10ª REUNIÓN – 8ª SESIÓN ORDINARIA

juLio 4 de 2018

Presidencia de los señores diputados Emilio Monzó, José Luis Gioja, Cornelia Schmidt Liermann y Luis Alfonso Petri

Secretarios: don Eugenio Inchausti, ingeniera Florencia Romano y licenciada María Luz Alonso

Prosecretarios: doña Marta Alicia Luchetta, doctor Oscar Alberto Romero y licenciado Eduardo Jorge Seminara

Lista de asistencia

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. )

2. Himno Nacional Argentino. (Pág. )

3. Homenaje a la memoria de la madre del señor presidente de la Honorable Cámara, doña Gema Gardiner McDermott. (Pág. )

4. Convocatoria a sesión especial. (Pág. )

5. Homenajes:

I. A la memoria del expresidente Juan Domingo Perón. (Pág. )

II. A la memoria del expresidente Hipólito Yrigoyen. (Pág. )

III. A la memoria de Ernesto “Che” Guevara. (Pág. )

IV. A la memoria del excanciller Dante Caputo. (Pág. )

V. A la memoria de Gabriela González Gass. (Pág. )

VI. A la memoria de don José Gervasio Artigas. (Pág. )

6. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Del Pla. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )

7. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Moyano. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )

8. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Passo. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )

9. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Ferreyra. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )

10. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Llanos Massa. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )

11. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Horne. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )

12. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Moreau. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )

13. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Igon. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )

14. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Ciampini. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )

15. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Moreau. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )

16. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Tailhade. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )

17. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Yasky. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )

18. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de considerar diversos asuntos. Se aprueba. (Pág. )

19. Consideración conjunta de asuntos.

I. Proyecto de resolución del señor diputado Solanas y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con los abusos sexuales infantiles en el deporte (1.697-D.-2018). Orden del Día Nº 72. Se sanciona. (Pág. )

II. Proyecto de resolución del señor diputado Yasky y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre los motivos de la reducción de personal en las señales Encuentro, Paka-Paka y Depor-TV (1.382-D.-2018). Orden del Día Nº 78. Se sanciona. (Pág. )

III. Proyecto de resolución de la señora diputadaa Carol y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la planificación de los levantamientos hidrográficos que permitan a nuestro país ofrecer a la comunidad internacional cartas electrónicas antárticas, que cumplan los estándares de la Organización Marítima Internacional y la Organización Hidrográfica Internacional (1.450-D.-2017). Orden del Día Nº 81. Se sanciona. (Pág. )

IV. Proyecto de resolución del señor diputado Gioja y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre distintas cuestiones relacionadas con la existencia de problemas climáticos o de otra índole que afectarán la producción de tomates en nuestro país durante el período 2016-2018 (490-D.-2018). Orden del Día N° 103. Se sanciona. (Pág. )

V. Proyectos de resolución y de declaración del señor diputado Doñate por el que se propicia la declaración de interés de la Honorable Cámara de la Fiesta de los Canales de Riego, llevada a cabo todos los años en la ciudad de Luis Beltrán, provincia de Río Negro (2.184-D.-2018 y 2.187-D.-2018). Orden del Día N° 153. Se sanciona. (Pág. )

VI. Proyecto de resolución de la señora diputada Guerin y otros sobre disponer de las medidas necesarias para realizar la primera encuesta sobre población trans con alcance nacional (1.323-D.-2018). Orden del Día N° 160. Se sanciona. (Pág. )

VII. Proyecto de resolución del señor diputado Pietragalla Corti y otros por el que se expresa pesar por el fallecimiento de la señora Delia Belardinelli, militante por los derechos humanos, acaecido el 19 de abril de 2018 (2.270-D.-2018). Orden Del Día N° 161. Se sanciona. (Pág. )

VIII. Proyecto de resolución del señor diputado Pietragalla Corti y otros por el que se expresa pesar por el fallecimiento de la señora Cecilia Fernández de Viñas, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo (2.949-D.-2018). Orden del Día N° 162. Se sanciona. (Pág. )

IX. Proyecto de resolución de la señora diputada Pertile por el que se declara de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la Bienal Internacional de Esculturas 2018 “Identidad en Movimiento”, que se realizará del 14 al 21 de julio del corriente año en el MusEUM del Domo del Centenario, en la Ciudad de Resistencia. (1.352-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

X. Proyecto de resolución de la señora diputada Pertile por el que se declara de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el II Congreso Internacional de Artes 2018 "Límites y fronteras", organizado por la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste, a realizarse en el marco de la Bienal Internacional de Escultura Chaco los días 18, 19 y 20 de julio de 2018 en la Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. (1.863-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XI. Proyecto de resolución de la señora diputada Pertile por el que se declara de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 74º Aniversario de la Fundación de la localidad de “La Leonesa”, provincia del Chaco, a celebrarse el día 4 de julio de 2018. (2.547-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XII. Proyecto de resolución de la señora diputada Pertile por el que se declara de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 97º aniversario de la fundación de la localidad de “Avia Terai”, provincia del Chaco, a celebrarse el día 11 de julio de 2018 (2.545-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XIII. Proyecto de resolución de la señora diputada Pertile por el que se declara de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 35º Aniversario de la Fundación de la localidad de “El Espinillo”, provincia del Chaco, a celebrarse el día 8 de julio de 2018 (2.546-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XIV. Proyecto de resolución de la señora diputada Pertile por el que se declara de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 6º Edición del Encuentro Internacional de Escultores en El Impenetrable bajo el lema “Fuerza Natural”, a llevarse a cabo del 24 al 28 de julio de 2018 en la ciudad de Juan José Castelli en la provincia del Chaco. (3.271-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XV. Proyecto de resolución de la señora diputada Cresto por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la "Fiesta Provincial del Inmigrante", a celebrarse en septiembre de 2018 en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. (2.977-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XVI. Proyecto de resolución de la señora diputada Cresto por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la sexta edición de la "Expo Madera", a celebrarse en septiembre de 2018 en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. (2.876-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XVII. Proyecto de resolución de la señora diputada Cresto por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la Diplomatura Abordaje Integral del Consumo Problemático a dictarse durante el año 2018 en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos (2.093-D.-2018). Orden del Día N° 156. Se sanciona. (Pág. )

XVIII. Proyecto de resolución del señor diputado Cassinerio por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la realización del 3° Festival Regional del Pejerrey a llevarse a cabo en la localidad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, los días 7 y 8 de julio de 2018 (3.905-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XIX. Proyecto de resolución del señor diputado Cassinerio por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la performance obtenida por la Delegación Argentina en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y el trabajo realizado por el Comité Olímpico Argentino (3.601-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XX. Proyecto de resolución del señor diputado Brügge por el que se solicita al Poder Ejecutivo un informe pormenorizado respecto a los despidos masivos que se produjeron en la Agencia Nacional de Noticias Télam, ocurridos en el mes de junio de 2018(3.866-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXI. Proyecto de resolución del señor diputado Brügge por el que se declara de interés legislativo al Congreso Mundial de Odontología de la FDI (Federation Dental International), World Dental Congress (WDC) en Buenos Aires del 5 al 8 de septiembre de 2018 (2.939-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXII. Proyecto de resolución de la señora diputada Nazario por el que se declara de interés de esta Honorable Cámara la película documental “Edgar Wildfeuer: historia de un sobreviviente” realizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba (98-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXIII. Proyecto de resolución de la señora diputada Muñoz y otra por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la 34º Feria Provincial del Libro del Chubut y la 14º Feria Patagónica del Libro a realizarse en la ciudad de Gaiman del 7 al 10 de junio de 2018 (2.871-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXIV. Proyecto de resolución de la señora diputada Pitiot por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, (OLACEFS), a realizarse entre el 9 y 12 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires (3.663-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXV. Proyecto de resolución de la señora diputada Morales y otros por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la conmemoración del 90° Aniversario de la fundación de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, a celebrarse el 9 de julio de 2018 (1.423-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXVI. Proyecto de resolución de la señora diputada Morales y otros por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la XI EXPO MUJER, a realizarse del 10 al 12 de agosto del corriente año en los pabellones 1 y 3 del Parque del Conocimiento de la provincia de Misiones. (2.560-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXVII. Proyecto de resolución de la señora diputada Morales y otros por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la participación del equipo que representa a la República Argentina en la segunda edición del First Global Challenge 2018, a realizarse del 16 al 18 de agosto de 2018 en la ciudad de México D.F. (3.418-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXVIII. Proyecto de resolución de la señora diputada Derna y otros por el que se declara de interés de la Honorable Cámara al 1° Festival Internacional de Música Coral Infanto-Juvenil “Voces en la Selva” que se llevará a cabo del 17 al 21 de julio en el Parque del Conocimiento, de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones (3.484-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXIX. Proyecto de resolución de la señora diputada De Ponti y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) (3.824-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXX. Proyecto de resolución de la señora diputada Horne y otros por el que se declaran de interés los talleres sobre Huerta Comunitaria Orgánica realizados desde el año 2016 en la casa de Pre Egreso, dependiente del Establecimiento de Ejecución Penal N°3 del Servicio Penitenciario Provincial del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro (3.602-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXXI. Proyecto de resolución de la señora diputada Horne y otros por el que se declara de interés parlamentario el 33° Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse los días 13, 14 y 15 de octubre de 2018 en la localidad de Trelew, provincia de Chubut (1.712-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXXII. Proyecto de declaración del señor diputado Infante y otros por el que se declara de interés de la Honorable Cámara el 465° Aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, a conmemorarse el 25 de julio de 2018 (3.251-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXXIII. Proyecto de resolución de la señora diputada Pastoriza por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la 4ta Maratón Dos Ciudades, a realizarse el 15 de julio de 2018 en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero (3.973-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXXIV. Proyecto de resolución de la señora diputada Navarro y otras por el que se expresa beneplácito por la celebración del INAS Swimming Championships 2018, que organiza la Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (3.757-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXXV. Proyecto de resolución de la señora diputada Neder y otras por el que se expresa beneplácito por el 134° aniversario de la Ciudad de Loreto, departamento homónimo de la Provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 15 de julio del 2018 (1.702-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXXVI. Proyecto de resolución de la señora diputada Abdala de Matarazzo y otros por el que se declara de interés de esta Honorable Cámara el I Campeonato Mundial de Natación para Personas con Discapacidad, “INAS Swimming Championship 2018”, el cual se desarrollará del 29 de agosto al 03 de septiembre en el “Natatorio Olímpico Madre de Ciudades” de la Ciudad de Santiago del Estero. (2.621-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXXVII. Proyecto de declaración de la señora diputada Lehmann por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la 2º Conferencia Internacional “Hablemos de Paz”, organizada por el Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía (ILAPIC) y por el International Peace Boreau (IPB), Capítulo América Latina, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los días 4 y 5 de julio de 2018 (2.908-D.-2018). Orden del Día N° 221. Se sanciona. (Pág. )

XXXVIII. Proyecto de resolución de la señora diputada Gayol y otros por el que se declara de interés el 90° aniversario de la Casa Argentina en París, que se cumplirá el día 27 de junio del presente (3.834-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XXXIX. Proyecto de resolución de la señora diputada Brambilla por el que se declara de interés la “Clínica del Chamamé”, evento organizado por la Casa de Corrientes en Buenos Aires y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se realizará el 24 de julio de 2018 (3.881-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XL. Proyecto de resolución del señor diputado Villalonga por el que se declara de interés las II Jornadas de Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sustentabilidad, organizadas por la Universidad Blas Pascal, a desarrollarse en la ciudad de Córdoba el 12, 13 y 14 de septiembre de 2018 (2.783-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XLI. Proyecto de resolución de la señora diputada Polledo por el que se declara de interés de interés de la Honorable Cámara el cortometraje animado Ian, una historia que nos movilizará, realizado por la Fundación Ian y producido por Juan José Campanella (4.004-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XLII. Proyecto de resolución de la señora diputada Piccolomini y otros por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la VIII edición del Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizará entre el 27 y 30 de marzo del 2019 en la provincia de Córdoba (3.421-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XLIII. Proyecto de resolución de la señora diputada Austin y otro por el que se manifiesta preocupación frente a los hechos de violencia ejercidos en la Ciudad de San Juan contra el ciudadano Gabriel López Montaño por su orientación sexual, esperando su pronta recuperación y el esclarecimiento de los hechos (970-D.-2018). Orden del Día N° 159. Se sanciona. (Pág. )

XLIV. Proyecto de resolución de la señora diputada Ayala por el que se declara de interés Social y Cultural el “30° Aniversario de la Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2018”, organizada por la Fundación Urunday, que se llevará a cabo del 14 al 21 de Julio en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco (1.652-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XLV. Proyecto de declaración del señor diputado Marcucci y otro por el que se declara de interés de la Honorable Cuerpo el centenario de la fundación de la Biblioteca Popular “Domingo Guzman Silva”, que se conmemora el 20 de Julio del corriente año en la localidad de San José del Rincón, departamento La Capital, Provincia de Santa Fe (3.008-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XLVI. Proyecto de declaración del señor diputado Pretto por el que se declara de interés de la Honorable Camara la película–documental Pachi, la leyenda, la historia, escrita y dirigida por Fernando Morales, que narra la historia del músico Patricio Barrera (98-D.-2017). Se sanciona. (Pág. )

XLVII. Proyecto de resolución del señor diputado Zamarbide y otra, por el que se declara de interés el XIV Congreso Provincial de Educación “Escuelas Siglo XXI: Metas y Desafíos”, que se realizará los días 3 y 4 de agosto en el Departamento General Alvear de la provincia De Mendoza (2.301-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XLVIII. Proyecto de resolución de la señora diputada Carrizo y otros, por el que se declara de interés de la Honorable Cámara el “XI Encuentro de Jóvenes Docentes de Derecho Constitucional: Centenario de la Reforma Universitaria de 1918”, que se celebrará entre los días 29 y 31 de agosto de 2018 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba (1.682-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

XLIX. Proyecto de resolución del señor diputado Wechsler y otros, por el que se declara de interés la “Expo-ortopédica 2018”, el evento que reúne a los principales referentes de la ortopedia y rehabilitación de la región, que se realizará el 15 y 16 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3.641-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

L. Proyecto de resolución del señor diputado Snopek y otros, por el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que se efectué la publicación diaria, retroactiva desde la última publicación y, se reestablezca la información diaria del Fondo Federal Solidario, como se efectuó siempre desde su vigencia (2.775-D.-2018). Se sanciona. (Pág. )

LI. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre los asuntos a los que se refieren los números 19.I a 19.L de este sumario. (Pág. )

20. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, formulada por la señora diputada Del Pla, a fin de considerar el proyecto de ley por el que se prohíben los despidos de la agencia de noticias estatal TELAM S.E. por el término de 24 meses prorrogables (3.963-D.-2018) y el proyecto de ley por el que se suspende la transferencia de Cablevisión S.A. a Telecom Argentina S. A. y el control societario de la empresa Telecom Argentina S.A. por parte de Cablevisión Holding S.A. (6.730-D.-2017). Se rechaza. (Pág. )

21. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, formulada por la señora diputada González Seligra, a fin de considerar el proyecto de resolución para que la Cámara exprese su repudio a la brutal represión que sufrieron los docentes en la provincia del Chubut los días 27 y 28 de junio (4.043-D.-2018). Se rechaza. (Pág. )

22. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, formulada por el señor diputado del Caño, a fin de considerar el proyecto de ley por el que se convoca a una consulta popular vinculante respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional(3.687-D.-2018). Se rechaza. (Pág. )

23. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, formulada por la señora diputada Tundis, a fin de considerar el proyecto de ley por el que se modifica la ley 24.018 sobre cargos públicos (3.079-D.-2017). Se rechaza. (Pág. )

24. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, formulada por el señor diputado Arroyo, a fin de considerar el proyecto de ley por el que se crea un Plan Estratégico de Microcrédito Social para el Trabajo y la Producción en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (3.692-D.-2018). (Pág. )

25. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, formulada por el señor diputado Selva, a fin de considerar el proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo proceda de manera urgente a transferir los fondos adeudados que prevé la ley 25.054 para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (4.027-D.-2018). Se rechaza. (Pág. )

26. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrio. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )

27. Manifestaciones formuladas por el señor diputado Moreau con motivo de la cuestión de privilegio a la que se refiere el número anterior. (Pág. )

28. Manifestaciones formuladas por el señor diputado Snopek respecto del proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo disponga restablecer la publicación diaria de la información referida al Fondo Federal Solidario (2.775-D.-2018). (Pág. )

29. Manifestaciones formuladas por el señor diputado Grandinetti con motivo de la búsqueda del submarino ARA San Juan. (Pág. )

30. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, formulada por el señor diputado Carmona, a fin de considerar el proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga los recursos necesarios para continuar con la búsqueda y rescate del submarino Ara San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 (605-D.-2018). Se rechaza. (Pág. )

31. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, formulada por el señor diputado Martiarena, a fin de considerar el proyecto de declaración por el que se reclama la inmediata reincorporación de los 357 trabajadores de la Agencia Federal de Noticias Télam (4.062-D.-2018). Se rechaza. (Pág. )

32. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, formulada por el señor diputado Salvarezza, a fin de considerar el proyecto de ley por el que se declara la emergencia laboral en el INTI (652-D.-2018). Se rechaza. (Pág. )

33. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, formulada por el señor diputado Moreau, a fin de considerar el proyecto de resolución por el que se crea una Comisión Especial que tendrá por objeto la investigación del uso y manipulación de datos, ilegalmente obtenidos, de plataformas digitales públicas y privadas para instrumentar campañas de difamación y/o persecución de ciudadanos y ciudadanas que desarrollan actividades periodísticas o de carácter público y social, como así también su uso para influir en el direccionamiento de preferencias o sentimientos de la población en campañas electorales (3.984-D.-2018). Se rechaza. (Pág. )

34. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, formulada por el señor diputado Filmus, a fin de considerar el proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga las medidas necesarias para asegurar la continuidad del ciclo lectivo en la provincia del Chubut (3.967-D.-2018). Se rechaza. (Pág. )

35. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, formulada por la señora diputada Volinovich, a fin de considerar el proyecto de ley sobre protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (3.681-D.-2018). Se rechaza. (Pág. )

36. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, formulada por la señora diputada Siley, a fin de considerar el proyecto de ley por el que se declara la emergencia ocupacional y la prohibición de despidos en la Agencia Télam (3.996-D.-2018). Se rechaza. (Pág. )

37. Moción de orden formulada por la señora diputada Lospennato para que se anticipe la consideración del asunto al que se refiere el número siguiente de este sumario. Se aprueba. (Pág. )

38. Consideración del proyecto de ley venido en revisión por el que se regulan las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano y derogación de la ley 24.193, de trasplante de órganos y material anatómico (39-S.-2018). Se sanciona definitivamente. (Pág. )

39. Consideración de dictámenes sin disidencias ni observaciones:

I. Dictamen de la Comisión de Legislación Penal en el proyecto de ley de la señora diputada Burgos y otros por el que se actualizan los montos de las penas de multa previstas en el Código Penal y en la ley 23.737, de estupefacientes (588-D.-2018). Orden del Día Nº 21. Se sanciona. (Pág. )

II. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR –Convenio TIR de 1975–, suscripto en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el 14 de noviembre de 1975 (71-S.-2017). Orden del Día Nº 38. Se sanciona definitivamente (ley 27.448). (Pág. )

III. Dictamen de las comisiones de Justicia y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Régimen de Arbitraje Comercial Internacional y derogación del artículo 519 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (93-S.-2017). Orden del Día Nº 77. Se sanciona definitivamente (ley 27.449). (Pág. )

IV. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Energía y Combustibles en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en la ciudad de Buenos Aires –República Argentina–, el 12 de julio de 2014 (101-S.-2016). Orden del Día Nº 104. Se sanciona definitivamente (ley 27.450). (Pág. )

V. Dictamen la Comisión de Transportes en el proyecto de ley de la señora diputada Guerin y del señor diputado Kunkel por el que se modifica el inciso c) del artículo 40 de la ley 24.449, relativo a los requisitos para circular con automotor (2.838-D.-2017). Orden del Día Nº 135. Se sanciona. (Pág. )

40. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda por el que se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley del señor diputado Santillán y otros sobre transferencia de inmuebles propiedad de la provincia de Tucumán al Estado nacional con destino a la construcción del Parque Nacional Anconquija (3.525-D.-2017). Orden del Día Nº 115. Se sanciona definitivamente (ley 27.451). (Pág. )

41. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora diputada Lospennato y otros por el que se transfieren terrenos propiedad de la provincia de Buenos Aires al Estado nacional, para la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, provincia de Buenos Aires (2.648-D.-2018). Orden del Día Nº 124. Se sanciona con modificaciones. (Pág. )

42. Consideración del dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en los proyectos de ley de las señoras diputadas Castro y otros (5.327-D.-2017) y Banfi y otros (5.657-D.-2017) por los que se solicitan modificaciones a la ley 25.831, de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. Orden del Día Nº 134. Se sanciona. (Pág. )

43. Moción de orden formulada por la señora diputada Álvarez Rodríguez para que se anticipe la consideración de varios asuntos. Se aprueba. (Pág. )

44. Proposición de la Presidencia de que la Honorable Cámara se constituya en comisión a efectos de considerar el proyecto de ley del señor diputado Lavagna y otros señores diputados por el que se regula el vínculo jurídico entre la Cruz Roja Argentina y el Estado Nacional (2919‑D.‑2018). Se aprueba. (Pág. )

45. Conferencia de la Honorable Cámara constituida en comisión para el estudio del asunto al que se refiere el número 44 de este sumario. El cuerpo adopta como despacho el texto del proyecto de ley contenido en el expediente 2.919-D.-2018. (Pág. )

46. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre el despacho al que se refiere el número 45 de este sumario. Se sanciona. (Pág. )

47. Proposición de la Presidencia de que la Honorable Cámara se constituya en comisión a efectos de considerar el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se crea el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar y/o de género (27-S.-2017)). Se aprueba. (Pág. )

48. Conferencia de la Honorable Cámara constituida en comisión para el estudio del asunto al que se refiere el número 47 de este sumario. El cuerpo adopta como despacho el texto del proyecto de ley remitido por el Honorable Senado. Pág. )

49. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre el despacho al que se refiere el número 48 de este sumario. Se sanciona definitivamente. (Pág. )

50. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley en revisión (148-S.-2017) y de la señora diputada Carrió (5.523-D.-2017) por los que se constituye el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos e incorporación del artículo 9º a la ley 25.989, de Régimen Especial para la Donación de Alimentos en Buen Estado –DONAL–, sobre responsabilidad de los donantes. Orden del Día Nº 85. Se sanciona el dictamen de minoría con modificaciones. (Pág. )

51. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Vivienda y Ordenamiento Urbano, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley de los señores diputados Massot y otros (1.919-D.-2018) y Kirchner y otros (3.240-D.-2018) sobre Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-urbana. Orden del Día Nº 215. Se sanciona con modificaciones. (Pág. )

52. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, celebrados en la ciudad de Dubai –Emiratos Árabes Unidos–, el 3 de noviembre de 2016 (7-P.E.-2017). Orden del Día Nº 47. Se sanciona el dictamen de mayoría. (Pág. )

53. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión por el que se concede autorización para desempeñar los respectivos cargos de cónsul y vicecónsul propuestos por gobiernos extranjeros a ciudadanos argentinos (150-S.-2017). Orden del Día Nº 41. No se vota por falta de quórum. (Pág. )

54. Apéndice:

I. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. )

II. Actas de votación nominal números . (Pág. )

III. Inserciones solicitadas por los señores diputados:

1) Acerenza. (Pág. )

2) Arce. (Pág. )

3) Arce. (Pág. )

4) Camaño. (Pág. )

5) Camaño. (Pág. )

6) Delú. (Pág. )

7) Frizza. (Pág. )

8) Hummel. (Pag. )

9) Menna. (Pág. )

10) Mestre. (Pág. )

11) Najul. (Pág. )

12) Najul. (Pág. )

13) Nanni. (Pág. )

14) Nanni. (Pág. )

15) Nanni. (Pág. )

16) Ocaña. (Pág. )

17) Oliveto. (Pág. )

18) Ramón. (Pág. )

19) Santillán. (Pág. )

20) Terada. (Pág. )

21) Urroz. (Pág. )

22) Wisky. (Pág. )

23) Wisky. (Pág. )

24) Zamora. (Pag. )

25) Zamora. (Pag. )

IV. Asistencia a las reuniones de la Honorable Cámara (Pág. )

- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio de 2018, a la hora 12 y 11:

- 1 -

izamiento de la bandera nacional

Sr. Presidente (Gioja).- Con la presencia de 137 señores diputados, queda abierta la sesión especial convocada conforme al requerimiento efectuado por varios señores diputados en número reglamentario.

Invito a la señora diputada por el distrito electoral de Mendoza doña Claudia Najul y al señor diputado por el distrito electoral de Entre Ríos don Juan Manuel Huss a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

- Puestos de pie los señores diputados y el público presente, la señora diputada doña Claudia Najul y el señor diputado don Juan Manuel Huss proceden a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

- 2 -

HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sr. Presidente (Gioja).- Invito a los señores diputados y al público presente a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, que será interpretado por un cuarteto de cuerdas de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación.

- Puestos de pie, los señores diputados y el público presente entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos.)

- 3 -

HOMENAJE

A la memoria de la madre del señor presidente de la Honorable Cámara, doña Gema Gardiner McDermott

Sr. Presidente (Gioja).- En función de lo acontecido en el día de ayer, esta Vicepresidencia a cargo de la Presidencia estima pertinente rendir homenaje a la memoria de la señora madre del señor presidente de la Honorable Cámara, doña Gema Gardiner McDermott, guardando un minuto de silencio.

- Puestos de pie, los señores diputados y el público presente guardan un minuto de silencio en memoria de la señora madre del señor presidente de la Honorable Cámara, doña Gema Gardiner McDermott.

- 4 -

CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sr. Presidente (Gioja).- Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia, mediante la que se convoca a sesión especial.

Sr. Secretario (Inchausti).- En virtud de la presentación efectuada por el señor diputado Mario Raúl Negri y otros señores diputados y señoras diputadas, por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día 4 de julio de 2018 a las 11 y 30 horas, y teniendo en cuenta una solicitud de ampliación del temario presentado y los artículos 35 y 36 del Reglamento de la Honorable Cámara, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve: “Artículo 1°.- Citar a los señores diputados y a las señoras diputadas para el día 4 de julio de 2018, a las 11 y 30, a fin de considerar los siguientes proyectos:

“Expediente 588-D.-2018. Código Penal y ley 23.737, de estupefacientes. Modificación sobre actualización de montos de penas y de multas. Orden del Día N° 21.

“Expediente 71-S.-2017. Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975), suscripto en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el 14 de noviembre de 1975 y las enmiendas efectuadas. Aprobación. Orden del Día N° 38.

“Expediente 93-S.-2017. Régimen de Arbitraje Comercial Internacional. Aprobación. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Modificación. Orden del Día N° 77.

“Expediente 101‑S.-2016. Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la Federación de Rusia para la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el 12 de julio de 2014. Aprobación. Orden del Día N° 104.

“Expediente 3.525‑D.-2017. Inmuebles propiedad de la provincia de Tucumán. Transferencia al Estado Nacional con destino a la construcción del Parque Nacional Aconquija. Aceptación de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado. Orden del Día N° 115.

“Expediente 2.648‑D.-2018. Terrenos propiedad de la provincia de Buenos Aires. Transferencia al Estado Nacional para la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la provincia de Buenos Aires. Orden del Día N° 124.

“Expedientes 5.327‑D.-2017 y 5.657‑D.-2017. Ley 25.831, de acceso a la información pública ambiental. Modificación. Orden del Día N° 134.

“Expediente 2.838‑D.-2017. Ley 24.449, de Tránsito. Modificación sobre comprobante de seguro para circular. Orden del Día N° 135.

“Expedientes 1.919‑D.-2018 y 3.240‑D.-2018. Régimen de regularización dominial para la integración socio‑urbana. Orden del Día N° 215.

“Expediente 2.919‑D.-2018, de ley. Vínculo jurídico entre la Cruz Roja Argentina y el Estado Nacional. Regulación.

“Expediente 39‑S.-2018. Proyecto de ley en revisión por el cual se regulan las actividades vinculadas con la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano. Derogación de la ley 24.193, de trasplante de órganos y material anatómico.

“Expedientes 148‑S.-2017 y 5.523‑D.-2017. Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos. Creación. Ley 25.989, de Régimen Especial para la Donación de Alimentos en Buen Estado ‑DONAL‑. Modificación sobre responsabilidad de los donantes. Orden del Día N° 85.

“Expediente 7‑P.E.-2017. Convenio entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, celebrado en la ciudad de Dubai ‑Emiratos Árabes Unidos‑ el 3 de noviembre de 2016. Aprobación. Orden del Día N° 47.

“Expediente 150‑S.-2017. Ciudadanos argentinos. Autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros, según lo establecido en la ley 23.732. Orden del Día N° 41.”

Por otra solicitud de sesión especial de los mismos diputados que hicieron el pedido original que acabo de leer se agregan los siguientes expedientes:

Expediente 27‑S.-2017. Proyecto de ley en revisión por el cual se crea el régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y/o de género.

Expediente 527‑D.‑2018. Proyecto de ley sobre Estatuto Jurídico, Organización y Funcionamiento de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Argentina. Régimen.

Expediente 5.420‑D.-2016, reproducido, el cual será tenido a la vista a la hora del tratamiento del expediente 2.919‑D.-2018.

Cabe aclarar que para la consideración del expediente 2.919‑D.-2018 y estos últimos temas se necesitan los dos tercios de los votos de los presentes.

Sr. Presidente (Gioja).- Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja).- Queda aprobado el plan de labor por unanimidad.

- 5 -

HOMENAJEs

I

A la memoria del expresidente Juan Domingo Perón

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Frana, por Santa Fe.

Sra. Frana.- Señor presidente: me honra y me genera una profunda emoción rendir este homenaje. Cuando hace tiempo me pidieron hacer un homenaje similar, yo decía que tenía un profundo amor por Eva Perón. En ese momento la persona que me trajo a la política, Jorge Obeid, me dijo: “No te confundas. La irrupción y la transformación de la historia argentina tuvo que ver con los dos: con el profundo amor que Eva tenía por su pueblo y con la estrategia, la conducción política y ese mismo amor que tenía Perón”.

Al hacer un homenaje o una exposición no me gusta autorreferenciarme, pero tengo que decir, señoras y señores legisladores, que el peronismo atravesó la historia de mi familia. Cuando pienso en aquel 1° de julio de 1974 no puedo olvidar la imagen de mi padre, un obrero ferroviario ‑al igual que mi abuelo‑, llorando profundamente frente el televisor blanco y negro que teníamos en mi casa y viendo durante todo el día las imágenes del velorio de Perón.

No puedo olvidar aquel momento porque, gracias a Perón, ese obrero ferroviario protagonizó, junto a su familia, un esquema de ascensión social verdadero. Por ser hija de un ferroviario, yo tenía cuatro pases al año para viajar por el país y podía concurrir a las colonias de vacaciones de los sindicatos que había creado Juan Domingo Perón.

Cuando recuerdo esas cosas, pienso lo siguiente. ¿Habremos sido nosotros, los hijos de los ferroviarios que disponíamos de cuatro pases al año, los que fundimos los ferrocarriles? ¿Habrán sido esos logros los que generaron esa pérdida en la Argentina?

Hubo una obra titulada Perón, el hombre del destino, editada en febrero de 1974 bajo la dirección de Enrique Pavón Pereyra, que decía: “Es la mañana del 8 de octubre de 1895. En el patio de una amplia casona de la calle Buenos Aires, en el pueblo de Lobos, un niño de cuatro años ha interrumpido sus juegos. Mario Avelino Perón no entiende bien lo que está sucediendo: su madre, doña Juana, no ha salido ese día de la habitación, un agitado ir y venir de gente extraña lo inquieta y los persistentes berridos que de pronto llenan la casa acaban por intrigarlo. Por fin, su tía Francisca aparece con un recién nacido en sus brazos. Ha llegado al mundo su hermanito prometido… Juan Domingo”.

Desde aquel día apareció en la historia argentina un hombre que transformó la historia. Porque hubo un hecho inédito en esa historia, que fue el 17 de octubre de 1945, en que el pueblo se enamoró primero y votó después. El pueblo se enamoró de alguien que puso a la luz la problemática de los trabajadores, la reivindicación de derechos, el significado profundo de la justicia social, y transformó la historia de ese pueblo; un hombre que le cambió la historia al pueblo y del que el pueblo se sintió orgulloso; un hombre que le dio poder real al pueblo y que transitaba las huellas profundas de una toma de conciencia verdaderamente nacional.

Allí, señor presidente, no puedo dejar de pensar en mi familia. Yo tenía un tío –que después fue uno de los famosos artistas plásticos de la ciudad de Santa Fe-, hijo de inmigrantes, que cuando Perón irrumpió en la historia argentina tenía 12 años y era cadete. Un día me dijo: “En nuestra familia no podemos ser otra cosa que peronistas, porque desde que Perón llegó al país, a mí, como cadete, me empezaron a tratar como persona”.

En este marco tenemos que decir que Juan Domingo Perón tuvo una profunda capacidad de persuasión, un profundo cariño por quienes menos tienen, una claridad de conceptos inigualable, una visión de futuro como pocos, y una forma de ser que le valió que, el día de su muerte, el doctor Balbín dijera que él había sido su adversario, pero que en ese momento venía a despedir a un amigo. ¡Qué frase para quienes hoy estamos protagonizando historias de grietas permanentes! ¡Qué frase que nos permite reconocer el respeto al adversario en la política! ¡Qué frase que nos permite entender que reivindicando a estas figuras reivindicamos la política, tan denostada en este tiempo! Y no es casualidad que esté denostada.

Cuando pienso en Perón, considero que debemos recordar algunas cuestiones, porque lamentablemente no toda la historia las recuerda ni todos los libros las reivindican. Tenemos que pensar en un hombre que dio valor a la figura de la mujer, porque recordemos que cuando Perón fue presidente se sancionó la ley del voto femenino, claramente por el amor de Eva a su pueblo.

Tenemos que recordar también que Perón fue uno de los primeros que habló de ecología y medio ambiente. Pocos lo recuerdan, pero esta última encíclica del Papa tiene muchos de los conceptos de los que ya hace más de cincuenta años habló Juan Domingo Perón.

Perón trajo a la República Argentina las políticas de salud pública, pero de salud pública de verdad, no de discurso. En los años cincuenta, gracias a las políticas de salud pública que Perón llevó adelante junto al primer ministro de Salud, Ramón Carrillo, y poniendo los recursos que había que poner, no con discursos, se erradicó el paludismo de nuestro país. Pocos libros de historia lo recuerdan.

Mientras gobernó el peronismo, en aquellos años se construyeron más hospitales que en cincuenta años de historia.

Perón también sostenía que en épocas de crisis había que acudir a la economía de guerra, no a la economía de la eficiencia de los números. Por eso decía que no importaba cuán eficiente fuera un número o una estadística; la economía tenía que servir para que la gente viviera dignamente.

Podría enumerar muchas cosas más, pero quisiera decir algo que tiene mucho que ver con lo que nos está pasando en los últimos días. Perón decía que el año 2000 nos encontraría unidos o dominados. Seguramente, revindicando esa frase, cada uno de nosotros tendrá sus propias conclusiones.

Este tipo de reconocimientos a figuras que cambiaron la historia no tiene que ser para nosotros un mero hecho biográfico sino un desafío para entender que la historia se cambia modificando paradigmas y preconceptos, siendo valientes, convocando a la juventud.

Considero que hoy es un tiempo muy propicio para reivindicar esta historia. Hay una juventud que innegablemente, con odios y amores, en los últimos doce años volvió a la política. Nadie puede negar que en los doce años previos a 2015 se reivindicó la política en la República Argentina y, con ello, volvió el enamoramiento de los jóvenes.

A quienes estamos en política y ocupamos lugares institucionales, estos homenajes nos tienen que obligar a volver a enamorar a los jóvenes, a la gente.

A quienes somos peronistas les recuerdo que nuestra doctrina, que es profundamente humanista, pone al hombre como el gran objetivo de la política. Nosotros no podemos permitir que esto no se reivindique.

Juan Domingo Perón decía que, así como el agua químicamente pura no sirve ni para beber ni para regar, el hombre que pretende ser químicamente puro, viviendo al margen de todas las batallas sociales como un espectador egoísta, tampoco sirve para nada.

Hay que convocar a la rebeldía frente a la desigualdad y frente a la falta de libertad, señor presidente, porque la verdadera libertad no consiste solo en publicar noticias en los medios. La verdadera libertad, como decía el general Perón, es sentirse realizado en una sociedad que se realiza.

El general Perón también nos señalaba que debíamos tener capacidad para cabalgar sobre la historia. Pero permítame agregar que debemos cabalgar con un caballo propio.

Seguramente tendríamos mucho más para decir sobre este tema, pero quiero terminar con un extracto de Scalabrini Ortiz al rememorar aquel histórico 17 de octubre, una fecha que en verdad transformó la historia.

Scalabrini Ortiz dice: “Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina, porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. (...) Frente a mis ojos desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de resto de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe (…) Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad (...) Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto (...) Éramos briznas de multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años, estaba allí, presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan, que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo.” (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Selva, por Buenos Aires.

Sr. Selva.- Señor presidente: mi bloque me ha conferido la responsabilidad y el honor de expresarme en este recordatorio a la figura del general Perón.

Como lo dijera la diputada preopinante, es imposible aislarse de las vivencias personales. A quien habla le tocó vivir el retorno de Perón en la etapa de la escuela secundaria.

Muchas veces en la Argentina nos olvidamos de que el peronismo estuvo proscripto durante dieciocho años. Lamentablemente pasó demasiado desapercibido el día 16 de junio, fecha de uno de los atentados más graves contra la democracia y el orden institucional, en que se bombardeara a civiles en la Plaza de Mayo.

Los que venimos de familia peronista ‑tanto mi padre como mi madre eran fuertemente peronistas, aunque no eran dirigentes políticos ni militantes- tenemos una convicción y recibimos un mensaje claro de lo que significa para los trabajadores la visión del peronismo sobre las familias, la inclusión y algo que es evidente hoy: la distribución de la riqueza.

En esa etapa de adolescencia, la picardía de los jóvenes que estábamos en la escuela secundaria, principalmente entre 1970 y 1973, era pintar a escondidas la consigna “Perón vuelve”. Esa picardía nos hacía también interiorizarnos cada vez más de esa historia que nuestros padres nos contaban, y por supuesto en la etapa posterior, con el retorno del general, volver a vivir la esperanza de un pueblo que quería resurgir con la conquista de derechos. Lamentablemente la historia ‑que no quiero ni mencionar‑ después del fallecimiento del general Perón nos llevó al peor genocidio que se cometiera a través del terrorismo de Estado en la Argentina.

Pero dieciocho años de exilio no permitieron que el pueblo argentino olvidara sus convicciones ni evitaron que el peronismo se reorganizara, en honor al lineamiento que generó Perón, y como corresponde a los hombres que tenemos responsabilidad y aspiración al poder, volver a asumirlo.

El peronismo se reorganizó y tuvo distintas etapas vinculadas con la transformación del país; una muy reciente que vivimos fue la etapa de reconstrucción llevada adelante por el peronismo a través de la figura de Néstor Carlos Kirchner para salir de una crisis.

Señor presidente: cuando analizamos la situación de nuestro país hoy, tenemos una gran preocupación. Se ha dicho que cerrarnos al mundo era mirarnos el ombligo, cuando el peronismo siempre habló de la integración de nuestro país a una Latinoamérica unida.

La diputada preopinante hacía mención a qué distinta sería la realidad de Latinoamérica con esa visión del general Perón de hace 50 años, que decía que no teníamos que tener fronteras, que la política hacia los países limítrofes no podía pasar por una alianza aduanera sino que se necesitaba una integración latinoamericana. La reorganización geopolítica ordenaba y obligaba a los países a mirar estas cuestiones, y esa fue la mirada estratégica del general Perón respecto del país.

Reitero: lo tuvieron dieciocho años fuera del país, nos truncaron muchos procesos que estaban en marcha para construir una Argentina potencia, como realmente los argentinos nos merecemos. O por lo menos debemos demostrar nuevamente que nos merecemos ser protagonistas de un cambio en la historia.

Conmemorar la figura del general Perón a 44 años de su fallecimiento es importante para quienes sentimos el peronismo como la fuerza que nos identifica y nos ha formado en esas grandes etapas de frustraciones y otras de emociones, pero donde quienes tuvieron la responsabilidad de conducir los destinos del país nunca dejaron de lado la agenda social, la importancia del movimiento obrero organizado y la lucha por las conquistas sociales.

Recordamos siempre nuestras fechas emblemáticas, como la movilización popular y lucha del pueblo en las calles el 17 de octubre, y también el 1° de julio ‑que conmemoramos hoy- y el 26 de julio, fechas del fallecimiento del general Perón y de Evita, respectivamente, a pesar de que se nos ha denostado diciendo que somos morbosos por reivindicar las fechas de fallecimiento y no con la misma fuerza las del natalicio. Pero para nosotros esas fueron fechas culminantes que establecieron la necesidad de organizarnos para los desafíos, y no íbamos a permitir que la historia las borrara.

Para quienes tenemos compromiso y vocación militante es una gran responsabilidad hablar en estas fechas. La conmemoración se podría decir que es una obligación política, pero para quienes sentimos el peronismo es una obligación moral, un sentimiento y una reafirmación de que el desafío de la lucha por los que menos tienen todavía es una deuda pendiente. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Miranda, por Mendoza.

Sr. Miranda.- Señor presidente: desde nuestro bloque nos sumamos para recordar y conmemorar el paso a la inmortalidad de quien fuera tres veces presidente de los argentinos, elegido por el voto popular, Juan Domingo Perón.

Abonando lo que han dicho los diputados preopinantes, y tratando de sintetizar en este homenaje lo que significó y todavía significa para las argentinas y los argentinos, quiero recordar aquel 1° de julio de 1974, cuando pasado el mediodía, cerca de las 14, se informó al pueblo argentino por cadena nacional la desaparición física de su presidente. Este hecho conmocionó a quienes lo seguían y a quienes no, y marcó un hito en la historia.

Unos meses atrás Perón había ganado su tercera presidencia con el 62 por ciento de los votos. Venía de simbolizar, con un abrazo histórico con Balbín, la necesidad de lograr la unión nacional para los tiempos difíciles que vivía el mundo y la Argentina. Esta desaparición física no permitió concluir ese deseo y ese anhelo.

Después vino la larga, triste y oscura noche de los acontecimientos que todos conocemos. Pero a 44 años de esa desaparición física, hoy muchos se preguntan qué secreto guardaba el fundador, en 1945, del movimiento nacional justicialista para seguir vigente en su ideario, a pesar de que muchos anunciaban su desaparición, que muchos creyeron que se terminaba y que haciendo desaparecer militantes y dirigentes podían enterrar esta propuesta como movimiento nacional.

Quizás una respuesta la podamos encontrar en decisiones políticas, sociales, económicas, de política interna y externa, pero creemos que lo más importante es la revolución cultural que produjo Perón al crear este movimiento. Esa revolución cultural la planteaba claramente cuando hablaba de que todo movimiento colectivo que trata de introducir profundas modificaciones en la estructura social debe fundamentarlas filosóficamente.

De ahí que el movimiento nacional justicialista...

Señor presidente: ¿le pediría a la diputada Carrió si por favor puede hacer silencio, porque me interrumpe? No vamos a hablar ahora de las limosnas ni de las changas.

Sr. Presidente (Gioja).- Señora diputada Carrió, por favor...

Sr. Miranda.- Decía que nuestra expresión como movimiento nacional justicialista es una filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente humanista y cristiana. Y fue demostrando en el tiempo no sólo la explicación de cada uno de estos adjetivos, sino que además protagonizó hechos concretos.

¿Por qué la filosofía peronista es simple y práctica? Porque es distinta a esa filosofía que parece que plantea un homo sapiens superior que piensa y un homo faber que ejecuta y no alcanza a disfrutar los beneficios de esa concepción filosófica.

Perón la planteó con claridad cuando sustentó la defensa de los derechos de los trabajadores postergados por años ‑y por siglos en la historia de la humanidad‑, y Evita cuando ejerció todo el poder e influencia para trabajar por los derechos postergados de las mujeres y lograr no solamente su participación ciudadana, el voto, el derecho a elegir y ser elegida, sino también la inclusión de los derechos de los niños, los ancianos y todo lo que se plasmó en la reforma constitucional de 1949.

Esa revolución cultural perdura en quienes lo siguen y en quienes no lo hacen, porque es un tema permanente de debate en los medios, tratándose de calificar o cuantificar qué es y quién expresa al peronismo. En este sentido, a partir de la creación de este movimiento por parte de Juan Domingo Perón, hubo muchas expresiones y etapas históricas.

Obviamente, hoy reivindicamos la fundación y los principios sobre los que se basó el movimiento nacional justicialista. Nadie pudo superar no solamente lo que logró Perón, que es tener el apoyo popular para ser elegido presidente tres veces, sino tampoco sus ideas, plasmadas en valores que han dado sentido a este movimiento.

Perón nos dejó una gran cantidad de obras y ejemplos que hacen al acervo de nuestra cultura y formación como peronistas, como por ejemplo La Comunidad Organizada, EL Modelo Argentino Para el Proyecto Nacional y Conducción Política.

Para finalizar este sencillo y humilde homenaje me voy a referir a una de las veinte verdades del peronismo, que es la de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista.

Al regresar de su largo exilio, cuando se quería proscribir a nuestro movimiento creyéndose que enterrando sus libros o prohibiendo nuestras marchas y homenajes el pueblo argentino se iba a olvidar del peronismo cuando en realidad estaba más vivo que nunca, Perón tuvo la grandeza de celebrar un encuentro con el principal referente de otro movimiento histórico de la Argentina, la Unión Cívica Radical. Dicho encuentro se simbolizó en el abrazo que tuvo con el doctor Ricardo Balbín.

Además, Perón nos planteó una etapa superadora en el sentido de qué era mejor para el otro, diciéndonos que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino.

Dios quiera que ahora, aquellos que lo seguimos en su ideario y planteamos un peronismo de cara al futuro, al siglo XXI, como movimiento histórico sustentado en sus valores y adaptándose a la realidad que nos toca vivir en el mundo, la región y la Argentina, podamos estar a la altura de las circunstancias.

Por otra parte, muchos que no son adeptos al peronismo o bien son sus adversarios, se preocupan por estudiarlo como un fenómeno, escribiendo sobre él, calificándolo y adjetivándolo.

Tengamos la capacidad de estar a la altura de las circunstancias en este momento histórico por el que atraviesa nuestro país, con una profunda crisis que genera un gran dolor en muchos argentinos y argentinas. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Martiarena, por Jujuy.

Sr. Martiarena.- Señor presidente: recientemente se cumplió el 44° aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, ese gran estadista argentino que fue la figura política más importante del siglo XX en nuestro país.

Fue presidente constitucional de los argentinos en tres oportunidades, a partir del voto popular.

Perón vive en el recuerdo emocionado de todos nosotros, los peronistas, pero también en el corazón del pueblo argentino, al que dignificó e hizo feliz.

A pesar del largo tiempo trascurrido desde su desaparición física, su doctrina política, social y económica, sus ideas y su pensamiento estratégico nacional mantienen una gran actualidad y representan un Norte para que nuestra patria reconquiste las tres banderas históricas del movimiento nacional justicialista: la justicia social, la independencia económica y la soberanía popular.

Propongo a esta Honorable Cámara y a todos los señores diputados guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria de expresidente Juan Domingo Perón. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- La Presidencia invita a los señores diputados a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del expresidente Juan Domingo Perón.

- Puestos de pie, los señores diputados y el público presente guardan un minuto de silencio en homenaje a la memoria del expresidente Juan Domingo Perón.

II

A la memoria del expresidente Hipólito Yrigoyen

Sr. Presidente (Gioja).- Para otro homenaje, tiene la palabra el señor diputado Moreau, por Buenos Aires.

Sr. Moreau.- Señor presidente: como sabe, desde 1983 esta coincidencia histórica siempre nos llevó en esta Honorable Cámara a rendir homenajes en forma simultánea a Juan Domingo Perón y a Hipólito Yrigoyen. Creo que si bien eso es producto de la casualidad histórica, no deja de ser un símbolo.

Habitualmente no leo mis intervenciones en esta Honorable Cámara. En primer término, porque en virtud de lo establecido en el reglamento está prohibido hacerlo, y en segundo lugar, porque no es mi estilo. Pero me parece que cuando se trata de rendir homenajes a prohombres como Hipólito Yrigoyen, vale la pena hacerlo. En ese sentido, espero tener la dispensa de la Presidencia para leer mi intervención.

El 3 de julio de 1933, hace 85 años, como nunca se había visto hasta entonces, el pueblo de Buenos Aires se transformó en una marea humana para llevar a pulso el ataúd de Hipólito Yrigoyen.

Fue la revancha del pueblo, como siempre se toma revancha el pueblo, es decir, con amor y con pasión, a diferencia del revanchismo de las minorías oligárquicas y reaccionarias, que sólo destilan odio.

¿Pero qué reivindicaban las mayorías populares de la larga trayectoria de Hipólito Yrigoyen? En primer lugar, que nadie como él había luchado para que el pueblo tuviera el derecho a elegir sus gobernantes. No fue una pelea fácil. Llevó décadas de persecuciones, cárcel, muertes de cientos de compatriotas que con revoluciones, alzamientos y abstenciones que terminaron torciendo el brazo a lo que el caudillo calificó como “El Régimen”.

También esa masa popular se lanzó a las calles ese 3 de julio para decir a la dictadura y al fraude de las minorías conservadoras que no olvidaba al presidente que reconoció por primera vez a los sindicatos, al que impulsó a los estudiantes a profundizar la reforma universitaria, al que se plantó frente al imperialismo naciente repudiando la invasión norteamericana a Santo Domingo y a la Nicaragua de Sandino y al que designó a Mosconi al frente de YPF y declaró que el petróleo era una riqueza inalienable del país.

En definitiva, ese día la gente salió a decir que no olvidaba al que había sido un conductor inclaudicable de la causa nacional, popular y democrática, y que incluso en 1928 tuvo la valentía de enfrentar a sectores de su propio partido que, desvariados, se transformaron en furgones de cola de los proyectos conservadores de aquel entonces.

Yrigoyen había sido insultado, estigmatizado, burlado y arrastrado por la difamación de los enemigos de la Nación y del pueblo. Lo bautizaron como “el peludo” para asociarlo a un bicho feo y desagradable que vive encerrado en la clandestinidad de una cueva conspirando. Dijeron que era un asesino y un viejo libidinoso y senil. Pusieron en duda su honestidad, a punto tal que en el fatídico golpe del 6 de septiembre de 1930, cuando una turba salió a saquear su modesto departamento de la calle Brasil, muchos fueron con la esperanza de encontrar entre esas modestas paredes los míticos millones que “se había robado”.

Esas injurias y canallescas diatribas no llegaron al pueblo y por eso se mantuvo sin fisuras. La lealtad que el pueblo le profesó a Yrigoyen no declinó nunca y menos a la hora de su fallecimiento.

Su muerte no llegó de casualidad sino que la provocó la venganza del antipueblo cuando a pocos días del golpe del 6 de septiembre, a sabiendas de que el viejo estaba enfermo, lo confinó a la isla Martín García. En aquellos tiempos no existía el confort de hoy, y la humedad y el frío lo condenaron a una infección pulmonar que poco después lo llevó a la muerte.

Pero Yrigoyen no murió; estuvo presente en cada lucha por preservar la independencia y la identidad de la patria y en cada epopeya destinada a ganar la democracia. Fue bandera no solo de los radicales sino de todas las corrientes populares que alumbraron después en la Argentina.

Volviendo a la muchedumbre que ese día lo vitoreaba llevando sus restos desde un departamento de la calle Sarmiento hasta el Panteón de los Caídos de la Revolución de 1890, es inevitable no recordar que alguna vez Arturo Jauretche dijo más o menos lo mismo: “La multitud siempre expresa amor y las minorías, odio”. Será porque cuando las mayorías conquistan derechos los reciben con alegría y cuando las minorías pierden privilegios les produce rencor.

No hay dudas de que Yrigoyen representaba a las mayorías, y un día dijo: “El radical que antepone los intereses del partido a los de la patria, deja de ser radical”. Como muchos de nosotros no quisimos dejar de ser radicales yrigoyenistas, seguimos el consejo de nuestro jefe inmortal. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- Para el mismo homenaje, tiene la palabra el señor diputado Bazze, por Buenos Aires.

Sr. Bazze.- Señor presidente: en primer lugar, en nombre de mi bloque quiero adherir al homenaje que se ha rendido al expresidente Juan Domingo Perón.

En segundo término, quiero rendir homenaje también a Hipólito Yrigoyen, quien sin duda fue uno de los grandes constructores de la República Argentina y el responsable fundamental de incorporar a las mayorías populares en el proceso democrático.

Su obsesión por lograr la participación del conjunto de los argentinos en la toma de decisiones constituyó un elemento principal para construir la democracia en nuestro país.

Junto a Leandro Alem encabezó tres revoluciones armadas antes de lograr el sufragio para el pueblo argentino. Llegó al poder precisamente a partir de haber alcanzado la participación popular para impulsar desde el poder un proceso de crecimiento y desarrollo del país que era absolutamente necesario para brindar a las mayorías populares no solo la posibilidad de participar en elecciones libres sino también la de acceder a un nivel de vida digno.

Ese fue el gran desafío de Yrigoyen y del radicalismo, partido que por supuesto condujo durante toda su vida y en el que hoy militamos quienes pertenecemos a este bloque.

Los principios por los que trabajó Hipólito Yrigoyen son los mismos por los que las grandes mayorías populares vienen luchando desde hace mucho tiempo en la Argentina. En alguna medida esos son los desafíos que todavía tenemos.

Después de idas y vueltas, de interrupciones de procesos democráticos y de las lamentables dictaduras militares, a partir del gobierno de Raúl Alfonsín ‑permítaseme decir: otro gobierno de la Unión Cívica Radical‑ logramos instalar para siempre la democracia en la Argentina.

Por eso, quienes pertenecemos al partido que fundó y lideró Yrigoyen estamos absolutamente convencidos de que consolidar la democracia en la Argentina constituía un elemento fundamental sin el que sería imposible alcanzar los niveles de vida digna que queremos para todos.

A partir de las elecciones de 1983, de la mano de Raúl Alfonsín, el partido radical asumió el compromiso de hacer todo lo necesario para consolidar definitivamente la democracia en nuestro país, incluso tomando riesgos, desafíos y compromisos que tenían que ver, entre otras cosas, con el juicio a las juntas militares, que algunos imaginaban que podía llegar a poner en peligro a la democracia.

La convicción de Raúl Alfonsín en ese momento es la que siempre alumbró al radicalismo a partir de Hipólito Yrigoyen, pero quedan muchas cosas por hacer. Son las mismas que empezó Yrigoyen en su gobierno y que todavía tenemos que profundizar en la Argentina.

El gran desafío para Hipólito Yrigoyen y para todos nosotros es mejorar el nivel de vida del conjunto de los argentinos, y para eso además el gran desafío consiste en contar con un Estado capacitado, eficiente e inteligente en el que no haya lugar para la corrupción.

Por eso, homenajeamos hoy a Yrigoyen convencidos de que este es el camino. En su gobierno se dio un impulso fenomenal a la educación y persuadidos de que tenemos que seguir trabajando para mejorar la educación de los argentinos.

Asimismo, en su gobierno se impulsó la reforma universitaria cuando no se imaginaba un movimiento de esta naturaleza en ningún lugar del mundo. Estamos absolutamente convencidos de que tenemos que fortalecer la educación universitaria en la Argentina.

En su gobierno se crearon empresas estatales que apuntaban al desarrollo y al crecimiento de la infraestructura, como YPF, y se trabajó en el tema energético con mucha atención, preocupación y capacitación.

Lamentablemente, en otros tiempos ocurrieron procesos de privatización que destruyeron algunas de las empresas que se habían puesto en marcha en ese gobierno de Hipólito Yrigoyen, postergando el crecimiento de los argentinos.

Hoy rendimos homenaje al expresidente Yrigoyen asumiendo que puso en marcha no solo el proceso democrático con la participación del conjunto de los argentinos en la democracia, sino que además impulsó un proceso de crecimiento y de desarrollo por el que todavía tenemos que trabajar con toda responsabilidad y seriedad, buscando entre todos las soluciones que nos permitan mejorar el nivel de vida del conjunto de la sociedad. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- Para el mismo homenaje, tiene la palabra el señor diputado de Mendiguren, por Buenos Aires.

Sr. de Mendiguren.- Señor presidente: a ochenta y cinco años de la muerte de Hipólito Yrigoyen, recordarlo en este homenaje es poner en valor su figura y sus aportes. No se trata de otra cosa que dimensionar un legado que se agiganta conforme pasan los años.

Entre las cosas que podemos recordar, debemos hacer referencia a la reforma universitaria, que define la talla y el gran calibre de su figura política.

Su visión estratégica lo involucró siempre en estas realizaciones. A partir de sus decisiones bisagra podemos comprender cuál es el rol que juega hoy su figura en este presente.

La reforma universitaria es seguramente uno de los pilares con los que Yrigoyen plasmó de manera concreta su visión de país.

A partir de la reforma de 1918 ‑hace ya cien años‑, la Argentina consagró para sí un sistema universitario autónomo, con docencia libre, basado en la investigación y con libertad de cátedra. Además, existe algo que debe enorgullecemos y que posibilitó la movilidad social en nuestro país: educación universitaria gratuita.

Como todos los grandes estadistas, Yrigoyen leyó los reclamos, necesidades y anhelos de su época para ponerlos en sintonía con una mirada largoplacista. Uno de los mayores activos de líderes políticos como Yrigoyen es tejer la trama de la historia vinculando el pulso propio con las demandas de la sociedad.

En el centenario de la Reforma del 18, la educación universitaria de excelencia encuentra en Yrigoyen la voluntad y decisión que hoy es la realidad transformadora para los millones de argentinos que se han formado en las universidades públicas.

A título personal, y como hombre del desarrollismo, creo que sin un sistema universitario que promueva el conocimiento en todas sus instancias y que permita formar en la excelencia a mujeres y hombres, sería imposible siquiera pensar en hacer de la Argentina un país desarrollado.

Otro de los ejemplos que habla claramente de la proyección que el legado de la obra de gobierno de Yrigoyen tiene para nuestro país es la creación de YPF. Yrigoyen, a la vanguardia de su contemporaneidad, entendió de manera cabal cómo la explotación exclusiva y soberana del petróleo por parte del Estado Nacional constituía un pilar para la generación de riqueza en nuestro país. Y un poco más allá, vio en los hidrocarburos la llave para que el crecimiento industrial rompiera progresivamente el modelo de la dependencia energética externa.

La visión de Yrigoyen es la que fundó las bases para entender que los recursos energéticos son parte innegociable de un proyecto de país que quiera trascender sus propios límites. ¡Cuánta actualidad tiene este tema al que muy bien respondió Yrigoyen! Sus propias palabras decían: “A fin de evitar que se repita lo ocurrido con el suelo fiscal y conservar los beneficios del petróleo para el pueblo de la República, es menester organizar un régimen legal que consulte las exigencias del interés de la Nación, poniendo en manos del Estado el dominio efectivo de los yacimientos petrolíferos y confiriéndole el monopolio de su explotación y comercialización.”

Lamentablemente, la lógica pendular de nuestro país muchas veces nos ha alejado de este conjunto de axiomas vinculados con el desarrollo integral de la Argentina. Sistemáticamente hemos caído en la trampa de la primarización, relegando a la energía a la mera función de commodities exportables. O mucho peor, la hemos librado a la suerte del precio internacional, negando la importancia estratégica que tiene para el funcionamiento de la economía productiva argentina.

