-
En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre de 2017, a la hora 11 y
16:
- 1 -
Sr.
Recalde.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: siendo la hora 11 y
16, solicito que la Presidencia invite a los señores diputados a sentarse en
sus bancas a efectos de verificar el quórum, y en caso de que no se lo logre se
declare fracasada la sesión.
Sr.
Presidente (Monzó).- Solicito a los señores
diputados que se comuniquen con sus compañeros de bloque y los inviten a
hacerse presentes en el recinto para lograr el quórum y poder iniciar la
sesión.
-
A la hora 11 y 24:
- 2 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la presencia de 130
señores diputados queda abierta la sesión especial convocada conforme al
requerimiento efectuado por varios señores diputados en número reglamentario.
Invito a
la señora diputada por el distrito electoral de Chubut doña Elia Nelly Lagoria
y al señor diputado por el distrito electoral de Córdoba don Ramón Ernesto
Bernabey a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
-
Puestos de pie los señores
diputados y el público presente, la señora diputada doña Elia Nelly Lagoria y
el señor diputado don Ramón Ernesto Bernabey proceden a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
- 3 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Invito a los señores
diputados y al público presente a entonar las estrofas del Himno Nacional
Argentino, que será interpretado por un cuarteto de cuerdas de la Orquesta de
Cámara del Congreso de la Nación.
-
Puestos de pie, los señores
diputados y el público presente entonan las estrofas del Himno Nacional
Argentino. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Agradecemos al cuarteto de
cuerdas de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación.
- 4 -
Sr.
Presidente (Monzó).-
Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia
mediante la que se convoca a sesión especial.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Dice así:
RESOLUCIÓN dictada por LA PRESIDENCIA mediante
la que se convoca a SESIÓN ESPECIAL
Sr.
Presidente (Monzó).- Teniendo en cuenta que el
proyecto de ley por el que se reconoce la actuación de los ciudadanos en la
guerra del Atlántico Sur por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en
defensa de la Patria, expediente 5.876-D.-2017, no cuenta con dictamen de
comisión, se va a votar si la Honorable Cámara habilita su tratamiento. Se
requieren dos tercios de los votos de los miembros presentes.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobado su tratamiento.
La
Presidencia informa que la ampliación del temario irá considerándose en el
transcurso de la sesión, una vez que se vaya acordando con los diferentes
bloques qué asuntos serán incorporados para su tratamiento.
- 5 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Obra en Secretaría el
informe de la Junta Electoral de la provincia de Santiago del Estero en el que
se determina, según el orden de lista, quién debe ocupar la vacante producida
por el señor diputado don José Alberto Herrera, quien ha dejado de pertenecer a
esta Honorable Cámara.
La
Presidencia informa que se encuentra en antesalas la señora diputada electa por
el distrito electoral de Santiago del Estero doña Estela Mary Neder.
Si
hubiere asentimiento de la Honorable Cámara, se la invitará a aproximarse al
estrado para prestar juramento.
-
Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Invito a la señora diputada
electa por el distrito de Santiago del Estero a prestar juramento.
- Puestos de pie los señores diputados y
el público presente, y requerido por el señor presidente el juramento de
acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, la señora diputada
doña Estela Mary Neder jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, y se
incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
- 6 -
I
Sr. Presidente (Monzó).- Para rendir homenaje a la
tripulación del submarino ARA San Juan, tiene la palabra la señora diputada por
Buenos Aires.
Sra. Lospennato.- Señor presidente: en este momento de
aflicción que nuestra Nación está viviendo con la intensa y angustiante
búsqueda del submarino ARA San Juan, es nuestra intención como representantes
del pueblo de la Nación Argentina hacer llegar nuestro más sentido
agradecimiento a los once países –que pronto serán doce‑ que nos están
prestando su ayuda internacional, civil y militar, así como también su
colaboración a través de recursos humanos y materiales, más de cincuenta medios
aéreos y navales consistentes en embarcaciones, aeronaves, vehículos
sumergibles y equipos especiales para la investigación.
Es por ello que agradecemos sinceramente
a los gobiernos de Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados
Unidos, Francia, Noruega, Perú, Reino Unido, Uruguay, y en las próximas horas
se estará sumando Rusia, por todo el apoyo que están brindando con buques,
aeronaves, recursos humanos y tecnológicos –como dije‑ y que de forma tan
dispuesta se han colocado al servicio de esta búsqueda humanitaria que no
solamente moviliza a todo el pueblo argentino, sino también a toda la comunidad
internacional.
A modo de homenaje, permítanme nombrar
a nuestros compatriotas, quienes en este momento están en el submarino ARA San
Juan. Ellos son: capitán de fragata Pedro Martín
Fernández, capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, teniente de navío
Fernando Vicente Villarreal, teniente de navío Fernando Ariel Mendoza, teniente
de navío Diego Manuel Wagner, teniente de navío Eliana María Krawczyk, teniente
de navío Víctor Andrés Maroli, teniente de fragata Adrián Zunda Meoqui,
teniente de fragata Renzo David Martin Silva, teniente de corbeta Jorge Luis
Mealla, teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, suboficial principal
Javier Alejandro Gallardo, suboficial primero Alberto Cipriano Sánchez,
suboficial primero Walter German Real, suboficial primero Hernán Ramón
Rodríguez, suboficial primero Víctor Hugo Coronel, suboficial segundo Hipólito
Vargas Cayetano, suboficial segundo Roberto Daniel Medina, suboficial segundo
Celso Oscar Vallejos, suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera, suboficial
segundo Víctor Marcelo Enríquez, suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro
Rodríguez, suboficial segundo Daniel Adrián Fernández, suboficial segundo Leiva
Luis Marcelo, cabo principal Jorge Ariel Monzón, cabo principal Jorge Eduardo
Valdez, cabo principal Cristian David Ibáñez, cabo principal Mario Armando
Toconás, cabo principal Franco Javier Espinoza, cabo principal Jorge Isabelino
Ortiz, cabo principal Hugo Dante César Aramayo, cabo principal Luis Esteban
García, cabo principal Sergio Antonio Cuellar, cabo principal Fernando Gabriel
Santilli, cabo principal Alberto Ramiro Arjona, cabo principal Enrique Damián
Castillo, cabo primero Luis Carlos Nolasco, cabo primero David Adolfo Melián,
cabo primero Germán Oscar Suárez, cabo primero Daniel Alejandro Polo, cabo
primero Leandro Fabián Cisneros, cabo primero Luis Alberto Niz, cabo primero
Federico Alejandro Alcaraz Coria y cabo segundo Aníbal Tolaba. Los esperamos en
casa. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: hoy es un día muy
particular para esas 44 personas, compatriotas, que mencionó la señora diputada
Lospennato.
Por
supuesto adherimos al agradecimiento infinito y eterno por esta colaboración
tan usual entre los hombres de mar. En el mar hay códigos que a veces en la
tierra no existen.
Señor
presidente: yo estoy en oración a mi Dios desde el mismo momento en que
desapareció el submarino ‑que
conozco‑ y por eso pido con mucha humildad a mis colegas, con quienes
estamos en el fragor de esta sesión que tanto nos interesa y que tan importante
es, que puestos de pie hagamos un minuto de oración. Recién veía a los
diputados parados mientras se mencionaban los nombres de los 44 marinos por
quienes estamos rogando, no me cabe la menor duda, todos los argentinos.
Rindamos
homenaje y pidamos con toda la fuerza de nuestras almas, porque eso es lo que
queremos, que en este día aparezca el submarino.
Por
ello, señor presidente, le pido que guardemos silencio durante un minuto para
rendirles homenaje y, en oración al Dios en el que crea cada uno de nosotros,
intentemos poner la fuerza necesaria para que el submarino aparezca.
Sr. Presidente (Monzó).- Invito
a
- Puestos de pie,
los señores diputados y el público presente guardan un minuto de silencio.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Mendoza.
Sr. Carmona.- Señor presidente: desde el bloque del Frente para la Victoria-PJ
adherimos al reconocimiento a los Estados que están cooperando en este momento
en la búsqueda y salvataje de la embarcación.
Brindamos este reconocimiento a los
Estados que están participando en el marco de la reciprocidad que tenemos en
tanto nos encontramos vinculados por el Convenio Internacional sobre Búsqueda y
Salvamento Marítimo del año 1979, al que adhirió la Argentina hace ya varios
años. Creemos que es importante que la cooperación se enmarque estrictamente en
lo que establece este convenio y desde ese punto de vista agradecemos el
acompañamiento internacional. Es de destacar que la Argentina habitualmente
realiza este acompañamiento cuando se dan este tipo de situaciones de
emergencia y de salvatajes.
Quiero también resaltar que en ese
submarino hay dos tripulantes de mi provincia y que uno de ellos es integrante
de una queridísima familia del departamento de General Alvear, Mendoza. Vivimos
con mucha angustia la situación de estas familias y la expectativa que hay
respecto del rescate.
Quiero significar este minuto de
silencio que hemos realizado –la señora diputada Camaño lo ha planteado
correctamente- porque se trata de un minuto de apuesta a la esperanza.
Esperamos tener la posibilidad de contar con noticias positivas en estas horas
decisivas. Esto es lo que nosotros hoy vamos a manifestar. Oportunamente
buscaremos que se clarifiquen los hechos pero en este momento la apuesta, el
esfuerzo y la expectativa están puestos en la localización de esta embarcación
y el salvataje con vida y salud de estos tripulantes argentinos.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Misiones.
Sr. Franco.- Señor presidente: en nombre del Frente de la Concordia Misionero y
del pueblo de la provincia de Misiones a quien represento, adhiero a lo
expresado por la señora diputada Lospennato.
En este sentido, quiero resaltar
nuestra solidaridad y acompañamiento a los familiares. Nos ponemos en la piel
de cada uno de ellos porque imagino que necesitan toda la fuerza del mundo para
sobrellevar este momento. No es sencillo ni fácil; a quienes nos ha tocado
vivir circunstancias de este tipo, tan tristes en las que hay vidas humanas en
riesgo, sabemos de qué se trata.
Rindo homenaje y respeto a los 44
tripulantes de ese navío argentino y expreso mi deseo en el sentido de que la
situación tenga un final feliz. Además, quiero expresar que en esa tripulación
hay dos misioneros, la teniente de navío Eliana Krawczyk –tengo el honor de ser
amigo de su padre- y el cabo Jorge Ortiz. Ellos eligieron este camino por
vocación, para tener una esperanza de vida y desarrollarse como personas.
A fin de ser honesto quiero plantear
en este recinto el dolor por las personas que he mencionado y por el resto de
los tripulantes. Vaya para ellos toda la fuerza y mi deseo de que esto tenga un
final feliz.
Por otra parte, deseo agradecer a los
países hermanos, más allá de los tratados internacionales estamos ante una
cuestión de solidaridad y de humanidad y esto es lo que debe prevalecer en
estos casos.
Enviamos nuestra fuerza y cariño a los
familiares y por supuesto a los tripulantes del submarino, compatriotas que
están en este momento viviendo esta difícil situación.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Salta.
Sr. Olmedo.- Señor presidente: por supuesto que estoy conmovido, como todo el
país. Hay salteños en la tripulación pero sobre todo hay argentinos que están
en este buque defendiendo nuestra patria y cumpliendo con el honor de hacer
valer nuestra soberanía nacional.
Vaya mi reconocimiento a todos los
países que están ayudando pero debido a este hecho sonó fuerte una campana que
anuncia que las fuerzas armadas están en emergencia. Ya nos pasó con la
Gendarmería en mi pueblo natal, Rosario de la Frontera, cuando murió la mayoría
de los ocupantes de un colectivo que estaba en malas condiciones. También tengo
entendido que este año se cayeron dos aviones, y ahora sucede lo del submarino.
Entonces propongo que declaremos en
emergencia a las fuerzas armadas, que se vea a partir de ahora qué es lo que
funciona y qué es lo que no. Tengo entendido que en el proyecto de presupuesto
que vamos a tratar se le han quitado mil millones de pesos a las fuerzas
armadas, por lo tanto habría que ver cuántos miles de pesos deberíamos
incorporar. ¿Queremos a las fuerzas armadas como corresponde, con vehículos,
barcos y aviones en condiciones, o las vamos a desarmar del todo? No quiero que
los argentinos sigan pagando con sus vidas los errores y los horrores cometidos
por malas decisiones políticas.
¡Dios bendiga a los 44 tripulantes del
submarino y quiera que hoy sea el glorioso día en que aparezcan!
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por San Luis.
Sra. Bianchi.- Señor presidente: desde nuestro bloque Compromiso Federal adherimos a
lo expresado por la diputada Lospennato. Creemos que realmente tenemos que
agradecer la colaboración de estos países. Esperamos que todas las familias
puedan encontrarse rápidamente con los tripulantes del submarino.
Por otro lado, descontamos que si la
situación hubiera sido al revés la Argentina también hubiese estado colaborando
en la búsqueda. Sabemos de la solidaridad del pueblo argentino, que está
movilizado, triste y en oración para que los tripulantes aparezcan.
Por supuesto también quiero expresar
que dentro de ese grupo de héroes se encuentra Fabricio Alejandro Alcaraz,
oriundo de la localidad de El Volcán, un lugar muy pequeñito de mi provincia,
quien con solo 27 años vino a llenarse de sueños, a lograr sus objetivos y a
querer ser alguien en la vida. Hoy su mamá decía que se encuentra absolutamente
desesperada, como el resto de los padres y la mayoría de los argentinos.
No voy a hablar hoy de la discusión de
qué se hace bien y qué se hace mal, creo que eso quedará para otro momento. No
podemos frivolizar este momento tan importante para todos nosotros. De modo que
acompañamos a los familiares y decimos que sentimos un dolor profundo y una
incertidumbre más profunda aún.
Esperamos que todo se resuelva de la
mejor manera. Creo que estamos en un momento en el que debemos unirnos como
país y dejar la politiquería de lado.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
Santiago del Estero.
Sr.
Oliva.- Señor presidente: desde nuestro bloque,
el Frente Cívico por Santiago, queremos sumarnos al homenaje propuesto por la
señora diputada Lospennato y reconocer y apreciar en su justa dimensión el
invalorable aporte técnico y operativo que están llevando a cabo diferentes
países de la comunidad internacional en este duro momento que nos toca
atravesar.
Quiero
decir además que, como lo han manifestado algunos colegas preopinantes, en el
submarino también se encuentra un santiagueño, un comprovinciano: el suboficial
David Melián, oriundo de una pequeña localidad llamada El Bobadal. Por lo
tanto, nuestra provincia también está orando permanentemente por los 44
miembros de la tripulación.
Ojalá
que Dios les dé la necesaria fortaleza física y mental para que puedan soportar
estas horas decisivas y cruciales, hasta que llegue el oportuno salvataje a
través de toda la infraestructura que se ha montado para este rescate.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Donda Pérez.- Señor presidente: sin más, por
supuesto desde nuestro espacio político quiero rendir homenaje a estas personas
que en este momento están peleando por su vida.
Quiero
decir a sus familias que los acompañamos, que entendemos de su angustia y que
somos parte de un Estado que también debe llevar a sus familiares la
tranquilidad y la calma de estar con sus seres queridos.
Además,
a toda la sociedad se nos debe explicar qué fue lo que pasó. Nos debe decir la
verdad que, en definitiva, es lo que todos exigimos cuando ocurren hechos de
estas características.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Neuquén.
Sra.
Villar Molina.- Señor presidente: desde el
Movimiento Popular Neuquino seguimos diciendo lo que dijimos desde el primer
momento en que conocimos esta terrible noticia e invito a quien quiera
acompañarme a repetir conmigo esta oración con toda la fe y la esperanza: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a
nosotros tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy
nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos
los males. Amén”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: adhiero a este
homenaje propuesto por la diputada Lospennato y a las consideraciones vertidas
por los diputados Camaño y Carmona.
Esos
hombres y esa mujer que están atrapados en ese submarino están viviendo horas
muy difíciles, al igual que sus familiares que, con dolor, angustia y
desesperación, no saben cuál es la real situación que están padeciendo. Todo
esto hace que, además de solidarizarnos y agradecer todo el apoyo internacional
para que su búsqueda tenga un final feliz –es decir, la aparición con vida de
todos-, tengamos que imponer límites para no caer en cierta carroñería que se
ha estado observando mediáticamente ya que anticipadamente se pasan facturas o
se buscan culpables.
Como
dijo el diputado Carmona hace instantes: va a llegar el momento donde tendremos
que discutir las responsabilidades que sin duda existen frente a un hecho de
semejante magnitud, teniendo en cuenta que han pasado varios días sin noticias
y sin información fehaciente, pero hoy el compromiso es con esos 44
tripulantes.
Como
decía el diputado Franco, quiero rendir un especial homenaje a Eliana, la
misionera que se encuentra en el submarino, porque es la primera mujer en la
Argentina y en América Latina que ha tomado la decisión de ser submarinista.
Ella abrió el camino para que se sumen nuevas mujeres dentro de un ámbito
dominado por hombres, y lo hizo con alegría y con integridad pese a venir de
una provincia que no tiene comunicación directa con el mar.
En
ese reconocimiento que le hizo la Legislatura misionera, y que ojalá luego se
lo podamos hacer desde el Congreso –cuando regresen vivos, sanos y salvos-,
quiero decir que esos sueños que Eliana soñó, que abrieron el camino a otras
mujeres, vamos a seguir impulsándolos. Queremos que ella esté con nosotros
cuando podamos honrar a esas mujeres que tomaron la decisión de participar en
ámbitos que, hasta hace poco, eran solo de hombres.
En
memoria de Eliana y de esos 43 hombres que están en el submarino, pido que no
caigamos en la carroñería -que son típicas en ciertos medios-, que sumemos
nuestras voces y se extremen los recaudos de comunicación porque las horas que
se van a vivir son las más difíciles.
También
quiero decir que aquí estamos todos juntos tirando para el mismo lado y
deseando la aparición con vida, sanos y salvos, de esos 44 tripulantes
argentinos a quienes estamos esperando.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Salta.
Sr.
Kosiner.- Señor presidente: desde el bloque
Justicialista queremos adherir al reconocimiento que se ha hecho por parte de
los diputados preopinantes a todos aquellos países que están colaborando con la
República Argentina en la búsqueda del submarino ARA San Juan.
Somos
un bloque que tiene representación de varias provincias, y varias de ellas
tienen tripulantes en el ARA San Juan. Hay familias de nuestras provincias que
están preocupadas, por lo que queremos expresar nuestra solidaridad y respeto a
los seres queridos de aquellos compatriotas que están en la nave. Asimismo,
queremos brindar nuestro mensaje de esperanza y nuestro acompañamiento.
Todos
estamos realmente ansiosos y deseosos esperando que esta búsqueda pueda
terminar con el final más feliz para estas familias y para nuestro país.
Además
de esa adhesión y respeto a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan,
quiero hacer un reconocimiento a todos aquellos argentinos que están trabajando
en la búsqueda, es decir, los integrantes de las fuerzas armadas y de las
fuerzas civiles que se han desplegado y que con pasión y compromiso hoy están
colaborando y dando lo mejor de sí para poder dar con el submarino, pero en las
mejores condiciones, procurando rescatar a aquellos compatriotas que en su
momento han zarpado a cumplir con su deber como integrantes de nuestras fuerzas.
Este
es el mensaje y la reflexión que quiero acercar ahora. Ya vendrá el momento de
analizar qué ha pasado, pero hoy desde nuestro bloque creemos que es tiempo de
aunar nuestro esfuerzo y nuestro mensaje para poder transmitir la mejor de
nuestras energías y lo mejor de nuestros deseos para que a la brevedad posible
podamos entre todos llegar a un punto de felicidad con la aparición con vida de
estos 44 tripulantes.
II
Sr. Presidente (Monzó).- Para un homenaje al dirigente
Gustavo Callejas, tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra. Argumedo.- Señor presidente: además de adherir al
reconocimiento y al agradecimiento con referencia a la crítica situación de los
tripulantes del submarino, quiero rendir homenaje a un gran hombre del
radicalismo, Gustavo Callejas, recibido de contador nacional en la Universidad
de La Plata.
Se trata de uno de esos hombres del
radicalismo absolutamente comprometido con su tarea como contador de la
Petroquímica General Mosconi. Varios años después, entre 1983 y 1989, fue
subsecretario de Combustibles durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Quiero destacar que Callejas fue
contador en el sector petroquímico, en el área de petróleo y gas, a lo largo de
más de treinta años sin que nadie sospechara el más mínimo acto de corrupción.
Se trataba de esos radicales de ley, de la estirpe de Leandro Alem, de Moisés
Lebensohn, de Bernardo Grinspun, de Arturo Illia, es decir, de esos radicales a
toda prueba que nunca se doblaron.
Lo mismo se puede decir acerca de su
trabajo en la Fundación Arturo Illia y en el Grupo Moreno en defensa de la
energía nacional. Trabajó con Osvaldo Álvarez
Guerrero, otro gran hombre del radicalismo.
En
este sentido, por la honestidad y coherencia de este verdadero radical de
estirpe, es un honor haberlo conocido. Considero que debe ser un ejemplo para
los jóvenes radicales en momentos tan oscuros de las actividades partidarias de
la Unión Cívica Radical.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: en primer término,
deseo expresar mi adhesión al homenaje que se ha rendido a la memoria del
ingeniero Gustavo Callejas, de quien fui amigo, a quien consulté y con el que
conversé y discutí.
El
ingeniero Callejas hizo enormes aportes al debate en el seno de nuestro
partido, como así también a la sociedad
y la economía de nuestro país, en tiempos tumultuosos en los que se pasaba del
Estado al mercado en menos de veinticuatro horas. A esto deben sumarse sus
condiciones personales.
Parece
ser una excepción que en el presente siglo uno deba hablar cada vez más de las
condiciones personales inherentes al universo de cualquier ciudadano. Daría la
sensación de que en nuestra sociedad ello se ha convertido en una excepción,
razón por la cual hay que destacarlo.
El
ingeniero Callejas vivía como pensaba y pensaba como vivía, todo ello con
absoluta naturalidad. Era frontal en las discusiones; en este sentido, recuerdo
las convenciones celebradas por nuestro partido. También sabía acerca de las
necesidades de arribar a consensos y tenía una idea de país, que podía ser o no
compartida. Asimismo poseía una visión plural de la política y frecuentaba
institutos, academias y lugares de encuentro y debate en los que había mucho
pensamiento político.
Era
una persona muy aferrada a algunos principios básicos de responsabilidad del
Estado vinculados con la economía y resortes que son propios e ineludibles, más
allá de actualizarlos y ponerlos en vigencia en un mundo competitivo.
Su
vida esencialmente giró en torno al tema de la energía. Al respecto, actuó con
un sentido nacional, no xenófobo, pero interpretando también lo que ocurría en
el mundo.
Por
lo expuesto, reitero mi adhesión al homenaje que acaba de rendirse a la memoria
del ingeniero Gustavo Callejas.
Quiero
recordar a esta Honorable Cámara que hace pocas horas falleció el doctor Víctor
Hipólito Martínez. Al igual que el ingeniero Callejas, reunió las condiciones
de la honestidad republicana y democrática, como así también el respeto al
pensamiento plural. Fundamentalmente fue un hombre firme en sus convicciones
que mantuvo una postura de lealtad a sus ideas vinculadas con la Unión Cívica
Radical, partido del que nunca se alejó.
No
vengo a efectuar el reconocimiento a la figura de un militante de mi partido,
sino quizás a elevarlo más institucionalmente, como corresponde hacerlo con
cualquier hombre de cualquier agrupación política que haya sido ungido por la
voluntad popular para ocupar uno de los máximos cargos de la dirigencia de un
país, como es el de vicepresidente de la Nación.
El
doctor Martínez, de quien hablo con honra, tuvo la particularidad de ser
vicepresidente de la Nación en la etapa de transición iniciada con la
recuperación de la democracia. Fue cordobés hasta la médula, titular de cátedra
en la universidad y autor de más de treinta publicaciones y libros. Ha sido
respetado por su humildad, hombría de bien y caballerosidad, como dirían los
cordobeses en su cultura popular.
Además
se desempeñó como intendente de la ciudad de Córdoba en 1963, marcando una
impronta en su desarrollo urbano.
Posteriormente
fue protagonista de un hecho que si bien hoy puede resultar natural, en aquella
época no lo era en la Argentina. Eran los tiempos en los que había segunda
vuelta en las elecciones provinciales. En aquella oportunidad el peronismo, con
legitimidad, arrasaba en el país. Córdoba fue la única excepción donde el
pronunciamiento popular estableció una competencia muy pareja, determinándose
así una segunda vuelta que protagonizaron Víctor Hipólito Martínez y Ricardo
Obregón Cano. Años después este último, cuya figura he recordado con respeto en
otras ocasiones, fue gobernador de la provincia.
En
aquella época se agregó como novedad la realización de un primer debate público
a fin de definir la candidatura. Víctor Hipólito Martínez y Ricardo Obregón
Cano concitaron la atención de la Argentina en el único lugar donde eso
sucedía. El vencedor fue Obregón Cano, mientras que Martínez y el radicalismo
fueron leales opositores, además de solidarios acompañantes en la crisis
institucional que desgraciadamente se desató más adelante en nuestro país.
El
doctor Martínez estuvo a cargo del gobierno en treinta y siete oportunidades e
hizo lo que debe hacer un vicepresidente de la Nación: no creerse presidente y
ser leal a sus principios, a la Constitución Nacional y al presidente. Por eso
tuvo toda la confianza correspondiente.
En
alguna oportunidad también tuvo que afrontar una asonada militar, como aquellas
que alguna vez asolaron al país. Me refiero a la del Grupo Albatros, que
respondía a Seineldín.
Al
finalizar su gestión, que es la etapa más importante en la vida de un político
–esta es, por lo menos, mi opinión personal-, el doctor Martínez retornó a
Córdoba, a su estudio jurídico. Lo hizo sin custodia ni nada por el estilo.
Allí se lo vio efectuando publicaciones y transitando todos los días por la
peatonal con expedientes y libros debajo del brazo. Asimismo dictaba clases. De
esa forma transcurrieron todos estos años.
Como
el tiempo pasa, las personas pertenecientes a generaciones de más años lo
fueron reconociendo, saludando y deteniéndose en la calle para conversar con
él. Quizás las nuevas generaciones no sabían quién era, como ocurrirá con
cualquiera de nosotros, que somos simples mortales y debemos aprender que en la
vida somos solo una circunstancia y que el cargo no debe hacernos permanecer ni
sentirnos dueños.
Por
lo tanto, rindo este homenaje con todo gusto, no solo en nombre de mi partido,
sino en el de toda la política y de una y muchísimas conductas que en el
transcurso de la vida irán desapareciendo, pero que deberían ser la forma más
común y normal de habitar esta tierra y honrar lo más importante, que es la
confianza que brinda la soberanía popular.
El
doctor Víctor Hipólito Martínez falleció allí como un ciudadano más, como
cualquiera de nosotros. Lo hizo rodeado de afectos. Además de ser recordado en
la universidad, por sus libros y sus ex alumnos que alguna vez vivieron los
momentos trágicos de la democracia, murió como deberíamos hacerlo todos: con
honestidad, respeto y honra. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Córdoba.
Sra.
Carrizo (M.S.).- Señor presidente: después de las
palabras del presidente de nuestro interbloque quiero decir que, como cordobesa
y parte de una generación que comenzó a vivir en democracia, entendí que detrás
de esos dos grandes hombres que fueron Raúl Alfonsín y Víctor Martínez había no
solo dos individuos que desempeñaron la función pública sino también dos seres
humanos íntegros como personas y como políticos.
Milito
en un partido que se nutrió de estos dos grandes hombres a través de sus
discursos, de sus palabras y de las charlas que, según algunos cuentan,
testimonian que verdaderamente, más allá de los títulos y de los logros que
como personas pudieron acumular, lo más importante era llegar al final de sus
vidas como lo hizo nuestro vicepresidente Víctor Martínez.
No
solo predicó con sus palabras; también lo hizo con su ejemplo y lo puso al
servicio de la función pública. Hablamos de honradez en tiempos en que quizás
el mundo mira a la Argentina, que ha sufrido durante muchos años actos de
corrupción por parte de distintos funcionarios elegidos, en algunos casos, por
el voto popular.
El
mejor homenaje que podemos rendir a un vicepresidente y a la República
Argentina es destacar esa integridad como persona puesta al servicio de la
función pública, esa honestidad y ese apego total a las reglas éticas y morales
con que abrazó los principios de la Unión Cívica Radical incluso –como bien lo
señaló el señor diputado Mario Negri‑ ante momentos críticos. Muchas
veces la deslealtad puede jugar una mala pasada; por eso es importante destacar
esa actitud de poner los valores de la integridad al servicio de la república y
de la democracia.
Por
todo lo expuesto, querido Víctor Martínez, como cordobesa y parte de la Unión
Cívica Radical, pido a todos los políticos que, a lo largo y a lo ancho de
nuestra Argentina, sigamos tu ejemplo, tus actos y tu memoria. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Tucumán.
Sr.
Masso.- Señor presidente: coincido con las
expresiones vertidas por el señor diputado Negri.
Quienes
iniciamos nuestro camino en la política con la recuperación de la democracia,
más allá de nuestras diferencias no podemos dejar de mencionar lo que
significaron esa etapa y los hombres que la llevaron adelante.
Del
ex vicepresidente Víctor Martínez, hoy tenemos que rescatar que fue una persona
que se abrazó a la política no para ocupar un cargo. Lo hizo sin dejar de lado
lo más importante: lo que había conseguido con sus estudios antes de ingresar a
ella.
Terminó
su vida dando un claro ejemplo de lo que debemos mirar todos los que, de una u
otra manera, nos desempeñamos en la función pública para superar esa brecha tan
grande que existe entre la política y la sociedad. Por eso, el ex
vicepresidente Víctor Martínez es un claro ejemplo para todos los que pensamos
en política: para las generaciones que lo conocimos, para las que vendrán y
para las de hoy.
Por
estos motivos, desde Libres del Sur adherimos a este homenaje y queremos poner
al ex vicepresidente Víctor Martínez como un ejemplo para que se entienda que
la política es vocación de servicio. Es el órgano conductor para cambiar la
realidad de tantos argentinos que todavía hoy esperan que la democracia les dé
respuesta.
Vaya
entonces este reconocimiento a su familia, esperando que Víctor Martínez sea un
ejemplo vivo en nuestra democracia latente. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Pretto.- Señor presidente: como los diputados
preopinantes, el motivo de estas palabras es rendir homenaje a un dirigente
probo de la Unión Cívica Radical que honró la política de Córdoba. A los
jóvenes que empezamos a militar en 1983, nos hizo sentir orgullosos que un
cordobés formara parte de una fórmula presidencial.
Víctor
Martínez fue un hombre reconocido no solo en el ámbito de la política sino
también en el sector académico, en el que participó como profesional del
derecho. Honró las leyes y los principios emanados de ellas, y supo llevarlos a
la práctica en cada una de las actividades públicas que desempeñó a lo largo de
su vida.
Por
estas razones me sumo a las palabras de homenaje aquí vertidas.
Personalmente
recuerdo una visita que realizó allá por 1987 a la ciudad de La Carlota. Su
presencia honró no solo a los carlotenses sino también a la política y, por
supuesto, a Córdoba en el concierto nacional. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Fe.
Sra.
Ciciliani.- Señor presidente: desde el bloque del
Partido Socialista queremos rendir nuestro homenaje al señor vicepresidente de
la República Víctor Martínez en un momento trascendente de la democracia
argentina, que lo tuvo como indudable protagonista al lado del doctor Alfonsín.
Expresamos
nuestras condolencias a la familia y a todos los correligionarios de la Unión
Cívica Radical. (Aplausos.)
II
Sr.
Presidente (Monzó).- Para rendir homenaje a
Justina Lo Cane, tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: lamentablemente
falleció Justina Lo Cane, la chiquita de doce años que esperaba un corazón.
Creo
que su pérdida nos deja abierta una herida muy grande; todavía tenemos que
seguir trabajando en concientizar a la sociedad sobre la importancia de la
donación de órganos. Justina no lo logró, pero todavía hay once mil personas en
la lista de espera del Incucai que necesitan un trasplante.
El
esfuerzo que debemos hacer todos para seguir tomando conciencia de que donar
órganos salva vidas, es algo que tenemos que llevar a la práctica todos los
días.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: en verdad, hoy es
un día muy triste porque acabamos de enterarnos del fallecimiento de Justina.
Tuve
la oportunidad de conocerla a ella y a su familia, porque estaba internada en
la habitación de enfrente de mi hijo. Era una nena luchadora y llena de
esperanza. Realmente, enterarnos hoy de este fallecimiento es una noticia
tremenda. Me cuesta mucho hablar, pero creo que nosotros tenemos la
responsabilidad, además de homenajear a esta gran luchadora, de trabajar para
mejorar la ley de trasplantes, para lograr que casos como este tengan un final
distinto.
Es
un día realmente muy triste y creo que desde este lugar no solamente tenemos
que quedarnos en este merecido homenaje y transmitir nuestras condolencias a
sus amigos y familiares ‑a los que vi sufrir en esa búsqueda por ese
corazón que nunca apareció‑ sino también asumir todos nosotros el más
ferviente compromiso por mejorar la ley de trasplantes. Es una buena ley, pero
todavía se puede mejorar más para que chicos como Justina y también adultos
puedan prolongar sus vidas mediante la donación de órganos. (Aplausos.)
III
Sr.
Presidente (Monzó).- Para un homenaje a la
memoria de Marta Vásquez, madre de Plaza de Mayo, tiene la palabra el diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Raffo.- Señor presidente: falleció una de las
fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que después se convirtió en fundadora de
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Tuvo
una larguísima trayectoria desde los tiempos de la dictadura hasta el día de su
muerte en la defensa de los derechos humanos y en la heroica lucha de las
madres y de todos los que defendieron y defendimos los derechos humanos en el
país.
No
quería dejar de recordarla en esta sesión. (Aplausos.)
IV
Sr.
Presidente (Monzó).- Para un homenaje al Día de
la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr.
Seminara.- Señor presidente: quiero recordar que
este Congreso instituyó al 22 de noviembre de cada año como Día de la Gratuidad
de la Enseñanza Universitaria, en conmemoración al dictado en 1949 por parte
del presidente Juan Domingo Perón del decreto que estableció la gratuidad de
esa enseñanza.
En
materia de educación superior, nuestro país está a la vanguardia a nivel
latinoamericano. La reforma universitaria de 1918 consagró la libre elección de
las autoridades universitarias, la educación laica y el libre ingreso, pero la
gratuidad fue obra del gobierno peronista y es una manera de consagrar la
posibilidad de la movilidad social ascendente, para que muchos hijos de
trabajadores lleguen a las altas casas de estudio.
Prueba
de ello es este Parlamento, donde la mayoría de los legisladores han sido
formados en la educación pública, libre y gratuita. Nos sentimos orgullosos
como argentinos, pero queremos recordar que la educación gratuita está
corriendo peligro en toda Latinoamérica. Ayer la agencia oficial Télam publicó
las recomendaciones del Banco Mundial, y una de ellas, para Brasil, es la de
poner fin a una naciente educación masiva en el país hermano. Nosotros tenemos
toda una tradición de masividad, de ingreso irrestricto, que ha sido defendida
y que tiene sus mártires, como todas las luchas sociales en la Argentina.
Es
por eso que queremos alertar que, a punto de cumplirse cien años de la reforma
universitaria, de reconocer la gratuidad como un derecho humano para todos los
argentinos y para todos aquellos que deciden vivir en nuestro país, la
universidad pública y gratuita debe ser defendida como un derecho democrático
de esta sociedad argentina. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las palabras vertidas
por los señores diputados quedan rendidos los homenajes de la Honorable Cámara.
- 7 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los
dictámenes de las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la
Competencia y otras ‑Orden del Día N° 2031‑ recaídos en los
proyectos de ley sobre régimen de defensa de la competencia (expedientes
2.479-D.-2016 y 2.495-D.-2016).
aquí orden del día N° 2031
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Schwindt.- Señor presidente: antes que nada
quiero remarcar que estoy terminando mi mandato y también finalizando la
presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la
Competencia, que en estos dos años que la he presidido ha tenido un rol
protagónico e importante.
Sin
ánimo de traer un tema fuera de contexto ni querer herir a nadie, esta comisión
ha tenido un rol importante y protagónico cuando se dispuso el aumento de
tarifas, que aún hoy sigue golpeando el bolsillo de los argentinos.
Quiero
hacer una reseña de cómo fuimos trabajando con estos proyectos en nuestra
comisión. Primero llegó a la comisión un proyecto de la señora diputada Carrió
e inmediatamente uno del señor diputado Negri, en noviembre de 2016, ya
terminando el año, y ni bien comenzó el siguiente calendario legislativo comenzamos
a trabajar en ambas iniciativas.
Llevamos
a cabo alrededor de seis o siete reuniones de asesores y se hizo una reunión
conjunta informativa con las demás comisiones, a la que concurrieron el
licenciado Esteban Greco, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia; el señor Diego Petracolla, ex presidente de esa comisión; el señor
Eduardo Batista, gerente general de Plaza Logística; el empresario del rubro
alimenticio Víctor Fera; el señor Federico Volujewicz, director promocional de la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia; el señor Pablo Trevisán, vocal
de esa comisión, y el doctor Carlos Alberto Cruz.
Ellos
expusieron en esa jornada sobre la creación del Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia, su funcionamiento y autoridades; la creación del programa de
clemencia, exención de sanción y lineamientos; límites a las grandes
concentraciones; valor de las unidades móviles que se van a aplicar; la
promoción de la competencia; la sanción de las conductas anticompetitivas, que
comúnmente conocemos como cartelización; las recomendaciones de la OCDE; las
pymes y las grandes concentraciones; el empoderamiento del consumidor y la
maximización de los controles del Estado.
Todo
eso hicimos en la comisión y aquí estamos ahora, ante la oportunidad de brindar
una herramienta para hacer. Hablar de esto, hemos hablado todos, todo el
tiempo. Todos conocemos que, si queremos una Argentina de competencia, esta ley
va a permitir avanzar para que no haya abusos y controlar la concentración.
Todos conocemos cómo en estos años se preveía la creación del Tribunal de la
Competencia ‑que nunca se concretó‑, con el que se hubieran evitado
fusiones que perjudicaron a usuarios y consumidores.
Todos
conocemos, es vox populi, los casos en que se aplicaron multas y las empresas
prefirieron pagarlas y seguir con sus conductas anticompetitivas. Y así lo
siguieron haciendo, porque no teníamos una ley de defensa de la competencia que
permitiera actuar, controlar, sancionar, multar y observar.
La
Argentina está pidiendo entrar a la OCDE y nosotros tenemos que avanzar en ese
sentido. Esta ley será de gran importancia para ello.
He
tenido la oportunidad, en los cuatro años que integré la comisión y en los dos
años que la presidí, de hablar con empresarios del rubro alimenticio, quienes
se quejaban de que había hasta un 50 por ciento de sobreprecios por la falta de
competitividad. Nosotros, desde el espacio político que participo, hemos pedido
una ley de góndolas. Y en este trabajo conjunto para mejorar esta situación,
hemos pedido que se nos tenga en cuenta para establecer los lineamientos que
permitan avanzar en la sanción de esa ley de góndolas.
Tenemos
conocimiento de al menos diez rubros –que van desde la industria automotriz
hasta los servicios de salud- en los que hay una clara falta de competencia.
Todo esto se ha dado en desmedro de los usuarios y consumidores.
Sinceramente,
hoy participo con alegría de esta sesión porque hace mucho que venimos
reclamando el tratamiento de una iniciativa de estas características, que en mi
opinión será muy beneficiosa.
Coincidimos
en la defensa de los usuarios y consumidores para que la competencia exista
realmente en nuestro país.
Por
otra parte, como integro un espacio político desde el cual hemos reclamado
asiduamente una ley de góndolas y una norma como la que estamos tratando,
siendo coherente con nuestra posición solicito que el miembro informante de
este proyecto sea algún diputado del oficialismo. Creo que esto es lo que
corresponde. Por ello, les pido que indiquen quién asumirá ese rol a fin de
seguir avanzando en la sanción del proyecto de ley sobre Régimen de Defensa de
la Competencia.
Espero
que quienes tengan algo para aportar y no lo pudieron expresar en su momento,
hoy lo puedan hacer antes de aprobar la iniciativa en consideración.
Por
lo tanto, reitero mi pedido para que el bloque Cambiemos designe al miembro
informante. Esto es lo que corresponde, porque el dictamen tomó como
antecedentes los proyectos de autoría de los diputados Carrió y Negri. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Cabandié.- Señor presidente: estamos tratando un
proyecto de ley de suma importancia que contiene casi 90 artículos. En este
sentido, quisiera referirme a algunas cuestiones específicas.
Como
todos saben, nuestro bloque ha presentado un dictamen de minoría que hace
hincapié en la figura de la Autoridad Nacional de la Competencia, que recae en
la persona del presidente del Tribunal, que es quien designa a los miembros de
las tres secretarías con las que cuenta el organismo.
En
nuestra opinión es discrecional y excesiva la autoridad que se le otorga al
presidente del Tribunal. Quisiéramos que esa autoridad se ejerza en forma
colegiada con los integrantes de las secretarías y que no quede solo en cabeza
de su presidente.
Por
otra parte, entendemos que la creación de una sala especializada con tres
jueces en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal constituye una flagrante contradicción que será tildada de
inconstitucional. Digo esto porque si bien se eliminan delitos penales, en
forma supletoria se va a aplicar la normativa penal; de este modo nos
encontraríamos con jueces civiles obligados a aplicar el Código Penal. Esto va
en contra de lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 99; es
algo que el oficialismo tendría que revisar.
Por
otro lado, se eliminó el porcentaje que se tomaba en cuenta a la hora de
definir si una acción no es competitiva. No estamos de acuerdo con que no se
establezca ningún porcentaje para definir quién está incurriendo o no en una
actitud de concentración económica. Esto nos resulta sospechoso. De acuerdo con
el proyecto el presidente del Tribunal –que es designado por el Poder
Ejecutivo- será el encargado de definir si una acción es anticompetitiva, lo
cual se va a convertir en un grave problema.
Además,
de acuerdo con el proyecto queda sujeto a la discreción del Tribunal la
regulación de las acciones anticompetitivas. Como la decisión puede orientarse
hacia cualquier lado, se convierte en una herramienta válida para que el Poder
Ejecutivo defina a discreción y a gusto de los poderes económicos si alguien
está aplicando o no acciones anticompetitivas. Como el concepto es muy vago,
pone en tela de juicio el conjunto del proyecto de ley.
Hay
otros puntos que debemos revisar. Uno de los problemas más grandes de nuestra
economía es el de la concentración, sobre todo en determinados bienes de
consumo masivo. Así, por ejemplo, una empresa de panificados representa el 80
por ciento del mercado; dos empresas de bebidas gaseosas manejan el 82 por
ciento de mercado; cuatro empresas de galletitas constituyen el 80 por ciento
del mercado y dos empresas lácteas absorben el 80 por ciento del mercado.
Evidentemente,
el tema de la concentración es un problema de nuestra economía y está bien que
intentemos abordarlo. Sin embargo, el gobierno ha perdido dos oportunidades
para hacerlo, si es que realmente quiere romper con esa concentración.
La
primera oportunidad la perdió cuando desarmó el paquete de leyes que en 2014
sancionó este Congreso por mandato del Ejecutivo de ese entonces, que fue quien
impulsó la sanción de un conjunto de normas destinadas a la defensa de los
usuarios y consumidores. En este sentido, podemos decir que la cuestión de la
concentración económica se puede abordar desde dos ópticas: desde la defensa de
los derechos del consumidor o desde el lado de las empresas. Por eso decimos
que desde la perspectiva del consumidor el gobierno perdió una oportunidad al
desarticular los proyectos que bregaban por la protección de los consumidores.
La
segunda oportunidad que perdió el gobierno de trabajar contra las acciones
anticompetitivas de los mercados concentrados la representa este mismo
proyecto, ya que al no definir porcentajes y tener conceptos tan laxos sobre
qué es una acción de concentración, se plantea un nuevo problema.
Nosotros
entendemos que el Estado debe reforzar su capacidad para atender las
problemáticas de los consumidores a través de herramientas efectivas, que en
este caso no existen, toda vez que quedan libradas a la potestad de un
funcionario elegido por el Ejecutivo. Además, la Autoridad Nacional de la
Competencia no cuenta con organismos de defensa de la competencia, como podrían
ser las ONG y las entidades de defensa de los consumidores. Esto también forma
parte del problema, porque si alguien viene luchando contra esta situación
justamente son las asociaciones de consumidores, que ya han señalado hace mucho
tiempo las vulnerabilidades de los consumidores frente a los mercados
concentrados de nuestro país.
En
ese sentido, nos resulta difícil creer que un presidente que hace pocos días se
preguntó retóricamente por qué las pymes son buenas y las grandes empresas
malas, realice algún acto administrativo desde el Ejecutivo para combatir las
acciones de concentración económica. Si un presidente desconoce que de cada
diez trabajadores ocho pertenecen a las pymes o minipymes, evidentemente no
sabe lo que significa la concentración económica, o sí la conoce pero no quiere
hacer nada para romper con ella.
Es
por eso que planteamos que en el proceso de selección de la terna deben
intervenir asociaciones del consumidor, y que los candidatos preseleccionados
deben prestar declaración jurada a fin de evitar futuros conflictos de
intereses.
Nos
encontramos con que tenemos varios funcionarios que presentan flagrantes
conflictos de intereses, un eufemismo de decir que se están cometiendo actos de
corrupción. Esto sucede cuando se otorgan licitaciones a empresas como Shell,
una empresa de la cual es ex CEO el titular del área de energía, y otras tantas
contradicciones que demuestra la existencia de estos conflictos de intereses.
Para evitarlo, nos parecería bien que el proceso de selección tuviera este
requisito.
Por
otro lado, el Poder Ejecutivo no debería tener facultad de designar a sus
miembros sin el acuerdo del Senado. El proyecto de ley establece que si el
Senado no designa los miembros en sesenta días el Poder Ejecutivo queda
facultado para hacerlo. Entendemos que esto genera un conflicto con el objetivo
de generar mayor transparencia y equilibrio.
Asimismo,
vemos con preocupación lo que en el proyecto se denomina “clemencia”, que no es
otra cosa que lo que sucede con la ley del arrepentido, que parece estar de
moda. Esto del arrepentido nos parece un eufemismo. Es difícil que alguien
pueda arrepentirse cuando el tribunal tiene facultades inconstitucionales, por
este conflicto entre delitos penales y jueces civiles en relación con la Cámara
de Apelaciones.
Quiero
reparar también en lo que establece la ley al acordar la reducción o quita de
multas, que es una facultad que creemos que en todo caso debería tratarse de
otra forma.
Entiendo
que estamos en un mundo en el que el campo nacional y popular ha acuñado el
concepto de posverdad, pero quien lo aplica es el partido de derecha o
neoliberal que nos gobierna. Puede ser una categorización vieja, que a algunos
no les importa; hay gente que no decodifica entre derecha e izquierda, pero
entiendo que ustedes están ante una oportunidad de trabajar más allá de la
posverdad.
Esta
norma está encabezada por un gran título, que no deja de ser marketinero o
parte de esos eufemismos, porque la esencia del articulado no cometerá ninguna
acción para romper monopolios ni concentraciones en nuestros mercados.
Por
ello, sinceramente pedimos a este gobierno, que tanto se jacta al hablar de la
República y de la división de poderes, que actúe en consecuencia y a través de
esta iniciativa establezca mecanismos a través de los cuales verdaderamente se
verifique esa división de poderes, ya que ella no está plasmada en el
articulado de este proyecto de ley. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: este tema se viene
arrastrando desde hace tiempo. Existe infinidad de proyectos que se han ido
presentando a lo largo de los años sobre la defensa de la competencia o el
control de las conductas anticompetitivas.
Esta
norma también recoge muchos aspectos de otra que en su momento había presentado
el ex diputado Martín Lousteau, donde también se creaba un tribunal. A su vez,
ese proyecto tenía en cuenta algunas cuestiones que fueron presentadas tiempo
atrás, de manera tal que esta es una discusión que venimos sosteniendo hace
tiempo. Creo que es bueno que avancemos en la sanción de una actualización a la
ley actualmente vigente.
No
debemos confundirnos y pensar que la Argentina no cuenta con una ley que prevea
las prácticas anticompetitivas o las concentraciones económicas. De todos
modos, lo cierto es que hoy en nuestro país tenemos una economía altamente
concentrada y muchas prácticas anticompetitivas que no se están controlando
como se debe.
Esto
no sucede por falta de normativa. La ley existe. Puede ser mejorada; pueden
incorporarse nuevas figuras como algunas de las que figuran en el proyecto en
consideración, pero debemos tener clara conciencia de que debe haber una
decisión política muy fuerte para avanzar realmente y empezar a regular en
serio, de una vez por todas, las prácticas anticompetitivas.
La
ley 25.156, que es la actualmente vigente, fue sancionada en 1999. En ella
también se creaba un Tribunal de Defensa de la Competencia, de manera tal que
esta figura no es nueva; el problema es que nunca se constituyó. Tiempo después
ese tribunal se anuló, quedando en un órgano con falta de algunas capacidades,
particularmente las sancionatorias. En definitiva, quedó una ley a mitad de
camino, a la que le faltaban herramientas para cumplir con su objetivo central,
que era el control de prácticas monopólicas.
En
esta iniciativa se avanza en la formación del tribunal. Luego, como decía
anteriormente, efectivamente deberá conformarse y regularse.
En
las reuniones conjuntas de comisiones hemos discutido mucho este proyecto,
tratando de arribar al mayor consenso posible. Llegamos a coincidencias
importantes –voy a nombrar algunas, otro diputado hará mención más específica‑,
como que el tribunal debe contar con acuerdo del Senado. Esto no es menor
cuando uno habla de la independencia y autonomía del tribunal. Estos temas son
claves a la hora de hablar de empezar a controlar en serio.
Se
logró consenso en la ampliación del alcance de este tipo de normas. Se pudieron
incluir todos los servicios públicos regulados para que sean controlados.
También
se incorporó una infinidad de cambios que tenían que ver con la redacción para
que quedara más claro. Hubo cuestiones que no fueron incluidas en el dictamen
de mayoría y fue por eso que nosotros firmamos otro en minoría. Lo que
principalmente le falta a esta norma es avanzar sobre lo que nosotros
denominamos el fomento de la competencia minorista, también llamada ley de góndolas,
es decir: cómo hacemos para controlar que un consumidor, cuando vaya a un
supermercado o a un comercio no termine pagando precios más altos producto de
la falta de competencia. Lamentablemente, por ahora no nos pusimos de acuerdo,
pero para nosotros es central avanzar en el tema de góndolas.
Los
precios en la Argentina no se resolverán únicamente con la regulación de las
tasas de interés, sino que hace falta otro tipo de medidas.
El
proyecto de ley de góndolas también tiene como objetivo empezar a regular la
formación de los precios en las cadenas: cómo logramos que el consumidor
realmente pague lo que hay que pagar; cómo empezamos a lograr, por ejemplo, que
una pyme que quiere vender en un supermercado pueda acceder sin ninguna restricción
o barrera, evitando que cuando entre le terminen diciendo “okay, pero el precio al que vos vas a vender el producto tiene que
ser un 30 por ciento más caro”, porque justamente eso le permite al grande
seguir teniendo un monopolio.
¿Cómo
hacemos para que los productos estén exhibidos en las góndolas? En nuestro
proyecto de ley de góndolas nosotros proponemos que no puede haber más de un 40
por ciento de la góndola que esté ocupado por una misma empresa, porque así se
evita que haya competencia. Además, en nuestro dictamen proponemos mecanismos
rápidos de control y contemplamos todo un capítulo referido a las formas de
denuncias, justamente para evitar este tipo de prácticas.
Seguiremos
con esto a lo largo de la sesión. Creemos que el capítulo sobre las góndolas es
un punto central y debe ser incorporado, porque de lo contrario, la ley termina
quedando trunca. Por eso es que seguiremos insistiendo en la incorporación de
nuestra ley de góndola o buscaremos algún consenso en términos de cómo obligarnos
a sancionar una norma de ese tipo.
Además,
insistimos en la necesidad de lograr una mayor autonomía y en que los
integrantes del tribunal sean idóneos, que tengan una reputación intachable y
capacidad técnica para afrontar este tipo de delitos.
A
su vez, propondremos que estos funcionarios o miembros del tribunal no puedan
ser reelectos más de una vez, para evitar que se queden eternamente en el
cargo, lo que terminaría atentando contra la defensa de los consumidores y de
la competencia.
Por
otra parte, insistiremos en la necesidad de contar con mayores controles y,
sobre todo, continuaremos defendiendo que haya una decisión política para que
las leyes de este tipo se apliquen realmente en la Argentina y de una vez por
todas podamos controlar toda clase de prácticas abusivas, anticompetitivas y de
concentración económica. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Salta.
Sr.
López.- Señor presidente: mediante este proyecto
de ley, el gobierno, que ha venido a arrasar con todos los derechos laborales y
jubilatorios de los trabajadores en favor de los monopolios, pretende simular
que quiere poner un límite a los atropellos de esos monopolios y frenar la
concentración económica.
Aquí
se ha dicho que la carestía del costo de vida en nuestro país obedece a que no
tenemos un tribunal de la competencia o que habría que actualizar la ley de
defensa de la competencia que ya existe. También ha dicho el oficialismo que
hubo una mala implementación de la norma existente, mencionando las denuncias
contra el ex secretario de Comercio del gobierno anterior, Guillermo Moreno, y
su manipulación de los índices a través del INDEC o mediante acuerdos con los
supermercadistas, cuestiones que en parte pueden ser ciertas.
Sin
embargo, no se dice que este gobierno ha tomado medidas que han encarecido el
costo de vida del conjunto de los trabajadores. Una de ellas ha sido el
levantamiento de las retenciones a los grupos exportadores, y particularmente
los sojeros, algo que no solamente ha afectado al fisco sino que ha hecho
aumentar los precios, sobre todo de los alimentos. Otras medidas han sido la
devaluación de la moneda, los tarifazos a favor de los monopolios que prestan
los servicios públicos en nuestro país y los impuestazos contra los trabajadores.
Esas
medidas han sido, en parte, las responsables del aumento del costo de vida.
Podemos
mencionar, además, el saqueo que se está haciendo en el Banco Central con las
LEBAC y la elevación de las tasas de interés para los préstamos, a los cuales
no pueden acceder los trabajadores.
Todos
estos negociados significan un saqueo para las finanzas del país.
-Ocupa la Presidencia la señora
Vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sr.
López.- Los trabajadores son víctimas de los
intereses elevados cuando utilizan las tarjetas de crédito, solamente para
engordar las ganancias de los bancos, de los supermercados y de los monopolios
del comercio, por ejemplo, de los electrodomésticos. Esto se hace a costa del
bolsillo del conjunto de los trabajadores.
Esta
iniciativa es una enorme hipocresía ya desde su artículo 1°, porque establece
que están prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones
económicas, etcétera. En las comisiones hemos escuchado a diputados
oficialistas hablar de la lucha contra los monopolios. Realmente daba risa
escuchar esto de parte de los diputados que defienden a un gobierno de los
monopolios, a un gobierno que por medio de un decreto del Poder Ejecutivo, como
es el 1.340/16, permitirá la concentración económica de los medios de
comunicación, tal como está ocurriendo con la fusión que se quiere imponer, de
Telecom Argentina con Cablevisión. Esa fusión tiene un antecedente en gobiernos
anteriores, con la fusión de Cablevisión y Multicanal.
Se
trata de un gobierno que quiere hacer ingresar a los multimedios en el negocio
del 4G y armar todo un paquete con lo que se ha denominado triple play o cuádruple play.
De
ninguna manera este gobierno va a combatir a los monopolios. Estamos hablando
de un gobierno que ha colocado a los CEO de las empresas monopólicas como
funcionarios e incluso como ministros. Yo lo señalé en las comisiones cuando
denuncié el papel del ministro de Energía, Juan José Aranguren, integrante de
una empresa monopólica petrolera que le está imponiendo al conjunto del pueblo
argentino tarifazos brutales que harán imposible que los trabajadores puedan
pagar la luz o el gas, todo para beneficiar a los monopolios de los cuales
forma parte.
De
ninguna manera este gobierno podrá imponer una lucha contra los monopolios ni
podrá evitar que estos se pongan de acuerdo para dictar los precios. Esto solo
podría hacerse mediante el control obrero de las cuentas y de los libros de las
grandes empresas, de las empresas privatizadas, de los supermercados, y en
general, de quienes manejan los precios en nuestro país.
-
Ocupa la Presidencia el señor
presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr.
López.- También hay que señalar que, en la
historia de nuestro país, desde el gobierno de Perón en adelante, han fracasado
todos los intentos de tener una ley de defensa de la competencia. Nunca han
podido frenar la inflación ni evitar el deterioro de los salarios. Por el
contrario, todos los gobiernos han sido parte en cuanto a beneficiar a los
grupos económicos y favorecer la concentración económica, que ataca todos los
derechos de los trabajadores y que ha impuesto la carestía de vida que afecta
el salario.
Ahora
este gobierno viene por más, con las reformas laboral, impositiva y previsional,
para seguir beneficiando a esos grupos concentrados a costa del bolsillo del
conjunto del pueblo trabajador.
Cada
vez es más claro el entrelazamiento que existe entre el capital financiero y el
capital comercial, que es lo que ha provocado en su momento que se otorgase un
subsidio a esos capitales para aumentar el consumo, lo que todavía están
pagando los trabajadores con el enorme endeudamiento con las tarjetas de
crédito, que como ya dije, han subido sus intereses. Esto significa un brutal
negociado para el capital financiero.
Se
ha dicho que un elemento distintivo de esta ley era la creación del tribunal de
la competencia, pero lo único que aquí se está creando son nuevas reparticiones
burocráticas. Además, el hecho de que el Senado pueda designar a esa “nueva
burocracia” o tribunal de la competencia no es ninguna garantía. En este
sentido, tenemos el ejemplo de los jueces, que son nombrados con acuerdo del
Senado y sin embargo no resuelven el problema de la Justicia; por el contrario,
son dependientes del poder político. Si no, ¿cómo se explica que el Senado haya
dado acuerdo para nombrar como juez federal de Tartagal, en Salta –mi provincia‑,
al único juez que había con sanciones en causas de narcotráfico? Lo mismo va a
ocurrir en este caso, es decir que la designación del Senado no es una
garantía.
La
elección de los controladores que se propone tampoco es una garantía; además,
el término “clemencia” va a generar una vía de escape para que ninguna empresa
sea sancionada por la concentración económica, que además es promovida por este
gobierno. Como dije, los únicos que pueden controlar son los trabajadores con
la apertura de los libros.
Pero
este fracaso de las leyes de competencia no es solamente un problema de la
Argentina. La primera ley de defensa de la competencia surge en 1890 en los
Estados Unidos, en pleno desarrollo de las crisis mundiales del capitalismo.
Los economistas y políticos burgueses pensaban que con eso podrían controlar a
los monopolios, sobre todo la fijación de precios a través de la intervención
estatal. En aquel momento, Lenin ‑un gran revolucionario‑ ya se
burlaba de esa política que se llevaba adelante, y en su libro El imperialismo, fase superior del
capitalismo señalaba que era una utopía el control policial del Estado
sobre los monopolios porque en realidad son estos últimos los que controlan al
Estado. Y en la Argentina tenemos el ejemplo concreto, no solamente con este
gobierno, que ha puesto a los CEO como funcionarios, sino también con los
gobiernos anteriores, que han estado manejados por los grandes monopolios ‑como
Chevron‑, las mineras o los grupos exportadores.
Nosotros,
desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, y como socialistas, no
defendemos la desconcentración que la propia evolución de la sociedad
capitalista ha hecho de la economía. Es claro que la producción es social. El
problema es la apropiación privada de esa producción social, que solo beneficia
a un pequeño grupo de grandes monopolios, de grandes empresas. Lo que hace falta
resolver es esa contradicción: quién tiene la propiedad de los medios de
producción. Nosotros lucharemos para que esa propiedad sea socializada, es
decir, que sea del conjunto de los trabajadores, en beneficio de todo el pueblo
argentino y de toda la humanidad. Esta tarea solamente la desarrollará un
gobierno de los trabajadores. Un gobierno de los monopolios no podrá combatir
la concentración económica que él mismo impulsa.
Por
eso, hemos presentado un dictamen de minoría y rechazaremos este proyecto de ley,
que es un engaño contra la población argentina.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giordano.- Señor presidente: la Izquierda
Socialista ha presentado un dictamen de minoría en rechazo a esta iniciativa que
se denomina “ley de defensa y de promoción de la competencia”. Se refiere a la
competencia entre empresas capitalistas, donde supuestamente el capitalismo
empezaría a funcionar bien.
Esta
norma tiene su fundamento en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que
dice que hay que corregir la distorsión de los monopolios para que no haya
posiciones dominantes. De manera que hay un doble discurso tremendo, porque se
quiere hacer creer que con esta norma un pequeño comerciante o una pequeña
empresa podrán competir en igualdad de condiciones con una multinacional o un
gran empresario. Esto no tiene nada que ver con la realidad.
¿Dónde
existe esto que dice el gobierno? En ninguna parte del mundo; no lo puede
demostrar. Aquí predomina la dictadura del capital o de los bancos. Es una
etapa donde gobiernan el imperialismo, las multinacionales y los bancos, y
donde gobiernan éstos, lo único que hay es saqueo, explotación, lavado de
dinero, narcotráfico, fuga de capitales y planes de ajustes para pagar la deuda
externa. Eso es el capitalismo, en la Argentina y en el mundo. En este sentido,
hay un dato realmente escalofriante: ocho millonarios en todo el planeta tienen
la mitad del dinero de la mitad de la población mundial, o sea, ocho personas
concentran el ingreso de 3.500 millones de personas en el mundo. Por eso esta
norma del gobierno de los CEO, del gobierno de Macri, es una tomadura de pelo.
Es ridículo decir que con esto se mejorarán los grandes problemas de la
economía en nuestro país.
Por
ejemplo, en relación con los bancos, el gran negocio de un inversor extranjero
es comprar LEBACS, es decir, cambiar los dólares por pesos, comprar LEBACS y
cambiarlas al 28 por ciento anual, una cifra sideral. Estamos hablando de
inversión especulativa.
También
se dice que con esta norma se logrará un clima de negocio transparente, de
buena fe, competitivo e innovador. Cabe recordar el pacto secreto con Chevron,
que viene de la época del kirchnerismo y sigue hoy. El gobierno va a modificar
la ley de glaciares para seguir aumentando el negocio del saqueo de la Barrick
Gold. Recordemos que este Congreso votó el blanqueo de capitales, el blanqueo
de dinero sucio ‑hecho en el exterior‑, de evasión fiscal. Por eso
el ministro Aranguren –el De Vido de Macri‑ está sumamente comprometido.
Él dijo: “Yo trabajé para una offshore
pero no hay problema, porque está legalizado que cualquier multinacional o
cualquier petrolera vaya a un paraíso fiscal y no pague impuestos. Entonces,
¿por qué me van a condenar por eso?” Esto es una verdadera barbaridad.
Miremos
el clima de negocio transparente de PepsiCo, que daba ganancias y el Ministerio
de Trabajo le permitió cerrar una planta, dejando a 600 familias en la calle. O
miremos la transparencia y buena fe de la Agencia DyN, de los grandes monopolios
–como Clarín o La Nación‑, que directamente cerró, dejando a cien
trabajadores de prensa en la calle.
Se
dice que esta iniciativa mejorará la calidad de los servicios públicos. Pero la
luz, el agua, los teléfonos y el petróleo están todos privatizados, en
beneficio de los grandes empresarios capitalistas privatizadores del robo de
los noventa, y eso se mantiene hasta el día de hoy.
Se
habla de un clima de negocio transparente, de buena fe, competitivo e
innovador, pero en realidad en el gobierno de Macri, con el acuerdo de los
empresarios, los gobernadores ‑centralmente del PJ‑ y la traición
de la CGT, se está pactando un robo violento a las jubilaciones. Todo esto que
se dice es para la tribuna, porque en realidad la promoción de la competencia
es que se le van a robar 100.000 millones de pesos a los jubilados.
Por
otro lado, se va a aumentar la flexibilización laboral y los contratos basura,
diciendo que con eso habrá más trabajo; mientras tanto, se bajan los montos de
las indemnizaciones. O sea que, lejos de haber más trabajo, habrá
semiesclavitud laboral. Si hay facilidades para más despidos, habrá más
desocupación. Si se les roba a los jubilados, habrá más pobreza y no menos
pobreza, como dice el gobierno. Además, el hecho de que se les saquen impuestos
a los grandes empresarios –por ejemplo, se les reducirá el impuesto a las
ganancias‑ no significa que con ese dinero vayan a poner una fábrica. Por
el contrario, lo van a llevar al exterior, es decir, van a hacer una fuga de
capitales. El hecho de que a un empresario se le perdonen los impuestos no
significa que haya más empleos. Eso no ocurrió en los 90 ni ocurre en ninguna
parte del mundo. Por eso, nos parece tremendo el pacto de la CGT ‑la
traición de la CGT‑ y la UOM de Caló de haber fijado en Tierra del Fuego
un congelamiento salarial hasta el 2020.
¿De
qué transparencia y buena fe hablan si cuando una empresa sea denunciada por no
respetar la ley de competencia habrá un tribunal que, en virtud de un programa
de “clemencia”, la va a eximir de las miserables multas, que encima nunca
pagan? Por supuesto, querrán hacernos creer que con esto se ataca a los
monopolios formadores de precios, es decir, se combate la inflación. Esta es
una completa mentira porque ya existe la respectiva ley para atacar la
concentración económica. En la Argentina los alimentos son más caros que en
Europa, cuando los salarios son diez veces menores. Por ello, deben imponerse
precios máximos e incautar los productos para venderlos al pueblo a un mismo
precio. Incluso, deben cerrarse las empresas que no cumplan las leyes y meter
presos a sus dueños.
Hay
un montón de herramientas para combatir la inflación, los monopolios formadores
de precios y todo lo demás, pero evidentemente el proyecto en tratamiento no
tiene ese objetivo sino todo lo contrario. Se trata de simular que con una ley
de supuesta promoción de la competencia el capitalismo en la Argentina actuará
de forma fenomenal. Sin embargo, no es así.
El
sindicalismo combativo y la izquierda llamamos a una marcha y movilización para
la semana que viene, cuando estos proyectos se traten en el Senado, y también
el 6 de diciembre a la Plaza de Mayo para repudiar el tratamiento exprés de
este paquete de leyes y reformas estructurales que integran un plan antiobrero
y propatronal pactado a espaldas del pueblo.
La
izquierda no está a favor sino que combate la sanción de estas leyes que
supuestamente regulan los monopolios. Para que haya trabajo, salud y educación,
la economía no debe estar en manos de ningún monopolio ni del capitalismo sino
del Estado. Consecuentemente, estamos a favor de la expropiación de los
monopolios para recuperar el patrimonio nacional, con las empresas rematadas
durante el peronismo de los 90. Queremos recuperar el petróleo y el gas, con la
aspiración de que YPF sea ciento por ciento estatal; reestatizar las empresas
privatizadas y ponerlas a trabajar bajo control de los usuarios y los
trabajadores; nacionalizar la banca y el comercio exterior y terminar con el
monopolio del saqueo que significa pagar puntualmente la deuda externa a costa
del hambre y la pobreza.
El
gobierno dice que estamos mal porque hay trabajadores, como los docentes, que
cobran jubilaciones de privilegio. Debería darle vergüenza seguir embistiendo a
los docentes cuando las cajas previsionales y jubilatorias se vaciaron a raíz
del indulto o el no pago de los aportes patronales incluidos en las reformas.
También debería avergonzarlo tomar la plata de los jubilados para pagar
puntualmente una deuda externa de la época de la dictadura. Este es el hecho
mafioso de entrega, corrupción y saqueo más grande la historia.
Entendemos
que deben realizarse reformas estructurales. Sin embargo, estas son opuestas a
las que, reitero, el gobierno lleva adelante de la mano de los gobernadores del
PJ ‑que pidieron el voto para enfrentar el ajuste y ahora pactan a
espaldas del pueblo‑ y de la traición de los vendidos de la burocracia
sindical de la CGT.
Con
los fundamentos vertidos, rechazamos el proyecto de ley en tratamiento.
Apuntamos a un plan económico alternativo al servicio de los trabajadores y de
los sectores populares. Asimismo, llamamos a enfrentar la reforma laboral y
todas las medidas propatronales con una marcha unitaria convocada por el
sindicalismo combativo y la izquierda cuando las leyes sean tratadas en el
Senado. Asimismo, el 6 de diciembre invitamos a todos a Plaza de Mayo para
repudiar y derrotar la sanción de esas normas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Honorable Cámara y señor presidente:
anticipo que muchas de las modificaciones solicitadas serán aceptadas en el
tratamiento en particular. De ello darán cuenta el diputado Laspina, presidente
del plenario de comisiones, y el diputado Sánchez.
En
primer lugar, agradezco a la presidenta de la Comisión de Defensa del
Consumidor, diputada Schwindt, por la permanente predisposición a avanzar en el
tratamiento de un proyecto de ley de enorme significación, cuyos efectos hace
muchos años se vienen imposibilitando o debilitando en la Argentina.
Asimismo,
agradezco a los técnicos y especialistas de distinto pensamiento que durante
estos años arrimaron posiciones para ayudarnos a consensuar. Obviamente ellos
están orientados hacia el bien común.
En
honor a la verdad, el proyecto de ley de mi autoría se basa en uno presentado
anteriormente por el diputado mandato cumplido Martín Lousteau y otro de la
diputada Elisa Carrió.
En
la turbulencia de la prioridad de los temas a tratar en la Argentina, mezcla de
dolor y angustia, como hoy se hizo referencia a lo cotidiano de la economía,
quizás no advirtamos la importancia de esta norma para el presente y el futuro
del país. Su significación para la economía en la Argentina no tiene
precedentes, son las nuevas reglas centrales. Se trata de un aporte sustancial
a la transparencia de los mercados que contribuirá a la integridad de la
nación.
El
proyecto de ley en tratamiento busca terminar con la cartelización, que es la
peor enfermedad que ahoga al consumidor, y defender a las pymes que frente a un
mundo global y concentrado ven profundizada su debilidad por no tener un marco
institucional en el cual reclamar.
Quiero
que quede claro que no se trata de una norma que resuelva el problema de la
inflación. Es necesario contar con una ley de defensa de la competencia con
Tribunal de Defensa de la Competencia, que existe tanto en países con inflación
como sin inflación. Su naturaleza es otra y contempla algo que nos pasa por
encima y que atraviesa todas las fronteras: el desarrollo de la innovación como
resultado de la revolución tecnológica que perfora los mercados, sobre los que
no existe ningún control ni disciplinamiento, como vemos en países
desarrollados del mundo. Mediante la innovación y el conocimiento desde un
garaje se desarrollan capitales que superan cualquier cifra imaginada en el
planeta, giran por el mundo sin ningún control, y compiten, perforando y
dejando prácticamente sin defensa a los Estados nacionales.
Esta
norma no solamente evita la cartelización clásica, conocida y remanida de la
obra pública, como se dijo muchas veces, sino que también apunta a un aspecto
mucho más sensible que generó actuaciones de la Comisión Nacional de la
Competencia. Por ejemplo, en los casos de cartelización de medicamentos en algunas
provincias, esa comisión actuó rápidamente a pesar de tener facultades
recortadas.
La
regla es la competencia, pero la competencia tiene como regla la lealtad y la
transparencia, no el fraude ni la concentración. La ley 25.156 sancionada en
1999 nunca pudo aplicarse y fue desnaturalizándose.
En
2014, con la sanción de la nueva ley de abastecimiento desgraciadamente se
derogaron casi todas las atribuciones del Tribunal de Defensa de la
Competencia, traspasándose en forma discrecional a los humores del tan mentado
y recordado secretario Moreno, fuera de cualquier nivel institucional. Por eso
no hubo sanciones relevantes durante los últimos años.
Por
estas razones necesitamos este instrumento que tienen Chile, Brasil, Colombia,
Perú –se ha hecho mención a la OCDE‑, Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel,
Italia, Japón, Corea, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros países, donde
hemos visto importantes sanciones.
He
descripto en forma somera los objetivos, pero quiero recalcar dos o tres
cuestiones importantes. Además de sanciones para los acuerdos y prácticas
prohibidas, habrá fuertes sanciones para las posiciones dominantes a fin de
evitar la concentración, cuando dos o tres se juntan para manejar el mercado.
Asimismo,
si este instrumento se ejerce bien ayudará a las pymes en lo que respecta a los
insumos que necesitan, porque en su marco de debilidad compiten contra grandes
pulpos que concentran y definen unilateralmente el precio de los insumos,
encareciendo así la actividad productiva.
Por
otra parte, se creará la Autoridad Nacional de la Competencia, que funcionará
como tribunal de defensa de la competencia. En este sentido, a raíz de algunas
observaciones que se hicieron, anticipo que por supuesto aceptaremos
modificaciones para regular cualquier tipo de conflicto de intereses, a fin de
preservar dicha autoridad nacional. Además, los miembros que la integren
deberán cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo ingresar previo concurso
público.
También
se incorporará el control institucional del Senado, que no se trata de la
arbitrariedad de la designación por parte de dicha Cámara, sino que es el
último paso después de las presentaciones y los concursos.
Asimismo,
existirá una Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y una
Secretaría de Concentraciones Económicas.
Señor
presidente: las sanciones son enormes. Cuando concluya daré un ejemplo de esto.
Es importante que sepan que habrá sanciones. Para los actos o conductas que
impliquen acuerdos prohibidos, la sanción del Tribunal de Defensa de la
Competencia puede abarcar hasta la exclusión del registro de proveedores del
Estado si la infracción realizada tiene que ver con licitaciones públicas.
Dicha exclusión puede durar hasta ocho o diez años. Es decir que estamos
hablando de severas sanciones, de un programa de clemencia que es casi como un
arrepentido, no porque esté de moda sino porque es imprescindible a los efectos
de avanzar desde el Tribunal de la Competencia y hacer efectivas las sanciones
que se apliquen dentro del marco de la confidencialidad que se prevé.
Quiero
aclarar también que hubo un error involuntario. No es que la sala especializada
de defensa de la competencia sea un tribunal civil que vaya a aplicar sanciones
penales. Esa fue una discusión que se produjo al estudiar los proyectos, ya que
alguno contemplaba directamente sanciones penales y se debatía dónde se
colocaba este capítulo, si en contencioso administrativo o en otro lugar. Finalmente
se llegó al acuerdo de que quede en la Sala de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, porque de lo que se trata es de aplicar las máximas
sanciones para las infracciones. Y si de allí deriva la comisión de un ilícito,
obviamente que en forma inmediata debe pasar a la justicia penal.
Además
del régimen de fomento de la competencia, este es un paso gigantesco que estará
por encima de quien esté gobernando circunstancialmente. No es un aporte de la
política a la economía; es un aporte de la sociedad en defensa de la sociedad
para que paso a paso se termine en la Argentina el negocio de los vivos con el
Estado. Asimismo debe terminarse con la debilidad en el camino de la producción
y el desarrollo tecnológico, así como también los vericuetos del derecho que
permiten la cartelización y el control monopólico de los mercados que termina
sufriendo el pueblo.
Espero
que hoy esta Cámara, y el Senado antes de que finalice el año, den sanción
definitiva a este proyecto. Este no debe ser el final de una batalla sino el
comienzo de una batalla cuyo final será que la transparencia vuelva a terminar
con la cartelización y evitar que se siga perjudicando a los más débiles. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Santa Cruz.
Sr.
Kirchner.- Señor presidente: todo muy lindo hasta
acá. Pareciera que los argentinos solo pueden ser tratados como consumidores y
no como sujetos de derecho.
No
solo hay que tener en cuenta la competencia en lo que respecta a la regulación
del mercado de alimentos sino que también se debe considerar el consumo de
noticias. Allí a veces la lengua se afloja y las peras tiemblan.
