rechazada.
8. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales en el proyecto de resolución por el que ambas Cámaras
resuelven realizar una reunión conjunta a fin de conmemorar el Bicentenario de
la Declaración de la Independencia Nacional, el 6 de julio de 2016, en la
ciudad de San Miguel de Tucumán (15-S.-2016).
Orden del Día Nº 239. Se sanciona.
9. Consideración del proyecto de ley en revisión por el que se declara
“Capital Nacional del Tamal” la ciudad de Chicoana, provincia de Salta (70-S.-2015). Se sanciona definitivamente. (Ley 27.259)
10. Designación de un representante ante el Consejo Federal para la
Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas, de acuerdo con el artículo 7° de la ley 26.842
(9-J.G.M).-2016). A propuesta del
señor diputado Negri, se designa en tal carácter a la señora diputada Troiano.
11. Consideración del proyecto de resolución de la señora diputada
Copes por el que se declaran de interés de la Honorable Cámara las Jornadas
Nacionales sobre la Implementación del Código Civil y Comercial de la Nación a
realizarse los días 16 y 17 de junio de 2016 en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe (3.212-D.-2016). Se
sanciona.
12. Consideración del proyecto de declaración del señor diputado Raffo
y otros por el que la Honorable Cámara de Diputados rinde homenaje a las
víctimas de los fusilamientos ocurridos en el mes de septiembre de 1955, a
manos de la dictadura militar (3.396-D.-2016).
Se sanciona.
13. Consideración de los proyectos de declaración del señor diputado
González (A.G) y otros (3.603-D.-2016),
de la señora diputada Banfi y otros (3.604-D.-2016), y de la señora diputada Carrió (3.659-D.-2016), por los que la Honorable
Cámara expresa su repudio ante la masacre de Orlando, Estados Unidos de
América, ocurrida el 12 de junio de 2016. Se sanciona un proyecto de
declaración.
14. Consideración
del proyecto de resolución de la señora diputada Gallardo por el que se
declara de interés de la Honorable Cámara de Diputados el XI Congreso
Eucarístico Nacional, a realizarse entre el 16 y el 19 de junio de 2016 en la
provincia de Tucumán (2.362-D.-2016).
Se sanciona.
15. Consideración del proyecto de resolución por el que se rinde
homenaje al cumplirse el 98° aniversario de la Reforma Universitaria de Córdoba
(3.664-D.-2016). Se sanciona.
16. Consideración del dictamen de las comisiones de Previsión y
Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se crea el Programa Nacional de Reparación Histórica para
Jubilados y Pensionados y se establece el Régimen de Sinceramiento Fiscal
(15-P.E.-2016). Orden del Día N°
186. Se sanciona, con modificaciones, el proyecto de ley contenido en el
dictamen de mayoría.
17. Apéndice.
I. Sanciones de la Honorable Cámara.
II. Inserciones solicitadas por los señores diputados.
1. Abdala de Matarazzo.
2. Acerenza.
3. Baldassi.
4. Brizuela del Moral.
5. Buil.
6. Carol.
7. Ciampini.
8. Estévez.
9. Gallardo.
10.
Gayol.
11.
González
(J.V.)
12.
López.
13.
López
Koenig.
14.
Madera.
15.
Maquieyra.
16.
Martínez
(S.A.)
17.
Masin.
18.
Mendoza
(M.S.)
19.
Pastoriza.
20.
Patiño.
21.
Pereyra.
22.
Rossi.
23.
Santillán.
24.
Seminara.
25.
Sosa.
26.
Sosa.
27.
Toledo.
28.
Tomas.
29.
Volnovich.
- En la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los quince días del mes de junio de 2016, a la hora
11 y 13:
- 1 -
Sr. Presidente (Monzó).- Con la
presencia de 129 señores diputados queda abierta la sesión especial convocada
conforme al requerimiento efectuado por varios señores diputados en número
reglamentario.
Vamos a esperar
unos segundos para que los diputados del Frente para la Victoria tomen asiento
en sus bancas.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Monzó).- Invito a la señora diputada por el distrito
electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires doña Cornelia Schmidt Liermann
y al señor diputado por el distrito electoral del Neuquén don Adrián San Martín
a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los
señores diputados y el público presente, la señora diputada doña Cornelia
Schmidt Liermann y el señor diputado don Adrián San Martín proceden a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos en las bancas.)
- 2 -
Sr. Presidente (Monzó).- Invito a los señores
diputados y al público presente a entonar las estrofas del Himno Nacional
Argentino, que será interpretado por un cuarteto de cuerdas de la Orquesta de
Cámara del Congreso de la Nación.
- Puestos de pie,
los señores diputados y el público presente entonan las estrofas del Himno
Nacional Argentino. (Aplausos en las bancas.)
- 3 -
I
Sr. Presidente (Monzó).- Para rendir homenaje
a la memoria de la ex diputada Irma Roy, tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. García.- Señor
presidente: pareciera que la paradoja del destino quisiera que en este día
estemos rindiendo el último adiós a la compañera Irma Roy, en la planta baja de
esta casa.
Allá por los
albores de la recuperación de la democracia, Irma Roy fue una compañera de
militancia de todos nosotros. Fue una mujer enteramente comprometida con el
peronismo, con los sectores más postergados, combativa; una de las dueñas de la
iniciativa sobre el cupo femenino y de la llamada “ley de las patitas”,
referente a la identificación del recién nacido. Finalmente, fue una militante
territorial, independientemente de su carrera profesional como actriz popular
en la que miles de mujeres se vieron reflejadas en su papel y caracterización
de “María”, una mujer humilde y luchadora, como lo fue en toda su vida.
Nos
entristece muchísimo la pérdida de Irma Roy, sobre todo porque fue uno de los
bastiones de la recuperación de la política en 1983, y de la renovación junto a
Antonio Cafiero. Andadora por todo el país y por la provincia, fue una mujer
muy querida por su pueblo y, principalmente, una amiga personal.
Sé que hoy
ella estaría muy feliz de que la recordáramos como lo que fue, Simplemente María, y como una militante
del peronismo, combativa, trabajadora, comprometida, que a una la hacen sentir
orgullosa por haber compartido el camino. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Para el mismo homenaje, tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente:
adhiero a las palabras expresadas precedentemente.
Me expresaré en forma
breve por el reconocimiento personal y la estima que sentía por Irma Roy.
Recuerdo la primera vez que me tocó ser diputado nacional y ella se sentaba
allí enfrente; no sabía si primero se veían sus ojos o ella misma, por la
dimensión y el color que tenían.
A mi criterio, Irma Roy
sintetizó dos temas bastante difíciles de explicar y sostener en el tiempo.
Estamos rindiéndole homenaje mientras se lleva a cabo su velatorio en la planta
baja del Congreso de la Nación; es decir que casi está compartiendo un día de
trabajo en la Cámara de Diputados con todos nosotros.
Para hablar
primero de la política, debo decir que fue diputada nacional durante diez años,
estuvo exiliada, volvió al país con el retorno de la democracia y se
comprometió con la lucha de género y con la sanción de las normas que recién se
mencionaron, pero esencialmente compartió la vida del teatro, que en lo
personal es algo que siempre aprecié.
Esa última
faceta de su vida la llevó adelante con un rasgo distintivo. Digo esto porque
Irma Roy formó parte de la generación que no llegó a la política a partir de su
“farandulización”; una dirigente política que, además, fue actriz, porque tenía
convicciones. Podríamos decir que siendo actriz también hacía política. Por lo
tanto, ella no fue el resultado de la búsqueda de dirigentes a partir de la
crisis de la política por lo que representaba su imagen en los albores de la
televisión y del cine ni por su belleza personal.
Esta
despedida me provoca una enorme contradicción. Es cierto que se fue una
militante política, que hace poco tiempo pudimos ver en un canal de televisión
sosteniendo siempre las mismas convicciones con su mirada particular sobre el
peronismo. Pero, ¿cómo la despedimos? ¿Decimos, como lo expresan muchos
artistas en estas circunstancias, “se fue de gira”, o lo hacemos señalando que
acaba de morir una militante que se comprometió con la democracia, con el valor
de la vida, con la solidaridad y con sus convicciones políticas? Creo que lo
mejor sería decir que Irma Roy se ha ido de gira, pero que no lo ha hecho sola,
porque se fue acompañada de todo ese bagaje de convicciones que la trajeron a
la política, y no por lo que mostraba la pantalla sino por lo que pensaba. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Camaño.-
Señor presidente: yo también tengo una enorme contradicción en el día de hoy
con respecto a este homenaje, porque durante mucho tiempo me tocó compartir con
Irma una banca.
Todos los que
ocupamos una banca en este recinto tenemos a alguien a nuestro lado y sabemos
que a la larga, luego de las extensas sesiones que nos tocan, a veces pasamos a
conocer de ese ser que está a nuestro lado mucho más de lo que sabemos de
nuestras propias familias. De ese colega, de ese compañero, tomamos
conocimiento de cuestiones íntimas, de sus dolores y de sus alegrías. Por ello,
sé que a Irma Roy no le hubiera gustado que hable en esta ocasión; ella
detestaba los homenajes. Pero no puedo dejar de expresarme, justamente por las
convicciones que mencionó el señor diputado Negri y porque ella me retrotrae a
los inicios de mi vida parlamentaria.
Fui compañera
de Irma siendo muy joven. Ingresé a esta Cámara –como dije- muy joven e Irma ya
la integraba, y durante muchos períodos fuimos colegas y compañeras.
Efectivamente,
Irma era la que peleaba por las mujeres. Recuerdo que cuando ingresé a este
cuerpo éramos solo catorce mujeres de diferentes partidos políticos. No existía
la ley de cupo. Por lo tanto, nadie podía suponer que esta Cámara iba a estar
tan poblada de mujeres después de algunos años.
Por lo tanto,
esas catorce mujeres teníamos que hacer un esfuerzo muy grande. Recuerdo que en
esa época también estaba Florentina Gómez Miranda, que al igual que Irma era
una mujer de gran talla y envergadura. Así, debimos acordar estrategias de
género común, que a veces nos llevaron a plantear cosas tan increíbles, como
por ejemplo, “arrancarles” a nuestros compañeros varones la ley de cupo durante
una madrugada en la que se estaba por votar el presupuesto. (Aplausos en las bancas.) Recuerdo que
las catorce indisciplinadas –que como dije, pertenecíamos a diferentes
bloques-, nos paramos y dejamos la sesión sin quórum. Así conseguimos la
sanción de la ley de cupo femenino.
Los hombres
de los distintos bloques nos decían: “¡Siéntense! ¡El presupuesto es
importante!”. Y ahí estaban Florentina, Irma, Inés Botella, Emma Tacta de
Romero y Cristina Guzmán, que con mucho convencimiento nos decían a las que
éramos más jóvenes y más miedosas: “No se sienten, porque si no hacemos estoy
hoy, nunca tendremos la ley de cupo”.
Así nació esa
norma en esta Cámara, donde no querían aprobarla. Todos sabemos cómo sesiona
este Parlamento: en ocasiones, los proyectos se aprueban en una Cámara pero no
en la otra. En este caso, los senadores, con algunos discursos medio
retrógrados, habían aprobado el proyecto en la Cámara alta, pensando que acá se
frenaba; pero no tuvieron en cuenta que acá había catorce mujeres, algunas de
las cuales eran muy batalladoras; Irma lo era.
Además,
durante mucho tiempo Irma fue presidenta de la Comisión de Mujer, Minoridad y
Familia. Fue defensora de las mujeres y de los niños. Peleó y siguió peleando
por la ley de adopción.
Por todas
estas razones, comparto lo expresado por el señor diputado Negri: fue una
“mina” de convicciones. Irma no era una hojita que se tiraba al viento; como
decimos a veces las mujeres, “¡tenía ovarios!”. Eso lo hizo valer de manera
partidaria y también cuando se presentaba en la televisión; en definitiva, lo
hizo valer siempre. Siempre fue coherente; siempre fue una “mina” de convicciones.
Por eso, siento mucho dolor y le pido perdón a mi querida Irma por estar
haciendo lo que ella siempre me dijo que no hiciera, con estas palabras: “Nena,
ni se te ocurra hablar si a mí me toca pasar por esa circunstancia”. ¡Chau,
Irma! ¡Te vamos a extrañar! (Aplausos en
las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Raffo.- Señor
presidente: en este homenaje quiero dar testimonio de la lucha que Irma libró a
favor de la ley del cine nacional.
Eran los
tiempos de la presidencia de Menem y la industria estaba muy castigada. La
actividad carecía de recursos, porque los fondos provenían de lo que pagaban
los espectadores y en esa época la gente ya empezaba a ver cine por televisión,
con lo cual la industria prácticamente estaba por morir.
Pero Irma se
puso a la cabeza de esa lucha y cargó esa pesada mochila que la llevó a
recorrer las distintas entidades del cine, esta Cámara y la de Senadores. Así
fue como en 1994 se sancionó la reforma de la ley del cine, que puso de pie al
cine nacional.
Quería
transmitirles este testimonio, que seguramente muchos desconocían. Fue en esa
época en la que traté a Irma intensamente y así llegué a quererla y admirarla
por lo que era y representaba. Luego, nos encontramos en diferentes festivales
de cine, porque fui abogado de distintas productoras.
Este es mi
homenaje a esa luchadora, a esa compañera y a esa militante de la causa
nacional que fue Irma Roy. (Aplausos en
las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por San Luis.
Sr. Lusquiños.-
Señor presidente: después de las muy sentidas y certeras palabras de la señora
diputada Graciela Camaño, todo lo que se pueda decir es poco.
Como mujer,
querible; como militante, admirable, y como colega, respetadísima. ¡Gracias,
Irma! (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Giustozzi.-
Señor presidente: frente a la paradoja de tener que recordar distintos momentos
de la militancia junto a Irma Roy en tiempos de la renovación del peronismo,
deseo recordarla –seguramente esto será compartido por muchos de los presentes‑
como la señora diputada María Teresa García, en sus distintas facetas: una
lealtad incansable al doctor Antonio Cafiero, nuestro principal referente de
entonces, pero al mismo tiempo, un temperamento muy especial, con convicciones
fuertes. Fueron muy acertadas las palabras de quienes dijeron que no hacía uso
de su posición de actriz sino que por el contrario realizaba su trabajo con
humildad, pero una humildad plagada de hidalguía. Recuerdo que en cada una de
las peleas o disputas por el lugar de la mujer en la política, siempre nos
invitaba solidariamente a que nos coláramos, de alguna manera –como se dice
entre la militancia‑, detrás de sus propios pedidos.
De esa forma,
en el proceso de normalización del Partido Justicialista se incluyó también en
la estructura partidaria el concepto de cuarta rama para la juventud. Así fue
que en los primeros años de militancia juvenil, junto con el actual diputado
Franco Caviglia, juntos recorrimos la provincia de Buenos Aires y compartimos
momentos de intimidad que hacen que este sea un momento especial, plagado de
contradicciones, pero con el orgullo de haber compartido esos momentos con una
persona de bien y una militante de verdad.
Decía que
este homenaje está plagado de algunas contradicciones, o en todo caso, algunos
caprichos propios del tiempo. Digo esto porque hace pocos días se cumplió un
nuevo aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges, que estaba en la otra
punta del pensamiento nacional, quizá enredado con el tiempo que le tocó vivir.
Quiero mencionar que en las calles de mi localidad, que recuerdan su pasado,
permanece y fue rescatada la única casa que habitaron Borges y su familia; la
única que existe en el mundo y que está en pie.
Al cumplirse
un nuevo aniversario de su fallecimiento, no podemos dejar de mencionar a
alguien que todavía en el territorio argentino no tiene el suficiente reconocimiento
que ha logrado en el resto del mundo. Ha inspirado a Foucault y a tantos otros
pensadores y filósofos del mundo; es materia de estudio, de una punta a la otra
del planeta. Creo que nosotros debemos un permanente homenaje y reconocimiento
a quienes de una punta a otra, con sus convicciones, han impregnado de
sabiduría, talento y pasiones la vida nacional.
Por lo
expuesto, vaya nuestro sentido homenaje a ambos. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Bregman.-
Señor presidente: simplemente quiero manifestar nuestra solidaridad con los
compañeros, amigos y familiares de Irma Roy.
Sr. Presidente
(Monzó).- Para el mismo homenaje,
tiene la palabra la señora diputada por La Rioja.
Sra. Madera.-
Señor presidente: en nombre del bloque Justicialista y en el mismo sentido de
cada uno de los que han hablado anteriormente, quiero rendir nuestro sentido
homenaje a una dirigente que por sobre todas las cosas ha luchado por los
derechos de la mujer y que también se ha destacado en el ámbito de la
actuación.
Hoy es un día
propicio para reivindicar esas luchas pero también actualizarlas como mujer. Si
bien hemos logrado la igualdad en un
contexto legal y en un marco legislativo, todavía falta mucho camino por
transitar en ese contexto y en la realidad. De manera que adhiero al homenaje y
también a esa lucha que ha dado una mujer destacada, como ha sido Irma. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Fe.
Sra. Ciciliani.-
Señor presidente: en nombre del interbloque Progresista, queremos sumarnos a
este reconocimiento y extender nuestras condolencias a toda la familia de Irma
Roy, a quien reconocemos como militante política y como mujer. También
agradecemos profundamente a Graciela Camaño por habernos traído el recuerdo de
esa lucha llevada a cabo cuando las mujeres no teníamos cupo y debíamos
ganarnos un lugar. Agradezco a Irma por esa lucha. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Recalde.-
Señor presidente: por haber sido muy amigo personal de Irma Roy, adhiero a
todos los homenajes que con justicia se rindieron a su memoria. (Aplausos en las bancas.)
II
Sr. Presidente
(Monzó).- Para rendir homenaje al
señor Pedro Satragno, tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Alegre.-
Señor presidente: Pedro Satragno fue un joven militante del kirchnerismo, hijo
de un periodista desaparecido en 1983, Miguel Satragno.
Pedro vivió
en General Villegas y desde muy joven consagró su vida a la política, y también
se fue siendo muy joven. Fue un militante comprometido, y creo que en su
reconocimiento también va el reconocimiento a tantos jóvenes que de pronto
terminan siendo anónimos habiendo consagrado su vida a la política.
Nosotros
teníamos grandes diferencias que nos distanciaban, pero ellas nunca me
impidieron reconocer la fuerza de sus convicciones y el trabajo que realizaba.
Estoy absolutamente convencido de que quería también una Argentina grande, como
la que queremos nosotros.
Más allá de
las diferencias cabe hacer un reconocimiento a Pedro por su enorme trabajo. Era
el presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria y militante
de Kolina. Fue una muy buena persona, que dejó una familia y un ejemplo. De
pronto, no compartimos las metodologías para hacer política, pero creo que
todos tenemos la fuerza de las convicciones para alcanzar el objetivo que nos
proponemos.
Por lo
expuesto, quiero expresar mi reconocimiento a Pedro; y que quede en claro que
la militancia es un compromiso enorme, que cuando uno lo abraza, desde
cualquier lugar siempre deja una huella saludable para todos los argentinos. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- En las palabras vertidas
por los señores diputados, quedan rendidos los homenajes de la Honorable
Cámara.
- 4 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Por
Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia,
mediante la que se convoca a sesión especial.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Dice así:
Buenos Aires, 14 de junio de 1016
VISTO la presentación efectuada por el señor
diputado Negri y otros diputados y diputadas, por la que se solicita la
realización de una sesión especial para el día 15 de junio de 2016 a las 10.30
horas, y
CONSIDERANDO los artículos 35 y 36 del
Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados
El presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación
RESUELVE
Artículo 1°.- Citar a los señores diputados y a las señoras diputadas para el
día 15 de junio de 2016 a las 10.30 horas a fin de considerar los siguientes
expedientes:
1)
Proyecto de resolución por el cual ambas Cámaras del Congreso de la Nación
resuelven realizar una reunión conjunta a fin de conmemorar el Bicentenario de
la Declaración de la Independencia Nacional el 6 de julio a las 14 horas en la
ciudad de San Miguel de Tucumán (expediente 15‑S.-2016). Orden del Día Nº 239.
2)
Proyecto de ley por el cual se declara Capital Nacional del Tamal a la ciudad
de Chicoana, provincia de Salta (expediente 70‑S.-2015).
3)
Primera reunión del Consejo Federal de la Lucha contra la Trata y la
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, de
acuerdo a lo establecido en el decreto 111/15, reglamentario de la ley 26.364,
a llevarse a cabo el 17 de junio de 2016 a las 11 horas. Solicitud de
designación de un representante (expediente 9‑JGM.-2016).
4)
Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados y modificación del régimen fiscal (expediente 15‑P.E.-2016). Orden del Día Nº 186.
Artículo
2°.- Comuníquese y archívese.”
Firmado:
Emilio Monzó y Eugenio Inchausti.
De acuerdo con lo resuelto en
la Comisión de Labor Parlamentaria, se incorporan al temario de la sesión
especial los siguientes asuntos.
Expediente
3.212-D.-2016, de resolución.
Declarar de interés de la Honorable Cámara las Jornadas Nacionales sobre la
implementación del Código Civil y Comercial de la Nación, a realizarse los días
16 y 17 de junio de 2016 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Expediente
3.396-D.-2016, de declaración.
Rendir homenaje a las víctimas de los fusilamientos ocurridos en el mes de
septiembre de 1955 en manos de la dictadura militar.
Expedientes
3.603-D.-2016, 3.604-D.-2016 y 3.659-D.-2016, de declaración. Expresión de repudio por la masacre de
Orlando, Estados Unidos de América, ocurrida el 12 de junio de 2016.
Expediente
2.362-D.-2016, de resolución.
Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados el XI Congreso
Eucarístico Nacional, a realizarse del 16 al 19 de junio, en Tucumán.
Expediente
3.664-D.-2016, de resolución. Rendir
homenaje a la reforma universitaria de Córdoba con motivo de conmemorarse su
98° aniversario.
- 5 -
Sr. Presidente
(Monzó).- Para una cuestión de
privilegio, tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Lospennato.-
Señor presidente: he pedido la palabra para plantear en nombre de todo el
interbloque Cambiemos una cuestión de privilegio en los términos de los
artículos 127 y 128 del reglamento de esta Cámara.
Como todos
sabemos, las cuestiones de privilegio se vinculan con los derechos que la Constitución
otorga a los diputados para asegurar
nuestro normal desempeño y el respeto y la dignidad de cada uno de nosotros.
Con el
objetivo de velar por la plena vigencia de los valores republicanos y
democráticos, venimos a expresar nuestro más enérgico repudio a las amenazas e
intimidaciones sufridas por la diputada nacional por la provincia de Buenos
Aires Gladys González.
La semana
pasada, en ocasión de su visita a la sede del Sindicato de Obreros Marítimos
Unidos –SOMU- en la provincia de Corrientes, en su rol de interventora por
decisión judicial del juez federal Canicoba Corral, la diputada fue amenazada
por el señor Juan Nicolás Fuentes, quien ejerció violencia moral a través de
intimidaciones, profirió amenazas y ejecutó acciones persecutorias sobre ella y
dos de sus colaboradores.
Dicha
situación consta en la denuncia penal realizada ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Nº 6. Por eso, venimos a defender y preservar los
fueros de la señora diputada González, pero en rigor queremos hacer mucho más
que eso porque lo que nos indigna de esta situación no se relaciona con su
condición de diputada nacional sino con su calidad de persona.
Nuestra
democracia debe asegurarnos dos principios centrales: nuestra integridad física
y psíquica y nuestra libertad. Lamentablemente, lo que le sucedió a la diputada
Gladys González no representa un hecho aislado y novedoso sino que
desgraciadamente ocurre con mucha frecuencia, y sobre todo cuando abrazamos la
política como una herramienta de cambio.
Sabemos que
muchas veces eso implica enfrentar intereses que son mucho más poderosos que
cualquiera de nosotros, pero en general nunca tan poderosos como todos nosotros
juntos.
El
narcotráfico, la trata, el terrorismo y la corrupción se valen de mafias que se
enquistan en todas las organizaciones, en los sindicatos, en las fuerzas de
seguridad, en los clubes de fútbol y en el Estado. Cuando en la actividad
política nos toca enfrentar a esas mafias, sabemos que nos ponemos en riesgo.
Todos nosotros alguna vez vivimos situaciones de este tipo, pero les aseguro
que no entendemos lo que significa poner el cuerpo a estas causas hasta el
momento en que nos enteramos de alguna amenaza de este tipo.
Porque nos lo
dijo, sé que la diputada González tiene miedo, pero no por ella. Es madre, y
todas las madres primero sentimos miedo por nuestros hijos, por nuestras
familias y por nuestros colaboradores. Esta es la característica de la mafia:
meter miedo, generar terror.
Uno de los
códigos por excelencia de estos grupos criminales es la Omertà, es decir, el pacto de silencio. Para
luchar contra las mafias es imprescindible no callarnos. Tenemos que hablar, y
si es necesario, gritar; hacerlo público es nuestra mejor defensa. Por eso es
importante que hoy todos acompañen esta cuestión de privilegio. No es solo por
la diputada Gladys González, es por todos nosotros como sociedad.
Cuando me enteré de esta amenaza
vivida por Gladys pensé en las situaciones similares que me había tocado vivir.
Cuando me encomendaron limpiar el Riachuelo fui amenazada, y no se lo voy a
contar a usted, señor presidente, porque justamente me acompañó durante esos
momentos en que estaba aterrada.
Además, en nuestra historia existe
mucha gente que conocemos ha sufrido amenazas. Los fiscales llevan adelante su
tarea arriesgando su propia integridad y la de sus familias; por mencionar un
caso, recordemos al fiscal Lanusse.
Recordemos también a los ciudadanos
comprometidos, las víctimas organizadas, el padre Pepe, las Madres contra el
Paco y los funcionarios que se negaron a ser conniventes e hicieron denuncias.
Recuerdo por ejemplo a la ex funcionaria y ex diputada Graciela Ocaña, y tantos
legisladores. Entre ellos, permítanme recordar a Lisandro de la Torre para
rendir homenaje a todos los que se animaron a denunciar en su momento.
Entre los periodistas la lista es
inmensa. Voy a ser injusta, pero vienen a mi memoria los más conocidos: Lanata,
Wiñazki, Santoro, Majul, que representan a todos esos periodistas de
investigación que ponen el cuerpo a las denuncias que hacen, y hay muchos otros
que no conocemos y que trabajan en sus provincias denunciando el narcotráfico y
la trata de personas.
Cuando nos
metemos con las mafias, ellas no distinguen el partido político en el que se
milita, el sexo, la edad ni la religión; lo único que quieren es hacernos
callar. Por eso, para luchar contra el delito hay que comprometerse.
Finalmente,
quiero decir que no se metan con las mujeres, porque al principio nos asustamos
fácil, pero después nos volvemos muy corajudas. Por más que la amenacen, Gladys
no va a renunciar, Lilita va a seguir investigando y María Eugenia Vidal no va
a parar. Seguiremos molestando como moscas en la sopa porque, como dijo la
doctora Carrió, estamos convencidas de que el mal se construye con el silencio
de los buenos.
Por lo
expuesto, solicito que la cuestión pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- La cuestión de privilegio
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 6 -
Sr. Presidente
(Monzó).- Para una moción de orden,
tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr. López.- Señor
presidente: formulo moción de apartamiento del reglamento a fin de solicitar el
tratamiento del proyecto de resolución contenido en el expediente 3.654-D.-2016, presentado por integrantes del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores, del Partido Obrero. Mediante dicha
iniciativa solicitamos que se repudie el fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación fechado el 7 de junio de 2016, por medio del cual se revocó la
sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en los autos
caratulados “Orellano Francisco Daniel contra el Correo Oficial de la República
Argentina Sociedad Anónima”, sosteniendo que la normativa vigente confiere el
derecho de declarar una huelga exclusivamente a las asociaciones sindicales de
trabajadores y no al colectivo de trabajadores, esté o no afiliado
sindicalmente.
Rechazamos
este fallo porque violenta la libre organización de los trabajadores, el
derecho a huelga contemplado en la propia Constitución Nacional a través del
artículo 14 bis. Esto se da en un marco de ataque a las condiciones de vida y
laborales de la población trabajadora, y contribuye al disciplinamiento y refuerzo
del carácter represivo del Estado al restringir los derechos de los
trabajadores y propiciar la regimentación de los trabajadores por su propios
sindicatos.
En razón de
que se trata de un fallo reciente, consideramos que este es el momento para que
se discuta.
Sr. Presidente
(Monzó).- Se va a votar la moción de
orden formulada por el señor diputado por Salta. Se requieren las tres cuartas
partes de los votos que se emitan.
- Resulta negativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- Queda rechazada la moción.
- 7 -
Sr. Presidente
(Monzó).- Para una moción de orden,
tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Tonelli.-
Señor presidente: formulo moción de que la Cámara se aparte de las
prescripciones del reglamento e incluya en la sesión de hoy un asunto que no
figura en la convocatoria a sesión especial. Me refiero al proyecto de
resolución contenido en el expediente 2.578-D.-2016, que desde la semana pasada ya cuenta con dictamen favorable
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, mediante el cual se autoriza al
juez federal Luis Rodríguez a allanar las viviendas y las oficinas del diputado
Julio De Vido.
Explico
brevemente de qué se trata. El juez federal Luis Rodríguez lleva adelante una
causa en la que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito del diputado
De Vido, y ordenó el secuestro de unos libros contables con allanamiento en
subsidio en la vivienda del diputado. El abogado defensor del diputado De Vido
se presentó en la causa, invocó la Ley de Fueros, 25.320, en beneficio del
diputado De Vido, y pidió que el allanamiento fuera dejado sin efecto.
Como
efectivamente la norma dispone que no puede allanarse la vivienda ni la oficina
de un diputado sin previa autorización de la Cámara, el juez se vio obligado a
suspender el allanamiento.
Ante esa
decisión, un grupo de diputados presentamos un proyecto de resolución ‑que
fue dictaminado favorablemente la semana pasada‑ para autorizar el
allanamiento de cualquier domicilio del diputado De Vido, de manera tal que la
investigación no se detenga.
Los hechos
del día de ayer nos impulsan a solicitar que hoy, sin demoras, tratemos este
proyecto de resolución. Quien durante doce años fuera el segundo del actual
diputado De Vido en el Ministerio de Infraestructura, ayer fue encontrado
tratando de hacer no se sabe bien qué cosa con alrededor de 9 millones de
dólares en efectivo, joyas y otros bienes. Este hombre, José López, también
está investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Como es muy
posible que detrás del episodio de ayer haya una trama de corrupción vasta y de
largo alcance, nos parece sumamente importante que hoy, sin demoras, la Cámara
autorice el allanamiento a los domicilios del diputado De Vido. Así como hoy se
están realizando diversos allanamientos en los domicilios del ex secretario
José López, sería bueno que la investigación se extendiera también a quien
fuera su jefe durante doce años.
Sin perjuicio
de fundar posteriormente la resolución en términos jurídicos en caso de que la
Cámara apruebe mi moción, pido que se autorice su tratamiento. Recalco que,
básicamente, se trata de permitir la investigación de un hecho que tiene toda
la apariencia de corrupción. Por lo tanto, la Cámara debe decidir si facilita
al juez la investigación o si, por el contrario, no la facilita y contribuye a
la impunidad.
Sr. Presidente
(Monzó).- Se va a votar la moción de
apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado Tonelli. Se
requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.
- Resulta negativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.
- 8 -
Sr. Presidente
(Monzó).- Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales recaído en el proyecto de
resolución por el que ambas Cámaras resuelven realizar una reunión conjunta a
fin de conmemorar el Bicentenario de la Declaración de la Independencia
Nacional, el 6 de julio, a las 14, en la ciudad de San Miguel de Tucumán
(expediente 15-S.-2016). Orden del
Día Nº 239.
AQUÍ ORDEN DEL DÍA nº 239
EXPEDIENTE 15-S.-2016
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- Queda sancionado el
proyecto de resolución.
Se harán las
comunicaciones pertinentes.
- 9 -
Sr. Presidente
(Monzó).- Corresponde considerar el
proyecto de ley en revisión por el que se declara “Capital Nacional del Tamal”
la ciudad de Chicoana, provincia de Salta. (Expediente 70-S.-2015)
aquí proyecto de ley por el que se declara “Capital Nacional del
Tamal” la ciudad de Chicoana, provincia
de Salta (Expediente 70-S.-2015)
Sr. Presidente
(Monzó).- En razón de que el
proyecto no cuenta con dictamen de comisión, a los fines de su tratamiento se
requieren los dos tercios de los votos.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- Queda incluido el
tratamiento del asunto en el orden del día de esta sesión.
En
consideración el proyecto.
Se va a votar
nominalmente.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 213 señores
diputados presentes, 212 han votado por la afirmativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Votaron afirmativamente 212 señores diputados.
Sr. Presidente
(Monzó).- Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará
al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
- 10 -
Sr. Presidente
(Monzó).- Conforme al artículo 7° de
la ley 26.842, corresponde designar a un representante de la Cámara de
Diputados de la Nación ante el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y
la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
(expediente 9-J.G.M.-2016).
AQUÍ EXPEDIENTE 9-JGM-2016
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración.
Tiene la
palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor
presidente: en consulta con distintos bloques proponemos para que represente a
la Cámara de Diputados a nuestra colega por la provincia de Buenos Aires y
representante del Partido Socialista, Gabriela Troiano. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Mendoza.
Sra. Sosa.- Señor
presidente: quiero aclarar que la abstención de nuestro bloque no es nada
personal contra la diputada que ha sido propuesta sino que se debe a la actitud
que hoy está teniendo la Cámara de Diputados. En la presente sesión se considerará
y votará un proyecto de blanqueamiento de capitales, y justamente los capitales
que tienen un origen no declarado perfectamente pueden ser provenientes de la
trata de personas, sea con fines de explotación sexual o no. Esto pretende ser
una lavada de cara a un consejo federal que asiste a las víctimas de la trata,
que ni siquiera tiene una partida económica para sostener materialmente a las
víctimas.
Como decía,
se trata de una lavada de cara de un consejo que además no funciona, en una
Cámara de Diputados que tiene una Comisión de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia que tampoco funciona. Por este motivo, nos abstendremos en la
votación. No vamos a lavar la cara a una explotación como la trata, que
inevitablemente tiene la connivencia de distintas instituciones.
No solo
nosotros decimos que el Estado es responsable sino que así lo expresan las
propias víctimas, como Alika, en Tierra del Fuego, que inició una demanda
contra el Estado, porque como única salida pretende ofrecer la prostitución a
las jóvenes y a las víctimas de las trata, sin asistirlas económicamente.
Sr. Presidente
(Monzó).- No formulándose otras
observaciones, queda designada como representante de la Cámara de Diputados de
la Nación ante el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas la
señora diputada Gabriela Troiano. (Aplausos
en las bancas.)
Tiene la
palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Troiano.-
Señor presidente: quiero agradecer a todos mis colegas esta posibilidad de
representar al Congreso de la Nación. Es un honor como socialista porque
Alfredo Palacios fue quien presentó por primera vez en este recinto la ley de
trata, producto de que quien lo había cuidado en su infancia tenía una hija que
había sido incorporada a una red de trata.
Quedo a
disposición de las distintas bancadas para representarlas lo mejor posible en
este consejo federal y llevar la voz de todos los colegas. (Aplausos en las bancas.)
- 11 -
Sr. Presidente
(Monzó).- Corresponde considerar el
proyecto de resolución por el que se declaran de interés de la Honorable Cámara
las Jornadas Nacionales sobre la Implementación del Código Civil y Comercial de
la Nación a realizarse los días 16 y 17 de junio de 2016 en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe (expediente 3.212-D.-2016).
aquí proyecto de resolucion sobre declaracion de interes nacional
de las jornadas nacionales sobre implementacion del codigo civil y comercial
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- Queda sancionado el
proyecto de resolución.
Se harán las
comunicaciones pertinentes.
Tiene la
palabra el señor diputado por Salta.
Sr. López.- Señor
presidente: deseo aclarar la abstención de mi bloque en este y en todos los
proyectos.
Por otro
lado, solicito insertar nuestro discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente
(Monzó).- Se toma nota de su
solicitud, señor diputado.
- 12 -
Sr. Presidente
(Monzó).- Corresponde considerar el
proyecto de declaración por el que se rinde homenaje a las víctimas de los
fusilamientos que ocurrieron en el mes de septiembre de 1955 a manos de la
dictadura militar (expediente 3.396-D.-2016.)
aquí proyecto de declaracion por medio del cual se rinde homenaje
a las víctimas de los fusilamientos que ocurrieron en el mes de septiembre de
1955 en manos de la dictadura militar.
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- Queda sancionado el
proyecto de declaración.
Se harán las
comunicaciones pertinentes.
- 13 -
Sr. Presidente
(Monzó).- Corresponde considerar el
proyecto de declaración por el que se expresa repudio por la masacre de
Orlando, Estados Unidos, ocurrida el 12 de junio de 2016 (expedientes 3.603-D.-2016, 3.604-D.-2016 y 3.659-D.2016).
aquí proyecto de declaración por el que se expresa repudio por la
Masacre de Orlando, Estados Unidos, ocurrida el 12 de junio de 2016 (expedientes
3.603-D.-2016, 3.604-D.-2016 y 3.659-D.2016))
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- Queda sancionado el
proyecto de declaración.
Se harán las
comunicaciones pertinentes.
- 14 -
Sr. Presidente
(Monzó).- Corresponde considerar el
proyecto de resolución por el que se declara de interés de la Honorable Cámara
de Diputados el IX Congreso Eucarístico Nacional, a realizarse del 16 al 19 de
junio, en Tucumán (expediente 2.362-D.-2016).
aquí proyecto de resolución por el cual se declara de interés de
la Honorable Cámara de Diputados el IX Congreso Eucarístico nacional del 16 al
19 de junio, en Tucumán
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- Queda sancionado el
proyecto de resolución
Se harán las
comunicaciones pertinentes.
- 15 -
Sr. Presidente
(Monzó).- Corresponde considerar el
proyecto de resolución por el que se rinde homenaje a los 98 años de la Reforma
Universitaria de Córdoba (expediente 3.664-D.-2016).
aquí proyecto de resolución por el cual se rinde homenaje a los
98 años de la reforma universitaria en Córdoba (expediente 3.664-D.-2016)
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- Queda sancionado el
proyecto de resolución.
Se harán las
comunicaciones pertinentes.
Tiene la palabra
el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Barreto.- Señor
presidente: quiero aclarar mi voto fue afirmativo respecto del proyecto por el
que se declara “Capital Nacional del Tamal” la ciudad de Chicoana, en Salta.
Sr. Presidente
(Monzó).- Se toma nota de su
aclaración, señor diputado.
- 16 -
Sr. Presidente
(Monzó).- Corresponde considerar los
dictámenes de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y otras recaídos
en el proyecto de ley por el que se crea el Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados y se establece el Régimen de
Sinceramiento Fiscal. Orden del Día Nº 186.
aquí orden del día nº 186
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración en
general.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Daer.- Señor presidente: quiero aclarar que
compartiré el informe con el diputado Laspina. Yo me referiré a los temas previsionales y él informará
sobre el Libro II, es decir, la parte
referida a la economía.
Llegamos a un
debate que las sociedades modernas permanentemente están llevando a cabo.
Debatimos este proyecto durante dieciséis horas en reuniones de las comisiones,
y todos los que quisieron hablar lo han hecho, pero nos queda el sabor amargo
de saber que quizás con más tiempo podríamos haber elaborado un mejor proyecto,
incorporado algunos conceptos o haber sorteado algunas dudas.
No soy
diputado del oficialismo, y tengo que hacer un informe sobre un proyecto del
Poder Ejecutivo, por lo que trataré de poner la mayor responsabilidad objetiva
en este tema. También daré puntos de vista que quizás en el transcurso de esta
sesión podamos ir perfeccionando para lograr la mejor norma posible.
Hay que
analizar los sistemas jubilatorios bajo tres pilares fundamentales. El primero
es la cobertura, el segundo es el nivel del beneficio, y el tercero, la
sustentabilidad a lo largo del tiempo.
En los
últimos años, en nuestro país y en el resto de la región, se registró algo que
no se había visto antes y que se da en pocos países del mundo. Me refiero a
llegar a tener una cobertura tan amplia como la que tenemos hoy, que involucra
a alrededor del 97 por ciento de los mayores.
Creemos que
el primer pilar está totalmente satisfecho y por supuesto el trabajo de esta
Cámara y el de todos nosotros siempre debe tender a completar el ciento por
ciento de cobertura, lo que nos dejaría a todos tranquilos.
En esta
ocasión, nos convocan los otros dos pilares: el relativo al haber en sí mismo y
la sustentabilidad del sistema. El proyecto en consideración se refiere a la creación del Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados y a la modificación al régimen fiscal.
Este programa tiene una mirada sobre lo que venía marcando la Justicia. En
algunos casos el amesetamiento y la litigiosidad del sistema generaban
preocupación. En última instancia, lo único que terminaba poniéndose en juego
era la sustentabilidad del sistema.
En verdad, es muy bueno que hoy discutamos
este tema y encontremos una solución. El proyecto en discusión tiene por objeto
no solo implementar acuerdos sobre el reajuste de los haberes, tanto el inicial
como los siguientes, sino también cancelar deudas previsionales respecto de
quienes están formulando reclamos en los fueros judiciales.
Quiero aclarar a todos los diputados
que el dictamen de mayoría considera en su primer artículo la declaración de
emergencia; sin embargo, esto lo pasaremos al artículo 2°, corrección que
seguramente haremos en la votación en particular. Asimismo, circunscribimos la
emergencia en materia de litigiosidad previsional exclusivamente a los acuerdos
a partir de juicios con sentencia firme, juicios en trámite, o a quienes se les
reajuste el haber. Consecuentemente tendremos que modificar la última versión
del dictamen de mayoría.
¿Quiénes pueden incorporarse a este
programa? Los beneficiarios cuyo haber inicial fue calculado a partir de la
implementación de la ley 18.037 o del método establecido en los artículos 24,
97 y 98 de la ley 24.241. También comprende a quienes se les fijó su base a
partir de un haber inicial bien calculado o hayan tenido mal calculada la
movilidad generada a partir de la implementación del artículo 53 de la ley
18.037, del artículo 38 de la ley 18.038 y del artículo 7°, inciso 2), de la
ley 24.463.
Quiero brindar un dato importante
surgido a partir de un pedido de todos los bloques y su posterior discusión. Me
refiero a que quienes tengan sentencia firme y resuelvan cobrarla, la ANSES
seguirá abonándoles como hasta ahora y no tendrán que arribar a un acuerdo
donde, como explicaremos más adelante, se terminarían de recortar algunos
derechos.
En cuanto a los términos de
redeterminación del haber inicial, confluyen diferentes versiones que tienen
que ver con fallos históricos de la Corte Suprema que sentaron jurisprudencia.
En verdad –quiero resaltarlo‑,
es mejor que en estas decisiones convivan la visión sobre el haber jubilatorio
y sobre la sustentabilidad del sistema. Me refiero a no generar desacoples que
terminen poniendo en riesgo al sistema público de jubilaciones y que deriven en
su destrucción. Eso no es así en el caso de las movilidades. En ambos casos los
índices considerados para la movilidad son los propuestos por la Corte Suprema
de Justicia en los fallos dictados oportunamente.
Esperemos que este tipo de acuerdo
pueda sintetizarse en términos administrativos y que así también evolucione.
Las autoridades de la ANSES nos han manifestado que alcanzaríamos a los
2.400.000 beneficiarios del sistema, aunque la verdad no hemos tenido la
información precisa.
Quiero resaltar -esto ya fue comentado
en las reuniones de comisión- que efectivamente es necesario que la ANSES
genere un adecuado ciclo para seguir pagando las sentencias. Asimismo, que a
aquellos que adhieran a este programa se les aplique un sistema ágil para que
no sigamos postergando indefinidamente el pago a los jubilados que tienen mal
calculado los haberes y sus actualizaciones.
El pedido de homologación que nos hace
la ANSES intentará reducir los riesgos de conflictividad a futuro. Esperemos
que así suceda porque si no reeditamos esta carrera de juicios al sistema, en
unos años podríamos estar en el mismo brete del que hoy estamos intentando
salir.
Se hace una propuesta de pagos del 50
por ciento en efectivo y del resto en doce cuotas trimestrales consecutivas que
se irán actualizando a lo largo del tiempo de acuerdo con la legislación
vigente. A pesar de que existen algunas diferencias entre los bloques, la
propuesta de pagos se terminó de acordar en el texto del dictamen de mayoría. A
quienes reclaman y tienen sentencia firme se les reconocerán dos años previos a
la interposición de demanda y el resto hasta el día de la obtención de la
sentencia y la efectividad del cobro.
Por otra parte, a quienes iniciaron el
reclamo y no tienen sentencia se les computarán dos años para atrás de la
notificación de la demanda y se les fijará un tope de cuarenta y ocho meses.
Asimismo, a los que no iniciaron juicio, no se les dará ningún reconocimiento
hacia atrás pero sí se les reconvertirá el haber resolviendo las dos
pautas, el haber inicial y la actualización al momento en que se haga efectivo
el acuerdo. Aquí también se impuso que sea sin costo para los beneficiarios. En
cuanto a la prelación se va a circunscribir a la circular 10/06 para que no
existan las picardías de quienes ponen los expedientes en el estante de arriba
y generemos estas prácticas no deseadas.
Se crea una
Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad. No se trata de
generar el seguimiento de la litigiosidad sino de que se ponga en
funcionamiento lo antes posible esta comisión y establezca soluciones para
todos los beneficios y para todos los sistemas que quedan fuera de este
proyecto, como los regímenes especiales y las rentas vitalicias, que totalizan
el 10 por ciento de la zona conflictiva que tiene nuestro sistema.
Se propone
–esto es importante- que se informe a la Comisión Bicameral de Seguimiento de
la Seguridad Social en forma periódica. Le voy a pedir al presidente que esta
comisión bicameral sea convocada y se ponga en marcha cuanto antes.
El Consejo de
Sustentabilidad Previsional hará una evaluación en un plazo de tres años y
deberá entregar a la comisión bicameral un nuevo proyecto de reforma al
sistema. Queremos dejar bien en claro en este recinto y comprometernos todos a
ir a un sistema universal, integral, solidario, público, sustentable y de
reparto. Esto es fundamental para no retroceder en el tiempo ni en todas las
discusiones, después de haber pasado por lo que fue la negra noche de las AFJP.
Se crea una
pensión universal para el adulto mayor. Ya existe esa pensión que está
destinada para los que tienen 70 o más años y ahora se la lleva a los 65
años. Aquí también hay diferencias. Hay
quienes pensamos que se podría mantener la moratoria para sostenerlo como
beneficio contributivo y no como un beneficio que se da desde el Estado a
cambio de nada.
Se ha
cambiado que aquellos que reciban programas sociales pueden optar por este
beneficio y lo fundamental es que las mujeres que cumplan 60 años -y que tengan
menos de 65 años‑ podrán seguir incorporándose al programa de
regularización de deudas previsionales previsto, tal como lo establece la ley
26.970, que es la llamada “ley de la moratoria”.
Se resuelve
ratificar los acuerdos con las provincias, planteándose también un plazo de
ciento veinte días para la armonización de dichos acuerdos entre las provincias
y el gobierno nacional.
Van a
ingresar flujos de dinero al Fondo de Garantía de Sustentabilidad –esto ya lo
explicará el señor diputado Laspina-, producto del blanqueo y demás cuestiones,
para pagar todo esto. Cada movimiento deberá comunicarse a la comisión
bicameral.
Ante la
modificación del artículo 74 de la ley 24.241 por el que se fijan nuevas
alícuotas para conformar el fondo, se establece también un plazo de cuatro años
para regularizarlo y que en ese plazo ningún tope puede ser violado en más del
25 por ciento de lo establecido en esta reforma. No voy a entrar en el detalle
de los porcentajes pero sí voy a entrar en el de las acciones, que para
nosotros es un tema emblemático. Se establece que el fondo no puede tener menos
de un 7 por ciento invertido en acciones, y hoy ese monto es del 12 por ciento
y se estableció -que creo que también en el momento en que discutamos en
particular hay que retocar la cuestión semántica de cómo queda el artículo- que
las acciones solo se pueden realizar en términos de oferta pública, donde haya
más oferentes y no que termine siendo una discusión y negociación entre dos
personas o entre dos actores jurídicos.
Se establece
el 20 por ciento para la caución de este fondo.
También quedó aclarado que estos fondos solamente pueden ser utilizados
para el pago tanto de los beneficios que sean reajustados como para los
retroactivos que tienen que pagarse en el momento de hacer los acuerdos.
Intentar
poner todo esto en veinte minutos es imposible.
Le pido disculpas al diputado Laspina y solicito que se le dé tiempo
para desarrollar su exposición.
Nos quedan
muchos temas pendientes, pero hay uno que es de fondo, que es el de establecer
un haber jubilatorio para todos, que sea proporcional a su historia laboral,
que tenga la posibilidad de generar una calidad de vida digna para todos los
beneficiarios y, por supuesto ‑me hacen mención al cartelito que está en
algunas bancas‑, de seguir teniendo un sistema que sea sustentable y que
los trabajadores se puedan jubilar a una edad que les permita seguir
disfrutando de su vida cuando estén en esa etapa poslaboral. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: este proyecto que estamos tratando fue anunciado hace ya
algunos días, y fue enviado por el presidente
Macri en una decisión que considero valiente por el desafío
fiscal que implica en el presente y en el futuro. Pero es una decisión de
estricta justicia que pone a nuestro sistema previsional conforme a derecho.
El proyecto
en consideración también construye sobre lo hecho. Es decir, no viene a
dinamitar ninguno de los derechos ni las mejoras que se han hecho a nuestro
sistema jubilatorio en los últimos años, que sabemos que tiene hoy una muy alta
cobertura previsional, que ha hecho esfuerzos para subir la jubilación mínima y
que ha implementado la movilidad jubilatoria con la aprobación de todos los
bloques de la oposición. Pero creemos que había una enorme injusticia en
nuestro sistema previsional, que era liquidar mal las jubilaciones a casi dos
millones de abuelos que no recibían lo que merecían.
Teníamos que
poner un freno –y este es el objetivo principal del proyecto de ley‑ a la
enorme litigiosidad previsional, que se había agravado en los últimos años.
Tenemos trescientos ochenta mil casos sin sentencia e ingresan más de cincuenta
mil nuevos juicios por año.
En una de las
reuniones de comisión escuché al señor diputado Pastori hacer una cuenta
sencilla. Él decía que al ritmo que veníamos solucionando estos problemas, nos
llevaría más de seis años cumplir con estas sentencias que están en curso.
Este proyecto
de ley viene a ofrecer una solución institucional al enorme problema de los
juicios de los jubilados. Si el Honorable Congreso de la Nación sanciona el
proyecto enviado por el presidente Macri, en lugar de resolver cuarenta mil
demandas por año, solucionaríamos el problema de casi un millón de jubilados en
el mismo plazo.
Esta norma
cumple con las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que de alguna forma venían siendo ignoradas o dilatadas en el tiempo.
Cumple con el fallo Badaro, con el fallo Sánchez, con el fallo Monzó y con el
espíritu del fallo Elliff. Aquí hago una mención a Alberto, tío abuelo de Julia
Schinoni Elliff -quien me acompaña todos los días-, ya que él fue pionero en
estas demandas de los jubilados.
Esta norma
que alcanza a casi dos millones de jubilados con una edad promedio de 74 años,
entre los cuales más del 70 por ciento son mujeres.
Sabemos que
esta iniciativa también implica un enorme esfuerzo fiscal. Estamos hablando de
75.000 millones de pesos por año que serán puestos en el bolsillo de nuestros
jubilados, el sector que junto con los niños debería ser nuestra preocupación
de cada día. Es decir que desde la sanción de este proyecto de ley hasta que el
presidente Macri concluya su mandato en 2019 estaremos volcando 320.000
millones de pesos en nuevos pagos a los jubilados.
El proyecto
también incluye una vieja deuda que nuestra sociedad tenía en la relación
fiscal la Nación y las provincias, y viene a dar inicio a una nueva relación
entre estas jurisdicciones en términos fiscales y previsionales. Es un puntapié
inicial que nace con el acuerdo de devolución del 15 por ciento de exacción de
los recursos coparticipables, que se originó en ocasión de la privatización del
sistema previsional en la década del 90.
Los pactos
fiscales anteriores –los del 92 y 93, los del 99 y los de 2002‑ habían
sido acompañados por múltiples razones. Este proyecto ratifica los acuerdos
firmados por el gobierno nacional y las provincias para la devolución del 15
por ciento de la coparticipación y habilita al Poder Ejecutivo nacional a que
se siente a negociar nuevos acuerdos con las provincias que no transfirieron
sus cajas previsionales a la Nación. Ello, con el objetivo de armonizar las
asimetrías y poner en pie de igualdad a los jubilados de todo el país. Aquí
también había litigios sobre esa cuestión entre las provincias y el gobierno
nacional.
Esta
iniciativa, como dijo el señor diputado Daer, es fruto de un enorme trabajo de
diálogo y consenso con muchos sectores de la oposición. Se ha revisado y
discutido ampliamente este proyecto. Ha habido extensas reuniones que
estoicamente ha soportado el diputado Daer como presidente del plenario
conjunto que trató esta iniciativa en comisión. Se han recibido opiniones,
consejos y recomendaciones de todos los sectores de la sociedad; se han
incorporado las mejores propuestas que han acercado las principales fuerzas de
la oposición. Han estado presentes el consenso y el diálogo en cada momento. No
nos hemos cerrado en ningún momento a incorporar las reformas, las mejoras y
los pedidos para que esta norma sea mucho más justa y eficiente para nuestros
jubilados.
Quiero
agradecer aquí a los diputados que trabajaron día y noche para mejorar este
proyecto de ley, al diputado Marco Lavagna, al diputado Bossio, al diputado
Daer, a la señora diputada Ciciliani y a sus equipos. Con ellos, como decía,
hemos trabajado día y noche para mejorar esta iniciativa. Al mismo tiempo, les
pido perdón por el café que se sirvió en las reuniones de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda; prometo que lo mejoraremos en futuros encuentros. (Risas en las bancas.)
Para finalizar, quiero señalar que
nuestro gobierno heredó una deuda externa incumplida y una profunda derrota en
materia judicial. Nos hicimos cargo de eso, lo planteamos ante este Congreso,
obtuvimos los consensos y resolvimos el problema. Dejamos atrás un conflicto
que mantenía nuestra deuda externa incumplida, pero también heredamos una deuda
interna con nuestros jubilados y era un deber ético saldarla cuanto antes.
Era imposible
seguir pensando en resolver el problema de la deuda externa sin atender la
deuda interna, la deuda social y la que tenemos con nuestros jubilados. Por
eso, con enorme alegría quiero pedir a los diputados, sin distinción partidaria
y dejando de lado los egoísmos políticos y las viejas confrontaciones, que
votemos juntos este proyecto de solidaridad con nuestros queridos abuelos, que
merecen una reparación histórica cuanto antes. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: voy a brindar el informe correspondiente al dictamen de
minoría del bloque del Frente para la Victoria.
Efectivamente
ha habido una larga discusión y ya hemos conversado sobre muchos de estos
puntos en las reuniones de comisiones. Por ello, en primer lugar, voy a tratar
de ser sucinto. Por otra parte, voy a dejar que el diputado Díaz Roig se
explaye a continuación en detalle, pero no haciendo uso de este espacio sino
del correspondiente al bloque, como lo hizo recién el diputado Laspina por el
bloque oficialista.
Simplemente
quería plantear eso porque el proyecto previsional es muy complejo y el señor
diputado Díaz Roig trabajó incansablemente y llegó a una formulación que
considero esclarecedora.
Sobre el
proyecto en cuestión, desde el Frente para la Victoria debemos decir que las
intenciones son buenas. Hasta los nombres son rimbombantes, correspondiendo con
estas buenas intenciones. Digo esto porque se habla de una emergencia, pero voy
a argumentar que no hay tal emergencia. En segundo lugar se habla de una
reparación, y voy a argumentar que se trata de una reparación dudosa y con
algunos elementos que pueden convertirla en algo que rompa y no que repare.
Partimos de
la base de que efectivamente hay que cumplir con los derechos de los jubilados.
Quiero dejar en claro esto porque esa es la vocación de nuestro bloque. No se
necesita de la reparación ni de la emergencia. Si hay un gobierno que ha hecho
lo que no se había llevado a cabo históricamente en el sector de los
trabajadores pasivos, ese ha sido el de Néstor y Cristina Fernández de
Kirchner, del que formé parte. Lo digo con total tranquilidad porque cuando
asumió Néstor Kirchner ‑luego de lo sucedido en 2001‑ la crisis abarcaba los aspectos
institucionales, sociales y políticos del país. El sistema previsional estaba
en crisis. ¿Por qué? Porque la mayoría de los argentinos y argentinas que tenían
la edad correspondiente para jubilarse no lo habían podido concretar y estaban
tirados en la banquina. Eso fue producto de las decisiones que tomaron
gobiernos neoliberales que fueron destruyendo paulatinamente el sistema
previsional argentino.
A esto hay
que agregar la privatización a través de las AFJP que terminó en un verdadero
desastre. Prácticamente, existía un 70 por ciento de adultos mayores que
estaban en condiciones de jubilarse y no habían podido hacerlo. Era algo así
como la cuadratura del círculo tratar de resolver esta cuestión desde el punto
de vista presupuestario, operativo y político.
Sin embargo,
terminamos el gobierno con el 98 por ciento de los adultos mayores en
condiciones de jubilarse y cobrando la jubilación. Eso era algo impensado en el
2003 y es una de las realidades que forman parte de los resultados contenidos
en doce años y medio de políticas económicas en favor de las mayorías
populares. Por ello, no tenemos ningún problema en hablar de la cuestión de los
jubilados y seguir mejorando las condiciones de aquellos que cobran la mínima y
los que tenían reclamos pendientes en la Justicia.
Concretamente
lo que hicimos –no desde el discurso ni tampoco desde las promesas‑ es ir
pagándolas de manera completa a medida que salían las sentencias, dirigidas a
todos aquellos que tenían estos derechos. No es una entelequia ni una expresión
de deseo, sino lo que reflejan los datos del pago de las sentencias. En el
último año se pagaron 50 mil sentencias y actualmente hay 500 mil jubilados que
están cobrando de acuerdo al resultado que obtuvieron en las instancias
correspondientes.
Considero que
el sistema previsional tendría que conservarse tal como está. No quiero hacer
de este asunto un tema de campaña. En todo caso, habría que hacer algunas
mejoras porque todo está sujeto y es susceptible de mejorarse.
Por ejemplo,
si el gobierno de Macri lo desea se puede acelerar el pago a los jubilados que
tengan derechos por haber obtenido una sentencia. Incluso, se puede acelerar el
proceso para que la obtengan más rápidamente. Acá el problema es que no se
necesita de una ley. Esto luego será explicado por el señor diputado Díaz Roig.
No estamos hablando ni de una emergencia ni de una reparación y, para los
puntos centrales, ni siquiera se necesita una ley.
Tenemos que
ser muy cuidadosos porque este es un hecho muy grave. Bajo la idea de que esta
iniciativa viene a reparar la situación de los jubilados, se ha generado una
enorme expectativa que se huele en la calle y es responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Es una expectativa dirigida a los 6,7 millones de jubilados que hoy cobran y se
les dice que gracias a esta ley van a obtener una mejora. Eso es una clara
mentira; no es así bajo ninguna hipótesis. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se ha
presentado esta cuestión como una mejora para todos los jubilados. Eso no está
contemplado aquí. En todo caso, afectaría al número de jubilados que tienen
derecho a un reajuste, ya sea del haber o de un retroactivo respecto de su
situación anterior.
¿Cuál es el
problema concreto? Quiero llamar la atención acerca de lo que dijo el señor
diputado Daer y respecto de lo charlado con el resto de los bloques ‑particularmente
con el señor diputado Laspina‑ en torno a que en el tema de los buitres
no proveyeron de la información necesaria. En este caso y de manera escandalosa
–hablamos treinta veces con casi todos los funcionarios‑ no nos trajeron
el número oficial. Los diputados estamos discutiendo una ley respecto de la
cual no sabemos a cuántas personas afecta. Los únicos especialistas que
vinieron a exponer sobre el tema –incluso los convocados por el oficialismo‑
expresaron que la cifra de 2,5 millones de jubilados era falsa. Ese número
había bajado más o menos a 1,9 millones. Concretamente, en el marco del anuncio
oficial, perdimos en el camino a cuatrocientos mil jubilados. Además, tampoco
trajeron los números. Trajeron unos criterios con los cuales llevaron a cabo
unos cómputos y los ocultaron. Por ello, hoy estamos discutiendo sobre un
volumen de beneficiarios respecto de los cuales los responsables de la ANSES no
pudieron decir cuántos eran. A los 6,7 millones de jubilados no los beneficia.
¿A qué universo beneficia? ¿A 2 millones? ¿A 2,5 millones? Los especialistas de
la ANSES que no son del Frente para la Victoria y que fueron traídos por otros
bloques, dijeron que esto afectará a setecientos mil jubilados en total,
incluyendo los de las sentencias. Estamos entre un número y otro y no lo
sabemos porque no corrieron el cálculo. Y si lo hicieron es peor, porque
entonces, nos ocultaron el número.
Hoy no
podemos saber si esto que nos están proponiendo afecta a dos millones de
jubilados, a setecientos mil o si será sostenible en el tiempo.
Señores
diputados: ¿cómo vamos a votar un proyecto que no tiene ninguna previsión
presupuestaria? Ahí viene la trampa. El primer problema es este. Dicen que es
para todos –así está expresado en la propaganda‑, pero es para una
cantidad menor. Después no nos dicen cuál es esa cantidad. La propaganda dice
que los beneficiarios son 2,5 millones. De esa forma, les estamos generando una
expectativa falsa. ¿Para qué? Esta no es una ley –lo dijo el señor diputado
Daer‑ sino que son cinco leyes. Esto lo sabemos todos. Las otras leyes se
presentan como otros tantos parches para generar recursos destinados a pagar a
ese número indeterminado de personas un monto indeterminado de pesos. O sea, si
no alcanza se van a vender las acciones. Y acá hay otra cuestión a considerar.
No sabemos cuánto cuesta este proyecto; no creo que haya sucedido con otra
iniciativa, salvo la relacionada con los buitres. Entonces, nos dicen que
empecemos a vender joyas o abrir el Fondo de Garantía que a veces nos quieren
presentar como grande con el fin de explicarnos que se van a vender activos que
hacen a la sustentabilidad del sistema. En algunas ocasiones lo minimizan para
decirnos que no nos preocupemos por la sustentabilidad. Concretamente, me
refiero al stock y al flujo. No sabemos cuánto cuesta el primer salto de
reconocer todo lo retroactivo ni tampoco sabemos lo que sale el segundo salto
permanente vinculado con el pago de las jubilaciones reajustadas. Nos podrían
haber traído un número. Lo digo con mucha seriedad, porque de esa forma
participamos en el debate. Nos sentamos, discutimos, debatimos y pedimos
información. Dicha información nunca vino. Los que votan lo hacen a ciegas
porque no saben si esto implica liquidar el sistema de reparto porque podría
ser un monto sideral el necesario para pagar en adelante, con lo cual el dinero
no va a alcanzar ni para los que van a cobrar ni para los que tenían la
jubilación asegurada. No lo sabemos; y no quiero ponerme en petardista.
Por eso,
explícita y voluntariamente, el oficialismo no trajo un número. Creo que lo
tiene. Los funcionarios confesaron que lo tenían. Ellos expresaron que tienen
la cantidad y que saben cuánto es para cada uno. Nosotros se lo pedimos pero no
lo trajeron. Lo pidió el presidente de la comisión, al igual que el bloque
oficialista Cambiemos, y no lo trajeron. Nos quieren hacer votar a ciegas. El
objetivo es justificar a través de una
ley -que no sabemos cuánto cuesta- la venta de determinadas cosas que no
tenemos idea a cuánto se van a vender.
Luego vienen
las cinco leyes. Coincidimos con la sanción de la ley de pago a jubilados y con
el hecho de acelerar su tratamiento. ¿Cuánto sale? No lo sabemos. Si son 2
millones de jubilados los que tienen que cobrar más, entonces, hay dos
posibilidades: se los manda a litigar o se homologan acuerdos. No sabemos si la
litigiosidad va a ser mayor. Tal como señaló el señor diputado Daer, hay que
restringirla, limitarla y controlarla, y eso no está previsto en el proyecto.
La primera iniciativa que envió el Poder
Ejecutivo en torno a estas cinco leyes –lo quiero marcar para que esté muy
claro‑ habla de la venta de las acciones del FGS. En ese sentido coincido con el señor diputado
Daer. Lo que han incorporado hoy es una suerte de preacuerdo, porque según me
dicen diputados de bloques opositores, todavía está en discusión, cosa que celebro.
Según lo
presentado por el gobierno de Macri, se podían vender todas las acciones, sin
explicación alguna. Se puso un límite del 7 por ciento; es decir que el monto
de las acciones no puede representar menos de un piso del 7 por ciento del
fondo. Yo digo a los diputados que trabajaron en esa dirección que eso no
sirve. Si votamos esta ley, mañana venden las acciones de Siderar, de Telecom,
se las venden al señor Paolo Rocca, al señor David Martínez, se venden las
acciones de Clarín, por qué no de
Papel Prensa, etcétera. Con esto quiero decir que con ese 7 por ciento no
tenemos nada, no resulta operativo.
Por otro
lado, podrían bajarse las participaciones, sin vender el paquete, para que no
haya directores en empresa alguna. En este punto, existe una diferencia
ideológica con el oficialismo; pero dudamos que esa posición ideológica, según
la cual no debe haber directores estatales en las empresas, sea compartida por
los bloques opositores. Se trata de una cuestión conceptual.
Hablando ya
de un tema más técnico, solo vender habiendo OPA tampoco sirve. Si lo que se
quiere es limitar que no se vendan las acciones, limítese, prohíbase,
impleméntense dos cláusulas de emergencia, en casos muy extremos, y ya lo
tenemos asegurado y no nos estamos arriesgando a que lo haga un administrador.
Por otra parte, según el propio oficialismo, se pretendía que fuera un
administrador que manejara una especie de mesa de dinero privada. Creo que Quintana fue el que dijo: “Bueno,
pero así nadie va a querer agarrar el cargo, porque no puede vender todos los
activos”. Si son activos de todos los jubilados, ¿cómo podría venderlos, a sola
firma, un administrador?
Este tema es
serio: no pueden venderse las acciones del FGS. Esto es lo que pedimos, creo
que estamos todos de acuerdo con ello. Si queremos limitarlo a casos extremos,
trabajemos en esa línea.
En relación
con la idea de que una reparación puede llegar a transformarse en una
destrucción, creo que debemos destacar el tema de implementar una pensión para
la vejez. Nosotros rechazamos de manera categórica establecer jubilados de
primera y de segunda; y esto no lo digo de una forma chicanera, sino
claramente. Hasta ahora, ¿qué problema teníamos? Un sistema jubilatorio que no
podía incluir a todos aquellos que cobraban en negro, porque no tenían los
aportes, o a las amas de casa, que si bien trabajan, no lo hicieron porque no
podían. Creo que en algún momento hubo una ideología de culpar al laburante por
no hacer los aportes y decirle: “Te jodés, te quedás sin una jubilación, o si
te jubilás, cobrás menos”. Nosotros creemos que el jubilado es un trabajador
pasivo, y si no pudo hacer los aportes, ahí debe aparecer el Estado diciéndole:
“Te voy a brindar una forma para que puedas hacer los aportes”. No saquemos el
estatus del jubilado; no convirtamos a algunos adultos mayores en no jubilados,
por medio de una pensión. Al principio, era peor, porque para las mujeres había
cinco años más. En este punto, no pondré el dedo en la llaga, porque entiendo
que esto ha sido retirado de la iniciativa, pero creo que lo hicieron mal; en
un intento de mejorarlo, abrieron la moratoria solo para las mujeres entre 60 y
65 años. De modo que ahora hay como tres categorías.
Nosotros
proponemos que se abra la moratoria para todos, como estaba, por el tiempo que
quieran. Si este es uno de los planes
que estamos de acuerdo en que anduvo bien, ¿para qué inventar la pólvora,
ponerle un nombre distinto y quitar plata y derechos a la gente? Están votando
algo que quita plata y derechos a los futuros jubilados que no pudieron hacer
sus aportes. No lo hagamos; es un error. Quieren ponerle otro nombre para decir
que lo hizo otro, háganlo; pero no saquen derechos a los jubilados. Este es un
aspecto que queremos discutir en el recinto. (Aplausos en las bancas.)
Otro tema que
quiero destacar es algo que la primera vez dije que estaba contrabandeado en el
proyecto, porque se presentaba como una forma de pago a los jubilados, que los
perjudica mucho ‑en la versión original‑ respecto de las quitas
para las sentencias firmes. Entiendo que esto está en vías de modificación,
porque ello iba a abrir un frente seguro de litigiosidad. Los abogados ya
estaban diciendo: “Cobrá una y litigá por la otra, o no cobres ninguna”. De
modo que eso no tenía ninguna lógica jurídica. Según interpreto, esto se ha
modificado, pero para los que están en curso de obtener una sentencia siguen en
pie propuestas de descuento. No estamos de acuerdo con ello.
Además de
eso, había aparecido una reforma impositiva. Quiero decirlo con todas las
letras: una reforma impositiva es un tema tan complejo, con tantas
interacciones, que no puede meterse de contrabando o por abajo en un proyecto,
como si fuera un premio para tal o una mejora para cual. Concretamente, me
refiero a los impuestos a los bienes personales, a la ganancia mínima presunta
y a la renta financiera. Vengo a recalcar este aspecto con la intención de
seguir hablando con bloques que presentaron iniciativas para gravar la renta
financiera bajo la forma de cobrar un 10 por ciento al pago de dividendos. A
eso llamamos renta financiera, así como también a la transferencia de acciones.
Otros quieren gravar la renta financiera estableciendo impuestos a los plazos
fijos, cuestión que es discutible, aunque nosotros no estamos de acuerdo,
porque pretendemos incentivar al ahorrista que constituye un plazo fijo.
Obviamente, son discusiones largas y complejas; pero ahora todo esto es borrado
de un plumazo: el impuesto sobre los bienes personales se plantea con un
esquema de reducción y extinción. Están eliminando el gravamen a los bienes
personales, uno de los pocos impuestos progresivos, según los que estamos en
esta sala y los tributaristas. Tanto se dice: “Basta de cobrar a los pobres el
IVA”, y cuando hay un impuesto que solo pagan los ricos, lo reducen y
extinguen. Pongámonos de acuerdo: gobernamos para la mayoría o para unos pocos
que blanquean o no, pero pueden declarar bienes personales. (Aplausos en las bancas.)
Lo mismo
ocurre con el impuesto a los dividendos, que nadie explica por qué ni para qué,
como si fuera una cuestión implícita. Si quieren hacer una reforma impositiva,
discutámosla; pero si se va a hacer sacando los impuestos progresivos y dejando
lo demás, creo que no corresponde y deberíamos plantear otra discusión, porque
tampoco hace falta.
Está previsto
mejorar la condición de los jubilados que tienen reclamos y no sabemos cuántos
son. Nosotros tenemos una propuesta más sencilla, que será expuesta por el
señor diputado Díaz Roig. Sencillamente, a los que tienen sentencia se propone
pagarles sin descuento, a los que no la tienen todavía, darles instrucciones
para que no apelen para que el trámite sea más rápido, y a los demás
recalcularles el haber que está mal liquidado. Si hay dos millones de personas
que tienen mal calculados sus haberes, significa que no hemos calculado un solo
haber bien en la ANSES, porque los demás son aquellos que se acogieron a la
moratoria y que tienen la jubilación mínima. Esto no puede ser. Si todos
merecen reajustes, hagámoslo y digámosle: “Señor, tiene un reajuste”, y que ni
vaya a juicio. El tema es sencillo.
Por lo demás,
no inventemos cosas como una pensión, porque cuando el primer pensionado o
pensionada muera, su cónyuge no podrá heredar el beneficio, cuando siempre en
la Argentina pudo. En este caso, alguien deberá hacerse cargo. Seguramente,
serán aquellos que bajaron un 20 por ciento el haber y no dejan heredarlo. No
podemos acompañar esta medida.
Finalmente,
quiero referirme al tema del blanqueo. Si bien no es el motivo central de la
sesión de hoy, nos oponemos a que este blanqueo no tenga los parámetros del
correspondiente al año 2013, al anterior, al de la UIF ni a los del GAFI. ¿Qué
quiero decir con esto? En principio, el ministro de Hacienda dijo que los
funcionarios podían blanquear; cuestión que no compartimos. Después, apareció
una versión con impedimentos para algunos funcionarios, que luego se amplió
para otros, tema que celebramos. Creemos que deben estar comprendidos los tres
niveles de gobierno, los tres poderes y sus familiares. Si queremos impedir
realmente situaciones de blanqueo, hagámoslo. Entonces, no demos un instrumento
para blanquear a los que son parientes de personas políticamente expuestas. En
este punto, somos inflexibles, y esperamos que todos nos acompañen, porque no
vemos cuál es el impedimento para hacerlo. No puede haber un blanqueo que
permita que los familiares blanqueen. Si queremos combatir situaciones que no
nos gustan y evitar que se repitan, no dejemos blanquear a quienes cometieron
delito de la mano o al lado de algún funcionario, además del propio
funcionario. (Aplausos en las bancas.)
Por lo tanto,
invito al oficialismo a acompañarnos en nuestra propuesta.
Por otro
lado, en cuanto al blanqueo, nosotros proponemos que se permita la repatriación
con fines productivos o con destino a la construcción. Preferimos ese tipo de
blanqueo antes que el blanqueo sin repatriación, porque en ese caso los bienes
y los capitales quedan afuera, cuando ese no es el objetivo de la norma, menos
aún si la medida viene acompañada de una reducción del impuesto sobre los
bienes personales.
El
oficialismo presentó un proyecto que fue reformado y que, aparentemente,
todavía está abierto a más modificaciones. Por lo tanto, nosotros vamos a
acompañar a quien impida, en primer lugar, tener jubilados de primera y de segunda,
porque esto es algo que no lo vamos a aceptar; en segundo término, a quienes se
opongan a realizarles descuentos a los que ya cuenten con sentencia firme y,
por último, a quienes se opongan a la liquidación de las acciones del FGS,
porque necesitamos preservar los activos de los jubilados. En este sentido,
recordemos que las acciones fueron las que mejor rindieron.
Por otra
parte, en relación con las excepciones al blanqueo, queremos que se incluya a
los funcionarios y sus familiares.
Por último,
hay un tema que involucra a las provincias con el que tampoco estamos de
acuerdo; es un tema muy complejo que luego van a explicar otros compañeros de
mi bloque. Simplemente adelanto que estamos de acuerdo con que se convalide a
través de la sanción de una ley lo que ya firmaron los compañeros gobernadores,
pero también consideramos que la solución para las distintas cajas ‑tanto
las transferidas como las no transferidas‑ tiene que ser más rápida y
efectiva. En este sentido, avalamos el reclamo que nos hicieron los señores
gobernadores en relación con el 1,9 por ciento, que también tendría que figurar
en esta propuesta.
En
consecuencia, así como está redactado el proyecto, nosotros no lo vamos a votar
y adelantamos nuestra rotunda negativa al dictamen de mayoría. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Formosa. La Presidencia le informa que le restan 16 minutos, dado
que están consumiendo minutos de los que disponía el interbloque, tal como lo
solicitó el señor diputado Kicillof.
Sr. Díaz Roig.-
Señor presidente: hay momentos en la vida en los que quisiera apelar a la
elocuencia para poder convencer a los demás, sobre todo cuando uno está seguro
de algunas verdades y ve que ellas se esfuman o se distraen. Por lo tanto,
invoco humildemente a Calíope, musa de la poesía, la épica y la elocuencia,
para que ilumine a todos y ver si podemos llegar a un punto que nos ayude a
resolver el problema de los jubilados. Al menos este es mi deseo, ya que hace
más de cuarenta años que me ocupo de ellos.
Hecha esa
aclaración, debo decir que esta no es una reparación histórica ni hay una
emergencia en materia de litigiosidad. Disculpen la falsa modestia, pero
reparación histórica fue la que hicimos con Néstor Kirchner, que luego continuó
Cristina Kirchner,... (Aplausos en las
bancas)...cuando teníamos al 70 por ciento de los adultos mayores fuera del
sistema y cuando de cada tres determinaciones de haberes que hacía la ANSES dos
iniciaban juicio. Hoy, de cada mil determinaciones, solo cuatro inician
reclamo; este es el actual índice de litigiosidad: ¡el 4 por mil! Como nos han
negado todos los datos, aclaro que tomo por válidos los míos.
En lo que
respecta a la cantidad de juicios que existen –si es que a eso se refiere la emergencia
en materia de litigiosidad-, cabe aclarar que no llegan al 4 por ciento, ya que
hablamos de 250.000 juicios sobre 7 millones de jubilados.
Por lo tanto
–repito-, no hay emergencia en materia de litigiosidad ni existe la reparación
histórica. Digo esto porque al 31 de diciembre del año pasado teníamos el mejor
sistema previsional de América Latina: teníamos la mejor mínima, la mejor
media, la mayor cobertura, la mejor movilidad y, sobre todo, el mejor fondo de
garantía de sustentabilidad de todos los países emergentes. El argentino era un
modelo que se enseñaba en las agencias internaciones. A punto tal fue así, que
me invitaron a México, a Sudáfrica y a varios otros países para explicar
nuestro sistema de reparto.
Debo empezar
señalando que me resulta difícil debatir cuando se dicen tantas tilinguerías.
¡No pueden decir que tienen una capacidad instalada como para liquidar cien mil
sentencias por mes! La ANSES nunca pudo liquidar más de cuatro mil o cinco mil
sentencias en ese lapso. ¿De dónde sacaron ese dato?
Tampoco
pueden decir que hay 2,5 millones de jubilados que no han reclamado pero que
tienen derecho a un mayor haber. (Aplausos
en las bancas.) Al decirlo están dando a entender que la ANSES nunca
trabajó o que Massa y Bossio estuvieron al cohete durante tantos años porque no
hicieron bien ni una liquidación. ¡No pueden ser tan demagogos!
Quiero
aclarar que propuse en mi bloque la posibilidad de presentar una cuestión de
privilegio por la falta de datos, pero finalmente resolvimos no plantearla. Lo
cierto es que prometieron enviar al correo de cada diputado los datos que
pedimos y todavía los estamos esperando.
Más allá de
eso, intentaré desglosar la información con la que contamos. Sabemos que hay
50.000 juicios con sentencia firme, que ya están presupuestados en el ejercicio
vigente. Es cierto que el año pasado ustedes no aprobaron ese presupuesto, pero
la verdad es que el pago de esas sentencias ya ha sido presupuestado. Como
dije, son 50.000 juicios cuya sentencia está firme desde hace más de 120 días
y, por ende, hay que pagarlos. No hay que liquidarlos pagando la mitad y
financiando el resto a tres años; hay que cancelarlos, como lo hicimos en los
años anteriores. Así se baja la litigiosidad.
Luego hay
250.000 juicios en trámite, aunque un informe de la comisión bicameral hace
mención a 300.000, mientras que otros hablan de 350.000 y hasta de 380.000
juicios. En este sentido, tienen que saber que de cada cuatro juicios que se
inician contra la ANSES, cuando se produce la sentencia uno sale a favor del
organismo, y en ese caso no se aumenta el haber del jubilado ni la
retroactividad.
Entonces, si
se van a pagar los 250.000 mil expedientes que están en juicio, aún sin
liquidación, y aumentan abiertamente un 40 por ciento y reconocen derechos
cuatro años para atrás, deben saber que les van a estar pagando a 70.000
beneficiarios que no tienen derecho.
Por ello,
durante el análisis en comisión les propusimos –lo volvemos a hacer ahora-
aplicar otro mecanismo, que consistiría en facilitarle a la ANSES la
posibilidad de allanarse.
Muchos de
ustedes dicen de manera mediática ante diferentes medios que Kirchner,
Cristina, Massa y Bossio ordenaban “chicanear” las sentencias de primera
instancia. Eso no es así, porque por la ley de la Auditoría General de la
Nación y la vieja doctrina de la Procuración del Tesoro, estamos obligados a
apelar. La única forma de desligarnos de esa obligación es que por ley
autoricemos a la ANSES a transar. En esto estamos dispuestos a acompañarlos,
porque de esa manera esos 250.000 o 300.000 juicios podrían reducirse a más de
la mitad, porque al momento de la liquidación va a saltar ese cuarto –ya sea
con fallo de primera o segunda instancia- en el que la liquidación de ANSES
está bien hecha. Así, nos quedaría el remanente de ese segundo escalón, que
serían los que no han llegado a obtener una sentencia de primera o de segunda
instancia. En el caso de estos últimos, también se puede reordenar a la ANSES
que redetermine esos haberes con grado de preferencia, a lo largo de este año,
y se pague todo en conjunto el año que viene.