Hoy más que nunca los postulados de Yrigoyen con respecto a la matriz energética y la explotación de nuestros recursos naturales cobran rabiosa vigencia. ¿Vamos a usar los recursos energéticos como palanca del desarrollo o vamos a continuar por el camino de la primarización y la exportación de la energía como si fuera un commodity más de nuestro país?

La historia es un corpus de reactualización dinámica, que nos otorga pistas sobre nuestro presente en cada revisión. Aprender de ella es una obligación para con quienes la escribieron, pero también un deber para quienes tenemos la obligación de legislar en el presente con clara visión de futuro y de desarrollo. Sin duda, la concepción sobre el rol de la energía en un proyecto de desarrollo se encuentra entre esas enseñanzas.

Por todo lo expuesto y despojándolo de las cuestiones de política partidaria, dimensionar el legado de actores políticos como Yrigoyen, Perón o Frondizi es un deber que necesita ser reactualizado constantemente.

Quienes tenemos el honor de ejercer cargos como el de diputado de la Nación sabemos que sin ellos, hoy nuestra tarea sería mucho más difícil o, por qué no, imposible. Claramente, el futuro está compuesto de cada uno de los aportes que a lo largo de la historia de un país estos hombres y mujeres nos han legado. Trabajar en función de los valores que Yrigoyen, Perón o Frondizi han plasmado en su obra de gobierno es, por sobre todas las cosas, reafirmar una identidad que va más allá de lo partidario, que está vinculada con la conformación del campo nacional a través del tiempo. Poner en valor todos estos aportes en el presente es el mejor homenaje que podemos hacerles. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Pereyra, por Córdoba.

Sr. Pereyra.- Señor presidente: ayer se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento y del paso a la inmortalidad en el corazón de su pueblo de don Hipólito Yrigoyen, primer presidente argentino consagrado por el voto del pueblo.

Don Hipólito fue un revolucionario, intransigente con el régimen oligárquico que impedía al pueblo elegir libremente sus destinos. Fue revolucionario no solo por sus ideas sino porque encabezó cuatro levantamientos armados populares para que la democracia fuera el sistema de vida de los argentinos; pero también fue intransigente, porque nunca cayó en las tentaciones del régimen sino que durante 26 años se abstuvo de participar en el fraude electoral hasta que la soberanía del pueblo se garantizara efectivamente.

Supo interpretar los ideales de su pueblo como ninguno en su tiempo, y rescató la tradición nacional, popular y democrática, que luego iba a retomar Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín y en los últimos años, Néstor y Cristina.

Yrigoyen creó las primeras cajas jubilatorias; hizo suya la Reforma Universitaria que se extendió por toda América Latina instalando la autonomía y el cogobierno; creó la doctrina de la no intervención en los asuntos internos de otros países, consagrando la frase “Los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos lo son para los pueblos”.

Asimismo, mantuvo la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, impuso el guardapolvo blanco para las escuelas públicas, creó YPF, nacionalizó los hidrocarburos y tuvo una mirada latinoamericanista para resolver los problemas de la región.

Cuando falleció ‑un 3 de julio de 1933‑, una multitud nunca vista hasta entonces tomó a pulso el cajón para depositar el cuerpo de su líder en la última morada.

Hoy rescatamos su espíritu revolucionario, es decir, el espíritu radical, su intransigencia, su amor al pueblo y a la causa de los desposeídos.

Yrigoyen fue maltratado por la prensa de la época, acusado de mil cosas, encarcelado a sus 80 años en Martín García. Incendiaron sus muebles, saquearon su casa y murió en la pobreza material, pero su pueblo, el pueblo de la patria, lo consagró en el corazón de los inmortales.

La vieja oligarquía interrumpió el orden constitucional para derrocarlo, fundamentalmente para que el pueblo no pudiera gobernarse a sí mismo. Sin embargo, el pueblo triunfó.

Sus seguidores se volvieron a levantar en armas en 1933, con Gregorio Pomar y Arturo Jauretche en el grito de Paso de los Libres. Fundaron Forja, para mantener vivas sus ideas y traspasaron la posta al primer peronismo el 17 de octubre de 1945.

Hoy Yrigoyen representa el campo nacional, popular y democrático y desde nuestro partido Concertación Forja, desde nuestra rica historia intransigente y al lado del pueblo, homenajeamos al hombre pero también a su pueblo, a nuestro pueblo, que lo guarda en su corazón como uno de los tesoros más preciados. (Aplausos.)

III

A la memoria de Ernesto “Che” Guevara

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Macha, por Buenos Aires.

Sra. Macha.- Señor presidente: el 14 de junio, día en el que el “Che” hubiera cumplido 90 años, nosotros estábamos terminando de lograr la aprobación del proyecto sobre legalización del aborto en esta Cámara de Diputados.

Me pareció importante traer hoy aquí su recuerdo porque es parte de uno de esos líderes de Latinoamérica absolutamente consecuente con lo que decía, lo que pensaba y lo que hacía, con una entrega fundamental para la posibilidad de la liberación del pueblo cubano durante la dictadura de Batista.

Creo que en ese transitar, en ese modo de andar y de pensar, en su corta vida también dejó distintas concepciones que me parece importante destacar. El “Che” pensaba en el hombre nuevo, pero hoy hablaríamos de identidades de género, entonces, en su contexto hablar del hombre nuevo implicaba hablar de valores morales.

En definitiva, la moral es la construcción de los valores de una época. El “Che” planteaba poder construir una sociedad solidaria, preocupada por lo que le pasaba al otro. El “Che” pensaba en defender los ideales con el cuerpo, con la vida, poniendo todo lo que uno puede entregar a las luchas colectivas y lo más preciado que tenemos es la propia vida.

Entonces, quiero rendirle homenaje y recordarlo en ese contexto. Hay palabras que tal vez hoy suenen gastadas o de otra época como, por ejemplo, el término “imperialismo” o determinados conceptos que tal vez no cuadren en esta etapa. Sin embargo, la idea de pueblos opresores frente a pueblos oprimidos es parte de la lucha cotidiana y seguramente nunca va a terminar.

Me parece interesante retomar algo que plantea el feminismo en el sentido de las “oleadas”. No hay etapas, no hay momentos, no hay posibilidad de creer que en algún período llegamos a un objetivo, sino que todo el tiempo estamos dando esas luchas, a veces con grandes logros para los sectores populares y otras, como en la actualidad, con un retroceso muy preocupante y doloroso.

En ese sentido, me parece interesante poder traer al “Che” en esa perspectiva a fin de poder pensar en los valores morales vinculados con la solidaridad, el trabajo colectivo, la transformación de una comunidad que indefectiblemente implica también una transformación subjetiva. Esto es algo que él marcaba profundamente y por eso tal vez fue el primero en llevar adelante las cosas que decía que había que hacer.

Muchas de esas perspectivas, que son actuales, nos permiten seguir pensándonos con la necesidad de lograr esas transformaciones para nuestra patria. Debemos conseguir una Nación más inclusiva y solidaria, con una perspectiva latinoamericanista y también internacionalista porque, en definitiva, hay que intentar articular y colaborar frente a las opresiones de otros pueblos sin importar de qué continente ni de qué punto de la tierra estamos hablando.

Lo que nos unía y lo que actualmente nos une son las desigualdades sociales y los intentos de transformar esas desigualdades sociales en espacios de mayor inclusión y de mayores derechos.

Por estos motivos creo que el pensamiento del “Che” sigue teniendo vigencia, así como también lo tiene su espíritu indomable. Considero que es importante retomar esta dimensión para un pueblo que necesita recuperar derechos y también autoestima a fin de hacer frente a los embates del imperialismo, quizás ya no como lo conocíamos o conceptualizábamos en aquella época pero sí en cuanto a sectores transnacionales muy poderosos que destruyen los países que ahora llaman emergentes ‑y que en otro momento llamaban de otro modo- y que intentan destruir la soberanía política y territorial de nuestros países.

Esa pelea continúa, creo que nos va a llevar la vida y que seguirá siendo siempre así porque, en definitiva, es la pelea de intereses que se contraponen, de intereses sobre lo colectivo, en nuestro caso, o sobre lo corporativo, en el caso de otros sectores políticos.

Siento que el “Che” hoy tiene plena vigencia y rindo mi homenaje en este marco. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Donda Pérez, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para rendir el mismo homenaje.

Sra. Donda Pérez.- Señor presidente: sencillamente deseo adherir al homenaje en memoria del mundialmente conocido comandante Ernesto “Che” Guevara.

Creemos, en el mismo sentido que lo expresaba recién la diputada Macha, que la vigencia del pensamiento del “Che” hoy es fundamental en la política. Digo que es fundamental porque muchos nos quieren convencer de que la política es algo sucio y oscuro, en donde no hay que meterse. Quienes quieren convencer a la sociedad de eso son aquellos que viven de la política, usan esa herramienta para transformar su calidad de vida individual y no como una forma de transformar la sociedad en un sentido progresista y positivo. Creemos que el “Che” fue la prueba viviente de eso y hoy la prueba que nos queda es su presencia y su recuerdo, que está impreso en cada una de las remeras que usan los jóvenes del mundo.

Si hay un argentino conocido, respetado, querido y considerado heroico por la juventud rebelde del mundo es el comandante Ernesto “Che” Guevara. Su presencia nos acompaña a aquellos que creemos que la política es una herramienta de transformación.

En definitiva, así como decía el “Che”, sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra alguien en algún rincón del mundo es la virtud más linda de un revolucionario. ¡Hasta la victoria siempre! (Aplausos.)

IV

A la memoria del excanciller Dante Caputo

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.

Sr. Negri.- Señor presidente: ha fallecido Dante Caputo, el canciller de la transición de los años 80, quien acompañó los seis años de gobierno de Raúl Alfonsín, en un contexto que hoy parece inimaginable en la región y en el mundo.

Además de haber sido uno de los más cercanos colaboradores, quedó impresa la gestión de aquel gobierno en su persona en el memorable acuerdo que selló la paz con Chile y los primeros pasos del inicio de la integración con Brasil a través del Mercosur.

El Grupo Contadora, que hoy no recordamos y hay generaciones que no lo tienen presente pero que significaba traer y construir la paz en Centroamérica, trabajó por lo que parecía inalcanzable, el Consenso de Cartagena.

Además de la Guerra Fría, en los años ochenta la región soportaba tres pesos enormes sobre sus espaldas: la salida de la dictadura, la deuda y las políticas de integración frente a un mundo global que se avecinaba a pasos agigantados y que producía efectos nocivos ante el multilateralismo que no se desarrollaba en los términos que hoy vemos.

Dante Caputo cumplió un rol más que trascendente creyendo y expresando lo que la administración de ese momento tenía como Norte en su política: defender en paz los intereses de la región y hacer una religión de la no intromisión en la vida de los pueblos latinoamericanos que eligieran sus gobiernos.

Tuvo memorables discursos e intervenciones y también vivió momentos de alta tensión. Su reconocimiento lo llevó posteriormente como jefe de misión de la ONU en Haití, y además fue secretario político de la OEA.

Trabajó incansablemente en el Programa sobre Desarrollo Democrático del PNUD que tanto apoyo trajo a las crisis de la democracia en la región y particularmente en nuestro país.

Fue diputado nacional en dos oportunidades. Era una persona extremadamente rica en lo intelectual, con quien se podía discrepar sobre los límites de la tolerancia y fundamentalmente sobre la visión del mundo que se avecinaba.

Fue un aporte sustancial al pensamiento político de la década del ochenta sobre lo que sucedía en el mundo del cual la Argentina había estado prácticamente alejada a raíz de la dictadura. Por eso quiero recordarlo.

Aun con su enfermedad prolongada, hace poco escribió su último libro titulado Un Péndulo Austral. Hasta no hace mucho tuvo opiniones públicas sobre lo mucho que nos cuesta asumir la relación con el Reino Unido después de Malvinas, buscando siempre innovar en su pensamiento. Asimismo, se preocupó por el saldo pendiente que atraviesa la democracia joven en la Argentina, pudiendo ubicar a la necesidad de los consensos por encima de la coyuntura electoral para poder tener un país con previsibilidad, confianza y reconocido en el mundo. Se preocupó también por que el talento que la educación pública dio durante tantos años a un montón de hijos no fuera el reconocimiento individual sino el capital mayor que tenga un país para seguir creciendo.

Su preocupación central era la construcción de un poder democrático capaz de superar los ciclos de un país que deambula hace décadas en discusiones acerca de si populismo sí o no, si establishment sí o no, como casi dos caras de una misma moneda.

En su libro cita a Max Weber cuando dice: “La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura.” Pasión sobra en la Argentina; mesura es lo que a veces se nos pierde. (Aplausos.)

V

A la memoria de Gabriela González Gass

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Suárez Lastra, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Suárez Lastra.- Señor presidente: debí haber tomado la precaución de escribir mi discurso, como lo hizo el diputado Moreau, quien compartió conmigo la amistad con Gabriela González Gass.

Trataré que no me gane la intimidad de los recuerdos personales para poder ser preciso en el contenido político de este homenaje.

Gabriela González Gass falleció hace diez años, el 28 de junio de 2008, luego de un período de nueve meses de convalecencia sin sentido a raíz de un ACV. Me pareció oportuno este homenaje porque tuvo ese episodio precisamente en una mesa durante un debate convocado por la Fundación Hannah Arendt donde dirigentes de distintas fuerzas políticas discutían acerca de los avances que en la conquista de derechos había significado la nueva legislación de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento y en esa situación se empezó a ir Gabriela González Gass, lo cual es muy indicativo de su vida, una vida de reflexión, de estudio, de abocarse a los problemas y de compartirlos con los distintos militantes de la política.

Yo la conocí a los dieciocho años, en la época de la lucha contra la dictadura. Tuvo un papel importante, de los más valientes. En su casa de Palermo, ella dio refugio a un dirigente radical perseguido y amenazado de muerte, como fue Mario Abel Amaya. En la misma casa dio también refugio a la viuda de Karakachoff, en momentos en que estaba siendo amenazada después de que su marido había sido vilmente asesinado durante la dictadura. Esa valentía de los pocos en la lucha contra la dictadura se transformó en inteligencia cuando a los muchos nos tocó reconstruir la democracia. Fue una activa participante del proceso de reconstrucción democrática del que nos tocó formar parte a muy temprana edad.

Compartimos un Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con poco más de treinta años. Ahí ella se destacó, tuvo una intensa representación como concejal, fue secretaria de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue diputada nacional y ocupó todos los planos de la autoridad partidaria del radicalismo.

No quiero perder un minuto en destacar estas cosas, porque sobre todo quiero resaltar los dos aportes centrales que en mi opinión ella hizo como contemporánea nuestra. Seguramente muchos de ustedes la han conocido y han trabajado con ella.

Tuvo centralidad no solo en la lucha por la ampliación de los derechos de las mujeres, no solo para incorporar la mirada del feminismo en el radicalismo y para impulsar a las mujeres a la lucha por sus derechos, sino que tuvo una activa participación en convencernos a los hombres de lo mucho que aportaba la perspectiva de la mujer en el conjunto de las políticas públicas y en la mirada que debemos tener sobre los problemas de los argentinos.

Soy un privilegiado por haber tenido largas conversaciones e intercambios de lectura donde Gabriela nos enseñaba cuánto se enriquece la capacidad de solucionar los problemas de nuestro pueblo si le damos lugar a la impronta femenina, que agrega valor al razonamiento sobre nuestros propios problemas.

Otro aspecto en el cual Gabriela tuvo un aporte determinante ‑y que quisiera decirlo en este Congreso a modo de un reconocimiento muy particular hacia ella‑ tiene que ver con la concepción de la autonomía para la Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces los avances institucionales son producto de la demanda popular. En otras ocasiones, son una elaboración política de la vanguardia.

La ciudad de Buenos Aires reclamaba elegir en forma directa a su jefe de gobierno o intendente, no autonomía. Tampoco reclamaba una reforma institucional o la modernización de la forma de representación; esto lo hicimos unos pocos que habíamos tenido experiencia de gobierno.

Gabriela González Gass fue desde el radicalismo el puntal principal, como lo fueron desde el peronismo Jorge Argüello y Eduardo Valdés, para convencer a los representantes de los demás partidos de que había que introducir un cambio profundo en el régimen institucional de la ciudad de Buenos Aires. Por eso me parece justo recordar en este homenaje que Gabriela González Gass fue una protagonista fundamental en este proceso.

Hechas estas consideraciones, quiero volcarme a un aspecto más personal. Todos sabemos que cuando muere una persona pública, en su funeral se hacen discursos. Por una cuestión muy extraña –que no sabría explicar‑, en su entierro faltaron las palabras. Había cientos de amigos y dirigentes políticos de todas las fuerzas, pero no se pronunció palabra alguna en el momento de su despedida. Fue por eso que en aquella ocasión escribí una carta en la que decía que cuando necesitáramos inteligencia, empeño, dignidad y convicción, íbamos a invocar a Gabriela González Gass.

Días atrás, durante la sesión anterior –en la que avanzamos en la ampliación de derechos para las mujeres‑, cuando la señora diputada Silvia Lospennato pronunció su discurso y fue aplaudida de pie por mujeres de todos los partidos y por algunos colegas, no pude menos que recordar con mucha alegría a Gabriela González Gass, ya que ella también, desde donde estuviera, era protagonista de ese triunfo.

Por esta razón, en su homenaje no solo debemos reconocer lo que hizo, sino que además tenemos que comprometernos a que su contracción al trabajo, su empeño, su militancia y su dignidad nos sirvan e inspiren a quienes, como políticos, trabajamos para nuestro país. (Aplausos.)

VI

A la memoria de don José Gervasio Artigas

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Solanas, por Entre Ríos.

Sr. Solanas.- Señor presidente: en primer lugar, reivindico que el Congreso de la Nación haya sancionado un proyecto de ley cuyo artículo 1° dice: “Institúyese el 29 de junio de cada año como Día de la 1ra. Declaración Independentista de toda dominación extranjera en nuestro territorio, en conmemoración a la Asamblea de Diputados del ‘Congreso de Oriente del 29 de Junio de 1815’ celebrada en la actual Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.”

Si bien esta iniciativa pasó al Senado pero no se materializó en una ley, vale la pena destacar que el Congreso ameritó este proyecto por el que se reconocen los hechos ocurridos el 29 de junio de 1815.

Aprovecho la ocasión para rendir homenaje al exdiputado Daniel Tomas, quien en su momento me dijo que no conocía esa parte de la historia y que se había enterado de ella a partir de las exposiciones de algunos compañeros reivindicando aquel acontecimiento no reconocido por la historia argentina.

De todas maneras, puedo decir que hemos avanzado. Hace poco mi nieto, que asiste a una escuela pública de la Capital Federal, me recitó un poema cuyo protagonista esencial es José Gervasio Artigas. Es decir que en las escuelas públicas se instauró la posibilidad de transmitir a los jóvenes esta historia no contada.

Esta es una reivindicación a un libertario, a un hombre profundamente revolucionario que declaró en Villa del Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay, el primer Congreso de Oriente, también conocido como Liga de los Pueblos Libres, y que dio el primer espaldarazo al grupo libertario independentista y emancipador.

Algo que inspiró a Artigas fue la Asamblea del Año XIII, en la que se logró la reforma agraria y se concedió a negros y mulatos parte de la tierra para trabajarla. Saboreó la abolición del yanaconazgo, que era parte de la construcción de la esclavitud en esta región.

Testimonio de ello es que las provincias de Entre Ríos, Corrientes, la Banda Oriental –sin Montevideo‑, Santa Fe y Córdoba declararon la independencia antes del 9 de julio de 1816. Existen datos concretos de que Artigas, cuando es invitado, manifiesta que la independencia había sido declarada por dichas provincias un año antes en la Liga de los Pueblos Libres en la actual Concepción del Uruguay.

Queremos reivindicar ese hecho histórico y, obviamente, también la concepción federal. Aquel Congreso sesionó con la bandera azul y blanca cruzada por una banda roja, que mostraba la clara concepción de defender el federalismo en estas tierras.

Esta historia no contada es muy reivindicada en toda la Mesopotamia. En este recinto hay correntinos, cordobeses, santafesinos y entrerrianos, quienes seguramente recordarán que en las plazas de sus provincias luce la figura de Artigas como un libertario, como un hombre que construyó en libertad los derechos de los hombres.

Un hecho significativo es el sitio de Montevideo; quince mil personas entre gauchos y negros, mujeres y varones, reivindicaron en el campamento de allí el Protectorado de José Gervasio Artigas. Lo hicieron con la convicción de que estaban ganando derechos, fundamentalmente en contra de la oligarquía y de los terratenientes de la época.

Por las razones expuestas, agradezco a este cuerpo la posibilidad de rendir homenaje a José Gervasio Artigas: libertador latinoamericano y, fundamentalmente, emancipador de los pueblos libres. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- Con las palabras vertidas por los señores diputados, quedan rendidos los homenajes de la Honorable Cámara.

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cuestión de privilegio

Sr. Presidente (Gioja).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.

Sra. Del Plá.- Señor presidente: planteo esta cuestión de privilegio porque en mi doble rol de diputada nacional y de docente de la provincia de Buenos Aires, creo que la docencia de todo el país sufre un serio agravio.

Ayer, CTERA llevó adelante un paro nacional en repudio a la represión sufrida por los docentes de la provincia del Chubut. Quiero ser muy clara: desde hace más de dos meses, estos docentes forman parte de un enorme proceso de lucha del que también participan los trabajadores estatales.

En lo que va del año, los docentes del Chubut sufrieron cinco episodios represivos por intentar defender no solo sus salarios de la confiscación sino también una paritaria que ya fue anulada a nivel nacional. Por llevar adelante su lucha fueron víctimas de represiones, de persecuciones y de la amenaza de que la educación sea declarada servicio esencial, situación que bloquearía definitivamente el derecho de huelga.

Asimismo, hoy fueron amenazados con que la negociación salarial sea resuelta, en lugar de con un debate entre las partes implicadas, con un “decretazo”. ¿Para imponer qué? A lo sumo, un aumento que, dibujado entre diversas cifras, puede llegar como mucho a 1.200 o 1.300 pesos.

Esto es una verdadera vergüenza, máxime si consideramos el contexto: la devaluación monetaria es feroz y la depreciación de los salarios, imparable. Mientras tanto, siguen garantizándose “supernegocios” a los capitales especulativos; pensemos, por ejemplo, en el reciente incremento de la tasa de interés. Se advierte un enorme contraste en el trato a los docentes y a los trabajadores, como los trescientos cincuenta y siete empleados de Télam que fueron despedidos, los que trabajaban en Vialidad e incluso quienes se desempeñan en la industria del neumático que están enfrentando un virtual lockout patronal de la empresa Fate mientras el Ministerio de Trabajo ni abre sus puertas. También me refiero a los trabajadores rurales, a quienes recibimos en la Comisión de Legislación del Trabajo y a los que se desempeñan en la industria del tabaco, a los que pretenden quitar una parte de un mísero subsidio de 2.300 pesos.

Estamos viviendo el contraste entre los acuerdos del FMI, los beneficios a los especuladores internacionales que fugan capitales, y la situación de los trabajadores y docentes, tanto de la provincia de Chubut como de todo el país.

Finalmente, debo decir que es necesario terminar con los agravios a la población. Para los docentes de todo el país, la respuesta debe ser la apertura de la paritaria nacional y el debate de cómo terminar con el vaciamiento general de la infraestructura y todo el sistema educativo público. En relación con los docentes de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal debe dejar de estirar las cosas y convocar a paritarias, cosa que no hace desde hace más de dos meses y nos tiene con salarios congelados desde septiembre de 2017. Debemos terminar con el vaciamiento y el ataque.

No quiero olvidarme de mencionar a los equipos de orientación escolar de la provincia de Buenos Aires que pretenden ralear hasta eliminar, y a los trabajadores, docentes y las comunidades educativas de las escuelas técnicas, a las que intentan modificar su diseño curricular para seguir vaciándolas.

Necesitamos el presupuesto y el aumento salarial de inmediato; el nombramiento de los cargos y los jardines de infantes prometidos. Esta es la situación que hoy está agraviando enormemente a los docentes y a la población trabajadora de todo el país. Estamos frente a dos alternativas claras: seguir beneficiando a los especuladores internacionales, al FMI, a los banqueros y a las patronales, y ajustar a los trabajadores, o imponer nuestro propio plan económico de salida. En este punto, es claro que debemos terminar con la fuga de capitales mediante la nacionalización de la banca y del comercio exterior, y los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, a través del no pago de la deuda externa. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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cuestión de privilegio

Sr. Presidente (Gioja).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado Moyano, por Buenos Aires.

Sr. Moyano.- Señor presidente: esta cuestión de privilegio la formulo en contra del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.

Posiblemente no la estaría planteando si dicho funcionario se hubiese presentado en la reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión. Evidentemente, tuvo que hablar con algunas radios, porque lo escuchamos mientras se realizaba dicha reunión en la que recibimos a los trescientos cincuenta y siete trabajadores despedidos de la empresa Télam, quienes nos plantearon su preocupación y nos manifestaron que no encuentran justificación alguna ni argumento válido para entender cuál es el diseño de la Agencia Nacional de Noticias Télam. Estamos hablando de trabajadores que han sido despedidos y se encontraban con licencia por enfermedad, con más de quince y veinte años de antigüedad, matrimonios que se encontraban haciendo uso de sus vacaciones legales y otros con hijos discapacitados.

Lo poco que pudimos escuchar de algunos funcionarios y del jefe de Gabinete de Ministros es el argumento de la ideologización en el sentido de que el tema estaba politizado. Este es un argumento que seguiremos escuchando porque frente a las medidas que se toman en contra de los trabajadores y de los sectores vulnerables solo encontramos la justificación política de la grieta. No hay ninguna otra explicación.

Por lo tanto, advierto que en este conflicto quedan evidenciadas dos situaciones. La primera es la falta de respeto a las instituciones y al diálogo, que fueron postulados base de la propuesta del gobierno. Aclaro que los trabajadores se encontraron con el dinero de sus indemnizaciones en los bancos, sin haber recibido telegrama alguno o medio fehaciente de comunicación de la desvinculación. No respetaron instancia alguna de mediación; avasallaron el derecho colectivo, la libertad de expresión y el derecho de la participación política de los trabajadores.

Me pregunto qué habría pasado si los trescientos cincuenta y siete trabajadores de Télam que fueron despedidos hubieran pertenecido al espacio Cambiemos. ¿Se hubiera realizado esta masacre de los trescientos cincuenta y siete despidos?

La otra situación que queda en evidencia es que esta problemática no puede ser analizada de manera aislada. Evidentemente, esto tiene que ver con una política de gobierno. Aclaremos que en lo que va del año hubo 95.000 despidos, sumados a los del año 2016 en el que se produjo un efecto rebote. Recortan el Estado, sin tener en cuenta que la actividad privada tampoco está generando trabajo en otras dependencias, tal como ocurrió en el INTI. Evidentemente, el empleo privado también está decayendo.

El año pasado votamos el presupuesto en el marco de una inflación del 10 por ciento mientras que el Banco Central proyectó un 30 por ciento, y consultoras privadas estimaron que sería del 35 por ciento para 2018. Recordemos que la mayoría de los acuerdos paritarios fueron de un 15 por ciento y el ministro de Producción está reconociendo que deberán reabrirse.

Más allá de la intención de silenciar u ocultar este reclamo colectivo y jugar con los medios de comunicación alineados con el gobierno para tapar el justo reclamo de los trabajadores, muchos diputados, dirigentes sociales y gremiales llevaremos su voz para hacerlo escuchar. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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cuestión de privilegio

Sr. Presidente (Gioja).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada Passo, por Buenos Aires.

Sra. Passo.- Señor presidente: planteo esta cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y lo hago desde la bronca de reiterar lo que señalé el año pasado ante la barbaridad del veto al corazón de la ley de fomento a la industria naval nacional.

Todos sabemos que en la vida, en la política y en las instituciones pueden tomarse distintos caminos: hacer o no hacer, optar por el camino de la acción o de la inacción, pero lo que no se puede es evitar las consecuencias de la decisión tomada. Lamentablemente, el presidente Macri optó por el camino del desprecio hacia la industria naval nacional, y esa decisión sigue cobrando vidas y provocando el dolor de muchas familias.

Hoy planteo esta cuestión de privilegio desde el dolor que sentimos por la nueva tragedia acontecida recientemente a raíz del hundimiento del barco pesquero “Rigel”. Este hecho ha provocado dolor y muerte en un sector que se encuentra postergado y que fuera floreciente en épocas del general Juan Domingo Perón, a quien homenajeamos en este día.

Este sector nuevamente se tiñe de dolor ante la ausencia de un gobierno que deja a las víctimas sin respuestas frente a tantas preguntas. Además, nos dejan sin norte, sin expectativas de brindar soluciones frente a las formas que está adoptando este gobierno, profundizando su desprecio por todo el sector productivo nacional, al que no es ajena la industria naval. Ese desprecio impacta directamente sobre la seguridad de los trabajadores que se aventuran al mar para buscar el sustento de sus hogares. También afecta al propio Estado en sus entrañas y a sus herramientas de defensa. Hoy, el Estado nacional tiene una gran pregunta sin respuestas: ¿dónde está y qué pasó con el submarino ARA San Juan?

Lo que sí es verdad, y hay que decirlo, es que la situación del sector está mal desde hace muchísimos años. Este no es un problema del gobierno actual solamente. Tenemos embarcaciones obsoletas y las estadísticas ponen a nuestro país en un nivel de siniestralidad altísimo en relación con otros países. Está claro que el problema no es de ahora, pero estoy segura de que el Poder Ejecutivo nacional no tiene ninguna intención de mejorar esta situación de cara al futuro.

En ese sentido, me remito a la sanción de la ley de fomento a la industria naval, que contó con unanimidad en el Senado y con una amplia mayoría en Diputados. Luego de años y años de debate para tratar de lograr el consenso, nos encontramos con que el presidente la vetó de un plumazo, contradiciendo incluso la voluntad de los propios legisladores de Cambiemos.

Frente a este escenario, yo también me hago una pregunta: ¿qué les decimos a los familiares de las víctimas de los barcos hundidos, a los familiares de los desaparecidos del ARA San Juan? ¿Les diremos que vamos a seguir impulsando leyes que protejan el sector pero que no podemos darles garantía de que el presidente no las vete? El Estado en su conjunto debe trazar una estrategia de prevención y de planificación futura para que no haya un solo hundimiento más en la Argentina.

Para eso también están las leyes, pero lo cierto es que es muy difícil sancionarlas con estas reglas de juego. Entiendo que el veto es una facultad del presidente de la Nación, pero debemos estar alertas y tener cuidado de que el veto ‑y el DNU‑ no se vuelva moneda corriente en la gestión. En su afán de destruir la sana política, la que busca el consenso, la propuesta y el bien común, pareciera que al presidente le da lo mismo un jubilado que se muere de frío por no poder pagar las tarifas ‑porque es más importante el veto‑, un pescador que muere en el mar o un submarinista que desaparece.

Brindo mi solidaridad a los familiares de las víctimas, que sufren las consecuencias de la falta de políticas que por lo menos les generen en el futuro la esperanza de saber que lo que les pasó a ellos no volverá a sucederle a nadie. Vaya nuestro compromiso inclaudicable para seguir trabajando en el fomento de leyes que protejan tanto a este sector como a todo el sector productivo nacional.

Asimismo, solicitamos al presidente Mauricio Macri que tenga sensibilidad social y comience a cambiar este modelo que lo único que ha traído al país es dolor, sufrimiento y fracaso.

Sr. Presidente (Gioja).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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cuestión DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente (Gioja).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada Ferreyra, por Corrientes.

Sra. Ferreyra.- Señor presidente: en primer lugar, quiero adherir al planteo formulado por la señora diputada preopinante.

Hemos estado en Mar del Plata con los familiares de los marinos que se hundieron en el Repunte y el Rigel. Veinte días después de sancionar las leyes que mencionó la señora diputada –a las que se suma un veto producto de esta política de ajuste‑ otra vez tuvimos que ir a hacernos cargo del dolor de los familiares y de la inacción del Estado provincial, municipal y nacional que no los asiste en estos momentos de dolor. Ni hablar de que se acaba de detectar el lugar en el que se hundió el barco Rigel, pero no van a rescatar los cuerpos, sino que solo cumplirán con las formalidades para que se puedan cobrar los seguros marítimos.

Denunciamos que esto está sucediendo porque hay un Estado que no cumple con sus funciones.

Por otro lado, quiero plantear una cuestión de privilegio por la falta de cumplimiento de la ley de promoción de la industria naval, sancionada con un amplio consenso en este Parlamento. Sin embargo, el ministro Aguad resolvió no cumplir con lo que esta Cámara sancionó. El artículo 15 de la ley establece que para todo aquello relacionado con embarcaciones los astilleros nacionales deben tener prioridad. ¿Qué hizo el señor Aguad, con un decreto secreto, al igual que cuando permitió el ingreso de tropas norteamericanas, sin la autorización de este Congreso y con el cuento de que eran para intercambio humanitario y de educación? Debió haber remitido las comunicaciones dentro de los quince días, pero Aguad cree que nosotros estamos pintados y que la casa de la democracia no sirve. De la misma manera procedió en mi provincia. ¿Qué hizo Aguad? En lugar de incluir al astillero Tandanor, que es del Estado, y al astillero Río Santiago, para un proyecto que implica 1.200 puestos de trabajo, permitió que mediante un decreto secreto se compraran cuatro patrulleros en Francia, con tecnología para la cual tendremos que generar dependencia durante muchos años. Y como era todo secreto, nos enteramos de casualidad a través de una revista militar especializada en estos temas y de un comentario publicado en el diario Clarín.

Estos temas deben discutirse en el Congreso de la Nación, sobre todo, la prohibición de contratar directamente con empresas extranjeras cuando se puede producir localmente.

Estamos hablando de 324 millones de dólares que por un decreto secreto de Aguad generará 1.200 puestos de trabajo a Francia y con sobreprecios porque esas mismas embarcaciones podrían producirse a la mitad de su costo en nuestro país. Cabe señalar –tal como también lo manifestó el señor diputado Moyano‑ que en nuestro país se han perdido ya más de 90.000 empleos.

Pero esto tampoco es casual porque, según comentan los diarios, parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional –que también quieren evitar que sea considerado por este Congreso a pesar de que es su facultad tratar estos acuerdos que toma de modo ilegal y nulo el ministro Dujovne‑, es decir, alrededor de 7.000 millones, es para pagar a Francia. Dígame que es casualidad y que no constituye una de las condicionalidades que pidió Lagarde a Dujovne en aquella cena que, como bien decía el señor diputado Rossi, se llevó a cabo en la mansión que el ministro tiene en un terreno declarado como baldío.

Lo que este gobierno está haciendo es un escándalo. Nos dicen que hay que ajustar y se despide a 350 trabajadores de Telam y a 1.500 trabajadores de otras áreas del Estado el mismo día, pero para estas compras al extranjero, más precisamente a Francia como consecuencia de las condicionalidades del acuerdo con el Fondo, no hay ajuste.

Por otra parte, mientras se hacen estas compras, los familiares del ARA San Juan –usted los fue a visitar, señor presidente, y a manifestarles su solidaridad‑ reclaman la caída de la licitación para continuar con la búsqueda de a quienes nosotros rendimos homenaje como héroes en esta Cámara. Sin embargo, después no somos capaces de generar el marco necesario para su búsqueda. En este caso el señor Aguad sí les dice a los familiares que necesita la licitación, la contratación directa y demás procedimientos administrativos que no cumple para comprar los buques a Francia.

Los familiares están pidiendo que se arbitren los mecanismos necesarios porque la inoperancia del Estado hizo caer la licitación para poner en marcha la búsqueda de los submarinistas, que tiene un costo infinitamente menor que esta compra de barcos, encima alguno usado, a Francia, con la doble vara de que para algunos casos hace falta una licitación y para otros solo es suficiente la compra directa. Pero mientras siguen discutiendo esto, la Policía Metropolitana ya intentó varias veces desalojar a los familiares que lo único que piden es que el ministro cumpla con lo que se comprometió con ellos y con el Parlamento y que de una buena vez deje de dar vueltas y cumpla las leyes de este Parlamento. Pido que no los repriman, que no los desalojen y que se pongan a buscar a las personas que iban en ese submarino, respecto de quienes nosotros dijimos que son héroes de la Patria.

Por eso planteo esta cuestión de privilegio. Solicito a la Comisión de Asuntos Constitucionales que la trate y se adopten los mecanismos necesarios para citar al ministro Aguad, quien está incumpliendo leyes vigentes dictadas por este Congreso. Terminemos con estas licencias cómplices y con este accionar de un ministro que fundió a mi provincia y que, desde su nueva función, está reventando lo que tendría que ser generar trabajo y dignificar a las fuerzas militares. Es más, están comprando rezago de ropa que viene de la época de la guerra del Golfo.

Realmente es un escándalo lo que está pasando. Por eso planteo con mucha vehemencia esta cuestión de privilegio contra el ministro Aguad.

Señor presidente: estoy excedida en el tiempo pero necesito un minuto más para plantear lo siguiente. Como firmante y votante de los proyectos sobre legalización de la interrupción voluntaria del embarazo quiero denunciar que en el día de ayer en la asamblea feminista que se realizaba en la provincia de Mendoza cayó la policía provincial, con Itacas, y mediante amenazas trataron de que no se pudiera ejercer el derecho a reunión. La construcción del consenso necesario para llevar adelante esta iniciativa no puede ser estorbada a fuerza de botas, Itacas y amenazas.

El gobierno de la provincia de Mendoza debe hacerse cargo de eso y sancionar a los que tuvieron ese accionar. Queremos expresar nuestra solidaridad con esas mujeres y decirles que las hogueras ya no pueden quemarnos. Hemos aprendido a pelear por nuestros derechos y no nos van a detener con nada, ni con botas ni con Itacas. Reitero nuestra solidaridad para con esas mujeres mendocinas que fueron agredidas. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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cuestión de privilegio

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Llanos Massa, por Chubut.

Sra. Llanos Massa.- Señor presidente: me voy a referir a mi provincia, Chubut, que está padeciendo un problema muy importante en materia de energía.

El tema energético es primordial para nosotros, ya que en nuestra provincia las temperaturas son muy bajas y hoy no tenemos el combustible ni la energía adecuada para cada pueblito. Están sufriendo las madres cuyos hijos necesitan vacunas y las personas diabéticas, quienes nos piden que nosotros, como diputados, nos pongamos a trabajar en este tema y acompañemos a los intendentes.

Realmente es grave la situación que padece Chubut y la mirada que se está teniendo. Nosotros debemos trabajar para los puertos de Chubut y de toda la Patagonia, porque esta última también es parte de la Argentina. No queremos recortes. Queremos ser escuchados y que dentro de una política de transformación también se contemple el tema energético.

El único gobernador que trabajó muy fuerte en la provincia de Chubut fue Mario Das Neves, quien llevó a todos esos pueblitos los transformadores que hoy no están trabajando. Al quitarlos, nos quedamos sin energía. Debemos conservar esa línea de trabajo en unidad.

Quiero aprovechar esta oportunidad para solidarizarme con los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Estuve en la plaza con ellos, y realmente me da vergüenza que se tengan que encadenar para que no se d{e por terminada la búsqueda de sus familiares. Sería importantísimo que los diputados en su conjunto sigamos trabajando en este tema, que se pueda continuar con la búsqueda y que los sigamos acompañando.

Por otro lado, se está hablando de quitar los beneficios a toda la Patagonia. Chubut es parte de la Argentina, al igual que toda la Patagonia. Esta última dio sus frutos durante muchos años, aunque hoy no los tenemos. Ya el ex presidente Yrigoyen dijo en su discurso que buscando agua encontraron petróleo en la Patagonia. Por eso, queremos que hoy también se tenga presente a la Patagonia.

Pongámonos una mano en el corazón, pensemos que la Patagonia también existe y no le hagamos ningún recorte.

Sr. Presidente (Gioja).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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cuestión de privilegio

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Horne, por Río Negro.

Sra. Horne.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo nacional y el ministro de Comunicaciones, Hernán Lombardi, por haber violentado la división de poderes y sobrepasado sus facultades al proceder al desguace la agencia Télam.

El presupuesto 2018 fue votado en diciembre del año pasado, cuando Lombardi ya era ministro desde hacía más de dos años. Ese presupuesto incluía el desempeño de Télam como agencia oficial con sus 357 trabajadores, hoy despedidos, y también los trabajadores despedidos respecto de los cuales la Justicia está exigiendo su reincorporación por tamaña ilegalidad.

A esta cuestión de privilegio quiero sumar la denuncia por persecución ideológica en los propios dichos de los funcionarios de Télam y del propio ministro, porque la discriminación está prohibida. No se puede despedir trabajadores por cuestiones ideológicas. No solo lo prescribe así nuestra Constitución sino también la OIT y los acuerdos que tenemos signados como Nación.

Hemos presentado un proyecto de resolución por el que pedimos el tratamiento de este tema y la reincorporación de los despedidos. También solicitamos que el ministro Lombardi, que ayer nos dejó esperando, explique al Congreso cómo está manejando o qué quiere hacer con la agencia oficial de noticias Télam.

Todos sabemos que no se trató de una reestructuración administrativa sino que el hecho tuvo una connotación ideológica, y eso no se puede hacer. Los argumentos que han dado con respecto a la profesionalización son desmentidos por la propia realidad, ya que no hubo una evaluación ni una planificación ni una proyección de lo que se quería. Además, no hay reestructuración posible que deje en la calle al 40 por ciento de la planta funcional.

Quiero decir que esto, además de ser una afrenta en perjuicio de los trabajadores ‑porque es el ajuste más despiadado que se pueda concebir‑, es también una afrenta contra la democracia. El desguace de Télam es solamente una medida en beneficio de las empresas privadas de comunicación. Nuevamente vuelven a cercenar voces y dejan solamente en manos de los medios hegemónicos la comunicación y la información pública.

Por todo lo expuesto es que planteo esta cuestión de privilegio, y espero que la Comisión de Asuntos Constitucionales la trate y no solamente la archive. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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cuestión de privilegio

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Moreau, por Buenos Aires.

Sra. Moreau.- Señor presidente: la verdad es que no teníamos pensado plantear una cuestión de privilegio porque hace unos días hemos solicitado a la Comisión de Legislación Penal ‑por nota, según lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento‑ y a los presidentes de distintos bloques que traten el proyecto del señor diputado Solá que establece que los condenados por genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no podrán ser beneficiados con detención domiciliaria, libertad condicional o similares.

Esta cuestión de privilegio no solo está dirigida al ministro de Justicia sino también al jefe de Gabinete.

Mucho más de treinta años tuvieron que pasar para que los familiares de Mario Amaya y del doctor Hipólito Solari Yrigoyen pudieran obtener justicia. Jorge Steding recién fue condenado en 2015, y casi tres años después se ve beneficiado por una medida impropia para su situación procesal.

Están amoldando las leyes, e indudablemente lo hacen con el beneplácito de un sector de la Justicia. Son los mismos sectores que hace unos meses se reunieron en el Ministerio de Justicia junto con el ministro Garavano y las autoridades del Servicio Penitenciario -reunión que además se hizo pública- para confeccionar un listado de internos en supuestas condiciones de ser liberados.

Mientras esperamos que el tiempo nos dé definitivamente justicia y verdad, hace unos días la Cámara de Casación Penal dispuso la prisión domiciliaria para este genocida.

Este fallo, además, contiene un plus que no es menor. Sinceramente, lo que se plantea en ese plus –y es lo que también nos debe alertar- es que acepta el beneficio de la prisión domiciliaria por el solo hecho de que la persona tiene más de setenta años. De acá en más, si esto queda sentado como precedente, no será necesario ningún elemento adicional ni tampoco importará el delito por el que se dictó la condena.

Hace unos meses, desde este bloque denunciamos la intención del Poder Ejecutivo de liberar a los genocidas. Advertimos lo peligroso que resultaba que desde el Ministerio de Justicia se instaurara la teoría de hacer lugar en las cárceles abriéndoles las puertas a los condenados. La diputada Camaño mostró en una conferencia de prensa el listado que se elaboró y allí figuraba Steding. Se lo planteamos al jefe de Gabinete, quien nos trató de mentirosos. ¿Pero saben qué? Una vez más demostró que el mentiroso es él.

Lamentablemente, no nos alegra tener razón. Seguimos pensando –y así lo pedimos- que el único lugar para los genocidas es la cárcel. Buscan evadir la Justicia, gozan de plena salud y, además, no han mostrado ningún signo de arrepentimiento.

¡Que nos digan dónde están los cuerpos de los desaparecidos! ¡Que nos digan dónde están los nietos que todavía buscan las Abuelas! En eso debería concentrar sus esfuerzos la Justicia argentina.

Lo que estamos reclamando, señor presidente, no tiene que ver con un beneficio penal. Aquí hay un perdón encubierto. Es un nuevo retroceso en materia de política de derechos humanos que apunta a borrar la historia de nuestro país y a ocultar el horror. Estamos convencidos de que buscan cambiar el eje de la memoria, de la verdad y de la justicia que el pueblo argentino construyó durante más de treinta años.

La indiferencia y el desprecio hacia los derechos humanos dañan los valores que nos permitieron recuperar la democracia.

Mario Amaya era radical, abogado y docente, defensor de los trabajadores y de los sindicatos. Dedicó la mayor parte de su vida a defender a presos políticos, sin importar su procedencia partidaria.

Su amigo Agustín Tosco dijo que Mario Amaya podía sintetizarse en la palabra solidaridad, por encima de las diferencias.

El periplo de su muerte, su tortura, su horror y la desidia no pueden quedar impunes.

- Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, doctora Cornelia Schmidt Liermann.

Sra. Moreau.- Hace pocas horas también nos enteramos de que liberaron al apropiador de nuestro colega Juan Cabandié, quien nació en la ESMA, en la misma mesa donde también nació Victoria.

Juan, Hipólito Solari Yrigoyen y Victoria reconstruyeron su vida y pudieron formar una familia, porque la democracia les dio las herramientas para hacerlo.

Señora presidenta: no podemos permitir que, mientras caminen por la calle con sus hijos, se crucen con sus verdugos y estos los miren con sonrisas burlonas. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Igon, por Chubut.

Sr. Igon.- Señor presidente: no soy de plantear cuestiones de privilegio, pero considero que, más que grave, ha sido peligroso lo que ha dicho la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por eso presento esta cuestión contra ella y contra el Poder Ejecutivo nacional.

Hace unos días, en un canal de televisión, la ministra manifestó que cinco ministros de la provincia del Chubut habían sido secuestrados por los docentes en la paritaria. Se trata de uno de los delirios más grandes que he escuchado. Esto no solo fue desmentido automáticamente por los ministros en cuestión, sino que están los videos que muestran que, al entrar a la paritaria docente, era la misma policía la que, por orden del ministro de Gobierno de la provincia del Chubut, Federico Massoni, ponía candado a las puertas.

Al margen de cómo se va resolviendo el problema en Chubut, me parece que este tipo de comentarios que hace la ministra no solo ofende a los chubutenses en general sino que además le hace un gran daño al gobierno de nuestra provincia, y si bien soy opositor, no permitiré que una ministra, con total irresponsabilidad en sus dichos, termine dañándolo.

La verdad es que en un momento de gran conflicto social, la ministra no solo dice que secuestraron a cinco ministros sino que, además, el mismo día en que se produjo un tumulto en el que lamentablemente falleció un comisario, afirmó que los gremios decían “Déjenlo, déjenlo, que no tiene nada”, cuando las filmaciones muestran cómo los manifestantes y la policía lo retiraban juntos. Fueron ellos quienes permitieron que rápidamente accedieran a retirarlo.

No entiendo cuál es la intención de la ministra, y si bien lo sospecho, me lo voy a guardar para mí.

Lo que quiero decir es que cada vez que la ministra Bullrich intervino con algún dicho o con alguna acción en la Patagonia, y específicamente en la provincia del Chubut, las consecuencias fueron nefastas. Los chubutenses necesitamos que por un ratito la ministra trate de entender la situación que se está viviendo, y en vez de que intervenga la ministra de Seguridad, necesitamos que lo haga el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Queremos que se haga presente y que ayude a resolver los conflictos que en este momento tenemos en la provincia.

Necesitamos que el gobierno nacional intervenga para aportar los recursos que permitan solucionar un conflicto que lleva más de 70 días de paro y 105 días de acampes.

Entonces, la cuestión de privilegio está dirigida contra la ministra de Seguridad, pidiéndole que por favor se abstenga de seguir diciendo este tipo de cosas, porque no solamente afecta a todos los chubutenses sino también al gobierno de mi provincia. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Ciampini, por Neuquén.

Sr. Ciampini.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio contra el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad -ANADIS-, licenciado Javier Ureta Sáenz Peña.

Esto viene en consonancia con una actitud que ha tomado él hace aproximadamente dos semanas y otras que tuvo a partir de que asumió su gestión hace menos de un año.

El día 10 de mayo se envió la citación al entonces director de la Agencia Nacional para que asistiera el día 23 de mayo a esta Cámara a brindar informes verbales respecto de las políticas públicas para las personas con discapacidad, la situación de los despidos de la Agencia y el estado de las pensiones y sus demoras. Todo esto fue discutido dentro de la comisión y teníamos varios informes de distintos organismos que indicaban que no se venía cumpliendo desde la creación de esta nueva Agencia.

El 22 de mayo, por nota firmada por el licenciado Alejandro Persano, que sería el subdirector de la ANADIS, se informó la renuncia al cargo del director ejecutivo de dicha institución ANADIS, el señor Urreta Sáenz Peña, efectiva a partir del día 21, dos días antes de que viniera a la comisión. En consecuencia, el señor Urreta Sáenz Peña no iba a asistir porque había renunciado en virtud de que tenía desafíos personales a llevar a cabo en el exterior.

Voy a repetir palabras textuales de él. Dice: “He sido beneficiado de una beca por parte de la Universidad de California, Santa Bárbara, para hacer un máster. Es por eso que vengo a presentarle mi renuncia.”

Es una irresponsabilidad que realmente no tiene nombre hacia la gestión por la que estaba comprometido en una agencia nueva, para llevar adelante no sé qué cambios porque la CONADIS funcionaba perfectamente. El señor renuncia porque ha sido beneficiado para llevar adelante desafíos profesionales propios.

Es un funcionario que pusieron ustedes, los oficialistas, para llevar adelante una transformación positiva en cuanto al tratamiento de las personas con discapacidad.

Seguimos con las irregularidades: el día 23 de mayo recibo en mi casilla de correos la nota que comunica la renuncia, pero no está dirigida a mí como presidente de la comisión sino al diputado Alberto Ciampini. Yo me entero de esto el día 23 de mayo, el día de la reunión, y no mandaron la notificación de la renuncia a la Secretaría de la comisión para que informara a todos los señores diputados que la integran.

El día 21 de mayo se envía el informe 110 del jefe de Gabinete Marcos Peña. Habíamos hecho una serie de preguntas respecto a las irregularidades que tenía la Agencia. Una de las preguntas era quién estaba a cargo del organismo e informaron que esta responsabilidad recaía en el señor Urreta Sáenz Peña, cuando ya había presentado la renuncia. El mismo jefe de Gabinete informó sobre esta situación.

Se rumoreaba que él había presentado la renuncia un mes antes en la Agencia después de haber despedido a más de setenta personas y de no haber atendido bajo ningún aspecto esta situación.

Quiero denunciar esta irresponsabilidad en primer lugar por la situación que se presentó con la comisión, y también porque la política que está llevando adelante la Agencia es de recorte en la entrega de pensiones para personas con discapacidad.

Esto es gravísimo porque no estamos dando respuesta a uno de los sectores sociales que más asistencia necesita. Quiero rematar todo esto con un planteo hacia el oficialismo. Hoy se realizó la tercera reunión de la comisión y el oficialismo no dio quórum. Entonces, hay una política encubierta del oficialismo hacia el sector de las personas con discapacidad, lo cual quiero denunciar abiertamente porque no es posible que se esté trabajando con expedientes, con proyectos de ley, con proyectos que tienen sanción del Senado y todo esté frenado en la comisión por esta irresponsabilidad hacia el tratamiento de temas vinculados con las personas con discapacidad. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- La cuestión planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra el señor diputado Moreau, por Buenos Aires.

Sr. Moreau.- Señora presidenta: en ocasión de la citación al ministro Lombardi en el día de ayer, que llevó adelante la Presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo, que tuvo la amabilidad o el gesto político de invitar al presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática y a quien habla, como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, inusitadamente –incluso hoy lo señalan algunos medios de comunicación- se produjo unas horas antes un despliegue de un operativo de seguridad que excedía toda lógica. Esto es así porque no estaba orientado a controlar los ingresos al edificio Anexo de esta Cámara -como ocurre habitualmente- ni tampoco se realizó en el piso en el que funcionaba la sala de sesiones. Por el contrario, se desplegó todo un operativo en los pisos inferiores del Anexo C, con profusa presencia del personal de seguridad de esta Cámara, y pedían a los empleados de nuestros despachos, que por supuesto iban y venían por su labor cotidiana, que se identificaran permanentemente para poder transitar por los pasillos del primer piso.

No es la primera vez que el personal de seguridad de la Cámara actúa como si fuera la policía del Poder Ejecutivo nacional cuando asiste un funcionario. Es más, se le negaba el ingreso a un señor diputado mandato cumplido, ampliamente conocido por todos nosotros y obviamente por quienes actuaban en ese momento, el señor Pitrola. Además, el encargado del operativo me mintió en la cara porque dijo que era por disposición del presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, quien después en la reunión aclaró que él no tenía ninguna responsabilidad sobre el operativo de seguridad.

Yo no quiero que a esta Cámara se traslade el clima de época. Esta Cámara no es conducida por Patricia Bullrich. Acá tiene que haber un respeto por todos los diputados, que incluso están en igualdad de condiciones con el propio presidente de la Cámara en lo que respecta al funcionamiento del cuerpo.

Por lo tanto, planteo esta cuestión de privilegio y espero que se tomen las medidas administrativas adecuadas para que no se repitan episodios restrictivos de esta naturaleza en el ámbito de la Cámara de Diputados, porque no estamos acá para que el personal de seguridad despliegue operativos especiales cuando viene un funcionario del Poder Ejecutivo. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- La cuestión planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra el señor diputado Tailhade, por Buenos Aires.

Sr. Tailhade.- Señora presidenta: quiero plantear una cuestión de privilegio contra el juez Luis Rodríguez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, que tiene a su cargo la causa por la que se encuentra detenido el diputado miembro de nuestro bloque, compañero Julio De Vido.

El doctor Luis Rodríguez ha tenido una actitud muy poco respetuosa hacia los miembros de esta Cámara, que no tiene ningún punto de vinculación con los parámetros bajo los cuales debe manejarse un juez. Efectivamente, hace pocas semanas presentamos en el juzgado del doctor Rodríguez, en la causa por la que está detenido el diputado De Vido, un escrito firmado por más de cincuenta señores diputados de nuestro bloque pidiéndole respetuosamente que nos informe cuáles eran las razones o casuales por las cuales se mantenían, según su criterio, los riesgos procesales que justificaban la prisión preventiva del diputado De Vido.

En ese sentido, hicimos una reseña de lo ocurrido desde que esta Cámara votó el desafuero y suspensión del diputado De Vido, y en ese marco señalamos que no había prácticamente ninguna novedad desde que se produjo la detención luego de la resolución de esta Cámara de disponer su desafuero.

¿Cuál fue la respuesta del doctor Rodríguez? “Por no ser parte, no ha lugar”. Nada hay que explicarle a los diputados que se presentaron. En rigor, nosotros no habíamos hecho ninguna presentación con un planteo procesal concreto. Nosotros no estábamos pidiendo la libertad del diputado De Vido mediante esa presentación; le estábamos pidiendo al juez que nos informara cuáles eran las causales por las cuales se mantenía todavía detenido al diputado De Vido, en atención a que fue esta Cámara la que permitió que el juez pudiera detenerlo y cumplir, según su criterio, con los pasos procesales que correspondían. Es decir, en algún momento necesitó nosotros, y seis o siete meses después ‑que es el lapso que lleva detenido el diputado De Vido- no éramos nada ni merecíamos la información ‑ni siquiera una respuesta- que le pedíamos al doctor Rodríguez.

Volvimos a insistir con el pedido para que se nos informara lo mismo que nos había rechazado el juez anteriormente, y volvió a manifestarse de manera irrespetuosa, con total desprecio a las instituciones y olvidándose de que el Parlamento, y en particular la Cámara de Diputados, juega un rol preponderante en el control de los otros poderes, como en toda República. Es decir, el doctor Rodríguez no está solo, no es una persona a la que nadie pueda controlar y no es una persona que no esté sometida al escrutinio de los representantes del pueblo, que somos nosotros, y de la ciudadanía en general.

Por eso, señora presidenta, la respuesta del doctor Rodríguez merece ser tratada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque nos está impidiendo, por esa respuesta tan irrespetuosa, que podamos desempeñar nuestra función en el marco legal que nos corresponde.

No quiero cerrar esta intervención sin recordar algunas cuestiones que me parece que son fundamentales para entender por qué hoy la detención del diputado De Vido se ha transformado prácticamente en una privación ilegal de la libertad.

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Le pido que sea sintético, por favor.

Sr. Tailhade.- Sí, voy a ser sintético.

Señora presidenta: en el mes de octubre, simultáneamente el juez Rodríguez y el juez Bonadío pidieron el desafuero del diputado De Vido; Bonadío, por una prisión preventiva que había dictado en la causa de la importación de gasoil, y Rodríguez en la causa que estoy hablando, que es sobre algunas de las supuestas irregularidades en Río Turbio. Esta Cámara dispuso el desafuero del diputado De Vido para las dos causas.

Resulta que pocas semanas después la decisión de Bonadío fue revocada por la Cámara de Apelaciones. Es decir que hoy no hay prisión preventiva vigente en esa causa, hay una falta de mérito, y lo que es peor, la Cámara señaló que las pruebas que había conseguido Bonadío para dictar la prisión preventiva del diputado De Vido eran truchas; por ejemplo, la del famoso perito Cohen, que no sólo es trucho sino que además fue desautorizado por el entonces ministro de Energía, Aranguren, que dijo que lo que había dictaminado el perito era un disparate. Esa causa se cayó y, por lo tanto, la decisión de esta Cámara no tiene validez con relación a esa causa.

¿Qué pasó en estos seis o siete meses en la causa que tramita el doctor Rodríguez y sobre la cual estoy haciendo la cuestión de privilegio? Absolutamente nada, señora presidenta. Nos pidieron el desafuero del diputado De Vido porque había riesgos procesales. No solamente no nos están contestando cuáles son los riesgos procesales que hoy se mantienen, sino que además jamás hubo riesgos procesales, y el propio expediente lo demuestra. Hoy el diputado De Vido tiene varias causas en las que está presentado a derecho, enfrenta un tribunal de enjuiciamiento por la denominada masacre de Once, y en ninguna se consideró que está en condiciones de eludir el accionar de la justicia.

El aventurero de Irurzun ‑el camarista que ordenó la detención‑ había señalado que la condición de presidente de la Comisión de Energía del diputado De Vido era una de las razones por las cuales mantenía poder. Pues bien, el diputado De Vido renunció a las pocas horas de que Irurzun salió con ese disparate.

En definitiva, señora presidenta, hace siete meses que en esa causa no se presenta una sola prueba incriminatoria contra el diputado De Vido y no hay un solo elemento que justifique la excusa de riesgos procesales bajo la cual se escuda el juez para mantener la prisión preventiva.

Entonces, señora presidenta, le pido que mande esta cuestión de privilegio a la Comisión de Asuntos Constitucionales y que el señor diputado Tonelli, con la misma celeridad con que trató el pedido de desafuero a la diputada Ayala y lo mandó a archivo, trate esta cuestión de privilegio, porque la Justicia, y en particular el doctor Rodríguez, titular del juzgado número 9, está generando un agravio institucional a esta Cámara y a este bloque, y en estas condiciones es imposible de tolerar. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Para la última cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado Yasky, por Buenos Aires.