Raramente,
elogiaré el proyecto de la señora diputada Carrió que determinaba a partir de
cuándo había una posición dominante, que creo era el 40 por ciento. No sé por
qué se modificó, por qué ahora se deja al libre albedrío de este tribunal. Por
la forma en que venimos viendo cómo están fallando los tribunales en la
Argentina, seguramente nunca lo hará en contra del poderoso sino de aquel que
caiga en desgracia o en una situación de debilidad.
En
muchos lugares de nuestra Patagonia, en particular en Santa Cruz –no daré
nombres de supermercados ni de grandes corralones de materiales para no caer en
la chiquita, para no personalizar, que es lo que estamos acostumbrados a ver
acá a diario ante la falta de argumentos‑ hay un solo supermercado y un
solo corralón de materiales. Allí se dan situaciones particulares, como por
ejemplo que la bolsa de cemento que produce la petroquímica en Pico Truncado
cuesta más cara en Caleta Olivia, que queda a 60 kilómetros, que en Viedma. En
Caleta Olivia cuesta 195 pesos mientras que en Viedma la bolsa de cemento
producida en el mismo lugar, cuesta 172 pesos. No sé si esto se deberá a una
política comercial del hipermercado o si existirá un trato personal entre la
petroquímica y quien vende el producto.
Como
bien anticipé, quiero hacer referencia también a los medios de comunicación,
que es algo que no se trata. La gente consume noticias, se venden, ustedes lo
saben muy bien. No importa si son verdad o mentira, pero siempre son
teledirigidas hacia sectores que no siguen al pie de la letra lo que dice el
emperador.
La
ley de medios, que fue borrada a fuerza de decretos, tuvo muchas aristas interesantes.
Hay algunos que se olvidaron de aquello que defendieron en su momento en este
Congreso. Quizás fue una ley que por algunas razones quedó fuera de tiempo, por
decirlo de alguna manera.
Podemos
recordar que en la búsqueda de consenso, un sector –obviamente promovido ya
sabemos desde dónde‑ exigió que las telefónicas quedaran fuera del marco
de la ley de medios. Una excolega, hoy directora del ENACOM, Silvana Giudici,
en un reportaje del diario Página/12
dijo que una de sus grandes críticas a aquella ley era que permitía ingresar a
las empresas telefónicas porque eso generaba desigualdad y asimetría en el
mercado.
En
otro reportaje va un poco más lejos y dice: “…el
artículo que le abre el negocio a las telefónicas –en realidad a una de ellas,
a Telecom-…”, algunos decían que se la habían ofrecido y se nota que les gustó
y rápidamente concluido el gobierno anterior fueron y se la quedaron, ”…va a
generar competencia desleal y reconcentrar el mercado.”
Estamos hablando de la competencia y
nos venimos a enterar de que habló el emperador ‑quien digita a los
dueños de la Argentina, casi saliendo del closet,
y no me importan las notas que sobrevienen y las estigmatizaciones de las que
uno puede ser víctima, porque ni la política es un club de amigos ni vine a
caer en gracia al señor Magnetto‑, y dijo que la convergencia de las
telecomunicaciones y los medios de la era digital es inexorable. Más allá de
este proyecto de ley, que creo que viene a empeorar la situación porque era
mejor el de Carrió, que seguramente era perfectible pero mejor, hay que
discutir en serio este tipo de cosas.
Es muy lindo hablar de cómo se
concentran los supermercados, pero aquí el problema básico es qué vamos a hacer
con los medios de comunicación y qué van a hacer el gobierno y la directora del
ENACOM. ¿Qué hará la directora del ENACOM cuando se dé la fusión entre Telecom
y Cablevisión?
¿Por qué no miramos, por ejemplo ‑alguien
me podrá corregir si me equivoco‑, cómo quedan en la ciudad de Córdoba,
donde también hay consumidores de Internet, Arnet y Fibertel, con más del 90
por ciento del mercado en esa ciudad? Esto se puede replicar en muchos lugares
de nuestro país.
Creo que hay que tener el grado de
independencia suficiente, porque si Néstor Kirchner tuvo un gran error fue la
fusión de Multicanal con Cablevisión. Aunque fue discutido, fue un gran error.
Después se hizo cargo de esto y peleó hasta el 27 de octubre de 2010; no agachó
la cabeza ni se arrodilló.
Lo que quiero decir al bloque
oficialista, a usted, señor presidente, y con toda humildad desde esta bancada
al señor presidente de la República también, es que si realmente estamos en el
camino de querer promover la competencia y de ayudar a nuestras pymes, no es
suficiente una ley de pymes, sino que estas puedan competir. Y para eso es
necesaria una ley de competencia dura y no que nos preguntemos por qué las
empresas grandes son malas y las chicas buenas, como parece ser ahora.
Traigo una noticia del día de la fecha
para saber qué es lo que hay que hacer y cómo tiene que expresarse el gobierno.
Creo que este proyecto de ley es perfectible, y seguramente aceptarán cambios,
como dijo el señor presidente del interbloque oficialista. Esa noticia dice que
el gobierno de Trump ‑insospechado de kirchnerista a pesar de algunos
esfuerzos de algunos medios de comunicación‑ bloqueó la fusión entre
AT&T y Warner, rechazó la unión de los negocios de la telefónica con la
empresa de medios por eventual monopolio. Estos son los que después cobran la
publicidad oficial a los supermercados y a todos, y sabemos cómo se manejan,
cómo extorsionan, aunque no se diga. Conozco a esta gente, la conozco muy bien,
y no hay que tener miedo. Hagamos una ley en serio de defensa de la
competencia, y hablemos también de los medios de comunicación, porque hoy las
noticias se venden, y cada vez hay más de estos casos en la Argentina.
Entonces, permítanme disentir con toda
humildad, aunque hablen de “los doce años” –no es un problema, no me molesta‑,
y pedir que tengamos la seriedad de hacer una ley en serio, sin que desaparezca
este porcentaje del 40 por ciento, como ocurre en este texto. Porque a veces
uno es mal pensado y puede ver cómo el nuevo conglomerado infocomunicacional
–no sé cuánto a esta altura, porque se están quedando con la Argentina‑
será el mayor de nuestro país y concentrará el 42 por ciento de la telefonía
fija, el 34 por ciento de la telefonía móvil, el 56 por ciento de las
conexiones a Internet por banda ancha, el 35 por ciento de la conectividad
móvil y el 40 por ciento de la TV paga, con fútbol incluido.
Sería bueno que no quedara todo al
libre albedrío y empezáramos a establecer aunque sea márgenes, no sé si del 40
por ciento, pero que se estudie en serio. Más allá de las definiciones
políticas que seguramente nos seguirán diferenciando, podemos tener puntos de
acuerdo que protejan al actual gobierno del capricho de Magnetto el día que se
canse y pida aquello que ustedes no le puedan dar. Lo va a hacer; es
indefectible que lo haga porque lo ha hecho con cada gobierno.
Es bueno que sepan que si –como dijo
alguna vez Julio Blanck al anterior gobierno‑ les van a declarar el
periodismo de guerra, este diputado y muchos otros no vamos a subirnos a Clarín
para saldar cuestiones políticas: defenderemos a un gobierno que cuando llegue
la hora le diga que no. Y si el gran medio argentino le declara al gobierno la
guerra periodística, como dijo Julio Blanck, estaremos del lado que tenemos que
estar, de lo que votó la gente, nos guste más o menos. Pero tengan en claro, porque
los escuché hablar mal de muchos de los que están aquí presentes, que van a ir
por ellos cuando el año que viene empiece a apretar aún más el zapato y quiera
quedarse con más. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: nuestro bloque ha
fundamentado largamente su voto negativo a este proyecto de ley, pero quisiera
agregar algunas cuestiones que pueden llamar a la reflexión a quienes lo están
acompañando.
El
primer punto que hay que resaltar es que nos sigue ocurriendo que estamos
votando proyectos de ley cuyo nombre todavía me cuesta encontrar. Yo lo
llamaría “caperucita roja”, el cuento del lobo disfrazado de abuelita, que
parece algo precioso y amoroso pero esconde un contenido lamentable, y me
parece que con este proyecto de ley vuelve a pasar lo mismo.
Hoy
el gobierno se quiere embanderar con la idea de que va a defender la
competencia con un fundamento ideológico, que sería algo como esto: la competencia
es lo normal, pero a veces hay desviaciones, pequeños problemas que podrían
resolverse en un tribunal.
Si
comparamos el proyecto de ley, sus fundamentos y sus ideas con la realidad
encontraremos un panorama completamente distinto. Desde que este gobierno
asumió no ha parado de generar condiciones absolutamente adversas a la
competencia. Sus políticas económicas y sus decisiones de gobierno no han sido
de defensa de la competencia; han sido lo contrario en cada área que tocó,
empezando por el hecho de que los representantes centrales de la concentración
económica en la Argentina ahora son titulares o candidatos a ocupar
ministerios.
Designar
como ministros y funcionarios a cargo del control de parte del gobierno a
quienes han detentado posición dominante, la han ejercido y la han usado a su
favor nos llama por lo menos a sospecha, una sospecha que ya se está
verificando. ¿Qué va a pasar con los precios de los combustibles si los
representantes de un conglomerado que maneja gran parte del mercado de los
combustibles ahora son los que deberían controlar y defender a los
consumidores, a las pymes y lograr la competencia? Es obvio que no va a
funcionar, y esto pasa en cada uno de los segmentos sobre los que el gobierno
debería tener funciones de control.
¿Cómo
pretenden lavarse la cara? ¿Cómo pretenden esconder esta situación? Sancionando
un proyecto de ley de defensa de la competencia. La verdad es que es de un
llamativo grado de falsedad y de choque con la realidad.
Seguidamente
me referiré a este proyecto de ley, pero en el marco de cuál es el problema de
la competencia en la Argentina. En nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo
lo normal no es la competencia sino la ausencia de la competencia y la
concentración en todas las ramas de la producción. Lo ha dicho ya Cabandié.
En
consumo masivo dos empresas tienen el 80 por ciento del mercado de leche; dos,
el 60 por ciento de galletitas; cuatro empresas, el 80 por ciento de los
productos de limpieza; dos empresas, el 80 por ciento del mercado de gaseosas,
y una empresa, el 75 por ciento de la cerveza. ¿Es lo normal la competencia?
No, lo normal es la ausencia de la competencia en los mercados de consumo
masivo. Por eso se dio la fijación de precios bajo este gobierno cuando
retiraron todos los instrumentos que tenía el Estado para controlar a estos
grandes monopolios. Los retiraron todos, Precios Cuidados, quien maneja la
Secretaría de Comercio Interior y las acciones que se habían tomado. Es al
revés: es el lobo cuidando el gallinero, y ha pasado lo que tenía que pasar.
Los precios se descontrolan porque han sacado todo tipo de regulación. Esto no
se arregla con un tribunal, y menos con uno que tiene defectos de
inconstitucionalidad.
Hay
que accionar desde el Estado para defender al consumidor y a las pymes. Hablan
de estas, pero generaron la tormenta perfecta para que no sobrevivan pymes
industriales en prácticamente ninguna rama de la producción.
¿Subir
la tasa de interés, es defender la competencia? No, es matarla. ¿Abrir las
importaciones, es defender la competencia? No, es matarla. ¿Reducir el consumo
es defender la competencia? No, es todo lo contrario. Han hecho esto. Así han
trabajado y generado un incremento en la concentración y en la falta de
competencia en todos los mercados.
Veamos
qué ocurre con los insumos masivos, que constituyen el principal problema de
las pymes. ¿Qué les dicen ustedes a las pymes? “Vamos a bajarles los costos
laborales”. ¿Por qué no bajan el costo de la chapa o de la energía? En la chapa,
hay un solo proveedor; en aluminio, un solo proveedor; en cemento, cuatro
proveedores; en polietileno, un proveedor. Esto demuestra que no existe la
competencia, y es lo que justamente está ahogando a las pymes. Donde sí existe
la competencia es en el mercado de trabajo; sin embargo, lo que están haciendo
es establecer reglas injustas para el trabajador.
Ahora
quieren solucionar el problema de las pymes con un tribunal, cuando ya
generaron una situación económica invivible para las pymes. Además, los instrumentos
que existían para limitar la falta de competencia y evitar el abuso de la
posición dominante fueron desarticulados, por la vía de quitar instrumentos y
poner a cargo del control, la regulación y la administración, a los dueños o
personeros de los dueños de estas empresas.
Más
concentración y extranjerización que las generadas por las políticas económicas
del gobierno de Macri y la desarticulación de todos los instrumentos que ha
tenido históricamente el Estado no puede haber.
Ahora
queremos arreglarlo con un tribunal de defensa de la competencia para vestirse
con trajes que no les van. ¿Quieren defender la competencia? Generen una
verdadera política, desde lo macro, de fomento de las pymes; generen una
política, a través de la Secretaría de Comercio, para evitar que después de la
devaluación –que ya lleva prácticamente el ciento por ciento-, se traslade a
precios.
Ustedes
decían que no iba a haber devaluación; hicieron una devaluación. También
dijeron que eso no se trasladaría a los precios, pero sí se trasladó. Además,
no existe la Secretaría de Comercio. Dicen que van a mantener los precios
cuidados, y nadie ha encontrado uno; para lograrlo hay que contratar a Sherlock
Holmes. ¿Esa es la forma que tienen de defender la competencia? Se trata justamente
de lo inverso a lo que han hecho con las políticas, los nombramientos de los
funcionarios y los instrumentos que ya tenía el Estado.
No
vengamos ahora con una ley inconstitucional a decir que van a poner penas a los
funcionarios ‑perdón, se me confunden, quise decir “empresarios”‑,
a los CEO que están en contra del consumidor o de las pymes. Por el momento,
este gobierno no tiene vocación alguna de hacerlo, y ha hecho justamente lo
contrario.
La
implementación de esta norma seguramente será declarada inconstitucional por la
forma en que quieren regular las penas. No fijan penas efectivas; no persiguen
sino que premian al que está en contra de la competencia.
Me
parece muy loable querer defender al consumidor y a las pymes, pero este
gobierno ha hecho absolutamente todo lo contrario y ha dado un giro de 180
grados. Solo basta con preguntar a las pymes por las grandes leyes que hemos
sancionado y de nada sirven.
Si
quieren defender la competencia, pongan en la Secretaría de Comercio a alguien
que controle con los instrumentos que existen a aquellos que están yendo en
contra del bolsillo del consumidor; pongan en Industria a alguien que no diga,
a cada pyme que tiene problemas, que debe reconvertirse y poner una cervecería,
o transformarse y pasar de ser una metalúrgica a una empresa que hace software.
Seamos
serios; defendamos el entramado argentino de las pymes y el bolsillo de la
gente, con los instrumentos que tenemos, que lamentablemente han incinerado.
En
relación con esta norma, debo decir que cada vez que viene una versión nueva es
peor que la anterior. No sabemos qué significa lesionar la competencia, porque
han sacado el porcentaje; el instrumento que plantean no corresponde, y los que
existen los han desarticulado.
Por
lo tanto, creo que nuevamente estamos ante un maquillaje, un golpe de efecto.
Se trata de que el Congreso marque un carril a este gobierno, que quiere ir
hacia otro lado. Defendamos la competencia, las pymes, los consumidores, pero
no con leyes que no sirvan y que tampoco se aplicarán ‑como tantas otras
que ya hemos sancionado‑, sino trabajando con el Poder Ejecutivo para los
que siempre han necesitado del Estado; ese Estado que ha demostrado estar
absolutamente ausente, indiferente y hostil. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: en 1999 se sancionó la
ley 25.156, que materializó un ordenamiento que reflejó avances en las
correcciones de las falencias y limitaciones que durante muchos años se
presentaron a la hora de controlar las conductas anticompetitivas. Esa norma
vino a reemplazar la vetusta ley 22.262, que contemplaba el antiguo régimen de
defensa de la competencia.
No
obstante, a casi veinte años de la sanción de la ley 25.156, el órgano
fundamental que creó esta norma ‑me refiero al Tribunal de Defensa de la
Competencia-, pensado por los legisladores de la época como el ente que
arbitraría en los casos denunciados o en las concentraciones económicas con
poder sancionatorio, nunca fue constituido. Esta situación generó, como no
podía ser de otra manera, diversos problemas.
En
principio, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tuvo que suplir
esa ausencia; por supuesto que lo hizo sin las facultades que la ley otorgó al
tribunal, por lo que su capacidad sancionatoria se vio seriamente afectada.
Esta
laguna que intentó llenar la comisión siempre fue desestimada por esgrimir la
parte sancionada que carecía de legitimación para sancionar.
Inmediatamente
de sancionada la ley 25.156, un mes después entró el proyecto del Poder
Ejecutivo registrado con el número de expediente 66, por el que se comunicaba
que por decreto 1019 del año 1999 se observaban parcialmente varios artículos.
En ese momento, la comisión aceptó estas observaciones e insistió en la sanción
de los artículos de forma, entre otros.
Pasaron
los años, y una sustancial cantidad de proyectos han girado en torno a
solicitar al Poder Ejecutivo de turno la constitución del Tribunal de Defensa
de la Competencia, como también proyectos que propusieron la derogación lisa y
llana de la norma y el otorgamiento de mayores atribuciones a la propia
comisión.
Me
tomé el trabajo de hacer un punteo de la cantidad de proyectos que se
presentaron, porque quiero dejar en claro cuál ha sido la actitud de los
representantes del pueblo y de los Estados provinciales. En total son setenta y
cinco proyectos; veintisiete, vinculados con el propio Tribunal de Defensa de
la Competencia; veintinueve resoluciones y cinco declaraciones por las que se
instaba a su constitución, y trece comunicaciones del Senado.
Allá
por el año 2004 apareció un proyecto del Poder Ejecutivo –en ese momento, en
manos de Néstor Carlos Kirchner- que comunicaba, a través del decreto 733, la
observación total de la ley 25.897 y la modificación del artículo 19 de la ley
25.156, acerca de la integración del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Habida
cuenta de lo escuchado anteriormente, haré una digresión. Hoy nos aconsejan con
gran experiencia y con errores reconocidos, fundamentalmente, en relación con
los medios; por supuesto que no aconsejan en torno de la concentración que
promovieron durante doce años, no sólo a nivel de los medios –como acá se dijo-
sino también de la concentración económica que supieron construir.
El
drama es que el gobierno anterior tampoco promovió la competencia entre
privados. La competencia que se promovió en materia de medios se hizo con el
dinero de los contribuyentes argentinos. Así es como se armó el monopolio de medios
K, que implosionó, y que por estos días vemos cuáles son las consecuencias de
determinadas concepciones en materia de competencia, el rol del Estado y el rol
de los privados. Bienvenida sea esta discusión.
En
fin, como legisladores vamos a tratar de avanzar en la sanción de esta norma
que hemos intentado considerar más de setenta veces. Queremos que quede claro
cuál es el orden jurídico que creemos debe seguir el Poder Ejecutivo. Esto es
lo que debemos hacer hoy y es a lo que nos abocamos como legisladores.
En
ese contexto, vemos con mucho beneplácito la consideración de este proyecto.
Aquí se mencionó a la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor,
del Usuario y de la Competencia, nuestra
querida colega Liliana Schwindt, quien en pocos días más dejará su banca y a
quien debemos reconocer el profuso trabajo realizado en defensa de los
intereses de los usuarios y consumidores, sin atadura a ningún otro tipo de
consideración que no fuera la de los usuarios y consumidores, abandonando
cualquier postura política de conveniencia para tratar los temas que la hora
exigía.
Así
es como estamos tratando esta nueva norma, que recoge nuevas experiencias y
propone mejoras. No obstante, recalcaremos hasta el cansancio que nada de esto
servirá y todo quedará en el terreno de las buenas intenciones...
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sra.
Camaño.- El Barrio Chino está alborotado, señor
presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Solicito a los señores
diputados que guarden silencio.
Continúe,
señora diputada.
Sra.
Camaño.- Decía que nada de esto servirá y todo
quedará en el terreno de las buenas intenciones si no se constituyen los
órganos que crea esta norma. Y pongo en relieve lo dicho, ya que sin una
reglamentación posterior y puesta en funcionamiento respecto de los órganos
pertinentes, será de una muy buena ley teórica pero totalmente inútil en la
práctica.
Esto
ya lo vivimos, señor presidente. Hace veinte años que estamos esperando que
todo aquello que nosotros promovemos como marco legislativo sea receptado y que
quienes tienen la obligación de hacer –porque así lo decidieron los ciudadanos‑,
hagan. No lo está haciendo este gobierno; de la misma manera que no lo hizo el
anterior ni el anterior.
Muchas
cosas han cambiado en la Argentina desde las famosas privatizaciones de la
década del 90. Nos apuramos mucho a generar la idea de la participación de lo
privado y somos excesivamente lentos en el hacer de la defensa de los usuarios
y los consumidores.
El
artículo 42 de la Constitución Nacional es producto, precisamente, de la
reforma de 1994 y plantea la necesidad por parte del Estado del ejercicio de un
control en la defensa de la competencia, evitando los monopolios naturales y
legales. El constituyente visualizó entonces, con claridad, la necesaria
sustitución de un Estado económicamente prescindente frente a las reglas que
dicta el mercado por un Estado presente en el sentido regulador. Cabe destacar
que dicha regulación no debe estar orientada a sustituir el mercado y la
competencia, sino más bien a promoverlos. Por eso se tuvo en cuenta el largo
camino recorrido por la historia y la propia mirada sabia de quienes
propulsaron las primeras normas representativas del constitucionalismo
emergente, tratando de asegurar un mercado transparente en el que el consumidor
pueda tener variedad de opciones y en el que el Estado cumpla con esta
obligación sancionando leyes que contengan reglas de juego claras y definidas.
La
defensa de la competencia es uno de los principios guía de la actuación del
Estado. El mercado es una institución y, como tal, solamente generable allí
donde existen poderes estatales consolidados que tienen como función,
justamente, preservar el mercado y el orden público económico y fijar los
límites a la libertad de las empresas.
Consideramos
que la defensa de la competencia es un instrumento clave para el buen
funcionamiento del mercado; así lo intuyeron nuestros constituyentes y,
afortunadamente, parece ser un tema del que van tomando conciencia no solamente
los legisladores, sino también los juristas y la población en general. Por eso
es necesario que el Poder Ejecutivo también tome conciencia.
Es
insoslayable la presencia de una nueva cultura que exija por parte del Estado
que haga uso de su poder regulador y administrador, normando y vigilando el
comportamiento de los agentes económicos para lograr que estos compitan entre
sí con miras a ofrecer a los ciudadanos mejores precios, calidad, servicio y,
de paso, promover la innovación tecnológica, el desarrollo sustentable y el
crecimiento humano.
Hago
mías las consideraciones vertidas por el miembro informante de nuestro bloque
respecto del dictamen de minoría, en el que intentamos visibilizar la necesidad
de un capítulo referido al escandaloso manipuleo que en las góndolas hacen las grandes
cadenas de supermercados. No podemos seguir siendo cómplices. Todos sabemos de
qué manera se manipulan las góndolas en detrimento de los consumidores.
Junto
con el señor diputado Lavagna escuchamos atentamente los excelentes argumentos
del presidente del interbloque UNA, en los cuales se basa la necesidad del
tratamiento por parte de este Congreso de una ley que regule las góndolas.
Señor presidente: yo no vivo en la Patagonia, pero voy muy seguido. Tampoco
tengo miedo, en el ejercicio de mi actividad, de mencionar con nombre y
apellido lo que me pasó este fin de semana.
En
el supermercado “La Anónima”, tomé un dulce que se produce en El Bolsón. Yo
estaba en la ciudad de Bariloche, o sea, a escasos kilómetros de El Bolsón. El
dulce era más caro allí que en el Jumbo de Villa Ballester. Mientras miraba el
precio y no podía creerlo, me preguntaba a qué respondía esta diferencia; por
la logística no era. Entonces, me pregunté si se debía al personal que se
empleaba para fabricarlo, pero era un dulce artesanal. ¿A qué respondía el
precio?
Señores:
el argumento de que se está estudiando para hacer algo mejor no sirve. Y no
sirve por algunas cosas que se plantearon de este otro lado del recinto, que
tienen que ver con personajes involucrados en las empresas. Lo que uno tiene
que preguntarse es si ellos están representando los intereses de sus propios
amigos, conocidos, familiares o exempleadores, o si están representando el
interés de los usuarios y de los consumidores.
Hemos
hecho un gran esfuerzo para llegar hasta aquí y seguramente en el día de hoy
sancionaremos este proyecto. No obstante, remarco lo señalado anteriormente:
insto al Poder Ejecutivo a que avance con rapidez en todos los pasos necesarios
para que se constituya la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia con
la mayor celeridad posible, con la participación de integrantes del Tribunal de
Defensa de la Competencia. No se lo hizo durante estos dieciocho años, dejando
a usuarios y consumidores sin un ámbito de reclamo a través del cual se imparta
justicia. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Bossio.- Señor presidente: hemos escuchado con atención los distintos
argumentos de los diferentes bloques y me gustaría debatir, no solo escucharnos
a nosotros mismos, pues hay temas que se incorporaron durante la discusión que
considero relevantes.
Hay una primera concepción que quiero
resaltar. Existe una estructura económica en la Argentina que evidentemente ha
generado concentración, como muy bien lo describían los integrantes del Frente
para la Victoria. Decididamente ese no es un fenómeno nuevo, no tiene uno o dos
años sino mucho tiempo.
Dijeron que la norma era
inconstitucional. La verdad es que no advierto ningún elemento de
inconstitucionalidad, y me encantaría que lo marcaran durante el debate. Poner
un título o una etiqueta es sencillo, pero veamos cuáles son los elementos de
inconstitucionalidad.
También sostuvieron que era importante
quiénes iban a tomar la decisión y se habló de nombrar a una persona en la
Secretaría de Comercio que avanzara en tal o cual sentido. Estamos en el ámbito
del Congreso de la Nación, y yo no quiero designar a una persona sino crear un
instituto. En este punto sí quiero compartir con el Frente para la Victoria ‑me
gustaría debatirlo‑ cuáles son las pautas de concentración o de posición
dominante. Si el tema es un porcentaje, habría que ver cuál es la propuesta
concreta porque eso no necesariamente indica una posición dominante. Durante el
gobierno anterior ha habido casos en los que existía posición dominante con
bajo nivel de porcentaje en el mercado, como el caso del cemento.
Comparto la posición en cuanto al caso
del cemento y las diferencias de precios. Hubo un fallo de Defensa de la Competencia
que tenía que ver con 77 millones de dólares no solo a las 5 o 6 empresas que
forman parte del esquema del cemento sino también a la asociación que las
reunía; se cartelizaban y ponían el precio que querían.
Ahora bien, ¿cómo resolvemos esa situación?
¿Con una posición conservadora ‑no cambiemos nada para ver si todo sigue
igual‑ o discutamos un instituto en el Congreso de la Nación para ver de
qué manera funcionan las cosas?
Si hay que incorporar porcentajes,
¿cuál es la propuesta? Me preocupa una decisión en términos de comunicación en
la ciudad de Córdoba ‑seguramente el intendente Mestre estará preocupado‑:
el 96 por ciento del servicio de banda ancha quedará en manos de una sola
empresa. Evidentemente eso no es competencia. Esta cuestión tendrá que
decidirla no solo el ENACOM o la Secretaría de Comunicaciones sino también un
organismo que tenga que ver con la defensa de la competencia. Ese tipo de cosas
no hay que permitirlas, todo lo contrario, y me parece que el espíritu de esta
norma va en ese sentido.
Nosotros optamos por arremangarnos,
trabajar y debatir. Hay que poner un porcentaje, pero decidamos la cantidad. No
vaya a ser que con el porcentaje pongamos nombre y apellido a la norma porque
eventualmente generar prácticas monopólicas o de posición dominante también es
un problema. Debatamos la cuestión, pongamos porcentajes y analicemos otras
opciones.
Coincido con la diputada Camaño en
cuanto a que esto va a tener mucho que ver con la reglamentación, y estoy de
acuerdo con que este instituto, creado en el año 1999 por iniciativa de un
legislador justicialista, gobernador de Mendoza, fue un tribunal que nunca
existió porque no se pudo constituir.
En el marco de la independencia, no
solo del sector económico sino del sector político, hemos sugerido que el tema
pase por el Congreso de la Nación, que sea concretamente el Senado quien dé
acuerdo a un proceso de selección que deberá iniciar el Poder Ejecutivo, que
luego tendrá que convocar a especialistas en la materia. Finalmente el Congreso
de la Nación deberá tomar la decisión producto de una audiencia. Creo que la
participación de los ámbitos legislativos da muchísima más independencia al
proceso y lo veo como un avance.
Escuché decir al diputado Lavagna que
se aumentaron las multas. Durante la discusión se habló de las unidades, de
aumentar el valor de las multas y hacer un rebalanceo. Creo que es bueno que
haya multas, que además sean móviles y que el Congreso de la Nación estipule
multas mayores. Se trata de un instituto que se está creando. Se incorporaron
facultades para evitar situaciones que se dieron en distintas oportunidades,
por ejemplo en materia de telecomunicaciones. Telefónica de España compró
Telecom Italia pero la primera compañía actúa en la Argentina a través de Telefónica
de Argentina. Telecom Italia era dueña de Sofora, controlante de Telecom
Argentina. Es decir que arriba eran socios, acá competían y esto no había sido
denunciado. Incorporamos sus propios argumentos que no estaban establecidos en
la ley para que ese tipo de acuerdos en términos estratégicos puedan ser
denunciados, pues lo que pasa a nivel global decididamente puede tener impacto
en la Argentina.
Vemos una vocación por parte de la
oposición a discutir estos temas de manera seria, pero como la única verdad es
la realidad, el 8,7 por ciento de las demandas presentadas frente a Defensa de
la Competencia fueron aceptadas y tuvieron algún tipo de sanción. La realidad
es que el 85 por ciento de las demandas no fueron aceptadas. Se han puesto
multas y muchas de ellas han tenido alguna serie de recurrimiento ante la
Justicia, quien las ha rechazado.
Hay que poner el foco en la Justicia.
Esta norma plantea un tribunal de alzada en materia de competencia, porque este
es un ámbito administrativo. A nosotros nos gustaría, como bloque federal y
peronista, que tenga lugar en el interior del país porque no necesariamente
todo tiene que hacerse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dejo esta
cuestión como propuesta. Entendemos que no tiene que haber muchas cámaras de
alzada, pero al menos debe existir una donde se pueda hacer foco, en el centro
o en el norte del país, en términos de defensa de la competencia.
Hubo muchos fallos en materia de
oxígeno líquido, hospitales, cemento y telecomunicaciones. Nosotros estamos abiertos
al debate. Creemos que hemos fortalecido esta norma sobre la base de un
concepto básico que es la independencia. No puede ser un apéndice del gobierno
ni haber un secretario que llame a algún titular del Tribunal de Defensa de la
Competencia para decirle que falle de determinada manera. Este no es un
problema de personas sino de métodos, y los métodos los resuelve la discusión
en el Congreso de la Nación. Acá se está incorporando un método que es
fortalecer el tribunal, darle vocación y fortaleza política a partir de hombres
designados con coherencia, metodología y capacidad, designados por el Congreso
de la Nación. Se los debe dotar de facultades para que tengan una amplia
capacidad de actuar.
Por otra parte, tomo la propuesta del
porcentaje. Sugiero que lo analicemos. No estamos de acuerdo ni nos parece
saludable que una empresa de comunicaciones se quede con el 96 por ciento del
servicio de banda ancha de una ciudad. Tampoco nos parece saludable que exista
una falta de manejo en materia de supermercados, sin embargo era muy fácil
discutir con 4 o 5 funcionarios –esto hay que decirlo con todas las letras- y
no con muchos. Es más fácil la discusión desde la concentración que el debate
con muchos.
Existe un compromiso por parte del
oficialismo, que vamos a recordar en todas las sesiones, en cuanto a la
discusión de la ley de góndolas. Esta cuestión también tiene que ver con la
defensa, la competencia, los usuarios y los derechos y hay que debatirla en
este Congreso de la Nación.
No solo las grandes posiciones
dominantes, las grandes fusiones y adquisiciones constituyen competencia.
También es competencia lo que está viviendo día a día un consumidor a la hora
de comprar y elegir un producto en base a la calidad y al precio. Considero que
tenemos mucho para trabajar en esta cuestión.
Nuestro bloque está dispuesto a seguir
debatiendo este tema. Somos conscientes de que queremos arremangarnos la camisa
y ponernos a trabajar con coherencia, no queremos colocar etiquetas a la ley ni
para un lado ni para el otro. Anhelamos que en la Argentina exista una
verdadera competencia. Entendemos que los institutos legales fortalecen esas
posiciones y por eso propusimos que la designación de quienes forman parte del
tribunal pase por el Congreso de la Nación. Por ese motivo hicimos la propuesta
de incorporar facultades, previendo la experiencia pasada. Nuestra posición es
dar una noción federal a todo lo que tiene que ver con los recursos de los
tribunales de alzada.
Señor presidente: nuestro bloque está
dispuesto a debatir estas cuestiones. No somos conservadores, tenemos espíritu
transformador; por lo tanto, estamos disconformes con la realidad y tratamos de
mejorarla de la mejor manera posible, no solo con buena fe sino aportando
propuestas muy concretas.
En ese sentido, estamos dispuestos a
votar esta norma con las modificaciones que hemos propuesto. También debemos considerar los mecanismos necesarios para ver cuál
es la propuesta en términos de porcentuales, pero dentro de un debate y no en términos
de “es esto o no es nada”. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Fe.
Sra.
Ciciliani.- Señor presidente: para el bloque
Socialista constituye una enorme satisfacción participar en este debate y poder
debatir una ley sobre defensa de la competencia.
Estamos
convencidos de que la democracia no solo se puede implementar desde el aspecto
político sino que además tiene que ser económica, y creemos que esta ley va en
ese sentido: a mejorar la democracia económica. Pero ‑como lo decían
algunos legisladores preopinantes‑ también sabemos que con una ley no
solucionamos los grandes problemas de concentración que tiene hoy la producción
capitalista no solo en la Argentina sino a nivel global.
Si
los ejecutivos crean los institutos y cumplen la ley respetando el espíritu con
el que los legisladores de esta Cámara estamos trabajando, creemos que esta
norma va a transformarse en un instrumento tendiente a democratizar y favorecer
no solo los derechos de los usuarios y consumidores sino también los de las
sociedades a participar en la producción, el trabajo y las rentas que se
generan a través de la actividad económica.
Aquí
se habló de la ley de góndola. Nosotros creemos que ella merece un debate
urgente dentro de este Parlamento, porque a través de las góndolas no solo se
defienden las competencias de los sectores más chicos o menos concentrados sino
también los procesos y actividades específicas.
Pensemos
solamente en las producciones orgánicas, en las producciones sustentables o en
las cuestiones referidas a los consumos saludables. En otras ponencias aquí
también se ha hablado de las comunicaciones. En este sentido, creemos que las
comunicaciones deben estar regidas por una ley de defensa de la competencia, pero
ellas tienen tal magnitud en la sociedad moderna que necesitan que este
Congreso de la Nación trate la ley de comunicaciones convergentes. Este es un
debate que se adeuda dentro del Congreso, pero no constituye una deuda para el
bloque Socialista porque con orgullo decimos que, tras casi un año y medio de
trabajo, hemos presentado el proyecto de ley para tratar las comunicaciones
convergentes con toda la problemática que los diputados Kirchner y Bossio
planteaban respecto de la concentración.
-
Ocupa la Presidencia la
señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana
Giménez.
Sra.
Ciciliani.- Los alimentos son muy importantes,
pero cuentan con otra forma de comercialización y otra lógica que no tienen hoy
las posiciones dominantes en las comunicaciones. De modo que esperamos que la
ley de góndola y la ley de comunicaciones convergentes muy prontamente puedan
debatirse en este recinto y complementar la ley de defensa de la competencia,
que seguramente votaremos hoy, para poder tener sociedades más democráticas no
solo desde el punto de vista político sino sustancialmente desde el económico.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora
diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señora presidenta: nosotros
acompañamos nuestro dictamen de minoría.
Entendemos
que si bien el proyecto tiene reproducción de cuestiones que vienen del derecho
internacional comparado, de Estados Unidos y de Europa, en función de la
unificación de los códigos Civil y Comercial estamos obligados a sacar una ley
especial que regule lo definido en el artículo 11, que es la introducción de lo
que es la posición dominante de mercado por primera vez. De esta manera
estaríamos cumpliendo con esa manda de la constitucionalización de nuestro
derecho privado.
Pero
acá el problema es otro: me refiero a algunos de los déficits de la ley que
fueron mencionando los diputados preopinantes, poniendo al lobo a cuidar el
gallinero. Es decir, un gobierno de “ceócratas” y empresas multinacionales
gobernando –o desgobernando- en favor de sus intereses.
No
es la primera vez que la Argentina vive una situación como esta; ya pasó
aproximadamente en los años 30, en la época del fraude patriótico, y todos
sabemos cuáles fueron los resultados. De esta manera, los grupos económicos
terminan trabajando para favorecer sus resultados y sus ganancias en detrimento
de los intereses populares y de los usuarios, que siempre son ciudadanos además
de ser usuarios.
Escuché
que el oficialismo decía que en el recinto se podrían incluir las
modificaciones que no se alcanzaron a incorporar en el trámite en comisión, y
creo que esto es posible. Por lo tanto, voy a formular las objeciones.
Me
acabo de dar cuenta de que no está presente el diputado Negri. Él decía que con
esta ley no se resuelven los problemas de precio e inflación. Quiero recordar
que eso fue lo que alegó el gobierno cuando resolvió desempolvar esta ley, pero
también le quería decir que si de verdad se ponen en funcionamiento mecanismos
que enfrenten la cartelización, esto sí tiene incidencia.
Permítame
comentarle, señora presidenta, algo que es muy actual. El titular de
Maxiconsumo ha hecho una denuncia relativa a su propio sector en relación con
la cartelización en el área de alimentos, donde él mismo decía que si se
rompiese esa cartelización entre supermercados y proveedores, el precio de los
alimentos bajaría entre el 25 y el 45 por ciento.
La
Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor, que debería tomar las
denuncias, dedica el tiempo necesario para ver si realmente hay prácticas
distorsivas. Mientras tanto los argentinos están pagando ese sobreprecio que
denunció –vuelvo a decir- un miembro del sector económico que más afecta a los
argentinos: me refiero a la cartelización o monopolio en materia de alimentos.
En
cuanto a la canasta básica de alimentos y lo que mide el INDEC cuando habla del
índice de precios al consumidor, hay que decir que para los sectores más pobres
esa inflación es mucho más alta debido justamente a estos mecanismos de
cartelización en el área de alimentos.
Tenemos
objeciones particularmente en lo que hace a la clemencia, es decir, con
respecto a permitir el arrepentimiento conforme al momento de la notificación,
después de que se hizo todo el procedimiento del artículo 41. Entonces, es muy
fácil: alguien le avisa de que está por ser sancionado y se arrepiente.
El
arrepentimiento tiene que ser previo al inicio del sumario y no cuando está
próxima a salir la notificación en la que consta la sanción. Por lo tanto, este
mecanismo necesita indefectiblemente una modificación.
En
cuanto al concurso público, es saludable que se incorpore al Senado para la
elección de la terna, pero teniendo en cuenta lo que nos pasó con la terna del
defensor del pueblo -donde aparentemente ninguna mujer tenía mérito suficiente
para la Bicameral y se propuso una terna compuesta solo por hombres-, cuando
llega el momento de selección en el Senado, esto ya no tiene arreglo.
Así,
conforme a lo previsto en el artículo 20 el concurso lo va a hacer el abogado
personal de Macri ‑Sánchez Saravia. También actúan el procurador del
Tesoro, el ministro de la Producción, Cabrera, que además es el fundador de la
Fundación Pensar -valga la redundancia-, una de las usinas ideológicas y
electorales del PRO, y la Asociación Nacional de Derecho, de la que no tengo
tantos antecedentes, pero por lo poco que pude relevar, dicha asociación es
defensora del dos por uno para los represores. Es decir, se quiere poner a esa
entidad a realizar el concurso público de funcionarios de la democracia. Eso necesita ser cambiado no solo para
incorporar al Senado en la selección sino para determinar quiénes van a hacer
los concursos.
Creo
que el diputado Máximo Kirchner sostenía que la definición del artículo 5º de
que configura posición dominante es de la época de las carretas. Ese tipo de
definiciones ya ni siquiera resisten el análisis de un alumno de primer año de
la Facultad de Derecho o de la Facultad de Ciencias Económicas.
Por
lo tanto, se deben reponer los artículos tal como figuraban en el proyecto
original, o bien efectuarse un agregado cuando haya casos de integración
vertical y horizontal y el grupo tenga la posibilidad de afectar la viabilidad
económica de otras empresas. En este sentido, el artículo 5º debe ser
modificado.
Reitero
que en lo relativo al jurado del concurso que prevé la autoridad se contempla a
la Asociación Nacional de Derecho, que ha sido promotora y defensora del dos
por uno para los genocidas. Esto resulta inviable para los pronunciamientos que
ha tenido el Congreso Nacional. En consecuencia, tiene que ser modificado.
En
cuanto al artículo 5º, repito que la definición de lo que configura posición
dominante es demasiado vetusta. Ni siquiera eso se está enseñando hoy a los
alumnos en las facultades. Consecuentemente, debe reponerse lo dispuesto en el
proyecto original con el porcentaje correspondiente, o bien buscarse una nueva
redacción ya que hay otros supuestos, como por ejemplo los casos de integración
vertical y horizontal en los que se puede afectar la viabilidad económica de
otras empresas.
Si
eso va a ser considerado podremos rever nuestra posición. En caso contrario son
demasiado graves los problemas de falta de transparencia y de superposición de
órganos con una enorme creación de cargos. Como dijo el señor diputado Bossio,
esto nuevamente va a estar asentado en la Capital Federal, obligando a las
provincias a venir a tramitar a esta ciudad aquellas cosas que constituyen
problemas de sus jurisdicciones. Ello es así porque no se permite arribar a una
concertación o acuerdo con las provincias y municipios. Lo que establece la ley
es que se pueden enviar delegados tanto a unas como a otros. En consecuencia,
se trata de una violación del federalismo en la Argentina.
De
manera tal que si se llevan a cabo estas modificaciones podremos creer que el
zorro tiene ganas de empezar a cambiar algunas prácticas, lo que es difícil. De
todos modos, los ciudadanos, que son los usuarios, no son las gallinas del
gallinero para que los Macri, los Aranguren y los dueños del poder económico de
este país vengan y pretendan tener mediante la sanción de esta ley el blanqueo
de sus pretensiones.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Bernabey.- Señora presidenta: adelanto el
acompañamiento del bloque Brigadier General Juan Bautista Bustos a la
iniciativa que estamos considerando.
Sin
duda el proyecto bajo análisis busca actualizar la norma en vigor con el
objetivo de dar a la regulación de la competencia el lugar que merece en la
política argentina.
Con
una mirada atenta sobre lo ocurrido en la región, hace base en nuestra
normativa pero incorpora con acierto los avances registrados en nuestros países
vecinos ‑puntualmente en Brasil y Chile‑ y la importancia de un
Tribunal Nacional de la Competencia, al que le otorga su propia personería
jurídica, con el rasgo de autonomía necesario para cumplir sus funciones
acabadamente. También incorpora las recomendaciones de la Organización de las
Naciones Unidas relativas a la inversión extranjera y las corporaciones
transnacionales.
Las
leyes de defensa de la competencia suministran los recursos normativos a los
ciudadanos para limitar abusos, asegurando un funcionamiento eficaz de los
mercados. Coincidimos en que hay que prohibir los acuerdos entre competidores o
todo tipo de conducta que tenga por objeto limitar, restringir, falsear o
distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o bien que constituyan
abuso de una posición dominante en él, de modo que pueda resultar un perjuicio
para el interés económico general.
Necesitamos
más y mejores herramientas e instituciones que nos permitan solucionar un
problema del mundo capitalista al que otros países han sabido acorralar.
Creemos que este proyecto de ley proporciona elementos eficientes para
solucionarlo. En consecuencia, consideramos que es una buena iniciativa que
merece nuestro voto positivo.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Heller.- Señora presidenta: cuando este proyecto
se presentó en la reunión plenaria de las comisiones, el presidente de la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, licenciado Greco, determinó una
serie de objetivos para esta iniciativa: disuadir conductas anticompetitivas,
actualizar el marco regulatorio, independizar el accionar de la autoridad de la
competencia y alcanzar las mejores prácticas internacionales.
Creo
que nadie puede estar en contra de estos objetivos. Personalmente diría que
estoy de acuerdo con ellos. Pero cuando empezamos a analizar el texto del
dictamen de mayoría, que unifica el proyecto de la señora diputada Carrió y el
del señor diputado Negri, apreciamos algunas cuestiones que a mi juicio no
coinciden con esas finalidades planteadas y que inclusive significan un claro
retroceso en el ámbito de los derechos de los consumidores.
Esta
es una práctica que hemos observado bastante en los últimos tiempos, en el
sentido de que a partir de títulos atractivos se cuelan modificaciones de leyes
que no tienen nada que ver con ellos. Así, por ejemplo, este Parlamento
sancionó una ley de blanqueo de capitales haciendo referencia a la reparación
histórica destinada a los jubilados. Del mismo modo, posteriormente en esta
misma sesión la Honorable Cámara va a considerar un proyecto de ley por el que
se propicia la modificación de las regulaciones del mercado de capitales bajo
el atractivo título de “Financiamiento Productivo”.
Me
parece que en realidad el tema de los títulos debe ser observado cuidadosamente,
porque a veces detrás de ellos hay reducciones de derechos fundamentales que,
en el caso que nos ocupa, corresponden a los consumidores.
La
figura de los consumidores estuvo poco presente en todas las discusiones, dado
que el proyecto del oficialismo está centrado en evitar el abuso de la
competencia entre las empresas y no en la relación entre estas y los
consumidores. Consecuentemente, me parece que allí hay una cuestión de enfoque
que es importante.
Concretamente,
quiero decir que el dictamen de mayoría deroga los artículos 65 a 69 del Título
IV de la ley 26.993, por el que se establece el sistema de resolución de conflictos en las
relaciones de consumo. Bajo este último título se encuentran resumidas
modificaciones legislativas muy importantes. Entre ellas podemos mencionar las
de las leyes de defensa del consumidor, de lealtad comercial y de defensa de la
competencia.
A partir de la sanción de
esta ley en 2014 esas modificaciones constituyeron, a mi juicio, un paso muy
importante en el reconocimiento de los derechos de los consumidores. Así, entre
otras cuestiones, la autoridad de aplicación tenía la facultad de controlar
existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas y otros bienes,
suscribir convenios con asociaciones de usuarios y consumidores para la
promoción de la participación de las asociaciones de la comunidad en la defensa
de la competencia y la transparencia de los mercados y realizar estudios e
investigaciones de mercado, para lo cual podría requerir colaboración a los
particulares y a las autoridades nacionales, provinciales, municipales,
etcétera.
Todo esto desaparece a
partir del articulado del proyecto en consideración, a pesar de que algunas
funciones son transferidas a la Secretaría de Instrucción de Conductas
Anticompetitivas.
En definitiva, la ley que
se pretende derogar autoriza a la autoridad de aplicación y a la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia a realizar las tareas requeridas para
investigar casos de abusos en las cadenas de valor, etcétera. Esto lo estamos perdiendo con los cambios legislativos, lo que
significa un verdadero retroceso que no hace más que apoyar la lógica de las
asociaciones de grandes empresarios, que fueron justamente quienes estuvieron
en contra de la sanción de la ley 26.991 en 2014. Titulada “Nueva Regulación de
las Relaciones de Producción y Consumo”, esta norma modificatoria de la Ley de
Abastecimiento nunca pudo ser puesta en práctica porque las mencionadas
asociaciones de grandes empresarios presentaron recursos de amparo para evitar
que el Estado tomara conocimiento de lo que ocurría en la cadena de valor.
Todos
nos rasgamos las vestiduras cuando planteamos por qué a un productor de la
industria lechera se le paga tan poco cuando la leche que llega a las góndolas
vale tanto. Sin embargo, el instrumento con que podemos contar –trabado por una
serie de amparos judiciales‑ hoy sería derogado.
En
este sentido, es un retroceso lo que se pretende hacer con esta ley porque más
que a la defensa del consumidor apunta –insisto‑ a regular las relaciones
entre las empresas.
-
Ocupa la Presidencia el señor
presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr.
Heller.- Concuerdo con lo manifestado por otros
diputados respecto de establecer un porcentaje adecuado para definir, por
ejemplo, la posición dominante.
A
propósito del tema, me permito sugerir que se agregue en el artículo 5° el
siguiente párrafo, que podemos ver en el dictamen de minoría del Frente para la
Victoria. Dice así: “…o, cuando por el grado de integración vertical u
horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un
competidor participante en el mercado, en perjuicio de estos.” El señor
diputado Kirchner citó un caso que acaba de ser resuelto por la Justicia de los
Estados Unidos respecto, casualmente, de la integración de una compañía
telefónica con una empresa de un multimedios, no solo como un riesgo de
carácter nacional sino también como un retroceso para el Estado y los
consumidores.
No
podemos dejar de tener en cuenta estas situaciones. Es preciso que las
analicemos con cuidado porque los procesos de concentración, que siguen
avanzando, no van a ser resueltos por el mercado sino por regulaciones que
protejan a los más débiles: en este caso, los consumidores.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia informa a los
presidentes de bloque y al resto de los diputados, a efectos de que realicen
las comunicaciones pertinentes, que en cinco minutos se pasará a la votación.
Tiene
la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
González Seligra.- Señor presidente: esta norma
ha sido difundida por los medios de comunicación como la “ley antimonopolio”;
en mi opinión, para otorgarle un tinte progresista e intentar generar –de
acuerdo con las palabras del señor diputado Negri‑ la ilusión de que es
posible alcanzar un mercado justo y democrático en pos del interés general.
Ya
se hizo referencia a algunos mecanismos de impunidad que utilizan las compañías
monopólicas y oligopólicas en nuestro país. Entre las mil empresas que más facturación
tuvieron en el año 2015 se encuentran, en la rama de los supermercados,
Carrefour, Jumbo, Walmart, Coto y La Anónima. La dueña de esta última,
mencionada por una diputada preopinante, es la familia Peña Braun, algunos de
cuyos miembros forman parte de este gobierno.
Siguiendo
con las mil empresas que más facturación registraron, en el sector energético
se encuentran YPF, Energía Argentina, Shell –que también tiene algunos CEO en
el gobierno‑, Axion y Pan American Energy.
En
suma, es un pequeño grupo de veinte o treinta empresas que controlan la cadena
de provisión de insumos, de producción y de distribución agroalimentaria en el
país. Ellas mismas incluyen, de forma subordinada, a empresas medianas y
pequeñas.
Desde
esa posición, estas compañías utilizan innumerables mecanismos que resultan
desfavorables para los consumidores y millones de trabajadores: arreglos de
precios, desabastecimiento, control de la cadena productiva, distribución de
segmentos de mercado, etcétera.
Con
esta norma, impulsada por sus diputados, que el gobierno intenta mostrar como
una manera de controlar al mercado en beneficio de los consumidores, se
establece un mecanismo al que ya se recurrió en el blanqueo de capitales y el
blanqueo laboral. Me refiero al programa de clemencia dispuesto en el capítulo
VIII; es decir, a perdonar las prácticas desleales de las propias leyes
capitalistas que este gobierno defiende.
¿Con
qué evidencia un consumidor podrá demostrar, sobre la base de esas mismas leyes
capitalistas, que esas empresas incurrieron en prácticas desleales? Comparando
los precios de Coto y Carrefour, o las tarifas de las empresas de telefonía
celular.
En
algo tiene razón el señor diputado Negri y hay que reconocerlo: los grupos
monopólicos y oligopólicos de nuestro país se beneficiaron durante los últimos
años y no fueron sancionados. Pero también es cierto que, en lo que lleva de
gobierno, la actual gestión no solo no los sancionó sino que los va a premiar.
Las reformas impulsadas durante los últimos días –tributaria, fiscal y laboral‑
son un gran beneficio para todos esos grupos. Tomemos como ejemplo la propuesta
de recortar las contribuciones en el ámbito de la seguridad social: dos
empresas multinacionales, McDonald’s y Burger King, en 2022 dejarán de pagar
por ese concepto el 70 por ciento de lo que pagan hoy.
Por
las razones expuestas, desde el bloque PTS‑Frente de Izquierda rechazamos
este proyecto que intenta mostrar una democracia y una aparente libertad de
competencia de las empresas porque defendemos a esos millones de hombres,
mujeres y jóvenes cuya única libertad es vender su cuerpo y su fuerza de
trabajo al mercado laboral.
Con
todas las reformas propuestas por el gobierno, esas mismas empresas que
supuestamente gozarán de una libertad de competencia que beneficiará a los
consumidores y pagarán menos contribuciones patronales, son las que
“superexplotan” a sus trabajadores y podrán despedirlos sin pagar tanta
indemnización.
Defendemos
a esos millones de personas que la única libertad que tienen –reitero‑ es
vender su fuerza de trabajo. En sus vidas no reina la democracia ni la
armonía sino la dictadura de esas
empresas.
Como
plantearon mis compañeros del Frente de Izquierda, si el Estado quiere
controlar a las empresas una de las medidas que debe tomar es la apertura de
los libros de contabilidad. Pero, por supuesto, eso no lo hará el gobierno de
los CEO.
Desde
ese punto de vista, rechazamos esta iniciativa y pelearemos por cambiar a fondo
este sistema.
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde votar
nominalmente en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Defensa del
Consumidor, del Usuario y de la Competencia, de Comercio, de Legislación Penal
y de Presupuesto y Hacienda –Orden del Día N° 2031‑ recaído en los
proyectos de ley de la señora diputada Carrió (expediente 2.479‑D.‑2016)
y del señor diputado Negri y otros señores diputados (expediente 2.495‑D.‑2016)
sobre defensa y fomento de la competencia.
Sra.
Ferreyra.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: antes de definir si
acompañaremos el proyecto durante la votación en general queremos saber si se
aceptan las modificaciones que propusimos al artículo 20, referido al órgano de
selección, y al artículo 41, vinculado con esa clemencia tramposa…
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia recuerda a la
señora diputada que durante la votación en particular, artículo por artículo,
tendrá oportunidad de hacer sus observaciones.
Sra.
Ferreyra.- Si el señor presidente me permite,
hice la pregunta porque acompañaremos la votación en general si se toman en
cuenta nuestras consideraciones. Si no, votaremos en forma negativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta las
modificaciones a la que hizo referencia la señora diputada?
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: propongo ir votando
artículo por artículo, o bien por capítulos, para no desordenar la votación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
214 señores diputados presentes, 140 han votado por la afirmativa y 72 por la
negativa. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 140 votos afirmativos y 72
negativos. No hubo abstenciones.[1]
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobado en general.
En
consideración en particular el artículo 1°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: vamos a proponer una
modificación dentro del Capítulo I. Sugiero votar por capítulos, excepto en
aquellos casos en que se propongan modificaciones y las podamos aceptar. Tengo
identificados algunos capítulos, salvo que otros señores diputados tengan más
modificaciones que plantear. Sé que en el primer capítulo hay modificaciones
para proponer.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: nosotros hemos
informado por Secretaría los artículos a los que vamos a proponer cambios en el
tratamiento en particular. Pido que se tenga en consideración en la votación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Lo hemos visto, señor
diputado. Ha sido muy prolijo.
Se
va a votar el artículo 1°.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 2° y 3°.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
4°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: vamos a proponer una
modificación formal, que hemos tomado del dictamen de minoría del Frente para
la Victoria.
El
artículo 4° debe comenzar de la siguiente manera: “Quedan sometidas a las
disposiciones de esta ley todas las personas humanas o jurídicas de carácter
público o privado”, mientras el resto del artículo queda como figura en el
dictamen de mayoría: “…con o sin fines de lucro que realicen actividades
económicas…”
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por el señor miembro informante se va a votar el artículo 4°.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
5°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: también proponemos un
agregado que figura en el dictamen de minoría del Frente para la Victoria. El
artículo 5° quedaría redactado de la siguiente manera: “A los efectos de esta
ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para
un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante
dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin
ser única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado
de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la
viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, en perjuicio
de éstos.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 5°
con la modificación propuesta por el señor miembro informante.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
6°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Cabandié.- Señor presidente: en relación con el
artículo 6°, como expusieron distintos diputados de nuestro bloque, para llegar
a una situación más certera respecto a la definición de posición dominante, de
la actitud monopólica o de la concentración económica, proponemos que el
artículo 6° contenga algo que es fundamental.
Lo
que proponemos es sustentarnos en el proyecto original de la señora diputada
Carrió, que decía: “Se presumirá que una empresa goza de posición dominante
cuando su participación en el mercado sea igual o mayor al 40 por ciento, salvo
prueba en contrario.”
Queremos
insistir en esta redacción y pedimos que la votación sea nominal, a no ser que
se acepte la modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: me parece que la
redacción del dictamen de mayoría contempla una definición clara y da herramientas
suficientes para determinar cuándo hay posición dominante.
De
hecho, si establecemos un porcentaje específico, en algún momento puede ser
fácil determinar la posición dominante, pero en otros casos puede jugar en
contra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Bossio.- Señor presidente: en líneas generales
estamos de acuerdo con la propuesta del señor diputado Cabandié, pero
aclararía: “salvo prueba o dictamen que indique lo contrario”.
Hay
situaciones dominantes en las que no necesariamente se llega al 40 por ciento.
La propia Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia,
en el caso del cemento, planteó situaciones de cartelización y posiciones
dominantes cuando ninguna empresa superaba ese porcentaje.
Entonces,
incorporaría esa referencia siempre y cuando haya una salvedad y el Tribunal de
Defensa de la Competencia tenga la oportunidad de determinar si en algunas
situaciones existe posición dominante.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: creo que es
importante discutir un porcentaje; el problema es que no necesariamente ese
porcentaje es aplicable a todos los sectores. Entonces, creo que no se puede
fijar un número para el sector de medios, el de la construcción o el de los
supermercados.
Coincido
en la necesidad de establecer un porcentaje, de buscar algún mecanismo, pero me
resulta difícil que sea un porcentaje único para todos. En la legislación
comparada –como las de España, México, Perú- no hay porcentajes fijos
justamente porque traen esta complicación. Si encontráramos un mecanismo para
considerar las diferentes particularidades, podríamos avanzar en ese sentido.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Heller.- Señor presidente: con un sentido
práctico, estoy de acuerdo con el agregado que propone el señor diputado Bossio
a la propuesta del señor diputado Cabandié. Cuando hablamos del 40 por ciento
estamos diciendo que por lo menos tiene que haber dos; entonces, no parece una
cosa tan extraña o extravagante. Estamos hablando de un porcentaje que
garantice que haya dos o más. Parece sencillo, y el 40 por ciento que se está
planteando sería un número más que aceptable.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: siguiendo el
razonamiento del señor diputado Lavagna, el 40 por ciento puede significar una
posición dominante o no.
En
segundo lugar, no es lo mismo un porcentaje para una misma rama de actividad,
para un mismo producto o para un mismo sector.
La
tercera cuestión tiene que ver con las herramientas suficientes. Como muy bien
me apunta el señor diputado Tonelli, el inciso c) justamente las establece al
señalar: “El grado en el que el presunto responsable puede influir
unilateralmente en la formación de precios o restringir el abastecimiento o
demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar
dicho poder.”
Esa
redacción es muy clara. Quizás no sea todo lo rígida que algunos pretenden,
pero lo importante es que busca determinar una posición dominante con menos
elementos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: en relación con la
última intervención, debo decir que esta redacción es absolutamente retórica e
interpretativa, mientras que matemáticamente sería más clara si hablara del 40
por ciento. Por este motivo, insistimos en nuestra propuesta.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Cabandié.- Señor presidente: creo que la posición
divergente en torno al porcentaje podría saldarse con la redacción original del
proyecto presentado por la señora diputada Carrió, que hablaba de un rango del
20 al 40 por ciento.
El
diputado Sánchez mencionó el 40 por ciento, pero de la comercialización de alimentos.
Sin embargo, existen rubros de la economía en los que también influye el tema
geográfico. Así, en determinada geografía de la Argentina un 20 por ciento
puede constituir una posición dominante. Por lo tanto, un rango que se ubique
entre el 20 y el 40 por ciento sería más coherente.
Además,
quedaría en manos de la autoridad de aplicación la realización de los estudios
pertinentes para determinar si existe o no concentración. Lo que no podemos
hacer es entregar un cheque en blanco a las empresas que ya ostentan una
posición dominante, porque sería una licencia para hacer lo que se les ocurra,
tal como hoy sucede con el supermercadismo, aunque no es la única actividad en
la que ocurre.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 6°
en forma nominal.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
212 señores diputados presentes, 121 han votado por la afirmativa y 88 por la
negativa, registrándose además 2 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 121 votos afirmativos, 88
negativos y 2 abstenciones.[2]
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
7°.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se vota y
aprueba el artículo 8°.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
9°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: en primer término
quiero pedirle alguna explicación al señor diputado Sánchez sobre las razones
por las que se abstuvo de votar el artículo 6°.
En
segundo lugar, propongo la modificación de la suma equivalente. El dictamen de
mayoría la fija en 150 millones; la propuesta es que pase a ser de 100
millones. Adelanto que de aceptarse esta modificación, luego la voy a proponer
en otro artículo.
En
consecuencia, propongo que el primer párrafo del artículo en tratamiento quede
redactado, en la parte pertinente, de la siguiente manera: “…del conjunto de
empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones
(100.000.000) de unidades móviles…”. Luego la redacción seguiría tal como
figura en el proyecto contenido en el dictamen de mayoría.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta la
propuesta?
Sr.
Sánchez.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 9°
con la modificación aceptada por el señor miembro informante.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 10 a 13.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
14.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: voy a proponer una
modificación sobre la base de la redacción del proyecto del interbloque UNA.
En
ese sentido, el tercer párrafo quedaría redactado de la siguiente manera: “En
los casos indicados en el párrafo precedente, el plazo de resolución del
Tribunal de Defensa de la Competencia podrá extenderse por hasta ciento veinte
(120) días adicionales para la emisión de la resolución, mediante dictamen
fundado.” Luego el artículo continuaría tal como figura en el dictamen de
mayoría.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 14
con la modificación propuesta por el señor miembro informante.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 15 a 17.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
18.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: voy a proponer una
modificación que si bien es de forma, es importante para que la norma quede bien
redactada.
Propongo
que el tercer párrafo quede redactado así: “Tendrá su sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires pero podrá actuar, constituirse y sesionar en
cualquier lugar del territorio nacional mediante delegados que la misma
designe. Los delegados instructores podrán ser funcionarios nacionales,
provinciales o municipales.”
Luego
el cuarto párrafo continuaría diciendo: “Dentro de la Autoridad Nacional de la
Competencia, funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la
Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de
Concentraciones Económicas.” El resto del artículo seguiría igual.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: en relación con la
figura de los delegados –que pueden ser funcionarios nacionales, provinciales o
municipales-, simplemente deseo señalar que son nombrados por la Nación y que
eso se tendría que hacer a través de convenios, porque de lo contrario
estaríamos ante la invasión de facultades de otras jurisdicciones, lo cual
violaría el principio del federalismo; seríamos como los procónsules romanos,
que intervenían en todos lados.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: es correcto lo que
acaba de señalar la señora diputada preopinante, pero también queda en claro
que los funcionarios nacionales no pueden designar como delegados a
funcionarios provinciales. Por lo tanto, eso indefectiblemente se tendrá que
hacer a través de convenios.
Por
una cuestión de economía y de cooperación entre las administraciones, esas
designaciones se realizan, por ejemplo, sobre la base del Registro de las
Personas. Si bien la diputada preopinante tiene razón, no hace falta aclarar
nada; en todo caso, que la aclaración quede para el momento de la
reglamentación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 18
con la modificación propuesta por la comisión.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
19.
Tiene
la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: para evitar el
problema que tenemos cada vez que nos visita el señor jefe de Gabinete y
discutimos si las participaciones que los parientes o funcionarios del gobierno
tienen en empresas viola o no la Ley de Ética Pública, hubiese sido conveniente
adoptar el criterio de nuestro dictamen de minoría, según el cual no se puede
tener ninguna participación societaria.
En
ese sentido, el señor jefe de Gabinete manifestó en este recinto que el 3 por
ciento que posee Caputo no viola la ley de Ética Pública. Creo que nuestra
propuesta resuelve mejor el problema, ya que no deja lugar a dudas ni
interpretaciones. Así, por ejemplo, no tendríamos que investigar si Aranguren
vendió sus acciones antes o después, porque la redacción que nosotros
proponemos es más clara.
En
cuanto al artículo 20, que es el que plantea la exigencia de un jurado para
evaluar el concurso, que luego remite la terna que será analizada por el
Senado…
Sr.
Presidente (Monzó).- Ya llegaremos a la
consideración del artículo 20, señora diputada.
Se
va a votar el artículo 19.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
20.
Tiene
la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: advertíamos que para
que no vuelva a suceder lo que nos pasó con la terna del defensor del Pueblo,
cuando llegó al Senado una terna sin mujeres, es tan importante que el Senado pueda
hacer el nombramiento como el proceso de selección previa.
Acá
vemos que el jurado del concurso tiene algunos problemas: figuran el procurador
del Tesoro de la Nación, que es abogado de Macri; el ministro de Producción ‑Cabrera‑,
que es miembro de la Fundación Pensar, como ustedes saben mejor que yo, la
usina ideológica y electoral del PRO. Pero el otro problema, que entra en
contradicción con los precedentes de esta Cámara, es que se proponen dos
asociaciones: la Academia Nacional de Derecho y la Asociación Argentina de
Economía Política, para elegir funcionarios que encima trascenderán a este
gobierno.
Aparte
de que me parece que es una integración que termina siendo funcional al propio
Ejecutivo, particularmente objeto a la Academia Nacional de Derecho, que salió
a defender la aplicación del dos por uno para los genocidas. Este Congreso, que
votó casi por unanimidad ‑solo no acompañó el diputado Olmedo‑ el
rechazo al escandaloso fallo de la Corte, no puede permitir que asociaciones
que convalidaban esa barbaridad hagan la selección de funcionarios
democráticos.
De
esta forma manifiesto mi fuerte oposición al mecanismo y particularmente a la
selección de esta academia.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: creo que es bueno
tomar en consideración lo manifestado por la diputada preopinante sobre esa
academia y su defensa del dos por uno.
En
línea con lo que decía la diputada, creo que debemos buscar mayor grado de
transparencia y confiabilidad en los funcionarios que estamos nombrando.
Debemos reforzar lo que tiene que ver con la ética pública. Por eso proponemos
incorporar un quinto párrafo, al final del artículo, que diga así: “Los
candidatos deberán presentar una declaración jurada con los bienes propios, los
del cónyuge y/o de los convivientes, los que integren el patrimonio de la
sociedad conyugal y demás previsiones del artículo 6° de la ley 25.188 de Ética
en el Ejercicio de la Función Pública y su reglamentación; además deberán
adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos
cinco (5) años, la nómina de clientes o contratistas de los últimos cinco (5)
años en el marco de lo permitido por la norma de ética profesional vigente, los
estudios de abogados, contables o de asesoramiento a los que pertenecieron
según corresponda, y en general cualquier tipo de compromiso que pueda afectar
la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus
ascendientes o descendientes en primer grado, con la finalidad de permitir la
evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de
intereses.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: si con esta propuesta
encuentran un candidato, les doy un premio. (Risas.)
La
primera respuesta a la diputada Ferreyra es que nos habría encantado que la
observación la hubiesen hecho antes para que pudiéramos verificar el alcance.
No estoy opinando respecto de los dichos; en realidad, no tenemos tiempo de
verificar esa información. Se trata de una institución que, junto con la otra,
estamos proponiendo para que puedan designar dos miembros de un jurado.
Estamos
estableciendo un mecanismo complejo y transparente que pasa por distintas
etapas y que no deja dudas a nadie.
Aceptamos
las modificaciones que propone el señor diputado Lavagna, con lo que eso
implica. Más transparencia es casi imposible. Digo “casi” porque voy a proponer
otro agregado.
No
puedo tomar en consideración lo manifestado por la diputada Ferreyra por una
cuestión de tiempo. Sí aceptamos el agregado propuesto por el diputado Lavagna,
y voy a hacer un agregado más, porque vamos en esa línea: creemos que los
funcionarios tienen que pasar por controles previos, además de ser objeto de
controles permanentes durante el ejercicio de la función.
Por
ello, proponemos la siguiente redacción, con punto y aparte a continuación del
párrafo leído recién por el diputado Lavagna: “La Oficina Anticorrupción deberá
realizar un informe previo a la designación de los candidatos acerca de los
conflictos de intereses actuales o potenciales que puedan surgir en virtud de
la declaración mencionada en el párrafo anterior.” Alguien tiene que poder
advertir de antemano al funcionario responsable de hacer la designación, en
este caso el presidente en conjunto con el Senado, cuáles son los posibles
conflictos de interés, los que ya se pueden evidenciar o inclusive aquellos que
sean aparentes.
Se
trata de un artículo que prácticamente habla de transparencia en la designación
y en el mecanismo de selección.
Por
otro lado, sugiero a mis colegas que leamos la definición de “conflicto de
intereses”, ya que no todo puede incluirse allí. Todos tenemos una vida pasada.
Si pido el Currículum Vitae a algunos de ustedes, con la definición de
“conflicto de intereses” que ustedes establecen casi no podrían ejercer ningún cargo.
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr.
Sánchez.- Igualmente me lo podrían decir a mí.
Entonces,
establezcamos las definiciones; apliquemos firme y férreamente la norma. Es
más, quiero hacer una aclaración. Hasta el dictado de los decretos de conflictos
de intereses no existía norma para poder dirimirlos, por lo menos en el
ejercicio del Poder Ejecutivo, y en el resto de los poderes ni siquiera existe.
Por
ello, los invito a que introduzcamos una modificación a la Ley de Ética Pública
para que haya un verdadero marco de ética pública en el ejercicio de la
función, como es la definición de nuestro gobierno. El agregado propuesto por
el diputado Lavagna y el que acabo de leer van en esa dirección.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Cabandié.- Señor presidente: nuestro bloque está
en sintonía con lo que acaba de leer el diputado Lavagna.
Hemos
advertido a un conjunto de asesores del diputado Sánchez acerca de aquellos
abogados que tienen una situación vinculada al apoyo del dos por uno. Por lo
tanto, lo que acaba de decir no se ajusta a la verdad.
Estamos
de acuerdo con los agregados que hacen alusión a la Ley de Ética en el
Ejercicio de la Función Pública, pero entramos en profunda contradicción luego
de lo expresado por la diputada Araceli Ferreyra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones
propuestas por el señor diputado Lavagna y el señor miembro informante, se va a
votar el artículo 20.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 21 y 22.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
23.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: propongo agregar una
sola palabra. En el artículo 23, que dice “En un plazo que no deberá superar
los sesenta (60) días…”, añadimos la palabra “hábiles”, de forma tal que el
artículo quedaría redactado de la siguiente manera: “En un plazo que no deberá
superar los sesenta (60) días hábiles a contar desde el vencimiento del plazo
establecido…”, y continúa tal como figura en el dictamen.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por el miembro informante se va a votar el artículo 23.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
24.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: simplemente propongo
que el primer párrafo diga así: “…la renovación de los miembros se hará escalonada
y parcialmente y podrán ser reelegidos por única vez…”. Habría que agregar la
expresión “por única vez”. Creemos conveniente que exista una rotación en los
integrantes del tribunal, precisamente para que no haya funcionarios que
terminen quedándose eternamente y que esto pueda atentar contra la
imparcialidad que deben guardar para tomar sus decisiones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: aceptamos la modificación
propuesta por el señor diputado Lavagna.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta y aceptada por el señor miembro informante, se va a votar el artículo
24.
-Resulta afirmativa.
-Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 25 a 27.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
28.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: conforme lo
planteamos en su momento al tratar el proyecto en comisión, el artículo 28 se
refiere a la integración del Tribunal de Defensa de la Competencia, así como a
sus muy amplias facultades, la mayoría de las cuales tienen que ver con la
resolución de cuestiones jurídicas e, incluso, procesales, todas ellas
vinculadas con la aplicación de la norma.
En
tal sentido, consideramos que como todo tribunal, éste debe estar integrado por
abogados, porque son justamente quienes han estudiado y se han formado para
interpretar y aplicar la ley, y para resolver en consecuencia.
Por
lo tanto, proponemos modificar el primer párrafo del artículo 28, cuya
redacción quedaría así: “El Tribunal de Defensa de la Competencia estará
integrado por cinco (5) miembros, que deberán ser abogados.” Luego seguirían
las funciones y competencias, conforme lo establecido en el proyecto aprobado
en general.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: como me dice siempre
el diputado Lipovetzky, con respeto y cariño no aceptamos la modificación
planteada.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
28.
-Resulta afirmativa.
-Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 29 a 33.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
34.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: quisiera proponer el
agregado de un tercer párrafo, que diría así: “La autoridad dispondrá los
mecanismos para que todos los trámites, presentaciones y etapas del
procedimiento se realicen por medios electrónicos”. Esto apunta justamente a
agilizar y facilitar, particularmente en el caso de las pymes, el acceso a este
tipo de herramientas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: muy en línea con la
tarea de nuestra administración, que consiste en la simplificación burocrática
al servicio de la sociedad, nos parece muy atinada la inclusión de medios
electrónicos.
Ahora
bien, sugiero que por una cuestión de orden ese agregado figure como tercer
párrafo del artículo 34. El primer párrafo, que empieza con: “El procedimiento
se iniciará de oficio…”, quedaría tal como figura en el dictamen aprobado en
general. El segundo párrafo sería el que comienza con: “Los procedimientos de
la presente ley serán públicos…”, siguiendo como reza en el dictamen, y ahí se
incorporaría el agregado: “La autoridad dispondrá los mecanismos para que todos
los trámites, presentaciones y etapas del procedimiento se realicen por medios
electrónicos”. Luego de un punto y aparte, seguiría el cuarto párrafo, tal como
figura en el dictamen.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta y aceptada por el señor miembro informante, se va a votar el artículo
34.
-Resulta afirmativa.
-Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 35 a 54.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo
VII, que comprende los artículos 55 a 59.
Se
va a votar.
-Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el capítulo
VIII, que comprende los artículos 60 y 61.
Para
referirse al artículo 60, tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: el capítulo VIII se
refiere al denominado programa de clemencia, y en particular, el artículo 60
establece, en su párrafo segundo, que para acogerse a dicho programa deberá
presentarse la solicitud ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, con
anterioridad a la recepción de la notificación prevista en el artículo 41.
El
problema consiste en que el artículo 41 hace referencia al momento en que
concluye el sumario. Entonces, considero que en lugar de hacer la remisión al
artículo 41, debería permitirse la incorporación al programa de clemencia
cuando las actuaciones comienzan o bien en el plazo establecido en el artículo
35. De lo contrario, habría que esperar a que avance todo el trámite, con el
correspondiente desgaste investigativo, y recién al momento de notificarle a la
persona que tendrá que pagar una multa por violar la ley de defensa de la
competencia, ella puede arrepentirse.
Por
lo tanto, creo que esta instancia no debería ocurrir en el momento final o
cuando va a aplicarse una sanción, sino en un plazo inicial, que puede ser el
fijado en el artículo 35, es decir, cuando se instruye el sumario por denuncia
o de oficio.
Si
una persona viola la ley o se piensa que puede ser condenada, debe plantear
esta instancia en ese momento, evitando así que el Estado tenga que gastar
recursos para investigar. Es decir, si se va a arrepentir, debe hacerlo al
inicio y no a la finalización del sumario.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: considero que lo que
plantea la diputada preopinante es correcto. Habría que fijar un plazo
anterior, para evitar justamente las prácticas que la diputada Ferreyra
mencionaba.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: me parece que hay un
error de interpretación. Entiendo lo que la señora diputada intenta advertir,
pero creo que no es como ella lo interpreta. El artículo 41 establece un plazo
posterior, previo a la conclusión de la instrucción. De lo contrario, no le
estaríamos concediendo prácticamente ningún plazo.
En
definitiva, creemos que está bien redactado el dictamen y, en consecuencia, no
aceptamos la propuesta de modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
60, sin modificaciones.
-Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
61.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Cabandié.- Señor presidente: voy a leer el último
párrafo del artículo 61, que dice así: “Aquellas personas que se acojan al beneficio del programa de clemencia
dispuesto bajo la presente ley, previa resolución del Tribunal de Defensa de la
Competencia que determine que cumplen con los términos establecidos en las
disposiciones de este capítulo, tendrán inmunidad a las sanciones previstas en
los artículos 300 y 309 del Código Penal de la Nación y de las sanciones de
prisión que de cualquier modo pudieren corresponderles por haber incurrido en
conductas anticompetitivas.”
Entiendo que mediante esta norma
estamos otorgando la acción penal al Poder Ejecutivo, algo que es una flagrante
inconstitucionalidad. Obviamente, este párrafo es pasible de ser judicializado
y no entra en el razonamiento de nadie.
Por lo tanto, entiendo que dicho
párrafo debería ser revisado. De lo contrario, anticipo mi pedido de votación
nominal para el artículo en consideración.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Córdoba.
Sr. Brügge.- Señor presidente: sin perjuicio de que me parece que no es feliz la
redacción del párrafo, entiendo que si el Congreso de la Nación tiene la
facultad de dictar leyes generales de amnistía, puede establecer mecanismos de
exención de la pena.
Ahora bien, considero que en este
párrafo estaría mal utilizado el término “inmunidad”.
Del mismo modo, recientemente esta
Cámara actuó con relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
respecto de las cuales establecimos que, si se tomaban ciertas medidas, se
contemplaba una exención de la pena.
En definitiva, considero que aquí
debería utilizarse la expresión “exención de pena” en lugar de “inmunidad”, y
así lo propongo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Estamos de acuerdo con el criterio
propuesto por el señor diputado Brügge.
Sr.
Presidente (Monzó).- Entonces, donde dice
“tendrán inmunidad” pasará a decir “estarán exentas”.
Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: yo seguiría el mismo
criterio que utilizamos al sancionar la ley de responsabilidad penal
empresarial, donde se optó por la frase “quedan exentas”.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta?
Sr.
Sánchez.- Sí, señor presidente.
Por
lo tanto, el párrafo quedaría redactado de la siguiente manera: “Aquellas
personas que se acojan al beneficio del programa de clemencia dispuesto bajo la
presente ley, previa resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia que
determine que cumplen con los términos establecidos en las disposiciones de
este capítulo, quedarán exentas de las sanciones previstas en los artículos 300
y 309 del Código Penal de la Nación y de las sanciones de prisión que de
cualquier modo pudieren corresponderles por haber incurrido en conductas
anticompetitivas.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado Cabandié:
¿está conforme con la propuesta?
Sr.
Cabandié.- Señor presidente: quiero hacer un
comentario retórico, tanto al señor diputado Brügge como al señor diputado
Sánchez, en cuanto a que el Ministerio Público Fiscal no tiene ninguna
injerencia en algo que le corresponde.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 194
señores diputados presentes, 117 han votado por la afirmativa y 72, por la negativa,
registrándose además 4 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 117 votos afirmativos; 72,
negativos, y 4 abstenciones.[3]
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo
IX, que comprende los artículos 62 al 65 inclusive.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo
X, que comprende los artículos 66 y 67.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sra.
Carrizo.- Señor presidente: quiero dejar
constancia de mi abstención en el artículo 67.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se deja constancia, señora
diputada.
En
consideración el Capítulo XI, que comprende los artículos 68 al 71 inclusive.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo
XII, que comprende los artículos 72 y 73.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo
XIII, que comprende los artículos 74 al 78 inclusive.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
79.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
80.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración.
Si bien creo que la redacción lo deja en claro, me parece conveniente agregarlo
para que no queden dudas. El artículo dice: “No obstante ello, la autoridad de
aplicación de dicha norma subsistirá con todas las facultades y atribuciones…”
Luego de esto se colocaría una coma y se agregaría “incluso las sancionatorias,
…” y el resto quedaría tal como está redactado.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta la
propuesta?
Sr.
Sánchez.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
80, con el agregado propuesto y aceptado por la comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
81.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 82 y 83.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
84.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: propongo el mismo
cambio que hicimos anteriormente, es decir, hablar de una suma equivalente a
“100 millones” de unidades móviles en lugar de 150 millones.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta el
cambio propuesto?
Sr.
Sánchez.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar, con la
modificación propuesta y aceptada por la comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
85.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: en el caso del
artículo en consideración, propongo aumentar el monto de la unidad móvil. En el
dictamen de mayoría se establece en 15 pesos, y la propuesta es llevar ese
monto a 20 pesos. Dado que desde que se empezó a discutir este tema pasó más de
un año y hemos tenido un proceso de inflación, corresponde actualizar el monto.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta la
propuesta?
Sr.
Sánchez.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar, con la
modificación propuesta y aceptada por la comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
86.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: nosotros venimos
insistiendo en la necesidad de incluir en la norma el tema de las góndolas, que
es una de las patas que estaría faltando. La propuesta es alcanzar un punto
intermedio, producto del pedido del Ejecutivo de disponer de tiempo para
terminar un estudio que está realizando sobre el tema de los supermercados. Por
eso proponemos la conformación de una comisión redactora de un anteproyecto que
podamos discutir en los próximos seis meses.
Si
me permite, señor presidente, paso a leer los nuevos artículos que estaríamos
proponiendo en función de ese compromiso.
El
primero de ellos, que sería el artículo 87, dice así: “Créase la Comisión
Redactora del Anteproyecto de Ley Nacional de Fomento de la Competencia
Minorista en el ámbito del Ministerio de Producción de la Nación, la que estará
conformada por el Ministerio de Producción de la Nación ‑o quien él
designe en su lugar‑, el secretario de Comercio de la Nación –o quien él
designe en su lugar‑, el presidente de la autoridad nacional de la
competencia –o quien él designe en su lugar‑, el presidente y
vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la
Competencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el presidente,
vicepresidente y secretario de la Comisión de Industria y Comercio del
Honorable Senado de la Nación.”
El
segundo artículo a agregarse, que llevaría el número 88, dice así: “La Comisión
Redactora del Anteproyecto de Ley Nacional de Fomento a la Competencia
Minorista tendrá como función principal la elaboración de un anteproyecto de
ley nacional de fomento a la competencia minorista a los fines de garantizar
las condiciones de libre competencia entre los establecimientos de consumo
masivo y sus proveedores, la cual deberá, como mínimo, evaluar, de acuerdo con
los altos estándares internacionales, los siguientes puntos: a) sujetos
abarcados, comprendiendo los supermercados y supermercados totales o
hipermercados de acuerdo con la ley 18.425; b) categorías de productos; c)
límites máximos del espacio en góndola; d) plazo máximo para pagos a proveedores
cuando estos son micro, pequeñas y medianas empresas ‑mipymes‑; e)
limitación a la exigencia de adelantos, débitos unilaterales o restricciones
económicas que no sean de mutuo acuerdo a proveedores, cuando estos son micro,
pequeñas y medianas empresas ‑mipymes‑; f) limitación a los
mecanismos de condicionamiento desfavorables impuestos a proveedores cuando
estos son micro, pequeñas y medianas empresas ‑mipymes‑; g)
limitación de las sanciones por retaliaciones; h) plazos de adaptación para las
nuevas condiciones para que los actores abarcados por la nueva ley nacional de
fomento a la competencia minorista”.
El
artículo 89 establece: “Para el cumplimiento de su cometido, la comisión
contará con el apoyo técnico y administrativo del Ministerio de la Producción
de la Nación.”
Artículo
90: “Facúltese al ministro de Producción de la Nación para designar al
secretario de la comisión creada por el presente acto a cursar comunicaciones y
emitir los actos de implementación que resulten necesarios para el cumplimiento
del presente.”
Artículo
91: “En un plazo máximo de seis meses contados a partir de la sanción de la
presente ley, la comisión redactora del proyecto de ley nacional de fomento a
la competencia minorista, elevará al Poder Ejecutivo el anteproyecto para que
este lo envíe al Honorable Congreso de la Nación.”
El
artículo final sería la comunicación al Poder Ejecutivo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: la comisión acepta
los cambios, pero sugiere que el plazo esté establecido en días, es decir que
el proyecto se refiera a 180 días.
En
segundo lugar, proponemos que se trate de artículos correspondientes a
cláusulas transitorias. Entonces, claramente fenecen a los 180 días o cumplido
el objetivo; y el resto es un régimen permanente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se van a votar los nuevos
artículos 87 a 91, propuestos por el
señor diputado Lavagna y aceptados por el señor miembro informante.
-
Resulta afirmativa.
-
El artículo 92 es de forma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto
de ley. (Aplausos.)
Se
comunicará al Honorable Senado.[4]
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: quiero aclarar para
que quede correctamente redactado que son cláusulas transitorias del mismo
texto, que se enumeran al final.
- 8 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el
dictamen de mayoría de la Comisión de Finanzas y otras recaído en el proyecto
de ley sobre financiamiento productivo (expediente 19-P.E.-2017.)
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 2033
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general
el dictamen de mayoría de las comisiones de Finanzas y otras, recaído en el
proyecto de ley contenido en el expediente 19-P.E.-2017, sobre financiamiento
productivo.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: estamos viviendo
tiempos históricos caracterizados por el logro de acuerdos sobre cuestiones que
marcarán nuevos rumbos para nuestro país.
Nos
estamos poniendo de acuerdo acerca de la distribución de los esfuerzos entre la
Nación y las provincias, la previsibilidad fiscal y nuevas reglas para promover
el empleo; todo ello en un marco de mayor transparencia de las instituciones y
la justicia.
Venimos
a sentar las bases para resolver dos de los peores déficits de nuestra
historia: la carencia de ahorro y la carencia de inversión.
Es
absolutamente obvio que sin inversión no puede sostenerse el crecimiento del
empleo. La Argentina es un caso patético de la violación de este principio
elemental.
Nuestro
mercado de capitales es el menos desarrollado de la región, con un 12 por
ciento del PBI, frente a un 37 por ciento en Colombia, un 42 por ciento en
Brasil y un 86 por ciento en Chile. Detrás de este número aparece un nivel de
crédito en relación con el producto que representa un tercio del promedio
regional, cuyas principales víctimas son las pymes, sin acceso alguno a
mercados de mediano o largo plazo para lograr un crecimiento.
La
contrapartida de esta sequía crónica es una tasa de inversión del 15 por ciento
del producto bruto, que a la vez es responsable de la nula creación de empleo y
de niveles de productividad que impiden la competitividad.
En
el pasado se inventaron todo tipo de atajos para cambiar esta situación: empleo
público, apropiación de los ahorros de los jubilados, emisión descontrolada,
inflación y déficit fiscal. Sin embargo, nada sirvió. Proponemos este conjunto
de reformas para cambiar tendencias y permitir que los argentinos tengan
empleos sustentables.
El
proyecto en discusión busca sentar las bases operativas e institucionales para
lograr niveles de ahorro e inversión compatibles con el crecimiento del empleo.
Basta decir que si la Argentina logra los promedios de la región en términos de
deuda sobre PBI, es decir un 32 por ciento, ello implicará contar con 150.000
millones de dólares más.
Para
tal fin, este proyecto propone potenciar el financiamiento a las mipymes,
desarrollar un mercado de capitales moderno y transparente con más inversores y
empresas que busquen financiamiento, proteger a todos los inversores ‑en
particular a los accionistas minoritarios‑, alentar la integración y
federalización de los distintos mercados del país e impulsar el crédito
hipotecario.
Los
cuatro pilares del proyecto son: en primer término, potenciar el financiamiento
de las pymes a través de nuevos instrumentos. No tengo que remarcar el enorme
valor de las pymes en términos de empleo, las que actualmente no tienen forma
de acceder al crédito, se financian con cheques y son ahogadas por las grandes
empresas. Consecuentemente, proponemos un instrumento trascendental como la
factura de crédito electrónica mipyme, transmisible y negociable como un título
de valor ejecutable rápido después de que la empresa entrega la factura.
Además,
las facturas no canceladas en tiempo y forma se constituyen en un título
negociable que puede cederse o descontarse en el mercado de capitales. Esta
cesión o descuento de factura permitirá multiplicar la fuente de financiamiento
para las mipymes, con nuevas condiciones de crecimiento. Asimismo, permitimos
la utilización del pagaré como instrumento de financiación para las pymes y la
creación de fondos de capital emprendedor, fondos de capital privados y fondos
de préstamos pymes. Todo esto representa una revolución que hasta ahora era un
juego perverso en el que las únicas que perdían eran las pymes.
El
segundo eje es crear y fortalecer instrumentos para promover el acceso a la
vivienda. Hoy la cartera hipotecaria argentina representa apenas el 1 por
ciento del PBI, mientras que la brasileña constituye el 9 por ciento y la
chilena el 24 por ciento. Esto significa ni más ni menos que los argentinos que
quieren acceder a una vivienda tienen una fracción de las posibilidades de los
brasileños y chilenos para lograr este objetivo esencial de la vida.
Quiero
agregar que la enorme demanda que se expresa en estos días en términos de
préstamos hipotecarios habla por sí misma acerca de la potencia de este
mercado.
Señor
presidente, este mercado no puede crecer si no puede descontar los paquetes de
hipotecas por el proceso de securitización conocido y utilizado en todo el
mundo. Actualmente los costos de transferencia o de descuento de créditos
hipotecarios son exorbitantes e impiden el desarrollo del mercado. Por tal
motivo, proponemos que las personas autorizadas a hacer oferta pública puedan
emitir títulos de deuda y/o certificados de participación que tengan como
garantía la creación de letras hipotecarias ajustadas por CER. Además, se
deroga la prohibición de asegurar el riesgo financiero de modo de otorgar más
seguridad a las hipotecas y crear obligaciones negociables con garantía
limitada con una nueva modalidad.
El
objetivo del tercer eje es fortalecer al regulador y a la regulación de modo de
proteger al inversor, reducir el riesgo sistémico y hacer más confiables y
atractivos a los mercados. Para ello establecemos un nuevo marco regulatorio
que está de acuerdo con los niveles y estándares internacionales; garantizamos
la transparencia, competitividad y solidez en el mercado; aseguramos la
idoneidad de los que participan; establecemos normas de calidad y criterios de
independencia a los auditores y organizamos un sistema particular de
supervisión de las auditorías externas.
Asimismo,
derogamos la facultad de la Comisión Nacional de Valores para intervenir en
empresas, el escandaloso artículo 20 que fue ilegalmente aprobado en esta
Cámara.
Señor
presidente: de lo que se trata es de quitar discrecionalidad a la autoridad de
control sin perder su capacidad de regulación y cuidado de los intereses de los
inversores.
Asimismo,
desarrollamos un sistema de financiamiento colectivo que faculta a la Comisión
Nacional de Valores para la regulación de las llamadas plataformas Fintech, clave para contar con
herramientas a futuro.
Se
eliminan las multas como fuente de ingresos para dicho organismo, se
simplifican los procesos administrativos y se aceleran los procesos sumariales.
Estamos
convencidos de que una autoridad regulatoria profesional con capacidad de
intervención, como la que estamos construyendo, asegurará las bases
institucionales para un desarrollo confiable del mercado de capitales.
El
cuarto objetivo es fomentar la canalización del ahorro nacional hacia
inversiones a largo plazo. Para ello potenciamos los fondos comunes de
inversión en todas sus posibilidades de colocación, en particular aquellos que
se relacionan con las actividades productivas. Por eso se reglamenta y se da
especial potencia a los fondos abiertos y cerrados de inversión como
herramientas de financiamiento de largo plazo, se eliminan las asimetrías
regulatorias entre los fondos abiertos y cerrados, se les otorga una mayor
aptitud para el financiamiento de la actividad productiva, se establece la
obligación –para los fondos de inversión cerrados‑ de realizar sus
ofertas con prospecto de oferta pública, generando mayor transparencia y se
permite incorporar activos inmobiliarios, entre otros.
Entre
otras regulaciones, se establece que los fondos comunes de inversión abiertos
deberán invertir como mínimo un 75 por ciento en activos emitidos y negociados
en el país.
Se
da especial importancia a los seguros de riesgo crediticio como herramienta de
excelencia para obtener recursos y eliminar riesgos.
Señor
presidente: son más de 200 artículos, y no tengo tiempo de referirme a todos en
tan poco tiempo. Solo utilizaré dos minutos más.
Se
establece la transparencia fiscal de fondos cerrados y fideicomisos de modo de
evitar la doble imposición.
Proponemos
dar un incentivo impositivo adicional especial a los fondos de desarrollo
inmobiliario.
Finalmente,
quiero remarcar que una lectura elemental de las carencias en capital
productivo e infraestructura y la reacción impresionante de los mercados ante
la oferta de créditos de largo plazo nos muestran que la Argentina está
hambrienta de futuro.
Las
personas, como ciudadanos o como empresarios, quieren construir alternativas
que los proyecten en el tiempo en lugar de quedarse estancados en un presente
sin destino. Quieren que sus hijos vivan mejor, que sus ideas se conviertan en
productos, que sus aspiraciones en todos los terrenos puedan concretarse cuanto
antes.
Con
nuestro voto hoy estamos en condiciones de brindar un marco institucional para
la realización de esos sueños, que son elementales para el buen funcionamiento
de cualquier sociedad. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: acabamos de debatir
aquí la ley de defensa de la competencia, así como también habíamos tratado la
ley de devolución de IVA, la de fomento de las pymes, la de reparación
histórica, todas leyes con preciosos títulos, pero con resultados de nulos a
malos o desastrosos.
En
algunos casos era una ley mala, en otros casos era una ley inaplicable y en
otros, un pequeño grupo de artículos de buenas intenciones que ocultaban
situaciones completamente desfavorables. Me refiero al caso de la Ley de
Reparación Histórica, que no solo no favoreció a los jubilados, como se había
prometido, ni terminó con los litigios, sino que, además, escondía y traficaba
el blanqueo de capitales, que tuvo los resultados ya conocidos.
Estamos
ante una norma de esas características. Por supuesto que cuando uno escucha a
los defensores de este proyecto hablar de instrumentos para financiar a las
pymes, no tienen más que recordar las leyes aprobadas por nuestro gobierno, que
fueron varias, particularmente la de mercado de capitales, que implicaba una
forma de beneficiar a las pymes con nuevos instrumentos.
Apoyaremos
en particular todas esas cuestiones para las pymes, que son absolutamente
bienvenidas. Pero es inaceptable que bajo la máscara de un proyecto para
beneficiar a las pymes se estén traficando modificaciones tan profundas que no
tendrán otro resultado que la desregulación de los mercados financieros en la
Argentina, particularmente el de capitales.
No
sucederá, tal como manifestaba el señor diputado preopinante, que el ahorro sea
canalizado a la inversión.
Este
es un gobierno que mientras en el Parlamento propone esto, en el Ejecutivo no
solo hace lo contrario, sino que batió todos los récords. Todo el mundo creía
que el carry trade, o sea la
bicicleta financiera, era un invento de los gobiernos neoliberales anteriores
que creíamos sepultados. Pero no fue así. Vino el presidente Macri, puso
altísima la tasa de las LEBACS, “planchó” el tipo de cambio y hoy la Argentina
es un paraíso de la especulación internacional. Bate récords; está primera en
la lista. Esta iniciativa va en ese sentido, con otros peligros acerca de los
cuales quiero advertir a los diputados porque si no, después nos vamos a
lamentar.
Quiero
anticipar que nuestro bloque no va a acompañar esta iniciativa. Probablemente
votemos a favor de los instrumentos pyme, que no son el centro del proyecto.
Reitero: queremos apoyar a las pymes. Así lo hicimos cuando fuimos gobierno, a
partir de políticas económicas con sesgo productivo, de mercado interno y de
pequeñas y medianas empresas. Han cerrado miles de pymes, pero ahora dicen que
las van a rescatar con instrumentos financieros que figuran en el acápite de
una norma.
Voy
a pasar a referirme a los puntos centrales, que quiero dejar muy bien
delimitados. Hay cuatro puntos absolutamente inadmisibles. En primer lugar,
partimos de una situación internacional donde ningún diputado, por más ajeno
que esté a la cuestión financiera, a los derivados, a los credit default swaps, a los instrumentos, a todas las formas que ha
tomado la especulación internacional, puede olvidarse del año 2008.
En
ese año quebró el sistema financiero norteamericano. Quebraron Lehman Brothers
y AIG, pero además se inició una crisis no financiera, sino productiva, de la
que aún hoy Estados Unidos no termina de salir. Todavía no recuperó ni en la
construcción ni en la industria el empleo que había perdido en aquella crisis
de 2008. Es decir que fue una crisis tremenda, comparable con la del 30, dicho
esto por los analistas más prestigiosos, y que tuvo la particularidad de que
todos los analistas coincidieron en cuál había sido la causa: la falta de
control de los mercados financieros. Hoy estamos ante un proyecto que en uno de
sus puntos centrales propone quitar a la Comisión Nacional de Valores
potestades de control sobre los mercados financieros.
Si
no estuviera acá y pudiera usar el lenguaje de la calle, diría barbaridades.
Parece mentira que la Argentina vaya a contramano del mundo. Fíjense: el Fondo
Monetario Internacional y la OCDE están contra los paraísos fiscales y contra
la desregulación de los mercados, mientras que en la Argentina desregulamos los
mercados y, por otro lado, buscamos acuerdos de libre comercio con países proteccionistas.
Está todo al revés.
Este
es un revival de los 90 fuera de
tiempo, de lugar e improductivo. Este es el principal problema. Se generan
tantos riesgos sobre la economía argentina que incluso sus defensores, luego de
decir: “Me gusta que el mercado haga todo”, dicen: “Ojo que esto se puede ir
a…”. Ya conocemos las palabras. ¿Por qué? Porque se ha permitido un festival de
especulación. Lo único que creció fueron las Lebacs, la deuda externa y la
especulación financiera. Hay diputados que hoy defienden este programa
económico, pero que hasta hace poco lo atacaban. No estaban de acuerdo y ahora
está votando normas neoliberales. Esta es una iniciativa neoliberal. Bienvenida
la cuestión de pymes, pero no hacía falta meterla dentro de una norma que en
primer lugar propone que los mercados tengan potestad de autorregulación.
El
otro día lo discutíamos en la comisión y tenía razón nuestro bloque. La verdad
es que propone que la CNV invite a los mercados a autorregularse. Es algo que
va en contra de lo recomendado y que en todos lados del mundo se plantea como
lo peor que se puede hacer. Acá se otorga de nuevo potestad a los mercados para
que se autorregulen, se autoevalúen y que la CNV tome esos dictámenes como
válidos.
En
segundo lugar, podemos ver el artículo 20 de la ley anterior. ¿Qué pasó en
Estado Unidos con la crisis subprime?
Les dieron más potestad de regulación e intervención a los organismos de
control. Acá se la sacamos. Si encontramos que en alguna sociedad se están vulnerando
los derechos de las minorías, la Comisión Nacional de Valores se convertirá en
un testigo incómodo de esa situación y no podrá hacer nada, pues se le quitarán
los instrumentos.
Pero,
por otro lado, a la Comisión Nacional de Valores se permite que entren como
funcionarios quienes –lo dice hoy la ley- hasta hace dos años, como mínimo,
hayan desempeñado un papel en el sistema financiero. Claro, se busca que no
esté esa puerta giratoria que lleva al funcionario a la empresa privada y
después de esta de nuevo al gobierno, pasando de regulador a regulado.
En
cambio, acá ello se reduce. ¿Por qué? ¿Seis meses le vamos a dar? ¿Por qué? Yo
le voy a explicar por qué, señor presidente. Porque los timberos más
importantes de la economía argentina y los fugadores de capitales son
bienvenidos en el gobierno de Macri. Este es el lío, y ahora lo estamos
estatuyendo en la norma. Va a ir a la Comisión Nacional de Valores la gente que
hasta hace poquito era regulada. Esto no pasa en ningún lado, salvo acá. Es
decir, la autorregulación implica menos capacidad de control de la Comisión
Nacional de Valores.
Recién
preguntaba el diputado qué problema había con los créditos UVA, con el
crecimiento de los créditos hipotecarios, que además es mentira.
En
nuestro gobierno había más crédito hipotecario, pero a partir del Procrear, que
era un programa público con tasas subsidiadas, cuyo objetivo era incentivar la
construcción. Ahora estos nuevos créditos por UVA no son para construir, sino
para comprar viviendas hechas. ¿Qué es lo que genera eso, cuando hay mucho
crédito? Una burbuja de precios.
Estamos
armando el caldo, y ahora con esta iniciativa lo consagramos. Se está generando
una regulación del mercado de derivados financieros. Sé que es sofisticado.
¿Pero qué es lo que pasa? Le voy a dar datos claros, contundentes y
comprensibles.
Alguien
obtuvo uno de esos famosos créditos ajustados por UVA. Supongamos que le dieron
hace diecinueve meses un millón de pesos, pagando una cuota muy “conveniente”
de 7.900 pesos, que era más barata que una cuota bajo los sistemas
tradicionales, de 12.000 pesos. Hace diecinueve meses, tentado por la cuota de
7.900 pesos, la persona entró al sistema. ¿Cuál es su cuota después de
diecinueve meses? Es de 12.000 pesos. ¿Cuál es la cuota del otro crédito?
También de 12.000 pesos, porque las cuotas suelen estar estabilizadas en el
tiempo. O sea que ahora su cuota es igual a la que rechazó.
¿Pero
cuál es el problema? Ya pagó 160.000 pesos, y no me van a creer, pero lo votó
este Congreso. ¿Sabe cuánto debe? La suma de 1.400.000 pesos. Debe un 40 por
ciento más que lo que debía antes y pagó 160.000 pesos.
¿Cómo
pretenden resolver esto? Con la
securitización. Los bancos, asustados
de que haya un default de los que
pagan, van a generar un mercado secundario donde se aseguren esos créditos que
se tomaron y que podrían no pagarse.
Esto
es calcado a lo que detonó la crisis de 2008 en Estados Unidos y es lo que
estamos haciendo en la Argentina, sumado al último punto que no se puede
sostener, que es permitir que nuestra Caja de Valores y los organismos
depositarios de instrumentos financieros argentinos se asocien con extranjeros.
Se quiere extranjerizar, fomentar la especulación y al mismo tiempo quitar
atributos de control para dárselos a los mercados.
¿Saben
qué? Si algo se aprendió de la crisis de 2008 es que hay que hacer exactamente
lo contrario. Pero claro, vamos a ser la sede del G20, que entre sus puntos
centrales quiere perseguir a los paraísos fiscales, y nosotros tenemos a todos
los funcionarios que se les descubren todos los días cuentas en paraísos
fiscales. Entonces, si vamos a querer convertir a la Argentina en un paraíso
fiscal, dejemos de hablar de las pymes y empecemos a hablar de los objetivos de
especulación del gobierno, que es neoliberal.
Por
otro lado, ¿quién cree que las LEBAC son para combatir la inflación? Las LEBAC
son para evitar una corrida financiera, y por eso pagan cualquier tasa y en
cada vencimiento se mueve el dólar. Están con el problema de que tienen un
déficit récord de la balanza comercial, que es lo que venían a solucionar,
aunque devaluaron y no lo solucionaron, tienen más fuga de capitales y ahora
están superando la de 2011, que fue un año record en fuga. Además, tienen entrada y salida de capitales
no para la inversión productiva, sino para “timbear”.
Esta
iniciativa no genera más controles, el mundo está horrorizado y atemorizado por
el descontrol que ha generado el sector financiero, y acá le damos la norma que
los estudios de abogados me traían a mí cuando era ministro para que aprobara,
la que les permite todas las trapisondas y las manganetas sin control de la
autoridad.
Lo
digo hoy porque, lamentablemente, sé que esta manifestación de nuestro bloque
por la negativa ‑como pasó con el pago a los fondos buitre, que iba a
traer una lluvia de inversiones y bajar la tasa de interés, pero no pasó nada
de eso‑ vamos a tener que invocarla cuando esta ley traiga sus
resultados, que no será que a las pymes les vaya bárbaro, sino que la
Argentina, además de las LEBAC y el carry
trade, tendrá un mercado financiero descontrolado, como muchos de los
ejemplos que acá se han mencionado. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: nosotros somos conscientes
de que una de las herramientas que necesita la Argentina para su desarrollo
productivo es tener un mercado de capitales más desarrollado. Lamentablemente,
hoy la Argentina tiene un retraso relativo muy grande respecto de otros países.
Entonces, es necesario que avancemos en ver cómo hacemos para tener un
desarrollo importante en el mercado de capitales.
Ahora
bien, la pregunta tiene que ser qué consideramos un desarrollo del mercado de
capitales. ¿Es incentivar a la compra de
LEBAC? Claramente, ese no es el desarrollo del mercado de capitales que, como
bloque, queremos.
Nosotros
no queremos que se profundice un esquema donde valga más la timba o la
bicicleta financiera que el desarrollo productivo. Lo que queremos es un
mercado de capitales que esté al servicio del desarrollo productivo, de la
generación de puestos de trabajo y de la inversión. Es ahí donde tenemos que
poner todos los mecanismos e incentivos para direccionar los fondos y los recursos que podamos atraer hacia
los sectores productivos
Esto nosotros no lo venimos diciendo
como una frase sin hacer nada en consecuencia. Ya cuando discutimos la ley pyme
mencionamos algunas cuestiones que tenían que ver con el financiamiento a
través del mercado de capitales. El artículo 50 de dicha ley hablaba del
direccionamiento de los recursos de los inversores institucionales
y el desarrollo de los sectores pyme.
Lamentablemente,
hasta un día después de la reunión de comisión donde nombraba esto, este
artículo todavía no había sido reglamentado. La reunión de comisión fue el día
16 de este mes y el 17 el Ejecutivo, afortunadamente, reglamentó este artículo
que no venía siendo aplicado.
¿Por
qué digo esto? Porque nosotros podemos, al igual que lo discutíamos con el
proyecto de ley anterior, estar discutiendo los mejores instrumentos
legislativos, pero si después no se da el compromiso político, estos mecanismos
que discutimos durante horas acá, muchas veces acaloradamente, no terminan
teniendo ejecutividad en la gestión de todos los días.
Lo
mismo sucedió cuando discutíamos los mecanismos para financiar la capacitación
en pymes, que se puso en la ley respectiva. En el presupuesto, esos artículos
que pusimos se están dando de baja. Entonces, tenemos que tener clara
conciencia de que las cosas que votamos acá, como Parlamento, tienen que ser
llevadas a la práctica por el Ejecutivo.
También
el año pasado dimos esta discusión cuando hablábamos del impuesto a las
ganancias, y nosotros en ese momento éramos herejes porque planteábamos gravar
la renta financiera. Afortunadamente, ahora la reforma tributaria incluye este
tema, pero justamente nosotros en la discusión de uno de los artículos del
impuesto a las ganancias hablábamos de cómo quitar impuestos a todos los
instrumentos financieros que tuvieran como destino el financiamiento de
proyectos de la economía real que generen inversión y puestos de trabajo.
Esto
es algo que venimos diciendo desde hace tiempo; es más, nosotros redactamos
durante la campaña ‑personalmente se lo acerqué al Jefe de Gabinete- un
programa económico en el que uno de los puntos centrales era cómo hacíamos para
limitar la entrada de capitales especulativos, pero desarrollando de manera muy
fuerte lo vinculado con el mercado de capitales, orientado al sistema
productivo. En este punto es donde creemos que hay que poner el foco.
El
proyecto del Poder Ejecutivo del año pasado, que en ese momento se llamaba “ley
de mercado de capitales”
-ahora, renombrado-, tenía algunas
cuestiones que considerábamos que estaban en la línea correcta, pero también
algunas falencias o aspectos incompletos. En este sentido, faltaban conceptos
relativos a las pymes; aclaremos que en este dictamen hay algunos que ya fueron
incorporados. Si bien planteaba algunas cuestiones muy reglamentaristas, no
terminaba de suprimir alguna discrecionalidad de los organismos de control.
Cabe aclarar que, en este sentido, hemos podido avanzar; sobre todo, quedaba
trunca la idea de cómo seguíamos dando instrumentos para financiar la economía
real.
Trabajamos
mucho este proyecto; lo venimos haciendo desde el año pasado, y hemos celebrado
muchísimas reuniones. Creo que avanzamos todo lo que pudimos hasta este
momento, pero hubo muchos aspectos que quedaron fuera. Por eso, elaboramos un
dictamen propio, que es el que estamos defendiendo hoy.
Algunas
cuestiones eran básicas, como las vinculadas con el tema impositivo, que el
proyecto incorporaba, aunque todavía no hemos terminado de zanjar la discusión.
Pensamos que son discusiones orientadas a la reforma tributaria, porque hacen a
un todo. No podemos tratar individualmente leyes que modifican un mismo
impuesto. Hoy se discute la reforma tributaria que modifica el impuesto a las
ganancias; la ley de revalúo, que modifica el impuesto a las ganancias; la
reforma laboral, que plantea algunos descuentos en materia de impuesto a las
ganancias y, finalmente, la ley de mercado de capitales o financiamiento
productivo, que también se refiere a dicho tributo.
Entonces,
hay que ordenar la discusión y considerarlo todo junto para tener una clara
concepción de cuáles son los impactos que tendrán las normas que estamos
sancionando; de lo contrario, terminaremos por perder la noción de cuánto
cuesta todo esto y qué beneficio nos traerá aparejado. En estos momentos, donde
el déficit fiscal es uno de los puntos centrales, tener una clara concepción de
las normas que sancionamos también es trascendente.
Avanzamos
mucho, como ya dije anteriormente, y llegamos a muchos consensos, aunque
faltaron otros. Entre los consensos alcanzados –estoy seguro de que a lo largo
del día llegaremos a solucionar algunos puntos pendientes-, hay algunos ejes
conceptuales que se discutieron y han sido incorporados, con distintos matices.
Por ejemplo, la orientación al sector real y a las pymes; es decir, cómo
empezamos a dar instrumentos orientados a las pymes. En este aspecto se ha
avanzado.
Se
busca que sea un sistema cada vez más inclusivo y no en beneficio de pocos. Uno
de los puntos que incorporamos es la necesidad de tener un programa nacional de
inclusión financiera. Básicamente, este programa tiene por objeto que el
sistema financiero llegue al que más lo necesita. La inclusión financiera no es
brindar la posibilidad a un ahorrista de que compre LEBAC, sino a un sector que
hoy es vulnerable y no tiene acceso a los créditos financieros formales, a fin
de evitar endeudarse con una cueva que le cobra el ciento por ciento anual, y
acceder a herramientas financieras. Por eso hablamos del programa de inclusión
financiera, que para nosotros es central. Como esta situación, hasta ahora, no
está contemplada en el dictamen de mayoría, en nuestro dictamen incorporamos un
capítulo vinculado con este tema.
Es
necesario que esta medida esté orientada a un mercado de capitales a largo
plazo. En este sentido, hemos avanzado en algunas cuestiones, sobre todo en lo
relacionado con las hipotecas, que obviamente acompañamos, con una salvedad.
Estamos buscando mecanismos para facilitar o dar más certidumbre al inversor,
pero en el caso de las hipotecas no hacemos nada para evitar el riesgo que hoy
tiene un tomador de crédito hipotecario.
Un
tomador de crédito hipotecario se endeuda con UVA, que se ajusta por inflación
y no necesariamente se corresponderá con el aumento de su salario. En esa
diferencia puede haber un descalce, como ocurrió en algunos momentos de crisis
históricas argentinas –esperemos que no vuelva a suceder-; pero, si se diera
esa situación, deberíamos evitar que el tomador del crédito hipotecario termine
pagando casi la totalidad de su sueldo para cubrir la cuota UVA. Este es otro
de los aspectos en el que queremos avanzar y hemos incluido en nuestro dictamen
de minoría.
Ahora
quiero referirme al tema de la factura electrónica pyme, con el que
coincidimos. Algunas discusiones ya tuvimos cuando tratamos la ley de pymes. En
ese momento no pudimos llegar a algunos consensos, cosa que ahora sí logramos y
hemos avanzado en esa línea. Sin embargo, habría que hacer algunas
modificaciones.
El
dictamen de mayoría plantea una relación entre pymes y empresas grandes, cuando
deberíamos generar los mecanismos necesarios para lograr una relación entre
pyme y pyme que permita un desarrollo del mercado de capitales orientado
justamente a las pequeñas empresas. Si no establecemos alguna relación entre pyme
y pyme e incentivamos instrumentos financieros, terminaremos financiando
estructuras que siempre tendrán que ver con empresas grandes. Hoy debemos hacer
foco en cómo hacemos para financiar a los sectores pyme, que son los que están
más complicados.
Ya
hablé sobre algunas cuestiones vinculadas con el tema hipotecario. El hecho de
permitir algún grado de seguro adicional en materia hipotecaria permitiría
incentivar a los inversores institucionales o privados a financiar este tipo de
herramientas.
En
relación con el mercado de capitales hubo muchas modificaciones que fueron
discutidas. En algo que coincidimos es que hay que modificar el artículo 20,
porque la modificación planteada en la norma anterior no es buena. Si bien es
necesario hacerlo, hay que tener un particular cuidado con los intereses de los
accionistas minoritarios, que son los que menos herramientas tienen para
defenderse. Esto no significa dejar de lado o descuidar al resto de los
inversores. Reitero: hay que poner un foco de atención particular en el tema de
los pequeños accionistas.
Por
otra parte, resulta conveniente reglamentar el cheque electrónico. Se trata de
una herramienta que puede dar a las pymes –particularmente las del interior del
país- algún mecanismo de financiamiento adicional, sobre todo de capital de
trabajo.
Además
de las facturas electrónicas es necesario incorporar un mecanismo para que
también puedan descontarse los certificados de obra. Por ejemplo, una
empresa –básicamente, una pyme-
hace una obra pública, le otorgan el certificado de avance de obra, pero no
tiene dónde descontar o lo hace a una tasa muy elevada. Si logramos tener
instrumentos que permitan descontar estos certificados de obra en el mercado de
capitales, conseguiremos bajar el costo del financiamiento que particularmente
están teniendo las pymes en la actualidad. Por lo tanto, insistiremos para que
el tema del certificado de obra sea incorporado.
Hay
un punto que no es menor respecto del cual hemos llegado a un consenso, pero
que igualmente es bueno ponerle claridad. Me refiero a cómo se determinan las
autoridades de la Comisión Nacional de Valores. Al igual que en el caso
anterior, sobre la ley de defensa de la competencia –que votamos hace unos
minutos‑, nosotros creemos en la necesidad de contar con un organismo
cuyos directivos posean idoneidad técnica y ética indiscutible, así como
independencia política. Esto se logra generando un mecanismo por el cual el
Senado de la Nación preste su conformidad para el nombramiento de dichos
funcionarios. Este no es un dato menor ni una modificación de forma, sino que
habla de la independencia del organismo.
Como
me queda poco tiempo para finalizar mi exposición, solo quiero agregar que en
lo que resta de discusión de este proyecto tengamos la voluntad de llegar a los
consensos necesarios a fin de contar con una ley que realmente apunte a
proteger a las pymes, a generar mecanismos para cuidar a los tomadores de
créditos hipotecarios y que apunte particularmente a un desarrollo de mercado
de capitales orientado a la producción y no a la especulación financiera.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Heller.- Señor presidente: ya se ha dicho aquí
que estamos tratando un proyecto cuyo título es sumamente atractivo, pero tal
como ha pasado en otros casos, cuando uno analiza el contenido se encuentra con
que existe poca vinculación entre el título y la médula del texto.
En
realidad, si de financiamiento al sector productivo se tratase, en este momento
tendríamos que estar preocupados por la decisión del Banco Central, que a
partir de enero de 2018 va a eliminar la línea de financiamiento productivo
–que ya había sido degradada‑ en un porcentaje gradual a lo largo de todo
el año. Digo esto porque había una línea de crédito para inversión productiva,
que se implementó allá por los años 2012 o 2013, que establecía que un
porcentaje de los depósitos de los bancos tenía que ser destinado a financiar
pymes e inversiones de pymes. Es decir que no servían para ninguna otra cosa
que no fuera inversiones en bienes de capital, ampliación edilicia, etcétera.
A
partir del año 2016 esto fue licuado de alguna manera; se modificaron el título
y los alcances, así como también se permitió que se pudiera financiar capital
de trabajo, convirtiéndose en una línea de crédito más con el único elemento de
tener una tasa regulada fijada por el Banco Central. Ahora, el Banco Central
acaba de decidir eliminar esa línea, que es importantísima para el financiamiento
a las pymes y que muy poco podría ser reemplazada por los mecanismos que aquí
se plantean.
El
proyecto que estamos analizando contiene algunas cuestiones como la factura
electrónica y otras que parecen interesantes y que son positivas, pero nosotros
queremos dejar en claro que no creemos que ello sea la esencia de la
iniciativa. Para nosotros la esencia de este proyecto es modificar la ley de
mercado de capitales actual, normativa que ya intentó modificarse el año pasado
pero que no logró el apoyo parlamentario suficiente a tal efecto.
En
definitiva, lo que se está intentando modificar acá es el poder de regulación y
de supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Entendemos que esto es algo
que va a contramano de la historia y nos resulta difícil comprender su porqué y
por qué en este momento.
En
este sentido, rápidamente quisiera hacer un poquito de historia. Tenemos una
ley que fue aprobada en 2012 y que modificó una ley de la dictadura de Onganía
por la que se consagraba precisamente la autorregulación de los mercados. La
ley que rigió hasta 2012 tenía en sus fundamentos principales lo que estamos
tratando ahora. Es decir que los mercados sean capaces de fijar sus propias
normas y de autorregularse.
La
reforma de 2012 siguió una tendencia que se dio a nivel global, producto de las
crisis que se produjeron en el mundo a partir, justamente, de la desregulación
y de la aceptación de la autorregulación de los mercados. El señor diputado
Kicillof habló ampliamente sobre la crisis de los Estados Unidos, de las
hipotecas, etcétera. Creo que no hace falta abundar sobre ello porque comparto
absolutamente ese enfoque.
La
reforma de la vieja ley de Onganía fue recomendada por un conjunto de
organismos internacionales ‑entre ellos, el Banco Mundial‑ y fue
requerida por la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que
planteó a la autoridad argentina que era necesario redactar una ley a la altura
de las circunstancias globales, es decir, de lo que había pasado en el mundo.
Mire si habrá sido así que la ley que ahora se pretende modificar fue aprobada
en esta Cámara con el voto del Frente para la Victoria, de la Unión Cívica
Radical, del Partido Socialista y de la inmensa mayoría de los integrantes de
esta Cámara. Incluso, como dato, el ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay,
por entonces integrante de la Coalición Cívica, votó a favor de dicha ley.
Después
de la sanción de esa norma y tras un año y medio de revisión por parte de la
Organización Internacional de Comisiones de Valores, los reguladores de los
mercados de capitales de los países desarrollados –como la SEC de los Estados
Unidos y la del Reino Unido‑ reclamaban que la Comisión Nacional de
Valores tuviera más facultades de índole penal. El 12 de junio de 2014 se
aprobó que la Comisión Nacional de Valores firmara un acuerdo multilateral de
intercambio de información. ¿Por qué sucedió esto? Porque a juicio de la
Organización Internacional de Comisiones de Valores la ley satisfacía los
criterios y estándares regulatorios de calidad internacional.
Y
después nos dicen que estábamos aislados del mundo. Habíamos aprobado una ley
que respondía a esos estándares internacionales. Esto es lo que ahora se quiere
modificar.
Las
normas que vinculaban al sistema financiero con la economía real han sido
derogadas, en muchísimos casos por el Banco Central, por la Comisión Nacional
de Valores, por la Superintendencia de Seguros, etcétera. Esto nos hace pensar
que estamos volviendo a mercados para pocos que van a facilitar la
especulación, en vez de un mercado inclusivo y dirigido a las pymes.
Nosotros
creemos que el famoso artículo 20 podrá ser discutido o perfeccionado en algún
aspecto, pero es un error y un retroceso derogar la facultad de la Comisión
Nacional de Valores para intervenir en empresas y poder actuar cuando hay
deformaciones, desviaciones o prácticas desleales que incluso pueden ir en
contra hasta de los socios minoritarios de las empresas.
Me
parece que estas son cuestiones que no pueden obviarse en el debate que estamos
llevando a cabo.
Otro
aspecto preocupante es que se vuelve, como dijimos, al tema de la
autorregulación. El proyecto del Poder Ejecutivo –que modifica la actual ley‑
propone la siguiente redacción para el artículo 19: “...El organismo podrá
requerir a los mercados y cámaras compensadoras que ejerzan funciones de
supervisión, inspección y fiscalización sobre sus miembros participantes...” No
cabe ninguna duda respecto de la vuelta a la autorregulación. Me parece que
solo esto es suficiente para repensar los contenidos de este proyecto de ley.
El
mundo ha impuesto severas multas y sanciones a grandes bancos y otros agentes
por enormes escándalos financieros. Se ha llegado a manipular la tasa LIBOR,
que es utilizada como referencia para innumerables actividades económicas, y se
ha descubierto que la falta de regulación ha permitido que el uso de esa tasa
se manipule en la administración.
Por
otra parte, en el artículo 9° se plantea, a nuestro juicio de forma gravísima,
la reducción de dos años a seis meses la incompatibilidad para ser director de
la Comisión Nacional de Valores a los accionistas y directivos de agentes de
mercado. No sé cómo habrá quedado la redacción final porque el diputado Bossio
en la reunión de la comisión me dijo que en el dictamen de mayoría lo habían
reducido a cero. Entonces, alguien puede pasar de controlante a controlado de
un día para el otro sin ningún tipo de escalón.
Por
otro lado, allí aparece la figura de los agentes administradores de inversiones
que me preocupa profundamente. El proyecto los define como: “…aquellos que
presten servicios habituales de asesoramiento financiero y administración de
inversiones autorizados por la Comisión Nacional de Valores –CNV- con arreglo a
la reglamentación que dicte el organismo.”
A
mi juicio esta normativa intenta blanquear la actividad de la famosa banca
privada, que en realidad debería llamarse “banca en secreto”, que es la mejor
traducción del inglés de private banking.
En realidad, quiere decir banca en secreto o banca en la sombra. En definitiva,
ahora se quiere instalar esta figura del agente administrador de inversiones.
Hoy
se publicó una entrevista al economista británico Alex Cobham, ejecutivo de Tax
Justice Network, una organización mundial que analiza la fuga de capitales, los
paraísos fiscales y demás. Este ejecutivo dice lo siguiente: “En Argentina la
pérdida anual de ingresos fiscales por las maniobras de las multinacionales
asciende a los 21.000 millones de dólares, que son equivalentes al 4,4 por
ciento del PIB.” Además, sostiene que: “La magnitud de los abusos en relación
al producto solo es superada por Zambia, Guyana, Chad, Makta, Pakistán, Islas
Comoras y Guinea.”
Entonces,
cuando estamos preocupados por el déficit fiscal, cuando vamos a recortar a los
jubilados para generar ahorros, como dice el presidente, para poder financiar
otras obligaciones que el Estado está asumiendo, sostengo que habría que actuar
sobre estas cuestiones. Con esto se podrían resolver los problemas del déficit
fiscal, no habría que recortar los ingresos a los jubilados, la asignación
universal por hijo ni nada que se le parezca. Solo hay que tener voluntad
política y animarse a meterse con lo que hay que meterse. El verdadero problema
está allí y creo que esto queda claro.
La
Argentina va a presidir el G20 el año que viene y este es un tema que estará en
el debate porque incluso los países centrales están demandando acciones contra
los paraísos fiscales y las offshore.
Mientras tanto, nosotros estamos tratando un proyecto que va en la dirección contraria.
Por
los motivos expuestos y porque finalizó el tiempo destinado a mi discurso,
adelanto mi voto negativo en general a este proyecto, aunque acompañaremos
algunas cuestiones que, como hemos dicho, nos parecen correctas.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
López.- Señor presidente: este proyecto que ha tenido un trámite exprés
en la última semana viene a traer una reforma financiera que adopta medidas de
liberalización a favor de los especuladores financieros pero se lo presenta con
un nombre más atractivo, algo así como el financiamiento a las inversiones
productivas. Se habla de que las medidas que se tomarán a partir de esta norma
beneficiarán a las pequeñas y medianas empresas ‑incluso a las
microempresas-, pero se trata de medidas a favor del capital financiero. Vamos
a tratar de explicar por qué creemos que es así y por ese motivo hemos
presentado un dictamen de minoría rechazando este proyecto de ley.
En
este sentido, se presenta como un instrumento la Factura de Crédito Electrónica
mipymes que podría servir a los pequeños empresarios para descontar en los
bancos y obtener créditos. Sin embargo, tenemos que aclarar que el crédito para
las pequeñas y medianas empresas, y el crédito en general, no va a ser barato
en la Argentina. Primero porque se están elevando las tasas internacionales y
segundo porque el gobierno, en función de tratar de combatir una inflación que
no cesa y que se agrava con los tarifazos e impuestazos, ha elevado la tasa de
interés que pagan las LEBAC. Es claro que al elevarse las tasas de interés se
congelan los créditos y por supuesto se congela la inversión productiva. Esto
solamente está trayendo enormes ganancias a los fondos especulativos que han
invertido en las LEBAC y han tenido un rendimiento de más del 11 por ciento en
dólares en este último período.
-
Ocupa la Presidencia la
señora Vicepresidenta 2ª de la Cámara de Diputados, profesora Patricia Viviana
Giménez.
Sr.
López.- Se ha dicho también acá que el problema
es desarrollar un mercado de capitales en una Argentina que está poco
bancarizada en relación con otros países de América Latina. Pero lo que más se
ha comentado es la experiencia que ha tenido el pueblo argentino desde el año
1975 en adelante con la expropiación de los ahorros tanto por parte del Estado
como de los capitalistas, que tuvo un pico muy significativo en el año 2001,
cuando se dio el argentinazo, con el conocido “corralito”.
Por
otro lado, se ha declarado que uno de los objetivos de esta ley es que la Argentina
tenga un mercado de capitales sólido. Sin embargo, en esta última semana –hice este comentario durante una reunión
de comisión- hubo un desplome accionario que ha mostrado, según dicen algunos
expertos, una desconfianza en la política económica general del gobierno.
Todos
estos anuncios con respecto a un boom
y a una reactivación que pregonaba el gobierno, que incluso habían permitido
tomar endeudamiento, se han desplomado con la caída de la Bolsa de la semana
pasada, particularmente con la caída de las acciones de los bancos y de uno en
particular, el Banco Macro. Por lo tanto, no podemos estar hablando de que en
la Argentina tenemos un mercado sólido de capitales.
También
hay que señalar que este boom del
aumento de las acciones que ha anunciado el gobierno ha tenido que ver, por
ejemplo, con las subas en la Bolsa de las acciones de las empresas de energía
como Edesur, Edenor, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur. Esto
particularmente se relaciona con los tarifazos que se han impuesto al conjunto
de los trabajadores que han hecho subir las acciones de estos grupos
empresarios.
Lo
cierto es hoy no hay inversiones productivas reales en la Argentina, en
realidad podríamos decir que se dan muy a cuentagotas. Nuestro país no termina
de salir de una recesión industrial prolongada. No existe un despegue, ni
siquiera con el enorme endeudamiento que ha tomado este gobierno y que vienen
tomando los anteriores.
El
ex ministro de Economía dijo que creció la deuda; esto es cierto, pero también
fue responsabilidad de su gobierno. La economía no despega aun cuando el
gobierno acaba de presentar una serie de reformas contra los trabajadores, como
la laboral, la previsional y el pacto fiscal con los gobernadores para proceder
a un brutal ajuste a fin de seguir beneficiando a los grupos monopólicos.
Entonces,
la economía no despega y ha caído la Bolsa, probablemente por la desconfianza
de las capacidades políticas de este gobierno. Están imponiendo un brutal
ataque a los trabajadores, quienes van a salir a enfrentar estas medidas ya
anunciadas por el sindicalismo combativo y la izquierda el próximo 6 de
diciembre. Estamos atentos para ir al Senado cuando se traten estas reformas.
Todo
este endeudamiento no ha sido dirigido a desarrollar las fuerzas productivas.
Se hipoteca el futuro y no arranca el presente en nuestro país.
Otro
elemento importante a tener en cuenta en este proyecto de ley tiene que ver con
las cédulas hipotecarias que se crean para descontar los créditos hipotecarios
indexados por UVA. Aquí también se ha dicho que se van contraer seguros para
asegurar esas deudas. Se trata de mecanismos financieros especulativos que han
provocado el estallido de la crisis capitalista mundial, particularmente de los
Estados Unidos, a partir del año 2007. Es decir que se están creando los
instrumentos financieros de la burbuja que estalló en aquel momento,
particularmente en los Estados Unidos.
Además,
para llevar adelante esto se prevé desgravar del impuesto a las ganancias a las
compañías de seguro en momentos en que más trabajadores en nuestro país van a
pagar el impuesto a las ganancias y siguen firmes para gravar con este impuesto
confiscatorio al salario de los trabajadores, que de ninguna manera es una
ganancia.
También
hay que señalar algo importante, si bien se ha colocado como parte de los
fundamentos: se habla de la idea de crear los seguros de retiro complementarios
voluntarios. Esto es algo que podría estar anunciando en un futuro un nuevo
proceso de privatización del sistema jubilatorio o de algún mecanismo de ese
tipo. Lógicamente, es un negocio que solo podrá funcionar si se profundiza la
destrucción del sistema jubilatorio en la Argentina, como lo está haciendo este
gobierno con el pacto fiscal y con otros acuerdos que ha firmado con los
gobernadores, que están desfinanciando el ANSES.
Se
habla también de la seguridad jurídica y la confianza de los mercados de
capitales. Sin embargo, este proyecto está quitando a la Comisión Nacional de
Valores potestades y posibilidades de intervención de las empresas que antes se
otorgaban en el artículo 20 que hoy se está modificando con este proyecto de
ley que estamos discutiendo.
Esto
vuelve a dar libertad a los grandes accionistas para cometer tropelías contra
los pequeños accionistas, es decir, todo lo contrario de lo que se ha dicho acá
como justificación de este proyecto. De esta manera, se van a desregular los
controles de la Comisión Nacional de Valores a gusto y reclamo de los
especuladores financieros.
Esto
también suena a una especie de vendetta
personal del presidente Macri, porque no podemos olvidar las multas que le
impuso la Comisión Nacional de Valores en 1992, cuando Franco y Mauricio Macri
realizaron una manipulación de precios en la oferta de las acciones de Sevel.
De esta manera, a esa Comisión Nacional de Valores le quieren quitar facultades
de control.
Está
claro entonces que se trata de una ley para beneficiar a los especuladores
financieros que de ninguna manera van a traer crédito barato para la producción
y mucho menos para las pymes. Por lo tanto, la única posibilidad de que haya un
crédito barato para un desarrollo productivo industrial que beneficie al
conjunto de la población es nacionalizar la banca bajo control de los
trabajadores.
A
partir de la creación de una banca estatal única podrá existir el crédito para
inversiones productivas que ayuden a satisfacer las enormes necesidades que
tiene el conjunto del pueblo argentino, el cual está siendo atacado brutalmente
con las reformas que está impulsando este gobierno, y a las cuales se ha
entregado la burocracia sindical de la CGT.
Por
eso, señora presidenta, desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda hemos
presentado este dictamen, y vamos a votar de manera negativa este proyecto de
ley.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Misiones, que comparte su tiempo con el señor diputado Eduardo
Amadeo.
Sr.
Ziegler.- Señora presidenta: en primer lugar,
valorando las distintas visiones y percepciones de un mismo proyecto de ley que
estamos discutiendo, quiero tomar alguna de las facetas que, desde otro lugar
–desde el interior de nuestro país, desde las economías regionales-, miramos y
valoramos como una nueva oportunidad que van a volver a tener nuestros
productores y nuestros sistemas productivos en cada una de las regiones de
nuestro país.
Hasta
hoy día un productor, un emprendedor o cualquier persona que quiere iniciar una
actividad o la está desarrollando tiene que demostrar patrimonialmente su
capacidad para acceder a un crédito o a financiamiento. Esto significa que
tendrá que ir con la hipoteca de su casa o con la prenda de algún vehículo para
acceder a dicho crédito.
Creo
que a partir de este proyecto de ley –que espero que se transforme en ley-
empezamos a generar instrumentos nuevos, como la factura electrónica, que lo
que va a hacer es registrar concretamente el traspaso de la propiedad de un
productor a otro eslabón de la cadena de la obligatoriedad, en esa vinculación,
por parte de las grandes empresas a -sí o sí- registrar estos instrumentos a
favor de las mipymes.
Ese
instrumento en definitiva significa que los productores y los que estén en los
sistemas productivos de todo el país pueden volver a utilizar su capacidad de
trabajo. O sea, su crédito es su voluntad de trabajo. Su crédito es su
capacidad de producción. Su capacidad de crédito está vinculada a eso, a la
Argentina que quiere trabajar y a la Argentina que necesita financiar esos
sistemas productivos.
Creo
que se habló de las leyes anteriores en el sentido de si han sido mejores o
peores pero, en definitiva, lo que quiero rescatar es que hoy acá está
concebida –y hemos trabajado para ello- porque hemos tenido reuniones con
diputados de este mismo bloque y con la gente de la Comisión Nacional de
Valores con la finalidad de que estos instrumentos que transaccionan
propiedades entre pequeños productores a favor de grandes empresas puedan ser
finalmente negociables, es decir, que sean títulos ejecutivos, que es lo que
concretamente dice la norma en este momento.
Colateralmente,
esto genera además otros efectos. Cuando recorríamos las distintas economías
regionales de nuestra vasta Argentina encontramos productores que entregaban su
producción a precio abierto, y usted, presidenta, nos acompañó en varias
oportunidades. Es decir, no hay remito, no hay contrato y no existe legalmente
una vinculación del traspaso de la propiedad de una materia prima al eslabón de
procesamiento.
Esto
hoy obliga a que las grandes empresas se provean de materias primas que estén
contractualmente vinculadas a través de la factura electrónica para las MiPymes
y que ese instrumento en definitiva pueda servir a un pequeño, mediano o micro
productor como instrumento para financiarse y continuar con los procesos
productivos.
¿Esto
qué significa? Que el productor va a entregar su trabajo, su producto, y va a
salir de ese lugar con un documento, con un instrumento, que legalmente está
validado por este sistema –y se delega en la AFIP la responsabilidad de
hacerlo- y va a volver a la chacra, a la finca o a la fábrica a seguir
produciendo. Es decir, no va a volver cinco veces al lugar donde entregó su
producción para ver si algún día le cancelan la deuda.
Por
lo tanto, a partir de la reglamentación de esta ley, a partir del trabajo que
se genere con la Comisión Nacional de Valores y seguramente a partir de leyes
complementarias que deban hacerse –tal vez esta iniciativa no sea perfecta-,
creo que estamos dando un paso hacia adelante.
En
particular, a quienes nos tocó estudiar de cerca toda la dificultad de las
economías regionales, como mínimo permítanme decir que en este sentido
observamos una ventana de oportunidades muy grande a favor de que las economías
regionales vuelvan a financiar sus sistemas productivos con el ahorro de cada
una de esas regiones y territorios. El ahorrista debe dejar de ser un condenado
del sistema financiero que no le paga ni una renta por el peso que ahorro
cuando sí claramente genera mucha renta con ese peso cuando lo invierte en los
distintos sistemas financieros que hoy están establecidos en la Argentina.
Que
ese ahorrista pueda ahora ir a tomar un instrumento que tal vez le esté
financiando el trabajo a su vecino créanme que es una manera distinta de ver
cómo podemos generar un desarrollo más equitativo y más justo en absolutamente
todo nuestro territorio nacional.
Así
que brego para que esto que está en el espíritu de la ley a partir de la
reglamentación y de la voluntad de gobernadores, intendentes, asociaciones y
organizaciones de productores pueda encaminarse claramente a que se transforme
en una potente herramienta de financiamiento de los sistemas productivos por
vías alternativas y donde la garantía del crédito vuelva a ser la capacidad de
trabajo de quien quiere trabajar.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señora presidenta: hace unos minutos el
señor diputado Lavagna, en su intervención, hizo referencia a un tema
extremadamente importante que tomamos en su trascendencia y que está
determinado por la posibilidad de que en la gran cantidad de créditos
hipotecarios y de diverso tipo que se están entregando en este momento se
produzca eventualmente un desfasaje entre las tasas de ajuste y los salarios de
los tomadores. Esta es una cuestión que consideramos remota, pero no imposible.
Si
bien esto podría ser objeto de tratamiento durante la discusión en particular,
en nombre de nuestro bloque y habiéndolo conversado también con los
representantes del Poder Ejecutivo nacional, quiero asumir el compromiso de
tomar la idea del señor diputado Lavagna y su bancada para trabajar en esto
consistentemente.
El
objetivo que se persigue es que, en la medida de lo posible, en el primer
trimestre del año próximo podamos presentar un proyecto en este Parlamento a
fin de acercar tranquilidad a los tomadores y dadores de créditos, evitando la
poco posible pero eventual diferencia entre tasas y salarios, que en otro
tiempo produjo mucho daño a los trabajadores.
Por
lo tanto, reitero que quiero asumir este compromiso públicamente a fin de que
nos pongamos a trabajar en esto.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Mendoza.
Sr.
Carmona.- Señor presidente: el pueblo argentino
tiene que saber que en este momento la Cámara de Diputados está considerando un
tema de enorme trascendencia para el futuro de los habitantes de nuestro país.
Esto prácticamente ha pasado desapercibido y merecido un tratamiento mínimo por
parte de la prensa. Además, creo que en el Congreso Nacional esta cuestión está
pasando como una más y nos preocupa mucho que ello sea así.
Creemos
que las consecuencias de una eventual sanción de este proyecto de ley por parte
de esta Honorable Cámara serán sumamente perjudiciales para los argentinos,
generando incertidumbre económica a partir de los manejos financieros.
El
proyecto de ley en consideración promueve la desregulación del mercado de
capitales. Se trata de una iniciativa que quita facultades al propio sistema
financiero. Esta situación se relaciona con la existencia de una idea en el
sentido de que desregulando se van a producir en el mercado de capitales
inversiones que en realidad no tienen lugar.
Consideramos
que este análisis es absolutamente erróneo y genera grandes perjuicios, como
los que están anunciando los propios consumidores financieros.
Aquí
no se ha dicho –me enteré de esto el día lunes porque recibí un correo
electrónico- que los representantes de Consumidores Financieros Asociación
Civil para su Defensa en reiteradas ocasiones le han solicitado al presidente
de la Comisión de Finanzas –tenemos las pruebas de esto- ser recibidos.
Inclusive recientemente, el lunes pasado, me enteré de que estuvieron presentes
en la reunión de comisión celebrada hace una semana y solicitaron que se les otorgara
la posibilidad de hacer uso de la palabra.
Me
parece sumamente crítico y lamentable que no se haya tenido en cuenta a
aquellos que invierten y se ven desprotegidos a partir de este tipo de
proyectos.
Voy
a dar lectura de un párrafo de la nota presentada por los representantes de
esta entidad, pues me parece que es sumamente significativo. Dice así:
“Focalizamos nuestras observaciones no en los aspectos políticos y/o económicos
del proyecto, sino pura y exclusivamente en lo referido a brindar una adecuada
protección legal a los inversores en caso de conflictos, porque el proyecto
tratado en comisión el pasado 15 de noviembre no cambió en absoluto la
desprotección en que se encuentran si tienen un problema con las emisoras,
porque lo existente es una parodia de derecho de defensa. Todos los fundamentos
están en las notas adjuntas, las cuales rogamos a ustedes tengan a bien
ponderar.”
Lamentablemente
nos hemos quedado sin la posibilidad de conocer la opinión y las preocupaciones
que sobre esta temática tienen los inversores, sobre todo aquellos que en forma
más directa y concreta se pueden ver desfavorecidos por este cambio de la
legislación.
En
la reunión plenaria de las comisiones señalamos nuestra preocupación por la
alta volatilidad que puede significar la posibilidad de que la Comisión
Nacional de Valores pierda las facultades de intervención y supervisión que
actualmente posee.
Esto
nos intranquiliza enormemente en términos de burbuja financiera. Asimismo, nos
preocupan las respuestas simplistas que tuvimos por parte de los funcionarios.
Creemos
que la letra hipotecaria es un instrumento que en las actuales circunstancias
que se plantean en el proyecto de ley en consideración van a ser un factor de
especulación y no de desarrollo del mercado financiero.
Consideramos
que con este tipo de iniciativas crece el riesgo de volatilidad del mercado
financiero argentino.
También
nos preocupa muchísimo que se plantee la securitización en materia de
habilitación de las compañías de seguros en cuanto a la posibilidad -que hoy
tienen vedada- de ofrecer seguros para los paquetes de operaciones
inmobiliarias que se pretenden asegurar. Ello es así fundamentalmente porque
nos hace visualizar que estamos ante la perspectiva de una hecatombe de
incumplimientos de pago por parte de los deudores hipotecarios. En este
sentido, distintos señores diputados han descripto en la presente sesión la
situación crítica que se está generando con el sistema de los créditos UVA.
Asimismo, existe la posibilidad de que se esté produciendo un fenomenal negocio
financiero para las compañías de seguros. Es decir que si no es una cosa es la
otra.
También
creo que debemos prestar atención –he escuchado detenidamente lo que se ha
expresado al respecto‑ a la disminución o incluso eliminación lisa y
llana de las condiciones para el paso de la actividad privada a la actividad
pública de regulación, en el caso de la modificación propuesta por el proyecto
de ley en tratamiento.
He
presentado junto con otros señores diputados un proyecto de ley propiciando una
modificación de la Ley de Ética Pública, a fin de aumentar las exigencias para
evitar la puerta giratoria entre el Estado y el sector privado, como así
también las consecuencias nefastas que tienen este tipo de prácticas y que hoy
están absolutamente generalizadas en la Argentina.
En
este sentido creo que este tipo de dirección que se está buscando favorece a
los grandes operadores financieros, en desmedro de los inversores y del
conjunto de la economía y, en consecuencia, de la totalidad de los habitantes
de nuestro país.
Para
finalizar, quiero señalar que resulta paradójico que estemos hablando del tema
financiero después de un año de escándalos financieros. Es paradójico que en el
Congreso Nacional se haya dado vuelta la cara frente a la situación de los
Panama Papers y los Paradise Papers, junto con la enorme significación de
asociación con hechos de corrupción que tiene la participación de funcionarios
del actual gobierno en este tipo de inversiones offshore.
Considero
que este tema debe ubicarse en una posición central en la agenda de este
Parlamento, tal como lo vienen proponiendo el señor diputado Norman Darío
Martínez y muchos otros señores legisladores. Lo propio debe ocurrir en cuanto
al análisis de las consecuencias nefastas que ha tenido el blanqueo en términos
de credibilidad pública a partir de la participación en él por parte de
familiares de funcionarios.
Creo
que este tipo de situaciones se deben debatir en el Congreso Nacional. Esto se
lo hemos solicitado al señor presidente de la Comisión de Finanzas.
Solicito que alguien explique el motivo por el
cual la Asociación Civil Consumidores Financieros no fue escuchada. Asimismo,
que los funcionarios digan qué ha hecho la Comisión Nacional de Valores frente
a la participación de sociedades argentinas en negocios offshore, situación que va en detrimento de los pequeños y medianos
inversores que confiaron en ellas.
Por
las razones expuestas, creo que el proyecto en tratamiento debería volver a
comisión. Dado que se han manifestado diferencias a través de los dictámenes de
minoría, entiendo que tendría que ser discutido nuevamente en ese ámbito para
lograr una regulación adecuada. Es decir, una regulación que evite la
discrecionalidad y, al mismo tiempo, sea una garantía para los inversores. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
De Mendiguren.- Señora presidenta: por intermedio
del señor diputado Lavagna, nuestro bloque expresó los conceptos plasmados en
nuestro dictamen. Asimismo, explicó la importancia que para nosotros tiene un
programa de inclusión financiera.
Todos
estamos de acuerdo con dar un instrumento a las pequeñas y medianas empresas
para que puedan financiarse, pero es necesario que entendamos lo siguiente.
Porque soy pyme, ya que durante muchos años las representé, afirmo que una
pequeña o mediana empresa sin mercado no hay financiamiento que pueda tomar.
Hoy,
como el modelo financiero importador encajó en la Argentina, las pymes no
tienen más negocio; y las que todavía lo tienen, ven en el horizonte cómo día
tras día son más largas las colas no solo para ir a Chile incluso a comprar
carne sino también en el puente Posadas, porque ya no podemos cargar nafta en
la Argentina.
Puedo
asegurar que cuando un colega, dueño de una pyme con una historia ya vivida en
nuestro país, ve que veranear en Santa Teresita es más caro que hacerlo en la
Costa Azul o que en el aeropuerto de Ezeiza hay más gente que en la estación de
Constitución y la gente viaja colgada del ala del avión, dice: esto ya lo vi;
lo viví muchas veces.
¿Cómo
se genera esa situación? Se genera cuando en la Argentina se instala una
bicicleta financiera; no es la primera vez que ocurre.
La
bicicleta financiera tiene tres patas: el ingreso irrestricto de capitales, un
tipo de cambio planchado y el aumento de la tasa de interés. En nuestro país,
esto terminó siempre de dos formas: mal o peor. Entonces, la conclusión es que
a la pyme hay que darle una explicación acerca de cómo vamos a salir de este
modelo financiero importador.
Todos
los días, en lugar de desacelerarla, aceleramos esa bicicleta financiera.
Entonces, no hay posibilidad de seguir sosteniendo un país donde el ahorro que
puede lograr vía quita de subsidios se va en pagar una tasa de interés como la
que estamos pagando. Actualmente, la Argentina funciona a fuerza de deuda.
Según hemos visto en el presupuesto, el 13,5 por ciento del gasto será
destinado al pago de intereses de la deuda.
¿Qué
se pregunta una pyme en nuestro país? Cómo le está yendo a los que generan
dólares; es decir, a quienes tienen capacidad de repago.
Estamos
importando carne de cerdo de Dinamarca; no importa cuánto, pero es lo que está
ocurriendo. No es que vamos a llenar con nuestros productos las góndolas de los
supermercados del mundo; el mundo está llenando las nuestras. Hasta espirales
de Indonesia pueden verse en cualquier supermercado.
La
pyme observa que cada día es más caro producir en la Argentina. No hay que ser
economista para darse cuenta; tomemos una pyme de Mendoza y otra de Chile, y
comparemos sus costos. La tasa financiera es tres veces mayor que en Chile y
nuestra presión tributaria duplica a la de ese país. También son mayores los
costos de flete. Entonces, es imposible pedir a las pymes más esfuerzos. Hoy,
la Argentina encara el problema a través de la política financiera creyendo que
de esa manera una empresa pequeña o mediana podrá salir adelante sin
financiamiento y sin mercado.
Está
claro que con la más absoluta buena fe el actual presidente del Banco Central
decía allá por octubre de 2001, cuando era secretario de Cavallo, que nos
tranquilicemos porque el sistema financiero argentino era de los más sólidos
del mundo y cumplía con las normas de Basilea Plus. Recuerden esto, señores
diputados. También pensaba que la variable de ajuste para arreglar la economía
eran los jubilados. Estamos repitiéndonos mucho, señor presidente.
El
capitalismo cree en la empresa, en la generación de riqueza y en la creación de
puestos de trabajo. El “financierismo”, en cambio, observa qué negocio existe
para hacer más plata de la plata. Entonces, la preocupación más grande que
debemos tener es cómo generamos riqueza a través de los sectores que pueden
producir dólares. Cuando desconectamos la Argentina financiera de la
productiva, lo primero que logramos es incapacidad de repago, situación que
durará durante todo el tiempo que nos sigan prestando. Cuando un país deja de
depender de la generación de riqueza y pasa a depender del endeudamiento,
pierde el control sobre las variables económicas y comienza a estar en manos
del flujo de capitales internacionales.
En
consecuencia, resulta muy riesgoso seguir endeudándose en un mundo que se
encuentra en una posición muy particular. Nunca la tasa estuvo tan baja. Entonces,
es preciso entender que a la pyme –a la que queremos acompañar y cuidar‑
se la protege devolviéndole el mercado.
Por
eso pienso que nuestro país debe apuntar al ahorro de los argentinos. Pese a
todo lo que se ha hecho, no logramos retenerlo y la fuga de capitales sigue
creciendo. También ha subido el saldo negativo de la balanza comercial. La
Argentina real, la Argentina productiva, está mal, y por más que se quieran
generar instrumentos que apuntan más al “financierismo” que a la producción, no
se logrará que las pequeñas y medianas empresas recuperen su tranquilidad.
Entonces,
el mejor mensaje es explicarles cómo vamos a salir de esta bicicleta en que nos
hemos metido y que cada vez se profundiza más.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Bossio.- Señora presidenta: hace instantes
escuché decir a un diputado que nos tomamos las cosas a la ligera. El
tratamiento de este tema arrancó el año pasado con un proyecto original, y la
verdad es que lo estudiamos antes y también lo estudiamos ahora.
Hay
aspectos de esta iniciativa que evidentemente nos parecen positivos. Más allá
del aprecio personal que le tengo, en esta oportunidad difiero con el señor
diputado De Mendiguren, quien recién pedía alguna respuesta respecto del
círculo vicioso del endeudamiento.
Nadie
está de acuerdo con que el país se endeude, pero la raíz central de esa
situación tiene un nombre claro y preciso: déficit. Si hay déficit, ¿cómo lo
podemos financiar? No hay muchas formas. Puede ser a partir de la emisión, del
endeudamiento, o de un mix de ambos.
Cuando el déficit fiscal supera los niveles que tiene la Argentina, incluso con
la tasa de interés que se está pagando, me parece que las cosas hay que
decirlas como son.
La
Argentina tiene desde hace muchos años un problema de déficit fiscal muy
grande, que es estructural y hay que ponerlo sobre la mesa. Podemos discutir el
endeudamiento, la proporción en dólares, las tasas de interés, pero todavía
está pendiente la constitución de la comisión que para ese fin dispuso por ley
este Congreso de la Nación, y que el Senado todavía no ha conformado.
Comparto
con el señor diputado De Mendiguren que la Argentina tiene un problema de
perfil productivo, que es un tema que tenemos que discutir profundamente y
donde el Estado debe tener un rol importante.
Aquí
no se está discutiendo sobre la especulación o la timba financiera. Discutamos
esos temas cuando tengamos que colocar impuestos a lo que actualmente no está
gravado, como la renta financiera. Una reciente resolución de la
Superintendencia de Seguros de la Nación dispuso que las compañías de seguro
argentinas no pueden comprar LEBAC. El stock de LEBAC en manos de extranjeros
para hacer ganancias extraordinarias en dólares es de 100.000 millones de
pesos. Las compañías de seguro argentinas no pueden comprar LEBAC, pero sí los
extranjeros. Discutamos ese tipo de cosas: la renta financiera, la
especulación.
En
la ley tributaria, quien especula con acciones y tiene ganancias de capital no
está gravado; ahora bien, quien tiene un plazo fijo en el banco que conduce el
señor diputado Heller, se considera que tiene renta.
Discutamos
ese modelo productivo. Pongamos impuestos a quienes tengamos que ponerles.
Tengamos una conciencia nacional para discutir las cuestiones que hacen a los
procesos productivos de las pymes. Discutamos cómo canalizar el ahorro.
Creo
que esta iniciativa tiene aspectos muy interesantes para canalizar el ahorro.
El factoring que propone, para aplicar a las facturas, es un avance
significativo y bueno, y quien está en el sistema financiero sabe que tendrá
más herramientas.
Quiero
discutir también el tema de las hipotecas, porque la Argentina tiene un stock
hipotecario muy bajo. Procrear era una securitización de hipotecas y fue
pensado de esa manera. Las primeras cédulas hipotecarias en la Argentina las
emitió el Banco Hipotecario Nacional ‑en ese momento estatal‑ y la
gente podía ahorrar en esas cédulas hipotecarias, que tenían como respaldo a
las hipotecas.
La
Argentina no tenía el problema que algunos están describiendo que sufría
Estados Unidos en términos de las hipotecas subprimes.
Las subprimes eran hipotecas de baja
calidad, sobre segunda vivienda, y se daban sin ningún tipo de requisito. Las
sacaron de los balances de las entidades financieras, generaron un sistema de
derivados que claramente fue insostenible, con una burbuja financiera que
aumentó el valor de las propiedades y que después del 2011 se pinchó.