Después nos
queda el tercer tramo, que realmente es el tramo de la vergüenza. Hay 6.600.000
jubilados en todo nuestro sistema. De ellos, 3.500.000 se acogieron a la
moratoria. El titular de la Secretaría de Legal y Técnica de la ANSES llegó a
decir en la comisión el siguiente disparate o tilinguería: que a algunos de
esos casos les puede corresponder un reajuste. Pregunto: ¿cómo les va a
corresponder un reajuste si no tienen aportes, si la base de los reajustes es
la diferencia entre lo que aportó y lo que se le liquida? No se puede decir
cualquier cosa. Es utilizar mal a los jubilados. Créanme que me causa dolor que
se armen debates de este tipo. ¿Cómo van a poder entrar en esta ley los que se
acogieron a la moratoria si no tienen aportes?
Entonces,
tenemos 3.500.000 afuera. Nos quedan 3.100.000. Pero dentro de éstos, 1.200.000
tienen doble beneficio. O sea que tenemos 1.200.000 beneficios pero solo 600
mil personas. De modo que si hablamos de personas ‑que es de lo que habla
esta ley‑, en vez de 3.100.000, tenemos 2.500.000 personas, que sería el
máximo, porque el diputado Laspina acaba de afirmar que esta ley va a
beneficiar a 2.500.000 jubilados.
De esos
2.500.000 hay 500.000 que están cobrando porque tienen sentencia firme de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. A esos 500.000 no les corresponde
ningún reajuste más. De modo que nos quedan solamente 2.000.000. De éstos, que
ya son mucho menos de los que se mencionan, 150.000 están alcanzados por
cuestiones de invalidez, y como son los tres últimos años no les cabe este
reajuste. Pero aparte tenemos 500.000 en juicio. Ya estamos más o menos en
1.200.000 o 1.300.000. Tenemos otros 150.000 que reciben jubilaciones
especiales, a los que no les corresponde; estoy hablando de los científicos,
los docentes, etcétera, es decir, aquellos que tienen regímenes especiales.
Pero además tenemos otros 150.000 o 200.000 que son los monotributistas, los
autónomos, a los que tampoco les corresponde. A medida que vamos bajando,
llegamos a un número mucho menor que 2.500.000. El especialista al que mayor
número le dio habla de 700.000 a los que les podría corresponder.
Desde la ley
de movilidad, nosotros venimos liquidando 240.000 expedientes por año. Son ocho
años. Hay más o menos 2.000.000 de últimas liquidaciones. Desde esto último que
estoy diciendo, que es que solamente reclama el 4 por mil, hasta ocho años
atrás, cuando teníamos la ley de movilidad –que, dicho sea de paso, es un
proyecto del senador Morales que nosotros acompañamos con mucha fuerza, y yo
personalmente; de esa ley de movilidad nació el FGS‑, les aseguro que
jamás van a conseguir que reconozcan que más de un tercio o un 20 por ciento
está mal liquidado o hay un derecho que no se haya reconocido. Esta es la
realidad.
Yo he
defendido las gestiones de Massa y de Bossio, y soy un defensor de todos los
empleados de la ANSES por su profesionalismo, su dedicación, su capacidad. Está
muy mal afirmar que las 2.500.000 liquidaciones que han hecho en estos diez
últimos años están todas mal hechas. No sé desde qué posición, quién y con qué
conocimiento en la materia han embarcado a todo el bloque del oficialismo en
tamaña cantidad de tilinguería.
Un proyecto
tan demagógico y tan falto del mínimo nivel técnico realmente merece lo que va
a recibir de los jubilados: un gran repudio, cuando dentro de dos años ni
siquiera 100.000 jubilados empiecen a tener cálculos ‑porque en dos años
recién van a tener cálculos‑, cuando a los 50.000 que tienen sentencia
firme les quieran pagar en cuotas y cuando los 300.000 que tienen fallos de
primera y segunda instancia quieran acudir a la Justicia.
Y se da otro
agravante, porque hay que leer el proyecto más allá de las reservas que hizo el
señor diputado Daer. El artículo 2° del proyecto dice: “Podrán celebrarse acuerdos en los casos en que hubiera juicio iniciado,
con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado.
Todos los acuerdos deberán ser homologados judicialmente…” Si estamos diciendo que
2.000.000 de jubilados podrían ser beneficiados, ustedes ‑si no entiendo
muy mal‑ están mandando a 2.000.000 de personas a iniciar un juicio,
aunque más no sea el de homologación. Ustedes están aumentando tremendamente la
litigiosidad del sistema. Van a reventar o saturar la Secretaría de Seguridad
Social de la Nación. Van a reventar las Cámaras de la Seguridad Social.
Y les quiero decir otra cosa. Todo
esto que estuvieron planteando cae o cede ante el hecho de que yo puedo llegar
a hacer un acuerdo y homologarlo pero al día siguiente me puedo presentar
nuevamente, porque los derechos jubilatorios son imprescriptibles,
irrenunciables. Nunca pudimos evitar que un jubilado que está cobrando y dio su
visto bueno a la liquidación, a la semana se presente a pedir el reajuste.
Realmente este proyecto es muy torpe.
Pero no quiero hacer de esto un enfrentamiento porque están de por medio los
jubilados. Dios quiera, como expresó el señor diputado Kicillof, que en el
debate de esta sesión y en el día por día cambien y acepten criterios como el
que acabo de exponer. En ese caso, nosotros podríamos acompañar la iniciativa,
o por lo menos yo lo haría con mucho gusto.
Creo que ordenando la redeterminación
del haber a una parte de los que aún no tienen sentencia, pagando las
sentencias de primera y segunda instancia –aunque no estén firmes‑ y
pagando las sentencias que están firmes, nosotros podríamos dar un gran paso; y
ordenando una redeterminación del haber inicial y un recálculo del beneficio a
los restantes jubilados, pero sabiendo que no van a ser nunca ni siquiera
200.000. Estoy convencido de esto.
Por otra parte, quiero expresar
algunas reflexiones. Se mencionó mucho la comisión bicameral. Nosotros
proponemos que se cree otra comisión bicameral. Paso a explicar el motivo. La
comisión bicameral vigente tiene un objeto limitado al control del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad. No le podemos dar otra función, salvo que
reformemos la ley. Por eso proponemos que esa comisión se convierta o que se
cree otra comisión bicameral para la reforma del sistema previsional. La que
existe es solo para el control del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por
eso también es importante, y adherimos a la reforma que ha propuesto el
diputado Bossio –si no me equivoco‑, de que el sistema sea público, de
reparto y sustentable.
Con respecto a la pensión universal,
quiero aportar un dato que acá no se dijo. Yo no conozco a nadie de 60 o 65
años de edad que no haya trabajado. Esa gente cotizó al sistema de la seguridad
social, porque nuestro sistema de seguridad social es tripartito
financieramente: tiene aportes, contribuciones e impuestos. Durante toda su
vida esa gente cada vez que fue a comprar un litro de leche cotizó al sistema
de seguridad social.
Entonces, no modifiquemos. Ampliemos
la moratoria. La pensión a la vejez es degradante, indignante; es no dar a esas
personas el carácter de trabajador. Además, es negarle beneficios como la obra
social del PAMI, la herencia, etcétera. No tenemos por qué modificar esto.
Voy a leerles –como hizo Miguel
Fernández Pastor‑ la definición que el Diccionario de la Real Academia
Española da a la palabra “mínimo”: “Tan pequeño en su especie que no hay menor”.
Salario mínimo, vital y móvil es el salario “mínimo”, y jubilación mínima es la
jubilación “mínima” que tiene que aceptar nuestro sistema. No existe el 80 por
ciento por debajo del mínimo. El mínimo es el mínimo, y tenemos que respetarlo.
(Aplausos en las bancas.)
Para terminar, quiero decir que nos
oponemos a la venta de las acciones –como ya se dijo‑ y a que se den en
caución los fondos del FGS. ¿Por qué nos oponemos a la venta de acciones?
Porque es el sector más dinámico. ¿Quién, teniendo un portfolio de varias
inversiones, va a vender primero la que más rentabilidad le da? En todo caso,
háganlo después de que liquiden todos los fondos públicos, que son el 62 por
ciento del Fondo. No nos toquen las acciones de las empresas, que es lo
más rentable que tiene el Fondo, por lo menos hasta el final.
El sistema
previsional funciona y se arma en los tiempos buenos. Por eso, el sistema de
seguridad social crea una red para hacer frente a las contingencias, a las
emergencias o los tiempos malos. Teníamos un buen sistema, y ahora se aplica a
la seguridad social.
¿Saben por
qué? Porque una de las contingencias frente a la cual hay que usar el sistema
de seguridad social es cuando el país entra en un modelo neoliberal, como el de
España y Grecia –y como el que tuvimos aquí en 2001-, porque funde el país y lo
endeuda tremendamente.
Mi abuelo me
enseñó que lo mejor es no tener deudas, pero nos quieren hacer creer que un
país anda bien cuando tiene muchas deudas.
Entonces,
cuando baja toda la actividad industrial, cuando bajan todos los parámetros,
cuando baja la tasa de empleo, cuando aumenta la pobreza, cuando aumenta la
indigencia, cuando todo el país se está fundiendo por la aplicación de una
ideología nefasta –que es lo peor del capitalismo salvaje-, ahí aparece la
seguridad social. ¿Pero para cubrir a quién? A todos los que se están quedando afuera
del sistema.
Si no
cuidamos nuestro Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la seguridad social
tengan por seguro de que cuando termine esta nueva experiencia neoliberal –que
no tengo la menor duda de que va finalizar de la misma manera que lo hizo la de
2001 y que en España y Grecia-, en ese momento allí debemos tener por lo menos
a los pobres y a los más humildes cubiertos por la seguridad social.
Ese es el fin
de la seguridad social. Por eso nosotros vamos a defender el sistema peronista
de reparto público universal que nos enseñó el general Perón. (Aplausos en las bancas.)
Cuando tuve
este debate con Cavallo y Schulthess, el intendente era Grosso. Estoy hablando
de los años 91 a 92. Además, asistió el vicepresidente del seguro social de
Estados Unidos –que era un chicano de apellido González-, quien dijo que los
creadores del sistema público de reparto peronista habían dado la solución al
mundo cuando todos los sistemas de capitalización habían fracasado. De esta
manera, el mundo veía asombrado cómo daban marcha atrás y traían el sistema de
capitalización que ellos habían derogado en la década del 70.
Por lo tanto,
este es el primer paso para volver al sistema de capitalización, y nosotros
vamos a estar enfrente.
Por favor:
cambien, piensen. Este camino ya lo recorrimos y nos fundió. Como hermanos,
como argentinos dispuestos a atender a los que más sufren y a los más débiles,
que son los abuelos y los niños, defendamos nuestro Fondo de Garantía de
Sustentabilidad. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Fe.
Sra. Ciciliani.-
Señor presidente: si me permite, voy a compartir el tiempo que me fue asignado
con la diputada Gabriela Troiano, y comenzará ella.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Troiano.-
Señor presidente: celebramos que hoy en este recinto los jubilados sean el eje
de la República Argentina.
Desde el
socialismo venimos planteando y presentando proyectos relacionados con esta temática,
fundamentalmente de la compañera María Elena Martín, diputada nacional con
mandato cumplido. Creemos que esta era
una deuda que teníamos con los adultos mayores.
Si bien
reconocemos que nuestro país es ejemplo de seguridad social en relación con
nuestros adultos mayores, entendemos que veníamos con un retraso importante.
Por este
convencimiento es que desde el lugar que nos toca gobernar una de las políticas
públicas iniciada desde el primer momento fue el pago del 82 por ciento a los
jubilados de la provincia de Santa Fe.
Creemos que
fue muy productivo el diálogo llevado adelante en la Cámara de Diputados con
respecto a este proyecto. Creemos favorable también el acuerdo que se ha
realizado con las provincias.
- Ocupa la
Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, diputado Pablo
Gabriel Tonelli.
Sra. Troiano.-
Entendemos, y por eso presentamos nuestro dictamen de minoría, que existen
cuestiones que se pueden mejorar -y mucho- y otras en las cuales no estamos de
acuerdo.
Todas las
jubilaciones deben tener la posibilidad de ser reajustadas a partir del 1° de
julio. No estamos de acuerdo con que tengan que esperar tres años, si bien
entendemos que no es posible de forma inmediata poder reliquidar la totalidad
de las jubilaciones, pero se debe comenzar por las personas de mayor edad y
hacer que el pago sea retroactivo al 1° de julio.
Con respecto
a los juicios presentados por jubilados que aún no han tenido sentencia, el
porcentaje de retroactividad es muy bajo porque, según la ley 24.241, aquellos
que se hayan jubilado bajo ese régimen -y no tengan sentencia- estarían
cobrando menos del 30 por ciento. Es decir, tendrían una baja del 70 por ciento
en el pago de ese retroactivo.
En lo que
hace al índice de actualización que se aplica, entendemos que se debería
respetar el que históricamente tuvo en cuenta la ANSES y que en la actualidad
la Corte Suprema lleva adelante, es decir, el índice de salarios básicos de la
industria y la construcción, ISBIC, que es conocido por todos.
En cuanto a
la pensión, si bien conocemos la baja de la edad a raíz de políticas públicas
que creemos que no fueron adecuadas, lamentablemente hay muchos trabajadores en
Argentina que hoy siguen trabajando en negro, y muchos de ellos lo hacen dentro
del mismo Estado. Creemos que esta cuestión tiene que ser revertida.
No obstante
esta situación, como no creemos que el hilo se tenga que cortar siempre por la
parte más delgada y valoramos la extensión que se hace de la moratoria,
pensamos que esa pensión que se otorga debería ser una jubilación. De lo
contrario, deberían cobrar el haber mínimo, es decir, el ciento por ciento de
una jubilación mínima.
Las personas
que se desempeñan con un cierto grado de vulnerabilidad -por no encontrarse
dentro del sistema laboral en blanco- y que tienen hijos con discapacidad no
van a poder gozar del beneficio de una pensión. Esta situación la vemos con
gran dificultad, porque es el mismo Estado quien incumple permanentemente el
cupo laboral de discapacidad.
Estamos
convencidos de que las personas con discapacidad no solamente podemos trabajar
sino que también tenemos capacidad para hacerlo. Tenemos derecho a cobrar
nuestra jubilación. Lamentablemente, esto no se cumple en nuestro país y muchas
personas con discapacidades graves terminan sin cobertura cuando sus padres
mayores fallecen.
Este es un
aspecto que se debe tener en cuenta.
Por otra
parte, entendemos que dentro de la creación misma del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad se ha planteado la necesidad de que sea el mismo Congreso de la
Nación quien deba modificar su uso o la decisión de venta de esas acciones.
Creemos que este proyecto facilita la discrecionalidad del organismo para tomar
decisiones en cuanto a la venta de acciones, con lo cual no estamos de acuerdo.
Hemos
presentado un pedido de informes –que por supuesto no tuvimos a la vista‑
para tener cabal idea de la cantidad de fondos que ingresan, que creemos que se
acercan a los 7.000 millones por año, pero no sabemos cuánto es el acumulado y
ni siquiera en qué se ha utilizado.
Dentro de
este fondo de sustentabilidad, por solo mencionar algunos casos, el Estado
nacional tiene acciones: en Clarín, 3,9 por ciento; en el Banco Macro, 18,5 por
ciento; en Telecom, 13,8 por ciento; en Siderar, 9,2 por ciento‑ y en el
Banco Galicia 11,8 por ciento. De esta manera, en muchos de estos casos el
Estado participa en el directorio, que es un mecanismo de control de la
utilización de esos fondos. Por eso estamos convencidos de que cualquier
decisión al respecto debe pasar por esta Cámara.
También
creemos que se debe modificar la posibilidad de invertir en el exterior por
parte del Estado. Pensamos que el Estado no tiene que invertir en el exterior.
Siempre nuestra legislación nacional tuvo cláusulas de restricción al respecto,
que este proyecto de ley estaría levantando.
Cedo la
palabra a mi compañera de bancada y presidenta del bloque, Alicia Ciciliani.
Sr. Presidente
(Tonelli).- Tiene la palabra la
señora diputada por Santa Fe.
Sra. Ciciliani.-
Señor presidente: como decía la señora diputada Troiano, tenemos diferencias
con el proyecto oficial, pero queremos resaltar y agradecer el trabajo conjunto
de diálogo que hemos tenido con los señores diputados Laspina, Massot, Lavagna
y Bossio. Hemos trabajado mucho y creemos que hemos mejorado sustantivamente
este proyecto y, sobre todo, mejoramos la calidad de la política y la calidad
institucional del Congreso de la Nación, que no es menor.
Ahora me
quiero referir al financiamiento del Sistema de Seguridad Social, que no es
otra cosa que el financiamiento del Estado, en un día muy especial donde los
ciudadanos están impactados ante las cámaras de televisión mirando el producto de la corrupción, que
surge de los bienes públicos que no llegan a los ciudadanos.
Nosotros, los
dirigentes políticos, que estamos hoy acá tomando decisiones importantísimas
acerca de si pagamos o no la deuda a los jubilados, no podemos mirar para otro
lado. Abogamos para que la sociedad argentina definitivamente diga nunca más a
la corrupción del Estado y que deje atrás un período democrático donde la
sociedad naturalizaba el “roban pero hacen”.
Hoy queremos
hablar de financiamiento del sistema de seguridad social y queremos rechazar el
blanqueo de capitales. Decimos al oficialismo que tenemos que luchar contra la
corrupción en el Estado, pero también tenemos que luchar para que el capital
concentrado pague los impuestos que corresponden.
Evadir
impuestos en paraísos fiscales es una forma de corrupción legal, pero tenemos
que combatirla. Los países de la OCDE realizaron un convenio para, a partir del
año que viene, blanquear y poner en la agenda pública a estos capitales.
Creo que el
avance de la tecnología hoy permite al Estado argentino detectar estas
irregularidades. Si un grupo de periodistas pudo detectar los Panama Papers usando la tecnología, ¿por
qué no lo pueden hacer los Estados modernos en beneficio de las poblaciones y
de los más necesitados?
Creemos que
es una enorme injusticia no dar la oportunidad de legalizar, a través de una
rebaja del impuesto, a la economía informal en la Argentina y a los
trabajadores que viven en la ilegalidad. Muchas de esas economías informales no
tienen la productividad suficiente para pagar los impuestos que el sistema
impositivo argentino hoy exige en los niveles municipales, provinciales y
nacionales.
¿Por qué
vamos a rebajar el capital financiero internacional y no vamos a mirar a estos
negocios, estos emprendedores, estos trabajadores autónomos que la luchan día a
día en comercios, pequeñas producciones locales, que crean empleos para ellos,
sus familias y muchos trabajadores? Esa es la deuda. No nos hagamos los tontos
y miremos la industria textil; miremos La Salada. Detrás de La Salada no hay
pobreza, hay un inmenso sistema de corrupción con enorme violencia, donde hay
trabajo esclavo y trabajo forzoso, con una gran explotación. Esos empresarios
pagan “impuestos” a la marca. Preguntémonos quién los recoge día a día y qué
cosas financian esos “impuestos” que no están en el circuito legal.
Eso es lo que
tenemos que discutir. Eso va a dar sustentabilidad al sistema de jubilaciones y
pensiones. No se lo va a dar el hecho de que hagamos un blanqueo
circunstancial. La historia de los blanqueos en la Argentina ha fracasado
porque el capital financiero viene a invertir cuando ve oportunidades de
negocios.
Hoy la CEPAL
nos muestra una baja inversión directa extranjera en toda la región, porque
tenemos un problema mucho más serio que un problema de negocios. Hay baja
rentabilidad en las cuestiones de la agroindustria de los commodities. Debemos cuidar el mercado interno.
Como
socialistas, creemos que tenemos que atacar la inflación y el déficit fiscal,
claro que sí. Para eso no tenemos que bajar impuestos. Nos negamos a bajar el
impuesto a los bienes personales. Bajar la tasa del impuesto a los bienes
personales es un error estratégico.
Asimismo,
tenemos que analizar el gasto público, donde hay ineficiencia y también
corrupción. Lo digo con orgullo, porque el diputado Binner acaba de venir del
Ministerio de Salud de la Nación, un ministerio gobernado por una fuerza
opositora. Sin embargo, vinimos a poner a disposición del actual gobierno
nuestros saberes y nuestra experiencia en el sistema de salud pública. Binner
concurrió junto con el ministro de Salud de Santa Fe, el ministro anterior y el
secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, porque tenemos muchísimas
ideas para mejorar la salud pública a bajo costo.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable
Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sra. Ciciliani.-
Tenemos que revisar el sistema de los medicamentos; tenemos que revisar el
PAMI; así vamos a encontrar fondos genuinos desde el Estado para financiar un
sistema de seguridad, que es el tema que hoy nos ocupa.
Asimismo,
desde nuestro bloque queremos hacer público nuestro deseo de solidarizarnos con
la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No se nos pasa por alto la
gravedad del tema: le han violado su despacho y lo han hecho agentes de la
policía. ¡Vaya si los santafecinos y nuestro gobierno del Frente Progresista
sabemos lo que es luchar contra la mafia organizada vinculada con la mala
policía, el narcotráfico y el crimen organizado! Sabemos que no está sola.
Las luchas
electorales las daremos el año que viene, cuando la sociedad argentina debata
modelos políticos. Hoy vamos a estar al lado de quienes luchan contra la
corrupción y por la igualdad de oportunidades pero sin discriminar, porque no
vamos a hacer con nadie lo que nos hicieron a nosotros.
Hoy recuerdo
el dolor del diputado Zabalza cuando tuvimos que soportar la mentira para
desviar la atención de lo que estaban haciendo desde el gobierno nacional. Pero
estamos en una calesita que cada vez da vueltas más rápido. No debemos perder
las convicciones, no debemos perder los valores, no debemos perder nunca el
horizonte de la lucha por la igualdad y la trasparencia.
Hoy vamos a
apoyar este proyecto sobre pago de deuda a los jubilados. No es el proyecto que
nosotros queríamos, no es la norma perfecta que el socialismo quería, pero es
la ley posible en el marco de la democracia y en la composición de este
Congreso de la Nación.
Así avanzan
las sociedades y nosotros vamos a luchar, trabajar y dialogar con la gente, y
cada día pondremos a disposición nuestros saberes, como lo hizo hoy el diputado
Binner en el Ministerio de Salud y como lo vamos a hacer cada día en esta
Cámara para lograr el pleno desarrollo.
Los capitales
van a venir a invertir cuando existan oportunidades de negocios, reglas claras
y una sociedad sana y educada. En ese momento tendremos las inversiones que
necesitamos y no porque hoy demos una ley de blanqueo o bajemos los impuestos.
Señora
presidenta: estoy segura de que el día de hoy va a ser muy importante, vamos a
debatir muchos temas, apoyaremos a los jubilados y los pagos, pero solicitamos
votar artículo por artículo para no apoyar los blanqueos de capitales que no
aportan absolutamente nada bueno a la cuestión económica, política y social que
hoy está discutiendo la Argentina. (Aplausos
en las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Pitrola.-
Señora presidenta: creemos que después del pacto buitre estamos ante otro
proyecto fundacional de la reorganización económica que está en marcha contra
el pueblo trabajador. Disentimos de lo expresado por el diputado Kicillof
cuando insistió en que esta es una iniciativa de buenas intenciones. Creemos
que es un proyecto de malas intenciones, y voy a desarrollar los motivos.
Se trata de
un monstruo legislativo que, en primer lugar, trata de confundir, pero su
esencia es un acuerdo nacional del capitalismo offshore. Se nos lo ha presentado como que hay un blanqueo de
capitales para financiar un gran beneficio de reparación histórica a los
jubilados. Lo desmentimos. El blanqueo de capitales traerá monedas al erario
público, es una operación de deuda, de impunidad impositiva, de impunidad
penal, etcétera, pero en materia de jubilaciones existe una confiscación a los
derechos adquiridos en la Justicia por nuestros jubilados. Esa es la realidad,
se va a desfinanciar a la ANSES porque se devuelve una coparticipación a las
provincias cuyo reemplazo no está previsto.
Se ha
postergado la derogación del impuesto a la riqueza pero igualmente se mantiene,
por ejemplo en la vivienda única, que debiera estar exceptuada. Es decir que
por sus valores, muy bajos aunque ahora se los corrija, es un impuesto
progresivo que ha sido transformado en regresivo porque afecta a la clase media
y al trabajador que tiene una vivienda. El proyecto en discusión no corrige
esta cuestión. Se trata de una aspirineta para los salarios y jubilaciones
porque hace una excepción de un medio aguinaldo pero prolonga un impuesto a las
ganancias que afecta cada vez a más trabajadores.
El 85 por
ciento de los jubilados no van a recibir nada, hay que aclarárselo al pueblo
argentino y a los jubilados, porque muchos creen que estamos tratando un
beneficio para la clase pasiva.
Por lo tanto el dictamen del Partido Obrero,
que compone el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, es un proyecto
integral de reparación jubilatoria y de rechazo de plano al blanqueo de
capitales.
El carácter
múltiple de esta ley indudablemente tiene por objeto reunir voluntades
políticas, que es reunificar la coalición política que votó el pacto buitre.
Gran tema, muy casual por cierto, porque en la esencia de este blanqueo de
capitales está la cuestión de una operación de deuda.
Acá hay algo
que tiene que ver con que en este primer semestre del gobierno de Macri, donde
se pretendió la lluvia de inversiones, la reversión, la inserción de Argentina
en el mundo y todo lo demás, ha continuado una fuga de capitales que solo en
los cuatro primeros meses del año fue de 3.700 millones de dólares. Se atiende
esa realidad mediante una oferta a los evasores y a los capitales fugados,
pasibles de la ley penal tributaria, de una jugosa oferta de títulos públicos.
Esto tiene muchas variedades pero voy a tomar una: se ha cambiado la tasa de
interés y los bonos a 7 años que se ofrecen sin impuesto alguno. Tienen una
tasa del 1 por ciento pero hay una trampa que está en la propia ley. No es la
trampa que sigue a la ley, acá toda la trampa está en la ley. Ese 1 por ciento
habilita a que se pueda triplicar el monto del blanqueo inscripto en esos
bonos. ¿Qué quiere decir esto? Que los capitales fugados, los capitales
evasores, van a poder blanquear otros activos sin impuesto y entonces nos van a
pagar el 10 por ciento. Por otro lado, se puede invertir en bonos, que como rinden
el 6 por ciento -hemos hecho la cuenta-, la tasa promedio de esos bonos a 7
años es de 4,33 por ciento. Es decir, un enorme premio que duplica y más la
tasa internacional.
Acá hay una
operación de deuda para atender el fracaso al que va llevando momentáneamente
el pacto con los fondos buitres y la suscripción de 22.000 millones de dólares
de deuda que hemos tenido en este primer tramo del gobierno de Macri. Estamos
primeros en el planeta entre los países emergentes en suscripción de deuda y
sin embargo no hay ninguna reactivación económica. Todo ha devenido en una
brutal bicicleta financiera que se ha montado con las altas tasas del Banco
Central.
Por otro
lado, hay más premios porque se blanquean capitales que pueden quedar en el
exterior y no se paga más impuesto por resultado de compraventa de acciones en
el exterior, ni por sus resultados en dólares ni por los resultados o ganancias
cambiarias. Entonces, se premia a quien exterioriza sus acciones en el exterior
y puede seguir operándolas afuera. Esto, señores diputados, es la
institucionalización del offshore y
no una repatriación de capitales. Ese es otro carácter esencial de este
blanqueo de capitales.
Con respecto
a las excepciones al blanqueo que ahora son motivo de debate en todos los
medios por estas horas quiero contarles que hoy la Cámara de Diputados casi no
tenía móviles de los medios de comunicación, a pesar de votar, como alguien
dijo, cinco leyes juntas en una, porque están todos ocupados con el caso de
José López.
Aquí se ha
dicho que debemos insistir en los parientes de primero, segundo, tercero y
cuarto grado de algunos funcionarios que se han incluido en las excepciones.
Pero el problema vital de los capitales espurios, evasores, penalizables,
vaciadores del país, de los “fugadores” de capitales, que en muchos casos
pueden provenir de la corrupción, no se resuelve con la cláusula para exceptuar
a los legisladores o a los funcionarios. Quienes pusieron los 9.000.000 de
dólares en las valijas de José López son los empresarios de la construcción de
la patria contratista, son la patria privatizadora de las empresas de servicios
públicos. Ahora ellas aumentan las tarifas y quitan los subsidios,
imponiéndoselas al pueblo consumidor. Lo hacen sin abrir sus libros y todavía
no sabemos dónde fueron los 30 millones de dólares de subsidios que tuvieron en
los últimos quince o veinte años; aunque buena parte está en las valijas de
José López.
Esta es una
ley de amnistía al capital corrupto, de amnistía tributaria, de amnistía penal
y de institucionalización de la fuga de capitales. Con este tipo de amnistía y
blanqueo se transforma prácticamente a la Argentina en una zona franca y en un
paraíso fiscal. Acá están metidos todos, los comprendidos en el famoso artículo
32 de la resolución de la AFIP, cuya lista integral nunca conocimos. Solamente
sabemos que Cristóbal López evadió 8.000 millones de impuesto a los
combustibles. Acá está toda la lista de dólar futuro, de capitales oficialistas
y opositores de hoy y ayer. Tenemos la lista de Panama Papers. Todos ellos son los beneficiarios de este blanqueo
de capitales.
Para el caso
optimista de que hasta el 2019 tengamos un blanqueo de 20.000 millones de
dólares, al erario público le podrían quedar 1.500 millones. Esas son monedas que no van a financiar ni
siquiera a los jubilados. Es una operación de deuda y tenemos la prueba en el
caso emblemático de los “ahorritos” del presidente Macri, de esos 18.000.000
que tenía en las Bahamas y trajo para invertir en bonos de la deuda pública. De
esa forma marcó un camino y dio una señal.
Llamo a todos
los señores diputados a revisar el artículo 44, que parece escrito a la medida
del presidente Macri, quien se ha adelantado al blanqueo. En este artículo van
a quedar comprendidos los que se adelantaron al blanqueo. Creo que José López
se puso nervioso y como el tiempo del tratamiento parlamentario le jugó una
mala pasada, fue a esconder o a enterrar las valijas a un convento de monjas.
Creo que con
este accionar –esto se lo digo a la diputada Carrió que nos vive hablando del
contrato moral- Cambiemos no está cambiando nada. Por el contrario, está
pactando con todas las fuerzas de Estado comprometidas con la fuga de capitales
en los últimos 30 años, las que se han llevado 400.000 millones de dólares de
la riqueza argentina y de lo producido por el pueblo argentino.
Es claro que
la pretensión de penalizar al periodismo es una intención de fondo del
macrismo. Digo esto porque la gobernadora María Eugenia Vidal, aun después de
que el oficialismo dijo que iba a cambiar el artículo 85, lo incluyó en un
decreto. Consecuentemente, tuvo que redactar un decreto de reparación del que
ella misma había emitido. Sin embargo, el Partido Obrero quiere referirse al
artículo 84, que penaliza a todo funcionario de la Justicia, del poder público,
de la AFIP y de cualquier otra institución que dé difusión al capital evasor,
al capital vaciador que entre al blanqueo. Eso sigue totalmente prohibido,
aunque se ha sacado la penalización a los periodistas.
¿De dónde van
a sacar los datos los periodistas? La fuente proveedora estará fuertemente
penalizada. Esto va en línea con el artículo 80 que denunciamos. El artículo de las excepciones se refiere a
más excepciones que la ley misma. La ley de información pública protege el
secreto financiero, el secreto comercial, el secreto de Estado, el secreto de
los fondos reservados y de los servicios que también resguardan el secreto de
los blanqueadores de capitales.
Fíjense en el
artículo 84. Se lo pedimos a toda la opinión pública, a todo el pueblo
argentino y por supuesto a todos los diputados, que después van a discutir
artículo por artículo.
La excepción
del impuesto a las ganancias en el aguinaldo es un parche tramposo. No solo
porque comprende a poca gente o a menos del total del universo ‑que son
los que no pagan impuestos a los bienes personales‑ sino porque se trata
de una transacción política.
Critico y
denuncio al Frente Renovador que prometió en su campaña electoral el
tratamiento del impuesto a las ganancias en el curso de este año para liquidar
el impuesto al salario. Este articulito, este parchecito es en realidad una transacción política con
el gobierno para que el problema de las ganancias en los salarios no se debata
hasta 2017.
El Partido
Obrero plantea tratar de inmediato una ley para que se elimine el impuesto a
las ganancias de los salarios y de las jubilaciones, porque ni los salarios ni
las jubilaciones son ganancias. Somos abolicionistas y vemos una transa por
este parche de la excepción del impuesto a las ganancias en el aguinaldo para
tratar el tema en 2017. Es una ley que encaja con el ajuste. No hay ningún
derrame social de los fondos públicos, tal como se ha querido presentar.
Para los
jubilados, la ley comporta una reducción colosal de la deuda que sostiene el Estado
con ellos. Se realiza una quita del 70 por ciento en retroactividades, no solo
por los que están en trámite sino también que a quienes tienen sentencia se les
considera el plazo desde el momento del juicio y no del trámite administrativo.
A lo mejor esto cambia pero es muy claro: a los 50.000 jubilados con sentencia
se les presupuestaron 12.500.000 y simplemente había que pagarles.
La
declaración de la emergencia en litigiosidad tiene por objeto habilitar al
Poder Ejecutivo. Lo hace objetivamente habilitando el bicicleteo del pago de
las sentencias que ya tenían que ser saldadas. No olvidemos que proponer una
transacción a gente que trabajó una vida, que viene haciendo juicios hace años
y tiene una expectativa limitada de vida, esto es un chantaje. En el marco de
la emergencia por litigiosidad no va a cobrar nunca nada; no le va a alcanzar
la vida para cobrar.
Denunciamos
esta emergencia en litigiosidad que además es una profecía autocumplida porque
si hay emergencia y si hay litigiosidad es debido a la escandalosa e inmoral
apelación permanente de la ANSES que este gobierno está haciendo, al igual que
el anterior, algo que han rescatado acá todos los bloques. Incluso alguno de
los bloques opositores cuyos líderes estuvieron comprometidos con esa ANSES que
apeló criminal y sistemáticamente las sentencias de los jubilados.
El propio
diputado Diego Bossio en el plenario de comisiones explicó que una persona
jubilada en 2009, con un haber de 9.000 pesos, de acuerdo con el índice
incluido en esta ley, el RIPTE, va a cobrar 10.600 pesos. En función del índice
provisto por el salario de la construcción contemplado en los fallos de la
Corte, esa persona debería cobrar 13.500 pesos. Es decir que hay una pérdida en
el haber futuro del 30 por ciento. Por eso decimos que es una confiscación de
los derechos adquiridos de una parte de los jubilados, porque desde luego esto
no abarca el 85 por ciento de los jubilados que seguirán recibiendo la mínima
hasta septiembre, mientras esperan la movilidad jubilatoria que se calcula que
puede estar en el 14 o 15 por ciento, cuando tenemos una inflación anualizada
del 44 por ciento.
En cuanto a
la devolución de la coparticipación a las provincias, marcamos rápidamente que
desfinancia a la ANSES y no pone un reemplazo, por ejemplo a la renta
financiera o a impuestos progresivos al capital. Pero hay más trampas. Por el
artículo 25 bis se crea una comisión para estudiar en 120 días el apoyo a las
provincias que no transfirieron las cajas pero a condición de su armonización. Ese es el motivo de la bronca y la
movilización de la clase obrera cordobesa, porque desde el 1° de enero en
Córdoba el gobierno provincial quitó el 82 por ciento móvil y también es el
motivo de la descomunal huelga de noventa días de los trabajadores y docentes
de Tierra del Fuego contra el paquete de ajuste de la gobernadora Bertone, que
incluye la liquidación del 82 por ciento, que es la armonización.
Estamos
discutiendo un curso político, legal y jurídico de liquidación del sistema
jubilatorio del 82 por ciento móvil y está incluido en esta ley como también
está incluido en esta ley elevar a 65 años la edad para las mujeres que no
tengan aportes. Es una idea, un concepto
de elevación, porque la formación de la comisión para reformar todo el sistema
jubilatorio va a tener como antecedentes esta ley y estos principios.
Aquí hay un
principio de reforma antijubilatoria, que va en consonancia con la reforma
antilaboral que está encabezada por la ley de empleo joven del ministro Triaca,
que es para abaratar costos laborales.
Ya llegó también un proyecto pedido por la Unión Industrial para seguir
cercenando los derechos en materia de accidentes de trabajo.
Vamos a
distintas reformas antijubilatorias, antilaborales, de una nueva generación ‑que
será la segunda o la tercera desde los 90‑, porque quieren recomponer al
capital pasándole el costo de la crisis a los trabajadores. Se trata de toda
una clase social que ha gobernado con el método de la fuga de capitales, de la
evasión, que está transparentada en la discusión de esta ley, y descarga la
crisis sobre los trabajadores para pagar los enormes compromisos con el capital
financiero que se está tomando.
Sra. Presidenta (Giménez).- Ha concluido el término del que
disponía para hacer uso de la palabra, señor diputado.
Sr. Pitrola.- Voy
a utilizar algunos minutos de mi tiempo como presidente de bloque, como
hicieron los expositores anteriores, por la magnitud de esta mega ley ómnibus.
A esta altura
el Partido Obrero destaca también que han sido dejados en el camino distintos
sectores afectados por la liquidación, por los golpes recibidos en todo el
sistema jubilatorio, entre ellos, los beneficiarios de rentas vitalicias. Hemos
insistido en este punto ‑está en nuestro dictamen‑ y proponemos el
debate inmediato de un proyecto de ley para que cobren la jubilación mínima,
porque son 300.000 afectados los que han sido dejados a la vera del camino y
que cobran en promedio 700 u 800 pesos.
Pero vamos a
entrar en un debate político que estimamos fundamental para la conciencia
política de los trabajadores. Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro del ex
ministro y hoy diputado Axel Kicillof, envió una carta a la ex presidenta de la
Nación que dio origen a su posición de que esta ley era un bodrio. Su eje es
que esta ley afecta la sustentabilidad de la ANSES. Y dice textualmente que “en
un sistema solidario como el nuestro las jubilaciones no tienen nada que ver
con la trayectoria laboral del jubilado”.
Esto lo quiero poner de relieve porque está en las bases ideológicas de
los acuerdos de fondo que traemos desde el gobierno anterior, desde los 90 y
con este gobierno.
No se quiere
sostener un sistema jubilatorio en la Argentina, se lo quiere cambiar por una
pensión asistencial a la tercera edad. Esta posición de Álvarez Agis no toma en
cuenta que desde fines del año 93 o principios del año 94 se han rebajado los
aportes patronales, lo cual ha producido una transferencia de carácter
billonario a los bolsillos de los empresarios, desfinanciando el sistema
jubilatorio. Este bloque ha calculado en 280.000 millones a dinero de hoy esa
pérdida ‑lo que sería la recaudación aproximada de 2016‑, lo cual
hace una pérdida de 6 billones de pesos en los últimos veintitrés años.
Entonces,
cuando apuntamos a un dictamen que pretenda una verdadera reparación de los
jubilados, propiciamos la reparación de los aportes patronales y que no se siga
usando la ANSES como caja de la deuda pública, como caja de financiamiento de
una red de asistencia social para dar por hecho la quiebra del mercado laboral.
Aquí hay un
tema que está en el fondo del planteo de Emmanuel Álvarez Agis, que es dar por
hecho el mercado laboral como está, con un 40 por ciento de trabajadores en
negro, con una enorme precarización que llega al 50 por ciento de los
trabajadores, con bajos salarios, con evasión patronal, con salarios mixtos
–mitad en blanco, mitad en negro- en numerosas empresas. Entonces nosotros apuntamos a un programa
integral y de la clase trabajadora. Creemos que el macrismo, el kirchnerismo y
todas las fuerzas intermedias que han gobernado el país en los últimos treinta
o cuarenta años están apuntando a liquidar el sistema jubilatorio para
adaptarlo a esa destrucción del mercado laboral y, como no les alcanza, vienen
por una nueva reforma para abaratar costos laborales.
Desde este
lugar defendemos nuestro dictamen de minoría que plantea, en primer lugar, un
aumento de emergencia de 6.000 pesos para todos los jubilados que no reciben
absolutamente nada, lo que llevaría la mínima a 11.000 pesos, que es hoy la
canasta básica marcada por el defensor de la Tercera Edad; la reposición del 82
por ciento móvil a partir del 1° de septiembre, por la reparación y reposición
de los aportes patronales.
Esta es una
reparación que tiene que ver con un programa integral que abarca a los
trabajadores y que también va a beneficiar a la ANSES, porque incluimos que sea
blanqueado todo trabajador con una estabilidad laboral de 36 meses que
notifique al Estado y a la empresa su condición de trabajador en negro, para
que desde los afectados y desde su movilización terminemos con el trabajo en
negro. Esto va en línea con un salario equivalente a la canasta familiar, esto
va en línea con un programa de ruptura de esta marcha económica que mencioné al
principio, que es la marcha del ajuste, que es la marcha del capital financiero
internacional.
La coalición
que está votando esta mega ley de blanqueo a los capitalistas y de confiscación
a los jubilados es la coalición de los vaciadores del país. Nuestro programa
está al servicio de la lucha, de un paro nacional del movimiento obrero, de un
plan de lucha de todos los sindicatos para poner en pie una alternativa
política y una coalición política de la mayoría trabajadora nacional. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Queda registrado que usó
seis minutos del tiempo asignado a su bloque.
Tiene la
palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr. Masso.-
Señora presidenta: desde el bloque Libres del Sur hemos analizado con mucha
atención este megaproyecto de ley. Creo que no está bien que se use una
cuestión tan sentida por todos los argentinos sin distinción partidaria, como
son hoy los jubilados, que la están pasando mal y la vienen pasando mal. En ese
sentido, esa reparación histórica tendría que haber sido ya cumplida, es una
reparación histórica que la tienen merecida por sus años de aportes, es un
reconocimiento económico, porque fueron ellos quienes con sus aportes hicieron
posible que la ANSES tuviera los recursos, no para devolvérselos mucho antes a
ellos sino para utilizarlos en otro tipo de políticas públicas.
Por eso nos
duele que esa dignidad, que tanto merecen nuestros abuelos y abuelas, venga a
la par del blanqueo de capitales. Me podrán decir lo que quieran los diputados
del oficialismo, pero vale la pena recordar cómo pensaban ellos en el año 2013.
En ese sentido, me gustaría que estuvieran aquí para que me dijeran qué
diferencia existe entre este blanqueo, en particular, y los distintos blanqueos
que se hicieron en la República Argentina desde la recuperación de la
democracia.
Actualmente,
las redes sociales nos permiten que quede registrado lo que cada uno de
nosotros publica en ellas día a día.
Voy a tomar
parte de mi tiempo para recordar a mis colegas del interbloque Cambiemos cómo
pensaban hace un tiempo actuales diputados y funcionarios de primera línea de
ese espacio político.
Decía el
radical Ernesto Sanz: “Al trabajador le cobran ganancias y al delincuente le
dan el blanqueo. El modelo Hood Robin, en el que los laburantes mantienen a los
ladrones...” Ni hablar de lo que planteaba mi colega Elisa Carrió –que hoy no
está presente-: “La ley de blanqueo de capitales fue una estrategia de Néstor
Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López para lavar dinero. ¿Dónde la tienen?”
Asimismo, en
una solicitada de los principales diarios de la República Argentina Alberto
Abad -actual titular de la AFIP-, junto con Eduardo Amadeo, Javier González
Fraga, Esteban Bullrich, Eugenio Burzaco, Martín Lousteau, Juan José Llach,
Oscar Aguad y otros firmantes, decía: “Todos nosotros coincidimos sin fisura en
rechazar el blanqueo de capitales. De aprobarse, que quienes se acojan sean
susceptibles de por vida de seguimiento administrativo, acción judicial y
castigo penal, además de dar plena publicidad de los nombres y montos blanqueados,
respetando así los compromisos internacionales en prevención del fraude, lavado
de dinero y lucha contra narcotráfico”.
Llegamos a la
conclusión de que el blanqueo también es corrupción y no porque lo decimos
desde el bloque Libres del Sur sino porque también así lo pensaban quienes hoy
gobiernan y ahora cambian de postura, quienes traen dentro de un proyecto
reparador para jubilados la necesidad de cumplir con corruptos que sacaron
dinero del país y que de alguna manera no lo hicieron declarándolo sino en la
oscuridad de nuestras fronteras. Eso también es corrupción.
Hoy como
tucumano siento vergüenza –como lo expresa el cartel que he puesto en mi banca-
de que un comprovinciano ayer intentara enterrar dinero. Hay que ser justos.
Vemos con mucha impotencia a algunos que cuentan millones de dólares mientras a
nuestro país no le va bien, a otros que pretenden enterrar el dinero y a otros
que hoy quieren traerlo con este blanqueo que seguramente va a aprobar la
Cámara de Diputados. En los tres casos se trata de corrupción.
Por eso creo
que hay que discutir en este Congreso cuál deber ser el piso de dignidad que
deben tener los 13 millones de argentinos que no la pasan bien; cuál es el piso
de dignidad de quienes hoy no tienen trabajo o no llegan a tener un ingreso que
les permita superar la línea de pobreza; cuál debe ser el piso de dignidad que
deben tener los argentinos y argentinas que a pesar de contar con una obra
social y un trabajo en blanco están más cerca de caer bajo la línea de pobreza
que de poder mantener a sus familias.
Digo esto
porque resulta que cuando tratábamos un proyecto tan importante como el
referido a la devolución del IVA a la compra de alimentos de la canasta básica
nos decían en este Parlamento que no se podía destinar a ese fin más de 29.000
millones de pesos, y por eso se fijó el tope de 300 pesos. Ahora bien,
pareciera que no existe ese tope para los que deben cumplir con el pago de los
impuestos.
Por un lado
vemos que millones de argentinos pagan el impuesto a las ganancias a través de
sus salarios, algo que no debería suceder; creo que este Parlamento debe
discutir una norma al respecto en el menor tiempo posible. Por otra parte
advertimos que no se dice nada de que el impuesto al valor agregado representa
el 38,5 por ciento de la recaudación impositiva nacional, siendo un impuesto
regresivo e injusto.
Con la
sanción de este proyecto de ley se pretende premiar a los argentinos que
tributan bienes personales y pagan el impuesto a la renta presunta. Pero
resulta que quienes trabajan, quienes compran todos los días desde un kilo de
pan hasta un electrodoméstico, deben seguir pagando sus impuestos.
Creemos que
hay que legislar teniendo en cuenta la situación de todos los sectores de la
República Argentina. Además, en un país tan rico como el nuestro debería darnos
vergüenza tener cinco millones de niños bajo la línea de pobreza e indigencia.
Ya podemos ver en cada una de las provincias de la Argentina niños revolviendo
la basura porque no tienen qué comer.
Por eso
creemos que hubiera sido mucho más importante que discutiéramos un proyecto de
ley en serio para nuestros jubilados. Por ello, en nuestro dictamen de minoría
planteamos la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, que
reemplaza la actual Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-. En
cuatro puntos sencillos podemos resumir este importante proyecto en el que
vienen trabajando algunos colegas con mandato cumplido, como Víctor De Gennaro
y Graciela Iturraspe, al que hemos adherido.
En primer lugar,
creemos que los juicios que tienen sentencia firme deben pagarse en efectivo y
sin ninguna quita. El haber de piso de dignidad de cualquier jubilado o
jubilada debe representar el 82 por ciento de lo que cobra el empleado en
actividad. El salario mínimo de nuestros jubilados tiene que ser el equivalente
al salario mínimo vital y móvil. A su vez, este no puede ser inferior a la
canasta básica total.
No estamos
hablando de cientos de miles de pesos que tendría que ganar un jubilado con el
haber mínimo. Por supuesto, si hubiera dinero para darle, bien merecido lo
tiene. Estamos hablando, como dice el señor diputado Pitrola, de que el salario
mínimo vital y móvil tiene que ser equivalente a la canasta básica total, que
en promedio en todo el país está entre los 10.000 y 11.000 pesos.
Debemos
entender que con este proyecto de ley les devolvemos una parte importante de lo
que se les debe. Con alguna quita y un plazo prorrogado quizás muchos de
nuestros abuelos no puedan terminar de cobrarla.
Algunos
jubilados creen que con esta medida van a tener un aumento importante en su
ingreso y que una vez sancionada esta norma ninguno de ellos quedará debajo de
la línea de pobreza o indigencia. Este concepto fue mencionado por varios
señores diputados y yo lo comparto. Pero seguirá habiendo millones de jubilados
que aunque reciban un aumento, este no será de la magnitud que ellos merecen
para alcanzar ese piso que nosotros creemos que debe constituir la canasta
básica total.
El señor
diputado Daer, miembro informante de la mayoría, al iniciar su exposición
planteó que el blanqueo de capitales era para recaudar dinero destinado al pago
de la deuda a los jubilados. Más allá de lo que se le pida a quien fugó
capitales de la Argentina –que es un porcentaje menor‑, no creemos que
debamos centrar las expectativas en terceros sino que sostenemos que el Estado
nacional tiene los recursos necesarios para pagar esta deuda como prioridad sin
tener que depender de plata ligada a la corrupción. Muchos argentinos hacen un
esfuerzo importante para pagar sus impuestos. Asimismo, muchos empleadores en
la República Argentina tienen una presión impositiva muy fuerte y también hacen
un esfuerzo para tener trabajo registrado. Por ello, decir que dependemos del
blanqueo de capitales para devolver la dignidad a los jubilados es una mentira
muy grande, y creo que no hay que jugar con quienes dieron todo el esfuerzo por
nuestro país. Hoy, con 78, 79 y hasta 80 años están esperando la posibilidad de
cobrar lo que ya tendrían que haber recibido desde hace muchos años.
Los aportes
patronales fueron reducidos en 1993. Pese a que en nueve de los últimos doce
años la Argentina creció a tasas chinas, todavía no se logró volver al ciento
por ciento de los aportes patronales. Eso representaría un importante ingreso
de recursos para que nuestros abuelos puedan tener una jubilación digna.
Nos
preguntamos varias cuestiones, señora presidenta, y no encontramos una
explicación válida cuando en esta ley de reparación histórica para los
jubilados se plantean reformas impositivas. En realidad, se deja atrás la
verdadera reforma impositiva que necesita el país. Se mantiene el IVA y tiene
límites para los que menos tienen. La idea es recuperar el IVA para los
alimentos. Por otro lado, se mantiene el impuesto a las ganancias a los
trabajadores y nadie se cuestiona por qué no se grava la renta financiera.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable
Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr. Masso.- Mucho
se ha dicho en la campaña electoral, pero ahora no se traen al recinto las
verdaderas soluciones de fondo que nos permitan no solo reparar la situación de
nuestros abuelos y abuelas como prioridad sino también la de muchos argentinos
que hoy no la están pasando bien.
Finalmente,
señor presidente, quería hacer una reflexión. Muchas veces nosotros, por estar
ubicados en el medio del recinto, somos espectadores de las chicanas del bloque
oficialista y del bloque del Frente para la Victoria.
- Ocupa la Presidencia la vicepresidenta 2ª de la Honorable
Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sr. Masso.- En
ese sentido, a quienes hoy tienen la responsabilidad de ser oficialistas les
decimos que no hay que caer en la soberbia. La soberbia es mala consejera. La
Argentina no se merece que porque hagamos un poco más de lo que hizo el
gobierno anterior nos conformemos con eso. Es como si todos tuviéramos que
levantar la mano y decir que nos conformamos. No es así, señora presidenta. Hay
que analizar con verdadera profundidad los problemas que tiene la Argentina. Le
puedo asegurar que los recursos están. Hay que redistribuirlos y colocar la
mirada en los más débiles para luego brindarles soluciones a los más fuertes.
Haciendo un racconto de lo que ha hecho el gobierno
nacional en los últimos seis meses, debo decirles que cuando quitó las
retenciones al agro y a la minería no les colocó un tope. En cada medida social
que hemos discutido o en cada decisión tomada por el gobierno nacional siempre
ha habido un límite. Es por eso que yo me refiero a la necesidad de debatir el
piso de la dignidad. Me hubiera gustado que estuviera presente en este recinto
el señor diputado Eduardo Amadeo, que es el vocero de las medidas sociales que
va tomando este gobierno.
Finalmente,
hoy nadie puede estar en desacuerdo con que nuestros abuelos cobren una mejora.
Pero no podemos acompañar desde el bloque Libres del Sur, en la votación en
general, un proyecto que encubre un blanqueo de capitales y mejoras impositivas
para los que siempre especulan en la Argentina. Es bochornoso el hecho que presenciamos
ayer. Una vez aprobada esta ley, los que se llevaron la plata tienen que
traerla. Nosotros no sabemos cómo hicieron ese capital que ahora les
pretendemos blanquear. Por eso hay que ser cuidadosos respecto de los temas que
deben incluirse en una norma. En este sentido, advertimos que la cuestión de
los jubilados nada tiene que ver con el fondo, y se pretende aprovechar esta
situación tan sentida para incluir otros asuntos que, lejos de ayudar a que el
país tenga mayores recursos, hace que los pierda.
El
oficialismo debe pedir a sus funcionarios que den el ejemplo. No podemos
escuchar en un programa de televisión al titular del Banco de la Nación
Argentina, Carlos Melconian, decir cuál es el problema de que los argentinos
–incluido él- tengan recursos fuera del país. Digo esto porque justamente la
ley de los fondos buitre se sancionó para repatriar capitales y tener acceso al
crédito. Lo menos que deben hacer todos los funcionarios del gobierno nacional,
por respeto a los argentinos que la están pasando mal y a los que pagan en
tiempo y forma sus impuestos, es traer sus recursos a la Argentina y ponerlos
al servicio del país para despertar una economía que cada día está más
estancada. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Heller.- Señora
presidenta: el dictamen de minoría que firmé parte de considerar que bajo el
paraguas de un loable propósito, como es el pago de las sentencias a los
jubilados y pensionados y los reajustes de sus haberes, en realidad se está
presentando un proyecto que procura todo lo contrario.
Cuando se
trató este tema en comisión dije que para mí lo mejor que tenía era el título:
“Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”. Sin
embargo, en su contenido era muy difícil encontrar el sentido real de esta
reparación histórica. Más bien se logra todo lo contrario, porque bajo el manto
de un supuesto beneficio a los jubilados se intenta incluir en este proyecto de
ley del Poder Ejecutivo una serie de normas que nada tienen que ver con la
historia previsional; hasta resulta inexplicable que forme parte. Como ejemplo
puedo citar distintas modificaciones de la estructura impositiva, quitando
progresividad a la tributación; así como también un blanqueo o exteriorización
de capitales que extrañamente ni siquiera tiene como objetivo su repatriación,
y la derogación de la ley 27.181, que declaró de interés público la protección
de la participación del gobierno en empresas privadas a través de la cartera de
inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En el
dictamen que propongo hay un conjunto de medidas que facilita cumplir con los
pagos totales de las sentencias judiciales previsionales y reconocer y poner en
práctica los haberes previsionales que preserven adecuadamente los derechos de
todos los jubilados y pensionados.
En el
dictamen que estamos considerando se propicia el pago a los jubilados con
sentencia firme, lo cual es un cambio positivo que se logró en el debate, ya
que en el proyecto original a los que tenían sentencia firme también se les
planteaba un recálculo en la fórmula de sus haberes. No hay lógica alguna para
entender cuál es el motivo por el que se quiere someter a alguien que ha
litigado durante años y obtuvo una sentencia firme, porque ello significa que
no hay nada más que hablar o discutir; solo resta pagar. Afortunadamente, para
este tramo el tema ha sido adecuadamente resuelto. Sin embargo, no pasa lo
mismo con los otros, es decir, con los jubilados que tienen causas abiertas.
Tampoco pasa con aquellos que tienen derecho a reclamar, porque están cobrando
los haberes mal ajustados, pero no han iniciado causas. A todos se les plantea
que acepten un método de recálculo que implica una disminución considerable de
sus haberes en relación con lo que les correspondería de acuerdo con los fallos
que la Justicia ha tenido, y una limitación en el tiempo de la retroactividad.
Sumado a ello se propone una facilidad en la forma de pago, ya que cobrarían la
mitad al contado y el resto en treinta y seis meses, es decir, en doce pagos
trimestrales.
Esto es un
chantaje real más que una reparación histórica. Se supone que hablamos de
personas que deben tener en promedio alrededor de 80 años, a quienes les decimos
que vamos a declarar la emergencia de litigiosidad, con lo cual durante tres
años –antes eran tres con opción a otros tres- deberían renunciar a la
posibilidad de litigar. De modo que aceptan esta propuesta de disminución de lo
que les corresponde o quedan en un limbo, por lo menos durante tres años, sin
saber qué va a suceder.
¿Qué
proponemos nosotros? Algo bastante sencillo. En el presupuesto vigente,
aprobado el año pasado para el ejercicio fiscal 2016, hay 12.500 millones de
pesos destinados a pagar juicios a los jubilados. De no ser suficiente este
monto podría utilizarse parte de la renta del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, que ‑dicho sea de paso‑ se ha incrementado el año
pasado, lo que generó una disponibilidad significativa de recursos. Si eso no
alcanzara sería mucho más sensato pensar en desprenderse de algunos títulos y
acciones que de las participaciones que tiene el Estado en empresas. ¿Por qué
digo esto? Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que según la
información de la ANSES llegó a 664.000 millones de pesos a fines del año 2015,
está compuesto en un 64,6 por ciento por títulos y obligaciones negociables, y
solo en un 12,8 por ciento por participaciones accionarias.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable
Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr. Heller.- De modo que no parece sensato
pensar que si hicieran falta fondos para atender el pago de estos juicios haya
que acudir a la liquidación de estas participaciones en lugar de vender alguna
obligación negociable o título que forma parte de ese fondo y que no da ningún
derecho al Estado, a diferencia de lo que ocurre con las participaciones.
Uno debe
pensar que cuando se mezclan los temas es porque se persiguen otras intenciones
y no porque no existan otros caminos. Los cálculos que manejamos establecen que
pagar las sentencias, tal cual están, demandaría entre 12.500 y 18.000 millones
de pesos. Además, como señalé durante mi exposición, a fines de 2015 el stock de títulos públicos y obligaciones
negociables en poder del Fondo ascendía a 423.009 millones de pesos.
Por lo tanto,
el pago a los jubilados que tienen sentencia no requiere de ninguna ley
especial, de ningún blanqueo de capitales y tampoco de modificaciones al
sistema impositivo; simplemente requiere tener voluntad para hacerlo utilizando
las partidas presupuestarias ya establecidas y una pequeña porción de las
inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Por otra
parte, proponemos que a quienes no cuenten con sentencia firme se les haga el cálculo
respetando el sentido de los fallos de la Corte, para que no haya jubilados de
primera y de segunda. Lo mismo debe hacerse con quienes no han iniciado juicio,
a quienes el cálculo se les debe hacer con la misma fórmula que acabo de
mencionar.
Asimismo
proponemos que los beneficios se hagan extensivos a quienes perciben rentas
vitalicias, porque también tienen fallos de la Corte Suprema e igualmente
implica una reparación histórica en sus derechos.
Rechazamos de
plano el criterio de emergencia en materia de litigiosidad previsional, porque
solo lo podemos entender –lo reitero- como una forma de refinada extorsión a
los jubilados y pensionados para que acepten las quitas que les ofrecen. Esto
es la quita o el limbo, y creo que nosotros no podemos estar de acuerdo con ese
tipo de posturas.
Por otra
parte, se han introducido algunas modificaciones que a mi juicio son
cosméticas. En efecto, como bien dijo el señor diputado Kicillof, se fija un
piso del 7 por ciento. Esto quiere decir que la mitad de esas acciones se
podrían vender en forma inmediata. Incluso, en estos días hemos visto distintas
notas periodísticas sobre empresas interesadas en comprar sus participaciones.
Recordemos
que la mitad del Fondo representa 39.000 millones de pesos, que se podrían
vender sin pasar por el Congreso, dejando el Estado de tener participación en
un conjunto de empresas a las que efectivamente no les gusta que, en
representación de él, alguien pueda participar en sus asambleas y reuniones de
directorio, saber cuáles son sus planes, conocer sus inversiones, saber cómo
piensan llevar plata afuera, etcétera.
Además se
prevé una serie de facilidades respecto del otro 7 por ciento, porque si bien
han maquillado un poco la propuesta, la intención de vender esas acciones está
implícita en el contenido del proyecto que estamos tratando.
En lo que
respecta al sinceramiento fiscal debo decir que en realidad es un perdón fiscal
a la exteriorización de activos en el exterior. Esto no lo llego a entender.
Nos dicen que lo hacen para permitir que vuelva parte de los dólares que están
afuera, pero resulta que no los tienen que traer ya que los pueden dejar en el
exterior, toda vez que mediante el pago de una multa o de un canon pueden
exteriorizarlos sin repatriarlos.
¿Qué beneficio
obtiene la Argentina de alguien que exteriorice la tenencia de un inmueble en
Miami o en algún otro lugar del exterior? Para eso se prevé la aplicación de
ese pequeño canon que deben pagar por haber legalizado ese acto ilícito, que
hizo que en algún momento la persona sacara dinero del país –también por un
medio ilícito- para adquirir ese bien en el exterior.
Pero hay más,
porque también me debo referir a los sujetos alcanzados. Reconozco que se
mejoró un poco la propuesta, pero no entiendo por qué no se acepta incluir a
los parientes. Todos sabemos que los parientes son los primeros testaferros de
cualquiera que se encuentre en una situación ilícita. Entonces, incluir a los
funcionarios pero no a sus parientes es lo mismo que no poner a nadie.
De este modo
la señora de Fulano va a poder blanquear; el hijo, el tío y el primo de Fulano
también van a poder blanquear. ¡Es una burla decir que se deja afuera a los
funcionarios de los tres poderes!
Tampoco se
extendió la prohibición de exteriorizar esas tenencias a los concesionarios y
contratistas del Estado, tal como dijimos durante el debate en comisión. ¿Cómo
podemos avalar en el tratamiento de este proyecto que no se excluya de la
posibilidad de exteriorizar a los contratistas y concesionarios del Estado?
Esto resulta inadmisible.
Por otro
lado, el proyecto de sinceramiento fiscal incluye un cambio en el manejo de los
bonos. Como ustedes saben, una de las opciones que tienen quienes repatríen el
dinero es comprar un bono del Estado, en cuyo caso no pagarían la penalidad. Es
decir que si un evasor que se llevó en dinero afuera lo vuelve a traer y compra
un bono del Estado –que ahora sería a siete años, en lugar de seis, como
figuraba en el proyecto original- no pagaría
ninguna penalidad. Sin embargo, miren lo que hemos encontrado: el
artículo 40 del proyecto contenido en el dictamen de mayoría dice que se
exceptuará del impuesto especial un monto equivalente a tres veces el monto
suscrito. Por si alguien no lo entiende –si bien existen algunas ventanitas con
interpretaciones más restringidas y más amplias-, podemos decir que tal como
está redactado ese artículo si una persona que exterioriza, por ejemplo, 3
millones de dólares deja dos en el exterior, trae solo un millón y compra el
bono, no paga un centavo. Tampoco pagaría si trae los otros dos millones.
Entonces,
repito por si alguien sigue sin entender: tal como está redactado el artículo
40 del proyecto contenido en el dictamen de mayoría, quien exteriorice
tenencias y compre un bono por un tercio de lo que está exteriorizando no paga
un centavo.
Siguiendo con
el mismo ejemplo, el evasor que traiga 3 millones de dólares se estaría
ahorrando de pagar 300.000 dólares. Ahora, si sumamos esos 300.000 dólares que
deja de pagar a la renta del uno por ciento que le daría el bono, nos
encontramos con un negocio sensacional que es un gran premio para el evasor.
En ese caso,
¿dónde está la pena? ¡Esto es un premio!
Esa artimaña
no solo exime exageradamente al evasor del pago del impuesto especial sino que
además desincentiva la repatriación de capitales, puesto que basta con comprar
un poco de bonos, y con el resto pueden hacer lo que quieran porque les sale
gratis.
En
compensación se plantean beneficios para los contribuyentes cumplidores,
quienes van a verse exceptuados del pago del impuesto sobre los bienes
personales por un plazo de tres años, sea cual fuere el monto del patrimonio.
Esto también merece que hagamos algunas consideraciones.
De acuerdo
con el proyecto original, a los tres años el impuesto desaparecía. Ahora
proponen dejarlo vigente, aunque una comisión se va a encargar de estudiar una
reforma impositiva y, por lo tanto, el plazo de tres años puede hacernos
suponer que una vez vencido efectivamente desaparecerá.
Asimismo,
aplican una suerte de degradé en las cuotas, ya que cuanto más grande es el
monto que se blanquee o el bien personal que una persona tenga, menos paga,
cuando el sentido de la progresividad es el inverso. Esto tendría que ser
incremental y progresivo en lugar de regresivo. ¿Cómo puede ser que se plantee
que se va achicando la cuota que se paga? Fíjense que el proyecto que vamos a
tratar arranca para este año con un sobrio 0,75 por ciento, para llegar a un
0,25 por ciento en 2018; prácticamente nada. Teniendo en cuenta el beneficio
para los contribuyentes cumplidores, que están exceptuados del pago por tres
años, el tributo se aplicará solamente a los no cumplidores y a los evasores
que exterioricen fondos a través del sinceramiento fiscal. Otro premio para los
evasores.
Insisto: el
impuesto a los bienes personales no lo van a pagar los cumplidores, y a los
evasores que blanqueen les vamos a poner una alícuota insignificante, además de
permitirles no pagar nada si compran un poco de bonos. Esto es inaceptable
desde el lado del que se lo mire. No sé si hay improvisación o qué, pero
realmente, señor presidente, este proyecto así como está es “invotable”.
Lo mismo hay
que decir sobre el impuesto a los bienes personales. Resulta razonable –como ya
dijimos‑ que hagamos escalas progresivas, pero al revés. Es decir,
nosotros planteamos exceptuar un mínimo no imponible, que podrá estar en esos
800.000 pesos que ustedes sugieren, pero sobre los excedentes proponemos las
siguientes escalas: hasta 2 millones, 0,75 por ciento; de 2 a 5 millones, uno
por ciento; más de 5 millones, 1,25 por ciento. Esto no es nada del otro mundo
pero tiene un sentido de progresividad sobre una exteriorización de riqueza
como son los bienes personales. Tendríamos un mínimo no imponible que tiene
razonabilidad y, a partir de ahí, una progresividad que también tiene
razonabilidad.
Con respecto
a la regularización excepcional de obligaciones tributarias de la seguridad
social y aduaneras que se plantea, creo que deberían estar estrictamente
limitadas a las pymes. Es inaceptable que a esta altura les estemos dando un
régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias de la
seguridad social y aduaneras a los grandes grupos económicos, a las grandes
corporaciones. Hay una categoría de pymes que está establecida por los
organismos oficiales. Entendemos que ellas deben estar alcanzadas por esta
moratoria o por esta posibilidad de regularización, y no todos los deudores que
no han cumplido, a algunos de los cuales ustedes mismos denuncian porque se han
acogido a moratorias que de ninguna manera pueden justificarse.
Entonces, no
sigamos ampliando el mismo concepto y dándoles a todos la posibilidad de entrar
en regímenes de regularización cuando su situación realmente no lo requiere y
aparece a todas luces como un premio.
Creo que se
están saltando muchas vallas y que se está proponiendo aprobar cuestiones muy
serias. Y lo peor ‑termino como empecé‑ es que todo esto se quiere
hacer bajo el título de “reparación histórica”.
Por eso hemos
presentado un dictamen de minoría. Desde luego, no vamos a votar el dictamen
del oficialismo. (Aplausos en las
bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Con las palabras del señor
diputado Heller ha finalizado la lista de oradores por los dictámenes de
mayoría y de minoría. Ahora, comenzamos con la lista de oradores por bloque.
Tiene la
palabra el señor diputado por Misiones, que dispone de diez minutos.
Sr. Pastori.-
Señor presidente: he escuchado con mucha atención a varios señores diputados
que han hecho un esfuerzo intelectual o dialéctico –en algunos casos, denodado‑
por denostar o minimizar los efectos de este proyecto de ley o por tratar de
fulminar esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero en nombre del interbloque
Cambiemos quiero decir que no solamente nos sentimos felices sino también
orgullosos de traer a este recinto este dictamen de comisión, que es fruto de
muchas horas de trabajo en los plenarios de comisiones que se han realizado.
Estamos orgullosos pues entendemos que esta norma va a marcar un punto de inflexión
extraordinario en la República Argentina en distintos aspectos. Esta norma
comprende muchas aristas. Muchas de ellas se han mencionado; algunas con mayor
énfasis, y en otros casos, en sentido negativo, como decía recién.
El miembro
informante del dictamen del Frente para la Victoria, diputado Kicillof, decía
que no sabe si son 2 millones, 500.000 o 700.000. Si el Frente para la Victoria
se hubiera preocupado por los números durante los doce años y medio de su
gestión tal vez otra sería la realidad hoy en la República Argentina. Si se
hubieran preocupado por no desmantelar o destruir las estadísticas en la
Argentina con la intervención de Guillermo Moreno, otro sería el cantar en la
República Argentina, señor presidente. Me alegra que ahora se preocupen por los
números.
No me voy a
referir tanto al tema de los jubilados, del que aquí mucho se ha hablado, sino
que quiero resaltar otras cuestiones que contempla este proyecto, que son
igualmente trascendentes y de las que no se ha hablado tanto. Por ejemplo, los
artículos 23, 24 y 25 casi pasan desapercibidos en un proyecto tan extenso pero
son impresionantemente ricos.
Podemos decir
que comienza a desandarse el camino del unitarismo fiscal al que el gobierno
anterior y los anteriores llevaron a este país. Esto marca un punto de
inflexión rumbo al verdadero federalismo fiscal, que no se completa con este
acuerdo entre Nación y provincias; es apenas el puntapié inicial, el primer
paso. Pero este acuerdo que restituye el 15 por ciento, la llamada precoparticipación
de los famosos pactos fiscales –este viene del mes de agosto de 1992, es decir,
hace veinticuatro años que Nación viene extrayendo a las provincias el 15 por
ciento de los recursos coparticipables‑, comienza a resolver gradualmente
una cuestión de federalismo. Esto lo debemos festejar todos los argentinos y
las provincias, y por supuesto quienes aquí las representamos.
Uno puede
decir y preguntarse qué representa esta devolución del 3 por ciento anual a
partir de este año para que en 2020 quede absolutamente terminada esta
detracción del 15 por ciento. Les doy algunos ejemplos. Representa en promedio
el 14 por ciento de lo que hoy reciben las provincias, en promedio, en materia
de coparticipación. Para mi provincia, Misiones, cada punto porcentual representa
165 millones de pesos por año. De manera que 3 puntos representan casi 500
millones de pesos en el año. Es el equivalente a casi el 20 por ciento de la
deuda que mantiene la provincia con el Estado nacional.
Para la
provincia de La Rioja, un punto representa 104 millones de pesos, y cada punto,
el 34 por ciento de la deuda que La Rioja mantiene con la Nación. Quiere decir
que con 3 puntos en un año prácticamente se estaría en condiciones de cancelar
el total de la deuda que esta provincia mantiene con la Nación.
Es
significativamente trascendente este acuerdo que han firmado todos los
gobernadores. Ellos merecen, sin distinción de banderías políticas, que los
diputados aquí presentes apoyemos esta iniciativa con las dos manos. Como dije,
comenzamos a desandar el camino del unitarismo fiscal y empezamos a recorrer el
camino del federalismo fiscal. Bienvenido este último, que hacía mucho tiempo
había desaparecido de la República Argentina.
También se
acuerda un plazo de 120 días para que Nación y provincias lleguen a un acuerdo,
para que aquellas cajas previsionales no transferidas a la Nación se armonicen.
La ley dice que la Nación va a empezar a pagar antes del día 20 de cada mes las
cuotas, que serán ajustables y van a terminar con las asimetrías entre las
provincias que transfirieron sus cajas y aquellas que no lo han hecho. Estamos
hablando de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Santa
Cruz, Misiones, Corrientes, Chubut, Formosa, La Pampa y Tierra del Fuego; es
decir que hay trece provincias que se encuentran con esta situación.
Pero además,
todas aquellas provincias que sí transfirieron sus cajas pero no cumplieron con
la AFIP en tiempo y forma en materia de aportes patronales ‑miles de
millones de pesos en algunos casos, algunos ya incluso con sentencia de la
Corte en contra de las provincias; creo que el más reciente es el de Santiago
del Estero‑ van a tener una moratoria de noventa meses para poder pagar
esta deuda con el Estado nacional.
Fíjense cómo
cambia el concepto de la relación financiera Nación-provincias, y esta ley
contiene, por ejemplo -entre otras cosas-, todas estas cuestiones.
También
hablamos de una amplísima moratoria previsional que abarca todas las deudas
vencidas al 31 de mayo. Como tengo poco tiempo, no me voy a extender dando
todos los detalles.
Pero además
esta moratoria -que prevé hasta 60 cuotas- otorga a los contribuyentes de
provincias inundadas ‑es decir, a aquellos productores que estaban con el
agua al cuello a raíz de las inundaciones en muchas provincias de nuestro país‑
la posibilidad de tener hasta 90 cuotas para pagar sus deudas con la AFIP.
¿Cómo no vamos a festejar y a estar exultantes –y tal vez ese sea el tono de mi
voz- por este proyecto que hoy estamos discutiendo en este recinto?
Escuché a un
diputado –creo que fue Pitrola- hablar del tema de los periodistas, que ya
quedó debidamente aclarado.
Quiero
recordar a todos los diputados que el artículo 101 de la ley de procedimiento
fiscal establece el secreto fiscal, y esto tiene que ver con el derecho
constitucional a la intimidad de las personas.
La
declaración de cualquier ciudadano o empresa presentada ante la AFIP no puede
estar expuesta al escrutinio público. No se puede bocinar esa información, como
lo hizo la ex presidenta de la Nación cuando por cadena nacional escrachó a un
pobre viejito de una inmobiliaria que debía algunas declaraciones juradas.
Esto forma
parte del secreto fiscal, porque de lo contrario estaríamos desalentando que
todos los contribuyentes, cuando nos presentamos ante la AFIP, podamos declarar
con tranquilidad los bienes, los recursos y el patrimonio. Esto forma parte de
la esencia de cualquier sistema tributario en cualquier lugar del mundo, pero
se ha eliminado la cláusula que establecía que los periodistas tampoco pueden
difundir esa información.
Se consagra
así el valor supremo que tiene la libertad de expresión. Que se queden
tranquilos los diputados que se expresaron en ese sentido porque esto será así:
hay secreto fiscal. Las penalidades no alcanzan a los periodistas ni a los
respectivos medios de difusión.
Podríamos
hablar de la reforma tributaria, sobre la que algo ya ha dicho el diputado
Heller recientemente. Pero quiero aclarar al diputado Kicillof que el impuesto
a los bienes personales no se elimina. Me parece que no leyó el dictamen. No se
saca: permanece a partir de 2019 con una baja alícuota y con un mínimo no
imponible mucho más alto que el actual.
Asimismo, se
crea una comisión bicameral para la reforma tributaria que hace años se viene
reclamando en el Congreso Nacional.
¿Cuánto hace
que se está reclamando una reforma tributaria? Ahora tenemos la oportunidad.
Los diputados y senadores vamos a reunirnos para proponer entre todos al
Congreso una reforma tributaria para los tiempos que vienen en la República
Argentina, contemplando un sistema tributario más justo y más equitativo,
dejando de lado esta presión fiscal asfixiante que Cambiemos ha heredado del
gobierno kirchnerista, que ha logrado un récord histórico en ese sentido.
Se elimina el
impuesto a la ganancia mínima presunta, que es muy malo. La Suprema Corte ya
dijo que era inconstitucional en los casos del Hotel Hermitage –en 2010- y del
diario Perfil –en 2014- al gravar
presunciones de ganancias aun cuando la empresa hubiera tenido pérdidas en ese
ejercicio. Si sacamos esto, lo que queda es tan poco significativo que este
impuesto deja de tener sentido.
Podría hablar
de la renta financiera, a la cual se refirió el diputado Kicillof, porque en
2013 la modificación del impuesto a las ganancias se llevó a cabo durante su
gestión como ministro. Por un lado, gravaba con el 35 por ciento los dividendos
y las utilidades de las sociedades, pero además gravaba con un 10 por ciento al
socio que las recibía, que tenía que declararlas. Es decir, gravaba dos veces
el mismo dividendo, sumando un 45 por ciento, cifra muy alta que explica en
parte también esta enorme presión tributaria que tenemos.
Escuchamos
las opiniones con todo respeto, pero no me parece correcto que ahora nos vengan
a aconsejar cómo hacer un blanqueo después de haber fracasado nueve veces
consecutivas. Ellos tuvieron que prorrogar su blanqueo nueve veces, y las nueve
veces fracasaron, como fracasó el anterior y los anteriores de otros gobiernos.
Entonces,
como diría una distinguida diputada de nuestro bloque: “Ustedes han fracasado
con todo éxito. No nos aconsejen. Ya han fracasado”. Déjennos probar ahora
nuestra propia receta, que es distinta, pero no están de acuerdo. Esta receta
no va a fracasar, como sí lo hicieron los anteriores blanqueos.
Diría que
hasta notamos un dejo de envidia en relación con este proyecto de ley. No
tengan tanta envidia; tengan confianza. Acompáñennos a votar esta iniciativa y
el día de mañana podrán decir con orgullo, como lo vamos a decir nosotros, que
también fueron parte de la aprobación de este proyecto de ley. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien comparte el tiempo con
el diputado Brügge.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: en primer lugar quiero decir que me parece importante que
estemos discutiendo este tema en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso
y Maltrato en la Vejez. Hoy precisamente las Naciones Unidas conmemoran esta
fecha. Por lo tanto, estar tratando un proyecto que apunta a mejorar la
situación de nuestros abuelos me parece un dato no menor, ya que es una buena
forma de tomar conciencia del abuso y el maltrato en la vejez.
Pese a esto
que estoy diciendo, y teniendo en cuenta el fuerte compromiso que siempre hemos
tenido desde el Frente Renovador –con Sergio y con Mirta Tundis, que ha
defendido a los jubilados durante toda su trayectoria profesional-, claramente
vamos a estar apoyando esta parte del proyecto.
Pero no voy a
estar exultante como el diputado Pastori, porque también estamos votando otras
cosas con las que nadie puede estar contento desde el punto de vista moral. Es
decir, nadie puede estar contento con un blanqueo de capitales o una moratoria.
La Argentina
viene de muchos años de blanqueos y moratorias. Siempre parece ser la última,
pero nunca lo es. Creo que de una vez por todas tenemos que avanzar. Si se
aprueba este proyecto, esperemos que realmente sea la última vez y no sigamos
con este tipo de prácticas, porque no creo que sean las más convenientes.
Hay que
premiar a los que pagan sus impuestos todos los días y se esfuerzan
diariamente, y no buscar estos mecanismos, que pueden ser necesarios en algún
momento pero que hay que cortarlos de una vez por todas. Por eso, no voy a
permitirme estar tan exultante como el diputado preopinante en relación con el
alcance de este proyecto.
En cuanto a
los jubilados, creo que se hicieron muchas incorporaciones respecto del
proyecto original que vino del Poder Ejecutivo. Esto voy a resaltarlo porque
fue muy arduo el trabajo realizado en comisión junto a los distintos diputados.
Debo admitir
la voluntad de discusión que ha mostrado el oficialismo para incorporar
cambios, más allá de que seguramente todavía tengamos diferencias en cuanto a
esta iniciativa, que vamos a seguir debatiendo durante la sesión. Pero es
importante que se recobre el diálogo, la discusión y la búsqueda de consensos,
que se trabaje en primer lugar sobre las cosas en que podemos ponernos de
acuerdo y luego se discutan –si se quiere, un poco más en profundidad‑
aquellas cuestiones en las que no llegamos a tener una misma postura.
Respecto del
proyecto original, hemos incorporado varias modificaciones. Se trabajó con los
diputados Alicia Ciciliani, Diego Bossio, Luciano Laspina, Nicolás Massot y
tantos otros. Axel Kicillof también
estuvo colaborando mucho en la redacción de esta iniciativa.