Sr. Yasky.- Señora presidenta: la cuestión de privilegio es contra el gobernador de la provincia de Chubut. Como han planteado diputados y diputadas que me antecedieron, en la provincia de Chubut hay una gravísima situación que tiene, desde hace 104 días, a los trabajadores y trabajadoras de la educación sosteniendo un acampe en condiciones absolutamente impiadosas para sobrevivir, con temperaturas por debajo de cero y con el agravante de varios episodios de represión.

Las autoridades de la provincia de Chubut tienen la obligación de reabrir la paritaria y sostener el diálogo. No se puede admitir que no haya en este momento en esa provincia un solo estamento oficial y público funcionando. Están en la misma situación los médicos, los empleados judiciales, los administrativos. Es una provincia colapsada.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.

Sr. Yasky.- Reclamo también a las autoridades nacionales, al ministro de Educación de la Nación, porque hay 650 millones de pesos que ayudarían a resolver el conflicto y que han sido retraídos por la decisión política de no cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo. La Ley de Paritaria Docente tampoco se cumple por parte de las autoridades nacionales, y se lleva este conflicto a un callejón sin salida.

Y no quiero dejar de mencionar el agravante de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mintió de manera descarada cuando habló de una suerte de secuestro por parte de los docentes para justificar la brutal represión, que motivó que el día de ayer todos los docentes del país fueran al paro. Fue un paro ejemplar y con un alto acatamiento, que preanuncia lo que puede pasar después del ciclo lectivo si no encontramos una solución a la situación de los docentes en Chubut y en Corrientes.

Por último, no quiero dejar de mencionar a los trabajadores y las trabajadoras de Télam, que ayer fueron recibidos en esta Honorable Cámara, aunque lamentablemente el responsable del área, Hernán Lombardi, les dio la espalda.

Tampoco puedo dejar de mencionar a los compañeros del INTI y de otras dependencias del Estado.

La ola de despidos crece y hay que poner fin a esta situación. Entiendo que el gobernador de Chubut está a tiempo de recuperar el diálogo, aún sin la asistencia nacional. Esto es lo que reclamamos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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moción de orden y de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Gioja).- Por pedido de los señores diputados firmantes de la solicitud de convocatoria a esta sesión especial la Presidencia solicita al cuerpo un apartamiento del reglamento a fin de incluir una serie de proyectos acordados, de los que se dará lectura por Secretaría. En este sentido, la Presidencia solicita a los señores presidentes de bloque que llamen a los señores diputados.

Tiene la palabra la señora diputada Bianchi, por San Luis.

Sra. Bianchi.- Señor presidente: como no se ha reunido la Comisión de Labor Parlamentaria, me parece que sería aconsejable que por Secretaría se dé lectura, además del número de expediente, del copete o encabezamiento de cada proyecto.

Sr. Presidente (Gioja).- Así se hará, señora diputada.

Por Secretaría se dará lectura de la nómina de proyectos acordados.

Sr. Secretario (Inchausti).- Son los siguientes:

Expediente 1.697-D.-2018. Solanas y otros. De resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con los abusos sexuales infantiles en el deporte (Orden del Día N° 72).

Expediente 1.382-D.-2018. Yasky y otros. De resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre los motivos de la reducción de personal en las señales Encuentro, Paka-Paka y Depor-TV, y otras cuestiones conexas. (Orden del Día N° 78).

Expediente 1.450-D.-2017. Carol y otros. De resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la planificación de los levantamientos hidrográficos que permitan a nuestro país ofrecer a la comunidad internacional cartas electrónicas antárticas, que cumplan los estándares de la Organización Marítima Internacional y la Organización Hidrográfica Internacional, y otras cuestiones conexas. (Orden del Día N° 81).

Expediente 490-D.-2018. Gioja y otros. De resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre distintas cuestiones relacionadas con la existencia de problemas climáticos o de otra índole que afectarán la producción de tomates en nuestro país durante el período 2016-2018. (Orden del Día N° 103).

Expedientes 2.184-D.-2018 y 2.187-D.-2018. Doñate. De resolución y de declaración. Fiesta de los Canales de Riego, llevada a cabo todos los años en la ciudad de Luis Beltrán, provincia de Río Negro. Declaración de interés de la Honorable Cámara. (Orden del Día N° 153).

Expediente 1.323-D.-2018. Guerin y otros. De resolución. Primera encuesta sobre población trans con alcance nacional. Realización. (Orden del Día N° 160).

Expediente 2.270-D.-2018. Pietragalla Corti y otros. De Resolución. Fallecimiento de la señora Delia Belardinelli, militante por los derechos humanos, acaecido el día 19 de abril de 2018. Expresión de pesar. (Orden Del Día N° 161).

Expediente 2.949-D.-2018. Pietragalla Corti y otros. De resolución. Fallecimiento de la señora Cecilia Fernández de Viñas, integrante de Abuelas de Plaza De Mayo. Expresión de pesar. (Orden Del Día N° 162).

Expediente 1.352-D.-2018. Pertile. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la Bienal Internacional de Esculturas 2018, “Identidad en Movimiento”.

Expediente 1.863-D.-2018. Pertile. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación El II Congreso Internacional De Artes 2018, "Límites y Fronteras".

Expediente 2.547-D.-2018. Pertile. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 74º aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa, provincia del Chaco, a celebrarse el día 4 de julio De 2018.

Expediente 2.545-D.-2018. Pertile. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 97° aniversario de la fundación de la localidad de Avia Terai, provincia del Chaco, a celebrarse el día 11 de julio de 2018.

Expediente 2.546-D.-2018. Pertile. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 35º aniversario de la fundación de la localidad de El Espinillo, provincia del Chaco, a celebrarse el día 8 De julio De 2018.

Expediente 3.271-D.-2018. Pertile. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 6ª edición del Encuentro Internacional de Escultores en El Impenetrable, bajo el lema "Fuerza Natural".

Expediente 2.977-D.-2018. Cresto. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la Fiesta Provincial del Inmigrante, a realizarse en el mes de septiembre de 2018, en Concordia, provincia de Entre Ríos.

Expediente 2.876-D.-2018. Cresto. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara la VI edición de la Expo Madera, a celebrarse en el mes de septiembre de 2018 en Concordia, provincia De Entre Ríos.

Expediente 2.093.-D.-2018. Cresto. De resolución. Declarar de interés De La Honorable Cámara de Diputados de la Nación la diplomatura Abordaje Integral del Consumo Problemático, a dictarse durante el año 2018 en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. (Orden Del Día N° 156).

Expediente 3.905-D.-2018. Cassinerio. De resolución. Declaración de interés del Tercer Festival Regional del Pejerrey, a realizarse en la ciudad de Cruz del Eje.

Expediente 3601-D.-2018. Cassinerio. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara la actuación de la delegación argentina en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Expediente 3866-D.-2018. Brügge. De resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre los despidos en la Agencia Nacional de Noticias "Télam".

Expediente 2939-D.-2018. Brügge. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara el Congreso Mundial de Odontología de la FDI -Federation Dental International-, World Dental Congress, -WDC-, a realizarse del 5 al 8 de septiembre de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Expediente 98-D.-2018.- Nazario. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara la película documental "Edgar Wildfeuer: historia de un sobreviviente", realizada por el gobierno de la provincia de Córdoba.

Expediente 2871-D.-2018. Muñoz, Rosa Rosario. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara la 34° Feria Provincial del Libro del Chubut y la 14° Feria Patagónica del Libro, a realizarse del 7 al 10 de junio de 2018, en la Ciudad de Gaiman, provincia del Chubut.

Expediente 3663-D.-2018. Pitiot, Carla Betina. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, (OLACEFS), a realizarse del 9 al 12 de octubre de 2018 en la Ciudad de Buenos Aires.

Expediente 1423-D.-2018. Morales, Wellbach. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara la conmemoración del 90 aniversario de la fundación de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, a celebrarse el 9 de julio de 2018.

Expediente 2560-D.-2018. Morales, Wellbach y Berisso. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara la XI Expo Mujer, a realizarse del 10 al 12 de agosto de 2018, en la provincia de Misiones.

Expediente 3418-D.-2018. Morales, Wellbach y Berisso. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara la participación del equipo que representa a la República Argentina, en la segunda edición de competencia de robótica First Global Challenge 2018, a realizarse del 16 al 18 de agosto de 2018, en México.

Expediente 3.484-D.-2018. Derna, Distéfano y Morales. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara el 1° Festival Internacional de Música Coral Infanto Juvenil: Voces en la Selva, a realizarse del 17 al 21 de julio de 2018 en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Expediente 3824-D.-2018. De Ponti, Lucila María. De resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del Instituto Nacional de las Mujeres -INAM-.

Expediente 3602-D.-2018. Horne. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara los talleres sobre Huerta Comunitaria Orgánica, realizados desde el año 2016 en la Casa de Preegreso, dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Río Negro.

Expediente 1712-D.-2018. Horne y otros. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara el 33° Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse del 13 al 15 de octubre de 2018 en la localidad de Trelew, provincia del Chubut.

Expediente 3251-D.-2018. Infante. De declaración. Declarar de interés de la Honorable Cámara el 465° aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, a conmemorarse el 25 de julio de 2018.

Expediente 3973-D.-2018. Pastoriza. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara la 4° Maratón Dos Ciudades a realizarse el 15 de julio de 2018 en La Banda, Santiago del Estero.

Expediente 3757-D.-2018. Navarro. De resolución. Expresar beneplácito por la celebración del torneo de natación para personas discapacitadas INAS Swimming Championships 2018, a realizarse del 29 de agosto al 3 de septiembre de 2018 en Santiago del Estero.

Expediente 1702-D.-2018. Neder. De resolución. Expresar beneplácito por el 134° aniversario de la ciudad de Loreto, de la provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 15 de julio de 2018.

Expediente 2621-D.-2018. Abdala de Matarazzo. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara el I Campeonato Mundial de Natación para Personas con Discapacidad: INAS Swimming Championships 2018, a realizarse del 29 de agosto al 3 de septiembre de 2018 en la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero.

Expediente 2908-D.-2018. Lehmann, María Lucila. De declaración. Declarar de interés de esta Honorable Cámara la 2° Conferencia Internacional "Hablemos de Paz", organizada por el Instituto Latinoamericano Para La Paz y La Ciudadanía (ILAPIC) y por el International Peace Bureau (IPB), capítulo América Latina, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los días 4 y 5 de julio de 2018. Orden del Día 221. (Sin disidencias ni observaciones.)

Expediente 3834-D.-2018. Gayol. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara el 90 aniversario de la "Casa Argentina en París", Francia, a celebrarse el 27 de junio de 2018.

Expediente 3881-D.-2018. Brambilla. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara el evento denominado la "Clínica del Chamamé", a realizarse el 24 de julio de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Expediente 2783-D.-2018. Villalonga. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara las II Jornadas de Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sustentabilidad, a realizarse en la ciudad capital de la provincia de Córdoba del 12 al 14 de septiembre de 2018.

Expediente 4004-D.-2018. Polledo. De resolución. Declarar de interés de esta Honorable Cámara el cortometraje animado Ian, una historia que nos movilizará, realizado por la Fundación Ian y producido por Juan José Campanella.

Expediente 3421-D.-2018. Piccolomini. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara la VIII Edición del Congreso Internacional de la Lengua Española, a realizarse del 27 al 30 de marzo de 2019, en la provincia de Córdoba.

Expediente 970-D.-2018. Austin y Cáceres. De resolución. Hechos de violencia ejercidos en la ciudad de San Juan contra el ciudadano Gabriel López Montaño por su orientación sexual. Expresión de preocupación. Orden del Día 159. (Sin disidencias ni observaciones.)

Expediente 1652-D.-2018. Ayala. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara el 30° aniversario de la Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2018, a realizarse del 14 al 21 de julio de 2018, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.

Expediente 3008-D.-2018. Marcucci. De declaración. Declarar de interés de la Honorable Cámara el centenario de la fundación de la biblioteca popular Domingo Guzmán Silva, que se conmemora el 20 de julio de 2018, en la localidad de San José del Rincón, provincia de Santa Fe.

Expediente 98-D.-2017. (Rep 39/2018). Pretto. De declaración. Declarar de interés de la Honorable Cámara la película documental Pachi, la leyenda, la historia, escrita y dirigida por Fernando Morales, que narra la historia del músico Patricio Barrera.

Expediente 2301-D.-2018. Zamarbide y Najul. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara el XIV Congreso Provincial de Educación Escuelas Siglo XXI: Metas y Desafíos, a realizarse los días 3 y 4 de agosto de 2018 en el departamento General Alvear, provincia de Mendoza.

Expediente 1682-D.-2018. Carrizo, Mestre, Rista y Austin. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara el XI Encuentro De Jóvenes Docentes de Derecho Constitucional: Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, a realizarse del 29 al 31 de agosto de 2018 en la ciudad capital de la provincia de Córdoba.

Expediente 3641-D.-2018. Wechsler. De resolución. Declarar de interés de la Honorable Cámara la Expo Ortopédica 2018, a realizarse los días 15 y 16 de agosto de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Expediente 2775-D.-2018. Snopek. De resolución. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga reestablecer la publicación diaria de la información referida al Fondo Federal Solidario.

Sr. Presidente (Gioja).- Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.

Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja).- Queda incluida la consideración de los asuntos en el orden del día de la presente sesión.

- 19 -

CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE ASUNTOS

Sr. Presidente (Gioja).- En consideración los asuntos cuyo tratamiento sobre tablas acaba de ser aprobado.

AQUÍ PROYECTOS REGISTRADOS BAJO EXPEDIENTES: 1697-D-2018, 1382-D-2018, 1450-D-2017, 490-D-2018, 2184-D-2018, 2187-D-2018, 1323-D-2018, 2270-D-2018, 2949-D-2018, 1352-D-2018, 1863-D-2018, 2547-D-2018, 2545-D-2018, 2546-D-2018, 3271-D-2018, 2977-D-2018, 2876-D-2018, 2093-D-2018, 3905-D-2018, 3601-D-2018, 3866-D-2018, 2939-D-2018, 98-D-2018, 2871-D-2018, 3663-D-2018, 1423-D-2018, 2560-D-2018, 3418-D-2018, 3484-D-2018, 3824-D-2018, 3602-D-2018, 1712-D-2018, 3251-D-2018, 3973-D-2018, 3757-D-2018, 1702-D-2018, 2621-D-2018, 2908-D-2018, 3834-D-2018, 3881-D-2018, 2783-D-2018, 4004-D-2018, 3421-D-2018, 970-D-2018, 1652-D-2018, 3008-D-2018, 98-D-2017, 2301-D-2018, 1682-D-2018, 3641-D-2018 y 2775-D-2018.

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PRONUNCIAMIENTO

Sr. Presidente (Gioja).- En consideración.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja).- Quedan sancionados los respectivos proyectos de resolución o declaración. [1]

Se harán las comunicaciones pertinentes.

- 21 -

moción de orden y de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.

Sra. Del Plá.- Señor presidente: solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento con el objeto de considerar sobre tablas dos proyectos de ley, no sin antes decir que me parece bastante poco serio que hayamos aprobado cuarenta y nueve proyectos sin saber siquiera qué se está votando.

El primer proyecto de ley está contenido en el expediente 3.963-D.-18 y plantea la reincorporación inmediata de los 357 trabajadores despedidos de la Agencia Télam, estableciendo la imposibilidad de que se produzcan despidos en dicha Agencia por el lapso de dos años.

El otro proyecto de ley está contenido en el expediente 6.730-D.-17 y plantea la suspensión de la fusión entre Telecom y Cablevisión. Se trata de un proceso que genera un monopolio de las telecomunicaciones y de los medios audiovisuales, además de un enorme perjuicio para los usuarios y los trabajadores.

Por otro lado, hay proyectos que han presentado otros señores diputados que toman las denuncias que ya se han planteado con respecto al director de la Secretaría de Defensa de la Competencia que ha sido, nada más ni nada menos, que asesor de ambas empresas en forma privada, incluso mientras ya estaba al frente de esta Secretaría. Todo esto genera una clara situación de choque de intereses.

En este sentido, solicito que se pase a votar en forma nominal el apartamiento del reglamento para considerar ambos proyectos, porque afectan en forma muy clara a los trabajadores en este momento.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Kosiner, por Salta.

Sr. Kosiner.- Señor presidente: quisiera saber si son dos son proyectos de ley.

Sr. Presidente (Monzó).- Sí, señor diputado.

Sr. Kosiner.- ¿El apartamiento solicitado es para ambos en conjunto o puede ser uno por uno? Porque podemos estar de acuerdo con uno y no con el otro.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.

Sra. Del Plá.- Señor presidente: solicito que votemos primero el proyecto de ley contenido en el expediente 3.963-D.-2018, sobre la reincorporación de los trabajadores de Télam.

Sr. Presidente (Monzó).- No estamos votando el proyecto, sino el apartamiento del reglamento.

Se va a votar nominalmente la moción de apartamiento del reglamento formulada por la señora diputada por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 210 señores diputados presentes, 112 han votado por la afirmativa y 97 por la negativa.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 112 votos afirmativos y 97 negativos. No se han registrado abstenciones.[2]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.

Se va a votar nominalmente la moción de apartamiento del reglamento formulada por la señora diputada por Buenos Aires para considerar el proyecto de ley contenido en el expediente 6.730-D.-2017, por el que se solicita la suspensión de la fusión de Telecom con Cablevisión. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 211 señores diputados presentes, 82 han votado por la afirmativa y 109 por la negativa, registrándose además 19 abstenciones.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 82 votos afirmativos, 109 negativos y 19 abstenciones.[3]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.

- 22 -

moción de orden y de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Monzó).- Para una moción de orden tiene la palabra la señora diputada González Seligra, por Buenos Aires.

Sra. González Seligra.- Señor presidente: formulo moción de apartamiento del reglamento a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución contenido en el expediente 4.043-D.-2018, para que la Cámara exprese su repudio a la brutal represión que sufrieron los docentes en la provincia del Chubut los días 27 y 28 de junio, a la que ya se han referido otros señores diputados. Allí, trabajadores de la educación resultaron heridos con balas de goma, una docente sufrió la rotura de su clavícula y distintas lastimaduras y una auxiliar de la educación resultó detenida.

Esta represión es el corolario de una política en la que los docentes son atacados no solo por parte del gobernador Arcioni –del PJ‑, sino también desde el gobierno nacional.

Hemos escuchado los dichos de la ministra Patricia Bullrich acusando a los docentes de secuestradores, buscando criminalizarlos. Esa es la respuesta que ofrece el Estado frente al reclamo de los trabajadores docentes, en su mayoría mujeres, que tan solo piden que se les aumente el monto que reciben los alumnos en el Chubut en concepto de refrigerio, que es de 5 pesos. Allí un alumno que asiste a la escuela, con temperaturas bajo cero, recibe un refrigerio por un monto de 5 pesos. Como todos sabemos, en el Chubut los alimentos son más caros y la canasta familiar es mucho más elevada.

Por otro lado, los docentes están reclamando un aumento salarial. Actualmente perciben 8.400 pesos de sueldo básico.

Esta política no es exclusiva de la provincia del Chubut, porque ya hemos visto cómo se ha intentado criminalizar a los docentes en la provincia de Buenos Aires durante la gestión anterior, y con la actual, en la provincia de Mendoza, Santa Cruz y hace poco en el Neuquén.

Por ello considero que es muy importante que esta Cámara se pronuncie y repudie esta brutal represión, no dejando pasar un antecedente ante estos reclamos que se incrementan frente al ajuste.

Solicito que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente la moción de orden formulada por la señora diputada por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- - Se practica la votación nominal.

- - Conforme al tablero electrónico, sobre 211 señores diputados presentes, 94 han votado por la afirmativa y 113 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones. No se ha registrado el voto de un señor diputado.[4]

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 94 votos afirmativos, 113 negativos y 2 abstenciones.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.

- 23 -

moción de orden y de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Monzó).- Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.

Sr. del Caño.- Señor presidente: formulo moción de que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento del proyecto de ley que hemos presentado para que se convoque a una consulta popular vinculante con respecto al pacto de coloniaje que ha hecho este gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

Es fundamental que el Congreso discuta y resuelva alrededor de este pacto que tiene consecuencias sobre la vida de millones de argentinos.

Ayer el ministro Dujovne reiteró que este acuerdo beneficiará al pueblo argentino, planteando que la alternativa sería un ajuste aún mayor. Me parece que están mintiendo descaradamente. El propio presidente Mauricio Macri había dicho que no recurrirían al Fondo Monetario Internacional.

Esos 50.000 millones de dólares no servirán para generar empleo; no se destinarán a incrementar el presupuesto de salud o educación públicas, que tanto se necesitan, con los terribles problemas de infraestructura que tienen las escuelas en todo el país.

Considero que esto es fundamental porque aquí ya se está llevando a la práctica lo que el Fondo Monetario Internacional pidió en primer lugar. Me refiero a una brutal devaluación que están pagando millones de trabajadores, particularmente los estatales.

Este gobierno impulsó una paritaria en la que los trabajadores del Estado van a cobrar la primera cuota del 3 por ciento con el sueldo del mes de julio, es decir, en agosto, cuando la inflación va a superar el 15 por ciento. Entonces, durante todo este tiempo el salario queda en cero y la inflación, en quince. Esto es lo que promueve este gobierno, una rebaja salarial.

Se enojan cuando se los compara con de la Rúa, pero les pido que recuerden la rebaja del 13 por ciento a los jubilados y a los estatales. Aquí hay una rebaja salarial del 15 por ciento a los trabajadores de la administración pública nacional que dependen directamente el gobierno. Entonces, ¿por qué hablan de paritarias libres?

Además, se está planteando un pacto que, como ya lo reconocen, va a implicar un recorte. Ayer mantuvimos una reunión con el ministro Dujovne y a los diputados que lo interpelamos no nos contestó en qué áreas van a realizar los recortes, pero sabemos que van a recortar presupuesto para la salud y la educación y que va a haber despidos, como en Télam.

Los trabajadores de Télam están denunciando que son los primeros despedidos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, para nosotros es falso que desde el gobierno contesten que tienen legitimidad, como si las elecciones del año pasado o las que tuvieron lugar en 2015 hayan sido un cheque en blanco.

El propio Mauricio Macri dijo que no iban a recurrir al Fondo; sin embargo, este pacto implica e involucra no solo a las generaciones actuales, sino a las futuras, que están siendo hipotecadas con este pacto para pagar a los especuladores.

Nosotros planteamos una medida elemental que tiene que ser parte del movimiento de lucha de todos los trabajadores. Ya hubo un pronunciamiento, el gran paro nacional que fue contundente, a pesar de esos dirigentes sindicales burocráticos que no quieren ninguna continuidad. Los trabajadores utilizaron el paro para mostrar su rechazo y su repudio masivo a este pacto con el Fondo Monetario Internacional y con la política económica que está llevando adelante este gobierno.

Además, contamos con encuestas ‑incluso las contratan ustedes desde el gobierno nacional‑ que informan que el 80 por ciento de la población está en desacuerdo con este pacto con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, planteamos que la cuestión se someta a una consulta popular vinculante, tal como lo indica nuestra legislación.

Llamo a todos los diputados a votar a favor de este proyecto y especialmente a los sectores del peronismo y de la oposición porque una vez más los hemos escuchado decir que van a votar afirmativamente el proyecto de presupuesto para 2019, iniciativa que incluirá el ajuste, elemento esencial para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Entonces, ¿por qué se van a negar a consultar al pueblo y concurrirán a apoyar el proyecto de presupuesto 2019, tal como hemos escuchado y leído en muchos medios de comunicación? Esto no nos extraña pues han votado gran parte de las leyes de ajuste de este gobierno.

¿Por qué no puede decidir el pueblo, el verdadero implicado, que va a sufrir despidos y rebajas de salarios? Van a empujar a millones de argentinos a la ruina, como sucedió en nuestro país en 2001 o como sucede en Grecia.

Por los motivos expuestos, solicitamos que se discuta sobre tablas el expediente 3.687-D.-2018, sobre consulta popular vinculante respecto del pacto con el Fondo Monetario Internacional.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- - Se practica la votación nominal.

- - Conforme al tablero electrónico, sobre 212 señores diputados presentes, 84 han votado por la afirmativa y 116 por la negativa, registrándose además 11 abstenciones.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 84 señores diputados por la afirmativa y 116 por la negativa.[5]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.

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moción de orden y de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Tundis, por Buenos Aires.

Sra. Tundis.- Señor presidente: en principio, en nombre del bloque al que pertenezco, deseo acompañarlo en este momento tan doloroso para usted, a pesar de que hoy está aquí presente cumpliendo con sus funciones, luego de despedirse definitivamente de su madre. De modo que en nombre de mi bloque y de su presidenta, Graciela Camaño, queremos estar a su lado.

Sr. Presidente (Monzó).- Le agradezco, señora diputada.

Sra. Tundis.- Por otro lado, solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento con el objeto de considerar sobre tablas el proyecto de ley contenido en el expediente 3.079-D.-2017, por el que se modifica la ley 24.018, sobre cargos públicos.

En un momento en el que la política está tan devaluada ‑en realidad, los políticos, nosotros, que no generamos seguridad ante la gente‑ debemos dar una señal de certeza y de responsabilidad.

Este proyecto trata sobre determinados requisitos a la hora de pedir una pensión vitalicia para el presidente y el vicepresidente. En realidad, este proyecto fue presentado en 2017, pero hay otras iniciativas posteriores que plantean que el presidente y el vicepresidente deben cumplir con los requisitos para obtener la jubilación como cualquier trabajador. No queremos que un presidente o un vicepresidente cobre una pensión cuando no cumple con su mandato ni que se vaya en helicóptero o que cumpla la función por una semana, quince días o algunos meses.

Otro de los requisitos es que el presidente y el vicepresidente sean elegidos por el voto popular, y fundamentalmente que cumplan con el mandato. Por otra parte, a la hora de iniciar el trámite no deben estar procesados ni tener como mochila ningún proceso judicial. Creo que se trata de una demostración de seguridad, certeza y responsabilidad dentro de la población en un momento en el que –insisto- la política o los políticos estamos devaluados, desvalorizados.

Consideramos que corresponde que cumplan con los requisitos tal como cualquier trabajador que se va a jubilar y que sería un acto de altruismo de nuestra parte decir que aquel que tiene vocación de servicio, que eligió ser presidente o vicepresidente, también debe cumplir con los requerimientos. No es justo que un trabajador que se jubila y que sigue trabajando en la administración nacional, provincial o municipal tenga que optar por la percepción como jubilado o la percepción como trabajador. En este caso también estamos pidiendo que a la hora de cobrar una pensión vitalicia, si el presidente o vicepresidente vuelven a la función pública, también tengan que optar, como cualquier otro trabajador jubilado.

Solicito al señor presidente que la votación sea nominal a fin de ver quiénes son los políticos que desde este recinto quieren demostrar a la ciudadanía que quieren cambiar la historia y ser responsables.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Marcucci, por Santa Fe.

Sr. Marcucci.- Señor presidente: he presentado un proyecto en el mismo sentido; luego vamos a discutir su antigüedad con la señora diputada preopinante. Por lo tanto, solicito incluir mi expediente en la votación.

Quiero aclarar que en lo personal me voy a sumar a la votación y que considero importante que esta cuestión se debata, además, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde están todos los proyectos y borradores de diferentes autores. Hasta el momento no he tenido contestación, pero ojalá esto sirva para agilizar esta cuestión y que no tengamos que estar pagandole a Boudou, por ejemplo, este tipo de jubilaciones de privilegio.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.

Sr. Negri.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración. Lo que estamos discutiendo es una moción de apartamiento de reglamento, no el fondo de la cuestión.

Sr. Presidente (Monzó).- Sí, señor diputado.

Sr. Negri.- En segundo lugar, los apartamientos del reglamento normalmente se acuerdan; no es que paso por la esquina y hablo. En ese caso, el resultado es negativo.

En tercer término, vamos a debatir el tema en la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, como corresponde; no le vamos a sacar el cuerpo. Por ello vamos a votar negativamente la moción de apartamiento del reglamento.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Banfi, por Buenos Aires.

Sra. Banfi.- Señor presidente: quería expresarme en el mismo sentido en que lo hizo el presidente de mi bloque.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente la moción de apartamiento del reglamento formulada por la señora diputada Tundis.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 210 señores diputados presentes, 30 han votado por la afirmativa y 167 por la negativa, registrándose además 11 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 30 votos afirmativos, 167 votos negativos y 11 abstenciones. [6]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.

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moción de orden y de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Arroyo, por Buenos Aires.

Sr. Arroyo.- Señor presidente: solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento con el objeto de considerar sobre tablas el proyecto de ley contenido en el expediente 3.692-D.-2018, de mi autoría, y del señor diputado Snopek, por el que se plantea la creación de un Plan Estratégico de Microcrédito.

La solicitud no tiene que ver con pasar por la esquina e intentar tratar un proyecto, sino con la gravedad de la situación social. Si algo está claro en la Argentina es que está aumentando la pobreza, la desocupación y la desigualdad. También está claro que todo el mundo está endeudado, que aquellos a quienes no les alcanza la plata, porque tienen costos fijos cada vez más altos, terminan pateando para adelante el pago de la tarjeta, que les cobra un 70 por ciento de interés anual, o yendo a la financiera de la esquina, que les cobra un 150 por ciento de interés anual, o bien acudiendo al que vende droga.

La ley actual de microcrédito permite solo la puesta en marcha de créditos a tasa subsidiada de hasta 140 millones de pesos, que para el contexto social argentino es menos que una aspirina.

Estoy solicitando que se trate esta iniciativa que tiene que ver con la creación de un Plan Estratégico de Microcrédito, que implica 12.500 millones de pesos. Seguramente alguien se preguntará de dónde los sacamos. Si tenemos en cuenta que el monto que se va a aplicar para subsidiar a las pymes asciende a 26.000 millones de pesos ‑cosa que me parece bien‑, que representa hoy el 0,8 por ciento del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional, partiría de la base de que es un monto pequeño.

Si hacemos lo que plantea el proyecto podemos llegar a 500 mil personas a tasas de hasta el 5 por ciento anual para que puedan acceder a máquinas y herramientas. De esta manera, el carpintero podrá tener una sierra circular a tasa baja y no al 150 por ciento anual, quien cose ropa en su casa podrá tener una máquina de coser, y el pibe que pone un taller mecánico delante de su casa podrá acceder a un escáner y una computadora.

Se trata de cortar con los créditos usurarios, de fomentar y llenar de máquinas y herramientas los grandes centros urbanos y atender urgentemente el problema social que hoy padece la Argentina.

Hace un rato se acaba de reunir la ministra de Desarrollo Social con las organizaciones sociales, con la Iglesia y con distintas instituciones y quedó claro que hay un grave problema social del que pareciera que el gobierno no toma nota, o bien no entiende su envergadura.

Con este proyecto quiero aportar una idea para contribuir a que mejore la situación social. En concreto, el proyecto contenido en el expediente 3.692-D.-2018 supone elevar a 12.500 millones de pesos el fondo de microcrédito y llegar en un año a 500 mil personas a tasas muy bajas, de menos del 5 por ciento anual, para que puedan acceder a máquinas y herramientas. Esto permitiría desendeudar a todo aquel que hoy está endeudado, inundar de máquinas y herramientas a los que están trabajando y no les alcanza la plata ‑por lo que terminan tomando crédito al 150 por ciento anual‑ y empezar a fomentar el trabajo. Si pensamos que vamos a salir adelante con trabajo y producción, se necesitan máquinas y herramientas.

Solicito que la votación de la moción de apartamiento del reglamento que he planteado para tratar este proyecto sea nominal.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Carrió, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Carrió.- Señor presidente: en principio estamos de acuerdo con la propuesta del señor diputado Arroyo.

Le pido que el proyecto se gire a comisión para que podamos tratarlo a nivel del Poder Ejecutivo nacional. Precisamente, estamos tratando estos temas en el marco de las pymes.

Quisiera aprovechar esta ocasión para aclarar algo respecto de lo que dije en cuanto a que era necesario que se mantuvieran las propinas y coimas. Me parece importante.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Carrió.- Fue un lapsus. Lo miré al diputado Rossi, me acordé de su hermano y por eso dije “coimas”.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Carrió.- ¡Me vino un lapsus, Rossi!

Sr. Presidente (Monzó).- Silencio por favor, señores diputados.

Sra. Carrió.- Quiero aclarar que en otros momentos de crisis sociales nos llamaban y me llamaban cartoneros, como lo están haciendo ahora. Los cartoneros trabajan. Las manicuras trabajan. Muchísima gente que a veces corta el pasto trabaja…

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Carrió.- Por eso es necesario que la clase media no deje de lado ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Carrió.- ¿Saben qué, progresismo estúpido? ¡No saben lo que son los pobres!

Sr. Presidente (Monzó).- Diputado Arroyo: la diputada Carrió hizo una propuesta en el sentido de que su proyecto pase a comisión.

Sr. Arroyo.- Señor presidente: mantengo mi postura. Solicito que se vote de manera nominal la moción de apartamiento del reglamento que planteé.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.

Sra. Camaño.- Señor presidente: me parece impropio que cuando habla una diputada –nos guste o no esa persona‑ la abucheemos. (Aplausos.) Debemos tener consideración a nuestra propia investidura.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monzó).- Por favor, no dialoguen, señores diputados.

Sra. Camaño.- Lo peor que podemos hacer es no respetar la banca que representa cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros está aquí sentado por la suerte del destino. Estamos aquí porque hemos trabajado, hemos militado, y todos tenemos un compromiso. (Aplausos.)

Entonces, me parece impropia esta metodología de impedir que se escuche al otro, abucheándolo o gritando de la manera en que se grita. Debemos evitar esto que se está haciendo una costumbre en la Cámara.

Tenemos que poder escuchar. No puede ser que un diputado salga de aquí y diga que no pudo hablar. No puede ser.

Con respecto al proyecto, si hay un compromiso del oficialismo en el sentido de tratarlo en la comisión, por supuesto que sabemos que ese es el trámite. Lo cierto es que, lamentablemente, al no tener sesiones ordinarias, no encontramos otra metodología para tratar los proyectos. Por eso apelamos a ella, de la misma manera que otros recurren a las cuestiones de privilegio. Son los artilugios de los que nos valemos para exponer nuestras ideas.

Si el oficialismo realmente tiene interés en tratar el tema, que asuma un compromiso de manera explícita y las reuniones tengan quórum.

Hoy en este recinto ocurrieron hechos graves. Un diputado planteó la necesidad de contar con número en su comisión para que pudiera ser tratado un proyecto de ley que venía del Senado. Esto quiere decir que estamos dejando a las comisiones sin quórum y que consideramos las iniciativas que nos convienen o nos gustan. Mientras tanto, el resto de la Cámara –que es mayoría‑ no puede abordar los proyectos si el oficialismo no quiere o si no se logran consensos. De esta manera, dejamos de ser una Cámara democrática.

Esto ni siquiera ocurre por la prepotencia del resultado de las elecciones, ya que nadie tiene la mayoría. Simplemente, se cierra la Cámara. Este es el quid de la cuestión.

La señora diputada Carrió es una voz autorizada. Si existe un compromiso del bloque oficialista, aprobemos una moción de preferencia y que el asunto sea tratado en comisión la semana próxima.

Estamos dispuestos a hacer un aporte porque a nosotros la crisis no nos interesa para culpar. En otras palabras, no queremos subirnos al caballo de la crisis para denostar. En verdad nos duele y lastima la pobreza que se está engendrando a partir de las últimas medidas adoptadas. ¡Y más vale que les empiece a doler a todos, porque quienes estuvimos en 2001 sabemos que cuando la gente se enoja, se enoja con todos! ¡No distingue! Entonces, ojalá asumamos un compromiso democrático y veamos de qué manera superamos esta crisis.

Sr. Tailhade.- ¡Nosotros no votamos esta crisis, como hicieron ustedes!

Sra. Camaño.- Si la señora diputada y el titular del interbloque se comprometen a tratar este tema tan importante que ha traído a la mesa el señor diputado Arroyo, por supuesto que los vamos a apoyar.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.

Sr. Negri.- Señor presidente: sin más consideraciones que las que se han presentado, asumimos el compromiso de considerar el tema en la próxima reunión de comisión.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Lavagna, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Lavagna.- Señor presidente: muchas veces ocurre que sancionamos un proyecto de ley y después el Poder Ejecutivo no lo pone en funcionamiento.

En este caso, hablamos de una serie de medidas para las pequeñas y medianas empresas. Pero el Congreso sancionó una norma para las pymes; entonces, pedimos al Poder Ejecutivo su reglamentación porque en ella ya se establece qué créditos productivos se pueden dar a estas empresas.

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mocion de orden y de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Selva, por Buenos Aires.

Sr. Selva.- Señor presidente: fundamentaré esta moción de apartamiento del reglamento para que se trate sobre tablas el proyecto de resolución contenido en el expediente 4.027‑D.‑2018 dando lectura de su contenido. Dice así: “La Honorable Cámara de Diputados de la Nación se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del área que corresponda, proceda de manera urgente a transferir los fondos adeudados que prevé la ley 25.054 para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.”

En la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el señor diputado Bucca, tuvimos la oportunidad de celebrar una reunión con diversas confederaciones de bomberos voluntarios en la que quedó plasmada la situación que vivimos quienes tenemos relación directa con este sector. Si en cada una de nuestras ciudades hay una institución que cuenta no solo con el afecto, sino también con la valoración de la sociedad por la importancia que reviste, es el cuerpo de bomberos voluntarios.

Lamentablemente, desde el año pasado hay una situación arbitraria que será motivo de debate en otro momento: el manejo poco transparente y tendencioso por parte del Estado nacional de la distribución de los fondos previstos por ley. El Estado nacional es solo un articulador a la hora de transferir recursos a los cuerpos de bomberos voluntarios y de auditar, conforme a un reglamento establecido, su ejecución. Sin embargo, desde 2017 y hasta el 30 de junio de 2018 –fecha en que venció el plazo‑ nada de esto ha ocurrido.

Los bomberos voluntarios se expresaron públicamente a través de los medios gráficos y nosotros, como nos corresponde en nuestro rol de diputados, nos hicimos eco del problema escuchando lo que tenían que decir sobre una situación que roza la ilegalidad.

A esto debemos agregar el riesgo que corre la población, porque todo esto quita funcionalidad a los cuerpos de bomberos voluntarios. No se trata de una facultad del Estado nacional y tampoco de una cuestión presupuestaria; esto surge del 5 por mil retenido a las compañías aseguradoras y el Estado solo debe articular la transferencia de los fondos. No puede disponer si transfiere diez, veinte o treinta; en todo caso, eso será motivo de otro debate. Ahora pedimos que, a fin de debatir seriamente sobre esta anomalía, la Honorable Cámara se aparte del reglamento para tratar sobre tablas este proyecto de resolución, que tal vez es de carácter imperativo, para que el Poder Ejecutivo atienda esta situación, que es muy importante.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- Resulta negativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia aclara a los señores diputados que nadie levantó su mano en el momento de la votación y que tampoco se pidió realizarla en forma nominal.

De todas maneras, para que no queden dudas, se procederá a realizar nuevamente la votación.

Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- Resulta negativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.

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cuestión de privilegio

Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada Carrió, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Carrió.- Señor presidente: planteo esta cuestión de privilegio vinculada con la afectación del principio de la palabra, que no me ha sucedido nunca en veintidós años de ejercicio del mandato de diputada nacional.

No tengo un problema con no hablar en la Cámara porque también, en estos veintidós años, guste o no, he tenido cuarenta minutos para expresarme en un programa de televisión. Simplemente digo que cualquier diputado tiene derecho a expresarse.

Ahora bien, si uno quiere pronunciar tres palabras y no puede hablar, estamos ante un acto de violencia. Esto no lo planteé nunca; aunque todas las formas de discriminación que puede haber contra una persona –sobre todo si es mujer‑ fueron utilizadas contra mí, jamás planteé una cuestión de privilegio. Nunca tuve un solo incidente con los presidentes de la Cámara provenientes del Partido Justicialista; ustedes lo saben y lo reconocen. Es la primera vez en mi vida política –digo esto incluyendo al kirchnerismo‑ que hay una especie de ira inexplicable.

Pido que reflexionemos, porque si la violencia crece, un día comenzará a contagiarse y quedaremos todos contra todos.

No es de mi interés y tampoco de mi conveniencia hablar ante un público cautivo. Pero como amo este Parlamento, me parece que tengo el derecho de decir aunque sea dos palabras y que esta cuestión sea tratada no solo por la Comisión de Asuntos Constitucionales, sino también por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, porque es preciso que modifiquemos el reglamento de esta Cámara.

Aquí hay muchos que ya no tenemos la edad de la gente joven y que no podemos analizar un proyecto a las 4 o 5 de la mañana, simplemente porque no entendemos nada; no podemos tratarlo sin lucidez. Creo que es necesario reformar el reglamento para que la Cámara primero se aboque al objetivo y después permanezca hablando en el recinto quien quiera hacerlo.

Reitero que nos tienen de público cautivo. No hay una sola televisión; en ese caso, lo justificaría. ¡Nos tienen cautivos, cansados, señor presidente! Entonces, planteemos las cuestiones de privilegio en dos minutos y cambiemos el reglamento, porque luego el desprestigio es de toda la Cámara de Diputados.

Finalmente, pido una vez más que la cuestión pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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manifestaciones

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Moreau, por Buenos Aires.

Sr. Moreau.- Señor presidente: también yo tengo muchos años en esta Cámara y debo decir que es la primera vez que un colega dice que quienes estamos sentados en estas bancas somos público cautivo.

No somos público cautivo. Simplemente somos ciudadanos que hacemos política y, como tales, tenemos el derecho de expresarnos a las 8, a las 4 o a las 6 de la mañana. Además, nos asiste el derecho de hacerlo en el marco de un reglamento, el mismo que la diputada tiene la costumbre de no respetar. Es decir que está pidiendo la modificación de un reglamento que no respeta. Aparece a la hora que cree que se encenderán las cámaras de televisión, aunque ello ocurra durante el desarrollo de una votación, como pasó al tratarse el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. (Aplausos.)

Apareció cuando ya se estaba desarrollando la votación. Además de recriminar ‑no a nosotros, sino al bloque oficialista, y por eso deben haberla ascendido y colocado entre los diputados Negri y Massot para participar como “cocabeza” de ese bloque, después de amenazar con una ruptura-, faltó el respeto al conjunto de la Cámara.

Estoy de acuerdo con que la Cámara debe funcionar de otra manera, como decía la señora diputada Camaño; mientras tanto, debemos adaptarnos a este reglamento, que es muy malo, así como también lo es continuar bloqueando el despacho de las iniciativas de los diputados en el ámbito de las comisiones no dando quórum.

En este sentido he formulado mociones de preferencia que el cuerpo aprobó; sin embargo, en la Comisión de Asuntos Constitucionales no se pueden tratar cuestiones que afectan a la democracia, como es el caso de las escuchas telefónicas, cuyo tratamiento fue aprobado por todos ustedes y hasta el día de hoy no puede ser considerada en dicha comisión, donde solo se llevan a cabo reuniones informativas en lugar de tratarse temas ordinarios de la Cámara.

Si vamos a ponernos de acuerdo en que la Cámara funcione sin que el oficialismo bloquee el tratamiento de los asuntos con este tipo de artimañas, estoy de acuerdo; mientras tanto, acá no hay “piquito de oro”. Todos debemos ajustarnos al reglamento. (Aplausos.)

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MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Monzó).- Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado Snopek, por Jujuy.

Sr. Snopek.- Señor presidente: solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de tratar sobre tablas el proyecto de resolución contenido en el expediente 2.775-D.-2018, por el que se solicita al Poder Ejecutivo disponga restablecer la publicación diaria de la información referida al Fondo Federal Solidario.

Este fondo, creado por decreto 206/2009, establece que una parte importante de las retenciones sea girada a las provincias y a los municipios para la realización de pequeñas obras de infraestructura, que originalmente contemplaba la restricción de que no se destinaran a gastos corrientes. En el año 2017 se amplió el objetivo de este fondo y se introdujo la posibilidad de financiar proyectos de inversión, con una partida de 5.000 millones incluida en el presupuesto, adicionando como destinataria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en principio no estaba.

Cuando sancionamos el proyecto de ley de presupuesto en 2017 en un artículo se estableció que aquellas jurisdicciones que no firmaran el consenso fiscal o lo incumplieran no entrarían en la distribución del Fondo Federal Solidario, y que las partidas destinadas serían distribuidas entre aquellas jurisdicciones que cumplieran con el consenso fiscal, avalándolo con su firma.

A partir de ese momento se ha omitido o no se publica la información diaria respecto…

Sr. Presidente (Monzó).- Señor diputado Snopek: si bien en un momento no estaba presidiendo la sesión, me informan desde Secretaría Parlamentaria que la iniciativa que está planteando ya ha sido votada.

Sr. Snopek.- Tengo entendido que no se leyó ni votó, señor presidente.

Sr. Presidente (Monzó).- Le reitero que la iniciativa contenida en el expediente 2.775-D.-2018 ya ha sido aprobada. (Aplausos.)

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manifestaciones

Sr. Presidente (Monzó).- Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado Grandinetti, por Santa Fe.

Sr. Grandinetti.- Señor presidente: en primer lugar, lo saludo desde el afecto.

En segundo término, es cierto lo que decía recién el señor diputado Negri respecto de las mociones de apartamiento del reglamento en el sentido de que se trata de algo excepcional; y este es el carácter que reviste mi moción, en función de dar respuesta a los familiares de las víctimas del “ARA San Juan”.

Hubo un compromiso público asumido por el exministro Aguad hace tres meses y en la comisión bicameral que sigue este tema se planteó arbitrar los medios necesarios –en el término de una semana como máximo- a fin de lograr la contratación directa para continuar con la búsqueda del “ARA San Juan”.

Quiero pedir a los diputados –muchos de ellos hoy están presentes- que recuerden que cuando recibimos a los familiares de las víctimas del submarino en la Cámara de Diputados decidimos rápidamente sancionar por unanimidad una iniciativa a fin de crear una comisión bicameral y brindar contención a esas familias que hoy están encadenadas frente a la Casa de Gobierno pidiendo la búsqueda de sus seres queridos.

Este fue un trámite que se hizo de manera rápida no solo acá, sino también en el Senado. Hace prácticamente cuatro meses que estamos trabajando en la comisión bicameral; nos reunimos todas las semanas. Sin embargo, la semana pasada se dio una situación muy grave: un grupo de familiares no sabía adónde ir; un diputado y un senador decidieron hacerse cargo de la situación y les dieron alojamiento y desayuno.

¿Cuál es la intención de esta moción de apartamiento del reglamento para que se trate sobre tablas este proyecto de resolución? En definitiva, que haya un comunicado por parte de la Cámara y cada uno de nosotros, como representantes del pueblo, dejando absolutamente en claro, en primer lugar, que nos preocupan los argentinos que han desaparecido; en segundo término, que se trataba de militares que estaban en una operación de defensa del territorio nacional, y, en tercer lugar, que perdimos un arma estratégica de la Armada Argentina. Recordemos que este hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2017 y todavía no tenemos respuestas. Al no saber las causas de la tragedia es imperioso que encontremos al ARA San Juan.

Cada uno de nosotros, que somos padres, hijos o hermanos, debemos sentir dolor por estos familiares que están encadenados frente a la Casa de Gobierno en busca de respuestas. No se trata de impartir culpas o buscar quiénes fueron los responsables. Simplemente solicitamos al Poder Ejecutivo, y especialmente al exministro Aguad, que cumpla efectivamente con lo que prometió.

Apelo a la sensibilidad de los señores diputados para que acompañen esta iniciativa por unanimidad. Se trata de un proyecto de resolución que consta solo de tres párrafos. Si el señor presidente me lo permite, puedo leerlo. Nuestra intención es que los familiares de las cuarenta y cuatro víctimas desaparecidas y todo el pueblo argentino sepan que a los legisladores les interesa la salud de aquellos que todos los días defienden la patria y temerariamente se suben a algunos artefactos que no están en condiciones óptimas. Sabemos que ello ocurre, y lo estamos investigando. Muchas veces el deber está por encima de la seguridad de nuestros compatriotas.

Por lo expuesto, solicito que se obvie la discusión de este tema en comisión y que le demos rápido tratamiento.

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia aclara al señor diputado Grandinetti que no es posible someter a votación el apartamiento del reglamento de un asunto que no ha sido presentado ni tiene número de expediente.

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moción de orden y de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Carmona, por Mendoza.

Sr. Carmona.- Señor presidente: solicito que se tenga en cuenta el proyecto de resolución de mi autoría contenido en el expediente 6.754-D.-2017, que fuera reproducido en otro proyecto de resolución, también de mi autoría, contenido en el expediente 605-D.-2018, por los que se solicita al Poder Ejecutivo disponga los recursos necesarios para continuar con la búsqueda y rescate del submarino “ARA San Juan”, desaparecido el 15 de noviembre de 2017, y otras cuestiones conexas.

En este sentido, sugiero que se incluya en mi iniciativa el texto del proyecto propuesto por el señor diputado Grandinetti a efectos de que quede unificado. Hemos revisado la sugerencia del señor diputado Grandinetti y estamos de acuerdo con ella, por lo cual reafirmaré brevemente los conceptos por él expresados.

Quiero reafirmar muy brevemente los conceptos que ha vertido el señor diputado Grandinetti y, sobre todo, desmentir algo que se está diciendo que ofende tanto a los familiares como a los legisladores que integramos la comisión investigadora del submarino ARA San Juan. En este sentido, se está intentando responsabilizar a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan por las demoras en la contratación directa del equipamiento para la búsqueda del submarino. Se dice que la demora se debió a una presentación administrativa que realizaron los abogados de algunos familiares.

Quisiera aclarar que dicha presentación administrativa fue realizada a mediados del mes de junio y, tal como señaló el señor diputado Grandinetti, el compromiso asumido por el ministro Aguad tiene fecha 16 de abril, cuando incluso ya nos había anticipado que el tema había sido incluido en el sistema COMPR.AR y que no más allá de los diez días –estamos hablando del 16 de abril‑ estaría concretada la contratación.

En ocasión de la comparecencia del ministro Aguad a la comisión especial investigadora pusimos a su disposición gestionar desde el Congreso y con los distintos bloques las autorizaciones legales necesarias si estas fueran imprescindibles. El gobierno continuó con el argumento de que esta contratación se cerraría rápidamente, pero eso no ocurrió.

Por último, señor presidente, quisiera pedir sus buenos oficios porque esta mañana los familiares de los tripulantes del ARA San Juan que están en la Plaza de Mayo fueron amenazados por integrantes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad para que desalojaran el lugar. Los familiares piden que este tema sea resuelto, luego de lo cual –según dicen‑ se van a retirar de la Plaza de Mayo. Es por ello que requerimos sus buenos oficios para que a través de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires se evite cualquier situación de tensión. Los familiares han sufrido una tragedia, a la que se suma este tipo de situaciones inadmisibles de maltrato, de desconocimiento de sus derechos y, en muchos casos, de ejercicio de violencia.

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia aclara, respecto de lo manifestado por el señor diputado Grandinetti, que luego del próximo orador se va a votar el apartamiento del reglamento solicitado por el señor diputado Carmona. Si se aprobara la incorporación del asunto en el temario, en particular vamos a incorporar los dichos del señor diputado Grandinetti.

Tiene la palabra la señora diputada Ferreyra, por Corrientes.

Sra. Ferreyra.- Señor presidente: adelantamos nuestro apoyo a la incorporación de lo manifestado por el señor diputado Grandinetti en el proyecto del señor diputado Carmona.

Por otro lado, me sumo a lo expresado por el señor diputado Carmona respecto de la falacia de que la búsqueda del ARA San Juan se detuvo por acciones de los propios familiares. En realidad, la búsqueda terminó por un propio dictamen del Estado nacional que daba razón a lo que decían los familiares, porque la licitación la ganó un grupo empresario con empresas que no estaban vinculadas. Es decir que si no hubieran hecho la presentación, ahora estaríamos peor.

Las cosas están tan encarajinadas que la búsqueda ha quedado prácticamente paralizada. O se lleva a cabo una contratación directa, como la que se hizo con Francia para comprar los patrulleros, o aquí no habrá adelanto alguno. A esta hora el señor ministro Aguad está recibiendo a los familiares.

Ojalá que este proyecto y que esta premura que pedimos al señor ministro –cabe aclarar que cuando quiere toma las cartas y utiliza las vías de excepción que tiene a su disposición‑ le permitan adoptar las medidas necesarias y que no se proceda al desalojo de las familias hasta que el Estado nacional realice la búsqueda de los tripulantes, que son héroes de la patria, tal como se manifestó en este Congreso.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado Carmona a fin de considerar el expediente 605-D.-2018, de su autoría. En caso de resultar afirmativa, se incorporarán las modificaciones propuestas por el señor diputado Grandinetti. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 208 señores diputados presentes, 107 han votado por la afirmativa y 99 por la negativa. No se ha computado el voto de un señor diputado.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 107 votos afirmativos y 99 negativos, y no hubo abstenciones.[7]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.

- 32 -

moción de orden y de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Martiarena, por Jujuy.

Sr. Martiarena.- Señor presidente: solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento con el objeto de considerar sobre tablas el proyecto de declaración contenido en el expediente 4.062-D.-2018, de mi autoría, relacionado con la situación de grave angustia que padecen los 357 trabajadores de la Agencia Federal de Noticias Télam, y sus familias, por el que se reclama su inmediata reincorporación.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Jujuy. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- Resulta negativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.

- 33 -

MOCIÓN DE ORDEN Y de tratamiento SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Salvarezza, por Buenos Aires.

Sr. Salvarezza.- Señor presidente: solicito que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento con el objeto de considerar sobre tablas, con votación nominal, el expediente 652-D.-2018, por el que se declara la emergencia laboral en el INTI.

Este es un caso que ejemplifica lo que está sucediendo en esta Cámara. Al asunto el 21 de marzo se le acordó preferencia con dictamen de comisión; el 16 de mayo tuvo dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo, el mismo día obtuvo dictamen de la Comisión de Industria y el 17, tres diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda solicitaron que la comisión se reuniera para tratar el tema. Cabe señalar que la Comisión de Presupuesto y Hacienda está presidida por el señor diputado Laspina, que no sé si encuentra presente hoy.

Todavía estamos esperando que la comisión se reúna y tratando de contener a los trabajadores despedidos del INTI que nos vienen a ver. Es más, habíamos pedido el Auditorio con quince días de anticipación para recibirlos, pero esta Cámara el día anterior a realizar la actividad nos negó hacer uso de ese espacio, aun cuando se encontraba desocupado. Varios diputados, entre ellos el señor diputado Solá y otros aquí presentes, tuvimos que realizar la reunión en las oficinas de la calle Rivadavia.

Esto es una vergüenza y es parte de cómo se está trabajando en esta Cámara. No olvidemos que hace dos días el diario Clarín publicó una nota en la que hizo referencia a la improductividad del Congreso. Es una vergüenza que las comisiones no se reúnan. El presidente de la Comisión de Presupuesto no convoca a reunión desde el 2 de mayo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Quiero aclarar al señor diputado Salvarezza que seguramente las instalaciones del Auditorio estarían ocupadas el día que las solicitó, porque no se le niegan a ningún diputado.

Sr. Salvarezza.- No es así, señor presidente. Nosotros solicitamos el uso del Auditorio con quince días de anticipación, y ese día permaneció desocupado.

Sr. Presidente (Monzó).- Voy a averiguar qué ocurrió.

Sr. Salvarezza.- Averígüelo, señor presidente, porque es una situación muy seria.

Sr. Presidente (Monzó).- Lo voy a averiguar, pero le aclaro que ello no es costumbre de la Presidencia.

Sr. Salvarezza.- Por eso mismo, porque no es costumbre, lo estoy planteando.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 210 señores diputados presentes, 106 han votado por la afirmativa y 99, por la negativa, registrándose además 2 abstenciones. No se ha computado el voto de 2 señores diputados.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 106 votos afirmativos; 99, negativos, y 2 abstenciones.[8]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.

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moción de orden y de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Moreau, por Buenos Aires.

Sr. Moreau.- Señor presidente: quiero plantear una moción de apartamiento del reglamento a fin de que se considere sobre tablas el proyecto de resolución contenido en el expediente 3.984, por el que pedimos la constitución de una comisión especial investigadora.

La iniciativa hace referencia a un tema que tuvo amplia difusión internacional, del que parecía que la Argentina estaba al margen: el robo de datos de las cuentas de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica, que desarrolló diversas tareas en distintos lugares del planeta.

Con el transcurso del tiempo, la investigación que está llevando adelante el Parlamento británico dio como resultado ‑el día 8 de junio‑ que el titular de esa empresa, Alexander Nix, reconoció ante la comisión del Parlamento del Reino Unido haber desarrollado campañas en la Argentina. No quiso revelar quién fue su contratante, pero sí confirmó el desarrollo de ese tipo de campañas.

Las campañas en este sentido tienen una dirección muy concreta, que es utilizar esos datos de las redes sociales ‑también utilizan bases de datos públicas‑ para direccionar los sentimientos y las preferencias de los ciudadanos, y en muchos otros casos los utilizan para desatar campañas de persecución, estigmatización o difamación de dirigentes sociales o políticos y de periodistas.

En el caso de nuestro país, hace un tiempo la delegación de Amnistía Internacional denunció que varios periodistas ‑entre ellos, Reynaldo Sietecase y María O’Donnell‑ habían sido víctimas de este tipo de persecución a través de las redes sociales.

Pero lo más grave, señor presidente, es que a través de datos de la Dirección Nacional de Migraciones hemos podido constatar que el titular de esa empresa, Alexander Nix, registra muchísimos ingresos a la Argentina. Pero no solamente ingresó él, sino que el responsable dentro de esa empresa -que reúne a agentes de inteligencia-de la llamada recolección mediante minería de datos también ingresó a la Argentina en 2014 y 2017.

Pedimos que esto se tome con seriedad. Si bien ya hubo alguna advertencia de la señora diputada Camaño y del señor diputado Cabandié, esto ahora toma forma, porque nos hemos comunicado con el comité que en el Parlamento británico lleva adelante esta investigación y nos ha provisto de tres horas de interrogatorio al señor Nix, de las cuales surge con absoluta claridad que desarrolló campañas en la Argentina.

También ha abierto una investigación la Cámara Nacional Electoral por la supuesta o posible lesión a las campañas electorales desde la clandestinidad.

Haciendo referencia a la discusión que manteníamos hace un rato, nosotros pedimos al oficialismo que acompañe esta propuesta. Alguien podrá decir que debemos hacer la denuncia ante la Justicia, pero nosotros preferimos no judicializar la política. No queremos poner en manos de jueces y fiscales la extorsión que a veces le hacen a la oposición y, otras, al oficialismo. No queremos dejar esta causa en manos de jueces para que el día de mañana la usen en su propio provecho.

La política debe dar una respuesta a estas cuestiones que ponen en peligro el régimen democrático y, además, derechos elementales de los ciudadanos, como es el derecho a la privacidad, porque estoy seguro de que estas campañas también vienen acompañadas de extorsiones que se hacen sobre empresarios o ciudadanos que piensan y se expresan de distinta manera.

Estamos pidiendo que sea el Congreso de la Nación Argentina el que investigue lo que está sucediendo, que está corroborado. Ha habido ‑y probablemente siga habiendo en este momento‑ manipulación de datos de redes sociales y acceso a redes sociales privadas y públicas. Es más; hace pocos días se denunció que hay una partida de 200 millones de pesos que financian troles desde el gobierno nacional. La verdad es que nosotros no sabemos si esto es cierto o no. No sabemos si formó parte del último apriete que hizo el Grupo Clarín para que le firmaran la fusión. Sí sabemos que es imprescindible que la política investigue en función de las garantías de los ciudadanos.

Por eso estamos planteando esta moción de apartamiento del reglamento. Pedimos encarecidamente que este tipo de circunstancias sean tratadas en las comisiones y que no sigan bloqueando la posibilidad de la transparencia de la democracia. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Señor diputado Moreau: ¿solicita que su moción se vote nominalmente?