Entonces,
si la Argentina cuenta con un 1 por ciento del PBI de stock hipotecario, son
millones de familias que pueden acceder a créditos hipotecarios, que muchas
veces no pueden lograrlo porque el mercado de capitales no funciona como debe
al estar en el marco de un proceso inflacionario.
Sepamos
que la relación entre la inflación y la falta de profundidad financiera es
absoluta y total. Estoy seguro de que al sistema bancario y financiero le
encantaría dar más créditos hipotecarios. ¿Por qué no los da? Claramente por
razones estructurales.
Creo
que todo lo que genera el sistema hipotecario es realmente bueno en términos de
construcción, de potencialidad y de la filosofía de la vivienda propia.
Esta
iniciativa no va a solucionar el problema de los créditos hipotecarios para
todos los bancos, pero hay un mecanismo de regulación y un incentivo.
¿Qué
nos preocupa de esta norma? Que el tema que más se ha hablado en términos de
corrupción y conflicto de intereses en los últimos tiempos no se trate. De
hecho, el proyecto original contemplaba un plazo de seis meses de
incompatibilidad para los funcionarios, y ahora ese plazo pasa a ser cero.
Le
pido a este cuerpo que veamos los antecedentes. Si no hubiera habido
antecedentes respecto de los funcionarios de la CNV, uno podría decir que es
impoluta. Pero en el año 2007 se planteó el caso Terrabusi, donde se sancionó a
las autoridades de la CNV por manejar información privilegiada y los directores
de la propia empresa vender acciones contando con la información de compra de
esa empresa. Lo mismo ocurrió con Central del Plata y hay otros ejemplos de
sanciones por parte de la Justicia.
Entonces,
no podemos tener una visión privatista con respecto a quiénes conforman el
directorio de la CNV. Tienen que ser hombres de Estado, que conozcan el mercado
financiero, cuáles son las reglas de transparencia, los mecanismos
sancionatorios.
¿Cuál
es la función de la CNV? Es el organismo regulador de aquellas empresas que
quieren hacer oferta pública en el mercado y debe cuidar a los accionistas,
mayoritarios y minoritarios, y a quienes se presentan a invertir en un activo
en el mercado. Se ocupa de que se cumpla con las pautas generales de
transparencia y veracidad en la información. Con lo cual, lesionar un instituto
como la CNV reduciendo el plazo en algo tan sensible en estos tiempos como es
la incompatibilidad por conflicto de intereses, la verdad que lo vemos mal.
Me
parece que no tiene nada que ver con lo que se discutió recién con el régimen
de defensa de la competencia, donde el señor diputado Sánchez informó sobre la
ampliación de manera significativa de las incompatibilidades para aquellos que
formen parte del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Entonces,
respetemos la ley de ética pública, los antecedentes del Banco Central, la ley
original de la CNV, que contempla todos estos temas. La historia de la
Argentina no nace ahora, no vengan con cuestiones fundacionales. La Argentina
tiene toda una historia y es bueno que en el marco de un organismo que vela por
la transparencia de la información se tenga en consideración todo este tipo de
cosas.
La
norma trae aspectos tributarios, y en pocos días más vamos a estar estudiando
una reforma tributaria, con lo cual, tratemos allí esos aspectos para no entrar
en contradicciones y gravar a los sectores que efectivamente queremos gravar en
el marco de un modelo productivo.
Esta
es la discusión que viene en los próximos días y que estamos dispuestos a dar
porque creemos que la Argentina necesita un nuevo marco tributario. Después
discutiremos si es mucho, si es poco, si es bueno, si es malo. Desde Cavallo en
adelante no hubo una reforma tributaria en la Argentina y entendemos que es
necesaria para una discusión en serio del modelo productivo.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Señor diputado: el señor
diputado De Mendiguren le solicita una interrupción por haber sido aludido. ¿Se
la concede?
Sr.
Bossio.- No tengo problema en conceder la
interrupción, pero ya voy a terminar.
Decía
que los aspectos impositivos tienen que ser discutidos en el marco de la
reforma tributaria, ya que me parece que hay muchos aspectos a tratar, sobre
todo en materia de pequeñas y medianas empresas, de renta especulativa y otras
cuestiones centrales.
Creemos
que hay institutos en la ley que son interesantes. Quiero hacer referencia al
famoso artículo 20. Quienes formaron parte del directorio de una sociedad saben
que la ley de sociedades comerciales tiene aspectos centrales en términos de
intervención en las empresas. Si un socio minoritario quiere pedir la
intervención de la empresa, tiene que haber una decisión judicial, donde la
propia empresa tiene derecho a defensa. Entonces, estoy absolutamente
convencido de que el artículo 20 del proyecto trae un exceso de facultades para
la CNV. Creemos que si se alteran los derechos de los accionistas minoritarios
hay mecanismos jurídicos por la vía de la ley de sociedades comerciales que
contemplan un procedimiento, justicia especializada y fundamentalmente doctrina
para una situación de esa naturaleza.
La
CNV tiene que velar por la transparencia; proteger al ahorrista que fue al
mercado confiando que el prospecto que presentó la empresa se correspondía con
la información fidedigna de su funcionamiento; velar que no haya uso de
información privilegiada; cuidar que las condiciones del prospecto en términos
de expectativas sobre la inversión se cumplan conforme a las pautas
societarias.
Entonces,
me parece que hay que ser claro, porque el intervencionismo sin ningún sentido
ni resultado –incluso dañando instituciones centrales que hacen a la
transparencia de un proceso de oferta pública- no es bueno.
Por
eso estamos convencidos de que si excluimos las cuestiones impositivas damos
una discusión seria en el marco de la reforma tributaria y resolvemos algunos
problemas neurálgicos –como ocurrió durante el tratamiento de la ley de defensa
de la competencia- en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades ‑principalmente
sobre los años durante los cuales no se puede ejercer la función pública y
privada por ser director de la CNV‑, este es un proyecto que podemos
acompañar. Pero ponemos estas condiciones porque entendemos que son centrales
para el espíritu de una norma que pretende aportar mayor institucionalidad y
transparencia a través de una legislación de avanzada para el mercado de
capitales. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
De Mendiguren.- Señora presidenta: en cuanto a lo
que acaba de señalar el señor diputado Bossio debo decir que comparto
plenamente la idea de que uno de los problemas de la Argentina es el déficit
fiscal, pero el principal inconveniente es la falta de crecimiento económico.
Digo esto porque la actual macroeconomía –más allá de que hay que gastar menos-
no permite facturar más.
Eso
se refleja en el hecho de que hoy la Argentina exporta a 400 dólares la
tonelada e importa a 1.600 dólares. Cada vez se “primariza” más nuestra
economía, justamente porque tenemos una macroeconomía que encarece brutalmente
la generación de riqueza.
Por
eso cuando elogiamos lo que tiene que ver con las pymes estamos poniendo el
caballo delante del carro, pero si seguimos avalando medidas que ahogan la
producción y la generación de riqueza, el déficit fiscal será infinito.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Fe.
Sra.
Ciciliani.- Señora presidenta: adelanto que vamos
a acompañar en general el proyecto de ley en tratamiento. Estamos convencidos
de que debemos trabajar mucho, cosa que hicimos a conciencia. No creemos que
este proyecto sea la panacea que viene a solucionar los problemas por sí mismo
o, como se dijo en este recinto, que sus consecuencias pueden ser nefastas.
En
nuestra opinión esto va en un sentido positivo, toda vez que busca incentivar
las inversiones. En las últimas décadas la Argentina ha registrado tasas de
inversión que no fueron suficientes para permitirnos pensar en un desarrollo
sostenido. Esto fue muy claro durante la última década, en la que apostamos al
consumo sin pensar en el desarrollo del ahorro y la inversión.
Como
esas cuestiones aún están pendientes creemos que este proyecto de ley buscará
canalizar los recursos de los sectores que pueden ahorrar –si bien son
porciones reducidas de la sociedad argentina- hacia la aplicación de incentivos
que nos permitan dejar de pensar en dólares y orientar la inversión a los
sectores productivos.
Instrumentos
como las facturas electrónicas pueden convertirse en herramientas de
financiamiento genuino para las pequeñas y medianas empresas.
Por
supuesto que compartimos el diagnóstico que aquí se ha realizado sobre las
enormes dificultades macroeconómicas que enfrenta la Argentina. Por eso
adelanto que durante la discusión en particular vamos a proponer varias
modificaciones con el objetivo de mejorar el control por parte de la Comisión
Nacional de Valores.
Con
estas aclaraciones reitero que vamos a acompañar en general el proyecto de ley
en consideración.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Misiones.
Sr.
Franco.- Señora presidenta: a todas luces este
proyecto de ley va a redundar en algunas mejoras en el financiamiento de
determinados sectores, fundamentalmente los vinculados con las pymes y
micropymes.
Nadie
puede oponerse a que se hable de financiamiento, aunque si hay algo escaso en
el país es justamente financiamiento para los sectores que producen riqueza
genuina, es decir, para las pequeñas y medianas empresas que en la mayoría de
los países del mundo son generadoras de crecimiento al ocupar la mayor cantidad
de mano de obra.
Es
muy buena la propuesta de la factura electrónica, porque a esos sectores les
permite acceder rápidamente al financiamiento que necesitan. Pero creo que
paralelamente tendríamos que discutir también algunas cuestiones vinculadas con
el mercado de capitales, en especial a partir de las regulaciones que se
implementarán desde la Comisión Nacional de Valores.
Por
otra parte, quiero hacer hincapié en un sector de la economía argentina que
casi nadie tiene en cuenta y que hace poco pasó a integrar la categoría de
pequeñas y medianas empresas. Es un sector que carece absolutamente de
financiamiento, de ayudas y de subsidios por parte del Estado, aunque
paradójicamente ocupa a más de doscientas mil personas y utiliza mano de obra
calificada e intensiva. Este es un tema que voy a plantear reiteradamente en
este recinto y en las comisiones que sean necesarias, porque quienes ocupan tal
cantidad de mano de obra merecen ser tenidos en cuenta.
Por
si alguno no lo sabe, me refiero al sector público de la salud de gestión
privada. Como dije, es un sector que no se ha tenido en cuenta, incluso en este
proyecto, a pesar de que tendría una gran oportunidad de financiamiento en el
instrumento de la factura electrónica.
Confío
en la voluntad de mis pares para que en el transcurso de lo que resta de este
año o en el próximo empecemos a discutir este tema. También espero que en
oportunidad de reglamentar la norma el Ejecutivo tenga en cuenta a estas
empresas.
En
ciertos aspectos esta propuesta nos parece adecuada y otros no, porque la regulación
es el principal instrumento con el que cuenta la economía para corregir las
asimetrías e imperfecciones del mercado, que no siempre se pone del lado de la
gente para resolver los inconvenientes del día a día.
Les
pido que no dejemos de lado el tema de las regulaciones. Tampoco son menores
las cuestiones vinculadas con la Comisión Nacional de Valores. Deseo
fervientemente que a partir de este proyecto las pymes sean las grandes
beneficiadas. Como conozco la historia de la Argentina espero que esto no se
transforme en una nueva versión de lo que tristemente conocimos como “timba” y
“bicicleta financiera”.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giordano.- Señora presidenta: en lo que va de
esta sesión hemos tratado varios proyectos de los denominados “económicos”.
Desde el Frente de Izquierda los votamos en forma negativa porque son para
salvar a los bancos, a las multinacionales, a los usureros internacionales y a
la especulación.
Aquí
se dijo que esto no va a beneficiar la especulación, pero el 80 por ciento de
la inversión extranjera se vuelca a la especulación financiera. Por eso
sostenemos que estas normas van a perjudicar a los trabajadores y al pueblo en
su conjunto.
Nadie
ha mencionado salvo el Frente de Izquierda, las leyes que se vienen, que son un
ataque brutal hacia el movimiento obrero, los trabajadores, los sectores
populares y la clase media, para salvar a los grandes empresarios y a las
multinacionales, en un acuerdo con Macri, los empresarios, los gobernadores y
la CGT.
Insistimos:
nadie se ha referido a esto más que el Frente de Izquierda, y este Congreso lo
tratará la semana que viene en el Senado. Por eso hay una marcha convocada para
ese día por el sindicalismo combativo, y otra para el 6 de diciembre a Plaza de
Mayo.
Se
trata de la reforma laboral que quita conquistas de los trabajadores, es un
robo millonario a los jubilados; un pacto fiscal acordado con los gobernadores
y una reforma impositiva para bajar los impuestos a los grandes empresarios,
mientras el impuesto a las ganancias lo pagan un millón y medio de
trabajadores. Es el robo al salario.
Estas
reformas estructurales de las que habla el gobierno quedarán en la historia
como uno de los ataques antiobreros y antipopulares más importantes, hecho en
un trámite exprés, a espaldas del pueblo. Por eso la UIA y los bancos han
festejado y les parecen muy bien las reformas estructurales y el diálogo que ha
logrado Macri con los gobernadores, el PJ y la CGT.
El
gobierno vende que con estas reformas se combatirá la pobreza, habrá trabajo,
mejores salarios, se reactivará la economía, vendrán inversiones, y eso es una
mentira total. Desde hace dos años el gobierno está aplicando un plan de ajuste
para que vengan las inversiones, pero estas no aparecen, y las que aparecen,
vendrán para mayor saqueo. Esto es lo que está ocurriendo.
¿Cómo
bajará la pobreza si se sacarán entre 100.000 y 120.000 millones de pesos a las
jubilaciones, pensiones por invalidez y asignaciones universales por hijo?
Estamos hablando de jubilados que ya están al límite de la indigencia.
Lo
dije recién y lo repito: no habrá más empleo si se abaratan los despidos.
Abaratar los despidos significa que se fomentan los despidos de gente que tiene
antigüedad para contratar trabajadores precarizados, con contratos basura. Eso
es la flexibilización laboral. Expertos
de la OIT dicen que la flexibilización laboral no creó empleo ni acá ni en
ningún país del mundo.
Alertamos
que el gobierno sigue insistiendo en que los docentes tienen jubilaciones de
privilegio como los trabajadores de Luz y Fuerza. En realidad, los docentes
tienen salarios en negro, y muchos de ellos deben trabajar en dos o tres turnos
para poder sobrevivir.
El
desfinanciamiento de la ANSES se debe a la falta de cobro o reducción de los
aportes patronales de las grandes empresas, o al perdón que se les otorgará
para el blanqueo de trabajadores. Nunca una exención impositiva o rebaja de
impuestos para un empresario significó la apertura de una fábrica. Por el
contrario, esa plata la utilizará para la timba, la especulación financiera o
los paraísos fiscales. A toda esta reforma se suman el tarifazo y el robo
salarial.
En
2022, los Estados Unidos tendrán 16 millones de jubilados en la pobreza. En
Francia, Macron –que casi no tiene popularidad‑, está reduciendo las
conquistas laborales. Lo mismo sucede en Brasil con Temer, en Grecia o en Perú.
Queremos
denunciar que Macri está haciendo esto con la complicidad de los gobernadores y
de la CGT. Por ejemplo, en Santa Cruz, donde gobierna el kirchnerismo, se
aplica un brutal ajuste y se acordó el robo a las jubilaciones y el pacto que
se está planteando con el gobierno nacional. Lo mismo sucede en Tierra del
Fuego, donde se pactó con el traidor de Caló, secretario general de la UOM, un
congelamiento salarial hasta 2020. Y la traición de la CGT es feroz, porque
mientras tendrían que hacer asambleas en los lugares de trabajo o un plan de
lucha, han pactado este brutal ajuste, a espalda de los trabajadores.
Esto
es lo que queremos denunciar y a lo que nos queremos oponer. Por eso convocamos
a una marcha para repudiar este paquete de leyes antiobrero y antipopular
cuando se trate en el Senado, y el 6 de diciembre en la Plaza de Mayo. Ese es
el compromiso del sindicalismo combativo y de la izquierda.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora
diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Argumedo.- Señora presidenta: pareciera una
ironía que estemos debatiendo un proyecto de ley sobre financiamiento
productivo, cuando suenan alarmas nacionales e internacionales porque lo único
que se está financiando en este país es la especulación financiera, a través de
un creciente e irresponsable endeudamiento interno, y la bicicleta que está
impulsando el Banco Central.
A
esto se unen algunas negociaciones incompatibles con la función pública que,
pareciera ser, es una manera elegante de denominar la nueva forma de
corrupción. Pareciera ser que ahora ya no es necesario pagar coimas y corromper
a funcionarios, sino que son los propios CEO de las empresas como funcionarios
los que toman decisiones que favorecen a las corporaciones y bancos a los
cuales pertenecieron.
En
cuanto a las alarmas internacionales, quiero decir que la agencia Standar &
Poor’s advierte que sobre 190 países la economía argentina es una de las cinco
más frágiles y vulnerables del mundo.
El
Financial Times hizo una encuesta
preguntando cuál había sido la operación financiera más delirante del mundo en
2017, y el 70 por ciento opinó que sin duda era el bono a cien años contraído
por la Argentina a una tasa usuraria del 8 por ciento anual, que en estos
momentos es la tasa más alta del mundo.
La
BBC de Londres califica a nuestro país como el principal paraíso de la
especulación financiera del mundo. En este sentido, la tasa del 8 por ciento no
pareciera ser la más alta porque ha sido superada por la que da la especulación
con las LEBACS, que está dando entre 27 y 28 por ciento de interés anual. Así,
estamos ingresando al mundo de la peor forma.
De
todas maneras, el mundo nos informa, a través de los Paradise Papers, que esa
acción delirante de tomar el bono a cien años al mismo tiempo pareciera ser un
negociado descomunal, que de ser cierto pasará a la historia, al igual que lo
hicieron el empréstito de la Baring Brothers contraído por Rivadavia o el Pacto
Roca-Runciman.
Según
los Paradise Papers, esa decisión tomada por el ministro de Finanzas Luis
Caputo ha favorecido al fondo de inversión Noctua Partners, que casualmente no
es ni más ni menos que un fondo de inversión creado por el señor Luis Caputo y
otros en 2009.
En
relación con este contexto de ganancias extraordinarias, también referido al
ministro de Finanzas, en 2016 el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES invirtió
500 millones de pesos en LEBACS, pero ¿qué sucedió? En vez de comprarlas
directamente, hizo una intermediación con el fondo de inversión Axis Ahorro
Plus, que cobró la comisión correspondiente. Casualmente, Axis Ahorro Plus fue
fundada por Luis Caputo en marzo de 2012, fondo que integró hasta marzo de
2015.
Cabe
mencionar que el depositante de los fondos de Axis Ahorro Plus es el Deutsche
Bank, de cuya filial argentina el señor Luis Caputo fue presidente entre 2003 y
2008, fecha en que se retiró para crear el fondo de inversión Noctua Partners
en 2009.
Otro
detalle: el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES está dirigido por el director
ejecutivo de la ANSES, con la asistencia de un Comité Ejecutivo integrado,
entre otros, por el ministro de Finanzas Luis Caputo.
Podemos
decir que hay un vaciamiento del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, que ha
sido tomado como botín. Fíjense ustedes que hace unos meses se vendieron en
Brasil las acciones de Petrobras Argentina que tenía el Fondo de Sustentabilidad,
al 50 por ciento de su valor. A los cinco días, esas acciones valían el doble.
Esto favoreció a Pampa Energía, de los señores Marcelo Mindlin y Joe Lewis.
Como sabemos, el señor Marcelo Mindlin fue el empresario que supuestamente
compró la empresa del primo Calcaterra, cuando saltó el escándalo Odebrecht por
el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Y sabemos que el señor Joe Lewis,
propietario privado del Lago Escondido, es sin dudas un íntimo amigo del
presidente de la Nación.
La
ley de financiamiento productivo, respaldada o amparada por una ley de
responsabilidad empresaria suficientemente ablandada, parecería seguir
favoreciendo este tipo de acciones. Sin dudas, los fiscales de la República no
están hablando de esto cuando tendrían que mencionarlo.
En
lo que hace a la ley de financiamiento productivo, además de algunas
observaciones que ya ha hecho -entre otros- el diputado preopinante sobre las
pymes, nos encontramos con que tenemos letras hipotecarias, y el problema que
estas tienen es la posibilidad de especular con la subprime. Como ya se ha
mencionado, este fue uno de los factores de la crisis de 2008 en los Estados
Unidos, y verdaderamente tiene que ver con lo que está sucediendo con los
créditos UVA.
Al
respecto, se ha mencionado el caso de personas que hace 16 meses obtuvieron un
préstamo por un millón de pesos y que, luego de haber pagado a lo largo de ese
período, ahora deben 1.420.000 pesos.
Esto
va a ir creciendo; ya tuvimos una experiencia con la circular 1050. Lo que se
está haciendo con esta posibilidad de inversión en los bancos es de alguna
manera resguardar a estos para que no se hagan cargo de lo que han impulsado.
Advertimos
que estamos en una situación en la que existe una combinación altamente
explosiva entre el crecimiento de la deuda, el déficit fiscal –en gran parte
como consecuencia del creciente pago de intereses de la deuda-, el déficit
comercial generado por el dólar “planchado” y una importación que va creciendo,
el acoso a las pymes –que además de tener que luchar contra un dólar devaluado,
están pagando altísimas tasas de interés-, y a su vez, una sistemática caída de
la demanda, que como aquí se ha señalado, se incrementará como consecuencia de
esta exacción que se hace a jubilados y pensionados por 100.000 millones de
pesos.
Al
respecto, queremos señalar que esta combinación explosiva ya la generaron
Martínez de Hoz y Cavallo. El propio Cavallo está diciendo que se hace su
política, y en este sentido, también debemos llamar la atención en cuanto a que
la incompatibilidad en el ejercicio de la función pública es una forma elegante
de llamar a estas nuevas modalidades de corrupción, por lo que debemos tener
mucho cuidado. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- El señor diputado Closs,
último orador anotado antes de proceder a la votación en general, completará el
tiempo del Frente de la Concordia Misionero.
Tiene
la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Closs.- Señor presidente: esta es una iniciativa
bastante modesta. Lejos está de ser una ley revolucionaria en términos del
financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.
Está
claro que el proyecto en consideración tiene una idea creativa, que consiste en
la posibilidad de descontar las facturas, lo que constituye un avance y
motivará que nosotros lo acompañemos con nuestro voto. Sin embargo, quisiera
hacer dos reflexiones en otras tantas cuestiones: en primer lugar, en qué
ambiente financiero se dará esta ley, en este momento; y en segundo lugar,
cuáles son las políticas reales y efectivas que se están implementado desde el
Estado hacia las pymes.
En
cuanto a la primera reflexión, está claro que el ambiente financiero para las
pequeñas y medianas empresas, y para todo el país, es malo. Desde el momento en
que el Banco Central fija una tasa del 30 por ciento, cualquier instrumento que
nosotros creemos terminará pagando esa tasa de interés, que es malísima, que es
horrible, y que no se da con un proceso de recuperación económica.
Como
decía el señor diputado De Mendiguren, se trata de un cóctel explosivo, con un
tipo de cambio atrasado y con una entrada de capitales que en gran medida van a
la timba, lo que de alguna manera hace difícil el crecimiento de la economía
del país.
¿Cómo
son las políticas para las pymes? Hoy nos llenamos la boca hablando de las
pymes y hacemos una ley para ellas, pero lo que está ocurriendo con las medidas
que se están tomando en estos últimos días –llamo a la reflexión porque, así
como digo que “se están tomando”, probablemente algunas de ellas se puedan
evitar- nos ha generado la siguiente información. En primer lugar, la línea de
inversión productiva financiera –LIF o LIP, como le dicen algunos bancos- está
siendo eliminada. Entonces, estamos por inventar una nueva línea, que es la
venta de facturas, mientras en paralelo se está quitando una que sí funciona.
Muchas de las pequeñas y medianas empresas pudieron conseguir equipamiento y
descontar cheques gracias a la obligación que tenían los bancos de establecer
un cupo para líneas de inversión productiva y financiera.
En
segundo lugar, en relación con las contribuciones patronales, están previendo
unificar lo que hoy paga una pyme, que es el 17 por ciento, con lo que paga una
empresa grande, que es el 21 por ciento. Todas van a confluir en el 19 por
ciento, con lo que termina poniendo el lomo la pyme y el beneficio se lo lleva
la grande.
Por
último, vemos diariamente que las ventajas de una ley buena, como es la 27.264,
empiezan a quedar de lado.
Entonces,
nos proponen algo que parece novedoso ‑y lo vamos a acompañar-, pero en
el camino se va echando por tierra muchas de las cosas buenas que hoy
constituyen beneficios reales para las pequeñas y medianas empresas.
Considero
que debemos comprobar con hechos concretos que en este camino, con tasas altas
y con estos instrumentos, las pymes no tienen beneficio. No están ayudando así
a que crezca el país. Y no es que las pymes sean mejores o peores que las
grandes empresas; simplemente son distintas. Una de las cosas que caracterizan
a las pymes como distintas es que tienen mayores dificultades de acceso al
mercado financiero.
En
consecuencia, sabiendo que esta es una ley modesta, pero que genera algunos
instrumentos, acompañamos la iniciativa y esperamos que en el futuro no se siga
afectando a las pequeñas y medianas empresas. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde pasar a la
votación en general.
Sr.
Kicillof.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: para aclarar el
sentido del voto de nuestro bloque, señalo que nosotros estamos en contra, en
general, pero vamos a acompañar el título I, referido a la creación de
instrumentos de fomento para las pequeñas y medianas empresas. Lo quiero
aclarar por si después, durante la consideración en particular, no se vota por
título o las votaciones no son nominales.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: pese a que nosotros
tenemos un dictamen de minoría, nuestro bloque acompañará la votación en
general y propondrá cambios durante la consideración en particular.
Además,
aclaro que finalmente acompañaremos la votación en general de esta iniciativa
en función del compromiso que ha asumido el señor diputado Amadeo en nombre de
su bloque y del Poder Ejecutivo, en el sentido de tratar próximamente –no más
allá de marzo del año que viene- una ley que proteja el descalce entre la
inflación y los salarios para los créditos UVA.
Con
ese compromiso, llevándome hoy promesas a futuro, confío en que podremos
resolver estas cuestiones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente
en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Finanzas, de Legislación
General y de Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley sobre
financiamiento productivo. (Orden del Día N° 2033).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
204 señores diputados presentes, 136 han votado por la afirmativa y 65 por la
negativa. No se ha computado el voto de dos señores diputados.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 136 votos afirmativos y 65
negativos. [5]
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Dejo constancia de mi voto afirmativo,
señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Santa Fe.
Sr.
Marcucci.- De igual modo, dejo constancia de mi
voto afirmativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se deja constancia del voto
afirmativo de los señores diputados.
En
consideración en particular el Título I, artículo 1°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: propongo agregar
después del primer párrafo otro que diga “El régimen aprobado en el presente
Título será optativo en operaciones comerciales entre micro, pequeñas o
medianas empresas”. Esto tiene como objetivo no solo cerrar el instrumento de
descuento de facturas electrónicas en la relación grande/pyme sino también poder
habilitarlo para todas las relaciones comerciales entre pymes, que es lo que
hace falta para desarrollar un financiamiento productivo más amplio.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Misiones.
Sr.
Franco.- Señor presidente: acompañando lo que
dice el señor diputado Lavagna y en coincidencia con el planteo que hacía en mi
exposición anterior, creo que hay sectores de las pequeñas y medianas empresas
del país que no estarán alcanzados por este norma. Por eso creo que sería importante,
en función de la modificación propuesta por el señor diputado Lavagna y en lo
que se discuta para adelante, que se tengan en cuenta los distintos sectores y,
si hiciera falta, que se generen instrumentos ‑sector por sector‑
para mejorar el financiamiento y cuidar la fuente de trabajo de miles de
argentinos.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta la
propuesta del señor diputado Lavagna?
Sr.
Amadeo.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo 1°.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
2°.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
3°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: el último párrafo de
este artículo dice “Las transacciones que efectúen los sujetos alcanzados por
el presente régimen, no se encontrarán alcanzadas por las prohibiciones del
artículo 101 de la ley 11.683.” Nosotros proponemos agregar al final de este
párrafo la frase “…con el alcance que establezca la reglamentación”. Esto es
básicamente porque habla del secreto fiscal. Para que funcione el régimen, no
hace falta que esté la totalidad de la información disponible sino alguna que
haga justamente a su funcionamiento, sin violar el secreto que hace falta.
A
continuación, proponemos agregar un párrafo que diga: “La reglamentación podrá
disponer: 1) la obligatoriedad de la inclusión de todas las Facturas de Crédito
Electrónicas MiPyMEs en un registro a ser especialmente creado a tal fin; y 2)
la creación de un régimen informativo de Facturas de Crédito Electrónicas
MiPyMEs a fin de que todos los actores puedan acceder a la información de los pagos
del régimen creado por el presente Título.” El objetivo de esto es que haya
información para que pueda haber un scoring,
particularmente entre empresas pequeñas, y que esto permita que haya inversores
que puedan fondear este tipo de operaciones que hace falta.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta las
modificaciones propuestas?
Sr.
Amadeo.- Sí, señor presidente, porque agregan
transparencia al sistema.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones
propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 3°.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
4°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: nuestra propuesta es
modificar el plazo establecido en el dictamen de mayoría. En los incisos c) y
d), así como en otros párrafos del artículo en consideración, se habla de 30
días corridos. Nosotros proponemos establecer un plazo de 15 días corridos.
Esto es para dar mayor velocidad al cobro de las facturas electrónicas por
parte de las pymes.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta la
modificación propuesta?
Sr.
Amadeo.- Sí, señor presidente. Entendemos que
mejora mucho el proyecto.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo 4°.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
5°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: siguiendo el mismo
criterio que en el artículo anterior, en el inciso i) del artículo en
consideración habría que modificar el plazo y poner “quince (15) días
corridos”.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta la
modificación propuesta?
Sr.
Amadeo.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo 5°.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
6°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: al igual que en los
artículos 4° y 5°, habría que modificar el plazo y poner “quince (15) días
corridos)”.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta la
modificación propuesta?
Sr.
Amadeo.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar 6°.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
7°.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 8° a 10.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
11.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: proponemos un
agregado en el primer párrafo. Luego de “Las ‘Facturas de Crédito Electrónicas
MiPyMEs’ aceptadas expresa o tácitamente, y que no hayan sido acreditadas en un
Agente de Depósito Colectivo…” proponemos agregar “o agentes que cumplan
similares funciones conforme se establezca en la reglamentación”. Esto es
básicamente para evitar que estemos hablando de un solo agente de depósito,
sino que haya distintos agentes que pueden intervenir.
El
mismo agregado proponemos en la siguiente oración, que dice “Cuando la ‘Factura
de Crédito Electrónica MiPyMEs’ haya sido acreditada en un Agente de Depósito
Colectivo…” Luego de esto se agregaría “o agentes que cumplan similares
funciones conforme se establezca en la reglamentación”. Después continúa el
texto como está redactado, es decir, “…sólo podrán ser canceladas de forma
íntegra, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria identificada
mediante Clave Bancaria Uniforme (CBU) o ‘Alias’ del Agente de Depósito
Colectivo”, y aquí se agregaría nuevamente “o agentes que cumplan similares
funciones conforme se establezca en la reglamentación”.
El
mismo agregado proponemos en el último párrafo del artículo. Es decir, luego de
“…Agente de Depósito Colectivo…” proponemos agregar “o agentes que cumplan
similares funciones conforme se establezca en la reglamentación”.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta las
modificaciones propuestas?
Sr.
Amadeo.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones
propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 11.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 12 y 13.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
14.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: al igual que en el
artículo anterior, proponemos agregar, luego de “…Agente de Depósito
Colectivo…”, la frase “o agentes que cumplan similares funciones conforme se
establezca en la reglamentación”.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta la
modificación propuesta?
Sr.
Amadeo.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo 14.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se vota y
aprueba el artículo 15.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
16.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: al igual que en los
casos anteriores, proponemos agregar la frase “o agentes que cumplan similares
funciones conforme se establezca en la reglamentación” luego de “…Agente de
Depósito Colectivo”, que aparece en varios párrafos del artículo en
consideración.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta las
modificaciones propuestas?
Sr.
Amadeo.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones
propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 16.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 17 a 26.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: aclaro que votamos
por la afirmativa los artículos relativos a las pymes. Sin embargo, votaremos
por la negativa el resto del texto del dictamen.
No
quiero dejar de decir que era más sencillo restituir la línea pyme del Banco
Central, tal como señaló el señor diputado Heller. Por otro lado, solicito que
en lugar de descontar cheques no demoren tanto el pago a las pymes.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente, propongo incorporar
un artículo que determine: “Los certificados de obras públicas podrán ser
negociados en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores de
conformidad con la reglamentación que dicte ese organismo como autoridad de
aplicación. Dichos certificados gozarán de oferta pública en los términos de la
ley 26.831 y sus modificaciones.”
Como
señalé al inicio de mi exposición, se trata de que los certificados de depósito
sean descontados en el mercado y no solamente en bancos u otros lugares donde
las tasas son muy elevadas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: aceptamos el texto propuesto.
Sin embargo, solicito al señor diputado Lavagna que este artículo se introduzca
al final para seguir la lógica y la estructura del texto de la ley.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: no tengo ningún
problema. Simplemente solicito al señor miembro informante que me diga ahora si
lo acepta y se incorpora al final, o si tengo que volver a pedir su inclusión.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita al
señor diputado Lavagna que reitere el pedido al final del tratamiento para
ordenar la sesión.
En
consideración el Título II, comenzando con el artículo 27.
Tiene
la palabra el señor miembro informante.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: proponemos una pequeña
reforma técnica.
El
inciso c) determina: “Monto de la
obligación incorporada a la letra, expresado en moneda nacional o extranjera.”
A continuación proponemos una modificación que establezca: “En caso que el
mutuo hipotecario, la hipoteca se hubiera constituido en el marco de alguna
excepción…” Esta es una aclaración que da más coherencia al texto.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por el señor miembro informante, se va a votar el artículo 27.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se vota y
aprueba el artículo 28.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
29.
Tiene
la palabra el señor miembro informante.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: el inciso c) del
artículo 29 establece: “Garantizar
la emisión de títulos valores mediante oferta pública.” A continuación
proponemos agregar: “o cualquier otro financiamiento.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por el señor miembro informante, se va a votar el artículo 29.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se vota y
aprueba el artículo 30.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
31.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente, en el punto 2
relativo a las prohibiciones tendría que establecerse: “La cobertura de riesgos provenientes de
operaciones de crédito financiero puro, con excepción de operaciones de crédito
financiero hipotecario, los que podrán cubrirse…” Esto se refiere a los seguros
de los créditos hipotecarios. Entonces, a continuación propongo agregar:
“…siempre y cuando ello no implique un encarecimiento para los tomadores de
dichos créditos.” Esto es para evitar que los tomadores de crédito terminen
pagando los seguros que tomen los bancos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: esta solicitud ya se
hizo en la reunión de comisión y estamos de acuerdo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo 31.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se vota y
aprueba el artículo 32.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Título
III. Comenzamos con el artículo 33.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: solicitamos
introducir un inciso h) al final del
artículo que establezca: “Propender a la inclusión financiera.” Esto tiene que
ver con la inclusión de un nuevo capítulo sobre incorporación financiera que
propondremos al final de la ley.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: aceptamos la
modificación propuesta.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Cabandié.- Señor presidente: veo una generosa
receptividad del señor diputado Amadeo a las modificaciones propuestas por el
señor diputado Lavagna. Pregunto si el cuerpo está en comisión. Si no fuera
así: ¿por qué no trabajaron en forma conjunta? No digo que esté mal aceptar
modificaciones, pero están revisando todo el texto del proyecto de ley y
pareciera una burla.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: simplemente quiero
aclarar al señor diputado Cabandié que el motivo por el que proponemos
modificaciones al texto del proyecto de ley es porque para nosotros el dictamen
de mayoría no era aceptable. Al proponer modificaciones que son aceptadas por
la comisión, acompañamos el dictamen.
Igualmente
entiendo que este cuerpo debe discutir las leyes, y si hay modificaciones este
es el lugar para proponerlas e incorporarlas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: está todo
muy claro.
Con
la modificación propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo
33.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 34 a 36.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
37.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: el artículo 37 se
refiere a los impedimentos para ser miembro del directorio de la Comisión
Nacional de Valores.
Proponemos
agregar un inciso d) que establezca: “Los que no acrediten los requisitos de idoneidad
y experiencia profesional en la materia, conforme se establezca en la
reglamentación. El incumplimiento de estos requisitos en el proceso de la
designación de cada director, deberá ser ratificado por el Senado de la Nación
dentro de un plazo de sesenta días a partir de la fecha de presentación de la
candidatura por parte del Poder Ejecutivo nacional. En caso de que hubiera
transcurrido dicho plazo sin que mediare pronunciamiento expreso por parte del
Senado de la Nación, las designaciones quedarán firmes. El Poder Ejecutivo
nacional podrá realizar nombramientos en comisión por el plazo de tratamiento
de la designación por el Senado de la Nación.” Básicamente el objetivo es dar
mayor independencia a la Comisión Nacional de Valores, que debe auditar y
controlar el mercado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Bossio.- Señor presidente: en la misma línea
señalada por el señor diputado Lavagna, proponemos modificar el artículo 37,
inciso a) relativo a las incompatibilidades, redactándolo del siguiente modo:
“Los accionistas o quienes hubieren formado parte de los órganos
de dirección, administración o fiscalización o de cualquier modo prestaren
servicios a entidades sometidas a la regulación y fiscalización de la Comisión
Nacional de Valores al momento de su designación y durante los doce meses
anteriores.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: pido una aclaración al
señor diputado Lavagna. No sé si oí mal o él habló del “incumplimiento de los
requisitos” porque se trata del “cumplimiento”.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: discúlpenme. Se trata
del “cumplimiento”. Si dije “incumplimiento”, pido disculpas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: aceptamos lo relativo
al cumplimiento, como así también la propuesta del señor diputado Bossio.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones
propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 37.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
38.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente, solicito que al final
del primer párrafo relativo a los votos en el directorio de la Comisión
Nacional de Valores se incorpore: “El presidente, o en su caso el
vicepresidente en ausencia del presidente, tiene voto dirimente en caso de
empate, siempre y cuando el directorio estuviese conformado en su totalidad.”
Esto es para evitar que simplemente se nombre a un solo miembro que tome las
decisiones. Por ello, tiene que estar conformado en su totalidad.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: aceptamos la
modificación propuesta.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo 38.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 39.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: en este artículo
propongo que se diga: “...el presidente conjuntamente con al menos dos (2)
directores que se encontraren en la sede del organismo y/o reunidos conforme a
los mecanismos establecidos por el artículo 11 de la presente ley podrán
adoptarlas por sí y bajo su responsabilidad...”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: la comisión acepta la
modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones aceptadas por el
miembro informante, se va a votar el artículo 39.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 40.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se vota y
aprueba el artículo 41.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 42.
Tiene
la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Stolbizer.- Señor presidente: quiero advertir que
este artículo flexibiliza el requisito que tiene la ley original respecto del
plazo de dos años para tener inhabilidad a los efectos de pasar de regulado a
regulador.
En
mi opinión, esto es peligroso y coloca en una situación de mayor riesgo frente
a la posibilidad de un conflicto de intereses. Creo que, por el contrario,
habría que ser absolutamente celosos en este tipo de normas. Por lo tanto, no
es bueno que una exigencia que hoy es de dos años pase a ser de apenas seis
meses, tal como lo establece este nuevo artículo. El segundo párrafo de este
artículo 42 dice: “… no podrán prestar servicios ni ocupar cargos directivos
en entidades que hayan estado sujetas al contralor de la Comisión Nacional de
Valores, sus controladas, controlantes, vinculadas o bajo control común de un
mismo grupo económico, durante el plazo de seis (6) meses.”
Por
lo tanto, mi propuesta es que no se modifique la ley original, que establece el
plazo de dos años para pasar de regulado a regulador.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: hace unos minutos
hemos aprobado una propuesta del señor diputado Bossio que habla de doce meses,
que es un término que está de acuerdo con la mayoría de las previsiones de la
Ley de Ética Pública.
Por
lo tanto, estamos de acuerdo en que en este párrafo quede establecido el plazo
de doce meses, con lo cual el sistema tendría coherencia y no violaría los
principios de la Ley de Ética Pública.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos
Aires.
Sra.
Stolbizer.- Señor presidente: la Ley de Ética
Pública establece tres años, más allá de que muchos funcionarios de este
gobierno no están cumpliendo con esa norma. Por su parte, la Ley de Mercado de
Capitales habla de dos años y ahora se quiere llevar ese plazo a seis meses.
Quiero
que quede constancia de mi voto negativo en este artículo si no se acepta
modificar.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: nosotros insistimos en
el plazo de un año, que es coherente con lo que han propuesto otros señores
diputados y con lo que entendemos que plantea la Ley de Ética Pública. Por lo
tanto, nuestra propuesta es de un año.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos
Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: en línea con lo
planteado por la señora diputada Stolbizer, nuestro bloque va a votar
negativamente este artículo al no aceptarse el plazo que corresponde.
Sr.
Díaz Roig.- Señor presidente: solicito que la
votación se practique en forma nominal.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por
Mendoza.
Sr.
Carmona.- Señor presidente: entiendo que el
miembro informante ha propuesto el plazo de un año. Si no se aprueba, va a
quedar el texto original. Por eso le solicito que ponga en consideración las
dos propuestas, es decir, la que contempla un año y la que propone dos años.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el artículo 42, con
las modificación propuesta por el miembro informante, es decir, la que
contempla el plazo de un año.
‑ Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
202 señores diputados presentes, 97 han votado por la afirmativa y 103 por la
negativa. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 97 señores
diputados por la afirmativa y 103 por la negativa. [6]
Sr.
Castagneto.- Señor presidente: solicito que quede
constancia de mi voto negativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Así se hará, señor diputado.
La
votación ha resultado negativa.
Señor
diputado Amadeo, ¿acepta la propuesta de la señora diputada Stolbizer, que
establece el plazo de dos años?
Sr.
Amadeo.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 42 con la
modificación aceptada por la comisión.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin modificaciones, se votan y aprueban los
artículos 43 y 44.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 45.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: este artículo
modifica el artículo 20 de la ley 26.831. Mi propuesta es que a continuación de
donde dice: “Facultades correlativas. En el marco de la competencia establecida
en el artículo anterior…” se agregue: “… y teniendo siempre en consideración la
protección de los intereses de los accionistas minoristas y de los tenedores de
títulos de deuda…”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: acepto la
modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 45, con la
modificación propuesta por el señor diputado Lavagna.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 46.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 47 a 57.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 58.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: propongo que quede la
siguiente redacción: “Sustitúyese el artículo 45 de la ley 26.831, el que
quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 45: Fondos de garantía. Los
mercados y/o las cámaras compensadoras deberán constituir, conforme lo
reglamente la Comisión Nacional de Valores, fondos de garantía destinados a
hacer frente a los compromisos no cumplidos por sus agentes participantes y
originados en operaciones garantizadas. Dichos fondos deberán organizarse bajo
la figura fiduciaria u otra figura que apruebe la Comisión Nacional de Valores
y se conformarán acorde a las mejores prácticas internacionales en la materia.
Las sumas acumuladas en estos fondos, deberán ser invertidas en la forma y
condiciones que establezca la Comisión Nacional de Valores, la cual determinará
los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez adecuados. Las sumas
destinadas a todos los fondos de garantía del presente artículo y estos
últimos, así como sus rentas, están exentas de impuestos, tasas y cualquier
otro gravamen fiscal.” El resto del artículo se suprime.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por el miembro informante, se va a votar el artículo 58.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 59 a 64.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
65.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: la parte que se
modifica queda redactada de la siguiente forma: “…de la Ley General de
Sociedades 19.550, t. o. 1984 y sus modificaciones y en el artículo 11 de la
ley 23.576 y sus modificaciones se ejercerá exclusivamente mediante el
procedimiento de colocación que se determine en el prospecto de oferta pública
correspondiente, sin aplicación del plazo previsto en dicho artículo.” El resto
queda igual.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones
propuestas por el señor diputado Amadeo, se va a votar el artículo 65.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 66 al 79.
Sr.
Amadeo.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: cometí un error en el
tratamiento del artículo 58. Dejé de lado un párrafo que no tiene demasiadas
diferencias, pero debo pedir a la Cámara que se considere nuevamente.
El
párrafo dice lo siguiente: “…tasas y cualquier otro gravamen fiscal, incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado, el impuesto al que hace referencia el primer
artículo incorporado a continuación del artículo 25 del Título VI de la ley
23.966 y el Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias no resultando de aplicación, en este caso, lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 2° de la ley 25.413 y sus modificaciones. Se
invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir con la
respectiva eximición de sus impuestos.”
Quiero
aclarar que no hay ningún cambio tributario en esto porque se refiere a la
manera en que se constituyen los fondos de garantía en el marco de una ley que
ya existe, que simplemente estamos reafirmando.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración la moción
de reconsideración formulada por el señor diputado Amadeo.
Se
va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobada la moción.
Se
va a votar nuevamente el artículo 58 con las modificaciones propuestas por el
miembro informante.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo
58.
En
consideración el artículo 80.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: propongo eliminar un
párrafo para quitar discrecionalidad a la Comisión Nacional de Valores. Es el
que dice lo siguiente: “La Comisión Nacional de Valores podrá establecer
excepciones a la obligatoriedad de promover una oferta pública de adquisición,
conforme lo determine por vía reglamentaria.” Habría que eliminar este párrafo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: aceptamos la
modificación propuesta.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo 80.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 81 a 87.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
88.
Tiene
la palabra el señor miembro informante.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: el artículo 88
quedaría redactado así: “Sustitúyese el artículo 111 de la ley 26.831, el que
quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 111: Operaciones. Los
mercados deberán difundir al público en general en forma diaria, el registro de
cada una de las operaciones, indicando el tipo de operación, la identidad del
valor negociable y la cuantía, el precio, la hora, minuto y segundo del
registro de la operación. Los mercados deberán tener disponible esta misma
información en tiempo real. La Comisión Nacional de Valores dictará una
reglamentación a los efectos previstos en el presente artículo.”
Con
esto se agrega transparencia e información para todas las operaciones que se
hacen en el mercado de valores.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones
propuestas por el miembro informante, se va a votar el artículo 88.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 89 al 100.
Sr.
Presidente (Monzó).- Comenzamos con la
consideración de los artículos del Título IV.
En
consideración el artículo 101.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 102 al 108.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
109.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: solicito una
incorporación. Donde dice: “Se podrán constituir fondos comunes de inversión destinados
exclusivamente a inversores calificados en los términos que establezca la
Comisión Nacional de Valores en su reglamentación…”, se agregaría a
continuación la siguiente expresión: “…la que deberá considerar los estándares
internacionales en la materia. En particular, dicho organismo deberá tomar en
consideración requisitos patrimoniales y de ingresos anuales.”
El
objetivo es evitar que se termine considerando a un pequeño inversor como
calificado, y no se respete alguna reglamentación de la CNV.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: aceptamos la
modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo 109.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 110 a 115.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
116.
Tiene
la palabra el señor miembro informante.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: el artículo 116 dice
lo siguiente: “Sustitúyese el artículo 14 de la ley 24.083 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:” Aclaro que
estamos reformando el inciso d) del mencionado artículo, para que tomen nota
los señores taquígrafos. Dicho inciso quedaría redactado de la siguiente
manera: “La de llevar por sí o a través de un agente de depósito colectivo o
agentes que cumplan similares funciones conforme se establezca en la
reglamentación…” El resto no se modifica.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por el señor miembro informante, se va a votar el artículo 116.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Formosa.
Sr.
Díaz Roig.- Señor presidente: solicito la
incorporación de un artículo, que seguramente no se aceptará. De todos modos,
creo que tiene que ver con algo preocupante para el país, o por lo menos yo lo
veo de esa manera.
Los
exportadores debían ingresar las divisas en treinta días. En enero del año
pasado, dicho plazo se aumentó a cinco meses; en julio del mismo año, se amplió
a cinco años, y por vía de un decreto del Poder Ejecutivo –lo que viola
bastante nuestro orden jurídico- este año se eximió a los exportadores de
ingresar divisas.
Evidentemente,
esto impacta muchísimo, y vamos a tener un sistema deficitario comercial casi
permanente. De cualquier forma, como estamos regulando varias funciones de la
Comisión Nacional de Valores, propongo la inclusión de un artículo que dice que
se establece la obligación de los exportadores de informar a la Comisión
Nacional de Valores dónde están las divisas, en qué país, y el nombre de los
importadores de todos los productos que se exportan de la República Argentina. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: no aceptamos la
propuesta, porque no se encuentra dentro de la lógica del proyecto.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración los
artículos 117 a 143.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
144.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: el punto II, sobre
oponibilidad, quedaría redactado de la siguiente manera: “En el caso de
garantías prendarias o de otro tipo, sean fiduciarias o no, sobre créditos
presentes y futuros del giro comercial del deudor o un garante, a los efectos
de la oponibilidad frente a terceros en los términos del artículo 1620 del
Código Civil y Comercial de la Nación, será suficiente la publicación por la
parte prendante de un aviso de cesión en el diario de publicaciones legales de
la jurisdicción de la sociedad y en uno de los diarios de mayor circulación
general a nivel nacional dando cuenta del otorgamiento de la garantía la cesión
en prenda al agente de la garantía de los créditos presentes y futuros, sin que
sea necesaria, a tales efectos, la notificación específica al deudor cedido”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones
propuestas por el señor miembro informante, se va a votar el artículo 144.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración los
artículos 145 a 149.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
150.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- El artículo 150 dice textualmente:
“Sustitúyese el artículo 10 de la ley 23.576 y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo
10: En los casos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública la
emisora deberá elaborar un aviso que publicará en la página web de la Comisión
Nacional de Valores y contendrá los datos que establezca la reglamentación que
dicte dicho organismo. En los casos de emisión de obligaciones negociables
colocadas en forma privada la emisora deberá elaborar un aviso que publicará en
el Boletín Oficial de la República Argentina por un (1) día, quedando
constancia del mismo en el organismo de control respectivo, debiéndose
inscribir dicho aviso en el registro público pertinente, incluyendo en su texto
los siguientes datos:
“a)
Fecha de las asambleas y reunión del órgano de administración en su caso, en
que se haya decidido el empréstito y sus condiciones de emisión;
“b)
La denominación de la emisora, domicilio, fecha y lugar de constitución,
duración y los datos de su inscripción en el registro público de comercio u
organismo correspondiente;
“c)
El objeto social y la actividad principal desarrollada a la época de la
emisión;
“d)
El capital social y el patrimonio neto de la emisora;
“e)
El monto del empréstito y la moneda en que se emite;
“f)
El monto de las obligaciones negociables o debentures emitidos con
anterioridad, así como el de las deudas con privilegios o garantías que la
emisora tenga contraídas al tiempo de la emisión;
“g)
La naturaleza de la garantía;
“h)
Las condiciones de amortización;
“i)
La fórmula de actualización del capital en su caso, tipo y época del pago del
interés;
“j)
Si fueren convertibles en acciones la fórmula de conversión, así como las de
reajuste en los supuestos de los artículos 23 inciso b), 25 y 26 de la presente
ley y la parte pertinente de las decisiones de los órganos de gobierno y de
administración en su caso, referentes a la emisión establecidos en este
artículo”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por el señor miembro informante, se va a votar el artículo 150.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración los
artículos 151 a 156.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
157.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires, a quien solicito que solo aclare
aquellos incisos que contienen alguna modificación.
Sr.
Amadeo.- El punto 2 del artículo 157 quedaría
redactado de la siguiente manera: “La emisora garantice la aplicación de los
fondos a obtener mediante la colocación de las obligaciones negociables, a
inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país,
adquisición de fondos de comercio situados en el país, integración de capital
de trabajo en el país o refinanciación de pasivos, a la integración de aportes
de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, a la
adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial
de su negocio,…” El resto del texto no tiene modificaciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones
propuestas por el señor miembro informante, se va a votar el artículo 157.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración los
artículos 158 a 206. La Presidencia informa que no hay ninguna propuesta
respecto de estos artículos. Por lo tanto, se procederá a la votación.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
207.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
208.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: quiero hacer una
aclaración a fin de que no haya diferentes interpretaciones cuando esta norma se
reglamente.
Este
artículo no tiene cambios impositivos; simplemente plantea una transparencia
del instrumento.
Para
que no haya dudas a la hora de la reglamentación, sería conveniente que el
artículo comenzara diciendo: “En pos de transparentar el tratamiento impositivo
vigente, los fideicomisos y los fondos comunes de inversión…”, y el resto del
texto no se modificaría.
En
el segundo párrafo, donde dice: “…que resulten gravadas para dichos
beneficiarios.”, proponemos el siguiente agregado: “El tratamiento aquí
previsto aplicará a partir del 1° de enero de 2018”. Esta incorporación es a
los fines de que coincida con el año fiscal. El resto no se modifica.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Aceptamos las modificaciones, señor
presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
208, con las modificaciones aceptadas por el miembro informante.
-
Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración el artículo 209.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: quisiéramos hacer dos
incorporaciones. En primer lugar, al comienzo del artículo proponemos agregar:
“A los fines de fomentar el desarrollo de la construcción de viviendas para
poblaciones de ingresos medios y bajos,...” Luego continúa tal como estaba
propuesto: “...en el caso particular de fondos comunes de inversión cerrados o
fideicomisos financieros, mencionados en el primer párrafo del presente
artículo, cuyo objeto de inversión sean a) desarrollos inmobiliarios...” Aquí
proponemos la segunda incorporación: “...a) desarrollos inmobiliarios para
viviendas sociales y sectores de ingresos medios y bajos;...” El resto
permanece igual.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Aceptamos las modificaciones, señor
presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
209, con las modificaciones aceptadas por el miembro informante.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
210.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: proponemos la
eliminación de los artículos 210, 211 y 212, referidos a exenciones impositivas
que consideramos deben ser tratadas en el marco del proyecto de reforma
impositiva. Sumado a ello, tal como están redactados, se ceden facultades del
Congreso Nacional al Poder Ejecutivo, lo cual nos parece que no es correcto.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Estamos de acuerdo, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar la propuesta
formulada por el señor diputado Lavagna en el sentido de suprimir los artículos
210, 211 y 212.
-
Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración el artículo 213.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se vota y
aprueba el artículo 214.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: quisiéramos hacer
aquí dos incorporaciones. La primera de ellas –dado que estamos llegando al
final de la norma‑ es la incorporación de un artículo, que si les parece
leo nuevamente. Iría al final y dice así: “Los certificados de obra pública
podrán ser negociados en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de
Valores, de conformidad con la reglamentación que dicte ese organismo como
autoridad de aplicación. Dichos certificados gozarán de oferta pública, en los
términos de la ley 26.831 y sus modificatorias.”
En
segundo lugar, proponemos la incorporación de un nuevo título.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Estamos de acuerdo, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar la
incorporación del artículo propuesto por el señor diputado Lavagna.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: solicito que el señor
diputado Lavagna relea el artículo 209, porque tenemos una duda respecto de una
palabra. Dado que hemos llegado a un acuerdo y que ha sido aprobado por la
totalidad de los señores diputados, no quisiéramos cometer un error en un artículo
que es muy extenso.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- El artículo 209 diría así: “A los fines
de fomentar el desarrollo de la construcción de viviendas para poblaciones de
ingresos medios y bajos, en el caso particular de fondos comunes de inversión
cerrados o fideicomisos financieros, mencionados en el primer párrafo del
presente artículo, cuyo objeto de inversión sean a) desarrollos inmobiliarios
para viviendas sociales y sectores de ingresos medios y bajos; y/o b) créditos
hipotecarios...” El resto no se modifica; solo cambia uno de los párrafos
dentro del artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: se trata de una
corrección absolutamente menor. En lugar de decir “en el primer párrafo”, debe
decir “en el artículo anterior”. En consecuencia, solicito la reconsideración.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración la moción
de reconsideración del artículo 209 formulada por el señor diputado Amadeo.
Se
va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobada la moción.
Corresponde
considerar nuevamente el artículo 209, con la modificación propuesta por el
señor diputado Lavagna y la corrección formulada por el señor diputado Amadeo.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: quisiéramos proponer
un título, que sería el Título XIV y cuyo nombre es “Inclusión financiera”.
Entregué el texto correspondiente a Secretaría.
Sr.
Presidente (Monzó).- El primer artículo del nuevo
Título XIV propuesto por el señor diputado Lavagna dice así: “El Poder
Ejecutivo nacional deberá elaborar una estrategia nacional de inclusión
financiera en pos de fomentar una inclusión financiera integral que mejore las
condiciones de vida de la población y promueva que todos los argentinos sean
partícipes de los beneficios de la misma.”
El
segundo artículo del nuevo Título XIV propuesto por el señor diputado Lavagna
dice así: “El Ministerio de Finanzas, o quien el Poder Ejecutivo nacional
designe en su lugar, será la autoridad de aplicación del presente Título.”
El
tercer artículo del nuevo Título XIV propuesto por el señor diputado Lavagna
dice así: “Institúyese el Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera
que fuera creado por la Resolución N° 121/17 de fecha 27 de julio de 2017 y sus
modificatorias y complementarias.”
El
cuarto artículo del nuevo Título XIV propuesto por el señor diputado Lavagna
dice así: “La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera deberá contemplar de
manera explícita los avances y antecedentes nacionales en términos de inclusión
financiera, una adecuada justificación que brinde razón de ser a la Estrategia,
los sujetos abarcados por la misma, los compromisos y plazos asumidos por los
distintos actores, la metodología de trabajo y el plan de acción a ejecutar.
“Asimismo,
deberá también incluir la recopilación de datos y diagnósticos sobre variables
y dimensiones de acceso, uso, calidad y capacidades financieras de la población
argentina analizada con datos desde la demanda; la redacción y formulación de
una definición propia de inclusión financiera así como objetivos generales y
específicos priorizados y jerarquizados con sus respectivos plazos de
cumplimiento estimados; las prioridades y responsabilidades de los actores
designados o involucrados en su implementación; un marco de monitoreo y
evaluación con indicadores de rendimiento para medir periódicamente su progreso
e impacto a través de el/los actor/es designado/s; un mecanismo para recopilar
sistemáticamente las perspectivas de los usuarios sobre aspectos relevantes de
implementación y evaluar el progreso hacia los objetivos de la Estrategia
utilizando indicadores y objetivos bien definidos y cuantificables.
“La
redacción y formulación de la Estrategia deberá también contemplar indefectiblemente
la incorporación de programas de educación financiera mandatorios en las
escuelas secundarias; esquemas y mecanismos de protección al consumidor, y la
perspectiva de género en sus objetivos específicos e indicadores.”
El
quinto artículo del nuevo Título XIV propuesto por el señor diputado Lavagna
dice así: “La Autoridad de Aplicación deberá emitir con periodicidad semestral
un informe con los avances de la estrategia nacional de inclusión financiera a
la Comisión de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a la
Comisión de Economía Nacional e Inversión de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación.”
El
sexto artículo del nuevo Título XIV propuesto por el señor diputado Lavagna
dice así: “La Autoridad de Aplicación deberá exponer frente al Honorable
Congreso de la Nación un plan de implementación integral de la estrategia
sujeto a los lineamientos explicitados en la presente en un lapso no mayor a
los noventa (90) días desde la reglamentación de la presente ley.”
El
séptimo artículo del nuevo Título XIV propuesto por el señor diputado Lavagna
dice así: “El presupuesto de la Administración Pública Nacional incluirá las
partidas necesarias para el desarrollo de la estrategia nacional de inclusión
financiera. A tal fin, facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar
las modificaciones presupuestarias necesarias para la consecución de dicho
fin.”
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: la comisión acepta la
propuesta.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: después de la
votación quiero incorporar otro título nuevo.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a
votar el Título XIV propuesto por el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y aceptado por la comisión.
-
Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: propongo incorporar un
nuevo artículo, que formaría parte del Título XV, referido al cheque
electrónico, y quedaría redactado de la siguiente forma: “El Poder Ejecutivo
nacional deberá, en un lapso no mayor a noventa (90) días de promulgada la
presente ley, tomar todas las medidas reglamentarias necesarias a fin de hacer
operativo el sistema de cheques electrónicos.”
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- La comisión acepta, señor presidente.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a
votar la propuesta formulada por el diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y aceptada por el miembro informante.
-
Resulta afirmativa.
-
El artículo 215 es de forma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto
de ley. [7]
Se
comunicará al Honorable Senado.
La
Presidencia solicita autorización para proceder a la renumeración de los
artículos.
-
Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los
dictámenes de las comisiones de Obras Públicas, de Pequeñas y Medianas Empresas
y de Presupuesto y Hacienda ‑Orden del Día N° 2026‑ recaído en el
proyecto de ley por el cual se establece el régimen de compre argentino y
desarrollo de proveedores.
AQUÍ
ORDEN DEL DÍA N° 2026
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado por La Pampa.
Sr.
Ziliotto.- Señor presidente: cuando en el mes de
marzo de este año en el seno de la Comisión de Obras Públicas definimos la
agenda legislativa, claramente surgieron proyectos de diputados de distintas
bancadas que tenían que ver con la necesidad de modificar la actual ley de
compre argentino.
La
Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, presidida por el diputado Pablo
Kosiner, compartió nuestra agenda y a partir de allí empezamos a debatir con
distintos sectores. Concurrieron los empresarios…
Sr. Presidente (Monzó).- La
Presidencia solicita silencio a los señores diputados.
Sr.
Ziliotto.- Como decía, señor presidente, el tema
era importante y surgieron varios proyectos más. En total llegamos a debatir
nueve proyectos, incluido el del Poder Ejecutivo nacional.
Mantuvimos
varias reuniones, escuchamos a todas las cámaras empresariales que quisieron
venir a exponer sus necesidades y la realidad del sector. Hoy podemos afirmar
que hemos logrado un dictamen que tiene el mayor consenso posible; nadie puede
decir que tiene mucho de un proyecto porque tiene un poco de todos.
En
este análisis quiero explayarme sobre las herramientas que hemos incorporado a
la ley de compre argentino.
La
medida más importante es el significativo apoyo a las pequeñas y medianas
empresas. De los márgenes de preferencia o de protección a la industria
nacional surge nítidamente que pasamos de un 7 a un 15 por ciento para las pymes
y de un 5 a un 8 por ciento para las grandes empresas.
Hemos
incorporado el beneficio para las pymes en las compras menores a los 20
millones de pesos y cuando igualan ofertas con las grandes empresas también son
beneficiarias.
Además,
hemos introducido algo novedoso y lo planteamos claramente desde el principio.
Necesitamos una reserva de mercado exclusiva para las micro, pequeñas y
medianas empresas. Así, el Estado nacional, sus organismos y todos los sujetos
alcanzados tienen la obligación de compulsar entre pymes en compras por bienes
menores a 1.300.000 pesos o en contratos de construcción de viviendas u obras
públicas menores a 100 millones de pesos.
Asimismo,
y esto tiene que ver con una especie de seguridad jurídica o institucional que
estamos dando a las pymes, durante tres años no modificamos este tipo de
beneficios. Solo se modifican pasados los tres años y siempre que se trate de
bienes de alto contenido científico y tecnológico. En ese caso, en virtud de la
situación coyuntural del mercado, la autoridad de aplicación tiene la potestad
de modificar esos porcentajes.
Como
medida de protección a las pymes también estamos mirando a las economías
regionales. Por eso aquellas provincias que adhieran a esta ley durante tres
años contarán con el incentivo de que sus pymes obtendrán una preferencia
superior al 1 por ciento.
En
este punto quiero aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con el margen
de preferencia y el análisis con legislaciones comparadas. Mucho se habla del
nivel de protección que tiene la república hermana del Brasil, nuestro socio
estratégico del Mercosur, con respecto a que los márgenes de preferencia para
las pymes alcanzan el 25 por ciento. Pero como no todo lo que brilla es oro, en
Brasil este 25 por ciento está impulsado a través de un decreto. Es decir que
no estamos ante una política de Estado que se establece a través de una ley
sino que está a disposición del humor, la coyuntura y la situación económica
del gobierno de turno.
También
es cierto que se aplica por sectores y que la autoridad de aplicación lo fija
discrecionalmente, avalando la política de favorecer a los amigos y perjudicar
a los enemigos.
Brasil
no tiene lo que nosotros hemos incorporado, que mencionaba anteriormente: la
reserva de mercado y la participación local para los contratos mayores a 240
millones de pesos de empresas foráneas, que tienen la obligación de llevar como
socios estratégicos para nuestra economía a las pymes con un 20 por ciento de
participación.
En
cuanto a los sujetos alcanzados, hemos ampliado considerablemente el volumen de
negocios al cual puede tener acceso la industria nacional, y en especial las
pymes. Recientemente hemos incorporado los entes públicos, los fideicomisos,
este Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y
también a CAMMESA, que intermedia en la distribución de la energía eléctrica.
Por
otra parte, hemos mantenido en 40 por ciento la participación del componente
importado para que se denomine bien nacional porque es cierto que muchas
empresas hoy no pueden llegar a ese objetivo debido a su poca disponibilidad
tecnológica y a la falta de incentivo en una economía globalizada. Por ese
motivo creo que el programa de desarrollo de proveedores y esta política de
incentivos a la pequeña y mediana empresa van a llevar a que el componente
importado que necesiten las empresas nacionales para un bien nacional sea cada
vez menor.
Hemos
incorporado una herramienta que tiene que ver con el control legislativo. En
todas las charlas en las que hemos recibido a las cámaras empresariales –y
también lo han sostenido varios diputados de distintas extracciones políticas-
se ha planteado que la actual ley no se ha aplicado y que el Estado nacional no
ha tenido fuerza para hacerla cumplir como corresponde. Por eso estamos
incorporando un control legislativo, es decir, aumentado las facultades que ya
tiene una comisión bicameral que hemos creado hace un año, y que tiene que ver
con la operatoria de participación público-privada.
Señor
presidente: quiero hacer un pedido puntual a usted y a la presidenta de la
Cámara de Senadores. Tenemos que constituir la Comisión Bicameral de
Seguimiento de los Contratos de Participación Público-Privada. En pocos meses
más esta operatoria va a empezar ‑el ministro de Finanzas ya lo ha
anunciado‑ y es necesario que el control legislativo comience a
funcionar. Por eso, y para no crear tanta burocracia, hemos incorporado a esa
comisión bicameral funciones para que también controle la aplicación de esta
nueva ley de compre argentino.
Creamos
un programa de desarrollo de proveedores por parte de la autoridad de
aplicación que tiene que ver con dar a las pequeñas y medianas empresas todo
tipo de incentivos impositivos, actualización tecnológica y, tal como acabamos
de aprobar, financiamiento específico y barato, como lo denominan las pymes
cuando necesitan hacerse de dinero que les permita competir con las grandes
empresas. En suma, para todos los sujetos alcanzados estamos incorporando la
obligación de crear programas de desarrollo de proveedores.
Aquí
incorporamos a YPF como un actor más, algo que nos pidieron sobremanera las
cámaras empresariales. Establecemos la obligatoriedad de que YPF establezca su
propio programa de desarrollo de proveedores.
En
cuanto a las sanciones, por supuesto mantenemos la remisión al Código Penal de
toda conducta, inconducta o falta de observación de esta ley tanto por parte de
los proveedores cuando falsean información como también de los funcionarios
públicos cuando no la hacen cumplir.
Este
es un simple resumen de las herramientas que tiene esta norma. Repito: se trata
de un dictamen de mayoría que contempla el mayor consenso posible; nos llevó
siete meses acordarlo. Hoy se hablaba de una ley que venimos debatiendo hace
unas semanas, pero esta iniciativa la estamos considerando hace mucho tiempo y
creemos que hemos logrado una gran herramienta que tiene como beneficiarias
objetivas a las pequeñas empresas.
Como
conclusión, no creo equivocarme si digo que este es un proyecto ley que va a
contramano de la política económica del gobierno nacional, que hoy plantea que
los empresarios argentinos -sus pymes- deben salir a competir con el mundo
globalizado. En ese escenario, tienen que competir con empresas grandes o
pequeñas de países que sí tienen una política en serio en cuanto a la
protección de su industria nacional.
Por
eso compartimos que las pymes y las empresas nacionales deben competir, pero
también tenemos una concepción del Estado presente que tiene que establecer los
mecanismos necesarios para proteger a la industria nacional y en particularlo
que desde este bloque consideramos que es el motor de la industria nacional:
las micro, las pequeñas y las medianas empresas. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde que haga uso de
la palabra la señora diputada María Cristina Álvarez Rodríguez, pero como se
encuentra ausente, tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: tal como lo
comentaba el diputado preopinante, hubo un intenso trabajo basado originalmente
en dos puntos de apoyo.
El
primer punto de apoyo es la ley vigente, que todos coincidimos que requería y
requiere una modificación. El segundo es el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo que tuvimos oportunidad de analizar, y quiero dejar en claro que era
absolutamente insuficiente su propuesta teniendo en cuenta los objetivos que se
propone.
Por
supuesto que esto puede ser sometido a diferentes tipos de análisis. Un primer
análisis es que, por ejemplo, la ley vigente no ha sido modificada durante el
gobierno del que fuimos parte, y muchos hoy acompañaremos con el voto positivo
el proyecto de ley que tiene despacho de mayoría.
Votaremos
afirmativamente en general considerando –por eso hemos presentado un despacho
de minoría- que en varios puntos debería ser todavía más generoso, es decir,
aún más claro en su defensa de la industria nacional.
Empezaré
por una reflexión de conjunto y después mencionaré los puntos en los que
solicitábamos una mayor intervención del Estado y más privilegios, derechos y
posibilidades para la industria nacional.
Este
proyecto de ley de compre argentino se inscribe en una filosofía que, como bien
se decía recién, va absolutamente a contramano de la ideología y las acciones que
está llevando adelante el actual gobierno.
Hemos
atestiguado que desde que el ingeniero Mauricio Macri se convirtió en
presidente, con un discurso de defensa de la industria nacional, todas las
medidas que se han tomado han operado en sentido contrario y, como no podía ser
de otra manera, han obtenido resultados contrarios a lo que en este proyecto se
sostiene.
Daré
algunos datos muy someros para ver el castigo que ha representado la política
económica de Macri para la industria nacional.
En
primer lugar, la producción industrial cayó 4,1 por ciento durante 2016. Para
los números que está experimentando nuestra economía en términos de
endeudamiento, de tasas de interés y de pago a acreedores usurarios
extranjeros, ¿qué quiere decir este 4,1 por ciento? Para que quede claro, la
caída de la industria nacional que produjo el gobierno de Macri en 2016 es la
mayor desde 2002. Generó un verdadero maremoto sobre nuestro tejido industrial,
que tuvo un pico para abajo todavía peor en febrero de este año -en 2017 la
tendencia no cambió- cuando llegó a una caída del 6 por ciento interanual
promedio.
Debe
quedar claro a todos los diputados que se está destruyendo la industria
nacional. No hay otra lectura de estos hechos. Esta es la consecuencia directa,
inmediata y necesaria de las políticas que está implementando el gobierno de
Macri.
En
torno al proceso electoral el gobierno de Macri decide sacar el pie del
acelerador, pero pasadas las elecciones, hoy ha puesto más vigor en el ajuste y
en la caída de los salarios. Cuatro o cinco meses antes de las elecciones,
decidió desacelerar la destrucción de la industria, y por eso hemos tenido una
leve recuperación en algunos rubros –no en todos-, como en la construcción
debido a la obra pública, que la habían parado, pero en su momento la pusieron
en marcha. De alguna manera detuvieron la caída en picada de los salarios,
poniéndolos en consonancia con la inflación, pero todo eso ya lo deshicieron.
En
el presupuesto 2018 muestran que van por una profundización mayor de la
desindustrialización porque el neoliberalismo es enemigo de la industria
nacional. Esto lo dicen permanentemente, entre líneas y en sus discursos los
funcionarios, empezando por el presidente de la Nación.
Por
eso en 2017 hubo una leve recuperación en algunos sectores pero, para que quede
claro y dejen de descorchar champán, ninguna de esas recuperaciones todavía
alcanzó en ninguna rama industrial el nivel que tenía en 2015.
Quiero
recordar que los propagandistas de este gobierno no paran de decir que 2015 fue
un año pésimo para nuestra industria, que no creábamos empleo, bla, bla, bla.
El resultado es que después de dos años no llegamos al punto de partida. ¿Por
qué? Por las políticas del gobierno, aún con el intento de anabólicos que se
generó este año antes de las elecciones para no llegar al sufragio en un estado
de desastre. Pero el camino de caída es el que se está retomando ya en estos
días con la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva, que
son todas medidas desindustrializadoras y neoliberales.
Esto
tiene que quedar muy claro al analizar la presente norma, y acá veo varios
representantes de sindicatos: se perdieron 67 mil puestos de trabajo formales e
industriales durante la administración de Macri. Se trata de casi 70.000
puestos de trabajo.
¿Dónde
estamos hoy? Retrocedimos diez años en materia de empleo industrial. Estamos en
los valores que teníamos hace diez años y nada de lo que están presentando en
este Parlamento tiene pinta de querer cambiar esta cuestión.
Con
una buena parte de la oposición nos hemos puesto de acuerdo en el sentido de
mejorar la ley de compre nacional que existía. Quiero decir por qué durante
nuestro gobierno no era necesario hacerlo: porque teníamos vocación industrializadora.
Obviamente habrá críticas y habrán faltado cosas, pero lo cierto es que en
materia de empleo y producción industrial, en términos reales los números
fueron reformulados y recocinados espantosamente por el gobierno de Macri,
porque esa serie estadística industrial indica que en 2009 la economía
argentina cayó un 6 por ciento. Esto es algo que ni siquiera ellos creen.
¿Qué
fue lo que pasó? Como era una enormidad y querían tener una crisis que no
ocurrió, después dijeron que en 2010 la economía argentina creció el 10 por
ciento, lo que constituye algo que ni ellos ni nosotros creemos. En 2010 no
hubo un crecimiento del 10 por ciento. ¿Por qué lo hicieron? Para compensar el
verso que habían armado en 2009.
De
manera tal que aun con esos refritos y estadísticas reformuladas y falsificadas
que generó el gobierno de Macri con su INDEC, se duplicó la producción
industrial argentina cuando en todo el continente caía a raíz de los precios
altos de los commodities.
Ese
retroceso, esa desindustrialización como política de Estado, de alguna manera
quieren camuflarla con estos proyectos de ley por los que presuntamente se
trataría de fomentar la industria. Por eso, cuando aparece la ley de compre
nacional un gobierno desindustrializador nos dice que va a usar esa
herramienta.
Quiero
señalar dos cosas. El primer punto tiene que ver con el propio contenido del
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que no voy a repasar porque era un
desastre, una vergüenza. Este es un gobierno que desindustrializa abriendo la economía,
subiendo las tasas de interés y generando una caída del nivel de los salarios
en general, lo que determina que el mercado interno no exista. Ahora quiere
reducir nuevamente las jubilaciones. En consecuencia, ¿quién va a comprar
industria nacional? Solo va quedando el Estado.
Por
lo tanto, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo era pésimo. Aquí
se operaron algunas mejoras, no obstante lo cual consideramos que necesita
algunas cosas. Así, por ejemplo, hacen falta algunas modificaciones en lo
relativo a los sujetos alcanzados.
Quiero
plantear en particular el tema relacionado con Fabricaciones Militares. En
relación con esa empresa, Macri ha generado un desastre en el Complejo Químico
de Río Tercero, donde hubo 140 despidos directos y 800 indirectos.
Consecuentemente, queremos que se incorpore un artículo destinado especialmente
a Fabricaciones Militares.
Esto
demuestra que en lo relativo a los sujetos alcanzados por la ley de compre
nacional hace falta incluir a muchísimos actores.
Obviamente
se han registrado avances en relación con YPF y el proyecto del Poder Ejecutivo
nacional, pero todavía falta mucho más. Deseamos que todas aquellas empresas en
las que el Estado tenga una participación estén alcanzadas.
También
queremos un detalle en cuanto a las concesionarias de todos los servicios.
En
lo relativo a la definición de bien nacional, pretendemos que ella esté
contemplada en la norma vigente y se introduzca una modificación fundada para
la promoción de los sectores industriales.