Básicamente
el primer cuestionamiento que se hacía era que esto no fuera una excusa para
aquellos jubilados que después de muchos años de litigiosidad con el Estado,
tuvieran una demora para cobrar sus sentencias firmes.
Para ello se
generaron cambios, se pusieron artículos específicos a través de los cuales se
generaba una protección o, si se quiere, una aclaración adicional de que para
los jubilados que tuvieran sentencia firme este proyecto no significaba una
demora en el cobro de sus sentencias. Supongo que va a haber muy pocos casos,
pero pueden existir algunos que opten por entrar en estas opciones que se están
proponiendo en el proyecto.
Se
incorporaron cambios en cuanto a los costos de los abogados, porque todo esto
genera mucho trámite en homologaciones. Debíamos ser muy firmes en que el
jubilado no tuviese que afrontar ningún costo de honorarios. Más allá del costo
de homologación, que lo puede pagar la ANSES, debía quedar muy claro en la
norma que no iba a venir ningún abogado vivo que después quisiera cobrar un
plus. Por eso las modificaciones han ido en ese sentido.
Se han
incorporado las cajas nos transferidas, tema al que se referirá más en detalle
el diputado Brügge.
Se
introdujeron reformas para lograr mayor agilidad o mayor certeza en cuanto a
cómo será la prelación con que los jubilados cobrarán.
Asimismo, se
incorporó un tema no menor. Todos los bloques opositores hemos dejado claro que
no coincidimos en la emergencia que se estaba dictando al principio. Por eso
vemos con buenos ojos los cambios que se han podido incorporar, y la forma en
que ha quedado acotado el concepto de emergencia de litigiosidad.
Vemos con
buenos ojos que se avance en un mecanismo que a todos los adultos mayores
permita acceder a una pensión o contribución por parte del Estado, hayan hecho
o no aportes. Esto va en la misma línea que la Asignación Universal por Hijo.
Cuando
analizamos la pensión, encontramos algunos puntos contradictorios
filosóficamente. Se debería tender a la regularización de los trabajadores para
que hagan sus aportes y accedan a una jubilación. En cierta forma, esta medida
podría desincentivar que los empleados estén registrados o en blanco. Creo que
no hay que perder de vista el objetivo central, que debe ser cómo hacemos para
que todos los trabajadores que hoy están en el mercado informal se puedan
incorporar formalmente al trabajo. En primer lugar, porque es lo que le
corresponde al trabajador. Es justicia que el trabajador tenga sus
contribuciones y haga uso de sus derechos, que están resguardados cuando uno se
incorpora al mercado formal. El segundo motivo es la cuestión de la
sustentabilidad del sistema previsional. Si no avanzamos fuertemente en la
incorporación de todos estos trabajadores a la formalidad, los sistemas
previsionales van a crujir, acá y en todo el mundo. Por lo tanto, es necesario
hacer un avance muy fuerte para lograr esta formalización.
En el
proyecto original se establecía que esta pensión sería a partir de los 65 años,
tanto para hombres como para mujeres. Así, entendíamos que la mujer entre 60 y
65 años quedaba desprotegida y era necesario generar un mecanismo que
justamente no provocara esta desprotección. Por eso se logró la prórroga de la
moratoria para el caso de las mujeres. Me hubiera gustado hacer una prórroga
más amplia e, incluso, también para los hombres, pero entendemos el esfuerzo
que se está haciendo.
Consideramos que
este es un gobierno que envía un proyecto de ley a los seis meses de asumir el
poder, haciendo un esfuerzo fiscal que claramente es importante; pero esto no
tiene que ser entendido solo como un esfuerzo fiscal, sino que también debe
hacerse por una cuestión de justicia, para cumplir una deuda que teníamos con
nuestros jubilados.
Debemos
entender también que esto abarca solo a un tercio de los jubilados. El resto de
los jubilados que hoy está cobrando la mínima no se verá beneficiado por esta
norma, aunque creo que son los que más han sufrido el impacto inflacionario. Si
bien se ha avanzado en alguna norma como la reducción del IVA, creo que ese
beneficio es escaso. Debemos
hacer un esfuerzo aún mayor para beneficiar a quienes cobran la mínima. Lo
hemos manifestado, no ha quedado incorporado en el proyecto, pero seguiremos
planteando la necesidad de un plus para los jubilados que cobran la mínima.
Desde ya, no
creo que esto sea la solución mágica ni la reparación histórica, pero creo que
es un buen paso inicial en la línea correcta. Todavía hay mucho por trabajar.
Realmente vamos a poder estar contentos cuando podamos garantizar a nuestros
adultos una vejez digna, en la que no tengan que pasar por todas las
vicisitudes que tienen que atravesar hoy.
Esto no es un
problema del gobierno actual ni tampoco del anterior. Es un problema que la
Argentina viene arrastrando desde hace tiempo y de una vez por todas tenemos
que encararlo. Reitero que creo que este es un primer paso que va en la línea
correcta, pero no agota la discusión.
En cuanto al
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, debemos entender que su clave es que
brinda sustentabilidad -valga la redundancia- al sistema. Si uno pone en riesgo
al fondo, estará poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional.
Por eso la discusión se centró mucho en cómo hacíamos para proteger al fondo.
Se habló de
la venta o no de las acciones, que creo que es un tema importante, pero hubo
muchas otras cuestiones que se pudieron incorporar en el dictamen, con discusiones
posteriores, justamente para resguardar la sustentabilidad del fondo. Una de
ellas, que trabajamos mucho con el diputado Bossio, fue que todo lo que se
genere como esfuerzo fiscal adicional de este programa sea pagado con el
producido del FGS y no con el mismo fondo. De esta forma, se da un resguardo de
que no se liquidará todo el fondo.
En cuanto a
las acciones, se generó mucha tensión por un dato fundamental. Desde marzo de
2008 a la actualidad, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció un 633 por
ciento. Las acciones generaron un incremento de 1090 por ciento; el resto de
los activos, solo 593 por ciento. Por lo tanto, hay un motivo de rentabilidad
por el cual se quiere proteger el tema de las acciones. Más allá de cualquier
discusión filosófica o ideológica que podamos tener, el dato concreto es la
rentabilidad que han tenido estas acciones.
Por ello se
incorporaron mínimos que tienen que tener el fondo en término de acciones.
También se establecieron restricciones en términos de cómo y en qué
circunstancias se puede hacer la venta de esas acciones.
Voy a tratar
de avanzar rápidamente, así dejo tiempo a mi compañero.
La iniciativa
habla de un blanqueo y una moratoria. Como decía al principio, claramente desde
el punto de vista moral nadie puede estar de acuerdo con esto. Podemos admitir
que en ciertas circunstancias –tal como sucedió con los holdouts‑, hace falta dar una respuesta y llegar a una
solución. Recalco que realmente espero que esta sea la última vez que estemos
votando una moratoria o blanqueo de capitales de este tipo.
Más allá de
las exclusiones que uno defina, lo más importante en un blanqueo de capitales
es la definición de los parámetros a través de los cuales revisa si los fondos
que ingresarían tienen origen en el narcotráfico, en el delito o en la
corrupción. Eso es lo que uno tiene que lograr, restringir al máximo y no
permitir que esos capitales se blanqueen. Allí lo más importante son los
parámetros. Me habría gustado que se incorporen en el proyecto, no ha habido tiempo
de hacerlo, pero seguramente la UIF va a avanzar en la reglamentación y estén
seguros de que nosotros vamos a estar mirando con mucha atención cuáles son
estos parámetros, justamente para evitar que este tipo de capitales puedan ser
blanqueados, exonerando delitos de estas características.
La diputada
Camaño, mi compañera de bancada, me avisa que no tengo tiempo, con lo cual
termino diciendo que hay, a su vez, que poner un esfuerzo muy grande en que
estos blanqueos o ingresos de capitales vayan al sistema productivo. No tenemos
que quedarnos en la mentira de que este blanqueo va a ser la respuesta a todos
los problemas económicos de la Argentina. Si caemos en esa tentación, vamos a
cometer el mismo error que se cometió cuando se trató el tema de los holdouts.
Este proyecto
no es la panacea y la Argentina todavía tiene que trabajar mucho para recuperar
su economía y ponerse en movimiento. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr. Brügge.- Señor
presidente: siguiendo con la línea argumental y de razonamiento del diputado
preopinante y compañero de bancada sobre la cuestión referente al sinceramiento
y exteriorización de capitales de fondos no declarados oportunamente por
quienes se consideran evasores tributarios, quiero resaltar que la República
Argentina integra el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, grupo
internacional que estableció las cuarenta recomendaciones en materia de
prevención de lavado de activos provenientes del narcotráfico y el terrorismo,
y por supuesto, contamos con legislación nacional en la materia. Así, la ley
25.246 y su modificatoria 26.683, regula en lo atinente a la prevención del
lavado de activos proveniente del narcotráfico y del terrorismo o de cualquier
delito precedente, y que a los fines de la presente ley en tratamiento es de
aplicación y debe funcionar con sus mecanismos intactos.
Por lo tanto,
todos los sujetos obligados que surgen de la ley respectiva deben cumplir con
sus obligaciones a los fines de determinar la legalidad de los orígenes de
fondos, porque si no, estaríamos, como señaló recién el diputado Lavagna, dando
una carta blanca a aquellos que no solo fueron evasores, sino que obtuvieron
esos fondos, que hoy tienen ocultos, provenientes de actividades ilegales.
Entonces,
recae en todo el sistema de control financiero y no financiero de la República
Argentina la obligación de llevar adelante ese tipo de verificación y, por
supuesto, la UIF –Unidad Informativa Financiera‑ es la encargada de dar
las directivas a los fines de facilitar que si un banco debe hacer un reporte
por ser una operación sospechosa tenga todas las posibilidades de hacerlo y que
no haya ningún tipo de traba ni interpretación legal diferente al respecto.
En función de
ello, luego de realizado ese agregado, como dije recién, que seguía en la misma
línea argumental del diputado compañero de bancada, quiero hacer alusión,
ahora, a dos títulos del proyecto que estamos tratando. Me refiero a los títulos IV y V, que están
relacionados con la ratificación de los acuerdos entre Nación, provincia y el
sistema previsional provincial. Me
refiero, en primer lugar, al título IV y al acuerdo suscrito entre el gobierno
nacional y las provincias, específicamente el 23 de mayo de 2016, y al suscrito
entre la Nación y la provincia de Santiago del Estero, con fecha 26 de mayo de
2016.
Por otro
lado, el Título V hace mención a la armonización del sistema previsional
provincial con el régimen nacional, y el financiamiento del déficit del primero
por parte de la Nación, aspecto este que no estaba en el proyecto originario y
que fue fruto de propuestas que hicimos desde nuestra bancada y que acompañaron
otras, defendiendo los intereses de las provincias que no han transferido sus
cajas de jubilados y pensiones a la Nación.
En especial,
con la ratificación de los acuerdos, efectivamente estamos caminando hacia otro
tipo de federalismo: el de concertación, que es reclamado por las provincias
desde hace años. Debo decir que seguimos en deuda con las cláusulas de la
Constitución Nacional, ya que desde el año 1996, fecha límite puesta por la
Carta Magna, no tenemos acuerdo, no se ha podido arribar a una ley convenio de
coparticipación federal. Entendemos que debemos extremar todos los acuerdos políticos
y las negociaciones, y prescindir de todo lo que sea necesario, para que se
pueda ceder entre las partes a fin de que, de una vez por todas, tengamos
definitivamente una ley convenio de coparticipación federal.
Entendemos
que el inciso 2° del artículo 75 de la Constitución Nacional no fue hecho para
dioses, aunque en la práctica parece que así fuera, porque en la Argentina no
nos podemos poner de acuerdo entre la Nación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para suscribir un convenio permanente. Tuvimos que
recurrir a verdaderos parches a través de pactos federales que se han venido
firmando desde hace varias décadas. En ese sentido, este es un parche más, pero
positivo.
Debemos
señalar que todos los acuerdos que se suscribieron desde el año 1992, por
distintas circunstancias se cumplieron en forma parcial y, por lo tanto, ello
afectó directamente a las provincias y concentró fondos en la Nación.
En ese
aspecto, ¿cuál fue el avance en los acuerdos suscritos, que por la presente ley
se ratifican? En primer lugar, la devolución del 15 por ciento –o puntos‑
retenido por la Nación de la coparticipación que correspondía a las provincias,
por lo cual, algunas provincias como la que represento, tuvieron que iniciar
juicios a la Nación por ante la Corte Suprema de Justicia.
Por ello,
para las provincias que no iniciaron acciones se establece la progresividad de
esa devolución, como la posibilidad concreta de que esos puntos que se estaban
descontando en el año 2020 se dejen de descontar definitivamente y que, por lo
tanto, esos recursos que son originarios de las provincias se puedan invertir
conforme ellas decidan, así como también el acceso a la financiación de
infraestructura.
Quiero
referirme, ahora, a otro aspecto, que está contemplado en el título siguiente,
sobre la armonización del sistema previsional provincial y el financiamiento de
su déficit. El dictamen incorpora el artículo 25 bis y le solicito a la
Presidencia que luego aclare esta cuestión por medio de los miembros de la
comisión, porque me parece que un proyecto no puede aprobarse con la
enumeración propuesta, ya que los artículos “bis” se utilizan para normas
existentes, y este es un proyecto nuevo.
En este
título se incluye la posibilidad de un principio de solución de una cuestión
que se viene reclamando incluso en sede judicial desde hace tiempo, que tiene
que ver con el déficit de las cajas previsionales que no han transferido sus
sistemas al orden nacional, que la mantienen y que han sido soportados con los
impuestos y recursos propios de cada una de esas provincias. Como bien se
señaló acá, son trece las provincias que han mantenido las cajas de jubilados y
pensionados en sus respectivas órbitas locales.
Por eso, se
pretende retomar la relación entre la Nación y las provincias involucradas, que
también se enmarca en el federalismo de concertación, que es una deuda
pendiente de la Nación y de la ANSES. La Corte Suprema de Justicia tiene que
resolver acciones iniciadas por las provincias, entre ellas, la presentada por
Córdoba. El proyecto establece un plazo de ciento veinte días para la entrada
en vigencia de la presente ley, dentro de los cuales la ANSES, con todas las
cajas previsionales de jubilados que no fueron transferidas, tiene que ponerse
de acuerdo sobre cuál es el déficit concreto que tiene en la actualidad a los
fines de determinar el importe que deberá remitir a cada una de las cajas para
armonizar y dar un esquema de equilibrio entre los jubilados provinciales y los
nacionales. Ello, en base a auditorías que se llevaron a cabo a tal fin.
Es cierto que
hay muchas cajas que no han hecho los deberes. ¿Cuáles son esos deberes?
Establecer un grado de armonización con el sistema nacional, pero también es
cierto que han hecho mucho esfuerzo, que tienen un déficit contable y
financiero que han tenido que soportarlo con fondos propios.
También es
cierto que el sistema propuesto no va a garantizar, necesariamente, que todas
las provincias tengan el mismo nivel de jubilaciones, puesto que las que
quieran otorgar y pagar un mejor nivel de haber jubilatorio podrán hacerlo
mediante el aporte de fondos propios. Entonces, la armonización persigue el
establecimiento de un mínimo garantizado para todos, es decir, una base que
fije un sistema equitativo entre todos los jubilados nacionales y provinciales
de la República Argentina. De ahí en más, si cada provincia quiere dar a sus
jubilados un trato diferenciado mejor, lo podrá hacer, pero como señalamos, con
recursos del Tesoro provincial.
Además, con
la norma propuesta, se pretende asegurar que antes del día 20 de cada mes, una
vez determinado cuál es el importe que la Nación tiene que remitir a cada una
de las provincias, ellas puedan contar con la previsibilidad de poder liquidar
como corresponde el haber jubilatorio. Entiendo que este es un compromiso
incumplido por la Nación, que surge del denominado “Compromiso Fiscal” del año
1999. Existe una deuda interna de la Nación para con las provincias, en este
punto.
Por último,
las ventajas de este sistema son las siguientes: dotar de un mecanismo
previsional seguro y previsible, lograr equilibrio fiscal y previsibilidad en
la financiación del sistema previsional, establecer un estándar igualitario
básico y equitativo del haber jubilatorio, es decir, igualdad de oportunidades,
aspecto exigido por la Constitución Nacional, aplicable a todos los jubilados
de la República Argentina, sea nacionales o provinciales..
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Bossio.-
Señor presidente: lo que hoy estamos tratando, por un lado, genera sensibilidad
a nuestros jubilados y, por el otro, produce mucha controversia.
Voy a hacer
una breve mención al blanqueo, porque siento que nuestro bloque tiene mucho
para aportar en materia previsional. La historia de los blanqueos en la
Argentina es larga y arranca en el año 1956. El primer blanqueo que se hizo
durante un gobierno constitucional fue realizado por Alfonsín y la discusión
era ética y moral. El radicalismo yrigoyenista tenía una postura moral y ética
acerca del blanqueo que fue histórica. En su lugar estaba sentado un coterráneo
mío, Pugliese, que como muchos, quizás, se tuvo que comer el sapo de una gran
cantidad de años de una postura moral muy firme frente a la necesidad de un
gobierno de recaudar y encontrar la manera de hacerse de fondos para afrontar
coyunturas o circunstancias difíciles.
A partir de
ahí hubo un montón de blanqueos. Ni unos ni otros estamos en condiciones de
pasarnos factura de quién hizo el mejor o el peor blanqueo. Hemos fracasado en
tener una política y una cultura tributaria. Hemos fracasado en armar una
estructura macroeconómica que permita que estas cosas no formen parte de una
cultura permanente del Estado de blanqueos y moratorias. Hemos fracasado
permanentemente y chicaneándonos.
Como recién
expresaba un diputado del radicalismo: “Lo extendieron nueve veces”. La verdad
es que sí. Hemos fracasado desde 1987 o desde 1956, unos y otros. Si uno se
pone a ver las versiones taquigráficas de los propios funcionarios del
gobierno, tendríamos que preguntarles dónde dejaron la moral, dónde dejaron los
aspectos éticos. Hay muchos diputados que hoy no están presentes en este
recinto que también hicieron de cada uno de esos planteos cuestiones morales y
éticas.
No vengo a
hacer cuestiones morales ni éticas. Vengo a pedir que ni unos ni otros nos
acusemos ni chicaneemos. Como dijo el diputado Marco Lavagna, empecemos a
resolver estos problemas definitivamente, no para generar nuevos blanqueos,
sino para ir a buscar a quienes debemos: aquellos que tienen una cultura
permanente de evasión, elusión y no pago al fisco. Es decir, a todos, al
conjunto del Estado argentino.
Recién un
diputado dijo que luego de doce años no nos sugieran nada. Permítannos decirles
que estamos en el Parlamento, donde no hay que estar oponiéndose a todo, como
dicen algunos. Tenemos mucho para sugerir y para enriquecernos. Así lo hemos
hecho junto al diputado Laspina y a otros señores diputados. La soberbia no es
buena consejera. El Parlamento funciona cuando somos capaces de interpretar los
procesos, las diferencias políticas y de poner límites ‑ en nuestro caso‑ desde la oposición.
La primera
pregunta que me hago es qué tenemos que proteger, no nosotros, el peronismo
como expresión política, sino los argentinos. Tenemos mucho que proteger: el
sistema de seguridad social con el nivel de protección más importante de
América latina; el sistema público y de reparto –aclaro que no estoy diciendo
algo que se considere normal, ya que antes, en algún momento, fue privado-; y
el hecho de que el 98 por ciento de los argentinos mayores están jubilados, lo
que es un orgullo para nosotros y para los pequeños pueblos.
El 60 por
ciento de los mayores del Norte argentino está jubilado como producto de una
moratoria; eso es distribución del ingreso y dignidad.
No me gustan
las moratorias. Por supuesto que nos encantaría vivir en un país, como escuché
decir, de jubilaciones y sueldos daneses. Estamos muy lejos de eso. Quisiéramos
un país normal en todo sentido. Sin embargo, lo cierto es que no lo tenemos.
Igualmente, sí debemos proteger el sistema de seguridad social universal. Esa
debe ser una política de Estado.
Queremos
proteger la ley de movilidad jubilatoria, que ha funcionado con mejores
resultados que otros elementos y que tiene que ser parte de nuestra estructura
y política de Estado. Por lo tanto, sugerimos que se protejan esas normas.
Asimismo
queremos proteger un fondo de garantía que no es lo mismo que un fondo de
pensión. Escuché con todo respeto al vicejefe de Gabinete, Quintana; él no
administra un fondo de pensión. La ley es clara, hay que leerla. Los fondos de
pensión están para acumular recursos y después poder pagar jubilaciones; en
cambio, los fondos de garantía, como bien dijo el diputado Heller, sirven si en
algún momento enfrentamos una crisis o una dificultad.
Durante casi
siete años ocupé el cargo de director ejecutivo de la ANSES ‑al igual que
lo hizo otro colega durante casi seis años‑ y tengo certeza de que así
funcionan los fondos de garantía.
Corrieron
ríos de tinta escribiendo sobre la plata de los jubilados y ahora nada. Nunca
más leí una editorial en ese sentido. No es la plata de los jubilados; son los
recursos del sistema de seguridad social argentino que sostienen a los actuales
y futuros jubilados.
Tampoco
haremos juicios acerca de que se malgastaba o de que no nos ateníamos a
derecho. Me parece que es importante que se entienda que es un ejercicio casi
de educación cívica. Una cosa es un fallo y otra cosa, una ley. Esto tuve que
aclarárselo a un funcionario. Los fallos en la Argentina son de carácter
particular. Las leyes rigen para el conjunto de los argentinos, porque si no la
Justicia legislaría y nosotros estaríamos efectivamente en un esquema
constitucional distinto. No pudimos cumplir un fallo y generalizarlo. Nos
hubiese encantado pagarles mucho más a los jubilados de lo que realmente les
está abonando el actual gobierno y los anteriores. Son etapas. Por eso desde el
Bloque Justicialista intentamos ir reparando situaciones vividas durante muchos
años. La señora diputada Tundis conoce bien los fallos del período 1991 a 1994
y los que hacen referencia al límite del año 2006. Elliff, abogado previsional
a quien se le hizo un pequeño homenaje, no solo tuvo éxito con su fallo, sino
que además invitaba a que otros jubilados lo imitaran. También este es un
negocio previsional detrás de toda esta historia de los juicios y de hacérselos
siempre al Estado.
Celebramos el
hecho de ir encontrando soluciones porque creemos que es una nueva etapa en
donde el sistema puede avanzar.
Con distintos
tonos y distintos énfasis, todos los gobiernos hablan de herencia. Es cierto
que había un pasivo con muchos jubilados, pero también es cierto que había un
activo con 750.000 millones de pesos administrados de manera transparente, con
una comisión bicameral formada, y aprovecho para pedirle al señor presidente
que la efectivice.
En más de
veintiséis oportunidades me he cruzado con muchos diputados y debatimos cómo
podríamos invertir cada peso de ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Muchas veces esos mismos diputados sugirieron iniciativas como una tarjeta para
los jubilados para reducir los intereses usureros que les cobraban las
mutuales.
Es bueno y
fructuoso que el Parlamento funcione. Además es interesante para la vida
democrática y de las políticas públicas.
Tenemos mucho
a proteger, pero tenemos riesgos. Ayer acordamos modificaciones que vamos a
sugerir con énfasis en materia de emergencia previsional. No estamos en
emergencia. La emergencia previsional la declaró Alfonsín en 1987, cuando dijo que no se pagaban más las
sentencias y que se aumentaban los aportes y las contribuciones. Estamos en una
situación crítica frente al fallo Zappa de la Corte. El sistema estaba fundido.
El presidente Alfonsín declaró la emergencia. Aquí un diputado me dice que no,
pero ahora le voy a dar el número de decreto.
El sistema
previsional estaba muchísimo más fundido. Ahora bien, el presidente Alfonsín
declaró la emergencia a conciencia. Tenía que hacerlo poniendo límites y
reestructurando el sistema. Ningún párrafo del proyecto de ley enviado por el
Poder Ejecutivo justifica la emergencia. Preguntamos a los funcionarios del
Poder Ejecutivo qué la justifica. No encontraron ningún elemento; solamente la
necesidad de que la Justicia pueda homologar determinadas cuestiones que en
sede administrativa no puedan lograrse. Esa homologación tiene detrás otro
problema, que es la propia Constitución. En materia previsional todas las
cuestiones son irrenunciables e imprescriptibles. Consecuentemente, aparece en
la propia génesis del proyecto las dificultades que nosotros teníamos y que
manifestábamos a los jueces de la Corte y a los camaristas.
Por eso creo
que decididamente tenemos que excluir la emergencia o acotarla a su mínima
expresión, porque las emergencias –esto no lo digo yo, lo dicen la Corte, la
Procuración, la jurisprudencia- siempre existieron para cercenar y acotar
derechos, y para una situación del Estado de coartar privilegios o imponer
situaciones excepcionales. Aquí hay que
cumplir con los fallos, con las sentencias y con una norma que el Congreso de
la Nación va a votar a iniciativa del Poder Ejecutivo. Por eso debemos acotar
la emergencia o sacarla de la iniciativa.
El segundo
punto central no solamente tiene que ver con la emergencia, sino con los
índices. En materia de litigiosidad nosotros terminamos un litigio con la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que había iniciado el CELS en el año 1995;
apelábamos lo que teníamos que apelar y no apelábamos lo que no teníamos que
apelar. Yo escuché a un diputado
–lástima que no está presente en este momento- decir que apelábamos porque sí.
Yo quiero decirle al resto de los diputados que es una obligación de cualquier funcionario
público ‑por ley, por el decreto de la Procuración del Tesoro de la
Nación, que creo que es el 411/80, por los dictámenes del Tesoro‑ apelar
y presentar recursos frente a una situación contraria al Estado.
Solo el
Congreso de la Nación o un decreto presidencial, en el término de las
facultades de la emergencia y las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo,
puede tomar la decisión de dejar de apelar una situación. Es el propio Congreso
el que tiene que decir “esto se apela” o “esto no se apela” y no es para las
instancias ordinarias, sino para todas.
Nosotros
hemos pagado sentencias como nunca. Pasamos de pagar 1.000 o 1.200 sentencias
por mes al récord de más de 5.600. Hoy
se pagan 5.000 sentencias por mes, porque hemos puesto sistemas y recursos para
cumplir con esos fallos. La Auditoría
General de la Nación dice que prevemos la cantidad de recursos justamente para
que el sistema no colapse.
Estamos
resolviendo una situación a medias. Lo dijeron todos los especialistas. Elliff,
al que mencionó el miembro informante Laspina, es un índice distinto del que
propone el Poder Ejecutivo. Si hay
diferencias en el índice, pregunto a esta Cámara si creen que no va a haber
juicios, que no va a habar litigiosidad, cuando el índice claramente perjudica
al jubilado. Estoy de acuerdo en que se
acoten los retroactivos en el caso en que tomemos una decisión de votar esta
norma y le paguemos a los jubilados de manera adelantada.
Esa fue una
idea de Zaffaroni en una reunión que tuvimos con la Corte Suprema de Justicia
de la Nación hace cuatro años para aclarar los retroactivos y resolver las
cuestiones del flujo de los jubilados.
En eso estoy de acuerdo y creo que la gran mayoría de los bloques lo estará, pero no estoy de acuerdo en que
indexemos mal las jubilaciones y que creamos ilusamente que no va a haber
juicios. Mi humilde experiencia indica
que vamos a tener más juicios previsionales. Los abogados previsionales
vinieron y nos lo dijeron. Son ellos los
que le hacen juicio al Estado. Pasaron por la comisión abogados previsionales,
que trabajan para hacerle juicio al Estado, y nos dijeron clarito que si no
modificamos el índice van a interponer recursos ante la Justicia.
Hay una
diferencia notable –lo dijo el diputado Pitrola-, se aumenta el 50 por ciento o
se aumenta el 17 por ciento. Creemos que tienen que aceptarse las sentencias
firmes, que tienen que ser cumplidas, porque es cosa juzgada. Hay 12.437
millones de pesos asignados por el Ministerio de Economía a la ANSES para
cumplir sentencias. Si hay 60.000 sentencias, en doce meses se tendría que
cumplir con la totalidad de las sentencias. En ese sentido, entendemos que hay
que avanzar.
Creemos que
los abogados no tienen que ser parte de esta historia. Lo digo claramente
porque yo luché mucho contra los gestores. La Asociación de Abogados
Previsionales me declaró persona no grata, porque justamente hicimos una fuerte
política para que los abogados no intervengan en el proceso de la ANSES. Los
jubilados no entienden cómo es el proceso. Cuánto más difícil hacemos las
normas y los procedimientos, más difícil hacemos el acceso al Estado. Hay que
ser sencillos y claros. Si lo vamos a resolver de manera administrativa a
través de un índice, ¿por qué ponemos a los abogados en el medio? Seamos claros
y contundentes, que sea gratis y regulemos la cuota litis; hagamos docencia a
los jubilados para que los abogados les cobren lo que realmente corresponde.
Creemos en la
moratoria. Para nosotros la moratoria es
una política de Estado y permite seguir sosteniendo la seguridad social. Con Sergio Massa, con Marco Lavagna y con los
compañeros de nuestro bloque pudimos incluir la posibilidad de que la moratoria
se extienda a las mujeres. Creemos que
hay que extenderla también a los varones.
Entendemos que es injusto, sobre todo para aquellos que trabajaron
quince o veinte años haciendo aportes.
Queremos que tengan la posibilidad de la moratoria y que no
necesariamente se jubilen con la mínima.
Extender la
moratoria es reconocer un período de la historia argentina entre los años 90 y
2003, en el que la tasa de desempleo fue superior al 12, 13 o 14 por ciento. El
diputado Kicillof puede hablar mucho al respecto. Así como reconocemos que en
la Argentina hay una Argentina dual y una situación macroeconómica compleja que
genera desvíos de recursos en negro, también debemos reconocer que hubo un
período en la Argentina de altas tasas de desempleo y, ante esa situación, el
Estado debe tener la sensibilidad suficiente de darle la oportunidad a un
hombre de 65 años para que se jubile.
Estoy de
acuerdo con la pensión no contributiva, pero fundamentalmente con la filosofía
de la moratoria. Yo sé que el presidente Macri no comparte la moratoria y que
dice: “¿cómo vamos a jubilar a gente sin aportes?”. Hay un error de concepto ahí. Todos aportamos al sistema de seguridad
social, porque se financia con aportes, con contribuciones y con impuestos. En
ningún almacén o en supermercado a uno le preguntan si aporta o no aporta, si
está en blanco o si está en negro. De lo
que figura de IVA en el ticket una parte va a la ANSES.
Creemos que
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se debe seguir protegiendo. No vemos
conveniente que se invierta en el exterior. ¿Cuál es la rentabilidad de un bono
en el exterior? Es negativa, y aquí nosotros colocamos a tasas del 6, 7 u 8 por
ciento en dólares. ¿Vamos a invertir al 1 por ciento? ¿Por qué el capricho de
vender las acciones? ¿Cuál es el criterio para vender el mejor activo que
tenemos en el fondo de garantía? Creció
un 20 por ciento anual en dólares. Lo
estudiamos en nuestro bloque. Nosotros
creemos que en ese sentido hay que poner un límite. Yo les aconsejo a las autoridades de la ANSES
que no las vendan. Yo no vendí ninguna acción.
¿A quién venderlas? ¿A qué
precio? No son paquetes accionarios muy
grandes, pueden cambiar el control accionario de una compañía. Es asimilable a una privatización.
El Fondo de
Garantía de Sustentabilidad no es una mesa de dinero como para andar timbeando
o haciendo operaciones de especulación financiera de manera permanente. Nosotros
fuimos muy prudentes en cada decisión de inversión.
Incorporamos
cosas para las provincias; deudas históricas.
En el año 1992 esta Cámara debatió con profundidad el pacto de ese año.
Se modificó en 1997 a instancias de los gobernadores De la Sota, Néstor
Kirchner y Marín, porque eran cajas no transferidas, y terminó en el año
2000. Fue un pacto que tuvo dificultades
de todo tipo. Por Corrientes lo firmó
una interventora.
En el año
2000 firmaron las armonizaciones. Nunca se cumplieron. Está bien que las cajas provinciales no
cumplan con las armonizaciones. Son
decisiones de cada provincia. Si una
provincia, por Constitución o por ley, quiere pagar el 82 por ciento, el 85 o
el 75 por ciento el Congreso no debe opinar.
Difiero del diputado preopinante,
porque lo que se incorporó no es una exigencia de armonización a las
provincias, sino la financiación del déficit en el caso de que la provincia
hubiese transferido la caja. Desde esta
Cámara, desde el Congreso y desde el Poder Ejecutivo no se le exige a las
provincias hacer nada con su decisión.
Hay muchas provincias que son insostenibles.
La
sustentabilidad del sistema de seguridad social no se va a poner en riesgo con
esta decisión. No les mientan a los
jubilados ni al conjunto de los argentinos.
Veo en algunas bancas un cartel que hace referencia al cambio de la edad
jubilatoria. Esto no se está discutiendo hoy en el Congreso.
Hemos
estudiado la sustentabilidad del sistema de seguridad social, y esta se
resuelve reduciendo los niveles de informalidad laboral. La única manera de
hacer sustentable un sistema de seguridad social en la Argentina es reducir 30
o 32 puntos la informalidad laboral a valores del 15 o 18 por ciento. Además,
haciendo que quienes aportan lo hagan sobre la plenitud de sus ingresos.
Hay un
decreto que está vigente, el 814/2001, que fija distintas alícuotas a
diferentes zonas del país. ¿Se acuerdan de los planes de competitividad de
Cavallo? Siguen vigentes.
Hicimos una
propuesta con Echegaray hace muchos años para modificar ese proyecto, la que no
fue escuchada por las entonces autoridades del Ministerio de Economía. Desde
1993 se vienen reduciendo los aportes y las contribuciones. En el año 2001 se
redujeron. El decreto que he mencionado es el que genera la deuda que tienen
las provincias en materia previsional, porque aportan el 10,17 por ciento
cuando deberían aportar el 16 por ciento. Nosotros desde el bloque
Justicialista, por iniciativa de los diputados de Salta y de otras provincias,
incorporamos la posibilidad de que esa deuda se pague en noventa meses.
Ya concluyo,
señor presidente. Sé que finalizaron los minutos de que dispongo para hacer uso
de la palabra.
Tenemos la
obligación de proteger lo que hemos construido; no podemos pensar en una
Argentina pendular. No queremos discutir dentro de tres años un nuevo sistema
jubilatorio con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad destruido, con un
déficit inmanejable y con las aspiraciones de que se convierta en un esquema de
aportes voluntarios y no voluntarios. No queremos que el sistema sea privado;
decididamente queremos que sea público.
Queremos
fundamentalmente discutir no la materia previsional, es decir, si son diez o
veinte años los que se toman para el cálculo de aportes, o lo referido a la
edad. La Argentina tiene un bono demográfico hasta el año 2040. Entonces, lo
que tenemos que discutir son los aspectos fiscales y aquellos decretos que
permiten que no haya plenitud en los aportes y contribuciones.
Lo que
debemos discutir es cómo logramos que el 40 por ciento de los compatriotas que
hoy trabajan y están fuera del sistema de seguridad social hagan sustentable al
sistema. Desde el peronismo, me atrevo a decir, vamos a acompañar cualquier ley
que mejore la situación de los jubilados. Del mismo modo, vamos a acompañar
cualquier proyecto que tome como referencia una mejora de las situaciones
fiscales entre las provincias y la Nación.
Hubo guerras
en la Argentina entre unitarios y federales por la repartija de impuestos
aduaneros. La primera vez que se coparticipó un impuesto aduanero en la
Argentina fue cuando se coparticipó el 30 por ciento de las retenciones a la
soja. Los impuestos externos nunca habían sido coparticipables.
Podríamos
considerar en una sola sesión el capítulo de los pactos federales, al igual que
los capítulos del blanqueo y previsional.
Creo que los
señores diputados tenemos la obligación de dejar de chicanearnos en este
recinto, de dejar de lado las cuestiones menores para efectivamente pensar en
las grandes cosas que precisa nuestra patria. Necesitamos en profundidad seguir
sosteniendo y protegiendo aquellas cosas que han sido buenas para no ir a una
Argentina pendular. Debemos pensar que en nuestro país es posible vivir con
trabajo, con una jubilación digna, con un Estado que funcione, fundamentalmente,
para sus 40 millones de habitantes. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Stolbizer.-
Señor presidente: en nombre de los bloques del Partido Socialista y del partido
GEN, como parte del interbloque Frente Amplio Progresista, y sin perjuicio de
haber presentado un dictamen propio para poder plantear cuáles son nuestras
diferencias respecto del dictamen de mayoría, adelantamos que vamos a acompañar
en general la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Lo hacemos
tal vez en una idea y en un compromiso similar al que nos llevó a acompañar
hace poco tiempo el dictamen referido a la salida del default. Creímos en aquel momento que compete a la seriedad de los
Estados cumplir con sus deudas. En este caso también nos parece que ello no es
otra cosa que cumplir con una deuda que arrastramos desde hace mucho tiempo, y
este es el sentido que nosotros le damos a nuestro apoyo en general.
Por supuesto,
consideramos que el gobierno debió haber enviado no un solo proyecto, sino
cuatro diferentes, en los que se distinguiera con mucha más claridad, por un
lado, el pago para los jubilados, porque esto es lo que esencialmente hoy le ha
permitido al oficialismo recoger una amplitud de apoyos; por otro, el blanqueo
y la reforma tributaria, sobre todo planteados en beneficio de quienes más
recursos tienen en el exterior; en tercer lugar, el destino del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad y su administración; finalmente, el acuerdo con las
provincias por el 15 por ciento de coparticipación, que de manera
inconstitucional se destinaba a otra finalidad.
Lamentablemente,
el diálogo al que se ha prestado el bloque de la mayoría pierde riqueza y
sinceridad, ya que terminaremos votando una buena iniciativa, como es
obviamente el pago a los jubilados, pero que esconde un proyecto realmente
malo, como es el blanqueo de capitales.
Sin embargo,
como dije inicialmente nosotros priorizamos el sentido positivo de esta
iniciativa. No lo hacemos compartiendo el encuadre que se le da a este
proyecto, porque no creemos en la declaración de la emergencia. Lo cierto es
que no existe tal emergencia, pero además toda declaración de emergencia –ya
sea por decreto de necesidad y urgencia o por ley‑ se traduce siempre en
una gama infinita, y por cierto imprevisible, de posibilidades de cercenamiento
de derechos.
Más de una
vez hemos dicho también que las emergencias sirven para cualquier tipo de
práctica por fuera o al margen de la legalidad. Pero nos preocupa
particularmente el cercenamiento de derechos que viene por detrás de la
emergencia a la que no encontramos justificación ni razonabilidad.
Tampoco
creemos que se trate de una reparación histórica. En los últimos años, por
parte de quienes eran oficialistas, se han utilizado y se han manipulado
proyectos con rótulos pomposos, prometedores, con términos como
democratización, equidad, soberanía y pluralidad. Pero detrás de eso se
escondieron las peores cosas, las peores leyes que por mayoría aprobó este
Congreso. Por eso creo que tampoco existe una razón para decir que esta
iniciativa constituye una reparación histórica.
Por supuesto
que estamos dispuestos y contestes a cumplir con esta deuda con los jubilados,
pero lejos de tratarse de una propuesta que pueda vincularse a una epopeya
histórica, lo cierto es que la situación de los jubilados debe llevarnos a
mencionar que hace pocos meses el PAMI anunció una reducción en la cantidad de
medicamentos con cobertura del ciento por ciento. Esa cobertura pasó a ser del
50 o del 80 por ciento. ¿Por qué no buscamos reparar históricamente en ese
punto?
La Defensoría
de la Tercera Edad hizo un relevamiento sobre los precios de los medicamentos,
que mostró un aumento exponencial. Si ponemos solamente como ejemplo un
medicamento de alto consumo, como son los antihipertensivos, estos tuvieron un
incremento de más del 140 por ciento. Tal vez ahí también deberíamos apuntar si
verdaderamente queremos una reparación histórica.
¿Por qué
creemos que se paga, si entendemos que no hay emergencia, que no hay
reparación? En primer lugar, porque sencillamente lo que hay es un derecho, y
creo que siempre es bueno y oportuno que el Congreso garantice, resguarde y
permita el ejercicio de ese derecho. En segundo término, porque hay una
sentencia que así lo ordena.
Durante mucho
tiempo no se cumplieron las sentencias. En ese sentido, creo que hoy es muy
importante que realmente podamos avanzar en el cumplimiento de los fallos.
Pero nosotros
creemos que hay una razón por la cual el oficialismo impulsa esta iniciativa y
también la acompañamos. Pensamos que eso tiene que ver estrictamente con una
razón, una necesidad y una estrategia económica.Para estimular el consumo –esto
es lo que se necesita para dinamizar la economía-, lo que hace falta es poner
plata en la calle, y la decisión más acertada de este gobierno es poner la
plata en la mano de aquellos que van a salir a gastarla. Esto es así porque
ellos tienen necesidades, están cumpliendo un tiempo de sus vidas que los lleva
naturalmente a gastar la plata que reciban y, por sobre todas las cosas, porque
no son aquellos que van a salir a guardar la plata afuera ni la van a poner
debajo de un colchón ni la van a ir a tirar atrás de un monasterio. Es la gente
que va a salir a gastar la plata porque necesita hacerlo.
Ese es un
principio central de la estrategia económica que debe exhibir el gobierno y lo
tiene que hacer con tranquilidad, porque dinamizar la economía es poner la
plata en la mano de los sectores que deben tenerla por derecho, por sentencia
y, fundamentalmente, por un principio y una estrategia económica.
El gobierno
tiene que reconocer los principales problemas que tiene nuestra economía. Se
trata de problemas que, lamentablemente, subsisten; son problemas heredados y
no abordados.
Los principales
problemas que tiene nuestra economía son la inflación y la falta de
crecimiento. Entonces, terminamos buscando medidas y salidas de emergencia y no
ponemos sobre la mesa los problemas que se deberían estar resolviendo.
Esto es
necesario para dinamizar la economía. Debemos atender el problema de la
inflación, porque así como es bueno el avance que se está dando con esta norma,
así lo es de insuficiente. El gobierno tiene que reaccionar, entre otras cosas,
porque el segundo semestre ya empezó. Para ustedes, el segundo semestre empezó
y, entonces, hay que tratar de salir de esa idea de que se puede esperar el
conejo de la galera. Hay que empezar a gobernar y gestionar, poniendo sobre la
mesa los temas de la economía que hoy cruzan nuestra vida cotidiana: la
inflación y la falta de crecimiento.
El gobierno
tiene que reaccionar porque no sirve vivir pendiente de las buenas noticias que
los consultores nos dan. A veces también hay que hacerse cargo de esas
cuestiones.
Por otro
lado, es necesario reconocer que la estatización del sistema previsional y el
fin de las AFJP fue una de las mejores medidas del gobierno anterior en el
marco de sus doce años de mandato. Concretamente, el sistema de las AFJP era
una estafa. En una economía como la nuestra, con un 40 por ciento de la fuerza
laboral en manos de la economía informal y con sectores de muy baja
productividad, tener un sistema público y solidario que se financie con el
aporte de los trabajadores y de los impuestos surge como una decisión bastante
racional.
Estos son los
debates que tenemos que estar poniendo sobre la mesa. Es necesario reflexionar
sobre el sistema previsional a futuro. Nos alegra la intención de constituir un
espacio de deliberación para hablar en profundidad sobre ese sistema. No se
puede hablar de un sistema previsional sin debatir sobre el empleo registrado,
la informalidad y la situación de pobreza.
Creemos que
parte del debate trunco o insuficiente tiene que ver con algunas cuestiones que
ya se plantearon, como el relativo a la pensión universal para adultos.
Celebramos la incorporación que se ha hecho de esta pensión, pero bajo ningún
punto de vista estamos dispuestos a ser regresivos en lo que implica, como dije
al comienzo, un cercenamiento de derechos y un retroceso de lo que habían sido
los derechos adquiridos. Siempre bregamos por más y mejores derechos, no por
menos. Por lo tanto, no vamos a aceptar en este punto que haya un haber
inferior a la jubilación mínima.
Tampoco vamos
a claudicar en la lucha por los derechos de las mujeres, porque la
multiplicación de los esfuerzos en las sociedades modernas implica
necesariamente un principio de discriminación positiva en el sentido de su
diferenciación respecto del varón en el tema de los aportes.
Por otra
parte, quiero referirme al capítulo destinado en esta norma a lo que se ha
llamado el sinceramiento o el blanqueo. Adelanto que no vamos a hacer
propuestas de modificaciones en una parte del proyecto cuyo fondo no
compartimos. Sinceramente, no compartimos el criterio con el cual se habla de
un blanqueo cuyo riesgo principal es seguir incentivando la fuga y el desvío de
dinero y la evasión. Este tipo de iniciativas incentivan este tipo de
cuestiones. ¿Hasta cuándo vamos a seguir beneficiando a quiénes evaden y fugan
a cambio de beneficios de corto plazo?
No debemos
confundirnos. Esto no está dirigido a un pequeño ahorrista que quiere blanquear
50 mil o 100 mil dólares destinados a comprar un departamento. Esos ahorristas
no necesitan de este proyecto. Este blanqueo apunta a quienes tienen fortunas
millonarias en el exterior y a los cuales la nueva regulación internacional les
puede generar un problema. Entonces, nos estamos adelantando a esa posibilidad
para empezar a ayudarlos.
¿Qué hacemos
con los dólares que están en el exterior? Este aspecto ya fue discutido en
oportunidad del tratamiento del proyecto de salida del default. ¿Queremos que vuelvan? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Es
un beneficio suficiente el cobro de impuestos por única vez? Creemos que esto
debió haber ameritado una discusión mucho más profunda, sobre todo acerca de
los incentivos impositivos adicionales que se ofrecen a quienes blanquean.
Desde
principios de año escuchamos al oficialismo afirmar que no es posible modificar
el impuesto a las ganancias que afecta a miles de trabajadores. Una vez más,
justifican esta decisión en el déficit fiscal heredado. Sin embargo, se
presenta un proyecto con una reforma impositiva a la medida de quien tiene
activos financieros en el exterior. Se elimina el impuesto a las ganancias a
los dividendos. ¿Cómo se entiende? Una justificación que se esbozó desde el
oficialismo fue la doble imposición, o sea, una empresa paga ganancias y no
corresponde que el accionista las pague. ¿Cómo se aplica este argumento a la
tenencia de acciones extranjeras? Por ejemplo, tenemos el caso de alguien que
posee acciones en el exterior de Coca Cola o Microsoft y recibe dividendos. Por
este ingreso no pagaría ganancias. En ese caso, la justificación del
oficialismo sería que ya paga ganancias en Estados Unidos. ¿Con qué cara le
cobramos impuestos a las ganancias a un trabajador si proponemos que un tenedor
de acciones extranjeras no pague ningún tipo de impuestos y cobre dividendos si
es que esas acciones aumentan de valor? ¿Con qué cara le cobramos el impuesto
al cheque a un monotributista que tiene un comercio con posnet cuando proponemos no gravar la renta financiera?
Obviamente,
alentamos y apoyamos la creación de una comisión que trabaje en el estudio de
una reforma de nuestro sistema impositivo y que salga de la regresividad y
complejidad que tiene y donde, obviamente, no pagan más los que más tienen y
los que más ganan. Creemos que en la iniciativa hay que incorporar a los
sectores sociales ‑académicos, especialmente‑ para darle un fuerte
sentido técnico a esta reforma tributaria, además de otorgarle un sentido
social.
Tampoco se
puede encarar este tipo de situaciones de fondo con otras iniciativas. El
gobierno debe resolver muchas de las contradicciones internas que cada vez son
más explícitas y que tanto daño le hacen. No puede ser razonable al mismo
tiempo que el ministro de Economía hable de bajar la inflación y, a su vez, el
ministro de Energía suba las tarifas ilegalmente a niveles inaceptables. ¿Dónde
encuentra el gobierno la posibilidad de articular una acción y una estrategia
común en materia económica, teniendo que
recurrir a estas iniciativas que, insisto, no van a resolver los temas de
fondo? Es un buen avance, como planteé, pero que queda a mitad de camino.
Obvié un
aspecto que me parece central respecto de esta ley de blanqueo, por lo que solo
utilizaré unos minutos más. Las contradicciones también se reflejan en ese
punto y en las declaraciones juradas de los funcionarios. Me queda, como una
duda, la posición que se ha fijado para que esta norma no permita a los
funcionarios acogerse a los beneficios que ella concede. Fue casi como un acto
reflejo de todos salir a decir que se debe prohibir a los funcionarios públicos
tener plata en el exterior. Habría que preguntarse si, en definitiva, los
estamos premiando y diciendo: “No hace falta que ustedes blanqueen y traigan,
pueden seguir teniendo la plata afuera, donde tampoco pagan impuestos y están
protegidos obviamente por el secreto”.
En este
punto, quiero hacer referencia al tema del secreto y del artículo 101, del que
ya se habló. Respecto del secreto fiscal, dicha norma debería ser reformulada
por el Congreso. En este sentido, he presentado en varias oportunidades
iniciativas, a fin de que el secreto fiscal no sea aplicable a los funcionarios
públicos. Los funcionarios públicos no pueden tener el amparo del secreto
fiscal, que sí puede tener –por las razones que se plantearon aquí- el resto de
los funcionarios. Entonces, creo que hay que deliberar seriamente sobre este
aspecto; de lo contrario, estaríamos facilitándoles las cosas.
Otro punto
importante que quiero destacar es el de los parientes. En uno de los casos más
resonantes de la llamada “investigación de la ruta del dinero K”, una de las
cuestiones que descubrimos es que los hijos de uno de los detenidos –el
contador Pérez Gadín- son más millonarios que el padre; tienen menos de treinta
años, no trabajaron nunca y compraron propiedades millonarias, ¿y saben una
cosa? Se acogieron a las leyes del blanqueo del gobierno anterior. Entonces,
tengamos cuidado, porque acá no solamente estamos eximiendo a los funcionarios
de las obligaciones con el argumento –es otra de las contradicciones de este
gobierno- de que traigan la plata, sino que además les estamos diciendo: “No,
ustedes no. Estos, que no la traigan, sigan acogiéndose a los beneficios que
les dan afuera, que son iguales o superiores a los que les dan aquí”. No vamos
a acompañar este capítulo de sinceramiento.
Insisto:
están dando un buen paso; están atendiendo cuestiones que permanecían en el
limbo de las deudas. Durante doce años escuchamos a un gobierno hablar de la
herencia recibida; esperamos que este gobierno rápidamente pueda saldar esa
herencia para empezar a discutir las cuestiones de fondo que la Argentina
necesita. No es bueno ampararse en las herencias, porque los gobiernos son
elegidos para que gobiernen y resuelvan los problemas; para eso, lo primero que
hay que hacer es reconocerlos.
Recibieron un
país con más de diez millones de pobres y una inflación galopante; pongamos
estos temas sobre la mesa. Creo que estas discusiones han sido, una vez más,
postergadas. Nosotros esperamos y acompañamos con mucho entusiasmo la
posibilidad de que definitivamente en el marco del diálogo que se ha abierto en
el Congreso podamos discutir las soluciones a esos problemas de fondo. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Giustozzi.-
Señor presidente: en las palabras pronunciadas por los señores diputados de los
distintos bloques hemos encontrado una visión coincidente respecto de la
oportunidad, la importancia del tema y la incomodidad de algunos asuntos. Sin
embargo, en todos los casos hay un denominador común, que es uno de los rasgos
distintivos que empieza a visualizarse en este tiempo y que estamos
construyendo entre todos. Me refiero al rol del Congreso; de los representantes
del pueblo de la Nación, en este caso; de los representantes de las provincias,
en el caso del Senado, y de los legisladores que representan políticamente a
quienes gobiernan en cada una de las provincias argentinas. También, cabe
destacar el rol y las posiciones de los distintos pensamientos que refleja esta
Cámara.
Cuando se
trata de reparaciones pendientes de esta magnitud y de este valor emotivo, como
es el debate de las deudas con los jubilados, debe cruzarnos este sentido de
responsabilidad que empezamos a advertir desde principios de año, pero que al
mismo tiempo se ha profundizado en el transcurso de los meses. Entonces, en
cada bloque se ha empezado a visualizar una especie de cultura parlamentaria de
este incipiente tiempo en el que la discusión y las posiciones son flexibles,
no son irracionales sino que atienden el requerimiento y las dudas de cada uno
de los legisladores que representan a un sector o pensamiento determinado.
En esta
oportunidad, creo que este es el rasgo distintivo, y quiero resaltarlo porque
por estas horas tiene un valor superlativo. La política es esto, y este es el
ámbito donde queda reflejado que es sinónimo de discusión, búsqueda de
consenso, explicitación de la palabra a través de proyectos y de distintas
posiciones para la búsqueda de soluciones en un marco de disenso democrático y,
al mismo tiempo, de responsabilidad cívica y compromiso republicano.
Estamos
convencidos de que esta iniciativa es muy buena. Se trata de intentar reparar
aspectos pendientes, problemas del pasado, como bien dijo el señor diputado
Bossio claramente. En alguna oportunidad, durante el trabajo conjunto en
comisión, yo señalé que no debíamos buscar algún párrafo fuera de contexto para
chicanearnos unos a otros respecto del rol que en un determinado momento
histórico le tocó a cada uno. Debemos incorporar el sentido de responsabilidad
en todos los temas. Si pudiésemos tener más tiempo para profundizar en la
búsqueda de esas coincidencias, seguramente cada iniciativa sería lo
suficientemente fuerte para afianzar la política y las instituciones, y a los
representantes de la democracia a fin de encontrar las soluciones que necesitan
nuestro pueblo y la República Argentina.
Esta
iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo reúne distintos temas en una sola
norma. Bien podríamos pensar que el tratamiento conjunto de diversos asuntos
nos pone ante una situación incómoda, pero también podríamos dar un giro a la
cuestión y entender que es la oportunidad de encontrar coincidencias frente a
las necesidades de distintos sectores; a saber: las provincias, las posiciones
respecto de la mirada de qué tipo de Estado debemos tener, y qué abordaje debemos
dar a cada uno de los temas pendientes; la importancia de mitigar el déficit
fiscal y, la más definitiva y contundente, defender los derechos de los
jubilados.
Felicito a
quienes condujeron, desde el inicio, el debate en comisión. Me refiero a ambos
presidentes de cada una de las comisiones intervinientes. Pudimos enriquecernos
con el conocimiento que tienen muchos legisladores desde un punto de vista
técnico, histórico y de enorme valor profesional. Se abrió la discusión en
torno del alcance de la emergencia, lo cual es importante, y al mismo tiempo,
la buena fe y la voluntad de quienes defendiendo una iniciativa enviada por el
Poder Ejecutivo están dispuestos, desde el bloque oficialista, a debatir y
discutir. Todos sabemos que estamos en la búsqueda de alternativas para
solucionar, al menos, problemas pendientes y situaciones que tienen como
víctimas, frente a los baches jurídicos y la dilación en el tiempo, a los
propios jubilados.
Se planteó el
debate sobre distintos aspectos, que tengo aquí anotados, pero que no voy a
repetir porque ya lo han hecho varios diputados con enorme claridad. Entre
ellos, podría mencionar los honorarios de los abogados, el alcance del impuesto
a las ganancias y la prórroga de la moratoria, en la que debe equipararse a los
hombres con las mujeres. También advertimos que tenemos la vocación –la hago
explícita- de acompañar el proyecto en general, aunque con ciertos reparos en
algunos temas, ya que, por ejemplo, no nos parece razonable que se aplique una
quita a la mínima; convertir esto en “la mínima de la mínima” –como dijo algún
legislador- es una situación incómoda que deberíamos analizar.
En cuanto al
blanqueo, a nadie escapa cuál es la situación económica del país. En este
sentido, fueron abundantes los argumentos de los diputados que se expresaron en
nombre de sus bloques cuando tratamos el proyecto relativo a la salida de la
Argentina del default. Traigo esto a
colación porque conviene recordar en este momento la importancia de encontrar
mecanismos de financiamiento para este tipo de reparaciones que se intentan
llevar a la práctica.
Por otra
parte, ha quedado en claro a partir de las expresiones de algunos de los
diputados preopinantes ‑como Lavagna y Bossio‑, que estamos ante
una situación particular, que personalmente simplifico diciendo que deriva de
las crisis con las que cíclicamente ha convivido la historia económica
argentina. Esto ha provocado que muchas veces el productor, el industrial o el
empresario tuvieran que financiar su propio mantenimiento sobre la línea de
flotación con recursos propios.
Esa situación
de vulnerabilidad es consecuencia de la falta de acompañamiento por parte del
Estado para contar con el financiamiento que acerque la posibilidad de
desarrollo, expansión y multiplicación de esa vocación emprendedora que permite
crear riqueza y fuentes de trabajo en nuestro país.
Esas
situaciones recurrentemente desembocan en que cada gobierno, al momento de
asumir, se encuentre con un bache ante sí. De este modo, a quien le toque
gobernar se le plantea la disyuntiva de que lo que sostuvo desde la oposición
no lo puede sostener desde el oficialismo al momento de tomar decisiones.
Esa situación
amerita que todos hagamos una mirada retrospectiva e introspectiva respecto de
nuestras posiciones con un sentido de responsabilidad, advirtiendo que esto nos
debe servir de lección para no repetir los mismos errores en el futuro y para
no seguir agregando nuevos capítulos de blanqueos, moratorias y situaciones
incómodas de difícil justificación.
Entonces, cada
vez que se tome una decisión de gobierno no hay que adoptarla con el único
objetivo –esto es una irresponsabilidad- de construir un gran título para luego
venderlo demagógicamente sin prever la situación económica y estructural
reinante en el país.
En
consecuencia, este Parlamento está empezando a poner sobre la mesa algunos
ejemplos sobre el camino que podemos seguir en el futuro, habiendo arrancado
con el pie derecho en el presente a partir de la discusión de temas sensibles e
importantes.
Resolver un
problema llevándole una solución a los jubilados, tiene un costado emotivo que
todos acompañamos y por eso queremos que esto se implemente en forma urgente.
Pero paralelamente nos hubiese gustado seguir discutiendo algunos aspectos de
este proyecto, aunque a veces el tiempo –sobre todo en este caso- es enemigo de
los propios beneficiarios de la medida que estamos analizando. Por lo tanto,
advertimos la necesidad de que en la reglamentación por parte del Poder
Ejecutivo y en cualquier medida que pueda adoptar a partir de sus facultades
–ya sea mediante decretos, resoluciones de la ANSES o resoluciones
ministeriales- se vayan cubriendo en favor de los jubilados aquellos baches que
distintos legisladores han planteado que todavía contiene la norma.
Si hacemos un
análisis de nuestra historia reciente sobre el rol de este Congreso frente al
tratamiento de temas importantes, nos vamos a encontrar con que había más fuego
de artificio que otra cosa, con posiciones firmes y contundentes sobre
distintos temas, que por momentos resultaban disparatadas por la forma
irracional en la que las planteaban.
Por ello,
debemos resaltar el tratamiento que en este tiempo se le ha dado a estos temas,
tanto dentro de las comisiones como fuera de ese ámbito institucional. Digo
esto porque personalmente he hablado por teléfono con diversos diputados a las
11 u 11 y 30 de la noche, discutiendo sobre los alcances de algunos de los
artículos. Pero siempre lo hemos hecho cuidando la buena fe de los
interlocutores en cuanto a que la medida que vayamos a adoptar esté en línea
con el objetivo de permitir el acceso a una reparación que cubra parte de la
deuda interna que tienen tanto este como los anteriores gobiernos y la
dirigencia política en su conjunto con grandes sectores de nuestra población.
Obviamente
que en el transcurso de las discusiones que tuvimos a lo largo de esta semana,
nos hemos encontrado con quienes sostenían que el tratamiento que le ha dado el
área de litigios de la ANSES había sido erróneo, mientras que otros decían que
fue perfecto. Evidentemente, la conclusión es diferente según la óptica desde
la cual se haga el análisis. Así, si lo hacemos desde una óptica economicista
vamos a pensar en las cuentas y en la disciplina fiscal; pero si lo hacemos
desde la perspectiva de la defensa de los intereses de uno de los sectores más
vulnerables de la sociedad –como el de los jubilados-, sin duda nos vamos a
ubicar en una posición límite.
Por lo tanto,
ante cada oportunidad –incluso a partir de miradas distintas- tenemos que poner
en primer lugar lo que no merece discusión. En ese lugar ubico la defensa de
los intereses de las mayorías populares, de aquellos sectores que esperan una
respuesta contundente de la clase política argentina, de la dirigencia y de su
gobierno. Hacerlo con la madurez necesaria y sin ningún tipo de mezquindad creo
que respeta el camino que hemos empezado a transitar, y en buena hora que lo
hagamos en esta oportunidad en un tema tan sensible.
Por lo
expuesto, este bloque va a acompañar en general el dictamen de mayoría. Además,
agradecemos los aportes de cada uno de los bloques en diferentes artículos de
este proyecto, pero adelanto que en particular vamos a plantear nuestra opinión
sobre la necesidad de rediscutir determinados puntos.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por San Luis.
Sr. Lusquiños.-
Señor presidente: a efectos de acortar los tiempos, aclaro que voy a compartir
los doce minutos que nos corresponden con la señora diputada Berta Arenas.
Como nos
encontramos tratando un mega proyecto ‑denominado “ley ómnibus”-, creo
que hablar cinco, siete o doce minutos es exactamente lo mismo. El problema es
de arquitectura del proyecto. En este sentido, disiento de lo manifestado por
mi amigo, el señor diputado Amadeo, quien sostiene que el proyecto es
sistémico. Desde nuestro punto de vista ‑tal como indicó la señora
diputada Stolbizer- es tan profunda y compleja la temática en consideración que
hubiera sido necesario sancionar cuatro proyectos de ley en lugar de uno.
Quiero
elogiar expresamente y agradecer el trabajo que se hizo en las comisiones,
tanto en la que preside el compañero Daer como en la que dirige el señor
diputado Laspina. Permanentemente hemos trabajado con ellos y con los diputados
Massot, Lavagna, Ciciliani y otros, acercando propuestas que a nuestro juicio
podrían haber enriquecido esta iniciativa.
La propuesta
más profunda que queremos incorporar en este proyecto se sustenta en el hecho
de que entendemos que está dirigido al capital y no al trabajo. Como sabemos,
la riqueza se genera por una conjunción del capital y el trabajo. Este proyecto
está destinado básicamente a blanquear las situaciones irregulares en el campo
del capital pero absolutamente ni una palabra contiene en cuanto a la
regularización de los trabajadores en situación irregular o en negro. En este
sentido, creo que esta podría haber sido una oportunidad histórica para incluir
el título “Regularización del trabajo no
registrado”.
Me hago eco
de las palabras de los señores diputados Laspina y Daer, que se comprometieron
a tratar tres proyectos antes del receso invernal. Uno de ellos es el proyecto
de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que tiene estado parlamentario –está
contenido en el expediente 620‑, sobre empleo joven y regularización del
trabajo no registrado.
El segundo
proyecto se refiere a las pymes y está contenido en el expediente 683. Con este
otro proyecto prácticamente se abarcaría el universo de aquello que nuestro
bloque reclamaba introducir en este megaproyecto. De modo que, de tratarse
estos dos proyectos, nos sentiríamos ampliamente satisfechos en lo que se
refiere a esta temática.
El otro
proyecto que se trataría antes del receso invernal es una iniciativa del señor
diputado Oscar Romero, sobre promoción de las autopartes. Consideramos que este
proyecto también debe ser tratado dentro del paquete en la próxima sesión.
Con eso se
daría una visión mucho más completa e integral a este proyecto. Creemos que
tiene muchísimas deficiencias pero, como decía el señor diputado Lavagna, es un
primer paso. Quizá el primer escalón de una escalera de mil escalones sea el
más difícil de subir, y es el que estamos subiendo hoy. Por eso consideramos
que lo más importante es acompañarlo y después prepararnos para subir el
segundo escalón.
Todos sabemos
que cuando se sanciona una ley se está beneficiando a algunos y perjudicando a
otros. Si la dirección de este proyecto de ley es beneficiar a los jubilados,
lo estaremos acompañando. Si este proyecto de ley es bueno para las provincias,
también lo estaremos acompañando.
Creemos que
es un poco mezquino o amarrete en cuanto al tratamiento de los jubilados y
excesivamente generoso con respecto a aquellos que deben blanquear sus
capitales. Pero repito: el primer escalón siempre es el más difícil de subir,
por lo que estamos dispuestos a acompañarlo.
Nosotros no
hemos acompañado los anteriores blanqueos que nos tocó tratar en esta Cámara
justamente porque no estaban atados a una dirección; es decir, no sabíamos si
iban a ser para cubrir déficit, para financiar gastos corrientes o qué fin
tenían; es decir, no sabíamos el objeto del blanqueo. En cambio, en el caso de
este blanqueo sabemos que hay un objeto, que es mejorar la situación de los
jubilados, pagar los juicios, etcétera. Esto lo consideramos importante y por
eso lo apoyamos.
Por otra
parte, queremos manifestar nuestra preocupación ‑que nos gustaría tratar
de clarificar durante el tratamiento en particular‑ con respecto a lo que
establece el artículo 55 bis, que otorga un plan de regularización a las
provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, de noventa cuotas, para deudas de
contribuciones patronales con la AFIP. Queremos aclarar que la provincia de San
Luis no tiene deudas con la AFIP por contribuciones patronales. Esto se refiere
a las originadas entre 2001 y 2005. Por
lo tanto, vamos a solicitar una redacción mucho más clara para que no haya
ninguna confusión y el día de mañana el Estado de San Luis no se encuentre con
algún reclamo por parte de la AFIP absolutamente indebido y fuera de lugar.
Señor
presidente: como lo hemos manifestado, vamos a acompañar esta iniciativa en
general y vamos a plantear algunos temas durante su tratamiento en particular.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por San Luis.
Sra. Arenas.-
Señor presidente: este proyecto de ley contiene varios títulos y capítulos,
cada uno de los cuales merecería ser una ley, como aquí se dijo; pero yo me voy
a referir fundamentalmente al tema de la reparación histórica para jubilados y
pensionados y al sinceramiento fiscal. Bajo estos dos extremos nos hablan de
una emergencia. Siempre la palabra “emergencia” provoca escozor, porque no
solamente tiene las implicancias que han manifestado sino que también tiene
implicancias presupuestarias y económicas que a veces pueden perjudicar
derechos de algunos.
Por un lado,
este proyecto de ley toma la población de los jubilados y pensionados, que es
uno de los sectores más vulnerables que existen en nuestro país y que ha
sufrido cuanto altibajo económico y político ha ocurrido en la Argentina. En
esta oportunidad, nuevamente bajo la consigna de respetar sus derechos
adquiridos, estamos tratando esta iniciativa. Sabemos que la situación de los
jubilados no escapa a otras situaciones sociales y económicas que hoy existen,
como el desempleo, la pobreza en general, el cierre de empresas, el agobio
fiscal, el tarifazo y la hiperinflación.
Por otro
lado, vemos que en este mismo proyecto de ley se está hablando de un
sinceramiento fiscal para un sector que siempre estuvo bien porque siempre supo
acomodar su situación para defender sus intereses. Es el mismo sector que
contribuyó a la deuda externa durante la época de la dictadura, que estatizó su
deuda privada, que supo escapar del corralito, que descapitalizó las empresas
del Estado y que retiró del país sus dineros ilegales llevándolos a paraísos
fiscales, con lo cual no pagó impuestos. Hoy a este sector se le está dando la
oportunidad de un blanqueo.
Tampoco
estamos seguros de que esta vuelta de capitales signifique inversión y puesta
en marcha de la matriz productiva del país. Ojalá sea así.
No puedo
dejar de referirme a la situación del envejecimiento en la población de la
Argentina, de América Latina y del mundo gracias a un crecimiento de la
esperanza de vida.
En América
Latina, a diferencia de los países, desarrollados, tal envejecimiento se ha
dado de una manera mucho más acelerada. En cincuenta años la esperanza de vida
ha crecido en más de veinte años. Eso significa que estas soluciones
cortoplacistas que pretendemos dar a los jubilados, no van a resultar.
El
envejecimiento merece ser tratado con derechos y garantías sociales y
económicas que sean sustentables a lo largo del tiempo. Este es un proceso
epidemiológico que ha venido para quedarse y que, como tal, debemos tratarlo.
En este
momento, teniendo en cuenta que se visualiza una mejora para los jubilados,
aunque sea parcial, tal como lo ha dicho mi compañero de banca, vamos a
acompañar el proyecto.
De todos
modos, creemos que esto recién empieza porque este tema merece ser tratado de
manera más general comenzando por el suministro de medicamentos y por la
percepción por parte de los jubilados del haber digno que merecen para que
puedan mejorar su calidad de vida.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Bregman.-
Señor presidente: mientras se desarrollaba esta discusión recordaba lo que nos
enseñaban en la Facultad de Derecho en el sentido de que se podía analizar el
mérito, la oportunidad o la conveniencia de los actos judiciales.
Entonces, nos
preguntamos qué sucedería si a esta ley tuviésemos que aplicar esas categorías,
es decir, analizar el mérito, la oportunidad y la conveniencia.
Evidentemente,
no existe ningún mérito porque no se ha podido demostrar acá. Tampoco tiene
conveniencia: no han podido demostrar cuál es la urgencia de votar este tipo de
iniciativa. Y en cuanto a su oportunidad, tenemos que hacer un análisis
particular porque esta ley se ha tornado absolutamente inoportuna después de los
hechos que se transmitieron ayer en vivo y en directo en relación con el caso
de José López, el convento, las monjas y los paquetes de billetes.
Entonces, que
hoy esta Cámara de Diputados esté reunida para analizar cómo se beneficia a
tantos y a otros “José López”, la verdad es que nos parece, como mínimo,
bastante inoportuno.
Tal vez a
raíz de que el inesperado hecho del convento se coló en la realidad política
nacional -y nadie puede justificar esta ley después de ese hecho-, hoy el
nombre de “José López” casi no se mencionó en este recinto, contrariamente a lo
que todos suponían.
Todos creían
que ese habría de ser el gran tema, pero dijo algo al pasar el diputado
Tonelli, se votó a mano alzada, no se sabe bien qué votó cada uno y se siguió
adelante, porque de eso no se habla, a pesar de que, como vimos en todos estos
meses del gobierno de Cambiemos, la corrupción del kirchnerismo es casi un tema
excluyente en los medios hegemónicos de comunicación.
Pero parece
que el discurso de la transparencia es un relato cada vez más imposible para el
oficialismo porque, como dice la telenovela de moda, “Los ricos no piden
permiso”, los ricos no piden permiso para evadir, para comprar funcionarios ni
para llevarse la plata y aparecer en los Panama
Papers.
Hablamos de
los ricos como José López y Lázaro Báez, ligados a la obra pública, pero
también debemos decir que la patria contratista ha sido bastante generosa con
tantos otros.
La propia
familia del presidente Macri hizo su fortuna al estar ligada a la obra pública.
Todo el que se involucra con la obra pública en la Argentina termina siendo
millonario y con paquetes de dinero, como José López, aunque tal vez no en un
convento -la verdad es que en eso es original- pero seguramente en alguna
cuenta en Panamá o en alguna de las cuatro mil del HSBC que salieron a la luz
hace un tiempo.
Tal vez
tenemos que hablar también de otros amigos del presidente y del gobierno
anterior, como Lewis y Caputo, que durante la década kirchnerista se llenaron
los bolsillos con todos los subsidios. Ahora se los cortan, pero ellos no
pierden su ganancia. Se aplica un tarifazo enorme al pueblo trabajador y a las
fábricas recuperadas ‑que hoy estuvieron acá afuera‑ para que esos
empresarios sigan manteniendo sus ganancias.
Hay veintidós
denuncias en la inerte Oficina Anticorrupción que maneja Laura Alonso, en la
cual se demuestra la relación entre funcionarios del gobierno y cómo se
benefician las empresas privadas de las cuales provienen.
Podríamos
agregar más en la lista si tuviésemos tiempo; por ejemplo, el caso del negocio
del fútbol. Todo el mundo sabe que los negociados alrededor de los jugadores
del fútbol están llenos de denuncias de lavado de dinero. Pues, ¿de dónde saca
el presidente Macri su candidato para la AFI, la ex SIDE? De ahí, del negocio
del fútbol.
Queremos
marcar que bajo la apariencia de un proyecto de reparación histórica –el
pomposo nombre con el que lamentablemente ha sido vendido a los jubilados de
este país- lo que planean es un gran fraude para los actuales y futuros
jubilados.
Me voy a
detener solo en algunos elementos porque ya desde el Frente de Izquierda se ha
expuesto nuestro dictamen.
Con esta ley
entendemos que se inicia un proceso de destrucción legal de la ANSES, y no lo
digo porque antes no la saquearan o fuese fuente de todo tipo de apropiación de
fondos, sino porque ahora esta ley abre las puertas al saqueo legal del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad y de los fondos que corresponden a los jubilados
de este país.
También
queremos marcar otro hecho que merece especial atención ya que con la creación
de la pensión universal al adulto mayor se perforan las jubilaciones mínimas,
se crea una categoría de jubilados de segunda y se perjudica especialmente a
las mujeres al elevar la edad jubilatoria de 60 a 65 años, es decir, a las mujeres más castigadas de
esta sociedad, a las que no pudieron completar sus aportes, a las que tuvieron
trabajo no registrado toda su vida.
- Ocupa la Presidencia la vicepresidenta 1ª
de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sra. Bregman.- Las mujeres serán las más afectadas por esta
reforma retrógrada. El 86 por ciento de quienes accedieron a la última
moratoria previsional fueron mujeres. Muchas de ellas fueron amas de casa, y
esto es importante decirlo porque en nuestra sociedad se dice que el ama de
casa no trabaja. Pero el ama de casa trabaja: atiende las tareas domésticas,
cuida a los niños, limpia y cocina, pero esta tarea está invisibilizada. A esas
mujeres se las castiga increíblemente con este proyecto de ley de reparación
histórica.
A su vez, también se elimina otro
hecho, que ha pasado casi desapercibido, es decir, la posibilidad de acumular
una pensión con la jubilación. Por ejemplo, una mujer viuda que al día de hoy
cobraba su jubilación y la pensión de su marido, no podrá cobrarla más, por lo
cual miles y miles de futuros jubilados serán afectados por esta reforma.
Esta iniciativa que se intenta
presentar como una ley progresiva es en realidad una gran extorsión a los
jubilados, que se justifica con el hecho de que hay que pagar las sentencias.
Entendemos
que es un premio a los evasores, que procura –como decíamos antes- fines aún no
develados pero perceptibles, como la descapitalización de la ANSES. Además,
tiende a agravar la regresividad del sistema impositivo, algo casi
inexplicable.
¿Por qué en una ley que supuestamente
es para los jubilados se habla de un blanqueo y además se tiende a gravar la
regresividad ya existente del sistema, donde el 70 por ciento de la masa de
impuestos no recae directamente sobre los sectores de ingresos más concentrados
sino que impacta en forma directa sobre los bolsillos del pueblo trabajador?
Además, debemos mencionar que en forma
ilegítima, ilegal, inconstitucional, extorsiva y casi delincuencial se obliga a
los jubilados a renunciar a sus derechos adquiridos. Antes les apelaban
las sentencias para que no cobraran. Disiento de lo manifestado por el diputado
Bossio, quien contestó al diputado Pitrola. Sí, lo conocemos por nuestra
práctica como abogados: apelaban en forma indefinida, todas las instancias que
podían, para no pagar las sentencias a los jubilados. Eso es lo que hacían.
Ahora, con esta norma, les dicen: “Si querés cobrar, allanate”, y le piden tal
allanamiento que le hacen una quita tan grande que ni siquiera a los fondos
buitres se animaron a pedírsela. Con los fondos buitres son concesivos, los
escuchan, les dicen que tienen razón, les dicen ¡qué barbaridad, el gobierno
anterior no les pagaba! A los jubilados no le dicen ¡qué barbaridad, el
gobierno anterior no les pagaba! Los hacen poner de rodillas para darles un
aumento miserable sobre las ya miserables jubilaciones y pensiones.
Por eso, es
importante que digamos la verdad. Digamos los verdaderos motivos por los cuales
se ha derrumbado la sustentabilidad del sistema jubilatorio, además de los
permanentes saqueos a las cajas. Se ha derrumbado a raíz del trabajo no
registrado, lo que comúnmente se llama “trabajo en negro”, que en la Argentina
alcanza cifras escalofriantes, de alrededor del 35 por ciento. Es decir, el 35
por ciento de los trabajadores no realiza aportes. Ello es así en razón de la
reducción de los aportes patronales realizada durante el menemismo, que ningún
gobierno posterior se atrevió a modificar.
Los
padecimientos de millones de jubilados terminarían simplemente si se
restablecieran esos aportes patronales, pero los bolsillos de los patrones
nadie los toca. De ese modo incluso podría hacerse efectivo el 82 por ciento
móvil que vetó la anterior presidenta y que este gobierno cada vez nos pone más
lejos de alcanzar.
Para
finalizar, queremos señalar un elemento particular que es grave, porque es
grave lo que aquí se está votando. Los jubilados y jubiladas deben conocer los
nombres de los diputados, de los bloques y de las alianzas que votarán esta
norma, que puede pasar desapercibida pero dentro de un tiempo, cuando se
empiecen a ver las consecuencias de lo que aquí se está votando, el
conocimiento de estos nombres, de estos bloques y de estos partidos será muy
importante.
Quiero marcar
cómo el Frente Renovador y el Bloque Justicialista cada vez más acostumbran a
realizar modificaciones que son un verdadero maquillaje para terminar aprobando
las leyes de ajuste y de saqueo que propone el gobierno de Cambiemos.
Discuten mucho
por televisión, eso lo debo reconocer, pero cuando vienen acá ‑miremos
todo lo que se ha votado‑ han apoyado prácticamente todas las normas del
gobierno de Cambiemos.
También
quiero marcar otro elemento: en el Congreso, cada vez más vemos delinearse una
mecánica en relación con el PJ-Frente para la Victoria. También debemos llamar
la atención sobre esto, porque en Diputados se permiten ser opositores a Macri,
pero en el Senado, donde son portadores de la mayoría necesaria para que todas
y cada una de estas normas se apruebe, las votan afirmativamente. Y si leemos
los diarios y vemos qué opinan senadores como Pichetto acerca de lo que aquí
estamos tratando, veremos que ya dijo que van a votar afirmativamente, con
argumentos increíbles. Entre estos, dice que si ellos también hicieron
blanqueos, por qué no habrían de votar este: y señala otras cosas por el estilo
que parecen no ser muy válidas, dado que se está hipotecando el destino de los
jubilados y jubiladas de este país.
Esto también
tenemos que marcarlo, porque parece que en el Senado campeara el partido de los
gobernadores, que absolutamente nada del gobierno de Mauricio Macri está
dispuesto a discutir. En su conciencia, deben preguntarse: qué diferencias
sustanciales hay entre ellos y nosotros, y entonces les aprueban todo.
Por eso,
desde el Frente de Izquierda decimos que para avanzar en un sistema impositivo
verdaderamente progresivo se requiere llevar adelante medidas completamente
opuestas a las que aquí se están formulando, como establecer un impuesto a las
grandes fortunas y gravar la renta financiera, implementar en forma urgente
alguna de las medidas que propone el dictamen del Frente de Izquierda como el
aumento de emergencia de 6.000 pesos para todos los jubilados, el
reconocimiento y pago inmediato de las actividades ‑haya o no juicio‑
y del 82 por ciento móvil, y el avance hacia un blanqueo no de los evasores
sino de todos los trabajadores en negro.
Para
finalizar, solo quiero decir que capitalismo y corrupción siempre van de la
mano. Esta norma ayuda indefectiblemente a consolidar ese lazo. Que se sientan
tranquilos con esta iniciativa los José López, los Lázaro Báez, todos los
funcionarios del gobierno macrista involucrados en los Panama Papers, todos los que figuran en las cuatro mil cuentas
descubiertas en Suiza. Todos ellos estarán protegidos por esta norma.
Nosotros,
desde el Frente de Izquierda, seguiremos luchando por los derechos de los
jubilados de este país y por el derecho de todos los trabajadores. Con ellos,
nuestro único compromiso. (Aplausos en
las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Pitrola.-
Solicito un minuto para responder la alusión del diputado Bossio.
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene un minuto, señor
diputado.
Sr. Pitrola.-
Señora presidenta: el diputado Bossio hizo la defensa de las apelaciones contra
los juicios de los jubilados. Quiero decir lo siguiente. Se ha conocido en el
país la denuncia de que Badaro hoy tendría que estar cobrando 120.000 pesos.