Sr. Moreau.- Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Monzó).- De acuerdo.

Se va a votar nominalmente la moción formulada por el señor diputado por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 196 señores diputados presentes, 101 han votado por la afirmativa y 91, por la negativa, registrándose además 2 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 101 votos afirmativos; 91, negativos, y 2 abstenciones.[9]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.

Sr. Montenegro.- Señor presidente: quiero aclarar que voté por la negativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Se tendrá en cuenta, señor diputado.

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MOCIÓN DE ORDEN Y DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Filmus, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Filmus.- Señor presidente: en primer lugar, quiero mandarle un abrazo y decirle que lo acompañamos en el difícil momento por el que está atravesando.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señor diputado.

Sr. Filmus.- Señor presidente: formulo moción de apartamiento del reglamento a efectos de que la Cámara trate sobre tablas el proyecto de resolución contenido en el expediente 3.967-D.-2018, que ha sido firmado por diversos señores diputados integrantes de los bloques del Frente para la Victoria, del Peronismo para la Victoria, de Libres del Sur, del Frente Renovador, de Nuevo Espacio Santafesino y de otros bloques provinciales.

Esta iniciativa se vincula con la problemática que está viviendo en este momento la provincia del Chubut. Aquí se han planteado -y hemos apoyado- diversas iniciativas en repudio a la represión que ha habido en esa provincia, pero mientras continuamos hablando aquí, sigue sin haber clases en Chubut, y sus docentes siguen acampando y siendo hostigados.

El sentido de este proyecto es el de reivindicar el derecho a la educación, contemplado en la Constitución Nacional, en cabeza del Estado nacional. La ley 26.206, de educación nacional, coloca al Estado nacional como el principal garante de ese derecho. Asimismo, todos los tratados internacionales firmados por el Estado nacional garantizan el derecho a la educación.

A su vez, el inciso 19 del artículo 75 y, principalmente, el artículo 14 de la Constitución Nacional establecen que el derecho a la educación debe ser garantizado.

Ya se han perdido en la provincia del Chubut más de setenta días de clases, no solo porque no se ha llamado a la paritaria nacional, sino porque tampoco ha habido resolución con respecto a la paritaria de orden local.

Mediante el proyecto cuyo tratamiento solicitamos se insta al Poder Ejecutivo nacional a cumplir las leyes que permitirían resolver el conflicto para que comiencen las clases.

Quiero hablar específicamente de la ley 25.864, sancionada por unanimidad en diciembre de 2003. Esta ley, que en efecto fue apoyada por el voto de todas las fuerzas políticas, establece que cuando por cuestiones financieras una provincia no esté en condiciones de garantizar el derecho a la educación, la Nación tiene que acudir en su ayuda.

De modo que estamos exactamente frente a la situación prevista en esa norma: hay una provincia que no está pudiendo resolver el conflicto, y como los chicos y los docentes del Chubut son tan argentinos como cualquier otro, la Nación está en condición de apoyar y de ayudar, no solamente siendo solidaria, sino permitiendo de esa manera la resolución del conflicto.

Además, en la ley de financiamiento educativo la Nación cuenta con otro mecanismo para resolver el conflicto. Efectivamente, dicha norma plantea, por un lado, la paritaria nacional y, por otro, la creación del Fondo de Compensación Salarial Docente para las provincias que lo necesiten.

Cuando tratamos el presupuesto para el ejercicio en curso, desde esta misma banca advertí que si no se votaba qué porcentaje del presupuesto se destinaba a aquel fondo, auguraba un año pleno de conflictos docentes. Y los estamos teniendo, porque mientras que en el año 2016 el Fondo de Garantía Salarial Docente era el 25 por ciento de la masa salarial que repartía el gobierno nacional, en los años 2017 y 2018 ese porcentaje se redujo –según investigaciones del CIPPEC- a apenas el 6 por ciento.

De manera que solo el 6 por ciento de la masa presupuestaria que tiene el Ministerio de Educación fue destinado a apoyar a las provincias más pobres y que más lo necesitan.

En un país federal, y después de la transferencia de los servicios educativos a las provincias -que no fue acompañada de recursos- dispuesta en la década del 90, no es posible que el gobierno nacional carezca de fondos para ayudar a las provincias más pobres.

Llamo a los diputados y diputadas de las provincias que tienen más dificultades, y no solo a los del Chubut, a que aprueben esta solicitud de instar al Poder Ejecutivo a que intervenga en la solución de este problema. La provincia no está pudiéndolo hacer, pero los chicos y los docentes del Chubut tienen tantos derechos como cualquier otro.

Este proyecto, planteado en el Congreso de la Nación, ha recibido el apoyo de todos los sindicatos nacionales, entre ellos CTERA y SADOC, que han trabajado en su elaboración, y plantean que es el mecanismo para no seguir declamando, sino dar una solución concreta a los docentes, a las familias y especialmente a los chicos del Chubut que en este momento están sin clases y en medio de un conflicto.

Insto entonces a todos los diputados y diputadas de las provincias del interior que están atravesando esta misma situación, y que no pueden resolver sus paritarias locales, porque no existe la paritaria nacional, a que frente al incumplimiento del gobierno nacional nos acompañen en esta moción, cuya votación solicito que se practique en forma nominal. De esta manera, no solo haremos una declaración, sino que daremos una alternativa concreta de solución al conflicto.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Igon, por Chubut.

Sr. Igon.- Señor presidente: en el mismo sentido que el diputado preopinante, quisiera aclarar también la necesidad que tenemos de tratar con urgencia el proyecto de resolución que presenta el diputado Filmus junto con otros colegas de todas las bancadas de la oposición.

No hay tiempo. Realmente, la situación en Chubut es acuciante. Necesitamos tener la posibilidad de discutir esto en el recinto hoy mismo, porque creemos que permitirá al gobierno de la provincia resolver un conflicto que ya ha generado setenta días sin clases.

A nadie escapa que hoy el gobierno de nuestra provincia tiene serias dificultades económicas y financieras, y lo único que se está pidiendo es la intervención del Estado nacional para que se pueda llegar a un acuerdo. No se está pidiendo nada del otro mundo. Entre lo que puede aportar la provincia y lo que están solicitando los docentes, tenemos una diferencia de apenas 300 pesos. Me parece que hoy no es un monto significativo para la Nación, y además de haber sido firmado por diputados de los distintos bloques, esta iniciativa también cuenta con el acompañamiento de todos los sindicatos y gremios docentes del país.

Por lo tanto, me parece importante llamar a la reflexión para que se pueda aprobar esta moción, de modo que luego podamos debatir la cuestión.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado Filmus en relación con el expediente 3.967-D.-2018. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 204 señores diputados presentes, 98 han votado por la afirmativa y 99 por la negativa, registrándose además 5 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 98 señores diputados por la afirmativa y 99 por la negativa. Además, se registraron 5 abstenciones.[10]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.

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MOCIÓN DE ORDEN Y DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Volnovich, por Buenos Aires.

Sra. Volnovich.- Señor presidente: solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones del Reglamento a fin de tratar sobre tablas el proyecto de ley contenido en el expediente 3.681-D.-2018, de protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este proyecto era parte del temario de la última sesión especial que, lamentablemente, fracasó por falta de quórum, pero venimos a insistir y a tratar de convencer a nuestros colegas de arribar a un consenso para tratar este tema que nos preocupa. Más allá de las disidencias que tengamos sobre esta cuestión, debería ser una preocupación general y común la protección de los fondos de la seguridad social.

Quiero dar algunos datos. En el año 2015 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía 66.000 millones de dólares, y en la actualidad tiene 46.000 millones, producto de la devaluación, de los malos negocios, de las comisiones pagadas, de la venta de empresas mediante la OPA, como por ejemplo Petrobras, y por el uso de este fondo para cubrir los baches de un modelo económico que, evidentemente, no funciona.

También, la reparación histórica aprobada en el marco de este modelo no resolvió el problema de los jubilados ni la crisis de litigiosidad, y fue un factor más que tensionó el sistema previsional y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Estoy hablando de lo que pasó antes del acuerdo con el FMI, antes del memorándum.

Hoy, por el acuerdo firmado con el FMI, que es de público conocimiento, se pretenden utilizar los fondos de los futuros jubilados para los gastos corrientes, acelerando la crisis del sistema previsional y también nuestra preocupación.

El problema que tenemos es que se pretende con fondos finitos cubrir gastos corrientes. Parece que esta ecuación no funciona, más aún cuando los recursos del sistema que se utilizan para pagar las jubilaciones mensualmente también vienen bajando, porque se han destruido dos mil doscientos cincuenta puestos de trabajo mensualmente desde que la alianza Cambiemos es gobierno, y se han reducido las cargas patronales como un beneficio para los empresarios.

A esto hay que sumar otras decisiones, como que el impuesto a las ganancias no vaya más al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es una decisión para mí polémica, porque estas decisiones achican los recursos del sistema que se usan para pagar mensualmente las jubilaciones. Mientras recortan los recursos del sistema pretenden usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para ir cubriendo los baches y afrontar el pago de las jubilaciones.

Esta ecuación en la que está incluido el enflaquecimiento de los recursos del sistema y el FGS, que ya ha perdido 20.000 millones de dólares, para mí da cero. Da cero para todos los jubilados y cero a los efectos de la capacidad de pago. Pone en quiebra el sistema previsional y, sin duda alguna para nosotros, es un plan que terminará en la capitalización individual como salida para pagar las jubilaciones.

Ayer nos dijo en una comisión el ministro Dujovne que no tenía pensado liquidar el FGS vendiendo las acciones. Entonces, hoy nosotros venimos a pedir el acompañamiento de los diputados de la oposición, sabiendo que muchos tienen reparos respecto de mi proyecto, como el señor diputado Diego Bossio y la señora diputada Mirta Tundis, que ha presentado un proyecto en otro sentido.

Venimos a pedir el apartamiento del reglamento para tratar esta iniciativa y consensuar el mejor proyecto posible, dando un mensaje a la ciudadanía en el sentido de que vamos a proteger los fondos de los jubilados y no vamos a usar la plata del sistema previsional para rescatar a los bancos y para cubrir las crisis económicas.

Si nosotros pudiéramos aprobar el apartamiento del reglamento y consensuar el mejor proyecto posible, podríamos de alguna manera brindar seguridad, porque hoy los jubilados no la tienen. No me refiero a la seguridad de llegar a fin de mes, sino a la que tenemos que dar a todos los argentinos de que se van a poder jubilar.

También aprovecho para decir a las diputadas del oficialismo, como la diputada “sorora” Lospennato, que encabezó con otras señoras diputadas la lucha del colectivo de mujeres, que necesitamos que nos acompañen con otra reivindicación, que es la defensa del sistema previsional como hoy lo conocemos, porque fue el que permitió que se jubilaran tres millones y medio de personas, siendo el 80 por ciento mujeres.

Esas chicas que estaban con los pañuelos verdes pidiendo el aborto legal, seguro y gratuito, tienen que saber que sus abuelas se jubilaron con las moratorias previsionales, pero sus madres, con este plan de gobierno, no se van a poder jubilar.

Por eso, creo que realmente tenemos que dar una discusión honesta y decir si vamos a estar de acuerdo. Yo creo sin duda alguna que los diputados que estamos dispuestos a proteger los recursos de los jubilados y el sistema previsional vamos a votar afirmativamente el apartamiento del reglamento para ponernos a trabajar hoy mismo en el mejor proyecto posible. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en consensuar con todas las fuerzas políticas el mejor articulado para que el proyecto sea aprobado.

Solicito votación nominal respecto de la moción que he presentado. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el apartamiento del reglamento solicitado por la señora diputada Volnovich. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 201 señores diputados presentes, 101 han votado por la afirmativa y 98 por la negativa. No se ha computado el voto de un señor diputado.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 101 señores diputados por la afirmativa y 98 por la negativa, no habiéndose registrado abstenciones.[11]

Sr. Presidente (Monzó).- Se deja constancia de que el señor diputado Solá ha votado por la afirmativa.

Queda rechazada la moción.

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MOCIÓN DE ORDEN Y DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Siley, por Buenos Aires.

Sra. Siley.- Señor presidente: en primer lugar quiero darle mi pésame por lo que sucedió con su madre.

Sr. Presidente (Monzó).- Muchas gracias, señora diputada.

Sra. Siley.- Asimismo, solicito apartamiento del reglamento a fin de que se trate sobre tablas el proyecto de ley contenido en el expediente 3.996-D.-2018, que declara la emergencia ocupacional y la prohibición de despidos en la Agencia Télam. Se encuentran presentes trabajadores despedidos de la Agencia Télam, que en la actualidad rondan las trescientos cincuenta y siete personas. (Aplausos.) También, desde la misma Agencia están siguiendo atentamente esta sesión.

El proyecto cuyo tratamiento sobre tablas estamos pidiendo, a cuyo efecto solicito se practique votación nominal, declara la emergencia por ciento ochenta días. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos que poner un paliativo, reincorporar a los trescientos cincuenta y siete despedidos y evitar despidos en ese lapso.

Solicitamos que esta Cámara comience a tratar el proyecto de fondo luego de esta declaración de emergencia, que es lo que proponen los propios trabajadores y trabajadoras de Télam, cuyo objetivo es que a través de una comisión bicameral el Congreso se haga cargo de la agencia.

Pero esta declaración de emergencia tiene que ver con la implicancia de estos despidos, que no se refieren solamente a una cuestión laboral, aunque es sustancial, porque no sé si ustedes saben, diputados y diputadas, que el salario tiene carácter alimentario y que un despido implica sacarle el pan de la mesa a una familia.

El desguace de Télam implicó, entre otras cosas, que el área de género de la agencia, que tenía nueve trabajadoras, pase a tener solamente una; que el área de nuevas tecnologías se quede con tan solo un trabajador, y que el sector audiovisual de la agencia –donde este gobierno supuestamente hizo una inversión importante comprando drones y cámaras- tenga una reducción sustancial del 60 por ciento del personal.

Hay varias cuestiones que este desguace afecta. La primera que quiero mencionar, que tiene que ver específicamente con los despidos, es la violación al derecho del trabajo. El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, dijo en declaraciones periodísticas ‑porque al Congreso de la Nación aún no ha venido a dar las explicaciones que hemos solicitado desde la Comisión de Legislación del Trabajo y la Comisión de Libertad de Expresión- que los despedidos eran de Resistiendo con Aguante, que eran lobos disfrazados de corderos, que eran todos K, etcétera, etcétera. Eso llevó a que, lamentablemente, trabajadores y trabajadoras con 20, 25 y 30 años de antigüedad en la Agencia Télam tuvieran que salir a explicar que nunca habían hecho un paro, que en realidad no eran kirchneristas, como si, además, fuera un delito.

El delito estipulado por la normativa laboral es despedir a un periodista por su afiliación política. Lo dice el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, la ley 23.592 y también el Estatuto del Periodista, que data del año 1944, fecha que nos tiene que sonar.

Específicamente, el artículo 29 del Estatuto del Periodista Profesional dice lo siguiente: “La circunstancia de que el periodista sea afiliado a un sindicato o asociación gremial o a un partido político no podrá ser motivo para que el empleador impida su ingreso, como tampoco causal de despido.” Derecho laboral flagrantemente violado por el señor Lombardi.

Otro de los aspectos afectados por el desguace de la Agencia Télam es la libertad de expresión. No es casualidad que en la misma semana que se fusionan Telecom y Cablevisión se reduzca el 50 por ciento de la Agencia Nacional de Noticias. Acá se pone en juego la verdad, porque ella es transmitida a la población por los medios de comunicación. Este desguace de Télam fomenta la monopolización de la comunicación, como lo sigue haciendo este gobierno desde que asumió, con medios corporativos de comunicación que le sirven a sus intereses económicos y financieros y es un grave cerco mediático.

Sr. Presidente (Monzó).- Señora diputada: ¿puede ir cerrando su exposición?

Sra. Siley.- Ya finalizo, señor presidente.

Otro de los puntos es la afectación al federalismo. Aquí hay diputados y diputadas de las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, Misiones, Río Negro. Esas corresponsalías de Télam fueron directamente cerradas. No hay más Télam en esas jurisdicciones. Y en el resto de las provincias quedó tan solo un corresponsal de esta agencia de noticias.

Entonces, tenemos derechos laborales, libertad de expresión y federalismo afectados por esta medida. Les pedimos nuevamente que por favor voten la emergencia ocupacional y que luego nos ocupemos de evaluar la posibilidad de que exista una agencia que dependa de esta Honorable Cámara de Diputados. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar en forma nominal la moción de apartamiento del reglamento formulada por la señora diputada Siley respecto del expediente 3.996-D.-2018. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- - Se practica la votación nominal.

- - Conforme al tablero electrónico, sobre 196 señores diputados presentes, 102 han votado por la afirmativa y 93, por la negativa.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 102 votos afirmativos, 93 negativos y no hubo abstenciones.^[12]

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Delú, por La Pampa.

Sra. Delú.- Señor presidente: mi voto es por la afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Echegaray, por Buenos Aires.

Sr. Echegaray.- Señor presidente: mi voto es por la negativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.

Se va a pasar al orden del día. (Aplausos.)

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moción de orden

Sr. Presidente (Monzó).- Para una moción de orden tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos Aires.

Sra. Lospennato.- Señor presidente: hemos acordado con los distintos bloques adelantar el tratamiento del proyecto de ley en revisión contenido en el expediente 39-S.-2018, por el que se regulan las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, y derogación de la ley 24.193, de trasplante de órganos y material anatómico.

Formulo esta moción en virtud de que está acompañándonos la familia de Justina y se halla a la espera del tratamiento de este proyecto.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar la moción formulada por la señora diputada Lospennato.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobada la moción. Por lo tanto, el asunto será tratado como primer punto.

- 39 -

regulación de las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano y derogación de la ley 24.193, de trasplante de órganos y material anatómico.

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se regulan las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, y derogación de la ley 24.193, de trasplante de órganos y material anatómico (Expediente 39-S.-2018).

aquí proyecto DE LEY en revisión SOBRE actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, y derogación de la ley 24.193, de trasplante de órganos y material anatómico. (39-S.-2018)

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky, por Buenos Aires.

Sr. Lipovetzky.- Señor presidente: es realmente una gran emoción poder presentar este proyecto de ley venido en revisión sobre un nuevo régimen de trasplantes de órganos, tejidos y células de origen humano.

Este es un tema de altísima sensibilidad, ya que los trasplantes generan angustia y ansiedad, sobre todo para las personas que esperan un trasplante. Pero también producen esperanza.

Esta iniciativa nació a partir de Justina, una niña que puso en valor lo que significa la donación de órganos. La llamada Campaña de Justina hizo crecer el número de personas dispuestas a donar órganos como jamás había sucedido antes.

Tuve la posibilidad de compartir de alguna manera con su familia parte de la internación de Justina en un sanatorio, mientras mi hijo también estaba internado, en septiembre del año pasado, momento trágico para su familia, como también lo fue para la mía. Compartí ese momento de angustia que todo padre tiene cuando ve a su niño internado. Mi hijo estaba internado por síndrome urémico-hemolítico, una enfermedad endémica en la Argentina. Somos el país con más alto nivel de contagio en el mundo, y sobre todo afecta a los chicos, enfermedad que es responsable del 20 por ciento de los trasplantes renales a los menores. Justamente hoy estamos tratando de mejorar la ley de trasplantes para dar una respuesta a esos cientos de chicos que esperan un trasplante renal.

Por otra parte, los trasplantes renales representan el 50 por ciento de la totalidad de los trasplantes que se realizan en la República Argentina.

Dentro de poco tiempo se celebrará la Semana de Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico. En este sentido, quiero aprovechar esta oportunidad para recordar que se debe trabajar en la prevención de esta terrible enfermedad mediante la adecuada cocción de la carne -sobre todo, en el caso de los niños- y el uso adecuado de los utensilios destinados al consumo de esos alimentos, a fin de no mezclarlos con otros.

El proyecto en consideración propone una nueva ley de trasplantes que reemplace a la anterior, la 24.193, que fue una buena norma y constituyó oportunamente un gran avance. No obstante, luego de muchos años de vigencia, esa ley requería una mejora, como claramente lo determina esta iniciativa.

Este proyecto de ley ha sido impulsado en la Cámara Alta por el señor senador Marino. Allí mantuvimos varias conversaciones porque justamente en la Cámara de Diputados se habían presentado muchas iniciativas relacionadas con este tema que expresaban la preocupación de muchos colegas respecto de esta cuestión.

Para hacer honor a la verdad, voy a mencionar cada uno de los proyectos presentados en relación con el tema de la donación de órganos y que fueron girados a la Comisión de Legislación General. Lo hago en virtud de que la iniciativa que viene del Honorable Senado es muy amplia y abarcativa, por lo que de alguna manera recoge cada uno de los proyectos presentados por los señores diputados.

Se trata de los proyectos contenidos en los expedientes 418-D.-2017, del señor diputado Carlos Rubin; 1.582-D.-2017, del señor diputado Fernando Sánchez y otra; 2.414-D.-2017, del señor diputado Miguel Bazze; 2.777-D.-2017, de la señora diputada Carina Banfi y otros; 2.780-D.-2017, del señor diputado Pablo Kosiner y otros; 3.390-D.-2017, de la señora diputada Brenda Austin, y finalmente el 39-S.-2018, que estamos considerando.

En relación con el señor diputado Kosiner, deseo señalar que el día en que, lamentablemente, falleció Justina efectuamos un homenaje en este recinto, durante la sesión que se estaba celebrando. Si mal no recuerdo, creo que eso tuvo lugar un 22 de noviembre. Junto con el señor diputado nos comprometimos a trabajar sobre un proyecto de ley de trasplante de órganos. Consecuentemente, creo que con el resto de los señores diputados estamos dando cumplimiento al compromiso asumido.

Por otra parte, quiero efectuar un breve relevamiento sobre los temas que se incorporan en este proyecto de ley. En primer término, se explicitan los derechos de los donantes y de los receptores. Me refiero a los derechos a la intimidad, la privacidad, la confidencialidad, la integralidad, la información y el trato equitativo e igualitario.

En segundo lugar, se establece la prioridad en lo relativo al traslado aéreo y terrestre de los pacientes con operativos en curso.

En tercer término, se incorporan las células, ya que la ley vigente solo prevé el caso de los órganos y los tejidos.

En cuarto lugar, se determina un régimen de capacitación permanente para los recursos humanos afectados al proceso de donación.

En quinto término, se establece la creación de servicios de procuración en los establecimientos hospitalarios a fin de garantizar cada una de las etapas de la donación.

En sexto lugar, se incorpora el procedimiento de la donación renal cruzada. Precisamente, varios de los proyectos que acabo de mencionar regulan el tema de la donación renal cruzada, que requiere un procedimiento específico. Por ende, la iniciativa en tratamiento, tan vasta y amplia, lo incluye.

Por último, el proyecto mantiene la posibilidad de realizar la ablación de órganos y tejidos sobre toda persona capaz mayor de dieciocho años que no haya dejado expresa constancia de su oposición. Este es un aspecto clave que en última instancia refuerza la presunción establecida en la ley vigente.

En definitiva, por medio de este proyecto de ley estamos avanzando con acciones directas y eficaces para procurar, agilizar y simplificar este tema.

Por supuesto que esto deviene de un proyecto transversal, tal como lo hemos expresado en las iniciativas que hemos considerado y en las que trató el Honorable Senado. Son iniciativas originadas en diferentes bloques parlamentarios y que demuestran el interés y la transversalidad de este tipo de proyectos. Creo que en cierta forma este es el ejemplo que venimos dando en el Congreso Nacional mediante la sanción de diversas iniciativas vinculadas con el tema de la salud pública y que tienen ese mismo espíritu.

En otro orden de cosas, deseo expresar mi agradecimiento a Ezequiel y Paola, los padres de Justina, que están aquí presentes, por su compromiso y esfuerzo.

Por último, creo que este proyecto de ley se lo debíamos a Justina y a los miles de argentinos que esperan hoy un trasplante. Esta iniciativa representa el futuro y una posibilidad de esperanza para muchos que hoy la necesitan. Este proyecto es Justina y sus sueños, como así también su legado.

Además, hoy estamos cumpliendo un mandato popular, en el sentido de que la gente nos ha elegido para que sancionemos leyes que mejoren la calidad de vida de los argentinos. Resulta claro que la ley Justina lo es y lo hace. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Polledo, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Polledo.- Señor presidente: en primer término, quiero hacerle llegar un fuerte abrazo.

Sr. Presidente (Monzó).- Muchas gracias, señora diputada.

Sra. Polledo.- En segundo lugar, a partir de la sanción definitiva de este proyecto de ley, denominado ley Justina en homenaje a Justina Lo Cane y la lucha de sus padres, realmente estaremos dando un paso trascendente respecto de la donación y ablación de órganos, tejidos y células en nuestro país.

Creo que esta iniciativa ha sido denominada ley Justina porque, precisamente, enarboló una necesidad, tal como ocurrió en muchas otras ocasiones. Pero también por los cientos de Justinas que no tuvieron esta oportunidad y a las que en este momento queremos honrar. De esta forma, mediante la sanción de esta norma tendremos una nueva oportunidad en la República Argentina.

El proyecto de ley en consideración nos lleva a un cambio de paradigma, al tiempo que moderniza la regulación del marco legal para toda la actividad, estableciendo las funciones del Incucai y regulando la capacitación, el seguimiento de los donantes y los receptores.

Asimismo, se determinaron los requisitos que deben cumplir los profesionales y los establecimientos médicos, las recomendaciones para los medios de comunicación y las penas y sanciones en los casos que corresponda.

Dado el enorme consenso obtenido por este proyecto de ley en el Honorable Senado –entiendo que lo propio ocurre entre nosotros, al no haberse discutido esta iniciativa en comisión-, quiero manifestar que un grupo de señores diputados recibimos consultas de algunas sociedades científicas, las que fueron respondidas.

No creo que abunde si comento que a nuestro juicio la norma es clara al explicitar los derechos de los donantes y los receptores. Me refiero a los derechos referidos a la intimidad, la privacidad, la confidencialidad, la integridad, la información y el trato equitativo e igualitario.

En este sentido, deseo destacar los principios en los que se enmarca el espíritu de este proyecto de ley: el respeto por la dignidad, la autonomía, la solidaridad, la justicia, la equidad y la autosuficiencia.

En este orden de ideas, se incluyen las células al marco regulatorio, se crean los servicios de procuración en los establecimientos hospitalarios destinados a garantizar cada una de las etapas del proceso de donación, se simplifican y optimizan los procesos y se incorpora a la Comisión Federal de Trasplantes como órgano asesor del Incucai.

Finalmente, como se desprende del contexto y de lo expresado por el miembro informante en el Honorable Senado, se mantiene la manifestación de la voluntad expresa -ya sea afirmativa o negativa- a la donación para toda persona mayor de dieciocho años y por los mismos canales que existen en la actualidad.

También se mantiene la posibilidad de efectuar la ablación de órganos y tejidos sobre todo persona mayor capaz de dieciocho años que no haya dejado constancia expresa de su oposición, realizándose después de su muerte la extracción de sus órganos y tejidos.

En caso de no encontrarse registrada la voluntad del causante, el profesional a cargo del proceso de donación deberá verificarla conforme lo determine la reglamentación. En el caso de los menores, se posibilita la obtención de la autorización para ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente.

La enfermedad es dura y la situación se complica a partir de la falta de recursos. Pero a veces estos últimos no son solamente materiales, sino que también existe la necesidad de que nosotros, como individuos solidarios, acompañemos para salvar vidas

En síntesis, creo que esta es una acción directa tendiente a la agilización eficaz dentro de un marco regulatorio responsable en la búsqueda de lo que todos seguramente anhelamos: una sociedad más justa y solidaria. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

Sra. Burgos.- Señor presidente: hoy estamos aquí para tratar este proyecto que ha recibido sanción del Senado, relativo a la ley de trasplante de órganos, tejidos y células de seres humanos, también llamada ley Justina en homenaje a esa niña de 12 años que luchó y que falleció el año pasado a causa de no haber recibido un órgano para salvar su vida.

Mientras estamos debatiendo acá, según datos del Incucai, existen hoy, en tiempo real, 7.730 personas que necesitan el trasplante de un órgano para salvar su vida. Esta cifra es alarmante: solo el 6,41 por ciento somos donantes, y eso es lo que esta ley trata de revertir.

Este proyecto fue trabajado en conjunto con el Incucai y aprobado por unanimidad en la Cámara Alta. Fue propulsado por el senador Marino, que está acá presente.

Actualmente, para ser donante, las personas deben manifestar su voluntad de donar sus órganos, ya sea en el Incucai, en los organismos provinciales de ablación de trasplantes, en el Registro Nacional de las Personas ‑Renaper‑ o en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas.

Esta voluntad queda registrada en el Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación de Órganos y Tejidos. Si una persona muere y no manifestó su voluntad sobre la donación de sus órganos, se pregunta a sus familiares si saben cuál es la voluntad de la persona que ha fallecido. Si hay contradicciones entre familiares, se opta por los familiares más cercanos, y si hay contradicción entre estos se opta directamente por la donación de órganos.

Con esta ley seremos todos donantes. Todas las personas mayores de edad seremos donantes. Y los que no quieran serlo, dejarán expresa su voluntad en ese sentido.

Esta ley sí produce un cambio de paradigma, porque a través de ella –no me cabe la menor duda de que hoy la vamos a sancionar- todos nos vamos a convertir en portadores y vamos a tener la posibilidad de evitar que una persona muera a causa de no recibir un órgano, un tejido o una célula.

Esta iniciativa, como lo dijeron los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, incorpora de manera expresa el respeto por la dignidad, la autonomía, la solidaridad, la justicia, la equidad y la autosuficiencia. 

Se establecen como derechos de los donantes y de los receptores los de la intimidad, privacidad y confidencialidad, a la integridad, a la información y al trato equitativo e igualitario.

Se establece la prioridad en el traslado aéreo y terrestre de pacientes con operativos en curso. Se incorpora el procedimiento de donación renal cruzada.  Se simplifican y optimizan los procesos que requieren intervención judicial.  Se explicita el deber de contar con un régimen de capacitación permanente para el recurso humano que va a estar afectado al proceso de donación y trasplante. 

Con esta ley se agilizará y aumentará la donación y trasplante de órganos en el país, eliminando todas las trabas burocráticas y evitando la pérdida de vidas salvables. Queremos que la Argentina sea un país líder en el mundo en referencia a la donación de órganos.

Quiero resaltar la lucha de los padres de Justina, que están acá presentes. No puedo imaginar el dolor que sintieron cuando perdieron a su hija, pero siguieron al pie del cañón para que esta ley salga y para evitar que en la Argentina haya más casos como el de Justina. Así que los felicito. Gracias por su esfuerzo, gracias por su trabajo y gracias por este dolor, porque lo convirtieron en una lucha en este país. Son un ejemplo. (Aplausos.)

Creo que, sin más, tenemos que aprobar ya mismo este proyecto que fuera aprobado por el Senado de la Nación. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Raverta, por Buenos Aires.

Sra. Raverta.- Gracias, señor presidente, y lo abrazo y saludo en este día tan particular.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, diputada.

Sra. Raverta.- En primer lugar, queremos saludar a los papás de Justina, a Ezequiel y a Paola, que están acá presentes. También a sus hermanos, a su abuela, a su abuelo y a los amigos de Justina. (Aplausos.) Queremos decirles que para nosotros es un honor que nos acompañen. Nosotros creemos en un Congreso de puertas abiertas, donde la comunidad nos acompañe mientras legislamos.

Sabemos que estuvieron en el Senado y que también allí estuvieron los compañeros de escuela de Justina. Bueno, hoy están en la Cámara de Diputados, así que les damos la bienvenida.

Quiero contarles por qué el bloque del Frente para la Victoria va a acompañar y votar afirmativamente este proyecto. En primer lugar, porque se trata de una norma sancionada por el Senado que fue firmada por 58 senadores de distintos bloques políticos. Se trata de una norma que fue aprobada por unanimidad. Por lo tanto, es una iniciativa que obtuvo pleno consenso.

Pero, además, esta norma tiene, de alguna manera, una historia de políticas públicas y de avances legislativos. De hecho, en 1993 se sancionó la primera ley de trasplante de órganos y tejidos, y en 2005 fue modificada para que pudiera existir la figura del donante presunto.

Pero, además, esta historia incluye un programa federal de procuración que incorporó en 2004 la figura del coordinador hospitalario en todo el país; en 2010, un plan de desarrollo de trasplante renal; en 2014, un programa denominado Hospital Donante, que consistía en una estrategia que considera que la comunidad hospitalaria es un factor determinante en el proceso de donación, por lo cual estimula su participación en capacitación y en protocolos de intervención institucionales.

También en 2014 se promulgó la ley 26.928, por la que se crea un régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante inscripto en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren en lista de espera para trasplantes en dicho sistema.

En los últimos quince años se ha observado un aumento significativo en la donación de órganos. De hecho, el año que más donaciones de órganos existieron fue 2012. Sin embargo, actualmente casi 11.000 personas están esperando un trasplante en la Argentina.

La tasa de donantes de órganos por millón de habitantes disminuyó en 2016. Es sabido acá y en el resto del mundo que en momentos de crisis y de descreimiento de la salud pública y del Estado la cantidad de donantes disminuye.

A nivel latinoamericano, la Argentina es uno de los países líderes –junto con Cuba, Uruguay y Brasil- y sus valores son superiores a trece donantes por millón de habitantes. Si bien somos pioneros en la región, estamos muy lejos de España –líder mundial-, que ostenta una tasa de cuarenta personas por millón de habitantes.

Esta norma también construye un nuevo marco normativo: establece derechos y principios de donantes y receptores; fomenta la creación de servicios de procuración e instituciones sanitarias y capacitación del personal de salud que los integran; incorpora el rol de los medios de comunicación para el abordaje responsable de las noticias vinculadas con la donación; compromete al Ministerio de Salud a asegurar la provisión de medicamentos y procedimientos terapéuticos necesarios como consecuencia de los trasplantes.

Además, es importante que en este recorrido reconozcamos la labor del Incucai, una institución que hace casi cuarenta años mantiene a la Argentina en un lugar de vanguardia. Su responsable nos acompaña en esta sesión.

Hoy contamos con más de 150 centros habilitados para realizar trasplantes de órganos y más de 600 para trasplantes de tejidos.

Sin embargo, con Justina no llegamos; no encontramos el corazón para Justina, no logramos salvar su vida, como la de tantos otros chicos y chicas adolescentes, adultos o adultos mayores. Digo que no lo logramos porque cada uno desde su responsabilidad, en el lugar que ocupamos en esta comunidad, no pudimos hacerlo.

Esta iniciativa dará respuesta a una parte de este problema, que es la de contar con más donantes; pero no es suficiente, porque esta problemática requiere una visión integral sobre la situación que atraviesan las personas que necesitan un trasplante. Debemos encontrar políticas públicas en las que el Estado se comprometa con un presupuesto acorde a la realidad de la que estamos hablando: personas que salvan personas.

Nos encontramos con un modelo económico que recorta presupuesto para la salud pública, que no le asigna su lugar de prioridad. Sin ir más lejos, la semana pasada vimos y nos emocionamos con un abrazo que se hizo en el Hospital El Cruce - Alta Complejidad en Red, Doctor Néstor Kirchner, de Florencio Varela, cuando la comunidad en su conjunto salió a resistir lo que terminó siendo una amenaza de un recorte presupuestario. En ese hospital se realizan 600 trasplantes por año, 4.000 cirugías y más de un millón de análisis clínicos.

Difícilmente logremos mejorar las condiciones para estas 11.000 personas que se encuentran en la lista de espera si no contamos con el recurso presupuestario necesario para que la salud pública dé respuesta a las problemáticas de los argentinos y las argentinas.

Podemos tener mejores leyes y contar con la solidaridad como ejercicio cotidiano de los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. Por eso hoy estamos aportando un grano de arena más para la situación que atraviesan estas personas mediante el tratamiento de este proyecto de ley.

Pido que al momento de la reglamentación de esta ley por parte del Poder Ejecutivo asumamos el compromiso de incluir a aquellos actores como el Incucai, la Sociedad Argentina de Trasplantes y los jefes de equipos de trasplante, puntualmente en el artículo 33.

Necesitamos un Estado que garantice el derecho a la salud como derecho humano y esencial. Por eso es necesaria esta norma.

Cuando estuvimos con el papá de Justina, Ezequiel, nos contó que Justina había transmitido a sus papás la necesidad de que hicieran algo para los otros. Quiero decir a sus papás que la lucha será una obligación para toda la vida, que ese mandato los acompañará siempre, pero que hoy en este recinto se está dando un paso fundacional al construir esta victoria. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Lotto, por Formosa.

Sra. Lotto.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludarlo por la situación que le ha tocado vivir en estos días. Lo acompañamos en su dolor.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. Lotto.- En 2016 presenté un proyecto similar, que lamentablemente no ha sido tratado y ni siquiera fue tenido a la vista. Me refiero al expediente 8.674-D.-2016, sobre modificación de los procedimientos de trasplante de órganos y materiales anatómicos en menores de 16 años.

Además de los temas incluidos en el proyecto venido en revisión, mi iniciativa contemplaba la modificación que se introdujo en el Código Civil y Comercial, planteando la posibilidad de que los donantes también se incorporasen a partir de los 16 años.

Este es un asunto de gran trascendencia, que mereció un amplio debate en ambas Cámaras, pero lastimosamente se trató en forma exprés y no pudimos contemplar todas las alternativas que teníamos a disposición para considerar algo tan importante como la donación de órganos.

Independientemente de esto, celebramos que hoy estemos tratando este tema y que podamos sancionar una norma que permita flexibilizar y concientizar a los ciudadanos de la importancia de la donación de órganos.

Quiero resaltar que en mi provincia tenemos un hospital de alta complejidad que se dedica a hacer trasplantes, y también padece los inconvenientes de la falta de concientización acerca de lo que significa donar órganos, es decir, dar vida después de la muerte.

Esta es una cuestión no resuelta. Por ello celebro el paso que estamos dando y acompaño a los familiares y amigos de Justina, que a pesar del dolor que han sufrido han tenido la fuerza y el coraje de trabajar e insistir para que se trate esta norma y hoy estemos definiendo un proyecto que seguramente se convertirá en ley y permitirá una mayor concientización y más oportunidades de salvar vidas.

Falta mucho por recorrer. Hacemos votos para que el tema se siga trabajando, para que la salud sea prioridad en el programa de este gobierno y para que tengamos conciencia de que donar órganos es donar vida.

Espero que se tenga en cuenta el proyecto que en su momento se ha presentado, que prácticamente se plantea en los mismos términos del que estamos considerando, lo cual celebro. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Kosiner, por Salta.

Sr. Kosiner.- Señor presidente: en nombre de mi bloque quiero saludarlo y reconocer su actitud. Sabemos el dolor que debe estar sintiendo y el hecho de que hoy esté en esta sesión también debe ser resaltado. En momentos en los que a veces no se habla muy bien de la política, queremos reconocer que usted es un hombre de compromiso y de valores. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señor diputado.

Sr. Kosiner.- Señor presidente: estoy en esta sesión haciendo uso de la palabra como legislador y compartiendo la posición con otros diputados de mi bloque, pero si las circunstancias de la vida hubieran sido otras, yo debería haber estado junto con los padres de Justina, Ezequiel y Paola.

En política no es muy recomendable autorreferenciarse en una exposición, pero lo pensé mucho y creo que la mejor manera de aportar al esclarecimiento de este tema es contar mi experiencia.

Este es Juan Pablo, esta es su foto, y digo “es” porque quienes pasamos por la difícil circunstancia de perder un hijo solemos hablar en presente. Esta ley Justina también podría denominarse Ley Juan Pablo. Me tocó la desgraciada situación de perder a Juan Pablo en una terapia del Hospital Italiano en el año 2011, esperando un trasplante de órganos en emergencia nacional.

Nunca imaginé que las circunstancias de la vida me iban a llevar a esa situación, aunque cuando supe que iba a ser diputado nacional me prometí hacer todo lo posible para que el corazón de esta ley, que es la presunción de donación de órganos, se convirtiera en realidad. Ese es el desafío de esta iniciativa.

Yo puedo transmitir lo que significa esta ley para miles de familias, de acuerdo con las estadísticas, a las cuales deseamos que no les suceda lo que nos pasó a nosotros y que tengan una alternativa de vida para sus hijos.

Tal como lo señaló la diputada Raverta, la Argentina ha tenido un proceso positivo en cuanto a la política pública sobre donación de órganos. En la ley 24.193, del año 1993, teníamos un esquema en el que debía haber una expresión positiva de la voluntad al decir: “Yo quiero ser donante”. Cuando sucedió lo de mi hijo estaba vigente esa normativa, y como dije, yo podría haber estado con mi esposa Graciela y mis hijos, compartiendo asientos junto a Ezequiel, Paola y sus hijos.

En ese momento había que hacer una expresión positiva. Juan Pablo a los dos años tuvo la posibilidad de tener un trasplante, pero la carencia era tal que en ese entonces los trasplantes a niños de esa edad eran muy difíciles. Hubo que hacer un proceso de reducción de un hígado de un adulto a un menor, con las complejidades que ello generaba. Las circunstancias de la vida llevaron a que a los 16 años Juan Pablo necesitara un retrasplante. Sabíamos que esa posibilidad existía, y el deterioro de su salud en 2011, a pesar de entrar en emergencia nacional y la voluntad de todo el equipo del Hospital Italiano, no le permitió esperar a que ese órgano apareciera.

En esa segunda experiencia ya estaba vigente la ley 26.066, que es la del donante presunto. Nosotros en ese caso teníamos la expectativa de que el proceso pudiera ser más rápido.

¿Por qué es importante este proyecto? Quiero decirlo muy categórica y crudamente. El desafío es que se cumpla la voluntad de quienes tomamos la decisión de no revocar en vida la presunción. Tal cual lo planteaba la ley 26.066, esta iniciativa lo reafirma. Desde que nacemos somos donantes y tenemos una gama de posibilidades para revocar esa donación: cuando se tramita el documento, cuando se emite la licencia de conducir, en las campañas del Incucai, etcétera. Ahora bien, si yo tuve todas esas posibilidades durante mi vida y dije: “Quiero ser donante, no voy a revocar esa presunción”, nadie tiene derecho a interferir en mi voluntad. Y cuando digo “nadie” me refiero a mi esposa, mis hijos, mis abuelos. En este caso no se discute.

Hace muy poco, en otras circunstancias, hemos debatido el derecho a disponer sobre el cuerpo. Este tema vuelve a instalarse de una manera quizás mucho más categórica. Si yo decidí ser donante, disponer de mi cuerpo luego de la muerte, nadie tiene derecho a vulnerar esa presunción. A nosotros nos ha pasado, por eso es importante contar experiencias personales. Un operativo de trasplante de órgano fue frustrado porque apareció una abuela diciendo que era testigo de Jehová y que en función de sus creencias no se podía realizar la ablación. Eran creencias de la abuela, no del donante.

Entiendo la situación de dolor al perder un familiar. ¿Quién no la puede entender? Sin embargo, creo que hay que acompañar desde el Incucai con campañas de publicidad de concientización para que cuando los equipos de médicos y terapistas tengan que enfrentar a una familia para decir: “su familiar, que acaba de fallecer, es donante porque no ha roto en vida la presunción”, lo puedan hacer con todo el respaldo del Estado.

El problema que se ha planteado hasta ahora –por ello es importante la reafirmación a través de esta norma- es que hoy no se aplica la presunción instalada en la ley 26.066. Como bien se mencionó, se sigue priorizando la disposición final de la familia por sobre la voluntad del donante, y allí está el error.

Estoy absolutamente seguro de que, si luego de la sanción de esta ley, como política de Estado se toma la decisión de hacer respetar la presunción de voluntad del donante, no vamos a estar hablando de más de 7.000 personas que necesitan trasplantes o de 11.000 personas en lista de espera, como sucede en la actualidad.

Una diputada mencionó la cifra de 6,41 por ciento de donantes. Luego de la sanción de esta norma, esta estadística tiene que desaparecer de la página del Incucai porque está basada en las personas que han expresado la voluntad positiva y es al revés. Deberá pasar a informar la estadística de las personas que no están dispuestas a donar. A partir de la sanción de este proyecto de ley y el cambio de política, automáticamente la estadística cambiará debido a que va a haber millones de donantes.

Obviamente, se plantea el caso de los menores, en el que no podemos dejar de consultar a los padres. Los menores no tienen la posibilidad de expresarse sobre la donación. Considero que en caso de fallecimiento de un menor es importante mantener la expresión de los padres, pero cuando se adquiere la mayoría de edad automáticamente el Estado debe hacer respetar la presunción de donante.

Nosotros presentamos un proyecto de ley contenido en el expediente 2.780-D.-2017, al que hizo referencia el diputado Lipovetzky, y en sus fundamentos hicimos referencia a una frase del libro El derecho a la asistencia sanitaria. Un análisis desde las teorías de la justicia distributiva, que dice lo siguiente sobre la presunción de donación de órganos: “Se tratará de un modelo de ejercicio ‘absoluto’ cuando nadie más que el donante pueda manifestar voluntad respecto de la donación de sus propios órganos. Si la familia puede, en cambio, pronunciarse ante la voluntad expresa o tácita de ser donante, modificándola, estamos ante un modelo ‘restringido’.” Nosotros queremos apostar al modelo absoluto y este proyecto responde a ese criterio.

En el mundo hay experiencias que lo justifican. Por ejemplo, España, que adoptó este sistema, está a la cabeza de las tasas más altas de donación del mundo. Bélgica, Austria, Francia, Finlandia, Polonia, Suecia, Noruega, Italia, Luxemburgo, Hungría, Grecia, Israel, Turquía, República Checa, Eslovenia, entre otros, poseen una legislación de donantes presuntos.

Entonces, animémonos entre todos a defender esto como una política de Estado. Creo que es una de las conquistas más importantes de los últimos tiempos que pueda tener la Argentina en materia social. Acá no hay grieta posible porque todos vamos de la mano en el sentido de apostar a realizar un cambio cualitativo y cuantitativo de nuestra legislación en materia de políticas sociales y de salud pública.

Cabe hacer hincapié en que esta iniciativa es muy buena en cuanto al reconocimiento de derechos y acceso a la información, tal como ya se señaló.

Quisiera contribuir al debate de modo que se focalice la responsabilidad de hacer cumplir la presunción de donación de órganos desde el momento de nuestro nacimiento. Si adoptamos esto como política de Estado, realmente estaremos cambiando la vida a millones de personas en nuestro país. (Aplausos.) (Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Brügge, por Córdoba.

Sr. Brügge.- Señor presidente: por supuesto, me sumo a las expresiones de solidaridad por el momento por el que usted está pasando con motivo del fallecimiento de su madre. Sabe que lo hago de corazón.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señor diputado.

Sr. Brügge.- Resulta muy difícil hablar después del señor diputado Kosiner. Es muy complicado porque en sus expresiones está sintetizado todo; no hay mucho más que agregar.

Obviamente, este proyecto de ley es necesario y cumple con los cánones constitucionales. Aclaro esto porque tal vez se pueda pensar que el hecho de decidir sobre el cuerpo de todos los argentinos puede afectar algún principio constitucional. Eso no es así porque todos tenemos la posibilidad de decir que no queremos ser donantes y expresarlo en un ámbito de total libertad y transparencia.

La gran virtud de este proyecto de ley es tener como base principal un valor fundamental, la dignidad humana, pero también la solidaridad social que nos debemos los integrantes de una comunidad. Se trata de la solidaridad con el vulnerable, con aquel que necesita vivir.

Nuevamente en este recinto estamos hablando de la vida. En función de ello, creo fundamental revertir la situación que hoy padecen miles de argentinos que necesitan de un trasplante de órgano no solo para tener una mejor calidad de vida, sino para poder vivir.

Cuando fui legislador en la provincia de Córdoba me tocó actuar en el caso de las mellizas Oviedo. En el año 2010 necesitaban un trasplante de pulmón por padecer de esa maldita enfermedad que es la fibrosis quística, que no les permitía respirar. En aquel momento la legislación en la República Argentina no permitía hacer un trasplante de lóbulo pulmonar entre vivos. Fue así que se generó una serie de planteamientos judiciales que no llegaron a buen puerto. En esa oportunidad, la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a instancias de quien habla, aprobó un proyecto de resolución dirigido a la entonces presidenta de la Nación por el que se le pedía que incorporara en el decreto reglamentario la autorización para donar entre vivos el lóbulo pulmonar a fin de salvar a las mellizas Oviedo.

Debo reconocer la gestión que llevó a cabo el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, quien llevó personalmente la carta a la presidenta para que modificara el decreto. Pero los tiempos corrían rápido ‑como sucede cuando se trata de trasplantes‑, la burocracia puso trabas y demoras, y las mellizas tuvieron que ir a operarse a Brasil para lograr el objetivo de vivir.

La lucha de la familia Oviedo me hizo cuestionar muchos aspectos sobre la donación de órganos que tenía equivocadamente entendidos y reflexionar sobre la necesidad de trabajar en una legislación nacional que permita mecanismos ágiles, flexibles y rápidos, porque sabemos que para una persona que necesita un trasplante de órganos, por cada minuto que transcurre bajan significativamente sus chances de sobrevivir a situaciones críticas de enfermedad.

Como se dijo, en el Incucai tenemos 7.742 casos en espera. Es cierto que durante 2018 hubo 681 trasplantes y 285 donaciones registradas, como bien lo manifestó el señor diputado Kosiner. También es cierto que el índice de donantes por cada millón de habitantes en la República Argentina sigue siendo absolutamente bajo.

Creo que con la sanción de este proyecto estamos dando un paso significativo, pero también debemos mejorar el equipamiento de nuestro sistema de salud para que en toda la República Argentina sea ágil el acceso al trasplante de órganos. Sabemos el esfuerzo que realizan los ministerios de Salud de la Nación, de las provincias e, incluso, los servicios de salud de los municipios, pero también sabemos que quizás no estamos llegando con el tiempo suficiente.

Entiendo que hay que aprobar esta iniciativa porque es profundamente humanista y va a mejorar el nivel de relacionamiento y de solidaridad que tenemos los argentinos para alejarnos de ese concepto individualista con el que nos ven en el mundo. Debemos seguir los buenos ejemplos de otros países, especialmente de aquellos que han adoptado este tipo de leyes, ya que han logrado salvar vidas. De eso se trata este proyecto: de salvar vidas. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Yedlin, por Tucumán.

Sr. Yedlin.- Señor presidente: me sumo al abrazo.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señor diputado.

Sr. Yedlin.- Hoy venimos al recinto a considerar este proyecto en revisión, que se ha dado en llamar ley Justina. Aprovecho la ocasión para saludar a los padres de Justina y al titular del Incucai, que hoy nos acompañan.

A pesar de que no hemos tenido la posibilidad de que se reúna la Comisión de Acción Social y Salud Pública y de emitir dictamen, hemos estado trabajando con la Sociedad Argentina de Trasplantes y otras entidades para intentar sumar a todas las partes en este tema, que nos parece tan importante para la Argentina.

Voy a leer algunas cifras. Como bien lo señalaron algunos señores diputados preopinantes, al 30 de junio la Argentina cuenta con 7.733 pacientes en lista de espera, de los cuales 5.910 son para riñón. Esto no incluye a más de 20.000 pacientes que hoy están en hemodiálisis, muchos de los cuales no han podido ingresar siquiera a una lista de espera. Hay 1.258 pacientes en lista de espera para trasplante de hígado, 217 para pulmón, 162 para renopáncreas, 128 para corazón, 31 para hepatorrenal, 10 para intestino, 9 para páncreas, 4 para cardiopulmonar, 3 para cardiorrenal y uno para hepatointestinal. Esto sin contar las casi 3.000 personas que se encuentran en lista de espera para trasplante de córnea, que se encuentran en otro lugar.

Estos argentinos que hoy están a la espera de un órgano se enfrentan con la cruda realidad de que la cantidad de trasplantes que se hacen por año asciende aproximadamente a 1.800. El año pasado se realizaron 1.892 trasplantes, llegando a una tasa de 13,4 por ciento. Este año vamos un poco más atrás: hasta mediados de este año el país lleva un 6,18 por ciento. O sea que, si esto se duplica, llegaremos al 12 por ciento, lo cual muestra la necesidad de órganos que tenemos para esta cantidad de gente que los está esperando.

Ahora bien, la donación de órganos es un tema muy complejo que comprende, por un lado, la solidaridad. Si hacemos una encuesta y preguntamos a los argentinos si son donantes, veremos que el 80 por ciento responde que sí; pero cuando analizamos las estadísticas vinculadas con el rechazo a los trasplantes en terapia intensiva, advertimos que varían mucho de acuerdo con el servicio. De todas formas, podemos afirmar que, en promedio, hay un 40 por ciento de rechazo.

Tenemos la suerte de que algunos hospitales están mejor. Aquí se habló sobre algunas políticas en la materia que fueron muy acertadas; por ejemplo, el hospital donante. Provengo de Tucumán, provincia donde se encuentra el Hospital Padilla, que es el que registra la mayor tasa de donantes en la primera mitad de este año, lo cual es un orgullo.

Por otro lado, es importante que el ranking de donaciones sea transparente para que, de alguna manera, todos los hospitales compitan por ser hospitales donantes.

Por supuesto, la mayoría de los órganos de este hospital donante son implantados no en Tucumán, sino en aquellos lugares donde corresponde de acuerdo con la lista de espera del Incucai. De todas maneras, está claro que los hospitales donantes donan más cuando generan implantes. Por eso, en este proyecto de ley son muy importantes otros aspectos que, si bien no se vinculan directamente con el donante presunto, tienen mucho que ver con los equipos de salud que abordan la problemática.

Esta iniciativa prevé que el 20 por ciento del Fondo Solidario de Trasplantes deberá ser destinado a la capacitación del servicio de procuración, lo cual es muy importante. El Hospital Padilla, de Tucumán, registra solo un 30 por ciento de rechazo; es un porcentaje muy bueno, pero podemos seguir mejorando. Lo importante es que en cada provincia haya hospitales donantes con equipos de procuración capacitados.

No alcanza con la solidaridad; es necesario contar con servicios de emergencia que deriven rápidamente a los pacientes a unidades neurocríticas que, por supuesto, deberán ser de calidad. Asimismo, es preciso disponer de una cantidad suficiente de camas en terapia intensiva, de médicos y de enfermeras que sostengan a los pacientes, pero también se ocupen de los órganos cuando estos fallecen y están en condiciones de ser donantes.

Resulta fundamental apoyar fuertemente al Incucai, que es un orgullo para los argentinos. Como bien se dijo en el transcurso de la sesión, la Argentina es el país con mayor tasa de trasplantes en Latinoamérica. Es cierto que estamos haciendo la comparación con una región que, en esta materia, no es exactamente la mejor del mundo; hay mucho para mejorar, y eso se logrará no solo con esfuerzo, sino también con decisión política y recursos.

Por otra parte, el proyecto en consideración establece que el juez, frente a un accidente, dispondrá solo de cuatro horas para definir la situación y no de seis, como dice la ley. Asimismo, es bueno que el concepto de “muerte cerebral” quede en manos de la reglamentación a partir de lo que el Incucai y el Ministerio de Salud dispongan, en lugar de estar sujeto a una noción bastante más vieja, como la que incluye la ley.

Hablamos de una norma importante, ya que son muchos los argentinos esperando por un órgano. Es un camino, pero de ninguna manera –como ya se dijo‑ es la única solución. En estos momentos de crisis económica, donde todos nos debemos ajustar para llevar adelante un país inclusivo, es importante que, sobre todo, no se ajuste en salud pública. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.

Sra. Camaño.- Señor presidente: en primer lugar, quiero expresarle mis condolencias por su pérdida.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. Camaño.- Fui miembro informante en oportunidad de considerarse el proyecto de ley que luego llevó el número 23.885. Mientras escuchaba al señor diputado Pablo Kosiner contar su testimonio de vida, pensaba en el enorme trabajo que realizamos en aquella época en una subcomisión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que colocaba como una institución autónoma al Incucai y que, de alguna manera, recogía la excelente experiencia de las provincias y del CUCAI, como se llamaba en ese momento esta entidad que ya tiene cuarenta años.

Aquella norma apuntaba casi fundamentalmente al consentimiento presunto. La pacatería del momento hizo que algunos legisladores, con lágrimas en los ojos, tomásemos el texto del dictamen y volviésemos a la comisión. Luego, cuando se trató, el consentimiento presunto ya no estaba porque no se entendía de qué se estaba hablando.

Pese a lo poco que pude conocer en aquel entonces en materia de trasplantes, me di cuenta de que nos enfrentábamos a la muerte, es decir, al miedo más terrible que sentimos los seres humanos cuando nos encontramos frente al rito de la muerte. Si bien esto no se comprendió en aquel momento, creo que avanzamos y que en el transcurso de estos años dimos pasos interesantes.

La carita preciosa de esa niña, que nos convocó desde los medios, nos da la posibilidad de ser un poco más audaces. Si bien algunos diputados ya lo expresaron, me gustaría recalcar que en esta materia hemos tenido nivel de decencia médica: en todas las gestiones gubernamentales, el Incucai ha sido una institución con una línea de conducta y de trabajo que nos permite defender enfáticamente el trasplante en la República Argentina.

No existe situación alguna que pueda poner en tela de juicio la actuación del Incucai. Esto es lo más sagrado; por eso debemos cuidar que no se generen historias extrañas, ya que esta institución –reitero‑ ha sido una de las más transparentes en el tratamiento del tema a lo largo de los distintos gobiernos.

Cuando hablo de “tratamiento del tema” también me refiero a que, con suma inteligencia, abrió la posibilidad, para quienes sufrieron la tremenda desgracia de la pérdida y experimentaron la necesidad de trazar más políticas en la materia, de ser voceros del Incucai, es decir, su cara visible. No conocemos el rostro de quienes componen el instituto, pero sí a todas aquellas personas que, por falta de comprensión, en medio del dolor decidieron levantar la bandera del trasplante de órganos y permitieron que hoy estemos dando un paso importante.

En términos generales, este proyecto de ley viene a “aggiornar” el régimen existente. No se agota en el tema del trasplante, sino que incorpora otros procedimientos. Por ejemplo, comprende una serie de definiciones respecto de la ablación y contempla no sólo los órganos, sino también las células y los tejidos. Tiene excepciones precisas en el título y en el tratamiento normativo, y toma en cuenta los avances científicos. Si bien el señor diputado Yedlin lo manifestó claramente, me gustaría recalcarlo: por un lado, considera los avances científicos y tecnológicos y, por el otro, los compatibiliza con el derecho a la salud.

En verdad, sentí una enorme satisfacción cuando vi el proyecto. Sé que se trabajó sobre la base de la iniciativa del señor senador Marino, pero que también hubo un compromiso muy fuerte del Incucai en su redacción. Hay una comprensión respecto del tema y de lo que se necesita.

El artículo 3° enumera los principios en los que se enmarca la norma, algo muy importante porque sirve no solo para hermosear la ley, sino también para hacerlos valer cuando sea necesario recurrir a ellos. Me gustaría destacar tres; uno de ellos es el respeto por la dignidad humana en todas sus dimensiones. Cuando hablamos de esto, nos referimos no solo a quien recibe el órgano, sino también a quien es objeto de la ablación.

Por otra parte, la atención integral del paciente trasplantado es absolutamente necesaria; no es lo mismo ser un trasplantado de clase media que uno pobre. Muchas veces se pierde el órgano por falta de la atención del trasplantado pobre o de las posibilidades de vivir en una vivienda digna. No es fácil que el órgano se adapte a ese cuerpo, y hay determinadas condiciones que deben cumplirse. Por eso, la atención integral del paciente trasplantado es un principio maravilloso que han incorporado a la norma, así como también la voluntariedad, el altruismo y la gratuidad de la donación, como principios.