En
cuanto al margen de preferencia, que se ha ampliado, solicitamos el 20 por
ciento para las grandes empresas y el 25 por ciento para las pymes, como ocurre
en Brasil. Nos parece que eso es justo y necesario.
En
lo concerniente a la reserva de mercado, queremos establecer el concepto con un
25 por ciento, como mínimo.
Estos
son los puntos en los que en particular queremos ir más allá. ¿Por qué? Porque
un gobierno con vocación y macroeconomía desindustrializadora necesita tener
obligaciones, por lo menos, con el compre nacional, en el sentido de no
dirigirlo hacia el extranjero. Este es uno de los puntos.
Pero
por otra parte deseo señalar que el gobierno de Macri, en las licitaciones
correspondientes al rubro energético, lo que ha hecho es comprar todo a China.
Entonces, el Poder Ejecutivo por un lado presenta un proyecto de ley de compre
nacional y por el otro compra todo en el exterior. El ministro dice que eso es
para abaratar costos. Claro que es así, porque lo que una ley de compre
nacional admite es que el Estado compre más caro dentro de ciertos márgenes a
fin de fomentar la industria. Pero el fomento de la industria no es gratuito,
sino que requiere recursos públicos porque de lo contrario la industria
nacional no se desarrolla.
Por
lo tanto, las excusas que han dado para no aplicar la malísima ley que teníamos
son inverosímiles.
En
cuanto a este proyecto de ley, si se sanciona la norma probablemente no la
reglamenten o después no la apliquen. Eso es lo que me temo porque los hemos
visto actuar así en todos los temas.
Por
último, quiero referirme a un tema que no es muy conocido aquí pero del que es
necesario hablar una y otra vez por tratarse de una cuestión que se está
discutiendo con un nivel de secretismo realmente ilegal. Me refiero al acuerdo
entre la Unión Europea y el Mercosur.
Quiero
advertir a los señores diputados que si dicho acuerdo se aprobara con lo que
está pidiendo la Unión Europea, el proyecto de ley que estamos tratando sería
papel higiénico. ¿Por qué? Porque me he enterado de lo que están negociando.
Entonces, no vaya a ser que después aprobemos ese acuerdo y la ley que se
sancione a partir de este proyecto se pierda completamente.
Una
de las primeras cosas que pide Europa es el otorgamiento de trato nacional a
sus empresas en todas las compras. En otras palabras, ellos dicen lo siguiente:
sancionen una ley de compre nacional, pero las empresas europeas van a ser tan
nacionales como las pymes que ustedes tienen. Esto es algo que Europa está
fijando como condición.
He
visto a los funcionarios del gobierno de Macri desesperados por firmar un
acuerdo con la Unión Europea porque es una especie de tigre enjaulado. Quieren
ser librecambistas o aperturistas cuando el mundo está siendo proteccionista.
Entonces,
¿con qué nos encontramos? Con que Europa les dijo lo siguiente: “minga”, no les
voy a dar nada de lo que piden. No obstante, los funcionarios del gobierno de
Macri igualmente quieren celebrar el acuerdo.
Por
lo tanto, advierto que si se firma el acuerdo de compras gubernamentales de la
OMC –esto es lo que pide Europa-, se le otorga trato preferencial y se limita
el trato diferencial a los países del Mercosur, todo esto va a ser letra
muerta. Están por aprobar un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur del
que no conocemos una sola palabra ni nosotros, ni los sindicatos, ni los
empresarios argentinos, como así tampoco los sindicatos y empresarios europeos.
Esto lo están negociando en un cuarto de dos metros por dos metros porque es
una vergüenza. De manera tal que lo que quiero decir es que todo lo que vamos a
aprobar después le va a caber a todas las empresas y no va a servir para nada.
Por eso advierto que tenemos una mala ley con un gobierno que ni siquiera la
aplica.
Ahora
vamos a sancionar una ley que si bien es mejor, para nuestro bloque resulta
insuficiente. En consecuencia, si bien votaremos por la afirmativa en general
el proyecto de ley en consideración, en oportunidad del tratamiento en
particular propondremos algunas modificaciones para dar más fuerza a la idea
del compre nacional.
De
todos modos, me parece que la idea de fondo que aquí no funciona es que un
gobierno neoliberal nunca va a industrializar a la Argentina. Esta clase de
gobiernos nunca lo hicieron en ningún país del mundo. En el caso particular de
la Argentina, la desindutrializaron. Esto último es lo que realmente está
ocurriendo y hay que ser ciego para no verlo. Tampoco podemos pretender limpiar
la cara al gobierno diciendo que ahora le preocupa la industria con el compre
nacional. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Salta.
Sr.
López.- Señor presidente: este es otro proyecto
de ley al que se disfraza como una política importante para el desarrollo
nacional. En este caso se lo hace con el nombre de “compre nacional”, siendo
una nueva versión dentro de los diferentes intentos que se han hecho en el país
en relación con este tema y que sistemáticamente han fracasado.
-
Ocupa la Presidencia la
señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana
Giménez.
Sr.
López.- No hace falta que yo diga esto acá, pues
ya ha sido manifestado en el ámbito de las comisiones. Aquí se ha señalado que
todos los intentos anteriores han fracasado y que por esa razón procuran
hacerlo nuevamente.
En
la Argentina hoy tenemos un déficit comercial de aproximadamente 8.000 millones
de dólares. La industria ha registrado un gran retroceso, incluso
experimentando el cierre de fábricas. Esto lo hemos visto en el caso de las
luchas que hubo en AGR-Clarín, PepsiCo y muchas otras fábricas que han cerrado
y que evidencian este retroceso que está siendo maquillado por el gobierno
mediante las estadísticas.
Además,
el gobierno procura demostrar que a partir del enorme endeudamiento externo se
verificaría algún grado de recuperación. Sin embargo, esto no es así, por lo
que resulta claro que se necesita una política de desarrollo industrial en
favor de los intereses generales del pueblo y no de los monopolios.
Este
gobierno es absolutamente incapaz de llevar adelante un plan de esas
características. Voy a tratar de explicar por qué creemos que este proyecto de
ley no sirve para alcanzar un desarrollo industrial de ese tipo y este gobierno
no puede llevarlo adelante.
Un
elemento importante es que el control del cumplimiento de la norma estará en
manos de una autoridad designada por el Poder Ejecutivo, quien tendrá a su
cargo la distribución de los cupos del compre nacional. Concretamente, dicha
fiscalización recaerá en la comisión bicameral que también está encargada de
controlar el cumplimiento de los contratos de participación público‑privada.
Como dije ayer en la reunión de la comisión bicameral, no es otra cosa que un
complemento de la privatización de la Dirección Nacional de Vialidad. Es una
ley para saltear todos los controles del Estado y llevar adelante los
negociados, sobre todo de la patria contratista.
En
suma, esta comisión bicameral que lleva adelante los negociados de la patria
contratista será la encargada de cuidar el cumplimiento del régimen de compre
nacional.
Además,
dicho órgano contará con el asesoramiento técnico de las asociaciones
industriales. Claramente, se está poniendo al zorro a cuidar a las gallinas.
También
me parece importante señalar que la principal empresa que tenemos en el país,
YPF, que algunos consideran que es estatal pero que en realidad es una sociedad
anónima, queda fuera del régimen de compre nacional. Se ha propuesto, como se
dijo en este recinto, que YPF arme su propio mecanismo de proveedores
nacionales; pero ello no ocurrirá, porque puede importar lo que quiera.
Recordemos
además el acuerdo secreto suscripto con Chevron durante el gobierno anterior y
ratificado por el actual, a partir del cual YPF puede importar elementos.
Lógicamente, también queda afuera del compre nacional Vaca Muerta, que
involucra una enorme cantidad de empresas.
Asimismo,
se dispone que la industria petrolera quede exenta del mencionado régimen. El
10 de agosto del corriente año el Poder Ejecutivo nacional firmó un decreto que
autoriza a las compañías petroleras a importar bienes usados. Es decir que
también las empresas del sector petrolero tendrán la posibilidad de importar
ese tipo de bienes. Lo mismo ocurre con las mineras, a las que se exime de
pagar la tasa de importación de vehículos especiales para la minería.
Esta
posibilidad de importar bienes usados debería llamar la atención de todo el
mundo, porque podría parecerse a lo que el tándem Jaime‑De Vido hizo con
la importación trucha de vagones y locomotoras desde España y Portugal, por los
que se pagó muchísimo dinero.
A
esto debemos agregar que las empresas de servicios públicos privatizadas, que
en virtud de las leyes actuales están obligadas al régimen de compre nacional,
siempre encontraron mecanismos para
evadirlo. Como esta ley no cambiará esa realidad, seguirán importando como lo
han hecho hasta ahora.
Como
dije al principio, este gobierno es incapaz de desarrollar la industria. Baso
mi afirmación no solo en el cierre de fábricas que permitió sino también en el
hecho de que ya desde el gobierno anterior el Estado argentino viene rematando
la industria nacional.
Ya
que hablamos del sistema ferroviario, recordemos el acuerdo con China. La
Argentina no incorporará tecnología, sino que todo provendrá de ese país;
incluso se dijo que vendrían trabajadores chinos a hacerse cargo.
Lo
mismo ocurre con las centrales nucleares, que serán entregadas por los chinos
llave en mano sin que haya incorporación de tecnología argentina o régimen de
compre nacional, y con las represas de Santa Cruz, avaladas por este gobierno.
Recordemos que Aranguren y De Vido fueron juntos a la audiencia pública
celebrada en el Senado para defender la construcción de esas represas que son
parte del vaciamiento de la industria nacional.
De
la mano de la importación de trenes desde China vino el cierre de EMFER y de
los talleres Pérez, que atendían los requerimientos de la industria
ferroviaria. Algo similar ocurre con Fabricaciones Militares, que está siendo
desguazada. A propósito del tema, venimos de celebrar una audiencia pública con
sus trabajadores con el objeto de evitar el desguace.
Un
caso similar es el vaciamiento que está llevando adelante la gobernadora de
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien no quiere otorgar una carta de crédito
para que funcione el astillero Río Santiago. Ya se anunciaron despidos y un
ajuste brutal, y cuando se trate el proyecto de ley por el que se crea el
régimen de promoción de la industria naval argentina profundizaré en el tema.
Tampoco
puedo dejar de mencionar el caso de la Fábrica Argentina de Aviones, ubicada en
Córdoba. Se ha denunciado el vaciamiento, el cierre y también despidos en
momentos en que el gobierno está trayendo aviones de los Estados Unidos.
También está trayendo barcos desde Israel y otros países cuando en la Argentina
tenemos el astillero Río Santiago.
Se
dijo que un régimen de importación permanente tendría que estar acompañado de
por lo menos un 20 por ciento de proveedores nacionales a fin de asegurar la
participación de empresas de nuestro país en la cadena de valor. No cabe duda
de que participarán subsidiarias directas o camufladas, o bien compañías
tercerizadas, de los grandes monopolios internacionales.
Resulta
claro que con la sanción de este proyecto de ley no habrá desarrollo industrial
alguno y tampoco avances tecnológicos. Seguiremos teniendo armadurías e
importaciones. La industria no va a crecer ni siquiera con la reforma laboral,
esa ley “antiobrera” que impulsa el gobierno. Lejos de fomentar el desarrollo,
estas iniciativas hundirán al conjunto de los trabajadores porque habrá mayor
flexibilización, más tercerización, más horas de trabajo y un ritmo de
producción mayor.
Estamos
ante un ataque brutal e injusto –por eso lo denunciamos‑ que no
solucionará los problemas que en materia de industrialización tiene nuestro
país.
Si
se apresuran a sancionar este proyecto es ‑como ya se dijo‑ por el
acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Lógicamente esto tendrá sus
consecuencias, porque se derrumbarán todas las barreras a la importación de
empresas europeas y de sus subsidiarias globalizadas de Asia. La Cámara Naviera
Argentina acaba de denunciar que ese acuerdo es una amenaza para la marina
mercante y nuestra industria naval.
Por
eso suscribimos un dictamen de minoría por el que rechazamos de plano este
proyecto de ley. Pensamos que el verdadero plan de desarrollo industrial vendrá
de la mano de un gobierno de los trabajadores y estará acompañado de la
nacionalización del sistema bancario, de los hidrocarburos, de la minería y de
las empresas de servicios públicos que hoy están hundiendo a las pymes y a todo
el pueblo trabajador con los “tarifazos”.
Un
gobierno de los trabajadores será la única posibilidad de que tengamos un
desarrollo industrial que redunde en beneficio de todo el pueblo argentino.
Sra.
Presidenta (Giménez).- La Presidencia informa que
a continuación procederá a conceder el uso de la palabra a los representantes
de los bloques.
Por
el interbloque Cambiemos compartirán el término los señores diputados Núñez y Marcucci.
Tiene
la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Núñez.- Señora presidenta: estamos considerando
uno de esos proyectos de ley que da gusto presentar.
Pudimos
ver de primera mano la buena voluntad de nuestros diputados, que están
comprometidos con el futuro del país y de las pymes. Hemos entendido que
trabajando juntos es como mejor podremos llevar adelante nuestra tarea.
Hace
casi dos años empezó en la Argentina un proceso de cambio que tiene entre sus
objetivos alcanzar la pobreza cero y unir a los argentinos, y esta norma va en
esas dos direcciones.
La
manera de ir hacia la pobreza cero que dice el presidente es generando trabajo
de calidad, formal, en blanco, estable, un trabajo que te permita volver a tu
casa con la tranquilidad y el orgullo de que al día siguiente vas a tener
trabajo de nuevo porque alguien te necesita, alguien confió en vos.
La
principal fuente de trabajo en nuestro país son las pymes. El 70 por ciento del
trabajo privado argentino lo generan las pequeñas y medianas empresas. Ellas
son el verdadero motor del país; queremos hacer todo lo que sea posible para
darles una mano e invitarlas a subirse a este proceso de cambio que está
transformando a la Argentina.
El
proyecto de compre argentino que traemos hoy es una iniciativa justa, sensata,
orientada directamente a abrirles más oportunidades a nuestras pymes. Desde el
Estado no podemos pedirles que apuesten, que inviertan, que se la jueguen por
el país, sin tratar de poner nuestro granito de arena, sin tirarles una soga
para que sigan a flote, crezcan, se desarrollen y continúen haciendo grande a
la Argentina.
Confiamos
en que esta ley va a ser fundamental para el motor de nuestro país, un empujón
que les va a permitir a las pymes hacer pie y encarar su propio camino de
crecimiento.
El
otro objetivo, el de unir a los argentinos, lo vi durante el debate del texto
que hoy presentamos. El trabajo del diputado Lavagna, del diputado Bossio, del
diputado De Mendiguren ‑por mencionar algunos- entusiasma hacia el
futuro, porque vemos cómo puede funcionar el país y esta Cámara cuando nos
concentramos en trabajar para los argentinos. El trabajo de los diputados
Zilioto y Kosiner es una muestra en el mismo sentido.
No
es la primera vez, desde que integro esta Cámara, que vemos esta dinámica donde
diputados y diputadas de todos los bloques ponen su mejor esfuerzo y buena
voluntad en tratar de llegar al mejor proyecto posible, cuidando por supuesto
los intereses de los argentinos, a los que cada uno de nosotros representamos,
y poniendo por encima de todo el bien común.
Confío
en que esta va a ser la manera en que sigamos trabajando hacia el futuro y
convoco a todos los que siguen enredados en especulaciones políticas a que se
sumen a este método. Les aseguro que es más justo, más gratificante y muchísimo
más productivo. Es otra aplicación de estos consensos básicos que pidió el
presidente para una Argentina próspera y más concentrada en resolver los
problemas que en ver quién fue el culpable de haberlos causado.
Hay
más de cuarenta millones de argentinos que están esperando que trabajemos para
ellos. No podemos hacerlos esperar más tiempo.
Pobreza
cero, unir a los argentinos y consensos básicos hacia el futuro constituyen el
espíritu que nos empuja y nos da fuerza para seguir trabajando todos los días
por una pyme más, un puesto de trabajo más, un trabajador más que pasa a estar
en blanco.
Hoy
nos vamos de acá con la enorme esperanza que da saber que la mayoría de los
diputados de esta Cámara comparten esas ganas de mejorar la vida a los
argentinos.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Santa Fe.
Sr.
Marcucci.- Señora presidenta: indudablemente,
esta norma, como otras leyes que aprobó este Parlamento ‑como la ley
pymes, la ley de autopartes, la ley de financiamiento productivo y la de
defensa de la competencia-, va por el camino de la producción, de la creación
de empleo, de la generación de inversión y de tener un país confiable. Este es
el sentido de esta ley de compre argentino.
Mientras
algunos discursos de diputados se quedan en el camino, en el festejo del default, de la inflación, de la caída de
la economía, del cepo cambiario, hay una Argentina que mira al futuro y que va
por el sendero del esfuerzo y el progreso que todos nos merecemos.
Este
proyecto es superador de la ley actual. Fue enviado por el Poder Ejecutivo
tomando la iniciativa y trabajando codo a codo con todos los miembros de la
comisión para mejorarlo. No solamente aumenta las preferencias hacia las pymes
sino que crea otras figuras, como la mejora de oferta, la reserva de mercado,
la participación de la autoridad de aplicación para que las licitaciones que se
hagan tengan en cuenta el concepto de compre argentino. También contempla los
acuerdos de cooperación y el desarrollo de proveedores poniendo el énfasis en
las pymes.
Que
aquellos que durante doce años tuvieron el poder, que combatían a los
monopolios con los “precios cuidados” y que durante ese tiempo no trataron esta
norma, nos vengan a dar lecciones ‑como escuchamos‑ de cómo se
elabora y plantea el compre argentino, me hace acordar a Groucho Marx ‑no
me refiero a Karl Marx; no digo que sean marxistas-, que decía: “Si no les
gustan mis principios, no hay problema, tengo otros”.
Señora
presidenta: escuchamos en la comisión a todas las cámaras, a aquellos que
tendrían que haber sido los beneficiarios de esta ley, que algunas preferencias
otorgaba, pero ninguno tuvo esos beneficios. Claro, acá estamos hablando del
compre nacional, el que hace el Estado, e intuyo que seguramente estaban
entretenidos con Lázaro Báez y otros, generando el empresariado nacional, el
capitalismo de amigos, los empresarios Nac & Pop.
Es
por eso que incluso la ley vigente no tuvo efectividad. Este es un punto
central y un desafío para que la ley no sea letra muerta y ayude a su objetivo.
La
creación de la comisión de seguimiento sin lugar a dudas apunta a esta idea y a
la posibilidad de ir haciendo una evaluación de las concreciones y dificultades
que tenga su aplicación.
Otra
figura es la Oficina de Presupuesto, que también se tiene que poner en
funcionamiento, para lo cual debe contar con información cierta y capacidad
para procesarla.
Estamos
construyendo una institucionalidad diferente y generando instrumentos serios y
concretos para cambiar la Argentina, que es la vocación que todos tenemos. Esta
es una ley que se ubica en ese camino, porque las contrataciones públicas
representan el 17 por ciento del PBI.
Tenemos
mucho por hacer. El trabajo en la comisión marca un consenso que es posible
cuando en el Congreso se escucha, se reflexiona y se participa. Vuelvo a
destacar la activa participación y compromiso del Ministerio de Producción en
todo el tratamiento del proyecto de ley en consideración. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
De Mendiguren.- Señora presidenta: indudablemente
para nosotros es muy importante que se pueda tratar una ley de esta naturaleza
en este recinto. Como dijeron muchos diputados preopinantes, fue un gusto
trabajar en temas como estos con funcionarios del Ministerio de Producción y
con todos los bloques que integran esta Cámara, con los cuales intercambiamos
ideas.
También
es cierto que por parte del Ministerio de Producción vimos en todo el trabajo
en el Congreso una predisposición a mejorar un proyecto que originalmente
dejaba mucho que desear. Todo proyecto es perfectible, y este no era la
panacea. Ahora bien, que esto funcione no depende de una cuestión técnica sino
de una decisión política. Tenemos que estar convencidos de que este es el
camino.
Por
eso me pregunto si lo que sostiene el Ministerio de Producción es lo mismo que
piensa el gobierno nacional, el Banco Central y todos los que desde el sector
financiero hoy toman decisiones en el país. Digo esto porque no existe ley que
podamos sancionar capaz de nivelar los desequilibrios que genera una
macroeconomía en la que se premia la especulación financiera, se retrasa el
tipo de cambio, se suben las tasas al infinito y se pierde competitividad, y en
la que el financiamiento externo obstaculiza cualquier línea de financiamiento
de origen local que pueda empardarlo.
Tengo
en claro que las compras gubernamentales, y en especial el sistema que se ha
incluido en este proyecto en el capítulo sobre desarrollo de proveedores, es
clave. Agradezco al resto de los bloques que hayan aceptado nuestra propuesta.
Todos los países desarrollados del mundo saben lo que implican las compras
gubernamentales en un proyecto de desarrollo. El poder de compra de los países
de la OCDE se ubica en alrededor del 15 por ciento del PBI; en la Unión
Europea, en el 14 por ciento; en Alemania, en el 15 por ciento; en Holanda, en
el 20 por ciento, mientras que en la Argentina no llegamos ni al 5 por ciento
porque no contamos con los instrumentos necesarios para aprovechar los
beneficios de ese sistema.
Esos
países tienen en claro que esas compras no son como la de cualquier otro bien;
son palancas que impulsan el desarrollo tecnológico de cada una de las
naciones. Por lo tanto, no aplican el criterio costo-beneficio ni se detienen a
analizar cuál es el costo de una promoción o de un incentivo a una pequeña o
mediana empresa. Lo que les interesa es el resultado global de esa política.
Si
se hubiera aplicado el principio costo-beneficio cuando se envió el primer
hombre a la Luna, les puedo asegurar que ningún número cerraría. Lo que se
estaba discutiendo era la estrategia de un país que buscaba ese desarrollo.
No
tengo duda de que la Argentina debe salir del proceso de primarización al que
nos está llevando la macroeconomía. Cada vez es más difícil exportar y más
fácil importar. En este contexto es muy poco lo que puede hacer una pyme para
compensar los desequilibrios que le genera la macroeconomía.
¿Cuál
fue nuestra experiencia? Siempre pendular: de no tener nada pasamos a tener una
ley que no se aplicaba. Lo último que tenemos presente en materia de desarrollo
de proveedores locales es de la época de las privatizaciones, porque ese
proceso se inició con la promesa de que iban a traer inversiones. La verdad es
que lo único que trajo fueron proveedores. La Argentina hacía medidores
eléctricos y dejó de hacerlos; hacía cables conductores de cobre y dejó de
hacerlos; hacía teléfonos y dejó de hacerlos. Siempre había una excusa, porque
no existía una decisión política en contrario. Nos decían que no se llegaba a
tiempo o que la industria local no estaba en carrera como para abastecer las
necesidades que existían. Así, Aguas de Francia llegó a importar las tapas de
tormenta desde su país de origen con el argumento de que las que se hacían en
la Argentina eran pesadas.
Por
supuesto que detrás de eso existían otros negocios, como el de los precios de
transferencia, que dejaba la rentabilidad en cabeza de otros y desarrollaba los
proveedores internacionales.
Por
estas razones, apoyamos el proyecto en tratamiento. Tenemos algunas disidencias
parciales que esperamos que sean tenidas en cuenta durante el tratamiento en
particular. Más allá de eso, rescato la decisión política. El mejor proyecto no
serviría de nada si no existiera la decisión política de llevarlo adelante.
Recordemos que en cierta época de la Argentina se sancionó una ley que permitía
la adquisición de plantas llave en mano porque se creía que eso podía acelerar
determinados procesos de desarrollo. ¿En qué terminó? Se importó hasta el
alambrado de las fábricas. Bajo ese régimen se construyeron hoteles y se
trajeron hasta los muebles. Como podemos ver, los dos extremos son complicados.
Espero
que haya una decisión política, pero también debemos entender que una
macroeconomía al servicio del desarrollo nacional no tiene nada que ver con las
medidas que hoy impulsa el Banco Central.
Tal
como lo señalaron varios de los diputados preopinantes, esta Cámara ha
trabajado unida en torno a estos temas. La aprobación de la ley de autopartes y
de bienes para las maquinarias agrícolas no solo contó con el apoyo de todos
los sectores que integran esta Honorable Cámara sino también con el aval de los
trabajadores del SMATA y de la UOM, que ese día estaban en la calle, en la
puerta del Congreso, saludando la sanción de la norma.
Reitero
que apoyamos el proyecto, aunque vamos a plantear nuestras disidencias
parciales. Festejamos que hayamos vuelto a trabajar en este Congreso como lo
hicimos en 2016. Pero también es necesario tomar la decisión política que
defina cómo vamos a complementar la urgencia de determinadas iniciativas con el
ritmo al que podrán abastecerlas los proveedores locales. Esto no es todo o nada.
Lo que hay que hacer –creo que el Ministerio de Producción lo está
implementando, porque es el secreto para que la ley resulte efectiva- es
compatibilizar los dos extremos: la necesidad del proyecto y el ritmo al que
las empresas locales lo pueden generar. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Salta.
Sr.
Kosiner.- Señora presidenta: creo que el diputado
Ziliotto fue muy claro al fijar la posición de nuestro bloque sobre la
propuesta contenida en el dictamen de mayoría.
Para
quienes integramos el bloque Justicialista es muy importante la discusión de
este proyecto. También queremos destacar la predisposición de los diferentes
sectores para seguir instalando una problemática que es central en la
Argentina. Me refiero a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
en el marco de una economía que no termina de generar las condiciones
necesarias para un desarrollo integral y más equitativo, a pesar de que
hablamos del sector que crea la mayor cantidad de fuentes de trabajo de nuestro
país.
En
ese marco destacamos el hecho de que desde el año pasado esta Cámara se haya
involucrado en el análisis de diferentes herramientas, como las de la ley de
pymes, la de emprendedores y ahora la de compre nacional. Cabe destacar que en
el curso de esta sesión vamos a debatir una herramienta que fue impulsada por
nuestro bloque. Es la norma que crea el mapa federal de pymes, cuyo objetivo es
que las políticas se empiecen a diseñar en función de los datos que surjan de
relevamientos concretos. Es necesario que en la Argentina empecemos a medir de
una vez por todas cuál es el impacto que tienen las políticas públicas. A veces
diseñamos y sancionamos leyes y después no se hace la medición de su impacto
sobre la realidad, de si se ha dado cumplimiento a la finalidad que
originalmente se ha buscado. Por eso creo que el mapa federal pyme permitirá
que el año que viene y de manera periódica, a través de la tarea conjunta entre
el gobierno nacional, el INDEC y las direcciones de Estadística provinciales,
podamos medir si todas estas herramientas que hemos diseñado y aprobado están
generando el impacto buscado.
También
hemos discutido el proyecto de ley de financiamiento productivo, con un
capítulo específico dedicado a las pymes.
Dentro
del proyecto de ley que estamos debatiendo, para nosotros era medular el
artículo 4°, que a nuestro criterio responde a una visión estratégica que hemos
querido incorporar desde nuestro bloque. Me refiero al concepto de reserva de
mercado. Debemos destacar que esto no estaba contemplado en el proyecto enviado
por el Poder Ejecutivo y hemos podido consensuar su incorporación a partir del
trabajo con el resto de los bloques.
Digo
esto porque en la comparación internacional, cuando se busca fomentar una
actividad a través de sectores se utilizan las denominadas herramientas de
falla de mercado o aquellas que tienen preferencia.
En
este caso, claramente la reserva de mercado no implica quitar una barrera legal
o administrativa, que a veces se utiliza en lo que se denomina tradicionalmente
falla de mercado, sino que responde al criterio de preferencia. Así, este
artículo 4° envía una señal muy clara. Separamos cierto aspecto del mercado
público exclusivamente para la pequeña y mediana empresa, ya sea a través de
contrataciones que hace el Estado o de la construcción de obra pública.
El
mensaje es muy claro y contundente. Decimos que para las compras o
contrataciones que realice el Estado nacional y vayan hasta 1.300 módulos habrá
reserva de mercado solo para la pequeña y mediana empresa. También en el caso
de la obra pública para vivienda o edificios públicos, hasta los 100.000
módulos –que equivalen a 100 millones de pesos‑ será zona de reserva
exclusiva para las pymes.
Debemos
tener en cuenta el efecto que buscamos con esta reserva de mercado, que es un
dato novedoso que incorpora este proyecto de ley de compre nacional, que no
implica solamente acomodar la situación de las pymes sino garantizar su
progreso como una herramienta de protección y desarrollo de las economías
regionales o de aquellas que están más ligadas al movimiento cotidiano. De esta
forma evitamos que grandes empresas se adueñen de las licitaciones que pueden
permitir el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, tanto en las compras
como también en las construcciones. Ha habido convocatorias a licitaciones de
obras que se hacen entre dos o tres provincias, que se terminan adjudicando a
empresas a nivel nacional que de a poco van vulnerando el desarrollo de la
pequeña y mediana empresa local. Por ello queríamos resaltar el valor que
significa haber incorporado el criterio de reserva de mercado para las pymes
dentro del artículo 4° de este proyecto de ley.
Asimismo,
queremos plantear algunas cuestiones que nos preocupan. Así como destacamos el
fuerte consenso que va encontrando en este Congreso la política vinculada con
el desarrollo de las pymes, por lo menos en las herramientas, también debemos
ser muy claros y contundentes al decir –como recién señalaba el diputado De
Mendiguren‑ que son herramientas que serán más o menos exitosas según las
condiciones de la macroeconomía.
Podemos
diseñar la mejor de las herramientas o lograr el mayor de los consensos, pero
si en la República Argentina no cambian algunas cuestiones estructurales, el
tiempo necesario para que estas leyes tengan éxito seguramente será mayor.
Todavía
subsisten condiciones que claramente no juegan a favor del desarrollo de la
pequeña y mediana empresa en la Argentina; una de ellas es la inflación.
Sabemos que cualquier organización vinculada con las pymes está diciendo que la
inflación en la Argentina todavía es alta, que la caída del consumo no termina
de recuperarse.
La
inflación promedio interanual este año llegará a no menos del 22 o 23 por
ciento. A esto debemos sumar que el aumento de los costos internos, como las
tarifas, determinó una caída del 1,4 por ciento interanual de la producción
pyme. Esto demuestra las grandes dificultades que todavía debe atravesar el
sector. Es necesario que tengamos tarifas diferenciales para pymes,
fundamentalmente en áreas de frontera.
Si
hablamos del uso de la capacidad instalada, en el caso de la industria
automotriz tenemos que hablar de un 55 por ciento. Si tenemos en cuenta el
nivel general de la actividad pyme como uso de capacidad instalada, estamos en
alrededor de un 68 por ciento. Todavía hay mucha capacidad ociosa que podría
ser usada para la producción de la pequeña y mediana empresa en la Argentina.
En
cuanto a la venta minorista, hasta septiembre el acumulado anual observaba una
caída del 2,3 por ciento.
Estas
cuestiones –inflación, caída del consumo, capacidad instalada subutilizada,
falta de políticas diferenciales‑ determinan que estas herramientas no
tengan mayor nivel de operatividad.
Quiero
detenerme en otro aspecto. El año pasado por consenso aprobamos la ley de
pymes. Hemos pedido al ministro de Producción y a la totalidad del equipo
económico que reglamentaran el artículo 10 de la ley de pymes, que es el que
establece las facultades del Poder Ejecutivo nacional de fijar políticas
diferenciales compensatorias en materia tributaria para las economías de áreas
de frontera. Para ello se pueden utilizar muchas herramientas.
Los
otros días lo hablábamos con el ministro Dujovne junto con otros diputados de
distintos bloques, cuando le planteábamos la necesidad de fijar aportes
patronales diferenciales en cuanto a su compensación o políticas tributarias
diferenciales en áreas de frontera. El ministro nos decía que no discutían la
competitividad de las pymes o las economías regionales en políticas tributarias
sino en infraestructura.
Entonces,
le decía que estábamos complicados porque, si es así, nuestras economías
regionales deberán esperar veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años más para
que se puedan hacer todas las obras de infraestructura necesarias para darles
competitividad. Es ahora la oportunidad, a partir de los instrumentos que
estamos aprobando, para fijar esas políticas diferenciales en materia de
competitividad y de desarrollo.
En
definitiva, destaco el consenso alcanzado nuevamente en una herramienta en
favor de la pequeña y mediana empresa en la Argentina. Este ha sido uno de los
temas en los que más consenso se ha logrado en el Congreso, junto con la ley de
pymes, la ley de emprendedores, compre nacional y mapa federal de pymes, pero
necesitamos avanzar en destrabar cuestiones de la macroeconomía que pueden
hacer que estas herramientas sean aún mejores y permitan mayor productividad. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Fe.
Sra.
Ciciliani.- Señora presidenta: acompañaremos el
dictamen de mayoría que ha sido trabajado arduamente en las comisiones por los
distintos bloques. Quiero destacar el trabajo que el señor diputado Ziliotto
viene haciendo desde hace tiempo en la Presidencia de la Comisión de Obras
Públicas, donde ha tenido este tema en agenda durante todo el año.
Finalmente,
hoy llegamos a un consenso. Nosotros queremos destacar que estamos muy
consustanciados con el desarrollo de proveedores. El Estado tiene un rol muy
trascendente en este sentido, es decir, para desarrollar proveedores en
pequeñas y medianas empresas que garanticen la mejora de su productividad y de
su competitividad.
Por
cierto, esta mejora de la productividad y de la competitividad no estará dada
solamente por el hecho de que preveamos una reserva de mercado o jerarquicemos
a estas empresas en cuanto a sus condiciones de contratación. En cambio, ese
aspecto tiene que ver con un sistema de distintas legislaciones y contextos y,
sobre todo, como decía el señor diputado preopinante, con una macroeconomía
estable.
En
efecto, no puede haber desarrollo competitivo de pymes ni productividad en las
empresas con una inflación del 20 por ciento, con inestabilidad en el tipo de
cambio, con un sistema financiero que tenga esta rentabilidad en las tasas de
interés y donde el acceso al crédito esté vedado.
Esto
no puede ser una discusión ideológica. La estabilidad macroeconómica la tenemos
que trabajar desde la totalidad de los sectores políticos. La gran discusión es
quién paga los costos de esa estabilidad macroeconómica; obviamente, no lo
tienen que hacer ni los trabajadores ni los sectores productivos que están
alrededor de estas micro, pequeñas y medianas empresas, de las que hoy tanto
hemos hablado a lo largo de esta tarde en el tratamiento de distintos proyectos
de ley.
Para
poder brindar un servicio eficiente a cualquier nivel del Estado, esas pequeñas
y medianas empresas deben tener garantizado el acceso a trabajadores que estén
formados de acuerdo con las necesidades que hoy tiene su sistema productivo.
Ese aspecto lo tiene que garantizar el Estado, primero con su sistema de
educación básica y de calidad, donde partamos de una formación básica para
todos, pero además, mediante un sistema nacional de formación profesional
basado en las tres patas: el Estado, a través de su sistema de formación
técnica, las universidades, y también los empresarios y trabajadores; en este
último caso, por medio de sus organizaciones gremiales, para que puedan acercar
ese mundo de la formación profesional al mundo productivo.
Esas
condiciones las tenemos que ver en una relación sistémica. Lo que aquí estamos
votando, y lo que hemos aprobado durante toda esta tarde, son instrumentos que
serán eficientes cuando tengamos un sistema basado en la competitividad, en la
productividad y en la inclusión de los trabajadores y de las pequeñas y
medianas empresas a lo largo y a lo ancho del país.
En
este sentido, el Estado tiene un rol preponderante. Por eso acompañaremos con
nuestro voto este proyecto de ley por el que se da prioridad al compre
nacional, a las pequeñas y medianas empresas y al desarrollo de proveedores en
las cadenas de valor, que son muchas, y que como bien dijeron aquí varios
señores diputados, tenemos que verlas en los territorios y en las economías
regionales. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santiago del Estero.
Sra.
Pastoriza.- Señora presidenta: en su génesis,
esta iniciativa buscaba incrementar los porcentajes de compra de productos de
la industria nacional en las contrataciones del Estado, cuestión que ya de por
sí nos resultaba interesante. Pero además el proyecto original sufrió
enriquecedoras modificaciones: se subió el margen de preferencias y se
estableció un piso de reserva del mercado del 20 por ciento para las pymes
nacionales en licitaciones del Estado.
Estos
beneficios resultan transformadores si los pensamos en armonía con la creación
del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, ideado para dar impulso a
empresas nacionales en sectores estratégicos de nuestra economía, a los fines
de propugnar la diversificación de la matriz productiva.
Las
iniciativas de compre nacional son parte sustancial de las medidas proactivas
utilizadas por todos los países que tienen políticas industriales y
tecnológicas. Su enlace con el desarrollo de las pymes es un interesante camino
al progreso. Varios modelos exitosos de crecimiento productivo se han basado en
políticas de fortalecimiento y promoción de sus empresas de menor porte
relativo, las cuales, además de crear riqueza, son importantes generadoras de
mano de obra y permiten una distribución geográfica más equilibrada de la
producción, del uso de los recursos y de la riqueza que generan.
Permítame
aquí manifestar una preocupación que tiene mucho que ver con un crecimiento con
igualdad.
Desde
el gobierno de mi provincia, Santiago del Estero, hace muchos años que estamos
haciendo un gran esfuerzo para lograr el desarrollo local asentado en las
pymes. Sin embargo, es muy difícil revertir la fuerte asimetría que existe en
nuestro país. En el Norte argentino tenemos un sobrecosto de localización y un
déficit en el desarrollo de la infraestructura que redunda en una menor densidad
empresarial. Su radicación refleja la desigualdad que aqueja al país. Por
ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires existen cuarenta y cuatro empresas cada
mil habitantes, mientras que en el NOA solo tenemos nueve.
La
creación y el fortalecimiento del tejido empresario en nuestras provincias son
aspectos vitales, ya que favorecen el desempeño de las economías regionales,
contribuyen al crecimiento económico local, generan innovación y fortalecen el
empleo de la mano de obra local.
Si
el camino es crecer en densidad, necesitamos dos instrumentos: por un lado, una
legislación proactiva como la que estamos tratando y, por el otro, una fuerte
inversión del Estado en conectividad y en desarrollo tecnológico de las zonas
que se ven perjudicadas por las asimetrías de nuestro país.
Señora
presidenta: acompañamos el dictamen de mayoría porque creemos firmemente en el
rol estratégico de las pymes en cuanto a la generación de empleo. Son ellas las
encargadas de motorizar el desarrollo, las que sufren las crisis más profundas
y renacen para ponerle el hombro al país. Su protección es vital, y su impulso,
necesario. Esta debe ser nuestra tarea como funcionarios públicos.
Estamos
convencidos de que es el Estado el que crea las condiciones necesarias para la
inclusión social, el desarrollo científico y tecnológico y la apertura de
espacios de rentabilidad que movilicen las capacidades de innovación y creación
de riqueza. Es tiempo de crecer, de vencer las asimetrías territoriales e
integrar al país. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Santiago del Estero.
Sr.
Juárez.- Señora presidenta: el proyecto de ley en
tratamiento, que se ha dado en llamar de compre argentino, tiene por objeto
establecer una serie de prerrogativas en favor de la industria nacional. Es el
resultado del trabajo y el esfuerzo compartido por todos los bloques de esta
Cámara y constituirá ‑Dios mediante‑ uno de los pilares de
desarrollo para las empresas de nuestro país, sobre todo para las pymes.
Lo
que se ha priorizado con esta norma no solo es asegurar la adquisición por
parte del Estado de bienes de calidad y la transparencia en la contratación,
sino también el estímulo a la participación de las pequeñas y medianas empresas
nacionales, en franca competencia con grandes empresas locales y cuanto más con
empresas internacionales.
Tengamos
en cuenta que el Estado invierte un 5 por ciento del producto bruto interno en
compras del Estado y que si el año próximo este porcentaje creciera sería un
verdadero estímulo a la industria nacional. Es por ello que se decidió otorgar
preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional cuando para idénticas o
similares prestaciones en caso de pago de contado el precio sea igual o
inferior al de bienes que no sean de origen nacional, incrementados en un 15
por ciento si la oferta fuere efectuada por micro o pequeñas y medianas
empresas, entre las que también se incluye a las cooperativas que se encuentran
inscriptas en el INAES, y en un 8 por ciento para el resto de las empresas.
Para el caso de bienes que no sean de origen nacional se otorgará un margen de
preferencia del uno por ciento cada 5 puntos porcentuales de integración local
sobre el valor bruto de producción de los bienes alcanzados hasta un margen de preferencia
máximo del 8 por ciento, conforme a los criterios de cálculo que establezca la
autoridad de aplicación.
Se
ha debatido y se ha incorporado, además, un artículo por el cual la Comisión
Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público‑Privada,
creada por el artículo 30 de la ley 27.328, tendrá la función de verificar el
cumplimiento de las obligaciones y requisitos de la ley por parte de los
sujetos obligados; en particular, la efectiva participación de la producción
nacional.
Es
decir que en líneas generales se ha logrado el objetivo propuesto, sobre todo
por los empresarios locales, de consensuar un proyecto que propende a reactivar
la producción local con un mayor margen de preferencia que el que existía a la
fecha. Esto traerá aparejado más fuentes de trabajo para nuestro pueblo, que ha
tenido que soportar tarifazos y ajustes en un tiempo en que el trabajo no ha
crecido como para paliar los efectos de aquéllos.
Por
lo expuesto, desde el Frente Cívico por Santiago celebramos las modificaciones
y el consenso logrado por los distintos bloques y esperamos que la sanción del
presente proyecto de ley signifique un importante impulso a la industria
nacional y que beneficie la demanda laboral de nuestros compatriotas,
especialmente de los sectores con menores incentivos.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora
diputada por Río Negro.
Sra.
Horne.- Señora presidenta: en verdad cuesta un
poco distinguir la dimensión que tiene este proyecto, que lleva un título
atractivo porque se supone que alentará las actividades productivas por encima
de las meramente mercantiles, y sobre todo por encima de la actividad
financiera.
Como
dije, cuesta distinguir si es solo un gesto. Estamos viendo cómo las economías
regionales están pasando por una situación verdaderamente difícil ante una
política macroeconómica que no alienta la producción sino todo lo contrario,
porque ha dificultado mucho la posibilidad de producir y obtener un precio
justo por ese producto y la posibilidad de afrontar tarifas que son
verdaderamente desproporcionadas. Todo esto, además, frente a una irrestricta
importación, pues se han liberado los cupos de importación de los productos
regionales que estamos produciendo.
Por
eso digo que cuesta distinguir si esto es solo un gesto o si realmente va a
existir la voluntad política de impulsar este compre nacional que es tan
atractivo y que seguramente muchos hemos impulsado también en nuestras
provincias, con distintos resultados.
Reconociendo
que las políticas anteriores tampoco han sido verdaderamente efectivas, también
nos preguntamos de qué manera podemos abarcar a los sectores que hoy decimos
querer contemplar o incluir. Justamente hoy, mientras nosotros estábamos en
esta sesión, hubo una importante movilización de agricultores familiares,
horticultores, productores y campesinos de todo el país que han venido a
reclamar al Ministerio de Agroindustria de la Nación ser tenidos en cuenta.
Vinieron a reclamar un espacio de desarrollo y que su subsistencia no sea
imposible en este marco macroeconómico.
Por
eso, cuando se planteó la posibilidad de avanzar en este compre nacional nos
preocupó muchísimo que nuevamente hubiera un sector excluido. Quiero decirlo
con toda claridad: si estamos intentando favorecer al desarrollo productivo de
los sectores pequeños y medianos, ¿por qué no se incluye al sector que está
representado en la economía popular?
Concretamente,
queremos proponer una modificación: que además del sector cooperativo que está
registrado en el INAES se pueda incorporar también al sector de la economía
popular que hoy tiene su propio registro; es decir, que las unidades
productivas de la economía popular también sean beneficiadas en la preferencia
cuando se trate de adquirir bienes y servicios por parte del Estado. Me estoy
refiriendo no solamente a los agricultores familiares, horticultores,
productores y campesinos sino también a los ladrilleros y recicladores
ambientales, que hoy también han estado en la puerta del Congreso para
entregarnos distintos proyectos de ley.
Sería
una manera de mostrar voluntad política pasar del gesto de sancionar una ley
que tiene un bello nombre a un hecho proactivo e incluir verdaderamente a un
sector que sabemos que además, en la transformación tecnológica que ha habido
en los últimos años en el mundo y en la Argentina, no va a poder reingresar
nuevamente al mercado del trabajo formal.
Concretamente,
estamos proponiendo una modificación al artículo 2°, cuya redacción
presentaremos al momento de la discusión en particular, para que no sea
invisibilizado por este Congreso un sector que representa cuantitativamente a
la mayoría de los argentinos, aunque económicamente no sea tan poderoso como el
sector empresario representado en esta iniciativa.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
González Seligra.- Señora presidenta: considerar
que este proyecto de ley de compre argentino beneficiará a los sectores más
vulnerables de la economía y constituirá un aporte al desarrollo de la
industria nacional en favor de las demandas de los sectores populares es una
impostura de un gobierno que este mes pagó un 88 por ciento más de intereses de
la deuda externa, si lo comparamos con el mismo mes del año pasado.
Como
fue mencionado en este recinto, se trata de un gobierno que mantiene acuerdos
con China para la entrada de los ferrocarriles y la construcción de la
respectiva obra pública.
De
acuerdo con los datos ofrecidos por el INDEC, de las 500 empresas más grandes
del país, 311 son extranjeras y concentran el 75 por ciento de la facturación.
Este
gobierno apaleó la producción nacional y todos los aportes destinados a ella.
Me refiero específicamente a los despidos en Atucha, los ataques a Vialidad
Nacional denunciados ayer en esta Cámara, los ataques a los becarios del
Conicet, y los despidos en el INTA, el INTI, etcétera. Es una impostura del
gobierno acompañar este proyecto de ley y considerar que el 50 por ciento de
los productos nacionales son privilegiados con la obra pública, siendo el
gobierno, Macri, IECSA y sus amigos, los principales interesados en conquistar
esas licitaciones.
La
verdadera preferencia de Cambiemos y de Macri es la entrega del país al capital
imperialista. Esto fue mostrado durante los últimos días en Nueva York, con un
gobierno fanatizado por los inversores externos que nunca llegaron.
Se
habló de grandes reformas que aún no fueron implementadas debido a la
resistencia del conjunto de los trabajadores que no quiere ver doblegados sus
derechos laborales ante la avanzada del Estado y de los capitales privados.
La
verdadera preferencia de Macri y de Cambiemos son los Benetton, los Lewis y
Vaca Muerta.
Apostamos
al fortalecimiento de quienes verdaderamente pelean, ponen el cuerpo y
reconquistan la producción en función de los intereses de las grandes mayorías
integradas por los trabajadores que siempre reaccionaron para recuperar sus
empresas. El Estado solamente debería privilegiar a esos sectores.
Es
rara la clasificación de las pymes. Se trata de un camuflaje a unidades
productivas no tan pequeñas, que incluso integran el gran capital. Por ejemplo,
me refiero a las autopartistas Lear y Gestamp, que aparecen clasificadas como
pequeñas o medianas empresas, pero que realmente son filiales o firmas asociadas
a grandes multinacionales.
¿Quién
puede creer que Techint, el principal promotor de la Fundación Observatorio
Pyme, representa un sector vulnerable de la economía? Es bastante extraña la
clasificación del Ministerio de Producción al reconocer como pymes a aquellas
empresas o industrias que facturan 760 millones de pesos anuales.
Sobre
el tema en discusión, presentamos un proyecto con el fin de que el Estado
privilegie en el ámbito nacional, provincial y municipal a las empresas y
fábricas recuperadas. Tenemos el caso de Madygraf, ex Donnelley, que dejó a los
trabajadores en la calle. Mientras tanto, el presidente invita a volver a
invertir en el país a un fondo buitre como BlackRock.
También
conocemos el caso de la ex Zanon, hoy Fasinpat, empresa fabricante de
cerámicos, cuyo producto tranquilamente podría participar del régimen de compre
privilegiado con el fin de destinarlo a la vivienda popular.
Asimismo,
a pocas cuadras tenemos amenazado de cierre al hotel Bauen, cuya situación el
Estado podría privilegiar.
El
reclamo de los trabajadores data de varios años y el Estado debería
privilegiarlo. Sin embargo, como vemos en la redacción de este proyecto de ley,
no es el punto elegido. Las reformas que plantea el gobierno atacan al conjunto
de los trabajadores, despreciando sobre todo a los pasivos y los futuros
jubilados, condenándolos a vivir en la miseria durante los próximos años.
Consideramos que esta iniciativa no aporta al desarrollo de la industria
nacional, no beneficia a esos sectores, ni a las demandas populares.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por La Pampa.
Sr.
Torroba.- Señora presidenta: el miembro
informante y los distintos bloques que apoyan la norma en tratamiento hablaron
del avance y de las bondades de este instrumento legislativo. Esta norma es
fruto de consensuar y conjugar la diversidad. Además, está demostrando que los
consensos son posibles y este es el camino a transitar para resolver los
complejos problemas que la Argentina tiene por delante.
Quiero
resaltar el trabajo realizado en comisión, cuyas autoridades impusieron una
impronta de apertura y diálogo para que el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo nacional sea sustancialmente perfeccionado.
Los
integrantes de las comisiones plantearon que la ley anterior era buena, pero no
se aplicó ni funcionó. Diría que se trató de un buen instrumento legislativo
sin voluntad política de aplicación.
A
partir de la experiencia de la ley vigente, es muy importante que conjuguemos
la voluntad política con el seguimiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
¡Bienvenido el seguimiento de la comisión bicameral contemplado en la presente
ley!
Se
ha dicho con razón que se trata de una iniciativa con un sesgo pyme, aunque
también tiene un sesgo federal que sin duda puede contribuir a poner en
funcionamiento las economías regionales siempre castigadas en el país.
El
Estado gasta aproximadamente el 15 por ciento del PBI, es decir, 500.000
millones de pesos. Esta es una buena herramienta de política económica para
generar empleo, recaudar y poner en funcionamiento las economías regionales.
Señora
presidenta: no todo depende del seguimiento y la voluntad política, sino
también de que la situación macroeconómica contribuya a aplicar este valioso
instrumento legislativo que estamos considerando.
Para
finalizar, reivindico el trabajo del Congreso para conciliar la diversidad en
beneficio de la economía argentina. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Santiago del Estero.
Sr.
Oliva.- Señor presidente: como adelantaron mis
colegas de bloque, vamos a acompañar en general este proyecto porque entendemos
que, sin dudas, representa un avance sustancial en el esquema actual en materia
de legislación del compre argentino.
Seguramente
este proyecto no sintetizará todas las aspiraciones de los diferentes bloques
parlamentarios. Esto es así, tal como ha ocurrido muchas veces. Pero no tenemos
la menor duda de que representará un avance, sin perjuicio de algunas modificaciones
que se le puedan introducir en el futuro, mecanismos a los cuales estamos
acostumbrados en este Congreso.
No
voy a detenerme en el análisis en particular de esta iniciativa porque ya lo
han hecho muchos colegas, inclusive miembros de mi bloque. Lo que sí quisiera
es, a modo de aporte, dar una visión general de la problemática del sector de
las pymes en nuestro país, que no data de hace uno, dos o cinco años, sino que
ya es un problema estructural que lleva muchas décadas, para cuya resolución
debemos adoptar medidas conducentes.
En
mi opinión, este proyecto de ley va en esa dirección, lo cual me parece que es
un motivo para ponernos contentos, al menos por hoy. También van en ese camino
algunas medidas del proyecto de ley de financiamiento productivo que acabamos
de sancionar, a partir del cual se crean instrumentos financieros para que las
pequeñas y medianas empresas puedan insertarse en un mundo al cual hoy, por
diferentes circunstancias, no tienen acceso y a partir de lo cual están perdiendo
muchas oportunidades de financiamiento.
Recordemos
que el año pasado esta Cámara sancionó una norma muy importante: la ley de
promoción de las pymes. En este sentido, deseo recordar algunos puntos muy
relevantes, muchos de los cuales lamentablemente no se están aplicando. Por
ejemplo, dicha ley preveía la exclusión del impuesto a la ganancia mínima
presunta a las pymes, un elemento que ha sido reclamado por ese sector desde
hace mucho tiempo.
También
contemplaba la posibilidad de computar como pago a cuenta del impuesto a las
ganancias el ciento por ciento del impuesto al cheque. Asimismo, se instruía a
la AFIP a implementar un sistema simplificado de liquidación de impuestos y se
preveía la posibilidad de tomar una parte de las inversiones a cuenta del
impuesto a las ganancias. También contemplaba la implementación de programas
tendientes a compensar los desequilibrios provocados por razones de
competitividad con países limítrofes, por la diferenciación en la presión
impositiva de esos países limítrofes. Se generaba también ese tipo de problemas
por la diferencia en el tipo de cambio entre los distintos países a los que
pertenecen esas empresas.
Por
otra parte, se creaba un régimen de fomento de inversiones para micro, pequeñas
y medianas empresas y se instruía al área de Ciencia y Tecnología para aumentar
la asistencia para incorporar tecnología y fomentar el desarrollo tecnológico.
Todo
esto tiene que ver con el desafío permanente de generar las condiciones
necesarias para que las empresas sean cada vez más competitivas, no solo en el
mercado interno, sino a su vez con las posibilidades de exportar ya sean bienes
o servicios. Esto lo hacen muchos países que han logrado este tipo de
tecnología incorporada. Italia es uno de los países que se destaca en este
ámbito por la enorme capacidad de internacionalización que tienen sus empresas,
aun las pequeñas, por la permanente relación y por la asombrosa fluidez.
En
definitiva, estos son los objetivos que nos debemos trazar.
Dicho
esto, y reconociendo todas estas medidas que se han ido adoptando, creo que hay
otras que debemos anotar en el debe, ya que son cuentas pendientes. Una de las
más importantes creo que sigue siendo aquella de las asimetrías regionales.
Continúa siendo muy dificultoso para las empresas del interior poder competir,
incluso, entre las propias pymes, no solo entre una pyme y una gran empresa. Es
imposible para una empresa del norte competir con una del Gran Buenos Aires,
cuyos productos deben salir por el puerto.
No
voy a ahondar en esto porque todos conocemos a la perfección esta problemática,
pero me parece que el clima que se ha ido generando en estos últimos tiempos
determina que exista un ámbito propicio para que abordemos con plenitud y
profundidad esta cuestión a fin de alentar como corresponde a este sector, que
es el más generador de mano de obra genuina para todos los argentinos y que
está absolutamente alejado de la especulación financiera.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora
diputada por Córdoba.
Sra.
Carrizo (M.S.).- Señora presidenta: vengo a
adelantar mi voto positivo, acompañando con beneplácito la mayoría de las
manifestaciones que se han dicho en esta Cámara.
Vemos
que se ha realizado una gran tarea a partir de una propuesta del Poder
Ejecutivo de trabajar en conjunto y buscar las coincidencias en un proyecto que
hoy se muestra superador y enriquecido.
Para
conocer la importancia del proyecto que hoy vamos a sancionar, que denominamos
Régimen de Compre Argentino, debemos entender cuál es la voluntad política de
este gobierno ‑en comparación con los doce años del gobierno anterior‑,
que viene a terminar y cambiar algunas cuestiones.
Anteriormente
estuvimos asentados sobre un modelo económico donde había un Estado
omnipresente. Esto lo podíamos medir por la gran participación del sector
público en el PBI y, sobre todo, de una manera indirecta a través de la gran
regulación que sufría el sector privado, llegando a cuestiones escandalosas,
como por ejemplo lograr contrataciones discrecionales si se era amigo del
poder. A esto se debía sumar la alta presión tributaria.
Efectivamente,
todo esto estaba bajo un relato en el que se decía que se protegía la industria
nacional y el empleo. Sin embargo, nada de eso sucedió. Al contrario, era un
modelo asentado en el consumo gracias a la maquinita de emisión monetaria.
Asimismo, se desfinanciaba la ANSES con un atraso tarifario. Hoy, después de
esos doce años, podemos ver el resultado de esas políticas. Sobre todo, se
bancaba dicho consumo mediante una afectación de las exportaciones.
Increíblemente, con las tasas de crecimiento que la Argentina tuvo no se supo
invertir como correspondía. El sector privado no era tenido en cuenta como el
sector que movilizaba la economía.
Después,
en el año 2015, la Argentina decidió dar una nueva oportunidad. El pueblo
comprendió que no podíamos sostener un Estado macrocefálico. En efecto, no
podemos tener un Estado con un déficit increíble, que no se puede financiar.
Este
gobierno nacional pone la mirada en el sector privado, que es el que debe
generar la movilidad económica, pero también crear empleo genuino para que
nuestro país logre un crecimiento sustentable en el tiempo.
Esto
que hoy venimos a aprobar es una herramienta más dentro de un marco integral
que se viene trabajando gradualmente, como seguramente vamos a estar
discutiendo la reforma tributaria, como hemos aprobado la ley de pymes y la ley
de maquinarias agrícolas, buscando efectivamente la protección de la industria
argentina, pero sobre todo dándole un poder de competitividad a nivel de otros
países de la región.
Por
eso realmente destaco el consenso que hemos podido ver en cada una de las
comisiones, y debemos poner de manifiesto las consecuencias positivas que este
régimen de compre argentino va a traer. En primer lugar, va a cuidar el mercado
laboral y el mercado local a través de lo que llamamos la universalidad,
creando el mercado de proveedores, que realmente va a traer transparencia y va
a evitar la discrecionalidad política de una vez por todas. Por supuesto,
también va a mejorar la recaudación impositiva y, de esta manera, vamos a estar
fortaleciendo al Estado.
El
derecho comparado muestra que en muchos países en donde se ha aplicado esta
norma, efectivamente, ha tenido resultados positivos, y hoy se estima que en la
Argentina se pueden estar creando, si el Estado logra suplantar el 50 por
ciento de sus contrataciones, doscientos mil puestos de trabajo efectivos en la
industria nacional.
Por
eso apoyo con beneplácito este proyecto de compre argentino, que seguramente
tendrá el consenso de la mayoría, porque creemos fervientemente que es una
herramienta más que da continuidad a esta voluntad política de dar al sector
privado la competitividad que necesita nuestra Argentina.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santiago del Estero.
Sra.
Abdala de Matarazzo.- Señora presidenta: el
proyecto que estamos debatiendo en esta sesión es de gran importancia para el
fortalecimiento de la industria nacional y la protección y generación del pleno
empleo.
Si
bien existe una ley de compre nacional en plena vigencia, la misma no ha podido
ordenar ni orientar su objetivo en beneficio directo de la producción
argentina.
Cuando
hablamos de beneficio no solo nos referimos a la preferencia al momento de una
licitación pública, sino que principalmente nuestro objetivo como legisladores
es garantizar el crecimiento de nuestras empresas, muchas de ellas pymes,
mejorar su nivel de tecnología, que redunda en la calidad de sus productos, y
fundamentalmente contribuir a su expansión, lo que redunda en más empleo
genuino y de calidad.
Por
ello el proyecto que estamos debatiendo tiene gran relevancia para potenciar al
sector productivo, ya que entre otras cuestiones pretende mejorar los sistemas
de información de las licitaciones públicas, estableciendo criterios claros en
las formas de compras y adquisiciones de los distintos ministerios y organismos
del Estado, teniendo principalmente en cuenta la producción local de cada jurisdicción.
También
busca fortalecer a los proveedores locales, principalmente a sectores en
constante desarrollo, como el tecnológico; crear un registro de empresas
proveedoras del Estado y el programa nacional de desarrollo de proveedores
locales; propender a la integración de empresas locales con extranjeras con el
fin de generar un salto cualitativo en los niveles de producción. Además,
incentivar el desarrollo y la creación de pymes.
Si
hacemos un análisis del derecho comparado, veremos que países como México,
Estados Unidos y Brasil poseen un sistema de protección no solo para su
industria nacional, sino para sus empresas de servicios, en donde la prioridad
de las empresas nacionales es indispensable para el desarrollo de la industria
local.
Las
preferencias se dan en la producción, en la composición de los productos y en
las licitaciones públicas, en donde las empresas nacionales corren con ventaja.
La
Argentina debe apostar al crecimiento sostenido de la obra pública, a la
inversión tecnológica y al desarrollo de la matriz energética, entre otras
metas de la macroeconomía, y la mejor forma de concretarlo es a través de
empresas de capital nacional.
Como
referencia, y a pesar de las dificultades, quiero comentarles que Santiago del
Estero, mi provincia, cuenta con parques y zonas industriales exclusivas en
distintas localidades de la provincia, y que hay industrias radicadas y en
plena expansión que proveen materiales para la construcción. Tenemos la
industria metalmecánica, forestal, textil y también de producción de
biocombustibles. Además, tenemos una interesante ley de promoción industrial,
que tiene diversos objetivos.
Este
proyecto que establece mejoras sustanciales en el régimen de compre nacional
debe ser visto como una fuente generadora de crecimiento para las empresas, de
desarrollo laboral, de tecnificación de la industria y, en definitiva, de
consolidación y potenciación de las economías regionales.
Con
la esperanza y con la firme convicción de que este proyecto de ley contribuya a
reafirmar con justicia la preponderancia del producto argentino, vamos a
acompañar su aprobación con nuestro voto afirmativo.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Catamarca.
Sr.
Brizuela del Moral.- Señora presidenta: el proyecto
que tratamos modifica el esquema de la ley de compre argentino vigente
actualmente, y debe ser tomado en el marco de un paquete de medidas mediante
las cuales se intenta trasformar un andamiaje anquilosado que hasta ahora viene
sufriendo el país en distintas áreas.
Se
trata de aplicar medidas que afectan a distintos sectores y dotarlo de
herramientas que en forma coordinada confluyan al progreso sostenible de la
economía nacional.
Cuando
me refiero a la economía lo hago en su conjunto, desde el incentivo de las
inversiones y desarrollo de emprendimientos productivos al incremento de
fuentes de trabajo, que hará que los argentinos mejoren su calidad de vida,
bajando los índices de pobreza desde el trabajo, único medio genuino para
eliminar este flagelo.
Es
por ello que mejorar el esquema del compre argentino tiene como principal
objetivo mejorar la calidad de vida y los puestos de trabajo existentes,
generando nuevos.
Sabemos
que la obra pública es un motor fundamental de la economía por los puestos de
trabajo que genera la inversión del Estado, pero también debemos aplicar este
concepto a todas las contrataciones que hace el Estado.
-
Ocupa la Presidencia el señor
presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr.
Brizuela del Moral.- En ese marco, se debe
priorizar el trabajo argentino en el gasto que realiza el Estado.
Este
proyecto claramente mejora el esquema que se venía utilizando y que para muchos
venía fracasando en su aplicación. Es necesario apuntalar el sector industrial,
pero también al de los servicios y de las materias primas, y esta iniciativa
debe servir de plataforma para que los sectores económicos puedan
desarrollarse. Es decir, es una norma que pretende convertirse en la
herramienta que permita la participación activa del sector productivo en su
conjunto, y que sobre todo tienda a su desarrollo tecnológico.
En
Catamarca existe una ley de compre catamarqueño, pero vimos cómo la minería
importaba todos los bienes e insumos desde provincias vecinas o la Capital
Federal. Se contrataban empresas de catering de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para las comidas de los empleados de las minas; se mandaban desde Buenos
Aires enlatados, carnes, bebidas, lácteos, etcétera.
Desde
nuestro gobierno encaramos, juntamente con las empresas, la creación de un
registro de proveedores e incentivamos nuevos emprendimientos para la
producción local a fin de abastecer la demanda de este sector y otros que se
han transformado en el motor de las pequeñas economías locales.
Si
el sector privado puede generar el empuje que las economías regionales
necesitan para su despegue, mucho más puede hacerlo el sector público.
La
ley necesita un cambio, y este proyecto lo está promoviendo. Una norma de este
tipo no puede prever solamente el hecho de recibir ofertas del sector nacional,
pues esto transformó el sistema actual en meramente receptivo y formal; hecho
que devino en un fracaso. Este proyecto fija objetivos más trascendentes y
superadores.
Además,
genera un esquema de funcionamiento en base a los montos de contratación,
promoviendo una visión valiosa para el desarrollo de los sectores productivos,
sin convertirse en un obstáculo para las contrataciones del Estado.
Se
busca la mayor inclusión de los sectores productivos. Para el caso de
contratación de bienes no nacionales, esta inclusión se da con la obligación de
celebrar acuerdos de cooperación productiva entre nacionales y extranjeros. De
esta manera, se estimula la subcontratación de producción nacional.
Todo
esto no está exento de un nuevo esquema de sanciones, lo cual no es menor, pues
fracasan aquellas normas que no poseen un régimen de sanciones para quienes
abusan del sistema.
Por
todo lo expuesto, contará con el apoyo toda iniciativa que, como la presente,
se oriente al desarrollo del sector económico productivo del país, genere
mejores y nuevos puestos de trabajo, estimule el crecimiento de las empresas
nacionales e implique la posibilidad de alcanzar un mejoramiento global de la
economía nacional.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita a
los señores diputados que guarden silencio.
Tiene la palabra la señora
diputada por Mendoza.
Sra.
Balbo.- Señor presidente: expreso mi beneplácito
por la consideración de una norma que colaborará con el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, implica un involucramiento de las
economías regionales en cuanto a la provisión de sus productos al Estado.
Para
que esta iniciativa sea completa y esté alineada con las medidas que ha
adoptado el gobierno actual en pos de aumentar la paridad de género, quiero
dejar sentada una sugerencia para el momento en que se reglamente dicha norma.
En definitiva, sugiero que de la alícuota de mercado reservada para pequeñas y
medianas empresas se tome una porción, por ejemplo, el 5 por ciento, para
empresas lideradas por mujeres o aquellas cuyos directorios tengan un nivel de
igualdad.
De
esta manera, lograremos que este país se ponga al nivel de los más avanzados
del mundo, en los que las iniciativas de paridad de género, en la dirección de
las empresas, la participación de la política y de la economía hacen de la
mujer un actor totalmente activo que aporta a la economía del país.
Dejo
sentada mi posición. Si llegara a concretarse este sueño sería muy importante
para muchas mujeres que lideran empresas en nuestro país.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente
en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Obras Públicas, de
Pequeñas y Medianas Empresas y de Presupuesto y Hacienda, recaído en el
proyecto de ley por el que se establece el régimen de compre argentino y
desarrollo de proveedores (Orden del Día N° 2026).
-
Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 193
señores diputados presentes, 188 han votado por la afirmativa y 4, por la
negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 188 votos afirmativos y 4,
negativos. [8] (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en
particular.
Tiene
la palabra el señor diputado por La Pampa.
Sr.
Ziliotto.- Señor presidente: en el inciso e) del
mencionado artículo 1° habíamos consensuado un agregado en comisión, pero que
no ha sido incluido en el dictamen de mayoría.
Según
nuestra propuesta, el mencionado inciso quedaría redactado de la siguiente
manera: “La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.
(CAMMESA), exceptuando los beneficios del régimen establecido en la ley 26.190
y sus modificatorias”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: si bien acompañamos
la redacción del artículo 1°, deseo reiterar que el listado de los sujetos alcanzados, según nuestra visión, debería ser
más extenso, para considerar particularmente a las empresas con participación
estatal.
Por
ello, en nuestro dictamen de minoría, tanto en el inciso a) como en el b),
hemos planteado un mayor alcance, habida cuenta de la situación que está
generando la administración actual, que no ha mostrado vocación para hacerlo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por el señor miembro informante, se va a votar el artículo 1°.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el capítulo
II, que comprende los artículos 2°, 3° y 4°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: respecto del
artículo 2°, en lo que se refiere a bienes nacionales, habíamos propuesto una
preferencia del 25 por ciento. Concretamente, quiero plantear el caso del
complejo químico de Fabricaciones Militares en Río Tercero, donde ustedes saben
que hubo 140 despidos directos y 800 indirectos. Es un tema que preocupa tanto
a esa comunidad como a nosotros mismos.
En
este sentido, proponemos una modificación –que tenemos redactada‑ para
convertir a Fabricaciones Militares en proveedor preferencial, con el 25 por
ciento particularmente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Río Negro.
Sra.
Horne.- Señor presidente: solicitamos incorporar
en el texto del artículo 2° la preferencia también para las unidades
productivas de la economía popular registradas en el Renatrep y en el RENAF.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por La Pampa.
Sr.
Ziliotto.- Señor presidente: no es que no
compartamos el objetivo en ambos casos, pero en lo que respecta al planteo
formulado por el señor diputado Kicillof, no abordamos en comisión el tema del
margen de preferencia que se solicita, que es superior al que se está dando a
las pymes. En este caso, mantenemos el texto original del dictamen de mayoría.
En
lo que se refiere al pedido formulado por el Movimiento Evita, compartimos que
ese es un sector que hay que privilegiar y, tal como se ha dicho, se van a
presentar diversos proyectos para protegerlo y brindarle los mecanismos
necesarios para competir. Me comprometo a trabajar en una norma específica para
proteger estos sectores a fin de que obtengan un beneficio por parte de las
compras del Estado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
2°, tal como está redactado en el dictamen de mayoría.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 3° y 4°.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo
III, que comprende los artículos 5° y 6°.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
7°.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración el artículo 8°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: solamente quisiera
formular una pequeña corrección de técnica legislativa.
En
el último párrafo, que dice: “La autoridad de aplicación deberá expedirse en un
plazo no superior a los quince (15) días hábiles administrativos desde que
fuera recibido el proyecto de pliego y bases...”, hay que corregir esto último
por “...pliego de bases...”. Es decir, hay que reemplazar la “y” por “de”. El
resto del artículo queda tal como está redactado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por La Pampa.
Sr.
Ziliotto.- Corresponde hacer lugar a esa
modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
8°, con la modificación propuesta por el señor diputado Lipovetzky.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
9°.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
10.
Tiene
la palabra el señor diputado por Chubut.
Sr.
Bermejo.- Señor presidente: este artículo prevé
los acuerdos para dar cabida al suministro local. Solicitamos que en la mitad
del primer párrafo –tal como le fue señalado al miembro informante‑ se
agregue la necesidad de promover el valor agregado.
El
texto diría así: “Para los suministros que se efectúen en el marco de estos
acuerdos de cooperación, deberá promoverse el mayor componente de valor
agregado de los mismos.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por La Pampa.
Sr.
Ziliotto.- Aceptamos la modificación, señor
presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
10, con la modificación aceptada por el miembro informante.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 11 y 12.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo
VI, que comprende el artículo 13.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo
VII, que comprende los artículos 14 y 15.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo
VIII, que comprende el artículo 16.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración los
artículos 17 a 20.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
21.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipoveztky.- Señor presidente: tenemos aquí
también una corrección a fin de adaptar el texto a los términos utilizados en
la reforma del Código Civil y Comercial.
El
artículo 21 dice: “Cualquier persona, física o jurídica,...” y debería decir:
“Cualquier persona, humana o jurídica,...”. Luego sigue el texto tal cual
figura en el dictamen de mayoría.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por La Pampa.
Sr.
Ziliotto.- Aceptamos la modificación propuesta.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
21, con la modificación propuesta por el señor diputado Lipovetzky.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se vota y
aprueba el artículo 22.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
23.
Tiene
la palabra el señor diputado por La Pampa.
Sr.
Ziliotto.- Señor presidente: es solo para
modificar la primera palabra del artículo. En lugar de “Es...” debe decir
“El...”. Quedaría redactado así: “El que por informes falsos o reticentes...”.
Luego continúa el artículo tal como está redactado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Era para proponer la misma
corrección, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
23, con la corrección propuesta por el señor diputado Ziliotto.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo
X, que comprende los artículos 24 y 25.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo
XI, que comprende los artículos 26 y 27.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo
XII, que comprende los artículos 28 a 30.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
-
El artículo 30 es de forma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto
de ley.[9]
Se
comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)
Tiene
la palabra el señor diputado por San Juan.
Sr.
Gioja.- Señor presidente: llegué al recinto
cuando ya se había votado el proyecto en general. Es por ello que solicito que
conste en la versión taquigráfica mi voto afirmativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Así constará, señor
diputado.
Asimismo,
la Presidencia deja constancia del voto afirmativo de los señores diputados
Massa, Ciampini, Alejandro Snopek, Di Stefano, Villar Molina, Laspina, Borsani
e Igón.
Tiene
la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: habíamos acordado
incorporar el tratamiento de diversas iniciativas al finalizar la consideración
de este asunto.
Sr.
Presidente (Monzó).- En cuanto la Secretaría
finalice su procesamiento, las pondremos en tratamiento.
- 9 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Justicia ‑Orden del Día N° 1302‑ recaído
en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y en los proyectos de ley de los
señores diputados Mestre y otros, del señor diputado Raúl Joaquín Pérez, y del
señor diputado D’Agostino, por el que se establece el Régimen de Subrogancias
para la Justicia Nacional y Federal y se deroga la ley 27.145 (expedientes
26-P.E.-2016, 81-D.-2016, 3.425-D.-2016 y 405-D.-2017).
AQUÍ
ORDEN DEL DÍA N° 1302
RÉGIMEN
DE SUBROGANCIAS PARA LA JUSTICIA NACIONAL Y FEDERAL Y DEROGACIÓN DE LA LEY
27.145
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Mestre.- Señor presidente: vamos a tratar hoy, en
este Congreso de la Nación, un proyecto de ley muy importante para el sistema
judicial, para los auxiliares de la Justicia y para los justiciables.
En
lo que respecta al Programa Justicia 2020, elaborado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en estos dos años en la Comisión de
Justicia hemos podido avanzar sobre muchas iniciativas que casualmente tienen
como objetivo contar con una Justicia más amplia, ágil y transparente y, sobre
todo, más cercana a la gente.
Tal
como les decía recién, en algunos casos solo hemos podido avanzar en la
Comisión de Justicia, aunque en otros lo hemos hecho en conjunto con la
Comisión de Legislación Penal. Pero quiero destacar que este proyecto fue
analizado por muchísimas organizaciones, asociaciones y juristas de reconocida
trayectoria. Además, durante su tratamiento en la Comisión de Justicia tuvimos
a la vista proyectos de distintos diputados que habían presentado iniciativas
en tal sentido, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el fallo Uriarte había establecido la inconstitucionalidad de la ley
27.145.
En
consecuencia, durante el tratamiento del tema en la comisión se analizaron
proyectos de los señores diputados D´Agostino, Tonelli, Pérez y de quien les
habla. Además, recibimos a reconocidos juristas con gran trayectoria, entre los
cuales puedo nombrar al doctor Paixao, quien ha sido secretario de Justicia de
la Nación; el doctor Arslanián, juez y ex ministro de Justicia de la Nación; el
doctor García Lema, secretario letrado de la Procuración General de la Nación y
convencional constituyente en el año 1994; el doctor Szmukler y el doctor
Piedecasas, quien concurrió en esa oportunidad como presidente del Consejo de
la Magistratura.
Entonces,
no solo recibimos a estos juristas de reconocida trayectoria, sino que pudimos
trabajar en varias reuniones escuchando los aportes y las modificaciones que
plantearon distintos integrantes de la Comisión de Justicia pertenecientes a
todos los bloques legislativos.
Considero
que este proyecto de ley es absolutamente necesario y tiene como objetivo que
el modo de cubrir las vacantes transitorias de los tribunales inferiores del
Poder Judicial de la Nación sea concordante con la Constitución Nacional. Es
decir, que no sea más una facultad del Consejo de la Magistratura, que no haya
discrecionalidad, que se despoliticen estas designaciones transitorias y que
vuelvan la institucionalidad, la independencia de los poderes y el sistema de
pesos y contrapesos que nos dice nuestra Constitución Nacional que debemos
tener para contar con una democracia fuerte y vigorosa, como esperamos todos
los aquí presentes.
Quiero
relatar brevemente por qué hemos llegado al fallo Uriarte de la Corte, que
declara inconstitucional la ley 27.145. Cuando se dictó la ley 25.876, que
incorporó el inciso 15 del artículo 7°, que a su vez modificó la ley 24.937, se
le dio una facultad al Consejo de la Magistratura para dictar reglamentos y
procedimientos; casualmente, se le daba la facultad discrecional de designar a
los jueces. Esto fue lo que motivó la resolución 76 del año 2004 del Consejo de
la Magistratura, que también fue causa de innumerables planteos judiciales.