Eso es falso. La abogada que ganó el juicio Badaro, Graciela Stasevich, ha
dicho expresamente que el sueldo de un capitán de ultramar como Badaro es de
50.000 pesos, y debería estar cobrando 35.000 pesos por el 70 por ciento de esa
jubilación, de manera tal que es falsa la defensa que se hace de las
apelaciones. Las apelaciones son contra los jubilados para defender el
desfinanciamiento de la ANSES.
Lo que
estamos viendo hoy en el debate es la incompatibilidad de la Argentina offshore con un verdadero sistema
jubilatorio. Esta norma elije la Argentina
offshore contra los jubilados.
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra la
señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Argumedo.-
Señora presidenta: confieso que me hubiera gustado felicitar al oficialismo por
la sensibilidad social demostrada al preocuparse por el reconocimiento de los
derechos de los jubilados y la actualización de sus haberes mal liquidados.
Las sabias
sociedades indígenas de América Latina, cuya historia se remonta a más de diez
mil años, lograron sobrevivir a los quinientos años de conquista con
depredación de sus culturas, explotación, discriminación, etcétera,
precisamente porque se sustentaron en valores de solidaridad, cooperación,
reciprocidad y, especialmente, por el reconocimiento y respeto a la sabiduría
de sus ancianos.
En contraste,
esta sociedad Argentina está en acelerada decadencia desde hace cuarenta años
–desde el comienzo de la dictadura militar genocida‑, lo cual se ve a
través de distintos datos. Por ejemplo, teníamos 7 por ciento de pobreza y
pasamos a un 32 por ciento. Teníamos un 3 por ciento de desocupación y pasamos
a un 8 por ciento. A eso hay que agregar un 20 por ciento de inactivos –que es
desocupación disfrazada‑, lo cual significa 28 por ciento de
desocupación. En ese marco se da esta cruel y despreciable conducta que se ha
tenido sucesivamente hacia los mayores en nuestra sociedad.
Hay que
recordar a Cavallo, a personajes como Norma Plá, la gran estafa de las AFJP;
hay que recordar que a un jubilado de
102 años, que ganó el juicio, tardaron ocho meses en depositarle los fondos.
Como era cabezón, cumplió 103 años, cobró la jubilación que le correspondía y
se murió a los pocos días.
Hay que
recordar que más del 75 por ciento de nuestros jubilados cobran las pensiones
mínimas que no alcanzan a cubrir ni la mitad de las necesidades de una canasta
básica para sus edades.
Hay que
recordar los negociados que se han dado con el PAMI para tener una profunda
vergüenza acerca de cómo esta sociedad trata a las personas mayores.
Al finalizar
una vida de trabajo la gran mayoría de los argentinos entra en pánico porque
sabe que vivirá en una condición altamente penosa. Por eso, pensamos que,
lamentablemente, en vez de felicitar al oficialismo hay que denunciar que
estamos ante una verdadera y condenable extorsión.
En el año
2014, la Unión Europea presentó una carta de intención a la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico, firmada por más de cien países, por la cual
se comprometía a garantizar el intercambio de información sobre cuentas
financieras. El acuerdo establece que a partir de enero de 2017 se finaliza con
el secreto bancario en todos los países europeos excepto en Suiza, que va a
tener un año más. Esta es la verdadera emergencia. En cinco meses deschavan a
todos, en cinco meses tenemos Panama
Papers masivos, pero estos Panama
Papers no fueron inocentes porque Estados Unidos será el único país que no
firmará esta carta de intención y se transformará en un absorbente de capitales
ya que en tres Estados seguirán funcionando los paraísos fiscales: Nevada,
Wyoming y Dakota del Sur; luego, se complementará con el de Delaware, en el
cual ‑debemos recordar- están las cuentas offshore de YPF en su acuerdo secreto con Chevron.
La cuestión
es que luego de entrar en un estado de pánico estos capitales negros,
sustentados en el mejor de los casos en la evasión impositiva, necesitaban
entrar en un proceso de blanqueo urgente. Esto es lo que en realidad está
favoreciendo la presente ley porque como se sabe que hay un cierto rechazo del
oficialismo y de la oposición actual a la problemática del blanqueo, había que
cubrirlo y presentarlo en el marco de una ley noble que reconozca a los
jubilados.
¿Cuál es el
mensaje? Se reconoce el 15 por ciento para las provincias y el derecho a los
jubilados si y solo si nos permiten blanquear los capitales y abordar con
cierto éxito esta situación amenazante de los Panama Papers masivos a nivel mundial.
Además de
este favor a los grandes capitales hay una problemática vinculada con los
recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES que nuevamente pasan
a ser un botín para corporaciones y bancos. Allí sucedió algo, y es que dada la
tenencia de estas acciones, los jubilados pudieron compartir mínimamente las
ganancias extraordinarias de corporaciones y bancos en el país, y por eso ese
fondo de acciones es muy importante.
Sin embargo,
parece que en todos los aspectos se sigue aquella política que se está
desarrollando en el campo energético, porque lo que estamos presenciando es lo
siguiente. Este gobierno, en el campo de energía, petróleo y gas, designa a un
ex presidente de la Shell; en el campo de la minería, a un ex ejecutivo de la
Barrick Gold; en el campo de la agricultura, a uno de Monsanto; en el campo de
Hacienda, a uno de J. P. Morgan, y nos encontramos con que el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad está manejado por ex ejecutivos de Merril Lynch y Goldman
Sachs, es decir, mercados de capitales. Esto pone en un grave riesgo el sistema
de sustentabilidad porque así como se logró tener ganancias extraordinarias
vinculadas a su vez con las ganancias extraordinarias de bancos como Makro,
Francés, Patagonia o corporaciones como Telecom, Molinos y otros, la cuestión
es que ahora las AFJP aparecen nuevamente en el horizonte. Esto lo estuvo
diciendo de alguna manera ‑no ingenuamente- el presidente del Banco HSBC,
al señalar que hay que volver a un sistema mixto de jubilaciones, hay que
volver a los negociados financieros de las AFJP.
Esto es lo
que nos están presentando como el gran apoyo a nuestros jubilados y
pensionados. Además, como si esto fuera poco, si han ganado juicios se les paga
en cuotas en lugar de abonarles el monto total; y a quienes no tienen juicio,
se les reconoce el haber pero sin retroactividad. Es decir, este es un gran
engaño y una estafa a los jubilados, muchos de los cuales piensan que a partir
de esta ley van a tener un aumento de sus ingresos.
Sin embargo,
en el marco de esta estafa hay una yapa que es la posibilidad de una
disminución significativa de uno de los impuestos progresivos, de los pocos que
tiene el país, el de los bienes personales. Sucede que se continúa de alguna
manera con la política de Cavallo en el sentido de haber rebajado los aportes
patronales de las grandes corporaciones y bancos, que desde 1993 pagan el 50
por ciento. Esto equivale aproximadamente a 3.000 millones de dólares anuales
que se regala a las grandes corporaciones y bancos porque este progresista
ministro de Economía lo permitió.
Por otro lado,
vamos hacia un desfinanciamiento dramático de la ANSES. Sabemos que otra de las
características de la decadencia argentina en estos cuarenta años ha sido que
de un 90 por ciento de la población activa cubierta por derechos sociales y
aportando al sistema jubilatorio, más un 7 por ciento de trabajadores
independientes y profesionales, pasamos a una situación en que el 50 por ciento
de la población activa aporta mientras que el 50 por ciento restante está en
“negro”, o sea precarizado, desocupado o considerado inactivo. Entonces, vamos
hacia una situación altamente crítica de desfinanciamiento del sistema
jubilatorio nacional que permitirá crear las condiciones para la privatización
y la segmentación de la sociedad argentina y de sus jubilados.
Quiero pedirles
que prestemos atención sobre todo esto porque existen promesas en el sentido de
que estaremos bárbaro porque lloverán capitales, pero resulta que esos
capitales estarán dirigidos a la especulación financiera. El dólar está
planchado, el interés en pesos es muy alto, están ofreciendo cerca del 5 por
ciento anual en dólares y no hay ningún país del mundo que pague esto. Ahí
vienen los capitales y nuevamente se da una bicicleta financiera. Por eso digo
que este proyecto de ley es una vergonzosa extorsión solamente destinada a
cubrir la emergencia de aquellos empresarios, corporaciones y otro tipo de
gente que ha evadido sistemáticamente impuestos en sus cuentas offshore y que ahora corren el riesgo de
ser deschavados, reitero, por una situación masiva de Panama Papers.
Como decía un
amigo mío, habría que decir a esta sociedad: “Que la inocencia les valga; el
segundo semestre son los padres.”
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado
por San Luis.
Sr. Poggi.-
Señora presidenta: haré pocas reflexiones ya que mucho se ha dicho, aunque
falta aún más.
En primer
término, quiero hacer una reflexión que me parece oportuna porque es una
situación que he padecido en otras épocas. Me refiero a lo bueno que resulta
para el Congreso, la República, la democracia y el federalismo que estas
iniciativas del Poder Ejecutivo, que son muy importantes por voluntad o
necesidad, sean receptivas de mejoras y aportes legislativos de distintos
bloques parlamentarios. No hay duda de que ello redunda en mejores leyes que
persiguen el bien común.
Creo que es
buena la coyuntura que estamos viviendo en el Congreso, donde ningún bloque
cuenta con mayoría absoluta. Ojalá ello perdure porque ayuda a que sancionemos
mejores leyes. Todos los que tenemos buena fe y queremos que le vaya bien a la
Argentina entendemos que esta composición de la Cámara ayuda a sancionar
mejores leyes en beneficio del bien común, agregando precisiones y límites al
rol del Ejecutivo.
Resumiendo,
de este proyecto de ley ómnibus rescato dos avances: primero, con los jubilados
y los nuevos pensionados, y segundo, con las provincias argentinas.
En relación
con los jubilados, me refiero al reconocimiento de la deuda, el pago y la
actualización de haberes.
En cuanto a
la nueva figura de la pensión universal para quien nada tenía, creo que uno
aspiraría a algo ideal. De todos modos, entiendo que llegamos a lo posible.
Corresponde
advertir que esta iniciativa será una buena ley en esa materia y que desde el
Ejecutivo se ejecutará con celeridad. Me refiero a que el Poder Ejecutivo y la
ANSES facilitarán las cosas a los ciudadanos de la tercera edad para que puedan
acceder a este beneficio. De ser sancionado este proyecto, la ley será exitosa
si se tramita rápidamente su ejecución.
Entiendo que
hay que arribar a acuerdos, y seguramente si esperamos a que vengan los
jubilados, no todos podrán llegar. Desde ya, en la parte ejecutiva de la ley
habrá que valerse de los centros de jubilados, las delegaciones del PAMI, la
infraestructura de la ANSES y demás organismos del Poder Ejecutivo, para
hacerlo prontamente. Esta es la única manera de que esta iniciativa cumpla su
objetivo.
Otro aspecto
que considero positivo es que al ratificar el acuerdo firmado con los
gobernadores de las provincias argentinas se comenzará a corregir la asimétrica
distribución de recursos públicos existente en la Argentina entre la Nación,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Piensen que hace
veinticinco años las provincias no disponían del 15 por ciento a restituirse
gradualmente a la masa coparticipable. En definitiva, las competencias de los
servicios públicos más importantes y los que avanzan en función del crecimiento
vegetativo, llámense educación pública, hospitales públicos, seguridad y
justicia, están en cabeza y bajo competencia de las provincias.
La sanción de
este proyecto de ley implicará un avance importante para corregir la asimétrica
distribución de los fondos públicos, las responsabilidades y las competencias
de cada nivel de gobierno.
En mi provincia,
San Luis, el 15 por ciento se comenzó a restituir a partir de diciembre porque
se ganó un juicio después de un trabajo arduo realizado durante más de ocho
años. Desde la sanción de esta norma el importe se restituye en cinco cuotas.
Tengamos en cuenta que el 15 por ciento completo representa más del 12 o 13 por
ciento de los recursos de la provincia.
Como señalé,
en diciembre se comenzó a percibir el 15 por ciento, lo que se transformará en
2.000 millones de pesos por año en el marco de un presupuesto total de 15.000
millones. Ello equivale a construir, por ejemplo, tres mil viviendas sociales
en San Luis, provincia cuya población representa el 1 por ciento de los
habitantes de la Argentina. Con esto quiero mostrar que estamos dando un paso
muy importante en la corrección de la asimétrica distribución de recursos
públicos en el país, fortaleciendo la autonomía económica y financiera de las
provincias argentinas.
El blanqueo
es un tema desagradable porque va en contra de la cultura de pago de los tributos
de parte de los ciudadanos. Valorizo el destino del gasto y de la inversión
contenido en este proyecto ley, que está concentrado en los jubilados, la
pensión universal, y un reconocimiento o devolución de recursos
correspondientes a las provincias. Cabe aclarar al respecto que se está creando
un impuesto al sinceramiento fiscal, el cual en la consideración en particular
deberá contar con las mayorías específicas estipuladas en la Constitución, ya
que se trata de un impuesto que no ingresa a la masa coparticipable sino que
afecta al pago de las deudas de la ANSES. Habrá que tener esto en cuenta cuando
tratemos en particular los capítulos relativos a la creación del tributo.
Por lo
expuesto, adelanto el voto afirmativo en general.
Sra. Presidenta
(Giménez).- La Presidencia informa a
los señores diputados que el señor diputado Poggi fue el último orador que hizo
uso del término asignado a los bloques. Seguidamente se concederá el uso de la
palabra a los oradores individuales.
Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Sánchez.- No
haré uso de la palabra, señora presidenta.
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Castagneto.-
Señora presidenta: como hemos escuchado, estamos tratando un proyecto de ley
ómnibus, un conjunto de leyes con lógicas, procesos y tiempos tan distintos que
llama la atención que hoy tengamos que tratarlas conjuntamente.
Aquí no hay
casualidades sino causalidades. La causalidad persigue una intencionalidad
encubierta que en este caso consiste en usar a los jubilados como cortina de
humo para facilitar el blanqueo a los evasores.
A diferencia
de los blanqueos anteriores, este constituye un premio y una amnistía a las
personas que no cumplieron con sus deberes. Asimismo, estamos privilegiando el
blanqueo de muchos que hoy están despidiendo trabajadores gracias a que el
señor presidente de la Nación vetó la ley “antidespidos”. No hay que incentivar
el blanqueo sino alentar la repatriación de capitales con una orientación hacia
bienes de capital, potenciando nuestra industria, capacitando a los
trabajadores y no legalizando la fuga de capitales mediante la sanción de esta
norma.
Por otra
parte, hay que marcar de dónde viene el dinero y cuál es su destino. Si no nos
detenemos en ello, estaremos blanqueando, por ejemplo, situaciones provenientes
del narcotráfico. Por eso pido que reflexionemos y generemos herramientas para
evitar estos efectos no deseados.
En diversas
reuniones de comisión hemos manifestado que debe incluirse a los funcionarios
de la ciudad de Buenos Aires, sus ministros, secretarios y a todos sus
familiares. Si no hiciéramos esto, sería un fuerte retroceso para la
democracia.
Por otra
parte, en relación con la llamada “ley de reparación histórica a los
jubilados”, no sabemos a cuántos jubilados alcanza esa reparación. Algunos
hablan del 10, otros del 7 y otros del 5 por ciento. En ninguna de las
reuniones de comisión se pudo establecer el número.
Creo que
simplemente se está buscando llegar a vender las acciones del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad. Desde 2003, en
materia de madres de siete hijos, vejez e invalidez pasamos de 172.000 a
1.680.000 pensiones no contributivas, y hubo un incremento del 2.700 por ciento
en la pensión.
Cuando
iniciamos nuestra gestión, arrancamos con un 56 por ciento de cobertura del
sistema previsional, y al terminar lo dejamos con el 97 por ciento. Me pregunto por qué hoy tenemos que cambiar y
pasar de un sistema estatal y solidario a tener miedo de volver a una
reprivatización del sistema previsional.
Pido que se
tenga en consideración la ley 27.181, sancionada por el Congreso, que en su
artículo 20 dice que para la venta de las acciones se requiere una aprobación
de los dos tercios de esta Cámara.
También me
preocupa mucho esta modificación porque, aunque sea acotada, tenemos que
llamarla “emergencia”. La única forma que tiene la Justicia de avalar este
proyecto es que declare la emergencia. El artículo 1644 del Código Civil y
Comercial de la Nación dispone que está prohibido efectuar el acuerdo
transaccional sobre derechos irrenunciables.
Eso es lo que nosotros estamos proponiendo en las tres distintas
modalidades que tenemos, sobre todo a aquellos que tienen sentencia firme y un
nuevo acuerdo generaría nuevas demandas.
Cuando se
adoptan políticas globales finalmente no se pueden llevar a cabo, como pasó con
el IVA. Decían que iban a llegar a lo largo y ancho del país y, sin embargo,
según noticias periodísticas de estos días, las empresas de posnet están echando a sus empleados y
cerrando. Por eso las medidas populares no llegan al destino que corresponde.
En cambio, las medidas para los grupos económicos concentrados son inmediatas,
como el pago a los fondos buitre. Decían que a través de la ley iban a llegar a
la Argentina capitales para la producción y más empleo, y no resultó así.
Este proyecto
de ley nos preocupa sobremanera como bloque, porque tenemos miedo de que se
vendan las acciones a las empresas que ya conocemos, aquellas que presionan,
que no quieren gerentes del Estado mirando cada una de las cuentas.
Para
concluir, pido a los diputados y diputadas que sigamos trabajando para una
Argentina con movilidad social ascendente. No tenemos que mejorar la calidad de
vida de la gente con proyectos demagógicos y engañosos sino con iniciativas que
conlleven el crecimiento económico con inclusión social. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra la
señora diputada por Entre Ríos.
Sra. Cremer de Busti.-
Señora presidenta: llegó el día tan esperado por muchos jubilados, nuestros
mayores, que durante años han aportado a las cajas de las diferentes provincias
del país. Tenemos una deuda que lleva historia, y hoy ellos están esperando con
mucha ansiedad qué se resuelve en el Congreso de la Nación.
Este es un
problema que viene de años y las provincias han colaborado mucho con la crisis
previsional argentina. En 1992 las provincias firmaron un pacto fiscal por el
cual entregaban un 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables para
ayudar a la Nación en la gran crisis previsional y otros gastos. Luego hubo que
entregar las cajas a la Nación, pero trece provincias se negaron, y las cajas
quedaron a su cargo.
Las cajas
previsionales de las provincias no cedidas fueron acumulando un déficit muy
importante. En este momento están en una situación de crisis, de emergencia.
Con este proyecto de ley nacional de reparación para los jubilados y
pensionados empezamos a transitar un camino que no es fácil, pero es necesario
que comencemos a transparentar la situación de nuestros mayores, y que los que
tienen expedientes archivados en los juzgados tengan una respuesta. Cada uno de
esos expedientes es una esperanza, y nosotros hoy tenemos la obligación de
buscar un objetivo y seguir en ese camino, aunque tal vez no lleguemos al
objetivo supremo, que es el 82 por ciento móvil.
Entre Ríos
paga el 82 por ciento móvil porque no cedió su caja, pero tiene un déficit
fiscal muy grande. Por eso consideramos fundamental que en este proyecto de ley
se contemple el artículo 25 bis incorporado en el despacho de comisión, que
habla de la reparación a las provincias por un concepto de federalismo e
igualdad. En ese concepto, una vez que se hayan hecho las auditorías por parte
de la ANSES y de las cajas de previsión de cada provincia, se debe realizar una
armonización para que la Nación les dé los aportes necesarios para salir de la
situación de crisis en que se encuentran.
Celebro que
el 18 de mayo de este año las provincias hayan firmado con el Estado nacional
la devolución de ese 15 por ciento que habían otorgado a la Nación. Una vez que
se volvió a un sistema previsional de reparto era totalmente inconstitucional
que las provincias siguieran cediendo ese dinero a la Nación cuando tenían a su
cargo las cajas previsionales. Es decir que había un doble gasto: por un lado,
el 15 por ciento, y por el otro, el acumulado de la deuda de la caja
previsional que no habían cedido.
Si este
proyecto de ley no contempla el acuerdo y el compromiso federal de las
provincias con el Estado nacional en cuanto a considerar la devolución de los
aportes, frente a la crisis que las provincias están sufriendo por sus cajas
previsionales será imposible su cumplimiento. Por eso, pido que con un sentido
de equidad y federalismo tengamos muy presente este gran problema que se
presenta.
También
considero que es fundamental que puedan recibir una pensión todas aquellas
personas que han trabajado en negro, a quienes nunca se les han hecho los
aportes y que no tenían posibilidad de jubilarse. Por supuesto, quiero que sea
una pensión mínima, no el 80 por ciento, pero ya se abrió el camino del debate,
de la transparencia y de poner las cuentas en orden en la Argentina.
Desde mi
punto de vista, esta reparación a los jubilados y pensionados va a ser muy
beneficiosa para todas aquellas personas que están esperando una solución, pero
no despertemos falsas expectativas, digámosles la verdad. Si no les decimos la
verdad estaremos creando falsas esperanzas que pueden aumentar la litigiosidad,
que queremos evitar.
Con la
sanción de esta iniciativa vamos a resolver un problema que acarrea la
Argentina desde hace años. Hoy hemos comenzado el camino de la solución. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Mendoza.
Sr. Borsani.-
Señora presidenta: estamos tratando un proyecto de ley que a todas luces nos
aparece como histórico desde el punto de vista de la reparación que significa
para millones de jubilados de este país, de los cuales cincuenta mil ya tienen
sentencias firmes que están impagas y doscientos mil están en litigio. Además,
de seguir en estas condiciones, unos dos millones de jubilados podrían iniciar
juicios.
Es por ello
que este proyecto de ley declara la emergencia desde el punto de vista de la
litigiosidad en materia previsional. Nos ponemos de acuerdo en un tema clave
para la Nación porque estamos saldando una deuda con nuestros mayores, que en
este caso entendemos que, en promedio, tienen más de 73 años.
También
estamos resolviendo, de un modo sincero y franco, de qué manera damos
sustentabilidad al sistema previsional, ya que lo acompañamos con recursos.
Parece un
acontecimiento extraordinario algo tan básico como cumplir con los fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, con jurisprudencia que lleva años
esperando ser respetada. Iniciamos un camino de reparación y vamos a constituir
un país normal: las instituciones importan, el respeto a la ley importa, los
valores importan.
Asimismo,
resolvemos una deuda con las provincias devolviendo de manera gradual lo que
injustamente habían perdido. El pago que se devuelve este año a las veintiuna
jurisdicciones sin fallo de la Corte será de casi 13.000 millones de pesos, a
lo que se suman préstamos de la ANSES por 25.000 millones. Ese es el costo de
cumplir con la ley.
Buscamos
acuerdos duraderos que pongan las bases de un nuevo federalismo, con una
asignación de fondos más transparente, orientada a mejorar la provisión de
bienes públicos, no solo en cantidad sino fundamentalmente en calidad, y
desarrollar un mercado interno económica y físicamente integrado.
Acompañamos a
los contribuyentes cumplidores con una rebaja en la carga impositiva que
soportan en relación con el impuesto a los bienes personales, y estamos dando
una oportunidad de regularizar sus deudas a quienes han tenido problemas en
virtud del estancamiento económico, que ya lleva años, y a quienes están en
zonas de emergencia o desastre agropecuario.
Queremos
avanzar en un blanqueo de la economía ampliando la base contributiva para dotar
al Estado de los recursos necesarios para solventar las prestaciones sociales y
las estructuras del Estado que nos contienen como sociedad. Ese fue uno de
nuestros objetivos con la devolución del IVA y está en la base del proyecto de
empleo joven.
Necesito
destacar que la Argentina se está ubicando entre los países de más alta carga
impositiva. Nuestra tarea ahora es trabajar en rebalancear las cargas, dotando
de mayor progresividad al sistema al tiempo que mejoramos la calidad de las
prestaciones públicas.
Subimos el
mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y en el segundo semestre del
año todos vamos a trabajar en las escalas de dicho gravamen para devolver
progresividad.
Redujimos la
carga tributaria de las economías regionales para reactivar la producción y que
el empleo sea la primera opción a la hora de ampliar la inclusión social y
luchar contra la pobreza.
Estamos
reduciendo el impacto del IVA en la canasta básica de los sectores sociales de
menores ingresos; proponemos el debate de la ley de empleo joven con el Estado,
asumiendo los impuestos al trabajo de los jóvenes en las regiones del país más
desfavorecidas; proponemos mayores incentivos a la promoción de inversiones de
las micro, pequeñas y medianas empresas; queremos formalizar el trabajo y la
actividad económica, primera y principal puerta de entrada a los derechos
económicos y sociales en nuestra sociedad.
En 1983
nuestra fuerza estuvo puesta en reestablecer la democracia, el imperio de la
justicia y la libertad, y respondimos a ese llamado. Estamos en tiempos
extraordinarios en los que la sociedad necesita reencauzar sus esfuerzos.
Nuestra coalición trabaja en las reformas que relancen el crecimiento y que
establezcan el Estado de bienestar.
Reestablecimos
el crédito de la Nación y vamos a controlar la inflación. Necesitamos promover
la inversión en la producción y en la infraestructura; el sistema tributario va
ganando en progresividad; estamos estructurando un nuevo federalismo en el cual
las provincias ganan recursos, respeto y autonomía.
No
descuidamos ni por un minuto la necesidad de fortalecer los lazos de
solidaridad social que estructuran nuestro destino común como argentinos. Ese
Estado social al que aspiramos es el que da músculo a la democracia. Se trata
de los pisos de bienestar que protegen a las personas de los problemas que no
pueden enfrentar solas.
Vivimos una
época de sinceramiento y de reparación, de verdad y de apertura. Estamos
convencidos de que estamos yendo a la raíz de los problemas. Somos reformistas
por naturaleza. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Mendoza.
Sr. Abraham.-
Señora presidenta: he escuchado a los legisladores del oficialismo y a sus aliados,
y no coincido absolutamente en nada de lo que han planteado en sus fundamentos.
Creo que esta
iniciativa es imposible de ser votada porque hoy no existe ninguna emergencia
previsional. Tanto es así que en el presupuesto para este año -que hemos votado
el año pasado‑ se aprobó una partida para pagar las sentencias
definitivas. Ese presupuesto obviamente no fue votado por quienes hoy son
oficialistas.
Esto es
importante, porque si no hay una emergencia en este tema ello significa que tal
emergencia se ha generado en este último tiempo, ya que los fondos estaban
previstos. Además, eso significaría que también habría una emergencia
financiera, y voy a decir por qué.
En todo este
tiempo en que ha gobernado Cambiemos se ha venido dando un achicamiento y
desfinanciamiento del Estado, y una concentración de la riqueza en los grupos
más poderosos. Por eso no sería raro que realmente existiera una emergencia, ya
que están desfinanciando al Estado en beneficio de los más ricos y así lo han
venido haciendo hasta este momento.
Han dicho que
esto es una reparación histórica. Anteriormente había un 50 por ciento de
jubilados y el resto no tenía nada, y hoy tenemos un 97 o 98 por ciento de
jubilados. Entonces, digan las cosas como son: acá no hay ninguna reparación
histórica. Simplemente se trata de una ley que permite hacer acuerdos
transaccionales; no es más que eso. En sí no estaría mal, pero cuando uno ve
las condiciones de estos acuerdos transaccionales nota que son leoninas para
los jubilados o tienen cláusulas usurarias. Hay quitas con las cláusulas de
interés que se les están poniendo. Asimismo, existen intereses hasta de tasas
pasivas y hay un plazo de hasta cuatro años luego de que ingresen al sistema.
También se da prioridad a los más viejos y enfermos. Entonces, digamos las
cosas como son: si hay una emergencia previsional es porque han desfinanciado
las cuentas del Estado. No es una reparación histórica, simplemente es para dar
menos a los jubilados que tienen un derecho.
En cuanto a
la pensión a la vejez, es un plan social y no otra cosa, no tiene absolutamente
nada que ver con las moratorias que estábamos haciendo, donde aquellos que no
tenían aportes, se podían jubilar y no recibían una pensión que es incompatible
con otros beneficios sociales, no es heredable y encima los hace sentir de
segunda. Cuando hacíamos las moratorias les cobrábamos a quienes se jubilaban y
les faltaban años de aporte. Esto va en contra de lo que decían algunos
economistas de derecha, que afirmaban que estábamos regalando jubilaciones o
jubilando personas sin trabajar. Nada más lejano de la realidad, jubilábamos a
quienes habían trabajado en negro o a aquellas amas de casa que tenían un
trabajo más que digno y además pagaban sus aportes. Realmente lo que están
haciendo no es más que un plan social.
Por otro
lado, se menciona que se está beneficiando a las economías regionales. Eso es
mentira. Este gobierno ha tomado tres decisiones. Una de ellas se vincula con
la baja de las retenciones a la soja, que significó para las provincias una
gran pérdida de dinero del Fondo Solidario de la Soja. A la provincia de
Mendoza, a la cual también pertenece usted, señora presidenta, le representó
una pérdida de 400 millones de pesos.
Con respecto
a la ley del IVA, en vez de sostener al gobierno nacional a través del Tesoro,
se descuenta a las provincias, lo cual implica para la provincia de Mendoza la
suma de 500 millones de pesos. Esto no lo digo yo sino que lo afirma el propio
gobernador, que no es de mi partido. Con esta ley sucede lo mismo, sin entrar a
considerar si los impuestos son regresivos o progresivos, seguimos perjudicando
a las provincias.
A
continuación, me referiré al famoso blanqueo. Al comienzo de esta sesión un
prestigioso diputado que respeto muchísimo pidió que se tratara un proyecto
para autorizar allanamientos a los domicilios de otro diputado. Lo quería
vincular con el desgraciado y reprochable hecho que involucra al señor José
López. Esos mismos diputados que levantaron la mano para castigar a un
legislador de esta Cámara –ya lo estaban condenando mediante un juicio de valor‑,
ahora pretenden hacer un blanqueo que busca otorgar impunidad o inmunidad a
evasores y corruptos. Parece que existieran dos categorías de corruptos: los de
segunda, que entierran la plata, y los de primera, que la digitalizan y se la
llevan afuera.
Pido a los
señores diputados que no se rían porque es verdad lo que digo; de lo contrario,
no estarían tan preocupados pues no han querido tocar ni una coma de este
capítulo. En todos los demás capítulos han cedido, excepto en este.
Todo esto es
un pretexto. Los jubilados no van a cobrar a tiempo, no les van a pagar lo que
les corresponde, las pensiones no son tales sino más bien planes sociales. Todo
es una fantochada para cubrir la gran amnistía que representa el blanqueo. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Salta.
Sr. Kosiner.-
Señora presidenta: me voy a referir al título IV vinculado con la ratificación
de los acuerdos entre el Estado nacional y las provincias. En el resto de los
temas adhiero a lo expresado por el señor miembro informante de mi bloque,
diputado Bossio.
En esta
sesión no se ha hablado mucho de este tema, pero creo que es importante que
definamos en qué contexto se da este acuerdo para la restitución de fondos a
las provincias, producto de la retención del 15 por ciento de coparticipación.
El antecedente más directo es el decreto 73 del año 2016, firmado por el actual
presidente de la Nación, que deroga el decreto 2.635 del año 2015, de la
gestión anterior, que establecía la restitución directa a las provincias.
A partir de
la necesidad de no generar un vacío sobre el destino de estos fondos y a fin de
cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia se dicta el decreto 406
del año 2016, de creación del Programa Acuerdo para el
Nuevo Federalismo y del Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo. Si bien
allí se manifiesta la voluntad política del actual gobierno de restituir el 15
por ciento de coparticipación que estaba siendo detraído con destino al
financiamiento del sistema previsional argentino, se establece el Programa
Acuerdo para el Nuevo Federalismo. Por ello, se determinan algunos criterios
básicos para un futuro acuerdo al que debían llegar las provincias y el gobierno,
se crea una comisión y se aceleran los términos previstos, todo lo cual genera
el tratamiento de este proyecto de ley.
Lo
primero que hay que dejar en claro es que se trata del cumplimiento de un fallo
de la Corte. Esta retención del 15 por ciento de la coparticipación no es
imputable a este gobierno ni al anterior, pero tampoco es un acto de
desprendimiento.
Se
ha dicho que a partir de ahora comienza un nuevo rumbo en la relación entre las
provincias y el Estado nacional y que es el punto de partida de una realidad
fiscal mucho más federal. Claramente, hoy las provincias argentinas están
viviendo un proceso de desfinanciamiento y esta devolución de fondos va a
mitigar tan solo una parte, por lo cual quiero compartir algunos datos
vinculados con el tema.
Producto
de la modificación de los porcentuales de retención de la soja las provincias
están dejando de recibir alrededor de 8.000 millones de pesos.
La
devolución del IVA implicó un impacto negativo en la recaudación de las
provincias de 7.840 millones de pesos. Este tema fue aprobado por el Congreso y
nosotros apoyamos la devolución del IVA a los sectores más vulnerables.
Con
respecto a la modificación del mínimo no imponible, de acuerdo con las
estimaciones nacionales, las provincias van a dejar de recaudar 16.800 millones
de pesos.
En
lo relativo a la modificación del impuesto a los bienes personales, el impacto
negativo para las provincias sería de 6.300 millones de pesos.
Por
la modificación referida a la ganancia mínima presunta, las provincias dejarán
de recaudar 1.160 millones de pesos, y en cuanto a la eliminación del impuesto
a la renta financiera, el monto será de 4.100 millones de pesos.
¿Por
qué doy todos estos datos, señora presidenta? El total estimado de impacto
negativo en la recaudación de las provincias es de 38.000 millones de pesos de
acuerdo con lo que estaba presupuestado en este año y que las provincias no van
a recibir.
La
aplicación del primer tramo de devolución del 15 por ciento estimado para 2016
representa en este acuerdo un monto superior a los 10.000 millones de pesos.
El
proceso de desfinanciamiento de las provincias continúa. Se cumple con el fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero esto no significa que se
haya revertido el proceso hacia un federalismo fiscal. No estamos diciendo que
se quebró ese saldo pendiente, el cual no es imputable a ningún gobierno en sí,
sino que es una línea histórica que debe cumplimentar la política
argentina en reparación del sistema fiscal respecto de las provincias y el
Estado nacional.
Solo con lo
que se devuelve a las provincias en este primer tramo se alcanza a cubrir,
estimativamente, el 27 por ciento; algunos hablan de una cifra cercana al 30
por ciento. Me refiero a lo que las provincias pierden de recaudar, producto de
todas estas modificaciones que se han planteado en materia impositiva.
Hago esta
aclaración objetiva, no una valoración, porque seguramente hay reclamos justos
que deberían atenderse, como el impuesto a las ganancias y la devolución del
IVA. El dato objetivo de la realidad es que solo se cubre entre un 27 y 30 por
ciento de lo que las provincias dejan de recaudar. ¿Por qué planteo esto? Sin
lugar a dudas, creo que esta sesión debe servir para tomar el guante y proponer
un nuevo desafío. Necesariamente debemos abocarnos a discutir la
coparticipación federal, pero encontrándole un nuevo criterio. Desde la
provincia de Salta insistimos en la necesidad de crear un fondo de compensación
que establezca los recursos discrecionales del Estado nacional, es decir, todos
aquellos recursos que genere el Estado por arriba de lo presupuestado a través
de políticas de crecimiento. Sería interesante discutir esto con nuevos índices
que recompongan la relación de convergencia en las provincias. Es necesario tomar
índices mixtos en función de regiones cuyo NBI está por debajo de la media
nacional y la tasa de desempleo por arriba. Debemos avanzar hacia políticas de
convergencias, y para ello la Argentina tiene que recuperar la senda del
crecimiento.
Por lo tanto,
resulta necesario incluir dentro de la agenda política del Congreso el debate
de un fondo de convergencia, que supere la fracasada discusión sobre la ley de
coparticipación, que ha sido sistemática. Nosotros proponemos la creación de un
fondo de convergencia para evitar estas cuestiones, como las que he relatado.
Aun
devolviendo el 15 por ciento que corresponde a las provincias, no terminamos de
zanjar los procesos de desfinanciamiento de las arcas provinciales, a partir de
toda esta pérdida de fondos coparticipables. Por eso, apuesto a que
incorporemos definitivamente en la agenda del Parlamento la creación de un
fondo de convergencia con índices que puedan romper los desequilibrios que
todavía existen en nuestro país. (Aplausos
en las bancas.)
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada
por Mendoza.
Sra. Balbo.-
Señora presidenta: es altamente simbólico que en el día en que debemos
reflexionar sobre el maltrato de los ancianos, no solo estemos por votar una
ley de reparación histórica a los jubilados sino también poniendo un punto
final a una ruptura de solidaridad entre las generaciones de argentinos, ya que
los trabajadores activos deben cuidar de sus ancianos, como ellos lo hicieron
cuando eran trabajadores activos. Por eso, ha sido un descarado y continuo
asalto el uso que se hizo de esos fondos, con miles de excusas: había que
reparar las condiciones del Estado, había crisis, había que incentivar el
consumo, cuando en realidad lo único que hicieron fue pagar la corrupción. Estoy
hablando de sobreprecios en la obra pública, ñoquis, bicicletas financieras,
dinero en bolsos que fueron tirados en puertas de conventos, como vimos
recientemente.
Una sociedad
madura no puede ni debe desentenderse de aquellos que cooperaron cuando tuvieron
que hacerlo. Si no somos capaces de tener esta mínima solidaridad menos vamos a
poder construir una nación en la que la unión de los argentinos sea su base.
Hubo muchas excusas para no cumplir con un solo pedido que hacían los
jubilados: que no usáramos su dinero para otro destino que no fuera el de
pagarles. En esta injusticia que atravesó largos períodos prevaleció una lógica
política: ellos o nosotros, una cosa o la otra. No había opción en una
democracia de imposición como la que tuvimos en los últimos años. Este asalto
al dinero de los jubilados conoció una estrategia política de las más bajas, de
las más vergonzosas de la democracia, estrategia que nos involucró a todos, a
algunos por acción y a otros por omisión. ¿Cuál era la idea? Simplemente que
los jubilados se murieran antes de poder recibir el reclamo que legítimamente
habían hecho, apelando a la burocracia de la Justicia que transformaba en años
la devolución o la sentencia de dichos reclamos.
En un país
donde se aumentó el número de miembros de la Corte para poder justificar la
venta de los bienes del Estado o que se recurrió a diputados truchos para
sancionar una ley, hubo funcionarios que usaron la excusa de que esto implicaba
cumplir con los deberes de funcionario público, en lugar de defender los
intereses de los jubilados. No hubo medida alguna del poder político o del
Poder Judicial para terminar y poner fin a esta inmoralidad, que fue apostar a
la burocracia para que los jubilados murieran antes de ver concretados sus
derechos. El mecanismo fue muy claro: hacer denuncias, malas liquidaciones,
reclamos, apelaciones contra las sentencias, nuevamente reclamos y más
apelaciones. Sin embargo, no hubo ningún intento –que quede claro- de salir de
esta perversa descripción política hasta este momento. Hoy estamos dando fin a
este sistema realmente perverso.
Sabemos que
reconstruir nuestras instituciones es tarea de todos los días. El respeto por
nuestros mayores es una de esas instituciones, aunque tengamos que hacer
esfuerzos y sacrificios muchísimo más grandes de los que esperamos para hacer
justicia. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada
por Catamarca.
Sra. Mercado.-
Señora presidenta: en los días previos a esta sesión vimos con asombro cómo
bajo el eufemismo de “reparación histórica a los jubilados” se intenta encubrir
otros intereses que poco tienen de reparadores y nos acercan en mucho a una
historia que ya conocemos.
No considero
que “reparación histórica” sea la expresión indicada ante tan importante quita
en los haberes de nuestros abuelos. Hablamos de una quita que no se tuvo el
valor de negociar frente a los fondos buitre ‑como lo señalara hace días
atrás la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner‑, pero sí con
nuestros adultos mayores. El resultado oculto tras las frases sensibles y
rimbombantes es una verdadera y perversa quita a la percepción que corresponde
a nuestros jubilados. Reparación histórica es la que protagonizamos, como
movimiento político, cuando el general Perón universalizaba las cajas de
jubilaciones de los trabajadores en relación de dependencia, autónomos,
empresarios, profesionales y trabajadores rurales.
Reparación
histórica es la que hemos realizado estos últimos años, cuando superando
aquella alianza estratégica por parte del peronismo con algunos sectores
neoliberales iniciamos un plan de inclusión de más de tres millones de abuelos
que pudieron jubilarse y recuperar sus ingresos que sufrieron un incremento
mayor al 2.000 por ciento en los últimos doce años.
Hemos
recuperado el sistema previsional y los fondos de las AFJP, conformando el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad e implementando las moratorias
previsionales que ampliaron derechos, incluyeron y repararon una tremenda
injusticia.
Fue el tristemente
célebre ex ministro Domingo Cavallo quien intentó relacionar la venta de las
acciones de YPF con el saldo de la deuda al sector pasivo en los años 90. No
vamos a contar aquí cómo terminó esa historia, pero sí vamos a hablar de este
proyecto que –espero equivocarme- se parece demasiado a lo que ocurrió en aquel
momento.
Este
proyecto, que originalmente permitía la venta de acciones del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad, solo ha recibido algunas modificaciones cosméticas que lo
único que hicieron fue disimular que se ha aceptado la venta de esas acciones
que forman parte de un fondo que se ha incrementado siete veces desde su
conformación. En mi opinión, esa venta no es una necesidad del Estado sino de
las empresas, que quieren apropiarse de lo que pertenece al pueblo argentino.
Además, cabe
señalar que ese fondo no solo nos permite mantener el sistema previsional
argentino, sino que también es central para el logro del equilibrio y la
independencia de la economía del país. Por lo tanto, de avanzar con esta
iniciativa, seremos testigos de cómo a la fuga de capitales privados se sumará
la de los capitales de la ANSES.
La propuesta
de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que ha sido presentada como un
avance por el señor presidente, es ni más ni menos que la puesta en escena de
dos sistemas jubilatorios: uno, para jubilados de primera; otro, para jubilados
de segunda categoría.
Por otra
parte, con la excusa del pago histórico a los jubilados, el oficialismo está
impulsando como en una coctelera, la combinación forzada y cínica de temas tan
diversos, como la autoamnistía que se esconde tras la entrega de capitales y el
sinceramiento fiscal que permite que el dinero y los bienes producto de la
evasión impositiva, trata, narcotráfico, venta de armas, etcétera ‑entre
otras tantas actividades ilegales que durante años se escondieron en el
exterior- adquiera un carácter legal a partir de la sanción de este proyecto
sin necesidad de que sean repatriados. Lo mismo debo decir en cuanto a la
eliminación de impuestos y la reducción de alícuotas, que afectan la
recaudación y ponen límites a la devolución del 15 por ciento a todas las
provincias argentinas.
Contra toda
lógica interpretativa y alejándonos de la simpleza de las propuestas que este
Parlamento debería ofrecer a la ciudadanía, explicando claramente su alcance y
dimensiones, nos aprestamos a votar un proyecto que como una cebolla esconde
entre sus distintas capas múltiples mensajes y propósitos, muchos de los cuales
atentan directamente contra el interés social y el futuro de nuestro sistema de
convivencia. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra la
señora diputada por Chubut.
Sra. Lagoria.-
Señora presidenta: llevamos varias horas de debate durante las cuales cada uno
de los oradores ha señalado lo que piensa sobre este proyecto, que lleva como
título Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.
Sin duda,
esta iniciativa ha generado expectativas, ansiedades, controversias y también
esperanza, sobre todo en el mundo de los jubilados, es decir, en aquellos que
hoy ven la posibilidad de que se haga justicia después de tantos años en los
que a pesar de haber iniciado un juicio –como ocurrió con algunos de ellos-
nunca han visto actualizado su haber jubilatorio. Tan así es que algunos han
muerto sin lograrlo.
La situación
de los que todavía siguen esperando es de total injusticia. Por más que
cantemos loas, esa es la realidad, que personalmente viví y vivo de cerca con
gente muy querida, algunos de los cuales murieron con esperanza pero también se
fueron con mucha frustración. Sabemos que esta es una deuda que tiene el Estado
para con todos ellos. Por lo tanto, sin entrar en disquisiciones técnicas,
simplemente quiero anticipar mi voto de acompañamiento para que se repare la
injusticia a la que vienen siendo sometidos.
Siempre
hablamos de derechos, y en mi opinión esta reparación constituye el
cumplimiento de un derecho. El problema es que después no controlamos si se
hace efectivo, como ocurre en el caso del derecho a la vivienda, al trabajo y a
la dignidad. Espero que esto no quede en una mera enunciación y podamos ver
concreciones.
Para quienes
han pasado muchos años por tribunales, esto significa nada más ni nada menos
que el pago de lo que les corresponde. Han dejado su vida en el trabajo,
sirviendo a nuestro país, y debemos darles lo que se merecen. Tal vez no
podamos hacer todo lo que quisiéramos; quizás no lo hagamos en su totalidad
sino en la medida de lo que es posible, pero es preferible que perciban algo en
sus últimos años de vida.
A través de
mis compañeros de bloque me llegó la información de que se ha podido
intercambiar opiniones y que se han aceptado sugerencias, porque lo que se
busca con este proyecto no es el negociado ni la burla de las personas a las
que está destinado, sino hacer justicia y trabajar por el bien común.
Una de esas
modificaciones apuntó, entre otras cosas, a evitar que se liquiden las acciones
de empresas que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES,
procurando la capitalización del Estado. Por ello, solo se permite la venta con
ciertas restricciones, porque es necesario salvaguardar los recursos de ese
fondo.
También
resulta conveniente la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor,
destinada a aquellas personas que habiendo trabajado no cuentan con un
resguardo previsional. De esta manera, al cumplir los 65 años podrán tramitar
este beneficio, que se les asignará de por vida.
Es justo y
necesario valorizar también la devolución del 15 por ciento de los fondos
coparticipables que se destinaron a la ANSES a partir de 1992. Al respecto,
cabe señalar que por un acuerdo suscripto con las provincias el 18 de mayo del
corriente año, esos recursos volverán a las respectivas jurisdicciones.
Por otro
lado, es necesario terminar con el asistencialismo y que las provincias tengan
cada vez más independencia económica. Esto les permitirá recuperar el
federalismo y que de una vez por todas tengan lo que les corresponde. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Fe.
Sr. Barletta.-
Señora presidenta: tenía preparado un discurso, pero hay algo que no puedo
dejar de señalar.
A lo largo
del debate hemos escuchado a distintos legisladores planteando si estamos o no
ante una emergencia en materia de litigiosidad previsional, si este proyecto
constituye o no una reparación histórica y si va a generar o no un nuevo marco
de litigiosidad.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la
Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.
Sr. Barletta.- Al
escuchar esas manifestaciones me acordé de la sesión en la que discutimos el
pago de las sentencias que salieron en contra de los argentinos y a favor de
los fondos buitre, cuando decían que íbamos a tener un nivel de litigiosidad
mayor al que resolvimos. No recuerdo si hablaban de 400.000 millones de dólares
o de qué cantidad. Se discute si son 600.000, un millón o un millón y medio.
Ahora resulta que tener la información al día y precisa es determinante, cuando
vivimos en este país sin saber cuántos eran los pobres, de cuánto era la
inflación, etcétera.
También dicen
que se va a eliminar el impuesto “a los ricos”, como denominan el impuesto a
los bienes personales. ¿Saben cuál era la base imponible del impuesto a los
bienes personales? Era de 300.000 pesos. ¡Con razón la ex presidenta decía que
en este país éramos todos ricos! Quizá por eso decían que no había pobres. Por
lo menos con esta ley se va a llevar esa base imponible a 800.000 pesos.
Pero no voy a
entrar en este tipo de cuestiones porque, como dijeron algunos diputados –entre
ellos, el señor diputado Bossio‑, tenemos que dejar de lado las chicanas
y las críticas y pensar en el futuro.
Siguiendo con
el sentido de las palabras de la diputada que me precedió, porque es la primera
alocución en la que advierto un sentimiento de análisis humanitario del
problema, quiero hacer una pregunta a aquellos que se oponen y dicen que no hay
mérito, que no hay conveniencia, que no hay oportunidad o que este proyecto es
una cebolla. A ellos les pregunto: ¿conocen a algún jubilado que se haya muerto
sin poder cobrar lo que le correspondía? ¿No saben que si no resolvemos este
problema se van a morir otros jubilados? No sé si con esta norma estamos
resolviendo el problema de la mejor manera posible ‑por supuesto, me
encantaría pagarles lo que les corresponde y 6.000 pesos más a cada uno de
ellos, que es un proyecto que se deslizó por ahí‑, pero estamos dando un
gran paso. El viejo que vivía en la esquina de mi casa, con quien tenía una
gran amistad, se murió antes de poder cobrar lo que le correspondía. Entonces,
no pueden decir que no hay oportunidad, que no hay conveniencia o que no hay
mérito. En todo caso, podremos discutir si el proyecto es mejor o peor y si se
puede mejorar.
Quiero apelar
a todos los diputados que se están oponiendo a este proyecto y pedirles que
piensen en algún jubilado de 80 años de edad, que a lo mejor tiene problemas
físicos y no la está pasando bien porque no está cobrando la jubilación que a
todos nos gustaría pagarle. Piensen en los que se están por jubilar hoy, mañana
o la semana que viene, que no tendrán que litigar –lo que implica transitar un
camino tedioso‑ porque además van a cobrar lo que les corresponde, es decir,
un poquito más. Les pido que hagamos un análisis un poco más desde lo humano y
no excesivamente desde aspectos técnicos, los que por supuesto han sido
debidamente analizados y debatidos y se ha logrado consenso con otras fuerzas
políticas.
Señor presidente:
hoy, en el día de la bandera morada de aquella reforma universitaria de 1918,
cuando precisamente fueron jóvenes quienes tuvieron una idea emancipadora ‑quizá
no lograron sus objetivos pero generaron una universidad con mayores
oportunidades‑, sería importante que fuésemos nosotros, los diputados,
quienes pensando también en este día de toma de conciencia del maltrato a los
viejos, diéramos esta alegría a todos aquellos que quizás no recibirán todo lo
que se merecen pero sí un poco más de lo que están recibiendo. Así, tal vez
evitemos que cada mañana se levanten pensando si la muerte les llegará antes de
percibir lo que les corresponde por su jubilación. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Raverta.-
Señor presidente: en primer término, quiero hacer un llamado de atención acerca
del hecho de estar sesionando nuevamente con las gradas vacías. Conozco la
preocupación del presidente Monzó por las paredes de mármol de este recinto,
pero me parece que es más importante que el lugar que le corresponde al pueblo
esté vacío. No sé si es porque seguimos discutiendo leyes contra el pueblo,
porque quieren tenerlo lejos, o cuál es el motivo, pero seguimos sesionando
solos.
También
quiero hacer referencia a una cuestión más general que me ha llamado la
atención en estos últimos seis meses respecto de esta agenda impuesta por este
nuevo gobierno. Pareciera que el gobierno ha tomado nota de cada uno de los
logros, conquistas y derechos que se han logrado en estos últimos tiempos para
destruir cada uno de ellos. Por ejemplo, respecto a los fondos buitre vino a
dar por tierra con una política de desendeudamiento que el ex presidente Néstor
Kirchner logró históricamente para los argentinos y las argentinas. La ley del
ENACOM dio por tierra con la ley de medios –una ley muy importante‑ y
con la idea de vivir en una Argentina con pluralidad de voces. Más
recientemente, la Alianza del Pacífico dio por tierra con pensar que podíamos
vivir en una patria grande y también dio por tierra con la idea que habíamos
conquistado cuando le dijimos “chau” al ALCA, en Mar del Plata, en 2005.
Falta que
vengan por las leyes del perdón y por los juicios de lesa humanidad. Espero que
esto todavía no lo tengan en su agenda los creativos de este gobierno.
Hoy vienen
por la ANSES. Vienen por una ANSES que hemos logrado reconstruir para que sea
equitativa y justa pensando en una Argentina para todos y todas, es decir, para
los trabajadores, los jubilados y los pensionados. No sé si será el creativo
del concepto del segundo semestre, el creativo de la pesada herencia o el del
túnel que asfixia y no nos deja respirar. No sé qué creativo será, pero sí sé
que si nos meten en ese túnel definitivamente nos van a meter en el túnel del
tiempo, donde nos vamos a encontrar con Norma Plá y sus cien marchas de los
miércoles. Y vuelvo a decir, señor presidente, que tengo el hermoso hábito de
recordar a aquellos luchadores que ya no están pero que con su lucha han dejado
un testimonio de una Argentina para todos y todas.
Por último,
quiero apelar a quienes se posicionan desde un lugar de oposición y pedirles
responsabilidad en su voto. Quiero recordarles que más temprano que tarde el
peronismo volverá a gobernar la Argentina, y lo hará para reconstruir lo que
hoy están destruyendo. Piensen en la ANSES. Como dije, volveremos a gobernar
esta Argentina y trataremos de que la salida del infierno sea lo menos costosa
para nuestro pueblo. (Aplausos en las
bancas.)
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra la señora
diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Besada.-
Señor presidente: estoy muy contenta por lo que está sucediendo hoy aquí. Esto
que está pasando es justamente el reflejo de un cambio. Se trata del cambio de
un gobierno que mira de distinta manera, que quiere cuidar a los más
vulnerables y cerrar un capítulo bastante doloroso: el de la espera, el de esa
espera terrible que trae en todos los adultos mayores esa inseguridad de vivir
con lo que uno intenta tener y nunca logra.
Teníamos un
Estado que se ocupaba de darnos cátedra sobre los derechos humanos, pero no
pagaba los juicios. Por lo tanto, no saldaba las deudas con los jubilados y
usaba los fondos para otras prioridades.
Tal vez hoy
nuestra prioridad sea dar a los jubilados y a los pensionados lo que ellos se
merecen. Este no es un problema de dinero sino de dignidad y respeto. Hay
2.300.000 jubilados que van a tener una mejora de casi un 40 por ciento. No es
poco. Van a recibir algo los que habían iniciado juicio y también los que no lo
hicieron: la pensión para adultos mayores. Entonces, esta es una forma de
reivindicarlos y tenerlos en cuenta.
Debemos
pensar en que todos somos jubilados en potencia y que esa historia de ser
pasivos tal vez no es tan justa. Deberíamos vernos con un futuro activo y con
autonomía, pensando en todo lo que quisimos hacer y que con ese dinero que nos
corresponde vamos a poder lograr.
Por eso, creo
que lo más importante del día de hoy es reivindicar a todos estos abuelos que
están esperando y a los que nosotros les vamos a dar una posibilidad.
Quiero dar
lectura de un texto que estoy segura que se va a identificar muy rápidamente.
Dice así: “De entrada enfilo para la plaza Lavalle y ahí me encuentro con mi
gran amigo, el jubilado José Angustia, que estaba haciendo un fueguito debajo
de la cacerola.
– José, ¿qué estás haciendo? ¿Un curso de cocina?
- No, Tato. Esto es una olla popular.
- ¿Una olla popular? La verdad es que ustedes los jubilados
no se privan de nada. ¡Se dan todos los gustos! Y después hablan…
- No cargue, Tato. Además, el problema es que tenemos la
olla popular vacía. ¿Podría donarnos una papita, una batata, algo para
llenarla?
- Pero escuchame, ¿cómo se te ocurre calentar una olla
vacía?
- Lo que pasa, Tato –me dijo mi amigo José Angustia, con
lágrimas en los ojos- es que el agua está contaminada. No tenemos guita para la
lavandina y los porotos que usábamos para el truco, vino la brigada antidroga y
se los llevó en cana. Pero, ¿vos nos podrías decir si nos van a censar?
- ¿Cómo a censar? No te entiendo, amigo.
- Y, mirá Tato: se trata de un censo de personas, pero de
nosotros, los jubilados, no dicen nada.
- Ay, eso es un golpe bajo.
- No, Tato, no es un golpe bajo. Si creyeran que nosotros
también somos personas, no nos tratarían así.”
Esta es una
parte de un monólogo de Tato Bores del año 1990, durante el gobierno del doctor
Menem, donde Tato nos muestra que todo sigue igual. Ahora, estos jubilados
tienen la oportunidad de volver a sentirse personas y tener lo que ellos
merecen. Justamente por eso, porque les corresponde, lo merecen y tienen todo
el derecho, es que estamos defendiendo este programa de reparación histórica. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado
por La Pampa.
Sr. Torroba.-
Señor presidente: la característica del proyecto en tratamiento y el tiempo del
que disponemos me llevan a referirme solamente a dos temas que trata la
presente iniciativa.
En primer
lugar, me voy a referir a algo que ha sido poco abordado por los diputados, es
decir, los artículos 23, 24 y 25, que se refieren al acuerdo entre provincia y
Nación para recuperar la coparticipación plena.
Tengo que
expresar mi satisfacción por este acuerdo, porque las provincias, en forma
paulatina, van a recuperar ese 15 por ciento que cedieron en 1992. Sin duda,
este acuerdo no ha dejado conformes a las provincias y no ha dejado conforme a
la Nación, pero creo que es una medida justa.
Se cumple
también con la sentencia de la Corte porque, en función de las demandas de las
provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe se exigía la restitución de la
coparticipación plena. Asimismo, se cumple con el artículo 1° de la
Constitución Nacional.
Creo que
estamos cerrando una página de un unitarismo exacerbado. Nunca antes en la
historia de la Argentina vivimos una concentración de estas características.
No coincido
con el diputado preopinante, representante de la provincia de Salta –por quien
tengo un gran respeto- en el sentido de que esta iniciativa no constituye un
avance con respecto al federalismo fiscal. Considero que recuperar el 15 por
ciento sin duda implica un avance en el federalismo fiscal.
Asimismo, la
disminución de los impuestos representa un avance con respecto al federalismo
porque la presión tributaria se ejerce no solamente sobre la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sino también en el interior del país.
Quiero
recordar que a partir de 2005 todas las provincias pudieron haber demandado a
la Nación, pero solamente tres lo hicieron. Como consecuencia de una actitud de
pasividad de las provincias, van a poder recuperar solamente los últimos cinco
años por la prescripción de lo que la Nación está debiéndoles.
Recuperar
este federalismo fiscal es una vacuna contra el hiperpresidencialismo, y me
parece que esto es importante para mejorar la calidad institucional de nuestro
país. Sirve también para desconcentrar el poder, lo que constituye una garantía
en contra de la corrupción.
Este
federalismo fiscal que estamos poniendo en funcionamiento no solo contribuirá
al desarrollo armónico del país, sino que también traerá aparejada una
reorganización de la vida política interna en la República Argentina.
Con esto,
señor presidente, quiero decir que estamos iniciando un camino que garantizará
institucionalidad en la República Argentina.
Otro tema al
que me quiero referir es relativo al programa de reparación histórica. Quiero
agradecer a todos los bloques por la contribución que han hecho y deseo
reconocer al Frente para la Victoria lo que significó incorporar a más de tres
millones de jubilados que no tenían aportes y alcanzar una cobertura del 97 por
ciento.
Pero estos
hechos, a los que nosotros no quitamos importancia, no desmerecen el proyecto
que hoy estamos tratando. Vale decir que estamos incorporando a dos millones de
jubilados, o más, que en un 65 por ciento son mujeres vulnerables de
aproximadamente 74 años que necesitan recursos en esta etapa de la vida. De
esta manera, les resolvemos un problema.
Además,
venimos a cumplir con miles de sentencias, y esto es bueno porque estamos
diciendo a nuestros compatriotas y al mundo que en la Argentina el Poder
Ejecutivo cumple con las sentencias del Poder Judicial. Estamos recuperando la
división de poderes.
Aquí se han
expresado dudas sobre la sustentabilidad del sistema jubilatorio como
consecuencia de este programa. El sistema jubilatorio tiene una luz amarilla de
alarma porque presenta un alto nivel de informalidad; hay muchos Estados
provinciales que no hacen los aportes jubilatorios por la totalidad del sueldo
de sus empleados sino solo por una parte, y la inflación exacerbada afecta la
forma de conservar los recursos de los jubilados.
Bienvenida la
conformación de esta comisión que sin duda debe tener un pensamiento
estratégico para resolver en los próximos años el sistema jubilatorio de todos
los argentinos.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado
por Córdoba.
Sr. Pereyra.-
Señor presidente: seré breve porque todavía hay muchos diputados que harán uso
de la palabra. Haré llegar la totalidad de mi exposición para que se inserte en
el Diario de Sesiones. Solo quiero expresar algunas palabras.
Me hubiera
gustado que este proyecto de ley ómnibus o de “cinco en una” hubiera sido de
“una en una”, es decir que en cada sesión hubiésemos tratado cada una de estas
iniciativas. Si el Ejecutivo tenía mucha prisa, podríamos haber sesionado dos
veces por semana; para eso nos pagan.
¡Cómo no voy
a compartir una norma cuando se trata de los jubilados! Eso es de lo que más se
ha hablado aquí, pero la norma contiene otros cuatro temas. Un segundo tema que
me hubiera gustado tratar y apoyar es el acuerdo con las provincias en cuanto a
las cajas provinciales transferidas y no transferidas, para solucionar este
asunto de una vez por todas.
En cuanto a
los otros tres temas, sobre los que menos se ha hablado aquí, por los intereses
que siempre se esconden detrás, creo –casi sin temor a equivocarme‑ que
son los que han traído a esta sesión esta “megaley”.
En la década
del 90 –seguramente todos los mayores lo recordarán‑ también hubo una
“megaley” para pagar a los jubilados, para lo cual había que vender YPF. Cuando
terminó esa película, allá por 2001, nos habíamos quedado sin YPF y sin cajas
de jubilaciones, lo que hoy es la ANSES. No vaya a ser cuestión de que detrás
de esto se estén encubriendo muchas cosas que pueden suceder si tropezamos con
la misma piedra.
Para
finalizar, quiero recordar una frase de mi abuela, quien decía que cuando la
limosna es grande, hasta el santo desconfía. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra el señor
diputado por Río Negro.
Sr. Doñate.-
Señor presidente: es breve el tiempo del que disponemos para hacer uso de la
palabra; por lo tanto, no voy a abundar en cuestiones técnicas que ya fueron abordadas
y que se profundizarán en el tratamiento en particular. Simplemente quiero
hacer una consideración política.
Vengo de la
provincia de Río Negro, que hasta 2003 fue el patio trasero de la patria: la
Patagonia argentina. Pasaron décadas de abandono, olvido, postergaciones, hasta
que comenzó un proceso de doce años en el que se puso la mirada en aquella
región olvidada, que por cierto es hermosa, que tiene paisajes divinos; que
tiene El Calafate, Bariloche; que tiene a esa hermosa provincia del Chubut;
Tierra del Fuego; que tiene la nieve, el mar, la cordillera. Pero también tenía
y tiene mucha gente sufriendo en el interior profundo.
Se revirtió
la vida de mucha gente que sufría a partir de políticas públicas como el acceso
a una jubilación o pensión. Basta recordar el rostro de miles de abuelos del
campo, de la línea sur, que hoy pueden ir al cajero automático de Ingeniero
Jacobacci o de Maquinchao y cobrar su derecho.
Hace doce o
quince años esos abuelos pedían por favor a los hijos un plato de sopa o un
mate cocido a la noche como para por lo menos ir a dormir con la panza caliente
y ver al otro día cómo seguir.
Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner devolvieron esa dignidad, no solo a
la Patagonia sino también al Norte Grande, abandonado durante años por el
Estado nacional.
Vemos hoy,
con dolor, cómo quieren desarticular y hacer crujir esos mecanismos
distributivos, rompiendo la médula y la esperanza de millones de abuelos de
todo el país. Quieren volver a romper esas instituciones que abrigan derechos
para iguales y semejantes. Quieren hacernos creer que no somos todos iguales
frente al Estado, que no tenemos los mismos derechos; que el que puede pagarse,
que se pague; que el que puede, puede y el que no, que se embrome. Es el mercado
que ocupa el rol del Estado. Ese es el proceso que estamos viviendo en los
últimos seis meses con este nuevo gobierno. Este tipo de leyes como la
anterior, ese endeudamiento trágico con los fondos buitre, es el mejor ejemplo.
No es el
populismo mal significado que la derecha nos quiere hacer creer. El que se
quiere desarticular es un programa sustentable en el tiempo, que partía de la
recuperación de la plata de los trabajadores en manos de la timba de las AFJP
que ahora quieren regresar. Es el mercado el que regresa a ocupar el rol del
Estado.
Recuerdo que
en 2008 el diputado Pinedo afirmaba en este mismo recinto que no estaban de
acuerdo con la recuperación de los fondos previsionales para el Estado porque
decía que se violaba el derecho de los trabajadores activos; que se ponía en
peligro la jubilación de los futuros trabajadores pasivos. Decía textualmente
el actual senador Pinedo: “Si los fondos pasan al Estado, el juez Griesa los va
a confiscar.” ¡Mire qué paradoja!
Repito: es el
mercado el que viene a ocupar el rol del Estado, y el símbolo más claro no es
solo este proyecto. Quizás la figura del ministro Aranguren sea el claro
ejemplo de cómo viene el privado, la corporación, a tomar decisiones en función
de sus propios intereses. La incompatibilidad y la ilegalidad de las decisiones
del ministro, la afectación de los intereses y del desarrollo estratégico de la
Nación en las decisiones de ese ministro es el claro ejemplo que se replica en
todas las esferas del Estado.
Hay que estar
atentos porque Aranguren tiene acceso a información confidencial, secreta,
estratégica, de la competidora principal que tiene su propia empresa, Shell,
que es la YPF renacionalizada. Eso es peligrosísimo. Parece que los medios
masivos de comunicación de eso no se ocupan mucho.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la
Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sr. Doñate.- Ese
abuelo del interior profundo de la Patagonia argentina, que recibió el derecho
a su jubilación y tuvo que dejar de pedir por favor un plato de sopa al hijo
para dormir con la panza un poco más caliente, vivió una reparación histórica
previsional. Esto que estamos entregando hoy como ley a los mercados, a favor
de la vuelta de las AFJP, es una ley trágica de regresión histórica, todo lo
contrario a lo que nos quieren hacer creer.
Quiero llamar
la atención, porque aquellos ex compañeros que se disfrazan de opositores pero
acuerdan todo, especialmente aquellos que se vanagloriaron y condujeron
administrativamente la decisión política de Néstor y Cristina, defendieron el
modelo de reparto solidario, el modelo previsional más grande que tuvo
Latinoamérica como el que vivimos hasta hoy, y ahora son los que le encuentran
defectos permanentemente, entregando todo en manos del mercado, mientras
hicieron su campaña y su vida política gracias a ese modelo. A ellos también
los condenará la historia.
Sra. Presidenta (Giménez).- La Presidencia le solicita que
redondee su exposición.
Sr. Doñate.- Ya
finalizo, señora presidenta.
Quiero decir
que no van a salir ilesos de la historia. La democracia requiere consensos,
mucho se habla de ellos pero antes necesita bregar por los intereses de la
mayoría.
Por eso, este
proyecto de ley que baja el 20 por ciento las jubilaciones mínimas, que promueve
las jubilaciones de privilegio, que después del escándalo de las cuentas offshore de medio gabinete busca
blanquear esos fondos ilegales sin pagar penalidades, es una norma regresiva
para las mayorías populares, lesiva para la democracia y espuria en los
acuerdos que sustenta. (Aplausos en las
bancas.)
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada
por Córdoba.
Sra. Rossi.-
Señora presidenta: decía Jorge Guinzburg que los argentinos somos un tango
porque somos nostalgiosos. No quiero que me tilden de nostalgiosa pero sí
quiero hacer un retroceso en la historia. Siempre trato de mirar hacia adelante
y la historia me sirve para no equivocarme nuevamente.
Debemos
encuadrar la cuestión de la previsión social en un marco histórico de la República
Argentina. El sistema previsional siempre fue bastardeado. Recuerdo a mi abuelo
cobrar por la Caja Nacional de Jubilaciones de los Empleados Ferroviarios; a mi
papá, aportando a la Caja de Autónomos; a alguna persona cercana, que tenía
empleados en una pequeña empresa metalúrgica, aportando para la Caja de
Jubilaciones de la Industria. Pero un buen día me despierto y en el diario de
mi pueblo, La Opinión, de Trenque
Lauquen, en la radio local y seguramente se replicaba para quienes podían leer Clarín, La Prensa, o La Nación,
escuchaban radio El Mundo, Belgrano o Nacional en distintos puntos del país,
decían que el gobierno ‑no quiero decir que había metido la mano en la
lata- por motivos económicos había recurrido a los fondos de los trabajadores. Es
decir que hicieron desaparecer algunas cajas en una unificación para solucionar
el desaguisado de la mala administración del dinero de los trabajadores y de
los jubilados.
Esto no pasó
solo en esa época, sino que también sucedió allá por los años 50 debido al
agotamiento de las reservas, a la caída de las exportaciones y a la crisis de
la balanza de pago. También el gobierno de esa época había recurrido a los
fondos acumulados del sistema jubilatorio y después, ¡oh sorpresa!, vinieron
las AFJP y quienes teníamos algunos aportes ‑mi caso, por ejemplo‑
nos vimos obligados a elegir una jubilación privada. Luego, un buen día,
nuevamente volvimos al sistema de reparto.
Es decir que
a lo largo de la historia hemos sido siempre socios de las pérdidas y nunca
accionistas de las ganancias, pero ‑nobleza obliga- no solo los gobiernos
han sido quienes desvirtuaron este sistema que seguramente fue pensado casi
perfecto. Nada hay perfecto en la vida, sino que todos como sociedad hemos sido
cómplices de personas, empresarios o comerciantes que tenían empleados
declarados y no aportaban lo que les retenían, quienes hacían clientelismo,
cuando no amiguismo político, dando pensiones y jubilaciones a quienes no
habían aportado nunca y ni siquiera tenían una edad para acceder a este
beneficio. Ni qué hablar de las jubilaciones de privilegio, que durante años
dañaron casi de muerte devastando este sistema previsional.
Por eso, lo
que hoy nos sucede no es gratuito, nos viene de la historia. Los jubilados
debieron iniciar juicio porque sus haberes no se correspondían con lo que
realmente les tocaba. Si hubiese sido el 82 por ciento no hubiera habido
problema. No olvidemos que la ex presidenta Cristina Fernández vetó el 82 por
ciento móvil.
A título de
ejemplo, podemos decir que a principios de 1991 el 20 por ciento de los
beneficiarios del sistema percibía el mínimo jubilatorio; en 2012, el 70 por
ciento, y hoy sigue siendo un número impresionante el de quienes cobran la
jubilación mínima.
El título de
este proyecto, “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, a mi modo de
ver es grandilocuente”, porque ‑a fuer de ser sincera- se trata de una
tarea titánica, por lo menos, y no quiero hacer futurología. Esto es
dificilísimo si tenemos en cuenta la cifra astronómica que se necesita para
cumplir con nuestros mayores.
El gobierno
cuenta con la esperanza y los mejores deseos de toda la sociedad para que esto
llegue a buen puerto y que no quede, como tantas otras veces, en engorrosos
trámites para nunca terminar.
Esta deuda
histórica con quienes aportaron, confiados en tener al final de su vida de
actividad laboral una recompensa al esfuerzo de tantos años, una jubilación
digna y justa, tal como establece nuestra Constitución Nacional, nunca lo
pudieron lograr, por lo menos hasta ahora.
Creo que a la
hora de la aprobación de este proyecto debemos tener en cuenta la existencia de
un bloque de constitucionalidad integrado por la Constitución Nacional, los
tratados internacionales de derechos humanos y la interpretación de los mismos
que ha realizado la Corte Suprema de Justicia.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable
Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sra. Rossi.- En
lo particular, opino que este es un proyecto con algunas cosas que no suenan
muy bien, porque si el Estado entiende que hay una deficiencia de jubilaciones,
debería pagarlas correctamente y no someter a los beneficiarios de jubilaciones
y pensiones a concurrir a firmar un acuerdo que significa desistir de parte de
sus derechos. ¿Es eso correcto?
Nos
quejábamos de la “farandulización” del pasado. ¿Sabe qué me parece, señor
presidente? El título “Programa Nacional de Reparación Histórica” queda un poco
grande.
Considero
importante aclarar a nuestra gente que no se debe usar la frase “pago de sentencia”,
porque a quienes deben cobrar un fallo se les ofrecerá un acuerdo y no habrá
espacio para la negociación.
En relación
con las remuneraciones, el proyecto prevé una fórmula distinta a la que señalan
los fallos de la Corte.
Señor
presidente, este proyecto es una buena iniciativa porque combate la realidad
que hoy se vive en el ámbito laboral y previsional donde un juicio dura
muchísimos años.
Sr. Presidente
(Monzó).- La Presidencia solicita a
la señora diputada que por favor vaya concluyendo.
Sra. Rossi.-
Señor presidente: pido permiso para insertar el resto de mi discurso.
Ojalá la
historia demuestre que esto no fue grandilocuente, que no se trató de un gran
título y que se pueda cumplir con esta deuda interna que lleva muchos años.
Esto lo digo para el bien del país y de la sociedad que así lo desea. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por el
Chaco.
Sra. Terrada.-
Señor presidente: hoy celebramos el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso
y Maltrato en la Vejez. ¡Mire usted qué coincidencia, señor presidente, que
justamente hoy se celebre! Seguramente a partir de la sanción de esta ley
comenzaremos a pagar la deuda interna que tenemos con nuestros jubilados y
pensionados nacionales.
Anteriormente
escuché a los diputados de la oposición hablar sobre las distintas cosas que se
hicieron en beneficio de los jubilados. Esto me lleva al año 2010, cuando con
gran esfuerzo de todos los diputados se sancionó la ley 26.649 que fijaba el
famoso 82 por ciento móvil, tan mentado y deseado, objetivo que aún sigue sin
poder lograrse. ¿Saben qué pasó con esa ley? La ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner la vetó en menos de veinticuatro horas sosteniendo que si
no lo hacía se produciría la quiebra del Estado y el desfinanciamiento del
sistema previsional argentino. En realidad, ello no sucedió. El Fondo de
Garantía de Sustentabilidad pasó a ser una caja que cubría el déficit del
Tesoro nacional.
Recuerdo que
en esa oportunidad la ex diputada Fernanda Reyes y la diputada Carrió fueron
las principales expositoras que se refirieron a la teoría de la justicia que
determinaba el porqué de la procedencia y de la sanción de la ley que fijaba el
82 por ciento móvil. Se hablaba de los dos extremos más frágiles de la
sociedad. Por un lado, los niños cuyas necesidades fueron satisfechas con la
Asignación Universal por Hijo, luego extendida por este gobierno a los
monotributistas y a otros contribuyentes que antes no estaban contenidos.
En el otro
extremo está la pensión universal para los adultos mayores. El artículo 13 de
este proyecto de ley -que seguramente será sancionado en esta sesión- establece
una pensión para los mayores de 65 años. No es cierto que hablemos del aumento
de la edad jubilatoria. Eso no es así porque esta pensión se asemeja a la
pensión no contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social. En esa
pensión se hace referencia a los 70 años y a un 70 por ciento, algo totalmente
distinto porque la edad baja 5 años. Otorgamos la pensión a los 65 años sin que
la persona haya realizado aportes previsionales, contando con el beneficio del
80 por ciento de la jubilación mínima y una obra social adecuada.
Quienes son
beneficiarios de la pensión no contributiva actualmente cuentan con el PROFE
como obra social, que es de menor calidad. A partir de la sanción de esa ley se
les otorgará una jubilación y podrán acceder a la obra social del PAMI.
Aquí no se
habló de que aquellas mujeres mayores de 60 años que opten por acogerse a la
moratoria podrán gozar de los beneficios de la vigente y recibir una jubilación
ordinaria. Asimismo, aquellas personas que quieran seguir trabajando como
cuentapropistas y aportar como monotributistas podrán contar con una jubilación
acorde a sus aportes.
Considero que
hoy estamos cumpliendo con lo establecido por la Corte en el caso Badaro. En
ese particular, la Corte fijó las pautas de ajuste. A la vez señaló en los
considerandos que es competencia del Congreso de la Nación sancionar la ley
relativa a los ajustes en función de las pautas fijadas en ese fallo. Todos los
abogados sabemos que solamente la Corte puede expedirse en casos concretos; sin
embargo, no puede hacerlo extensivo a todas las personas que atraviesan esa
situación.
Más temprano
se ha mencionado que no hace falta la sanción de una ley para establecer ello.
Esto no es cierto. La ley es necesaria porque el monto fijado en el presupuesto
es para el pago de aquellos juicios con sentencia firme. Sin embargo, este
proyecto se refiere a pagar a quienes no tienen sentencia y a las cerca de
2.000.000 de personas que ni siquiera iniciaron un reclamo administrativo. De
todos modos, ellas podrán pedir el reajuste de sus haberes porque ya estará
encuadrado en las pautas de los casos Badaro y Sánchez. También está el caso de
aquellas personas que son beneficiadas por el caso Elliff con pautas e índices
diferentes, quienes podrán seguir con su reclamo a través de las pautas
establecidas.
Sabemos que
las personas que cuentan con sentencia firme deben esperar ciento veinte días
hábiles ‑que a veces se tornan eternos‑ para que la ANSES busque el
expediente. Muchas veces en el archivo de San Martín no se encuentran, y
consecuentemente más personas están esperando desde hace mucho tiempo.
Una gran
cantidad de mayores se han acercado a nuestro bloque diciéndonos que necesitan
el reajuste lo antes posible, como así también gozar de una jubilación digna en
función de los aportes realizados durante toda su vida.
Por todo lo
expuesto, creo que ninguno de nosotros puede votar en contra de los derechos
legítimos de nuestros jubilados y pensionados nacionales. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por San Juan.
Sra. Castro.-
Señor presidente: quiero destacar solamente cinco puntos.
En primer
lugar, dejo explícito que rechazo esta costumbre que está adquiriendo el Poder
Ejecutivo nacional de enviar leyes de tratamiento exprés, cuestión de la que se
han quejado durante los últimos doce años. Esta iniciativa, que calificaría
como collage, ha generado ilusiones a
muchos jubilados que en verdad no percibirán ningún tipo de modificación en sus
haberes porque se trata de un proyecto para quienes tienen litigios con la
Justicia.
En segundo
término, quiero referirme a la costumbre de retacear información a la hora de
tratar los proyectos.
Una vez más,
tal como ocurrió cuando tratamos el tema de los fondos buitre, no se sabe
cuántos son los beneficiarios, los montos, etcétera. Esto habla de una dudosa
calidad de nuestras leyes.
En tercer
lugar, no vamos a ser incoherentes. La realidad es que anteriormente fueron
votadas leyes de blanqueo de capitales con límites. Por el contrario, en este
caso hemos visto una negativa a fijar límites en relación con quienes van a
blanquear, lo que no es un tema menor.
En cuarto
término, ya que tengo el uso de la palabra, quiero repudiar explícitamente todo
hecho de corrupción, no importa el bloque, partido o funcionario de que se
trate. La corrupción lastima la democracia, y los más jóvenes vemos muy dañada
la institucionalidad. Por lo tanto, en la tarea de lucha contra la corrupción
debemos estar todos juntos y la Justicia es parte de ese todo.
Por último,
durante muchos años hemos escuchado quejas acerca de que la historia empezó con
nosotros. Ahora aparece otro discurso que señala que la historia comenzó el 10
de diciembre de 2015. Esa historia, que denominan “cambio”, no es más que un
cambio reaccionario. (Aplausos en las
bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Tucumán.
Sr. Garretón.-
Señor presidente: siento orgullo de ser parte de este gobierno, que va a saldar
una deuda histórica con nuestros jubilados.
No solamente va a saldar esa deuda sino que también va a crear una nueva
pensión universal para nuestros abuelos, lo cual me llena de orgullo.
Hay que tener
en cuenta que esto beneficia a dos millones y medio de jubilados, con una edad
promedio de 73 años, de los cuales el 64 por ciento son mujeres. Hay que
trabajar para esto y claramente se necesita financiamiento. Este financiamiento
se va a dar principalmente con dos fuentes: la primera, con el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad, y la segunda, con el impuesto proveniente del
régimen de sinceramiento o blanqueo.
Este blanqueo
se está dando en una situación y en un contexto adecuado teniendo en cuenta dos
factores. En primer lugar, el factor internacional, porque en seis meses se
acabarán los secretos financieros y bancarios, se comenzará a intercambiar
información entre bancos, y en dieciocho meses, países como Suiza, China,
Rusia, Japón y muchos más van a abrir toda la información, por lo cual todo ese
dinero que no está registrado en distintos países tendrá que encontrar su lugar
en el mundo pagando los impuestos que corresponden.
También hay
que tener en cuenta el contexto local donde se encuentran registrados solamente
30.000 millones de dólares. Sin embargo, estimamos que existen aproximadamente
400.000 millones de dólares fuera del país sin registrarse.