En relación con los derechos de las personas, se plantea el derecho a la intimidad, la integridad, la información, el trato equitativo, la cobertura integral, reforzando el principio que destacaba y, por supuesto, el derecho al traslado prioritario por vía aérea, uno de los temas que posibilita la comprensión de este problema.

También se ha considerado la donación renal cruzada de órganos. Esto fue posible gracias a que hubo un trasplantado que nos hizo ver que existía esa posibilidad y que podíamos concretarla sin ningún inconveniente.

Por otra parte, existe un real empoderamiento del Incucai, más allá de la descentralización que habíamos planteado en la década del 90.

Asimismo, cabe destacar la creación de los servicios de procuración en hospitales y la simplificación del diagnóstico de muerte. Éramos tan pacatos que creíamos que en una ley podíamos indicar a los médicos lo que debían hacer para considerar la muerte. Hablábamos de una determinada cantidad de electrocardiogramas, cuando la ciencia avanza a pasos agigantados. Es importante señalar la posibilidad de visualizar los adelantos tecnológicos y médicos que existen. Tenemos excelentes profesionales de la salud en materia de ablación y trasplante, ya que no es sencillo ablacionar un órgano. Por eso, es necesario destacar la existencia de estos profesionales.

Una cuestión trascendente que fue planteada por el diputado Kosiner es que se mantiene la voluntad expresa. No estamos haciendo un consentimiento presunto, liso y llano. Aquella persona que no quiera ser donante lo podrá expresar, pero en el caso de que alguien no haga aclaración alguna, aparece la figura del donante presunto. El Incucai deberá trabajar mucho en materia de publicidad a efectos de no tener inconvenientes. La enorme cantidad de consultas a familiares, incluso por encima de la voluntad del paciente, es otro aspecto que podrá ser resuelto con esta iniciativa.

El tema de la capacitación, planteado por mi colega, es importante. Si bien en la letra de la ley aparece como una cuestión menor, es realmente trascendente, no solo en cuestiones médicas, sino también en cómo afrontar ese proceso de muerte para gestionar el proceso de la vida.

Debemos resaltar el capítulo referido a la comunicación, que ha sido tratado con una finura tal, que no hay ni una palabra de más. Honestamente, han hecho un excelente trabajo y felicito al senador Marino. Sé que la iniciativa fue sancionada por unanimidad en la Cámara de Senadores, y creo que no hay más que agregar; debemos votarla por unanimidad. Estamos dando un paso adelante en materia de trasplante y ablación de órganos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Moreau, por Buenos Aires.

Sra. Moreau.- Señor presidente: es un día difícil para nosotros y para usted en particular. Me cuesta mucho dar el pésame o decir que lo lamento, porque cuando estas cosas suceden, las palabras no tienen sentido. Ayer me tocó hablar con un amigo en común que tenemos usted y yo, que perdió a su hija el sábado a la noche porque no le llegó un órgano.

Desde donde esté su madre, seguramente estará muy orgullosa del hijo que formó y que hoy, a pesar del momento que vive, está sentado en este recinto, cumpliendo con el compromiso asumido por su país y su gente.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. Moreau.- Esto es minuto a minuto. Hoy a las 12 entré a la página del Incucai en la que había 7.735 personas esperando para ser trasplantadas. Seguramente ese número ya cambió.

Desde nuestro humilde lugar, quiero decirles que no deben sentirse tan solos; a las familias, les pido que tengan fuerza y templanza; a los médicos, enfermeros, ambulancieros y voluntarios debo expresar todo nuestro reconocimiento. Al senador Marino, que encabezó este proyecto en el Senado; a la Red Solidaria y a Juan Carr ‑que siempre está aun cuando la tragedia termina o deja de ser pública‑; a las ONG; a los grupos de vecinos y a los colegios que se organizan en lo que pueden para acompañar a las familias en estos procesos tan difíciles, les digo “gracias”, porque muchos de ellos cubren la ausencia del Estado.

Recuerdo el día que falleció Justina. Estábamos acá y el diputado Lavagna, sentado en su banca, conmovido porque Justina tenía la edad de una de sus hijas, le rindió un sentido homenaje y nos instó a hacer más por el trasplante de órganos y a seguir trabajando.

De alguna manera, quiero pedir perdón por el tiempo que pasó. Hace mucho que el Estado viene actuando detrás de las necesidades de la sociedad, que reclama que nos pongamos de acuerdo en encontrar los consensos vinculados con estos temas. Muchas veces, la política comete el error de poner estas temáticas en un lugar secundario, pero en realidad son los grandes temas de la Argentina.

Debo dar gracias al Incucai, organismo que hace poco fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los lugares más prestigiosos del mundo en materia de ablación de órganos. Se trata de un enorme reconocimiento que, lamentablemente, no fue visualizado en nuestro país como corresponde. A este organismo se lo reconoce no solo por sus valores éticos, sino también científicos. Por lo tanto, la sanción de esta ley es un paso sumamente importante.

Seguramente, como viene ocurriendo –así lo espero-, dentro de unos años la estaremos modificando nuevamente. Anhelo que estos cambios tengan que ver no solo con el avance de la ciencia y de la medicina, sino también con un avance básicamente cultural que, como sociedad, venimos experimentando. Lo más importante de todo esto es que las nuevas generaciones tienen un compromiso muchísimo más fuerte del que teníamos nosotros a su edad porque, de alguna manera, Internet, las redes sociales y el avance del conocimiento influyen desde más corta edad.

Es conmovedor ver a estos chicos en campañas de difusión en redes y grupos de WhatsApp. Dejan de lado el mundo de las selfies y se hermanan en estas causas que las hacen propias. A Justina la lloraron cientos de miles de chicos de su edad a lo largo y ancho del país. Me tocó vivirlo con mis hijas y sus compañeras de colegio, que aun sin conocerla, el día que ella falleció, la escuela estuvo de duelo.

En realidad, era como una de ellas y a ellas tenemos que decirles que este Congreso es su casa, que no es un antro en el que reina la mala política ‑pese a que muchas veces demos malos ejemplos‑, que tienen las puertas abiertas para escuchar y ser escuchadas y que, en definitiva, pueden ser las protagonistas de la transformación de su propia realidad.

Con la sanción de este proyecto de ley estaremos dando un paso muy importante. El artículo referido al donante potencial es muy fuerte porque implica poner la mirada en el otro y vernos en nuestro propio espejo. Cualquiera de nosotros o de nuestros hijos puede querer ser donante, pero también puede pasar que necesitemos o necesiten un órgano. Creo que hoy Pablo, con su experiencia, lo dijo todo.

Hay tres valores fundamentales en el texto del proyecto: solidaridad, justicia distributiva en la asignación de órganos, tejidos y células y equidad en el acceso a los tratamientos. Esta norma significa un gran paso adelante, pero tiene que estar acompañada de un compromiso de inversión. Muchas veces los gobiernos de turno tienen distintas prioridades. Si honestamente creemos que la salud pública es una política de Estado, debemos comprometernos a que cuando tratemos el presupuesto este no sea un tema que se discuta después de otros, sino entre los prioritarios.

El proyecto de ley hace referencia a la capacitación permanente de los recursos humanos afectados a los procesos de donación y trasplante; para ello se necesitan recursos. Asimismo, establece la atención integral del trasplantado, que significa no solo el acompañamiento de quien tiene que someterse al trasplante, sino además el seguimiento, la medicación y las condiciones de vivienda, de la propia familia; para esto también se necesitan recursos.

Por otra parte, la norma prioriza los traslados aéreos y terrestres. Esto es muy bueno, pero es necesario que se entienda que los aviones sanitarios de las provincias deben estar a disposición para estas cuestiones y no otras, como muchas veces pasa.

Decir Justina es conmovernos con su mirada y su sonrisa, es enojarse con la burocracia del sistema. Creo que nada va a alivianar el dolor de su familia ni el de ninguna familia que haya perdido a un ser querido porque el órgano nunca llegó.

Desde donde esté, hoy Justina debe sentirse muy orgullosa de su mamá Paola, de su papá Ezequiel y de sus hermanos porque ellos no bajaron los brazos. Uno de los últimos deseos que Justina manifestó a su padre fue: “Papi, ayudemos a otros en todo lo que podamos”.

Quiero decirle a Justina que hoy cumplió y que nos dio a nosotros una razón para creer en lo que hacemos, cuando muchas veces sentimos que la realidad nos desborda. Eternamente gracias por esta posibilidad. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada De Ponti, por Santa Fe.

Sra. De Ponti.- Señor presidente: en primer lugar, deseo expresarle mi solidaridad por el difícil momento que está atravesando.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. De Ponti.- Mucho se ha dicho y no hay tanto más para agregar. No obstante, no queremos dejar de adherirnos a las palabras de muchos diputados y diputadas preopinantes y de expresar nuestra satisfacción por poder llegar a discutir esta norma en el Congreso.

Como ya se dijo, esta iniciativa recoge lo mejor de la experiencia de quienes ejercen esta tarea. Es un proyecto que nace también de la experiencia de profundo dolor de aquellas familias que se han encontrado en situaciones trágicas, pero que desde esas vivencias han logrado construir respuestas, propuestas, salidas y horizontes.

Hoy estamos considerando el proyecto de ley que lleva el nombre de Justina y también vamos a tratar el que lleva el nombre de Brisa, dos nombres de dos niñas que se nos fueron ante un Estado que no pudo o no supo ser eficiente para encontrar previamente respuestas. Hoy estas dos niñas, como viene sucediendo hace un tiempo, son protagonistas de esta sesión, no solo porque sus nombres forman parte de nuestro temario, sino porque han generado la posibilidad de que este Congreso avance en la conquista y garantía de este derecho. Frente a este drama social y familiar en el cual están involucradas familias, amigos y organizaciones, el Estado tiene que asumir la tarea, el compromiso y la responsabilidad de garantizar y allanar desde la política sanitaria el acceso a un trasplante.

Si esta normativa se aprueba, ello implicará una ayuda o una solución para esas más de once mil personas que figuran en la lista de espera para acceder a un trasplante. Entendemos que en ningún caso, ya sea de trasplante o cualquier otro relacionado con la salud pública, la burocracia o la ineficiencia estatal deben ser la causa de que se pierda una vida. Esto tiene que dejar de pasar en la Argentina y el Congreso debe agudizar sus esfuerzos y compromiso para buscar las respuestas y las mejores políticas que nos permitan avanzar en este sentido, allanando el camino hacia las soluciones.

Lo que más nos emociona hoy –hemos escuchado discursos que realmente provienen del corazón de nuestros compañeros y compañeras‑ es el espíritu de esta ley, que expresa cómo un acto de amor y de solidaridad, aun en los contextos más trágicos y difíciles, puede promover y garantizar que tengamos más vida. Cuando pensamos que todo está perdido, la solidaridad, el amor y la empatía pueden permitirnos fortalecer y promover la vida; ser solidarios con las problemáticas que aquejan a otras personas, más allá de que no formen parte de nuestro entorno y que no las conozcamos.

Por eso es tan importante –como se dijo anteriormente‑ que esta iniciativa sea reglamentada rápidamente y esté acompañada de los recursos necesarios para que efectivamente podamos tener una realidad mejor frente a esta problemática de salud pública. Esto es lo que va a garantizar que el espíritu de esta ley, el de la familia de Justina y el de la familia de Brisa constituyan un paso adelante en la política de salud pública de la Argentina.

No podemos dejar de mencionar al Incucai y la enorme tarea que ha desarrollado para generar conocimiento, experiencia y respuesta. En esta ocasión, como en tantas otras, son las familias y las organizaciones, que están por fuera de la política de Estado, los que nos muestran las respuestas, las salidas, las propuestas y las posibles soluciones a un montón de problemáticas que desde el Estado y la política muchas veces no podemos resolver.

Quisiera terminar recordando una frase de Silvio Rodríguez, que dice que solo el amor convierte en milagro el barro. Con esta frase quiero homenajear a las familias de Justina y de Brisa. Creo que no hay homenaje más grande y más hermoso que el que ustedes han hecho a Justina. Esto debe llenarnos de orgullo, porque no solo los hace mejores personas, sino que hace de todos una mejor sociedad. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Donda Pérez, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Donda Pérez.- Señor presidente: en primer lugar, al igual que lo hicieron todos mis compañeros y compañeras, quiero expresarle mi pésame y brindarle todo el acompañamiento en una situación que sabemos es muy difícil.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. Donda Pérez.- También quiero reconocer su valor para estar hoy ahí sentado, señor presidente. Estamos aquí sentados todos juntos compartiendo un momento donde se llenan de contenido las bancas y el porqué de nuestra presencia en esta sesión.

Quiero agradecer a Rodolfo Llanos, quien me contactó luego de que el Senado sancionara esta iniciativa ‑este sueño de Justina, que ojalá hubiésemos tenido antes‑ para que los diputados tratemos rápidamente esa sanción. Me pidió que no la dejemos durmiendo en un cajón, que no la manoseemos, que no le hagamos modificaciones para que no tenga que volver al Senado y que como diputados y diputadas tengamos la madurez de dejar a un costado determinadas creencias personales y prioricemos la salud pública y la política de Estado. Agradezco a Rodolfo por haber confiado.

Por supuesto, quiero agradecer a los papás de Justina, esa hermosa preadolescente que hoy sería parte ‑estoy segura‑ de esa generación de jovencitas que en todo el país nos interpelan a nosotras. También quiero agradecer al presidente de la Comisión de Legislación General porque este dictamen rápidamente pudo estar en nuestra agenda parlamentaria y hoy lo podremos votar.

Algunas leyes tienen nombre. Hoy casualmente trataremos dos leyes que llevarán nombre de mujer, como decía mi compañera Lucila. Llevarán el nombre de dos mujeres jovencitas, o de dos niñas que no se pudieron convertir en mujeres por la ineficiencia del Estado. En el caso de Justina, no lo pudo hacer porque nos faltaba esta norma.

Si falta una ley es porque la Cámara no fue lo suficientemente eficiente, es decir, no pudimos construir los consensos y ponernos de acuerdo en algo sobre lo cual la sociedad argentina, con su madurez, ya se ha puesto de acuerdo: cuándo termina la vida y que los principios de solidaridad y de autodeterminación del cuerpo deben estar por sobre todo.

Como decía, hay leyes que tienen nombre. Esta será la ley Justina. Gracias por darnos la posibilidad de votarla. Yo ingresé a esta Cámara desde muy chica y aprendí que hay leyes que uno vota porque sabe que son muy buenas, leyes que uno vota sabiendo que pueden ser mucho mejores y leyes que uno vota entendiendo que son justas, como la que estamos tratando.

Solamente algunas veces quienes estamos aquí sentados representamos el dolor y la alegría de los motivos que impulsaron ese proyecto de ley. Hoy es una de esas veces. Creo que cuando habló el señor diputado Kosiner todos debimos haber pedido que se adelantara la votación y haber votado. Él nos da la razón de por qué estamos votando la ley Justina, además de los papás de Justina y todos los presentes. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Bianchi, por San Luis.

Sra. Bianchi.- Señor presidente: desde nuestro bloque, lo abrazamos fuerte. Seguramente tendrá la fuerza para salir adelante, como lo está demostrando.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. Bianchi.- Por mucho tiempo, la donación de órganos, tejidos y células fue un tema del que en la Argentina no se hablaba. Algunos no están de acuerdo con este procedimiento por cuestiones netamente religiosas, pero por suerte hay quienes sí están de acuerdo y lo hacen por amor, por sensibilidad, por bondad, porque dan vida; también lo hacen porque transforman ese inmenso dolor en una resignificación en sus vidas.

Creo que la maternidad subrogada y la donación de órganos son los actos más altruistas a los que he podido acceder en mi vida. Hoy se mencionó acá la cantidad de personas que necesitan un trasplante en el país. Estudiando un poco, nos dimos cuenta de que la Argentina va a dos velocidades, porque por un lado tenemos excelencia en los resultados y en la calidad en la atención de los pacientes, con profesionales destacados, tanto en la salud pública como en la privada, pero por otro lado tenemos un bajo número de donantes, y además con una legislación y una concientización que no ayudan.

Si preguntáramos a muchos chicos del interior profundo qué es la donación de órganos, seguramente no sabrán responder, porque si en la escuela no se habla de educación sexual, menos se va a hablar de donación de órganos.

De las personas que esperan donación de órganos, 5.905 necesitan un trasplante renal; 162, un trasplante páncreo‑renal; 1.265, un trasplante hepático; y 2.983, de tejidos, de los cuales 2.938 son córneas.

En mi provincia, San Luis, hay 118 puntanos esperando un órgano, de los cuales 82 esperan un riñón, y hay 150 personas para entrar a una futura inscripción. Tenemos entre 11 y 13 donantes por millón de habitantes. Tristemente hoy, a través de una charla con la gente del Incucai-San Luis, me enteré –gracias a esta iniciativa, porque no lo sabía‑ de que este año y el anterior mi provincia tuvo el índice más bajo de donación de los últimos cinco años. Esto me abre la puerta para entender que lo que tengo que hacer ahora, además de aprobar esta iniciativa, es concientizar para que aumente el número de donantes.

Hay que decir que un donante puede salvar siete vidas. De las más de 7.000 personas que están esperando un trasplante, 250 son niños y adolescentes. Hay 3.000 personas que esperan trasplantes de tejidos. También debemos mencionar que en el mundo el trasplante de órganos salva alrededor de 100.000 vidas.

Para mejorar los resultados de esta ley –en esto coincido con muchos diputados preopinantes‑ es necesario hacer campañas de información para la población.

Este proyecto consensuado es excelente. Se acepta la donación renal cruzada, donde el Incucai comienza a dictar normas para regular el funcionamiento, y se mantiene la posibilidad de realizar la ablación de órganos y tejidos a personas mayores de 18 años que no manifiesten lo contrario. En el caso de menores o chicos con alguna discapacidad, los que toman la decisión son los familiares más directos.

Además, se crea la Comisión Federal de Trasplante ‑COFETRA‑ como órgano asesor del Incucai. Asimismo –esto es algo que me pareció muy novedoso‑, se realza la función del defensor del pueblo de la Nación, ya que a partir de la vigencia de esta ley ocupará la vicepresidencia del mencionado instituto. Digo que se realza porque va a facilitar la inclusión de todos aquellos pacientes a los que las obras sociales, las prepagas y, a veces, los hospitales públicos les niegan la posibilidad de ser trasplantados.

Otro tema importante que rescato es que en todos los servicios de los hospitales va a incorporarse el de donación y trasplante, independientemente de que se hagan o no las operaciones. ¿Qué significa esto? Que esos centros serán proveedores de los órganos, como manifestó el señor diputado preopinante con respecto al hospital de Tucumán.

Como materia pendiente nos queda legislar acerca de la igualdad de los médicos que participan dentro de este sistema ‑el procurador, el ablacionista y el profesional que trasplanta el órgano o el tejido‑, ya que hay una brecha significativa entre ellos.

En definitiva, este proyecto apunta a la educación, a la concientización y al aumento de donantes, respetando la decisión de cada individuo.

Muchos de nuestros enfermos, y la futura credibilidad del sistema de donación, dependerán del cumplimiento real y federal de esta ley, y lo que aquí queda demostrado es que mirar para otro lado no es la opción.

Señor presidente: por Justina, por Juan Pablo, por todos los que murieron sin la posibilidad de tener un órgano, pero también por Daniela, que es mi sobrina, que tiene 30 años de edad, un bebé de un año, que es diabética desde los 2 años e insulinodependiente, y que está esperando un trasplante renopancreal, quiero agradecer al Senado y a la Cámara de Diputados porque hoy se abre una nueva esperanza, y en ella, la esperanza de muchos pacientes. Muchas gracias, y que sea ley. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia informa que en aproximadamente veinte minutos estaremos votando la ley, así que les pido que se comuniquen con el resto de los diputados para que estén presentes en el recinto.

Tiene la palabra la señora diputada Villavicencio, por Tucumán.

Sra. Villavicencio.- Señor presidente: en primer lugar, quiero decirle que lo acompaño por la situación que le toca transcurrir.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. Villavicencio.- Señor presidente: vino hoy a nuestra consideración el proyecto de ley de trasplantes de órganos, tejidos y células. La ley llevará siempre el nombre de Justina, y llega para dar esperanza y agilidad en la respuesta a 11.000 personas que hoy esperan por un trasplante de órgano o tejido.

Se trata de 11.000 argentinos que amanecen y terminan el día anhelando recibir un llamado que les dé la posibilidad de continuar luchando. Esperan la más importante de las oportunidades.

La ley de Justina no solo llega para dar respuesta a esas 11.000 personas; llega para normalizar una práctica médica necesaria y urgente; llega para que el sistema de salud y los profesionales del área puedan dar respuestas más rápidas a quienes necesitan un donante; llega para que desde los medios de comunicación se profundicen las campañas de concientización sobre la donación de órganos; llega para que los ciudadanos nos involucremos directamente en una lucha que es de todos.

Por eso, señor presidente, creo fundamental sancionar este proyecto de ley. No es solamente para los 11.000 ciudadanos que esperan, sino para todos los argentinos, porque cuando hablamos de donación de órganos, hablamos de salud y de esperanza social. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Carrizo, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Carrizo (A.C.).- Señor presidente: en primer término quiero decirle que comparto el mismo afecto, el mismo respeto y los mismos abrazos de siempre.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. Carrizo (A.C.).- Señor presidente: muy brevemente, quiero agradecer el esfuerzo de los padres y de los demás familiares de Justina, pero esto también me genera una dualidad, una especie de congoja y angustia; congoja por estar votando esta norma, y angustia por la falta de responsabilidad que tuvimos los 257 diputados.

Ellos actuaron rápidamente, en siete meses; fue la intensidad del dolor lo que les permitió transformar una tragedia privada en un bien colectivo. Pero nosotros tardamos trece años. La ley de 2005 fue excelente; es la misma ley de hoy, solo que ahora tenemos el aprendizaje de la impotencia.

Entonces, en nombre de los 257 que no tuvimos la misma intensidad de los padres, quiero pedir disculpas por semejante espera.

No es solamente Justina. El año pasado, junto con ella, 798 argentinos esperaron un trasplante que nunca llegó.

Hay algo que los diputados tenemos que aprender, porque la autoridad pública no se respeta si no aprende ni enseña. La implementación de esta ley, la eficiencia con que ella funcione, no depende del Poder Ejecutivo. El Congreso controla y también exige.

Finalmente, hay un punto que me preocupa básicamente y que me parece interesante. Si esta ley funciona bien, los adultos estarán cubiertos, pero en cuanto a los niños, no lo sabemos. Efectivamente, Justina era una niña, una adolescente o una preadolescente. Hay 290 niños que hoy esperan un trasplante. Si no somos eficientes con los programas de difusión que se establecen en esta iniciativa, muchos niños, menores de 18 años, no llegarán, como tampoco llegó Justina a recibir lo que debía tener para continuar hoy con vida.

Me parece entonces muy importante que se hagan campañas de difusión muy fuertes destinadas a los padres, porque lo que no se entiende, no se elige, y cuando hay que elegir en un momento de dolor, muchas veces esa elección termina siendo la negación. Esperemos que así no ocurra y que hoy podamos sancionar esta ley. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Como los señores diputados están siendo muy escuetos en sus discursos, estimo que estaremos votando el proyecto de ley en consideración en unos diez minutos.

Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.

Sra. Del Plá.- Señor presidente: reciba también mis saludos en este momento.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. Del Plá.- Señor presidente: no tengo dudas de que tenemos que aprobar la iniciativa en tratamiento ni de que ella constituye un avance. En ese sentido, quiero sumarme a las felicitaciones a los padres de Justina, pero también a todo el entorno que se ha preocupado, que ha difundido, que nos ha visitado y que se ha encargado de que tengamos perfectamente en claro qué es lo que hoy votaremos.

No tengo dudas de que esta es una ley importante, porque sin haber vivido algunas de las experiencias que aquí se han manifestado, cada vez que me consultaron dije que sí, que soy donante. Esto lo hice cuando tuve que renovar el DNI o cuando debí hacer algún otro trámite en que esta consulta estaba instalada.

Sin embargo, resulta que seguramente mucha gente hizo lo mismo que yo, en la convicción de que, si nos ocurría algo, siempre es bueno -y es un criterio de vida- ser solidario con los demás.

Estos son criterios que rigen mi vida, al igual que la de todos mis compañeros. Pero justamente con la ley vigente esto no alcanza. Hay muchos obstáculos para que esta expresión, en el caso de que se hubiera producido, se pueda llevar a la práctica.

Por eso creo que es muy importante el criterio que adopta esta iniciativa, que de alguna manera invierte el actual. Creo fundamental alertar que seguramente esta idea de superar la necesidad de la expresión favorable y que luego ella sea ratificada por los familiares, resolverá uno de los aspectos, que es la posibilidad de acceder a un mayor número de órganos disponibles para los trasplantes.

Por otra parte, quiero advertir que estas leyes que llevan nombres propios –como luego trataremos la de Brisa- generan ciertas expectativas y son miradas por una enorme cantidad de familias que están esperando que de algún modo esta votación resuelva uno de los graves problemas que seguramente hoy dominan gran parte de la cotidianeidad de su vida.

En este sentido, es nuestro deber alertar que no es del todo correcto colocar en la responsabilidad de las personas involucradas –donantes e, incluso, sus familiares- el hecho de que las donaciones de órganos se hubieran podido llevar a cabo o no hasta el momento. Aun con esta ley tenemos que observar la enorme responsabilidad que en este aspecto tiene el Estado para haber llegado a la situación actual. Y aun con esta norma tendremos que ver cómo se implementa en el sistema de salud que hoy tenemos. Este es un problema mucho más profundo.

Un primer deber que tenemos en esta Cámara es que cuando tratemos el presupuesto para el año próximo tengamos claramente en cuenta este proyecto de ley que estamos votando en aras de resolver las necesidades presupuestarias del sistema de salud.

No se trata de la teoría sobre el encadenamiento de los acontecimientos, que en el caso de la práctica de la donación tiene que ser muy exacto porque el tiempo es oro. Primero aparece la posibilidad de una donación y hay que mantener la cadena para que el órgano llegue en tiempo y forma: el traslado, la disponibilidad del médico que tiene que realizar la ablación y todo lo necesario para que el órgano llegue a destino.

Todo eso está cuestionado hoy por el sistema de salud que tenemos, que está descentralizado y desfinanciado. Este problema es fundamental porque debemos recordar que en el cuarto hospital en Latinoamérica en materia de especialización y equipamiento fue necesaria una movilización de diez mil personas la semana pasada para evitar que recortaran en un 40 por ciento su presupuesto, que es el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, como aquí ya se ha mencionado.

Esto es muy importante porque si no, vamos a votar un proyecto de ley y luego se va a borrar con el codo gran parte de todo esto, lo cual no debe ocurrir. Por eso debemos defender un sistema de salud público que esté a la altura de nuestra población, que es solidaria. Siempre es solidaria cuando entiende el problema del otro. Por eso no es casual que cuando la población conoce un caso, reaccione de forma positiva. Ahora, ¿cuánta de esa reacción positiva se pudo canalizar efectivamente? Acá está el problema de la responsabilidad del Estado, no de las personas individuales o de los familiares.

Este punto también está cruzado por otro que no puedo dejar de mencionar, que es el negocio privado de la salud, que es un aspecto que también tenemos que mirar porque no vaya a ser que con esta ley haya más posibilidades de acceder a los órganos para trasplantes pero que empiece a haber bloqueos en los diagnósticos médicos y demás porque para toda un ala de la salud privada es un gran negocio tener pacientes con enfermedades crónicas. Este también es un tema que debemos mirar.

Estoy orgullosa de que esta Cámara haya dado sanción al proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito, tema en el que también se aprecia un lobby de las patronales privadas de la salud para tratar de bloquear que se apruebe definitivamente.

Otro aspecto fundamental de este proyecto de ley en consideración es el de la capacitación de los trabajadores de la salud para que no se dependa exclusivamente de aquellos especialistas que están en la Ciudad de Buenos Aires o en algún centro urbano, sino que efectivamente podamos extender –mediante la capacitación- los recursos, los elementos, los hospitales y los espacios para poder desarrollar esta tarea correctamente.

La defensa de la salud pública va directamente de la mano de la aprobación de este proyecto de ley, y por eso espero que no se vea demorado, tapado u obstaculizado el presupuesto para la salud por los acuerdos con el FMI -por ejemplo, como tengo aquí en un cartel- o por los vinculados al sostenimiento de los especuladores internacionales.

Muchísimas gracias a cada uno que ha hecho posible este proyecto de ley. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.

Sra. Sapag.- Señor presidente: en primer lugar, quiero transmitirle a usted mi cariño en este día.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. Sapag.- También quiero transmitir mi cariño y agradecimiento a la familia de Justina. Somos de la provincia de Neuquén y hemos seguido muy de cerca ese caso y nuestro corazón ha estado siempre al lado de su familia.

Quiero agradecer al senador Marino la interpretación de lo que puede llegar a ser un nuevo paradigma en lo que respecta al cambio con esta ley, que nos colocará como un país líder en donación de órganos.

También quiero agradecer al Incucai, a los doctores Alberto Maceira y Adrián Tarditti, que merecen todo el reconocimiento de los argentinos.

Todo se ha dicho en este recinto, pero yo me voy a quedar con las palabras de Justina, que fueron premonitorias para todos los argentinos: “Hagan lo que puedan por los demás”. Es un gran mensaje para todos los que estamos en este recinto y para todos los argentinos. Todo lo que podamos hacer por los demás, construyendo en forma positiva, con amor, cariño, tolerancia, paciencia e inteligencia, es lo que nos está pidiendo Justina.

Creo que de alguna manera estamos intentando dar respuesta a Justina, honrando su memoria, para que su partida por no haber contado con el trasplante sea un llamado de atención para todos los argentinos: “Hagan lo que puedan por los demás”.

Espero que se amplifique el mensaje de Justina y que realmente los argentinos comprendamos que nos dejó un mensaje mucho más amplio. Quiero agradecerles profundamente ya que creo que con esta ley van a cambiar muchas cosas en materia de trasplantes en nuestro país, poniéndonos a la cabeza de todo esto.

Principalmente quiero agradecer a Justina, que seguramente en este momento está con nosotros siendo feliz de que este proyecto se apruebe para beneficio de todos los argentinos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente en general y en particular el proyecto de ley venido en revisión por el que por el que se regulan las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, y derogación de la ley 24.193, de trasplante de órganos y material anatómico.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 203 señores diputados presentes, 202 han votado por la afirmativa.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 202 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención.[13]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado, por unanimidad, el proyecto de ley[14]. (Puestos de pie los señores diputados prorrumpen en aplausos prolongados.)

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

- 40 -

dictámenes sin disidencias ni observaciones

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde que la Honorable Cámara se pronuncie sobre los dictámenes sin disidencias ni observaciones contenidos en los órdenes del día números 21, 38, 77, 104 y 135.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 152 del reglamento se practicará una sola votación nominal, en general y en particular, respecto del conjunto de asuntos.

AQUÍ ÓRDENES DEL DÍA números 21, 38, 77, 104 y 135

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

Sra. Burgos.- Señor presidente: necesito hacer una aclaración con respecto al Orden del Día N° 21, puesto que por un error involuntario se ha omitido una frase que se debe agregar en el artículo 4° del dictamen, que modifica el artículo 8° de la ley 23.737.

Este dictamen incorpora una adecuación de las multas. Bajo ningún aspecto se modifican los tipos penales establecidos en esa ley.

En el año 2016, al hacerse la última modificación sobre el tema de los precursores químicos, se estableció una unidad de medida para la actualización de las multas. La ley 23.737 fue sancionada en 1989 y desde entonces ha tenido modificaciones, por lo que las penas de multa incorporadas tienen una gran diversidad. Tengamos en cuenta que, incluso, se ha cambiado la moneda en el curso de ese tiempo.

Por lo tanto, al hacer la transcripción del dictamen, en el artículo 4°, que sustituye al artículo 8° de la ley 23.737, se omitió poner el término “a las recetadas”, que se tiene que agregar al final del artículo 8°.

Siguiendo el mismo criterio, una de las diputadas advirtió que puede haber una mala interpretación en cuanto a la técnica legislativa aplicable dentro del dictamen aprobado en la comisión. Por lo tanto, para que no quede duda de que la voluntad de este cuerpo legislativo es solamente unificar los criterios de las multas y no modificar ningún tipo penal, es que se propone que los artículos 6° y 8° del dictamen recen de la siguiente manera.

El artículo 6° del dictamen quedaría redactado de la siguiente forma: “Art. 6º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 10 de la ley 23.737 por el siguiente: ‘Artículo 10: Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a doce (12) años y multa de quince (15) a ciento cincuenta (150) unidades fijas el que facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o elementos, para que se lleve a cabo alguno de los hechos previstos por los artículos anteriores. La misma pena se aplicará al que facilitare un lugar para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes.’”

El artículo 8° del dictamen, que sustituye o modifica el artículo 14 de la ley 23.737, quedaría redactado de la siguiente manera: “Art. 8º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 14 de la ley 23.737 por el siguiente: ‘Artículo 14: Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de tres (3) a cuarenta y cinco (45) unidades fijas, el que tuviere en su poder estupefacientes.’”

Repito que la voluntad para la modificación de esta ley es al solo efecto de unificar las multas establecidas. Por lo tanto, ha quedado aclarado que tanto en el artículo 6°, que modifica el artículo 10, como en el artículo 8°, que modifica el artículo 14, solo se modificarían los respectivos primeros párrafos de esos artículos de la ley 23.737.

Para concluir, quisiera expresar que la narcocriminalidad es uno de los flagelos más graves que tiene la Argentina y atraviesa a la sociedad desde hace mucho tiempo. Las leyes no son las únicas herramientas necesarias para que actúe la Justicia; necesitamos las políticas públicas, y eso se está llevando a cabo.

Simplemente, para que tengamos noción de que las leyes que se han sancionado en este Congreso ‑como el Registro de Precursores Químicos y todo lo relacionado al arrepentido, a personas jurídicas, agente encubierto e informante‑ han sido herramientas necesarias y suficientes para llevar adelante esta política, les voy a dejar unas cifras.

Entre enero y mayo de 2017 se incautaron 48,5 toneladas de marihuana, mientras que de enero a mayo de 2018, se incautaron 94,5 toneladas. En cuanto a cocaína y pasta base, de enero a mayo de 2017 se incautaron 2,5 toneladas, y de enero a mayo de 2018, 3,5 toneladas. Con respecto a procedimientos, de enero a mayo de 2017 se llevaron adelante 6.238, y de enero a mayo de 2018, 10.449. En cuanto a la cantidad de detenidos en esta lucha contra el narcotráfico, de enero a mayo de 2017 hubo 6.941 personas detenidas, y de enero a mayo de 2018, 12.133.

Esto significa que las leyes que sancionamos para llevar adelante la lucha contra el narcotráfico fueron efectivas.

Esta será una herramienta más para llevar adelante, justamente, esa lucha.

Necesitamos que el Honorable Senado también sancione el proyecto de ley de extinción de dominio. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Cerruti, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Cerruti.- Señor presidente: en relación con este proyecto de ley, solicito que se vote en forma separada del resto, ya que no tengo la misma opinión respecto de él que de los demás.

Entiendo el planteo que acaba de formular la señora diputada preopinante. Mi opinión es a título personal y no representa, en este caso particular, la de mi bloque.

La verdad es que lo que estamos votando es la modificación de una ley respecto de la cual considero que es mala y debe ser reformada, que penaliza el consumo personal y que en lugar de establecer una política de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado lo único que hace es penalizar y coartar las libertades individuales.

Esto lo hace en un momento del mundo en general y de este Parlamento en particular en el que estamos respetando cada vez más la voluntad de cada persona acerca de lo que quiere hacer con su vida privada, desde lo concerniente al placer social hasta la realización como sujeto de derecho.

A pesar de que decimos que lo único que hacemos es cambiar algo de carácter técnico, que consiste en pasar de australes a pesos, lo que de hecho estamos realizando son dos cosas. En primer término, modificar el Código Penal en un momento en que el mismo gobierno está diciendo que próximamente se propiciará una reforma de dicho código. Al respecto, muchos consideran que en ella será tenida en cuenta la despenalización del consumo personal. Por ende, sería más normal esperar la discusión en general de la modificación del mencionado código. Además, esta Honorable Cámara ya tiene proyectos sobre despenalización del consumo de estupefacientes para ser debatidos. Yo misma he presentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también aquí, iniciativas en materia de legalización del consumo personal.

Entonces, vamos a modificar una ley que es tan mala que hasta no se cumple. Así, por ejemplo, se propicia la modificación de un artículo por el que se establece que se van a clausurar aquellos locales comerciales en los que se consuman drogas. La verdad es que viviendo en esta ciudad me parece que esa es una ley que no se está cumpliendo. Creo que eso es lo que sucede cuando las normas legales no sirven, no cumplen sus objetivos o, como en este caso, no tienen que ver con lo que se trató de regimentar oportunamente, en 1989.

De manera tal que en este caso en particular se trata de una modificación de carácter técnico. En realidad, la señora diputada preopinante expresó dos cosas: primero, que se trataba de una modificación técnica, y después la sostuvo como parte integrante de la lucha fundamental contra el narcotráfico.

En este sentido, desde nuestro espacio político creemos que la lucha contra el narcotráfico se debe dar de otra manera, es decir, persiguiendo a los narcotraficantes, pero no a aquellos que han tomado la decisión de consumir algún tipo de estupefacientes en forma social o personal.

Por lo expuesto, adelanto mi voto por la negativa respecto del proyecto de ley contenido en el Orden del Día N° 21 y solicito que se vote en forma separada.

Sr. Presidente (Monzó).- Muy bien, señora diputada. Lo vamos a hacer de esa manera.

Tiene la palabra la señora diputada Donda Pérez, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Donda Pérez.- Señor presidente: en el mismo sentido que la señora diputada preopinante, nuestro interbloque también solicita que este proyecto de ley se vote por separado. Consideramos que se trata de la modificación de una ley respecto de la cual el mundo ha dicho que deviene de la teoría de la guerra contra el narcotráfico. Hace dos años la Organización de las Naciones Unidas emitió un documento que fue firmado por la mayoría de los países democráticos occidentales y donde se plantea la terrible derrota que esa teoría ha sufrido en el mundo.

Al mismo tiempo se avanza hacia nuevos paradigmas de persecución contra el narcotráfico como una forma de crimen o delito organizado y una atención diferente de la demanda. En este sentido, mientras no disminuya esta última, el narcotráfico seguirá existiendo. En la medida en que no resolvamos el camino que vamos a seguir para perseguir esta forma de delito la situación va a persistir. En otras palabras, esto no se va a resolver emparchando una ley o modificando sus montos.

Hay dos caminos para perseguir al narcotráfico. El primero consiste en combatir al dealer. Al respecto, siempre vamos a terminar con consumidores perseguidos, que tal vez sean personas con problemas de salud que deberían estar en el sistema de salud pública.

El segundo es la persecución de la ruta del dinero. Este es un camino que ningún gobierno elije porque casi siempre se termina en un banco y con aquellos que lavan el dinero proveniente del narcotráfico y la muerte.

Por lo expuesto, nosotras vamos a votar en contra. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Por lo tanto, el proyecto de ley contenido en el Orden del Día N° 21 se va a votar en forma individual.

Conforme lo dispuesto por el artículo 152 del reglamento, corresponde votar los proyectos de ley sin disidencias ni observaciones contenidos en los órdenes del día números 38, 77, 104 y 135 en una sola votación nominal, en general y en particular.

Sr. Carmona.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Carmona, por Mendoza.

Sr. Carmona.- Señor presidente: deseo confirmar si entre los proyectos que se van a votar se encuentra el contenido en el Orden del Día N° 77.

Sr. Presidente (Monzó).- Lo está, señor diputado.

Sr. Carmona.- En ese caso, nuestro bloque se va a abstener respecto de dicho proyecto, por el que se establece el Régimen de Arbitraje Comercial Internacional. Me gustaría saber si esta iniciativa se someterá a consideración por separado.

Sr. Presidente (Monzó).- A partir de este momento se va a hacer de esa forma, señor diputado.

Sr. Carmona.- Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.

Sra. Del Plá.- Señor presidente: le pido que reitere lo que se va a votar en forma conjunta. Si no entendemos mal, nosotros también tenemos diferentes criterios para la votación. Entonces, no queremos cometer un error a la hora de votar.

Sr. Presidente (Monzó).- Son todos proyectos sin disidencias ni observaciones, señora diputada.

Sra. Del Plá.- Pero eso no significa que nosotros no tengamos disidencias u observaciones, señor presidente.

Sr. Presidente (Monzó).- En ese sentido, justamente se trataba de votar de manera conjunta. Pero como con esto estamos perdiendo tiempo, vamos a votar cada proyecto en forma individual, ya que de lo contrario estaremos permanentemente con esta discusión.

Tiene la palabra el señor diputado Olivares, por La Rioja.

Sr. Olivares.- Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones en relación con los proyectos contenidos en los órdenes del día números 38 y 135. El primero se refiere al convenio aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al amparo de los Cuadernos TIR.

El segundo establece una modificación de la ley 24.449, de Tránsito, en lo relativo al comprobante de seguro para circular.

Sr. Presidente (Monzó).- Muy bien, señor diputado.

41

actualización de los montos de las penas de multa previstas en el código penal y en la ley 23.737, de estupefacientes

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen de la Comisión de Legislación Penal -Orden del Día N° 21- recaído en el proyecto de ley de la señora diputada Burgos y otros por el que se actualizan los montos de las penas de multa previstas en el Código Penal y en la ley 23.737, de estupefacientes (588-D.-2018).

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 208 señores diputados presentes, 185 han votado por la afirmativa y 17 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 185 señores diputados por la afirmativa y 17 por la negativa. Además, se registraron 4 abstenciones.[15]

Sr. Presidente (Monzó).- Se deja constancia del voto por la afirmativa de los señores diputados Stefani y Wisky y de la abstención del señor diputado Pietragalla Corti.

Queda sancionado el proyecto de ley.[16]

Se comunicará al Honorable Senado.

- 41 -

CONVENIO ADUANERO RELATIVO AL TRANSPORTE

INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS AL AMPARO DE LOS CUADERNOS TIR (CONVENIO TIR DE 1975)

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía -Orden del Día N° 38- recaído en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR –Convenio TIR de 1975–, suscripto en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el 14 de noviembre de 1975 (expediente 71-S.-2017).

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 213 señores diputados presentes, 205 han votado por la afirmativa y 1 por la negativa, registrándose además 5 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 205 señores diputados por la afirmativa y 1 por la negativa. Además, se registraron 5 abstenciones.[17]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.[18]

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

- 42 -

Régimen de Arbitraje Comercial Internacional

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen de las comisiones de Justicia y de Relaciones Exteriores y Culto -Orden del Día N° 77- recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se aprueba el Régimen de Arbitraje Comercial Internacional y se deroga el artículo 519 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (93-S.-2017).

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 213 señores diputados presentes, 140 han votado por la afirmativa y 1 por la negativa, registrándose además 71 abstenciones.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 140 señores diputados por la afirmativa y 1 por la negativa. Además, se registraron 71 abstenciones.[19]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.[20]

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

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Acuerdo DE COOPERACIÓN entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Energía y Combustibles -Orden del Día N° 104- recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el 12 de julio de 2014. (Expediente 101-S.-2016)

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 210 señores diputados presentes, 204 han votado por la afirmativa y 3 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 204 señores diputados por la afirmativa y 3 por la negativa. Además, se registraron 2 abstenciones.[21]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.[22]

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

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Modificación sobre el comprobante del seguro para circular

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen de la Comisión de Transportes -Orden del Día Nº 135- en el proyecto de ley de la señora diputada Guerin y del señor diputado Kunkel por el que se modifica el inciso c) del artículo 40 de la ley 24.449, relativo a los requisitos para circular con automotor. (Expediente 2.838-D.-2017)

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 211 señores diputados presentes, 210 han votado por la afirmativa.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 210 señores diputados por la afirmativa. No se registraron votos por la negativa.[23]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.[24] (Aplausos.)

Se comunicará al Honorable Senado.

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Transferencia al Estado nacional de Inmuebles de propiedad de la provincia de Tucumán

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el dictamen de las comisiones de Legislación General, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda -Orden del Día N° 115- por el que se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley sobre transferencias al Estado nacional de inmuebles de la provincia de Tucumán con destino a la construcción del parque nacional Aconquija. (Expediente 3.525-D.-2017)

AQUÍ ORDEN DEL DÍA NRO 115

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado Santillán, por Tucumán.

Sr. Santillán.- Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso, y aclaro que voy a compartir el tiempo del que dispongo con la diputada Alicia Soraire.

Quiero comentar a todos los diputados que este proyecto trata sobre la aceptación de una cesión de jurisdicción que hace el gobierno de la provincia de Tucumán a la Nación para construir el parque nacional y la reserva nacional Aconquija en esos terrenos.

También quiero comentar que este proyecto ya tuvo sanción en esta Cámara, y cuando fue girado al Senado se le introdujeron algunas modificaciones que lo mejoraron bastante, porque contemplaron dos puntos que no habían sido tenidos en cuenta al principio. Así se habla de excluir de la zona que se había delimitado primariamente a espacios donde avanzarán futuras obras públicas planificadas por el gobierno de la provincia. También se consideró la opinión de los pueblos originarios relevados en el INAI y que habitan en esa zona.

Este proyecto es muy importante no solo para la provincia de Tucumán, sino también para el país. Es un aporte a la preservación y protección de la flora y fauna que existe en esa región de nuestra provincia.

Este parque abarcaría una zona muy rica en flora y fauna, con especies autóctonas y únicas en el mundo. También esa zona es muy importante para nosotros, los tucumanos, porque es donde nacen las cuencas hídricas más importantes de la provincia y de la región.

Otro dato para tener en cuenta que habíamos resaltado cuando se lo trató anteriormente en la Cámara es que en esa zona también existen unas ruinas incaicas llamadas Ciudacita, que están a más de 4.000 metros de altura y que fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Agradezco a todos los que han participado para la concreción de este proyecto, especialmente a los nueve diputados provenientes de los distintos bloques que estaban en función hasta el año pasado y que acompañaron con su firma, y también a las organizaciones de la sociedad civil de la provincia y del país, así como a algunas organizaciones internacionales que colaboraron. También debo resaltar la participación que tuvo el diputado mandato cumplido Miguel Nacul, que es de nuestra provincia y articuló todo el trabajo para concretar lo que hoy estamos tratando en esta iniciativa.

Pido que se apruebe este proyecto porque con él protegeremos la biodiversidad de la región, ya que, si cuidamos la flora, la fauna y el agua, estaremos haciendo un valioso aporte en beneficio de las futuras generaciones. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Soraire, por Tucumán.

Sra. Soraire.- Señor presidente: lo acompañamos en el duro momento que está atravesando.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. Soraire.- Señor presidente: el proyecto de construcción del Parque Nacional Aconquija es de mucha importancia para la provincia de Tucumán.

La Legislatura de la provincia sancionó dos leyes, una en la que cede la jurisdicción de las hectáreas para la creación del parque nacional y otra, a través de la cual se crea la reserva de la jurisdicción ambiental de las obras hídricas de los ríos Medina, Gastona y Las Cañas, para poder realizar el proyecto del dique Potrero del Clavillo.

También, como decía mi colega, se incorporó un artículo muy importante, que contempla a las comunidades originarias que tienen relevamientos territoriales y mensuras a su favor.

Aquí se están creando dos cosas: el Parque Nacional Aconquija y la Reserva Nacional Aconquija, donde se conservará la naturaleza y nuestras fuentes de agua.

Este proyecto es producto de un gran trabajo articulado entre la Fundación Miguel Lillo, el gobierno de Tucumán, la Fundación Flora y Fauna Argentina y Parques Nacionales. Este parque abarcará desde la selva de las Yungas hasta las nieves de las cumbres del Aconquija. Significa conectar todas las áreas de conservación, entre las que se encuentran el Parque Nacional Campo de los Alisos, la reserva forestal La Florida y la reserva del río Los Sosa.

También se protegerán las 77.000 hectáreas de vegetación y las principales cuencas hídricas del sudoeste tucumano. Esto generará un gran producto turístico, con mayores posibilidades de investigaciones científicas, articulación de obras hídricas y protección del reino animal que allí vive; pero, sobre todo, se potenciará un gran turismo cultural. También se incorporará un sitio arqueológico de importancia mundial, conocido como el Gran Camino del Inca.

Quiero agradecer a los diputados con mandato cumplido que acompañaron este proyecto y a los actuales diputados tucumanos que priorizaron esta iniciativa de gran importancia para nuestra provincia. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Ávila, por Tucumán.

Sra. Ávila.- Señor presidente: quiero expresar mi sentido pésame por la pérdida de su madre.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. Ávila.- Señor presidente: celebro este proyecto de ley que tiene como principal objeto posibilitar la transferencia de bienes de la provincia de Tucumán al Estado nacional para la construcción de este Parque Nacional Aconquija como un espacio natural, cultural y turístico, aprovechando el rico patrimonio histórico de la provincia de Tucumán, como dijeran los señores diputados preopinantes.

La protección de áreas representa una inversión para las actuales generaciones, pero, sobre todo, para las futuras.

Como se dijo recientemente, el espacio que ocupará el Parque Nacional Aconquija abarca casi el 90 por ciento del origen de los ríos de la provincia de Tucumán.

Este es un proyecto originario de un científico tucumano que fue Miguel Lillo, que fue continuado por sucesivos tucumanos.

Se tratará de un verdadero tesoro nacional, no solo para los tucumanos, sino también para todos los argentinos. Conservar esta área es fundamental para nosotros.

Rescato también que se valorizará y aprovechará la zona, y habrá muchas localidades que serán beneficiadas, como Soldado Maldonado, Sargento Moya, León Rouges, Monte Bello, Los Sarmientos y Santa Ana.

Es muy importante ceder este territorio a Parques Nacionales para su conservación, porque eso garantizará que se tratará de una verdadera política de Estado, que no sufrirá las consecuencias de los vaivenes políticos.

Celebro que hoy podamos hacer realidad este proyecto. Felicito a todos los que trabajaron y espero que sea aprobado por unanimidad, ya que no solo beneficiará a los tucumanos, sino a los habitantes de todo el país. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Cano, por Tucumán.

Sr. Cano.- Señor presidente: adhiero a lo manifestado por los señores diputados preopinantes y pido autorización para insertar mi discurso.

Simplemente mencionaré que Miguel Lillo, un sabio tucumano, fue el primero que pensó ‑luego se sumaron López Mañan y el doctor Rougés- en un área protegida de 200.000 hectáreas.

Con la sanción de esta norma venida en revisión del Senado estaremos concretando casi 80.000 hectáreas de área protegida en el Parque Nacional Aconquija.

Quiero resaltar el trabajo del diputado mandato cumplido del Partido Justicialista Miguel Nacul. Fue una de las primeras visitas que recibí cuando asumí, así como las de Emiliano Ezcurra y la gente de Parques Nacionales, junto a quienes mantuvimos una reunión en el despacho del jefe de Gabinete para discutir la cesión de 11.000 hectáreas de la Quebrada del Portugués, que pertenecían al Ejército Argentino, y se las cedió para las comunidades a través del relevamiento que hizo el INAI. Eso muestra cómo en los distintos niveles gubernamentales ‑nacional, provincial, el Congreso, la Legislatura-, independientemente de nuestra filiación política, somos capaces de concretar proyectos que algunos prohombres pensaron.

Hoy estamos dando un paso más en la concreción de estas 80.000 hectáreas de áreas protegidas, en una zona que tiene una belleza natural inconmensurable. Seguramente, como aquí también se dijo, la construcción de los diques Potrero del Clavillo y Naranjal para la provincia de Tucumán va a significar poder desarrollar fuentes laborales y generar trabajo en el área de turismo.

Simplemente, quiero felicitar a Miguel porque es un dirigente de Tucumán preocupado por estas cosas, que le puso muchísimo empeño, en una primera etapa en absoluta soledad, y que se hizo escuchar luego de golpear tantas puertas. Ahora, entre todos, podemos aportar para la concreción de esta ley que, sin ningún lugar a dudas, no solo suma a la provincia de Tucumán, sino a toda la región.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Alume Sbodio, por San Luis.

Sr. Alume Sbodio.- Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar mi pésame por su pérdida y un reconocimiento a su presencia en este recinto para esta sesión, que es muy importante para la historia de esta casa.

Sr. Presidente (Monzó).- Le agradezco, señor diputado.

Sr. Alume Sbodio.- Señor presidente: la importancia de un parque nacional nos toca a todos los que integramos esta Cámara, pero particularmente a quienes representamos a la provincia de San Luis y nos sentimos identificados con la lucha de la comunidad Huarpe por sus tierras. Además, esta iniciativa nos llega muy especialmente debido al agregado y a las modificaciones que han sido introducidas por el Senado.

La introducción que se ha realizado en el inciso 3 del artículo 2° y en el artículo 3° del proyecto, teniendo en cuenta a las comunidades originarias y sus intereses, tal como manda nuestra Constitución desde 1994, establece para esta Cámara y para los proyectos que en el futuro discutamos un nuevo paradigma sobre los derechos de las comunidades originarias.

No quería dejar de expresar cuánto pesar se hubiera ahorrado a la comunidad Huarpe si en 1989, cuando se creó el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, hubiéramos tenido el artículo de la Constitución Nacional que se consagró en 1994, que reconocía sus derechos. En la actualidad, la comunidad Huarpe sigue litigando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por sus derechos, que les fueron despojados en 1989, pero por suerte esto no volverá a suceder debido a esta vara alta de protección de derechos que el Congreso ha incluido para las comunidades originarias.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen de las comisiones de Legislación General y otras por el que se aceptan las modificación introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley sobre transferencia al Estado nacional de inmuebles de la provincia de Tucumán, con destino a la construcción del Parque Nacional Aconquija.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 206 señores diputados presentes, 205 han votado por la afirmativa.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 205 señores diputados por la afirmativa; no se han registrado votos por la negativa ni abstenciones.[25]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.[26]

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

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transferencia de terrenos propiedad de la provincia de Buenos Aires al Estado nacional para la creación del parque nacional Ciervo de los Pantanos, en la provincia de Buenos Aires.

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General y otras -Orden del Día N° 124- recaído en el proyecto de ley sobre transferencia de terrenos propiedad de la provincia de Buenos Aires al Estado nacional para la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la provincia de Buenos Aires. (Expediente 2648-D.-2017)

aquí orden del día n° 124

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky, por Buenos Aires.

Sr. Lipovetzky.- Señor presidente: solo deseo hacer algunas correcciones técnicas no sobre el texto de la ley, sino sobre los anexos.

En el Anexo I, en el párrafo que inicia con lo siguiente: “Circunscripción II, sección rural, parcela 7: (según título fracción de pimpo).”, donde dice: “Plano de ubicación: agregado a la inscripción N°…”, el número correcto es 18.653/887.

Continúo. En el mismo Anexo, en el párrafo que inicia con: “Circunscripción II, sección rural, parcela 70: (según plano agregado a la inscripción N° 45.602 Folio 2010/B/915 parte de la fracción H). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneficencia de la Capital, según las inscripciones N° 69.797 Folio…”, aquí el número correcto es el siguiente: “…1937 vuelta C/910.”

En el apartado II, del mismo Anexo, hay varias secciones. En una de ellas dice: “Sección 1; fracción 38; partida 155;…” Aquí va un punto en lugar del punto y coma y sigue el párrafo que dice lo siguiente: “Sección 1; fracción 39; partida 156.” Es decir que ese párrafo se desdobla en dos y quedaría de la siguiente manera: “Sección 1; fracción 38; partida 155.” En el siguiente renglón debería decir lo siguiente: “Sección 1; fracción 39; partida 156.”

Luego, en el Anexo 3, donde dice: “1. Reserva zona río Luján…” y continúa: “Fracción de la parcela 70 situada al sur de una línea a establecer entre el vértice norte de la parcela 100 remanente en dirección SE…”, debería decir: “…en dirección ES…”. En realidad, sería Este Sudeste.

Estos son los cambios propuestos, señor presidente.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, con las modificaciones propuestas por el miembro informante, el dictamen de las comisiones de Legislación General y otras, recaído en el proyecto de ley sobre transferencia de terreno propiedad de la provincia de Buenos Aires al Estado nacional para la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en la provincia de Buenos Aires.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 200 señores diputados presentes, 197 han votado por la afirmativa y 1 por la negativa, registrándose además una abstención.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 197 señores diputados por la afirmativa y 1 por la negativa. Además, se registró una abstención.[27]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.[28]

Se comunicará al Honorable Senado.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Cabandié, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Cabandié.- Señor presidente: quiero aclarar que mi voto es afirmativo.

Sr. Presidente (Monzó).- Se deja constancia, señor diputado.

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modificación de la Ley 25.831, DE Acceso a la Información Pública Ambiental

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen sin disidencias ni observaciones de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano ‑Orden del Día N° 134‑, recaído en los proyectos de ley de la señora diputada Castro y otros, por el que se modifica la ley N° 25.831, de acceso a la información pública ambiental. (Expedientes 5.327-D.-17 y 5.657-D.-17)

ORDEN DEL DÍA N° 134

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.

Tiene la palabra la señora diputada Castro, por San Juan.

Sra. Castro.- Señor presidente: en primer lugar, deseo expresarle mis condolencias a usted y su familia.

En segundo término, quiero decir sintéticamente que este es un proyecto que se unificó con el de la señora diputada Banfi. Se trata de una modificación a la ley de Acceso a la Información Pública Ambiental.

Debemos tener en cuenta que en una sociedad democrática el acceso a la información es clave, más aún cuando se refiere a los temas del ambiente.

En el caso de mi proyecto, he pedido modificaciones a los artículos 2° y 5°. En cuanto al artículo 2° ‑que se refiere al concepto de información pública ambiental‑ se intenta dar mayor claridad y precisión e incorporar elementos. En el caso del artículo 5°, referido al procedimiento por el cual se solicita la información pública, se hace parte a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente.

En cuanto a otros puntos y artículos del proyecto de la señora diputada Banfi, se referirá la misma señora diputada.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Banfi, por Buenos Aires.

Sra. Banfi.- Señor presidente: aprovecho públicamente para enviarle un abrazo a usted y a toda su familia.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. Banfi.- El derecho de acceso a la información pública constituye un derecho humano que hemos reconocido en esta Cámara en 2016, cuando logramos votar la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública luego de haber estado cajoneada por más de 12 años sin poder trabajar en un tema fundamental para todos los argentinos. Se trata de un derecho ciudadano que nos permite equilibrar la cancha.

En lo que respecta al derecho ambiental, a partir de 1994, se lo reconoce en nuestra Constitución en el artículo 41.

En la región, estos derechos se integran en dos momentos fundamentales. Uno de ellos tiene lugar en 2012, cuando en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se determina la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente. Este principio establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es mediante la participación ciudadana. Para eso es necesario que los ciudadanos tengan acceso a la información pública.

El otro momento tuvo lugar en marzo pasado, cuando se firmó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que es el primer tratado sobre derecho ambiental al que adherimos.

Estas modificaciones que llevamos adelante en este proyecto, que es pequeño, pero con un alcance muy grande, establecen principalmente la actualización de estos derechos y la evolución en los mecanismos de participación ciudadana.

Puntualmente, el artículo 3° de la presente ley de Acceso a la Información Pública Ambiental ha sido modificado, permitiéndose ahora la solicitud de información libre de formas. Asimismo, en el artículo 4° se amplía el alcance de los sujetos obligados. No olvidemos que todas aquellas empresas públicas o empresas subsidiadas por el Estado también son sujetos obligados de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.

El artículo 5° adecua todos los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental al procedimiento de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.

Por último –muy importante‑, el régimen de excepciones se iguala al de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.

Por lo tanto, al votar este proyecto venimos a poner un ordenamiento en lo que respecta a generar un desarrollo sustentable, proteger nuestro medioambiente y, por sobre todas las cosas, generar un sistema de cogobierno entre la ciudadanía y el Estado.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano ‑Orden del Día N° 134‑ recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley N° 25.831, de acceso a la información pública ambiental.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 186 señores diputados presentes, 182 han votado por la afirmativa, registrándose además 3 abstenciones.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 182 votos afirmativos y 3 abstenciones. [29]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.[30]

Se comunicará al Honorable Senado.