Entonces,
se aprobaron las leyes 26.372 y 26.376, y la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en mayo del año 2007 dictó el fallo Rosza, que trajo claridad y estableció
que cuando hubiera casos de designaciones de jueces subrogantes se debía
respetar la Constitución Nacional. Lamentablemente, el kirchnerismo, con su
mayoría automática en este Congreso, sancionó la ley 27.145. En esa oportunidad
los que fuimos miembros del bloque de la Unión Cívica Radical, hoy incorporados
a Cambiemos, planteamos claramente que esa ley era inconstitucional y se debía
respetar la independencia de los poderes y lo que establece la Constitución
Nacional en cuanto a la participación de los tres poderes en la designación de
los jueces, es decir, del Poder Legislativo con el acuerdo del Senado y del
Poder Ejecutivo con la firma del decreto por parte del presidente de la Nación.
Lamentablemente,
no fuimos escuchados; en esa oportunidad se decidió avanzar sin tener en cuenta
lo que la oposición planteaba y se sancionó la ley 27.145 sin modificar ni
siquiera una coma.
Desgraciadamente,
llegamos a la situación que nosotros planteamos en su momento y que es una
muestra, un botón, de lo que sucedió en la Justicia Federal y en la Justicia
Nacional. Se llegó a designar como juez subrogante a un secretario judicial
para hacerse cargo, ni más ni menos, del Juzgado Federal N° 1 de La Plata.
Todos los que estamos aquí conocemos la importancia que tiene ese juzgado con
competencia electoral, pues representa el 40 por ciento del electorado del
país. Se puso en riesgo la democracia, que tanto sudor y lágrimas nos ha
costado a los argentinos. No es porque el doctor Laureano Durán sea secretario
judicial, sino porque casualmente el Consejo de la Magistratura no había
garantizado el piso técnico que debe contemplarse, no tenía acuerdo del Senado
y menos aún la designación por parte de la ex presidenta de la Nación.
También
se deben tener en cuenta ciertas estadísticas que hoy existen en la Justicia
Federal y en la Justicia Nacional. En diciembre del año 2015 estaban vacantes
un tercio de los cargos de la Justicia Nacional y de la Justicia Federal. Hoy
paulatina y progresivamente el Consejo de la Magistratura está avanzando en la
tramitación de las ternas, y ya no es un tercio sino un cuarto; hay 225 cargos
vacantes de un total de 985, lo que significa que de a poco se va avanzando. En
la actualidad se han elevado 119 ternas y 30 decretos están a la firma del presidente
de la Nación. En el año 2016 eran 9 los pliegos que estaban a consideración del
Senado, cuando hoy tenemos 30 en esa misma condición.
Por
los motivos expuestos, estamos convencidos de que esta norma es muy importante
a fin de que no existan más jueces subrogantes que no cuenten con los
parámetros de selección objetiva, sin el piso técnico que garantiza el
funcionamiento del Consejo de la Magistratura y, por sobre todas las cosas,
dejando de lado lo establecido por el artículo 114 de la Constitución Nacional.
A
esta altura del debate, haré un breve análisis del articulado. En el artículo
1° se definen las subrogancias como una integración transitoria en los casos de
licencias, suspensión, vacancia y remoción. En los artículos 2°, 3° y 4°, en
una redacción muy similar, se establece claramente cómo es el procedimiento por
el que vuelve a estar en poder de las cámaras federales de cada una de las
jurisdicciones la designación de un juez titular de la misma competencia y
jurisdicción. En su defecto, si esto no es posible, de una competencia similar
y de una jurisdicción cercana, siempre y cuando no registre atrasos en los
respectivos juzgados. En la medida en que esto no pueda ser cubierto de esta
manera, subsidiariamente se dará a elegir de la lista de conjueces que va a
elaborar el Consejo de la Magistratura. Esa es la única actividad que puede
hacer ese Consejo, lo cual es importante porque quedan delimitados sus roles.
Entonces,
esa lista de conjueces estará elaborada por el Consejo de la Magistratura de la
Nación, garantizando ese piso técnico de acuerdo con lo que dicen los artículos
8° y 9° de este proyecto de ley.
Por
otra parte, los artículos 5° y 6° se refieren a la casuística, a los casos de
las cámaras federales, de las cámaras federales de apelaciones y de la Cámara
Nacional Electoral. En el resto de los casos se le da prioridad al sorteo
público para designar, dentro de los miembros, a algunos de los sustitutos.
En
el artículo 7° se le da una herramienta más para poder avanzar en los casos en
que no se puede designar a un juez titular, en los casos en que no se pueda
designar subsidiariamente a una lista de conjueces, y se le da la posibilidad
de designar a un juez titular que no haya sido puesto en funciones porque ese
juzgado aún no está habilitado. Como cuarta prioridad se puede también convocar
a los magistrados jubilados en la medida en que se hayan inscripto
voluntariamente y no hayan alcanzado los 75 años.
Como
dije anteriormente, son muy importantes los artículos 8° y 9° de este proyecto
pues dan la facultad al Consejo de la Magistratura para elevar esta lista y
actuar en cada cámara con postulantes que hubieran integrado las ternas
enviadas al Poder Ejecutivo en los tres años posteriores a la sanción de esta
ley y que hayan obtenido más de un 50 por ciento de puntuación en el concurso
de antecedentes. Todo esto con el acuerdo posterior del Senado, de estas listas
que van a tener entre diez y treinta miembros, y que van en estar en cada una
de las cámaras federales y nacionales de este país.
Mediante
el artículo 10 nos dice quiénes no se van a poder integrar a estas listas, es
decir, los magistrados titulares suspendidos, los que hubieran participado en
la última dictadura militar y los que hubieran estado procesados.
El
artículo 11 establece muy claramente la retribución que tienen los jueces
subrogantes, que es de un tercio de la que perciben los jueces titulares.
El
artículo 12 establece el mismo régimen disciplinario para los jueces titulares
que para los subrogantes.
El
artículo 13 establece muy claramente la duración que tiene la subrogancia, que
es de un año prorrogable por un año más en la medida en que esté debidamente
justificada.
En
el artículo 14 se establece algo muy importante: se sanciona con la nulidad
absoluta a los casos de los jueces subrogantes que hayan sido designados en los
juzgados que aún no hayan tenido un juez titular, porque eso es discrecional y
para eso tiene que haber un juez titular.
Por
eso, llegamos a la conclusión de que esta es una ley muy necesaria para el país
y la independencia de los poderes, y es absolutamente necesaria porque estamos
dando un cumplimiento no solamente a una deuda que tiene este Congreso sino que
estamos cumpliendo una sentencia judicial porque el 4 de noviembre de 2015 la
Corte Suprema en el caso Uriarte fijó un plazo de 90 días para que este
Congreso de la Nación sancione una nueva ley, que es ésta que hoy vamos a
aprobar, de acuerdo a los parámetros que establece la Constitución Nacional.
Por
eso, para finalizar, y teniendo en cuenta la caracterización que tiene la
figura de la justicia, es decir, la balanza frente a una posición donde hay
controversia y la personificación con una espada, que implica la posibilidad de
hacer cumplir una decisión con una venda en los ojos, con esta ley estamos
buscando imparcialidad, independencia y el cumplimiento de nuestra Constitución
Nacional, y estamos absolutamente convencidos de que lo vamos a lograr. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Tonelli.- Señor presidente: voy a ser muy breve
porque el miembro informante ha sido suficientemente claro y ha explicado la
ley con el detalle adecuado, pero quiero destacar un par de aspectos de esta
ley.
Recuerdo
que hasta 1994, cuando la reforma constitucional hace aparecer en nuestro
sistema institucional al Consejo de la Magistratura, las vacantes temporales –o
temporarias- eran cubiertas por jueces subrogantes designados por las
respectivas cámaras de apelaciones.
A
partir de 1994, y con la aparición del Consejo de la Magistratura, ha habido
marchas y contramarchas. Por momentos la competencia la ha ejercido y la tenido
el Consejo de la Magistratura y por momentos la competencia la han tenido y la
han ejercido las cámaras de apelaciones.
Para
agravar aún más la situación, la última ley de subrogancias sancionada por el
Congreso, que es la 27.145, ha sido declarada inconstitucional en su mayor
parte por varios tribunales de la República y particularmente por la Corte
Suprema, inconstitucionalidad que -vale la pena recordarlo- advertimos al
momento de sancionar la ley.
- Ocupa la Presidencia el señor
vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.
Sr. Tonelli.- Lo cierto es que entonces hoy tenemos una
ley que rige solo en parte y el Consejo de la
Magistratura ejerce la atribución de designar a los jueces subrogantes. Esta
designación por parte del Consejo de la Magistratura está lejos de ser lo más
adecuado y mucho más lejos de ser lo más práctico, básicamente porque el
Consejo de la Magistratura, por su estructura y por las normas que rigen su
funcionamiento, está imposibilitado de cubrir una vacante en menos de 25 o 30
días, lapso bastante extenso durante el cual esa vacante no es cubierta por
juez alguno.
Por
eso el gran mérito de la ley desde mi punto de vista es que devuelve a las
cámaras de apelaciones la atribución de designar los jueces subrogantes que
sean necesarios en la jurisdicción de cada una de esas cámaras.
De
esta manera, la cobertura de las vacantes con jueces subrogantes va a ser mucho
más rápida. Puede producirse inclusive en el día o al día siguiente. No hay razón
alguna para la demora dado que las cámaras no tienen que cumplir con el
engorroso procedimiento que sí tiene que cumplir el Consejo
de la Magistratura, que incluye un dictamen de comisión, la aprobación por el
plenario, etcétera.
En
segundo lugar, me parece que es más saludable que las coberturas de las
vacantes las hagan las cámaras de apelaciones, que son las que conocen
exactamente la jurisdicción de la cual son alzada, los magistrados y los
tribunales que la integran y las posibilidades existentes.
De
todas maneras, y para evitar designaciones no del todo transparentes, la ley
fija como criterio general que las designaciones deben hacerse por sorteo en la
medida, claro está, que haya más de dos candidatos en la jurisdicción a
integrar el tribunal que haya quedado vacante.
Por
lo tanto, me parece que los méritos de la ley pasan, en primer lugar, por solucionar
un tema que hoy no está claramente regulado debido a la ya mencionada
declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.145.
En
segundo término, porque le devuelve la atribución a las cámaras de apelaciones,
que son quienes están en mejores condiciones para producir rápida y
adecuadamente las designaciones que corresponda hacer.
En
definitiva, si aprobamos la ley estaremos dando un paso adelante en la
consolidación y el mejor funcionamiento de la justicia.
Sr.
Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora
diputada por Río Negro, quien comparte su tiempo con el diputado Tailhade.
Sra.
Soria.- Señor presidente: el proyecto que hoy
estamos tratando tiene por objeto nada más y nada menos que determinar quiénes
van a reemplazar a los magistrados titulares que fueron nombrados con arreglo a
lo dispuesto por la Constitución Nacional mediante mecanismos que tienden a
garantizar la independencia, la imparcialidad y la autonomía del Poder
Judicial.
Ahora
bien, resulta lógico que ante vacancias transitorias por la celeridad de dar
una respuesta necesaria el procedimiento no sea el mismo. Eso no impide que el
Congreso debe asegurarse que el régimen previsto contemple transparencias en la
designación que satisfagan los lineamientos constitucionales.
Recordemos
que la Corte Suprema ha declarado inconstitucional el actual régimen de
subrogancias, la ley 27.145, a través de su precedente Uriarte que ha dado a
este Congreso precisas instrucciones de qué nueva ley de subrogancia
necesitamos.
El
proyecto original del Poder Ejecutivo girado a esta Cámara fracasó en el
cumplimiento de esos precedentes que establecía el fallo Uriarte. Honestamente,
las intenciones disimuladas del proyecto original del Poder Ejecutivo no llaman
demasiado la atención. Nosotros no nos alarmamos, porque demuestran lo que
venimos denunciando desde este espacio hace tiempo, que es la obsesión del
presidente Mauricio Macri de tener un Poder Judicial sumiso, obsecuente y
servil, lógicamente obediente a los intereses del poder económico de turno que
está gobernando.
Existen
diversas iniciativas del gobierno, como
el fortalecimiento de los tribunales orales -cuyo único objetivo era
colocar a dedo los jueces amigos del poder-, el intento destituyente de la
procuradora general Alejandra Gils Carbó y conseguir un ministerio público
maniobrado desde la Casa Rosada, que fue otro de sus intentos.
Ahora
bien, si algo nos tiene que quedar en claro en función de los antecedentes
jurisprudenciales del fallo Uriarte es que el Poder Judicial argentino ni aún
en casos excepcionales puede nombrar a un juez subrogante prescindiendo de la
necesaria participación del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación.
Aparentemente
esta lectura, que surge claramente de las indicaciones del máximo tribunal, no
resultó tan palmaria para los autores del proyecto del Poder Ejecutivo ya que contenía
serias contradicciones.
Por
suerte las observaciones al proyecto del Poder Ejecutivo fueron subsanadas a
pedido de este y otros bloques, y debo reconocer el trabajo del presidente de
la Comisión de Justicia que no solo aceptó muchas de esas modificaciones sino
que también invitó a especialistas, jurisconsultos y académicos, lográndose
realmente un mejor proyecto.
Nuestro
bloque va a acompañar el proyecto en general, pero oportunamente solicitará la
introducción de algunas modificaciones que en su momento no fueron receptadas.
En
cuanto a las observaciones en particular, la primera está vinculada con la
facultad que se otorga a las cámaras nacionales de Apelación de dictar sus
reglamentos. No voy a entrar a analizar este requisito puntual, pero sí quiero
señalar que la expresión “procedimientos objetivos de designación, entre los
cuales se dará prioridad al sorteo público” es ambigua y da lugar a dobles
lecturas. Por eso, en oportunidad del tratamiento en particular voy a proponer
algunas modificaciones.
Nuestro
país aún lucha por lograr una justicia independiente y transparente. Creo que
la ley que en definitiva sancione el Congreso Nacional no debe dar lugar a
dudas o segundas interpretaciones sobre la finalidad que se persigue.
¿Qué
es lo que está en juego? Que la Casa Rosada elija a dedo al juez que vaya a
decidir sobre los delitos que, por ejemplo, se imputan a Aranguren y a Caputo.
Me refiero a la posibilidad de que quienes dicen ser guardianes de las formas y
se embanderan en contra de la corrupción sean también los que digiten una
Justicia servil y dependiente del Poder Ejecutivo.
Lo
que está en juego es la calidad de Justicia que queremos. ¿Pretendemos una
Justicia politizada y mediática que de repente vio todos los flashes y cámaras
y se puso a trabajar? Queremos una Justicia que realmente sea independiente,
transparente y actúe con el único fin de hacer cumplir las leyes y velar por el
resguardo de la Constitución, lejos de los flashes de los periodistas.
Un
mínimo de discrecionalidad en la designación de los magistrados subrogantes
puede tornar inconstitucional una norma, sobre todo en el contexto actual.
Por
lo tanto, reitero que vamos a apoyar en general el proyecto en consideración y
proponer algunas modificaciones en oportunidad de su tratamiento en particular.
(Aplausos.)
Sr.
Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Tailhade.- Señor presidente: escuché decir al
señor miembro informante que con este proyecto se iba a volver a la
institucionalidad y a poner en práctica los pesos y contrapesos de la división
de poderes. La verdad es que estoy buscando eso en el proyecto de ley, pero no
lo encuentro.
¿Cuál
es el contrapeso de que una Cámara Nacional de Apelaciones de una determinada
jurisdicción elija al subrogante que quiera sin que ninguno de los otros
poderes tenga intervención? Tal como está redactado el proyecto, veremos la
posibilidad de introducir modificaciones. Pero hasta ahora observamos que se
otorga al Poder Judicial –me refiero a Cámaras de distintas jurisdicciones y
competencias- un elevado grado de discrecionalidad en relación con este tema.
No estamos acotando en modo alguno ese factor, sino que, por el contrario, lo
estamos potenciando.
Me
parece que conceptualmente estamos partiendo de un error que consiste en
suponer que los jueces tienen más legitimidad que el Consejo de la Magistratura
para elegir a jueces subrogantes o cubrir las distintas vacantes.
Tampoco
coincido con lo expresado por el señor miembro informante en el sentido de que
cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley
de subrogancias que impulsó nuestro gobierno suprimió la posibilidad de que el
Consejo de la Magistratura sea el que intervenga en la designación de
subrogantes.
La
Corte Suprema de Justicia no dijo nada de eso. Por el contrario, exigió el voto
de las dos terceras partes de los miembros del Consejo de la Magistratura para
la aprobación de la lista de conjueces. En consecuencia, sostengo que la
legitimidad y competencia en esta materia corresponde al Consejo de la
Magistratura y no a los jueces.
Voy
a mencionar algunas inconsistencias que probablemente ya fueron señaladas por
la señora diputada Soria y sean objeto de discusión en oportunidad del
tratamiento en particular de esta iniciativa.
En
este sentido quiero expresar en particular que no se están derogando los
artículos 7º, inciso 9, y 13 de la ley 24.937, que otorgan competencia al
Consejo de la Magistratura para la designación de subrogantes.
En
el proyecto en consideración no se entiende cuál es el control que va a ejercer
el Consejo de la Magistratura. Si bien se establece que cada dos meses las
Cámaras deberán informar la situación en materia de subrogancias, no se sabe a
qué efectos lo harán. Si se le quita toda facultad al Consejo de la
Magistratura, el informe bimestral solamente será a título informativo.
Por
otra parte, el artículo 2º, inciso a), de la iniciativa en tratamiento habla de
“competencia similar”. En realidad, esa expresión no existe. En el caso Uriarte
la Corte Suprema de Justicia habló de igual competencia de una misma
jurisdicción, pero no de competencia similar. Consecuentemente, eso abre un
margen de discrecionalidad que no podemos aceptar.
En
otro orden, me parece que la preeminencia que el artículo 2º, inciso b), del
proyecto de ley en consideración otorga a los secretarios judiciales por sobre
los abogados constituye un tema que, por lo menos, no ha sido suficientemente
debatido.
Se
trata de una cuestión que no solo afecta el principio de igualdad, sino que
también va en contra de algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que declararon inconstitucional la subrogancia de secretarios. Si bien
lo hizo con un procedimiento que no estaba contemplado en la ley, desde el
punto de vista conceptual no hay ninguna razón para que nosotros demos una
mayor importancia a los secretarios respecto de los abogados. En algún momento
el Congreso Nacional deberá discutir si los jueces de la Nación pueden ocupar
esos cargos sin haber sido antes abogados.
También
me parece que el tema de la competencia electoral es peligroso. Directamente se
define que los subrogantes de la Cámara Nacional Electoral van a ser, en primer
término, los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones “en lo Clarín y
Rural”, dejando de lado toda una historia y tradición en el sentido de que debe
ser la Cámara Federal o eventualmente la Cámara en lo Contencioso-Administrativo
la que posibilite la cobertura de esa vacante transitoria.
Evidentemente
desde el oficialismo están viendo el tema de la competencia electoral y
traficando esa cuestión sin que nos demos cuenta, o por lo menos intentando que
así sea.
Se
debe tener en consideración que el segundo párrafo del artículo 6º del proyecto
de ley en consideración establece que el juez de primera instancia con
competencia electoral será designado, cuando se trate de una vacante, por la
Cámara Nacional Electoral a partir de una lista de conjueces elaborada por el
Consejo de la Magistratura.
De
acuerdo con esta iniciativa, esa lista de conjueces debe estar integrada por
abogados o secretarios que hayan concursado y estado en ternas. La verdad es
que en los últimos años hubo solamente un concurso, que tuvo lugar en 2014 y
que correspondió al Juzgado Federal N° 1 de la provincia de Salta. No sé con
qué se va a completar eso porque no hay concursos para jueces electorales en
marcha.
También
hay una inconsistencia notoria respecto del magistrado jubilado. Por un lado,
se lo privilegia para que ocupe una vacante en detrimento de aquel juez cuya
designación cuenta con acuerdo del Senado pero no tiene habilitado el tribunal.
Me parece que en este punto hay un direccionamiento claro. No puede ser que los
magistrados jubilados tengan prelación frente a aquellos jueces que fueron
designados por el Poder Ejecutivo y cuentan con acuerdo del Senado, pero no
tienen tribunal.
Asimismo,
creo que esta disposición debe ser corregida porque la opción de convocar a un
magistrado jubilado depende de que estos se anoten en una lista para ser
subrogantes. Permítaseme recordar que la ley 24.018 establece un régimen de
privilegio para los jueces quienes, por imperio de esa norma, mantienen el
estado judicial. En otras palabras, cobran una jubilación de privilegio porque
conservan ese estado. Ahora bien, porque conservan el estado judicial están en
condiciones de ser convocados a ocupar una vacante, con lo cual no necesitan
inscribirse sino simplemente estar a disposición del Poder Judicial cuando son
requeridos para tal fin.
Finalmente,
el proyecto establece que podrán conformar las listas de conjueces quienes
hayan integrado las ternas enviadas al Poder Ejecutivo en los últimos tres años
computados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. ¡Qué
casualidad! El término coincide justo con el tiempo de mandato del gobierno
nacional.
De
esta manera, he querido hacer un resumen de inconsistencias y
discrecionalidades que, a nuestro entender, deben ser corregidas. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Gioja).- A continuación hará uso de
la palabra el señor diputado Raúl Pérez, quien compartirá el término con el
señor diputado Brügge.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pérez (R.J.).- Señor presidente: el propósito de
presentar un proyecto de ley para reformar el sistema de subrogancias del Poder
Judicial de la Nación radica, en primer lugar, en transparentar la designación
de esos futuros magistrados, quienes ocuparán en forma transitoria y durante un
tiempo preciso vacantes que llevaría tiempo llenar de acuerdo con el
procedimiento de las normas constitucionales.
En
el pasado reciente, y también en el pasado no tan reciente, sobre todo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha habido casos lamentables y vergonzosos de
abogados que, por el solo hecho de pertenecer a determinado círculo –es decir,
por estar vinculados o trabajar con jueces o camaristas‑, eran designados
jueces sin pasar por un concurso y mucho menos contar con el acuerdo del
Senado.
El
segundo propósito se vincula con el enorme déficit que, en términos de
cobertura de vacantes, tenían el Consejo de la Magistratura y este nuevo Poder
Ejecutivo que gobierna el país desde hace un año y diez meses.
Esa
situación llevó a que en 2016 presentásemos un proyecto de ley al cual recién
este año la Comisión de Justicia dio un tratamiento amplio, durante el cual
–como dijo la señora diputada Soria‑ se escucharon diversas opiniones.
El
tercer propósito era escuchar todas las voces pero en un contexto federal,
porque los problemas que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cubrir
sus vacantes no guardan relación alguna con las dificultades que presentan las
provincias del norte, del centro y de la Patagonia. En ellas, muchas veces
ocurre que un magistrado es designado para actuar como subrogante en un juzgado
donde se produjo una vacante. Es decir que se da la sinrazón de que tiene a
cargo dos juzgados separados por cientos, o a veces miles, de kilómetros de
distancia.
Antes
de referirme de manera muy precisa a un tema que considero muy importante –el
de las competencias‑ quiero hacer el siguiente comentario. Esta sesión
especial fue citada hace apenas setenta y dos horas. Cuando leímos la
convocatoria, nos encontramos con una serie de dictámenes de comisión firmados
en forma repentina. Durante estas horas, cuando tuvimos oportunidad de hablar
en este recinto con miembros de otros bloques –incluido el oficialismo‑ y
particularmente con el miembro informante, reiteramos lo que habíamos
adelantado en la comisión: que acompañaríamos este proyecto durante la votación
en general.
No
obstante, durante la discusión en particular haremos algunas observaciones que
quiero explicar a continuación, porque confío en la honorabilidad del señor
miembro informante y no quiero que en esa instancia haya una votación dividida
respecto de algunos artículos. En otras palabras, quiero evitar que ocurra lo
que ocurrió hace unas horas: que haya una votación dividida y se termine
aprobando un artículo que no es el que figura en el dictamen.
En
primer lugar, proponemos que en todo el articulado se elimine la posibilidad de
que las cámaras designen a sus secretarios judiciales por el solo hecho de ser
secretarios judiciales. Tiene que haber requisitos mínimos, imprescindibles y
constitucionales. La lista de aspirantes a conjueces, no de aquellos
magistrados para cubrir vacantes si es que disponen del tiempo necesario, la
distancia lo permite y están al día en sus juzgados, debería ser confeccionada
no por las cámaras sino por el Consejo de la Magistratura. Por eso proponemos
que se elimine de cada artículo ese mecanismo aleatorio por el cual cada cámara
reglamenta un sistema para la designación de subrogantes.
De
la misma manera, sugerimos que en todos los artículos referidos a la elección
de un conjuez se elimine la preeminencia de los secretarios judiciales para
ocupar las vacantes.
El
último punto, que termina siendo el más importante en términos de
transparencia, es el sorteo público obligatorio. Este procedimiento difiere del
propuesto por algunos expositores durante el análisis del tema en comisión,
quienes hablaron de que el sorteo era un elemento más. Llegaron a plantear que,
en algunos casos, la lista podía estar integrada por un solo juez subrogante o
bien por un solo conjuez subrogante. Si se diere ese caso, irá quien deba ir;
pero para nosotros, y así lo propondremos durante la discusión en particular
–sobre todo en lo que respecta al artículo 7°‑, el sorteo debe ser obligatorio
una vez que el Consejo de la Magistratura confeccione la lista de conjueces.
Los
requisitos para integrarla son los requisitos constitucionales; por ejemplo,
haber rendido y aprobado el examen obligatorio para ocupar ese lugar.
Dejo
el tiempo restante de exposición al señor diputado Brügge.
Sr.
Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: siguiendo la línea de
pensamiento del miembro del interbloque Unidos por una Nueva Argentina, debo
decir que este proyecto de ley es un paso significativo ante la
discrecionalidad en la designación de jueces subrogantes en situaciones
excepcionales. Sin embargo, muchas veces esas situaciones excepcionales
terminaron convirtiéndose en permanentes. Piénsese que todavía falta cubrir
cerca de doscientas vacantes en la Justicia Federal argentina, lo que nos lleva
a que hoy haya doscientas situaciones de subrogancia, lo cual es una cuestión
importante.
El
sistema anterior que ha venido siendo utilizado fue declarado inconstitucional
en el caso “Uriarte” y en otros casos fallados por la Corte Suprema.
En
ese sentido, necesitamos una Justicia imparcial e independiente, y un sistema
de subrogancia que no tenga en cuenta las relaciones de amistad, los
amiguismos. Es muy común en la Justicia que se hable de amiguismo, de
favoritismo. Por eso, compartimos la idea del señor diputado Pérez de que la
Cámara no pueda tener la preferencia de designar a los secretarios de la propia
Cámara. Ello puede conducir a que vayan generando antecedentes para futuros
concursos, poniéndolos en una situación de privilegio frente al resto de los
que concursan, sean funcionarios judiciales o abogados de la matrícula.
Por
otro lado, el hecho de designar al secretario hace que siga jugando el
principio del amiguismo, porque ese juez subrogante prácticamente va a pensar
como la Cámara, que a su vez es la revisora de sus resoluciones. Con lo cual,
se afecta un derecho fundamental: el del doble confronte, que muchas veces se
planteó aquí y que consiste en la posibilidad de que una sentencia de primera
instancia pueda ser revisada por un tribunal de alzada, por el principio
constitucional que hace a la protección del derecho a la jurisdicción y al
debido proceso, que se verían seriamente afectados si el secretario de la
Cámara piensa parecido a ésta y ejerce la subrogancia en un tribunal inferior.
Por
otra parte, señor presidente, efectivamente hay que correlacionar este proyecto
con la ley 24.018, como bien señaló aquí el señor diputado Tailhade. El
artículo 16 de esa ley establece que los magistrados judiciales que hayan
obtenido el beneficio de la jubilación mantienen el estado judicial, y
contempla un mecanismo por el cual pueden ser convocados para cubrir las
vacantes transitorias, es decir, para actuar como jueces subrogantes. Además,
ese artículo prevé la remuneración, un plazo concreto al cabo del cual esa
remuneración puede ser incrementada y un mecanismo para el caso de que los
magistrados no acepten o rechacen la convocatoria a cubrir esos cargos.
-
Ocupa la Presidencia el señor
presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr.
Brügge.- Por lo tanto, si tomamos en cuenta lo
que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Uriarte” ‑que
se tienen que cumplir los pasos constitucionales y la intervención del Consejo
de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación en la
designación de los jueces para que justamente sean jueces de la Constitución y
no de un poder específico‑, entendemos que aquellos jueces que gozan
actualmente del beneficio jubilatorio son jueces de la Constitución, porque
fueron designados conforme los procedimientos constitucionales de la época,
tienen experiencia suficiente y por lo tanto serían un reservorio importante
para las subrogancias, junto con aquellos que hayan participado en los
concursos que ha llevado adelante el Consejo de la Magistratura.
El
Consejo de la Magistratura entonces elaborará así la lista de conjueces, para
que luego cada Cámara designe a los subrogantes en su respectiva jurisdicción.
Esta
sería una forma de seguir federalizando la administración de justicia, ya que
la Justicia Federal no es patrimonio exclusivo de la Capital Federal sino que
en cada jurisdicción provincial tenemos jueces federales, y en muchas de ellas
también hay cámaras federales.
Entonces,
de este modo se podrá actuar en consecuencia con los principios y lineamientos
que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Uriarte” y
podremos tener jueces independientes, idóneos y de la Constitución, como lo
señala dicho fallo.
Debemos
agregar también, señor presidente, que hay que agilizar los procesos para poner
un límite a la subrogancia. Por eso nosotros habíamos insistido, sobre todo en
el proyecto del diputado Pérez, en un plazo de caducidad automática de la
subrogancia, para evitar esta eternización que se produce en muchos casos de
vacancias, que llevan a que el servicio de justicia se vea resentido, ya sea
porque es un secretario, o es un juez que tiene a su cargo otra función, o
porque volvemos al concepto del amiguismo que mencionamos recién.
Por
eso, durante el tratamiento en particular vamos a hacer propuestas de agregados
y vamos a votar en general a favor.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Fe.
Sr.
Ciciliani.- Señor presidente: nosotros vamos a
apoyar el proyecto de ley en consideración. Solicito la inserción de mi discurso
en el Diario de Sesiones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Bernabey.- Señor presidente: nosotros vamos a
apoyar este proyecto de ley porque creemos que la cobertura, de un modo
adecuado y acelerado, de las vacantes producidas en el Poder Judicial no es una
política judicial, ni siquiera una cuestión administrativa; es sin lugar a
dudas una medida de resguardo del debido proceso, del acceso equitativo a la
justicia y forma parte de los principios de legalidad y del juez natural,
tutelados por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Hay
que comprender la dimensión de esta problemática, que no fue resuelta por
ninguna de las normas que fueron dictadas en los últimos tiempos, sea porque
fueron declaradas inconstitucionales, como la ley 27.145, o porque fueron
mecanismos que resultaron engorrosos o prácticamente inaplicables.
El
proyecto en análisis resulta ser una solución inteligente, en principio
eficiente y sin riesgo de traspasar los límites de la constitucionalidad.
Incluso, otorga al juez subrogante condiciones tales como las que debe contar quien
ocupe definitivamente el cargo, lo que deviene en una garantía para el
ciudadano sobre la capacidad de aquel frente al que van a ventilarse sus
derechos.
Creemos
que este proyecto genera las condiciones necesarias para una mejor
administración de justicia y por ende lo vamos a acompañar con el voto.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giordano.- Señor presidente: vengo a expresar la
opinión de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda.
Se
ha dicho en el informe que esta norma va en camino de una Justicia
independiente. Rechazamos que se quiera hacer creer que la Justicia es
independiente. A los jueces los ponen los partidos tradicionales, actúan a
favor de los gobiernos de turno y siempre fallan en beneficio de los poderosos
y los grandes empresarios. Por eso las cárceles, como se suele decir, están
llenas de ladrones de gallinas, mientras que los delincuentes de guante blanco
quedan impunes.
Que
la Justicia actúa de acuerdo a los gobiernos de turno lo prueba el fallo del 2
por 1 a favor de los genocidas. La jueza Highton de Nolasco había fallado de
una forma en el gobierno anterior, y ahora, con este gobierno, emitió un voto
opuesto sobre el mismo tema.
Recordemos
otro fallo de la Corte ‑que por supuesto siempre salva a los grandes
empresarios- en relación con el derecho de huelga, donde dijo que no avalaba
ninguna medida de fuerza o protesta de un cuerpo de delegados o una comisión
interna, sino que debía estar avalada por el sindicato, o sea, la burocracia
sindical, la que ahora está pactando la reforma laboral.
Cuando
se habla de los jueces de la Corte siempre nos enteramos ‑como pasó con
el 2 por 1‑ que un ministro responde al estudio de abogados o contadores
que defendía al Grupo Clarín, que otro defiende a Techint o al grupo económico
tal o cual. Así es como se eligen los jueces en nuestro país.
Que
la Justicia actúa de acuerdo a los gobiernos de turno lo prueba el hecho de que
De Vido esté preso, que Boudou esté preso ‑nosotros estamos de acuerdo
con que estén presos-, pero que estén libres y no haya ninguna investigación
hacia Aranguren y Caputo, que para nosotros son los De Vido del gobierno de
Macri.
Fijémonos
cómo actuaron los jueces en la masacre de Once: hay 21 condenados por un hecho
en el que hubo 51 muertos, 800 heridos y ningún preso.
La
masacre de Cromañón también quedó en la impunidad: Aníbal Ibarra, que era el
jefe de gobierno de la ciudad en ese momento, goza de impunidad absoluta.
Por
supuesto que muchas veces los jueces actúan de esta forma porque están
esperando un ascenso del gobierno de turno. Así, por ejemplo, cuando detuvieron
al dirigente ferroviario Rubén Sobrero acusándolo de quemar trenes, participé
de una de las audiencias en la que el juez señaló que le habían plantado una
prueba y reconoció que le hicieron detener a Sobrero y tenerlo cuatro días
incomunicado cuando no tenía nada que ver. Entonces, como no tenía pruebas lo
tuvo que soltar. Ahora, ¿por qué hizo eso el juez? Porque estaba en una lista de
ascensos.
Respecto
del juez Otranto, que es quien en un primer momento tuvo a su cargo el caso de
Santiago Maldonado, se dice que su designación fue impulsada por La Cámpora,
pero su decisión de no imputar ni perseguir a la Gendarmería fue funcional al
gobierno de Macri. ¿Qué cambió? Que el juez Otranto también estaba esperando un
ascenso que, como dije, depende del gobierno de turno.
Del
mismo modo podemos analizar cómo actuó la Justicia en el caso PepsiCo cuando
ordenó el desalojo violento de 600 familias que ocupaban pacíficamente la
planta en defensa de sus puestos de trabajo. Algo similar ocurrió con los
trabajadores de AGR-Clarín que ocuparon pacíficamente la planta para evitar los
380 despidos.
Además,
hay jueces que liberan femicidas y violadores. Basta mencionar lo que está
pasando en Oberá, con el caso de Victoria Aguirre, que tuvo una hija con su
pareja de apellido Lovera. Éste último asesinó a la niña, pero la acusan a
ella, que está presa y le pueden dictar sentencia de cadena perpetua en un
juicio previsto para el 5 de diciembre, porque dicen que no hizo nada cuando
fue torturada, violada y hasta secuestrada por su pareja.
Por
lo tanto, no vamos a acompañar este proyecto, porque desde la izquierda
consideramos que los jueces tienen que ser elegidos a través del voto popular.
Además, sus cargos deben ser revocables ‑no vitalicios‑ y ganar lo
mismo que un trabajador. También habría que aplicar el juicio por jurados,
porque ha quedado demostrado en más de una oportunidad que cuando actúan jueces
elegidos por el pueblo se imparte justicia y no impunidad, como ocurre con los
jueces elegidos por el dedo del gobierno de turno.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pérez (R.J.).- Señor presidente: recién acabamos
de votar a toda velocidad un proyecto de ley que contenía 220 artículos, de los
que se modificaron aproximadamente 50. Como el que vamos a votar a continuación
contiene apenas 16 artículos y vamos a modificar 5 o 6, pido que la votación en
particular se realice artículo por artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Así se hará, señor diputado.
Se
va a votar nominalmente en general el dictamen de la Comisión de Justicia
recaído en el proyecto de ley por el cual se establece un Régimen de
Subrogancias para la Justicia Nacional y Federal y se procede a la derogación
de la ley 27.145. Orden del día 1302.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
176 señores diputados presentes, 164 han votado por la afirmativa y 9 por la negativa,
registrándose además 2 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 164 votos afirmativos; 9
negativos y 2 abstenciones.[10]
(Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en
particular el artículo 1°.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
2°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pérez (R.J.).- Señor presidente: tal como lo
señalamos durante la discusión en general, proponemos que el inciso b) de este artículo
termine donde dice: “…que residan en la jurisdicción territorial del juzgado de
que se trate”. Aquí finalizaría el artículo, ya que también proponemos eliminar
el segundo párrafo, que comienza señalando: “A los efectos de las designaciones
previstas en este artículo, dentro de los noventa (90) días de la entrada en
vigencia de la presente ley…”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Río Negro.
Sra.
Soria.- Estoy de acuerdo con la modificación
propuesta, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Mestre.- En el mismo sentido, señor presidente,
estamos de acuerdo con la modificación propuesta.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 2°
con la modificación propuesta por el señor diputado por Buenos Aires.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
3°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pérez (R.J.).- Señor presidente: la propuesta de
modificación es similar a la del artículo anterior, ya que el artículo
terminaría en el inciso b) donde expresa: “…que residan en la jurisdicción
territorial del juzgado de que se trate”, y también se suprimiría segundo
párrafo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: coincidimos también con
esta modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Mestre.- Señor presidente: al igual que la señora
diputada por Río Negro, aceptamos la modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 3°
con la modificación propuesta por el señor diputado por Buenos Aires.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
4°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pérez (R.J.).-
Señor presidente: al final de la redacción de este artículo, también se elimina
la referencia a los secretarios y a los noventa días. Así, el artículo
terminaría con la expresión: “del juzgado de que se trate”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: me expreso en el mismo
sentido.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Mestre.- Señor presidente: se acepta la
modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por el diputado Raúl Pérez y aceptada por la comisión, se va a votar
el artículo 4°.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
5°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pérez (R.J.).-
Señor presidente: este artículo tiene tres veces la frase que hace referencia a
los secretarios. Proponemos eliminarlo en los tres párrafos: el que se refiere
a la Cámara Federal de Casación Penal, el de la Cámara Nacional de Casación y
el de las cámaras nacionales. Aclaramos que esto tiene que ver con lo que
propondremos a continuación, que es la forma de confeccionar luego la lista de
conjueces.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: me expreso en el mismo
sentido.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Mestre.- Señor presidente: se acepta la
modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por el diputado Raúl Pérez y aceptada por la comisión, se va a votar
el artículo 5°.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
6°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pérez (R.J.).-
Señor presidente: este artículo tiene al final el mismo párrafo que hace
referencia a los noventa días, cuya eliminación también propondremos. Así, la
redacción terminaría donde dice: “conforme lo dispuesto en los artículos 8° y
9° de esta ley.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: me expreso en el mismo
sentido.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por el diputado Raúl Pérez, se va a votar el artículo 6°.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
7°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pérez (R.J.).-
Señor presidente: para este artículo habíamos propuesto agregar un texto. A
pedido del diputado Mestre, hemos eliminado una parte. Daré lectura al texto
que en definitiva propondremos: “Informada la existencia de una vacante en los
términos de los artículos 2°, 3°, 4° y 6° de la presente, la Cámara Federal o
Nacional que por jurisdicción corresponda, procederá a desinsacular al
subrogante mediante sorteo público a los efectos de proceder a la cobertura del
cargo. El subrogante desinsaculado podrá, en el plazo de cinco (5) días de
notificada su designación, excusarse de cubrir el cargo fundado en la
existencia de motivos que importen un grave perjuicio al normal desarrollo de
la actividad del Juzgado o Tribunal. La Cámara Federal o Nacional competente,
en el plazo de cinco (5) días, resolverá la cuestión rechazando o aceptando la
excusación, en cuyo caso procederá a desinsacular un nuevo magistrado
subrogante.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Mestre.- Señor presidente: se acepta la
modificación. Luego del texto leído por el diputado Pérez, continúa el artículo
7° tal como figura en el dictamen: “Una vez cumplimentado…”, etcétera.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones
propuestas por el diputado Pérez y con la aclaración del miembro informante, se
va a votar el artículo 7°.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
8°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pérez (R.J.).-
Señor presidente: para el artículo 8° habíamos propuesto un nuevo párrafo. Apelando a la experiencia del diputado
Tonelli no lo tenemos redactado, pero debe quedar claro que los postulantes a
las futuras listas que confeccionará el Consejo de la Magistratura no deben ser
todos los postulantes que hubieran sido ternados en los últimos años sino
quienes hubieran aprobado los concursos en los últimos tres años. Es un poco
más amplio. El párrafo que hay que eliminar dice así: “integrado ternas
enviadas al Poder Ejecutivo nacional”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Tonelli.- Señor presidente: lo que hay que
modificar es la segunda oración del artículo 8°, que quedaría redactado de la
siguiente manera: “Podrán integrar la lista de conjueces, sin que se les
requiera un nuevo concurso público de antecedentes, los postulantes que
hubieran aprobado un concurso en los últimos tres (3) años a computar desde la
fecha de entrada en vigencia…” y continúa la misma redacción.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por el señor diputado Tonelli, se va a votar el artículo 8°.
En
consideración el artículo 9°.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 10 a 16.
-
El artículo 17 es de forma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto
de ley.[11]
(Aplausos.)
Se
comunicará al Honorable Senado.
- 10 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde que la Honorable
Cámara se pronuncie sobre los dictámenes sin disidencias ni observaciones contenidos en los órdenes del día 2035, 2022, 2024 y 2034.
Se
acordó en Labor Parlamentaria que no habría intervenciones, pero varios
diputados me han pedido la palabra para hacer referencia a cada una de los
dictámenes. Por lo tanto, los trataremos separadamente.
- 11 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación Penal ‑Orden del Día N° 2035‑
recaído en el proyecto de ley de modificación sobre acciones dependientes de
instancia privada. (expediente 4.506-D.-2017.)
aquí orden del día 2035
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración.
Tiene
la palabra la señora diputada por Jujuy.
Sra.
Burgos.- Señor presidente: si bien en este
dictamen no había disidencias ni observaciones, junto con diputados de otros
bloques hemos advertido que quizás la redacción no había quedado clara.
Manteniendo
el espíritu del proyecto presentado por la diputada Carla Carrizo, junto con
algunas de las organizaciones como la Red de la Infancia, proponemos que el
artículo 1°, por el que se modifica el artículo 72 del Libro Primero, Título XI
del Código Penal de la Nación, ley 11.179, quede redactado de la siguiente
manera: “Artículo 72: Son acciones dependientes de instancia privada las que
nacen de los siguientes delitos: 1. Los previstos en los artículos 119, 120 y
130 del Código Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o
lesiones de las mencionadas en el artículo 91. 2. Lesiones leves, sean dolosas
o culposas. 3. Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no
convivientes.
“En
los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o
denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. Sin
embargo, se procederá de oficio…”, y acá es donde se concentra la esencia del
proyecto “…a) En los casos del inciso 1, cuando la víctima fuere menor de 18
años de edad o haya sido declarada incapaz; b) En los casos del inciso 2,
cuando mediaren razones de seguridad o interés público; c) En los casos de los
incisos 2 y 3, cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga
padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o
guardador, o cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre éstos y
el menor, siempre que resultare más
conveniente para el interés superior de aquél.”
Así
es como quedaría redactado el artículo. No quiero demorar más la votación,
porque en este sentido ha habido consenso de todos los diputados cuando el tema
fue tratado en comisión.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Litza.- Señor presidente: tal como lo expresó la
diputada Burgos, hubo una corrección en el texto del proyecto. Había un error,
porque se modificaba un artículo y el que estaba modificado hacía referencia
precisamente a ese aspecto.
Acompañamos
absolutamente el espíritu de este proyecto porque creemos que es de
estrictamente y, más aún, de sentido común. La mayoría de los delitos cometidos
contra menores tienen lugar en el ámbito familiar, y el condicionamiento para
los tutores y para los representantes legales o los padres de instar la acción
legal era un obstáculo para que pudiera llegar a hacerse efectiva justicia.
En
consecuencia, acompañamos con beneplácito la modificación al artículo 72.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por la señora miembro informante de la comisión, se va a votar
nominalmente, en general y en particular, el dictamen de la Comisión de
Legislación Penal recaído en el proyecto de ley por el que se modifica el
Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada (Orden
del Día 2035).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
184 señores diputados presentes, 180 han votado por la afirmativa,
registrándose además 3 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 180 votos afirmativos, ninguno
negativo, y hubo 3 abstenciones.[12]
Sr.
Presidente (Monzó).- Se deja constancia del voto
afirmativo de los diputado Recalde, Carmona y Norman Martínez.
Queda
sancionado el proyecto de ley.[13]
Se
comunicará al Honorable Senado.
- 12 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General, de Recursos
Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda ‑Orden
del Día N° 2022‑ recaído en el proyecto de ley del señor diputado
Santillán y otros señores diputados, por el que se transfiere al Estado
nacional un inmueble de propiedad de la provincia de Tucumán para la creación
del Parque Nacional Aconquija (expediente 3.525-D-2017).
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 2022
Sr. Presidente
(Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra la señora diputada por Tucumán.
Sra.
Villavicencio.- Señor presidente: hoy tratamos el
proyecto de cesión de jurisdicción ambiental sobre tierras ubicadas en la
provincia de Tucumán en favor del Estado nacional para la creación del Parque
Nacional Aconquija, y en tal sentido corregimos la carátula del proyecto.
Quiero
destacar que esta iniciativa nos ha unido a los diputados tucumanos de todos
los bloques, sin distinción partidaria.
Se
trata de un proyecto centenario, ya que sus primeros antecedentes se remontan a
1913, cuando Julio López Mañán propuso crear una reserva desde el llano hasta
las más altas cumbres del Aconquija.
Si
logramos la aprobación de esta norma, conseguiremos un plan de manejo adecuado
para toda esa zona, que durante varias décadas ha sufrido la constante
depredación de sus recursos naturales.
Tenemos
antecedentes históricos, jurídicos y, sobre todo, científicos. Existen
numerosos estudios de la región que demuestran el enorme valor que esto tiene
desde el punto de vista hidrográfico, climático y en lo que hace a la
biodiversidad.
Por
lo expuesto, pido a los señores diputados avanzar en la ley de creación del
Parque Nacional Aconquija, un parque de altura, por arriba de los 3.000 metros,
que protegerá la flora y la fauna y, sobre todo, permitirá un manejo de los
ríos y cuencas que allí nacen, sin cuyo aporte se vería afectada toda la
economía de la zona.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Tucumán.
Sra.
Gallardo.- Señor presidente: como tucumana, también
me quería referir brevemente a la iniciativa en tratamiento, y aprovecho para
hacer una pequeña corrección en la carátula del dictamen. Los parques
nacionales no se construyen, sino que se crean. No se trata entonces de la
“construcción” sino de la “creación” del Parque Nacional Aconquija.
También
quiero referirme, como bióloga que soy, a la importancia que las áreas
naturales tienen para la vida humana.
Las
áreas naturales son zonas que un país decide delimitar y preservar por su
riqueza ecológica, cultural e histórica, para que esos recursos y bienes no
sean devastados por el hombre.
Tal
como dijo la diputada preopinante, el naturalista más importante del siglo
pasado, doctor Miguel Lillo, ya en 1914, en vísperas de la celebración del
Centenario, soñaba con la concreción de este parque.
Hoy,
gracias a una iniciativa del diputado ‑mandato cumplido- Miguel Camel
Nacul, estamos celebrando la creación de este parque nacional gracias a una ley
provincial de cesión de la jurisdicción ambiental a la Nación, para que este
parque pueda seguir creciendo con la unión de otras parcelas, esperándose que
llegue a 200.000 hectáreas.
Todos
los diputados tucumanos de los distintos bloques hemos firmado este dictamen y
agradezco que hoy esto se haga realidad.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Tucumán.
Sr.
Santillán.- Señor presidente: solamente quisiera
acotar tres cuestiones. Por un lado, aceptando la cesión que se hace por medio
de una ley provincial, se complementará un parque ya existente, llamado Campo
de los Alisos, con lo que se llegará a un total de 74.000 hectáreas de las
sierras del Aconquija, en la zona oeste de nuestra provincia.
Como
decían las diputadas preopinantes, es importante proteger esta zona porque,
además de preservar la vegetación y la fauna, a futuro permitirá evitar que se
produzcan nuevamente las inundaciones y los aluviones, porque parte del sistema
que se genera a partir de la vegetación existente y los cauces de los ríos
permite controlar el drenaje de aguas que bajan hacia la llanura y
fundamentalmente hacia las zonas de riego.
También
quería resaltar otra cuestión sobre la importancia de crear este parque, que
resulta importante aclarar. En esta zona existen yacimientos arqueológicos
incaicos muy importantes, como por ejemplo La Ciudacita, que ya ha sido
declarado por la Unesco como patrimonio de la humanidad. Además, parte del
Camino del Inca se encuentra en esta región.
Quiero
agradecer también la participación de algunas organizaciones que, en conjunto
con el diputado ‑mandato cumplido- Miguel Nacul, se acercaron e hicieron posible que la
implementación de la transferencia de tierras que hoy estamos aceptando tuviera
una condición: que se las destine a la creación del parque nacional y la reserva
natural. Son dos cuestiones a tener en cuenta. El parque nacional ya es
propiedad del Estado y funciona como parque nacional, y la reserva sigue
teniendo propietarios privados pero la ceden con la condición de que estas
tierras sean utilizadas como reserva natural, que en este caso será la reserva
natural de Aconquija.
También
agradezco a los diputados por el gesto de hacer este proyecto conjunto, y
seguramente será una noticia muy importante para la provincia de Tucumán. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente
en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de
Legislación General, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y
de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se
transfieren inmuebles propiedad de la provincia de Tucumán al Estado Nacional
con destino a la construcción del Parque Nacional Aconquija (Orden del Día N°
2022).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
181 señores diputados presentes, 179 han votado por la afirmativa. No se ha
computado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 179 votos afirmativos.[14]
Sr.
Solanas.- Señor presidente: quiero dejar
constancia de mi voto afirmativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se deja constancia, señor
diputado.
Queda
sancionado el proyecto de ley.[15]
Se
comunicará al Honorable Senado.
- 13 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Legislación General, de Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda ‑Orden del
Día N° 2024‑ recaído en el proyecto de ley por el que se transfiere al
Estado Nacional la jurisdicción ambiental efectuada por la provincia de
Córdoba, con destino a la creación del Parque Nacional Traslasierra
(expedientes 5.731‑D.-2016 y 5.380‑D.-2017).
ORDEN DEL DÍA N° 2024
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Pereyra.- Señor presidente: la verdad es que para
hablar de los fundamentos de la creación del Parque Nacional Pinas en el oeste
de la provincia de Córdoba, o en Traslasierra –como le dicen‑, se
necesita bastante tiempo porque el tema es bastante amplio. De manera que no
voy a hablar de la importancia del parque nacional en sí, que es un tema muy
amplio, sino del tema del nombre propiamente dicho.
Hay
dos opciones para la denominación del parque nacional: “Traslasierra” o
“Pinas”. En cuanto a la denominación, simplemente quiero decir lo siguiente.
Desde el año 1579 a este campo se lo conoció con el nombre de Pinas, por lo que
solicitaré que el cuerpo establezca este nombre al parque nacional, ya que el
nombre “Traslasierra” remite a una mirada urbana de la ciudad de Córdoba,
denominando traslasierra a los pueblos que se encuentran detrás de las altas
cumbres o sierras altas. Pero para nosotros, los serranos, traslasierra es lo
que queda también del otro lado de nuestros pueblos. Además, traslasierra hace
referencia a veinticinco pueblos, municipios y comunas, entre los que se
encuentra mi ciudad, Villa Dolores, de la que tuve el honor de ser intendente
por cuatro períodos. Sería más justo respetar el nombre histórico de Pinas,
denominación ancestral del paraje, recogido unánimemente por todas las
publicaciones en la materia, que llaman a este solar “Estancia Pinas”.
Por
estas razones, señor presidente, solicito al cuerpo que dé sanción al proyecto
de creación del Parque Nacional Pinas. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Calleri.- Señor presidente: estuvimos trabajando
más de un año en este proyecto de ley, conjuntamente con la Administración de
Parques Nacionales, la organización Aves Argentinas, la Universidad Austral, el
gobierno de la provincia de Córdoba y la señora diputada Nazario. En ningún
momento pensamos que se pudiera llegar a cambiar el nombre, porque este nombre
se trató junto con el gobierno de la provincia de Córdoba y las demás
organizaciones e instituciones que mencioné.
Fue
un año de mucho trabajo, en la zona, con mapas, con técnicos y biólogos,
sabiendo que es una zona donde hay mucha diversidad en flora y fauna y especies
en peligro de extinción. Me parece que declararlo Parque Nacional Traslasierra
es muy importante para la zona porque va a generar trabajo, va a haber
desarrollo en las economías regionales y va a ser muy importante para el
turismo nacional porque se van a acercar desde otras partes del mundo a visitar
nuestra provincia de Córdoba.
Dado
que no tengo mucho más tiempo, simplemente quiero decir a todos los diputados
que sería importante que se declare este parque nacional en Córdoba, que será
el segundo, después del Parque Nacional Quebrada del Condorito. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Córdoba.
Sra.
Nazario.- Señor presidente: quiero agregar
algunos comentarios a lo expresado por el señor diputado Calleri.
El
noroeste de la provincia de Córdoba es una región preciosa, con un valor
histórico y arqueológico importantísimo. La historia pasó por ahí, con los
asentamientos de pueblos indígenas, las estancias jesuíticas y el viejo Camino
Real al Alto Perú. Realmente es una región muy importante.
Desde
el punto de vista productivo, es una de las menos favorecidas de nuestra
provincia, básicamente por un tema climático. Sin embargo, desde el punto de
vista del potencial turístico que tiene es muy grande.
Dado
que estaba a cargo del plan desarrollo noroeste, tuve la oportunidad de viajar
durante cuatro años. Esa zona tiene 10 departamentos y 250.000 habitantes. Yo
estuve trabajando en los parajes. Estuve en más de 700 parajes viviendo y
conviviendo con la gente, haciendo obras de agua, energía, viviendas por
sistema de autoconstrucción, llevando salud, creando dispensarios, armando
escuelas secundarias.
Fue
un plan integral que abarcó a todas las áreas del gobierno de la provincia.
Realmente fue una de las cosas más lindas que me tocaron hacer. A pesar de las
horas de trabajo, de las inclemencias del tiempo y de un montón de
circunstancias, al llegar la noche decíamos “qué suerte que pudimos estar acá,
haciendo este trabajo”.
Dentro
de este plan logramos la sanción de la ley 10.380, de creación de las reservas
arqueológicas provinciales Guasapampa y Quilpo. Estas reservas se suman a lo
que será –si Dios quiere, dentro de un rato, cuando este proyecto se convierta
en ley‑ el Parque Nacional Traslasierra.
Invito
a todos aquellos que vayan a Córdoba, a Carlos Paz o a otras ciudades tan conocidas
turísticamente que hagan el siguiente recorrido: se llegan hasta Tanti o La
Falda, agarran hacia la izquierda, cruzan Los Gigantes ‑un lugar
impresionante que parece de otro planeta, porque es todo de piedra; es para
todo tipo de turismo‑, llegan a Taninga, Salsacate, siguen derecho unos
kilómetros más, cruzan los túneles –que poca gente conoce‑; desde allí se
ven los llanos de La Rioja. Unos kilómetros más hacia la derecha estará -si
Dios quiere- esta reserva, este parque nacional, que para nuestra provincia
sería muy importante, y mucho más para esa región.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Fe.
Sra.
Copes.- Señor presidente: en primer lugar,
agradezco a la provincia de Córdoba el haber expropiado, pagado y cedido el
terreno a la Nación para la creación del parque nacional.
En
segundo término, dejo constancia de que soy autora de un proyecto de resolución
relativo a que dicho parque lleve el nombre Lisandro de la Torre por su vínculo
personal con el lugar.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: seré muy breve al
señalar que en el artículo 1° se acepta la cesión de jurisdicción ambiental. De
acuerdo con la ley provincial 10.481, dicho parque llevaba el nombre de Parque
Nacional Traslasierra. Siendo consecuentes con el texto sancionado por la
Legislatura de Córdoba y teniendo en cuenta la cesión que aceptamos mediante el
proyecto de resolución, creemos que debemos mantener el criterio decidido por
los legisladores cordobeses relativo al parque nacional.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente
en general y en particular el dictamen de la Comisión de Legislación General y
otras recaído en el proyecto de ley sobre transferencia al Estado nacional con
destino a la creación del Parque Nacional Traslasierra y la jurisdicción
ambiental efectuada por la provincia de Córdoba, contenido en el Orden del Día
N° 2024.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 194
señores diputados presentes, 188 han votado por la afirmativa y 1 por la
negativa, registrándose además 4 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 188 votos por la afirmativa, 1
por la negativa y 4 abstenciones. [16]
-
Los señores diputados
Pereyra, Franco, Donda Pérez, Ana Carla Carrizo, Igón y Oscar Anselmo Martínez votaron
por la afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto
de ley. [17]
Se
comunicará al Honorable Senado.
- 14 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas y otras recaído en el
proyecto de ley por el cual se crea el Programa Mapa Federal de Pymes,
contenido en el Orden del Día N° 2034.
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 2034
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
De Mendiguren.- Señor presidente: no es un
proyecto de mi autoría pero lo apoyo porque tenemos necesidad de estar informados
acerca de lo que está ocurriendo en este sector.
El
proyecto de ley sostiene la necesidad de buscar información para el sector en
consideración.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Salta.
Sr.
Kosiner.- Señor presidente: quiero que se tenga
como fundamento del proyecto en tratamiento lo que expresé al momento de
considerarse la ley de compre nacional, cuando hice referencia a la necesidad
de aprobar el Programa Mapa Federal de Pymes.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente
en general y en particular el dictamen de la Comisión de Pequeñas y Medianas
Empresas y otras recaído en el proyecto de ley sobre creación del Programa Mapa
Federal de Pymes, contenido en el Orden del Día N° 2034.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 193
señores diputados presentes, 186 han votado por la afirmativa, registrándose
además 6 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 186 señores votos por la
afirmativa y 6 abstenciones. [18]
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto
de ley. [19]
Se
comunicará al Honorable Senado.
- 15 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y otra recaído en el
proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se aprueba
el Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa adoptado en la ciudad de
Budapest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001, contenido en el Orden del Día N°
1380.
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 1380
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Schmidt Liermann.- Señor presidente: con la ratificación de
este convenio venimos a saldar una deuda que tiene la Argentina y que cuenta
con muchas víctimas, que lamentablemente sufrieron desde acosos cibernéticos
hasta usurpación de identidades.
Sabemos que detrás de cada tecnología
existe también una filosofía. Si bien el progreso de las tecnologías ha
permitido innumerables avances positivos en el mundo, lamentablemente también
han aparecido nuevos y perversos delitos, que con este tratado intentamos
paliar.
Es muy importante que la Argentina
ratifique este convenio porque de esa manera estaremos plasmando una política
penal común para todos los Estados que lo aprueban. Es un paso sustancial para
avanzar hacia la seguridad informática, por lo que necesitamos aprobarlo hoy.
Asimismo, debemos destacar que se
trata de un convenio internacional de 2001, por lo que la vuelta de la
Argentina al plano internacional desde diciembre de 2015 implica que debemos
reforzar nuestro compromiso también en el plano de la cooperación
internacional. Este instrumento no es algo solo para hoy, sino que se trata de
sentar las bases para el futuro de nuestra sociedad y para proteger nuestro
presente.
En este tratado se plasman las
herramientas necesarias para luchar contra la ciberdelincuencia pero también
para proteger el legítimo uso y desarrollo de las tecnologías. De esa manera
logramos establecer el equilibrio entre la política en materia penal y la
protección de los derechos humanos fundamentales.
Hoy se habla de big data en la salud omo también en muchos campos de la vida
cotidiana. Pero necesitamos saber que los derechos individuales, los derechos
humanos, estarán protegidos frente a aquellos que quieren acosarnos.
El ataque a la imagen o a la
privacidad también es un delito que debe ser sancionado, y con este convenio lo
estamos logrando. Por ello vamos a ratificarlo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por
Mendoza.
Sr. Carmona.- Señor presidente: simplemente voy a explicar el sentido de nuestro
voto.
Nuestro bloque ha firmado el dictamen
con una disidencia. Consideramos que es un tema importante y delicado. Cabe
aclarar que esta cuestión se ha ido incorporando a la legislación penal
argentina. En nuestro país existen regulaciones penales sobre temas vinculados
con ciberdelito. Se justifica, por supuesto, la participación en ámbitos como
las convenciones internacionales. Pero queremos advertir que Brasil, China,
Rusia, entre otros países, no han adherido a esta convención fundamentalmente
por no haber participado en la negociación. Se trata de una negociación que se
generó en el Consejo de Europa y que ha creado la inquietud de un grupo de
países en función de que este tema tenga una regulación por Naciones Unidas.
Adherir a esta convención implica adherir a los términos negociados y fijados
por otros países.
Por otro lado, consideramos que las
reservas que han sido formuladas por parte del Estado argentino son
insuficientes, y en ese sentido lo que viene del Senado no nos termina de
satisfacer.
Por estas razones, y para no obstruir
la decisión del gobierno argentino de avanzar con este tema, nuestro bloque
pedirá autorización para abstenerse en la votación.
Para terminar, deseo manifestar la
importancia de que cuando hablamos de volver al mundo no pensemos en adherir a
lo que se ha generado en alguna región. Ser parte del mundo significa
participar en los ámbitos multilaterales, y el ámbito multilateral por
excelencia es Naciones Unidas, organismo internacional que se tiene que abocar
a abordar desde una perspectiva integral la temática del ciberdelito. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Catamarca.
Sr. Tomassi.- Señor presidente: este acuerdo internacional contempla todas las
áreas relevantes de la legislación sobre ciberdelincuencia –derecho penal,
derecho procesal y cooperación internacional‑ y trata con carácter
prioritario una política penal contra la ciberdelincuencia.
En abril de 2001 el Consejo Europeo publicó
el proyecto destinado a armonizar las legislaciones en los Estados miembros,
abierto a otros países coma Australia, Japón, Canadá, Sudáfrica y los Estados
Unidos de Norteamérica.
La iniciativa fue adoptada por el
Comité de Ministros del Consejo de Europa en su sesión N° 109 del 8 de noviembre
de 2001. Se presentó a la firma en Budapest el 23 de noviembre de 2001 y entró
en vigor el 1° de julio de 2004.
Al 4 de abril de 2014 la Convención de
Budapest registraba solo 64 Estados firmantes, mientras que solo 42 la
ratificaban y 17 la reglamentaban a su derecho interno.
La República Argentina ha incluido los
preceptos del Convenio enmarcada en políticas nacionales a través de las
siguientes normas principales: Código Penal de la Nación Argentina; ley 26.388,
de delitos informáticos; ley 25.326, de hábeas data; Convención de Budapest
sobre Ciberdelincuencia, no ratificada par la República Argentina.
Asimismo, se ha establecido
jurisprudencia en las siguientes áreas: menores y pornografía infantil; hostigamientos,
discriminación y daños al honor; amenazas, extorsiones y chantajes; apología
del crimen; acceso ilegítimo a datos o sistemas y daños informáticos; violación
de comunicaciones electrónicas; estafas y defraudaciones informáticas; competencias
judiciales en la investigación de delitos informáticos; protección de las infraestructuras
críticas de información y ciberseguridad y otros programas gubernamentales.
Por su parte, la resolución 69/2016
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos crea el Programa Nacional contra
la Criminalidad Informática y reemplaza a la Comisión Técnica Asesora de
Cibercrimen. La resolución conjunta 866/2011 y 1500/2011 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, crea la
Comisión Técnica Asesora de Cibercrimen.
Como se puede apreciar, a partir de la Convención
de Budapest la República Argentina encaró un debate y efectivizó todos los
recaudos que conforme a nuestro derecho resultan necesarios para una adecuada
protección de los derechos de la persona, procurando minimizar las lagunas jurídicas
que existían en el ordenamiento nacional respecto a los delitos producidos a
través de las nuevas tecnologías de la información –TICS‑, que
desembocaron en las normativas precedentes.
Señor presidente: solicito
autorización para insertar el resto de mi discurso. Nuestro bloque va a
acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por
Mendoza.
Sr. Petri.- Señor presidente: no voy a referirme a la importancia de este tratado
porque aquí ya se ha hablado de ello. Contiene una parte penal, otra procesal y
fundamentalmente la que nos importa es la parte de colaboración internacional.
Las reservas que hemos hecho son
aquellas que permite la Convención y que en definitiva nuestro derecho penal
sustantivo no acoge respecto de los postulados de la Convención.
Claro está que la República Argentina
debe adherir a un convenio en cuya redacción no participó. Pero fue el
kirchnerismo en el año 2010 el que a través de una nota firmada por el entonces
jefe de Gabinete Aníbal Fernández solicitó la incorporación a la Convención de
Budapest. Por eso extraña la posición,
ya que ustedes siendo gobierno pidieron la incorporación a esa Convención.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Cabandié.- Señor presidente: simplemente quiero complementar lo que ya expuso el
señor diputado Carmona, de nuestro bloque.
En realidad, me parece que está bien
deconstruir lo que expresó la señora diputada Schmidt Liermann, quien tomó la palabra
en nombre del bloque oficialista. Creo que mezcló algunos términos. Entonces,
me parece que está bien deconstruir porque a veces las palabras construyen
realidades, y como estamos muy acostumbrados a que el oficialismo construya
realidades que no lo son, creo que es pertinente marcar cuáles son los aspectos
que entraron en confusión.
Estamos
votando un convenio sobre ciberdelito, que no tiene nada que ver ni con cuidado
de datos personales ni con big data.
En tal caso, el que vulnera los datos personales con la utilización de big data es el gobierno. Lo hemos visto
en reiterados ejemplos durante esta última campaña y en la gestión.
Sr.
Presidente (Monzó).- Si la Cámara lo autoriza se
abstendrá en la votación el bloque del Frente para la Victoria.
-
Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Quedan autorizadas las
abstenciones solicitadas.
Se
va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto y otra recaído en el proyecto de ley venido en revisión por
el que se aprueba el Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa, adoptado
en la ciudad de Budapest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001 (Orden del Día N°
1380).
-
Se practica la votación
nominal.
-
Conforme al tablero
electrónico, sobre 197 señores diputados presentes, 141 han votado por la
afirmativa y 4 por la negativa, registrándose además 49 abstenciones. No se ha
computado el voto de 2 señores diputados.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 141
votos afirmativos, 4 negativos y 49 abstenciones.[20]
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley.[21]
(Aplausos.)
Se
comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Se
deja constancia de que ha votado por la afirmativa el señor diputado Pablo
Kosiner.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Carmona.- Señor presidente: quiero hacer una
acotación por la inquietud presentada por el señor diputado Petri.
Es
importante tener en cuenta que después de 2010, después de la nota a la que
hizo referencia el señor diputado Petri, vino la develación de procesos de
violación de correos de funcionarios argentinos y brasileños por parte de
servicios de inteligencia de países que habían sido promotores de este acuerdo
de lucha contra el ciberdelito.
Este
es el motivo por el cual el Poder Ejecutivo después del año 2010, sobre todo en
el año 2012 en que quedan develadas estas situaciones de violación de correos
de funcionarios, decide no remitir el tema al Congreso. Hay que tener en cuenta
que se comprobó el espionaje desde Malvinas por parte del gobierno británico al
gobierno argentino.
El
gobierno británico es parte del Consejo de Europa, promotor de este convenio de
lucha contra el ciberdelito. No nos parecía adecuado adherir a la iniciativa de
los países que en muchas circunstancias han violado los sistemas de información
de la República Argentina, de Brasil y de otros países de Latinoamérica en
situaciones que han sido verdaderamente escandalosas.
Este
es el motivo por el cual el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no
remitió al Congreso para su ratificación esta iniciativa. (Aplausos.)
- 16 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar en
general de manera conjunta los dictámenes de la Comisión de Intereses
Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y otras recaídos en los proyectos
de ley por los que se crea un Régimen de Desarrollo de la Marina Mercante
Nacional y la integración fluvial regional –Orden del Día N° 2028- y un Régimen
de Promoción de la Industria Naval Argentina ‑Orden del Día N° 2027-,
para luego realizar la votación por separado.
aquí órdenes del día N° 2028 y 2027
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: voy a compartir el
tiempo con la señora diputada Marcela Passo.
Estos
dos proyectos de ley vienen en revisión, y son autores de los proyectos los
senadores Fernando Solanas y Alfredo Luenzo.
Quiero
contar a este cuerpo que se trabajó mucho en estos proyectos. La comisión que
presido promovió más de ocho reuniones con casi treinta entidades, incluyendo
sindicatos, universidades, como la UTN y la UBA, y cámaras del sector en
función de arribar a posibles acuerdos para estos dos proyectos de ley.
Quiero
esbozar algunas cuestiones que hacen fundamentalmente a estos dos instrumentos
que pretenden ser políticas de Estado en la República Argentina. Los hemos
trabajado decididamente dentro de este bloque pensando en llegar al recinto
para lograr la aprobación que hoy creo que van a tener.
Por
las hidrovías de la República Argentina circulan 20 millones de toneladas de
carga, y casi en su totalidad se transportan por buques de bandera extranjera.
Si de esas toneladas de carga un 30 por ciento fuera transportado por barcos de
bandera nacional se generarían alrededor de tres mil quinientos puestos de
trabajo. Esto provocaría decididamente un impacto real en nuestras costas,
sobre todo beneficiaría a los que vivimos en el litoral de la República
Argentina.
-
Ocupa la Presidencia la
señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana
Giménez.
Sr.
Solanas.- Del transporte de mercadería por la
hidrovía, hoy la Argentina participa solamente en un 3 por ciento; el 87 por
ciento es de la República de Paraguay, y de Bolivia, el 6 por ciento.
Evidentemente hoy no tenemos políticas de marina mercante y tampoco de
industria naval, y prácticamente estamos en foja cero.
El
transporte fluvial presenta ventajas respecto del ferroviario y del vial, como
ser menos costos de inversión y mantenimiento, menor consumo de energía, mejor
capacidad de carga y menores costos de transporte para distancias mayores a 800
kilómetros. Si fuera por una distancia menor se haría mediante barcazas por
nuestros ríos.
Un
tren de barcazas puede transportar 54.000 toneladas de granos, 36 barcazas por
1.500 toneladas de granos cada barcaza. Esto equivale al transporte de 1.080
vagones ferroviarios de 50 toneladas de carga cada uno, y a 1.928 camiones de
28 toneladas cada uno.
En
la Argentina, el 87 por ciento de la carga de granos se mueve por camiones, el
medio más caro por kilómetro. Para comparar, en Brasil es el 60 por ciento.
Evidentemente,
tenemos la idea de promover dos leyes muy importantes para la República
Argentina. Sabemos que hay una posición de desindustrialización nacional. Este
gobierno permanentemente atenta contra la industria nacional. Estos proyectos
van en contra decididamente de la posición del gobierno.
Por
eso es muy importante que hayamos llegado a un acuerdo y que el bloque
Cambiemos haya apoyado la aprobación de estos dos proyectos que vienen del
Senado.
Se
espera promover el desarrollo del sector a través de beneficios impositivos
para las provincias, fomentando las economías regionales, incentivando la
recuperación de la bandera argentina en nuestros ríos y en el tráfico
internacional, generando las condiciones para la creación de nuevos puestos de
trabajo.
Esto
es central en estos dos proyectos de ley. Por eso, quiero plantear someramente
algunas cuestiones que son relevantes. Se crea un registro de armadores
nacionales y se dan beneficios a las contribuciones patronales para ellos. El
Poder Ejecutivo deberá reglamentar e implementar gradual y progresivamente el
régimen en un plazo de cinco años.
La
importación definitiva para consumo de artefactos navales y buques nuevos y sin
uso, alcanzados por el presente régimen por cuatro años, tributará un derecho
de importación extrazona equivalente al cero por ciento.
En
cuanto al subsidio equivalente al 50 por ciento del impuesto a los combustibles
por un período de treinta y seis meses, se dará prioridad a los buques y
artefactos navales para las cargas marítimas y/o fluviales originadas o
destinadas a los organismos del Estado nacional.
También
se establece una modificación al régimen de hipoteca naval. Estos son los
aspectos vinculados con el proyecto de ley sobre la marina mercante.
En
cuanto a la industria naval, podemos destacar las siguientes consideraciones
relevantes: se crea un Registro de Astilleros, Talleres Navales y Estudios de
Ingeniería Naval; se establece el Fondo para el Desarrollo de la Industria
Naval Nacional –FODINN- con un aporte del Tesoro nacional no menor a 1.500
millones de pesos por año, actualizado por el índice de precios básicos al por
mayor.
-
Ocupa la Presidencia el señor
presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr.
Solanas.- Asimismo, se crea una comisión asesora
de la industria naval integrada por representantes de todos los sectores
involucrados en el área: Poder Ejecutivo nacional, academias, sector
empresarial, sindical, profesionales de la ingeniería naval y de la Armada.
Los
armadores nacionales podrán acceder al leasing
naval instrumentado por el Banco Nación para cancelar las órdenes de
construcción de buques y/o artefactos navales construidos en los astilleros inscriptos
en el registro mencionado en el artículo 5°.
El
régimen establecido por el decreto 1010/04 y sus modificatorias, caducará de
pleno derecho a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la
presente ley.
Evidentemente,
estamos por consagrar dos leyes muy importantes para la República Argentina.
Ambas han sido trabajadas profundamente en las comisiones referentes a estos
temas.
Para
finalizar voy a citar una frase pronunciada por el presidente Perón en un
discurso de 1947. Dice así: “Si antes ustedes veían en el puerto veinte barcos
extranjeros y uno solo con bandera argentina, ahora verán veinte barcos de
nuestra bandera por cada uno de bandera extranjera”.
Estos
temas tienden a recuperar la soberanía nacional y la capacidad no solo de
construir nuestras naves sino también de competir y generar empleo en la
República Argentina. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Passo.- Señor presidente: debo agradecer al señor
diputado Solanas por este gesto que no es ni más ni menos que una muestra de la
forma en que hemos venido trabajando en la Comisión de Intereses Marítimos,
Fluviales, Pesqueros y Portuarios, en la que siempre hemos puesto por delante
la voluntad de que prosperen los proyectos que en ella se tratan, en particular
y especialmente, los vinculados con el fomento de la marina mercante y la
industria naval nacional.
En
mi última intervención en este recinto manifesté mi indignación y
disconformidad ante la actitud negativa del oficialismo de tratar estos temas.
Hoy debo decir que tengo la satisfacción de haber logrado, junto a mis
compañeros, la concreción de lo que entiendo es el primer paso en la conquista
de los beneficios que necesita y merece, tanto la marina mercante como la
industria naval argentina.
Junto
a muchos compañeros pudimos lograr incluir en la agenda del oficialismo, no
solo del Poder Legislativo sino también del Poder Ejecutivo nacional, el
tratamiento de estos proyectos tan importantes para nuestro país.
Asimismo,
tengo la satisfacción de haber conversado en el día de ayer con un trabajador
de Ensenada, quien me comentó que lo convocaron del Astillero Río Santiago para
desempeñarse como mecánico, porque tienen la expectativa y la esperanza de que
estas iniciativas se transformen en ley en los próximos días. Ese astillero que
cuenta con una planta de personal de 3.400 empleados tiene la esperanza de
lograr un aumento superior al 150 por ciento en su planta.