Si bien el
ministro Prat‑Gay habla de un objetivo de 20.000 millones de dólares que
se pueden blanquear, yo estimo que esto va a ser mucho más. Estimo que esto se puede triplicar y podemos
hablar de 60.000 y hasta de 100.000 millones de dólares que se blanquearán en
la Argentina. Estamos hablando de un impacto tremendo que puede tener esta
medida en nuestro país, un impacto realmente relevante que estará orientado no
solamente hacia nuestros abuelos, los jubilados y los fondos de la seguridad
social, sino también hacia la inversión directa, proyectos productivos, la
generación de empleo genuino, infraestructura específicamente. Así mismo, se
privilegiará a los pequeños ahorristas y se beneficiará a los cumplidores, a
los que vienen cumpliendo con el pago de sus impuestos.
Adicionalmente
a todo esto, es importante destacar que la Argentina, al cumplir con esta serie
de normas, estará alineado al G‑20 y las normas de la OCDE, lo cual
también nos inserta a nivel mundial justamente para desarrollarnos y estar
integrados en los distintos mercados.
Estamos
haciendo algo realmente histórico no solamente por nuestros jubilados, sino que
también estamos trayendo a nuestro país fondos de argentinos, para un nuevo
país, para un país mucho más confiable, un país más transparente y para un país
mucho más justo. (Aplausos en las
bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Tucumán.
Sra. Carrizo (N.M.).- Señor presidente: las empresas privadas en las que el Estado
participa a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES
contabilizaron ganancias crecientes, aumentaron sus inversiones en la economía
local, incrementaron la distribución de dividendos entre sus accionistas y
mejoraron sustancialmente la valorización de mercado del capital en más del 400
por ciento en promedio.
El muy buen
resultado económico de esas cuarenta y seis compañías desde 2012 demuestra que
el Estado no fue un socio que perjudicó los negocios de los privados, sino que
los potenció y les permitió ganar mucho dinero.
Sin embargo,
los grupos privados han estado presionando para capturar esas acciones desde el
mismo momento en que el Estado las recuperó de manos de las AFJP.
El actual
gobierno cedió a ese pedido con el proyecto de ley de blanqueo de capitales,
amplia moratoria impositiva, aduanera y previsional y de reforma jubilatoria.
En uno de los artículos satisface esa demanda del poder económico: habilita la
venta de las acciones de empresas privadas del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad. El esquema financiero para saldar la deuda con los jubilados
por juicios con sentencias, en curso y a quienes no iniciaron una causa, solo
cierra con la liquidación de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Se abre de ese modo un fabuloso negocio por más de 93.000 millones de pesos en
acciones a marzo de este año.
Sentimos que
existe hoy una resistencia a esa participación estatal, quizás por el deseo de
ocultar maniobras contables o financieras a accionistas minoritarios y darles
otra orientación a las inversiones, y por eso las compañías rechazan la
presencia estatal en su capital accionario.
La venta de
acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene como interesados a
grandes fondos de inversión extranjeros y a los propios grupos.
El titular
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Luis María Blaquier –recordemos de
qué grupo viene: Grupo Ledesma, ex director del grupo Clarín y ex director de
Goldman Sachs- estuvo en Nueva York reunido con fondos de inversión para
convocarlos a comprar esas acciones.
Parece que
los incomoda que directores estatales conozcan movimientos internos de la
empresa o que exijan mayor compromiso para realizar inversiones.
Para no
alejarme del tema central que estamos debatiendo, el proyecto de ley que se
anuncia, ¿viene a saldar una deuda con los jubilados? No aclara si esa
cancelación es sustentable en términos financieros y previsionales.
Tampoco
explica si por esa vía pone en riesgo la solvencia del sistema de reparto.
Pagar una deuda y comprometerse luego a un desembolso actualizado con el monto
obtenido por liquidación de activos fijos determinará la insolvencia futura. Es
por ello que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES no debería
utilizarse para pagar deudas más haberes reajustados porque esa caja terminará
vacía.
El rubro del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad que obsesiona al gobierno nacional es el integrado por los
paquetes accionarios de empresas privadas. Este activo totaliza 93.345 millones
de pesos a fines de marzo, monto que se ha valorizado desde entonces por el
alza de las cotizaciones bursátiles.
Son cuarenta
y seis las empresas que conforman la cartera de acciones del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad, pero solamente diez equivalen al 77,8 por ciento del total.
Lo integran los bancos Macro, Galicia, Francés y Patagonia, Telecom, Siderar,
Molinos, Consultatio, Transportadora de Gas del Sur y el Grupo Clarín. El Fondo
de Garantía de Sustentabilidad también tiene el 21,5 por ciento de Mirgor, cuyo
dueño es Nicolás Caputo, amigo, asesor, ex socio y deudor del presidente
Mauricio Macri.
La venta de
esos paquetes accionarios sería fácil de liquidar porque existen fondos de
inversión extranjeros y grupos propios interesados en comprarlos.
Si es por
conseguir recursos sin necesidad de vender esos activos, los actuales administradores
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad han estimado que en el presente
ejercicio los ingresos totales estimados por capital e intereses serán 151.000
millones de pesos, y de esa suma 63.000 millones en intereses son de
disposición inmediata. No habría necesidad entonces de vender las acciones.
Pero el objetivo oficial no es exclusivamente conseguir fondos para saldar la
cuenta con un sector de los jubilados sino desarticular una importante
herramienta de intervención del sector público en la economía a través del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ofrecer un gran negocio al mercado
financiero y cumplir con la exigencia de los grupos económicos que no quieren
al Estado como socio.
Queremos
jubilaciones, no pensiones por vejez; que se sigan pagando las sentencias al
ciento por ciento, sin recortes, que las mujeres nos podamos jubilar a los 60
años, y queremos un ANSES fuerte y no un ANSES que entregue sus cajas. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Donda Pérez.-
Señor presidente: se pone a consideración un proyecto de ley que reúne dos
fines, y diría que con la intencionalidad casi perversa de vincular estos dos
fines. Por un lado, pagar a los jubilados, que es un acto de estricta justicia,
una justicia tardía, una causa noble con la cual todos estamos de acuerdo.
Por otro
lado, la inmoralidad que trae una ley de blanqueo financiero. ¿Cuál es el
objetivo que dice tener esta ley de blanqueo?
Apunta a repatriar fondos para poder pagar esa deuda a los jubilados.
En el
exterior hay entre 220 y 400 millones de dólares que aspiramos a que vengan a
nuestro país. ¿Quiénes son los que tienen esta plata en el exterior? No son
ahorristas individuales o privados, sino los grandes grupos financieros
nacionales y extranjeros que durante todo este tiempo fugaron dinero.
En un
contexto internacional en el que se les está complicando mantener esos fondos
en forma no registrada, sin decir de dónde vienen, no tenemos mejor idea como
país que construir el marco en el que les damos la posibilidad de que ese
dinero en negro venga y pueda ser blanqueado. Además, se lo facilitamos y los
beneficiamos haciendo que paguen menos impuestos que los contribuyentes que
dejaron su dinero en la Argentina. Es por eso que nosotros estuvimos en contra
de las anteriores leyes de blanqueo, como decía mi compañero Federico Masso.
Muchos nos
preguntan si tenemos propuestas, y las tenemos. Nosotros creemos que hay que
restablecer mecanismos para que se restituyan esos fondos diciendo de dónde
vienen.
Si hay un
grave problema que hoy tienen las democracias en todo el mundo, no solamente en
la Argentina, es la desigualdad en la distribución de la riqueza. Para terminar
con esa desigualdad es imprescindible establecer un impuesto a la riqueza a
nivel global. Ese impuesto puede completarse con otro tipo de tributos.
Ahora bien,
lo que no podemos hacer es exceptuar la riqueza del pago de tributos porque el
impuesto a la riqueza tiene dos fines. Por un lado, por supuesto, el
recaudatorio, ya que sin recaudación no hay posibilidad de sostener la
democracia. Y para aquellos que ganaron hablando de República creo que debe ser
importante que las banderas de la República se unan con las de la democracia.
La
recaudación no es el único fin. Los impuestos a la riqueza tienen otro
objetivo: evitar la concentración de la riqueza tomando a la transparencia como
uno de los pilares fundamentales.
Estamos ante
una iniciativa que es absolutamente hipócrita, porque estamos planteando todo
lo contrario y dando una señal horrible a nuestra sociedad, ya que le estamos
diciendo: “Usted, señor, que pagó impuestos, jódase”; “A ustedes, que no
pagaron impuestos, que se llevaron la plata afuera…” –sin importar de dónde
venía: de la corrupción, del lavado de dinero, del narcotráfico, de la trata de
personas o de la evasión- “…tráiganla a la Argentina porque además les
perdonamos los impuestos”. Esa es la señal que estamos dando.
En una semana
como esta es indispensable desde nuestro espacio político hacer una reflexión.
¿Qué tienen en común dirigentes latinoamericanos como García Linera, Evo
Morales y José Mujica, del Frente Amplio uruguayo? Que todos ellos hicieron una
reflexión acerca del daño que nos hace la corrupción en nuestros países y en
nuestras democracias cuando queremos construir una sociedad más justa.
Hay que
hacerse cargo de los errores. La corrupción no es un efecto colateral del
crecimiento sino un delito, y cuando ese delito se comete en el seno de los
espacios políticos que se llenan la boca hablando de proyecto nacional y
popular ello es muy grave, porque se manchan esas banderas para el resto de la
sociedad.
Quiero decir
a los que levantan la bandera de la libertad y de la República y permiten que
la plata espuria vuelva al país con cualquier fin, que eso también está muy
mal.
¿Qué hubiese
pasado si López, en lugar de enterrar la plata en un convento la hubiese
colocado en un paraíso fiscal? Ahora podría repatriarla con este blanqueo.
¿Cuál parece haber sido el delito de López? Haber enterrado el dinero; pero
quienes mandaron la plata a un paraíso fiscal evitando los controles internos
también cometieron un delito. Por eso, desde este espacio decimos “no” al
blanqueo financiero y a la hipocresía. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por La Rioja.
Sr. Olivares.-
Señor presidente: estamos transitando una jornada que muchos jubilados hubiesen
querido presenciar desde hace muchos años, ya que vienen peregrinando por la
actualización de sus haberes.
Quizás
algunos de ellos ya no vivan ‑porque la suerte no los acompañó‑
para poder lograr el objetivo de tener una jubilación digna tras haber dejado
muchos años de su vida en la construcción de un país mejor.
Esto no hace
más que sellar una injusticia que se venía cometiendo con muchos argentinos,
quizás los más vulnerables, ya que no pueden salir a cortar rutas ni a hacer
manifestaciones populares en las calles.
Este
gobierno, por medio de esta iniciativa, se ha propuesto reparar la situación de
los jubilados, nuestros padres y muchos de nuestros abuelos.
Creo que a
partir de la sanción de este proyecto los jubilados podrán vivir mejor y
acceder a la compra de medicamentos, cosa que muchas veces no han podido hacer
porque sus recursos no les alcanzaban.
En esto
tenemos que ser conscientes, decir la verdad y hacernos cargo: muchos de esos
fondos que tenían como destino mejorar los haberes de los jubilados han sido
utilizados para financiar la política. Hoy este gobierno viene a subsanar y a
sellar una grieta entre muchos argentinos.
Debemos ser
consecuentes ya que quizás este sea el inicio de algo que muchos diputados
reclaman; que los jubilados perciban el 82 por ciento móvil que tanto ansían y
requieren para vivir mejor. Sin duda, por ese camino seguiremos hasta lograrlo,
pero ello significa un esfuerzo de todos los argentinos y también de las
provincias.
Por ejemplo,
en mi provincia –La Rioja- prácticamente el 50 por ciento de los haberes de los
empleados públicos es en negro, es decir, tienen una quincenita en la que no
hacen aportes. Eso va en detrimento del sistema jubilatorio futuro.
Por eso,
quienes tienen la responsabilidad de gobernar cada una de las provincias
también deben tener presente esta situación y ser conscientes de ella para que
no siga existiendo, de manera que todos los sueldos de la administración
pública sean en blanco y posibiliten que la ANSES pague buenas jubilaciones.
Creo que de
esa forma vamos a empezar a transitar un camino en el que muchos argentinos,
que quizás hoy con gran esfuerzo están haciendo sus aportes con el objetivo de
tener el día de mañana una jubilación digna y no andar peregrinando por la
Justicia para lograr un fallo, tengan lo que realmente merecen porque han
aportado, porque han apostado a vivir en un país que los tenga en cuenta y
trate de la misma manera a todos.
Esa igualdad viene en un camino no muy lejano,
es decir, el camino que ha impuesto como política este gobierno basado en el
diálogo y en el consenso. Eso no hace más que reparar esa grieta social que se
ha producido entre los argentinos. Este proyecto repara una deuda histórica que
tiene el pueblo de la Nación Argentina con nuestros jubilados. Aplaudo la
intención que ha tenido, señor presidente. Se trata de una iniciativa de muchos
legisladores que han estado en la oposición y en el oficialismo, pero quizás en
su momento no fueron escuchados. Hoy tienen la oportunidad de ir a cada una de
las provincias y decir a esos jubilados ‑que han peregrinado‑ que
hoy, por su condición o por su avanzada edad, no tendrán la posibilidad de
disfrutar de esta reparación. Concretamente, se trata de la reparación del
Estado nacional con mucha participación del pueblo argentino. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
Sr. Pedrini.-
Señor presidente: estamos analizando una norma que se refiere a distintos
proyectos. Por un lado, la prensa nos dice que es una ley ómnibus. En realidad,
es un proyecto relativo a los sistemas jubilatorios, impositivos y a una serie
de compensaciones con las provincias. Su título es una especie de papel
celofán: reparación histórica a los jubilados. Nada de reparación histórica
tiene. Para llevar a cabo una reparación hay que recurrir al presupuesto
nacional; y el gobierno cuenta con 12.500 millones de pesos ya asignados para
cumplir con parte de las sentencias judiciales.
Considero que
sería un grave retroceso que el Congreso de la Nación diga a quienes durante
décadas estuvieron trajinando en los tribunales y tienen un derecho adquirido:
“Te vamos a pagar, pero la mitad de lo que dice la sentencia que te
corresponde. Dicha mitad te la vamos a abonar 50 por ciento en efectivo y el
saldo, en tres años y en cuotas trimestrales”. No podríamos hablar de
reparación histórica si existiera una ley que fuera en contra de los derechos
adquiridos por los ciudadanos luego de batallar judicialmente durante cinco
años. Se puede hablar de cualquier cosa menos que de una reparación histórica. En
realidad, lo que se quiere reparar es una fuga impresionante de capitales que
hubo en la República Argentina.
Se habla de
una reparación histórica a los jubilados, pero en realidad lo que interesa a
los autores del proyecto es el blanqueo impositivo a los evasores, a quienes se
llevaron las divisas al exterior. Se trata de una suerte de beneficio de clases
para quienes gobiernan y sus amigos. Es la necesidad de un gobierno con un
presidente, ministros y funcionarios con cuentas offshore y el escándalo de los Panama
Papers, sumado a las groseras inconsistencias de la última declaración
jurada de bienes del presidente. Esto es lo que hace que se apuren con el
tratamiento de este blanqueo.
El blanqueo
no solamente alivia la situación de los evasores, sino que propone eliminar
impuestos que en realidad tendrían que fortalecerse, tales como el dividendo de
las acciones y el relativo a los bienes personales.
La mayoría de
los tributaristas argentinos sostiene que estos son los impuestos que deben
mejorarse, pero nunca derogarse. Se trata de impuestos que no son regresivos y
que gravan sustancialmente la manifestación de la riqueza.
Es absurdo
decir que están interesados por los jubilados y no por el blanqueo. Si
estuvieran preocupados por ellos no les plantearían que les van a sacar la
mitad de lo que dice la sentencia que les corresponde. O sea, ninguna intención
tienen de realizar esa reparación.
El ministro
Prat-Gay afirma que lo que se va a recuperar por el blanqueo llega a la suma de
20.000 millones de dólares. Con una tasa promedio del impuesto del 8 por
ciento, ¿cuánto va a ingresar? ¿Ingresarán 1.600 millones? No alcanza ni para
sufragar el 30 por ciento del déficit de un año. Es mentira que estén
preocupados por esto. Se trata de una consecuencia directa de los Panama Papers y de la inconsistencia de
las declaraciones juradas del presidente de la Nación y de algunos ministros.
El presidente
del Banco Nación, afirmó: “Todos tenemos cuentas en el exterior”. ¿Quiénes son
todos? Son ellos, sus amigos. Por eso, este es un proyecto con un signo
absolutamente clasista. Es una ley para la clase alta de la República
Argentina; no es una ley para la clase trabajadora, y menos, para los
jubilados.
De ninguna
manera cuenten conmigo para quitar a ciudadanos argentinos derechos conferidos
por una sentencia judicial. Esto atenta contra la armonía de derechos, y los
legisladores debemos fortalecerlos y ampliarlos, de ninguna forma quitárselo a
algún ciudadano argentino. (Aplausos en
las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr. Rubin.- Señor
presidente: hace cien años Simón Bolívar decía que el sistema de gobierno más
perfecto era el que garantizaba la mayor suma de la seguridad social. Es decir,
este tema ha estado sobrevolando toda nuestra sociedad en lo relativo a la
integración. La idea es que cada sector tenga, ante las contingencias de la
vida, una previsión adecuada.
Nuestro país contó con un sistema jubilatorio
importante que fue destruido hace veintitrés años con la sanción de la ley
24.241 –que aún está vigente‑, mediante la cual se crea un sistema de
privatización y capitalización que derivó en un endeudamiento y una crisis
social y económica en el año 2001.
Por eso,
creemos que cuando hablamos de reparar es porque algo se destruyó previamente.
Cada vez que sancionamos una ley estamos haciendo una reparación histórica. En
realidad, señor presidente, lo que estamos haciendo es una reparación en
cuotas, y hemos tardado veintitrés años en ir terminando esta triste historia
del año 2001.
En 2003, ante
la crisis económica, se optó por privilegiar los haberes mínimos. Esto se fue
recomponiendo con aumentos sucesivos, mediante el dictado de decretos, que
luego se fueron complementando con la movilidad previsional a través de una ley
que garantizó a todos los jubilados un ingreso de acuerdo con un índice que
superó el de la inflación y permitió llegar a casi el 81 por ciento del salario
mínimo vital y móvil, en el año 2015.
Por otro
lado, la estatización de los fondos de las AFJP fue una decisión histórica que
permitió terminar con el sistema perverso que había existido antes y con los
grandes negociados de algunos capitales que usufructuaron la plata de los
jubilados y de todos los argentinos.
En igual
sentido, las moratorias previsionales que fueron dictadas posteriormente
incorporaron cada vez más beneficiarios previsionales, los cuales habían sido
abandonados por el sistema. Se llegó casi al doble de los jubilados actuales
gracias a la incorporación de las moratorias anteriores, más específicamente
las que vencen en el mes de septiembre.
Realmente,
quiero ver esto como un proceso en el cual esta reparación histórica ha sido en
cuotas, respecto del desastre que produjo el cambio del sistema previsional. En
ese marco, este proyecto de ley ha sido debatido y consensuado, habiendo
recibido propuestas de todos los sectores. Más allá de todas las discusiones,
creo que es una iniciativa que tiene un razonable equilibrio
para los intereses que están en juego.
Por eso, desde el bloque Justicialista vamos a apoyar en
general el proyecto, con algunas disidencias que plantearemos durante el
tratamiento en particular. Rescatamos sustancialmente la posibilidad de que las
provincias recuperen el 15 por ciento de la coparticipación, que les fue
retraído durante más de veinte años en una situación muy difícil. Evidentemente,
era una forma de financiar el sistema previsional, que de otra manera resultaba
“infinanciable”.
Rescatamos la posibilidad de que las mujeres tengan una
pensión, que en este caso equivale a la moratoria previsional, que se
prorrogará por tres años.
En
cuanto a las acciones, discrepamos de su posibilidad de venta sin limitación
alguna. Por eso, durante el tratamiento en particular plantearemos la
posibilidad de establecer restricciones para la venta de acciones, a fin de
garantizar la sustentabilidad del sistema.
Debemos mirar hacia el futuro. Por eso, esta norma plantea
una medida concreta: crear una comisión que en tres años dicte la nueva ley
previsional, que termine con la que creó este perverso sistema.
Si
no encaramos en los próximos tres años nuevas leyes previsionales, tributarias
y de coparticipación federal no podremos garantizar la estructura de un país
justo y que se desarrolle, como todos queremos, ni contar con un sistema
previsional sustentable que contemple a nuestros abuelos en el futuro.
Por lo expuesto, adelanto que acompañaremos la iniciativa,
con algunas disidencias.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada por La Rioja.
Sra. Molina.-
Señor presidente: quiero agradecer la posibilidad que tengo hoy de hablar por
primera vez en este recinto, en un momento histórico y trascendental de la vida
de los argentinos.
Vaya desafío: tener que trabajar para recuperar la confianza
de los argentinos, en esta jornada en que se conmemora el Día Mundial de Toma
de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Qué enorme desafío es ser
protagonistas del cambio, porque todos juntos estamos cambiando, con mucho
coraje y cuidando a las familias que menos tienen.
Celebro tener el honor de acompañar con mi trabajo este
proceso de grandes transformaciones. Quiero ser la voz de quienes no tienen
voz, de los jubilados de todo el país y especialmente de los de mi querida
provincia, La Rioja. Digo “ser la voz de quienes no tienen voz” porque este es
un compromiso que asumí desde el día en que los riojanos me eligieron para
ocupar esta banca.
Hoy vengo a decir “sí” a esta ley en su totalidad. También
quiero decir “sí” a la creación del Programa Nacional de Reparación Histórica
para Jubilados y Pensionados, porque representa la lucha histórica y genuina de
los que pusieron el hombro a este país, de los que aportaron y trabajaron tanto
e hicieron crecer a la Argentina. Estuvieron años reclamando por sus derechos;
algunos padecieron en silencio, otros reclamaron casi a gritos a los gobiernos
de turno en los medios de comunicación y en la Justicia, suplicando el pago de
sus juicios. Sin embargo, siempre encontraron como respuesta el silencio.
Hoy digo que no quiero ser cómplice de ese silencio, de esa
Justicia que mira para otro lado, de esos gobiernos que callaron porque nunca
les importaron los jubilados.
No quiero ser parte de una sociedad frívola y “careta” que
no escucha a los mayores. Esta ley no borrará el padecimiento, pero enmienda en
gran parte esa injusticia. ¿Saben qué es lo más grandioso de esta norma?
Devuelve la esperanza a los jubilados. ¡La pucha, quién hubiera pensado que un
jubilado argentino pudiera tener esperanza! ¡Y sí, hoy es una realidad!
Vengo a decir “sí” a esta iniciativa de manera sencilla y
desde lo más profundo de mi corazón. A los jubilados de La Rioja y de mi país,
que esperaron tanto, quiero decirles que sí los escuchamos, sí los respetamos,
sí nos importan, sí se puede. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Solanas.- Señor
presidente: durante estos días me he preguntado el motivo de presentar cinco
leyes en una. Si bien soy integrante de ambas comisiones, no he encontrado
respuesta alguna a esa pregunta. Me refiero a mezclar el blanqueo con los
jubilados, con el 15 por ciento de devolución convenido con los gobernadores,
etcétera. Además, creo que deberán hacerse cargo de explicar a los jubilados
que esto no es para todos sino para aquellos que tengan sentencia firme, y que
la devolución es relativa porque pretenden pagar el 50 por ciento y el resto,
en cuotas. Esto es de muy mal gusto, y seguramente traerá acarreada una enorme
cantidad de juicios, lo que aumentará la litigiosidad en la República
Argentina.
Por otro lado, se habla de emergencia. Aquí tengo un aviso
publicado en el diario Clarín el 18
de enero de 2016, que se titula: “La ANSES comienza a pagar hoy las sentencias
a jubilados”. Dicho artículo refiere que se pagará la suma de 1.179 millones de
pesos a 3.138 jubilados por juicios iniciados hace ocho años, habiendo en espera
más de 300.000 demandas.
En esta iniciativa se habla de dos millones de jubilados,
pero no se precisa con claridad a cuántos jubilados contemplará que estén en
condiciones de cobrar la sentencia firme o que todavía no hayan empezado el
juicio. Es grave que una norma no tenga precisiones ni claridad acerca de los
jubilados a los que se pretende defender.
No hay duda de que el oficialismo no tuvo otra opción que
reconocer el proyecto político que reivindicó este tema en la República
Argentina. Es un orgullo que la Argentina tenga el 98 por ciento de sus adultos
mayores dentro del sistema previsional. Esto fue hecho por un proyecto político
encabezado primero, por Néstor, y después, por Cristina. En este sentido, en el
año 2013 el Banco Mundial nos felicitó por dicha decisión. No hay duda de que
hubo un gobierno que bregó, incluyó y dio derechos a los mayores en la
República Argentina. Nos sentimos absolutamente orgullosos de los pasados doce
años; no los desdeñamos.
También
quiero referirme a algunas cuestiones. Se habla del sinceramiento permanente. Yo
veo dos caras de dicho sinceramiento: la de los trabajadores, los jubilados, la
gente de clase media que sufre los tarifazos, el ajuste, los despidos, la
inflación, la devaluación y la eliminación de las moratorias previsionales, y
la de los grandes grupos económicos, con la baja de retenciones a las mineras y
cerealeras exportadoras, la devaluación, el dólar alto y la amnistía fiscal por
fuga de divisas y bienes no declarados. En esto consisten los dos
sinceramientos.
En ese
sentido, me pregunto si no tendría que haberse tratado primero una ley de
blanqueo para establecer con qué recursos contamos y recién después ver la
posibilidad de afrontar el pago a los jubilados. Evidentemente, esta actitud va
en contra de lo que alguna vez ustedes mismos manifestaban.
Justamente,
tengo aquí un ejemplar del diario La Nación
del año 2013, en el que el actual presidente, Macri ‑en aquel momento,
jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires‑, señalaba: “Es un
‘viva la Pepa’ para los que estaban fuera de la ley. Algo violento para
aquellos que cumplen. Es un manotazo más por no entender el problema de fondo
de la Argentina, que es la inflación.” Por lo visto, han dado un viraje enorme
en su posición.
Se habla del
blanqueo como de una posible solución a todos los problemas de la República
Argentina, incluido el de los jubilados, a pesar de que no saben cuánto van a
recaudar.
¿Cuál es el
límite? Personalmente, considero que el límite es la defensa del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad. Por lo tanto, los integrantes de este bloque y
quien les habla vamos a defender decididamente a los jubilados protegiendo el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo haremos porque la mayoría de los
jubilados y los empleados de la ANSES tienen miedo de que vuelvan las AFJP a la
República Argentina, utilizando a los activos y dejando en banda a los
jubilados, a los que ustedes dicen defender.
No tengo duda
de que vamos a defender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque vamos a
resguardar decididamente el destino de los fondos de los jubilados.
Aquí se dijo
que este era un día histórico. En mi opinión, no es así. Simplemente, el
presidente decidió pagar a los que cuentan con sentencia firme. Para eso,
hubieran seguido pagando como lo veníamos haciendo en lugar de hacer esta
parafernalia que nadie entiende, pero que fundamentalmente no entiende el
pueblo.
Por último,
queremos apoyar la devolución del 15 por ciento que se acordó con los
gobernadores. Evidentemente, hubo muchas presiones sobre todos ellos, y lo
quiero denunciar. Por eso, esta medida fue incluida dentro de este proyecto que
nadie entiende. Lo hicieron para que los gobernadores tuvieran un motivo para
apoyar la sanción de esta iniciativa.
Por lo
expuesto, adelanto mi apoyo a nuestro despacho contenido en uno de los
dictámenes de minoría, aclarando que también vamos a avalar lo que han firmado
los gobernadores. Sin embargo, habría que explicar a los jubilados argentinos
que esto no es para todos. Tiene un principio y un final en los que cuentan con
sentencia firme, más allá de que no es claro para ninguno de ellos. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Chubut.
Sr. Bermejo.-
Señor presidente: quienes vivimos en el interior tenemos el privilegio de estar
en contacto con nuestra gente. Usted no sabe la cantidad de mensajes y de
pedidos que nos acercan los jubilados, que hoy están esperanzados con la
iniciativa que está tratando esta Honorable Cámara. Ojalá no se frustre esa
esperanza.
Hay un cambio
de 180 grados en la consideración que el Estado argentino ha tenido a través
del tiempo respecto de los jubilados. Hablamos de un Estado al que durante todo
ese tiempo lo podríamos catalogar de tramposo. Creo que no me equivoco al
decirlo, porque basta con recorrer la historia para ver que cada medida que
adoptaba el Estado nacional –podríamos hablar de los años 50 y también de los
últimos diez años- iba en detrimento de la posibilidad de que las personas en
condiciones de jubilarse tuvieran asegurado un buen pasar o por lo menos la
posibilidad de mantener el pasar que tuvieron hasta ese momento.
Ese Estado
obligó a los jubilados a recurrir a la Justicia, porque no les quedaba otra
alternativa. A través de ella una y otra vez el Estado fue postergando en el
tiempo mediante sucesivas apelaciones –que acá nos han querido hacer creer que
eran obligatorias- la posibilidad de acceder a los derechos que realmente
asisten a los jubilados.
Sabemos que
hubo una etapa en la que algunos jubilados nacionales recibieron el 82 por
ciento móvil, pero por una de esas decisiones del Estado en los años 90 se les
conculcó ese derecho, y luego, en octubre de 2010, se vetó la ley por la que el
Congreso había restablecido el 82 por ciento móvil para todos los jubilados.
Últimamente,
iniciar el trámite jubilatorio significaba recibir –en especial para los
autónomos- el haber mínimo o algo muy cerca de él, sin importar si en los
últimos diez años se habían hecho aportes mayores. Por ello, cerca de las
oficinas de la ANSES donde se iniciaban los trámites para la jubilación siempre
había un abogado ‑por no mencionar a los propios empleados del organismo-
dispuesto a atender esa demanda. Digo esto por experiencia propia y por haberlo
sufrido no en carne propia sino en bolsillo propio.
Por eso deseo
que con esta nueva mirada que existe sobre la cuestión jubilatoria podamos
cambiar ese destino trágico que han afrontado los jubilados.
Por otra
parte, aunque haya un principio de reconocimiento hacia la situación de los
jubilados no puedo dejar de mencionar que hoy en día están padeciendo algo que
también es muy grave. Me refiero a la asistencia que reciben de su obra social,
PAMI.
Al respecto
debo decir que en las ciudades del interior medianamente importantes es casi
imposible que los jubilados se puedan hacer ver por especialistas: no hay cardiólogos
ni traumatólogos y ni hablar de los kinesiólogos. Como pueden observar, me
refiero a especialidades muy demandadas por las personas mayores de 60 o 70
años. También nos preocupan las últimas correcciones que se hicieron en materia
de cobertura de medicamentos para los jubilados, porque ahora ellos mismos se
tienen que hacer cargo de la mayor parte del costo de varios remedios.
Además,
debemos tener en cuenta lo que ocurre en las localidades más pequeñas y en
muchos pueblos del interior, donde prácticamente hay abandono de personas por
parte del PAMI.
Por ello,
quisiera comprometer a esta Cámara para que analicemos en amplitud el tema de
la obra social de los jubilados y pensionados porque es una parte tan
importante como el dinero que reciben.
Con estas
observaciones y con la esperanza que tengo sobre la viabilidad de esta norma,
adelanto mi voto afirmativo en un acuerdo total con lo planteado por el bloque
Frente Renovador.
En lo que
respecta a la moratoria impositiva, señor presidente, le pido que me permita
expresar que el Estado también tendrá que contemplar el efecto de esa moratoria
en las pymes. Hasta hace muy poco tiempo se hizo una moratoria pero con interés
fijo, lo que prácticamente constituye una hipoteca para las pymes. Por eso, pido
que para las moratorias de las pymes se contemple la misma condición que para
las deudas oficiales, es decir, 90 cuotas y el interés pasivo del Banco Nación,
porque el interés fijo –repito‑ constituye una hipoteca para las pymes.
Por último,
señor presidente, quiero decir que los jubilados son jubilados; no son viejos
ni viejitos ni ninguno de los calificativos que se han mencionado acá. Los
jubilados somos jubilados.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Santa Fe.
Sr. Marcucci.-
Señor presidente: poder estar debatiendo acá cómo se amplían derechos para los
jubilados o cómo se destinan más fondos a políticas públicas o a la seguridad
social es parte de la agenda que nos planteamos desde el Congreso, y en
particular desde Cambiemos. Esto hay que señalarlo. Algunos hablan de la
sostenibilidad de estas decisiones, de la solvencia del sistema, pero a su vez
contradictoriamente hablan de las restricciones de derechos. Son
contradicciones, afirmaciones que no tienen mucho sentido.
Lo grave no
es el número exacto de los beneficiarios. Lo grave es utilizar ese argumento
para oponerse a esta decisión y a este proyecto que posibilita que más
jubilados cobren en tiempo y forma, es decir, sin tener que recorrer largos
pasillos para hacer trámites, sino que lo puedan hacer en forma efectiva.
Entonces, es
muy necio negar esto, como sería muy necio negar las moratorias y la ampliación
a muchos argentinos que el gobierno anterior tomó y benefició. Esto también hay
que destacarlo.
Es importante
que digamos que no solamente para los jubilados actuales sacamos del medio al
Estado tramposo sino también para los jubilados a futuro, que no solo van a
cobrar un haber mayor en tiempo y forma, como corresponde, sino que les vamos a
evitar que parte de sus ingresos los tengan que destinar a un abogado.
Muy
rápidamente quiero referirme al impuesto a los bienes personales. Creo que es
importante que se haya eliminado el artículo 70, que suprimía dicho impuesto.
Quedó un impuesto a los bienes personales raquítico, pero para un sistema
impositivo es fundamental que existan los impuestos a la riqueza.
También
quiero hacer referencia a la armonización de los sistemas previsionales
provinciales. En este sentido, todos emprendimos una larga pelea para que el
Estado se haga cargo de buscar una solución, algo que siempre fue negado. Por
eso, esta decisión de contemplarlo en una ley también es fundamental y
manifiesta una situación diferente.
Sintéticamente
voy a aludir a la ratificación de los acuerdos firmados con las provincias por
la detracción del 15 por ciento. Me ha tocado estar en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación acompañando al entonces legislador Hermes Binner, ahora
gobernador, que fue el primero que planteó fuertemente este desafío con la Nación.
Eran momentos difíciles, porque el gobierno de ese entonces no solamente no
hablaba de federalismo, sino que castigaba a todos aquellos que no actuaran en
la forma en que al centralismo del gobierno se le ocurría. Es por eso que
también lo destaco.
Si me
permite, señor presidente, quiero mencionar dos cuestiones. El federalismo de
concertación no solamente implica buscar acuerdos con las provincias, sino que
también implica para el Estado central no atropellar la Constitución, como lo
hizo durante los últimos diez años. Ya no era constitucional la exacción del 15
por ciento a la masa de la ANSES porque justamente viola la Constitución
Nacional y las obligaciones que tiene el Estado cuando toca la coparticipación
federal. Entonces, no solamente es un camino que hay que recorrer sino también
una restricción al Estado para que no se lleve por delante los respectivos
pactos y los regímenes de coparticipación.
La otra
cuestión que quiero plantear es la siguiente. Aquí se hizo una cuenta muy
rápida. Es muy diferente hablar de coparticipación federal –esto requiere los
acuerdos federales correspondientes, los pactos federales y la adhesión del
Congreso Nacional y de las Legislaturas provinciales‑ que hablar de una
mayor o menor cantidad de recursos para las provincias. Es muy diferente,
porque en eso también la Nación pierde recursos. Y quiero recordar simplemente
la herencia que tiene este gobierno por no haberse pagado oportunamente a las
provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis: la herencia es del orden de los
45.000 millones de pesos a valores históricos.
Por último,
quiero referirme al blanqueo. Aquí se dijo –creo que intentando confundir‑
que los delitos de malversación de fondos, corrupción y lavado de dinero no
están limpiados ni eximidos por esta norma. Me parece que en la Argentina
tenemos que obligar a todos a respetar a los Estados, pero fundamentalmente
señalar que el Poder Judicial tiene que actuar y debe hacerlo en forma
independiente.
No me parece
bien que después de lo que vivimos ayer el señor Julio De Vido no esté hoy en
esta sesión pidiendo él mismo su desafuero, obligándonos a presentar un
proyecto de resolución y nos nieguen los votos para que quede cajoneado.
Necesitamos demostrar que este Congreso también está en la línea de que la Justicia
actúe en forma independiente. No tenemos derecho a bloquear la actuación de la
Justicia. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por La Pampa.
Sr. Fernández Mendía.-
Señor presidente: quiero manifestar que, en línea con lo que ha marcado nuestro
bloque, vamos a apoyar esta iniciativa en general porque esta reivindicación
para con los jubilados que tienen un derecho a cobrar es algo que había
propuesto el justicialismo en su campaña política y que, obviamente, tenemos
que respetar.
Más allá de
eso, tenemos unas cuantas diferencias en cuanto a las herramientas que se han
planteado para lograr este objetivo; e incluso entendemos que hay algunas que
no necesariamente tienen que ver con este objetivo.
En principio,
me preocupa la litigiosidad. Aclaro que en esto voy a hablar a título personal,
y los integrantes de mi bloque tienen todo el derecho a no suscribir mis
palabras. Por suerte pertenecemos a un bloque bastante horizontal, donde todos
podemos opinar con absoluta libertad.
Como dije, me
preocupa la litigiosidad. Cuando hablamos con profesionales que se dedican al
derecho previsional, nos dicen lo siguiente: “Si el índice con el que se va a
calcular es menor que el que marcó la Corte, va a seguir habiendo juicios. Les
vamos a proponer a los jubilados que son nuestros clientes que sigan
manteniendo los juicios”.
Cabe aclarar
que, por una cuestión de definición elemental, los derechos previsionales no
pueden ser resignados: son derechos irrenunciables. Por lo tanto, por más que
firmen el convenio que firmen, los jubilados van a poder reclamar, y muchos ‑por
lo menos, los que tienen salud y una situación económica que se lo permite‑
seguramente van a esperar un fallo que les convenga. Esperemos que esto no
resulte en que después la Corte Suprema frene los juicios que están en camino
para obligar a los jubilados que tienen menos recursos y menos años de vida por
delante a aceptar un convenio con una quita de la cual no estén convencidos.
La
sustentabilidad del sistema constituye una preocupación, por más que se diga
que no. Si no hay una agresiva política para blanquear gran parte de la
economía que está en negro en este país, los números no dan. En muy pocos años
los diputados que ocupen estas bancas estarán discutiendo la edad jubilatoria o
alguna alternativa para poder pagar las jubilaciones. Esto es real.
También
preocupa la implementación. Se está hablando de que la ANSES ha solventado,
como mucho, 50.000 trámites por año. Si hablamos de 2.500.000 jubilados, la
cuenta nos da como cuarenta años. Si hablamos de las cifras estimadas ‑el
compañero Díaz Roig habló de 700.000 jubilados‑, es igual. Ninguna cuenta
indica que los jubilados podrán acceder razonablemente a este ‑entre
comillas‑ beneficio.
Entonces, hay
muchas cosas que realmente preocupan, porque además estamos en un momento
político de la Argentina en el que no podemos desilusionar otra vez a la gente.
Hemos
recibido consultas de jubilados, que creen que el mes que viene todos –los que
están involucrados en esta ley y los que no lo están- van a cobrar entre un 45
y un 70 por ciento de aumento. Será grave cuando se enteren de que esto no es
así y que, en todo caso, los que son beneficiarios van a tardar años en poder
subirse al sistema.
Sinceramente,
el blanqueo se parece más a un pedido de algunos –estos sí van a ser
beneficiarios-, sobre todo sabiendo que ciertos integrantes de las más altas
esferas del gobierno en algún momento se dedicaron a sacar al exterior la plata
de la gente que tiene mucho dinero, y ahora de alguna manera este sistema va a
cerrar un círculo.
En este
sentido, tenemos que decir claramente que hay que predicar con el ejemplo. No
sirve lo del presidente del Banco de la Nación diciendo: “Algo de plata voy a
traer de vuelta, pero lo que es un reaseguro para mis hijos lo dejo afuera”. No
nos da mucha garantía que el presidente del Banco de la Nación diga esto.
Yo he hecho
algún ahorro para mis hijos y trato de invertir para su futuro, pero lo hago en
la Argentina. Corro el riesgo. La verdad es que a veces no tengo mucha fe, pero
por lo menos pongo coraje y un poco de espíritu cívico. (Aplausos en las bancas.)
Entonces,
habría que pedir a los funcionarios con altas responsabilidades en el gobierno
que se tengan un poco más de confianza. Muchachos: ¡se puede! ¡Se puede!
Traigan la plata que no les va a pasar nada, y si les pasa algo va a ser culpa
de ellos. Es un buen consuelo. (Aplausos
en las bancas.)
En
definitiva, como han dicho algunos integrantes de nuestro bloque, tenemos que
encarar urgentemente una reforma impositiva más federal, más justa y con
redistribución de la riqueza. La verdad es que todo este paquete ha mejorado,
sobre todo teniendo en cuenta cómo venía del Poder Ejecutivo, porque
afortunadamente han aceptado –y en este sentido hay que hacer un
reconocimiento- muchas modificaciones que creo que lo tornan mucho menos
pernicioso.
Pero al
eliminar el impuesto a los bienes personales a un jubilado le vamos a devolver,
en el mejor de los casos, 300 pesos del IVA, mientras que un rico va a dejar de
pagar 30.000 pesos. Tenemos que ir buscando un camino de justicia social, señor
presidente.
Sé que me
estoy pasando un poco del tiempo, que es bastante escaso.
En cuanto a
quiénes no van a poder blanquear dinero quiero decir que como diputado no
acepto la condición de sospechoso. Conozco a unos cuantos legisladores de la
Cámara y me parece que la mayoría de nosotros no tiene dinero mal habido, y
mucho menos mis familiares hasta el cuarto grado.
Por lo tanto,
quiero decir simplemente que ni se me ocurre votar en contra de que estemos
incluidos en la prohibición del blanqueo. Todos sabemos quiénes son los
sospechosos, y esto hay que empezar a ponerlo en claro. Si seguimos derramando
la sospecha sobre todos terminaremos viajando con la ropa en la mano para no
llevar un bolso, y creo que esto no es justo para la mayoría de nosotros. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Fe.
Sra. Copes.-
Señor presidente: bajo la escueta denominación
“Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
y modificación del régimen fiscal” estamos tratando extensas, complejas y
heterogéneas iniciativas legislativas.
La crítica de
quienes advierten lo inconveniente de tratar un programa de reparación
histórica a jubilados y pensionados junto a una moratoria fiscal, la
ratificación de acuerdos federales por coparticipación, la creación del
beneficio de la pensión universal para el adulto mayor y un régimen de sinceramiento
fiscal llamado comúnmente “blanqueo”, se halla fundada en las más elementales
técnicas legislativas.
Pero el
tratamiento conjunto obedece a razones estrictamente políticas que tienen su
origen en la desconfianza, ya sea porque hay expresiones partidarias dispuestas
a acompañar solamente la letra que distribuye beneficios ‑sin asumir los
imprescindibles costos para otorgarlo‑ o porque venimos aquí a escuchar
con asombro que quienes gobernaron hasta hace seis meses, que vetaron la ley
que reconocía el 82 por ciento móvil a los jubilados, que desacataron los
fallos de la Corte Suprema que dieron origen a una inaudita litigiosidad
previsional y que menoscabaron el federalismo con exacciones unilaterales hacia
los recursos de las provincias vienen hoy aquí a darnos consejos y a enseñarnos
lo fácil y lo simple de la solución. Esto
es realmente preocupante.
Lo cierto es
que este aglomerado legislativo viene a poner fin a una tremenda estafa
perpetrada por el propio Estado, y esto es así porque además tiene que ver con
el sector de la población más desvalido.
Hoy venimos a
repararlo con una propuesta que es ordenada, rápida y tiene en cuenta la
prioridad de las personas de mayor edad.
También es
definitiva y gradual la devolución de los dineros que se conculcaron a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así se fortalecerá y
afianzará el federalismo.
Hasta aquí,
entonces, adelanto el acompañamiento positivo en general al proyecto en
consideración, pero debo dejar salvadas dos posiciones del bloque Demócrata
Progresista que también están reflejadas en sendas iniciativas legislativas, y
dan cuenta de dos cuestiones.
En primer
lugar, si bien por el artículo 10 se crea la Comisión Mixta de Control y
Prevención de la Litigiosidad Previsional, es ahora cuando deberíamos dar
solución a los más de trescientos mil ciudadanos que perciben renta vitalicia
sin actualización de sus haberes desde la derogación del régimen de
capitalización, en el año 2008.
A ver si nos
entendemos: este universo incluye a personas que entraron al régimen de
capitalización no por opción sino por obligación, ya que comenzaban su vida
laboral. Ese régimen tuvo una duración acotada.
Por lo tanto,
por una cuestión etaria este universo de personas sí o sí son discapacitadas en
la vida laboral o son viudos o viudas, es decir, el sector más vulnerable. El
Estado deroga su sistema previsional, se apropia de los fondos de las AFJP y
les impide lo que en realidad debe garantizar, que es la actualización de sus
haberes.
Estas personas
han quedado olvidadas y entrampadas a lo largo de las sucesivas reformas
previsionales, y lo cierto es que hoy, cuando perciben renta vitalicia, reciben
una suma equivalente en términos nominales previos a la ley de garantía de
convertibilidad derogada. Para decirlo fácilmente: aportaron para un haber que
oscilara entre 500 y 700 dólares y hoy perciben entre 500 y 700 pesos.
Por lo tanto,
si hoy estamos tratando de prevenir litigiosidad previsional, esta gente tiene
un fallo de la Corte de febrero de este año. Este es el momento.
Cuando en el
fundamento del proyecto del Poder Ejecutivo se habla de la pensión universal
para adultos mayores se hace referencia a un derecho humano fundamental. Si por
razones de humanidad otorgamos esta pensión a quienes aún no hicieron aportes,
¿cómo no ver que tenemos que reparar, por una cuestión de justicia, el ultraje
perpetrado hacia quienes aportaron y confiaron en un sistema que el Estado creó
y extinguió?
En otro orden
de cosas, el análisis de los expertos dice que el universo de 2,5 millones de
beneficiarios recibirá un aumento promedio del 40 por ciento, con lo cual el
haber recalculado rondará los 14.500 pesos. Como el mínimo no imponible es de
30.000 pesos, no pagarán el impuesto a las ganancias.
Ahora bien,
por qué tendrían que pagar ganancias jubilados y pensionados por períodos
acumulados y reclamados, es decir, por una suma que se le liquida con
retroactividad, cuyo origen es el propio Estado. Para decirlo fácilmente, esto
se debe a la inacción, la negligencia, la desidia y ‑si somos más suaves‑
la demora del Estado. No corresponde.
Sr. Presidente
(Monzó).- La Presidencia solicita
que vaya finalizando su discurso.
Sra. Copes.- La
posición del Partido Demócrata Progresista es histórica en relación con que el
haber jubilatorio es una cuestión de seguridad social. Es un ahorro cuya
percepción es diferida, de manera tal que no hay que pagar impuesto a las
ganancias si estamos hablando de jubilaciones y pensiones.
Por lo
escueto del tiempo, voy a insertar en el Diario de Sesiones otras cuestiones a
las que quería hacer referencia. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Río Negro.
Sra. Horne.- Señor
presidente: llega a la Cámara de Diputados el proyecto de blanqueo del Poder
Ejecutivo, a seis meses de haberse instalado el gobierno de Cambiemos. En estos
seis meses se han producido cambios que han afectado directamente a los
sectores de la producción y del empleo: entre 154.000 y 167.000 despidos ‑13.000,
luego del compromiso que contrajo Macri con los empresarios‑, según han
computado CEPA o la consultora Tendencias Económicas, afectando mayormente la
construcción, pero también la metalurgia, la prensa, y por supuesto, el Estado.
La inflación,
que no se ha detenido, sino que se ha incrementado, según el IPC Congreso, es
la más alta desde 1990: acumula 43,6 por ciento en doce meses. La consultora
Abeceb la sitúa en un 41,1 por ciento, hasta mayo pasado.
La
consecuencia obvia es la caída del consumo. La venta de los comercios
minoristas, medidas en cantidades, cayeron en marzo 5,8 por ciento respecto a
igual período del año anterior, y acumularon en el primer trimestre un 4,2 por
ciento interanual.
Y ni qué
hablar de las tarifas. Los ajustes oscilaron entre el 1.000 y el 1.500 por
ciento. No alcanza con la medida que tomó el gobierno de poner un tope del 400
por ciento, que no surgió de ningún estudio verificable, y además, es tan
arbitrario como los anteriores. En la Patagonia y en otras zonas frías es impagable.
Estas tarifas ponen a las pymes en situación de definir si continuarán
produciendo o si tendrán que despedir a trabajadores.
En resumen, a
seis meses de gobierno no llegó el paraíso, ni siquiera la normalidad. En
cambio, se puede comprobar que todos estos índices que mencionaba afectan en
forma directa tanto al salario de los trabajadores como al haber de los
jubilados. Se trata de jubilados que han trabajado toda su vida y que tienen
que seguir viviendo dignamente, aunque ya no pertenezcan al sector activo.
Por eso
decimos que la caída de los índices de crecimiento es lo que más afecta a los
jubilados. El nuestro es un sistema solidario, público y de reparto, y vincula
el aumento de las jubilaciones con el crecimiento del país.
La estampida
que ha producido el gobierno con los tarifazos ha dejado literalmente a la
intemperie a poblaciones urbanas y rurales de las regiones frías, y a la
pequeña y mediana industria, que hoy no puede afrontar los mayores costos.
En síntesis,
en estos seis meses se ha producido la más espectacular transferencia de
recursos del sector de los trabajadores del Estado hacia los grupos económicos
que hoy tienen el gobierno de la Argentina. Esta norma que Macri trae al
Congreso tiene por principal finalidad legitimar este traspaso permitiendo y
haciendo libres las maniobras fraudulentas contra el Estado.
En este
contexto llega un proyecto de ley que otorga un perdón a los evasores, muchos
de los cuales ya han sido denunciados en la Justicia: las 4.040 cuentas en
Ginebra de clientes argentinos del HSBC que están sin declarar y que en
conjunto evadieron al fisco al menos 62.000 millones de pesos. Tampoco se pide
la repatriación, cuando ya es público lo de las cuentas offshore en Panamá, y el mundo entero se escandaliza por las cuentas
y empresas no declaradas que vinculan a personalidades del gobierno que ocupan
funciones de primer nivel.
Se trata de
un blanqueo que ni siquiera tiene los alcances de excluir a las personas
políticamente expuestas que describe nuestra propia normativa para las
declaraciones juradas, tal como establece la resolución de la UIF N° 52/2012,
que no ha sido derogada. Por lo tanto, se da cobertura de impunidad a todos los
familiares de los funcionarios. ¡Una verdadera amnistía!
En segundo
lugar, en cuanto a la reparación que enuncia el proyecto, compartimos el deseo
de pagar a los jubilados las liquidaciones mal hechas, tanto las que ya tienen
sentencia firme como las que están en proceso judicial. Lo que no compartimos
es que en aras de esta noble premisa se eche mano a medidas que son finalmente
perjudiciales para los trabajadores, tanto activos como jubilados. En este
sentido, es muy claro el dictamen de minoría que ha presentado el Frente para
la Victoria.
Tampoco
creemos que sea justo reemplazar las moratorias jubilatorias con una pensión, y
mucho menos que sea necesario aumentar de hecho la edad jubilatoria de las
mujeres a 65 años.
En tercer
término, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha funcionado como un motor
que ha generado rendimientos para la masa de recursos que alimenta el sistema
de aportes y contribuciones de un río cada vez más caudaloso, constituido por
los trabajadores pasivos que se incorporaban año a año al sistema. Así, pasó de
98.083 pesos, desde su creación, en 2008, a 770.000 millones de pesos en la
actualidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el reaseguro para las
jubilaciones futuras, porque su crecimiento se invierte y creemos que no se
debe vender ningún porcentaje.
Finalmente,
en cuarto término, manifestamos nuestro desacuerdo con el recorte de las
alícuotas o disminución de los impuestos progresivos, porque son los que
provienen de los sectores con más ingresos. Además, esta merma incidirá en las
arcas provinciales porque son coparticipables.
Por todos los
argumentos expuestos –hay notas periodísticas realizadas a los trabajadores,
que pido que se incorporen al Diario de Sesiones‑, vamos a votar en
contra...
Sr. Presidente
(Monzó).- Señora diputada: se ha
excedido en el tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra.
Sra. Horne.- Solo
quiero plantear...
Sr. Presidente
(Monzó).- Lo insertará en el Diario
de Sesiones.
Sra. Horne.-
...que vamos a votar en contra. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Río Negro.
Sr. Wisky.- Señor
presidente: seré breve, pero no puedo dejar de decir que hoy estamos tratando
uno de los temas centrales en lo que se refiere a las políticas públicas de
protección social, como es la propuesta de reparación de una de las mayores
cargas morales que se generaba con el lento pago a los jubilados con sentencias
firmes, así como también a aquellos que estaban o podían haber entrado en
proceso judicial. Se estima que hay más de dos millones de jubilados en esta
situación, pero creemos que no solo es un problema de números.
Esta
propuesta resuelve algo muy importante, un bien muy escaso que tiene la
humanidad y, sobre todo, los jubilados más añosos, la vida. El tiempo tiene un
valor que supera el precio. Hacemos esta consideración desde lo moral.
También vemos
que este proyecto propone una solución voluntaria, que no se impone; no creemos
que sea una cuestión de forma, sino que sabemos que se trata de una cuestión de
fondo, porque respeta la autonomía y las sentencias judiciales. El jubilado va
a poder elegir qué es lo mejor y lo que más le conviene.
Por otra
parte, esta iniciativa comienza un proceso histórico de muchos años de
construcción, que fue la concentración unitaria de los recursos económicos de
la coparticipación. Esto, para nuestra provincia, Río Negro, va a significar
cerca de 700 millones, algo así como dos hospitales, que son sumamente
necesarios.
Además, este
proyecto inició un proceso de sinceramiento fiscal que va desde la
exteriorización de bienes de capital y beneficios para aquellos que venían
cumpliendo hasta ayuda para aquellos sectores que tienen complicaciones. Sin
embargo, deja en claro que no viene a resolver el pasado ni el presente y
define dos espacios institucionales para diseñar un futuro mejor, es decir, el
Consejo de Sustentabilidad Previsional y una comisión bicameral que va a buscar
resolver el sistema tributario ineficiente y perverso que tiene la República
Argentina.
Por último,
tal como ha sucedido en el tratamiento de otros proyectos, vuelvo a rescatar la
participación de la oposición en la incorporación de más de veinte artículos en
esta iniciativa. Esta no es una cuestión menor, sino que se trata de un asunto
central en la construcción democrática moderna que se está haciendo en la
Argentina. Estamos ante un sistema que está buscando legitimidad en el
ejercicio, del que también formó parte la oposición aportando mejoras desde la
diferencia.
Por los
motivos expuestos voy a acompañar este proyecto con mi voto afirmativo. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Grana.- Señor
presidente: haciendo un repaso de estos últimos meses sobre las acciones del
gobierno y de las leyes que ha enviado al Congreso, no hay manera de no caer en
el lugar común, ya a esta altura lamentable, de que este gobierno, sin lugar a
dudas, está gobernando para los más ricos.
La
devaluación de diciembre benefició a los sectores más ricos de la Argentina,
trajo una caída del consumo que afectó a las pymes y otra vez quienes tienen
más poder son los que pueden concentrar lo poco que se puede consumir en la
Argentina. Esto produjo desempleo
-cotidianamente estamos viendo cómo crece- y achicamiento del mercado interno.
En el medio
de estas cosas se acercó un proyecto, cuyo título parecía ser que apuntaba
hacia otro lado; me refiero a la devolución del IVA para los productos básicos
de la canasta. Todos los días seguimos esperando que esa devolución se ponga en
marcha, pero sabemos que va a existir un problema operativo, porque los
sectores populares no van a poder acceder a los posnets ‑hasta las empresas de posnet tienen problemas en la Argentina-; por lo tanto,
difícilmente se pueda generalizar su uso.
Ahora este
megaproyecto nos vuelve a plantear una excepción para los sectores más ricos en
términos de impuestos, a través de la reforma tributaria encubierta que
plantea.
Hoy nos
vuelven a convidar a este blanqueo, prácticamente con pocas restricciones,
premiando a aquellos que han tenido la posibilidad de sacar de diversas maneras
plata al exterior. Es mentira que esto lo hacen los sectores populares y
también es mentira lo que dice el presidente del Banco Nación cuando afirma que
todos tenemos plata afuera. Los trabajadores, los jubilados, los asalariados,
que se han recuperado un poco en estos últimos doce años, no tienen plata en el
exterior.
Ahora bien,
esta norma está llegando al punto del cinismo más alto cuando le colocan el
ostentoso nombre de “reparación histórica de los jubilados”. Entendemos, ya lo
dijeron muy claramente algunos compañeros, que este proyecto constituye una
estafa a los jubilados.
Detrás de
esta iniciativa lo único que hay es una quita de lo que tienen los jubilados en
función de las sentencias, en los haberes posteriores y en el retroactivo del
que se habla. Por lo tanto, otra vez se castiga a los sectores que se dice
beneficiar y nuevamente se hace todo en función de los más ricos.
Digo todo
esto con pesar, porque la verdad es que me hubiera gustado estar equivocado con
respecto a lo que yo pensaba de este gobierno. Cada una de las medidas y de los
proyectos que aquí se trajeron, apuntaron a fortalecer un mismo sector –el de los poderosos‑,
y a debilitar los sectores populares. Por los motivos expuestos es que nuestro
bloque plantea con absoluta firmeza que no va a acompañar este proyecto y que
apoyará su propio dictamen.
Entendemos
que el oficialismo acompañe el proyecto de ley ómnibus que manda Mauricio Macri
a esta Cámara por una especie de disciplina partidaria, pero no comprendemos a
otros sectores que votan a favor en general. Por todos los medios están
diciendo que quieren resolver los problemas de la gente y de los jubilados,
hablan de que hay que tratar de suspender los tarifazos para las clases
populares, cosas en las que estamos de acuerdo y vamos a apoyar, pero después
votan con el gobierno cuando llega la hora de los papeles. Estos sectores que
se hicieron opositores hoy votan con el gobierno y, probablemente, estén
facilitando que este proyecto salga adelante.
Es una pena
tener que ratificar lo que nosotros pensamos. Esta es una iniciativa tramposa y
engañosa, que mezcla un montón de cosas solamente con el objetivo de juntar
número y tratar de seguir expoliando a los sectores populares. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Alonso.-
Señor presidente: el general Perón decía que la verdad habla sin artificios. Lo
que hoy estamos considerando no es un programa, mucho menos una reparación, y
de histórico tiene muy poco o casi nada. Se trata simplemente de una decisión
política del gobierno en un contexto que no le es favorable y necesita dar una
buena noticia, amparándose en lo que se supone es un buen propósito.
Adelanto que
vamos a acompañar este proyecto en general con la esperanza de que lo que hoy
votamos contribuya al fin perseguido, aunque permítanme que diga que lo veo
dudoso. Espero que el Congreso no genere una falsa expectativa a la clase
pasiva. Digo esto porque a partir de la propaganda oficial que se ha instalado,
los jubilados ‑como se dice comúnmente‑ van a pasar por ventanilla
a cobrar sus juicios. Decididamente eso no será así; todos los presentes
sabemos que esto no va a ocurrir.
Por otra
parte, es lamentable que en el proyecto relativo a superar la litigiosidad en
materia previsional se incorpore un blanqueo de capitales. Esto lo convierte en
una mezcla rara de Musetta y de Mimí, prostituyendo lo que se considera una
reparación histórica.
En homenaje a
la brevedad, diré que la reparación histórica en materia previsional significa
que no haya un solo compatriota, sea hombre o mujer, que cumpla el requisito de
la edad por fuera del sistema jubilatorio. La reparación histórica significa
que el haber jubilatorio mínimo sea digno para que nuestros ancianos puedan
satisfacer sus necesidades básicas. La reparación histórica significa la
movilidad en materia previsional, como así también un sistema jubilatorio
público y de reparto sustentable. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Corrientes.
Sra. Ferreyra.- Señor
presidente: más temprano solicité el
uso de la palabra para plantear una cuestión de privilegio. Insistiré en la
próxima sesión para ver si tengo la suerte de que me la conceda.
Tenemos que
agradecer a quienes aprueben este proyecto, porque a partir de su sanción las
mujeres de mi generación nos quedaremos sin jubilación por no entrar en la
moratoria. En el tema del aumento del haber jubilatorio sí nos equiparan a los
hombres; mientras que en otros aspectos aún nos retacean igualdades.
El Senado de
la Nación acaba de convalidar los pliegos enviados por el presidente,
robándonos la banca que ocupaba la doctora Argibay, una mujer feminista, para
dársela a Rosenkrantz, que es el abogado de Cablevisión y McDonald’s, empresa a
la que le regalará 60.000.000 de pesos para que nuestros jóvenes aprendan a
freír papas fritas. (Aplausos en las
bancas.) Ese es el empleo saludable. Están viniendo con cuentos porque con
esta reparación histórica, con esta norma “angaú”, nos perjudican a nosotras,
ya que establecerán un sistema de jubilaciones para pocos y de pensiones para
todas.
Hace tiempo
que las mujeres que trabajamos en el hogar salimos al espacio público y
logramos una conquista histórica, la que cae hoy en la necedad, ya que se
votarán los dictámenes que el Fondo Monetario pide hace dos o tres años. El
Fondo Monetario dice que el sistema financiero mundial está en crisis por la
longevidad de la humanidad. Detrás de ello solicita el aumento de la edad
jubilatoria ‑al igual que ustedes- y que baje el monto del haber
jubilatorio –como hacen ustedes con la pensión. Por eso, la historia no los
absolverá.
No coincido
con el diputado Grana acerca de que Melconian mintió. Melconian dijo algo
“angaú” -término muy correntino para algo que a veces parece verdad, pero es
una mentira-, porque es cierto que él y muchos otros tienen plata en cuentas
extranjeras y en sociedades offshore. Esa
es plata que evadieron los argentinos de los impuestos y que tendrían que
haberla invertido en el país. La única diferencia es que en lugar de estar a
nombre de todos los argentinos, está a nombre de Melconian y de medio gabinete. (Aplausos en las bancas.)
De todos
modos, quiero decir que sí es verdad lo ocurrido con el corrupto López.
Nosotros no andamos con medias vueltas como ustedes, que encubren a todos los
delincuentes y no se animan a decirlo. (Aplausos
en las bancas.) Hablan de si la plata estaba activa o si era de papá, pero
a Caputo y Calcaterra le dan obras en este gobierno; sin embargo, el problema
es Báez. ¡Por favor! Báez es solo uno de los problemas.
Lo que decía
Melconian acerca de que todos los argentinos tienen plata en el exterior no es
cierto. Está el corrupto López que tiró la plata al convento. Como dijo la
señora diputada Donda Pérez, la hubiera depositado en una cuenta offshore o a nombre de la hija, ya que
después de la sanción de esta norma podría haberla blanqueado, porque esta
autoamnistía no es solo para evasores, sino también para corruptos. (Aplausos en las bancas.) ¡Más grave es
que sea para narcotraficantes!
Hay un caso
del que tal vez no se acuerden: Álvarez Meyendorff, cerebro financiero de uno
de los carteles del narcotráfico mundial más poderosos. No sé cuánto representa
1,2 billones de dólares, pero sí sé que fue detenido en la Argentina en 2013 y
extraditado a Estados Unidos.
Aunque a los
señores diputados no les parezca, el tema del narcotráfico no es un problema de
negros, villeros o de ilegalidades. Todas las empresas de Álvarez Meyendorff
eran legales y con esta amnistía, esa plata perseguida por medio América Latina
hubiera podido traerla al país y blanquearla.
Además,
quiero agregar que se podrá blanquear toda la plata proveniente del sistema
negro del mundo y que ninguna inversión financiera vendrá al país.
Señor
presidente: solicito insertar en el Diario de Sesiones las cuestiones técnicas
de mi discurso relativas al Fondo Monetario Internacional, que todos tienen que
leer porque es el catálogo de lo que ustedes están a punto de aprobar. Esta ya
no es la escribanía de la Casa Rosada, sino del Fondo Monetario Internacional.
¡Háganse cargo! (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Salta.
Sr. Nanni.- Señor
presidente: durante estos días se habló mucho de lo moral o inmoral de estas
iniciativas y contribuciones que pretendemos hacer a estas reparaciones.
Especialmente
en las últimas horas aprendimos dos cosas importantes: en primer término, que
gobernar es fijar prioridades y acompañar el discurso con el acto concreto; y
en segundo lugar, que es lisa y llanamente más importante lo que el gobierno
hace y no lo que dice.
Durante mucho
tiempo hablamos de un progresismo que, además de austeridad y honestidad en el
acto de gobierno, implicaba no dejar a nadie en el camino. Lamentablemente,
nuestros jubilados se quedaron lejos, muy atrás en esa ruta.
La Argentina
de hoy requiere reparaciones concretas, sobre todo éticas y morales. Se ha
hablado mucho del dilema moral que se nos presenta con este proyecto, que en el
mejor de los casos premiaría a los evasores, es decir, a quienes no han
cumplido; y en el peor, representaría una amnistía a la corrupción. Ninguna de
las dos cosas ocurre; ni una ni otra. ¡Qué ironía se nos presenta en estos
tiempos! Tenemos un dilema relativo a que para reparar estos casos debemos
dejar atrás moralinas. Además, es necesario ‑e, incluso, más moral‑
preferir un bien superior a otro inferior. Eso está ocurriendo en la Argentina
de nuestros días. Es cierto que todo intento de blanqueo lleva ínsita una
injusticia porque implica un perdón al evasor y un castigo al cumplidor
directo; el que ha cumplido en tiempo y forma es castigado.
Se pretende
introducir en esta discusión, camuflado en un dilema, un elemento que no nos
deja mirar el bien supremo; se trata ni más ni menos que reconocer una deuda
que tenemos con nuestros jubilados. Este es un hecho concreto, contundente y
rotundo, que implica la decisión de este nuevo gobierno de dejar de estafar sistemáticamente
a nuestros mayores.
Esa es la realidad de nuestros días y
ese es el objetivo de este proyecto de ley.
Por eso es muy importante que entendamos los fines y las diferencias que
tiene este proyecto de ley ‑o este blanqueo‑ sobre los otros
blanqueos lisos y llanos que se truncaron en el pasado.
Infinidad de
veces se ha hablado de que muchos blanqueos se habían truncado, incluso, hasta
nueve veces seguidas, y eso obedecía a la simple y sencilla razón de que esos
blanqueos tenían un fin específico, que estaban hechos ni más ni menos que con
un criterio de amigo, para un fin específico.
Este blanqueo
tiene dos fines superadores. En primer lugar, el más importante de ellos es
reconocer a nuestros viejos, a nuestros mayores, la sentencia justa que se
ganaron y que algún gobierno progresista se la estiraba en el tiempo a gente
que no tenía tiempo.
Por otro
lado, este proyecto de ley pretende, por sobre todas las cosas, traer una
inversión necesaria para nuestros días, como motor de una economía que viene
rezagada en el tiempo.
También hay
una diferencia profunda con otros blanqueos, que es que esta norma, a
diferencia de otras, sanciona al indultado con un gravamen y tiene un
reconocimiento para aquel que ha respetado la ley.
Los fines que
persigue esta norma, sin duda, despejan este dilema moral y nos liberan de
cualquier examen de conciencia. Este proyecto de ley, por donde se lo mire, es
justo. Después, hay un sistema complejo donde se encaja esta norma, porque en
la economía de nuestros días no es fácil y los tiempos que vivimos también son
complejos.
Después de
sancionar este proyecto de ley, nos queda una materia pendiente, que es traer
inversiones y asegurarnos de que los que vienen a blanquear no vengan con
capitales golondrinas. Para eso vamos a tener que asegurar interrelación con
otros mercados y profundidad en el nuestro, para lo que debería intervenir la
Comisión Nacional de Valores.
La última
materia pendiente que nos queda es la del federalismo que menciona esta norma.
En esto tenemos que ser muy claros. No podemos, por un lado, ocupar estos
fondos para subsidiar el déficit de las provincias, al margen del derecho a la
coparticipación que tienen y que se lo han ganado en justa medida. Después de sancionado este proyecto de ley,
hay muchas otras materias pendientes.
Quiero tomar
los últimos minutos que me quedan para una atribución personal. Esta norma es
una reparación y una suerte de homenaje para nuestros jubilados, y quiero
resumir y encarnar a todos los jubilados en el único abuelo que tengo vivo, que
tiene 94 años y es un peronista de alma; la única vez que votó por un radical
fue esta, con la esperanza de que llegue su nieto a la banca.
Quiero decir
a todos los jubilados y a mi querido abuelo que este es un paso inicial y que
vamos a seguir laburando por ustedes. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por el Chaco.
Sra. Mendoza (S.M).-
Señor presidente: en primer lugar, como digo siempre, quiero aclarar que la
política es para los cuadros políticos. Partiendo de esa base, sostengo una vez
más que no estoy de acuerdo en que la manejen los CEO, con esa mirada
privatizadora y sacando al Estado de sus funciones.
La política
es para hacer política de Estado y, en este sentido, me parece que esto no es
una reparación histórica. Mi opinión es
la que tomé por todo lo que hemos hecho y es la de todos los sanitaristas y
estudiosos de la seguridad social que pensamos diferente, y creo que con esta
norma se le vuelve a mentir a los jubilados.
Mis
estadísticas coinciden prácticamente con las que nombró el compañero Díaz Roig,
y con aquellos jubilados a los que se les venía pagando habrá mayor
litigiosidad. Desde el punto de vista de la seguridad social y previsional
estoy convencida de que van a desfinanciar el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad a través del blanqueo de capitales.
Los blanqueos
de capitales jamás han funcionado en nuestro país, con el condimento mayor –en
esto estoy totalmente en desacuerdo- que no pueden blanquear familiares ni a
aquellos que pueden ser socios de una empresa. No digo que sean ni buenos ni
malos los blanqueos, sino que no creo que vaya a servir.
Les digo a
los jubilados que mi pensamiento es diferente y que no estoy de acuerdo con
este proyecto de ley. Por lo tanto, no lo voy a votar, salvo la parte ‑que
tampoco es una solución total‑ del pago al déficit de las cajas
previsionales provinciales, que algún día solucionaremos totalmente.
Por otra
parte, creo que este proyecto no está preparado para dar mayor cantidad de
jubilaciones, dado que se mezcla una pensión por vejez con una jubilación. La
movilidad jubilatoria y el pago de sentencias se hará en base a una disminución
y una quita muy importante para los jubilados.
Con el
respeto que nos tenemos siempre, voy a acompañar el dictamen de minoría y una
vez más digo que para los jubilados no hay una reparación histórica sino, al
contrario, la vuelta a las AFJP; por lo tanto, estoy en total desacuerdo,
porque mucho nos ha costado este sistema previsional.
Entonces, no
veo que haya oportunidad de mejoras para los jubilados. Se va a pagar juicios
con el 40 por ciento, a tres años. Me parece que habría que rever este punto.
Desde la
seguridad social, aquellos que lo voten, que el día de mañana se hagan cargo
del desfinanciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Salta.
Sr. David.- Señor
presidente: como ya se ha dicho, este proyecto de ley contiene múltiples
cuestiones que se han tratado exhaustivamente con distintas posiciones.
Quiero
empezar reconociendo la decisión política para que el Congreso pueda debatir y
aprobar un proyecto que no sé si pondrá fin a esta situación, pero al menos
dará una opción frente a una situación absolutamente injusta. No se trata aquí
solamente de cómo cobraban o dejaban de cobrar los jubilados una sentencia
firme, sino de que el Estado nacional fue renuente a reconocer una
jurisprudencia firme de la Corte Suprema de Justicia y no les pagó en tiempo y
forma, obligándolos a un peregrinar absolutamente injusto e irrazonable. El
hecho de que un jubilado tuviera que esperar diez años para que le reconocieran
un ajuste y llegar a una sentencia firme es algo absolutamente reprochable por
parte del Estado.
Yo no sé
cuántos adherirán definitivamente a los sistemas de pago que propone hoy el
gobierno a través de este proyecto de ley. Sin lugar a dudas, hemos planteado
que hay una diferencia de índices en el último de los casos que nosotros
creemos que habría que tomar en cuenta.
Para ser
sinceros, durante muchos años hemos reclamado una solución a este tema y hoy se
está dando. Hay una oferta de pago que quizás no sea ideal, pero sin dudas
establece un mecanismo de reajuste de haberes y el tiempo dirá si el Poder
Ejecutivo y la ANSES lo hacen de la manera más eficiente posible.
El proyecto
tiene limitaciones. Hablamos de los índices y de la pensión; en el trabajo en
comisión pudimos hacer las correcciones para que las mujeres puedan mantener
esa moratoria, por lo menos hasta que tengamos un sistema previsional
rediscutido en los próximos tres años.
Hemos
establecido la necesidad de que el sistema sea público y de reparto. Me parece
que ese es otro avance. Obviamente, a todos nos asiste la duda de si este
esquema que se plantea para solucionar definitivamente la situación de miles de
jubilados tiene un grado de responsabilidad importante del gobierno en cómo lo
ha planteado, o si detrás de esto hay una especie de viveza criolla de alguien
que hace números y dice: “No se preocupen, lo presentamos de esta manera;
después ‘pedaleamos’ a los jubilados tres, cuatro o cinco años”. Pero no lo
vamos a saber hoy, sino durante la aplicación práctica y con el seguimiento que
tendremos la responsabilidad de hacer desde este Congreso.
Creo que
también es positivo lo referido a la relación entre la Nación y las provincias,
pero no solo voy a reconocer el acuerdo en sí, sino sobre todo la posibilidad
de que gobernadores junto con el Estado nacional puedan reunirse y consensuar
respecto de un tema largamente dilatado. Lo mismo pienso sobre las cajas
previsionales transferidas y no transferidas. Considero que son avances que
hablan a las claras de cómo entre todos priorizamos los grandes temas que todavía
están sin resolver en la Argentina.
Por supuesto
que el llamado “sinceramiento fiscal” o “blanqueo” genera controversias. En
nuestro país estamos acostumbrados a legislar de la boca para afuera con el
deber ser, sin reconocer lo que somos porque hay una realidad. A mí no me pone
colorado entender que este proyecto defiende distintos intereses, y lo
reconozco porque me parece que es una manera de equilibrar las cosas. También
reconozco que debe haber detrás de esto un montón de empresarios que ponen como
condición un sistema de blanqueo como el que aquí se propone. El tema es qué
hacemos y hacia dónde vamos.
En mi
opinión, o escondemos las cosas debajo de la alfombra o las reconocemos y damos
una solución, la mejor que podamos. Hemos discutido en el ámbito de las
comisiones y tanto en lo referido a la moratoria como al blanqueo nuestro
bloque ha planteado sus diferencias -como han dicho algunos compañeros. Sin
embargo, creo que debemos avanzar.
Pienso que el
blanqueo y la moratoria hoy se presentan inoportunos porque la gente vino
sufriendo en estos últimos seis meses un aumento considerable de los precios y
de las tarifas, sumado a los problemas de empleo. Entonces, es muy difícil
contar a aquellos que están sufriendo, que no llegan a fin de mes, que dentro
de este paquete además de los jubilados hablamos de la eliminación de impuestos
o del blanqueo de capitales.
Por eso,
nosotros hemos solicitado y propuesto derogar la eliminación del impuesto a los
bienes personales. No vamos a acompañar algunas eliminaciones de impuestos para
los sectores que más tienen, pero ello no significa que no puedan ser
discutidas en este ámbito en el futuro, seguramente habrá que rediscutirlas.
Pero me parece que hoy eso resulta claramente inoportuno.
Para
finalizar, quisiera referirme a dos temas concretos. Se está por debatir la
extinción de dominio como un régimen autónomo, y quiero hacer hincapié en esto
porque el blanqueo tiene que ver con las faltas o infracciones a los temas
aduaneros e impositivos, pero no a la actividad ilícita.
La discusión
e investigación preliminar de la extinción de dominio, como se está planteando
en el Congreso, tiene que empezar por los que blanquean. Entonces, hay que
ponerse de acuerdo respecto la siguiente cuestión: hacia dónde vamos y qué
queremos. Esa discusión seguramente la daremos en las próximas semanas.
Creo que en
la historia del tema jubilados se han logrado muchos avances. Por ejemplo, de
tener poco más del 60 por ciento de las personas en condiciones de jubilarse,
hemos llegado a más del 90 o 95 por ciento y se pudo pagar en término. Se ha
podido avanzar con la actualización y hoy empezamos a resolver el problema de
aquellos que tenían que peregrinar por la Justicia en reclamo de su situación
jubilatoria. Por eso, creo que debemos seguir este camino y monitorearlo. Hoy
estamos dando un gran paso.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Salta.
Sr. Durand Cornejo.-
Señor presidente: son cuatro temas importantísimos los que estamos tratando en
este conjunto al que más bien denominaría “ferroviario”, por el peso que tienen
semejantes proyectos.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la
Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.
Sr. Durand Cornejo.-
No quiero pasar por alto estos temas que son el blanqueo, por un lado, y la
deuda con las provincias, por otro. También tenemos el tema de los jubilados,
respecto de lo cual lo que más confusión está ocasionando es que, con alguna
mala fe, algunos diputados de la oposición hayan puesto carteles en sus bancas,
que dicen: “No al aumento de la edad jubilatoria”. En el proyecto de ley No
existe un solo renglón que se refiera al aumento de la edad jubilatoria en las
mujeres. Ni uno solo.
Puede ser que
alguien de buena fe se haya confundido con lo que sí existe en el sistema
jubilatorio argentino, que está relacionado con la jubilación por edad avanzada
a partir de los 70 años y que hasta ahora ha regido en la Argentina. Dentro del
sistema jubilatorio, lo que votaremos hoy es otra cosa, que se vincula con la
asignación universal para personas mayores de 65 años. O sea que estamos
logrando una quita de cinco años en el beneficio para los que nada tienen.
Insisto: aquello no tiene nada que ver, se trata de un engaño para sembrar
temor en la comunidad de que se estaría por aumentar la edad jubilatoria.
Quiero entrar
de lleno en el tema que a mi juicio es el más importante, que es el que tiene
que ver con los jubilados. Hablamos de emergencia en la litigiosidad. En ese
sentido, creo que tendríamos que hablar lisa y llanamente de “emergencia
humanitaria”. Aquí se habla mucho de lo que es la expectativa de vida en el
mundo, que según las Naciones Unidas en la Argentina ha bajado y que
actualmente es de 70 años. Puedo asegurarles que en mi provincia y en la mayoría
de las provincias periféricas de nuestro país no existe esa expectativa de
vida, es muy inferior. La gente se muere antes de ilusionarse, siquiera, con
una magra jubilación. En consecuencia, no podemos perder de vista esa situación
tan real. ¿Esto es la panacea? Evidentemente, no, pero yo me pregunto lo
siguiente: en los últimos veinte años, ¿qué gobierno planteó la posibilidad de
hacer justicia con los jubilados, tratando de ver la forma de juntar fondos
para pagarles algo tan fundamental como fue el hecho de haberles birlado sus
haberes en los últimos tiempos? Ninguno lo hizo, salvo el actual.
A ninguno de
los señores diputados que han expresado estar en contra de este proyecto de ley
los he visto ruborizarse al decir que van a oponerse a algo tan justo como esta
reparación.
Ojalá que
algunos jubilados puedan vivir lo suficiente para llegar a cobrar las
sentencias favorables que han obtenido, ya que evidentemente eso será mejor
para ellos. Pero la realidad nos dice que los jubilados no pueden esperar más
años para cobrar, sino que necesitan hacerlo inmediatamente. En este sentido,
no puedo dejar de señalar que lo que pasó con los jubilados –esto no admite
medias tintas ni tibiezas‑ es un genocidio.
No he visto a
ningún organismo de derechos humanos nacional, provincial o municipal ocuparse
de esto. ¿Saben por qué? ¡Porque nos hemos acostumbrado a que es normal que los
jubilados se mueran de hambre o por falta de salud! ¡Todos los días ocurre esto
en nuestro país y nadie dice nada! (Aplausos
en las bancas.)