- 48 -

Alteración del orden de tratamiento del plan de labor

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Álvarez Rodríguez, por Buenos Aires.

Sra. Álvarez Rodríguez.- Señor presidente: en virtud de que en Pasos Perdidos hay familiares de víctimas de femicidios y que también hay miembros de la Cruz Roja, solicitamos el adelantamiento de la consideración de estos temas, teniendo en cuenta asimismo la longitud de cada uno de estos proyectos.

Pedimos concretamente que se traten los proyectos sobre Cruz Roja, banco de alimentos y ley Brisa, para después poder dedicarnos el resto del tiempo completo al proyecto sobre regularización dominial.

Sr. Presidente (Monzó).- Si la Cámara está de acuerdo, se procederá a tratar las tres iniciativas –Cruz Roja, Brisa y banco de alimentos‑ antes del proyecto sobre regularización dominial.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grosso, por Buenos Aires.

Sr. Grosso.- Señor presidente: hay compañeros y compañeras de los relevamientos de los barrios populares que están acá desde muy temprano. No sé por qué no los tenemos en cuenta.

No todos los proyectos de ley deben ser sancionados en este preciso momento. El que se refiere a la creación de un banco de alimentos, por ejemplo, no es necesario votarlo antes. Entonces, podríamos agilizar la sesión para que las compañeras y los compañeros que están esperando puedan ser parte del debate.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos Aires.

Sra. Lospennato.- Señor presidente: entre los oradores llegamos a un acuerdo para que, en el tratamiento del proyecto de ley por el que se regula el vínculo jurídico entre la Cruz Roja Argentina y el Estado nacional, solamente hagan uso de la palabra los autores de los proyectos; es decir, los señores diputados Castagneto y Lavagna.

Luego, en la consideración del proyecto de ley sobre creación de un banco de alimentos, hablarán únicamente los autores de los proyectos de ley contenidos en los tres dictámenes en un término reducido de diez minutos.

Después sigue la llamada ley Brisa, cuyo tratamiento también es corto y expeditivo, según acordamos con los bloques.

Este es el sentido de adelantar la votación; luego, el temario continúa. No es que dejamos el proyecto de ley referido al Renabap para el final; lo tratamos después y sigue el temario.

Reitero que los tiempos serán muy reducidos; en una hora y media deberíamos estar sancionando esos tres proyectos.

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proposición

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el proyecto de ley del señor diputado Lavagna y otros señores diputados por el que se regula el vínculo jurídico entre la Cruz Roja Argentina y el Estado Nacional. (Expediente 2919‑D.‑2018)

AQUÍ PROYECTO DE LEY contenido en el expediente 2919‑D.‑2018

Sr. Presidente (Monzó).- En atención a que el presente asunto fue girado, entre otras comisiones, a la de Presupuesto y Hacienda y no cuenta con dictamen, se va a votar si la Honorable Cámara se constituye en comisión para producir el respectivo despacho. Se requieren dos tercios de votos.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobada la constitución de la Cámara en comisión.

- 50 -

CONFERENCIA – regulación del vínculo jurídico entre la cruz roja argentina y el estado nacional

Sr. Presidente (Monzó).- Queda abierta la conferencia.

Se va a votar si se mantiene la unidad del debate.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración.

Tiene la palabra el señor diputado Castagneto, por Buenos Aires.

Sr. Castagneto.- Señor presidente: en primer lugar, quiero mencionar el proyecto de ley contenido en el expediente 5420‑D.‑2016 –reproducido en el expediente 527‑D.‑2018‑, porque fue un trabajo que realizamos durante dos años.

La Cruz Roja Argentina ha sido reconocida por el Comité Internacional de la Cruz Roja; es miembro de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Actualmente, no disponemos de una legislación que permita encuadrar el accionar de la Cruz Roja Argentina. Por eso, el objetivo es regularla a través de su red territorial, compuesta por sesenta y cinco filiales en el país, que por año capacita a más de cincuenta mil personas en primeros auxilios y RCP.

El proyecto de ley del señor diputado Lavagna y otros señores diputados, contenido en el expediente 2919‑D.‑2018, unifica diversos puntos de vista. Se trata de un trabajo consensuado con el presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, el voluntariado y los socorristas.

En suma, se le otorga una misión a la Cruz Roja Argentina; se regula el uso de su emblema y también su denominación, estableciéndose la aplicación de una multa de entre diez y trescientos salarios mínimos, vitales y móviles a quien haga de ellos un uso indebido.

Luego, en el título dedicado al voluntariado, queda consignado que es gratuito, que no genera contraprestación alguna y que es ajeno a cualquier norma laboral.

Enumera también los beneficios de los que gozarán los voluntarios: dicha condición no será considerada incompatible con otras actividades; ante una emergencia, serán considerados como movilizados y su situación laboral, una carga pública para su empleador; finalmente, deberán capacitarse al menos durante diez días al año.

En virtud del artículo 6°, la Cruz Roja Argentina queda autorizada a realizar distintos tipos de tareas, tal como lo viene haciendo desde la firma de aquel decreto en 1890.

Por estos motivos, creemos que sería muy importante que esta iniciativa sea sancionada hoy por la Cámara de Diputados.

El proyecto también hace referencia a la eximición de la Cruz Roja Argentina en materia impositiva. Como es sabido, sus insumos y elementos –que generalmente son bienes de uso‑ son importados.

Finalmente, me gustaría destacar no solo el trabajo que lleva adelante la Cruz Roja Argentina, sino también su perseverancia. Quien formó parte de la gestión y estuvo en una catástrofe, sabe que la Cruz Roja Argentina es la primera en llegar. La dedicación, el amor y el compromiso de los socorristas para con la sociedad civil tiene un objetivo: ayudar al prójimo, salvar vidas y estar al lado de los más necesitados en los momentos más difíciles.

Para terminar, quiero agradecer a los legisladores que trabajaron en este proyecto y también a la señora diputada Del Plá, quien iba a hacer uso de la palabra pero para agilizar el tratamiento del tema cedió su espacio, y a la señora diputada Bianchi, quien pedirá la inserción de su discurso en el Diario de Sesiones.

Si se me permite, compartiré el término de mi exposición con el señor diputado Lavagna, dado que –como dije antes‑ el proyecto de ley en consideración, del que es autor el señor diputado Lavagna, es el resultado de un trabajo unificado. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Lavagna, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Lavagna.- Señor presidente: en primer lugar, debo reconocer la incansable tarea llevada adelante durante los últimos dos años. El señor diputado Castagneto ha trabajado tenazmente en este proyecto, que no se puede decir que sea de mi autoría, ya que es fruto del consenso alcanzado entre todos los bloques. Cuenta con el apoyo de todos ellos y creo que ese es un hecho que merece ser destacado, sobre todo porque hablamos de una iniciativa que reconoce la importancia de la Cruz Roja, la red humanitaria más grande del mundo.

Podríamos decir que la Argentina tiene una deuda de sesenta años en lo que se refiere al dictado de una normativa en materia de regulación. Justamente, lo que estamos haciendo en esta ocasión es saldar esa deuda y dar herramientas a la Cruz Roja no solo para que siga desarrollando sus actividades, sino también para que las amplíe y pueda estar presente en cada lugar donde se la necesite.

Reconozco y agradezco una vez más la tarea tan loable que los voluntarios de la Cruz Roja realizan todos los días.

El señor diputado Castagneto ya se refirió a la necesidad de reconocer el carácter jurídico de la Cruz Roja, de eliminar algunas cuestiones en materia impositiva que estaban pendientes de resolución, y de proteger su emblema. Estos son los puntos centrales de este proyecto, que es muy bueno y que esperamos sea sancionado en forma unánime.

Finalmente, en aras de ahorrar tiempo, solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones y que la votación del asunto se realice en un solo acto, en general y en particular. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Bianchi, por San Luis.

Sra. Bianchi.- Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde que la Honorable Cámara, constituida en comisión, adopte un texto como despacho en relación con el asunto que ha considerado en tal carácter.

Tiene la palabra el señor diputado Bossio, por Buenos Aires.

Sr. Bossio.- Señor presidente: solicito que la Cámara adopte como despacho el texto del proyecto de ley contenido en el expediente 2919‑D.‑2018.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar la proposición formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado como despacho de la Honorable Cámara constituida en comisión el texto del proyecto de ley contenido en el expediente 2919‑D.‑2018.

Se levanta la conferencia.

- 51 -

Regulación del vínculo jurídico entre la cruz roja Argentina y el estado nacional

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen producido por la Honorable Cámara constituida en comisión.

Se va a votar.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 187 señores diputados presentes, 185 han votado por la afirmativa, registrándose además una abstención.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 185 señores diputados por la afirmativa y ninguno por la negativa. Además, se registró una abstención.[31]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.[32]

Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)

- 52 -

proposición

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se crea el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar y/o de género. (Expediente 27-S.-2017)

Aquí PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN sobre Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar y/o de género (expediente 27-S.-2017)

Sr. Presidente (Monzó).- En atención a que el presente asunto no cuenta con dictamen, se va a votar si la Honorable Cámara se constituye en comisión para producir el respectivo despacho. Se requieren dos tercios de votos.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobada la constitución de la Cámara en comisión.

- 53 -

conferencia – Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar y/o de género

Sr. Presidente (Monzó).- Queda abierta la conferencia.

Se va a votar si se mantiene la unidad del debate.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración.

Tiene la palabra la señora diputada Martínez, por Jujuy.

Sra. Martínez.- Señor presidente: en primer lugar, como ya se lo expresé, le transmito mis condolencias por la situación que está atravesando.

En segundo término, creo que hoy es un día muy especial, en el que estamos viviendo una oportunidad histórica para avanzar en un régimen de reparación que dé una respuesta política e institucional a una situación de profundo desamparo en el que se hallan las hijas y los hijos de las víctimas de femicidio. Estamos hablando de un crimen que pone de manifiesto el rostro más extremo de la violencia de género estructural, que padecen las mujeres y las niñas en la Argentina.

La violencia de género en nuestro país se cobra una vida cada treinta horas. Además de estas mujeres asesinadas por sus maridos o sus parejas también aparecen las víctimas colaterales: las niñas, los niños y los adolescentes que quedan sin sus madres. Lógicamente, es un cambio dramático en sus vidas y una situación de profundo dolor, lacerante. En ese momento, más que nunca, necesitan de la familia ampliada, de la comunidad, del Estado presente para garantizar el crecimiento y desarrollo de esos niños. Se trata de vivir con los abuelos o con algún otro familiar y, fundamentalmente, en una sociedad, para poder curarse física y emocionalmente, y encontrar nuevamente la confianza perdida. En muchas oportunidades, esta situación se da en un contexto muy complejo.

Quiero recordar que el nombre de esta ley hace referencia a una niña llamada Brisa, que perdió a su madre asesinada a golpes por su marido, quien la tiró al río y luego fue a hacer la denuncia a la policía por la desaparición de la mujer. Luego se conoció qué había pasado realmente; pero Brisa quedó en una situación de desamparo y se fue con su tía y sus dos hermanos gemelos. Esta norma tiene que ver con esto. Le pusimos el nombre de un caso emblemático, pero el drama se repite de a cientos en nuestro país.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.

Sra. Martínez.- Esta ley fue impulsada por familiares de víctimas de femicidio, pero fundamentalmente se relaciona con el impulso que le dio La Casa del Encuentro. Hoy tenemos el gusto de contar en el recinto con la presencia de la señora Ada Rico, de La Casa del Encuentro, que está siendo testigo de la respuesta de la Cámara de Diputados de la Nación frente a esta cuestión.

El Congreso ya respondió a esta tríada de proyectos que propuso esta asociación civil, que visibilizó la situación del femicidio en la Argentina. En primer lugar, se propuso que el femicidio fuera reconocido como un delito autónomo, lo que se logró en el año 2010. Luego, se propició la quita de la responsabilidad parental para los femicidas. Esa es una ley que sancionamos el año pasado en la Cámara de Diputados. En ese momento consideramos fundamental que las víctimas colaterales, los chicos, no volvieran a vivir con los femicidas, tal como ocurrió con el paradigmático caso Arce. Evidentemente, esta norma ha sido un gran avance.

Ahora estamos aquí con la posibilidad de dar esta otra respuesta a través de una reparación económica, en la que todos coincidimos. Cabe recordar que hemos puesto todo nuestro empeño para lograrlo. En un principio, la sanción del Senado contaba con muchas limitaciones que condicionaban la posibilidad de que las víctimas colaterales consiguieran una reparación. Por eso, la iniciativa fue desestimada en Diputados, con el trabajo transversal y en conjunto de diputadas y diputados de ese momento.

Luego La Casa del Encuentro presentó un nuevo proyecto, y el senador Linares impulsó su tratamiento en la Cámara de Senadores, cuya sanción estamos considerando ahora. Cuando llegó a esta Cámara, nosotros consideramos que había que dar tratamiento rápidamente a esta iniciativa. En el mes de diciembre del año pasado, al finalizar el período de sesiones ordinarias, propusimos sancionar esta ley de reparación económica, pero racionalmente hubo algunas observaciones vinculadas con cuestiones surgidas de la sanción del Senado. Una de ellas se refiere a que en este caso estamos hablando de víctimas de violencia intrafamiliar.

La violencia intrafamiliar es muy amplia y, por otro lado, obedece a un paradigma anterior. Nosotros precisábamos actualizar el nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma tiene que ver con lo que propone CEDAW, que reconoce que en el hogar hay relaciones de subordinación vinculadas con el ejercicio de un patriarcado. Estimamos necesario visibilizar esa situación.

Por ello es altamente positivo que con este trabajo conjunto y transversal –en el que destaco lo actuado por parte de las señoras diputadas Silvia Lospennato, Cristina Álvarez Rodríguez y Analía Rach Quiroga, de la señora diputada Carla Carrizo y de cada una de las legisladoras de los diferentes bloques‑ hayamos podido concluir que necesitábamos avanzar y que no era bueno que la iniciativa volviera con modificaciones al Senado.

Podemos casi celebrar el acuerdo tácito expresado ayer en la comisión y decirle al señor presidente de la Nación que se pueden resolver todas estas cuestiones que estamos planteando.

En relación con la retroactividad, podría existir alguna interpretación en el sentido de que las víctimas colaterales que hayan cumplido 21 años antes de la sanción de esta norma puedan hacer algún reclamo. En consecuencia, esta norma tendría carácter indemnizatorio y no es el espíritu de la legislación que queremos aprobar hoy. Por eso me parece altamente positivo que haya primado el buen gesto y el trabajo transversal con todos los bloques para poder llegar a la decisión de aprobar esta norma hoy, solicitando a su vez al Poder Ejecutivo que a través de las herramientas que considere conducentes implemente de inmediato esta ley.

Se habla de los autores y coautores y de la posibilidad de que cobren esa reparación a partir del procesamiento. En este sentido, me señalaba el señor diputado Petri que hay provincias cuyos códigos procesales no contemplan el auto de procesamiento, lo que es rápidamente salvable si se estima que en la reglamentación podría incluirse “o figura equivalente”. La intención es poder avanzar.

Pero la intención fundamental del tratamiento de este tema tiene que ver con la lucha que hemos decidido dar contra la violencia de género y la necesidad de hacernos cargo como Estado de las consecuencias que esa violencia genera. Sabemos que hay violencia dentro de las familias y que estas necesitan atención, pero era necesario visibilizar este colectivo.

Sentimos una gran satisfacción por este debate y quiero destacar nuevamente el trabajo de la Casa del Encuentro, que ha dado pasos muy importantes. El informe que realizó de los últimos diez años comprende hasta el año 2017 y da a conocer que en la Argentina hay 2.161 víctimas colaterales menores de edad. Hoy estas víctimas van a tener una respuesta. Todos estos casos, como el de Brisa, van a tener una respuesta del Estado y tendrán una reparación económica. Sabemos que no podemos solucionar lo que ha pasado con sus madres, pero creemos que esta es una necesidad y un derecho que debe garantizarse.

Por todo ello, agradezco mucho el trabajo desarrollado en forma plural. Esta norma implica un gran avance en materia de género y de infancia; implica lograr, entre todos los argentinos y las diferentes instituciones, una vida libre de violencia. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Álvarez Rodríguez, por Buenos Aires.

Sra. Álvarez Rodríguez.- Señor presidente: Brisa no es viento, no es aire fresco; Brisa es una niña increíble y única que perdió a su madre por un acto de femicidio.

Allá por noviembre de 2012, las argentinas y los argentinos pudimos ponerle nombre al asesinato, al asesinato de tantas mujeres en manos de esas parejas, esos maridos, esos novios que supuestamente tenían que cuidarlas en su propia casa. Comprendimos también y fuimos creciendo juntos como sociedad para saber que los temas del ámbito privado, como se llamaban, son públicos cuando se convierten en materia de violencia de género. No hay ámbito privado en ese aspecto.

Durante mucho tiempo, Brisa y sus hermanos –hace cuatro años que asesinaron a su madre‑ escuchaban que otros recibían el derecho que inspiraba el nombre de su ley, la ley Brisa, pero ellos no accedían y continuaban pasando necesidades de salud, de alimentación y económica, aunque nunca de amor porque ellos tienen unos tíos, Cynthia y Marcelo, que ya tenían tres chicos, pero que se hicieron cargo de Brisa y de sus hermanos mellizos. Esa familia de tres, con un corazón enorme, pasó a ser una familia de seis, en una casa pequeña ubicada en un barrio al que todavía no llegó el agua potable. Ellos viven con el amor de esa familia, de su abuelo y de su abuela –que falleció después del asesinato de su hija Daiana, ante tanta tragedia‑, viven dando peleas como esta porque no están solos.

Digo que no están solos porque hoy está aquí presente Leónidas Mateu, quien perdió a su hija Mara. Leónidas es del Partido de la Costa y sabe en carne propia lo que es el femicidio. Cada uno de los que estamos acá podría conversar con él y entender –con tan solo un mínimo diálogo‑ lo que padeció ese padre, que no es ajeno a lo que padeció el padre de Natalia Melmann cuando esta semana liberaron a uno de los cuatro asesinos.

Porque todavía estas cosas nos atraviesan en esta sociedad en la que vivimos, quiero mencionar el caso de Lorena Fernández. Lorena sufrió el femicidio de su hermana María del Carmen, de 33 años, que se produjo en Chile. Lorena tuvo que viajar para rescatar a sus sobrinos. Estos hombres sí están presos; no como en el caso de Natalia, que uno quedó libre, ni como otros que voy a mencionar en los que también quedaron libres. Ello se debe a que la Justicia no siempre actúa como debería en estos casos. Lorena buscó a sus sobrinos en Chile y logró traerlos. Lorena también tenía tres chicos propios y esa familia de tres se hizo una de cinco. Este caso tiene características muy parecidas al caso de Brisa.

Ni hablar de Oscar Galeano, que también está presente, hermano de Roxana. Muchos recordarán ese caso ocurrido en Exaltación de la Cruz. Sin embargo, todavía esperamos Justicia para Roxana y sus hijos. También podemos mencionar el caso de Karina Trangoni, que sufrió el femicidio de su madre y se quedó criando a sus hermanas siendo ella la única mayor de edad. Lo hizo sin ninguna ayuda del Estado, pero sí con la ayuda de los afectos y de las comunidades y barrios donde cada una de estas familias se inserta.

Hoy es un día muy especial porque nosotros estamos legislando para una niña, una niña que vivió una tragedia enorme, pero que refleja a todos los niños y niñas que están esperando y que nos están mirando, a los que el femicidio atraviesa y a los que no.

Quiero agradecer la visibilidad que Maximiliano Montenegro, la ONG Casa del Encuentro y la asociación Amigos del Alma dieron al tema de Brisa para que llegue al Congreso y obtenga sanción. También quiero agradecer a la diputada Alejandra Martínez poder tratarlo en esta Cámara de Diputados, porque si no lo hacíamos se nos iba a vencer el plazo y esas familias iban a tener que esperar dos años más para la sanción de la ley.

Por eso hacemos hincapié en el tiempo. Hoy Brisa tiene 5 años; ya pasaron cuatro años. No pueden esperar más. En materia de prevención tampoco podemos esperar más, porque el Estado llega tarde con la pensión; llega cuando no pudo prevenir para que esa violencia no se ejecutara.

Por eso, como no queremos que falte ni una más de nosotras y queremos cuidarnos entre todas y todos, creemos en el poder de esas niñas que hoy actuó en esta Cámara. Por un lado, tenemos el poder enorme de una niña que esperaba un órgano que no llegó a recibir, pero quiso hacer una campaña para que otros tuvieran lo que ella no llegó a tener. Y por otro lado está el caso de Brisa, que sin comprender la totalidad del problema –que con todo amor su tía y el resto de su familia le van a explicar‑ nos ayuda a entender a nosotros, los adultos, los cambios que debemos hacer como sociedad.

Pido disculpas por haberme extendido, señor presidente, pero este no es un tema más, sino que es un tema que duele. Hoy esta Cámara está atravesada por estas dos niñas y por todas las niñas que viven en los barrios que vamos a regularizar cuando se logre comprar los terrenos; y también por todos los niños, porque cuando las mujeres pensamos en clave de género no pensamos solo en las mujeres, sino en toda la sociedad.

Dickens decía que nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo. Yo siento que hoy, en esta Argentina que tanto nos duele, es un fracaso menos que alguien gane un derecho, y en el nombre de Brisa lo van a ganar más de 3.000 niños y niñas argentinos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Moisés, por Jujuy.

Sra. Moisés.- Señor presidente: en nombre del interbloque Argentina Federal, en primer lugar, queremos hacer un reconocimiento a los familiares de las víctimas de femicidio, es decir, a esos abuelos, abuelas, tías, tíos y hermanos mayores que se hacen cargo de esos menores que quedan desamparados y destruidos moralmente ante la desintegración familiar. Esas personas se cargan la responsabilidad de contenerlos, atenderlos, educarlos, llevarlos a la escuela, etcétera. Queremos manifestar nuestra más profunda admiración por todos ellos, que con una altísima empatía y un gran sacrificio personal atienden esas situaciones terribles y dramáticas. Y además de hacer todo eso, se proponen impulsar cambios en la sociedad, es decir, intentan poner en agenda este tipo de leyes y el tratamiento que desde el Estado se debe dar con políticas públicas que realmente los ayuden a sostener esa situación traumática.

También quiero expresar nuestro reconocimiento a las diputadas y diputados que trabajaron en las comisiones y a las senadoras y senadores que aprobaron esta sanción, en particular a los presidentes de las comisiones intervinientes, como el caso de la diputada Alejandra Martínez. Cuando evaluamos la sanción muchos de nosotros queríamos hacer algunas observaciones –que eran razonables‑, pero al mismo tiempo chocábamos con la necesidad de que esta iniciativa se convierta en ley en forma urgente. Por eso interpretamos que era necesario que esas observaciones se incorporen al momento de la reglamentación de la ley y a la hora de hacerla operativa desde el Poder Ejecutivo. De manera que priorizamos la urgente sanción.

Como dijo la señora diputada preopinante, creo que estas niñas nos están marcando la agenda, una agenda en la cual la sociedad está modificando valores y está dando el ejemplo, en muchos casos diciéndonos qué cuestiones son urgentes y apurándonos a tratarlas.

Esta ley es una reparación. No voy a decir que es una reparación ante la ausencia y el fracaso del Estado porque creo que en las políticas de género se ha avanzado. Sin embargo, esa presencia hoy es limitada, porque no alcanza a garantizar la seguridad de las mujeres que viven situaciones de violencia intrafamiliares. No alcanza con la contención y la asistencia para prevenir estas situaciones. Todavía no alcanza para superar esa cultura machista que cotidianamente nos marca en el trabajo, en la escuela, en las remuneraciones, en los sindicatos. En todos los espacios en los cuales como ciudadanos y ciudadanas enmarcamos nuestra vida todavía hay un profundo machismo, tanto en las expresiones banales y superficiales como en los golpes psicológicos y físicos que reciben nuestras mujeres. Tampoco alcanza todavía la educación en valores, que ya está siendo un cambio revolucionario en las nuevas generaciones, pero necesitamos atender desde el Estado.

Como nada de esto alcanza, interpretamos que hay que reparar esta vulnerabilidad, y esto no es un beneficio. Quiero aclarar que no es un beneficio social. Son políticas que parten del dolor de la gente, de ese dolor que muchos no logran interpretar ni van a interpretar, y mucho menos resolver desde un canal de televisión o una entrevista para un diario. Cuando se menosprecia el dolor de la gente, como funcionario, diputado o senador se está lejísimo de poder interpretar lo que realmente vive cada uno de los argentinos.

En este sentido, creo que hay que salir de la cultura de la dádiva ‑que está tan de moda‑, de dar lo que nos sobra. Esas son las propinas. No es el momento de otorgar propinas a esos niños y niñas que quedan sin mamá y sin papá. Esto no es una propina o un gasto del Estado. ¿Por qué? Porque no entendemos que el Estado tenga que generar un clasismo perverso en el cual se dé solamente lo que sobra, generando un sistema de derrame que nunca llega. Lo único que llega a los argentinos últimamente es el dolor de la pobreza, de la desocupación, de la incertidumbre de no saber si se va a llegar a fin de mes.

Entonces, creemos que debemos fortalecer el rol del Estado, es decir, generar un Estado presente, digno, que genere acciones concretas en beneficio de los más vulnerables, como son estos chicos.

Desde el día de ayer, en que firmamos el dictamen, tenemos mails en nuestras casillas de correo preguntándonos quién va a pagar esto. Creo que algunos nos hacen esta pregunta porque la sociedad está confundida, y lo está porque hay referentes y formadores de opinión que confunden esos valores.

Por eso, señor presidente, quiero aclarar que acá estamos aprobando derechos para los más vulnerables. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Moreau, por Buenos Aires.

Sra. Moreau.- Señor presidente: no voy a repetir lo que ya se ha dicho. Todos conocemos la historia de Brisa y de su mamá, Daiana, que fue asesinada brutalmente por una bestia que fue condenada a prisión perpetua.

Ellos eran de Moreno, una familia trabajadora, como muchas de esas familias de clase media que hacen un esfuerzo para que nunca falte el pan en la mesa de sus hijos y para que ellos puedan asistir al colegio.

Cuando la madre de Brisa es asesinada, ella y sus dos hermanos quedan al cuidado de su abuelo, quien en ese momento se ve obligado a acudir a los medios de comunicación para pedir ayuda, ya que de un día para el otro les cambió la vida a todos.

Hubo entonces una cruzada solidaria muy importante, y a partir de ese momento se llevó a cabo un trabajo muy fuerte en este tema.

Considero que la ley no resuelve el problema de fondo, y hasta tiene aspectos que se podrían haber mejorado. En este sentido quiero destacar el trabajo de la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, diputada Silvia Alejandra Martínez, quien recogió todas las inquietudes que teníamos, y pese a ello privilegió el tratamiento de esta ley para no quedarnos sin ella.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.

Sra. Moreau.- Cuando un chico pierde a su mamá en manos de un femicida, no hay retorno ni reparación económica que alcance. La verdad es que muchos de ellos, incluso, presenciaron el momento en el cual su progenitor o su padrastro cometieron el asesinato. Ellos fueron testigos del horror, y en definitiva son sobrevivientes.

Por eso, a mi entender esta ley viene a poner el foco en lo que son las víctimas colaterales de los femicidios.

Esta ley surge como una iniciativa de La Casa del Encuentro, de los movimientos sociales y de la realidad, y sin duda se enmarca en el movimiento Ni Una Menos. Asimismo, tiene que ser parte de un plan de lucha sistemática contra la violencia de género, a la que este Congreso tiene que dar –y de a poco lo está logrando- un lugar preponderante en su agenda.

Considero que nos queda mucho por hacer. Sin embargo, paso a paso el movimiento Ni Una Menos, frente a la violencia de género y los casos brutales que hemos vivido, ha hecho que la cultura machista haya ido cediendo, y que en los chicos más pequeños esa cultura esté siendo desplazada por la cultura del amor y del respeto hacia las mujeres.

En memoria de Daiana y en nombre del bloque del Frente Renovador acompañamos esta iniciativa. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Bianchi, por San Luis.

Sra. Bianchi.- Señor presidente: un femicida no destruye solamente la vida y el cuerpo de una mujer, sino que daña a sus hijos, a su entorno. Ese dolor trasciende el tiempo y el espacio. Los años matan también la justicia y la seguridad; matan la posibilidad y la esperanza de terminar con los violentos.

Solo quien ha perdido a un ser querido sabe del inmenso dolor que esto provoca; conoce el vacío y el nudo que produce en la garganta. ¿Imaginan entonces, por un segundo, lo que habrán sentido esas niñas y niños ante la muerte de su madre?

Todos sabemos que el duelo tiene etapas, pero también sabemos que el duelo por femicidio es diferente, especial, crónico, constante e inmenso; no da treguas, y en muchos casos, como decía la diputada preopinante, queda en la retina la última mirada de su madre, porque presenciaron justamente el momento en que se le dio muerte.

Cuando estas muertes ocurren en la República Argentina, con mucha suerte podemos ver en la televisión, durante no más de una semana, que se habla de esos casos. Pero después nada se sabe de las víctimas colaterales, dónde

están, dónde estudian, dónde comen, quién las atiende, dónde viven, si esas ausencias están siendo cubiertas o si ese daño está siendo reparado. Tampoco sabemos quién las mantiene, cómo se alimentan ni cómo están viviendo.

Por eso considero que esta ley hace un gran aporte a la falta de legislación actual, un aporte económico y mensual que es compatible con otras percepciones monetarias.

En el país hay 3.378 personas que quedaron sin su madre, de las cuales 2.161 ‑es decir, el 66 por ciento‑ son menores de 18 años.

Esta ley se concentra en la reparación económica, pero también en el acompañamiento terapéutico, educacional y de acercamiento. Cada uno de nosotros, como diputados nacionales, debemos luchar para que esta sea una ley federal. De lo contrario, de nada servirá.

Tampoco servirá si esta ley no es reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional a la brevedad. A su vez, nuestras provincias deben adecuar su legislación para que no existan más daños a víctimas colaterales.

El femicidio es un delito del odio; es la situación extrema a la que puede llegar un misógino, quien desahoga su resentimiento machista acabando con la víctima. Es, además, la consecuencia de maltratos seguidos, de denigraciones, de violaciones; es cosificar a la mujer.

Hemos hecho mucho, señor presidente, pero aún queda mucho por hacer.

Vaya esto en memoria de Noemí Becerra, Virginia Verónica Amieva, María Zalazar, María del Carmen Celi, Sara Vilchez, Silvana Martínez, Brenda Jiménez, María Cristina Velázquez, Karen Leal, Elsa Tuninetti, Marylin Cejas, Ana Belén Araujo, Maris Elda Chávez, Graciela Fernández, Susana Araujo, Denisse Frescia, Romina Aguilar, Florencia Di Marco, Tamara Olguín, Carla Pereyra, Marta Olmos, Paola Heredia y Patricia Menedín, el último caso de femicidio, de hace unos días, en San Luis, quien fue encontrada muerta, y en el lugar donde estaba enterrada había un ramo de flores y un cartel que había puesto el violento, que decía: “Te amo mucho, mi amor”.

Ellas son mujeres de mi provincia que murieron en manos de violentos. Pido que por ellas se haga justicia. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Ferreyra, por Corrientes.

Sra. Ferreyra.- Señor presidente: adhiero a todo lo dicho previamente. El femicidio es la violencia más extrema que padece una mujer, y las muchas Brisas que quedan, perdiendo su madre y perdiendo al padre -quien termina preso, suicidado o prófugo-, seguramente también fueron, en la mayoría de los casos, víctimas directas de la violencia de ese femicida.

Se trata de violencia en lo físico, en muchos casos con agresiones sexuales, y sin duda también de violencia

psíquica. Por eso es tan importante que podamos tener una política reparadora, que como bien decía la diputada Bianchi, se exprese en una asignación económica mensual que permita garantizar condiciones mínimas para la supervivencia frente a la terrible tragedia de tener que vivir sin los padres.

Algunos han realizado un reconocimiento a La Casa del Encuentro por esta iniciativa, e incluso a otros sectores que sin duda la han peleado. También merecen un reconocimiento la presidenta de la comisión, diputada Silvia Martínez, y cada una de las diputadas que han luchado por esta ley como parte de los acuerdos que tenemos para llevar adelante en este Congreso políticas de género.

Esta ley Brisa -junto con otras- fue pedida frente al Congreso el 8 de marzo por más de 500.000 mujeres que veníamos y decíamos “Tenemos que parar y decir ‘basta a la violencia’”. El Ni Una Menos sigue siendo una deuda pendiente de la sociedad argentina, porque en este país sigue

habiendo femicidios cada 29 horas. En estos casos el Estado siempre es responsable por no haber prevenido cuando las mujeres se presentaron a hacer denuncias y no fueron consideradas.

Tomamos conocimiento de una comisaría que cobra 200 pesos a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad social para tomarles la declaración por esos violentos que las golpean y las castigan, que es la antesala al femicidio.

Por eso decimos que hoy estamos haciendo un acto de justicia para estos chicos y chicas que han quedado huérfanos por una irresponsabilidad que tenemos que resolver en la raíz del problema. Hay que hacer efectivo el Ni Una Menos, hay que tener políticas preventivas. Estamos esperando el tratamiento del paquete de leyes Micaela García para justamente dar capacitación a los agentes del Estado y poder trabajar en los territorios donde las mujeres más pobres y vulnerables son las que padecen la mayor violencia. Si no trabajamos sobre eso vamos a tener que seguir reparando situaciones como las de Brisa.

Por eso apoyamos con toda nuestra fuerza este proyecto de ley, pero seguimos diciendo que queremos que se traten políticas preventivas de una vez por todas para no tener que seguir llorando a las Daiana que no nos acompañan.

Por la voz de cada una de las que ya no están venimos a decir “hoy aprobamos esta ley Brisa, pero mañana tenemos que seguir tratando leyes que sean realmente preventivas”. Ojalá que el próximo paso sea la aprobación del paquete de leyes Micaela García, que también fue víctima de otra situación de femicidio.

Solicito permiso de la Presidencia para insertar en el Diario de Sesiones el resto de mi discurso, referido a cuestiones más técnicas, y decir Ni Una Menos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- No encontrándose en el recinto la señora diputada Rach Quiroga, tiene la palabra la señora diputada Ocaña, por Buenos Aires.

Sra. Ocaña.- Señor presidente: en primer lugar, quiero decirle que lo acompaño en el dolor que está pasando.

Sr. Presidente (Monzó).- Muchas gracias, señora diputada.

Sra. Ocaña.- Voy a ser muy breve porque sé que hay un acuerdo para restringir la cantidad de oradores; por eso pido autorización para insertar parte de mi discurso en el Diario de Sesiones.

Más allá de las diferencias y los problemas que tenía la sanción del Senado, sería interesante que hoy esta Cámara pudiera dar sanción a la ley Brisa, por la que desde hace muchos años está peleando La Casa del Encuentro.

Nosotros hemos tomado esa iniciativa el año pasado y la hicimos ley en la Ciudad de Buenos Aires, que entiendo que es el único distrito en el que actualmente rige. Es interesante que el Estado se haga cargo de la reparación del daño que ha causado a muchos niños y niñas esta violencia que estamos sufriendo las mujeres.

En el año 2012, como diputada nacional tuve la oportunidad de trabajar en las leyes que justamente penalizaron el femicidio por primera vez en la Argentina.

Evidentemente, esta ley no soluciona el problema de la violencia machista, como aquí lo han expuesto las oradoras que me precedieron en el uso de la palabra, pero viene a saldar una deuda con sus hijos, porque estos son parte de situaciones complejas de violencia que han sufrido no solamente por el femicidio de sus madres, sino fundamentalmente porque ellos mismos han padecido esa violencia intrafamiliar.

Quiero destacar el trabajo de la señora diputada Martínez y de todas las diputadas que intervinieron, porque más allá de las diferencias que tuvieron para querer mejorar este proyecto de ley, decidieron –con excelente criterio- dar sanción a la ley Brisa para que de una vez por todas esos niños y niñas puedan tener esa reparación tan merecida.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Rach Quiroga, por el Chaco.

Sra. Rach Quiroga.- Señor presidente: ante cualquier grupo vulnerable sabemos que el Estado es el que debe priorizar acciones positivas tendientes a la promoción y protección de esos derechos, más aún cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Es el Estado el que tiene que duplicar los esfuerzos cuando los chicos se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por la gravedad que significa el fallecimiento de su progenitor o progenitor afín por el accionar del otro progenitor o progenitor afín.

Este proyecto de ley tuvo sanción en el Senado por unanimidad hace más de un año. Sabemos que en nuestro país cada 30 horas una mujer muere víctima de un femicidio, dejando en la mayoría de los casos hijos e hijas menores de edad, que quedan sin madre y, además, sin la protección económica de un Estado que les falló.

Así que por Brisa, por Karina, por todos los niños, niñas y adolescentes y por todos los familiares y referentes afectivos de víctimas de violencia y de femicidio es que hoy por fin vamos a saldar esta deuda.

Solicito permiso para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Raverta, por Buenos Aires.

Sra. Raverta.- Señor presidente: voy a hablar de este proyecto que tiene sanción del Senado, pero haciendo referencia a un proyecto en el mismo sentido que incorporamos hace dos años desde el bloque del Frente para la Victoria. Este proyecto ha estado firmado por Gabriela Estévez, Josefina González, Liliana Mazure, Álvarez Rodríguez, Nilda Mabel Carrizo, Mayra Mendoza, Myriam Bregman, Ana Carolina Gaillard y María Lucila Masin, cuya reproducción se firmó este año, y también fue acompañado por Magdalena Sierra, Laura Alonso, Horacio Pietragalla Corti, Walter Marcelo Santillán y Juan Manuel Huss.

El proyecto que estamos tratando hoy es el segundo que consideramos con nombres de hijas y es sumamente importante. Hace cuatro años el grito colectivo femenino poderoso de las mujeres argentinas dijo Ni Una Menos. Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar ese grito, de cumplir con ese objetivo.

Las cifras son alarmantes. Desde el 1° de enero hasta el 31 de mayo de este año hubo un femicidio cada 32 horas en nuestro país; 114 mujeres y niñas fueron asesinadas por ser mujeres. El 71 por ciento de esas mujeres eran madres de niños menores de edad; 107 chicos, hijos e hijas, quedaron sin madre.

Tan lejos estamos de que esta consigna penetre en el Estado argentino que ayer –sin ir más lejos- hubo un fallo vergonzante del Poder Judicial de Mar del Plata, que liberó al cuarto imputado del femicidio de Natalia Melmann, una niña violada y asesinada en la ciudad de Miramar, fallo que terminó con balas de goma en la puerta del Poder Judicial.

Ese hecho nos llena de indignación y nos hace pensar que seguimos estando muy lejos de lo que nos proponemos, de lo que nos tiene que pasar y de construir esa patria de iguales. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de reparar un poco esta injusticia de que haya niños que crezcan sin sus madres, que tienen que seguir creciendo y viviendo, y muchas veces lo hacen con sus tías, como es el caso de Brisa y el de unos niños de Mar del Plata que viven en un barrio del sur, que se llaman Mía y Brian. Mía tiene 5 años y Brian, 13. Hoy los está cuidando su tía, que tiene su guarda provisoria. Estos niños tienen asignación universal, y por eso es muy importante que este proyecto de ley en su artículo 5° contemple la posibilidad de que continúen recibiendo las prestaciones que hoy da el Estado. Estos niños perdieron a su mamá hace un año, el 19 de junio, en manos de un femicida que era la pareja de ella y el progenitor de Mía. Esta tía, que quiero nombrar, se llama Jésica y tiene mucho coraje. Es muy humilde, pero todos los días pelea y encuentra, por ejemplo, la manera de festejarle el cumpleaños a su sobrino. También tiene un nene, Thiago.

Como la idea era de ser muy breves, quiero terminar leyendo una nota que escribió la tía de Mía y de Brian para hablarle a su hermana. Dice: “Mi pequeña y hermosa hermana: ¿cómo voy a olvidar esa sonrisa y esa carita tan angelical? Hoy te recuerdo con mi corazón destrozado al saber que nunca te he olvidado, que siempre te tendré presente en mi vida. ¡Qué tristeza hoy tengo! Pero cumplí, hermanita, pude hacerles el cumpleaños a tus bebés, como vos lo hacías, y siempre, aunque me cueste, lo estaré haciendo. Te extraño hermana. No te das una idea la falta que me hacés. Día a día mi corazón está destrozado por tu pérdida. Como dije un día, por más que pasen días, meses, años, siempre estarás presente. Nancy Segura, mi hermosa compañera, hermana, amiga, todo eras vos y ya no estás.”

Nancy tenía 27 años, dos nenes y hoy esta ley posiblemente permita que estos niños puedan seguir festejando sus cumpleaños. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Carrizo, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Carrizo (A.C.).- Señor presidente: muy brevemente quiero destacar, en primer lugar, el enorme trabajo de la diputada Alejandra Martínez, presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, comisión en la cual hemos hecho muchas leyes muy potentes para las mujeres y niñas de la Argentina.

En esa comisión a las mujeres nos unen todas las razones que tenemos y no nos divide ningún partido. Es un orgullo para mí haber estado en esa comisión que se caracteriza por las mujeres que defienden y representan a las mujeres de la Argentina. Es un orgullo para el Congreso argentino.

En segundo término, quiero decir que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya hay una ley Brisa, pero Brisa no podría estar cobrando porque su domicilio es en Moreno, provincia de Buenos Aires. Entonces, la segunda reflexión es que todos comencemos a entender que aquí producimos leyes nacionales y no representamos las diferencias provinciales. No podemos tener, como sucede hoy, orfandades distintas según la provincia en que se viva. Celebro que empecemos a pensar esa proyección nacional para proteger la infancia.

La tercera cuestión, como dijo la diputada Araceli Ferreyra, es el Ni Una Menos, la marcha del 3 de junio de 2015. En la Argentina, la palabra femicidio era difícil de pronunciar y se masificó, la aprendimos a decir y a entender porque fueron las víctimas las que salieron a decirle al Congreso argentino que no había una política para las mujeres de Argentina. La palabra femicidio se masificó, porque es más fácil entender lo que se siente que lo que se explica. Pero gracias a esa marcha pudimos nacionalizar la palabra femicidio.

Entonces, quiero decirles a todos los colegas que esta es una más de todas las leyes que faltan, no es la última. Empezamos a poder protagonizar el respeto hacia las mujeres, adolescentes y niñas de la Argentina. El feminismo llegó para quedarse. No tiene líderes, sobran protagonistas en todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los pueblos. Sobran protagonistas porque todas se sienten partícipes. Esperemos que esta no sea una ley cuya implementación en las provincias tengamos que exigir. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada González Seligra, por Buenos Aires.

Sra. González Seligra.- Señor presidente: por supuesto que desde nuestro bloque, el PTS en el Frente de Izquierda, vamos a acompañar esta ley que viene a reparar a Brisa y con ella a los más de 3.000 hijas e hijos que fueron víctimas colaterales de esos femicidios desde el año 2009.

Se trata de una reparación parcial, como ya se dijo, ya que no hay reparación válida ante la pérdida de una madre, de una hermana, de una amiga o de una tía. Por eso estamos discutiendo esta ley –que es muy importante-, porque antes hubo una Daiana, es decir, porque hubo un femicidio, ese último eslabón de una larga cadena de violencia hacia la mujer que el movimiento de mujeres en las calles ha visibilizado en nuestro país. Por eso no podemos permitir que haya más mujeres muertas como Daiana, no podemos permitir más ese flagelo de violencia hacia la mujer y ese último eslabón que es el femicidio.

Entonces, hoy aprobamos esta ley, pero el movimiento de mujeres en las calles está exigiendo que el Estado se haga responsable, porque es cómplice de los femicidios por no implementar medidas mínimas y elementales para evitarlos.

En ese sentido, insistimos con un proyecto que en su momento hemos presentado con mi compañero Nicolás del Caño para declarar la emergencia en materia de violencia hacia las mujeres. Tenemos una ley sobre violencia hacia las mujeres, pero que no ha dado respuesta a medidas elementales, como cuando una mujer está amenazada o sufre violencia, o en el caso de las mujeres trabajadoras y pobres que no pueden irse de sus hogares porque dependen del sustento de sus compañeros, que las amenazan, o mujeres que trabajan y no pueden tomarse licencia laboral por violencia de género.

Entonces, en ese proyecto nosotros planteamos medidas tan elementales como que una mujer ante una amenaza de una situación de violencia pueda recibir un subsidio, pueda tomarse una licencia laboral, pueda acudir a un refugio, pueda obtener un plan de vivienda, por supuesto sobre la base de impuestos progresivos a las grandes fortunas y a las corporaciones inmobiliarias. De ahí es donde hay que sacar el dinero para que el Estado se haga cargo de proteger o amparar a esas mujeres en situación de violencia y no se llegue al flagelo del femicidio.

Las mujeres ya dijimos en las calles que no queremos Ni Una Menos; Ni Una Menos por femicidio, Ni Una Menos por aborto clandestino. Por eso la única garantía de acabar con este flagelo es continuar con esa organización como se demostró el 13 de junio, donde millones de mujeres en todo el país y unos cuantos cientos de miles acá, en el Congreso, se mantuvieron hasta obtener esa sanción, que por supuesto tenemos que seguir peleando para que sea ley.

En ese sentido, reparar hoy a las hijas e hijos de las víctimas de femicidio es un paso, pero no va a alcanzar si el Estado, que es responsable, cómplice de los femicidios, no se hace cargo de atacar este flagelo hacia las mujeres.

Es por eso que hoy decimos Ni Una Menos y que votamos este proyecto, pero tenemos que avanzar con medidas urgentes que el Estado debe tomar para acabar con la opresión y la violencia hacia las mujeres. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.

Sra. Del Plá.- Señor presidente: como ya se mencionó en esta sesión, varios que intervinimos unimos tanto el carácter de la ley Justina como el de la ley Brisa e hicimos comparaciones sobre las justas medidas de reparación. Sin embargo, en un punto esa comparación está mal. ¿Por qué está mal? Porque mientras la ley que votamos sobre la donación de órganos viene a atender un problema de la biología que no podemos resolver de otra manera ‑todavía no controlamos todo el desarrollo de nuestro propio ser biológico-, lo que estamos discutiendo acá es el resultado directo de una organización social. Estamos discutiendo la reparación a las víctimas de los femicidios, que son responsabilidad directa del Estado por proteger la organización social que permite la opresión de la mujer.

Entonces, efectivamente, vamos a votar esta ley, pero haciendo todos los señalamientos necesarios para que en el futuro no haya niñas o niños que tengan que presentarse para pedir el cobro de esta reparación. Es el tipo de leyes que debería tender a extinguirse si efectivamente impusiéramos el reclamo de terminar con toda forma de violencia hacia la mujer.

En la medida en que tengamos que seguir sumando beneficiarios de estas leyes se ratificará la idea de que el Estado es responsable de la protección a los femicidas, es decir, a los violentos hacia la mujer.

Desde el Ni Una Menos en adelante, o sea, a partir del 3 de junio de 2015, son incontables los funcionarios que se sacaron fotos y las líneas telefónicas que se abrieron. Sin embargo, no avanzamos un solo paso, porque las mujeres siguen siendo asesinadas, ya que cuando realizan las denuncias no se las protege y se las manda a trabajar al mismo lugar, en el que saben que las pueden encontrar.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Ley de Licencia por Violencia Hacia la Mujer no está reglamentada. ¿Dónde van sistemáticamente las estatales y las docentes? A sus lugares de trabajo, donde las pueden encontrar para cumplir con todas las amenazas. Este es el estado real en el que estamos.

Por eso vamos a votar este proyecto de ley, que es más que necesario, pero debemos adoptar todas las medidas pertinentes para terminar con la violencia hacia la mujer. En este sentido, reclamamos que se apruebe la creación de los centros integrales de protección a la mujer, los subsidios para la mujer en situación de violencia, la posibilidad de que tenga un espacio donde refugiarse, asistencia legal, médica y psicológica, cupos laborales en el Estado para poder salir de los lugares donde las puedan encontrar y, por supuesto, acceso a la vivienda.

Quiero agregar dos cosas. La primera es que también en este mismo sentido el Congreso Nacional debe tratar rápidamente otro proyecto que cuenta con la correspondiente sanción del Honorable Senado y que se refiere a las víctimas de la trata de personas. Esto también debe ser abordado en forma inmediata. Las mujeres y las personas con sexualidad diferente que han sido rescatadas de la trata deben tener aprobado el subsidio correspondiente a fin de no ser atrapadas nuevamente por esas redes.

En segundo lugar, algunas señoras diputadas plantearon de manera tangencial un tema, que es la necesidad de que esta ley se sancione sin modificaciones, más allá de la posibilidad de que el respectivo proyecto sea mejorado. Quiero decir directamente que voy a efectuar un llamado de atención a los senadores y senadoras: para terminar con la muerte de mujeres por la práctica de abortos clandestinos necesitamos que el proyecto sobre esa temática que ha sido sancionado por esta Honorable Cámara sea aprobado por el Senado sin modificaciones el 8 de agosto, a la luz de la enorme movilización popular que va a reclamar esto. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- La señora diputada Del Plá ha sido la última oradora en relación con este proyecto.

Tiene la palabra el señor diputado Bossio, por Buenos Aires.

Sr. Bossio.- Señor presidente: solicito que la Cámara adopte como despacho el texto del proyecto de ley en la forma que lo ha sancionado el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el pedido formulado por el señor diputado por Buenos Aires en el sentido de que la Honorable Cámara adopte como dictamen solicito que la Cámara adopte como despacho el texto del proyecto de ley en la forma que lo ha sancionado el Honorable Senado.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda levantada la conferencia.

- 54 -

Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y/o de género

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen emitido por la Honorable Cámara constituida en comisión.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 204 señores diputados presentes, 203 han votado por la afirmativa.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 203 señores diputados por la afirmativa. No se ha registrado ningún voto por la negativa.[33]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado, por unanimidad, el proyecto de ley.[34] (Aplausos.)

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

- 55 -

Plan Nacional de Reducción de Pérdidas

y Desperdicio de Alimentos en buen estado (Donal)

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda -Orden del Día N° 85- recaídos en los proyectos de ley en revisión (148-S.-2017) y de la señora diputada Carrió (5.523-D.-2017), por los que se constituye el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos e incorporación del artículo 9º a la ley 25.989, de Régimen Especial para la Donación de Alimentos en Buen Estado –DONAL–, sobre responsabilidad de los donantes.

aquí orden del día n° 85

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky, por Buenos Aires.

Sr. Lipovetzky.- Señor presidente: en mi carácter de miembro informante deseo aclarar que vamos a tomar, para su consideración, el dictamen de minoría identificado con el número II. Este es el despacho que vamos a tratar en relación con el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Carrió, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Carrió.- Señor presidente: en rigor de verdad, los proyectos existentes en esta Honorable Cámara y que no fueron tratados eran similares a este dictamen de minoría. Solo en virtud de la celeridad para que se sancione la ley hubo un dictamen de mayoría.

Coincidiendo con la totalidad del dictamen, que es muy parecido al proyecto que he presentado, estamos dispuestos a que vuelva al Honorable Senado con las modificaciones correspondientes. En otras palabras, proponemos votar el segundo despacho como modificación del proyecto venido en revisión de ese cuerpo. Hablaremos con el señor senador Pichetto para que esta iniciativa pueda ser sancionada por el Honorable Senado lo más rápidamente posible.

En segundo lugar, y al solo efecto de suministrar algunas cifras, quiero decir que en la Argentina se pierden 16 millones de toneladas de alimentos y tenemos un 27 por ciento de personas que se encuentran en situación de pobreza.

Aun los países más desarrollados del mundo tienen bancos de alimentos. No solamente estamos hablando de alimentos no vencidos, sino también de donaciones de ese tipo

de alimentos, las que son entregadas al banco de alimentos con un control bromatológico a cargo de los municipios. Así, por ejemplo, la Municipalidad de Rosario, que es socialista, trabaja en un proyecto con el banco de alimentos de esa ciudad, ejerciendo la totalidad de los controles pertinentes.

Quiero aclarar que solamente con 6 millones de toneladas de alimentos se podría garantizar la provisión de comida al universo de personas que en la Argentina la necesitan. Esto significa que podríamos seguir desperdiciando 10 millones de toneladas de alimentos.

En consecuencia, en nuestro país la lucha contra el hambre constituye un escándalo moral, en el sentido de que no podemos tener una población que sufre ese flagelo cuando sobran alimentos y ellos se desperdician en estado de uso, es decir, sin estar vencidos, dada la renovación de stocks. Por ejemplo, cuando durante los fines de semana uno observa en los supermercados la oferta de alimentos de dos por uno o de tres por uno, ello se debe a que, en realidad, dichos establecimientos están liquidando frente a un nuevo stock que va a venir. Estas son iniciativas privadas. Hay muchísimos bancos de alimentos en la Argentina. Esto se hace sobre la base de donaciones de productores, de cerealeras, etcétera. No se cubre toda el hambre, pero también están trabajando los mercados frutihortícolas. Se están incorporando los sectores de los frigoríficos, y me parece que esto forma parte de la responsabilidad social.

¿Cuál era el problema del número de donantes? El tema es que los donantes eran responsables también de la fecha posterior. Es decir, yo entregaba dos meses antes la mercadería, pero si se repartía cinco meses después o en la propia casa se usaba a los cinco meses, la empresa donante tenía responsabilidad.

Ahora lo que se trata de limitar es, justamente, esa responsabilidad. Es decir, la responsabilidad cesa cuando se entrega la mercadería apta para el consumo un mes antes del vencimiento, y obviamente tiene que estar estructurada la logística para el reparto.

Ustedes ven que en los Estados Unidos la gente consume, incluso, lo que sobra; es decir, se llevan lo que no comen. La Argentina es un país que no está acostumbrado a esta práctica. Cuando yo me llevo la comida que no consumí me dicen que es un papelón. Esto produce un ahorro enorme en materia de basura y disminuye el impacto ambiental, porque estamos liquidando verduras y cereales frescos. Es cierto que no serán los de ayer, pero la verdad es que muchísimos de nosotros sabemos que quedan 30 días después del vencimiento. Yo misma muchas veces he comido alimentos que están 10 días vencidos.

Entonces, promover esta responsabilidad social y estos donantes garantizan una parte, que no es complementaria con la del Estado, pero sí con la del trabajo, y permite terminar con aquellas injusticias absolutas que significan un enorme porcentaje de pobres y de personas con falta de integridad alimentaria cuando estamos desperdiciando tres veces esas toneladas.

Esto es lo único que pedimos. Me parece que tenemos que saber que el hambre existe. Los que vivimos en provincias pobres sabemos que el hambre existe desde hace mucho tiempo.

Me decía “Tata” Quiroz, que estuvo presa durante siete años: “No sabés lo que es el hambre”. Ella come y come, pero lo hace despacito, y siempre había una broma en el medio. Pero hay muchas familias con hambre en la Argentina, y esto no es de hoy, sino que viene desde hace muchos años.

Hace veinte años iba a El Impenetrable a ver a los wichis y había hambre, y también había múltiples donaciones internacionales. Pero había hambre. En El Tacuruzal había hambre. Los que somos de Salta o de Formosa sabíamos de esta situación. Los wichis eran casi como ex matacos, es decir, indígenas fuera de una etnia.

Entonces, me parece que empezar a articular y estimular estas donaciones permite también que la sociedad comparta la responsabilidad social de que seamos un país con la mínima moral de no tirar alimentos cuando, al mismo tiempo, la gente tiene hambre.

Esto se compadece -y de esta manera quiero terminar también la intervención relativa a la otra norma‑ con la ley de expropiación para la urbanización.

Se es pobre por falta de posibilidades y por falta de identidad, porque todos somos iguales. Se es pobre por falta de crédito. Por eso comparto lo que dice el diputado Arroyo. Se es pobre por falta de oportunidades. Todos somos iguales, pero se es pobre porque nos faltan estas posibilidades. Dentro de ello, tener la identidad, tener tu casa, urbanizar la villa, tener tu domicilio implica la posibilidad de ser en cuanto al acceso al crédito y la recepción de las notificaciones.

Tener el título de propiedad, aunque haya que hacer excepciones a la ley de catastro, implica tener la posibilidad de mejorar y disponer de lo propio, con la seguridad de que se puede construir sobre eso.

Las viejas casas construidas por Evita permitieron que la clase media argentina hiciera barrios en esos lugares. No creo que con esto vaya a solucionarse definitivamente esta situación, pero si, además, imponemos reglas a la construcción y a la seguridad, esa casa que empieza a ser propia otorga identidad a personas y permite el pago de los servicios, no estar colgados y ser personas.

Se trata de un proceso largo. Sé que va a tener dificultades. Lo he visto en la ciudad. El otro día le dije a Rodríguez Larreta: “Pero no avanzó mucho la 31…” Y me respondió que estaban haciendo la cloaca central. “Ah, eso yo no lo veo…” ‑le dije‑ “…porque soy medio frívola”.

Estas 4.000 urbanizaciones constituyen un paso realmente importante y un esfuerzo enorme para que dejen de ser habitantes y pasen a ser ciudadanos con derechos, y acá incluyo a todos.

¿Sabe qué, señor presidente? Me preocupa algo. Soy autora de la ley que llevó el delito de violación al abuso. Fuimos varias diputadas. También fui autora de la ley de desarrollo de la salud reproductiva en la que participaron todas las diputadas. Siempre hemos trabajado por el derecho de la igualdad de las mujeres. Avalo todas esas leyes que se dictaron, pero cuando llega la pobreza, violenta mucho al hombre.

La desocupación de los años 90 trajo como consecuencia la pérdida de la identidad del hombre que no podía llevar el resultado del trabajo a su casa. Esto llevó a problemas de alcoholismo, hacinamiento y violencia.

Quisiera decir que esto nos toca a todos, porque cuando uno va a una villa y el padre está preso siendo joven, la madre le paga al abogado. Te lo dicen todos: el 50 por ciento está preso y el 30 por ciento está en la droga. Entonces, la madre, que tiene el plan social o la AUH, le paga al abogado para defender a quien está detenido, pero resulta que cuando se llega a juicio cesa el poder del abogado, y ahí queda preso. Así tenemos un 70 por ciento de jóvenes presos ‑porque en las cárceles no hay presos viejos, sino jóvenes-, su familia es tomada por abogados inescrupulosos y se quedan sin defensa.

Por eso es importante también la responsabilidad penal adolescente a los efectos de que los chicos digan para quién roban, para quién venden la droga, para qué desarmadero, para qué intendente.

Es necesario que tengan derecho a la defensa; por eso esta ley ayuda a toda la familia. Yo soy mujer, pero la familia se compone por mujeres, por hombres y por hijos.

La violencia se hereda. La violencia de la improductividad del hombre se ha exacerbado, y tuvo que ver con la caída del empleo en la década menemista de los años 90. Fue brutal.

Entonces, hay una pérdida de la identidad y una necesidad en la recomposición del vínculo familiar. Por lo tanto, esta es la mejor medida preventiva para evitar la violencia contra las mujeres. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Lavagna, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Lavagna.- Señor presidente: claramente este tema ha generado posturas muy fuertes, tanto de un lado como del otro, a lo largo del debate, pero en toda la discusión quedó en claro que algo debíamos hacer con el tema de donación de alimentos.

Creo que se procedió con seriedad. Se pudieron buscar los consensos suficientes para llegar a este proyecto que creo que contempla todas las dudas de los que trabajaron en este sentido.

El primer punto del que todos tenemos que partir es que existe un problema en materia de donación de alimentos. Tenemos una legislación de 2004, pero si bien está vigente, seguimos teniendo una cantidad muy limitada de alimentos que se donan, y uno de los motivos –no es el único- tiene que ver con que no está claramente delimitada la responsabilidad del donante. Eso es parte central de lo que se está discutiendo en este proyecto: cómo hacemos para dejar en claro cuál es la limitación del donante. Esto no significa darle un cheque en blanco ni sacarle la totalidad de la responsabilidad, sino referirla a aquellos aspectos que dependan exclusivamente del donante, y no en cosas que puedan pasar después de que el donante entregó la mercadería o los alimentos.