Estamos
por sancionar dos iniciativas venidas en revisión del Honorable Senado. En
cuanto a la referida a la marina mercante, debo señalar que oportunamente
presenté un proyecto de mi autoría que contemplaba ambiciosamente un compilado
de todas las necesidades del sector; por ejemplo, la exención en el impuesto a
los combustibles para el sector en un ciento por ciento, la reducción de las
alícuotas del IVA y del impuesto a las ganancias, entre otros beneficios
impositivos necesarios para esta actividad que, lamentablemente, viene en
decadencia desde hace más de treinta años, situación que la ha llevado
prácticamente a su desaparición.
Ese
proyecto no prosperó, pero no puedo dejar de reconocer que las iniciativas que
estamos por sancionar hoy constituyen un avance y el primer escalón para seguir
trabajando por todas las conquistas que el sector necesita y las que aún
faltan.
Sé
que el Senado está esperando nuestras sanciones para convertir en leyes estas
iniciativas, antes de fin de mes o fin de año, lo cual genera grandes
expectativas.
Brevemente,
solicito al Poder Ejecutivo nacional que en el momento en que estos dos
proyectos sean convertidos en ley, tenga la voluntad política de llevarlos
adelante a fin de que puedan avanzar en la práctica. Espero que sean
reglamentados prontamente para que sirvan a los intereses del país.
Independientemente
de algunas modificaciones que plantearán mis compañeros, que pueden llegar a
ser acordadas por todas las fuerzas políticas, estaremos acompañando estos
dictámenes consensuados.
Estamos
por votar estos proyectos de ley, que son los posibles, con la expectativa de
que los trabajadores de la marina mercante, los astilleros del país que, en su
gran mayoría, están ubicados en la provincia de Buenos Aires y los sectores
productivos, que directa o indirectamente dependen del fomento de estas
industrias, pronto puedan ver concretados sus sueños de prosperidad, trabajo,
generación y fomento de las economías regionales que dependen de ellos. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Salta.
Sr.
López.- Señor presidente: estos dos proyectos de
ley, como muchos de los que se han tratado acá, plantean una enorme cantidad de
exenciones impositivas y subsidios del Estado tanto a las patronales del
transporte naviero como a las de la industria naval.
Yendo
a la iniciativa de la marina mercante, mientras hoy se discutió la ley de
compre nacional, este proyecto no solo autoriza la importación a tasa cero de
partes y componentes navieros sino también de navíos. De modo que aquí hay una
enorme contradicción de parte de quienes han votado la ley de compre nacional y
están por votar afirmativamente esta iniciativa.
Creo
que se está contrabandeando, por decirlo de alguna manera, parte de la reforma
laboral que el gobierno nacional quiere imponer al conjunto de los
trabajadores. Esto no solo incluye la reforma laboral sino también la
previsional, porque el proyecto prevé que el Estado se haga cargo de los
aportes que deberían ingresar las patronales al sistema jubilatorio por un
salario de un trabajador de la marina mercante de doce mil pesos. Aunque hubo
posiciones que planteaban un salario de diez mil pesos, el dictamen fijó un
tope de doce mil, que será ajustado por el índice RIPTE.
Como
parte de esa reforma laboral, el proyecto también prevé la posibilidad de que
haya hasta ocho estudiantes, por ejemplo, de la escuela de la marina mercante
que hagan pasantías en embarcaciones marítimas, y tres, en embarcaciones
fluviales, con la única obligación de las patronales de cubrir los gastos de
dichas pasantías. De modo que ni siquiera existe la garantía de que los
pasantes cobren un salario, sino simplemente los gastos que demandará dicha
pasantía. Es decir que acá se introducen aspectos de la reforma laboral que el
gobierno nacional quiere imponer al conjunto de los trabajadores.
En
cuanto a la industria naval, también se ha dicho acá que se crea el FODIN, con
1.500 millones de pesos que serán contemplados en el presupuesto nacional. Pero
a este respecto debemos señalar lo siguiente. El Astillero Río Santiago está en
un proceso de vaciamiento como consecuencia de que la gobernadora María Eugenia
Vidal no ha otorgado las cartas de crédito para su funcionamiento. El astillero
tiene 3.400 trabajadores y es claro que este proyecto de ley les ha creado
alguna expectativa en el sentido de que una parte de esos 1.500 millones de
pesos podrían ser destinados al astillero. Sin embargo, a fin de que los
trabajadores sean conscientes de la situación, debemos dejar en claro que si
fuera así la norma debería ser específica y determinar cuánto de esos 1.500
millones de pesos van a ir al Astillero Río Santiago, que está siendo vaciado.
Además,
como consecuencia de ese vaciamiento, a raíz de un plenario que se realizó a
partir de una convocatoria de los trabajadores astillero, el día de mañana van
a marchar a la gobernación, en La Plata, para reclamar no solamente contra
dicho vaciamiento, sino también contra todas las reformas antilaborales y
antijubilatorias que está impulsando el gobierno nacional. Los trabajadores del
astillero han realizado un plenario, con distintos sindicatos de la zona, para
movilizarse el día de mañana contra la reforma laboral.
Cabe
señalar también que este año se cumplen veinticinco años del día en que los
trabajadores del Astillero Río Santiago echaran de su lugar de trabajo al Grupo
Albatros, de la Prefectura Naval, y que por orden del Ministerio de Defensa –en
la época del gobierno de Menem‑ fue a ocupar el astillero por 45 días
para imponer su cierre. Los trabajadores hicieron que esa ocupación no durase
más de 60 horas. Esos son los trabajadores que mañana se van a movilizar para
evitar un nuevo proceso de vaciamiento del mismo astillero respecto del cual en
su momento impidieron su cierre. Ese astillero era nacional, fue trasladado a
la jurisdicción provincial y hoy el gobierno de María Eugenia Vidal lo está
vaciando.
Por
eso, tenemos que ser muy claros. Si acá se quiere desarrollar la industria
naval, hay que empezar por defender el Astillero Río Santiago, su capacidad productiva
y a sus trabajadores. Allí es donde hay que poner los recursos y no en las
patronales privadas.
Sabemos
la importancia que tiene la Marina Mercante y la industria naval, que deberían
complementar el desarrollo nacional en función de resolver las necesidades de
todo el pueblo. Pero esto no puede lograrse bajo las premisas de este tipo de
proyectos de ley que subsidian a las patronales e imponen una reforma laboral
al conjunto de los trabajadores.
Sabemos
la importancia que tiene que los barcos estén en condiciones, para evitar lo
que ha ocurrido con El Repunte, cuyos familiares hoy siguen pidiendo justicia a
fin de no haya ningún hundimiento más como el de este barco pesquero.
Por
estos motivos queríamos hacer estos señalamientos y presentamos nuestro
dictamen de minoría por el que se rechazan los términos en los cuales se cree
que se puede desarrollar la industria naval o la Marina Mercante. Este vuelve a
ser un proyecto de ley que beneficia a las patronales en contra de los
intereses de los trabajadores. Mañana, en La Plata, nuestros compañeros van a
estar acompañando la movilización de los trabajadores del Astillero Río
Santiago. Reitero que no solamente se van a movilizar por sus reivindicaciones
propias, sino también contra todos los ataques que provienen del gobierno
nacional.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Cruz.
Señora
diputada: dispone de ocho minutos, pero puede utilizar cinco.
Sra.
Toledo.- Lo intentaré, señor presidente.
Luego
de más de un cuarto de siglo, nos reunimos para cumplir con una obligación
moral: debatir las leyes de Marina Mercante e industria naval.
Quisiera
resaltar las largas jornadas de intenso trabajo de los equipos de asesores,
especialistas, trabajadores profesionales y dirigentes gremiales que han
participado en la redacción de este proyecto de ley. Estimo, como lo más
significativo, la vocación de consenso, de disposición a escuchar y a debatir,
sobre todo de aquellos que durante más de veinticinco años estuvieron esperando
este momento, conscientes del beneficio que a los intereses de nuestro país
podrá aportar esta norma.
Fue
en 1991, a través de un decreto –el 1.772‑, cuando con la pretendida
intención de desregular el sector se desmanteló casi íntegramente una flota de
más de doscientos buques de ultramar, con los que exportábamos una parte
significativa de nuestras producciones e importábamos aquello imprescindible
para nuestro desarrollo. Dos años debían mediar entre el momento de la firma
del decreto provisorio y la promulgación de una ley definitiva; dos años que
nunca llegaron. Tampoco llegaron los otros dos años que otra norma provisoria
consagraba: el decreto 1.010, del año 2004.
Desde
entonces muchos fueron los esfuerzos porque se traten en este recinto no uno,
sino más de una docena de proyectos originados en todos los espacios políticos
representados en este Parlamento. Lamentablemente, ninguno de ellos, en ningún
momento, tuvo siquiera dictamen favorable hasta hoy.
Es
casi un deber recordar algunos hitos de la historia marítima argentina, a los
que sin lugar a dudas se sumará este día. En 1587 se registra la primera
exportación marítima de producción de nuestra tierra. En noviembre de 1799,
Belgrano, entonces secretario de Industria y Comercio del Consulado de Buenos
Aires, logra inaugurar la Escuela de Náutica, que hoy perpetúa su nombre y
sigue formando oficiales de la Marina Mercante.
Señor
presidente: 150 años exactos nos separan de otra fecha medular para la Marina
Mercante. Fue en 1867 cuando un inmigrante croata establece en el puerto de
Buenos Aires el primer servicio de transporte fluvial y marítimo de cabotaje.
Fue en 1905 cuando se sanciona la primera ley referente a nuestra Marina
Mercante, la 4.819, por la que se otorgaban subsidios a los armadores que
realizasen tráficos marítimos hacia Europa.
En
1910 se sancionó la ley 7.049, que reserva la carga entre puertos argentinos a
los buques de bandera nacional. En 1917, el entonces presidente de la
República, don Hipólito Yrigoyen, intentó crear una flota mercante pero su
proyecto no prosperó.
El
presidente constitucional Agustín Pedro Justo determina, en 1934, la
constitución de una comisión para la creación de la Marina Mercante Argentina,
apoyada firmemente por los gremios marítimos existentes en ese momento. Logra
su cometido recién en 1941 y crea la Flota Mercante del Estado con la compra de
dieciséis buques beligerantes.
Los
años 50 son los que ven el mayor crecimiento de las flotas mercantes argentinas
estatales y privadas. Fue el presidente Frondizi quien en 1959 determinó el
nacimiento de la célebre ELMA, Empresa Líneas Marítimas Argentinas, con la que
la República Argentina lograría establecer un tráfico regular a los puntos más
distantes y estratégicos del mundo durante los siguientes cuarenta años.
El
resto de la historia ya la conocemos. Durante los últimos veinticinco años, la
falta de una ley que regule la actividad de la Marina Mercante dio lugar al
desmantelamiento de la flota argentina, a la pérdida de las líneas comerciales,
de miles de puestos de trabajo, de cientos y miles de millones de dólares en
perjuicio de los intereses argentinos.
Para
finalizar, solo quisiera rescatar la serena perseverancia y el sentido del
deber de los trabajadores y profesionales de la Marina Mercante, quienes junto
a sus representantes gremiales nunca dejaron de peticionar a las autoridades
por esta ley, como así también de los legisladores que desde todos los espacios
políticos representados en este Parlamento, y desde el momento que se desmanteló
la Marina Mercante, insistieron infructuosamente en brindar a nuestro país este
instrumento legal por el que se establezca el marco adecuado que permita volver
a construir una flota mercante de bandera que en beneficio de los intereses
generales de la Nación genere puestos de trabajo genuinos, estables y bien
remunerados, a la vez que sirva de instrumento estratégico para el transporte
internacional de las exportaciones e importaciones del comercio exterior
argentino, tal como se evidenció desde su nacimiento hasta su lamentable ocaso,
de suerte tal que, en vísperas del día del marino mercante, el próximo 25 de
noviembre, y con la satisfacción del deber cumplido, todos los argentinos, y
puntualmente los legisladores a través de esta ley, podamos rendir el debido
homenaje a nuestro prócer don Manuel Belgrano, quien en la misma fecha de 1799
inició este derrotero constituyendo la Escuela de Náutica. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr.
Monfort.- Señor presidente: seré breve en virtud
de que a esta altura del debate ya se ha avanzado lo suficiente sobre el tema
en tratamiento. Sin embargo, deseo complementar lo expresado por la diputada
preopinante en el sentido de la importancia que generan estos dos proyectos de
ley que hoy sancionaremos y que tienen un objetivo claro: retomar en nuestro
país la idea de que el transporte fluvial puede generar desarrollo, crecimiento
y oportunidades.
Los
proyectos en tratamiento significan la posibilidad de que una actividad
postergada durante estos últimos años vuelva a funcionar y se encuentren las
alternativas a fin de obtener crédito y financiamiento a través de hipotecas y leasing navales. Además, se avanza en
programas que permitan mejoramientos impositivos y fiscales para que muchos
astilleros y lugares en donde se fabrican este tipo de embarcaciones generen
trabajo genuino para nuestra gente, retornando a la flota de bandera nacional
que hemos perdido en estos últimos tiempos.
Está
claro que poco se ha hecho durante estos últimos años y es un gran mérito de
este gobierno la puesta en agenda de las cuestiones que tienen que ver con la
Marina Mercante y la posibilidad del aprovechamiento de nuestros ríos,
fundamentalmente para el transporte de cargas.
A
través de estas iniciativas tendremos la oportunidad de que muchos
profesionales, trabajadores, oficiales y técnicos puedan trabajar en la
fabricación de este tipo de buques. Además, de este modo lograremos revertir la
situación actual porque hoy una gran mayoría de buques extranjeros transita los
ríos internos de nuestro país, en desmedro de una flota nacional que debió
haber sido sostenida y mejorada en estos últimos años.
En
estos dos primeros años de gestión en la Cámara de Diputados he tenido la
posibilidad de recorrer buena parte del país junto a los integrantes de la
Comisión de Economías y Desarrollo Regional, y además de pedir la mejora de las
condiciones tributarias y laborales de la gente que trabaja en las distintas
economías regionales del país, la logística también ha sido una de las
cuestiones que mayormente nos han reclamado, es decir, la necesidad de contar
con transporte ferroviario, aéreo y fluvial. Entiendo que con la sanción de
estas iniciativas colaboraremos para que esta cuestión largamente anhelada en
estos últimos tiempos pueda convertirse en realidad.
Quienes
vivimos en Entre Ríos y vemos la importancia que tiene el transporte fluvial
para mejorar las condiciones de competitividad de nuestras economías
regionales, trasladando a través de las embarcaciones la producción que se
genera, sabemos lo necesario que es para cada una de las cadenas productivas
del interior del país poder contar de manera directa o indirecta con esta
posibilidad que brinda el transporte fluvial.
Felicito
a todos aquellos que han trabajado durante estos meses para poder contar con
esta herramienta que sin duda apuesta al progreso, el desarrollo y el
engrandecimiento de nuestras economías regionales largamente postergadas, y
fundamentalmente a generar puestos de trabajo genuinos a fin de que cada uno de
los argentinos comencemos a tener oportunidades laborales y de esa manera
mejorar la calidad de vida de cada una de nuestras familias. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.
Sra.
Carol.- Señor presidente: considero de suma
importancia los proyectos de ley referidos al desarrollo de la Marina Mercante,
su integración fluvial y la industria naval que estamos tratando en conjunto en
el día de hoy.
En
la actualidad sabemos muy bien que solo el 3 por ciento de los buques que
transportan mercaderías por la hidrovía es de bandera nacional; el resto
corresponde a buques de distintos países. Por este motivo vemos imperioso que
se apruebe este tipo de normas y trabajamos arduamente desde hace un año y
medio en la comisión, como bien lo expresara el diputado Julio Solanas.
Pensamos
que la recuperación de la bodega nacional tiene mucho que ver con la soberanía
económica que estamos buscando. Tenemos algunas disidencias en ciertos aspectos
porque consideramos que nos podemos integrar pero sin entregarnos. Me refiero
puntualmente al artículo 2° del proyecto contenido en el expediente
294-S.-2016, en donde se da un plazo al Poder Ejecutivo nacional para estudiar
algunas modificaciones a fin de adecuar, compatibilizar o armonizar diversos
aspectos que tienen que ver con el Acuerdo de Transporte Fluvial por la
Hidrovía. En particular me estoy refiriendo a los regímenes laborales y a las
condiciones de seguridad de los trabajadores.
-
Ocupa la Presidencia el señor
Vicepresidente 3° de la Honorable Cámara, ingeniero Felipe Carlos Solá.
Sra.
Carol.- Consideramos que este punto en particular
es conflictivo porque no sabemos si vamos a nivelar hacia abajo o hacia arriba
en cuanto a condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores.
También
tenemos disidencias en el artículo 10 porque en el actual contexto creemos que
va en el mismo sentido que el proyecto de ley de reforma previsional presentada
por el Poder Ejecutivo nacional. Por la experiencia vivida en la Argentina, sabemos
que las modificaciones de las contribuciones patronales obligatorias
inevitablemente terminarán con el desfinanciamiento de la ANSES.
Por
último, quiero recordar que el 20 de noviembre se conmemoró el Día de la Soberanía
Nacional y se recordó la batalla de la Vuelta de Obligado. Por lo tanto,
estamos muy orgullosos de aprobar estas dos leyes en esta misma semana.
Como
representante de la única provincia insular de la República Argentina, Tierra
del Fuego ‑sé muy bien que el tema se relaciona con lo fluvial, nosotros
no tenemos ríos navegables y solo estamos rodeados por mar-, rodeados por mar-,
no puedo dejar de lado el reclamo del cruce por aguas argentinas que
consideramos que también contribuye a las economías regionales, a la soberanía
nacional y a la integración del territorio de la Argentina.
Por
último, quiero manifestar un leve desacuerdo en el inciso e) del artículo 20 en
cuanto a las prácticas profesionales. Me gustaría que se aclaren las condiciones
de dichas prácticas en el sentido de si serán rentadas o no, más allá del gasto
que implica embarcar a esos alumnos. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Solá).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires, quien compartirá el término con el señor diputado
Alonso.
Sr.
De Mendiguren.- Señor presidente: trataré de ser
muy breve para que el señor diputado Alonso pueda expresarse con más tiempo.
Como
presidente de la Comisión de Industria vuelvo a ratificar lo que hoy se ha
dicho en el recinto, pero que vale la pena repetir: cómo han trabajado todas
las comisiones y parte del gobierno nacional para que podamos arribar a la
sanción de estos dos proyectos de ley, destacando la importancia de su
tratamiento en conjunto. Parecía casi inalcanzable un acuerdo de este tipo,
pero se ha logrado.
Con
respecto al proyecto de ley de industria naval, que es la que más me compete,
es clave que la Argentina recupere esta actividad, porque es una industria de
industrias que llegó a ocupar 70.000 trabajadores calificados. Fue la primera
en Latinoamérica en tener un astillero como Río Santiago, y Puerto Belgrano fue
el mayor dique seco que tuvo la Argentina a principios de siglo.
Hoy
tenemos 6 mil trabajadores calificados, y poniendo en marcha lo que estamos
tratando de implementar en esta iniciativa, en muy corto plazo podremos tener
20.000 trabajadores.
Es
muy clara la importancia que el mundo da a su industria naval. Los Estados
Unidos ‑sabemos que es por esencia la mayor economía de mercado‑
todavía tienen vigente la Jones Act, un acta de 1880 que establece la reserva
para navegar por todos sus ríos interiores a embarcaciones construidas en los
Estados Unidos tripuladas por personal norteamericano.
Como
contraposición, nosotros tenemos la hidrovía, una de las obras más importantes
para conectar toda nuestra zona productiva, pero en un 90 por ciento de los
casos la navegan barcos extranjeros.
Sabemos
que en el país se pueden construir barcazas perfectamente producidas en el
corto tiempo que lo requieren las necesidades. Por eso, no aprobamos el hecho
de seguir importando barcazas usadas de los Estados Unidos o de distintas
partes del mundo.
Presentaremos
una disidencia parcial en el proyecto de ley de Marina Mercante, sobre todo en
los artículos 20 y 22, porque creemos que hay que compatibilizar las dos cosas.
La industria naval tiene que formar parte de esta nueva readecuación del frente
externo argentino en materia de transporte.
Sr.
Presidente (Solá).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Alonso.- Señor presidente: rindiendo tributo a la
brevedad, quiero decir que lamento que este importante proyecto de ley se esté
tratando a esta hora porque, de acuerdo a lo que habían informado, se iba a
tratar en el día de mañana. Hoy vinieron los trabajadores a festejar la sanción
de esta ley pero les informamos que se iba a tratar mañana.
Señor
presidente: no es usted el destinatario de mis palabras, pero esta norma es tan
importante como la de defensa del consumidor, la de compre nacional, la de
subrogancia y las demás que se trataron en el día de hoy. No es la primera
oportunidad en que en este recinto se tratan temas relativos a la Marina
Mercante y la industria naval.
Hasta
el día de hoy los integrantes de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales,
Pesqueros y Portuarios de todos los bloques estuvimos buscando consensos. Digo
esto porque en el plenario de comisiones que se realizó días atrás firmamos el
dictamen con disidencias parciales, y en la consideración en particular las
expresaremos. Sin embargo, esas disidencias dejaron de serlo porque a partir
del acuerdo que logramos en el día de la fecha pasaron a ser propuestas de
todos los bloques.
Nuestro
bloque anticipa la aprobación en general de estos dos proyectos que vienen a
reactivar no solamente la industria naval sino a terminar con la ignominia de
que no sea la bandera argentina la que más flamea en la hidrovía del río
Paraná.
En
el tratamiento en particular plantearemos las modificaciones a las que hice
referencia, y anticipo que ahora solamente están vinculadas a los artículos 23,
29, 31 y 37 del proyecto de ley de Marina Mercante, además de los artículos 20
y 22 mencionados por el diputado De Mendiguren.
Sr.
Presidente (Solá).- Tiene la palabra el señor
diputado por el Chaco.
Sr.
Martínez Campos.- Señor presidente: estos dos
proyectos de ley tienen una larga data en cuanto a la deuda nacional que
también guarda relación con la deuda de nuestra soberanía sobre este sistema
que ha sido relegado reiteradamente por los altos intereses del monopolio del
comercio internacional.
Este
proyecto obedece a varias iniciativas que tuvieron origen no solo en el Senado
sino en la Cámara de Diputados. Pero además esta aspiración de tener un
desarrollo de una Marina Mercante de bandera nacional, una integración regional
fluvial y un régimen de promoción de industria naval argentina, por las
necesidades sociopolíticas, económicas, de desarrollo e incluso de tipo
tecnológicas ‑puestas de manifiesto en estos días por la situación que
está atravesando el ARA San Juan-, tiene una deuda que cuenta con el apoyo de
la totalidad de los gremios y los trabajadores argentinos del sector.
También
cuenta con el apoyo de las cámaras empresarias, de docentes, de graduados de
las universidades, de facultades -tanto de ingeniería naval como de pesca-, de
la Liga Naval Argentina, de integrantes de la fuerza de seguridad del sector,
de senadores y diputados nacionales de la oposición y del oficialismo y de
miembros del Poder Ejecutivo nacional.
Hemos
logrado sancionar por consenso las leyes posibles –no las ideales- a raíz de
acuerdos que hoy son necesarios para empezar a vivir una etapa distinta para el
desarrollo de nuestro país.
Estos
proyectos tuvieron origen en esta Cámara de Diputados. En agosto de 2015 un
equipo denominado Gabinete Fluvio Marítimo, integrado por trabajadores y
empresarios, puso en marcha dos grandes proyectos que buscaban ser consecuentes
con ese legado del teniente general Perón para Latinoamérica, que quería lograr
la explotación mediante la conectividad de esa autopista fluvial de 8.000
kilómetros que nacía en el río Orinoco, en Venezuela, y llegaba hasta el Río de
la Plata.
El
teniente general Perón era obsesivo en cuanto al desarrollo de las economías
regionales de siete países de América que irían construyendo ese sueño de
patria grande que nos indicara ya en aquel tratado de comercio celebrado con
Chile en 1952, donde se planteaba la necesidad de la formación de un mercado
común latinoamericano.
Estos
dos proyectos de ley –especialmente el referido a la Marina Mercante- también
pretenden lograr el equipamiento de toda la flota mercante de bandera nacional
mediante el mejoramiento de su competitividad.
Además,
se persigue el aumento de la demanda de los fletes, a fin de que resulten más
accesibles para nuestras economías regionales.
Asimismo,
buscan la consolidación y el incremento de la participación de la flota
argentina en los rubros del flete y el transporte –esto ha sido señalado por
los señores diputados y las señoras diputadas preopinantes-, ya que es una
vergüenza que solamente transportemos el 3 por ciento de los productos que se
trasladan por vía fluvial a través del caudaloso río Paraná y el Litoral
argentino.
Estas
iniciativas también persiguen la generación y el incremento de fuentes de
trabajo estables mediante la incorporación de buques y artefactos navales
construidos en talleres que desarrollan su actividad en el territorio nacional,
tal como lo establece el artículo 1º de la iniciativa contenida en el
expediente 294-S.-2016. La medida excluye a todo buque que no esté destinado
únicamente a fines mercantes.
Por
eso es importante este proyecto de ley que beneficia a los armadores o
empresarios nacionales que operan con buques mercantes, excluyéndose algunos
tipos de embarcaciones que taxativamente no responden a esos fines.
Es
necesario tener en cuenta que el proyecto generosamente establece para ellos ‑que
seguramente serán los beneficiarios de lo que determina el artículo 6º de ese
proyecto de ley‑ la creación de un Registro de Armadores Nacionales.
La
iniciativa prevé beneficios fiscales y la eliminación de tributos aduaneros
durante cuatro años, prorrogables por otros dos. Inclusive determina la
incorporación de buques e insumos que actualmente no se producen en la
Argentina y que podrán ser utilizados para esas embarcaciones como repuestos en
los astilleros a los que hizo referencia un señor diputado preopinante.
El
proyecto permite a los armadores arrendar buques que tengan una determinada
cantidad de años de antigüedad. En el caso de las embarcaciones fluviales ella
no deberá superar los diez o quince años. Esas naves recibirán el tratamiento
correspondiente a los buques de bandera argentina.
La
iniciativa también establece que las tripulaciones deberán ser argentinas, tal
como lo ha señalado un señor diputado del bloque del Frente Renovador.
Seguramente el contrato correspondiente se ajustará a la ley y a los convenios
colectivos de trabajo que rigen en nuestro país y se encuentran determinados en
el artículo 31 del proyecto.
El
Poder Ejecutivo nacional será el responsable de promover los fondos para la
capacitación del personal y la formación de esta flota que pretendidamente
queremos obtener mediante la sanción de este proyecto de ley. Añoramos esa
Argentina de las décadas del 40 y el 50, cuando más de 160 buques de ultramar
transportaban, como dijo la señora diputada Toledo, nuestros productos a
distintos lugares de otros continentes.
También
añoramos tener nuevamente los más de treinta buques que transportaban nuestro
petróleo y otros combustibles a través del litoral marítimo argentino.
Considero
que la creación del Registro de Astilleros, Talleres Navales y Estudios de
Ingeniería Naval que establece el proyecto de ley por el que se determina el
régimen de promoción de la industria naval argentina, constituirá un aporte muy
importante para el crecimiento de esta madre de industrias, tal como la ha
definido el señor presidente de la Comisión de Industria.
Es
importante tener en cuenta que debemos ser realistas y contar con una política
de sustitución de importaciones. No obstante, todavía debemos importar algunos
insumos que forman una parte considerable de las piezas y componentes que
seguramente pondrán rápidamente en marcha a la industria nacional.
Celebro
que después de haber recibido el año pasado la invitación del señor senador
Espíndola a participar de una reunión plenaria de comisiones en el Honorable
Senado para analizar en ese ámbito los proyectos que obraban en esta Cámara de
Diputados y que fueran sancionados por unanimidad en el Senado, hoy, en este
mes en el que se conmemora el Día de la Soberanía, estemos tratando esta
iniciativa que tiende a reparar un atraso de más de treinta años en el sistema
de navegación por agua. Es un día histórico que marcará un antes y un después
para las economías regionales y la industria nacional.
Además,
seguramente podremos recuperar esos 8.000 millones de dólares que se van del
país porque no somos capaces de tener un régimen de promoción de una industria
como esta y buques que transporten nuestros productos, efectuando así aportes
al Tesoro nacional mediante el pago de los impuestos correspondientes.
Lo
que se pretende con esto es generar no solamente beneficios para las economías
regionales, sino también empleo genuino y un crecimiento de la industria
nacional en el marco de este proyecto de ley, que es fundamental para el
desarrollo de nuestro país.
También
celebro haber integrado junto con otros señores diputados de diferentes bloques
la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, que
preside el compañero Julio Rodolfo Solanas.
Gracias
a la generosidad de los representantes de las distintas bancadas y también del
Poder Ejecutivo nacional pudimos arribar a esta instancia, que nos permitirá
contar con este instrumento que será fundamental para el desarrollo nacional. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Solá).- Tiene la palabra la señora
diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: es cierto lo que ha
señalado el señor diputado Alonso, en el sentido de que es una lástima que los
trabajadores del sector no estén presentes, pero tanto desde sus casas como
desde el Astillero Río Santiago estarán siguiendo este debate. Por eso, antes
que nada quiero enviarles un saludo emocionado y manifestarles lo siguiente:
muchachos, acá estamos cumpliendo con lo que les prometimos. Desde acá les
mandamos un abrazo fuerte y les decimos que podemos mirarlos a los ojos y
expresarles que estamos llevando a cabo lo que ustedes pedían, en el sentido de
que los barcos sean construidos en la Argentina y terminemos de traer chatarra
internacional, lo que después nos termina costando la vida de los trabajadores
de los barcos, como ocurrió en el caso del hundimiento de “El Repunte”.
En
realidad, hoy estamos haciendo honor a ese pedido que nos han hecho los
trabajadores del sector y honrando la memoria de esos marineros que han muerto
por no contar con las herramientas adecuadas. Por lo tanto, les envío un
saludo, como así también a los muchachos del SAON de ATE-Ensenada.
Mientras
debatimos este proyecto de ley, pienso que en las orillas del río Paraná, en mi
Corrientes porá, permanece arrumbado
uno de los emblemas del sueño industrialista de esta provincia que hoy vive del
empleo público y tiene un destino agropastoril, al parecer, eterno.
Hubo
un astillero que supo emplear a 2.000 personas, que generó puestos de trabajo y
que construyó barcos demandados local e internacionalmente. Las políticas
implementadas durante los años 90 nos dejaron sin la posibilidad de dar un
vuelco frente a ese destino de provincia pobre. Entonces, ojalá que con la
sanción de este proyecto de ley, la provincia pueda recuperarse. De la misma
manera, espero que el astillero Río Santiago, en lugar de eyectar gente y
despedir compañeros, comience a atravesar una situación distinta a la que sufre
hoy día. Con esta norma podremos garantizar la construcción de barcos, y que
aquellos que circulen el litoral marítimo y nuestra hidrovía sean de industria
nacional.
Hace
poco, la ministra Bullrich realizó un meganegocio comprando en el extranjero
barcazas cuyo valor es diez veces mayor al de las que podrían construirse en el
país. Con la sanción de este proyecto de ley, no habrá decretos ni maniobras
sino licitaciones.
-
Ocupa la Presidencia el señor
presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sra.
Ferreyra.- Existirá la obligación de construir en
territorio argentino barcos que lleven nuestra bandera. Tenemos una de las
hidrovías más importantes, pero resulta que los barcos que navegan por el río
Paraná no portan la bandera argentina.
Estamos
ante un acto de soberanía, no solo porque en los barcos tendrá que flamear
nuestra bandera sino también porque los que se construyan en territorio
nacional deberán llevar marineros argentinos cuyas vidas no estén en riesgo por
las malas condiciones de la nave que los transporta.
Estoy
muy emocionada y agradezco a los miembros de las comisiones que pudieron llevar
adelante esta iniciativa. No es casualidad que haya sido el Senado quien la
destrabó, luego de tres o cuatro años de discusiones en la Cámara de Diputados.
Tal vez, esto se deba a que en el Senado la representación de las provincias es
igualitaria. En ocasiones, dicha situación lleva a tener una mirada distinta
ante los intereses del puerto de Buenos Aires, que tanto mal hacen al país.
Hoy
sancionaremos dos leyes históricas. Por eso, a los compañeros que trabajan en
el astillero y a los que tienen familiares que murieron en el mar por navegar
en barcos en mal estado, quiero decir que hoy cumplimos con todos ellos.
Necesitamos
también que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, mientras se
completa el trámite de sanción de esta ley, con los fondos que generosamente le
regalan los gobernadores vía pacto fiscal, ayude a destrabar el financiamiento
para cuatro embarcaciones. Destinando nada más que el 0,05 por ciento del
monumental presupuesto que la provincia de Buenos Aires tendrá en 2018, podría
vehiculizarse esta norma que realmente significará un aporte no solo para el
trabajo argentino sino también para nuestra soberanía.
Agradezco
nuevamente a mis pares que tanto pelearon en comisión y termino mi exposición
diciendo, como antes: ni un hundimiento más. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
González Seligra.- Señor presidente: en primer
lugar, repudio las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal y del
concejal Asnaghi, de Cambiemos, de que el astillero Río Santiago es
improductivo y sus trabajadores gozan de sueldos muy altos. Si queremos
promover la industria naval, tenemos que empezar por fortalecer a esos
valientes trabajadores que resistieron heroicamente no solo frente al intento
de privatización sino también, durante todos estos años, la falta de inversión
y el desfinanciamiento.
Quiero
hacerme eco de dos demandas de los trabajadores. La primera tiene que ver con
la inversión para renovar la maquinaria y los sistemas de seguridad, mientras
que la segunda se vincula con la contratación de buques de gran porte para que
los 3.100 trabajadores continúen con sus fuentes laborales. Por eso, obviamente
apoyamos la movilización organizada para mañana en defensa del astillero Río
Santiago y en rechazo de las reformas laboral y previsional.
Finalmente,
al igual que mi compañero del bloque Frente de Izquierda, solicito que se
inserten en el Diario de Sesiones los fundamentos de por qué no acompañaré con
mi voto la sanción del proyecto en consideración.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente
en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Intereses Marítimos,
Fluviales, Pesqueros y Portuarios, de Legislación General, de Industria y de
Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley en revisión por el que se
establece un régimen de desarrollo de la Marina Mercante y la integración
fluvial regional (Orden del Día N° 2028).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
199 señores diputados presentes, 193 han votado por la afirmativa y 4 por la
negativa. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se registraron 193 votos
afirmativos y 4 votos negativos. No hubo abstenciones.[22]
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde que a
continuación la Cámara se aboque a la votación en particular, que deberá
realizarse en forma nominal.
No
hay diputados anotados para hacer uso de la palabra en los artículos 1° a 12.
Sr.
Alonso.- Si el señor presidente me permite,
quisiera saber si se está votando el proyecto de ley en revisión por el que se
crea un régimen de promoción de la industria naval argentina o el proyecto de
ley en revisión por el que se establece el desarrollo de la Marina Mercante
nacional. Planteo la inquietud porque en un momento se dijo que se tratarían
separadamente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se encuentra en votación el
dictamen de mayoría recaído en el proyecto de ley en revisión por el que se
establece un régimen para el desarrollo de la Marina Mercante nacional y la
integración fluvial regional, contenido en el Orden del Día N° 2028. Es decir,
se están tratando por separado.
Tiene
la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.
Sra.
Carol.- Señor presidente: votaremos por la
negativa los artículos 2° y 10.
Sr.
Presidente (Monzó).- Entonces, los artículos se
votarán uno por uno.
Se
va a votar el artículo 1°.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
201 señores diputados presentes, 195 han votado por la afirmativa y 5 por la
negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 195 votos afirmativos, 5
negativos y ninguna abstención.[23]
Sra.
Passo.- Pido la palabra para una aclaración.
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una aclaración tiene la
palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Passo.- Señor presidente: quisiera consultar si
algún señor diputado ha solicitado la votación nominal, dado que ya hemos
expresado cómo vamos a votar y tal vez podamos hacer la votación más ágilmente.
Sr.
Presidente (Monzó).- De acuerdo con lo
establecido por el artículo 81 de la Constitución Nacional, deberá indicarse el
resultado de la votación a fin de establecer si las adiciones o correcciones
fueron realizadas por mayoría absoluta o las dos terceras partes de los
presentes. Por lo tanto, la única forma de saberlo es votando nominalmente.
Se
va a votar el artículo 2°.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
201 señores diputados presentes, 157 han votado por la afirmativa y 43 por la
negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 157 votos afirmativos; 43
negativos y ninguna abstención.[24]
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente
en forma conjunta los artículos 3° a 9°.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
201 señores diputados presentes, 195 han votado por la afirmativa y 4 por la
negativa. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 195 votos afirmativos; 4
negativos y ninguna abstención.[25]
Sr.
Presidente (Monzó).- El voto del señor diputado
Kicillof ha sido afirmativo.
Se
va a votar el artículo 10.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
201 señores diputados presentes, 157 han votado por la afirmativa y 43 por la
negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 157 votos afirmativos; 43
negativos y ninguna abstención.[26]
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
11.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
200 señores diputados presentes, 191 han votado por la afirmativa y 4 por la
negativa, registrándose además 4 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 191 votos afirmativos; 4
negativos y hubo 4 abstenciones.[27]
Sr.
Castagneto.- Pido la palabra para una aclaración.
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una aclaración tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Castagneto.- Señor presidente: siguiendo la misma
mecánica que en los artículos anteriores, mientras no haya disidencia se pueden
votar en bloque.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: existen
varios diputados anotados para hacer uso de la palabra, e incluso en el
artículo 12 hay dos pedidos de palabra.
En
consideración el artículo 12.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Alegre.- Señor presidente: el subsidio al
combustible abre una ventana a la corrupción. Por lo tanto, si no se hace una
adecuada reglamentación es una situación muy peligrosa, porque controlar la
venta de combustibles con precios diferenciados es muy complicado y se pueden
vender por fuera de la marina con ese precio subsidiado. Por eso entiendo y
dejo sentada mi opinión de que se debe ser muy cuidadoso al momento de
reglamentarlo para que quede bien claro quiénes pueden efectuar esta compra,
cómo hacerlo y llevar un adecuado control de esta situación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Alonso.- Señor presidente: cuando hice uso de la
palabra anteriormente dije que en el día de la fecha habíamos encontrado consenso
entre distintos bloques. Por eso, si me permite, sugiero que los artículos 12
al 19, donde no hay diferencias, se voten en bloque.
Sr.
Presidente (Monzó).- No puedo proceder de esa
manera, señor diputado, porque hay legisladores registrados para hacer uso de
la palabra en algunos de los artículos que usted propone votar en conjunto. Es
más, lo tengo anotado a usted para hablar en el artículo 14.
Sr.
Alonso.- Señor presidente: producto de los
acuerdos a los que hemos arribado, voy a proponer modificaciones a partir del
artículo 22. No voy a formular ninguna propuesta en el artículo 14.
Sr.
Presidente (Monzó).- En ese caso, se van a votar
en forma nominal los artículos 12 a 19.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
198 señores diputados presentes, 193 han votado por la afirmativa y 4 por la
negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 193 votos afirmativos y 4
negativos; no hubo abstenciones.[28]
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
20.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
De Mendiguren.- Señor presidente: en este
artículo propongo incluir una limitación en el tiempo para compatibilizar los
intereses con los de la industria local, con lo cual quedaría redactado de la
siguiente manera: “A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y por
el término de tres (3) años, el cual podrá ser renovado por única vez a juicio
de la autoridad de aplicación en función de la dinámica y performance de los sectores
armatoriales y la industria naval local, los beneficiarios del presente régimen
podrán arrendar a casco desnudo…” y continúa el artículo tal como figura en el
dictamen de mayoría.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: estamos de acuerdo
con la propuesta que acaba de realizar el diputado preopinante, aunque me
gustaría escuchar la opinión de la señora diputada Toledo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Cruz.
Sra.
Toledo.- Señor presidente: esta modificación no
forma parte del acuerdo al que arribamos en un primer momento. Por lo tanto, no
vamos a aceptar la propuesta del señor diputado De Mendiguren.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: aclaro como miembro
informante que la comisión acepta la modificación propuesta por el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: lo que está sucediendo
no es casual. Llevamos varias horas trabajando en armonía y sancionando
proyectos importantes respetando los acuerdos.
Esta
es una iniciativa que, como las anteriores, tiene un texto acordado. Nosotros
no podemos imponer nada a los otros, ni los otros a nosotros, cambiando
sorpresivamente la base de ese acuerdo.
Sin
embargo, el hecho de impulsar sorpresivamente una modificación cuando el
acuerdo era otro, rompe cualquier regla previsible.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Entre ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: de ninguna manera
queremos romper los acuerdos. Por el contrario, estamos tratando dos proyectos
muy importantes sobre los cuales hemos trabajado mucho.
Además,
la propuesta que se ha presentado no atenta contra el espíritu de la norma. Por
el contrario, es un aporte como tantos otros que se plantean durante las
sesiones de la Honorable Cámara.
Si
bien la diputada Toledo no tuvo la posibilidad de responder a la propuesta,
creo que es un aporte más que hace a la sanción de las dos iniciativas que
estamos tratando.
Reitero
que de ninguna manera queremos romper el acuerdo al que hemos arribado. Es más,
creemos que estos dos proyectos tienen que aprobarse para que puedan ser
girados al Honorable Senado lo antes posible.
No
somos de romper acuerdos; siempre los hemos respetado. Sin ir más lejos, hoy
tratamos un proyecto que tenía más de doscientos artículos y a lo largo del
debate se hicieron aportes en forma permanente sin que nadie dijera
absolutamente nada.
Reitero
que no quisimos romper ningún acuerdo. Eso está lejos de nuestro ánimo.
Simplemente creemos que este es un aporte que puede contribuir sanamente a la
sanción de la norma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: no hago ningún juicio
de valor. Tampoco creo que haya existido mala fe ni nada que se le parezca.
Simplemente manifestamos que a la hora de votar debemos respetar ciertas
condiciones, dado que el proyecto va a ser girado al Senado. No es una
propuesta común en la que vamos intercambiando acuerdos. No quito legitimidad a
las opiniones, pero si necesitamos cierta mayoría para que la propuesta se
convierta en ley, les adelanto que en estas condiciones no pensamos seguir con
la sesión.
No
quiero provocar ninguna polémica. Nos hubieran planteado que necesitaban
tomarse un momento para analizar el artículo mientras avanzábamos en la
consideración de los demás y no frustramos el tratamiento. Pero desde ya les
digo que no podemos seguir trabajando con este grado de imprevisibilidad. Por
favor, no lo tomen a mal. Esto es absolutamente sencillo. A nosotros nos
interesa tanto como a ustedes esta norma, que además debe volver en revisión al
Senado. Sería una picardía que la dejemos a mitad de camino.
Si
les parece, dejemos este artículo bajo un paraguas y continuemos con los
siguientes.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: ya vivimos alguna
situación enojosa, sobre todo el presidente de la comisión, que tuvo que
“comerse” que lo acusaran de haber cometido irregularidades al momento de
emitir el dictamen.
Estamos
dispuestos a hacer lo necesario para que esta norma sea sancionada hoy.
Acompañamos la modificación que planteó el diputado De Mendiguren, pero si
someter esa propuesta a votación pone en riesgo su sanción, estoy segura de que
el diputado la retirará y nos quedaremos con la versión original. No
permitiremos que otras maniobras hagan caer esta iniciativa.
Pese
a que compartimos la propuesta y contamos con los votos necesarios para que se
apruebe, podemos volver a la situación en la que estábamos. Propongo esto al
señor presidente y al diputado De Mendiguren, sabiendo que es trascendente lo
que plantea, pero más importante es no caer en el juego que haga fracasar la
sanción de este proyecto en esta sesión.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: de ninguna manera se
rompió el acuerdo. Decididamente, debe primar que estos dos instrumentos
lleguen al Senado el día de mañana. Si esto genera una situación embarazosa,
tal como lo están planteando, que implica la ruptura de acuerdos –realmente no
es así‑, pediría al diputado De Mendiguren que si tiene que retirar esta
observación para avanzar con la norma esta noche sin problemas, que proceda de
esa manera.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: usted es el
miembro informante. ¿Decide continuar con la redacción original del artículo?
Sr.
Solanas.- Le estoy solicitando a la Presidencia
que formule la pregunta al diputado que planteó la modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Diputado De Mendiguren: le
vamos a dar la oportunidad de retirar su propuesta, si su conciencia lo invita
a hacerlo.
Sr.
De Mendiguren.- Señor presidente: por supuesto
que trabajaré para que esto se lleve adelante. Lo que aquí estamos tratando de
hacer es limitar en el tiempo la importación de barcos usados para que tomen el
beneficio de esta norma. Lo único que estamos proponiendo –sin costo fiscal‑
es compatibilizar el interés de la industria naval, que da un plazo de hasta
seis años para que se puedan acomodar, con el de la marina mercante. Esto lo he
presentado en disidencia en comisión, lo he conversado con el diputado Bazze y
con la diputada preopinante; les he acercado el proyecto y no veían
inconveniente alguno.
Si
no aprobamos esto, lo que estaremos diciendo es que abrimos sine die la importación de barcos usados
para que naveguen por nuestra hidrovía. Por ello, mi propuesta me parece de una
razonabilidad del porte de un buque, ya que estamos tratando el proyecto de ley
sobre la marina mercante.
Ahora
bien, si el oficialismo cree que este aporte compatibiliza los intereses del
proyecto de ley de marina mercante con los del de la industria naval y con ese
pretexto pretende nivelar esto, deberá hacerse cargo de lo que está haciendo.
Acá
no estamos rompiendo ningún pacto sino que estamos enriqueciendo todo lo que
han manifestado los diputados del oficialismo acerca de la grandeza de esta
norma, que generará trabajo argentino y la reactivación de la industria naval.
Sin embargo, ahora dicen que no quieren poner un límite de seis años como
mínimo para que ingresen a la Argentina las barcazas usadas de todo tipo. No sé
si esto altera el acuerdo o si lo enriquece.
Distinto
sería si estuviéramos agregando un costo fiscal no previsto o si quisiéramos
enriquecer la norma con alguna cuestión que trae solapadamente algo distinto.
Acá lo único que estamos diciendo es: ¿queremos habilitar para siempre la
importación de barcazas y máquinas usadas para la hidrovía o queremos dar un
plazo de toda razonabilidad para que la industria naval, teniendo
previsibilidad, se vaya preparando para que en seis años pueda proveer
perfectamente esas barcazas? De eso estamos hablando.
Si
el oficialismo no quiere esto, que diga: “queremos importar las barcazas del
Mississippi, queremos seguir charteando con barcos usados y no promover la
industria argentina”. En definitiva, de eso estamos hablando. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Bazze.- Señor presidente: con todo respeto por lo
que acaba de expresar el diputado preopinante, este es un tema que, como todos
sabemos, se viene tratando desde hace varios meses en esta Cámara de Diputados.
En
la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios hemos
trabajado constantemente ‑sobre todo su presidente‑ en la búsqueda
de consenso. Participaron distintos sectores: el Poder Ejecutivo, los gremios y
los distintos sectores vinculados con este tema, en un trabajo que duró mucho
tiempo y a través del cual se fueron construyendo acuerdos para lograr esta
iniciativa.
Todos
reconocemos la importancia de las dos normas que estamos considerando, que
vienen en revisión del Senado. Sabemos que es imperioso aprobar esta norma
ahora.
Este
tema puede ser considerado, pero debió haber sido planteado en otro momento.
Diputado
De Mendiguren: me parece que debemos avanzar en la aprobación del proyecto tal
cual fue despachado por la comisión que trabajó de manera excelente a lo largo
de todo este tiempo, de forma tal de que vuelva al Senado. En todo caso,
después habrá posibilidades de producir alguna reforma, o incluso que esta
modificación se introduzca en la Cámara de Senadores.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Cruz.
Sra.
Toledo.- Señor presidente: aclaro al diputado De
Mendiguren que en este artículo no se está hablando de importación sino del
alquiler de las barcazas por un tiempo determinado, volviendo luego a su lugar
de origen.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: en verdad, no
queremos que esto sea un impedimento para que podamos sancionar estas dos
iniciativas.
Hemos
tenido muchísimos inconvenientes, señor presidente, inclusive con usted. No
digo esto para agredir a nadie; simplemente alguna vez logramos la mayoría para
emitir dictámenes sobre estos dos asuntos y usted dictó una resolución a través
de la cual los dejaba sin efecto, sin que yo tuviera siquiera la posibilidad de
hacer el descargo.
De
todas maneras, eso no es importante. Como decía la diputada Ferreyra,
muchísimos sectores están esperando que hoy podamos sancionar estas dos
iniciativas. Esto no cambia el espíritu de la ley en absoluto. Inclusive
solicitaría que en el inciso e) del artículo 20 se haga un agregado que no
cambia el espíritu de la ley y que abona el consenso.
En
realidad, el diputado De Mendiguren firmó el dictamen con una disidencia
parcial, que acordamos en comisión que iba a plantear en el recinto. Es decir
que no hubo una cuestión solapada ni escondida.
Por
lo tanto, pediría al oficialismo que entienda esto, que lo acepte tal como nosotros
hemos apoyado la incorporación de tantas cosas en esta sesión y avancemos en la
sanción de la norma. Ahora, si realmente existe un impedimento en el sentido de
no querer esa situación, y en atención a que no queremos frenar la sanción del
proyecto, le pido al señor diputado De Mendiguren que retire la propuesta que
ha formulado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: no podemos
seguir con este debate. Usted me tiene que decir, como miembro informante de la
comisión, si se va a votar el artículo 20 sin modificaciones o con las
modificaciones propuestas por el señor diputado De Mendiguren. De lo contrario,
seguiremos con un debate permanente.
Recién
el señor diputado De Mendiguren dejó en claro su posición en cuanto a que no
variará su propuesta. Eso es lo que acabamos de escuchar.
Sr.
Solanas.- Solicito un cuarto intermedio de cinco
minutos en las bancas para tratar de resolver la cuestión, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Muy bien, señor diputado.
La
Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar a un cuarto intermedio de
cinco minutos con permanencia de los señores diputados en las bancas.
-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 0 y
37 del día 23.
- Luego de unos instantes:
Sr.
Presidente (Monzó).- Continúa la sesión.
Tiene
la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: decididamente debe
primar el sentido común. Tenemos que avanzar en la posibilidad de sancionar
esta iniciativa. En consecuencia, y después de estos cinco minutos que nos hemos
tomado, quiero informarle que no se aceptan modificaciones al artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Sin modificaciones, se va a
votar nominalmente el artículo 20.
Sr.
Romero.- Señor presidente: dado que todos estamos
cansados –y por ahí algunos compañeros también están nerviosos‑, le pido
que aclare cómo será la votación en este punto específico, es decir, si se vota
por sí o por no…
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: se va a
votar el artículo 20 sin modificaciones. El sentido del voto depende de usted.
Sr.
Riccardo.- Señor presidente: solicito que se
consigne mi voto afirmativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Así se hará, señor diputado.
¿El
bloque del Frente Renovador se abstiene?
Sra.
Camaño.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- De acuerdo.
Sr.
Bermejo.- Señor presidente: pido autorización
para abstenerme en la votación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente
el artículo 20, sin modificaciones.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 199
señores diputados presentes, 167 han votado por la afirmativa y 11 por la
negativa, registrándose además 20 abstenciones.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 167
votos afirmativos, 11 negativos y 20 abstenciones.[29]
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
21.
Se
va a votar nominalmente.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 198
señores diputados presentes, 192 han votado por la afirmativa y 4 por la negativa,
registrándose además una abstención.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 192 votos afirmativos, 4
negativos y una abstención.[30]
Sra.
Martínez Villada.- Señor presidente: solicito que
quede constancia de mi voto afirmativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Así se hará, señora diputada.
En
consideración el artículo 22.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
De Mendiguren.- Señor presidente: por los mismos
argumentos que planteé en el artículo 20, solicito incorporar un plazo en el
cual se podrán arrendar los buques usados. Propongo que se establezca un plazo
de 3 años, renovable por otros 3, para dar a la industria naval la posibilidad
de que pueda desarrollar estas producciones locales.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta la
modificación propuesta?
Sr.
Solanas.- No, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Sin modificaciones, se va a
votar nominalmente el artículo 22.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 199
señores diputados presentes, 167 han votado por la afirmativa y 15 por la
negativa, registrándose además 16 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 167 votos afirmativos, 15
negativos y 16 abstenciones.[31]
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
23.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Alonso.- Señor presidente: el artículo 23 dice:
“La autoridad de aplicación del presente régimen, establecida en el artículo 6°
precedente…” Aquí debe reemplazarse “artículo 6°” por “artículo 5°”. Y si me
permite, señor presidente, sugiero que votemos en bloque los artículos 23 a 28
inclusive, dado que no hay objeciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tendría que ser desde el
artículo 24 hasta el 28, señor diputado, porque usted ha hecho una propuesta de
modificación en el artículo 23.
Sr.
Alonso.- De acuerdo, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
miembro informante.
Sr.
Solanas.- Entiendo que se trata simplemente de
una cuestión de redacción. ¿No es así?
Sr.
Presidente (Monzó).- Sí, señor diputado.
Sr.
Solanas.- Entonces, aceptamos la propuesta de
modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar nominalmente el artículo
23.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 199
señores diputados presentes, 193 han votado por la afirmativa y 4 por la negativa,
registrándose además una abstención.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 193 votos afirmativos, 4
negativos y una abstención.[32]
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración los
artículos 24 a 28 inclusive.
Se
va a votar nominalmente.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 198
señores diputados presentes, 190 han votado por la afirmativa y 5 por la
negativa. No se ha computado el voto de 2 señores diputados.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 190 votos afirmativos y 5
negativos.[33]
Sr.
Núñez.- Señor presidente: quiero dejar constancia
de mi voto afirmativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se deja constancia, señor
diputado.
En
consideración el artículo 29.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Alonso.- Señor presidente: a continuación del
primer párrafo del artículo 29, que comienza diciendo “Los buques y artefactos navales de bandera
extranjera, a los que se les hubiese otorgado el tratamiento de bandera
argentina, deberán ser tripulados exclusivamente por personal…”, proponemos
agregar: “…habilitado por la autoridad marítima argentina…”, continuando luego
el texto original, que establece: “…bajo pena de pérdida de los beneficios
establecidos en la presente ley.”
Asimismo, en el artículo 31 queremos
ratificar que la tripulación deberá ser exclusivamente personal argentino.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: se trata simplemente
de una cuestión de redacción que es aceptada.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Cruz.
Sra.
Toledo.- Señor presidente: solicito al señor
diputado Alonso que vuelva a leer la modificación al artículo 29 porque no me
quedó clara.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita al
señor diputado por Buenos Aires que reitere la modificación planteada.
Sr.
Alonso.- Señor presidente: propongo el siguiente
texto: “Los buques y artefactos
navales de bandera extranjera, a los que se les hubiese otorgado el tratamiento
de bandera argentina, deberán ser tripulados exclusivamente por personal habilitado
por la autoridad marítima argentina, bajo pena de pérdida de los beneficios
establecidos en la presente ley.
“Si se comprobara la falta de
disponibilidad de tripulantes argentinos, se podrá habilitar personal extranjero,
conforme lo establecido en el artículo 112 de la ley 20.094, modificado por la
ley 22.228, otorgando preferencia al personal proveniente de los países
miembros del Mercosur que acrediten la idoneidad requerida, hasta tanto exista
personal argentino disponible.
“Asimismo…”
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: el texto del
último párrafo queda redactado igual.
Tiene
la palabra la señora diputada por Santa Cruz.
Sra.
Toledo.- Estoy de acuerdo, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Alonso.- Señor presidente: para salvar una
omisión tendría que haber dicho: “…deberán ser tripulados exclusivamente por
personal argentino…”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: ese es el texto que
aceptamos desde un principio.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: no es el
texto aceptado inicialmente sino una modificación que también está aceptada.
Con
las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar
nominalmente el artículo 29.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 199
señores diputados presentes, 193 han votado por la afirmativa y 5 por la
negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 193 votos por la afirmativa y 5
por la negativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente
el artículo 30.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 199
señores diputados presentes, 194 han votado por la afirmativa y 4 por la
negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 194 votos por la afirmativa y 4
por la negativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda constancia del voto
afirmativo del señor diputado Moreno.
En
consideración el artículo 31.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Alonso.- Señor presidente, el artículo 31
quedaría redactado de la siguiente manera: “Todos los buques y artefactos navales de bandera nacional o con
tratamiento de bandera argentina, deberán ser tripulados exclusivamente por personal
argentino, argentinos naturalizados o residentes, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 112, 142 y 143 de la ley 20.094, quedando los contratos de
ajuste que se celebren en el marco de los respectivos convenios colectivos de
trabajo, bajo jurisdicción administrativa y judicial argentina.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: no interpreté la
redacción de la última parte del artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita al
señor diputado por Entre Ríos que reitere el texto propuesto del artículo 31.
Sr.
Alonso.- Para el artículo 31 proponemos la
siguiente redacción: “Todos los
buques y artefactos navales de bandera nacional o con tratamiento de bandera argentina,
deberán ser tripulados exclusivamente por personal argentino, argentinos
naturalizados o residentes…”
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: a partir de
ahí el texto continúa igual.
Tiene
la palabra la señora diputada por Santa Cruz.
Sra.
Toledo.- Señor presidente: en realidad el cambio
conversado y consensuado con el diputado Alonso era eliminar la palabra
“naturalizados”. En el dictamen que tenemos en nuestras manos esa palabra no
figura más.
No
sé si el señor diputado Alonso se fijó en el texto que figura en el Orden del
Día, donde se suprimió esa parte.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: los argentinos
naturalizados son argentinos, o sea que consideramos la redacción original del
artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Alegre.- Señor presidente: hay una contradicción
en el artículo en consideración, porque una vez se habla de ciudadanos
argentinos, y también de argentinos y residentes. Entiendo que debería hablarse
de argentinos y que a tal efecto también se considerarán los residentes, porque
si no habría una contradicción.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: el texto del artículo
es muy claro ya que habla de personal argentino.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Raffo.- Señor presidente: creo que debe incluirse
la expresión “o residentes”, porque si no esto es inconstitucional y
discriminatorio por nacionalidad, contrario a los principios de nuestro
Preámbulo. Los residentes en la Argentina tienen los mismos derechos que los
nacionales, salvo en el ejercicio de los derechos políticos. Entonces, excluir
del trabajo a los residentes en la Argentina es inconstitucional. Por tal
motivo, hay que incluir en el texto del artículo a los argentinos o
residentes. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: tendría que decir
“habitantes de la Argentina”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Diputado Solanas: la
propuesta del señor diputado Raffo es concreta: “personal argentino o
residente”. ¿Hacemos ese agregado?
Sr.
Solanas.- Correcto, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta por el señor
diputado Raffo y aceptada por la comisión, se va a votar nominalmente el
artículo 31.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
195 señores diputados presentes, 189 han votado por la afirmativa y 4 por la
negativa, registrándose además una abstención.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 189
votos afirmativos, 4 negativos y una abstención.[34]
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración los artículos 32 a 36.
Se
va a votar en forma nominal.
‑ Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
195 señores diputados presentes, 187 han votado por la afirmativa y 4 por la
negativa, registrándose además una abstención. No se ha computado el voto de 2
señores diputados.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 187
votos afirmativos, 4 negativos y una abstención.[35]
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 37.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Alonso.- Señor presidente: con el fin de evitar
un vacío jurídico o la probable superposición de regímenes a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, proponemos que el artículo 37 quede
redactado de la siguiente manera: “Derógase el decreto 1.010/2004 y el decreto
1.022/2006. El régimen establecido por el decreto 1.010/2004 y modificatorias
caducará de pleno derecho a partir de la reglamentación de la presente ley, sin
perjuicio de los derechos adquiridos oportunamente.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: se acepta la
modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente
el artículo 37 con la modificación propuesta por el señor diputado Alonso.
‑ Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
196 señores diputados presentes, 190 han votado por la afirmativa y 4 por la
negativa, registrándose además una abstención.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 190
votos afirmativos, 4 negativos y una abstención.[36]
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración los artículos 38 a 41.
Se
va a votar en forma nominal.
‑ Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
196 señores diputados presentes, 191 han votado por la afirmativa y 4 por la
negativa.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 191
votos afirmativos y 4 negativos.[37]
Sr.
Presidente (Monzó).- Habiéndose introducido
modificaciones, el proyecto vuelve al Honorable Senado. (Aplausos.)
Dado
que no hay oradores anotados para hacer uso de la palabra en relación con el
orden del día 2027, se va a votar nominalmente el dictamen de mayoría en
general y en particular en una sola votación.
‑ Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
197 señores diputados presentes, 190 han votado por la afirmativa y 4 por la
negativa, registrándose además 2 abstenciones.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 190
votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones.[38]
Sr. Presidente
(Monzó).- Habiéndose introducido modificaciones, el proyecto vuelve al
Honorable Senado. (Aplausos).
- 17 -
Sra.
Donda Pérez.- Pido la palabra para formular una
moción de apartamiento del reglamento, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señora diputada: si vamos a
comenzar con las mociones de apartamiento del reglamento se va a terminar la
sesión. Propongo que sigamos con el orden del día previsto.
Hay
previstas ocho mociones en ese sentido más una acordada en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria. Si comenzamos con este tipo de debates mi
pronóstico es que esta sesión va a terminar.
Sra.
Donda Pérez.- Insisto con la moción de
apartamiento del reglamento, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señora diputada: propongo
seguir con lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. No
se trata de una cuestión de privilegio.
Sra.
Donda Pérez.- Es una moción de apartamiento del
reglamento.
Sr.
Presidente (Monzó).- No sé para qué es esa
moción, y no la puedo votar en abstracto.
Pero
insisto, hubo un plan de trabajo acordado y es muy tarde. Hay expectativas por
terminar lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: ¿se había acordado
tratar todas las mociones de apartamiento del reglamento con posterioridad al
temario previsto para esta sesión?
Sr.
Presidente (Monzó).- Sí, señor diputado.
Sr.
Negri.- Entonces, hay que respetar lo que se
acordó en Labor Parlamentaria.
Sr.
Presidente (Monzó).- Continuamos entonces con el
plan propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria. Faltan tres proyectos y
después tenemos lo acordado, que son las mociones de apartamiento del reglamento,
entre los cuales está la suya, señora diputada.
Sra.
Donda Pérez.- Solicito que la Cámara se aparte de
las prescripciones del reglamento para tratar el proyecto de ley venido en
revisión, Orden del Día N° 1621, sobre la ley de paridad.
Nosotros
no tenemos ningún problema en quedarnos hasta que se termine todo el temario,
si hiciera falta hasta las 12.
Sr.
Presidente (Monzó).- Hacen falta los votos de las
tres cuartas partes de los miembros presentes, pero se va a comenzar a
tergiversar lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- En la Cámara está la Comisión de Labor
Parlamentaria que establece la mecánica de trabajo en las sesiones, que es
donde se acuerda el orden de tratamiento de los temas por parte de todos los
bloques. Esto no invalida la presentación de mociones.
A
partir del momento en que se aprueba el plan de labor parlamentaria, se debe
respetar el orden de tratamiento de los temas. No se puede alterar cuando a
alguien se le ocurra, porque se perdería la uniformidad de la sesión.
Por
lo tanto, usted no puede poner a votación una moción de apartamiento del
reglamento que está prevista en el plan de labor parlamentaria que sea votada
con posterioridad a otros temas. Esto es así. Si no, no podríamos sesionar
nunca.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Tucumán.
Sr.
Masso.- Señor presidente: creo ser estúpido,
porque me lo han dicho en esta Cámara, pero ayer en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria no hemos fijado, desde ningún punto de vista, que las
mociones de apartamiento del reglamento se iban a hacer al final de la sesión.
Como
había muchos temas y no se quería que la sesión del 29 sea como la de todos los
años, en que se trabaja muchísimas horas y somos noticia en todos los diarios,
quedamos en hacer las mociones de apartamiento del reglamento en el transcurso
de la sesión.
El
señor diputado Negri no estuvo en la Comisión de Labor Parlamentaria, han
estado sus colegas, y no es como él lo dice. Memoria tengo. Seré estúpido, pero
memoria tengo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: hablando de
normalidad, de reglamento y de acuerdo, yo recuerdo que la obligación del
cuerpo sería sesionar con sesiones de tablas. Estamos de sesión especial en
sesión especial y esto hace que cueste incluir temas como ese.
Apoyamos
la moción de la señora diputada Donda Pérez. Aunque nos tengamos que quedar un
par de horas más, las mujeres nos merecemos la paridad de una vez por todas. (Aplausos.)
Por eso
solicito que se ponga a votación la moción presentada por la señora diputada y
que la misma se realice en forma nominal.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Donda Pérez.- Señor presidente: insisto con mi
moción de apartamiento del reglamento para tratar la Orden del Día N° 1621,
para que finalmente sea sancionada la ley de paridad cuyo proyecto vino en
revisión del Senado y no tiene ninguna disidencia en esta Cámara.
Solicito
que la votación se realice en forma nominal.
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde pasar a votar en
forma nominal la moción de apartamiento del reglamento solicitada.
Sra.
Banfi.- Pido la palabra, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Banfi.- Señor presidente: es fundamental dejar
sentado...
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¡Quédese tranquila, diputada
Donda Pérez, que se va a votar…!
Sra.
Banfi.- Nosotros estamos a favor de la paridad de
género, y esto lo digo en nombre de Cambiemos, porque es un tema conversado en
todo el bloque e incluso en el interbloque.
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sra.
Banfi.- Es algo que hemos discutido, y existe el
compromiso de parte de las autoridades de nuestro bloque de llevarlo a la
Comisión de Labor Parlamentaria y discutirlo como corresponde.
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sra.
Banfi.- Queremos un debate como se merece el tema
de la paridad. No vamos a permitir que vengan a manejar de esta manera
capciosa, a las dos de la mañana, la agenda acordada, porque nosotros
respetamos los consensos políticos. (Aplausos.)
No
somos un cachivache. El tema de la paridad es algo totalmente simbólico y
paradigmático, que vamos a defender con la vida de cada una de las mujeres que
estamos representando aquí. No permitiremos que otros bloques vengan a manejar
la agenda parlamentaria que las autoridades negocian cada vez que nos sentamos
en el recinto.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar...
-
Mientras se llama para votar:
Sra.
Camaño.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: esta sesión me
recuerda a aquella en la cual catorce mujeres de todos los partidos políticos
en este mismo recinto nos paramos frente al tratamiento del presupuesto a las
cuatro de la mañana y decidimos defender lo que sosteníamos. Condicionamos el
presupuesto de ese año a la posibilidad de tratar el cupo del 30 por ciento.
Si
a las cuatro de la mañana todas las mujeres no nos hubiéramos parado y
especulado con el quórum, seguramente muchas de las que hoy están aquí y en el
Senado no estarían. (Aplausos.)
Lamentablemente,
nuestras luchas no son quiméricas; las luchas de las mujeres no son un relato,
una quimera, sino una realidad.
No
estamos acá haciendo fantochada alguna; estamos aprovechando –lo decimos con
todas las palabras- una oportunidad histórica para sancionar el proyecto sobre
paridad, que tanto pregonamos y deseamos las mujeres que estamos en este
recinto.
No
me extraña la actitud que toman las mujeres del bloque de Cambiemos...
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sra.
Camaño.- ...porque en la provincia de Buenos
Aires también se hicieron discursos, también se votó la paridad, también
tenemos una mujer gobernadora pero, a la hora de las listas, cualquier
artilugio surte efecto para que algún juez amigo las arregle y en Cambiemos no
haya paridad.
Vamos
a acompañar la posibilidad que nos estamos dando de tener una ley de paridad,
porque en esta pelea muchas veces guardamos respetuoso silencio, pero sabemos
perfectamente que peleamos en desigualdad de condiciones. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por La Rioja.
Sra.
Madera.- Señor presidente: quiero pedir a todas
las compañeras mujeres aquí presentes, que tenemos la obligación moral de representar
a muchas otras que desean alcanzar un protagonismo en la vida política de
nuestro país y de nuestras provincias, que acompañen este momento histórico.
Esto
no puede pasar por una cuestión de protagonismo o de ver quién pidió o no el
tratamiento de un asunto; pasa por el derecho que tienen muchas mujeres. Hoy,
es nuestra obligación acompañar la moción planteada por la compañera Donda
Pérez. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Carrizo (A.C.).-
Señor presidente: las mujeres del bloque radical que integramos Cambiemos
apoyamos, por mandato partidario, la paridad.
Este
tema lo acordamos, como diputadas mujeres, porque sabíamos que constituía un
hecho histórico; no se trata de una sesión más, es el resultado de un acuerdo
con los colegas varones. La idea era sancionar ahora esta iniciativa porque se
implementará en 2019. Ese fue el sentido de la unanimidad de las firmas que se
lograron en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Queremos
tener el derecho a perder, si es necesario; pero no deseamos dejar de defender
aquel por el que trabajamos durante este año y el anterior. Esto es lo que está
en discusión. Veremos si se cumple con el artículo 37 de la Constitución Nacional;
este es el punto, simple.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Fe.
Sra.
De Ponti.- Señor presidente: hace mucho que
estamos dando vueltas con la necesidad de aprobar este proyecto de ley que
viene en revisión del Honorable Senado y que hoy tenemos la oportunidad de
convertir en ley.
No
es momento de traer argumentos procedimentales, excusas reglamentarias para no
sancionarlo o un supuesto orden para sesionar, que nadie respeta cuando se
trata de otros temas. En esta sesión se ha incluido un montón de asuntos, que
fueron acordados sobre la marcha. Por lo tanto, considero que no hay
impedimento alguno para incluir la votación de esta iniciativa.
Pido
a mis hermanas de género del bloque de Cambiemos que, más allá de que seamos de
distintos colores políticos, recuerden que somos todas mujeres y debemos
conquistar nuestros derechos. Si se quedan a votar este proyecto, hoy podremos
contar con una ley de paridad de género y será un día histórico. Les pido que
se queden para votar. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Alvarez Rodríguez.- Señor presidente: esta noche
comparto con las compañeras y los compañeros aquí presentes, legisladores
todos, una jornada histórica.
Seguramente,
será una noche histórica porque podremos salir del esquema tradicional y
alcanzar la paridad uno a una, y lograr finalmente la ansiada paridad
legislativa que implica una reforma política. Obviamente, es una necesidad que
tiene el 51 por ciento de la población argentina femenina, que por cuestiones
de género está subrepresentada.
Queremos
justicia distributiva. Las mujeres y varones de todos los bloques hicimos los
deberes; acordamos todo. Firmamos notas para que este asunto fuera incorporado
en el temario de la próxima sesión a fin de darle el tratamiento que se merece.
Pero la jornada se desarrolló de esta manera. Por eso, apoyo la moción
formulada para que podamos considerar la iniciativa que viene en revisión del
Senado de la legisladora Riofrío, de la provincia de San Juan, lo cual nos
permitirá estar en igualdad de oportunidades para construir más justicia social
y política.
Ojalá
que en la democracia del siglo XXI las mujeres seamos iguales que los varones. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Córdoba.
Sra.
Austin.- Señor presidente: en el mismo sentido
que se manifestó la diputada Carrizo, entiendo que nos merecemos discutir este
tema en el recinto.
Ya
existe la sanción del Senado, y también una mayoría abrumadora de ambas
Cámaras. Sin embargo, todavía no tenemos una ley. Fuimos testigos del esfuerzo
logrado en una reunión conjunta de comisión, en la que se dictaminó sobre la
iniciativa venida en revisión del Honorable Senado. Está en sus manos y en la
de los presidentes de bloque una nota firmada por más de 130 diputados y
diputadas de distintas bancadas por la que se solicita la inclusión de este
asunto en el temario. Este es un asunto que desde hace mucho tiempo venimos
pidiendo que sea tratado en el recinto. No es por un capricho, sino por el
compromiso asumido por esta Cámara. Tenemos el derecho de que esta iniciativa
se convierta en ley.
La
Argentina merece dar un paso hacia la paridad de género y ojalá que esta sea la
sesión en la que podamos darlo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Banfi.- Señor presidente: lamento que mis
palabras se utilicen para ser carne de las pujas internas que tenemos en este
recinto. Creo que fui lo suficientemente clara respecto de la posición del
interbloque Cambiemos. Sin embargo, este tipo de maniobras logran que ahora
existan estas diferencias.
Quiero
dejar bien sentada esta situación y sé que muchas van a acompañarme. Si se
acepta la moción de apartamiento de las prescripciones del reglamento, vamos a
aprobar la paridad de género, pero no será por una decisión unánime del bloque.
Me hubiera gustado que todos voten una ley tan importante.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señores diputados: tengo una
larga lista de oradores. La Presidencia entiende que, en primer lugar, hay que
decidir sobre el apartamiento de las prescripciones del reglamento solicitado.
Se
va a votar nominalmente la moción de apartamiento de las prescripciones del
reglamento formulada por la señora diputada Donda Pérez. Se requieren las tres
cuartas partes de los votos que se emitan.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
184 señores diputados presentes, 148 han votado por la afirmativa y 25, por la
negativa, registrándose además 2 abstenciones. No se ha computado el voto de 8
señores diputados.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 148 votos afirmativos; 25,
negativos, y 2 abstenciones.[39]
(Aplausos.)
- 18 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión por
el que se reconoce a los ciudadanos que actuaron en la Guerra del Atlántico Sur
por sus méritos, valor y heroísmo en defensa de la patria (5.876-D.-2017).
Aquí
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN
(5876-D.-2017)
Sr.
Presidente (Monzó).- En atención a que el
presente asunto no cuenta con dictamen, se va a votar si la Honorable Cámara se
constituye en comisión para producir el respectivo despacho. Se requieren los
dos tercios de los votos que se emitan.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobada la constitución de la Cámara en comisión.
- 19 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda abierta la conferencia.
Se
va a votar si se mantiene la unidad del debate.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración.
Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: creí que el
tratamiento de este proyecto de ley se vería frustrado nuevamente. Digo esto
porque esta iniciativa fue sancionada oportunamente por el Senado, fue remitida
a esta Cámara, perdió vigencia, fue incorporada para su tratamiento en la
sesión anterior ‑que fue levantada abruptamente‑ y quedó frustrada
una vez más su consideración. Cuando se formuló la reciente moción de orden,
creí que íbamos a seguir la misma suerte y que no el proyecto no podría
avanzar.
Lo
cierto es que ahora estamos haciendo un reconocimiento a ciudadanos argentinos,
que tenían rango militar, por sus méritos, valor y heroísmo en los vuelos de
los Hércules C-130 durante la Guerra de Malvinas. Estamos hablando de algo que
sucedió hace treinta y cinco años y recién ahora les damos su merecido
reconocimiento. Los vuelos de los Hércules C-130 tenían como misión abastecer a
las fuerzas argentinas que estaban emplazadas en partes inaccesibles de las
Islas Malvinas.
En
el mes de la soberanía, queremos brindar este reconocimiento histórico por un
hecho que ha sucedido, repito, hace treinta y cinco años.
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Solicito a los señores
diputados que guarden silencio.
Continúe,
señor diputado.
Sr.
Brügge.- No me molesta que los señores diputados
hablen. Entiendo que todos los temas son importantes, y este también lo es. No
nos olvidemos de que hubo argentinos que murieron defendiendo la soberanía.
Estos ciudadanos arriesgaron sus vidas; los Hércules no iban armados ni tenían
modos de defensa y cada operación era prácticamente suicida.
Por
lo tanto, creo importante hacer este reconocimiento. Es una forma de conmemorar
a aquellos que dieron la vida por la Patria y a aquellos que, en este caso,
hicieron el esfuerzo de defender nuestra soberanía. Seguimos insistiendo en que
las Islas Malvinas son argentinas y que debemos seguir avanzando en ese
sentido.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: propongo que se
cierre el debate y que se adopte como texto el producido por la Honorable
Cámara constituida en comisión.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar la proposición
formulada por el señor diputado por Santa Fe.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda levantada la conferencia.
- 20 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde votar en general y en particular
el dictamen producido por la Honorable Cámara constituida en comisión.
Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: pregunto qué va a pasar
con el cuarto intermedio previsto para mañana. Si comenzamos a tratar estos
temas, creo que tardaremos cuatro o cinco horas.