¡Desde hace
años me dedico a la problemática de los mayores y puedo decir que lo que ocurre
es algo criminal! ¡No especulen! ¡En los últimos doce años nada hicieron para
calmar la indignidad que significó especular con la posibilidad de que los jubilados
se mueran, porque eso es algo canallesco! ¡Han especulado con la posibilidad de
que se mueran los jubilados, y muchos de ellos se han muerto!
Muchísimos
jubilados de nuestro país iniciaron juicios al Estado, y en buena hora que lo
hicieron. Muchos otros –miles‑ especularon diciendo “sé que no voy a
llegar a cobrar, pero tal vez mi familia lo logre”.
También
quiero contarles que otros miles de jubilados se han muerto. Más de setenta y
cinco mil jubilados con juicios iniciados fallecieron, sin tener descendencia,
por lo que el Estado volvió a quedarse con el dinero de la gente. Eso es
criminal.
Entonces, no
se les paga y se los deja morir por falta de atención médica. ¡Esto último es
así porque el PAMI en los últimos años se dedicó a financiar la política,
robando miles de millones de pesos a los argentinos y a los jubilados, en lugar
de brindarles salud! (Aplausos en las
bancas.)
Por lo tanto,
ahora el reto consiste en hacer justicia y lograr que ningún jubilado se muera
por falta de asistencia médica, ya sea porque no puede obtener un turno para
operarse o porque el PAMI no tiene convenios celebrados con ninguna clínica y
lo mandan a hospitales que no tienen nada.
De manera tal
que no se podían haber mezclado todos estos temas, que son tan importantes. Yo
encaré la cuestión de los jubilados porque estuve cerca de muchísimos de ellos,
que se han muerto debido a que no pudieron obtener un turno para operarse, ni
conseguir medicamentos ni nada.
Pido
disculpas a la Presidencia por haberme extendido en el término que me fue
otorgado para hacer uso de la palabra. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada
por Santiago del Estero.
Sra. Morales.-
Señor presidente: en primer término, quiero hacer referencia a la gran
expectativa que tienen los jubilados respecto del resultado de este debate.
En este
sentido es importante destacar la responsabilidad que asumimos al estar
sentados en nuestras bancas, procurando solucionar cada una de las necesidades
que nuestro pueblo nos plantea. Por eso, en relación con el proyecto de ley en
consideración, que comprende muchos puntos que son dispares entre sí, hemos
asumido desde nuestro bloque una responsabilidad funcional respecto de las
necesidades que se plantean.
La realidad
que se nos presenta es la del pago a miles de jubilados que durante toda su
vida pasiva han estado litigando contra el Estado, para poder acordar con este
último a partir de hoy el cobro de lo que se les adeuda, lo que constituye un
derecho que ha sido reconocido por el Poder Judicial.
Por eso, es
indudable que ha sido un avance muy grande el hecho de que con el consenso de
las partes intervinientes en este proyecto se pueda eliminar la transacción
respecto de los juicios que tienen sentencia firme. Es fundamental que el
derecho que ha sido reconocido por la Justicia sea garantizado en cuento a su
pago íntegro.
También es
necesario hacer alusión a que con la misma trascendencia con que hoy se encara
el debate de este proyecto de ley, que prevé el pago a los jubilados y reconoce
sus derechos, se debe tomar en cuenta cuáles son las necesidades que este
sector tan vulnerable de la población nos plantea. En este sentido quiero
mencionar el aumento del haber mínimo, que hoy no puede garantizar una vida digna
a nuestros jubilados, y la atención directa e inmediata de la salud a través
del PAMI y de las áreas de servicios sociales del Estado.
Por ello, los
poderes Ejecutivo y Legislativo deben trabajar en forma conjunta para que esto
sea así, y el proyecto de ley en consideración se garantice en la práctica en
forma eficiente y no haya jubilados que estén esperando durante tres años poder
cobrar esta transacción, que aun así va a significar una quita a sus derechos
ya adquiridos.
Es importante
que todos tengamos en cuenta que nosotros representamos aquí no solamente una
ideología política, sino también a todos los argentinos que nos han elegido
para estar hoy presentes en este recinto. Representamos a todos los jubilados
que tienen puestas sus esperanzas aquí, que también fueron generadas por el
Poder Ejecutivo a través de los anuncios que ha formulado, aunque
lamentablemente sabemos que no van a llegar a todos los miembros de la clase
pasiva. Sabemos que el Poder Ejecutivo, a través de muchas medidas, ha generado
mucha esperanza en nuestros queridos jubilados, pero tampoco serán satisfechas
en su totalidad. En consecuencia, debemos asumir el compromiso de trabajar para
que todas ellas puedan ser cumplidas.
Asimismo,
debemos ver que tanto desde el Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo se
trabaje en pos de hacer efectivo los organismos de control, a fin de que estas
situaciones no se repitan y se regularicen en nuestro querido país.
Por otra
parte, es importante que todas las modificaciones que nuestro bloque ha
introducido a este proyecto de ley en forma consensuada con las demás bancadas
se materialicen de manera eficiente y práctica para que nuestros jubilados no
estén haciendo colas durante horas en la ANSES, en las UDAI de las provincias,
para consultar si les corresponde o no percibir el beneficio. En otras
palabras, el Poder Ejecutivo, a través de la ANSES y las demás áreas
involucradas, debe adoptar todas las medidas necesarias e implementar los
medios adecuados para que esto se lleve a cabo de manera eficaz en beneficio de
nuestros jubilados.
En honor a la
brevedad solicito autorización a la Presidencia para insertar el resto de mi
discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado
por Chubut.
Sr. Igón.- Señor
presidente: había preparado algunas cosas para decir pero me llamó mucho la
atención lo que señaló el señor diputado preopinante. Considero que es bastante
dantesco pedir la intervención de los organismos de derechos humanos por muerte
y malos tratos.
Quizás lo
bueno sea no estar en Salta y vivir en Chubut, porque tengo una visión
completamente distinta. En mi provincia, el gobierno provincial y los gobiernos
municipales daban a aquellos que hoy están jubilados y a los que en su momento
no podían estarlo, una tarjeta social de 300 o de 500 pesos. Hoy, la jubilación
mínima en la provincia de Chubut –porque se tiene en cuenta que es zona
desfavorable‑ está por encima de los 6.400 pesos.
Además, el
segundo plan de inclusión previsional hizo que el 97 por ciento de nuestros
abuelos pudieran ingresar a ese plan y hoy estén jubilados. A estos jubilados
que hoy perciben más de 6.400 pesos por mes, en su momento les daban una
tarjeta social de 300 pesos. Además de poder estar jubilados tienen acceso a
una obra social que antes no tenían.
Entonces, la
diferencia está en cómo uno piensa que se transforma la realidad. A mí me
parece que la realidad se transforma definitivamente yendo por esos abuelos,
otorgándoles una jubilación a la que antes no podían acceder porque sus
patrones –los mismos que ustedes están defendiendo‑ no hicieron los
correspondientes aportes previsionales, y esto pasaba en el campo y también con
las trabajadoras domésticas. Quienes no hicieron los aportes son los mismos a
los que ustedes están defendiendo.
El gobierno
nacional vino a abrazar, a contener, a otorgar una jubilación y dignidad a
todos aquellos por los cuales ustedes hoy están pidiendo que intervengan los
organismos de derechos humanos. Por favor, no den más vergüenza. (Aplausos en las bancas.)
La verdad es que otra vez estamos
discutiendo cuestiones que no tienen que ver con la mayoría. Estamos
discutiendo cuestiones que van enfocadas a una gran minoría. Esta ley
“ómnibus”, “revuelto Gramajo” o como
quieran llamarla, la verdad es que está escondiendo cosas que son hasta
perversas, porque decir a nuestros jubilados, en complicidad con los medios de
comunicación, que estarán mejor y cobrarán, sabiendo todos nosotros que eso no
ocurrirá así, no puede merecer otra metáfora que no sea la de que han encarnado
con los jubilados y han ido a pescar por el blanqueo de capitales y por la
venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para terminar de
licuarlo.
He escuchado
a muchos compañeros de mi bloque y de otros bloques opositores referirse a cómo
han llamado a este proyecto de ley, y es bueno hacer un poco de memoria.
Pongamos la cuestión en términos interrogativos, y los invito a todos a que
vayan respondiendo. ¿Quién devolvió el 13 por ciento que un gobierno neoliberal
quitó a nuestros jubilados? (Aplausos en
las bancas.) ¿Quién fue por los planes de inclusión previsional? ¿Quién fue
por una ley de movilidad jubilatoria que hoy asegura a nuestros abuelos dos
aumentos al año, que además siempre estuvieron muy por encima de la inflación?
Además,
¿quién dio la posibilidad a nuestros abuelos de tener un sistema crediticio
mediante la tarjeta Argenta para que no tuvieran que caer en aquellos lugares
usureros donde les cobraban intereses fenomenales? Y ahora resulta ser que esto
que están planteando es un reconocimiento histórico a nuestros abuelos. ¡Por
favor! El reconocimiento histórico se hizo a través de las medidas que
implementaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y esto les
puede gustar o no, pero es así. (Aplausos
en las bancas.)
También en estos días he escuchado
cómo intentan confundir a nuestros abuelos, pero la verdad es que a esta altura
ya no sé si tiene demasiado sentido dedicarnos a charlar sobre eso; y sé que ya
estoy con el tiempo cumplido. Por eso quiero terminar con algo que es muy
corto. La pregunta que quiero dejar es ¿a quién se le ocurrió que vendiendo el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las acciones, y licuándolo, vamos a
fortalecer el sistema previsional argentino? ¿Al Poder Ejecutivo, a Mauricio
Macri, a quién?
Además
escuché de muchos compañeros de la oposición de los distintos bloques decir que
esto no está bien, que esto es perjudicial. Entonces, no digamos una cosa y
después votemos otra. Votemos por el presente de nuestros viejos, que es ahora.
El año pasado se pagaron 54.000 sentencias. Hoy hay 50.000 sentencias para
pagar y los fondos están porque están dentro del presupuesto.
Entonces, lo
que hay que hacer es pagarles y no tratar de llegar a una quita con nuestros
jubilados. Esto es lo que está planteando el Poder Ejecutivo nacional mediante
este proyecto de ley, que lo único que está encubriendo es que nuestros abuelos
no tengan un futuro digno.
Por último,
quieren quitar los impuestos a los que más tienen, ¿y saben qué? Eso no me
asombra en nada porque esto es consecuente con lo que se viene haciendo desde
el 10 de diciembre: quitamos las retenciones al campo, a las mineras, y ahora
quitamos los impuestos a los más ricos. ¿Pero cuándo vamos a tratar algo para
los más vulnerables? El día que lo tratamos y logramos sancionar una ley que
abrace a los trabajadores, el presidente de la Nación la vetó dándoles la
espalda una vez más. (Aplausos en las
bancas.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado
por Entre Ríos.
Sr. Huss.- Señor
presidente: hago uso de la palabra en primer lugar para adelantar mi voto
negativo en general al proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo nacional.
Desde mi humilde lugar lo hago con el convencimiento y la fuerza necesaria que
me da la juventud y mis convicciones. Además, por la coherencia de saber que
detrás de este proyecto de ley, en donde no se ve el hilo conductor porque se
ha mezclado el blanqueo con la reforma del sistema previsional con un título
grandilocuente, se está jugando con las expectativas de nuestros jubilados.
En esta
sesión hay compañeros y compañeras de este bloque que tienen un avanzado
conocimiento sobre cada uno de los puntos en particular porque han formado
parte de este proceso de doce años que sí produjo una reparación histórica para
nuestros abuelos, para nuestros adultos mayores.
Uno no es
ingenuo y sabe de los acuerdos parlamentarios. No entendemos cómo aquellos que
defendieron y formaron parte de estas conquistas hoy apoyan que de a poco se
vayan perdiendo. Sabemos que detrás de ese título que anunciaron con bombos y
platillos generaron expectativas en nuestros jubilados, pero nunca expresaron
el sentimiento real de cuál será el corazón de la futura norma: el blanqueo de
capitales. Esto significa claramente dar respuesta al escándalo mundial que se
conoció con los Panama Papers.
¿Cómo es
posible que se hable de una pensión a la vejez? Nosotros entendemos –perdónenme
que hable como los que abrazamos la causa del general Perón y de María Eva
Duarte de Perón- que la jubilación es un derecho y no una pensión. No dejemos
que los defensores del libre mercado puedan joderle la vida a nuestros abuelos.
Analizando
este proyecto de ley vemos que se habla del blanqueo de capitales, incorporando
también la ratificación de un acuerdo que han alcanzado los gobernadores junto
con el Poder Ejecutivo nacional, equivalente al 15 por ciento. O sea, se
produce una reforma impositiva que favorece a los que más tienen y desfavorece
al Estado. También se ataca el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES
para saldar de alguna forma lo que a los jubilados se les había quitado cuando
se estatizaron los fondos de las AFJP.
Quiero
entender la metáfora a la que hizo mención la vicepresidenta de la República cuando
dijo que veía un túnel y al fondo una luz que se arrimaba. Espero que no se
trate de un tren que se nos viene de frente y que se lleve puesto el futuro de
nuestros hijos –como ocurrió con los fondos buitre- y las expectativas de
nuestros abuelos. (Aplausos en las
bancas.)
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra el señor
diputado por Corrientes.
Sr. Valdés.-
Señor presidente: disculpen la forma en que me voy a expresar porque tengo la
voz un poco tomada.
Quiero
manifestar que hoy escuché a un diputado hablar de las cuestiones pendulares.
Recuerdo que
entre 1983 y 1987 comenzamos con una emergencia previsional, porque estábamos
en un contexto mundial difícil, donde las commodities
valían muy poco. Sin embargo, dijimos que existía una emergencia previsional
y que teníamos que solucionar el problema. De ahí que hayamos dictado la
emergencia.
Luego vino el
gobierno peronista por derecha diciendo que nos iba a presentar un sistema
fabuloso: “la solución de la República”, sostenían. Manifestaban que de esta
forma se iba a solucionar para siempre el problema de los jubilados. Entonces,
majestuosamente nos presentaron en este Congreso a las AFJP, con Carlos Saúl
Menem a la cabeza.
Cuando se
dieron cuenta de lo que estaban haciendo, cambiaron pendularmente y volvieron
al sistema anterior: el de reparto. Precisamente, retornaron al sistema que
nosotros dijimos que estaba en emergencia, pero esto costó a los argentinos
10.000 millones de dólares por la indefinición de los que pusieron un sistema y
luego lo cambiaron por otro. Esto lo pagó el pueblo de la Nación argentina.
¿Saben a cuántos jubilados hubiéramos podido pagar las sentencias con esos
recursos?
En la Capital
Federal existen tres cámaras con tres jueces cada una. Además, hay diez
juzgados federales que solamente se dedican a la cuestión previsional. Esto lo
digo para los que no son abogados.
En el Concejo
de la Magistratura todos los días están pidiendo nuevos juzgados. También en
cada uno de los juzgados del interior del país están solicitando secretarías
previsionales. Por eso, me tomé la molestia de controlar cuántos juicios
existen en la República Argentina. Quería saber si existía litigiosidad en
nuestro país.
Los juzgados
de Primera Instancia en la Capital Federal dictan un promedio de catorce a
dieciocho sentencias por día. Las cámaras están dictando cerca de veinticuatro
sentencias por día. Esto ocurre solamente en la Capital Federal.
Se calcula
que en el interior del país existen 115.458 juicios, considerados a 2013. En la
Capital Federal, en el mismo año, la suma asciende a 158.000. Por eso es
difícil establecer una estadística, pero hoy se cree que en la República
Argentina hay 500.000 juicios. Puede ser que esto no los convenza, pero acá
existen miles de jubilados reclamando por sus derechos en la Justicia. Es el
único mecanismo con el que contamos para hacer valer nuestros derechos.
¿Qué
hicieron? Ampliaron los derechos. Esto está muy bien, pero destrozaron el
sistema jubilatorio de quienes aportaron. Por eso este proyecto de ley que nos
ha enviado el Poder Ejecutivo viene a reparar ese daño mediante una propuesta
que debe llevarse adelante jurídicamente. Seguramente será algo voluntario y
significará una reparación, porque va a implicar un gran esfuerzo impositivo
para tratar de resolver la litigiosidad.
Nosotros lo
estamos haciendo y ustedes no lo hicieron. Avanzaron, es verdad. Sin embargo,
lo nuestro significa la reparación de la otra cara de la moneda que ustedes
dejaron de lado.
El proyecto
de ley viene a romper la discrecionalidad kirchnerista. ¿Cuál era esa
discrecionalidad? Era la que tenían para disciplinar a gobernadores, porque acá
se hablaba de “federalismo económico” y teníamos que venir de nuestras
provincias a decirles que necesitábamos más recursos y que se habían quedado
con el 15 por ciento cuando saltaron de las AFJP al sistema de reparto. Por
eso, algunos no entienden cuál es la línea, porque estaban del lado de la
culata. Existían provincias que estaban del lado del caño. Por pensar de manera
totalmente distinta al gobierno kirchnerista, absolutamente nada se nos dio. (Aplausos en las bancas.)
¡Estoy
hablando de Corrientes, de Córdoba, de la Capital y de Santa Fe! Eso es lo que
hicieron. Por lo tanto, lo que hoy vamos a sancionar sirve para equilibrar el
sistema, aunque no lo entiendan. Y no lo comprenden porque ustedes lo manejaban
haciendo que gobernadores pasaran vergüenza cuando los hacían atender por
López, que era el que digitaba la obra pública en la Argentina, juntamente con
el actual diputado De Vido. ¡Esto lo saben todos! ¡Por eso tenemos que terminar
de una buena vez con estas cosas en la Argentina! (Aplausos en las bancas.)
No creo que
haya gente que no sepa de qué estamos hablando. Lo saben porque este blanqueo
es mejor que el que propiciaron ustedes. El que propusiera el gobierno anterior
permitió que entrara al país dinero del narcotráfico. Este blanqueo es muy
diferente, y acotado a las normas internacionales.
Nosotros nos
estamos haciendo cargo de la resolución de los problemas de los jubilados. Estamos
tratando de que se cumplan las esperanzas depositadas por miles y miles de
jubilados que creyeron y confiaron en que el cambio era posible. Por eso,
espero que esta noche dejemos de poner a los gobernadores de rodillas y
pongamos de pie a las provincias dándoles la coparticipación que les
corresponde. Bregamos por ese país distinto por el que todos soñamos. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra la señora
diputada por Río Negro.
Sra. Soria.- Señor
presidente: a esta altura creo que todos los que estamos en este recinto
sabemos que nos están vendiendo pescado podrido. Lo sabe la oposición, lo sabe
el oficialismo. Algunos, simplemente se están haciendo los distraídos, eso es
lo que pasa.
Me preocupa
que nos estén vendiendo una emergencia del sistema previsional que no es tal,
como también nos están vendiendo una crisis de litigiosidad que no existe.
El sistema
previsional no está en crisis. Hoy contamos con una cobertura del 98 por
ciento, por si alguno no lo sabe. Los que están en crisis, señor presidente,
son nuestros jubilados. Por supuesto que ellos están en crisis, y en esto
coincido con lo que dijo un diputado. Están en crisis nuestros jubilados porque
sin lugar a dudas la devaluación que pergeñó el Poder Ejecutivo en diciembre de
2015 hizo que aumentaran considerablemente los medicamentos. También por la
inflación; la del mes de abril, de alrededor del 7 por ciento, fue la más alta
en catorce años, y eso incrementa la crisis de nuestros jubilados. Ni hablar
del tarifazo, que afectó a muchos de nuestros jubilados porque ni siquiera
pudieron acceder a la tarifa social.
Yo me
pregunto: ¿ustedes saben que un jubilado que tiene un Gol 2002 no puede acceder
a la tarifa social? Es “millonario”. Estamos hablando de un auto de “alta
gama”. Se los cuento por si no lo sabían, porque muchos acá hablan con
conocimiento de causa, como decía un diputado preopinante.
Ese pobre
jubilado no puede acceder a su “maravillosa” tarifa social. Será porque tampoco
tiene Internet; a algunos jubilados los obligan a anotarse a través de la
página de la Secretaría de Energía. ¡Cómo se nota que no conocen la Argentina y
los problemas que tenemos en el interior, para exigir a estos jubilados,
encima, que tengan Internet y se anoten! Yo hice la prueba y no pude. Siempre,
misteriosamente, falla la página.
También van a
tener crisis porque sus hijos, que los ayudaban, ahora no tienen trabajo.
¿Y saben cómo
se va a seguir acrecentando esta crisis de nuestros jubilados? Mediante este
proyecto, que implica renuncias a los haberes establecidos en sus sentencias,
implica quitas, descuentos, esperas en el pago de sus sentencias.
Señor
presidente: si el gobierno quiere pagar las sentencias a favor de los jubilados
‑con lo cual estoy completamente de acuerdo, lo celebro y lo votaría de
pie-, lo puede hacer y listo, sin necesidad de una ley para pagarlas. (Aplausos en las bancas.)
Van a estar
en crisis nuestros jubilados que ingresen a la pensión universal. Esos sí van a
estar en crisis, porque van a ser jubilados de segunda categoría. Lo que están
haciendo con esta norma es tener jubilados de primera y jubilados de segunda,
como todo lo que hacen ustedes.
Lo más
vergonzoso de este proyecto es pretender ocultar detrás de la bandera de la
reparación histórica a los jubilados un cargamento de proyectos nefastos. Sin
lugar a dudas, tenemos que hablar del blanqueo, que es uno de esos proyectos
que ocultan bajo esa bandera.
A nosotros no
nos horroriza hablar de blanqueo. Gracias a los taquígrafos, los diputados
somos presos de nuestras palabras, y me atrevo a decir que si tuviera tiempo
leería frases espantosas, horrorosas, de muchos de los diputados del bloque
oficialista respecto de nuestros blanqueos, que ‑déjenme decirles‑
eran mucho más estrictos que este. En nuestros blanqueos los familiares no
podían blanquear y tampoco extranjerizar o dejar la plata en el exterior. ¡Me
imagino cuánto va a ayudar a nuestra economía dejar la plata en el exterior!
¡Muchísimo! Quizá a ustedes los ayuda; a los argentinos eso no les va a ayudar,
sin lugar a dudas. (Aplausos en las
bancas.)
Pero quiero
recordar una declaración del actual ministro de Economía respecto de nuestros
blanqueos. Textualmente, dijo: “El blanqueo es el perdón de los evasores, en el
mejor de los casos, y la puerta de entrada de narcotraficantes y el delito
organizado, en el peor de los casos”.
Fuertes
declaraciones, ¿no? Imagino si seguirá pensando lo mismo el ministro de
Economía, que tan solo a siete meses de gobierno tiene que recurrir a un
blanqueo.
El gran combo
de pescado podrido que nos quieren vender con este proyecto son los cambios en
el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la renta financiera y el
impuesto a la ganancia mínima presunta.
Por si no lo
saben, les quiero informar que solamente mi provincia, Río Negro, perdió 180
millones de pesos por la ley de reintegro de IVA. “Maravillosa” ley. Me temo
que pierda otro tanto por esta norma, porque por si no lo saben, déjenme
decirles que son todos impuestos coparticipables.
Yo no sé cómo
van a volver a sus provincias los diputados que van a votar este proyecto.
Muchas de las provincias viven de la coparticipación, por si no lo saben. La
Argentina sigue después de la Capital Federal.
En ese
sentido, aprovecho para reclamar lo que debió incluirse en la devolución del 15
por ciento de la coparticipación, que es el 1,9 por ciento que corresponde a
las provincias por los fallos de la Corte Suprema.
Yo no voy a
acompañar este pescado podrido que nos quieren vender. No voy a engañar a mis
jubilados. No voy a regalar amnistía a los amigos del poder con una ley de
blanqueo hecha a medida. No voy a desfinanciar mi provincia, Río Negro. Lamento
que muchos de ustedes no podrán volver a sus provincias después de votar esta
ley. Pero por sobre todas las cosas, no voy a defraudar a mis jubilados y al
pueblo argentino. Así que imagino que saben cuál es mi voto: es completamente
negativo a esta ley. (Aplausos en las
bancas.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Solá.- Señor
presidente: nuestro interbloque va a votar afirmativamente en general este
proyecto. Lo haremos, en primer lugar, porque pensamos que no existe una
alternativa de similar atracción para la porción de jubilados afectados por el
fallo de la Corte, tengan sentencia definitiva, estén a la mitad de un juicio o
no nunca hayan hecho juicio pero sean respaldados por ese fallo.
No existe
otra alternativa; no conozco otra alternativa que no sea seguir pagando a razón
de cuatro mil juicios por mes a los jubilados que tienen fallo definitivo, que
es el ritmo actual de la ANSES. Pero esa no es una alternativa por la que
pretendamos salir en defensa.
No existe una
alternativa mejor que esta para esa porción de jubilados, que alcanzará como
mucho a un millón de personas. Acá se habló de 2.300.000 jubilados, pero no es
cierto.
Tampoco es
cierto que en el futuro se puedan sacar de la ANSES 100.000 casos por mes, como
dijo su administrador en la comisión.
Nosotros
queremos destacar que hay una gran cantidad de reformas del articulado, muy
importantes, en todos los temas que trae este gran proyecto “colectivo” o
“tren”, que se han convenido durante cerca de diez días de negociaciones. Me
parece que muchas no son conocidas, o porque los diputados no han sido
informados por sus propios bloques o porque algunos bloques no han negociado.
Pero hay una cantidad de modificaciones muy importantes.
Quiero decir
que se ha creado un exceso de expectativa entre los jubilados diciéndoles que
iban a tener un 45 por ciento de aumento en promedio en sus jubilaciones de ahí
en adelante, cuando la realidad es muy distinta. No van a tener ese porcentaje.
Algunos jubilados percibirán poco aumento; otros, ninguno, y la mayoría tendrá
un aumento mucho menor. Algunos llegarán a cifras parecidas o mayores, pero el
promedio es mucho menor. Que no se creen falsas expectativas, porque después
viene la histórica y santa bronca de los jubilados de todos los miércoles, que
conocemos los que hace mucho estamos en la Cámara.
Quiero decir
también, señor presidente, que no nos gusta la emergencia. No estamos
convencidos de la palabra “emergencia” porque siempre termina siendo usada en
contra de los pobres. No conozco a nadie con poder que se haya jorobado con una
emergencia nacional, en ningún sector del país. Siempre es al revés.
Hay otras
razones sobre por qué nos oponemos a la palabra “emergencia”, que darán otros
diputados. Posiblemente, la vamos a aceptar, pero expresamos desde ya nuestro
desacuerdo.
Quiero ser
muy claro respecto del tema de los familiares en el caso del blanqueo. De
ninguna manera se puede dejar que en la larga lista de funcionarios de los tres
poderes ellos sean los únicos exceptuados de blanquear, y menos en tiempos en
que el pueblo sospecha fundadamente de que muchos funcionarios o ex
funcionarios ‑es obvio lo que estoy diciendo- han usado a sus familiares
–padres, hijos, hermanos, cónyuges‑ para esconder ciertas actividades y
blanquear plata mal habida. Me refiero concretamente a la corrupción en el
sector público, pero lo mismo pasa con los empresarios y con los tenedores de
dinero en negro que entrarán en el blanqueo.
Por estas
razones, no admitimos que la norma no contemple el primer grado de
consanguinidad –padres e hijos‑ y, colateralmente, los cónyuges. También
ellos deben estar incluidos; no pueden no estarlo, no podemos hacernos los
zonzos ante la clásica realidad con la que nos encontramos permanentemente.
Por otro
lado, la pensión para el adulto mayor es una pésima idea porque deja fuera de
la categoría “jubilados” a quienes pueden jubilarse y merecen hacerlo no solo
porque tienen una vida de trabajo detrás sino también porque son víctimas de
una injusticia que el Estado argentino cometió con ellos durante muchísimos
años al no garantizarles un empleo formal con los correspondientes aportes.
Se habla de
una subcategoría, los viejitos de más de 65 años, pero en verdad no se trata de
viejitos; son trabajadores que cumplieron su ciclo de actividad más intenso que
deben ser premiados no por ser abuelos –ese no es un mérito‑ sino por
haber trabajado durante toda su vida y haber sido tratados históricamente de
manera injusta.
Es una
subcategoría errónea, y si el texto que se apruebe la incluye deberá servir
para prorrogar la moratoria exitosa que tuvo lugar entre los años 2005 y 2007,
no solo en el caso de las mujeres sino también de los varones, a fin de que las
personas de más de 65 años puedan cobrar la pensión para el adulto mayor
mientras gestionan su jubilación.
Además, de
ninguna manera podemos aceptar que un empresario que gana 50.000 pesos por mes,
que tiene más de 65 años y no cuenta con todos sus aportes porque no se
preocupó por su jubilación, pueda acceder a la pensión para el adulto mayor
mientras un beneficiario de un plan social, un viejito de más de 65 años, sea
condenado por ser pobre; no podemos aceptar que una persona por ser pobre no
pueda recibir la pensión para el adulto mayor. Esto es una locura; debe
ingresar en la moratoria y cobrarla.
Espero que se
introduzcan modificaciones en ese sentido; además, se trata de modificaciones
modestas si consideramos lo kilométrica que es esta iniciativa.
Por otro
lado, como bien dijo un diputado preopinante, las acciones del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad conforman no una mesa de dinero sino un patrimonio
del Estado para respaldar las jubilaciones de los argentinos. Estas acciones
implican una responsabilidad que va más allá del valor que puedan tener en cada
momento, ya que están colocadas en empresas muy importantes y otorgan no solo al
Estado sino también al Fondo de Garantía de Sustentabilidad un poder diferente
a si se tratara de una mesa de dinero que se puede desprender de ellas para
buscar rédito en el corto plazo. Hay muchísimas inversiones que son de mediano
y largo plazo, como por ejemplo aquellas en infraestructura y en actividades
vinculadas con la producción. Entonces, es importante respetar no solo el
número de acciones sino también el tipo de acciones de que se trate. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado
por Entre Ríos.
Sr. Barreto.-
Señor presidente: vengo al debate de esta noche con tristeza porque creo que
apoyar con nuestro voto este proyecto de ley es casi inmoral, ya que incluye
distintos temas que no tienen nada que ver unos con otros. Como mascarón de
proa están los pobres jubilados, no todos sino algunos de ellos. Solo una
minoría: aquellos que tuvieron espalda suficiente para hacer juicio al Estado
con el objeto de reclamar lo que les debía.
Hay una grave
confusión en la población de los adultos mayores, ya que todos creen que
recibirán el aumento. El gobierno ha sabido vender muy bien este paquete de
normas a través del infernal monopolio mediático que tiene.
En el medio
está el blanqueo, y en ningún momento la iniciativa habla de repatriación. Es
decir que cualquier empresario que fugó su plata al exterior podrá blanquearla,
pagando un impuesto mínimo y sin que nadie lo obligue a repatriarla o
invertirla en proyectos de producción, tan necesarios en estos momentos. He
aquí una diferencia abismal con los blanqueos que se hicieron durante la
gestión anterior. El actual presidente, por ejemplo, se vanagloria de traer al
país 18 millones de pesos que tiene fuera del país para invertirlos en bonos.
La iniciativa
en consideración contempla la posibilidad de vender las acciones del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad, lo que abre las puertas a las AFJP. Es de no creer
que hace apenas un par de años estábamos rescatando de las garras de los bancos
los fondos de los trabajadores y ahora nos encontremos cometiendo nuevamente
ese error gravísimo.
No acompañaré
este proyecto en general pero sí lo haré en particular, sobre todo en aquellas
disposiciones relacionadas con mi provincia, Entre Ríos. Un diputado
preopinante dijo que este gobierno no aprieta; quiero preguntarle si no es un
apriete a los gobernadores incorporar el acuerdo que firmaron en Córdoba hace
apenas un mes para restituir el 15 por ciento de la coparticipación. Si esto no
es un apriete, díganme los señores diputados qué lo es. (Aplausos en las bancas.)
Nos hablan de
José López, terrible corrupto, y de Lázaro Báez, otro terrible corrupto, cuando
en este blanqueo no excluyen a los familiares de los funcionarios. Serán
casualidades de la vida política, no sé. ¿Por qué no los incorporan? ¿Habrá
acaso algún familiar con alguna cuentita escondida por ahí que quiere
blanquear?
Volvamos a
los aprietes que sufren algunos gobernadores, por no decir todos. Se habla de
desfinanciamiento pero, por otro lado, se introducen ciertas modificaciones en
el impuesto a los bienes personales. Mi provincia dejará de percibir, en
términos de ese impuesto coparticipable que generamos todos los trabajadores
argentinos, 300 millones de pesos. Si a esto sumamos los cientos de millones de
pesos que dejó de recaudar cuando se eliminaron las retenciones a la soja,
llegamos a los 1.100 millones de déficit que tiene en la actualidad.
Finalmente,
quiero recordar a una eterna luchadora que murió reclamando un mísero aumento
en las jubilaciones: la compañera Norma Plá, ya que el 18 de junio se cumplirán
veinte años de su muerte. (Aplausos en
las bancas.)
No acompañaré
con mi voto este proyecto de ley porque quiero un día jubilarme y que también
pueda acceder al beneficio previsional toda mi generación. No quiero mendigar
ni hacer marchas ni armar una carpa blanca frente al Congreso para reclamar un
aumento en mi haber. Digo esto porque con la ley que seguramente se sancionará
esta noche, que desfinanciará y quebrará al sistema previsional, en un futuro
muchos de nosotros estaremos en la calle pidiendo por una jubilación.
Por las
razones expuestas, digo con énfasis que no acompañaré esta iniciativa porque
creo que se está jodiendo nuevamente a los jubilados y a todo el pueblo
argentino. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra la señora
diputada por Misiones.
Sra. Brítez.-
Señor presidente: quiero adelantar mi voto negativo al proyecto del Poder
Ejecutivo y voy a explicar por qué.
Es lamentable
que en nombre de los jubilados, con una frase muy inteligente y embaucadora
como la de “Programa Nacional de Reparación Histórica de Jubilados y
Pensionados”, lo único que en el fondo busque el gobierno de Cambiemos sea
limpiar su historial, el de sus familiares y el de sus amigos contratistas del
Estado mediante este blanqueo. Tanto les gusta hablar de sinceramiento que es
lo que están haciendo: es un sinceramiento macrista, porque están buscando
sincerar su capital no declarado sin tener que dar muchas explicaciones.
Es lamentable
que en nombre de nuestros adultos mayores, a quienes les están mintiendo
–porque no es verdad que todos se verán beneficiados-, lo único que desean es
vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fueron
recuperadas para el Estado nacional por nuestro gobierno, el de Cristina
Kirchner. Se trata de un fondo que es vital para la sustentabilidad del sistema
previsional jubilatorio y para la actividad macroeconómica del país.
También es
muy triste ver cómo muchos diputados que vienen ocupando estas bancas desde
hace largo tiempo, que han acompañado y votado cualquier cosa, que son
conscientes de las consecuencias desastrosas que generaron, teniendo hoy la
oportunidad histórica de saldar ese daño que hicieron a los argentinos, sin embargo,
nada hacen; se quedan callados y justifican este proyecto de ley.
Es lamentable
ver cómo están presionando a nuestros gobernadores. Los extorsionan con los
adelantos de fondos, que encima son nuestros. Porque no se les está pidiendo
nada extra.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la
Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sra. Brítez.-
Pero este es el gobierno de Cambiemos, el gobierno del diálogo y del consenso.
Lo que están buscando es domesticar la política. Quieren que les votemos todo,
que nos callemos, que no nos animemos; pero el bloque del Frente para la
Victoria no se va a callar y no seremos cómplices en la quiebra del sistema
jubilatorio. No seremos cómplices en la eliminación de impuestos de quienes más
tienen, de los ricos; no seremos cómplices de la impunidad que están buscando.
Para ir
terminando, esta no es una reparación histórica de los jubilados y pensionados,
sino la quita de derechos a los jubilados, a los trabajadores, a los abuelos
que trabajaron toda su vida y que por diferentes circunstancias no pudieron
hacer sus aportes. El gobierno de Mauricio Macri no los reconoce, y lo que está
haciendo es dividirlos en jubilados de primera y jubilados de segunda, con lo
cual los está discriminando. (Aplausos en
las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Misiones.
Sr. Closs.-
Señora presidenta: habiendo tenido el compromiso de pasar por un gobierno
provincial, uno asume que la gobernabilidad es un valor importante y que de
alguna manera debe garantizar esa gobernabilidad al gobernador de la provincia
y, así como lo hicimos con la presidenta Cristina, también debemos
garantizársela al actual presidente.
Sobre esa
base, lo que hoy se plantea –y coincido con los diputados preopinantes- es un
proyecto de ley ómnibus en el que aparecen mezcladas cuestiones vinculadas con
las provincias, con las cajas previsionales, con derechos o no de los
jubilados, con blanqueo, todo dentro de un mismo esquema.
Cuando
alguien gana el gobierno, como en este caso lo ha hecho el presidente Macri, le
toca decidir muchas cosas, y a nosotros, desde nuestro rol en el Poder
Legislativo, nos corresponde acompañar o no las leyes que él considera que
hacen falta para lograr esa gobernabilidad.
Nadie puede
dudar de que durante los doce años del gobierno del que formamos parte,
acompañando a los presidentes Néstor y Cristina, se provocó un enorme cambio en
los sistemas previsionales, y sobre todo en cuanto a la inclusión. Quienes
vivimos en provincias del Norte sabemos a ciencia cierta que una inmensa
mayoría de las personas no tenía aportes, y de no haber sido por estos esquemas
creativos de moratorias previsionales hoy ni siquiera estarían cobrando la
mínima, sino menos uno o menos diez; sin embargo, por lo menos perciben la
mínima.
El gobierno
actual entiende que este es el camino para cubrir algunas de las deudas, de los
reclamos, de los haberes mal calculados, y por eso plantea esta iniciativa.
Por otra
parte, el blanqueo es una medida que, con diversas aristas, la han propuesto
todos los espacios políticos que llegaron al gobierno. El Poder Ejecutivo
presenta un blanqueo que también tiene muchos aspectos discutibles, pero
aparece como una de las herramientas que el gobierno entiende como importantes
para lograr el crecimiento de la economía.
Ahora bien,
nosotros planteamos este criterio de gobernabilidad, y como dijo recién la
diputada preopinante, nuestros gobernadores tienen, dentro de la ley,
cuestiones tales como la recomposición de sus cajas previsionales y el acuerdo
firmado en Córdoba. Es un mecanismo; algunos dirán que es una extorsión; otros,
no, pero está puesto ahí dentro y no me parece lo acertado.
En nuestro
caso vamos a acompañar la iniciativa en consideración en este criterio de gobernabilidad.
Ahora bien, en los tres minutos que me restan de tiempo quisiera hacer algunas
advertencias a este gobierno, que tiene facilidad de tomar decisiones cuando se
trata de poderes concentrados, lo que hoy está provocando un notorio “parate”
en la economía.
La reflexión
que yo quiero hacer tiene que ver con la actividad económica que hoy presenta
el país, con una evidente recesión en todas y cada una de las actividades,
excepto en tres o cuatro que han sido las elegidas por el gobierno.
En primer lugar,
el gobierno decide dar prioridad a la soja, que hoy vale alrededor de 450
dólares, que se banca un tipo de cambio de 14 pesos y a la que le han bajado
las retenciones. El gobierno se equivoca si cree que con una soja beneficiada
con la quita de retenciones -que ha significado enorme cantidad de millones
para las arcas públicas- reactivará la economía de un país que hoy está parado.
Días pasados
también llamaron a nuestros gobernadores para pedirles que apoyaran el acuerdo
con los holdouts. Respeto la posición
porque el presidente Macri siempre sostuvo que iba a propiciar ese arreglo.
Pero se equivocan si creen, como nos dicen, que con ese arreglo reactivarán la
economía. La economía no se reactiva con el arreglo con aquellos que hace años
nos vienen esquilmando. Tampoco se reactiva con el tarifazo ni con una suba de
combustibles que solamente beneficia la exploración del petróleo. La economía
no se reactiva con esas medidas.
Por ello, en
esta oportunidad quiero pedir al gobierno que mire la actividad económica y
que, por favor, la próxima vez que “cace” el teléfono para llamar a un
gobernador, sea para decirle que se impulsará un plan para la reactivación
económica de la República Argentina, como la ley de pymes que propusieron
algunos colegas en debates anteriores. No podemos seguir con un esquema de
presión fiscal en el que lo que se busca es liberar de la presión fiscal a
aquellos que hoy pagan bienes personales.
Tenemos que
favorecer la producción, las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores.
La recesión es algo que hoy se está viendo. En el mes de febrero, con un tipo
de cambio a 15,50, se podía exportar. En los meses de mayo y junio, no se pudo
exportar por el tipo de cambio a 14 pesos. La Argentina se comió el efecto de
la inflación por la salida del tipo de cambio y del tarifazo, perdiendo así la
competitividad.
Por eso,
espero que en aras de esa gobernabilidad, los próximos llamados a las
provincias sean para recuperar la actividad y el trabajo en la República
Argentina. Ese es el llamado que espero como ex gobernador y como actual
diputado.
Al gobierno
le digo que podrá hacer el relato que quiera, pero si en los meses de noviembre
y diciembre, cuando concluya el semestre tan famoso, la economía no reacciona,
no podrá echar la culpa hacia atrás respecto de ningún gobierno.
Deseo que a
este país le vaya bien; deseo que la economía arranque, pero lo que veo es
mucha premura. Se pide gobernabilidad, favorecer la soja o a los sectores
concentrados del aparato financiero, y en este caso, al blanqueo, pero muy
pocas veces, o ninguna, el llamado es para que podamos reactivar de una vez por
todas las economías regionales.
No siempre
uno vota convencido, sino que muchas veces lo hace con diversos dilemas. En
este caso, quiero votar para acompañar la gobernabilidad, advirtiendo que de
una vez por todas estos debates deben darse para beneficiar el crecimiento, la
economía y la inclusión en la República Argentina.
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada
por Córdoba.
Sra. Carrizo (M.S).-
Señora presidenta: quiero adelantar mi voto afirmativo al proyecto de ley que
estamos tratando en este recinto.
Quiero
destacar y abordar con mucha satisfacción el pago a los jubilados,
especialmente en lo que se refiere a la recomposición de las cajas
provinciales.
Esta medida
que hoy venimos a acompañar tiene una importancia económica y social
trascendental; muestra a un Estado nacional promotor y colaborador económico
que llega al universo de los más debilitados como lo es el de nuestros
jubilados. Especialmente, da vuelta la página de una Argentina ya que incluye
el tema de las deficitarias cajas provinciales.
En primer
lugar, creo que esta medida acerca la distancia entre la Justicia y la
efectividad de sus sentencias, haciéndolo de la manera que el Poder Ejecutivo
nacional puede hacerlo, es decir, pagando y estableciendo una actualización o
readecuación de los salarios para aquel jubilado con sentencia firme. Este
tema, en muchos otros debates en los que se trató la cuestión previsional, fue
soslayado y no se lo abordó como hoy, poniéndolo sobre el tapete y declarando
la emergencia de la litigiosidad en materia previsional, para comenzar así a
dar una solución.
Rescato el
trámite intenso de debate que se ha dado en las comisiones a las que fue
remitido este proyecto de ley. He seguido con especial detenimiento el tema de
la armonización de los sistemas previsionales provinciales. Quiero remarcar
aquí lo que pasaba en muchas provincias: so pretexto de los déficits
provinciales, las provincias tomaban recursos que generalmente debían ser
derramados hacia su interior. Casualidad o no, gobernadores que llevaban esta
bandera del federalismo y que denunciaron la discriminación durante esa etapa
que queremos olvidar, sobre todo los cordobeses, deben comenzar a aplicarla
puertas hacia adentro en nuestras provincias.
Esto nos toca
particularmente a los cordobeses, que tuvimos que tomar una decisión. El
radicalismo acompañó a un gobierno en la necesidad de reclamar mediante litigio
el 15 por ciento que le correspondía a la provincia. Pero atento a ello, en el
año 2012 en nuestra provincia se declaró inconstitucional una ley provincial
que establecía que todo lo que se afectara de este pacto iba a ser destinado al
déficit de la caja provincial, conforme a su artículo 3º, sin derramar en
municipios y comunas este porcentaje de coparticipación provincial.
Esto también
debemos manifestarlo en esta nueva Argentina que comenzamos a transitar. Desde
el 10 de diciembre se han dado muestran de trabajar en un federalismo en serio.
Todos los gobernadores se han sentado con nuestro presidente y han establecido
pautas de devolución de este 15 por ciento a todas las provincias, lo que en
esta ley se ratifica. Pero también pedimos a nuestros gobernadores que lo que
se declama a nivel nacional se aplique puertas adentro y que no se queden con
recursos tributarios que corresponden a nuestra gente del interior. Para
muestra basta un botón, y es lo que vengo a denunciar en esta caja de
resonancia que es nuestro Parlamento. Me refiero a la ley 10.077 de la
provincia. Esperamos que dada esta armonización y este gran aporte desde la
Nación, que hemos aplaudido y acompañado para la armonización de nuestra caja
provincial, esta masa del 15 por ciento que hoy se le está negando comience a
derramarse con justicia en nuestros municipios.
Acompañamos
con total beneplácito este proyecto de ley que viene a reparar la situación de
los jubilados ante una histórica demanda. (Aplausos
en las bancas.)
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Cleri.-
Señora presidenta: en primer lugar, quiero aclarar nuestro voto. Nosotros hemos
presentado un dictamen de minoría, que seguimos avalando, y vamos a rechazar el
dictamen de mayoría.
Los fundamentos
técnicos han sido aclarados por dos diputados que me precedieron y expresaron
la postura de cada uno de los que integramos el Frente para la Victoria, me
refiero a los diputados Axel Kicillof y Juan Carlos Díaz Roig. Ambos han
desmenuzado con su análisis técnico lo que verdaderamente es una reparación
histórica. La reparación histórica se llevó adelante durante los dos últimos
años de gobierno.
Nuestra
verdad relativa tiene hechos concretos, que pueden verse y tocarse: las dos
moratorias que se realizaron, el aumento y la movilidad jubilatoria. Con ello
se logró una gobernabilidad basada en la justicia social, profundizando y
llevando adelante la inclusión social contenida en nuestro proyecto político.
Esa movilidad jubilatoria y la inclusión de más de 3,5 millones de jubilados ha
hecho que en la actualidad haya 6,5 millones de jubilados con pensión o
jubilación. Los mismos que hoy son jubilados y pensionados y que deberían tener
una reparación histórica por la devaluación brutal que ha tenido la moneda y su
salario, producida por el gobierno de Mauricio Macri.
Cuando leímos
el proyecto de ley, lo repasamos, analizamos una tras una sus páginas, y
observamos que bajo el título de reparación histórica simplemente se autoriza a
la ANSES, al Poder Ejecutivo, a un acuerdo transaccional, a un acuerdo por el
que a quien tiene un juicio ganado se le paga un 50 por ciento, con intereses y
punitorios muchas veces menores a los que deberían percibir, y por supuesto, el
resto, en cuotas.
Esto es
contrario a lo que hoy tienen como beneficio aprobado en el presupuesto
nacional para el año 2016, sancionado en 2015. Cabe señalar que el hoy
oficialismo votó en contra. Cerca de 50.000 jubilados que tenían sentencia
firme estaban autorizados a cobrar la totalidad.
Dijeron que
iba a bajar la litigiosidad, pero no se da ninguna certeza de ello, Va a
aumentar. Se trata de un fin muy importante que seguramente acompañaríamos –fue
parte de nuestra política pública‑ y respecto del cual podríamos haber
llegado a un acuerdo con el resto de los bloques de diputados del Congreso
Nacional. Pero la verdadera motivación que tiene este proyecto de ley no es
beneficiar a los jubilados ni darles una reparación histórica, sino la “ley
Calcaterra”. La finalidad es dar a los familiares de los funcionarios públicos
la posibilidad de traer los recursos espurios que tienen en el exterior antes
de que los empiece a denunciar el resto de los paraísos fiscales por acuerdos
firmados durante nuestro gobierno y aprobados por el Congreso Nacional. Están
queriendo tapar con impunidad los fondos que tienen en el exterior, tanto cada
uno de los familiares como los mismos funcionarios del actual gobierno.
El bloque del
Frente para la Victoria-PJ siempre votará a favor de las políticas públicas que
beneficien al pueblo. Ello fue parte de nuestra política de Estado.
En este caso,
no tenemos la certeza de que la decisión que se está tomando sea en beneficio
del pueblo argentino. Por eso, vamos a votar en general en forma negativa;
acompañaremos algunos artículos que creemos son en beneficio de la ciudadanía.
Esto hace que
mantengamos la coherencia, sobre todo, nuestras convicciones, pensando siempre
en el bien común. Cuando decimos algo lo concretamos y lo hacemos. Es terrible
la violencia que generan la mentira y el cinismo. Por eso, nuestro bloque va a
tomar una decisión, y lo está haciendo en este momento. Expresamos nuestra
posición y presentamos un dictamen de minoría con nuestros fundamentos.
Señora
presidenta: el resto del análisis técnico y político lo insertaré en el Diario
de Sesiones, y pido que esto sea tenido en cuenta para que cada uno de los
diputados del Frente para la Victoria-PJ también evalúe la posibilidad de
hacerlo. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado
por el Chaco.
Sr. Goicoechea.-
Señora presidenta: dice un proverbio que cuando la visión no aparece, los
pueblos desaparecen.
Ser líder es
tener una visión y comunicarla. La República Argentina hace apenas ciento
ochenta días eligió un nuevo presidente de la Nación por una mayoría
democrática y popular. El presidente de la Nación tiene una visión y la
comunica; esa visión es una Argentina de futuro, inversión, desarrollo y
creación de empleo.
Formo parte
del frente Cambiemos, y dentro del interbloque pertenezco a la Unión Cívica
Radical. Al constituir nuestra fuerza política establecimos una base
programática, una plataforma política donde consensuamos la ampliación de
derechos, la institucionalidad y el desarrollo socioeconómico. Me siento
honrado y orgulloso de pertenecer a este frente.
Desde que
comenzamos a gobernar hemos ampliado derechos, llevamos la Asignación Universal
por Hijo a casi un millón de chicos. También hemos elevado a 3.000 pesos el
seguro de desempleo, que desde hace una década estaba congelado en 300 pesos.
Se ha
aprobado la ley de devolución del IVA a los jubilados y a los beneficiarios de
planes sociales, con lo cual seguramente mejorará el poder adquisitivo, que
cayó debido a que necesariamente hubo que hacer una devaluación y trasparentar
la economía.
Por otra
parte, tenemos un proyecto revolucionario; convoco al Frente para la Victoria para
que lo acompañe pues sé de su sensibilidad social. El sector más vulnerable de
la sociedad, los compatriotas mayores de 65 años desprovistos de toda
contención social, de todo ingreso salarial que haga a su sustento y
supervivencia, tendrá un beneficio del 80 por ciento de la jubilación mínima,
unos 4.000 pesos.
Tendrán este
beneficio los ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados ‑con
una residencia legal mínima en el país de diez años‑, y los extranjeros
que hayan apostado a nuestro país ‑con una residencia legal mínima de
veinte años. Nunca más veremos a un anciano vulnerable buscar ayuda,
asistencialismo, limosna, o recorriendo los tachos de basura, y esto, por el
solo hecho de ser argentino.
En este
sentido, y junto con la reparación histórica a jubilados y pensionados, tal vez
estamos en una condición similar a la de 1971, cuando se creó el Programa de
Atención Médica Integral, PAMI.
Todos tenemos
un abuelito en la familia; el de mi familia se llamó Héctor Raúl Goicoechea.
Fue empleado del Banco de la Nación Argentina durante cuarenta y dos años, jefe
de área del banco; decía, orgulloso, que su firma recorría todo el país, se
sentía importante.
Cuando
requirió atención médica –primero fue estafado por La Bancaria, que había
quebrado como obra social‑, el PAMI no le pudo dar respuestas, ya que
debido al sistema perverso de la cápita no había especialistas para la cirugía
que necesitaba.
A alguien se
le ocurrió liquidarle mal sus haberes, y el abuelito falleció cobrando apenas
un poco más que la jubilación mínima. No sé qué gobierno fue el que le liquidó
mal su jubilación ni quién estaba sentado en la silla de la ANSES. Finalmente,
tener mala memoria hace a la felicidad.
En honor a
ese abuelito que soñó con una Argentina grande y una patria con un destino de
grandeza, que tiene un hijo sentado en
esta banca –tengo también un hermano que pudo estudiar; somos universitarios,
hijos de la educación pública‑, votaré a favor de este proyecto.
Creo que
debemos reestablecer el contrato moral en la Nación, y debemos hacerlo a partir
de aquellos que trabajaron toda su vida. Obviamente, sería mejor darles la
cifra que exige la sentencia definitiva. El proyecto dispone la opción en este
sentido.
Acudo a la
memoria de mi padre; estoy convencido de la alegría que hubiera tenido de poder
cobrar un 50 por ciento en efectivo y el resto en cuotas trimestrales. Conozco
las necesidades que pasaba, pero su propio orgullo no le permitía aceptar ayuda
y se ajustó a su situación.
Queridos
compatriotas, amigos del Frente para la Victoria: como señal hacia afuera y
hacia adentro, me gustaría que acompañaran en general este proyecto. Creemos
que tenemos que restablecer la confianza interna. Con esta ley de blanqueo
finalmente estamos diciendo, hacia afuera y también hacia adentro, que tenemos
que restablecer la confianza en el país, el sustrato fundamental para el desarrollo
económico de la Nación.
El sistema
jubilatorio se va a sustentar únicamente con la creación de empleo. En el
gobierno de Alfonsín había una relación de dos activos y un pasivo, y hoy esa
relación es de 1,5 activos y un pasivo; más allá de las buenas intenciones, no
tiene sustento el sistema si no creamos empleo en la Argentina.
Estamos
camino al Bicentenario, conozco a los amigos del Frente para la Victoria, sé de
su buena predisposición, su buena fe y hombría de bien; sé que desean lo mejor
para la Nación, más allá del gobierno de turno. Ahora nos toca gobernar a
nosotros, tal vez ellos podrán gobernar en el futuro. Les pido que nos
acompañen.
Felicito al
ex gobernador Maurice Closs por su posición política. Debemos asegurar la
gobernabilidad de un presidente que lleva ciento ochenta días en sus funciones.
Tal vez nos exigen cosas que quizás no pudieron hacer o no tuvieron la vocación
política de hacerlas durante doce años. Lo pasado, pisado. Miremos hacia
adelante, queridos amigos, y finalmente acompañemos esta ley, que hará muy bien
al país para recuperar la confianza interna y externa, lo cual permitirá que
lleguen capitales no financieros, sino que se vuelquen a la producción, el
trabajo y el comercio, y que puedan tener trabajo los argentinos que deseen
trabajar.
Creo que se
restablece el contrato moral de la Nación si empezamos a cumplir con quienes
trabajaron toda su vida y después con quienes trabajan honrando el valor de su
salario. Y hacia el futuro debemos honrar a quienes deseen trabajar, que
sabemos las dificultades que tienen hoy. (Aplausos
en las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra la
señora diputada por Tucumán.
Sra. Gallardo.-
Señora presidenta: en primer lugar, quiero expresar en pocas palabras mi
opinión con respecto al proyecto en tratamiento.
Discrepo en
el tratamiento de distintas temáticas, como ya lo han esbozado varios diputados
que me antecedieron en el uso de la palabra. Se ha hecho publicidad del pago de
la sentencia de los juicios a los jubilados mediante un título ostentoso:
“Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”.
Ya dijimos
que dentro de la iniciativa en discusión hay alrededor de cinco proyectos
diferentes. Así, se apunta a modificar el sistema tributario en beneficio de
las clases más altas de la sociedad, blanquear los capitales a evasores
fiscales, ratificar convenios con las provincias, y lo que es mucho más grave,
otorgar libertad para liquidar las acciones de la ANSES, quebrarla y así crear
sistemas jubilatorios privados. Esta película ya la vimos: se llama “AFJP”.
Entre quienes
mencionó en su discurso de campaña, el gobierno solo cumplió en beneficiar a
los más poderosos. En reiteradas ocasiones, dijeron que los trabajadores no
pagarían impuesto a las ganancias, pero desde 2012 los trabajadores no pagan
este tributo en el aguinaldo de junio. Hoy solo aceptan que no paguen este
tributo quienes pagan el impuesto a los bienes personales, pero la clase
trabajadora, la clase media, la clase media baja, no pagan bienes personales.
Esto es una muestra más de que se sigue beneficiando a las clases altas.
Nos hubiera
gustado que las sentencias se pagaran sin necesidad de sancionarse este
proyecto, tal como se venía haciendo. Si quieren pagar, paguen las sentencias y
que se acuerden los juicios. Una sentencia se debe pagar totalmente, como lo
hicimos con los fondos buitre. La sentencia de los fondos buitre nos obligó a
pagar en forma contante y sonante. No corresponde hacer un descuento en el
monto de las sentencias a la hora de pagar a los jubilados, tal como dispone el
proyecto de ley en consideración.
Con respecto
al sistema de pensiones, todos conocemos miles de casos de personas que hoy
tienen 60 o 65 años que han trabajado toda su vida y sus patronales no les hicieron
los aportes, por lo que hoy no pueden gozar de la jubilación.
Nosotros
tenemos que trabajar para conseguir que se blanquee a los trabajadores, para
que esto no ocurra de nuevo y para que no haya más trabajo informal. Mientras
tanto, no tenemos que castigar a los jubilados, permitamos que obtengan su
jubilación sin discriminación.
En cuanto a
los impuestos que desean modificar, propongo que comencemos de modo urgente con
el impuesto a las ganancias, dado que hasta hoy solo se han aumentado tarifas en
porcentajes escandalosos. Solo unos pocos trabajadores han logrado un aumento
de su salario, que percibirán a lo largo del año y en cuotas. Muchos
trabajadores no han recibido aumento alguno en su salario en lo que va del año,
y la mayoría tributa ganancias, sin que haya habido incremento del mínimo no
imponible. Con estos aumentos de salarios solo se incrementará el monto abonado
en concepto de impuesto a las ganancias y el número de personas que tributará.
Hoy es el Día
Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Esto tiene que
ver no solo con el maltrato físico y el abuso, sino también con el sufrimiento
infligido muchas veces porque no se otorga a los mayores lo que por derecho les
corresponde.
Acompañaré en
general el proyecto de ley en tratamiento, por lo que dijeron nuestros
compañeros: por la gobernabilidad y para que haya paz. Ojalá más adelante
podamos hacer justicia con nuestros abuelos. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Cabandié.-
Señora presidenta: dado que ya se han expresado varios señores diputados y que
muchos más lo harán, y que estamos ante un proyecto de ley que involucra
diferentes temas, me quiero abocar solo a dos aspectos de todo lo que estamos
discutiendo esta noche.
Primero,
quiero mencionar algo que me parece importante que no pase de largo y que todos
podamos analizarlo con mucha conciencia. Cuando nuestro gobierno asumió en 2003
se encontró con 3.500.000 jubilados, y cuando finalizó, el 10 de diciembre del
año pasado, había 6.600.000 jubilados. Al igual que todos los argentinos
hicimos un gran esfuerzo, pero por sobre todo hubo una clara decisión política
en el sentido de permitir la incorporación al sistema de esas personas, a las
que sucesivos gobiernos negaban la posibilidad y el derecho de contar con un
haber jubilatorio, a partir de las distintas moratorias que fuimos realizando a
lo largo de doce años de gobierno.
Desde el
momento en que comenzamos nuestros doce años de gobierno hasta que culminó
nuestro mandato, hemos aplicado un aumento del 882 por ciento a las
jubilaciones.
Ante esa situación uno se pregunta por qué el
gobierno del presidente Macri toma la decisión de no asumir la responsabilidad
que le compete ante todas aquellas personas que no han completado los treinta
años de aporte y por qué las estigmatiza como culpables.
Cuando
asumimos este gobierno, había más de un 50 por ciento de habitantes bajo del
nivel de pobreza y teníamos más de 25 por ciento de desocupación. Asumimos la
responsabilidad de gobierno que nos brindó el voto popular y fuimos reparando
cada una de las circunstancias que se fueron dando cuando la situación social
acuciaba. No nos escondimos ni buscamos artilugios para asumir la
responsabilidad.
Pareciera que
en esta circunstancia el gobierno está escondiendo la responsabilidad que
tiene, porque para un sector de adultos mayores crea una jubilación, entre
comillas, porque no es jubilación dado que les otorgan un 80 por ciento,
ubicándolos como culpables por no haber hecho esos aportes.
En realidad,
el Estado tenía la responsabilidad de auditar y sancionar a lo largo de los
años a esas patronales que no hicieron la totalidad de los aportes a sus
trabajadores, además de los desaguisados económicos que hubo durante todo este
tiempo.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable
Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr. Cabandié.-
Por lo tanto, no podemos decir que son culpables a esas personas que no tienen
la totalidad de los aportes; el Estado tiene que asumir esa responsabilidad así
como la hemos asumido nosotros.
Nuestra
intención es continuar con esas moratorias y no con la creación de una segunda
categoría de jubilados con menos derechos, porque tendrán un 20 por ciento
menos de ingreso jubilatorio. Esta no es una buena noticia.
El segundo
tema que me gustaría mencionar tiene que ver con lo que estamos discutiendo.
Ustedes han tenido la capacidad comunicacional de ubicar esta iniciativa como
una ley ómnibus.
El hecho de
mencionar la palabra “ómnibus” significa buscar el símbolo mismo, y nadie puede
estar en contra de un ómnibus porque es algo positivo, lindo, cotidiano. Yo no
diría que es una ley ómnibus sino una ley “Tren Fantasma”, porque los sucesivos
elementos que se plasman en el articulado del proyecto nos llevan a decir que
no podemos estar contentos con esto, más allá del pago de las sentencias
pendientes de los que tienen que bregar por una mejora de sus ingresos
jubilatorios. Este proyecto de
ley “Tren Fantasma” no es positivo para los argentinos porque otorga
posibilidades a muchos que poseen plata mal habida, la han escondido o no la
han declarado, entendiendo que los contextos económicos son muy distintos a los
anteriores. Ciertamente nosotros teníamos una dificultad con el mercado de
capitales a partir de que no habíamos acordado con los famosos holdouts, pero sí arreglamos con el 92,6
por ciento de los bonistas.
Ustedes, con
una ley a nuestra forma de ver bastante compleja y criticable, no han cerrado...
Sr. Presidente
(Monzó).- Señor diputado: ha
finalizado su tiempo, le solicito que concluya su exposición.
Sr. Cabandié.- Le
pido un minuto más, señor presidente.
Simplemente
quiero decir que nos parece que en este caso estamos institucionalizando algo
que no es bueno.
Muchos han
hablado de los acontecimientos de público conocimiento de las últimas horas,
pero quiero decir con autoridad que también tenemos un Grindetti. Hay algunos
que la entierran en Panamá y otros que intentan enterrarla en un monasterio. La
verdad es que nosotros no nos ponemos contentos por este episodio, muy por el
contrario, lo hemos rechazado públicamente, y yo no he escuchado o leído ni un solo
comunicado del bloque oficialista criticando, denunciando o repudiando la actitud
de Grindetti. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Por favor, señor diputado,
finalice su exposición porque está muy excedido en su término.
Sr. Cabandié.-
Pido disculpas porque me he excedido unos minutos en el tiempo que me
corresponde.
Es cierto que
durante la democracia no han existido hechos como estos y no estamos contentos,
pero el único camino para combatirlos es la corrupción cero, porque la
corrupción existe en los distintos ámbitos: en el sector privado, en clubes de
fútbol, en clubes deportivos, en las distintas instancias de los Estados,
etcétera.
Sr. Presidente
(Monzó).- Solicito al señor diputado
que inserte el resto de su discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Cabandié.-
Para terminar, quiero decir que creemos que esta ley de blanqueo de capitales
es un retroceso y algo que no nos beneficia en absoluto. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr. Baldassi.-
Señor presidente: estamos tratando un proyecto que tiene una gran implicancia
social en el país. Por un lado, es una medida económica que implica una
amnistía fiscal, y por el otro, un reconocimiento por parte del Estado a
nuestros jubilados que por años fueron desatendidos y olvidados.
Como yo no
manejo temas económicos sobre amnistía solo voy a poner énfasis en algo que me
llamó poderosamente la atención. Es la primera vez que en una medida semejante
se incluye un estímulo económico para los contribuyentes que hacen el esfuerzo
de cumplir, es decir, que hacen las cosas bien.
Por otro
lado, se va a crear una comisión parlamentaria a fin de estudiar futuras normas
en materia fiscal. De esta manera el Congreso recupera un protagonismo decisivo
en estas cuestiones.
Yo me
pregunto cómo es posible que habiendo sido hasta hace muy poco uno de los
países con mayor presión tributaria no se pudo solucionar el tema de los
jubilados. ¿Será la plata enterrada? ¿Será La Rosadita? ¿Será la corrupción?
Podríamos haber hecho muchas cosas para nuestros jubilados, pero este proyecto
viene a hacer las cosas más justas y más cercanas a lo que debieran ser;
significa aproximarse a la justicia, un derecho fundamental para la normal
convivencia de los ciudadanos en cualquier parte del mundo.
No se trata
solamente de solucionar situaciones que implicaban una profunda injusticia sino
también de cumplir con la obligación de aceptar una sentencia judicial, de
reconocer un derecho que está en camino de una sentencia o de admitir un error
por un haber mal liquidado. Eso es usar la política como una herramienta de
desarrollo y de crecimiento en las relaciones humanas y sociales que nos
permita existir en un país que sueña con recuperar la dignidad y la grandeza.
Tampoco se
trata de un acto de generosidad sino más bien de responsabilidad y compromiso
con uno de los sectores más indefensos, vulnerables y menos movilizados a la
hora de plantear sus demandas.
Frente a
esto, podemos tener la certeza de que estamos tratando un proyecto con rostro
humano. Se trata de una norma que recupera la esperanza, los sueños postergados
o algún proyecto pendiente. Estos son los valores que estamos rescatando con
este proyecto de ley.
No solo
pensamos en papá, mamá o los abuelos sino también en aquellos que sin serlo la
vida los puso en una situación pasiva.
Este proyecto
no es una solución compleja sino más bien completa porque aborda tres grupos:
los que tienen sentencia judicial, los que están con juicios iniciados y sin
sentencia judicial, y los que solicitan el recálculo de haberes sin haber iniciado
el juicio.
Con total
sinceridad y honestidad digo que me enorgullece ser parte de este gobierno que
decidió afrontar una Argentina en crisis y devastada por la corrupción. Me
alegra acompañar esta medida que viene a reparar un daño histórico al sector
pasivo. Sabemos que no se trata de una reivindicación sino de algo mucho más
sencillo como es el reconocimiento a un derecho amparado por nuestra
Constitución Nacional.
Solicito
permiso para insertar el resto de mi exposición en el Diario de Sesiones.
Para
finalizar, adelanto mi voto afirmativo al proyecto en consideración, convencido
y orgulloso de ser parte de esta nueva Argentina, de esta Argentina que
soñamos, fructífera y en la que se respetan los derechos de todos. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Depetri.-
Señor presidente: he escuchado a muchos diputados y diputadas nacionales que no
se pueden abstraer de mezclar las cosas. Esto es lógico por el impacto y la
brutalidad de los hechos que son de público conocimiento, pero tienen esa
tentación de creer que esto se puede resolver tan solo eliminando los hechos de
corrupción de la situación estructural de la economía argentina, de nuestra
realidad política, social, económica y cultural, cuando no es solo una
dificultad de la Argentina sino que atraviesa a América Latina y el mundo
entero.
Sin ir más
lejos, hoy hay un paro general en Francia por las leyes de flexibilidad
laboral. En consecuencia, todas estas discusiones en torno al sistema de
protección social, del pleno empleo, de la recuperación del salario, de la
productividad y de la reactivación económica son profundas y no se resuelven
con medidas coyunturales o parciales.
En estos
minutos de los que dispongo para hacer uso de la palabra quiero reivindicar una
decisión que en su momento no solo adoptamos los miembros del bloque del Frente
para la Victoria, sino también los de otras bancadas de esta Honorable Cámara.
Me refiero al proyecto de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner,
de nacionalización del sistema previsional.
Veníamos de
un sistema privado que constituía un negocio escandaloso para los bancos, es
decir, para el sector financiero. Estamos hablando de 100.000 millones de pesos
por año; además, se cobraba un 30 por ciento de comisión sobre los salarios de
los trabajadores. Era un negocio muy perverso porque las propias AFJP prestaban
dinero al Estado nacional a tasas usurarias, del 30 o 40 por ciento, y no se
garantizaba que la totalidad de los trabajadores se pudieran jubilar a través
del sistema previsional.
Desde la
oposición creemos que este proyecto de ley no va a resolver el problema y que
se está generando una expectativa para los jubilados que perciben los mayores
ingresos. Seguramente se va a solucionar el problema para estos últimos, pero
la mayoría de los jubilados va a quedar afuera.
Esta
iniciativa tampoco resuelve la cuestión del financiamiento de las provincias,
porque se acordó un 15 por ciento, pero en definitiva van a recibir un 3 por
ciento.
Más allá de
este debate, es bueno que este Parlamento asuma que fue importante la
nacionalización del sistema previsional, lo que permitió ampliar la cobertura y
que el 98 por ciento de los mayores esté integrado al respectivo sistema.
También
logramos sancionar la ley que establece la movilidad jubilatoria y sostener
políticas públicas sobre la base de este recurso, como por ejemplo la
Asignación Universal por Hijo, que es muy importante. Asimismo, acabamos de
recibir a más de cuarenta mil beneficiarios del plan Procrear. Ese programa se
financió con este recurso, pero hoy debemos seguir trabajando porque está
parado, no se están continuando las obras y hay cuarenta mil familias del
interior del país que están padeciendo este problema. Por eso, en primer
término, queremos reivindicar eso.
En segundo
lugar, nos hubiera gustado que en vez de tratarse un solo proyecto de ley se
hubiese considerado cuatro o cinco iniciativas, separando el tema del blanqueo.
Ojalá que durante el debate podamos avanzar en lo relativo a la ampliación del
universo de las personas que pueden acogerse al blanqueo, garantizando que no
haya impunidad no solamente para los funcionarios sino también para sus
familiares en primero, segundo o tercer grado. De esta forma estaríamos dando
un claro mensaje a la sociedad en el sentido de que no vamos a tolerar esta
corrupción que hemos visto, así como tampoco aquella que tiene lugar cuando se
fugan capitales o cuando el dinero no se blanquea y se garantiza la posibilidad
de que ingresen fondos provenientes del narcotráfico o de algún otro ilícito. El
Parlamento debe resolver estas cuestiones.
He querido
plantear este tema porque esa decisión no solamente ha sido patrimonio de los
miembros del bloque del Frente para la Victoria, sino también de los de otras
bancadas que nos acompañaron, entre ellos, algunos señores diputados del
radicalismo. Respecto de este partido, no quiero dejar de mencionar al ex
diputado Santín, que es un conocedor del tema en forma integral.
En esta concepción,
no apoyaremos el proyecto de ley en consideración, porque la mirada actual del
gobierno pasa por volver a instalar el mercado y creer que el futuro del
sistema previsional va a ser resuelto por los sectores concentrados de la
economía, como por ejemplo el financiero, abandonando nuestro criterio, por el
cual los salarios, la clase trabajadora, la nacionalización y la
industrialización son las que financian al conjunto de los jubilados. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por La Rioja.
Sra. Vega.- Señor
presidente: considero que hoy es un día histórico, coincidente con el Día
Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
No sé si
decir que esta es una revancha del destino, de la historia o de los propios
jubilados y pensionados. En este recinto están reunidos los aplaudidores que
han sido cómplices de la llegada de las AFJP al país, como así también de la
liquidación de las cajas jubilatorias de las provincias y de la quita del 15
por ciento de la coparticipación a estas últimas.
Digo que esto
también es una revancha porque están presentes los antecesores y los sucesores
de Boudou, tanto en la ANSES como en el Ministerio de Economía, que durante la
década enterrada o ganada –no sé cómo llamarla‑ aplaudieron la
recuperación de los fondos de los jubilados que estaban en poder de las AFJP.
Pero lejos de pretender devolver y resarcir a quienes les correspondían esos
fondos, llevaron adelante un festival de la dádiva y la corrupción, a fin de
mantener un mercado cautivo para la elección siguiente.
En este
sentido, recurrieron a todos los impedimentos posibles para que los jubilados
no accedieran al pago correspondiente, inclusive en el caso de aquellos que
habiendo iniciado juicios tenían sentencias firmes. Muchos no tuvieron la
suerte de la abuelita Ofelia, de Tolosa, quien antes de los dos años de haber
hecho la presentación cobró con creces el juicio que, como jubilada, había
iniciado porque no estaba percibiendo sus haberes como correspondía.
Como
peronista y defensora de esa doctrina, que abrazo, quiero decir que el 82 por
ciento móvil es una bandera a la que nunca debió renunciar el justicialismo.
Sin embargo, lo primero que hicieron tanto en los años 90 como en la llamada década
ganada fue arremeter justamente contra este derecho, que es fundamental para la
doctrina justicialista.
También he
escuchado atentamente los discursos pronunciados por los señores diputados más
jóvenes de la oposición. Sugiero a los que peinan canas que en la escuelita de
política inserten la materia Historia, ya que a los jóvenes les haría muy bien
saber qué pasó antes de 2003.
Por otra
parte, deseo recalcar lo que establece el artículo 25 del proyecto de ley,
solicitando especialmente la incorporación de las provincias que han
transferido el sistema pero que hoy no están siendo transparentes con la ANSES.
Así, por ejemplo, en la actualidad La Rioja está aportando el 40 por ciento del
total del haber de un empleado público. Precisamente desde 1996, año a partir
del cual se adoptaron muchas decisiones en esta materia, buscaron la forma de
“bicicletear” la ANSES creyendo que engañaban a ese organismo, cuando en
realidad lo único que hicieron fue estafar a aquellos trabajadores que se iban
a jubilar. En la provincia de La Rioja, a la que represento, la mayoría de los
jubilados cobra el haber mínimo.
También
quiero recalcar que en el proyecto de ley en consideración se hace referencia a
una conformación y resarcimiento integral del sistema. Deseo destacar que
nuestra provincia todavía tiene una caja satélite, que es la de la Policía, que
sirve para efectuar un manejo discrecional por parte de quienes hoy están en la
provincia y se han tomado el atrevimiento de seguir descontando el 8 por ciento
a los policías después de haberse retirado. Se trata de una caja negra o
discrecional. No por nada lo primero que vinieron a pedir fue justamente
continuar con su gente en la delegación de la ANSES, para que ella esté en
manos del Frente para la Victoria. Eso tiene que ver con el manejo discrecional
de esa caja. Por lo tanto, solicito que dentro de ese resarcimiento y
regularización de las provincias se contemplen todas estas cosas.
Nuevamente
deseo destacar para mis compañeros de bancada y el resto de los señores
diputados que no sé si se trata de una revancha, enmienda o reivindicación ‑no
sé cómo lo pueden llamar‑, pero hoy tienen la oportunidad de acompañar
este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo, que ha tenido apertura para
incorporar todas las modificaciones que han sumado distintos bloques, para
hablar de resarcimiento a nuestros jubilados, que hace más de dos décadas
esperan que este Congreso y el Poder Ejecutivo les reconozca lo que hicieron
por este país. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Para información del cuerpo, en
media hora comenzarían los cierres.
Tiene la
palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr. Orellana.-
Señor presidente: desde el momento que asumí como diputado nacional tomé la
responsabilidad de que más allá de mis principios políticos e ideológicos iba a
pedir a Dios que me iluminara y diera sabiduría para encontrar la lógica, el
sentido común, y fundamentalmente, la objetividad.
En primera
instancia acompañé el entendimiento de la necesidad de que el país debía salir
del default, aun teniendo pertenencia
ideológica al Partido Justicialista. Asimismo, acompañé inquietudes de otros
bloques y del oficialismo.
Adelanto que
voy a acompañar el proyecto en su totalidad, haciendo una referencia específica
antes de que se vote, y quiero creer que la votación va a ser dinámica ya que
el proyecto tiene muchos artículos. Comparto la idea de que, si hay que mejorar
el estándar de vida de nuestros jubilados, los recursos tienen que aparecer de
algún lado.
El gobierno
buscó el instrumento para ese objetivo y nosotros tenemos que tener una
impronta facilitadora. Acompañamos el blanqueo tal como está planteado en el
proyecto. Si se aceptan modificaciones que beneficien el proyecto, serán
bienvenidas, pero cuando se trata de quitar, los del interior decimos que al
que da y quita le sale una jorobita.
Quiero
plantear una situación muy puntual. En tres años más, con la pensión no
contributiva para las mujeres, las que lleguen a los 60 años van a tener que
seguir remando, y andarán viendo si tienen posibilidades de continuidad. Y las
que quieren reemplazar, aunque sea trabajando en negro, van a tener que quedar
fuera de una inclusión porque son cinco años más que alguien no está dejando la
silla para que vaya a barrer, limpiar o trabajar a una oficina.
A veces es
cierto que, si hay que amputar para que la persona tenga continuidad, subsista
y al mismo tiempo no se extinga, se puede hacer, pero cuando nos vamos a los
extremos, se complica el panorama.
En 2020 se
termina la prórroga de los tres años, y yo quiero sugerir –creo que no
desestabiliza a ningún gobierno y a ningún presupuesto‑ que en el
artículo 13 la pensión no contributiva se estipule nada más y nada menos que
para los 60 años, para toda persona de sexo femenino, y los 65 años para el
hombre, que es lo que se viene. O sea que estamos mezquinando algo saludable,
un derecho que hoy tienen las mujeres con los 60 años. Sería justo conceder
eso, sin diferenciarnos del gobierno ni salirnos de nuestras convicciones. Creo
en la buena fe y en el espíritu solidario que tenemos los legisladores, porque
acá estamos hablando de mujeres de carne y hueso, que pueden ser nuestras
madres, hermanas, parientes o vecinas. De última, es la gente que nos votó para
que estemos sentados en estas bancas como sus representantes.
En síntesis,
tengamos un poco de sensibilidad y demos a nuestras mujeres, nuestras amas de
casa, el beneficio de que en el artículo 13 se establezca para ellas la pensión
no contributiva. Yo me quedaría con la moratoria, que sería devolverles un poco
más de dignidad, pero soy consciente de que a veces no todo se puede conseguir.
Sin embargo, si utilizamos la empatía en nuestro liderazgo, y nos ponemos en el
zapato del otro, vamos a comprender que estamos haciendo un acto de justicia.
Dejo la
propuesta y espero que me hayan comprendido los legisladores de las distintas
bancadas, voten o no en su totalidad el proyecto o lo rechacen. Solicito que
nos acompañen porque sería un acto de estricta justicia y estaríamos cumpliendo
con nuestro compromiso. (Aplausos en las
bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Neuquén.
Sr. Martínez (N. D.).- Señor presidente: la verdad
es que cuando nos visitó el jefe de Gabinete y le pregunté puntualmente –aunque
no dio su respuesta‑ cuál iba a ser la posición del gobierno ante
los que se llevaban el dinero afuera, a las guaridas fiscales, nunca imaginé
que la respuesta iba a ser este proyecto de blanqueo a unos meses de que entre
en vigencia el acuerdo con el GAFI, por el cual la AFIP va a tener la
información de bienes y capitales que tienen los argentinos en países como
Uruguay, Suiza o Panamá.
Sin lugar a
dudas, este mal proyecto que han enviado justamente tiene como objeto principal
abrir una puerta a esos evasores y también a la corrupción para que si tienen
algún bien no registrado puedan blanquear a un costo mucho menor del que tiene
cualquier hijo de vecino.
- Ocupa la Presidencia la vicepresidenta 2ª de la Honorable
Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sr. Martínez (N.D.).-
Si esperáramos unos meses más, el resultado de lo que se recaudaría sería muy
superior, porque a partir del 1° de enero el que tenga bienes o capitales
afuera va a tener que pagar el 35 por ciento de impuesto a las ganancias más 5
años de bienes personales, que es lo que le va a cobrar la AFIP. Pero
rápidamente vamos a abrirles la puerta antes de que los agarren, y escondemos
esto en un proyecto que tiene otras cuestiones muy negativas para el pueblo
argentino.
Si bien no integro
la comisión que trató este proyecto, elaboré una iniciativa alternativa, y
considero que en vez del blanqueo debería establecerse un régimen de
presentación espontánea, que permita a muchos presentarse de acá al 1° de
enero, pero cobrándoles lo que corresponde, el 35 por ciento de ganancias más
bienes personales. De esta forma podríamos destinar más dinero para pagar a los
jubilados.