Decía que no es el único motivo por el cual no hemos avanzado en materia de donación de alimentos. Otra de las razones es que parte de la legislación no está reglamentada. En el último informe del jefe de Gabinete, una de las preguntas que le hicimos versó sobre el estado de la reglamentación de la ley 25.989, que se sancionó en 2004 y es la que rige esta actividad. La respuesta del jefe de Gabinete fue que no estaba correctamente instrumentada y, en consecuencia, el registro de donantes no estaba en vigencia.

Entonces, claramente tenemos que mejorar la reglamentación -este es el paso que estamos dando hoy-, pero también el Estado debe asumir el compromiso de llevar adelante estas políticas a fin de que las normas que este Congreso sancione tengan después su correlato en la acción del Poder Ejecutivo. Es lo mismo que decíamos antes con respecto a la ley pyme.

El punto central de la norma que mayor discusión llevó fue la incorporación del artículo 9º a la ley 25.989, que es justamente el que limita la responsabilidad.

El proyecto venido en revisión tenía una definición muy laxa acerca de cómo se liberaba la responsabilidad; era muy amplia. Lo que se hizo en el dictamen que estaremos votando fue indicar más claramente hasta dónde llega la responsabilidad. Como decía antes, esto no significa sacarle responsabilidad, sino que ésta quede supeditada al perjuicio que pueda producir por culpa o dolo surgido de la acción del donante. Es ahí donde se trabajó mucho ‑con el aporte del diputado Javier David, del diputado Brügge y del resto de los representantes de los distintos bloques- para encontrar una redacción correcta.

Otro punto que se consideró, justamente para tener más claridad sobre el tipo de alimentos y el estado en que se podían donar, se encuentra en la incorporación del artículo 5° del dictamen, donde claramente se da al Poder Ejecutivo la instrucción o la potestad de reglamentar el control del cumplimiento de los requisitos de protección de los alimentos, poniendo sobre todo una mirada muy firme en materia de productos frescos o perecederos. Es ahí donde quizá el riesgo sea un poco mayor y haya que introducir mayores precisiones.

Este de tipo de normativa existe en todo el mundo; incluso, en la región. Es así que Perú, por ejemplo, ha logrado una reglamentación que prohíbe el desperdicio de alimentos. Hay otra de la ciudad de México por la cual se reprime a quienes destruyen alimentos. De modo que existe legislación comparada que se puede tomar como parámetro.

De todos modos, este es un paso muy importante que debemos dar. Seguramente hay otros aspectos que nos hubiese gustado poder contemplar, como las cuestiones de exención impositiva, pero es muy bueno que impongamos las delimitaciones correctas respecto de la responsabilidad para que de una vez por todas podamos hacer de la donación de alimentos una política de Estado que apoyemos todos.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grana, por Buenos Aires.

Sr. Grana.- Señor presidente: en principio, quiero hacer una aclaración que me parece absolutamente necesaria, porque estamos poniendo como centro a las donaciones; en las argumentaciones se habla fundamentalmente de las donaciones. Sin embargo, lo que estamos tratando es la creación de un Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos.

Son dos cuestiones distintas. Una cosa es tener voluntad para ayudar, donar, dar lo que uno a veces tiene y le sobra, y a veces no tiene ni le sobra, para ayudar a otro. Esa es la donación en los términos en que se está hablando acá.

Con este programa estamos intentando ayudar a que haya menos desperdicios en el marco de las empresas, y que eso tenga una salida en beneficio de los sectores más vulnerables que necesitan de alguna ayuda, fundamentalmente, en términos de alimentos.

Hago hincapié en esto porque el procesamiento de desperdicios es un costo para las empresas; no es gratuito. No es que sacan la basura a la calle, pasa el basurero y se lleva el desperdicio. Cada empresa tiene un costo para procesar ese desperdicio a fin de que no sea un elemento contaminante del medio ambiente. Para eso hay protocolos de trabajo.

Con esto estamos tratando de que haya menos desperdicios -lo cual me parece bien-, pero a la hora de pensar en esos desperdicios o sobrantes como donaciones para los sectores vulnerables hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo.

Entonces, cuando se habla de eliminar la responsabilidad civil y penal de las empresas debemos ser extremadamente cuidadosos. Inclusive, había dictámenes que contemplaban que quienes se acogiesen a este programa quedaban eximidos de ganancias hasta un 125 por ciento de lo donado.

Es decir que lo que estamos discutiendo acá es un proyecto de ley que está pensado para ver cómo se ayuda, fundamentalmente, a las empresas que en algún momento decidan deshacerse de elementos que producen a fin de que puedan donarlos y que esas donaciones estén cubiertas.

Este proyecto de ley no está pensado para ver cómo se termina con el hambre o cómo se generan mayores niveles de solidaridad con los sectores más vulnerables de la Argentina. Lamentablemente, en este momento histórico de la Argentina, donde el tema del hambre se hace cada vez más presente en la vida cotidiana de nuestros compatriotas, debemos tener absoluto cuidado, porque ya no se trata de sectores muy marginales de nuestra sociedad que están necesitando una ayuda.

Día a día esta cuestión de la pobreza y del hambre va creciendo porque esta política está llevando al hambre a muchos argentinos que hoy ya están revolviendo la basura para ver si encuentran algo más o menos comestible. Lamentablemente, esto no parece que se vaya a resolver en el corto plazo, y mucho menos cuando estamos haciendo caso absolutamente a todas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, con lo que eso ha significado en el conjunto del mundo.

Con este programa, nosotros estamos dando un manto de cobertura a aquellas empresas que quieren ahorrarse el procesamiento de los alimentos -si entran en la lógica del desperdicio- dándoselos a los pobres.

Este modo de mitigar el hambre de los grandes sectores de la Argentina que hoy están sufriendo las consecuencias de la política de este gobierno nos parece una real porquería, producto solo del cinismo que está mostrando este gobierno en cada una de sus políticas públicas, y hoy está promoviendo esto como elemento para combatir la pobreza. La verdad es que da vergüenza ajena que a nuestra gente, a nuestros pobres, a los sectores más postergados de la Argentina, se los quiera consolar con propinas, con changas y con mercadería que se está pudriendo para que puedan llevarla a su comedor. (Aplausos.)

Además, este proyecto de ley no solo viene a modificar otro que se refería específicamente a las donaciones, que podía ser imperfecto, pero que quizás podríamos mejorar, sino que contiene contradicciones bastante complicadas.

En el artículo 3° se plantea, tanto en el dictamen de mayoría como en el de minoría, un registro de donatarios. Como todos sabemos, cuando este proyecto se convierta en ley va a modificar la ley de donaciones anterior, donde también existía un registro, pero como plantea solo la existencia de figuras privadas o públicas, deja de lado la posibilidad de que las personas físicas sean donatarias. Por lo tanto, las personas físicas estarían vedadas, es decir, gente solidaria que se organiza o busca en su barrio la forma de juntar un paquete más de arroz o de fideos o armar una olla popular. Estaría vedado que las personas físicas se anoten en ese registro y, por lo tanto, no podrían ejercer la solidaridad. No me refiero a deshacerse de lo que les sobra, sino del ejercicio de la solidaridad. Esto no estaría contemplado en ese artículo.

Además, por el artículo 6° -que viene a reponer el viejo artículo 9° vetado por Néstor Kirchner- se deslinda de responsabilidad al sector empresario por las donaciones.

Por eso sostengo que si queremos trabajar en términos de cómo se procesan los desperdicios de las empresas, démonos más tiempo y trabajemos. Ahora bien, si queremos pensar en cómo se resuelve el hambre, no hablemos de este programa, empecemos a repensar todas las políticas económicas de este gobierno, porque el hambre se resuelve con políticas activas del Estado, con más justicia social y no con programitas de dádivas. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.

Sra. Camaño.- Señor presidente: mi amigo Lamberto tenía un dicho que es muy interesante para este debate. Él decía que el Congreso no era una foto, que era una película y que, entonces, los diputados teníamos la obligación de saber la película a la hora de verter nuestras opiniones.

Este es un viejo proyecto que precisamente nace a la luz del enorme conflicto social del año 2001, cuando sin ningún tipo de recursos de repente hubo que tomar todos los instrumentos habidos y por haber para tratar de resolver un problema acuciante, el hambre.

De la misma manera nacieron algunas organizaciones civiles, porque los movimientos sociales también son los emergentes de esa crisis.

La verdad es que nadie acá está pensando que el hambre cero tiene que ver con las donaciones que hagan las empresas. Me parece que todos compartimos que el objetivo promovido no se resuelve por la vía de palear los efectos de las crisis, se resuelve de otra manera y esto no tiene discusión.

En 2001 aparece por primera vez este proyecto en la Cámara de Diputados, no tuvimos suerte en su tratamiento y también apareció la crisis. Además, el presidente Duhalde tomó esta iniciativa porque todos veníamos del Parlamento; recordemos que fue un gobierno elegido por el Parlamento, como constitucionalmente está establecido. Digo esto por algunos comentarios de algunos señores diputados. Todos proveníamos del Parlamento y sabíamos, más o menos, las iniciativas que había que ir a buscar; por ejemplo, el proyecto sobre el Renaper o el de la AUH; esta era la fábrica de proyectos para resolver la crisis.

Entonces, este proyecto es tomado por el doctor Duhalde y convertido en decreto, pero en ese decreto no estaba verificado el tema de la responsabilidad. Claro, teníamos un buen Código Civil y teníamos una responsabilidad en manos del Estado que era muy importante. En última instancia podríamos pensar que quizás íbamos a resolver el tema de la responsabilidad.

En 2004 todos los diputados votamos ‑mejor dicho votaron, porque yo no estuve en esa votación- el proyecto con el artículo 9° incluido, oficialismo y oposición. Efectivamente, el presidente Kirchner tomó ese artículo 9°, pero como le quitaba responsabilidad a las empresas y el decreto de Duhalde no lo contenía, lo vetó. A partir de ahí surgen una serie de proyectos para tratar de resolver este conflicto, que existe. No es el negocio de las empresas. Así empezamos a presentar diferentes proyectos.

En este momento también traigo a la memoria el proyecto de mi excompañero Gilberto Alegre, que iba en línea con el tema de la responsabilidad.

La última vez que discutimos acá esta cuestión lo hicimos acaloradamente y de alguna manera me interpretó el discurso de Margarita Stolbizer, que también había presentado un proyecto, allá por 2002, en cuanto al artículo 9°.

Ahora bien, la situación en la que discutimos el año pasado o el anterior no es la misma que la de este año, y creo que eso fue lo que nos motivó a tratar de buscar una solución.

El diputado Lavagna, como de costumbre, tratando de resolver los conflictos que a veces vemos en la Cámara y que forman parte más de los recursos retóricos que tenemos que de la realidad, propuso en su proyecto que al artículo 9° se le retire la buena fe, uno de los temas que debemos tener en cuenta.

Además, el agravante radica en que quienes le quitaron la última responsabilidad, que es la que tiene el Estado, fueron precisamente los amigos que ahora quieren venir a decir que hay que tener responsabilidades. Si esa responsabilidad del Estado estuviera, hablaríamos de otra manera. Lo que no tenemos es la posibilidad de hacer descansar la responsabilidad en algún lado y por eso es que pensamos en tratar de incluir una responsabilidad que tenga un cierto acotamiento, quitarle la buena fe y no dar por sentado que se dona de buena fe. Es decir, se estableció una responsabilidad que no es acorde con el discurso que hemos escuchado, porque lo que hicimos fue limitar la responsabilidad del donante al momento posterior a la donación, cuando pierde el dominio de la cosa.

Por lo menos, todos admitimos la crisis social. La realidad nos está haciendo ver que nuestros compatriotas están en crisis. A ver, muchachos, si no hay crisis, ¿qué carajo hacen los compañeros de los movimientos sociales caminando con las mujeres y los chicos en las calles casi todos los días buscando una bolsa de comida?

Lo que estamos intentando es ver cómo aportamos a que en esta responsabilidad, que está en un límite, pero que está, porque se quita la buena fe y se establece el límite, podamos contar con los bancos de alimentos que existen y que tienen excelente organización. Hay más de 900 asociaciones que atienden a la gente con alimentos y que los invito a conocer. Les sugiero que entren a la página web del Banco de Alimentos que existe ahora y los que existirán, para ver que efectivamente es un recurso que está en una Argentina en crisis. ¡En un país de penurias es muy fácil venir a hacer discursos mientras la gente se caga de hambre! (Aplausos.)

Por eso, señor presidente, estamos aportando una pequeña solución. Por supuesto que no vamos a resolver el problema del hambre porque, lamentablemente, la dirigencia política toda no ha podido resolverlo aún, y me incluyo, con más de un 30 por ciento de compatriotas pobres. ¡Cómo corno a alguien se le puede ocurrir decir que no existe el hambre en la Argentina! ¡Muchachos: utilicemos los recursos que tenemos! (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Ferreyra, por Corrientes.

Sra. Ferreyra.- Señor presidente: con las aclaraciones efectuadas por los señores diputados Lavagna y Camaño, esta vez vamos a acompañar el proyecto, no así el que venía del Senado que se quiso tratar en una oportunidad y terminó con el fracaso de una sesión.

En primer lugar, no es un proyecto para celebrar. Como bien se dijo acá, cabe señalar que desde 2004 ya existe una ley que establece un régimen especial para la donación de alimentos, que de hecho está en vigencia. Así que no vengamos a pensar que mediante la aprobación del proyecto en tratamiento podremos eximirnos de las responsabilidades que tenemos.

Como representantes de los movimientos sociales en este Congreso, decimos que en realidad lo que debe tratarse es la ley de emergencia alimentaria, que desde hace un año duerme en los cajones de alguna comisión de este cuerpo, porque la responsabilidad principal frente al hambre y las necesidades del pueblo es del Estado.

Por otro lado, tenemos nuestros reparos en el sentido de que por esta vía luego empiecen a eludir sus responsabilidades. Son sobras, descartes, no me como el cuento de los empresarios buenos que donan. Ellos tienen excedentes de producción por ventas que les fallaron, por promociones que no les resultaron, tienen productos con vencimiento corto o vida útil muy breve y devoluciones de los clientes. Incluso, a los empresarios les supone un costo disponer qué hacer con estos alimentos si no son donados. Así que ubiquemos las cuestiones en el ámbito que corresponde: ni son empresarios samaritanos ni el Estado puede eludir las responsabilidades por la aprobación de este proyecto.

Como bien lo señalaba la señora diputada Camaño, hay un 30 por ciento de pobres. Se ha producido un aumento terrible en la cantidad de gente que acude a los comedores de gestión comunitaria y social con motivo de las medidas económicas tomadas en los últimos tres meses, no hablemos de los dos años de gobierno.

No voy a traer acá la experiencia que tienen los compañeros de nuestros movimientos en los territorios. Permítanme decirles que hace unos días Margarita Barrientos reconoció que, en su comedor, de 1.100 raciones pasó a tener que entregar 2.700. El hambre está aumentando en este país y no puede ser que la respuesta que brindemos sea solamente la modificación de un par de artículos para la entrega de alimentos. Si no conseguimos entender eso, estaremos en la etapa de propinas y changas.

Como bien decía Evita, ese tipo de cuestiones son la dádiva de las clases altas, y lo que queremos nosotros son políticas públicas activas, que sea realidad la justicia social, que sean derechos y no que se entreguen los rezagos de los más poderosos o de los empresarios.

Vamos a apoyar este proyecto y proponemos una modificación ‑que no es sustancial‑ para que en el registro que se crea no solo figuren las organizaciones, fundaciones u ONG que tengan inscripción legal, sino que, como decía el artículo 3°, estos alimentos puedan también ser entregados a grupos de personas o a personas, es decir, que puedan donarse a los comedores de los barrios sin que estén obligados a armar una fundación para eso.

¡Tengamos en cuenta que este es un país que volvió al trueque por comida! ¿No han visto que acá, frente al Congreso, vienen mujeres desesperadas dispuestas a entregar lo que tienen para llevarse una leche, un paquete de azúcar, de fideos o de arroz? ¡Por favor! ¡De eso estamos hablando! ¡Facilitemos las cosas a esas personas que tienen esos 300 trueques que hay en el país! Mal que les pese a algunos, hemos vuelto al año 2001. Esas personas también deben poder contar con esta asistencia. Ojalá que se pueda incluir esa modificación.

Quiero dar un dato con relación a la responsabilidad que tenemos como Estado. Hay relevamientos de los movimientos sociales, que ponemos a disposición del Estado, referidos al costo de una canasta de productos básicos entre los años 2001 y 2018. Luego de realizar todas las equiparaciones y tomando todos los planes ‑Argentina trabaja, Ellas Hacen, el Plan Trabajar, etcétera‑, nos da que con esa ayuda social ‑que no alcanza para nada, sobre todo después de los tarifazos‑, en 2001 se podían adquirir 5,28 canastas; en 2015, 7,27 y hoy, en 2018, 4,77. La gente no tiene cómo comprar comida, bajó la cantidad de leche que consume la gente en el país de las vacas y de la carne.

Entonces, apoyamos este proyecto con las modificaciones que solicitamos, pero no nos hagamos los rulos, porque esto sigue siendo un granito de arena en el mar de necesidades que existe en el pueblo argentino por fuera de las paredes de la burbuja legislativa.

Pido al señor diputado Lipovetzky –que creo que es quien está monitoreando las modificaciones‑ que tome en cuenta el cambio que proponemos, a fin de que los clubes de trueque o los comedores de los barrios también puedan recibir los alimentos.

Aprobemos este proyecto y pasemos a cosas más trascendentes.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Carrizo, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Carrizo (A.C.).- Señor presidente: desde el bloque Evolución votaremos afirmativamente este proyecto, y por supuesto también vamos a acompañar algunas propuestas de modificación en particular que están siendo consensuadas, a fin de resolver esta idea de cuál es el límite de la responsabilidad, siguiendo un poco la experiencia internacional. Ocurre en todos los países y debemos saldar esas tensiones para poder tener un régimen de donación de alimentos confiable en la Argentina.

Voy a insertar el resto de mi discurso.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.

Sr. Rossi.- Señor presidente: no pensaba intervenir en este debate, pero como generalmente sucede, las palabras de la diputada Camaño me llevan a la reflexión.

La señora diputada Camaño manifestó que el exdiputado Lamberto –actual presidente de la Auditoría General de la Nación‑ decía que el Congreso era una película. Es cierto, uno no se puede quedar con la foto. Pero si el Congreso es una película, lo que estamos viendo hoy es una película color sepia.

La Argentina de hoy no es la de 2003 ni la de 2002. La Argentina de hoy es la que tiene la Asignación Universal por Hijo y la que tiene el 97 por ciento de los adultos mayores incluidos dentro del sistema previsional. Recuerdo que en 2001 y 2002 –yo era concejal en Rosario‑ los sojeros ofrecían regalarnos los bolsones de soja para repartir en los comedores escolares para que pudieran hacer milanesas de soja. Esa era la propuesta de un sector de la sociedad.

Si hoy venimos con esas mismas propuestas sofisticadas que había en 2001 y 2002, quiere decir que desconocemos esta película. En la película de todos estos años hubo políticas claramente inclusivas. No lo voy a expresar yo, porque me van a decir “ustedes, los del gobierno kirchnerista, se robaron un PBI” y todas esas cosas que suelen decirnos. Es Juan Carr quien sostiene que en la Argentina hubo hambre cero durante nuestra gestión.

Entonces, si este Congreso quiere estar a la altura de la película, debe dar una respuesta más completa y sofisticada, y no tomar como propuesta parlamentaria lo que les sobra a las empresas, con todas las conflictividades que eso tiene desde el punto de vista institucional.

¡Propongan aumentar la Asignación Universal por Hijo! Se puede hacer simplemente: agarran una maquinita y le ponen plata en el bolsillo a la gente. Están todos en la ANSES. Propongan aumentar la jubilación mínima. ¿Por qué quieren hoy presentar esto como solución? Auméntenles uno, dos o tres puntos las retenciones a todas las empresas a las que les bajaron las retenciones y que ganaron con un tipo de cambio que se fue de 20 a 30 pesos y asignen eso a aumentar la Asignación Universal por Hijo. ¿Por qué me quieren hacer creer que van a resolver el problema mínimo del hambre y de la pobreza en la Argentina con una respuesta que es de 2001? Ese año el 50 por ciento de nuestros adultos mayores estaba fuera del sistema previsional y no había Asignación Universal por Hijo.

Si queremos estacionarnos en este lugar, no estamos viendo esa película que exige mayores responsabilidades al Congreso de la Nación.

Pido que apunten a soluciones más creativas; por ejemplo, anímense a poner retenciones del 2 o 3 por ciento a todas las exportaciones y asignen esos recursos directamente a la Asignación Universal por Hijo o bien a un aumento de emergencia de las jubilaciones mínimas. (Aplausos.)

Háganlo que no van a perder. La única que ganó con esta devaluación, con este tipo de cambio que de 20 pesos se fue a 30, es la producción primaria. Establezcan medidas transitorias y recauden para disponer un aumento de emergencia; pero no vengan con situaciones de este tipo.

En 2001 el Congreso brindó muchísimas respuestas importantes al conjunto de la población. Cuando el país se caía, de aquí salieron las opciones de la transición y se generó una cantidad de soluciones. Luego, la crisis de 2008 llevó al establecimiento de la Asignación Universal por Hijo.

Hoy tenemos AUH. ¿Quiénes son los que más necesitan en la Argentina? No precisamos ver quiénes son porque es universal; no se requiere intermediación alguna.

Esto es lo que me llevó a hacer una reflexión sobre la película que mencioné antes. La película en la que estamos viviendo ahora es “presepia”. ¡Atrasa, señor presidente! ¡Es en ocho milímetros!

Debemos dar una respuesta acorde a lo que es hoy la Argentina. Después de doce años, nuestro país tuvo políticas de inclusión; dejamos al 97 por ciento de los adultos mayores dentro del sistema previsional y a una gran cantidad de madres con Asignación Universal por Hijo. Busquemos cómo resolver los problemas y no nos quedemos con esta medida que, además, adolece de una serie de inconvenientes. Si hay algo que no quiere hacer nuestro bloque es legitimar una acción que, en realidad, tiene más que ver con el año 2001. Estamos en 2018; pasaron diecisiete años. Quizás, en ese momento pudo ser una respuesta. Hoy, directamente es la nada. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Para una aclaración, tiene la palabra la señora diputada Carrió, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Carrió.- Señor presidente: para tranquilidad del señor presidente de bloque, quiero aclarar que la gobernadora María Eugenia Vidal aumentará todas las asignaciones que tiene a su cargo y que próximamente hará los anuncios pertinentes.

En lo que respecta a la iniciativa en tratamiento, permítaseme decir que es parcial. Es una propuesta de Miguel Ángel Pichetto y de todos los que vivimos otros momentos del país; no del gobierno. El presidente del Partido Justicialista en el Senado de la Nación y varios diputados llegamos a un consenso, y el resultado es este proyecto.

Por otro lado, pido que no se preocupen por la Asignación Universal por Hijo porque yo la presenté en 1996. ¡Gracias a Dios que vino la crisis en 2008, porque durante cinco años ni se ocuparon del ingreso universal para la niñez! ¡Se acordaron cuando sobrevino la crisis, porque mi proyecto nunca lo trataron! ¡Por este Parlamento no pasó, así que no sea caradura! (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Para una aclaración, tiene la palabra la señora diputada Ferreyra, por Corrientes.

Sra. Ferreyra.- Señor presidente: en cuanto a la inclusión de los grupos no registrados como organizaciones no gubernamentales o fundaciones, hace un rato decíamos con los señores diputados Lipovetzky y Lavagna que algunas cuestiones se pueden resolver en la reglamentación. Si esto es realmente así, si esa es la idea del bloque mayoritario, podríamos retirar nuestro planteo.

Por otro lado, pregunto a la señora diputada Carrió, quien dijo que la gobernadora se había comprometido a aumentar la Asignación Universal por Hijo, si es como cuando dijo que el dólar quedaría en 23 pesos y hoy ya anda en los 30. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.

Sr. Rossi.- Señor presidente: seguiré con la invitación a la película de la que hablé hace instantes.

En la Argentina pudo haber Asignación Universal por Hijo porque primero se nacionalizaron las AFJP. La rentabilidad que generó esa decisión permitió bancar la AUH; antes, no teníamos dinero para hacerlo. La política se hace tomando decisiones y, como decía el general Perón, para hacer una tortilla hace falta romper un par de huevos. ¡Néstor Kirchner y Cristina Kirchner tomaron esa decisión, y generaron el flujo de fondos necesario para que en la Argentina existiese la Asignación Universal por Hijo! (Aplausos.)

Que me insulte a mí o a mi hermano este personaje siniestro que tenemos en la Cámara de Diputados, en verdad me importa poco. Lo que no me voy a bancar es que llame caraduras a los miembros de nuestro bloque. Somos representantes del pueblo. Cada uno de nosotros llegó a su banca en representación del pueblo de su provincia para ejercer desde ese lugar una oposición responsable. No somos caraduras; tenemos la cara bien limpia.

Quiero dejar esto bien en claro una vez más: ya quisieron ponernos en penitencia un tiempo. Salimos de esa penitencia y caminamos por la calle con la frente en alto. ¡No tenemos que escondernos de nadie porque gobernamos durante doce años y medio, y en ese tiempo nunca tomamos una decisión en contra del pueblo! (Aplausos.)

Entonces, lo de caradura que se lo diga ella misma porque es una cara rota que permanentemente viene acá a insultar, agraviar y descalificar al resto de los diputados. No quiero plantear una cuestión de privilegio que después duerme en algún lugar; simplemente digo que en la Cámara de Diputados tenemos un personaje siniestro que se llama Elisa Carrió. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Moreau, por Buenos Aires.

Sr. Moreau.- Señor presidente: seré breve porque advierto que esta sesión es bastante particular, en la que el reglamento se estira hacia un lado y hacia el otro. Aunque esto no me preocupa porque, de vez en cuando, es bueno mantener debates más o menos abiertos y no tan cerrados.

En primer lugar, quiero decir a la nueva jefa de prensa de la gobernadora Vidal que no es resorte de ella aumentar la Asignación Universal por Hijo. Me parece que debería informarse mejor, sobre todo si dice que es autora de esa iniciativa. Solo puede incrementarla el gobierno nacional.

Estamos esperando esa decisión, del mismo modo que esperamos que en la Argentina haya paritarias libres… ¿Se va la diputada?

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Moreau.- En verdad, es una verdadera vergüenza el papel que juega esta diputada y que le hace jugar al Congreso Nacional. Pido por favor al bloque oficialista que trate de encuadrar esta situación, porque es una provocación permanente que altera las buenas relaciones que deberíamos mantener en el sistema político. No se puede vivir insultando a los diputados y denostando a los bloques. Hay que tener más respeto hacia el adversario.

Cuando ingresé en el radicalismo, durante la primera conversación que tuvimos con Ricardo Balbín nos dijo: si quieren ser respetados por el adversario, empiecen ustedes por respetarlo. Esto contribuye a la convivencia democrática. ¡Esta señora es la que promueve la violencia política en la Argentina! (Manifestaciones en las bancas.)

¡Terminemos con las macanas! ¡Que la diputada no haga campaña para Vidal, que además está escondida! Reitero que la Asignación Universal por Hijo solo puede ser aumentada por el gobierno nacional. ¡Que la aumente, entonces, que nosotros lo vamos a aplaudir! ¡Que decrete paritarias libres, para que los trabajadores no sigan perdiendo su salario!

Si se sigue por ese camino, no tendremos necesidad de discutir este tipo de proyectos, porque nos encontraremos con una Argentina como la que teníamos hace unos años. Se dice que el gobierno anterior llenó Télam de kirchneristas. ¡No es así, señor presidente! ¡El gobierno anterior llenó las carnicerías, las fábricas y los comercios! ¡Eso llenó entre 2003 y 2015, hasta que llegaron ustedes y destruyeron el aparato productivo! ¡Han desquiciado a la Argentina, que hoy está tan desquiciada como esa diputada! ¡Ese es el reflejo del desquicio de nuestro país! (Aplausos y manifestaciones en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Carrió, por la Ciudad de Buenos Aires.

Sra. Carrió.- No he pedido la palabra, señor presidente. Es un halago del señor diputado Moreau, que estuvo en el golpe del 2001.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Cano, por Tucumán.

Sr. Cano.- Señor presidente: independientemente de los errores y aciertos que podemos cometer los diputados en el ejercicio de nuestra función, hay algo que de ninguna manera se puede perder: el eje. No se puede perder el norte. La diputada es una mujer, señor presidente. (Aplausos.) Me parece un acto de cobardía utilizar argumentos para denostar a una mujer. Esto lo digo como reflexión.

Finalmente, creo que absolutamente todos debemos hacernos cargo de lo que nos toca; no somos fundacionales. Aclaro al señor diputado Moreau –no lo haré públicamente, porque no creo que genere algo positivo- que le acercaré lo que pensaba del kirchnerismo cuando todavía estaba en la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general, el dictamen de minoría de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda recaídos en los proyectos de ley en revisión (148-S.-2017) y de la señora diputada Carrió (5.523-D.-2017), por los que se constituye el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos e incorporación del artículo 9º a la ley 25.989, de Régimen Especial para la Donación de Alimentos en Buen Estado –DONAL–, sobre responsabilidad de los donantes.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 197 señores diputados presentes, 145 han votado por la afirmativa y 48 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 145 señores diputados por la afirmativa y 48 por la negativa. Además, se registraron 2 abstenciones.[35]

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky, por Buenos Aires.

Sr. Lipovetzky.- Señor presidente: propongo una pequeña modificación en el artículo 1º de modo de eliminar la autoridad de aplicación. En este sentido, dicho artículo quedaría redactado de la siguiente manera: “Créase el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos.”

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 1º, con la modificación propuesta por el señor miembro informante.

- Resulta afirmativa.

- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 2º a 7º.

- El artículo 8º es de forma.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.[36] (Aplausos.)

Habiendo sido modificado el texto sancionado por el Honorable Senado, el proyecto vuelve a la Cámara iniciadora.

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Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-urbana

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Legislación General y Presupuesto y Hacienda -Orden del Día N° 215- recaído en los proyectos de ley de los señores diputados Massot y otros (1.919-D.-2018) y Kirchner y otros (3.240-D.-2018) sobre Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-urbana.

Aquí ORDEN DEL DÍA N° 215

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: el proyecto de ley que estamos considerando es verdaderamente singular.

El objetivo de dicha iniciativa también es singular, así como lo es su historia y sus antecedentes. En este sentido, debo decir que persigue un propósito sumamente ambicioso que consiste, nada más y nada menos, en regularizar el dominio de más de cuatro mil barrios populares que existen en la Argentina. Esto significa que las personas que viven en esos barrios, que en la mayoría de los casos han construido sus viviendas, puedan finalmente acceder a la propiedad de la parcela o de la fracción que ocupan. En síntesis, serán propietarios con todas las de la ley.

Sabemos perfectamente lo que significa que la gente se convierta en propietaria de sus casas, del lote que ocupa, se comprometa con el barrio y luego empiece a perseguir otros objetivos, como mejorar la iluminación, el asfalto ‑si es posible‑, la distribución del gas, el agua y la electricidad. Todo ello redundará decididamente en una mejora del hábitat y el barrio que habita.

El segundo propósito de la norma, a la par de la regularización dominial, radica en la integración urbana, que hemos incorporado a la iniciativa en virtud del aporte de otros bloques.

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio para poder escuchar al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Decía que a partir de un aporte realizado por otros bloques, incorporamos al despacho la definición de la integración urbana como el conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Luis Petri.

Sr. Tonelli.- Como dije al principio, el objetivo de la ley es ambicioso, porque al cabo de un tiempo, que seguramente no será breve ‑demandará muchos años‑, no existirán barrios populares cuyos habitantes no sean propietarios de sus casas o de las parcelas donde las construyeron. Este es un objetivo que nos compromete, porque implica lograr una sustancial y definitiva mejora en la calidad de vida de muchos argentinos que están en la situación más vulnerable.

También es singular por los antecedentes que confluyeron para llegar finalmente a la redacción de este proyecto. En 2012, la anterior presidenta creó por decreto la Agencia de Administración de Bienes del Estado, AABE. Posteriormente, en el año 2015, pocos días antes de dejar el gobierno y traspasar el mando al nuevo presidente, creó el Renabap o Registro Nacional de Barrios Populares. Esto ocurrió el 1° de diciembre de 2015 y fue dispuesto mediante el decreto 2.670 de ese mismo año.

Los barrios populares, de acuerdo con la definición que contiene la misma ley, son aquellos que se encuentran integrados por un mínimo de ocho familias, agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni con acceso regular a al menos dos de los servicios básicos de red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y red cloacal.

Este relevamiento de los barrios populares, ordenado a principios de diciembre de 2015, ha venido realizándose hasta ahora, es decir, durante los dos años y medio que han transcurrido desde aquella decisión hasta la actualidad. Pero el Estado no lo hizo solo; si bien ha dirigido y liderado el relevamiento, han participado, en primer lugar, todos los habitantes de los barrios populares que han sido relevados, que son más de cuatro mil. También han participado muchas organizaciones no gubernamentales preocupadas por este fenómeno, este problema de los barrios populares.

Concluido ese relevamiento, toma forma definitiva este proyecto. La esencia de esta norma es declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de los inmuebles en los cuales están asentados los barrios populares. Cabe señalar que en un alto porcentaje se trata de tierras privadas.

Luego de la declaración de utilidad pública, que deja sujetos a expropiación aquellos inmuebles en los cuales están asentados los barrios populares, viene una segunda etapa, que es la individualización de los barrios a expropiar. Es claro que no pueden expropiarse los inmuebles en los que están asentados los más de cuatro mil barrios en una sola acción o en un solo período, y ni siquiera en un tiempo breve. De manera que necesariamente hay que generar un orden para efectuar y ejecutar las expropiaciones que la ley prevé.

Para dicha individualización, que va a dirigir y liderar la Agencia de Bienes del Estado, lo que el proyecto de ley requiere es la obligatoria y necesaria participación de las provincias y de las municipalidades involucradas, es decir, de aquellas en las cuales están asentados los barrios populares. Una característica esencial de la ley que merece ser destacada es que solo se van a concretar las expropiaciones y solo se van a poner en marcha los proyectos de integración urbana en tanto y en cuanto se celebre previamente un convenio entre la Nación –que es el sujeto expropiante‑ y las provincias y municipios que forzosamente deben participar del proceso. En estos convenios no solo deberán individualizarse los bienes a expropiar y el orden en el que las expropiaciones se van a producir, sino que también se acordarán allí los alcances de los proyectos de urbanización, sobre todo la distribución de las cargas económicas de esa urbanización.

Está claro que las expropiaciones deben ser afrontadas y pagadas por la Nación, que es el sujeto expropiante, pero la urbanización y los proyectos de integración urbana serán atendidos y pagados en la proporción y en las condiciones que la Nación establezca con cada una de las provincias y los municipios en esos convenios que la ley contempla y que son obligatorios para poder llevar adelante los planes de regularización urbana. De modo que en ese sentido el proyecto es estrictamente federal, porque requiere la participación de provincias y municipios para poder concretarse.

Un aspecto importante de la ley es la creación de un fideicomiso que será dotado de los fondos necesarios y suficientes para cumplir con los propósitos de la ley.

Otro punto para destacar es la suspensión de los eventuales desalojos que puedan estar en curso, a fin de evitar que durante el proceso en el que esto se desarrolle pueda producirse algún desalojo en alguno de los barrios populares y eso frustre los propósitos de la ley.

Antes de continuar quisiera referirme a una aclaración que me acaban de alcanzar en el sentido de que el Registro Nacional de Barrios Populares no fue creado por el anterior gobierno, sino por el actual. La verdad es que yo tengo en mi poder un decreto que dice lo contrario, pero no obstante hago la aclaración que se me formuló. En todo caso, en algún momento lo dilucidaremos.

Lo importante, en definitiva, es que hemos logrado ponernos de acuerdo con todos los bloques de la oposición para aprobar el proyecto y lograr el ambicioso propósito que persigue. Inclusive, hemos incorporado muchas sugerencias y observaciones que se nos hicieron desde otros bloques. En este sentido, agradezco la participación y la colaboración brindada por algunos diputados de otros bloques. Me refiero al presidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, el señor diputado Felipe Solá, al diputado Leonardo Grosso y a varios legisladores del bloque Argentina Federal, como el diputado Brügge, el diputado Bahillo y el diputado Llaryora.

Gracias al trabajo de todos ellos y de algunos diputados de nuestro bloque, como es el caso del diputado Quetglas, hemos logrado consensuar un proyecto que nos une en la búsqueda y en la persecución de un objetivo sumamente valioso y relevante que implicará una gran satisfacción para aquellas personas que hasta ahora se encuentran postergadas en nuestra sociedad.

En este sentido, cabe destacar también que antes de emitir el respectivo dictamen hemos realizado una serie de audiencias informativas a las que concurrieron muchas de las personas que viven en los barrios populares, que son las destinatarias de este proyecto. La verdad es que debo decir que fue emocionante y reconfortante ver las expectativas, la ilusión y el entusiasmo de esas personas para que este proyecto se concrete.

Espero que este consenso que hemos logrado en la discusión y el trabajo previos se vea reflejado en la votación que vamos a realizar dentro de un rato y que en la medida de lo posible el proyecto sea sancionado por unanimidad. Creo que las personas que viven en los barrios populares así lo merecen, es decir que sancionemos el proyecto por unanimidad y que comencemos a darles una pronta solución. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Quetglas, por Buenos Aires.

Sr. Quetglas.- Señor presidente: es particularmente emotivo para mí ser parte de este debate tan rico sobre un tema tan postergado en la agenda pública.

Estamos ante un proyecto que viene recorriendo un trabajoso camino de construcción que debe valorarse cabalmente, un proyecto que constituye el punto de partida de una política de dignificación y construcción de ciudadanía.

Todo esfuerzo que hagamos como Nación para garantizar un hábitat razonable está justificado. Detrás de las garantías jurídicas y de los servicios asociados a una organización urbana adecuada está la posibilidad del ejercicio de derechos esenciales. La salud, la integración, la intimidad, entre otros, están estrechamente ligados a disponer de un espacio en condiciones mínimas.

La vivienda es la materialización de un paquete de derechos. Argentina a lo largo de su historia ha conjugado las mejores y las peores experiencias en materia de vivienda y hábitat: desde las tempranas y ejemplares respuestas de tipo cooperativo que debemos a pioneros socialistas y que aún hoy son visibles en nuestras ciudades, hasta viviendas públicas de calidad deplorable efectuadas en zonas de riesgo y asociadas a prácticas corruptas. En el medio, todo lo que pueda imaginarse.

La vivienda, como otros derechos, sirvió para expresar lo peor y lo mejor de nuestra cultura política. En ese recorrido tortuoso hemos aprendido muchas cosas.

Por eso, señor presidente, el respaldo a este proyecto no se funda en una perspectiva perfeccionista, sino en comprender que el largo camino que debemos desandar, de más de un siglo de informalidad urbana, requiere de instrumentos, diálogo político y esfuerzos asociados.

Se trata de una tarea que nos precede y nos excede. Muchos argentinos de bien han puesto su dedicación en esta causa noble. Por supuesto, tomará tiempo revertir una anomalía tan extendida y tan severa.

No somos en absoluto pioneros. Antes que nosotros, decenas de administraciones subnacionales fatigosamente han intentado dar respuestas; cientos de miles de brazos de vecinos en nuestros conurbanos han resignado su tiempo libre para construir con otros la casa soñada, y miles de profesionales y organizaciones de la sociedad civil permanentemente buscan soluciones en medio de un descalabro territorial de proporciones.

Podría dar decenas de ejemplos notables que tuve el inmenso honor de conocer en primera persona, donde el sistema institucional, los vecinos, los proveedores y los profesionales se conjugaron para que ciudadanos humildes dispongan de una vivienda y un hábitat razonables. Lo hacen contra viento y marea.

Ese torbellino de dificultades que enfrentan es como una hidra de mil cabezas: macroeconomía pendular, inflación persistente, sistema financiero pequeño, monopolio en insumos esenciales, empresas de servicios esquivas y decenas de problemas añadidos; pero sobre todos ellos, la carencia de una visión compartida sobre el rol central de una ciudad cohesionada como fundamento de la convivencialidad.

Década tras década se han ido superponiendo visiones, intervenciones públicas, trabajos comunitarios y estudios de todo tipo. Hemos pendulado desde la topadora hasta la exaltación de algunos aspectos de la marginalidad urbana. En mi opinión, lo que necesitamos son políticas públicas que amplíen nuestras posibilidades, que favorezcan la emergencia de la creatividad, que puedan vincular el compromiso público con la dinámica comunitaria, y sobre todo que se orienten a “hacer ciudad” en el sentido más pleno de la expresión, abandonando tanto la tentación paternalista como el inmovilismo.

“Hacer ciudad” es generar esa especial forma de agregación humana en la que el espacio público nos iguala e integra; es generar esa trama de vínculos, aprendizajes y tensiones donde podemos reconocernos partes de un colectivo.

“Hacer ciudad” es nuestro desafío político. Por eso necesitamos los tres niveles del Estado acordando planes de acción y actuando con responsabilidad.

Hoy hay aproximadamente 4 millones de compatriotas sin títulos, sin servicios, en ocasiones hacinados, sin presencia próxima de las instituciones públicas e, incluso, a veces a merced de los oportunistas de turno, en lugares donde conviven la solidaridad y el abandono.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares elaborado por la Jefatura de Gabinete, desde 2000 a la fecha ‑es decir, en menos de veinte años‑ se instaló el 45 por ciento de las villas y asentamientos existentes. Casi duplicamos la informalidad producida en el siglo anterior en apenas veinte años. Por datos como este, y antes de ingresar en la naturaleza del proyecto, quiero destacar como instrumento la elaboración del Registro Nacional de Barrios Populares.

Hasta hace apenas dos años, la información era fragmentaria y asistemática. El registro, aun con errores y déficits propios de un instrumento de semejante envergadura, establece una conceptualización y organiza datos que estaban dispersos, define criterios de validación y, sobre todo, constituye una herramienta para poder formular políticas públicas.

Hoy sabemos mucho más, y este conocimiento es fundamental. La primera ley del buen diseño de políticas dice: “Nadie gobierna lo que no conoce”.

La capacidad de intervención pública sobre cualquier problema es directamente proporcional a la cantidad y la calidad de la información de que se disponga, a poder alinear intereses y a la capacidad de construcción de un consenso edificante que movilice recursos que excedan al presupuesto público.

El Renabap es un recurso útil para sostener una política de hábitat digno.

Señor presidente: sugiero –y lo incorporaré como pedido específico en la próxima visita del jefe de Gabinete a esta casa‑ que hacia adelante esta registración se configure como una herramienta permanente, con independencia del rol estabilizador que el registro tiene para la presente norma. Es indispensable disponer de un monitoreo de la evolución urbana argentina para diseñar políticas más ajustadas a nuestras necesidades.

La tarea hecha no debe quedar desfasada. En el futuro debe constituirse en un lugar de convergencia de la información provista, sobre todo por el INDEC, las provincias y los municipios argentinos, coordinando calidad técnica con proximidad en el registro. Un Estado moderno se construye compartiendo información y esfuerzos.

Ahora bien, de todas las patologías que el país presenta en su organización territorial, hay dos decisivamente negativas y que están asociadas entre sí: el desequilibrio demográfico extremo y la informalidad habitacional urbana.

Sabemos que por detrás de ambas situaciones está el desarrollo desigual. No es objeto de la presente norma, pero corresponde decir que el territorio se comporta como un sistema.

No corresponde aquí hacer teoría, señor presidente, pero es evidente que los procesos de integración de ciertas cadenas de valor han permitido a la economía global, sobre todo a la región pampeana, sostener un desenvolvimiento económico más dinámico y ha posibilitado integrar a la producción y su logística asociada servicios sofisticados, constituyéndose en un área que atrae personas que habitaban zonas del país menos favorecidas o países limítrofes, regiones con déficits de infraestructura, con un tejido empresarial pobre.

Las personas ‑nacionales o extranjeros‑ migran en busca de sus sueños, escapan de catástrofes naturales y también sociopolíticas; a veces, de manera anárquica.

Argentina no escapa a la tendencia mundial de urbanización intensiva, pero el triunfo económico y cultural de las ciudades no nos obliga a hacer ciudades quebradas, a constituir metrópolis ingobernables o a dar la espalda a nuestros problemas. No nos obliga a menospreciar nuestros pueblos rurales ni a caer en una pendiente de deterioro territorial.

La Argentina puede y debe constituir decenas de ciudades mejor planificadas e integradas, con servicios razonables, donde el acceso al suelo no sea una quimera y a partir de las cuales la movilidad de las personas se base en criterios menos angustiantes.

Hasta los años 70 las grandes ciudades recibían a esos migrantes con dos expectativas recurrentes que, por lo general, se materializaban: el empleo asalariado ‑mayoritariamente en blanco e industrial‑ y el loteo popular en los márgenes urbanos; era un loteo a plazos largos, que por otra parte era posible a partir de disponer de un recibo de sueldo.

Con la crisis del petróleo a escala global y nuestra propia crisis económica y político institucional, ese modelo, que, por supuesto, no era un paraíso, pero tenía una decidida dinámica integradora, se quebró irreparablemente. De allí en más el empleo fue crecientemente informal, la inflación esterilizó la posibilidad de los loteos a plazos y a partir de los años 90 las urbanizaciones cerradas destinadas a las clases medias y altas ocuparon los lugares que tradicionalmente ocupaban aquellos loteos.

Como puede observar, señor presidente, la ocupación informal masiva del territorio es apenas la expresión visible de nuestro errático recorrido institucional. No hay responsables excluyentes.

Así llegamos a la actualidad, con la movilidad desde las villas semicongelada, con generaciones de argentinos viviendo sin servicios básicos, y en las grandes metrópolis, además, con la consolidación de un modelo de control territorial totalmente alejado del ideario cívico que compartimos la mayoría de quienes integramos esta Cámara. Porque allí donde no llega el Estado, a veces llega un movimiento social, pero muchas veces no tenemos tanta suerte y el poder sobre el territorio se disputa de los peores modos, entre personajes oscuros que aprovechan la necesidad y la opacidad que les otorgan esas barriadas. De allí la importancia de esta ley.

El Estado argentino debe hacerse presente, tanto en este como en otros temas, con sensibilidad y estrictez técnica, y justamente es imprescindible, como lo establece esta norma, la cooperación multinivel. No se trata de que cada nivel jurisdiccional descargue obligaciones sobre otros, sino de constituir una trama institucional que nos permita ser parte de esta epopeya nacional y, además, movilizar recursos económicos por fuera de todo circuito especulativo, generando condiciones para que nuestras mujeres y hombres puedan desempeñarse mejor en todos sus roles.

Parece ridículo decirlo, pero mejorar nuestros barrios disminuirá el ausentismo educativo y laboral, mejorará la economía de los hogares, incrementará la seguridad, ampliará los espacios de inversión y posibilitará la emergencia de microemprendimientos formales donde ha avanzado la economía del delito. No se trata solo de sensibilidad y humanismo. Necesitamos también poner esa parte del país en marcha.

Solo el 16 por ciento de la población de villas y asentamientos en edad laboral tiene un trabajo en blanco, y casi el 50 por ciento tiene menos de 20 años.

No podemos cambiar decididamente la suerte social de este país sin una estrategia comprometida y sostenida de lucha contra la exclusión.

Las barreras y los quiebres urbanos son el rostro visible de esa exclusión, que va mucho más allá de la diversidad de ingresos. Ha sido estudiado hasta el hartazgo que la condición propietaria modifica las potencialidades de las personas. En el caso argentino, hay un estudio muy interesante llevado a cabo hace unos años por el rector de la Universidad Di Tella, Ernesto Schargrodsky, y el exsecretario de Política Económica, Sebastián Galiani, que muestra acabadamente cómo la condición propietaria influía positivamente en cuestiones como acceso al empleo, incremento de la densidad asociativa, evolución educativa de los hijos, etcétera.

Además, al constituir un patrimonio heredable, contribuimos mínimamente a romper el círculo vicioso de la pobreza, haciendo apropiable el esfuerzo transgeneracional. Es vital que tomemos en cuenta esto. No es justo que los ciudadanos más pobres de nuestro país no puedan transferir a sus hijos el fruto de su esfuerzo.

Ahora bien, esto no es soplar y hacer botellas. No se trata sencillamente de dar un título. Tenemos barrios en riesgo, tenemos viviendas de una precariedad extrema, tenemos necesidades de planificación urbana para el buen funcionamiento de nuestras ciudades, y tenemos distintas morfologías de villas y asentamientos, las que a su vez brindan posibilidades y restricciones diferentes. Todas estas circunstancias condicionantes nos obligan a pensar esta ley como un marco institucional para trabajar.

Este es el inicio de un programa de trabajo, que, por supuesto, deberá atravesar varios gobiernos, así como la ley 1.420 requirió de varias décadas para desplegar todo su poder emancipador.

Para adelante nos quedan muchas cuestiones abiertas, pero sin esta iniciativa tampoco podríamos arrancar.

Sabemos que, desde una lectura sesgada, muchas veces este tipo de leyes son cuestionadas por la supuesta injusticia que supondría transformar en propietarios, en condiciones ventajosas, a personas que en algún momento ocuparon un predio que no era suyo. No quiero dejar de dialogar con ese fantasma discriminador o con esos temores fundados, según cómo queramos verlo.

El Estado argentino ha hecho muchas cosas en esta materia, atendiendo a públicos muy diversos: desde el otorgamiento de créditos subsidiados, como es el caso del Procrear, destinado a sectores medios, hasta la construcción de vivienda social con precio limitado y modalidad de pago extendida, que generalmente ha beneficiado a sectores medios y bajos.

En este punto es importante poder ver los beneficios del conjunto y no enfocarse solo en una perspectiva parcial.

Los beneficios de este tipo de iniciativas son importantísimos, tanto para lo que denominamos la ciudad formal como para los propios ocupantes de las villas: servicios públicos mejor programados, incremento de la valorización inmobiliaria en las adyacencias, mejoras de pautas de movilidad, suturas urbanas, disminución de la segmentación, mejoras ambientales, etcétera.

Si este programa se despliega regularmente, y si lo acompañamos con iniciativas complementarias integradoras, en pocos años veremos cómo se extienden los beneficios territoriales y se bajan los costos de vivir en ciudades desintegradas.

Por supuesto –corresponde decirlo-, la ley prevé la compensación económica por parte de los ocupantes respecto de los títulos a recibir, lo que es lógico, del mismo modo que la limitación en la transferencia futura de los bienes para evitar comportamientos especulativos.

Este programa implica un esfuerzo fiscal limitado y asumible, pero además es una oportunidad fenomenal de movilización económica. La inversión en hábitat es socialmente rentable y constituye una necesidad de primer orden en materia de gobernabilidad y garantías cívicas.

Señor presidente: he tratado de repasar los tópicos más importantes que enmarcan este verdadero hito en nuestra historia social, porque creo que el apoyo a la ley merece estos fundamentos.

El proyecto en tratamiento constituye una gran iniciativa; ha conjugado esfuerzos de los más diversos. En su texto se pueden apreciar los aportes plurales de todas las fuerzas políticas y de los agentes sociales involucrados en la materia, lo que debe ser destacado, y en nombre de este interbloque quiero reconocerlo especialmente.

Sabemos que se trata de un esfuerzo descomunal, pero también que estos desafíos -que conjugan economía, sociedad, infraestructura, legislación adecuada, respuestas profesionales e, incluso, tensiones políticas- deben ser enfrentados y resueltos con criterio y vocación persuasiva, y allí debemos estar como Parlamento y como nación.

Para cerrar, déjeme decir algo más, señor presidente. No quiero vivir en un país con exclusión; no quiero vivir en un país con estigmatizaciones y descalificaciones; no quiero vivir en un país quebrado por el miedo en las ciudades. No es necesario, no es útil ni es justo que nuestras desigualdades se expresen de este modo.

Quiero vivir en un país donde el hogar donde se nazca no constituya una condena, y si bien no creo que alguien tenga la fórmula infalible para revertir nuestra larga decadencia, creo que cada paso que demos para transitar hacia una sociedad más integrada debe ser valorado, cuidado y apoyado. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada Mendoza, por Buenos Aires.

Sra. Mendoza (M.S.).- Señor presidente: celebramos que se haya retomado esta cuestión en la agenda, que en el año 2015 había logrado obtener sanción en esta Cámara gracias al acompañamiento de diputados opositores, que actualmente pertenecen al oficialismo. Se trataba de un proyecto superador al que hoy estamos tratando, pero lamentablemente perdió estado parlamentario en el Senado, por no decir que lo dejaron caer.

Sobre la base de aquel proyecto de ley, hemos presentado otra iniciativa, contenida en el expediente 3.240-D.-2018, que comprende efectivamente la regularización dominial de la vivienda familiar e integración socio-urbana.

Quiero detenerme sobre este último concepto, porque nos parece fundamental saber qué entienden los autores del proyecto en tratamiento sobre integración socio-urbana, ya que, si bien es parte del título, en el texto en consideración queda limitado a una expresión de deseos, sin que se contemplen mecanismos concretos que la garanticen.

A nuestro entender, el dictamen que estamos tratando se limita a ser una ley de expropiación, sin contemplar que para el acabado cumplimiento del derecho a la vivienda digna, la regularización dominial es solamente una de las patas sobre las que debe apoyarse ese derecho.

Sin dudas este proyecto no resuelve gran parte de los problemas que tienen los habitantes de los barrios populares, que se encuentran íntimamente ligados a la ausencia de infraestructura y de servicios.

En este sentido, una de las propuestas de nuestra disidencia consiste en incorporar una correcta definición sobre integración socio-urbana.

Además, debemos tener en cuenta el contexto en el que vive la mayoría de las familias que habitan estos barrios. Se trata de barrios populares que, en su gran mayoría, están ubicados en el conurbano bonaerense, donde según el informe del Centro de Estudios Metropolitanos, el 48 por ciento de las personas disminuyeron la porción de las comidas, el 30 por ciento tuvo hambre alguna vez el último año, el 52 por ciento cree probable perder el trabajo en el corto plazo, el 61 por ciento afirma que no le alcanza el sueldo y el 57 por ciento plantea que su situación económica es peor que la de hace un año.

El gobierno nacional ha pedido a las provincias que indexen las cuotas de los créditos para viviendas sociales con UVA para que quede solamente en un sueño la posibilidad de tener la casa propia. Planteamos la necesidad de establecer pautas de pago y un límite al precio total de la venta para los adjudicatarios.

Por eso, nuestra propuesta radica en que en ningún caso el precio total de venta podrá exceder la suma de veintiocho salarios sociales complementarios, con una tasa de interés compensatoria del 4 por ciento anual, y que se utilice el sistema de amortización francés, otorgando planes de hasta doscientas cuarenta cuotas mensuales y consecutivas.

Por último, hemos manifestado en la comisión y queremos volver a plantear aquí -se lo hemos preguntado a la ministra Carolina Stanley y no ha respondido- el tema de la fuente de financiamiento para este proyecto. Haciendo una cuenta rápida y simple, los mil seiscientos cincuenta y seis barrios integrados en el Registro Nacional de Barrios Populares, solamente de la provincia de Buenos Aires, equivalen a 147.000 metros cuadrados. Tomando un valor generoso de 50 dólares el metro cuadrado, estamos hablando de 7.350 millones de dólares, solo en la provincia de Buenos Aires y sin mejoras urbanísticas, que van a destinarse a este proyecto. Es la mitad de lo que hoy recibió la Argentina por el endeudamiento tomado con el Fondo Monetario Internacional.

Por eso dudamos de la intención que tiene el gobierno nacional con este proyecto, pero entendiendo que es un tema importante para la gente lo acompañaremos. Déjenme decir por qué dudamos.

Dudamos del gobierno porque es el mismo que ha quitado 100.000 millones de pesos a nuestros jubilados; el que ha perdonado 19.000 millones de pesos a las empresas eléctricas mientras los tarifazos continúan, y el que ha blanqueado por medio de la familia del presidente y los principales funcionarios 3.960 millones de pesos. Es la familia Macri la que intentó autocondonarse una deuda de 70.000 millones de pesos del Correo.

También dudamos porque la autora de este proyecto plantea como solución para millones de argentinos dejar propina, y porque hacen uso de los más humildes, de la gente que más necesita, y lo han hecho con una perversidad total.

No se vaya, diputada Ocaña.

Lo hacen con perversidad, utilizando nombres y apellidos para hacer figurar aportantes truchos y afiliarlos a Cambiemos.

Esa gente es la que habita en los barrios populares y ha sido utilizada. La mayoría de esos aportantes truchos son del distrito en el que vivo, de Quilmes.

Por todas esas razones dudamos de un gobierno que desde que comenzó gobierna para los ricos y nunca a favor de quienes más necesitan; todo lo contrario, están ahogando al pueblo argentino.

Aunque dudamos queremos que sí hagan algo a favor de la gente, porque no está mal confiar, lo que está mal es mentir. No jueguen con la esperanza de la gente. Vamos a acompañar en general este proyecto y esperamos que sean tenidas en cuenta las modificaciones que propondremos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada Macha, por Buenos Aires.

Sra. Macha.- Señor presidente: en la misma línea que la señora diputada Mendoza, nos parece importante y central que se esté pensando en este tema como uno de agenda, y lo digo por haber sido parte de una política gubernamental, tanto de Néstor como de Cristina, que por ejemplo llevó adelante el Programa Federal de Construcción de Viviendas, desde el 2004 en adelante, logrando la urbanización de distintas villas y asentamientos precarios en todo el territorio nacional y construyendo barrios nuevos.

Esto es parte de nuestra historia y también de todo lo que se pudo hacer en relación con las viviendas y el mejoramiento habitacional. Por supuesto que falta; el censo del Renabap plantea de algún modo los barrios que todavía falta urbanizar y que necesitan mejorar sus condiciones habitacionales.

Lo cierto es que tenemos un gobierno que se caracteriza por avasallar derechos, generar mayores niveles de pobreza e ir en contra de todas aquellas políticas públicas que implicaban en nuestro gobierno el acceso a derechos integrales, a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Eran políticas públicas que permitían generar proyectos de vida, y que los servicios públicos como la luz y el gas no fueran temas de lujo sino parte de una perspectiva de derechos.

Con todo eso que teníamos y hoy nos está faltando resulta bastante difícil creer que ahora sí van a ocuparse de los sectores populares y a avanzar con un proyecto de estas características. En esto hay algunas cuestiones a tener en cuenta.

Como decía la señora diputada Mendoza, si bien han tomado muchas de las perspectivas que nosotros necesitábamos incluir para poder pensar este proyecto de un modo que contemplara los distintos tiempos y las necesidades que implica un proceso de integración socio-urbana, lo cierto es que se han quedado cortos. Esto es así porque en un principio se hablaba de dos años como período de suspensión de desalojos, y cualquier proyecto que tenga que ver con urbanización no se hace en dos años. Esto dejaría en una situación de vulnerabilidad a muchas familias que podrían sufrir juicios de desalojo.

Una de nuestras intervenciones tuvo que ver con poder avanzar en la cantidad de años, que en vez de dos fueran cuatro. Sigue siendo poco, pero entendemos que habilita una perspectiva un poco más amplia para poder generar instancias que permitan a los habitantes de estos barrios protegerse un poco de los juicios de desalojo.

Nos preocupa que se plantee la expropiación como única medida cuando sabemos que en distintos barrios se ha avanzado con otros procesos que también tienen que ver con lógicas para lograr la tenencia de la tierra. Se están desconociendo, lo que significaría para muchos habitantes retroceder en procesos de urbanización y en lograr la tenencia de esas viviendas y de esas parcelas, cuando ya estaban en camino.