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: es muy importante que
podamos terminar esta sesión, algo que también se barajó durante el transcurso
del día. Es decir, tratar de llegar a las dos o tres de la madrugada con el
temario terminado.
Nosotros
vamos a hablar con total honestidad. Logramos incorporar a la sesión el tema de
la paridad de género y nos gustaría que los 166 diputados que estamos presentes
en este momento podamos votar por la afirmativa o por la negativa, pues cada
uno está en todo su derecho de hacerlo según lo considere. Repito que nos
gustaría que se trate el tema.
Propongo
a mis colegas que expidamos rápidamente los tres temas que faltan pues no
tienen mayores inconvenientes. Entonces, como habilitamos el tratamiento de
este tema, solicito que se ponga a votación de manera tal que luego quede en
nuestra voluntad quedarnos o retirarnos del recinto. Nuestro bloque está
dispuesto a concluir con todos los temas. Me parece que no es un mal horario y
podríamos comprometernos a no hacer uso de la palabra y terminar los tres temas
que nos falta tratar. Es decir, considerar los asuntos que hemos incorporado y
los que tenemos que incorporar.
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde votar en forma
nominal, en general y en particular, el dictamen producido por la Honorable
Cámara constituida en comisión (expediente 5876-D.-2017).
Se va a votar.
-Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
172 señores diputados presentes, 168 han votado por la afirmativa,
registrándose además 3 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 168 votos afirmativos y 3
abstenciones.[40]
Sr.
Presidente (Monzó).- Resulta afirmativa.
Queda
sancionado el proyecto de ley.[41]
(Aplausos.)
Se
comunicará al Honorable Senado.
La
Presidencia deja constancia del voto afirmativo de los señores diputados
Solanas, De Ponti, Cremer de Busti, Donda Pérez y Baldassi y de las
abstenciones de los señores diputados González Seligra, López y Sosa.
Tiene
la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- 21 -
Sra.
Donda Pérez.- Señor presidente: insistimos en que
se trate sobre tablas el Orden del Día N° 1621, sobre paridad de género en
ámbitos de representación política, y que no se deje para el final. Nos
comprometemos a quedarnos hasta que se agoten los proyectos incluidos en el temario.
Sr. Presidente (Monzó).- Ya está incluido, señora diputada.
Sra.
Donda Pérez.- Señor presidente: solicitamos que
se ponga en consideración en este momento. Queremos saber qué opinan los 179
señores diputados y señoras diputadas presentes.
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por
Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: nosotros nos vamos a
quedar hasta que se agote el temario, tal como planteó la diputada Camaño. Solo
pregunto qué cantidad de temas quedan pendientes para ser considerados.
Me
pareció oportuno lo planteado por la diputada Camano en el sentido de que si no
hay tantos oradores anotados, votemos los dos temas que quedan pendientes.
Nosotros nos vamos a quedar. En nuestro bloque hay libertad para votar lo que
cada uno considere con respecto al tema de la paridad de género. No hay ningún
inconveniente. No nos hagamos los barrabravas.
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia entiende al señor diputado pero
también comprende el contexto.
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración la moción
de tratamiento sobre tablas formulada por la señora diputada por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Se
va a votar. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda incluida la
consideración del asunto en el orden del día de la presente sesión.
- 22 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los
dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia recaídos en el proyecto de ley en revisión
por el cual se establece la paridad de género en ámbitos de representación
política, y se modifican las leyes 19.945, 23.298 y 26.571 ‑expediente
90-S.-2016‑, contenidos en el Orden del Día N° 1621.
Se
va a votar nominalmente.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
175 señores diputados presentes, 165 han votado por la afirmativa y 4, por la
negativa, registrándose además 2 abstenciones. No se ha computado el voto de 3
señores diputados.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 165 votos afirmativos, 4
negativos y 2 abstenciones.[42]
Sr. Presidente (Monzó).- Se deja
constancia del voto afirmativo de los señores diputados Mestre y Ferreyra.
-
Por Secretaría se indica que
votan por la afirmativa los señores diputados Silvia Martínez y Raffo.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado el proyecto
de ley.[43]
(Aplausos.)
Se
comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Si hacemos un esfuerzo,
podemos terminar la sesión. Pido a las diputadas que hagan un esfuerzo y honren
la paridad.
- 23 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar en
general el dictamen de mayoría de las comisiones de Seguridad Interior y otras
recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado (Orden
del Día N° 2029) por el cual se modifica el plazo de ejecución del Programa de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, ley 26.216. (expediente 18-S.-2016).
aquí orden del día N° 2029
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señores diputados: esta
Cámara es muy generosa con ustedes. Siempre es generosa con el reglamento, con
la palabra…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Diputado Petri…
Sr.
Petri.- Señor presidente: simplemente solicito
que se pase a votación el dictamen de la mayoría.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Fe.
- Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sra.
Copes.- No sé lo que dijo el diputado Petri.
- Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿No va a hablar, diputada
Copes?
Sra.
Copes.- Sí, señor presidente…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Me parece que el contexto no
da para que continuemos con la sesión. Si ustedes me autorizan, pasamos…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Entonces, les pido silencio.
Tomen asiento y continuaremos normalmente la sesión. Tenemos que tomar una
decisión para ver qué hacemos.
Tiene
la palabra la señora diputada por San Juan.
Sra.
Castro.- Señor presidente: estábamos de acuerdo
en continuar el temario sin oradores, por lo que podemos votar…
Sr.
Presidente (Monzó).- No tengo problema, pero
todos tenemos que colaborar para que los diputados puedan hablar porque ni
siquiera yo los estoy escuchando. Esperemos que termine la algarabía.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: toque el timbre y
llame al orden. Usted tiene un timbre allí para llamar al orden.
Sr.
Presidente (Monzó).- No me gusta tocar el timbre.
No me gusta el timbreo. (Risas y
aplausos.)
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Fe.
Sra.
Copes.- Señor presidente: este es un tema
importante que tiene que ver con todo un esfuerzo de las organizaciones
civiles, así que me parece importante fundamentar esta cuestión.
Venimos
aquí a tratar hoy una nueva prórroga de la entrega voluntaria de armas de fuego.
Esta es una ley que fue sancionada en 2006 en el marco de una emergencia y la
verdad es que, en función de esta circunstancia, lo que corresponde es
prorrogar ya que no podemos vivir en una emergencia indefinida.
El
plan se ha constituido de hecho en una importante política pública. A partir de
la sanción de la ley se han destruido y retirado de circulación 175 mil armas
de fuego. De hecho, este programa ha sido distinguido por la ONU, es decir que
tiene un premio internacional.
Quiero
aclarar en primer término entonces que nadie niega la relevancia de esta
política pública, que ha estado más allá de las diferencias partidarias y que
efectivamente hoy también seguramente lo está.
En
lo personal he presentado un proyecto de prórroga de este Programa Nacional de
Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego. El artículo 1° viene del Senado y en nuestro
dictamen de mayoría se habla de “prórroga”. Esto es lo que propongo en el
proyecto suscripto por el bloque Demócrata Progresista y es lo correcto.
Si
hay tanto consenso, ¿en qué consisten pues las diferencias? Básicamente, ellas
tienen que ver con el rol y la función que se le otorga a la participación de
la sociedad civil a través de las ONGs. En realidad, lo que uno tiene que
fundamentar es por qué, ante tanto consenso, estamos presentando un dictamen de
minoría.
En
este sentido quiero reconocer que esta ley es en realidad un esfuerzo de la
sociedad civil, es decir, de las ONGs. No olvidemos que esta ley se sancionó en
2006 justamente porque no estaba en la agenda política. Este tema se coloca en
dicha agenda a raíz de la tragedia de Alfredo Marcenac, que obliga a la clase
política a ocuparse de esta cuestión. La verdad es que este es un logro de la
sociedad civil, y eso hay que reconocerlo.
El
primer objetivo de esta ley es sacar las armas de circulación, es decir,
desarmar a la sociedad civil y bajar la encuesta de mortalidad. De hecho, entre
1990 y 2008 las muertes por día con intervención de armas de fuego ascendían a
9; hoy estamos entre 8 y 7.
El
segundo objetivo tiene que ver con la concientización de la sociedad. En el
primer año y medio de aplicación de la ley este objetivo fue exitosísimo, pero
esto se debió a la participación de las ONGs. En ese año y medio se entregaban
dos armas cada 15 minutos. Sí, así como lo estoy diciendo: dos armas cada 15
minutos. Eso significó una enorme labor de las ONGs que llevaron a cabo
trabajos un territorio y charlas con los vecinos y con la sociedad civil. De
esta manera, cambió el paradigma y la sociedad comprendió el mensaje. Por
ejemplo, se decía: “He comprado un arma de fuego por una cuestión de seguridad
y hoy me deshago de ella también por una cuestión de seguridad”. El mayor
rechazo…
Sr.
Presidente (Monzó).- Señora diputada: se ha
agotado su tiempo.
Sra.
Copes.- Señor presidente: yo tenía diez minutos
pero, cuando empecé a hablar, vi que el tablero me asignaba siete minutos. Si usted me permite dos minutos más, voy a
terminar.
En
realidad, las encuestas del mayor rechazo hacia las armas de fuego estuvo dado
en los años 2007 y 2008.
Entonces,
¿qué es lo que vengo a proponer con este dictamen de minoría? Que se reconozca
la participación de las organizaciones no gubernamentales. De hecho, no estoy
proponiendo ninguna institución nueva. El famoso consejo consultivo ya existe.
Lo que ocurre es que ningún gobierno lo ha impulsado o motorizado
adecuadamente.
El
artículo 20 de la ley 20.216, que establece la creación de ese consejo
consultivo, justamente determina que debe acompañar a la Agencia Nacional de
Materiales Controlados en el diseño, implementación y evaluación de la política
pública de desarme, que hoy constituye una política de Estado.
Por
lo tanto, lo que pretendemos es recuperar y fortalecer la participación en la
implementación del programa. Esto no queremos hacerlo sumando mayores
competencias, ya que éstas se encuentran diseñadas para el consejo consultivo,
sino garantizando una participación activa.
Además,
quiero señalar que a los legisladores nos interesa la participación de la
sociedad civil. La verdad es que se puede decir que esa relación entre la
Agencia Nacional de Materiales Controlados y las organizaciones ya existe; eso
se da prácticamente todos los días. Si es así, lo que estamos haciendo es
institucionalizar esa articulación. Los diputados tenemos el deber de hacer
eso, es decir, de garantizar lo que se pretende con la ley 26.216, ya que
después de todo es algo que abre la propia sanción que este proyecto ha tenido
por parte del Honorable Senado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señora diputada: usted me
pidió hacer uso de la palabra durante dos minutos más.
Sra.
Copes.- Le pido un minuto más, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Su tiempo ha finalizado,
señora diputada.
Sra.
Copes.- Discúlpeme, señor presidente, pero me
falta muy poco para terminar mi exposición.
Sr.
Presidente (Monzó).- Continúe, señora diputada.
Sra.
Copes.- Esto se debe institucionalizar porque no
debemos estar sometidos a los vaivenes de los funcionarios cada vez que cambia
el gobierno de turno. Es decir que debemos comprender que si apostamos a un
programa apostamos a que alguna vez ya no necesitemos, para esta política
pública, programas de este tipo, pues habremos logrado la concientización
suficiente. Esta última se logra cuando intervienen la sociedad civil y las
organizaciones no gubernamentales, porque no es lo mismo…
Sr.
Presidente (Monzó).- Ahora sí, señora diputada,
el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra ha finalizado. Durante
el tratamiento en particular del proyecto en consideración podrá hacer uso de
la palabra nuevamente.
Se
va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de las comisiones de
Seguridad Interior, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda recaído en
el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se
modifica el plazo de ejecución del Programa de Entrega voluntaria de Armas de
Fuego establecido en la ley 26.216 (Orden del Día N° 2029).
De
acuerdo con lo establecido por el artículo 81 de la Constitución Nacional,
deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si las
adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta o las dos
terceras partes de los presentes. Esto significa que la votación será nominal.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
175 señores diputados presentes, 166 han votado por la afirmativa y ninguno por
la negativa, registrándose además 4 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 166 votos afirmativos, ninguno
por la negativa y 4 abstenciones.[44]
Sr.
Presidente (Monzó).- Se deja constancia del voto
por la afirmativa de los señores diputados Marcucci, de Mendiguren y Kosiner,
como así también de la señora diputada Lospennato.
En
consideración en particular.
La
Presidencia desea saber si la comisión va a aceptar las modificaciones
propuestas.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Petri.- Señor presidente: no vamos a aceptar
ninguna modificación teniendo en cuenta que se requiere una mayoría especial y
que esto ha sido acordado con los señores diputados y con la autora del
proyecto en el Honorable Senado, es decir, con la señora senadora Kunath.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia desea saber
si con la finalidad de economizar tiempo la señora diputada Copes puede
enumerar en una sola intervención todas las modificaciones que desea a
proponer.
Tiene
la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Copes.- Señor presidente: efectivamente, puedo
hacerlo y le agradezco que me otorgue esa posibilidad. Simplemente haré la
enumeración de las modificaciones, que en su totalidad se refieren a la
participación de la sociedad civil.
Como
dije en oportunidad de la consideración en general de este proyecto, no es lo
mismo que la sociedad civil logre concientizar a uno de sus integrantes, ya que
cuando lo hace el Estado este último es el que recibe el reclamo en materia de
seguridad por parte de la primera.
En
primer término, propongo que el artículo 2º de la ley 26.216 quede redactado de
la siguiente manera: “El Consejo Consultivo de las Políticas de Control de
Armas de Fuego creado por la ley 26.216 participará especialmente en la
formulación, ejecución y evaluación de la implementación del Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La Agencia Nacional de Materiales
Controlados instrumentará los mecanismos necesarios a fin de garantizar dicha
participación.”
Como
este artículo constituye un agregado, se corre la numeración correspondiente a
los artículos 3º y 4º respecto del dictamen de mayoría.
En
relación con el artículo 3º de dicho dictamen, propongo que quede redactado de
la siguiente manera: “Sustitúyase el artículo 11 de la ley 26.126, por el
siguiente: Artículo 11: Informes. La autoridad de aplicación deberá producir un
informe mensual durante la vigencia del programa y una vez concluido el mismo
elaborará un informe final. Todos los informes deberán incluir la opinión de
los miembros del consejo consultivo, y versar tanto sobre los resultados del
programa como sobre su implementación, debiendo constar allí el detalle de los
materiales entregados y destruidos. Los informes serán de carácter público, y
deberán ser remitidos a las comisiones con competencia en seguridad interior de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación.”
Finalmente,
propongo un artículo final cuya redacción es la siguiente: “Modifíquese el
artículo 20 de la ley 26.216, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Créase un Consejo Consultivo de las Políticas de Control de Armas
de Fuego con el fin de colaborar con las autoridades competentes en el diseño,
implementación y evaluación de las políticas de control y prevención del uso de
armas de fuego y municiones. La Agencia Nacional de Materiales Controlados
instrumentará los mecanismos necesarios a fin de garantizar la efectiva
participación del consejo consultivo en las políticas que desarrolle.
“El
consejo estará compuesto por representantes de organismos internacionales,
organizaciones de la sociedad civil, centros académicos o expertos con
reconocida trayectoria y experiencia.”
Espero
que esta oportunidad, que hoy lamentablemente no fructifica en una articulación
entre el Estado y la sociedad civil, pueda darse en la próxima prórroga.
De
esta manera, al menos he querido dejar sentada mi vocación y mi posición
respecto de este tema.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Misiones.
Sr.
Franco.- Señor presidente: simplemente quiero
decir que me tocó implementar esta norma en mi provincia junto con quien en ese
entonces era el gobernador y hoy es mi compañero de bancada.
La
ley funcionó, ya que conseguimos pacificar a la sociedad y desarmarla. Más allá
de cuestiones puntuales, que se pueden discutir, fue buena para el país. Por
eso creo que esta iniciativa debe ser sancionada de acuerdo con el dictamen de
mayoría.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se van a votar en forma
nominal los artículos 1° a 5° del dictamen de mayoría.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
172 señores diputados presentes, 166 han votado por la afirmativa,
registrándose además 4 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor
diputado.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 166
votos afirmativos y 4 abstenciones.[45]
-
El artículo 6° es de forma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto
de ley.[46]
Se
comunicará al Honorable Senado.
- 24 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los
dictámenes de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y de Presupuesto
y Hacienda ‑Orden del Día N° 1317‑ recaídos en el proyecto de ley
del señor diputado Mestre por el que se crea un Registro Nacional de Condenados
por Delitos Contra la Integridad Sexual en el ámbito del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación (expediente 689‑D.‑2017).
ORDEN DEL DÍA n° 1317
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra la señora diputada por Jujuy.
Sra.
Burgos.- Señor presidente: me referiré brevemente
a la iniciativa en consideración. Luego, el señor diputado Mestre se referirá a
algunas modificaciones que contendrá el texto.
El
objetivo de este proyecto es crear el Registro Nacional de Condenados por
Delitos contra la Integridad Sexual, que funcionará en la órbita del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Responde a una demanda social muy
fuerte originada en la enorme cantidad de crímenes de índole sexual cometidos
por personas que reinciden notablemente.
La
finalidad del registro será brindar a la ciudadanía la información necesaria
sobre personas condenadas por delitos contra la integridad sexual contemplados
en nuestro Código Penal. Es decir que estará a disposición de cualquier
ciudadano o ciudadana que así lo solicite. Serán los ministerios de Justicia y
de Seguridad de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
encargados de ponerlo en funcionamiento por intermedio de sus seccionales,
comisarías o destacamentos policiales.
La
información que contenga el registro estará referida a los condenados por
delitos sexuales que hayan obtenido la libertad, hasta veinte años desde su
liberación definitiva, y será actualizada por el juez de ejecución, quien
dentro de los treinta días del ingreso del condenado a la unidad penitenciaria
deberá enviar una comunicación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, acompañada de los correspondientes datos.
El
registro deberá contener la siguiente información: nombre y apellido de la
persona condenada; apodos y/o seudónimos; fotografía actualizada; número de
documento nacional de identidad; nacionalidad; domicilio real; lugar de
residencia; domicilio laboral y carátula del proceso luego del cual se dictó la
sentencia correspondiente.
La
decisión de recuperar y transmitir información sobre las personas condenadas
por delitos sexuales se basa en la existencia de características psicológicas
propias de este tipo de conductas que, lamentablemente, llevan a una tasa muy
alta de reincidencia. Así lo reflejan las estadísticas mundiales.
En
muchos países existen registros públicos de esta índole y los resultados son
positivos. Asimismo, hay estudios criminológicos internacionales que demuestran
las dificultades que se presentan para lograr resultados óptimos en el
tratamiento de los agresores sexuales.
Últimamente
contamos con ese tipo de información y podemos ver que el índice de
reincidencia de estos delincuentes es altísimo. Tenemos que hacer una revisión
de la información y de las notas periodísticas; la problemática de la violencia
sexual y de la alta tasa de reincidencia son cuestiones altamente preocupantes.
-
Ocupa la Presidencia la
señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana
Giménez.
Sra.
Burgos.- El registro será útil como medio de
información, para poner en alerta a la sociedad y para facilitar la prevención
del delito, pero somos conscientes de que su aplicación conlleva reconocer la
necesidad de rever las políticas penitenciarias y pospenitenciarias
implementadas en nuestro país durante mucho tiempo.
Sabemos
que la democracia tiene una enorme deuda en lo que respecta a la generación de
políticas de Estado que aborden de manera eficaz la conflictividad social que
ha ido creciendo de manera persistente. Entendemos que continúa pendiente un
problema de fondo; me refiero a la reincidencia, con todas las
particularidades, dificultades y desafíos que el tema conlleva.
Estamos
seguros de que esta ley puede ser una herramienta muy eficaz para desarrollar
una política penitenciaria y pospenitenciaria destinada a la resocialización
del condenado que, al mismo tiempo, permita proteger los derechos de los
ciudadanos y especialmente de las mujeres, que somos las que en mayor medida
padecemos este tipo de delitos.
Creo
que es el momento oportuno para crear este registro como una manera de
complementar las políticas que se están llevando a cabo, las que ciertamente
forman parte de la reforma planteada desde el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Mestre.- Señora presidenta: seré breve por dos
razones. Primero, porque llevamos más de dieciséis horas de debate. Segundo,
porque la señora diputada Burgos fue muy clara cuando fundamentó este proyecto
de ley.
Por
lo tanto, me atendré a algunos datos que considero importante ejemplificar para
entender la trascendencia de este registro nacional de delincuentes sexuales.
Basta
mirar los noticieros para encontrar a cada momento víctimas de estos
delincuentes. Una y otra vez vemos mujeres que han sido atacadas, niños y niñas
cuyas vidas fueron destrozadas y sus cuerpos y mentes marcados por secuelas que
el tiempo no puede borrar.
Pero
lo que debemos entender, señora presidenta, es que en estos delitos contra la
integridad sexual, lamentablemente, la tasa de reincidencia supera el 90 por
ciento, no solamente en Argentina sino en el mundo.
Creo
que es importante escuchar a los especialistas. Por ejemplo, el doctor Miguel
Maldonado, un reconocido psiquiatra, consultor de la Sociedad Argentina de
Psiquiatría Forense, lleva esta idea aún más lejos y nos dice que esto no es
una patología, porque en ese caso tendría tratamiento; es un trastorno de la
personalidad, con algunos caracteres especiales. Por ejemplo, los violadores
gozan con el sufrimiento de la víctima, necesitan sentir que someten a otro y
esto no se puede curar.
Por
eso, señora presidenta, debemos enfocarnos en la prevención, y este registro
actúa como un acceso a la información por parte de los ciudadanos para que
puedan prevenirse y generar alertas. Si de alguna manera podemos evitar aunque
sea un solo caso de violación con la sanción de esta ley, habremos hecho una
muy buena tarea aquí en la Cámara de Diputados.
La
agrupación civil AVIVI, que es la Asociación de Ayuda a Víctimas de Violación,
recibió en 2016 alrededor de siete denuncias por día, sólo dentro de la
provincia de Buenos Aires; esto significa más de 2.500 denuncias al año. Pero
sabemos que son muchas más, porque se calcula que el 70 por ciento de las
víctimas no realiza la denuncia. La extrapolación de estos datos daría como
resultado a nivel país 58.675 denuncias.
Prestemos
atención a esta estadística. Existen al día de hoy 1.160 personas prófugas, con
pedido de captura por delitos en contra de la integridad sexual. Varias de
ellas son perpetradores de más de un delito. Los datos surgen del Sistema de
Consulta Nacional de Rebeldía y Captura del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
Según
la estadística del mismo Ministerio, al menos desde 2012 la cantidad de
condenas por delitos sexuales no para de crecer. Ese año fueron 1.830, y en el
año 2015 ‑último período procesado‑, 2.428. Se trata de un
crecimiento del 33 por ciento, solo en cuatro años. La tasa de víctimas de
violaciones por cada 100.000 personas fue de 8,7 en el año 2015, con un aumento
entre el 2008 y el 2015 del 78 por ciento; en cambio, la tasa de víctimas de
otros delitos contra la integridad sexual pasó de 24,7 por 100.000 habitantes
en 2014, a 40 en 2015.
Por
eso, señora presidenta, estamos hablando de mucho más que de fríos números.
Estamos hablando de que nuestro país está sufriendo cada vez más, y es un
sufrimiento que se extiende mucho más allá de la víctima, poniendo a todos sus
vínculos y afectos en una espiral de angustia, decepción e impotencia.
Este
proyecto viene a complementar la ley 26.879, Registro Nacional de Datos
Genéticos. Ese registro es de acceso restringido, ya que solamente tienen
acceso los miembros del Ministerio Público Fiscal para determinar quién fue el
culpable de un hecho de violación. En cambio, en este caso el registro es
público. Esa es la novedad de este proyecto, porque lo que se quiere lograr es
el mecanismo de alerta y prevención que debe haber en los habitantes de los
barrios y ciudades de nuestra Argentina.
Por
último, para no abundar, quiero agradecer en nombre de las distintas comisiones
que hemos tratado este proyecto a las personas que vinieron a los plenarios a
participar y dar su testimonio, aporte y apoyo para que este proyecto llegue al
recinto; especialmente a María Elena Leuzzi, titular de AVIVI, y a María Isabel
Yaconis, de la agrupación Madres del Dolor. Todos hemos sido testigos de la
valentía con que llevan adelante su lucha y sabemos a lo que han tenido que
enfrentarse. Les queremos agradecer por la valentía de exhibir sus cicatrices
para que sirvan de fundamento a este proyecto de ley. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- No encontrándose presente
la señora diputada Garré, tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
Sra.
Sosa.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero
expresar que se ha cometido un gran atropello en el tratamiento de la paridad
de género en esta sesión de la Cámara, que fue permitido no solamente por la
Presidencia sino incluso por las propias diputadas que, argumentando una
igualdad o respeto a las mujeres, respaldándose en garantías constitucionales,
impidieron totalmente que hubiera un debate y que incluso pudiera explicar el
sentido y carácter de mi voto negativo a ese proyecto. Máxime cuando tenemos un
dictamen de minoría por el rechazo y cuando acompañamos el tratamiento sobre
tablas de ese proyecto en esta sesión.
Quiero
que estas primeras palabras se tomen como una cuestión de privilegio por este
gran atropello que se ha llevado adelante.
Pasando
al tema en tratamiento sobre el Registro Nacional de Delitos contra la
Integridad Sexual, entendemos que las violaciones y abusos sexuales son la
expresión más brutal de la descomposición de las relaciones humanas. Junto con
los femicidios, deben ser, en la escala de violencia sobre las mujeres y niños,
una de las peores expresiones de la barbarie a la que asistimos bajo un régimen
de dominación patriarcal.
Lo
que hay que explicar aquí es la naturaleza y el carácter que tienen las
violaciones y los delitos sexuales. No son simplemente producto de una
individualidad, una patología genética, una desviación de alguna persona. No,
son producto justamente de un régimen patriarcal de dominación de las
masculinidades sobre las femineidades, que provoca este tipo de delitos y
agresiones.
Por
lo cual, la intervención del Estado en este sentido está bastante cuestionada,
porque es un Estado capitalista, que se sostiene en sus relaciones de
dominación y explotación de unos sobre otros, y donde la mujer sufre una doble
explotación. Evidentemente, esa situación de doble explotación de la mujer por
su condición de género y de clase, refuerza aún más los mecanismos de
dominación en una sociedad plagada de relaciones de poder.
Entonces,
creemos que la intervención del Estado está aquí totalmente cuestionada porque
es uno de los primeros promotores de la cosificación de la mujer.
Obviamente
hay mucho debate en nuestra sociedad, incluso en el mundo, sobre cómo resolver
este flagelo, porque las mujeres se han levantado en nuestro país y en el mundo
contra la profundización de la violencia que padecen día a día. Entonces,
algunos advenedizos y oportunistas dicen que hay que cortar por lo sano e ir a
la castración química. Y otros siguen apelando a algo que no es para nada
novedoso, que es seguir reforzando el aparato punitivo del Estado.
Lo
que se está presentando aquí en realidad no es una prevención, porque si ese el
argumento, ¿en qué previene que exista un registro público, que además va a
vulnerar el principio de inocencia y profundizar la estigmatización de la pena?
Lo que se está planteando aquí es una prolongación durante veinte años de una
pena ya cumplida por la persona, en un registro que va a estar a disposición de
cualquiera que lo quiera pedir. Con lo cual, aquí el Estado, este gobierno de
turno y quienes están promoviendo esta ley, ni siquiera están planteando un
mecanismo de prevención, porque en realidad lo que están haciendo es una
invitación a la acción individual, es decir, a la justicia por mano propia.
¿Cuál es la prevención?
Entonces,
entendemos que esto va a atentar contra el principio de inocencia, porque
incluso va a generar confusión entre la condena anterior y las pruebas del
nuevo hecho.
Uno
de los argumentos con los que refuerzan este planteo es la reincidencia. Sin
embargo, en nuestro país no hay datos oficiales sobre la reincidencia en los
casos de delitos sexuales. Entonces, aquí también vemos que hay una falencia.
Es decir que se está presentando esto como parte de un paquete de medidas
demagógicas y punitivas.
Incluso
surgió cuando ocurrió el femicidio de Micaela García, los propios padres
salieron a reclamar posicionándose en contra de una mayor acción punitiva.
Lamentablemente,
con este gobierno tenemos un populismo punitivista, que es la contracara del
garantismo capitalista al que nos tenían acostumbrados.
Desde
el punto de vista policial o judicial no se puede modificar la naturaleza y el
carácter de un Poder Judicial misógino y de clase, más allá de que reitero que
esto una invitación a buscar justicia por mano propia.
Por
otra parte, quiero resaltar que este registro ni siquiera incluye a los
representantes de las iglesias ‑católicas y de otros credos-, que tienen
gran responsabilidad en los casos de abusos sexuales y de delitos contra la
integridad física que se cometen en nuestro país. Hace pocos días se cumplió un
año del caso Próvolo, que se dio en la provincia de Mendoza, que es uno de los
que más conmoción ha causado en la historia de los abusos eclesiásticos en
nuestro país. El problema es que los involucrados se resguardan en los
concordatos, que tienen jerarquía constitucional, y en los privilegios de estas
instituciones, lo cual pone de manifiesto el manto de impunidad que les
garantizan los gobiernos de turno y un Estado que a través de la legislación
vigente y sus instituciones mantiene el régimen de dominación y de doble
opresión sobre las mujeres, contra el cual nos levantamos.
Es
hora de hacer un balance, porque hace años que observamos un reforzamiento de
las políticas punitivas. Durante el gobierno anterior eso se materializó en la
aprobación de las leyes que exigió e impulsó el empresario textil Blumberg,
padre de un joven que fue secuestrado. Con la sanción de esas normas se atacó
el régimen de libertad condicional y se incrementaron las penas, y los
resultados de esa decisión hoy están a la vista de todos: los secuestros de
mujeres con destino al mercado de trata han crecido en forma impresionante.
Esto no puede ocurrir sin la complicidad y connivencia del aparato estatal con
las redes que manejan ese mercado a nivel mundial que tiene como único norte
incrementar la tasa de beneficio.
En
ese contexto asistimos a la barbarización social. No hablamos de una patología
genética individual sino de una patología social. La violación es una forma de
poder.
La
solución no pasa por el campo judicial ni por el sector penitenciario. Digo
esto porque en los propios fundamentos del proyecto se reconoce a través de un
verdadero sincericidio que el régimen penitenciario ni siquiera brinda la
posibilidad de reinsertar a los presos en la sociedad, porque bajo la órbita
del sistema –que ha sido cuestionado a nivel internacional por los organismos
de derechos humanos- se cometen todo tipo de abusos y violaciones. Lo cierto es
que carecemos del ambiente adecuado en el cual reeducar y resocializar a esas
personas, porque lo que prima son los costos, las ganancias y las relaciones de
dominación.
Entendemos
que los violadores no pueden corregirse en este sistema capitalista patriarcal,
porque esta sociedad dividida en clases los utiliza como un instrumento que se
vale de la explotación y de la dominación de las mujeres para mantener esa
relación de poder.
Por
lo tanto, es necesaria una transformación en las relaciones sociales. La lucha
contra este flagelo tiene que apuntar a la independencia del Estado y no a su
reforzamiento. Esto pone de manifiesto la incapacidad e impotencia de los
partidos patronales y tradicionales, por más que intenten embellecerse con
leyes de paridad de género proscriptivas y con mujeres al mando de las
instituciones que cometen los mayores abusos y atropellos contra las mujeres
trabajadores.
Esa
no es la salida, porque pone en evidencia la incapacidad que existe, incluso en
el marco de la propia institucionalidad. Con este proyecto nos están invitando ‑repito-
a ejercer justicia por mano propia.
Por
todas estas razones, adelanto nuestro voto negativo a la propuesta en
consideración.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giordano.- Señora presidenta: si el presidente
Emilio Monzó me presta atención, quiero repudiar el tratamiento que le ha
dispensado al tema de paridad de género mediante un accionar antidemocrático y
burocrático en contra de quienes habíamos presentado dictamen de minoría.
Por
ello me voy a tomar cinco minutos de los diez que dispongo para explicar por
qué estamos en contra. Hablamos de un asunto muy delicado sobre el que no nos
permitieron dar nuestra opinión.
Si
bien la cuestión genera simpatías e ilusiones queremos explicar por qué estamos
en contra.
El
proyecto de paridad de género no constituye ningún avance. En primer lugar, la
ley todavía vigente pone un piso del 30 por ciento para la integración de las
listas con mujeres, pero también permite que ellas ocupen hasta un 70 por
ciento de los cargos. Justamente, esto es lo que hacemos en el Frente de
Izquierda, porque la mayoría de nuestras listas están conformadas por un 70 por
ciento de mujeres y un 30 por ciento de varones.
La
norma que acabamos de aprobar es más restrictiva al fijar un techo del 50 por
ciento. Si la ley entra en vigencia, en el Frente de Izquierda tendremos que
bajar de las listas a un 20 por ciento de las mujeres, porque el PRO, la UCR,
el PJ y el Frente para la Victoria no respetan la paridad de género.
Eso
es lo que queríamos plantear durante el debate antes de que algunos hablaran de
“hecho histórico”. Lo que se aprobó es una fantochada antidemocrática desde el
punto de vista del contenido.
En
segundo término, nos quieren hacer creer que con más mujeres van estar más
cerca de sus derechos y del “Ni una menos”. Esto es mentira. De lo contrario
quisiera que alguien me explique por qué durante los doce años de gobierno de
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no se apoyó la campaña
nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Me gustaría saber
si con Vidal, más Michetti, más Carrió, vamos a estar más cerca o más lejos del
aborto. Seguramente vamos a estar más lejos, porque no se trata de un problema
de las mujeres, sino de mujeres y varones que integran los partidos que se
niegan a otorgarles a las primeras el derecho por el cual vienen peleando todos
los días en las calles.
¿Acaso
creen que con más mujeres de los partidos tradicionales vamos tener igual
salario por igual trabajo? Esto es mentira. Me hubiese gustado que la diputada
Donda Pérez hiciera mención a las limitaciones que tiene el proyecto en lugar
de decir que era algo histórico. Caso contrario, nos hubieran dado la
posibilidad de dar nuestra opinión.
Por
eso los varones vamos a tener que seguir luchando junto con las mujeres por el
“Ni una menos” y las demás reivindicaciones por las que ellas vienen peleando.
Con
más mujeres o varones del PRO y del PJ no hay más derechos para las mujeres.
Por
supuesto que vamos a solicitar la inserción en el Diario de Sesiones de todos
los argumentos que figuran en nuestro dictamen de minoría.
También
debo aclarar que el proyecto no fue aprobado por unanimidad, porque la
izquierda votó en forma negativa. Sinceramente creo que muchos desconocían que
esa norma es más restrictiva para la integración de las listas con mayoría de
mujeres. Reitero que en las listas de nuestro partido había un 70 por ciento de
mujeres, pero ahora ese porcentaje tendrá que disminuir al 50 por ciento.
Entonces,
les pido a los partidos tradicionales y patronales –como el PRO- que no
atribuyan esto a un problema de la democracia.
En
lo que respecta al tema del Registro Nacional de Condenados por Delitos contra
la Integridad Sexual, también hemos presentado un dictamen de minoría. En
nuestra opinión esta es una medida cosmética que simula luchar contra los
abusadores y violadores.
Repudiamos
los delitos aberrantes. Acompañamos a las víctimas en las luchas de “Ni una
menos”, contra el femicidio, etcétera, y lo seguiremos haciendo, pero no
permitiremos que se aprueben leyes para simular que se está en contra de los
abusadores cuando no es así, entre otras cosas, porque un registro nacional de
condenados por delitos sexuales no tiene en cuenta que la mayoría de estos
abusos no se dan en la calle sino en el entorno familiar.
Se
hace un registro nacional de delincuentes sexuales, que ya en los propios
debates en la comisión han dicho que esto se ha aplicado en algunas provincias
y en otros países y no ha dado absolutamente ningún resultado, pero acá se usa
para aprovecharlo y demás, se quiere encubrir la responsabilidad del gobierno y
del Estado en relación con el abordaje del problema central.
Es
evidente que se actúa sobre un hecho consumado. Hay un abusador, se publica en
el registro y punto, se soluciona el problema. Esto no es así, porque para la
prevención no hay absolutamente nada. Y no hay nada de lo que se tiene que
cumplir. Me refiero a la ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral y la ley 26.485, de Protección integral a las Mujeres. Exigimos
que se declare la emergencia de violencia contra las mujeres, en lugar de
destinarse 4,21 pesos por año por mujer; que se construyan los refugios; que
haya trabajo digno, vivienda, psicólogos gratuitos para todas las mujeres
víctimas de violencia de género por parte de los abusadores, etcétera.
El
año próximo se reducirán en 30 millones de pesos los planes para combatir la
violencia de género. Así podríamos seguir con tantas otras argumentaciones.
La
pregunta que también nos hicimos en su momento en la comisión era qué pasará
con el registro de abusadores sexuales y los curas pedófilos. ¿Habrá un
registro de curas pedófilos abusadores, a los cuales les pagamos el sueldo por
una ley de la dictadura? Pagamos los sueldos de los docentes de los colegios
religiosos como un negocio de la educación privada para que vayan a dar clases,
mientras los curas ‑beneficiados por todos nosotros, que pagamos sus
sueldos‑ son abusadores repudiados, muchos de ellos denunciados y
actualmente alojados en cárceles. Es aberrante lo que está pasando.
Pregunto:
¿el registro nacional de delincuentes sexuales, abusadores, tendrá un ítem
especial en relación con los curas? La respuesta es no.
-
Ocupa la Presidencia el señor
presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr.
Giordano.- El 25 de noviembre es el Día
Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Repudiamos estos hechos que
no llevan a nada, que son cosméticos, y seguiremos levantando la lucha de las
mujeres del “Ni una menos” en las calles.
Necesitamos
plata para combatir la violencia de género, no para pagar la deuda externa.
Basta de femicidios, que han crecido en un 8 por ciento por año. Exigimos que
se cumpla con las leyes que están vigentes; que se termine con la trata de
personas; que se apruebe la ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Seguro, Legal y Gratuito, y tantos otros reclamos como la separación de la
Iglesia del Estado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Raffo.- Señor presidente: yendo a las
efectividades conducentes, voy a precisar las observaciones que quiero realizar
a los artículos 6° y 7° del proyecto, para que después valgan en la
consideración en particular, así ganamos tiempo. Tengo la fundada esperanza de
que el miembro informante las acepte.
El
artículo 6° dice: “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
completará el registro instaurado en el plazo de treinta (30) días de recibida
la información y lo pondrá a disposición de todos los Ministerios de Justicia y
Seguridad de las provincias, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” La
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un Ministerio de Seguridad y Justicia,
pero no existe como tal en todas las provincias. La provincia de Buenos Aires
tiene un Ministerio de Justicia, por un lado, y uno de Seguridad, por el otro.
La provincia de Mendoza tiene un Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia,
por un lado, y un Ministerio de Seguridad, por el otro. En Santiago del Estero
hay Ministerio de Justicia y una Secretaría de Seguridad. En Santa Fe, hay Ministerio
de Seguridad, por un lado, y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el
otro.
Esto
está tomado del modelo porteño. Soy diputado por el distrito electoral de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero no soy “porteñista”, que creo que es un defecto.
Es
por ello que me parece que este artículo debería decir: “…y lo pondrá a
disposición de todos los ministerios con competencia en justicia y seguridad de
las provincias, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” Esta es la primera
propuesta que pido que se incorpore.
La
segunda se refiere al artículo 7°, que dice así: “Los Ministerios de Justicia y
Seguridad de las provincias que integran el territorio nacional, y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante las seccionales o destacamentos policiales
pondrán el registro a disposición de cualquier ciudadano que así lo solicite…”.
Entiendo
que coloquialmente “habitante” y “ciudadano” se tomen como sinónimos, pero no
lo son. Ciudadano es el que integra el cuerpo electoral, mientras que hay más
de dos millones de habitantes residentes en nuestro país, que no son ciudadanos
porque son extranjeros inmigrantes, que son residentes, y no veo por qué motivo
se los excluiría del acceso al registro por no integrar el cuerpo electoral.
¿Qué
puede tener que ver el derecho político de elegir y ser elegido con el derecho
de acceder a este registro? Es más, hemos visto que recientemente en el Norte
asesinaron con violencia sexual a una chica francesa, vinieron los padres, y si
quieren buscar información no pueden hacerlo porque no son ciudadanos.
Creo
que la redacción correcta sería la siguiente: “…pondrán el registro a
disposición de cualquier habitante mayor de edad…”. No se puede discriminar
entre ciudadano y no ciudadano para brindar o cerrar el acceso a este registro.
Estas
son mis dos sugerencias para el tratamiento en particular, y pido que la
comisión las acepte.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Tailhade.- Señor presidente: mi bloque acompañará
en general este proyecto ‑de hecho, somos firmantes del dictamen de
mayoría‑, pero escuché a la diputada Burgos señalar que iba a haber
modificaciones. Estas no han sido acordadas, o por lo menos no hemos tenido
ningún tipo de conocimiento al respecto, lo cual habilitaría a que nos
enojáramos, nos levantáramos e hiciéramos “la gran Negri”, porque se dan las
mismas condiciones. Se trata de un dictamen que fue firmado por casi todos los
bloques, acompañado por nosotros, que se modificará sin que nosotros tengamos noticias.
Una
de las razones por las cuales acompañamos el dictamen fue que se retiró del
texto la publicación en sitios web, con lo cual estamos hablando de un registro
público a disposición de los habitantes del país, pero no publicable.
Ese
era espíritu del proyecto. Lo que me preocupa, señor presidente, es que se
pueda utilizar el último párrafo del artículo 3° para que el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos eluda esta cuestión, ya que al final dice:
“debiendo instrumentar mecanismos idóneos que permitan dar cabal cumplimiento a
la finalidad plasmada en el artículo 2°”, que es justamente la de brindar a los
habitantes acceso a la información sobre personas que hayan sido condenadas.
Por
lo menos, nuestro bloque quiere dejar asentado que esa facultad que se le va a
otorgar al Ministerio –la de instrumentar mecanismos idóneos que permitan dar
cabal cumplimiento a la finalidad plasmada en el artículo 2°- no puede ser la
publicación del registro, sino que se debe respetar el espíritu, en el sentido
de que la información está a disposición de los habitantes que quieran saber si
en su barrio o en su cuadra reside un violador.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: en el corto tiempo de
que dispongo trataré de sintetizar mucho material y muchas opiniones que aquí
tengo.
En
primer lugar, quiero decir que acompañaremos este proyecto con algunas
modificaciones que hemos propuesto, que han sido aceptadas y que esperemos que
se concreten, las cuales desarrollaré durante el tratamiento en particular de
esta iniciativa.
Quiero
señalar que este es un avance importante en defensa de aquellas víctimas
silenciosas.
Aquí
se dieron diferentes teorías de por qué el abusador sexual –nos referimos a
verdaderos depredadores sexuales- tiene básicamente un trastorno de la
personalidad que lo lleva a reincidir en la comisión del delito. Se trata de un
trastorno que no tiene absolutamente nada que ver con aspectos estrictamente
culturales ni con controles penitenciarios.
Aquí
se ha dicho que nuestro sistema penitenciario favorecería la reincidencia de
este tipo de delincuentes. Sin embargo, le voy a dar el ejemplo de un sistema
penitenciario modelo, que es el alemán. El Instituto Federal Alemán, un
instituto de criminología muy prestigioso en ese país, ha hecho una estadística
a lo largo de diez años respecto de estos delincuentes, quienes a su vez tienen
un mecanismo de asistencia psicológica durante el lapso en que cumplen la pena
dentro de ese sistema penitenciario, con el fin de tratar de reinsertarlos. A
pesar de ello, el nivel de reincidencia en diez años llega a un 50 por ciento.
Por
lo tanto, no necesariamente la cultura ni un sistema penitenciario defectuoso
llevan a que se produzca la reincidencia. Esto tiene una raíz más de fondo. De
hecho, los trastornos de la personalidad que padecen estos delincuentes no se
solucionan con sistemas alternativos que inhiben su funcionalidad sexual, como
por ejemplo la castración química. Muchos de los estudiosos psiquiatras dicen
que se produce una mutación de la violencia, ya que no es un problema genital
sino mental el que padecen los depredadores que sufren este tipo de trastornos.
Aquí
se habló bien de prevención, del sistema punitivo y del control. Lo que
nosotros vamos a proponer es fruto de un proyecto de ley que presenté en su
momento y que está contenido en el expediente 6.078-D.-2016, donde seguimos un
trabajo que veníamos haciendo en la provincia de Córdoba, donde yo era
legislador.
En
el año 2009, junto con otros legisladores provinciales presentamos un proyecto
de ley denominado Programa Provincial de Identificación, de Seguimiento y de
Control de los Delincuentes Sexuales y de Prevención de los Delitos contra la
Integridad Sexual, que dio a luz la ley 9.680.
Por
medio de esa ley provincial se creó un registro y se estableció un código de
convivencia de aquellos que eran condenado por este tipo de delitos. Ese código
de convivencia consistía en que aquellos que terminaban de cumplir su condena y
obtenían la libertad debían concurrir a las dependencias policiales por un
lapso de cinco años para informar ante la autoridad policial acerca de su
desenvolvimiento social y laboral y si estaban siendo sometidos a un
tratamiento psicológico.
Eso
es seguimiento, eso es control y eso es prevención, señor presidente.
En
función de ello, y tomando esa experiencia cordobesa, nosotros hemos propuesto
una serie de agregados al proyecto en consideración que ya hemos anticipado a
los dos miembros informantes, quienes han considerado positiva su
incorporación.
En
el registro de condenados por delitos sexuales de Córdoba tenemos 1.496
inscriptos, que ya están identificados y que tienen que cumplir con esta suerte
de pena accesoria, que se denominó en algún momento, pero que en realidad es un
código de convivencia.
Además,
quiero decir que se han recibido 7.000 pedidos de antecedentes. O sea, las
personas que dudan sobre si alguien está o no inscripto en el registro -para
ser tomado por ejemplo en una actividad en la que estén menores involucrados-,
han podido obtener la información respectiva. De allí lo positivo e interesante
de este tipo de registros.
Lo
que nosotros vamos a proponer, como pena accesoria para estos delincuentes
condenados, es la obligatoriedad de presentarse ante el tribunal que dictó la
sentencia condenatoria o, en su caso, el juzgado de ejecución penal respectivo
o el juzgado del domicilio que hubiere fijado como residencia habitual, cada
treinta días aniversario, en razón del alto grado de reincidencia, a los
efectos de informar sobre las actividades laborales y sociales que realizan, y
si se encuentran bajo tratamiento psicológico. La obligación deberá cumplirse
durante el lapso de seis años calendario a computarse desde la fecha de la obtención
efectiva de la libertad, y en caso de reincidencia, dicho plazo se extiende por
doce años, y de existir reincidencias sucesivas, seis años por cada una de esas
condenas.
En
este aspecto, esta pena accesoria se encuentra prevista en el Código Penal.
Quiero aclarar que la ley que estamos aprobando es complementaria del Código
Penal de la Nación y, por lo tanto, es aplicable en todo el territorio de la
República Argentina. De hecho, muy bien se aclaró aquí que se podrá acceder a
este registro y que será información a la que también podrán acceder los
respectivos ministerios provinciales. Esto permitirá unificar el tratamiento
tan grave que para la sociedad constituye el impacto que estos delitos provocan
en diferentes generaciones.
Por
eso, durante el tratamiento en particular iremos haciendo las propuestas
artículo por artículo, que como dije, no son tomadas de la teoría sino de la
práctica, que no solamente es extranjera sino que incluye la práctica del
derecho público provincial.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santiago del Estero.
Sra.
Navarro.- Señor presidente: he pedido el uso de
la palabra porque este proyecto de ley que hoy estamos tratando ha sido
presentado hace cuatro años. En efecto, exactamente en julio de 2013 hemos
tratado la ley que vino del Senado, denominada Registro Nacional de Datos
Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. En este caso, la
iniciativa en tratamiento habla del Registro Nacional de Condenados por Delitos
contra la Integridad Sexual.
Todos
sabemos que este es un tema que involucra hechos atroces, y cada vez conocemos
actos más escalofriantes. Muchas veces es en el mismo círculo familiar donde se
dan estos delitos contra la propia hija o el propio hijo, que sufren este tipo
de violación.
Quisiera
preguntarles a los miembros informantes por qué estamos frente a una copia
textual del proyecto del año 2013. Solamente se han sacado dos palabras del
articulado. Pero ya está vigente; ya se está trabajando con estos articulados.
El
proyecto de 2013 crea el registro nacional de datos genéticos vinculados a los
delitos contra la integridad sexual, y el proyecto actual crea el Registro
Nacional de Condenados por los mismos delitos.
El
proyecto de 2013 tenía por objeto individualizar a los delincuentes o
responsables del delito. La iniciativa en consideración habla de alertar a la
sociedad para que pueda prevenirse o defenderse de estos delincuentes. En el
proyecto de 2013 se hace referencia a los datos personales ‑como
domicilio, lugar de trabajo, número de documento, apodo‑, y en esta
iniciativa, exactamente lo mismo.
El
proyecto de 2013 dice que las constancias o datos obrantes en el registro son
de carácter reservado. El proyecto actual dice que se deben publicar esos datos
reservados. Yo tuve la oportunidad de participar en el proyecto de 2013 ‑recuerdo
que también estaba el ex diputado Pinedo‑, y uno de sus artículos ha sido
muy discutido. Justamente se trataba del artículo 7°, referido a la reserva de
datos. Según el proyecto actual, hay que publicarlos para que todos los vecinos
sepan si tienen un violador cerca de su casa.
Otro
punto que se agrega, copiando la ley anterior, es el del guardado de los datos
del registro. El proyecto de 2013 establece que deben transcurrir cien años
para dar de baja esa información. Los autores de este proyecto hablan solamente
de veinte años a partir de la libertad de los delincuentes. En esa oportunidad
hubo un debate muy hostil porque –reitero‑ se hablaba de guardar los datos
del registro durante cien años. Yo no creo que exista alguien de 100 años con
la capacidad física y mental de poder violar a alguien. Sin embargo, eso ha
sido aprobado.
Recién
se dijo que todos estos puntos sirven para proteger a la sociedad porque el ciento
por ciento de esos delincuentes tiene la posibilidad de reincidir. ¿Pero dónde
está el principal problema? En que los 9 artículos del proyecto de 2013 y los
11 artículos del proyecto actual son del mismo tenor y tienen los mismos
títulos. Aquí hay una falla…
Sr.
Presidente (Monzó).- Ha concluido su tiempo,
señora diputada.
Sra.
Navarro.- Le pido que me deje finalizar mi
discurso, señor presidente, ya que nunca le pido la palabra.
Lo
único que hace el sistema penitenciario actual con estos condenados es darles
techo, comida y pagarles un sueldo. No los capacita para que luego puedan
reinsertarse en la sociedad como corresponde.
No
copiemos una ley que ya está vigente. En todo caso, como dijo la diputada
Burgos en sus fundamentos, queremos continuar con el espíritu de la ley 26.879
de 2013, constituyendo una herramienta para la sociedad, con la que tiene que
convivir el delincuente. En todo caso, modifiquemos algún artículo de la ley
vigente, pero no dibujemos una ley por agregar un solo artículo.
Esto
es lo que quería aclarar, señor presidente. En todo caso, miremos cómo está el
sistema penitenciario, porque estos problemas no se solucionan con uno o dos
artículos; en ningún lugar, y mucho menos en la familia.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
González Seligra.- Señor presidente: en el mismo
sentido que planteó mi compañera del Frente de Izquierda, la diputada Soledad
Sosa, voy a rechazar este proyecto de ley porque justamente, a pesar de no
estar comprobados todos los datos de reincidencia, pone la responsabilidad de
cuidarse en las mujeres. Esta norma es el reconocimiento de que el Estado no
cuida a las mujeres sino que, con este registro, les dejaría la responsabilidad
de protegerse de los violadores de manera individual, a la vez que avanza en la
estigmatización de los condenados, sus familiares y su entorno luego de haber
cumplido una condena que supuestamente es para su reinserción social.
De
manera que acompaño el dictamen que han presentado mis compañeros.
Por
otra parte, señor presidente, quiero aprovechar el uso de la palabra para
plantear algo que no pude decir antes: he votado en forma afirmativa el
proyecto de ley de paridad de género entendiendo que es un avance en la pelea
por los derechos en la vida real de las mujeres. Es de público conocimiento que
en este tema no tenemos el mismo criterio que los compañeros del Frente de
Izquierda.
Asimismo,
solicito autorización para insertar unas modificaciones que pensaba proponer a
fin de mejorar el proyecto. En este sentido, entendemos que el 50 por ciento,
como mínimo, tiene que ser de mujeres ‑porque existiendo la ley de cupo,
plantea un cupo masculino‑ y, a su vez, que en caso de muerte o renuncia
de algún varón pueda ser reemplazado por una mujer.
Sra.
Burgos.- ¿Me permite una aclaración, señor
presidente?
Sr.
Presidente (Monzó).- Sí, señora diputada.
Sra.
Burgos.- Señor presidente: quiero aclarar que
este proyecto no es una copia textual del proyecto de 2013. Este último hace
alusión a los datos genéticos y la información solamente es usada por el Poder
Judicial. En el caso de esta iniciativa, estamos hablando de un registro de
violadores –es decir, de aquellos condenados que han sido liberados‑, de
que los datos de ese registro deberán estar expuestos en las comisarías y de
todo lo que hablamos. El propio creador del proyecto que estamos tratando dijo
en su discurso que se complementa con la ley anterior.
De
modo que no es una copia textual. Aquí no se quiso copiar artículos o leyes anteriores,
porque eso sería una falta de respeto y nosotros no estamos acostumbrados a
faltar el respeto. Esta es una herramienta que complementa acciones que se
hicieron anteriormente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Mendoza.
Sr.
Carmona.- Señor presidente: solicito permiso para
insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Antes de finalizar la
sesión, se autorizarán todos los pedidos de inserción.
La
Presidencia solicita a las mujeres presentes que permanezcan en el recinto
cuando termine la sesión porque les van a tomar una foto a todas juntas por el
día histórico que están viviendo. (Aplausos.)
Se
va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de las comisiones de
Legislación Penal, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda recaído en el
proyecto de ley por el que se crea el Registro Nacional de Condenados por
Delitos contra la Integridad Sexual en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (Orden del Día N° 1317).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 144
señores diputados presentes, 135 han votado por la afirmativa y 5, por la
negativa, registrándose además 2 abstenciones. No se ha computado el voto de un
señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 135 votos afirmativos; 5,
negativos, y 2 abstenciones.[47]
Sr.
Presidente (Monzó).- Los señores diputados
Torello, Goicochea y Giordano votan por la afirmativa.
En
consideración el artículo 1° del proyecto de ley aprobado en general.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 2° a 4°.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
5°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: tal como adelanté,
proponemos agregar las palabras “Pena accesoria” al final del Título II
dedicado a “Órgano judicial competente. Procedimiento. Actualización de
información.”
Asimismo
solicitamos agregar lo siguiente al final del artículo 5°: “A las personas
condenadas por delitos contra la integridad sexual previstos en el Libro II,
Título III del Código Penal de la Nación, les corresponde como pena accesoria
la siguiente: la obligatoriedad de presentarse ante el Tribunal que dictó la
sentencia condenatoria o en su caso al juzgado de ejecución penal respectivo o
ante el juzgado de la jurisdicción del domicilio que hubiere fijado como
residencia habitual cada treinta días aniversario en razón del alto grado de
reincidencia, a los efectos de informar sobre las actividades laborales y
sociales que realiza y si se encuentra bajo tratamiento psicológico.
“La
obligación deberá cumplirse durante el lapso de seis años calendario a
computarse desde la fecha de la obtención efectiva de la libertad. En caso de
reincidencia, dicho plazo se extenderá a doce años; y de existir reincidencias
sucesivas, seis años más por cada nueva condena.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Mestre.- Señor presidente: se aceptan las
modificaciones propuestas por el señor diputado Brügge.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las modificaciones
propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 5°.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
6°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Raffo.- Señor presidente, propongo que el texto
del artículo 6° determine: “El
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación completará el registro
instaurado en el plazo de treinta (30) días de recibida la información y lo
pondrá a disposición de todos los ministerios con competencia en justicia y seguridad
de las provincias, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” La palabra
“ministerio” debe figurar con minúscula porque no se trata de un nombre propio.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Mestre.- Señor presidente: aceptamos la
modificación propuesta por el señor diputado Raffo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo 6°.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo
7°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Raffo.- Señor presidente, propongo que el
artículo 7° quede redactado del siguiente modo: “Los Ministerios de Justicia y Seguridad de las provincias que integran
el territorio nacional, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante las
seccionales o destacamentos policiales, pondrán el registro a disposición de
cualquier habitante mayor de edad que así lo solicite, debiendo informar al
peticionante si en esa seccional o jurisdicción domiciliaria tienen residencia condenados
descriptos en la presente norma.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Mestre.- Señor presidente: aceptamos la
modificación. De todos modos, solicito al señor diputado Raffo que reitere el
texto propuesto.
Sr.
Presidente (Monzó).- El señor diputado Raffo está
proponiendo para este artículo la misma modificación que para el anterior.
Sr.
Mestre.- Justamente eso es lo que quiero que
quede claro para que sea redactado de igual modo en los artículos 6° y 7°.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Misiones.
Sr.
Closs.- Señor presidente: escuché cuando el señor
diputado Raffo se refirió al crimen de Salta y entiendo que la palabra
“habitante” es limitativa. Entonces, si la cambiamos por “persona”, podrán
acceder los padres de las víctimas.
Me
parece que “persona” es más abarcativo que “habitante” y justamente el ejemplo
señalado me permite plantear esta modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Raffo.- Señor presidente: considero que la
observación es pertinente. Entiendo que una cosa es habitante y otra residente.
Cuando el Preámbulo menciona “todos los que quieran habitar el suelo
argentino”, se refiere a todos los que quieren venir. De todos modos, como es
más precisa la propuesta del diputado, adhiero a esa modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Mestre.- Señor presidente: se acepta la
modificación propuesta por el señor diputado Closs.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación
propuesta por el señor diputado Raffo y la corrección realizada por el señor
diputado Closs, se va a votar el artículo 7°.
-
Resulta afirmativa.
-
Sin observaciones, se votan y
aprueban los artículos 8° y 9°.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: proponemos agregar dos
artículos a continuación del artículo 9°.
El
artículo 10 propuesto quedaría redacto de la siguiente forma: “Será reprimido
con prisión de dos a cinco años el que estando obligado, incumpliere sus
obligaciones previstas en el artículo 5° de la presente ley, ya sea por omisión
de presentarse o entregando datos erróneos.”
Por
otro lado, el artículo 11 propuesto determina: “La autoridad judicial encargada
de controlar la ejecución de la pena accesoria, podrá ordenar medidas de
seguridad a los fines de asegurar su cumplimiento, consistente en la
prohibición para el condenado de concurrir a lugares determinados, o la
realización de tratamientos terapéuticos específicos.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Tailhade.- Señor presidente: nuestro bloque no va
a aceptar las modificaciones propuestas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Mestre.- Señor presidente: las incorporaciones
propuestas son aceptadas.
De
todos modos, proponemos que el anteúltimo artículo sea el que determina que la
ley es complementaria del Código Penal. Si bien el artículo 9° ya fue votado
afirmativamente, proponemos que los artículos 10 y 11 pasen a ser 9° y 10. A la
vez, que el artículo 9° que determina que la ley es complementaria del Código
Penal, pase a ser artículo 12. Si ello no fuera posible, lo dejaremos como
está.
Sr.
Presidente (Monzó).- Si hubiere asentimiento de
la Honorable Cámara, se autorizará a la Presidencia la reenumeración de los
artículos.
-
Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se procederá en
consecuencia.
Se van a votar los artículos 10 y 11
propuestos por el señor diputado Brügge.
-
Resulta afirmativa.
-
El artículo 12 es de forma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.[48]
Se
comunicará al Honorable Senado.
- 25 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el apartamiento del reglamento a
fin de incluir en el temario de esta sesión los proyectos acordados en la
Comisión de Labor Parlamentaria. Se requieren las tres cuartas partes de los
votos que se emitan.
-
Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Para su tratamiento sobre tablas se requieren
las dos terceras partes de los votos que se emitan.
Se
va a votar.
-
Resulta afirmativa.
- 26 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los
proyectos de resolución y de declaración sin dictamen, contenidos en: Orden del
Día N° 2103, sobre desclasificar y quitar el carácter de secreto y/o reservado
a toda documentación y actas labradas por la Comisión Bicameral Especial de
Seguimiento de los Atentados a la Embajada de Israel y al edificio de la
Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA.
Orden
del Día N° 1276. Pedido de informes al PEN sobre los motivos por los cuales el
Banco Nacional de Drogas Oncológicas no está realizando entregas.
Orden
del Día N° 1790. Informes al PEN sobre cuestiones con la implementación de la
ley 23.331, bosques nativos en provincia de Córdoba.
Orden
del Día N° 2020. Pedido de informes al PEN sobre cuestiones relacionadas con el
Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos PROG.R.ES.AR.
Orden
del Día N° 1777. Declarar “Sitio de la Memoria” al cementerio municipal de
General Lavalle, Provincia de Buenos Aires.
Orden
del Día N° 364. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la implementación
de la ley 26.639 de régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los
glaciares y del ambiente periglacial.
Orden
del Día N° 1996. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento
de la “Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo” y de “Plan Integral de Saneamiento
Ambiental –PISA-” y otras cuestiones conexas.
Orden
del Día N° 1859. Expresar preocupación por el proyecto que se está
desarrollando en Río Chico o Xibi Xibi, en la ciudad capital de la provincia de
Jujuy, consistente en la construcción de un parque lineal dentro del cauce.
Orden
del Día N° 2006. Expresar adhesión por la 66° Fiesta Nacional de los
Estudiantes y al Congreso Nacional de la Juventud, a realizarse del 13 al 23 de
septiembre de 2017, en la provincia de Jujuy.
Orden
del Día 1860. Declarar de interés de la Honorable Cámara la Feria del Libro de
Almirante Brown a realizarse del 8 al 11 de junio de 2017, en Adrogué,
Provincia de Buenos Aires.
aquí órdenes del día N° 2103, 1276, 1790,
2020, 1777, 364, 1996, 1859, 2006 y 1860.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar en general y en particular.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Quedan sancionados los
respectivos proyectos de resolución o declaración.[49]
Se
harán las comunicaciones pertinentes.
- 27 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los
proyectos de resolución o de declaración sin dictamen.
Expediente
N° 5638-D.-2017. Declarar de interés de la Honorable Cámara el evento
“Emprender Nacional 2017”, a realizarse el 10 de noviembre de 2017 en San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Expediente
N° 4361-D.-2017. Declarar de interés de la Honorable Cámara “El Ondulatorio,
encuentro de artistas, enlazadores y astrónomos muleros”, a realizarse anualmente
en el mes de enero en el pueblo de Jagüe, departamento de Vinchina, provincia
de La Rioja.
Expediente
N° 4362-D.-2017. Declarar de interés de la Honorable Cámara la película “Un
pueblo hecho canción, una película sobre Ramón Navarro”, documental
independiente sobre la vida y obra del músico y compositor riojano.
Expediente
N° 2826-D.-2017. Declarar de interés de la Honorable Cámara el Encuentro
Internacional de Muralismo y Arte Público, a realizarse del 21 al 30 de
septiembre de 2017, en la ciudad de Candelaria, provincia de Misiones.
Expediente
N° 5178-D.-2017. Declarar de interés de la Honorable Cámara la “XII Reunión de
Antropología del Mercosur: Experiencias Etnográficas: Desafíos y Acciones para
el siglo XXI”, a realizarse del 4 al 7 de diciembre de 2017, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Expediente
N° 5844-D.-2017. Declarar de interés de la Honorable Cámara el “48° Festival de
la Música del Litoral”, a realizarse del 17 al 19 de noviembre de 2017 en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Expediente
N° 4822-D.-2017. Expresar beneplácito por la muestra “Artistas contemporáneos
uruguayenses de la provincia de Entre Ríos”, a realizarse del 18 al 29 de
septiembre de 2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente
N° 5403-D.-2017. Expresar reconocimiento a la periodista entrerriana Ariana
Budasoff, autora de la crónica Alberto
Camps y Rosa María Pargas: una historia de amor, nominada al “Premio de
periodismo Gabriel García Márquez”.
Expediente
N° 4859-D.-2017. Expresar beneplácito por el 10° aniversario de la elevación de
capilla a “Santuario del Señor de los Milagros”, ubicado en la localidad de La
Tercena, departamento Fray Mamerto Esquiú, provincia de Catamarca, a celebrarse
el 14 de septiembre de 2017.
Expediente
N° 5671-D.-2017. Expresar beneplácito por la XIX edición del Festival “La Flor
del Cardón”, realizado el 20 de octubre de 2017 en la localidad de Quilmes,
Tafi del Valle, provincia de Tucumán.
Expediente
N° 5383-D.-2017. Declarar de interés de la Honorable Cámara la primera edición
de la “Fiesta de la Luna Tucumana”, a realizarse los días 6 y 7 de octubre de
2017, en la ciudad capital de la provincia de Tucumán.
Expediente
N° 4637-D.-2017. Solicitar al Poder Ejecutivo la no discriminación entre
personas humanas y jurídicas, al aplicar el “Plan de Fomento a la Producción
Cinematográfica”, del “Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales
–INCAA-”.
Expediente
N° 5041-D.-2017. Declarar de interés de la Honorable Cámara el Programa de
Intervención en Cárceles “Ave Fénix”, dependiente de la Secretaría de Cultura y
Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires, al cumplirse veinte años de su funcionamiento.
Expediente
N° 5211-D.-2017. Declarar de interés de la Honorable Cámara las actividades de
la “Asociación Argentina de Filosofía del Derecho –AAFD-”.
Expediente
N° 5564-D.-2017. Declarar de interés de la Honorable Cámara la 16° edición del
Festival Internacional de Cine “Nueva Mirada” para la infancia y la juventud,
organizado por la Asociación Civil Nueva Mirada.
Expediente
N° 5698-D.-2017. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la cantidad de
juzgados y tribunales que componen el Poder Judicial de la Nación según sus
diversos fueros, y otras cuestiones conexas.
Expediente
N° 6130-D.-2017. Declarar de interés de la Honorable Cámara los 25 años de la
reinauguración del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).
Expediente
N° 5869-D.-2017. Declarar de interés de la Honorable Cámara la concreción del
acta declaración en la que se designa a América Latina y el Caribe como “zona
de convivencia interreligiosa”, realizada el 30 de octubre de 2017 en la ciudad
capital de la provincia de Córdoba.
Expediente
N° 5183-D.-2017. Expresar beneplácito por la “XXXII edición nacional, XVII
edición provincial y XV edición internacional de los premios Santa Cecilia”,
otorgados por la Academia de Guitarra y Vocalización “Pocha Valenzuela” de la
provincia de Córdoba.
Expediente
N° 6039-D.-2017. Expresar preocupación por el proyecto de decreto que busca
implementar un nuevo marco normativo contrariando lo previsto en la ley 26.657,
de salud mental.
Expediente
N° 2845-D.-2017. Rendir homenaje al héroe de Malvinas caído en combate en el
Atlántico Sur, sargento primero “Mario Antonio Cisnero”, del Comando Instructor
del Arma de Artillería del Ejército Argentino.
AQUÍ proyectoS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN SIN
DICTAMEN (EXPEDIENTES N° 5638-D.-17, 4361-D.-17, 4362-D.-17, 2826-D.-17,
5178-D.-17, 5844-D.-17, 4822-D.-17, 5403-D.-17, 4859-D.-17, 5671-D.-17,
5383-D.-17, 4637-D.-17, 5041-D.-17, 5211-D.-17, 5564-D.-17, 5698-D.-17,
6130-D.-17, 5869-D.-17, 5183-D.-17, 6039-D.-17 y 2845-D.-17.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar en general y en particular.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Quedan sancionados los respectivos proyectos
de declaración o de resolución. [50]
Se
harán las comunicaciones pertinentes.
- 28 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los proyectos de ley
contenidos en: Orden del Día N° 1354, Código Civil y Comercial de la Nación.
Modificación sobre acción de reducción en donaciones a herederos forzosos.
Orden
del Día N° 1713. Ley 25.877, de ordenamiento del régimen laboral. Modificación
sobre obligatoriedad para todas las empresas que ocupen más de ochenta
trabajadores de elaborar anualmente un balance social.
Orden
del Día N° 2039. Género musical folclórico “Cuarteto”. Declaración como
patrimonio cultural argentino.
Orden
del Día N° 1796. Acuerdo interjurisdiccional entre el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, las
provincias de Jujuy, Formosa y Salta, suscrito el 5 de septiembre de 2008.
Ratificación.
Orden
del Día N° 1341. Día Nacional de la Mujer Deportista, el 10 de agosto de cada
año.
Orden
del Día N° 733. Ley 26.427, de creación del sistema de pasantías educativas, en
el marco del Sistema Educativo Nacional. Modificación, sobre la incorporación
de estudiantes con discapacidad.
Orden
del Día N° 1797. Día Nacional del Médico Argentino, el 7 de marzo de cada año.
Institución.
Orden
del Día N° 2047. Designar con el nombre de gobernador ingeniero Pedro
Salvatori, al tercer puente sobre el Río Neuquén que une la ciudad de Cipolletti,
con la capital de la provincia del Neuquén.
Orden
del Día N° 1995. Día Nacional de la Protección del Agua, el día 22 de marzo de
cada año. Institución.
Orden
del Día N° 1359. Capital arqueológica nacional a la ciudad de Perito Moreno,
provincia de Santa Cruz. Declaración.
Orden
del Día N° 1324. Régimen de protección para los animales de experimentación
utilizados con fines científicos y educativos.
Orden
del Día N° 1805, Semana Nacional del Turismo Gastronómico, la cuarta semana del
mes de octubre de cada año. Institución.
Orden
del Día N° 1750. Código Penal. Modificación sobre penalización de la difusión
de imágenes y material de contenido sexual sin consentimiento.
Orden
del Día N° 1800. Caballo de raza criolla. Declaración como caballo nacional y
patrimonio cultural de la Argentina.
Orden
del Día N° 2044. Profesión de la meteorología. Régimen.
Orden
del Día N° 2038. Manzana histórica a la Universidad Nacional del Litoral,
compuesta por los edificios del rectorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales. Declaración como monumento histórico nacional.
Orden
del Día N° 2041. Declárase a la ciudad de San José de Balcarce, provincia de
Buenos Aires, como capital nacional del turismo automovilístico.
aquí órdenes del día
N° 1354, 1713, 2039, 1796, 1341, 733,
1797, 2047, 1995, 1359, 1324, 1805, 1750, 1800, 2044, 2038, 2041.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Córdoba.
Sra.
Nazario.- Señor presidente: quiero dejar
constancia de que voy a votar en contra del dictamen contenido en el Orden del
Día N° 1324, sobre régimen de protección para los animales de experimentación
utilizados con fines científicos y educativos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se van a votar los órdenes
del día enunciados.
-
Se practica la votación
nominal.
-
Conforme al tablero
electrónico, sobre 156 señores diputados presentes, 151 han votado por la
afirmativa, registrándose además 4 abstenciones.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 151
votos afirmativos, ningún voto negativo y 4 abstenciones.[51]
Sr.
Presidente (Monzó).- Quedan sancionados ‑definitivamente,
cuando correspondiere‑ los respectivos proyectos de ley. [52]
Se
harán las comunicaciones correspondientes.
- 29 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el
proyecto de ley por el que se declara
capital nacional del carnaval artesanal al partido de Lincoln, provincia de
Buenos Aires. (Expediente 4.063-D.-2017); el proyecto de ley por el que se
adopta el uso del bastón rojo y blanco en todo el territorio de la República
Argentina como instrumento de orientación y movilidad para las personas con
sordoceguera. (Expediente 4.700-D.-2017), y el proyecto de ley por el que se
designa con el nombre de Gabriela Mistral a la Ruta Nacional 150 (Expediente
5.275-D.-2016).
aquí proyectos de ley contenidos en los
expedientes 4.063-D.-2017, 4.700-D.-2017 y 5.275-D.-2016
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración.
Se
va a votar.
-
Se practica la votación
nominal.
-
Conforme al tablero
electrónico, sobre 156 señores diputados presentes, 151 han votado por la
afirmativa, registrándose además 4 abstenciones.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 151
votos afirmativos, ningún voto negativo y 4 abstenciones.[53]
Sr.
Presidente (Monzó).- Quedan sancionados los
respectivos proyectos de ley. [54]
Se
comunicará al Honorable Senado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el
proyecto de ley por el que se declara monumento histórico nacional al primer
monumento a la bandera en pie sito en la Plaza Manuel Belgrano de la localidad
de Burzaco, provincia de Buenos Aires (Expediente 4.919-D.-2017).
aquí proyecto de ley contenido en el
expediente 4.919-D.-2017)
Sr.
Presidente (Monzó).- En atención a que el
presente asunto fue girado también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y no
cuenta con el dictamen correspondiente, se va a votar si la Honorable Cámara se
constituye en comisión para producir el respectivo despacho. Se requieren dos
tercios de los votos.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobada la
constitución de la Cámara en comisión.
- 30 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda abierta la
conferencia.
Se
va a votar si se mantiene la unidad del debate.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración.
Corresponde
que la Honorable Cámara, constituida en comisión, adopte un texto como despacho
en relación con el asunto que ha considerado en tal carácter.
Tiene
la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: solicito que la
Cámara adopte como despacho el texto del proyecto de ley presentado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar la proposición
formulada por el señor diputado por Santa Fe.
-
Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobado como despacho
de la Honorable Cámara constituida en comisión el texto del proyecto de ley
presentado.
Se
levanta la conferencia.
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde votar en general y en
particular el dictamen producido por la Honorable Cámara constituida en
comisión.
Se va a votar.
-
Se practica la votación
nominal.
-
Conforme al tablero
electrónico, sobre 154 señores diputados presentes, 147 han votado por la
afirmativa, registrándose además 6 abstenciones.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 147
votos afirmativos, ningún voto negativo y 6 abstenciones.[55]
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.[56]
Se comunicará al Honorable Senado.
Si hay asentimiento de la Honorable
Cámara, se autorizarán las inserciones solicitadas por los señores diputados
durante el transcurso de la sesión.
-
Asentimiento.
Sr. Presidente (Monzó).- Quedan autorizadas las inserciones
solicitadas.[57]
Mil disculpas a los señores diputados
que solicitaron presentar mociones de apartamiento del reglamento. Las dejamos
para la próxima sesión.
Habiéndose cumplimentado el objeto de
la convocatoria, queda levantada la sesión. (Aplausos.)
-
Es la hora 3 y 45 del día 23.
[1] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[2] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[3] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[4] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[5] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[6] Véase el Acta N° de votación nominal en
Apéndice. (Pág. .)
[7] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )
[8] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )
[9] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[10] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[11] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )
[12] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[13] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[14] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[15] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[16] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[17] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[18] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[19] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[20] Véase el acta de votación nominal en el
Apéndice, a partir de la página…
[21] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice (Pág. )
[22] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[23] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[24] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[25] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[26] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[27] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[28] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[29] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )
[30] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[31] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[32] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[33] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[35] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )
[36] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )
[37] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )
[38] Véase el acta de votación nominal en el Apéndice, a partir de la
página…
[39] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[40] Véase el Acta de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )
[41] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )
[42] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[43] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )
[44] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[45] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[46] Véase el texto de la sanción en el Apéndice.
(Pág. )
[47] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[49] Véase el texto de la
sanción en el Apéndice. (Pág. )
[50] Véase el texto de la
sanción en el Apéndice. (Pág. )
[51] Véase el acta de votación nominal en el
Apéndice, a partir de la página…
[52] Véase el texto de las sanciones en el
Apéndice, a partir de la página…
[53] Véase el acta de votación nominal en el
Apéndice, a partir de la página…
[54] Véase el texto de las sanciones en el
Apéndice, a partir de la página…
[55] Véase el acta de votación nominal en el
Apéndice, a partir de la página…
[56] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice (Pág. ).
[57] Véase el texto de las inserciones en el
Apéndice, a partir de la página…