Cuando hablo
de los jubilados pienso en los errores que contiene este proyecto. Fíjense la
diferencia de criterio del gobierno nacional. Cuando un juez como Griesa falla
que hay que pagar a los tenedores de bonos, vamos corriendo a pagarles caro y
mal; ahora, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que hay que
pagar a un jubilado, ya no vamos apurados a pagar lo que corresponde, sino que
le vamos a hacer una quita como primera medida. Además, no vamos a pagar a
todos, sino que se va a empezar por los que tienen más de ochenta años,
reconociendo que no va a alcanzar el dinero. Por eso, lo primero que van a hacer
es vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, otro error que
no debería cometerse.
Les dicen a
los jubilados que esperen, pero no alcanza con eso ante un fallo de la Corte
Suprema de Justicia. Sin embargo, con el fallo de Griesa, fuimos corriendo a
pagar y varios de los presentes levantaron sus manos para efectivizar el pago.
Aunque cacarearon diciendo que la ley estaba mal, levantaron las manos para
aprobarla.
Ocurrió lo
mismo con las provincias. Existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia que
sostiene que hay que devolverles la coparticipación, pero no procedemos como
con Griesa o los fondos buitre, sino que les vamos a ir pagando de a poquito y
en cuotas.
En cuanto a
la pensión, aclaro que no estoy contento con votar este proyecto de ley.
Escuché decir a muchos que estaban conformes. No pienso igual, porque no puedo
levantar mi mano para votar una pensión que, en primer lugar, no es una
jubilación, y además, no se verá alcanzada por el régimen de movilidad
jubilatoria, o sea, no van a tener aumentos.
Incluso,
corresponde aclarar que la pensión no es hereditaria, por lo que si fallece uno
de los beneficiarios el otro dejará de percibirla. Esto no lo dicen y lo
esconden, no lo quieren poner en el dictamen. No es como el caso de los
jubilados, que cuando uno fallece el otro sigue cobrando el beneficio.
Hay errores
garrafales que significan pérdidas de derechos. No hay quitas; la única quita
que existe es la de los que evaden, se la llevan afuera y solamente les vamos a
cobrar el 10 por ciento.
Si hablamos
de la reforma tributaria, nuevamente nos encontramos con diferencias. ¿Por qué
no pensamos en lo que todos se comprometieron en campaña en el sentido de
quitar presión tributaria a los trabajadores? Todos, del partido político que
fueran, dijeron en campaña que había que modificar el impuesto a las ganancias,
pero no lo quieren discutir, empiezan por bienes personales, que es un impuesto
para los que más tienen. Esto lo digo con autoridad porque presenté un proyecto
para llevar adelante una modificación en tal sentido. Lo mismo hice con
distintas iniciativas en relación con el monotributo y ganancias; allí es donde
deberíamos quitar la presión fiscal. Sin embargo, lo patean para adelante,
faltando a la palabra a la que se comprometieron los que están acá sentados y
los candidatos a presidente.
Esos son los
temas que hacen que uno no pueda acompañar este proyecto, que es malo; desde
que asumí como diputado es uno de los peores que hemos discutido. Es una pena
que no argumenten por qué uno podría estar equivocado; no lo hacen porque
carecen de argumentaciones.
La otra
cuestión que es significativamente peor tiene que ver con que muchos dicen
–como ocurrió con los fondos buitre- que se trata de una mala norma, pero van a
levantar sus manos para aprobarla. Por eso les digo a los diputados que van a
votar este proyecto de ley –son muchos- que todo esto es malo, que no es lo que
buscábamos y que no alcanza.
¿Para qué
discutimos estos temas si estamos ante lo que va a ser una ley pésima? ¿Por qué
no incluimos en el blanqueo a los familiares de quienes integran los tres
poderes en cualquiera de las instancias: nacional, provincial o municipal?
Sra. Presidenta
(Giménez).- Vaya redondeando, señor
diputado, porque se ha excedido en su tiempo.
Sr. Martínez (N.D.).- Señora presidenta: no tenga
miedo cuando hablo, los peores son los que hablan por los medios y acá no dicen
lo que piensan. También están los que dicen algo, pero luego piensan distinto.
Insisto en
que no voy a acompañar la sanción de este proyecto de ley y que en el
tratamiento en particular propondré modificaciones porque al no ser miembro de
las comisiones que analizaron este tema no las pude plasmar en el dictamen, a
pesar de haber asistido a las reuniones.
Reitero que
es uno de los peores proyectos de ley que vamos a votar este año. A todos
aquellos que dijeron que estamos ante una mala norma les pido que reflexionen,
pero sé que igual la van a apoyar. Deberíamos tener jubilados que cobren un
haber como corresponde, extender la moratoria indefinidamente y sin plazos.
Además, debería ser para todos y no solamente para las mujeres. No podemos
esconder las pensiones ni la quita de derechos a los jubilados. Por sobre todas
las cosas, no abramos las puertas a los que han venido evadiendo. Mi propuesta
de blanqueo es superadora y no hay necesidad de dar la posibilidad de que
blanqueen los que están afuera o aquellos corruptos que hoy aparecen en los
medios. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Tailhade.-
Señora presidenta: ha quedado claro en el día de hoy y en la discusión que
tuvimos en las comisiones que el proyecto que tratamos tiene dos objetivos
fundamentales para el gobierno. Uno de ellos es la impunidad para los cientos
de evasores que integran el gobierno nacional y los miles de empresarios que
acompañan la política de hambre que viene implementando Mauricio Macri.
El segundo
objetivo consiste en reventar las acciones de las empresas que forman parte del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para devolvérselas a sus dueños. En ese
sentido, me parece escandaloso que el principal impulsor de este proyecto sea
el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Adolfo Prat-Gay, quien tiene un
interés personal directo en esta iniciativa, ya que cuando se convierta en ley
le otorgará su impunidad en la causa penal en la que se investigan las 4.040
cuentas del HSBC descubiertas en Suiza y que pertenecen a argentinos. El
ministro se encuentra imputado por haber sido el cerebro de la fuga de cientos
de millones de dólares de Amalia Lacroze de Fortabat. De sancionarse el
proyecto de ley se posibilitará la exteriorización de esos activos de la
familia Fortabat y la impunidad de Alfonso Prat-Gay.
El ministro
de Hacienda y Finanzas Públicas también está operando de otra manera en una
suerte de movimiento de pinzas, porque fue el promotor de una denuncia penal
que realizó contra los funcionarios de la AFIP, que fueron precisamente los que
lo imputaron por las 4.040 cuentas. Se trata de una denuncia en la que se
sostiene que existe violación del secreto fiscal. Casualmente le tocó
investigar esto al juez Bonadío, quien –rápido para los mandados- decidió
procesar al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Con esto ha consagrado la
ilegalidad de la prueba que fue aportada a la causa de las 4.040 cuentas. Por
ello, el ministro Prat-Gay está logrando su objetivo por una doble vía. Además,
nos viene a manifestar que esta es la última oportunidad que tienen los
evasores de declarar sus cuentas en negro, porque a partir de 2017 ya no van a
poder esconderse en ningún lado. Pero resulta que la causa penal que él inició
por violación de secreto fiscal puede provocar que la OCDE sancione a la
Argentina por estas decisiones judiciales. De ser así, posiblemente caiga el
convenio de doble imposición que mantiene la Argentina con Francia. No
olvidemos que este último Estado es el que le dio la información a Echegaray en
función del convenio de asistencia mutua en materia fiscal.
No solamente
está interesado en la sanción de este proyecto de ley el ministro Prat-Gay,
sino que hay otros funcionarios interesados en que se vendan las acciones del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Existe una larga lista, pero voy a
mencionar a algunos. Para empezar, el gobierno puso al frente del fondo a Luis
María Blaquier, ejecutivo del Grupo Clarín e integrante de su directorio. Ya
todos sabemos que las acciones del Grupo Clarín forman parte del fondo.
Por su parte,
Sturzenegger tiene acciones en el Banco Macro e IRSA; Mario Quintana, el
funcionario que vino a defender el proyecto, tiene acciones en el Banco Macro,
TGS, el Grupo Clarín y Siderar; Melconian, además de tener dinero afuera cuenta
con acciones en el Banco Macro y en Pampa Energía; Luis Caputo –no hablo de
Nicolás, que debe tener otras cosas- también tiene acciones del Banco Macro, de
Edenor, del Banco Galicia y de todas las compañías que conforman este fondo.
Tengo una
mala noticia para los funcionarios que creen que con esto van a conseguir impunidad.
Resulta que si sus padres, sus esposas o sus hijos blanquean la plata o los
bienes, de todas maneras, corresponderá la denuncia penal, porque tenemos todo
el derecho de sospechar que la plata es del funcionario. Será fácil demostrar
que eso es así. No será difícil de probar que esos activos son del funcionario,
y la futura norma no está impidiendo esa persecución ni que sean investigados.
Así que sí me parece que se les “chispoteó”, muchachos. Se los dice alguien que
transita los juzgados penales desde hace muchos años: si blanquean los
parientes, a los funcionarios los van a embocar.
Por último,
señora presidenta, quiero tocar muy brevemente el tema con el que se viene
regocijando el oficialismo, que es la corrupción. Hoy, que están tan entusiasmados
con el tema, les quiero recordar algo. El proceso penal que acaba de comenzar
contra el corrupto López está en sus primeros pasos. Ni siquiera a esta hora,
supongo, habrá sido indagado. Sin embargo, en el sillón de Rivadavia está
sentada una persona que fue condenada por contrabando.
Sra. Presidenta
(Giménez).- Vaya cerrando, diputado,
por favor.
Sr. Tailhade.-
Una persona que consiguió su impunidad por un pacto espurio con una Corte
Suprema corrupta. Por lo tanto, no me extraña que siendo el presidente de la
Nación un notorio contrabandista, contrabandee en esta causa a favor de los
jubilados el blanqueo, la impunidad y la privatización del sistema previsional
argentino. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (O. A.).- Señora presidenta: en
principio, quiero repudiar el autoritarismo y la arbitrariedad del gobierno
nacional, este gobierno que se llena la boca de federalismo y que, sin embargo,
encerrado en una oficina porteña, quizá en la sede de alguna multinacional,
decidió el incremento de las tarifas que pretende que todos los habitantes del
país abonemos como parte del traslado de las ganancias a las empresas de los
CEO que hoy nos gobiernan.
Producto de
eso, en Tierra del Fuego hemos tenido el enorme dolor de recibir tarifas con un
incremento de hasta el 2.000 por ciento. Por la catarata de reclamos y por la
montaña de amparos, parece que después se volvieron un poquito sensibles y lo
bajaron al cuatrocientos por ciento. Inadmisible desde todo punto de vista e
imposible para cualquier ser humano poder acceder a estos valores de un día a
otro.
Es así que
los fueguinos, que tenemos firmeza y convicción, salimos a la calle para hacer
visible nuestro reclamo, para hacer escuchar nuestra voz. De a varios miles nos
movilizamos, integrando a los jóvenes, a los chicos, a las mujeres, a los
hombres, a los adultos mayores, a las familias. Algunos dijeron que éramos unos
pocos. Los medios ‑como siempre, obsecuentes del gobierno nacional o vaya
a saber por qué presión‑ se negaron a informar. Algunos, desinformaron, a
punto tal que llegaron a construir un puente entre la isla y el continente para
decir después que lo cortamos. ¡La cosa más insólita, inédita y cuestionable de
la desinformación con que nos manejan!
Es entonces
que venimos a decir que los fueguinos vamos a seguir reclamando, que no
dudaremos en cortar rutas y que si tenemos que tomar la dura decisión de cerrar
alguna válvula, no nos va a temblar el pulso para hacerlo, señora presidenta,
porque lo hacemos en defensa de nuestros derechos. No venimos a pedir
privilegios ni beneficios; venimos a reclamar, como provincia productora de
gas, que se nos respete la posibilidad de la consulta que establece la norma legislativa
a través de audiencias públicas, para saber cuánto tenemos que pagar por el gas
que producimos y que legítimamente nos merecemos.
Sobre el
proyecto que hoy estamos discutiendo queremos ser absolutamente contundentes y
claros: estamos ante una estafa y un saqueo. Una estafa, porque se pretende
jugar con la ilusión y las expectativas de cientos y miles de jubilados, con un
solo objetivo, el de ceder en bandeja el blanqueo a los amigos del poder, a los
funcionarios y sus parientes; y un saqueo, porque se pretende después ir por
los fondos de la ANSES, como han ido tantos otros gobiernos en muchas épocas
difíciles de este país. Por tal razón, no solo nos negamos a ello, sino que lo
rechazamos y lo denunciamos.
Algunos creen
que la democracia es corregir algunos renglones de un artículo o insertar un
artículo en un proyecto del Poder Ejecutivo. Hay otros que creemos que la
democracia es mucho más profunda: es ir a discutir con los grandes sectores de
la población cuáles son los reclamos y las políticas que hay que poner en
marcha para atender sus necesidades. Hay algunos que creen que las mayorías
están acá, y para ellos la democracia es responderles a esos pequeños grupos de
poder concentrado, política y financieramente, sus amigos, y entonces corren presurosos
a bajarles los aranceles de importación o a regalarles todos los beneficios que
puedan. Mientras a los fondos buitre les pagan en una sola cuota, al contado y
en efectivo, a los compañeros jubilados los quieren mandar a cobrar en cuotas,
a cuatro o cinco años. Esa es la reparación histórica de la que nos vienen a
hablar.
¡Pero miren
qué paradoja! En esta reparación histórica aparecen innombrables que están al
frente del Banco Central o del Banco Nación, que son los responsables de haber
estatizado la deuda externa privada para beneficiar, entre otros, a la familia
del actual presidente. Y son también los mismos que después impulsaron las
AFJP, la privatización de las jubilaciones, con la que misteriosamente también
volvieron a beneficiarse los mismos, entre ellos, los amigos y la familia del
presidente.
Entonces,
llama poderosamente la atención. Vienen por los fondos de la ANSES, vienen a
intentar quedarse con la plata de los jubilados, con un engaño con el que se
intenta generar expectativa a cientos y miles para estafarlos una vez más. Ya
los conocemos del pasado. Ahí está la ministra de “inseguridad”; fue ella la
que les sacó el 13 por ciento a los jubilados para aplicar las políticas impuestas
por el Fondo Monetario a través del “megacanje” y el blindaje.
No nos vengan
a hablar de reparación histórica. Alguno habló de que no había que tener en
cuenta la memoria. Aquellos que hemos estado al lado de los jubilados, luchando
en contra de todas las políticas que intentaron imponerles, vamos a seguir
sosteniendo la memoria. Ni olvido ni perdón.
Falta muy
poco, apenas quince días para el 1° de julio, el inicio del segundo semestre.
Ustedes pueden ir a comprar globitos y petardos para festejar y bailar con su
gran jefe. Nosotros vamos a estar con los trabajadores y el pueblo, luchando
por los derechos en cada uno de los lugares en que haga falta. Ese es nuestro
compromiso y nuestra responsabilidad. (Aplausos
en las bancas.)
Sra. Presidenta
(Giménez).- Tiene la palabra el
señor diputado por San Luis, que es el último orador de tiempo individual.
Sr. Riccardo.-
Señora presidenta: hemos escuchado un debate amplio sobre este proyecto de ley;
muchos diputados querían hablar. ¿Cómo no querer participar en un momento de
nuestra patria que implica dar una respuesta a la esperanza de miles y miles de
abuelos y jubilados a lo largo y ancho del país? Por eso la lista de oradores
era larga, y muchos tuvieron la generosidad de retirarse para que esta sesión
termine en un tiempo prudencial.
Tengo dos
grandes satisfacciones representando a mi provincia, al pueblo de la Nación
Argentina y como parte del bloque Cambiemos y del gobierno nacional. Una es
celebrar el hecho, el coraje, la decisión política de traer a este recinto un
proyecto de ley que trate de cerrar definitivamente un tema de derecho de larga
data, una deuda histórica; podemos llamarla “histórica” o no, pero en
definitiva es una deuda con nuestros jubilados. Por eso celebramos.
Y hoy tuve
otra gran satisfacción que quiero confesar. Hasta que no escuché a algunos
diputados opositores –creo que fue la diputada Ferreyra y otros-, sinceramente
creí que José López había ido al convento a hacer una donación. Esto sería
gracioso si no fuera trágico, porque en esa sopa de verdura de los Báez y de
los López se cocina la esperanza –mejor dicho, la desesperanza‑ de miles
de abuelos de la Argentina. Son por los menos 10.000, si fueran nada más que
Báez y López; pero me pregunto cuántos Báez y López habrá en nuestro país. ¿Si
fueran mil, señora presidenta?
Estoy seguro
de que la corrupción no es una circunstancia política ni una coyuntura; gran
parte de las deudas de las políticas públicas que todavía arrastramos son la
consecuencia de haber convivido con ese mal endémico estructural que es la
corrupción. La lucha contra ella no debería ser solo cuestión de los jueces;
tendría que ser una responsabilidad de todo el sistema político. Puedo asegurar
que si atacásemos profundamente la corrupción y aparecieran los cientos o miles
de López y de Báez, en la Argentina sobraría la plata para pagar a los
jubilados las deudas y los juicios.
¿Por qué no
podemos celebrar que se sancione este proyecto de ley? Por supuesto que no es
perfecto, y en este punto debo rescatar otro motivo de celebración: la cantidad
de modificaciones que se introdujeron, lo que demuestra la existencia de una
práctica legislativa cada vez más abierta. Diferente fue cuando discutimos la
llamada “ley de pago soberano”, a la que no pudimos cambiar siquiera una letra
cuando se sabía que iba a fracasar; o cuando debatimos sobre el memorándum con
Irán, cuando apenas pudimos hablar. Este proyecto de ley, en cambio, fue
modificado. ¿Es una norma imperfecta? Sí, pero es una norma posible porque
amplía la cobertura del beneficio y busca una salida a la sustentabilidad del
sistema.
¿Por qué
estamos resolviendo el pago de los juicios iniciados por los jubilados? Porque
no se dio una solución al problema antes. Como a cualquier bloque oficialista,
no nos gusta debatir sobre una ley de este tipo y quisiéramos estar celebrando
otros logros; pero es una deuda que tiene el país.
¿Por qué
discutimos acerca de la sustentabilidad del sistema? Porque afirmar que el
sistema previsional tiene una gran cobertura y pagar la mitad de lo que se
debió pagar durante años, es un engaño. En el transcurso de la sesión, vi
diputados que se sensibilizaron con la palabra “emergencia”. No daré nombres,
pero pido que no tengamos un doble estándar porque legisladores que representan
a provincias que están en emergencia económica desde hace veinte o treinta
años, se han rasgado las vestiduras ante el término “emergencia”.
Además, menos
mal que la litigiosidad de este sistema es baja. No es un problema que la
litigiosidad formal lo sea, pero me pregunto qué sería de nosotros si fuese del
20 o 30 por ciento. Al ritmo que vamos tardaríamos cincuenta años, por no decir
cien, en resolver la cuestión. He aquí el valor de la decisión política.
Por otro
lado, en este proyecto de ley no se recortan derechos a los jubilados sino que,
por el contrario, se los amplía. Por ejemplo, el derecho a acordar un pago y
cobrar un juicio. Hay que ponerse en los zapatos de los abuelos para entender
qué piensan; lo que ellos quieren es una solución, no una promesa. Quieren
dejar de estar enredados en el cepo de los bufetes de abogados litigantes que
hacen grandes negocios por varias generaciones.
Por eso esta
iniciativa tiene un valor político sustantivo que celebramos, como también
celebramos la decisión política del señor presidente y de nuestro gobierno.
Reitero que
esta norma no recorta derechos, sino que los amplía. Por ejemplo, el derecho
del jubilado a acordar una salida digna sin que nadie lo obligue a hacer algo
que no quiere.
En sus
alocuciones, muchos diputados expresaron que como el gobierno anterior no fue
capaz de resolver el problema, ningún otro podrá hacerlo. Sabemos que existen
dificultades, pero hay muchos agoreros del fracaso.
Sí se puede,
señores diputados. La cultura popular argentina abunda en eufemismos para
expresar qué pasó con nuestros jubilados. Los han “meloneado”; los han
“payaneado”; les han hecho ver el avión. En definitiva, venimos de muchos años
de engaños y de postergaciones a nuestros jubilados. Entonces, hagamos el
esfuerzo de estar a la altura de las circunstancias. Por eso invito a los
diputados opositores a que se sumen a este proyecto; de lo contrario, nos será
muy difícil explicar en el futuro por qué dimos la espalda a los jubilados
cuando teníamos la posibilidad de elegir cómo concretar un derecho. (Aplausos en las bancas.)
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Romero.-
Señora presidenta: en verdad, hubiéramos preferido que este proyecto de ley
ómnibus fuese tratado de manera diferente porque entendemos que el sistema
previsional –y en particular el reconocimiento hacia los jubilados‑
merece una discusión independiente.
Asimismo,
consideramos que el blanqueo constituye un capítulo aparte y que la situación
de las provincias también requiere un largo debate, dado que los problemas que
atraviesan no son de ahora, sino que tienen muchos años.
A esta altura
de la jornada, así como pensamos que esta iniciativa merecía un tratamiento
diferente, debemos reconocer que el trabajo en comisión y la tarea llevada
adelante por los integrantes de mi bloque fue muy importante. Se incluyeron
modificaciones presentadas por distintos bloques y eso hay que valorizarlo,
como también la posibilidad de aportar ideas para mejorar el texto de un
proyecto que, reitero, debió analizarse de otra manera.
En cuanto a
las observaciones en particular, miembros de mi bloque se manifestaron con
solvencia para dejar claramente establecida nuestra postura respecto de los
jubilados. Acompañaremos el reconocimiento hacia ellos, pero dejando en claro
algunas cuestiones.
Primero,
defendemos el sistema de reparto. No queremos el sistema de capitalización y
sostenemos la no emergencia previsional. Hemos dejado en claro también la
dificultad que traerá el índice que se utilizará para calcular la
actualización.
En relación
con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hemos hecho una clara diferencia
–y lo ha explicado muy bien nuestro compañero, el señor diputado Bossio- entre
lo que es un fondo de garantía y lo que es un fondo de inversión. El primero
sirve para garantizar un sistema ante eventualidades que pueda enfrentar la
economía en un sector tan vulnerable como es el de los jubilados. En cambio,
los fondos de inversión son mesas de dinero que van y vienen, pero que no
garantizan absolutamente nada, salvo una renta momentánea y casual.
En cuanto al
blanqueo, en un país normal no sería necesario hablar de una medida de ese
tipo. Aquí se debería reconocer que si la economía de nuestro país funcionara y
fueran ciertas las proyecciones que se hacen, el blanqueo no sería necesario.
También
tenemos que reconocer que, como bien ha manifestado nuestro bloque, en
distintos momentos de la historia argentina se ha recurrido a estos métodos,
que son producto no de la normalidad sino de la necesidad. Nuevamente la
necesidad nos lleva a aplicar un sistema de blanqueo para el ingreso de
capitales.
En ese
sentido, también hemos planteado distintas modificaciones durante el trabajo en
comisión, y cuando pasemos a la votación en particular marcaremos nuestras
diferencias en cada una de las cuestiones que tienen que ver con los jubilados,
con el blanqueo y con las provincias. Plantearemos nuestras disidencias y
también nuestros fundamentos, y trataremos de introducir las modificaciones que
no hemos podido consensuar en comisión.
Por último,
quiero señalar que hoy no es un día feliz para todos los que estamos aquí.
Quizás alguno puede estar festejando lo que ocurrió ayer, y otros se pueden
hacer los distraídos, pero la verdad es que ninguno de los que aquí estamos
podemos festejar ni hacernos los distraídos frente al hecho bochornoso,
corrupto y delictual que ha ocurrido ayer.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara,
doctor Emilio Monzó.
Sr. Romero.-
Ahora bien, quiero dejar en claro que no basta con repudiar esa situación. Así
como no sirve festejar las tristezas o las preocupaciones de algunos, tampoco
sirve hacerse el distraído.
También
quiero dejar en claro que el peronismo es mucho más que Báez; el peronismo es
mucho más que López; el peronismo tiene una profunda historia y un profundo
compromiso con los trabajadores, con los más humildes, con los jubilados, con
la patria, con nuestras víctimas, con nuestros desaparecidos. El peronismo es
mucho más que todo eso y que estos personajes.
En ese
sentido, invito a todos mis compañeros a que reflexionemos. Algunos personajes
no pueden representar a lo que nosotros consideramos el movimiento nacional y
popular, al peronismo, que ha dado tanto a este país. Estos personajes no
pueden manchar nuestra historia. Que la Justicia haga lo que tenga que hacer,
pero queremos dejar en claro que la ruta del peronismo no es ni Panamá ni el
convento donde encontraron lo que encontraron; la ruta del peronismo es la
justicia social, la soberanía política, la independencia económica, y la
felicidad y la realización de los más humildes. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Tundis.-
Señor presidente: mucho se ha dicho esta noche acerca del título de esta norma,
un título muy patriótico: reparación histórica. En efecto, suena a patria.
Reparación es arreglar, reparar; e histórica significa de toda la vida. Y es
cierto, porque si nos remitimos a la historia, desde hace 35 años los gobiernos
vienen equivocándose con las liquidaciones a los jubilados. En la época militar
no tenían aumento porque todo estaba congelado; en plena democracia teníamos
crisis económica, no se otorgaban aumentos a los jubilados, no se aplicaba la
movilidad de la ley vigente en ese momento -que establecía que había que
otorgarla-, y esto empezó a generar la denominada “industria de los juicios”,
juicios que nunca dejaron de estar.
Nosotros
objetamos el tema de la emergencia -que a mí personalmente me enfureció dentro
de mi espacio- por el conocimiento que tenía después de 36 años de trabajar en
la materia. En 1979 empecé a hacerlo en las cajas de jubilaciones, y cada vez
que hubo un arreglo con un índice o algún tipo de mejora, se aplicaba la
palabra “emergencia”. Esa palabra daba lugar a que en algún momento se dijera:
“Dejamos de pagar” o “dejamos de reconocer”.
Por eso es
que insistimos tanto para eliminar la palabra “emergencia” del proyecto.
Después se aclaró que era por el tema de la litigiosidad que se les podría
generar a los funcionarios públicos. De todos modos, sigo estando en desacuerdo
con la utilización de esa palabra.
En verdad, lo
único que se ha logrado durante todos estos años es maltratar al jubilado y al
trabajador futuro jubilado, porque con tantos cambios en la economía y en las
monedas, lo cierto es que al momento de liquidar los haberes jubilatorios se
han utilizado siempre índices incorrectos. Esto es lo que hay que reconocer,
que además es histórico: los gobiernos nunca han liquidado correctamente los haberes.
¿Qué es lo
que sucedió a partir de todo esto? Decimos “pobres jubilados”, “pobres
abuelos”, pero no son “pobres”. Son dignos, pero son maltratados. Como muchos
diputados ya lo han dicho, el 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma
de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, y esto es lo que viene
haciéndose desde hace 35 años con nuestros adultos mayores: maltrato y abuso
por falta de atención médica, por falta de un haber digno, por falta de
atención de la sociedad.
En los años
ochenta se comenzaron a crear los centros de jubilados, por la falta de
atención por parte de la sociedad y de la familia. Eran los guetos donde ellos
se instalaban porque nunca teníamos tiempo –ninguno- de prestarles atención, y
mucho menos los gobiernos.
En cierta
forma, me complace saber que hay una intención de pagarles a los jubilados,
porque desde hace muchísimos años yo venía reclamando a través del medio el
reconocimiento de la deuda interna, la que se tiene con todos los jubilados del
país, que siempre se deja para el final. Se trata de una deuda interna que los
maltrata al punto de hacerlos esperar diez o doce años para recibir una
sentencia. Es un delito pedir a una persona de 70, 80 o 90 años que espere diez
o doce años para que le paguen un juicio, para que le abonen el haber que le
corresponde.
En este
sentido, hay responsabilidades de todos. Cuando uno escucha que esto es
discriminatorio, es cierto que es para un sector de los jubilados. Recordemos
que el fallo Badaro se produce en la gestión del gobierno kirchnerista,
precisamente porque no se estaba cumpliendo con la sentencia judicial. No es
que el gobierno sanciona la ley por decisión propia, sino por decisión de la
Corte Suprema de Justicia. Sí hay que reconocer al gobierno anterior que cumplió
con la ley, pero esto se ordenó a través de la Corte Suprema de Justicia por no
cumplirse ni siquiera con el pago de la sentencia.
Cuando se
habla de la forma en que se pagarán las sentencias, hay cosas con las que no
estoy de acuerdo. Si hay una sentencia firme, definitiva, hay que obedecer el
fallo judicial. Una ley establece que debe pagarse en ciento veinte días
hábiles. Seguramente, a aquella persona que tiene sentencia firme su
profesional lo estará aconsejando que no se acoja a este convenio para cobrar
el 50 por ciento, cuando le corresponde cobrar el ciento por ciento. Nadie va a
aceptar si tiene un fallo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a presentar un
pedido de ejecución de sentencia, es decir, van a iniciar otro juicio más.
Estos no son
motivos por los que se vayan a parar los juicios. Hay que ser conscientes a la
hora de tomar ciertas decisiones. Si hay un fallo con sentencia firme, debe
cumplirse.
Por otro
lado, están aquellos jubilados que no tienen juicios con sentencia firme. En
estos casos surge la necesidad del jubilado. Si tiene que esperar diez años y
el gobierno le ofrece esto, lo toma. Quienes hemos atendido a los jubilados –en
mi caso desde hace treinta y seis años, tanto en forma personal como en mi
despacho en la Cámara‑, los vemos que vienen a llorar porque lo único que
quieren es tener un sueldo digno. Es muy probable que alguno de ellos resigne
el retroactivo que le corresponde por aceptar el haber que le ofrece el
gobierno.
Por otra
parte, hay algo en lo que no estoy de acuerdo y que va a seguir generando más
juicios para este gobierno. Si en este proyecto se plantea que se van a aplicar
los fallos Sánchez y Badaro para los que se jubilaron con anterioridad al año
2009, y se va a cumplir correctamente, ¿por qué no lo hace con el fallo Elliff?
¿Por qué lo nombra? El fallo Elliff no significa la aplicación del índice
RIPTE, sino del ISBIC. ¿Por qué se modifica el índice?
Es más sano y
honesto decir que para quienes se jubilaron después de 2009 se va a aplicar
otro tipo de índice, pero no el fallo Elliff. Lo único que van a lograr así es
que a partir del mismo momento en que hagan el convenio –y quizás lo cobren‑,
automáticamente van a entrar en un proceso judicial por no haber cumplido con
el fallo. Recuerden lo que les digo. La Justicia va a dar la razón a los
jubilados. No se puede cambiar el índice de un fallo judicial. Hay un fallo de
la Corte Suprema de Justicia que se debe respetar.
Tampoco estoy
de acuerdo con la cantidad de años que se les reconoce. Todos sabemos que a partir
del momento en que un jubilado realiza una demanda administrativa, la ANSES
puede tardar dos o tres años en contestarla. Se reconocen dos años y hasta un
máximo de cuatro años. Pero hay jubilados que han iniciado la demanda hace seis
años y tienen que resignar, además de que se les pague con un índice inferior
al que corresponde al fallo.
A este
respecto, los ejemplos que tengo son los de los dos jubilados que estuvieron
con el presidente. Una de ellas es Beatriz, que desde hace ocho años viene
reclamando con su juicio. Le van a reconocer cuatro años, pero ella estaba
feliz. Ella no sabe que va a perder cuatro años de retroactivo.
A su vez,
decir generosamente que se les va a dar un 45 por ciento de aumento, pero no es
lo correcto. Quienes conocemos el sistema previsional sabemos que cada caso es
diferente y que todo depende de la fecha en que la persona se jubiló, qué
sueldo tiene, cuántos años ha trabajado, etcétera. A algunos les corresponderá
un 10 por ciento, a otros un 30 o un 40 por ciento.
Hay que
reconocer que habrá justicia respecto de aquel que no tiene plata. Esto lo
pondero, porque durante muchos años vi a jubilados llorando por no tener dinero
para recurrir a la Justicia o por no querer hacer juicio al Estado. Ellos son
patriotas, ¿cómo van a hacerle juicio al Estado? No son como otros, que se
roban el dinero. Ellos piensan en su Estado y en que no pueden hacerle juicio a
su país. Claro, después vemos cómo otros cuentan dinero, dólares, o cómo tiran
bolsones, mientras que miles y millones de jubilados se mueren de hambre,
sufren muchas necesidades, deben alquilar porque tuvieron que vender su casa,
etcétera.
Todos sabemos
que la Constitucional Nacional establece que toda persona, todo trabajador, al
momento de jubilarse debe mantener el mismo nivel de vida que cuando trabajaba.
Yo les pregunto a ustedes, a quienes tratan todos los días con jubilados, si
estos tienen el mismo nivel de vida que cuando estaban en actividad. Ninguno de
ellos lo tiene. Hay gente que ha vendido sus casas, que ha tenido que alquilar,
y lo que es peor, ha terminado internada en geriátricos porque ni siquiera ha
podido mantener su alquiler.
Insisto en
que veo bien que el proyecto del gobierno tome en cuenta a un sector que ningún
otro gobierno consideró: el de aquellos que no hicieron juicio. En este
sentido, también quiero hacer una corrección que tiene que ver con mi
preparación previsional. Cuando el organismo reconoce un retroactivo, un
reajuste administrativo, de acuerdo con las reglamentaciones y resoluciones de
la ANSES, se lo hace con dos años de retroactividad. Esto no se le reconoce al
que no hizo juicio, porque se le paga desde el momento en que hace el convenio.
Sin embargo, debería ser dos años hacia atrás. Esto también debió modificarse.
De todos modos,
creo que este proyecto de ley es parte de una solución y no la solución
completa. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no es la reparación histórica para
todos? Porque no respetamos los fallos de movilidad en la prestación básica
universal, que debe tener movilidad. Hay fallos en este sentido y no se los
contempla. No se reconocen los regímenes especiales, que no son los de
privilegio, sino los de los docentes, los investigadores, los embajadores.
Todos ellos tienen un régimen especial por el que se les paga el 82 o el 85 por
ciento al momento de jubilarse, pero después se les da una movilidad. No se
respetan los fallos Gemelli, Sili ni otros.
Tampoco se
respetan los regímenes independientes como los de Gendarmería, Prefectura y
fuerzas de seguridad. Hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que establecen
que los retirados y pensionados deben liquidarse como la persona que está en
actividad. Pero lo que sucede es que el peor empleador en negro es el Estado,
porque paga montos fijos no remunerativos y al momento de retirarse o
pensionarse, no se los considera. Es por eso que no están incorporados.
No están
integradas ni reconocidas las rentas vitalicias. Hay fallos judiciales recientes
–del 10 de octubre de 2015‑, en los casos Etchart y Fernández, en
los que debe reconocerse el haber mínimo. ¿Ustedes tienen en cuenta que hay
jubilados de renta vitalicia pura que, por una ley maliciosa, por haber nacido
el hombre antes del año 63 y la mujer antes del año 68, por más que hubieran
aportado al Estado no se les reconoció ese componente y hoy cobran entre 600 y
700 pesos? Esto es algo que al gobierno anterior no le interesó arreglar. No
estaba en su agenda. Eran pocos, y no servían para los votos. Pero a mí me da
lo mismo un jubilado que 100.000 o 2 millones.
No se
reconoce la movilidad de las rentas vitalicias totales, respecto de lo cual
también hay fallos judiciales. Y, lo que es peor, no se busca una reparación al
haber mínimo. Se propone el “Haber 14”, un plus adicional; un solo mes se dio
un plus, y fueron felices los jubilados.
Hoy no se
puede incorporar, o no se incorpora, a los jubilados por monotributo, a las
empleadas domésticas y a los trabajadores autónomos. Hay fallos que respetar en
este sentido, y la AFIP jamás reconoció la modificación de las rentas
presuntas. Entonces, da lo mismo pagar una categoría baja que una alta.
Hay
responsabilidades de todos los gobiernos, y esto lo digo con mucha dureza, ya
que me lo permite hacerlo el conocimiento previsional que tengo. Hay que
conocer la ley, entenderla y respetarla. Lo que no estamos haciendo es
respetarla.
En cuanto al
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, nunca estuvimos de acuerdo en que se
toque, ya que dicho fondo es anticíclico, como dijeron algunos; es para
eventuales circunstancias económicas que pudiera atravesar el Estado y que no
le permitieran pagar las jubilaciones.
Durante
muchos años el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utilizó para “Fútbol
para Todos”, para “6,7,8” o para el programa Qunita, que puso en riesgo la vida
de los niños... (Aplausos en las bancas.)...,
programas que tenían que solventarse con partidas presupuestarias del gobierno.
Sr. Bossio.- ¿Me
permite una interrupción, señora diputada?
Sr. Presidente (Monzó).- ¿Se la concede, señora diputada?
Sra. Tundis.- Sí,
señor presidente.
Sr. Presidente (Monzó).- Está con el tiempo excedido, señora
diputada. Tendría que ir cerrando.
Para una
interrupción, tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Bossio.-
Nunca se usó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ni para “6,7,8” ni para
“Fútbol para Todos” ni para ninguna decisión de esa naturaleza. Lo quiero decir
con todas las letras. Están las actas publicadas en la página web, hasta la
128.
Sr. Presidente (Monzó).- Continúa en el uso de la palabra la
señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Tundis.- Si
no utilizaron esos fondos, utilizaron los fondos de la ANSES, que en lugar de
volcarlos en los jubilados los volcaron en otros programas que no tenían que
ver con los jubilados. Los fondos de los jubilados deben ser exclusivamente
para ellos y solo para pagar jubilaciones.
Acá escuché
decir que se quiere la moratoria. Yo quiero la moratoria, tanto para el hombre
como para la mujer; no quiero una pensión a la vejez. Tiene que ser equitativo,
no discriminativo, pero en honor a la verdad debo decir que la moratoria tuvo
un final anunciado, ya que la que se aprobó vence el 18 de septiembre de este
año; por lo tanto, cuando están pidiendo moratoria abierta lo tendrían que
haber pensado el año pasado también, para dejarla abierta y que todo el mundo
tenga el mismo derecho. (Aplausos en las
bancas.)
Sepan todos
que hoy la mujer que cumplió a partir del 15 de mayo los 60 años de edad no se
puede jubilar, la moratoria no le comprende los treinta años de aportes.
Agradezco que
se acuerden de los jubilados que no hicieron juicio. Lo que les pido es que
esta reparación histórica sea tan histórica como su título y que de alguna
manera incorpore a todos los jubilados que quedaron fuera. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Recalde.-
Señor presidente: se ha hablado mucho esta noche. Muchos compañeros de mi
bloque han hecho un análisis crítico de esta norma, y lo han hecho muy bien.
Realmente como técnica legislativa esta
norma deja mucho que desear. Se la llamó “ley ómnibus”; yo, recordando al
general Perón, creería que él la caracterizaría como “ley sofá-cama”, no sirve
ni como sofá ni como cama.
El sumario es
realmente impresionante en su categorización: creación del Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Cuando uno desglosa el
contenido de la ley observa que se crean jubilados de primera y de segunda, y
pensionados, que en caso de que muera su cónyuge, no heredan.
No quiero ser
reiterativo, pero como bien se ha dicho aquí, se pueden hacer muchas críticas
al proyecto.
Una de las
cosas que me conmovieron con respecto a la moratoria fue que dijeran que es una
barbaridad que el trabajador que no hizo los aportes no debe tener el mismo
derecho que el que los hizo. Esto es ignorar la realidad de nuestro país, que
implica admitir que, pese a que el trabajo no registrado de 2003 a 2015 bajó en
un 50 por ciento, tiene un piso ‑que no pudimos horadar‑ del 33 por
ciento. Esos trabajadores en negro, no registrados, representan ‑después
del sector de los desocupados‑ el sector de mayor vulnerabilidad, ya que
al no estar registrados ganan menos que los trabajadores en blanco,
registrados, no tienen acceso a la obra social ni seguro de las administradoras
del riesgo de trabajo.
Ahora, quien
no hizo los aportes y contribuciones es el empleador. Entonces, no se puede
decir que no tiene los mismos derechos que el trabajador que sí gozó de los
derechos que reconoce la ley. Es nuestro deber informar que el trabajador que
no está registrado tiene los mismos derechos que el que lo está, lo que ocurre
es que no se los reconoce. Tiene que judicializar su reclamo. Es más, tiene
mejores derechos que el trabajador registrado, porque si lo despiden y prueba
que estaba trabajando sin estar registrado le corresponde el doble de
indemnización por despido.
Esta Cámara
dos veces aprobó un proyecto de ley para otorgar el seguro de desempleo al
trabajador que no está registrado, ya que el seguro de desempleo lo cobra el
trabajador que está registrado, pero no el que no lo está.
En este
sentido, cabe destacar que seguramente el Senado emitirá dictamen en la
Comisión del Trabajo y Previsión Social para hacer realidad una nueva
protección, merecida por el trabajador no registrado. Me parece que es de suma
crueldad decir que la moratoria consagra derechos que no tendría que tener.
Entre los
temas de esta ley ómnibus ‑o sofá-cama, como queramos llamarla‑
está el blanqueo.
Me voy a
permitir leer algunas expresiones un tanto duras, pero creo que merecen ser
leídas para ser fiel con los autores respecto a cómo consideran el blanqueo. Se
dice que el gobierno “…tiene que recurrir al financiamiento más injusto, que es
el perdón a los evasores, en el mejor de los casos, y la puerta de entrada a
narcotraficantes y al delito organizado...”
Otras
manifestaciones son las siguientes: “No podemos acompañar este ejercicio de
hipocresía y cinismo. Nunca estuvimos a favor de los blanqueos”; “No cuenten
con nosotros para acompañarlos en esta inmoralidad, que además no va a tener
ningún efecto en la economía más que garantizar al pobre tipo, a todos los
argentinos que pagamos impuestos, que somos estúpidos al hacerlo”; “Lo peor de
este proyecto de ley es la clara manifestación de la incapacidad del gobierno
para resolver los problemas de la economía.”; “...somos conducidos por un
gobierno que marcha a tientas, improvisando y sin saber lo que hay que
hacer...”
Podría leer
algunos otros comentarios muy duros, pero voy a finalizar con el siguiente:
“Con el fin de hacerse de algunos dólares el Estado argentino está a punto de
violar la Constitución y una serie de tratados internacionales vigentes y suscritos
recientemente por el país.”
Son duras
apreciaciones, y no fueron sobre este blanqueo, sino sobre el blanqueo de 2013,
y fueron hechas por representantes del actual oficialismo.
Voy a pedir
su inserción para demostrar quiénes fueron; no quiero herir susceptibilidades.
Uno trata de hablar con armonía reflejando con objetividad cuáles son las
manifestaciones en cada momento de cada uno.
El blanqueo
realmente tiene cuestionamientos, que hemos hecho en nuestro dictamen de
minoría, que vamos a apoyar. Vamos a votar en contra el dictamen de mayoría. Se
han hecho varios comentarios; mencionaré algunos de ellos: “No hay ninguna
razón para que se excluya a los familiares en la responsabilidad de no poder
blanquear”.
En el
blanqueo incluían a los funcionarios públicos, a los jueces, o sea a todo el
mundo; después achicaron la cantidad de personas que se podían incluir pero
quedaron los familiares. Un compañero de bancada, el diputado Tailhade, explicó
que es muy injusto esto de sofá-cama, porque la verdad es que es inútil; aunque
excluyan a los familiares, penalmente se puede llegar al responsable directo.
Es decir que la seguridad jurídica que va a generar este blanqueo tiene sus
serios riesgos.
Otra cuestión
realmente conmovedora es el oscurantismo, un principio inconstitucional y
antirrepublicano. Nosotros nos quejamos del actual artículo 84 del dictamen
enviado por el Poder Ejecutivo, que antes era el 85, porque impide a los
periodistas, atacando la libertad de prensa, explayarse sobre el contenido del
blanqueo. Esto, que nos parecía de un oscurantismo terrible, fue modificado.
Cuando uno lee el artículo 84, que tienen mala técnica legislativa, encuentra
términos que son incomprensibles, porque en las excepciones, dice: “Los
periodistas y comunicadores sociales, así como medios de comunicación...”,
quedan excluidos. ¿Qué son los comunicadores sociales? ¿Cuál es la categoría de
comunicador social? ¿En qué universidad se estudia para ser comunicador social?
¿Qué título habilitante tiene para acreditar? ¿Dónde está la tipificación?
Pero no
solamente eso sería un error de técnica legislativa, porque también el artículo
84 en la prohibición de revelar incluye a los terceros. ¿Qué obligación de
secreto fiscal tienen los terceros? “Los terceros” tiene una amplitud muy
grande. No hay ninguna limitación. Esto es oscurantismo, esto es secretismo,
esto es inconstitucional y antirrepublicano. Por esto vamos a votar en contra
del proyecto del oficialismo.
¿Qué puede
pasar en el futuro? Los abogados buscamos la jurisprudencia por deformación
profesional. Es decir, queremos saber qué pasó con anterioridad para saber qué
puede pasar en el futuro, y analizamos qué pasó en el pasado reciente. No vamos
a ir muy lejos en la historia.
Advertimos
que a fines de 1989 se sancionaron los decretos 1.477 y 1.478 que establecieron
una especie de pago en especie de la remuneración conocido como “ticket
canasta”. Ese sistema rigió desde 1989 hasta el 2007, con alguna variación por
2006 más o menos.
Hicimos un
estudio para determinar cuál fue el monto de la transferencia de recursos de
este sistema de pago en negro, por el que se podía pagar hasta el 20 por ciento
de la remuneración en especie. Al hacer esto no se contribuía a la seguridad
social, a los fondos con destino a los jubilados y también se perjudicaba al
trabajador, porque si no, no se computaban los efectos laterales del contrato
de trabajo. Tampoco computaba para el aguinaldo y las vacaciones.
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia informa al señor
diputado Recalde que dado que se detuvo por unos minutos el reloj del recinto,
dejamos a su criterio y sentido común la extensión de su discurso.
Sr. Recalde.-
Señor presidente: solicito que me avise cuando lo crea conveniente.
Este sistema
durante el período de vigencia significó una transferencia de recursos de
21.000 millones de dólares; esto es lo que perdieron la seguridad social y los
trabajadores. ¿Qué pasó cuando se propuso la derogación del sistema? Se envió
un proyecto de ley por el cual se proponía la derogación de este sistema de
ticket canasta para que esos fondos vuelvan a formar parte de la remuneración,
para que vuelvan a contribuir a la seguridad social y para que vuelvan a
beneficiar a los trabajadores. Fue sancionado por medio de la ley 26.341. Hubo
una enorme mayoría a favor. ¿Sabe quién votó en contra? Los diputados del PRO.
Y lo digo con todo respeto, porque es una cuestión ideológica, no estoy
descalificando. Estoy caracterizando con objetividad el pensamiento y yo
respeto el pensamiento ajeno. Pero esta es la realidad, votaron en contra. Si
hubieran tenido mayoría en ese momento, o la tuvieran ahora, ¿qué habría
pasado? Se hubiera seguido desfinanciando al sistema de seguridad social y los
derechos de los trabajadores.
Pero sigamos
para ver qué sucedió. Luego se privatizó el sistema de seguridad social y
aparecieron las AFJP. Ya se habló mucho de las AFJP. Yo recuerdo algunos
sintomáticos de las AFJP. Uno es el caso de Siembra, diecisiete de cuyos
directivos estuvieron procesados porque hacían negocios que, cuando eran
buenos, beneficiaban a los funcionarios y, cuando eran malos, perjudicaban a
los jubilados.
En términos
de subversión de valores había un administrador de una AFJP, Máxima, que hacía
una publicidad para que se adhirieran a esta administradora de fondos de
jubilación y pensión. Se trataba de una oblea que se pegaba seguramente en los
mingitorios, que mostraba a un chico de 10 u 11 años que decía: “Cuando sea
grande, quiero ser rico y por eso me voy a afiliar a la AFJP Máxima”. En mi
barrio, cuando teníamos esa edad, los chicos querían ser presidente, jugadores
de fútbol o bomberos, y las chicas, normalmente, maestras de escuela. Pero no
pensábamos en ser ricos. Esta es la subversión de valores que generaba el
neoliberalismo con esta ley. (Aplausos en
las bancas.) Cuando votamos la ley de estatización de las AFJP, también
debo decir que los que hoy son oficialistas votaron en contra.
Sigamos para
ver qué antecedentes tenemos. De todas formas, voy a finalizar para no abusar
de la paciencia de los compañeros diputados y diputadas, pero cuando vemos
esto, podemos prever qué va a pasar en el futuro.
Cuando
decimos que se está atacando el sistema del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, cuando vemos que se quieren vender las acciones que teníamos en
las empresas privadas, cuando vemos qué es lo que está pasando con los
jubilados de primera y de segunda, y notamos la fragilidad que tiene el sistema
en el futuro, prevemos que estamos por volver al sistema de AFJP. Digo esto
++por la forma en que se votó con anterioridad. En aquel momento eran minoría y
ahora son mayoría.
Por lo tanto,
podemos prever un futuro que realmente, parafraseando a Gabriel García Márquez,
diría que es casi la crónica de una muerte anunciada. Lo estamos viendo, lo
estamos apreciando. Quieren vender las acciones, es manifiesto, es una forma de
privatizar lo que habíamos nacionalizado, es una forma de evitar que el rol del
Estado se cumpla en las no más de cuarenta grandes empresas donde se puede
colaborar. Incluso la experiencia indica, porque tenemos compañeros que han
sido directores en esas sociedades, que tuvieron mayor rentabilidad porque se
ha contribuido en ese sentido. Es decir, la capacidad de los funcionarios del
Estado ha contribuido a que la empresa tuviera mayor rentabilidad.
Esta reforma
previsional es absolutamente regresiva y queremos decir que la historia no
termina con la sanción de este proyecto de ley, la historia continúa. Así como
continúa la historia, también va a continuar nuestra lucha en defensa del pueblo,
de los trabajadores, de los jubilados y del sistema de reparto solidario que se
caracterizó por la justicia distributiva y la equidad de un sistema que
protegió durante nuestro gobierno al 98 por ciento de los trabajadores que
estaban en condiciones de jubilarse.
Además, como
nunca, se estableció una movilidad jubilatoria con una fórmula que no necesita
ninguna actualización, porque se ajusta cada semestre, que también revela que
no importa cuál fuera la consultora que dijera cuál es el costo de vida,
siempre la fórmula de movilidad jubilatoria superó cualquier índice del costo
de vida. Eso se llama “justicia distributiva”, eso se llama “justicia social”,
que es a lo que nosotros apelamos.
Nosotros
aspiramos a que, en algún momento, si se aprueba este proyecto de ley, podamos
derogar esta normativa con las mayorías necesarias y que el pueblo argentino
vuelva a tener una justicia social, distributiva, equitativa e igualitaria. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor
presidente, estimados colegas: no lo tenía pensado pero voy a comenzar por el
final para traer tranquilidad al señor diputado preopinante. Inclusive en
propuestas de diputados
de la oposición, aunque no existía ninguna intención en el
proyecto del gobierno, ha quedado sobrecargado explícitamente, y me parece
bien, que todo el debate tiene como base de sustento la no modificación del
sistema de reparto público. Así que duerma tranquilo, señor diputado, que no se
nos pasa por la cabeza esa idea. (Aplausos
en las bancas.)
Ha
sobrevolado durante todo el debate una exagerada preocupación por el título
“Reparación Histórica”, y pido disculpas si esto ha sido una exageración.
La Argentina,
hablando de exageraciones, vio desde el tren bala hasta el hecho de decir a los
argentinos que el 50 por ciento de las ganancias de Fútbol para Todos iba a ir
a la AFA y el 50 por ciento restante, a los Juegos Olímpicos. Imagínense cómo
llegaríamos a Brasil: caminando. (Risas y
aplausos en las bancas.)
Quiero pedir
disculpas si ese es el problema central, y retiro lo dicho en nombre propio.
No venimos a
resolver definitivamente el problema del sistema previsional argentino, que no
escapa al del sistema previsional global que se vive hoy por la cuestión del
empleo y que está sometido a un profundo debate, aun en la Europa, del Estado
de bienestar, por el crecimiento de la población, por las expectativas de vida,
etcétera. Y no voy a hacer más consideraciones frente a personas que saben más
que yo.
Solamente
intentamos en forma voluntaria mover una roca ‑que no se le había
ocurrido a nadie en el último tiempo‑ para ver si podíamos ayudar a
resolver un problema vinculado a la litigiosidad, al tiempo de demora y los
años que iban pasando para ‑como dijo la señora diputada Tundis, casi
rayando lo que es un delito, como es coquetear con la muerte todos los días por
el paso del tiempo y la edad‑ cobrar lo que la Justicia había asignado a
muchos jubilados.
Tenemos una
visión distinta del carácter de emergencia. Si quieren darse por ofendidos
porque creen que nosotros reprobamos lo que se hizo durante los últimos años en
materia de incorporación a los derechos previsionales, están equivocados.
Nosotros
creemos en las moratorias y creímos en la inclusión de las amas de casa, más
allá de los costos fiscales, porque es un derecho. Se incorporó a los
trabajadores autónomos y se llegó a un total de más de 3 millones, pero tenemos
una diferencia, y lo digo respetuosamente. Durante estos últimos años el
gobierno había tomado la decisión política de ampliar la inclusión y postergar
el reconocimiento del derecho que la Justicia daba a los que habían reclamado.
Entonces, es cierto que se incluyó a más jubilados, y la incorporación alcanzó
al 97,2 por ciento –perdónenme por los errores que pueda cometer‑, pero
la verdad es que se planteó una falsa dicotomía, porque la idea no era resolver
la cuestión sino incluir a más gente mientras otros se morían esperando. El
acierto hubiese sido resolver los dos problemas.
El gobierno
anterior tuvo la idea de la emergencia económica, con la cual convivió durante
doce años en momentos de tasa de crecimiento del 7 u 8 por ciento, y se
gastaron 650.000 millones de pesos. Entonces, admitan que podrían haber hecho por
lo menos un mix para llegar a una
solución.
Esto está
avalado por lo que sucedió. El gobierno incluyó a mucha gente, pero se quedó
con aquellas leyes de la época de Menem respecto del sistema de apelaciones del
ámbito previsional que lo centralizaba en Buenos Aires. Para apelar en el
sistema previsional una sentencia injusta había que venir a Buenos Aires desde
Tierra del Fuego o La Quiaca, hasta que la Corte Suprema se refirió a la
inequidad de lo que esto significaba.
Y hablando de
títulos pomposos, recuerden ustedes aquella democratización de la Justicia en
2013 que ratificó la creación de nuevas instancias que llevaban el reclamo a un
embudo, porque la idea basal del gobierno era incorporar los derechos por abajo
y frenarlos por arriba. Pero de lo que no se daban cuenta, y para nosotros sí
da el verdadero sentido a la emergencia ‑que no es un número económico‑,
es de cuántos murieron buscando una sentencia favorable. Fallecieron 102.572
abuelos, de los cuales 75.000 no tenían herederos. Es decir que el sentido de
la emergencia está ubicado en el centro justo de una concepción ética que fue
dejado de lado al momento de la inclusión por parte del gobierno anterior. (Aplausos en las bancas.)
No quiero
detenerme en los pedidos de recusación y de destitución de jueces ante el
Consejo de la Magistratura. Por eso quizás se exageró en el título.
Tampoco me
voy a detener en los números, porque durante todo el debate se han precisado
bien las 60.000 o 66.000 sentencias firmes, ni en los criterios que establece
el proyecto con algún grado de justicia ‑que puede contener errores‑,
pero como decía la señora diputada Tundis, el tema era ponernos en marcha y dar
un paso hacia adelante en esa dirección.
También hemos
aceptado modificaciones y les agradecemos porque esto es una novedad. Dicen que
lo hacemos porque son minoría, pero por lo que sea, bienvenidas sean si se
mejoran los proyectos. No somos dueños de la verdad, y el próximo gobierno
tendrá que profundizar aún más el debate del sistema previsional si quiere
gobernar un país que incluya y no solo que gane elecciones.
En los
primeros seis meses de gobierno resolvimos el problema del default exterior. Ahora, con esta “megaley” resolveremos el default interior.
Por otro
lado, no es menor que no quieran abordar la cuestión de las provincias. No solo
ratificamos el acuerdo del 15 por ciento de coparticipación, sino que venimos a
hablar de un tema muy antiguo como es el suscitado entre las cajas
previsionales de las provincias, algunas de las cuales al momento de la
transferencia hacia la Nación aprovecharon para cometer desmanes y aprobar jubilaciones de privilegio en provincias que
aun hoy mantienen fundidas sus cajas previsionales.
Sin embargo,
hoy estamos planteando resolver ese default
interior, es decir, llegar a un acuerdo con las trece provincias que no
transfirieron las cajas previsionales. Esto, por supuesto, con una auditoría de
la ANSES y también con la homogeneidad que tenía el propósito de aquella ley,
para que podamos converger en un sistema aproximado y único, y no donde algún
caudillo se pasee por el país diciendo que paga las jubilaciones más altas
mientras tiene a su provincia fundida. (Aplausos
en las bancas.)
Se ha hablado
bien ‑y con algún temor‑ respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
de la ANSES. Resulta claro que este último tiene dos patas. En relación con
dicho fondo, que tiene más de 720 mil millones de pesos, queremos que lo que
vaya generando en concepto de ganancias y excedentes tenga una afectación
específica.
Sin ánimo de
extenderme en mi exposición, quiero recordar ‑sobre todo para algunos que
hablan con ligereza‑ que el 63 por ciento de dicho fondo está
constituido por títulos públicos. No digo que esto esté bien o mal, sino que es
el resultado del juego del destino del fondo público.
El 12 por
ciento de este fondo está integrado por proyectos productivos. Señalo esto
respondiendo a algunos que gritaban “métanle a la producción”. A ellos quiero
decirles que por lo menos lean o se informen, porque no se trata de algo tan
sencillo. La otra parte de la conformación de este fondo es de coyuntura y
tiene que ver con el sinceramiento, la ley de blanqueo, la inmoralidad o la
enfermedad en países como el nuestro.
Quiero
señalar que el propósito no es vender las acciones. Las cuarenta y dos empresas
poseen menos de la mitad del 14 por ciento de acciones que tiene el Estado,
mientras que el resto asciende al 19 o 20 por ciento.
Lo que
teníamos que hacer era salir del mamarracho que se aprobó el año pasado, que
fue declarado de orden público y que debe jugar con responsabilidad en la
administración en el mercado cuando hay una oferta pública de acciones. Encima
habían dicho que esa ley, que presentaba una inconstitucionalidad brutal, debía
sancionarse con las dos terceras partes de los votos. Esto deben recordarlo.
Por supuesto
que ese fondo se ha manejado con algún criterio. Reconozco que la
responsabilidad del gobierno no es salir a rematar acciones. En este sentido
les pido que se queden tranquilos porque esa es la intención, pero se debe
tener un margen.
Además, va a
haber un control sobre la administración, al tiempo que se prevé que se deberá
rendir cuentas ante una comisión bicameral. Si en algún momento tiene que
decretarse una excepción, ello se hará a través de una autorización y no al
manoteo, como algunos pretenden decir.
Por supuesto
que esto podrá ser mejor o no, pero nos hemos autolimitado. Esta es la primera
vez que los recursos para financiar la respuesta positiva a estos problemas
tienen una afectación específica, porque aun lo que ingrese a través del
denominado blanqueo, entre comillas, tendrá una asignación directa en ese
sentido y no podrá ser desviado de otra forma. Por lo tanto, por lo menos
tenemos que hablar con algún criterio de responsabilidad.
En lo
concerniente al sinceramiento fiscal y a la década del 80, el señor diputado
Bossio hizo referencia al sistema previsional, mientras que el señor diputado
Alfonsín habló de la repatriación de los capitales. Después, en 1992, ya estaba
Domingo Felipe Cavallo, mientras que en 1999 el gobierno tenía un contexto
internacional que le jugó en contra, a pesar de que veníamos de los superávits
gemelos y de tasas de crecimiento del 7 u 8 por ciento.
Ahora debemos
mirar un poco el espejo retrovisor. El año 2013 corresponde al final de un
gobierno que había iniciado su gestión con superávit fiscal. La diferencia
radica en que este repudiado y no querido blanqueo, que es resultado de la
enfermedad de la economía, tiene lugar al comienzo de la gestión del actual gobierno,
frente a los problemas y crisis que sufre la Argentina. ¡Pero ustedes no
llegaron para hacer un blanqueo, sino que se fueron con él, manoteando lo
último que quedaba de la soga porque no había un solo dólar en el Banco
Central, no había forma de sostener la crisis económica y querían llegar a
cualquier precio al final de las elecciones! (Aplausos en las bancas.)
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Negri.- Un
médico por allá, señor presidente. (Risas.)
Quiero ir
cerrando mi exposición, con las debidas disculpas por si alguien se ha sentido
agraviado.
Sr. Kunkel.-
¡Vergüenza te tiene que dar! ¡Cuarenta muertos en la calle dejaron cuando se
fueron!
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Negri.- Señor
presidente: yo no creo en la mala fe. El ideal de una sociedad y de un gobierno
que procura el bien común es resolver lo más rápidamente posible la inequidad
de los dos extremos de la vida de una persona. El primero es el de la infancia.
Esto se relaciona con la inclusión y el establecimiento de asignaciones
familiares ampliadas, aunque no del todo, como hicimos ahora.
El segundo se
vincula con la atención de los últimos años de la vida, sobre la base de algún
criterio de equidad. Eso es lo que define; las otras cosas pasan. Me estoy refiriendo
a la posibilidad de que una persona mayor pueda tener un médico y no deba
elegir entre un cartón y una prótesis, y que sepa que gracias al avance de la
medicina y de la ciencia algunas personas viven y otras se mueren, pero por el
solo hecho de ser viejos.
Ese es el
desafío que tenemos, al mismo tiempo que debemos resolver la contingencia del
sistema previsional como consecuencia del crecimiento de la población. Hemos
venido aquí con ese criterio.
En
oportunidad del tratamiento en particular del proyecto de ley en consideración
se van a introducir más modificaciones. No queremos amparar a nadie, y en ese
sentido vamos tras las normas del GAFI. Ahora hay un contexto internacional que
comprime a los evasores e impide que los que tienen guita proveniente del
narcotráfico vengan aquí a blanquearla. Esto se restringe cada día más debido a
los convenios firmados con el gobierno anterior, a los que deberán sumarse los
que se suscribirán en 2018 en el GAFI, la OCDE y la AFI. Obviamente, vamos a
cumplir con eso; no hay nada escondido.
Quiero decir
lo siguiente: hace seis meses que estamos en el gobierno y hay que hacerse
cargo del presente, que tiene aciertos y errores y está precedido por algo, que
es el pasado. Este último, del que ya nadie quiere hablar, no tiene diez años.
Por el contrario, el pasado de la Argentina está a la vuelta de la Argentina y
nos está metiendo en una segunda transición, porque hay un quiebre moral entre
el orden público y lo que se ha hecho con la política en nuestro país.
Por eso, con
aciertos y errores, quiero decir con mucho respeto lo siguiente: no tapen con
barro el espejo retrovisor y miren de dónde vienen para saber hacia dónde van y
qué deben apoyar, pues de lo contrario se van a seguir equivocando. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. García.-
Señor presidente: antes de que se pase a votar en general el proyecto de ley en
consideración y se inicie su tratamiento en particular quiero solicitar dos
cosas. En primer término, que se habiliten las inserciones en el Diario de
Sesiones, debido a que en una oportunidad anterior no lo solicité y, como
consecuencia, no se incluyeron. En segundo lugar, que la totalidad de los
artículos del proyecto de ley se vote en forma nominal.
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia desea saber si el
pedido formulado por la señora diputada por Buenos Aires está suficientemente
apoyado.
- Resulta suficientemente apoyado.
Sr. Presidente (Monzó).- Se procederá en la forma indicada.
Vamos a
proceder a la votación en general.
Tiene la
palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Donda Pérez.-
Señor presidente: el bloque Libres del Sur pide permiso para abstenerse.
Sr. Presidente (Monzó).- Se deja constancia de su pedido,
señora diputada.
Se va a votar en general, en forma
nominal, el dictamen de mayoría de las comisiones de Previsión y Seguridad
Social y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre creación del Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, y modificación del régimen fiscal
(Orden del Día N° 186).
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 242 señores
diputados presentes, 162 han votado por la afirmativa y 76 por la negativa,
registrándose además 3 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado por la afirmativa 162 señores diputados; por la
negativa, 76, y se han registrado 3 abstenciones. (Aplausos en las bancas.)
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente
(Monzó).- Queda aprobado el proyecto
de ley contenido en el dictamen de mayoría.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.- Señor
presidente: antes de comenzar con el tratamiento de los artículos solicito que
el cuerpo autorice a la Presidencia a renumerar el articulado del proyecto de
ley en tratamiento atento a las múltiples modificaciones que se van a efectuar.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. García (M.T.).-
Señor presidente: debido a que se ha modificado el articulado, cuando no quede
claro vamos a pedir que se lea por Secretaría para después definir el sentido
del voto de cada bloque. Además, solicito que se haga referencia al artículo
anterior, para que podamos seguir una misma lógica.
Sr. Presidente (Monzó).- Así se hará, señora diputada.
Se va a votar
la moción formulada por el señor diputado Laspina.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Se procederá en consecuencia.
En
consideración en particular el artículo 1°.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: se ha invertido el orden de los artículos 1° y 2° con el
objetivo de enfatizar que la emergencia se declara a los fines de implementar
el programa que crea la presente ley y que no es al revés. El objetivo central
no es declarar la emergencia sino declararla a los fines de cumplir con el
citado programa. Esta es una modificación de forma que hemos consensuado con el
bloque Justicialista y también con el Frente Renovador.
Daré lectura
del artículo 1°: “Créase el Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, en adelante el
Programa, con el objeto de implementar acuerdos que permitan reajustar los
haberes y cancelar las deudas previsionales con respecto a aquellos
beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos por la presente ley.
“Podrán celebrarse acuerdos en los
casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en
los que no hubiera juicio iniciado.
“Todos los acuerdos deberán ser
homologados judicialmente, para lo cual se prescindirá de la citación de las
partes.
“A los fines de agilizar la
implementación del Programa, los acuerdos, los expedientes judiciales y las
demás actuaciones que se lleven a cabo en el marco del Programa, podrán
instrumentarse a través de medios electrónicos. También se admitirá la firma
digital y/o cualquier otro medio que otorgue garantías suficientes sobre la
identidad de la persona.”
Sr. Presidente (Monzó).-
En consideración.
Tiene la palabra el señor diputado por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.- Señor presidente: la verdad es que nosotros
recién ahora recibimos el nuevo articulado. En primer lugar, quiero dejar en
claro que nosotros no estamos de acuerdo, y lo hemos dicho, con que estemos en
una situación de emergencia. Se trata del 3 por ciento de los casos que se
encuentran actualmente en litigio. Por eso entendemos que no estamos ante una
emergencia en materia de litigiosidad.
En segundo término, en lo que respecta
al programa voy a plantear algo que modifica el artículo 2°, que ahora es 1°,
por lo que entiendo que es conveniente plantearlo ahora.
Lo único que quiero dejar en claro es
que nosotros pretendemos que en los próximos ciento ochenta días la ANSES ‑este
es el contenido del artículo‑ determine todos los casos ‑lo que no
ha podido hacer ante esta Cámara, y ya hemos votado un proyecto sin conocer
cuáles son los casos ni qué montos tienen‑, cuál es el reajuste necesario
y comience con la citación de los beneficiarios, si es que hubiera algún
reajuste. O sea que nuestra idea es dar un carácter urgente a la reparación en
caso de que haya un recálculo y una diferencia.
Solicito la inserción en el Diario de
Sesiones del texto del artículo, para no aburrir con la lectura, porque
considero que hay algún consenso sobre esto.
Sr. Presidente (Monzó).- Está bien, señor diputado.
Sr. Kicillof.-
Entonces, vamos a votar por la negativa el artículo 1°.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: quiero hacer dos aclaraciones. En todos los artículos en que
se introduzcan modificaciones, y son muchas, voy a pedir la palabra para
ratificar la postura que va a tomar nuestro bloque.
En lo
referente al artículo 1°, como lo ha leído el señor diputado Laspina, nosotros
estamos a favor; hemos consensuado esta redacción.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Daer.- Señor
presidente: lo que tendríamos que hacer es leer los artículos 1° y 2°, porque
se invierten respecto de la redacción anterior, y votarlos juntos.
Sr. Presidente (Monzó).- La votación debe hacerse en forma
nominal artículo por artículo.
Tiene la
palabra el señor diputado por Formosa.
Pregunto esto
para conocer la interpretación que se da al artículo y facilitar su tratamiento
en el Senado, porque desde una interpretación textual pareciera decir eso. O
sea que vamos a iniciar uno o dos millones de juicios nuevos, aunque solo se
trate de homologaciones. Por eso, no entiendo bien aquello de que no serán
citadas las partes. No digo esto con ánimo chicanero. Solo quiero que quede una
interpretación legítima de la mayoría.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Bossio.-
Señor presidente: simplemente solicité la palabra para ratificar el acuerdo en
este artículo 1° por parte del bloque Justicialista.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: solicito que se proceda a votar el artículo.
Sr. Presidente
(Monzó).- Con las modificaciones
propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar nominalmente el artículo
1°.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 241 señores
diputados presentes, 164 han votado por la afirmativa y 76 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 164 votos por la afirmativa y 76 por la
negativa.
aquí votación nominal
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración el
artículo 2°.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: la única modificación consiste en eliminar la facultad del
Poder Ejecutivo nacional de prorrogar la emergencia. O sea que el artículo
quedaría redactado así: “Declárase la emergencia en materia de litigiosidad
previsional, a los únicos fines de la creación e implementación del programa
dispuesto en la presente ley, con el objeto de celebrar acuerdos en los casos
en que hubiere juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que
no hubiera juicio iniciado.
“El Estado de
emergencia tendrá vigencia por tres (3) años a partir de la promulgación de la
presente ley.”
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: el Frente Renovador ratifica su consentimiento en la
modificación de este artículo 2°.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: ya he dicho que nuestro voto va a ser negativo en este
artículo porque consideramos que no existe una emergencia previsional ni de
litigiosidad.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Bossio.-
Señor presidente: la emergencia se acotó, porque era más amplia. Incluso se
podía dar en términos administrativos asociada a una resolución que podía
emitir la ANSES en el marco del programa. La emergencia responde pura y
exclusivamente a una necesidad que marcó el Poder Judicial de la Nación, porque
requiere homologar acuerdos sobre muchas cuestiones que en algún momento
determinó como cosa juzgada.
Ante la consulta efectuada a distintos
camaristas de la seguridad social, ellos entienden que esto es necesario para
avanzar en las cuestiones administrativas. No se puede prorrogar y está
simplemente acotada a los acuerdos que hagan los jubilados con la
Administración Nacional de la Seguridad Social. Aclaro esto porque nosotros
vamos a hacer un seguimiento, y en los casos en que advirtamos que la
emergencia es utilizada con otros fines procederemos a accionar.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la
comisión, se va a votar el artículo 2°.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 242 señores
diputados presentes, 151 han votado por la afirmativa y 90 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 151 votos afirmativos y 90 negativos.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Lospennato.-
Señor presidente: aclaro que mi voto fue afirmativo.
Sr. Presidente (Monzó).- Por Secretaría se tomará nota,
señora diputada.
Aquí votación nominal
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Amadeo.-
Señor presidente: deseo solicitarle que en aquellos artículos en los que no
haya diputados anotados para hacer uso de la palabra se vote a mano alzada, es
decir que la votación sea nominal solamente en los casos en que haya
diferencias.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente
(Monzó).- Señor diputado Amadeo: le
doy la mala noticia de que hay diputados anotados para hacer uso de la palabra
en todos los artículos.
Independientemente
de ello, se trata de una propuesta que puede tener algún grado de consenso en
ciertos artículos. Esto lo veremos en el transcurso de la sesión.
En
consideración el artículo 3°.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: en el artículo en consideración solo se modifica una
referencia que se hacía al artículo 2°, que ahora es artículo 1°. No sé si la
Secretaría requiere que lea todo el artículo.
Sr. Presidente
(Monzó).- No, señor diputado.
Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: estamos de acuerdo con la modificación. Simplemente se trata
de un cambio de forma.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: vamos a proponer al señor miembro informante que agregue aquí
dos cuestiones muy importantes. La primera tiene que ver con el hecho de que
los pagos de las sentencias firmes se hagan conforme al presupuesto de 2016. En
tal sentido, habría que modificar los incisos contenidos en este artículo.
La segunda
cuestión se vincula con aquellos casos en los cuales los titulares estén en
juicio en la actualidad. Proponemos que se faculte a la ANSES a no apelar en
primera y segunda instancia. Esta es nuestra propuesta para acelerar la
cuestión sin recurrir a ningún régimen de emergencia. En caso de ser aceptada,
propondré la redacción definitiva.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: sugiero que se vote con la modificación que he propuesto.
Sr. Presidente
(Monzó).- Con las modificaciones
propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar nominalmente el artículo 3°.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 241 señores
diputados presentes, 158 han votado por la afirmativa y 82 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 158 votos afirmativos y 82 negativos.
aquí votación nominal
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 4°.
Tiene la palabra el señor miembro
informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: no vamos a proponer modificaciones en este artículo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: no tenemos objeciones respecto del artículo 4°, pero lo vamos
a votar negativamente porque sigue en línea…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Kicillof.-
Ya hemos explicado el espíritu de esta cuestión.
Fijar acuerdos transaccionales para
todas estas cuestiones está empujando al litigio a quienes hoy no están en ese
marco. Por eso no aceptamos dichos acuerdos y pretendemos que se ajusten los
haberes en forma expeditiva.
Sr. Presidente
(Monzó).- Se va a votar el artículo
4°.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 241 señores diputados presentes, 161 han votado por la
afirmativa y 79 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 161 votos por la
afirmativa y 79 por la negativa.
aquí VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 5°.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: no tenemos modificaciones respecto del artículo 5° que figura
en el proyecto de ley aprobado en general.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Bossio.-
Señor presidente: adelantamos nuestro voto negativo a este artículo. En línea
con lo que veníamos diciendo, nos parece que no se están respetando los fallos
de la Corte, concretamente el fallo Elliff, que es muy concreto y hace
referencia a la movilidad del cálculo inicial del haber. En el caso Elliff se
utiliza el ISBIC. Nosotros creemos que hay que actualizar por ese índice para
no generar nueva litigiosidad. La homologación en la Justicia es solo un
atenuante. Consideramos que si estamos embarcados en solucionar este tema
deberíamos utilizar el índice correcto. En este caso nosotros vamos a votar de
manera negativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Nosotros nos vamos a inclinar por la negativa, porque se están estableciendo
mecanismos para el cálculo de los haberes iniciales y la actualización por
movilidad sin respetar los fallos judiciales, lo cual ‑como en el
artículo anterior‑ genera una situación de litigiosidad. Por lo expuesto,
estamos en contra de este artículo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Santa Fe.
Sra. Ciciliani.-
Señor presidente: proponemos una modificación en “II. Movilidad de los
haberes:”, para que se inserte como inciso c) el siguiente texto:
“Beneficiarios del ex régimen de capitalización, artículo 4°, inciso 2, punto
c)”.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: si bien entendemos y compartimos muchas de las cosas que ha
dicho el señor diputado Bossio, que también ha expresado la diputada Tundis en
el discurso de cierre, entendemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo y
dando un paso adelante. No creemos que esta sea la solución definitiva, pero
vamos a acompañar el artículo, por lo menos, para empezar a saldar la deuda que
se tiene con los jubilados.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Formosa.
Sr. Díaz Roig.-
Señor presidente: quisiera solicitar una aclaración a la señora diputada
Ciciliani, porque si se está refiriendo a las rentas vitalicias tengo un
artículo para agregar, y si es así me evitaría incorporarlo a posteriori.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor miembro
informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: ratificamos que los índices que estamos aplicando ‑en
particular los referidos al caso Elliff‑ respetan el espíritu de la Corte
Suprema, que indica la aplicación de índices generales de actualización de los
salarios, ninguno específico en particular. De manera que nosotros creemos que
estamos alineados con los fallos de la Corte Suprema en esta materia.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 5°.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 241 señores diputados presentes, 135 han votado por la
afirmativa y 105 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 135 votos por la
afirmativa y 105 por la negativa.
aquí VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. García.-
Quiero aclarar el sentido de mi voto, que es negativo.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 6°.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: no tenemos modificaciones con respecto a este artículo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.- No
vamos a apoyar este artículo.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 240 señores diputados
presentes, 152 han votado por la afirmativa y 87 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 152 votos por la
afirmativa y 87 por la negativa.
aquí VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 7°.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: no tenemos modificaciones para proponer.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.- No
estamos de acuerdo con este artículo.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 239 señores diputados presentes, 156 han votado por la
afirmativa y 82 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 156 votos por la
afirmativa y 82 por la negativa.
aquí VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 8°.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: introducimos una modificación de forma en el segundo párrafo,
que quedaría redactado de la siguiente manera: “En lo que respecta a los
importes que correspondan abonar en concepto de intereses y actualización de
dicho capital, los mismos estarán exentos del impuesto a las ganancias.”
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.- No
vamos a acompañar este artículo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: estamos de acuerdo con la modificación.
Sr. Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta por la
comisión, se va a votar.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 240 señores diputados presentes, 160 han votado por la
afirmativa y 79 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 160 votos por la
afirmativa y 79 por la negativa.
aquí VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 9°.
Tiene la palabra
el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: no hay modificaciones respecto del texto original.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: no estamos de acuerdo con esta disposición.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Bossio.-
Señor presidente: este artículo hace referencia –entendemos que a nuestra
sugerencia‑ al orden de prelación de la circular 10/16 de la ANSES. Esta
norma, que reproduce aquellas que se vienen dictando desde 2011, se refiere a
la base de cálculo para el pago de los juicios y establece un orden de
prioridades considerando tres criterios: primero, las personas que tienen más
edad; segundo, las que ganan menos; y tercero, aquellas que tienen los juicios
más antiguos.
Antes se
tomaban en cuenta a aquellos que tenían más edad; esto fue pedido por la ex
presidenta y nos parece interesante que se haga referencia explícita a tales
criterios, que son centrales, para que se dé prioridad a quienes perciben
menores ingresos.
Por estas
razones, acompañaremos el artículo en tratamiento con nuestro voto afirmativo.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 240 señores
diputados presentes, 164 han votado por la afirmativa y 75 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 164 votos por la afirmativa y 75 por la
negativa.
aquí VOTACIÓN NOMINAL (ARTÍCULO 9°)
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 10.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: en este artículo se ha introducido solo una modificación de
forma; concretamente, se corrigió la referencia al artículo 2°. Como se
invirtió el orden, debe decir: “artículo 1°”.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Formosa.
Sr. Díaz Roig.-
Señor presidente: nos oponemos a este artículo y a los que le siguen porque
creemos que en realidad se debe crear una comisión bicameral. No estamos de
acuerdo con que exista en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional una comisión
con tan amplias facultades como las que luego se detallan.
En algunos
artículos se menciona la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la
Seguridad Social. Si bien su función es auditar los recursos del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad, en la primera reunión que celebró quedó en claro
que también podía tratar otros temas previsionales.
Este es el motivo
por el cual nos oponemos a la sanción de este artículo. En caso de que sea
aprobado, presentaremos los correspondientes proyectos de ley para insistir en
la constitución de una comisión bicameral que se ocupe no solo de controlar el
sistema previsional sino también de impulsar una reforma que quizá no requerirá
cuatro años, como sostiene el proyecto original, pero sí dos años de trabajo
serio. Nos parece más correcto que el ámbito de esa comisión sea el
legislativo, porque la existencia de distintos bloques posibilitaría un
ejercicio democrático muy interesante.
Por otra
parte, me gustaría pedir que este artículo considerara aquel de la ley 24.241;
pero como una propuesta similar ya fue rechazada, no lo haré.
En suma,
votaremos negativamente este artículo simplemente porque creemos que la
creación de una comisión bicameral sería mucho mejor para el cumplimiento de
esta ley.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas y
aceptadas por la comisión, se va a votar nominalmente el artículo 10.
Sr. Kicillof.- Si
el señor presidente me permite, entiendo que las modificaciones no fueron
aceptadas.
Sr. Presidente (Monzó).- Solo hubo una modificación de forma
vinculada con la referencia a un artículo.
Se va a
votar.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 239 señores
diputados presentes, 157 han votado por la afirmativa y 81 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 157 votos por la afirmativa y 81 por la
negativa.
aquí VOTACIÓN NOMINAL (Artículo 10)
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia hace notar a los
señores diputados que como la consideración de cada artículo insume más de un
minuto, el tiempo de votación se extendería aproximadamente a una hora y media.
Apelando al sentido común, si los señores diputados quisieran identificar
aquellos artículos a ser votados nominalmente, la Presidencia no tendría
inconveniente alguno en acceder a las propuestas.
En
consideración el artículo 11.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: coincido con su apreciación, y dada la hora sugiero que se
agilice el proceso de votación.
Respecto del
artículo 11, no hay modificaciones.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: como el artículo hace referencia al programa que ya hemos
rechazado, adelanto nuestro voto negativo.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el
artículo 11.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 241 señores
diputados presentes, 162 han votado por la afirmativa y 78 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 162 votos por la afirmativa y 78 por la
negativa.
aquí VOTACIÓN NOMINAL (aRTÍCULO 11)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. Lospennato.-
Señor presidente: aclaro que he votado por la afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Se dejará constancia, señora diputada.
En
consideración el artículo 12.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: no hay cambios respecto del texto contenido en el proyecto
aprobado en general.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Formosa.
Sr. Díaz Roig.-
Señor presidente: como lo dijera respecto del artículo 10, proponemos la
creación de una comisión bicameral que resuelva todas estas cuestiones. Dado
que el texto es bastante extenso, solo lo leeré si la comisión está de acuerdo
en aceptar esta modificación.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Bossio.-
Señor presidente: en el dictamen original incorporamos las expresiones
“público” y “de reparto”. La discusión fue extensa. Entendemos que debe ser política
de Estado propender a que el sistema sea público y de reparto; si bien está
explicitado, me parece importante mencionarlo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: en la misma línea que el señor diputado Bossio, desde el
principio dijimos en la comisión que era necesario definir los parámetros sobre
los cuales había que trabajar en la elaboración de un nuevo régimen. Por eso
acompañamos estos cambios que oportunamente se introdujeron en el dictamen de
mayoría.
Es importante
que quede claro qué tipo de sistema previsional vamos a buscar y proteger. Eso
es lo que quería dejar aclarado.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el
artículo 12.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 236 señores
diputados presentes, 158 han votado por la afirmativa y 77 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado por la afirmativa 158 señores diputados y 77 por la
negativa. No hay abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
ARTÍCULO 12
Sr. Presidente (Monzó).-
En consideración el artículo 13.
Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: en el artículo 13 se eliminó el inciso 1, de manera de dejar
indefinido el plazo para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Antes se establecía un plazo de tres años, que tenía que ver con la sanción de
una nueva ley previsional, que está prevista en este proyecto de ley. Lo que
hacemos es dejar vigente la pensión universal hasta tanto haya una nueva ley de
reforma del sistema previsional, sea dentro de tres años o cuando el Congreso
de la Nación así lo disponga.
Al
desaparecer el inciso 1, obviamente se corre hacia arriba la numeración del resto
de los incisos.
En definitiva
–reitero-, eliminamos el inciso 1, que fijaba un plazo de tres años para
solicitar la pensión a la vejez, y al hacerlo, dicha pensión queda permanente
hasta tanto haya una ley que la modifique o determine lo contrario.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: queremos proponer un cambio en el nuevo inciso 2, que
anteriormente era el 3. Allí se menciona: “No ser beneficiario de jubilación,
pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo o planes
sociales…”. Nosotros creemos que posiblemente sean muy pocos los casos en los
que pueda coexistir algún plan social con la pensión que se está proponiendo,
por lo que consideramos que se debería eliminar la mención a “planes sociales”.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: como hemos adelantado, nosotros no estamos de acuerdo con la
creación de una pensión para el adulto mayor. Ya sabemos que están cambiando la
edad y demás, pero creemos que tal pensión va en reemplazo de un régimen que ha
tendido a la universalización de la jubilación y no a la creación de una
herramienta para la asistencia de quienes no han hecho los aportes.
Como dijimos,
el trabajador pasivo debe estar jubilado. Por lo tanto, nos vamos a oponer de
aquí en adelante a todo lo que se relacione con pensiones por considerarlo una
ruptura y una fragmentación del sistema jubilatorio argentino y uno de los
elementos más dañinos de este proyecto.
Sin embargo,
proponemos la ampliación de la moratoria, tanto de la última, prevista hasta
septiembre, como la de 2005. Esto lo haré oportunamente, en el momento de
considerar los artículos 21 y 22. Sin perjuicio de ello, reitero que de aquí en
adelante votaremos en contra de aquellos
artículos relacionados con pensiones.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Santa Fe.
Sra. Ciciliani.-
Señor presidente: quisiera proponer modificaciones a los artículos 13 y 14,
adelantando esta última por entender que ambas normas tienen absoluta
correspondencia.
En el
artículo 13 proponemos que las mujeres puedan pedir el beneficio de la pensión
a los 60 años, y en el artículo 14, solicitamos que la pensión universal, tanto
para mujeres como para varones, sea del ciento por ciento del haber mínimo
garantizado.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Neuquén.
Sr. Martínez (N. D.).- Señor presidente: yo no formo
parte de ninguna de las comisiones que intervinieron en esta cuestión, adonde
llevé mi propuesta, pero como no pude firmar el dictamen quisiera proponer una
modificación al artículo en consideración.
Lo que
propongo es reemplazar los artículos 13 a 22 por el siguiente texto:
“Modifícase el artículo 1° de la ley 26.970, que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 1°.- Los trabajadores autónomos
inscriptos o no en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los
sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), en
adelante monotributistas, que hayan cumplido a la fecha o cumplan la edad
jubilatoria prevista en el artículo 19 de la ley 24.241, podrán regularizar sus
deudas previsionales conforme el régimen especial establecido en la presente
ley.
“Los
trabajadores autónomos podrán regularizar su situación respecto de la deuda que
mantengan por aportes mientras que los monotributistas, lo harán con relación a
las deudas originadas en las cotizaciones previsionales fijas con destino al
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), haya sido incluida o no en
regímenes de regularización de deudas vigentes.
“En ambos
casos, la referida deuda comprenderá las obligaciones devengadas hasta el mes
de diciembre de 2003 inclusive y los intereses resarcitorios devengados hasta
la fecha de consolidación de la misma.
“La adhesión
al régimen de regularización no obsta al cumplimiento del pago de los aportes
y/o cotizaciones previsionales fijas, que hubiesen correspondido en el período
enero del año 2004 hasta el último mes vencido anterior a la fecha de
presentación de la solicitud de adhesión.”
Entonces, mi
propuesta consiste en reemplazar los artículos 13 a 22 por este texto. En pocas
palabras, lo que este artículo hace es habilitar la moratoria sin tiempo
definido –lo mismo que quieren hacer con la pensión, pero con la moratoria- y
elimina la pensión, todo en una misma norma.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: sugerimos votar el artículo 13 conforme con las aclaraciones
que he formulado, sin considerar el resto de las sugerencias, dado que la
pensión para el adulto mayor está prevista precisamente para aquellos casos en
los cuales el adulto mayor no cuenta con ningún otro beneficio adicional.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Solá.- Señor
presidente: están invirtiendo completamente el sentido de la pensión para los
adultos mayores. A pesar de que hemos discutido ese sentido en general tratando
infructuosamente de reemplazar la jubilación, es decir, la prolongación de la
moratoria que aquí se ha comprometido para los varones, además de las mujeres,
nosotros no podemos votar este artículo según su actual redacción. Ello, porque
si aprobáramos una pensión para adultos mayores destinada a quienes tienen más
de 65 años, que por equis razón no se han podido jubilar, no han hecho juicio y
son los más pobres porque perciben un plan social, estaríamos permitiendo que
también la percibiera el patrón de la empresa más grande del mundo, con
residencia en la Argentina, en la medida en que no haya completado sus aportes,
tenga más de 65 años y le importe un bledo la jubilación.
Entonces,
nosotros no votamos junto a “Hood Robin”. Me parece una ficción.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: aceptamos la sugerencia del diputado Solá.
Sr. Solá.- Quiero
agradecerle que nos haya escuchado, y pido disculpas por la pasión con la que
dije esto, pero creo verlo claro.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas y
aceptadas por la comisión, se va a votar nominalmente el artículo 13.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 237 señores
diputados presentes, 149 han votado por la afirmativa y 86 por la negativa,
registrándose además 1 abstención.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 149 votos por la afirmativa, 86 por la negativa y 1 abstención.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
ARTÍCULO 13
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración el
artículo 14.
Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: lo único que hemos explicado es que no apoyamos la Pensión
Universal para el Adulto Mayor. Es decir que hasta el artículo 21 vamos a votar
en forma negativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: respecto del artículo 14 no hay modificaciones en el proyecto
aprobado en general.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el
artículo 14.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 236 señores
diputados presentes, 144 han votado por la afirmativa y 91 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 144 votos por la afirmativa y 91 votos por la
negativa. No se han registrado abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
ARTÍCULO 14
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración el
artículo 15.
Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: sugiero votar en conjunto desde el artículo 15 hasta el
artículo 21, ya que no sufrieron modificaciones respecto del proyecto aprobado
en general.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: dado lo avanzado de la hora y para no generar ninguna
confusión, a partir del artículo 22 seguramente vamos a incorporar alguna
modificación. En consecuencia, aceptamos que se vote en conjunto hasta el
artículo 21, inclusive.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: nosotros vamos a plantear una incorporación en el artículo 21
bis. Hasta el artículo 21 inclusive vamos a votar en forma negativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- Se va a votar
nominalmente, en forma conjunta, los artículos 15 a 21.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 235 señores
diputados presentes, 151 han votado por la afirmativa y 83 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 151 votos por la afirmativa y 83, por la
negativa. No se han computado abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
ARTÍCULO 15 a 21 INCLUSIVE.
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración el
artículo 21 bis.
Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: en la nueva numeración, el artículo 21 bis pasa a ser
artículo 22, en el que se establece la continuidad de la moratoria para las
mujeres.
El artículo
22 quedaría redactado de la siguiente manera: “Las mujeres que durante el plazo previsto en el artículo 12 cumplieran
la edad jubilatoria prevista en el artículo 37 de la ley 24.241 y fueran
menores de la edad prevista en el artículo 13 de la presente, podrán optar por
el ingreso en el régimen de regularización de deudas previsionales previsto en
la ley 26.970 en las condiciones allí previstas.
“El plazo mencionado en el artículo 12
podrá ser prorrogado por igual término para los fines previstos en el presente
artículo.
“Ratifícase la vigencia de la ley
24.476, sus modificatorias y complementarias.”
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.- Señor presidente: nosotros hemos insistido
mucho en la necesidad de la prórroga y de generar una protección adicional para
las mujeres entre 60 y 65 años. Por eso, en su momento solicitamos la
incorporación de la prórroga establecida en la moratoria previsional.
Lo que no aceptamos es la ratificación
de la ley 24.476, a la que hizo referencia el señor diputado Laspina. Nosotros
consideramos que hay que establecer una prórroga de la moratoria previsional,
pero no en los términos de lo establecido en esa norma.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Bossio.- Señor presidente: aceptamos la
incorporación de que las mujeres puedan entrar en la última moratoria, aprobada
por unanimidad por el Congreso, extendiéndose por tres años.
En el caso de los hombres se ratifica
una ley que está vigente y no tiene sentido. Se trata de una moratoria –también
aprobada por el Congreso‑ que es muy poco usada, y en casos muy
particulares, hasta el año 93. Ratificar algo vigente no tiene ningún sentido.
Nosotros planteamos excluir ese párrafo y proponemos que para el caso de los
hombres se restablezca la vigencia del artículo 6º de la ley 25.994, del año
2004, y del decreto 1.454, del año 2005. Se trata de una ley propuesta por el
entonces presidente Néstor Kirchner, que fue aprobada también por unanimidad,
ratificada y extendida por un año más por el mencionado decreto.
De esta manera, todos aquellos hombres
que puedan entrar en un régimen de moratoria podrán regularizar sus deudas
previsionales hasta el año 2007. Además, esta moratoria –que en su momento
impulsó Sergio Massa como director ejecutivo de la ANSES‑ permite no
solamente regularizar las deudas de aquellos que se jubilan y cumplen con la
edad requerida –que es lo que establece la ley 26.970‑, sino también las
de quienes están por jubilarse y pueden regularizar sus haberes. Esto es
conveniente para los hombres, y en este caso estaríamos ratificando las dos
situaciones: las mujeres se pueden jubilar a los 60 años con una
extensión de la moratoria por tres años ‑supuestamente, en tres años
discutimos una nueva ley previsional‑ y los hombres también, con una
extensión de un año.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: según entiendo, estamos coincidiendo con el diputado Bossio
en el caso de la moratoria planteada en 2005, en la época en la que Sergio
Massa estaba en la ANSES, la que dispone establecer la vigencia del artículo 6°
de la ley 25.994 y el decreto 1.454/05.
Sugiero
desdoblar la vigencia de la ley 25.994 en un artículo nuevo, el 22 bis, ya que
creemos que la moratoria de hombres y mujeres debiera ser igual. Es decir,
planteamos extender ambas moratorias, ya que hemos rechazado la pensión
universal. Por eso, el artículo 22 diría: “Todas aquellas personas que cumplan
con la edad jubilatoria de acuerdo a lo establecido en la ley 24.241 podrán
optar por el ingreso en el régimen de regularización de deudas previsionales
previsto por la ley 26.970 en las condiciones allí previstas”.
Dicho de otra
manera, respecto de lo que planteó el dictamen de mayoría, extender en la
moratoria actual de 60 a 65 años la edad de las mujeres, proponemos extenderla
tanto para hombres como para mujeres. En el caso de la moratoria anterior,
propongo hacerlo en un artículo separado, dado que es posible que haya acuerdo
respecto de un punto pero no del otro. Si hubiese consenso, podríamos hacerlo
de este modo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: vamos a aceptar la modificación sugerida por el señor
diputado Bossio. Le voy a solicitar que lea el artículo para que queden bien
clarificados los plazos de extensión de esa moratoria.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Bossio.-
Diría: “Para el caso de los hombres, restablécese la vigencia del artículo 6°
de la ley 25.994 y el decreto 1.454/05 por el término de un año, el cual puede
ser prorrogable por un año más.”
Esto está
pensado para aquellos hombres que tienen cierta cantidad de años de aportes.
Aquellos que no tienen ningún tipo de aporte, automáticamente pueden entrar en
la pensión no contributiva, que de hecho es beneficioso porque, además, el
descuento es menor y tienen el PAMI. Aquellos hombres que acumulan ocho, diez,
quince o veinte años de aportes van a poder jubilarse y ejercer el derecho a
los 65 años, y las mujeres, a los 60.
Agradecemos
que hayan aceptado la modificación y la vigencia de algo que para nosotros es
central.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: en línea con lo que decía al principio, coincidimos con la
prórroga de esta moratoria.
Como bien se
dijo, tal moratoria se estableció por el actual diputado Massa cuando estuvo a
cargo de la ANSES. Creemos que esta es una buena medida que se puede tomar. Las
mujeres entre 60 y 65 años pueden optar por la moratoria, y los hombres también
tendrían la posibilidad de incorporarse.
Aceptamos la redacción propuesta por el diputado Bossio.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Formosa.
Sr. Díaz Roig.-
Señor presidente: entiendo que en esta interpretación, dada la metodología
técnica, las deudas podrán regularizarse hasta diciembre de 2007.
Sr. Laspina.- Así
es.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Entonces, lo que sacan es lo de 65 años para los hombres. ¿La moratoria
propuesta por Massa es para todos?
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Bossio.- Para
el caso de las mujeres, sigue vigente por tres años la moratoria que vence en
septiembre de este año. Es una moratoria fácil, sencilla y poco onerosa.
En el caso de
los hombres, cuando llegan a los 65 años, si no tienen ningún tipo de aporte
les resultará conveniente solicitar la pensión no contributiva, que tiene PAMI,
y además la cuota es menor. A aquellos hombres que tengan cuatro, cinco, diez,
doce años de aportes, incluso treinta años, que son la mayoría, pagando muy
poco les convendrá una moratoria que regulariza haberes, que es la de 2007: la
primera que permitió que se incorporaran 1.900.000 jubilados al sistema.
De esta
manera quedan vigentes las dos moratorias más fuertes que hubo. De hecho, si
uno calcula bien, podría jubilarse con la moratoria incluso quien no tuviera
aporte alguno.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas y
aceptadas por la comisión, se va a votar nominalmente el artículo 21 bis.
Sr. Kicillof.-
Vamos a acompañar.
Sr. Presidente (Monzó).- El bloque del Frente para la
Victoria acompaña la aprobación de este artículo. (Aplausos en las bancas.)
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 240 señores
diputados presentes, 231 han votado por la afirmativa y 7 por la negativa. No
se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Sobre un total de 240 señores diputados, 231 votaron por la
afirmativa y 7 por la negativa. No hubo abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL DEL ARTÍCULO 21 BIS
Sra. Llanos.-
Quiero aclarar que he votado por la afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Se tomará nota, señor diputado.
En
consideración el artículo 22.
Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: hay solo cambios de numeración con respecto a los artículos
22 a 24 del proyecto aprobado en general, que pasan a ser 23, 24 y 25. Sugiero
votarlos en bloque, si no hay objeciones.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: quiero dejar en claro que esto tiene que ver con la situación
de los acuerdos firmados por las provincias. Vamos a acompañar.
También
quiero señalar que planteamos la ratificación del acuerdo, tal como se hizo con
Santiago del Estero, es decir, el 1,9 por ciento. Vamos a acompañar, pero
pedimos agregar esto.
Por otro lado, proponemos que lo relativo a
las cajas provinciales se lleve a cabo en ciento veinte días. Este es un cambio
que ya habíamos propuesto en nuestro dictamen de minoría. Sugerimos que esto se
haga automáticamente, como si hubiese armonización automática de las cajas, lo
que ya se discutió en comisión.
Reafirmo que
vamos a acompañar la aprobación de estos artículos, aunque entendemos que están
incompletos. Es necesario agregar el 1,9 por ciento al que aludí, y lo relativo
a la armonización automática de las cajas a través de la cobertura de la
Nación.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: sugiero que los artículos en tratamiento se voten sin
modificaciones, salvo el cambio de numeración.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: quiero hacer una aclaración. La armonización del sistema
previsional de las provincias provendrá del nuevo artículo 27. Esto ya lo vamos
a ver; todavía no llegamos a esa parte.
Con respecto
a los artículos 23, 24 y 25 no proponemos modificaciones más que de forma; los
aceptamos tal como están redactados.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Entre Ríos.
Sr. Solanas.-
Señor presidente: el artículo 25 bis, que se refiere a la armonización de los
sistemas previsionales provinciales, ¿con qué número queda, con el 25 o el 25
bis?
Sr. Daer.- Pasa a
ser el artículo 27.
Sr. Presidente (Monzó).- Es el artículo 27, pero eso está más
adelante, señor diputado.
Sr. Solanas.- El
que yo tengo es el 25 bis.
Sr. Presidente (Monzó).- Se encuentran en consideración los
artículos cuya numeración original es 22, 23 y 24, que ahora tendrán los
números 23, 24 y 25, respectivamente.
Se va a votar
en la forma indicada, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la
comisión.
- Se practica la votación nominal.
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia desea saber si el
diputado Anselmo Martínez se abstiene.
Sr. Martínez (O.A.).-
Sí, señor presidente.
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 237 señores diputados presentes, 229 han votado por la
afirmativa y 6 por la negativa, registrándose además una abstención.
Sr. Secretario (Inchausti).- Votaron 229 diputados por la
afirmativa, 6 por la negativa y hubo una abstención.
aquí VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 25.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: ahora es el artículo 26.
Sr. Presidente (Monzó).- A efectos de que todos los diputados
identifiquen la numeración de los artículos, la Presidencia los nombrará según
su numeración original.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: ahora vamos a considerar el artículo 25 del dictamen.
Sr. Presidente (Monzó).- Exactamente, que pasa a ser el
artículo 26.
Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Laspina.- Señor
presidente: aquí incorporamos un párrafo a propuesta del diputado Pastori, del
interbloque Cambiemos, que básicamente exime de los requisitos para la
aprobación de préstamos de la ley de responsabilidad fiscal.
El artículo
25 del dictamen, que pasaría a ser 26 y quedaría redactado de la siguiente
manera, dice así: “El Tesoro nacional, con cargo a Rentas Generales, deberá
cubrir un importe equivalente a las sumas que se dejen de detraer como
consecuencia de lo convenido en los acuerdos ratificados en el presente título,
importe que seguirá siendo considerado como referencia a los fines del cálculo
de la movilidad dispuesta por la ley 26.417.
“El
otorgamiento del préstamo de libre disponibilidad que establece el artículo 3º
del acuerdo que por la presente ley se ratifica no estará sujeto a la
autorización previa que establece el artículo 25 de la ley 25.917.”
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: nuestro bloque acepta la modificación propuesta.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: nuestro bloque también acepta esta modificación.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas y
aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 25, ahora, 26.
- Se practica la
votación nominal.
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 233 señores diputados presentes, 227 han votado por la
afirmativa y 5 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Votaron 227 diputados por la
afirmativa y 5 por la negativa, y no hubo abstenciones.
aquí VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 25 bis,
ahora, 27.
Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: no proponemos modificación alguna respecto de este artículo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: nuestro bloque apoya este artículo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: simplemente quiero indicar que nosotros venimos proponiendo
este artículo. Anteriormente el diputado Brügge hizo una exposición muy clara
al respecto, explicando los motivos por los que solicitaba la incorporación de
este artículo y la necesidad de avanzar en este sentido.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Bossio.-
Señor presidente: nuestro bloque apoya este artículo; el diputado Ziliotto y el
gobernador Verna insistieron en su inclusión.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (O.A.).-
Señor presidente: quiero indicar que me voy a abstener.
Sr. Presidente
(Monzó).- Si hay asentimiento de la
Cámara, se autorizará la abstención.
-Asentimiento.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 25 bis,
ahora, 27.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 235 señores diputados presentes, 227 han votado por la
afirmativa y 6 por la negativa, registrándose además una abstención.
Sr. Secretario (Inchausti).- Votaron 227 diputados por la
afirmativa y 6 por la negativa, y hubo una abstención.
aquí VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 26,
ahora, 28. Como veo que este capítulo tiene pocas modificaciones, sugiero que
se haga alguna propuesta interesante para acortar los tiempos.
Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: en el artículo 26, que pasa a ser el 28, el agregado de los
incisos a), b) y c) en los tres párrafos obedece a una cuestión de presentación
y claridad. El artículo 27, ahora, 29, no presenta modificación alguna. Por lo
tanto, sugiero votarlos en conjunto
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: quiero acompañar la propuesta interesante que ha realizado el
diputado Laspina en el sentido de votar en conjunto estos artículos.
Por otro
lado, queda en claro que se estableció un porcentaje en el artículo que pasa a
ser 29 ‑anteriormente, 27‑, en el que se incorporan restricciones
en cuanto a qué disponibilidades se pueden realizar sobre el fondo y las
variaciones respecto de los topes que se establecen en los artículos
siguientes.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: nosotros no creemos que haya que hacer un cambio en el
régimen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En particular, hay una serie
de objeciones que ya hemos expresado, pero dado que vamos a votar en forma
negativa tanto el capítulo I como el capítulo II, queremos que se sostenga un Fondo
de Garantía de Sustentabilidad con un uso destinado exclusivamente a cuestiones
circunstanciales vinculadas a problemas peculiares y no a lo que se pretende.
Tomo con
beneplácito las palabras del señor diputado Negri, quien oportunamente dijo que
no existía la intención de vender acciones, de la misma manera que lo hizo el
jefe de Gabinete de Ministros en su visita a esta Cámara. Entonces, me pregunto
cuál es el motivo por el que se autoriza la venta de acciones. Esperemos que
cumplan con su palabra. De todas maneras, no creemos que sea necesario este
artículo si no se piensa vender.
No creemos
que para limitar esta posibilidad sea operativo y efectivo lo planteado por
algunos diputados de la oposición en cuanto a fijar un piso para que se pueda
vender parte del fondo, o contemplar una opción de OPA. De forma tal que no
estamos de acuerdo.
Tampoco
estamos de acuerdo con la posibilidad del fondo de adquirir títulos
extranjeros. Así que vamos a votar en contra.
De todas
maneras, hago la sugerencia de que esto sea modificado para no generar un mayor
daño del que se está haciendo.
Sr. Presidente
(Monzó).- Si no entendí mal, ¿podemos votar en bloque
los capítulos I y II?
Sr. Bossio.- Pero
hay muchas modificaciones.
Sr. Presidente
(Monzó).- Diputado Bossio: si acepta
mi propuesta, usted puede hacer una consideración sobre el capítulo II, pero la
votación podríamos hacerla en conjunto.
Sr. Bossio.-
Preferiría que se vote por artículo.
Sr. Presidente
(Monzó).- Entonces, votaremos por
artículo. No logro reducir el tiempo.
Tiene la
palabra el señor diputado por Formosa.
Sr. Díaz Roig.-
Señor presidente: por la importancia del caso, quiero reiterar que hace menos
de sesenta días en este recinto el jefe de Gabinete de Ministros, como consta
en la versión taquigráfica, informó por escrito que no está en los planes del
gobierno realizar durante 2016 ninguna actividad con respecto a las acciones de
las empresas que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En segundo
lugar, quiero hacer una reserva muy especial para que la razonemos debidamente
por respeto al Congreso. Está vigente una ley por la que se exige el 66 por
ciento de los votos del Congreso ‑una mayoría calificada‑ para
transferir las acciones de las empresas heredadas de las AFJP. En esa misma ley
‑para decirlo una sola vez, porque vamos a votar todo en contra‑ se
establece la forma de derogación. Esto no autoriza a dar por válida la
disposición de venta de las acciones, porque no está firme esta norma con la
sanción de Diputados ‑si la obtuvieran‑, ni está confirmada por el
Senado, y menos aún, no vetada por nuestro presidente. De tal suerte que es
absolutamente nula e inválida la disposición.
Cuando se
considere el artículo pertinente la Presidencia debería hacer constar que la
autorización de la venta de acciones debe aprobarse con los dos tercios de los
votos.
Pido esto
especialmente; si no, hago la reserva correspondiente ‑por ser esta la
primera oportunidad‑ de concurrir ante la Justicia federal por violación
de la garantía del debido procedimiento legislativo. El Congreso sancionó una
ley, que pueden derogar con el 51 por ciento, pero recién cuando quede derogada
podrán disponer la venta de las acciones de las empresas que integran el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad.
Sr. Presidente
(Monzó).- Para ordenar la votación,
diputado Bossio, ¿podemos votar en bloque el capítulo I, artículos 26 –ahora,
28‑ y 27 –ahora, 29?
Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Simplemente quiero ratificar lo que había dicho antes de que se vote en bloque.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Quiero aclarar el sentido de nuestro voto hasta el artículo 35, ya sea que se
vote por artículo o en bloque, votaremos en forma negativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- Se va a votar nominalmente,
en un solo acto, los artículos 26 –ahora, 28‑ y 27 –ahora, 29.
- Se practica la
votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 222 señores diputados
presentes, 127 han votado por la afirmativa y 94 por la negativa.
Sr. Secretario
(Inchausti).- Han votado 128 señores
diputados por la afirmativa, 93 por la negativa y no se han registrado
abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).-
En consideración el artículo 30.
Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: en el tercer párrafo del artículo 28 del dictamen de mayoría,
actual artículo 30, se establece un tope a las tenencias de letras del Tesoro y
préstamos del sector público, tal como existe en la ley actual, pero se
incorpora que ese máximo será neto de los topes previstos en el presente
artículo. Dado que se han establecido topes mínimos a la tenencia de
determinados activos, es materialmente imposible llegar al ciento por ciento
del activo en tenencia de títulos públicos, letras del Tesoro o préstamos.
De modo tal
que hacemos esa incorporación en el tercer párrafo del artículo 28 del dictamen
de mayoría, que voy a leer para que quede registrado en la versión
taquigráfica. Dice así: “Operaciones de crédito público de las que resulte
deudor el Estado nacional a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas, ya sean títulos públicos, letras del Tesoro o
préstamos hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los activos totales del
fondo. Podrá aumentarse al cien por ciento (100 %) neto de los topes previstos
en el presente artículo en la medida que el excedente cuente con recursos
afectados específicamente a su cumplimiento...”, y termina el párrafo sin
modificaciones.
En el inciso e) del mismo artículo se hace una
corrección de forma, donde dice: “Acciones y/u obligaciones negociables
convertibles en acciones de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas
cuya oferta pública esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores y que
estén listadas en mercados autorizados por dicha comisión cuyo objeto sea
organizar las operaciones...”; el resto sigue sin modificaciones.
Hay una
modificación respecto al tercer inciso, que es de forma, y que se elimina. También hay dos modificaciones de fondo, en
el sentido de suprimir los incisos h) e i), que hacen referencia a la
posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES oriente
sus inversiones hacia activos externos.
El resto son
modificaciones de forma relativas a la nueva numeración de los incisos del
presente artículo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: en el dictamen de mayoría se han incorporado restricciones en
cuanto a la forma en que se puede hacer la venta de acciones o de activos.
Nosotros estamos conformes con la incorporación de estas restricciones y
también hemos pedido que se efectúen estas nuevas modificaciones, en el sentido
de eliminar la posibilidad que tenía el fondo de realizar inversiones en el
extranjero. De ese modo estaríamos apoyando este artículo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Bossio.-
Señor presidente: apoyamos la idea de no vender acciones en el exterior. Esto
ya fue aprobado por el Congreso Nacional en su oportunidad. Posteriormente, el
Poder Ejecutivo dictó un decreto por el que se impedía la venta de acciones en
el exterior y la repatriación de aquellos activos que estuvieran fuera del
país. En consecuencia, aceptamos esa modificación.
De todos
modos, no queremos que se establezcan límites respecto de la venta de acciones.
Como lo hemos señalado, creemos que ese es un muy buen activo que se debe
seguir sosteniendo en el FGS. Por esa razón, vamos a votar en contra.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el
artículo 28 original, ahora artículo 30, con las modificaciones propuestas y
aceptadas por la comisión.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 206 señores
diputados presentes, 122 han votado por la afirmativa y 80 por la negativa,
registrándose además 3 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Hubo 122 votos por la afirmativa, 80 por la negativa y 3
abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 29,
ahora, 31.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: los dos artículos que vienen a continuación no registran
cambios respecto del dictamen de mayoría, por lo que sugiero votarlos en
bloque.
Sr. Presidente (Monzó).- Así se hará, señor diputado.
Se van a
votar nominalmente los artículos 29 y 30 originales, ahora, 31 y 32.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 215 señores
diputados presentes, 127 han votado por la afirmativa y 86 por la negativa. No
se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Hubo 127 votos por la afirmativa y 86 por la negativa. No hubo
abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).-
En consideración el artículo 31, ahora, 33.
Tiene la palabra el señor miembro
informante.
Sr. Laspina.- Señor presidente: quiero proponer una
modificación de forma respecto del tercer párrafo de este artículo. Allí se
hace referencia a las garantías previstas en el artículo 30 del dictamen de
mayoría, que fueron sustituidas en dicho despacho por cauciones. En
consecuencia, esa es la modificación de forma que se propone.
Voy a dar lectura de la redacción de
este párrafo con la modificación propuesta. Dice así: “De dichas cuentas solo
podrán efectuarse extracciones destinadas a la realización de inversiones para
el fondo, a las erogaciones previstas en el artículo 29 de la ley de creación
del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, al
pago de endeudamiento y satisfacción de cauciones emitidas con los topes del
artículo 76, inciso c), y al pago de las prestaciones”.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.- Señor presidente: efectivamente, este es un
cambio de forma que responde a una modificación en el articulado anterior, por
lo que vamos a acompañarlo.
Sr. Presidente (Monzó).-
Se va a votar nominalmente el artículo 31, ahora 33, con las
modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 215 señores
diputados presentes, 124 han votado por la afirmativa y 90 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Hubo 124 votos por la afirmativa y 90 por la negativa. No hubo
abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 32,
ahora, 34.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Barletta.-
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
Sr. Laspina.- Sí,
señor diputado.
Sr. Presidente (Monzó).- Para una interrupción tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Barletta.-
Señor presidente: no sé si es posible, pero para que usted no tenga que decir
cada vez cuál es el artículo original y cuál el nuevo que se vota, me parece
que debería enunciar el artículo que corresponda de acuerdo con la numeración
que todos tenemos. Posteriormente se corregiría la numeración desde el artículo
que estamos considerando hasta el artículo 94. Formulo esta propuesta porque me
parece que el hecho de que usted tenga que reiterar todas las veces cuál era el
artículo viejo y cuál el nuevo no agrega ni quita nada. Mientras que todos sepamos qué estamos votando es
suficiente.
Sr. Presidente (Monzó).-
Señor diputado: el objetivo de la metodología adoptada es ser prolijos. Si
usted lo entiende más rápido, lo felicito. (Risas.)
Tiene la palabra el señor miembro
informante.
Sr. Laspina.- Señor presidente: los artículos 32, 33 y 34
del dictamen de mayoría no presentan modificaciones, salvo en cuestiones de
forma y en la numeración. Sugiero votarlos en bloque.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.- Señor presidente: estamos de acuerdo con
votar en bloque, pero solicito que se repitan los artículos.
Sr. Presidente (Monzó).-
Se trata de los artículos 32, 33 y 34 originales.
Tiene la palabra el señor diputado por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.- Señor presidente: estamos a favor de
votarlos en conjunto; no hay cambios.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.- Señor presidente: nosotros habíamos
adelantado que hasta el artículo 33 viejo, 35 nuevo, íbamos a votar en contra.
Ahora estamos pasando al libro II, según entiendo. ¿Es el primer artículo del
libro II?
Sr. Presidente (Monzó).-
Sí, señor diputado, pasamos al primer artículo del libro II.
Sr. Kicillof.-
Entonces, quiero hacer un comentario general sobre esta cuestión. El tema del
blanqueo ya lo hemos expuesto en el tratamiento en general, pero quiero
aclararlo aquí por una serie de temas que me parece que surgen de este artículo
y los sucesivos.
Nosotros
planteamos tres objeciones centrales por las que no estamos de acuerdo con el
blanqueo. Hay una cuestión que tiene que ver con el alcance a los familiares,
que aparece en el antiguo artículo 80, que es el 82 nuevo.
Básicamente
lo que nosotros queremos plantear es que pretendemos una repatriación; y
después vamos a introducir algo con respecto al artículo 60. Queremos que sea
una repatriación, no solo un blanqueo.
En segundo
lugar, tenemos un artículo especial para que no puedan blanquearse fondos,
tenencias, en países con los que la Argentina no posea acuerdos para el
intercambio de información tributaria, concretamente, paraísos fiscales.
Nosotros
hemos dicho que los blanqueos sirven cuando uno no conoce dónde están los
fondos, pero siendo que en algunos paraísos fiscales ha habido filtraciones,
como en el caso de Panamá, ahora sí sabemos dónde están los fondos y de quiénes
son, y no corresponde un blanqueo; esto lo convierte en una amnistía.
Por eso no
estamos de acuerdo con el planteo. Hemos hecho una propuesta de blanqueo que sí
toma estos parámetros, tal como se ha propuesto en el dictamen de minoría. Por lo tanto, nos vamos
a oponer a la propuesta que aquí se hace. Y con respecto a los familiares,
consideraremos la cuestión cuando pasemos al título correspondiente, y haremos
nuestra propuesta.
Oportunamente
le diré qué artículos votaremos negativamente.
Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señor diputado.
Se va a votar
el artículo 34 nuevo, 32 viejo, y terminamos con este libro.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 229 señores
diputados presentes, 126 han votado por la afirmativa y 102 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 126 votos por la afirmativa, 102 votos por la
negativa y ninguna abstención.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 35,
original 33.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 227 señores
diputados presentes, 124 han votado por la afirmativa y 100 por la negativa,
registrándose además 2 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 124 votos por la afirmativa, 100 votos por la
negativa y 2 abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente
(Monzó).- Ahora, pasamos al primer
artículo del libro II.
Se va a votar
el artículo 36 nuevo, 34 en el dictamen de mayoría.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 232 señores
diputados presentes, 147 han votado por la afirmativa y 84 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 147 votos afirmativos y 84 negativos.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Carrizo (A.C.).- Señor presidente: informo que
mi voto fue afirmativo.
Aquí votación nominal
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración el
artículo 37 nuevo, 35 original.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: voy a leer a partir del tercer párrafo del artículo 35 del
dictamen, 37 nuevo. De ahí en adelante hay variadas modificaciones de forma y
de fondo.
Una
modificación de fondo se refiere a la fecha de preexistencia de los bienes a
los fines de la declaración voluntaria y excepcional prevista en el proyecto
para exteriorizar activos. En el caso de las personas humanas se establece la
nueva fecha de preexistencia de los bienes al momento de la promulgación de la
presente ley.
En el caso de
las personas jurídicas se mantiene la fecha que figuraba en el dictamen de
mayoría, esto es el 31 de diciembre de 2015.
Paso a leer
esta modificación de forma que implica varias modificaciones de fondo en el
resto del articulado. De ahora en adelante se hará referencia a los plazos de
preexistencia de los bienes para referirse respectivamente a las personas
humanas y a las jurídicas.
Voy a leer a
partir del tercer párrafo de este artículo: “Los bienes declarados deberán ser
preexistentes a la fecha de promulgación de la presente ley en el caso de
bienes declarados por personas humanas, y a la fecha de cierre del último
balance cerrado con anterioridad al 1° de enero de 2016, en el caso de bienes
declarados por personas jurídicas. En adelante se referirá a estas fechas como
Fecha de Preexistencia de los Bienes.
“También
quedarán comprendidas las tenencias de moneda nacional o extranjera que se
hayan encontrado depositadas en entidades bancarias del país o del exterior
durante un período de tres (3) meses corridos anteriores a la Fecha de
Preexistencia de los Bienes, y pueda demostrarse que con anterioridad a la
fecha de la declaración voluntaria y excepcional:
“a) Fueron utilizadas en la
adquisición de bienes inmuebles o muebles no fungibles ubicados en el país o en
el exterior, o;
“b) Se hayan incorporado como
capital de empresas o explotaciones o transformado en préstamo a otros sujetos
del Impuesto a las Ganancias domiciliados en el país. Debe además cumplirse que
se mantengan en cualquiera de tales situaciones por un plazo no menor a seis
(6) meses o hasta el 31 de marzo de 2017, lo que resulte mayor.
“No podrán
ser objeto de la declaración voluntaria y excepcional prevista en este Título,
las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior, que estuvieran
depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados
en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera
(GAFI) como de Alto Riesgo o No Cooperantes.”
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: aceptamos las modificaciones propuestas por el señor miembro
informante.
Sr. Presidente
(Monzó).- Con las modificaciones
propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 37 nuevo, 35
original.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 232 señores
diputados presentes, 146 han votado por la afirmativa y 85 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 146 votos afirmativos, 85 negativos y ninguna
abstención.
aquí votación nominal
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: quería aclarar que hasta el artículo 55 bis... –de la vieja
moneda (Risas.)- ...vamos a votar
negativamente. Veo que habrá muchas modificaciones que obedecerán a los cambios
que se han realizado, pero no al accionar de nuestro bloque.
Sr. Presidente
(Monzó).- ¿Seguiremos votando
nominalmente?
Sr. Kicillof.-
Así es, señor presidente.
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración el
artículo 38 nuevo, 36 original.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: vamos a proponer una modificación de referencia en el inciso
c), que hacía mención al artículo 42. Ahora se refiere al 44. También hay una
modificación de fondo en el último párrafo del actual artículo 38, antiguo
artículo 36, por el que se da tiempo para la presentación de la declaración
jurada del impuesto a las ganancias en el período fiscal 2017 para que los
bienes estén declarados a nombre del declarante. Esto es en virtud de que la
moratoria, la amnistía previsional o el régimen de exteriorización rigen hasta
marzo de 2017 y, en algunos casos no podría dar tiempo suficiente para cambiar
el dominio en cabeza del contribuyente que declara los bienes. Entonces se
otorga un tiempo formal hasta el próximo año para la presentación de la
declaración jurada de bienes personales.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: a ver si entendí bien: en el inciso c) queda “artículo 42”.
Después, en el último párrafo, se cambia el año por “2017”. Estamos de acuerdo
con el cambio. Sin embargo, tengo una duda en relación con el párrafo anterior.
No sé si se refiere al artículo 36 o 34.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: en el penúltimo párrafo de este artículo debe decir “36” en
lugar de “34”. Es algo que omití por error.
Sr. Presidente
(Monzó).- Con las modificaciones
propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 38 nuevo, 36
original.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 232 señores
diputados presentes, 147 han votado por la afirmativa y 84 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 147 votos afirmativos, 84 negativos y ninguna
abstención.
Aquí votación nominal
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 39
nuevo, 37 original.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: este artículo tiene una mínima modificación de forma, que en
lugar de decir “le” debe decir “les”. Así que sugiero votarlo sin
modificaciones.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 39 nuevo,
37 original, con la modificación propuesta por la comisión.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 229 señores diputados presentes, 145 han votado por la
afirmativa y 83 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Votaron 145 diputados por la
afirmativa y 83 por la negativa, y no hubo abstenciones.
aquí VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 40
nuevo, 38 original.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: esto va en línea con las modificaciones que mencioné
anteriormente respecto a la fecha de preexistencia, dado que en cada caso son
fechas distintas para personas humanas o para personas jurídicas. Lo que se
hace en el primero, cuarto y sexto párrafos es reemplazar “al 31 de diciembre
de 2015” o “a la fecha de declaración voluntaria, si ésta fuera posterior” por
“a la Fecha de Preexistencia de los Bienes”.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 40 nuevo,
38 original.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 227 señores diputados presentes, 144 han votado por la
afirmativa y 81 por la negativa, registrándose además una abstención.
Sr. Secretario (Inchausti).- Votaron 144 diputados por la
afirmativa y 81 por la negativa, y hubo una abstención.
aquí VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Bossio.-
Señor presidente: como algunos diputados ya han dicho que hasta el artículo 55
votarán por la negativa, y nosotros adelantamos que votaremos por la
afirmativa, al igual que el bloque del Frente Renovador, propongo que el señor
miembro informante fundamente los cambios hasta ese artículo y votemos en
bloque. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: adhiero a la propuesta formulada por el señor diputado
preopinante.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Mendoza.
Sr. Borsani.-
Señor presidente: tengo entendido que el señor miembro informante propondrá
modificaciones respecto del artículo 55, que tiene por escrito. En caso de que
no disponga de ellas, yo puedo leerlas.
Sr. Presidente (Monzó).- Previamente, se va a votar la moción
formulada por el señor diputado Bossio.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobada la moción.
En
consecuencia, el señor miembro informante fundamentará los cambios a los
artículos 41 a 55 nuevos.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: en los artículos 41, 42 y 43 nuevos no hay modificaciones.
En el
artículo 44 nuevo hay cambios en la referencia a los artículos. En consecuencia,
el artículo 36 pasa a ser 38, y la expresión “39 y/o 40” pasa a ser “41 y/o
42”. A renglón seguido, se agrega el siguiente párrafo: “Dentro de los períodos
mencionados en el párrafo precedente, el sujeto que realiza la declaración
voluntaria y excepcional podrá retirar los fondos depositados a fin de adquirir
bienes inmuebles o muebles registrables, conforme lo establezca la
reglamentación.”
Este párrafo
se incorpora básicamente para permitir que en el plazo de seis meses que
estipula el proyecto durante el cual debe quedar depositado el efectivo o las
divisas exteriorizadas, puedan ser utilizados o retirados con antelación a los
fines de realizar una operación inmobiliaria o adquirir un bien mueble
registrable.
En el último
párrafo del texto original se hace referencia a las consecuencias del
incumplimiento de la condición establecida en este artículo, y se alude a “los
beneficios previstos en el libro II de la presente ley”. Proponemos que tales
beneficios se limiten solo a los contemplados “en el presente Título”.
La
modificación al artículo 45 consiste en el cambio de forma que mencioné antes,
que hace referencia a la Fecha de Preexistencia de los Bienes prevista en el
segundo párrafo del artículo 37. El mismo cambio opera en el inciso d). Y el
inciso e) queda redactado de la siguiente manera: “El saldo de la cuenta o
valor del portafolio, en su caso, expresado en moneda extranjera a la Fecha de
Preexistencia de los Bienes.”
En el párrafo
siguiente al inciso f) se hace referencia al artículo 36, que pasa a ser 38.
A
continuación del inciso d), luego de la expresión “Se faculta a la
Administración Federal de Ingresos Públicos para establecer medios y
documentación adicionales a los mencionados precedentemente, para acreditar la
titularidad”, debe decir “a la Fecha de Preexistencia de los Bienes,” y sigue
“de la tenencia de moneda extranjera en el exterior por parte de los sujetos
que realicen la declaración voluntaria y extraordinaria.” Aquí también
nuevamente en la misma línea.
Se suprime el
último párrafo del artículo 45 nuevo, anterior artículo 43, que dice: “En el
caso de personas humanas...”
En el
artículo 46 nuevo, en el punto 1 del inciso c), que comienza diciendo:
“Impuestos a las ganancias, a las salidas no documentadas…”‑, en lugar de
“las rentas consumidas” debe decir “los montos consumidos”.
Luego, en el
párrafo ubicado a continuación del inciso d, se vuelven a introducir los
términos “a la Fecha de Preexistencia de los Bienes”; se eliminan las
expresiones “al 31 de diciembre de 2015”, y en el caso de las personas humanas,
“a la fecha de declaración voluntaria si ésta fuese posterior.”
El artículo
52 del proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría, ahora 54, quedaría
redactado de la siguiente manera: “El acogimiento al presente régimen producirá
la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la
interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera
efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso
en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia
firme.” El resto de la redacción no sufre modificaciones.
Luego, el
señor diputado Borsani se referirá a una propuesta de modificación del artículo
55.
Sr. Borsani.- El
artículo 55 original, ahora 57.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. Camaño.-
Señor presidente: la cuestión es la siguiente. Usted debe guiarse por el
articulado del dictamen de mayoría, que está en consideración. Después, la
Cámara lo autorizará a renumerarlo. Ese es el procedimiento; no entiendo por
qué nos complicamos tanto repitiendo y sacando números de artículo. Al
respecto, el señor diputado Barletta hizo un planteo más temprano.
Sr. Presidente (Monzó).- Ocurre, señora diputada, que en su
momento el bloque del Frente para la Victoria quiso ordenar el articulado.
Ahora bien, si ya está ordenado con la nueva numeración, la Presidencia puede
continuar de acuerdo con ese criterio.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Tailhade.-
Señor presidente: no nos eche la culpa. El huevo de la serpiente es que sobre
estos temas se debe trabajar en comisión; pero como estaban desesperados por
traer un dictamen al recinto, ahora estamos haciendo este enchastre. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Simplemente se está estableciendo la
correlación entre los artículos, señor diputado.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: respecto de las modificaciones al artículo 44, hay una que me
parece importante y que vale la pena recalcar.
Concretamente,
se incorpora la posibilidad de comprar bienes muebles e inmuebles con los
fondos obtenidos del blanqueo. Creo que es fundamental resaltarlo, dado que
este destino para los fondos permitirá reactivar parte de la economía.
Con el resto
de las modificaciones al articulado, estamos de acuerdo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor miembro
informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: el artículo 53 del proyecto de ley contenido en el dictamen
de mayoría, ahora 55, no ha sufrido modificaciones.
El cuarto
párrafo del artículo 54 original, ahora 56, quedaría redactado de la siguiente
manera: “Las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones
sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno
derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia
de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha.”
El párrafo
que sigue, quedaría así: “También serán condonados los intereses resarcitorios
y/o punitorios correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley.” Esta es una modificación de forma.
En el
artículo 57 se elimina el inciso a)
porque genera una contradicción con el artículo precedente. Entonces, quedaría
redactado de la siguiente forma: “El beneficio que establece el artículo 55
procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e
intereses no condonados, algunas de las siguientes condiciones:
“a)
Cancelación mediante pago al contado, hasta la fecha en que se efectúe el
acogimiento al presente régimen, siendo de aplicación en estos casos una
reducción del quince por ciento (15%) de la deuda consolidada;
“b)
Cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al
respecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos, los que se
ajustarán a las siguientes condiciones:
“1. Un pago a
cuenta equivalente al cinco por ciento (5%) de la deuda. Por el saldo de deuda
resultante, hasta sesenta (60) cuotas mensuales, con un interés de financiación
del uno coma cinco por ciento (1,5%) mensual.
“2. Las Micro
y Pequeñas Empresas, conforme a la resolución de la Secretaría de Emprendedores
y de la Pequeña y Mediana Empresa N° 11/2016, podrán optar por el plan indicado
en el numeral 1 de este inciso o por ingresar un pago a cuenta equivalente al
diez por ciento (10%) de la deuda y, por el saldo de deuda resultante, hasta
noventa (90) cuotas mensuales, con un interés de financiación equivalente a la
tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina.
“3. Las
Medianas Empresas, conforme a la resolución citada en el numeral 2, y los
grandes contribuyentes podrán optar, por el plan indicado en el numeral 1 del
presente inciso, o por ingresar un pago a cuenta equivalente al quince por
ciento (15%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta noventa (90)
cuotas mensuales, con un interés de financiación equivalente a la tasa pasiva
promedio del Banco de la Nación Argentina sujeto a un piso del uno coma cinco
por ciento (1,5%) mensual.
“4. En el
caso de los contribuyentes y responsables de los impuestos que se encuentran
alcanzados por declaraciones de estado de emergencia y/o desastre agropecuario,
de conformidad con lo dispuesto en la ley 26.509, siempre y cuando las
declaraciones hubieran ocurrido en el transcurso del año 2016, se ofrecerá un
plan de facilidades de pago de hasta noventa (90) cuotas mensuales con un
interés del 1 por ciento (1%) mensual”.
Pido al señor
diputado Borsani que aclare esta modificación.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Mendoza.
Sr. Borsani.-
Señor presidente: para el punto 4, según comenzaba a leer recién el señor
miembro informante, proponemos el siguiente texto: “En el caso de los
contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad
social que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren
alcanzados por declaraciones de estado de emergencia y/o desastre agropecuario,
de conformidad con lo dispuesto en la ley 26.509, el plan de facilidades de
pago será de hasta noventa (90) cuotas mensuales, con un interés del 1 por
ciento (1 %) mensual.” Ahora alcanzo a la Secretaría el texto correspondiente.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: respecto de la propuesta del señor diputado Borsani,
aceptamos la modificación para excluir las declaraciones que hubieran ocurrido
durante el transcurso del año 2016, pero sugiero mantener “En el caso de los
contribuyentes y responsables de los impuestos que se encuentren alcanzados por
declaraciones de estado de emergencia”, tal como figura en el texto original.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. De Mendiguren.-
Señor presidente: queríamos rescatar y agradecer que se haya incluido la
propuesta del Frente Renovador, para poder llevar a las pequeñas y medianas
empresas que en los últimos días nos han visitado en esta casa, los noventa
meses de plazo, ya que atento a su grave situación hubiera sido imposible
trabajar con las sesenta cuotas. Así que acompañamos esa prórroga a noventa
meses que se ha otorgado en este artículo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: quisiera hacer una sugerencia respecto del punto 2 del inciso
b) propuesto, para que en lugar de citar la resolución de la Secretaría de
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, y atento a que durante esos
noventa meses puede haber actualizaciones, directamente se consigne “según lo
dispuesto por la resolución de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa.”, sin hacer mención a una normativa en particular. Reitero que
propongo esta modificación por si existiese alguna actualización, a efectos de
que nadie quede afuera. Se trata de una modificación de forma.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: quisiera hacer una última aclaración. Eliminamos “de los
impuestos y recursos de la seguridad social”. O sea que el texto sería el
siguiente: “En el caso de los
contribuyentes y responsables que se encuentren alcanzados por declaraciones de
estado de emergencia y/o desastre agropecuario…”, etcétera, y se elimina lo que
decía antes, “de los impuestos”, por entender que es redundante.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: no sé si será posible leer el párrafo, a partir del inciso 2,
para saber cómo quedaría, habida cuenta de que se incorporaron varias
modificaciones.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: el punto 2 del inciso b) quedaría redactado de la siguiente
manera: “Las Micro y Pequeñas Empresas, conforme a la resolución de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa N° 11/2016,
podrán optar por el plan indicado en el numeral 1 de este inciso o por ingresar
un pago a cuenta equivalente al 10 por ciento de la deuda y, por el saldo de deuda
resultante, hasta 90 cuotas mensuales, con un interés de financiación
equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina.”
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: reiterando lo que decía anteriormente, creo que debería decir
“conforme lo disponga la resolución de la Secretaría de Emprendedores y de la
Pequeña y Mediana Empresa”, y terminar ahí. Es decir, se agregaría “según lo
disponga” y se eliminaría el número de la resolución, porque si la secretaría
hace alguna actualización de los valores establecidos en la determinación de lo
que es una pequeña, mediana y micro empresa, la ley quedará desactualizada.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: coincidiendo con el señor diputado preopinante, propongo la
siguiente redacción: “…conforme lo disponga la Secretaría de Emprendedores y de
la Pequeña y Mediana Empresa”, y que se elimine el número de resolución.
Leo el punto
4 del inciso b), para que quede clara su redacción: “En el caso de los
contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se
encuentren alcanzados por declaraciones de estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, de conformidad con lo dispuesto en la ley 26.509, el plan de
facilidades de pago será de hasta noventa (90) cuotas mensuales, con un interés
del 1 por ciento (1 %) mensual.”
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente desde el
artículo 41 al artículo 57, con las modificaciones propuestas y aceptadas por
la comisión. ¿Estamos de acuerdo?
Sr. Kicillof.-
¿Conforme a la nueva numeración?
Sr. Presidente (Monzó).- A partir de ahora citaré los
artículos de acuerdo con lo solicitado por los señores diputados Barletta y
Graciela Camaño; por lo tanto, se trata de los artículos con su numeración
actual.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Monzó).- Es mucho más complicado mencionar
los artículos viejos.
Voy a volver
a la nominación original. Se va a votar nominalmente desde el artículo 39
viejo, que es el 41 nuevo, hasta el artículo 55 original, que es el 57 nuevo.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 222 señores
diputados presentes, 143 han votado por la afirmativa y 78 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 143 votos afirmativos y 78 negativos. No hubo
abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 55 bis
original, o 58 nuevo.
Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: voy a leer el artículo 55 bis del dictamen de mayoría o 58
nuevo, donde básicamente se corrige el año que figura en el primer párrafo, que
de 2017 pasa a ser 2016.
El
artículo dice así: “Establécese un régimen de regularización de deudas por
contribuciones patronales destinado a Estados provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que actualmente posean con la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), se encuentre iniciado juicio al respecto o no, por un
plazo de noventa (90) cuotas mensuales, fijándose una tasa de interés calculada
en base a la Tasa Pasiva Promedio del Banco de la Nación Argentina y estableciéndose el plazo para acogerse al
presente beneficio hasta el 31 de diciembre de 2016. Para acceder al beneficio
deberán realizar un pago a cuenta por el equivalente al diez por ciento (10 %)
de la deuda.
“Alternativamente
al plan dispuesto por el párrafo anterior, la Administración Federal de
Ingresos Públicos podrá ofrecer a los Estados provinciales y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires un tratamiento análogo al dispuesto para las
universidades nacionales, por el decreto 1.571, del 1º de noviembre de 2010.
Será condición inexorable de su otorgamiento que la jurisdicción que acepte
acogerse al mencionado tratamiento acuerde con la referida Administración
Federal de Ingresos Públicos el financiamiento de los gastos que le irroga la
recaudación de los impuestos nacionales coparticipables.
“La
Administración Nacional de Ingresos Públicos establecerá las modalidades,
plazos y demás condiciones para el acogimiento al mencionado tratamiento
alternativo. Las cuotas de los planes de facilidades de pago que se dicten
serán detraídas de la coparticipación federal de impuestos, juntamente con la
cancelación de las obligaciones previsionales corrientes.”
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: estamos hablando del régimen de regularización de las
contribuciones patronales para los Estados provinciales. En este sentido,
nosotros propusimos ciento veinte cuotas en lugar de noventa y que no exista
como condición para acceder el pago del 10 por ciento. Sin embargo, creemos que
dar a las provincias igual trato que el otorgado por el decreto 1.571/2010 a
las universidades nacionales es una buena opción como alternativa. Por lo
tanto, vamos a acompañar este artículo.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por San Luis.
Sr. Lusquiños.-
Señor presidente: en la redacción del artículo, donde dice: “Establécese un
régimen de regularización de deudas por contribuciones patronales destinado a
Estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”, debe decir:
“...que actualmente mantengan deudas con la Administración Federal de Ingresos
Públicos.” Planteamos esta modificación porque hay provincias que no tienen
deudas, como el caso de la mía y otras más.
Por lo tanto,
consideramos que es mucho más claro que se agregue “que actualmente mantengan
deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos.”
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Santa Fe.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: se acepta la modificación propuesta por el señor diputado
Lusquiños.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: simplemente quiero ratificar la aceptación de la inclusión
propuesta y resaltar la importancia de esta modificación que se ha introducido
al proyecto aprobado en general, dándoles más tiempo a las provincias a fin de
que puedan regularizar su situación.
Sr. Presidente
(Monzó).- Con las modificaciones
propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar nominalmente el artículo
55 bis, 58 nuevo.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 224 señores
diputados presentes, 217 han votado por la afirmativa y 6 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 217 votos por la afirmativa, 6 votos por la
negativa y ninguna abstención.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
ARTÍCULO 51 BIS, ARTÍCULO 58 DE LA NUEVA REDACCIÓN
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración el
artículo 59, artículo 56 de la redacción original.
Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: de aquí en adelante y hasta el artículo 80 de la vieja
denominación vamos a votar en contra. Quisiera justificarlo brevemente para no
hacerlo artículo por artículo.
Nosotros
creemos que una de las cinco leyes de este paquete requiere otro tipo de
discusión y de tratamiento. Ya hemos hablado de un blanqueo que nos parece
inadecuado, dado que no se trata de una repatriación y se la considera de forma
encadenada a la cuestión jubilatoria, respecto de la cual coincidimos en su
espíritu, pero no en su forma.
Quiero
aprovechar para dejar en claro que nosotros no estamos de acuerdo con la
reducción de las alícuotas ni con premiar a quienes entren en el blanqueo, o
con una reducción del impuesto a los bienes personales a quienes no lo hagan.
Creemos que esa es una forma de introducir un elemento regresivo en nuestro
sistema impositivo, como si estuviera vinculado con el blanqueo y, a su vez,
con la reforma del sistema jubilatorio. Lo cierto es que no corresponde, es
dañino para nuestro sistema impositivo y va a contramano de lo que muchos
diputados han señalado aquí respecto del objetivo que debe tener una reforma
impositiva.
En particular
quiero resaltar que se está planteando una reforma del impuesto a los bienes
personales encubierta; es decir que a quienes tienen propiedades se les cobre
menos o no se les cobre. Una versión anterior de esta iniciativa tendía a la
eliminación absoluta del impuesto sobre los bienes personales, de la misma
manera que ahora hay una progresiva reducción de dicho impuesto. Entiendo que
algunos bloques han acordado no eliminarlo, pero sí reducirlo a tasas nimias,
del 0,25 por ciento.
Estamos de
acuerdo con la modificación de los mínimos o de las escalas y con un rediseño
del impuesto, pero de ninguna manera coincidimos con su eliminación. Por medio
del impuesto a los bienes personales el año pasado se han recaudado 18.000
millones de pesos, el 45 por ciento de los cuales se destina a las provincias
argentinas. Estamos ante un nuevo golpe contra los presupuestos provinciales, a
lo que se agrega los pocos impuestos a la renta financiera con los que
contábamos, aprobados en el año 2014. Conforme a una propuesta de algunos diputados
que hoy forman parte del Frente Renovador, pero tomada por el entonces
oficialismo conducido por el Frente para la Victoria, en esa oportunidad se
decidió cobrar un impuesto del 10 por ciento a los dividendos.
Tanto se
llenan la boca hablando de cobrar el impuesto a la renta financiera, pero
mediante este proyecto de ley, en forma camuflada, se está anulando uno de los
pocos impuestos que tenemos sobre dicha renta y uno de los más progresivos, como el que grava los bienes
personales. De más está decir que nosotros no estamos de acuerdo. Esto es algo
que hemos denunciado y que no vamos a convalidar hoy de ninguna manera.
Con respecto
al artículo 60 tenemos una propuesta, porque aparece el sueldo anual
complementario, que también está dentro de un paquete que ahora tiene seis
leyes; una de ellas, vinculada al sueldo anual complementario. Nosotros vamos a
pedir que la exención del impuesto a las ganancias se extienda. No obstante,
esto forma parte de una reforma impositiva que no corresponde tratar aquí y que
va en detrimento de nuestro sistema impositivo en su conjunto.
En síntesis,
hasta el artículo 80 inclusive, de la anterior numeración, vamos a votar en
forma negativa. No admitiremos ser parte de una reforma regresiva del sistema
impositivo camuflada en un blanqueo que no es efectivo para los jubilados.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor miembro
informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: hay algunas modificaciones de forma en los artículos 56 a 65,
que propongo votar en bloque.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. Bregman.-
Señor presidente: votaremos estos artículos en forma negativa, y aclaro que nos
abstendremos en el artículo 60.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Pitrola.-
Señor presidente: nos manifestamos en el mismo sentido que la diputada Bregman.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Santa Fe.
Sra. Ciciliani.-
Señor presidente: nuestro interbloque va a votar por la afirmativa el artículo
60, y el resto, en forma negativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: quiero aclarar que en el artículo 60 anterior justamente se
hacía la exención impositiva de aquellos contribuyentes cumplidores y se
agregaba la exención en el medio aguinaldo que se está liquidando ahora.
De ninguna
manera consideramos que la discusión sobre el impuesto a las ganancias se acaba
acá. Creemos que este es un parche, que era necesario para llevar un aliciente.
Está
pendiente una discusión profunda sobre el impuesto a las ganancias. Creemos que
será necesario incorporar artículos sobre la renta financiera. De ninguna
manera el Frente Renovador ha abandonado uno de los temas que ha llevado
adelante y ha propuesto durante todo este tiempo: avanzar sobre la renta
financiera y otro tipo de actividades. Quiero que esto quede en claro.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Salta.
Sr. Kosiner.-
¿Puede aclarar hasta qué artículo vamos a votar, señor presidente? Pregunto
porque votaremos por la negativa en uno de los artículos.
Sr. Presidente (Monzó).- El señor diputado Laspina ha
propuesto votar en bloque desde el artículo 56 original hasta el artículo 65.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Recalde.-
Nuestro bloque pide autorización para abstenerse en la votación del artículo
60.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Argumedo.-
En el mismo sentido, quiero plantear mi abstención en el artículo 60.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar si la Cámara autoriza
las abstenciones solicitadas por los señores diputados respecto del artículo
60.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Quedan autorizadas las abstenciones.
Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Quiero aclarar que nosotros creemos que la exención del impuesto a las
ganancias no puede estar asociada al buen cumplimiento sino que debe ser
generalizada, como lo ha sido siempre. Nos parece, entonces, que la posición
más correcta para este artículo será la abstención.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda registrado, señor diputado.
Tiene la
palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra. Ciciliani.-
Queremos aclarar que votaremos afirmativamente el artículo 60, y el resto, en
forma negativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Dejaremos constancia en la votación
en bloque, señora diputada.
Con las
modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se van a votar los
artículos 56 a 65, según la numeración anterior.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 224 señores
diputados presentes, 140 han votado por la afirmativa y 80 por la negativa,
registrándose además 3 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 140 diputados por la afirmativa y 80 por la negativa,
registrándose 3 abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL DE LOS ARTÍCULOS 56 A 65
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 66
anterior, actual 69.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: proponemos modificar los artículos 66, 67 y 69 del proyecto
aprobado en general, actuales 69, 70 y 72, en sus respectivos incisos c),
cuando se refiere al período fiscal 2018. Solicitamos sustituir la expresión
que alude al período fiscal 2018 por “a partir del período fiscal 2018 y
siguientes”. Esto permite aclarar la continuidad del impuesto a los bienes
personales en las condiciones establecidas en los incisos c) en los años
subsiguientes a 2018.
Sr. Daer.-
Solicito permiso para abstenerme en la votación del artículo 67 anterior,
actualmente 70.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas y
aceptadas por la comisión, se van a votar los artículos 66 a 69.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 224 señores
diputados presentes, 138 han votado por la afirmativa y 83 por la negativa,
registrándose además una abstención. No se ha computado el voto de un señor
diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 138 diputados por la afirmativa y 83 por la negativa,
registrándose una abstención.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL DE LOS ARTÍCULOS 66 A 69
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 70.
Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: quiero aclarar que esto forma parte de nuestro pedido sobre
la renta financiera. Venimos sosteniendo que hay que sancionar una ley para
gravar la renta financiera y la eliminación de este artículo va en esa línea.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor miembro
informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: hay modificaciones de forma prácticamente desde el artículo
70 hasta el artículo 79 inclusive del proyecto aprobado en general.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Bossio.-
Señor presidente: quiero aclarar que nuestro bloque votará afirmativamente
todos los artículos, salvo el 75.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas y
aceptadas por la comisión, se van a votar nominalmente los artículos 70 a 78.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 228 señores
diputados presentes, 143 han votado por la afirmativa y 83 por la negativa. No
se ha registrado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Votaron 143 diputados por la
afirmativa y 83 por la negativa. No se ha registrado el voto de un señor
diputado.
aquí VOTACIÓN NOMINAL DE LOS ARTÍCULOS 70 A 78
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 79 del
proyecto aprobado en general, que pasa a ser 81.
Tiene la
palabra el señor diputado por Salta.
Sr. Kosiner.-
Señor presidente: dado que no quedó registro mi voto, quiero que quede
constancia de que lo hice en forma afirmativa, con la observación que había
planteado el diputado Bossio.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: el artículo 79 no tiene modificaciones. En el artículo 80
proponemos que se incorpore, en el inciso a): “jefe o vicejefe de gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y en el inciso b): “o parlamentario del
Mercosur”.
Sr. Presidente
(Monzó).- ¿Se suprime un párrafo en
el artículo 80?
Sr. Laspina.- No,
señor presidente.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. Stolbizer.-
Señor presidente: cuando votamos un grupo de artículos se generó una confusión
respecto de la forma en que queríamos votar uno determinado. Nuestro bloque
quería votar afirmativamente el artículo 75.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda constancia de ello, señora
diputada.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Solá.- Señor
presidente: solicito que la Presidencia indique cuál es el número actual del
artículo 80.
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia hace saber al señor
diputado que el artículo 80 ahora lleva el número 82.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Solá.- Señor
presidente: quiero proponer el agregado de un artículo 83, que diga lo
siguiente: “Quedarán excluidos de las disposiciones del título I del libro II
los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos
alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 82”.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor miembro
informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: aceptamos la incorporación del artículo 83, según la nueva
numeración.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Raffo.- Señor
presidente: en la misma línea, creo que eso me incluye, deben agregarse las
palabras “cónyuge o conviviente”, porque en la sociedad cada vez se amplían más
las relaciones y la relación personal que justifica la exclusión de cónyuges
también justifica la de conviviente. De esta manera, como tengo convivencia, me
excluyo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor miembro
informante.
Sr. Laspina.- Señor
presidente: la comisión acepta la propuesta formulada por el señor diputado
Solá.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: en línea con nuestro dictamen de minoría proponemos excluir a
los cónyuges convivientes para adaptarlo –como decía el señor diputado Raffo‑
a la modalidad del nuevo Código Civil.
También
proponemos incluir a los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o
afinidad ascendente o descendente. Ustedes saben que estamos ante una situación
en la que han aparecido filtraciones provenientes tanto de los Panama Papers como del caso HSBC que
muestran vinculaciones con figuras políticamente expuestas. De forma tal que
nos parece que podríamos pasarnos un rato largo citando lo que en muy duros
términos decían muchos de los diputados hoy oficialistas cuando se hicieron los
blanqueos anteriores para incluir a los parientes.
Nuestra idea
es excluir a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, pero
además, a los contratistas del Estado. Agregar algún tipo de pariente es para
nosotros un avance con respecto al planteo original. No entiendo la propuesta
formulada por el diputado Solá en el sentido de que sean hijos no mayores, sino
menores.
Sr. Solá.- Me
refiero a hijos emancipados.
Sr. Kicillof.-
Nosotros planteamos hasta el cuarto grado de consanguinidad, también
convivientes y que consten en los
registros de contratistas del Estado.
¿Aceptan la
modificación?
Sr. Laspina.- No,
señor diputado.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Solá.- Señor
presidente: quiero saber si se puede incluir el nuevo artículo 83 que he
propuesto.
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia informa que ese
artículo está incluido dentro de las modificaciones propuestas y aceptadas por
la comisión. La propuesta del diputado Solá fue aceptada por la comisión.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas y
aceptadas por la comisión, se van a votar los artículos 79 y 80.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 230 señores
diputados presentes, 146 han votado por la afirmativa y 81 por la negativa,
registrándose además 2 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Votaron 146 diputados por la
afirmativa y 81 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.
aquí VOTACIÓN NOMINAL DE LOS ARTÍCULOS 79 Y 80
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Mendoza.
Sra. Sosa.- Señor
presidente: quiero aclarar que en la votación precedente me abstuve.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. Bregman.-
Señor presidente: también me abstuve en la votación anterior.
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración el
artículo 81.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Raffo.- Pido
la palabra para referirme al artículo 81...
Sr. Laspina.-
Señor presidente: dado que no hay modificaciones respecto al proyecto aprobado
en general, sugiero votar hasta el artículo 88, que sería el 91 de la nueva
numeración, con la incorporación del artículo propuesto por el diputado Felipe
Solá.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Creo que hay una modificación al final del artículo 84.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: como la modificación es de forma, si no hay ninguna moción en
contrario sugiero dejarlo como está.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: un compañero del bloque hará un comentario sobre por qué nos
vamos a oponer a la redacción al artículo 84.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr. Carlotto.-
Señor presidente: consideramos que el artículo 84 tiene una pésima redacción ya
que fue incorporada la figura de los periodistas de una manera absolutamente
desprolija. Los pactos en materia de derechos humanos que la Argentina tiene
incorporados en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional con
respecto a la libertad de expresión y el derecho a la información no hablan de
periodistas sino de personas.
La inclusión
de la designación de terceros y la redundancia de legislaciones vigentes
remarcadas en principio en la redacción del artículo 85 original nos parece un
acto de flagrante violación a la Constitución Nacional, pero también una
amenaza hacia los periodistas y la libertad de expresión y la libertad de
prensa que tratan de incorporar.
Planteamos
lisa y llanamente que se elimine el artículo. Cuando dimos tratamiento a otras
propuestas de blanqueo de capitales no existían artículos de estas
características. Desde nuestra perspectiva no tiene ningún sentido y su
carácter es altamente anticonstitucional.
Con su
autorización, quiero leer un texto que está firmado por integrantes del actual
gabinete nacional, que dice así: “Asumir
el compromiso de recurrir a todos los esfuerzos individuales y colectivos que
estén a nuestro alcance para garantizar que, de aprobarse las normas que está
proponiendo el gobierno nacional, quienes se acojan a los beneficios del
blanqueo de capitales sean susceptibles –de por vida- de seguimiento administrativo,
acción judicial y castigo legal, además de plena publicidad de los nombres y
montos ‘blanqueados’, haciendo cumplir así la Constitución Nacional, las leyes
argentinas y los compromisos internacionales en materia de prevención del
fraude, lavado de dinero y lucha contra el narcotráfico.” Este texto lo firman
cerca de quince funcionarios del gobierno nacional.
Por lo expuesto, propongo eliminar el artículo
y así no violentar la Constitución Nacional. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Con las modificaciones
propuestas y aceptadas por la comisión se va a votar...
Sr. Raffo.-
Pido la palabra.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr. Raffo.-
Señor presidente: me disculpo por demorar a la Cámara con lo que voy a decir,
pero más me preocuparía andar con mi conciencia intranquila, porque todos
respondemos políticamente por lo que votamos pero algunos trabajamos enseñando
en la Facultad de Derecho y tenemos que responder por la técnica y lo que
hacemos en este recinto.
El inciso d) del artículo 81 dice: “Las personas jurídicas –incluidas las
cooperativas‑ en las que...” En derecho decir “personas jurídicas,
incluidas las cooperativas” es como decir en zoología “los mamíferos, incluidas
las vacas”. Eso es una redundancia e introduce la duda acerca de si esta Cámara
entiende o no que las cooperativas son personas jurídicas. Considero que ese
agregado debe ser eliminado para evitar esa duda en el ámbito del derecho
cooperativo. Queda claro que según el concepto del Código Civil –el nuevo y el
viejo‑ las cooperativas son personas jurídicas.
Con respecto
a los artículos 83 y 84, discrepo con el pedido del bloque del Frente para la
Victoria por el siguiente fundamento. Hoy el diputado Petri me ilustró sobre el
tema; este artículo 84 reproduce la ley 11.683 respecto del secreto bancario.
Es más o menos lo mismo; quiere decir que se mejora ‑y mucho‑ con
el agregado del último párrafo que habla de los periodistas, porque este párrafo
no está en la ley 11.683 y sí en este texto.
Como criterio
interpretativo de este artículo y del anterior, aclaro que este es un párrafo
aparte y es el último; establece que esto se aplica exceptuado lo antedicho,
que son los cuatro párrafos anteriores y no el inmediato anterior, porque si no
sería punto y seguido.
El artículo
83 ‑felicito por la redacción porque también da por tierra con una mala
interpretación o mala predisposición‑ dice así: “La Administración
Federal de Ingresos Públicos estará dispensada de formular denuncia penal...”
Se refiere a la administración y no a los funcionarios, y que si ellos ven
delitos siguen obligados a denunciarlos.
Felicito a
los redactores por haber preservado para los funcionarios la obligación de
denunciar los delitos. Esto es así porque en la misma norma que estamos
debatiendo, al igual que en la ley 11.683, se establece la distinción entre la
administración y los funcionarios.
Me parece muy
bien que se limite al organismo la administración y felicito que no se haya
establecido esa limitación para los funcionarios.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.- Por
lo que pude interpretar, estamos de acuerdo con que la aclaración de que se
incluye a las cooperativas puede ser redundante, de modo que aceptamos esa
propuesta, pero no el resto de las sugerencias.
Sr. Presidente
(Monzó).- Con las modificaciones propuestas y aceptadas
por la comisión, se van a votar los artículos 81 a 88.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 222 señores
diputados presentes, 137 han votado por la afirmativa y 84 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 137 señores diputados por la afirmativa, 84 por la
negativa y no se han registrado abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL DE LOS ARTÍCULOS 81 A 88
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: a continuación, proponemos incorporar un artículo, que sería
el 92 de la nueva numeración, para transferir la Unidad de Información
Financiera de la órbita del Ministerio de Justicia al Ministerio de Hacienda y
Finanzas en línea con las recomendaciones y las mejores prácticas
internacionales que así lo aconsejan.
Sugiero la
siguiente redacción para el artículo 92: “Modifíquese la ley 25.246 y sus
modificatorias, del siguiente modo: a) Sustitúyese, en el artículo 5° de la ley
25.246 y sus modificaciones, la expresión: ‘en jurisdicción del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación’, por la siguiente expresión: ‘en
jurisdicción del Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas de la Nación’;
“b) Sustitúyese en el primer párrafo
del artículo 9° de la ley 25.246 y sus modificatorias, la expresión ‘a
propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos’, por la siguiente
expresión: ‘a propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la
Nación’;
“c) Sustitúyese en el inciso a) del
artículo 9° de la ley 25.246 y sus modificatorias, la expresión ‘en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos’ por la siguiente expresión: ‘en
el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación’;
“d) Sustitúyese en el inciso f) del
artículo 9° de la ley 25.246 y sus modificatorias, la expresión ‘presentar al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos’ por la siguiente expresión:
‘presentar al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas’;
“e) Sustitúyese en el inciso g) del
artículo 9° de la ley 25.246 y sus modificatorias, la expresión ‘el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos elevará’ por la siguiente expresión: ‘el
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas elevará’;
“f)
Sustitúyese el inciso a) del artículo 27 de la ley 25.246 y sus modificatorias,
por el siguiente: ‘a) Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional dentro de los asignados al
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación’.”
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.-
Señor presidente: aceptamos la incorporación de este artículo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Formosa.
Sr. Díaz Roig.-
Señor presidente: la verdad es que esto no estaba en el proyecto ni tampoco se
discutió en el plenario de las comisiones. Es una vergüenza que a esta hora de
la madrugada, aprovechando una circunstancial mayoría, vengan a proponer un
cambio de tamaña envergadura respecto de la Unidad de Información Financiera.
Realmente deberían avergonzarse de utilizar un recurso de esta naturaleza.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: esta es una caja de sorpresas. Me refiero a la formulación, a
esta altura del debate, de una propuesta en el sentido de modificar la Ley de
Ministerios a través de este proyecto de ley ómnibus. No tenemos una opinión
fundada acerca de cuáles son las mejores prácticas internacionales en la
materia. No entiendo cómo se puede mencionar esto con liviandad ni cómo podemos
no hacer pasar este tema por las comisiones correspondientes, ni discutirlo
seriamente en este recinto. Es una lástima, porque me parece que hay
oportunidad de tratarlo de otro modo.
No entendemos
la urgencia ni la importancia de esto. La verdad es que es un manoseo de la
Unidad de Información Financiera en el marco de un blanqueo.
Tampoco
creemos que esto esté muy de acuerdo con las mejores prácticas internacionales
en materia legislativa, y ni siquiera con un poco de decoro respecto de lo que
estamos discutiendo en esta sesión. Vamos a evaluar la constitucionalidad de la
propuesta porque nos parece demasiado incluir siete leyes en una sola. En ese
sentido, propongo que esto se replantee a fin de que pueda ser contemplado en
otro proyecto de ley que podamos debatir tranquilos y en paz.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Depetri.-
Señor presidente: probablemente la argumentación del cambio de un lugar a otro
tenga sus fundamentos. Es posible que podamos discutirlos, trabajar sobre ellos
en otra oportunidad y resolver esta cuestión, pero no de esta manera. Nos
parece que esta no es la forma correcta de hacerlo pues estaríamos votando algo
que no conocemos. Aquí se propone la votación de los artículos, pero me parece
que por una cuestión de práctica legislativa no corresponde hacerlo de ese
modo.
Reitero que
tal vez tengan razones para efectuar el cambio de un lugar a otro, y hasta
podríamos acompañar la propuesta, pero no de esta manera. Por lo tanto,
solicito al bloque oficialista que reconsidere su decisión.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas y
aceptadas por la comisión, se va a votar nominalmente el artículo propuesto por
el señor miembro informante.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 211 señores
diputados presentes, 124 han votado por la afirmativa y 85 por la negativa,
registrándose además una abstención.
Sr. Secretario (Inchausti).- Hubo 124 votos por la afirmativa, 85 por la negativa y una
abstención.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
-
-
Varios señores diputados se retiran del recinto.
Sr. Presidente (Monzó).- Por favor, señores diputados, no se
levanten ahora de sus bancas; solo resta considerar cuatro artículos.
Terminemos bien la sesión, señores diputados.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Solá.- Señor
presidente: tuve problemas en la identificación de mi voto. Concretamente, mi
voto ha sido por la afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda constancia de su voto por la
afirmativa, señor diputado.
En
consideración el artículo 89.
Tiene la
palabra el señor miembro informante.
Sr. Laspina.-
Señor presidente: como solamente hay modificaciones en cuanto a la numeración
del articulado, sugiero votar los artículos pendientes en bloque hasta el
final; sería hasta el artículo 93 original, que ahora es el 97.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas y
aceptadas por la comisión, se van a votar nominalmente los artículos 93 a 96,
de acuerdo con la nueva numeración.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 140 señores
diputados presentes, 131 han votado por la afirmativa y 3 por la negativa,
registrándose además 4 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor
diputado.
- El artículo 97 es de forma.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 131 votos por la afirmativa, 3 por la negativa
y 4 abstenciones.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.
(Aplausos en las bancas.)
Se comunicará
al Honorable Senado.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL DE LOS ARTÍCULOS 93 A 96
Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Camaño.-
Señor presidente: deberíamos autorizar a la Presidencia a que ordene la
numeración del articulado.
Sr. Presidente (Monzó).- Ya ha sido autorizada al principio
de la sesión, señora diputada, a raíz de un pedido efectuado por el señor
diputado Laspina.
La
Presidencia requiere el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las
inserciones solicitadas por los señores diputados.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Monzó).- Habiendo concluido la consideración
del temario, queda levantada la sesión.
- Es la hora 3 y 53 del día 16.