Hablar de la expropiación del macizo, del espacio del terreno sin parcela, sin lotear, también es una trampa porque en definitiva hablar de urbanización y de integración socio-urbana implica por un lado la apertura de calles, y que las personas puedan estar en su propio barrio, con escuelas, un centro de salud y distintos espacios que permitan una verdadera integración socio-urbana. Muchas de esas familias hoy tienen niveles de hacinamiento importantes, y para poder avanzar en una vivienda digna tendríamos que pensar en una compra mayor de tierras, para que se pueda hacer el esponjamiento, construyendo más casas, y que a medida que se las construye, con las condiciones que las familias necesitan, se vayan tirando abajo las otras y así seguir construyendo. Eso significa ampliación de barrios.

Entonces, no hay posibilidad de que planteando la compra del macizo se pueda pensar verdaderamente en un programa de integración socio-urbana. Me parece que es un título rimbombante, pero no está contemplado como política real.

Retomo lo que decía una diputada preopinante y es que esto tiene que ver con el presupuesto, porque son procesos costosísimos en términos de dinero y no está contemplado.

Tampoco están previstos mecanismos de control para poder saber cómo el gobierno va ejecutando lo que dice que hará.

Vamos a acompañar el proyecto en general y propondremos modificaciones en particular, que esperamos se tengan en cuenta. No estamos pensando en una instancia de no acompañamiento porque sabemos que hay muchos referentes y organizaciones que vienen trabajando sobre este proyecto y que tienen muchas expectativas. Espero que esas expectativas no sean defraudadas, pero sinceramente me genera muchísimas dudas.

Quiero traer como una preocupación el proyecto de ley de alquileres, que también tiene que ver con la problemática del hábitat. Ese proyecto cuenta con la sanción del Senado y está por perder estado parlamentario. Fue realizado por Inquilinos Agrupados, se encuentra en esta Cámara de Diputados y se le han propuesto modificaciones que van en contra de los planteos de las organizaciones. Es una demostración de cuál es el lugar real que este gobierno da a los problemas habitacionales de los sectores medios y medios bajos, aquellos que alquilan y los que viven en villas y asentamientos.

Por eso planteamos nuestra preocupación y el llamado de atención. Y a quienes tienen la idea de que este es un proyecto necesario, queremos decirles que solamente por eso lo estamos acompañando. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Solanas, por Entre Ríos.

Sr. Solanas.- Señor presidente: el derecho al acceso a la vivienda digna está consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y también ha sido recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, y por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En consecuencia, por mandato constitucional, el Estado nacional tiene el deber de garantizar el acceso a la vivienda digna.

No hay duda de que este proyecto tiene una intención que compartimos. Lo que no compartimos es la liviandad con que lo ha planteado el miembro informante, una liviandad absoluta que no se condice con la realidad que vemos cuando vamos al territorio.

No hay duda de que este proyecto no tiene una mirada federal, si bien se pueden celebrar convenios con las provincias.

En mi provincia, Entre Ríos, hay barrios ‑que han sido citados aquí‑ que están al lado de la barranca, otros cerca de arroyos, que son casi imposibles de urbanizar. No sé quién lo habrá hecho, pero decididamente aquí falta la mirada de los gobiernos locales.

Señor presidente: en esta posible ley los gobiernos locales tienen mucho que decir. Por eso nosotros hablamos de la creación de un Consejo Consultivo Federal, donde debe estar la representación de los gobiernos locales. En el tratamiento en particular propondremos la incorporación de un nuevo artículo en el proyecto, señor presidente.

Quienes hemos sido intendentes sabemos que este tema implica enormes situaciones para resolver. Seguramente en un terreno de 10 por 30 o de 10 por 50 viven tres familias, y el tema no se resuelve con los buenos deseos de este Congreso, sino en el territorio y, fundamentalmente, con presupuesto. No hay duda de que es así.

Tampoco se trata solamente de la posibilidad de contar con el terreno, sino que tiene que estar en una zona urbanizada y con servicios básicos fundamentales. Días pasados le pregunté al miembro informante dónde están los fondos en el presupuesto de la Nación para sostener este proyecto de ley, y no me supo decir.

Se habla de un fondo fiduciario y se nos dice que los fondos podrán provenir de aportes del Tesoro nacional o de organismos internacionales. ¿Se tomará nuevamente deuda para sostener esta ley?

Recién la señora diputada Mendoza, con una claridad meridiana, hacía los números que corresponderían a la provincia de Buenos Aires: 7.000 millones de dólares. Esta es la absoluta realidad. Por más que uno tenga el convencimiento de acompañar, es casi imposible sostener algo que no tenga presupuesto. Evidentemente, el organismo nacional que va a hacer la expropiación hoy no tiene presupuesto para materializar esta iniciativa.

Señor presidente: desde el Frente para la Victoria acompañaremos este proyecto de ley, pero no queremos un nuevo engaño a los ciudadanos argentinos. Esto que se ha hecho en mi provincia ha generado esperanza en miles y miles de ciudadanos, y todos sabemos que si no hay presupuesto no se va a poder cumplir. Nuestro bloque quiere advertir esa consecuencia. Podemos tener buenos deseos, hablar de la gente y de los pobres, pero para sostener esto hay que tener un presupuesto, y responsablemente la Nación debe asumir ese presupuesto para cumplir con esta posible ley, si tiene sanción definitiva.

Podemos manifestar cuestiones que nos parece que no están contempladas en este proyecto. Se tendría que haber advertido que, a lo largo de nuestras provincias, ciudades y localidades, hay ciudadanos que están viviendo en terrenos fiscales, pertenecientes al Estado nacional. Se tendría que haber contemplado esa situación para que la norma estableciera que las provincias y los municipios tuvieran la potestad de trabajar y regularizar la situación dominial de esos ciudadanos.

Por otra parte, si se conforma el fondo fiduciario, tiene que haber un consejo consultivo que vele por los destinos transparentes de ese fideicomiso. Es casi imposible pensar que se pueda manejar un fideicomiso de tal magnitud si no hay un contralor. Esto es fundamental y allí juegan un papel importante los gobiernos locales y provinciales.

Falta federalismo. En caso de ser sancionada la ley, ¿dónde está la provincia de Entre Ríos? ¿Quién va a decidir? ¿Cómo se va a plantear el tiempo en que cada provincia tenga asignado el presupuesto para regularizar la situación dominial de sus ciudadanos? El proyecto no tiene precisiones.

Entiendo las dudas de los compañeros y las compañeras que me precedieron en el uso de la palabra. No podemos embromar con los humildes de la patria; no podemos entregarles un certificado que todavía no tiene valor dominial. Esto implica una cuestión de la que uno no quiere ser partícipe, señor presidente. Ninguno de los miembros del bloque del Frente para la Victoria quiere ser partícipe de un engaño o una frustración a los ciudadanos argentinos.

Por eso acompañaremos el proyecto de ley, pero sostenemos que no tiene el presupuesto para solventarlo en 2019. Además, decididamente abogo por el federalismo y la construcción de este proyecto con los gobiernos locales. Por eso promovemos –y así lo señalaremos durante el tratamiento en particular- el establecimiento de un consejo consultivo federal. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Bahillo, por Entre Ríos.

Sr. Bahillo.- Señor presidente: desde nuestro bloque también vemos con agrado esta iniciativa, más allá de algunos interrogantes que tenemos a partir de nuestras definiciones políticas y que el señor diputado Brügge enunciará durante el tratamiento en particular.

Este proyecto persigue un fin noble, que consiste en otorgar la regularización dominial a miles de familias a lo largo y ancho del país. De alguna manera la posibilidad de darles esta herramienta también consolida la idea del techo propio, del arraigo y de la seguridad que debe tener el núcleo familiar, es decir, los padres y los hijos, a fin de encarar un proyecto de vida en el que tengan una mínima contención.

Cuando empezamos a evaluar esta iniciativa, junto con el señor diputado Solanas apreciamos que carecía de una mirada federal. Había un relevamiento efectuado por las organizaciones sociales. Al respecto, valoramos enormemente el compromiso para cambiar la realidad, la vocación de servicio y el enorme trabajo de campo que hicieron en todo el país. Pero una cosa es el relevamiento y la labor de las organizaciones sociales y otra, la responsabilidad que nos cabe como funcionarios y dirigentes políticos. Debemos pasar del relevamiento a la transformación. Eso es lo que la sociedad exige a los dirigentes.

Para llevar a cabo esa trasformación del hábitat, entorno o contexto en que viven esas familias es imprescindible la participación de los gobiernos provinciales y municipales. En este sentido, llama la atención que el señor presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, diputado Bucca, haya celebrado una reunión con intendentes en Entre Ríos. Mayoritariamente concurrieron intendentes de Cambiemos, y les llamaba la atención cómo no habían sido convocados para efectuar ese relevamiento, teniendo en cuenta el importante aporte que ellos pueden hacer.

Insistiremos fuertemente respecto de los convenios en los que se comprometa en forma indubitable a los gobernadores y a los intendentes, pues como lo expresó una señora diputada preopinante, para transformar el hábitat es necesario hablar de conectividad, calles, servicios públicos, transporte urbano, centros de salud, escuelas, destacamentos de policía y todo lo que hace a la infraestructura urbana y da un sentido de pertenencia a un barrio en relación con una determinada ciudad.

Más allá de la buena voluntad y los nobles objetivos que puedan perseguir este proyecto y las organizaciones sociales, eso solamente se puede llevar adelante mediante la articulación del trabajo entre las provincias y los municipios.

Cuando evaluamos esta iniciativa definimos rápidamente que las realidades territoriales del interior también nos indican que más allá del noble objetivo de urbanizar los asentamientos y los barrios precarios, por lo general, estos se encuentran localizados en lugares que no son urbanizables porque están ubicados en desagües pluviales, no existe la factibilidad técnica de llevarles servicios, etcétera. En definitiva, se trata de una serie de imposibilidades que hacen que una importante cantidad de vecinos queden afuera, lo que constituye una inequidad.

Por eso también planteamos –y esto está previsto en el articulado del proyecto, más allá de nuestras reservas desde el punto de vista presupuestario- la creación de un programa socio-urbano que permita trabajar en la relocalización de los barrios que no puedan ser consolidados.

Debemos tener presente que, si no existe una fuerte participación presupuestaria de los gobiernos nacional y provinciales, los municipios no podrán ejercer el rol indispensable que les corresponde, con lo cual caeremos nuevamente en una frustración ante la imposibilidad de transformar esa adversa realidad que sufren esas familias.

Quiero expresar un reclamo que ya efectué en la reunión plenaria de comisiones celebrada oportunamente, ya que me preocupa enormemente la inmovilidad que hay en el gobierno nacional en lo relativo a la política en materia de vivienda.

Se han tomado decisiones que modificaron fuertemente los programas que hubo durante el gobierno anterior y que permitieron brindar una respuesta importante en cantidad a distintos segmentos de la población. La problemática de la vivienda tiene distintas causas que no pueden ser solucionadas con una sola herramienta, programa o decisión política. Por el contrario, se debe tener una capacidad de respuesta para satisfacer la demanda.

Las limitaciones que tenemos están dadas, por ejemplo, por el hecho de no tener bancos de tierras en los municipios. Asimismo, en ocasiones nos faltan servicios y tenemos un importante grado de concentración en la tenencia de la tierra y una ausencia de legislación que impida la especulación rentística en materia urbana, lo que establece barreras en cuanto al crecimiento y la posibilidad de completar el ejido urbano.

Hasta 2015 todos estos puntos críticos se pudieron superar, dándose respuesta a la demanda mediante diferentes programas del gobierno anterior. Voy a mencionar algunos de ellos, suministrando números concretos de la realidad que tuvimos en la provincia de Entre Ríos.

Así, por ejemplo, tuvimos los programas Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales y de Integración Sociocomunitaria, que se llevaron a cabo mediante la creación de cooperativas. Entre 2010 y 2015 en mi provincia se construyeron 4.068 viviendas. Asimismo, entre 2013 y 2015 y mediante los programas Federal de Vivienda; Techo Digno; Terreno, Proyecto y Precio y Techo y Trabajo se construyeron 5.096 viviendas a través del Instituto Nacional de la Vivienda. Es decir que entre la construcción por medio de cooperativas –que es netamente política- y la llevada a cabo por el citado instituto se construyeron 9.164 viviendas en Entre Ríos.

¿Saben cuántas viviendas se iniciaron desde 2015 hasta el presente en mi provincia? Ninguna. En 2015 terminamos el año con 3.700 viviendas en construcción. Obviamente, todas esas obras fueron iniciadas antes de ese año.

Hoy nos quedan solamente 1.723 viviendas en construcción. En nuestra provincia hemos entregado aproximadamente 2.000 viviendas, pero no iniciamos la construcción de ningún barrio.

En cuanto a la problemática de la vivienda, el Estado siempre ha ido bastante atrás. Durante el gobierno anterior se avanzó muchísimo, pero lamentablemente vemos que nos hemos quedado muy retrasados. Los programas han sido cambiados o dados de baja, dejándose solamente a los grupos familiares que perciben dos sueldos mínimos, vitales y móviles, a fin de dar una respuesta desde los institutos provinciales de la vivienda. A los demás grupos, que tienen mayores ingresos, los mandaron al sistema financiero o al de asociación público-privada. Esto implica un absoluto desconocimiento de la problemática de la vivienda o de la forma de brindar soluciones habitacionales a los vecinos.

Trabajamos fuertemente con asociaciones civiles integradas por vecinos, como así también con cooperativas y sindicatos que compraban las tierras, lo que constituía uno de los puntos críticos que teníamos y al que dábamos respuesta por medio de estos programas.

Todo ese trabajo que se realizaba a partir de los institutos provinciales de la vivienda fue desarticulado. Ahora envían a la gente a buscar financiamiento a los bancos, o bien, a recurrir al modelo de la asociación público-privada. En modo alguno celebro esto, sino que, por el contrario, lo expreso con dolor, ya que implica postergar una restitución de derechos que se merecen los argentinos.

Se podrían haber dejado aquellos programas que funcionaban bien. Si querían reemplazarlos, ya que legítimamente tenían la autoridad para hacerlo, tendrían que haberlo efectuado en forma gradual y no dando un salto al vacío, como ocurrió, dejando prácticamente sin ejecución de viviendas al interior del país.

Para finalizar, quiero expresar mi coincidencia con algunas cuestiones que se han expresado. Acompañaré las sugerencias que se van a formular respecto de diferentes artículos del proyecto en consideración, pero tengamos cuidado con las expectativas. No frustremos una vez más a los vecinos que están viviendo situaciones angustiantes e indignas, que además lógicamente se quedan esperando una respuesta del Estado que transforme su realidad.

No quisiera que ningún funcionario pase por la triste experiencia que viví siendo intendente cuando en un relevamiento de viviendas un vecino me dijo: “Intendente: estoy cansado de decirle al municipio que soy pobre y que me merezco una vivienda”. Es hora de que demos respuesta. Nosotros la dimos. En aquel momento me fui con la satisfacción de haber dado una respuesta importante, pero no podemos negar que falta mucho, y advertimos que en los últimos dos años hemos retrocedido y estamos un poco más atrás en lo que hace a capacidad de respuesta.

Esto lleva tiempo y es complejo. Hay que articular los gobiernos nacional, provincial y municipal. Por eso, seamos serios, cautos, vayamos paso a paso y no frustremos nuevamente las expectativas.

Por último, adelanto que más allá de nuestras objeciones, acompañaremos este proyecto porque creemos que se trata de una restitución de derechos para una cantidad importante de familias que hace mucho tiempo están esperando que el Estado les dé las condiciones necesarias para tener una vida digna. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Brügge, por Córdoba.

Sr. Brügge.- Señor presidente: para ir achicando la lista de oradores, quisiera compartir los diez minutos que tengo con el diputado Cassinerio. Así que voy a utilizar cinco minutos de mi tiempo y después, si la Presidencia lo permite, le cedería la palabra a mi compañero de bloque.

Sin dudas, la vivienda es un derecho humano y se convierte en un derecho humano fundamental cuando estamos hablando de grupos de personas vulnerables. Creo que ese es el sentido que hoy nos convoca alrededor de este proyecto de ley que vamos a acompañar desde el punto de vista filosófico, conceptual e ideológico. Sin embargo, como toda herramienta, debe ser perfeccionada, y entendemos que existe un compromiso en el que se asumen responsabilidades en nuestro Estado federal, ya que en este caso la Nación tiene la obligación de llevar adelante el proceso de expropiación de aquellas tierras privadas que hoy se encuentran ocupadas o habitadas por grupos vulnerables y que integran lo que se conoce como los barrios populares.

Tampoco debemos olvidar que este proceso no concluye solamente con el acto de la expropiación, sino que allí comienza un largo proceso que debe ser coordinado especialmente con las autoridades provinciales y con las de los municipios involucrados.

En ese contexto, desde el interbloque Argentina Federal hemos sido contundentes en señalar la necesidad de la coordinación de esta tarea. No estamos pidiendo más de lo que establece la propia Constitución en el sentido de la relación coordinada que se debe guardar entre la Nación, las provincias y los municipios. Por eso hicimos propuestas concretas en esta línea; algunas han sido receptadas y otras, no. Las que han sido receptadas han sido incorporadas en el artículo 10 cuando se habla de la integración urbana, en donde necesariamente tiene que existir una coordinación, un acuerdo y un convenio entre la Nación, la provincia y el municipio involucrado.

También quiero señalar aspectos que hubieran perfeccionado la norma. En el artículo 4°, cuando se establece la declaración de utilidad pública a los bienes inmuebles, entendíamos que había que ampliar esta posibilidad no solamente a los bienes que van a estar registrados en el Renabap, sino además cuando se producen estos convenios entre la Nación y las provincias para que ellas tengan la posibilidad de incorporar a ese listado nuevos barrios populares que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa respectiva. Creemos que eso da flexibilidad a la norma porque en el futuro pueden suceder hechos y, si ya tenemos cerrado el registro, no podrán ser incorporados en esta línea.

Otro aspecto que nos pareció importante que debía clarificarse en la norma se refiere al artículo 9°, sobre las erogaciones que se deben llevar adelante a través de los convenios que se firmen entre la Nación y las provincias a los fines de implementar los aspectos de infraestructura. Creemos que no se han tenido en cuenta como parámetros algunos aspectos fundamentales, ya que las provincias vienen haciendo inversiones en infraestructura en estos barrios populares, al igual que los municipios.

Estos aspectos deben contemplarse a la hora del reparto de los costos entre la Nación y la provincia al momento de llevar adelante toda la vinculación urbana y la infraestructura a desarrollar. Por eso habíamos propuesto que se tengan en cuentan estas inversiones para que la Nación sea la que en este momento tenga que hacer un mayor esfuerzo, ya que históricamente la provincia y el municipio también lo habían desarrollado en esa línea.

En función de esos parámetros creemos necesario tener en cuenta aspectos fundamentales que hacen a la relación entre la Nación, la provincia y el municipio porque para lograr un desarrollo de una infraestructura urbana que permita dar calidad de vida a estos tipos de asentamiento deben coordinarse las tareas en función de un objetivo concreto: que la urbanización sea posible. Lo será en la medida en que los informes, los estudios y las características geográficas de cada uno de esos lugares sean entendidas y conocidas, porque en muchos de esos casos seguramente habrá que hacer una relocalización en función de situaciones que cambiaron en lo urbanístico o que hacen inviable la permanencia de esos grupos en dichos lugares.

Entendemos que estas cuestiones técnicas deben tenerse en cuenta en los convenios que se suscriben y considerarse las cargas de los recursos respectivos. En definitiva, a todos esos argentinos que vienen sufriendo postergaciones por décadas queremos asegurarles un lugar digno en donde vivir y desarrollarse, pero en ámbitos de igualdad de oportunidades, como bien lo establece nuestra Constitución Nacional. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Cassinerio, por Córdoba.

Sr. Cassinerio.- Señor presidente: en primera instancia quiero destacar la tarea realizada por diversas organizaciones sociales que durante mucho tiempo han venido trabajando fuertemente para que se pueda llevar adelante la sanción de este proyecto de ley con sus aportes, que son más que significativos, en función de que son los que día a día están trabajando en el territorio codo a codo con las familias que hoy necesitan que su vivienda sea propia.

Este régimen de integración socio-urbana que estamos debatiendo representa un hecho clave para sectores históricamente postergados. De esta manera, daremos un paso significativo en el camino hacia la equidad real y la consagración de los principios sociales básicos que proclama nuestro sistema formal de derechos.

Es impostergable avanzar en este sentido. Justamente por eso la norma que promovemos debe resultar lo más amplia, abarcativa y clara posible.

Es necesario que el Estado esté presente en la resolución del grave problema de vivienda y hábitat que posee nuestro país.

Entendiendo este problema y la necesidad de un Estado presente, desde el gobierno de la provincia de Córdoba se viene trabajando fuertemente en un programa gratuito de escrituración de viviendas, por el que ya hay más de diez mil familias a las que se les han otorgado sus títulos de propiedad.

También se están incorporando servicios públicos a barrios que hoy carecen de ellos, y esto tiene que ver con la visión de un Estado presente acompañando a los sectores postergados. Hoy por hoy no podrían tener acceso a una vivienda digna y propia si no fuera por la presencia del Estado.

Considero importante poder hacer algunos aportes al proyecto de ley, que son los siguientes. El inciso 3 del artículo 6° establece: “Promover acciones coordinadas con los organismos y ministerios competentes, con el objeto de facilitar el acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares identificados en el RENABAP en el marco de los proyectos jurisdiccionales de inversión.” A ello agregaría: “Los costos correspondientes a las inversiones realizadas por las provincias en relación con la instalación de los servicios públicos serán tomados en cuenta como parte del aporte económico que de acuerdo a los convenios firmados deberá realizar la provincia.”

Me parece también propicio apoyar una moción que he escuchado hace unos momentos acerca de poner un monto máximo a cada lote, entendiendo que estamos hablando de barrios populares, que no puede superar los 28 salarios sociales complementarios, y que se otorguen planes de pago hasta 240 meses a un 4 por ciento anual de interés, aplicando el sistema francés.

Asimismo, creo que es importante que en el artículo 13, que habla sobre la creación de un fideicomiso y cómo deberá estar integrado, esto se vea reflejado también en el presupuesto para 2019 con las partidas presupuestarias correspondientes para poder poner en ejecución esta iniciativa.

Creo que esta norma es más que bienvenida para miles y miles de familias de todo el país, ya que no pueden de manera alguna tener su vivienda propia. La tranquilidad que lleva poder tenerla y transmitir a sus hijos este bien es una cuestión que dignifica. Para ello debe haber un Estado presente trabajando fuertemente sobre este asunto.

Sabemos que la situación económica del país no está ayudando ‑principalmente, a la clase trabajadora‑ a poder acceder a la vivienda propia, cuando estamos pasando por una situación económica sumamente complicada. En diciembre pasado estábamos debatiendo un presupuesto que estimaba que la inflación proyectada sería del 15,7 por ciento anual, y ayer nos comunicaba el ministro Dujovne que la inflación estimada ya alcanzaría al 27 por ciento.

Asimismo, en el presupuesto que se votó a fines del año pasado teníamos un dólar proyectado a 19,30 pesos, y hoy cerró a 28,80 pesos, lo que implica una devaluación de más del 50 por ciento. Por supuesto que esto influye muchísimo en el costo de los materiales y en el costo de vida.

Por ello creo que debemos trabajar fuertemente con el Estado nacional, los Estados provinciales y los municipios para llegar a una solución más que necesaria y esperada, que es la lucha de muchísimas familias para acceder a una vivienda digna, que es lo que corresponde. Hoy más que nunca hace falta un Estado presente trabajando en este tema.

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Solá, por Buenos Aires.

Sr. Solá.- Señor presidente: como presidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano he participado en las reuniones en las que se estuvieron considerando los aspectos de esta norma, que involucran a muchísimos actores, preocupan también a muchísimas autoridades y abren una esperanza ‑que no será tan fácil de concretar- en millones de personas.

Durante un año, desde cierto mes de 2016 en adelante, varias de las organizaciones sociales que conocemos -la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, la organización Techo, que incluye a varias otras, la organización Cáritas de la Iglesia y seguramente me olvido de varias- hicieron un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, que vio en ellos lo que en otros tiempos vi yo y seguramente también muchos gobernantes provinciales o municipales, en especial en los momentos de decadencia económica y social como el que estamos viviendo. Me refiero a la presencia de ellos en los barrios donde no está el Estado, y la constancia de la militancia social; obviamente, también la militancia política, pero algunos entendieron ‑por suerte‑ que su militancia social tenía mucha más importancia, como elemento central de elaboración de políticas, que la militancia ideológica.

Así lo debe haber visto la ministra Stanley, que financió este relevamiento en todo el país, después de definirse qué era un barrio popular. Todo ese proceso -intuyo por la forma en que se ha construido la norma- fue fuertemente influido por los militantes de las organizaciones sociales.

En la tarea de la ministra de Desarrollo Social no estuvo un elemento muy importante, que es darle a ese trabajo, que fue casi secreto, relación con el resto de las instituciones de la estructura política y jurídica argentina con las provincias y con los municipios. Es muy difícil que algún diputado ‑salvo alguien que tuviera alguna relación muy especial con la ministra de Desarrollo Social- supiera que se estaba haciendo ese trabajo que fue deliberadamente silencioso.

Estoy seguro de que en ese trabajo pusieron enorme voluntad, y sobre ese mismo resultado tienen grandes esperanzas los militantes de las organizaciones sociales. A ellos escuchamos, entre otros, durante varias sesiones de las cuatro comisiones que intervenían. Pero también escuchamos durante ese tiempo a una gran cantidad de testimonios, posiblemente de militantes, de habitantes que a su vez militaban la cuestión y de innumerables barrios de todo el país, en especial de los conurbanos de las grandes ciudades.

Me refiero al conurbano de mi provincia -el enorme conurbano bonaerense-, pero también a los conurbanos de Rosario, Resistencia, Mendoza y varios lugares más. También vimos mujeres que se movían en defensa de su espacio y de su dignidad, totalmente ofendidas por las condiciones de vida infrahumanas y horribles que contaron, como bien dijo el diputado Tonelli. Obviamente, hay que ser muy duro para no conmoverse frente a eso, en cuanto a las condiciones en qué vivían y a los muchos años en que lo hacían, lo que claramente nos acusa a todos.

Muchas vinieron a hablar de lo que era vivir en el barro; y hay dos barros: el barro de verano, que se seca, y el barro de invierno, que no se seca nunca, en el que hay que chapotear con frío en las mañanas, cuando hay que llevar a los chicos a la escuela, cuando hay que caminar muchísimas cuadras de tierra y barro sin vereda ni nada para que un colectivo pase cuando pueda o cuando quiera.

Ese relato vale para nosotros mucho más que otras historias, porque fueron muchos y pudimos darnos cuenta también de algunas cuestiones. Por ejemplo, escuchamos a la mayoría de los declarantes, aun aquellos que nos decían: saquen rápido esta ley y no la compliquen porque tememos mucho lo que pasa en este edificio y en la otra mitad del edificio ‑en el Senado‑, y tenemos miedo de que nos cambien todo o no salga nunca, o salga mal y tarde. Pero también observamos la conciencia absoluta de ellos de que esto era un mínimo piso necesario para cambiar su situación eventualmente algún día. El mayor respeto estaba en el trabajo realizado, es decir, en ese archipiélago que uno observa si se mete en el mapa de barrios populares, que parece discrecional porque responde a la definición de barrios populares que está en el decreto respectivo. Conociendo distritos de mi provincia, por ejemplo, he ido a ver barrios que están en el archipiélago y a veces no se distingue bien en qué cuadra terminan.

Sin embargo, no creo que debamos encarar esta ley con la idea de que el registro de barrios populares no es completo. ¿Sabe por qué, señor presidente? Si tuviéramos el registro de todas las necesidades absolutamente completo, estaríamos ante una ley que no podría generar una solución en veinte años. Entonces debemos aceptar, como el universo, este registro de barrios populares. Lo aceptamos porque intuimos que debemos confiar en la actitud y en la militancia de quienes hicieron este relevamiento.

Creo que la ministra de Desarrollo Social se equivocó en hacer las cosas como a escondidas y un día intentar sorprender con la ley.

Por otra parte, admitamos que esta ley apareció en un momento en el que todavía no habíamos perdido 8.000 millones de dólares, desde marzo en adelante, jugando con el dólar, antes de que se cayera la estantería económica. Entonces, era una iniciativa que traía una esperanza mucho más potenciada porque podíamos pensar que varias de las cuestiones que planteaba se podían llevar a cabo en un plazo relativamente corto.

Este proyecto anteriormente se llamaba de integración sociourbana y regularización dominial; luego hubo un cambio y se la denominó al revés, es decir, ley de regularización dominial y de integración sociourbana. ¿Por qué sucedió esto? Lo primero se puede hacer, exigirá una cantidad de presupuesto que nunca fue estimada, no figura en la ley, y tal vez por ello no ha pasado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero se puede hacer.

Los habitantes antiguos, la mayoría de ellos ocupantes de tierras privadas o fiscales, pueden tener su certificado de vivienda. Ahora bien, no es lo mismo un certificado de vivienda dado por la policía que una escritura. Lo que la ley debería decir es que van a tener la escritura y lo demás no vale; la escritura es el único elemento. Hay una cantidad de gastos de mensura, de división, de relevamiento catastral, de georreferenciación, etcétera que son importantes, pero esos gastos no tienen ni por asomo un parecido a lo que significarían los gastos de la integración sociourbana. Esos términos fueron puestos en segundo lugar porque el verdadero drama de la gente no radica básicamente en no tener su escritura, sino en las condiciones de hábitat.

Esta ley es esperanzadora para muchísimos habitantes de los 4.400 barrios relevados. No voy a entrar en discusiones relativas al federalismo porque esto lo vamos a hablar durante el tratamiento en particular y nos referiremos a qué les corresponde a los intendentes, qué les corresponde a los gobernadores y qué le corresponde al gobierno nacional, pero creo que mucho de esto ha sido salvado por una actitud de abrir la ley y de tratar de arreglarla.

Esos testimonios daban cuenta de que fuera más específico con respecto a cuánto se iba a asignar para la integración sociourbana, que es muy cara y que implica todo lo que se puede pensar desde los límites de una vivienda hacia afuera, pasando desde las calles hasta los servicios esenciales, pero también otras cosas que la gente suele necesitar, como escuelas, comisarías o centros de salud. Todo eso es integración sociourbana; por lo tanto, convengamos que debemos ser muy modestos cuando anunciemos qué ley estamos haciendo.

Estamos ante una ley que es muy importante para mucha gente de los barrios populares. ¿De todos los barrios populares? No, de los que están en el Renabap. ¿Esa gente va a solucionar sus problemas? No lo sabemos. Conocemos que se va a iniciar un proceso de regularización dominial. ¿Para qué les sirve? En muchos casos, para aumentar su dignidad. Es cierto, hay gente que sabe que no puede tener ningún servicio público porque no es propietaria o que quiere dejar de ser estigmatizada por vivir en un asentamiento; entonces, puede ser que esta sea una forma inicial de superar esa estigmatización.

Por último, quiero decir que todo lo que se propone esta ley en cada barrio adquiere sentido si tiene un sujeto que la lleve adelante, pero esto no puede hacerlo la nueva Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo porque una secretaría de Estado no hace una enorme inversión en 4.400 barrios. Se trata de una Secretaría de Hábitat que comenzará con el tema y empezará a hacer acuerdos ‑eso espero- con los intendentes y gobernadores. Pero si no hay sujeto popular, si detrás de esta ley no se fomenta y se cumple con lo que podemos llamar organización popular detrás de un objetivo, de abajo hacia arriba, de adentro para afuera, entonces, será letra muerta. Yo confío en que no será así y por eso lo vamos a votar afirmativamente. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Arroyo, por Buenos Aires.

Sr. Arroyo.- Señor presidente: creo claramente que esta ley de regularización dominial e integración sociourbana constituye un avance y una mejora. Primero, porque surge de abajo hacia arriba, no se le ocurrió al Estado, hubo movimientos sociales, organizaciones, gente que trabajó, planteó y relevó hasta que, efectivamente, el Estado lo tomó.

En segundo lugar, porque avanza en la expropiación, en la utilidad pública, en que efectivamente se regularice la situación dominial, la propiedad de muchas personas que viven en villas, barrios y asentamientos.

En tercer término, porque le da lugar a las cooperativas para que lleven adelante el 25 por ciento del trabajo y tengan un fondo para poner en marcha el proceso de regularización dominial y, eventualmente, de urbanización.

Ahora hace falta mucho más para dar vuelta la situación social, hace falta mucho más para urbanizar en serio en la Argentina. La pobreza estructural tiene que ver con no tener vivienda digna, trabajo o las condiciones mínimas.

Creo que hoy estamos generando un avance, pero me parece que lo que hace falta en la Argentina es una epopeya para resolver los problemas de la vivienda y de la pobreza. Para ello es necesario crear un banco social de tierras que sea profundo, amplio y federal. Debemos ponerle recursos a este proyecto de forma seria. Hasta ahora hay una idea, un fideicomiso, algo que parece que va a surgir. Los movimientos y organizaciones sociales hacen presión para que esto se transforme en recursos.

También se requiere de un trabajo articulado con escuelas y centros de salud, se necesita trabajo y créditos y un conjunto de elementos que hagan a la resolución de la pobreza estructural.

Me siento a gusto de estar votando esta ley, que sin dudas constituye un avance. Se trata de una mejor situación, estamos dos pasos adelante porque tenemos un instrumento, pero realmente lo que hay que hacer a partir de hoy es generar una política de Estado de urbanización, de inclusión de los que tienen la ñata contra el vidrio, de generalización de programas de urbanización en los grandes centros de la Argentina, donde vive el 70 por ciento de la población, a fin de que tengan recursos de verdad.

Para finalizar, quiero decir que he aprendido ya hace mucho tiempo que la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Uno puede decir cualquier cosa, puede tener las mejores ideas, pero solo se va a lograr si está el presupuesto. Por lo tanto, insto a todos a empezar a trabajar para que de verdad haya aquí un presupuesto, para que esta sea una gesta en serio y para que logremos que el elemento clave de la pobreza estructural, que es la vivienda, se pueda resolver de una vez por todas en la Argentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Snopek, por Jujuy.

Sr. Snopek.- Señor presidente: he participado de las reuniones del plenario de comisiones e, incluso, previamente había participado de una audiencia pública a la que asistieron representantes de organizaciones en la comisión que preside el señor diputado Solá. Allí hemos podido escuchar a quienes viven y están sufriendo la realidad diaria en los barrios populares en varias partes de la Argentina.

Es por eso que compartimos plenamente el espíritu de este proyecto que va en el sentido correcto de dar una respuesta como Estado a ese flagelo, a esa situación social de quienes viven en las villas, tanto en lo que respecta a la regularización del dominio como en lo que hace a caminar hacia una integración sociourbana para que esas villas cuenten con los servicios que deben tener, es decir, agua potable, luz, cloacas, cordón cuneta, espacios verdes, calles con anchos razonables y todo lo que hace falta en un proyecto de urbanización.

Ahora quiero pasar a precisar algunas cuestiones relativas a este proyecto que me llaman la atención. Por un lado –algo mencionó el señor diputado Solá‑, hay un trabajo silencioso que se llevó a cabo desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que consistió en el relevamiento de los barrios sin la participación plena de los municipios y de las provincias. Por eso creo importante que el proyecto de ley contemple la creación de un consejo federal que tenga que ver con la regularización dominial y la integración sociourbana, porque son los municipios y las provincias los dueños del territorio donde se van a llevar a cabo las acciones.

Son los intendentes y los gobernadores quienes más cerca están de las necesidades de la gente que vive en cada uno de estos territorios. Es algo similar a lo que sucedió con las provincias cuando conformaron la Nación. Me refiero a cuando el Estado nacional acciona en forma directa sin la participación de las provincias en su territorio.

Entonces, nos parece conveniente e importante crear ese consejo federal, donde participen los representantes de las provincias, un representante del Ministerio de Desarrollo Social y que también esté presente el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, porque en definitiva es el que resuelve los programas de cloacas, de agua potable y de energía.

Por otra parte, considero muy positivo el hecho de que a lo largo de estos días se haya corregido el dictamen de mayoría al punto de incluir entre las acciones a desarrollar a aquellos barrios que tengan efectivamente convenios entre el gobierno nacional y las provincias y municipios. Entiendo que eso no es suficiente y que por eso se debe crear el consejo.

De todas formas, a lo largo de la Argentina quedan varios barrios –un caso es el de mi provincia, Jujuy‑ que no han sido incluidos en el relevamiento del Renabap. Es decir que hay barrios populares que hoy no tienen la inclusión y por eso están ajenos a esta iniciativa.

Por ese motivo, al momento del tratamiento en particular propondré concretamente que se incluyan aquellos barrios que las provincias consideren conveniente y que tengan, por lo menos, una antigüedad de dos años a partir de la sanción de este proyecto.

Otra cuestión importante, que ha sido expresada por otros señores diputados y que comparto plenamente, tiene que ver con que este programa debe estar incluido en el presupuesto de la Nación para 2019. Asimismo, debemos fijarle metas físicas, es decir, que a través del consejo se pueda evaluar el grado de avance que el programa va teniendo año a año. Además, debe existir una vinculación directa, que por otra parte es la forma de financiar por parte de organismos internacionales. Las metas físicas son, por ejemplo, la cantidad de escrituras a realizarse por año, la cifra relativa a las cloacas y todo lo referido a los servicios, cuantificado año a año, de tal manera que además se pueda controlar el grado de avance que se va logrando.

Por otra parte, es fundamental que en el proyecto se incluya el tema de la adhesión de las provincias. Estoy convencido de que debe figurar la creación de los consejos provinciales, de modo que tengan plena participación los municipios, que en definitiva son los que conviven en el territorio con los barrios populares. De esta manera el proyecto estaría completo para que el Senado no termine corrigiéndolo. Por eso creo que la consideración en particular es la oportunidad para introducir estas cuestiones. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Selva, por Buenos Aires.

Sr. Selva.- Señor presidente: a esta altura del debate, obviamente, no hay muchas cosas para observar o fundamentar. Obviamente, adhiero a esta iniciativa en su espíritu de fondo.

Creo que se han dado definiciones claras con respecto a contribuir al objetivo final, en cuanto a que realmente se logre lo que está establecido en el marco de este proyecto.

En el medio de esto, cabe también analizar la difícil situación de la gente en lo que respecta al acceso a la vivienda. Lo digo por contar con alguna experiencia personal en mis responsabilidades anteriores. Me refiero al hecho concreto de organizarse para tratar de buscar un espacio físico donde consolidar su arraigo. Esa fue una situación que se vivió en las crisis y después quedó consolidada en la realidad de la gente.

Voy a referirme a algunos hechos que sucedieron. Quiero aclarar que con este tema hemos abierto una nueva etapa que ayuda a consolidar la democracia. Los municipios, que eran la primera preocupación manifiesta y fundada que habíamos tenido, no tenían un rol protagónico, a pesar de que la responsabilidad indelegable del intendente es hacer cumplir el Código de Zonificación que tiene aprobado. Es la única norma municipal que tiene carácter de ley, porque al menos en la provincia de Buenos Aires tiene que estar convalidada por el gobernador. Eso se sustancia en un debate cuyo proceso se consolida y termina en las ordenanzas municipales. O sea que intervienen el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

En esta etapa de la difícil realidad que viven los movimientos sociales, ellos han logrado crear una organización social cuyo objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida.

En ese mismo paso fundamental, donde el Estado no estuvo presente y donde la política falló, la organización propia de la gente con necesidades consolidó un esquema de funcionamiento.

La etapa que viene hacia adelante está esperando que en los hechos se viabilicen y concreten las decisiones sobre cada uno de los puntos que han sido relevados, sin entrar en detalle acerca de si el relevamiento ha sido federal o no. En este sentido, creo que ha quedado demostrado que hay cosas que fallaron, pero debemos privilegiar la intención y el esfuerzo de los que no estaban en el Estado, es decir, los movimientos sociales.

Volviendo a la definición de las experiencias anteriores, viene un desafío en el que los movimientos sociales, que son los protagonistas de ese relevamiento en acuerdo con el Estado nacional, deberán tener las cosas muy claras y fuertes. Estoy convencido de que así va a ser, porque cuando uno planifica un espacio determinado que ya está consolidado, como un lugar donde vivir, en el que están ubicadas las viviendas, obviamente el Estado debe planificar los espacios verdes, los lugares comunitarios, en fin, todo aquello que hace a la calidad de vida y que ya fue mencionado aquí.

Cuando se consolida el hecho y se transfieren las responsabilidades ya de conformación del barrio, obviamente, ese espacio queda pendiente de la infraestructura. Allí serán un desafío las responsabilidades más ampliadas –que, reitero, ya no serán del Concejo Deliberante o del intendente, sino también de las organizaciones sociales que han trabajado en esto‑ de tener claro y transmitir con claridad que esos espacios deben ser preservados, porque después sucede –vuelvo a aquello de la experiencia personal‑ que la necesidad de la gente hace que esos mismos espacios se dinamiten y urbanicen. Entonces, tenemos asentamientos sin posibilidad cercana de cumplir con lo que el Estado anteriormente no cumplió: crear infraestructura social a fin de alcanzar una mejor calidad de vida. Esto abre un debate y ya se dijo claramente que esta iniciativa es un primer paso.

Son varias las situaciones que preocupan, como la de carácter legal, y en las reuniones que se celebraron se citaron ejemplos. Hay barrios relevados en conflicto con la Justicia, ya que los municipios fueron intimados a erradicarlos por cuestiones ambientales. El cumplimiento del objetivo de armonizar realidades con intereses y posibilidades dentro del marco legal forma parte de una nueva etapa en la que tendrán protagonismo las organizaciones sociales, las que tendrán peso y decisión en la disposición territorial de los municipios.

Esta es mi mirada global respecto del tema. Modestamente creo que todos debemos comprometernos a transitar el camino que nos permita lograr el objetivo final. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Grosso, por Buenos Aires.

Sr. Grosso.- Señor presidente: es una pena que haya nada más que ochenta legisladores en el recinto, en momentos en que estamos debatiendo un proyecto de ley tan importante. Seguramente, muchos se sienten cansados porque arrancamos temprano; pero, sin duda, más cansados estarán los compañeros y las compañeras de los barrios populares que vinieron de sus provincias para estar presentes en el análisis de esta iniciativa. (Aplausos.)

Ellos se levantaron mucho más temprano que nosotros, y seguramente tuvieron que caminar por calles de tierra para tomar el colectivo –si es que pasa‑ y venir al Congreso. Por eso siento pena, porque, además, es una norma que atañe no solo a estos compañeros y a estas compañeras o a poca gente en la Argentina. El esfuerzo que hicimos representantes de los distintos bloques –al que se refirió el señor diputado Tonelli‑ para elaborar una iniciativa que sea aprobada por unanimidad, tiene que ver con que todos entendemos el sentido y la importancia de contar con una ley de estas características.

Quiero felicitar a los compañeros y a las compañeras de villas, barrios y asentamientos; a organizaciones como TECHO, CCC, Barrios de Pie, CTEP y Cáritas, y a Juan Grabois, uno de los grandes impulsores de esta idea, quien desde hace años insiste como un pajarito en que esta legislación es posible y necesaria. Por eso me parece justo mencionarlo y agradecerle su trabajo.

Si se me permite, quiero explicar en qué consistió el relevamiento. Se habló de silencio; tal vez, la tarea de las organizaciones sociales es invisible en la esfera pública, pero en los barrios es claramente manifiesta. Durante doce meses, más de diez mil compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de los barrios populares, relevaron en grupos de dos o tres casa por casa, pasillo por pasillo. Hablaron con ochocientas mil familias y en la puerta de cada casa relevada pegaron una calcomanía. Relevaron 4.416 barrios populares a lo largo y a lo ancho del país. Se calcula que en ellos viven entre 3,5 millones y 4 millones de personas.

Felicito a los compañeros y a las compañeras por este trabajo que, quizás, la política no ve, pero que sí advierten los vecinos y las vecinas de los barrios. Ellos los vieron caminar, relevar, preguntar y dejar plasmado ese sueño que ahora se traduce en el tratamiento de este proyecto de ley.

La labor de las organizaciones populares tiene una historia que me parece interesante traer a este recinto porque guarda relación con el origen de las villas y los barrios populares de la Argentina.

Si investigamos un poco, si “googleamos” sobre las primeras villas en nuestro país, nos encontramos con que en la ciudad de Buenos Aires aparecen en 1930 como resultado de la crisis económica mundial de aquellos años. Villa Progreso y Villa Esperanza son algunos ejemplos.

Luego, en las décadas del 40 y del 50, se conforman los primeros grandes conglomerados, barrios populares o villas –hay distintas formas de llamar a esta expresión de marginalidad urbana‑ relacionados con procesos migratorios y transformaciones en los modos de producción.

Con posterioridad surge el peronismo, que trae la idea de integrar a esos compañeros y a esas compañeras al mundo sindical. Durante el peronismo, los trabajadores y las trabajadoras construyeron más casas que el Estado a través de los sindicatos y de la Fundación Eva Perón.

La primera federación de barrios, villas y asentamientos se creó en la zona norte en 1958. Unos años antes tuvo su origen la Comisión Municipal de la Vivienda en la ciudad de Buenos Aires. En aquel entonces, compañeros de la Villa Uruguay –que todavía existe, en el límite de los partidos de San Fernando y San Isidro, y que seguramente fue relevada‑ mantuvieron negociaciones con el intendente, que entiendo era el padre de Posse, quien les pidió que se organizaran porque no podía hablar con todo el barrio. Así fue como designaron delegados por manzana y elaboraron el primer petitorio, que en 1963 fue presentado por la federación al entonces presidente Illia.

En 1970 aparece en la ciudad de Buenos Aires el Movimiento Villero Peronista, en el que confluían militantes de la izquierda peronista, curas villeros, compañeros y compañeras de los barrios populares. Por supuesto, estas organizaciones fueron duramente reprimidas por la dictadura militar.

En los años 90 vuelven a articularse los movimientos sociales a partir de los piqueteros. Muchos compañeros, después de ser despedidos como consecuencia de las privatizaciones, empiezan a organizarse en los barrios y se hacen cargo de la salud, de la educación, de los comedores y de los merenderos. Hoy, estos grupos son las organizaciones sociales.

A lo largo de la historia hubo distintas respuestas políticas a los planteos. Para no extenderme demasiado, solo mencionaré tres.

La primera, la más dura, es la respuesta represiva. Es la que dieron la dictadura militar de 1976 y el gobierno de Onganía.

La segunda es la política de erradicación de villas. Las topadoras de Cacciatore en la Villa 31, porque se venía el mundial de fútbol del 78 y había que dejar todo lindo, es la foto de aquella política. Había un problema y era necesario erradicarlo; había gente que debía ser corrida para que no se viera.

La tercera respuesta es la que se dio durante los años 90: la política focalizada del Banco Mundial, el préstamo particular, la idea de que el compañero o la compañera del barrio popular, el villero o la villera, tenía un problema que era no solo económico o urbano, sino también cultural. Vivía hacinado y no limpiaba porque le gustaba vivir en esas condiciones; entonces, la política debía estar focalizada. No se reconocía la existencia de un modelo económico que los excluía, los obligaba a vivir en la marginalidad y no garantizaba sus derechos.

La política peronista, como dije antes, consideraba los sindicatos. Luego, el gobierno de Néstor y Cristina impulsó la idea de aumentar el ingreso de los compañeros y de las compañeras más pobres. Concretamente, una política de crecimiento económico y desarrollo que mejoró mucho la calidad de vida.

Ninguna de esas tres respuestas ensayadas en la República Argentina resolvió estructuralmente el problema de los barrios populares.

¿Tenemos que festejar la sanción de este proyecto de ley? Si estamos diciendo que hay villas, barrios populares y asentamientos desde 1930, y que a medida que pasa el tiempo crecen más y los problemas son mayores, significa que la política fracasó. Pero no solo fracasó porque las respuestas no fueron adecuadas, y quiero explicar por qué.

De acuerdo con los datos recogidos por los compañeros y las compañeras que hicieron el relevamiento, el 93 por ciento de los barrios populares no tiene agua corriente, mientras que el 70 por ciento carece de un tendido eléctrico correcto. Todos sabemos que en invierno muchos compañeros y muchas compañeras calefaccionan su hogar a través de la electricidad.

Los que militamos en los barrios sabemos que hay accidentes graves, se prenden fuego las casas, se mueren los compañeros. El 98 por ciento de los barrios populares no tiene cloacas. También hay problemas respiratorios y de salud, y el 99 por ciento no tiene conexión de gas. Sin duda, como políticos y dirigentes de este país, fracasamos a la hora de pensar alguna solución.

Ahora, los compañeros villeros y las compañeras villeras, los vecinos y las vecinas de los barrios populares nos traen esta propuesta, mientras nosotros nos dedicamos a debatir y cuestionar. Ante el fracaso de la política, se hace más contundente el triunfo de los compañeros y las compañeras villeras. Esta norma debe sancionarse por unanimidad, y el Congreso debe dar una señal clara a la sociedad argentina.

Muchos diputados que hoy vamos a votar esta iniciativa se irán a dormir más tranquilos; algunos seguramente sentirán que esta ley -como dijo una diputada el otro día- es una buena propina para los pobres; muchos el domingo saldrán de sus casas con todos los servicios ubicados en los countries e irán a la iglesia y se sentirán más a gusto con Dios. No se confundan, los movimientos populares no queremos propinas, queremos derechos, y esta ley es una iniciativa que plantea un piso de derechos. (Aplausos.)

La organización de los compañeros y compañeras peleará en la calle por cada peso y centavo que le quite este modelo económico para dárselo al sistema financiero o a los grupos sojeros. Sin duda, queremos tierra; pero también, pan, techo y trabajo.

Hagamos de este proyecto una ley votada por unanimidad y demos una señal a la sociedad argentina y un respaldo a esos compañeros que nos dieron un ejemplo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Alume Sbodio, por San Luis.

Sr. Alume Sbodio.- Señor presidente: hablaré en nombre del bloque Unidad Justicialista.

Como decía el señor diputado Grosso, también debo expresar mi reconocimiento a las organizaciones sociales, pues hoy no estaríamos debatiendo este proyecto de ley si no fuera por el compromiso, el trabajo y la dignidad que ellas le han dado a la palabra militancia, como concepto de que uno es capaz de cambiar la realidad de su cuadra, manzana, barrio, ciudad, provincia y país. Esto tiene mucho que ver con el trabajo que quedó reflejado en la primera etapa de la discusión de esta iniciativa.

Este proyecto tiene dos aristas importantes, según reza su propio título: régimen de regularización dominial e integración sociourbana. Respecto del régimen de regularización dominial, si bien varios diputados han planteado sus incógnitas sobre cómo se llevará adelante, tengo una enorme fe en cuanto a la idea de que cada familia, a partir de esta iniciativa, podrá decir “esta es mi casa”, y sentirá que cada ladrillo es suyo. Este es un valor incalculable, y solo uno puede apreciarlo en las entregas de los títulos que ya se realizaron en muchos barrios.

En cuanto a la integración sociourbana, luego de investigar el trabajo de las organizaciones sociales, encontré una carta escrita por varias de esas organizaciones, como una especie de presentación a la sociedad, en la que definían este proceso como el derecho a la ciudad, que debía plasmarse en un proyecto de ley. Esa es la principal definición. Un derecho a la ciudad que implicaba el acceso a los servicios públicos –agua, luz, gas y transporte- y, por ende, una mejor calidad de vida para los habitantes.

Ese derecho a la ciudad, con el que las organizaciones sociales definían este proyecto de ley, es lo más acertado de lo que significa concebir el ingreso de los barrios populares a las urbes.

Debemos revisar los antecedentes de esta iniciativa para darnos cuenta de que la ley 23.967 de 1991 demuestra que las leyes por sí solas no consagran ni garantizan derechos; por el contrario, es necesario que su ejecución e implementación lleven a que el texto frío de la ley se transforme en un derecho pleno de goce por parte de sus destinatarios.

Celebro y felicito a las autoridades de cada una de las comisiones que han desarrollado un trabajo enorme. Considero que el proyecto inicial se ha mejorado muchísimo y desde todos los sectores se han propuesto modificaciones que redundan en una iniciativa más cercana a la realidad de cada provincia y ciudad.

Desde el bloque de Unidad Justicialista presentamos un dictamen de minoría y debo decir que muchas de esas observaciones han sido tomadas en cuenta. En este sentido, propusimos una modificación vinculada con una realidad que no solo impactó en la provincia de San Luis, sino también en distintos rincones de la Argentina, que se relaciona con un Estado burocrático o bobo. Mientras los municipios o las provincias toman acciones de intervención urbana para mejorar la calidad de vida de los vecinos sobre bienes del Estado nacional que han estado en total estado de abandono durante muchos años, el propio Estado inicia acciones judiciales de forma automática, sin conocer la realidad o calidad de vida de estos. En muchos de esos casos se ha logrado interponer acciones de no innovar, y las obras que llevan a cabo los municipios o provincias con recursos propios se han visto truncadas, así como también la calidad de vida de los vecinos.

En San Luis tenemos el caso específico de la expropiación que llevó a cabo la provincia sobre la ex traza del sistema ferroviario que atravesaba toda la ciudad, como ocurrió en muchos lugares de la Argentina. La provincia tuvo la suerte de terminar una obra fundamental que cambió la vida de muchos vecinos de barrios populares, cuando desde la Corte Suprema se estableció una medida cautelar que prohibió innovar. A pesar de los años transcurridos, esto todavía se está litigando, producto del sistema burocrático que existe en la Corte Suprema, que consume los tiempos y las necesidades de la gente.

Por lo tanto, proponemos que en el artículo 8º se establezca un inciso cuarto referido a la transferencia de inmuebles del Estado nacional a las jurisdicciones locales. En este sentido, sugerimos que el ministerio tenga la facultad de celebrar los acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de transferir aquellos bienes inmuebles de titularidad del Estado nacional en los que las mencionadas jurisdicciones hubieran ejecutado proyectos de integración sociourbana. Esto nos permitirá que se consagre el espíritu de la ley.

Advierto una preocupación que con un sano ejercicio de la política y del federalismo podrá superarse. El artículo 9º establece que todas las erogaciones que se deriven de cada uno de los convenios firmados para el cumplimiento de la presente ley serán afrontadas por las partes de acuerdo con lo establecido en los respectivos convenios. Como se trata de convenios entre partes, si no establecemos parámetro alguno, puede dar lugar al federalismo de amigos, que brinda distintos tratos según el color político de cada distrito.

Las leyes por sí mismas no crean ni garantizan derechos. Por eso va mi reconocimiento a las organizaciones sociales que lograron este avance tan importante con su lucha y militancia, y asumo mi compromiso desde esta banca para que este proyecto de ley sea beneficioso, se transforme en derechos reales y garantice la ejecución de sus medidas.

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada Carrizo, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Carrizo (A.C.).- Señor presidente: desde el bloque Evolución Radical acompañaremos esta iniciativa. Adelanto que durante el tratamiento en particular haremos algunos aportes, que ya han sido conversados y aceptados.

Simplemente deseo hacer algunas reflexiones. En primer lugar, celebro que estemos debatiendo en el recinto este proyecto de ley que pretende garantizar a más de ochocientas mil familias el acceso al derecho constitucional a una vivienda digna, como establece el último párrafo del artículo 14 bis. Esto es algo para celebrar y forma parte de esas leyes que da gusto votar.

En segundo lugar, en cuanto a la forma en la que se fue elaborando el proyecto, resulta necesario destacar que después de dos años llega a tratamiento con la debida construcción social. En general, la visión que tenemos de los movimientos sociales y del Estado es la de un vínculo conflictivo y de desconfianza, pero este proyecto demuestra algo distinto: presenta al Estado nacional, los movimientos políticos y sus protagonistas coordinando más que disputando, y generando confianza más que creando sospechas. Esta forma de elaboración de la norma también garantiza el éxito en su implementación.

Sin embargo, queremos hacer una reflexión y dos aportes concretos. La reflexión se relaciona con la necesidad de garantizar certeza en los procedimientos. El primer punto, y el más fuerte de este proyecto, es el acceso a la titularidad. Sabemos que hay mucha gente que siente como propios los lugares en los que vive, pero que no tiene el instrumento que le garantiza la idea de que les pertenecen. Y en este sentido creo que el Congreso está en deuda; tenemos una deuda constitucional.

Las herramientas deben ser certeras; de lo contrario, siempre tendremos el problema de la judicialización en la regularización del dominio. Si bien no queremos la judicialización, lo cierto es que este Congreso está trabajando con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, sostenida en un decreto presidencial de dudosa constitucionalidad. La ley que prevé la sanción de una norma que regule el modo en que el Estado administra o expropia es de 1992, posterior a la sanción de la ley de administración financiera del Estado. Teníamos noventa días para sancionarla, pero pasaron veinticinco años sin aprobar esa ley en el Congreso.

Hoy, el decreto de 2012 mediante el cual se crea la Agencia es una herramienta semilegal que viola una atribución del Congreso de la Nación. El artículo 75 de la Constitución Nacional establece claramente el modo en que el Estado y el Congreso intervendrán al expropiar o disponer de los bienes públicos que el Estado administra.

Tenemos una deuda y continuamos en una especie de ambigüedad legal. En este sentido, si el Estado no genera confianza –espero que esto no ocurra‑ es difícil creer que no haya problemas de judicialización en las tres competencias jurisdiccionales: Nación, provincias y municipios.

La segunda cuestión que me parece que es necesario ampliar –estamos entusiasmados a este respecto porque creemos que se va a aceptar nuestra propuesta‑ es que se habla de la integración sociourbana, que está bien, pero no puede ser solo una expresión de deseo porque, entonces, caeremos en lo que aquí ya se ha dicho. ¿Qué significa acceder a una vivienda digna? ¿Qué quiere decir dignidad? Significa hábitat, desarrollo. Esta es la idea de urbanización. ¿Cuáles son los parámetros mínimos? No tenemos ninguna garantía en el sentido de la estructura, del acceso a las escuelas; no tenemos parámetros mínimos. En consecuencia, concretamente proponemos que en cada una de las provincias se celebren convenios con los departamentos de arquitectura y urbanización de las universidades públicas nacionales.

Necesitamos tener pisos mínimos respecto a lo que entendemos por urbanización. ¿Por qué planteamos esto? Básicamente por esta idea de que acceder a una vivienda digna no es un acto de caridad. No se garantiza un derecho dando lo que a uno le sobra, sino creando lo que se necesita. Necesitamos tener parámetros concretos respecto de qué entendemos por integración sociourbana. Hoy no los tenemos y creemos que en el ámbito de la universidad pública existen departamentos que pueden suscribir convenios con el Estado para ayudar a quienes deban establecer el piso de urbanización toda vez que se habla de mejoras.

Por último, quiero agradecer al señor diputado Tonelli, quien incluyó un párrafo propuesto por nosotros en el artículo 12. Acá está en juego la idea de que el dinero que invierte el Estado finalmente llegue a los protagonistas. Una vivienda digna tiene que ver con que el dinero que se invirtió se aproveche, se vea en la urbanización y que esto no quede como una expresión de deseos que generó un hermoso proyecto, pero que resultó en una impotencia. Queremos auditar la implementación de esta norma. Esto significa que la Auditoría General de la Nación controlará el dinero público que se invierta anualmente durante el proceso de implementación de las obras.

Agradecemos a los protagonistas en la elaboración de estas políticas por el esfuerzo que han realizado, con optimismo y con una gran voluntad, para llegar acá, con este proyecto, después de dos años. Felicitaciones. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Saadi, por Catamarca, quien comparte su tiempo con la señora diputada Ginocchio.

Sr. Saadi.- Señor presidente: en primer lugar, quiero felicitar a las organizaciones y movimientos sociales por el gran trabajo que han realizado.

Desde nuestro bloque vamos a votar afirmativamente esta iniciativa de integración sociourbana y de regularización dominial.

Coincidimos con lo planteado por varios señores diputados respecto de que el título y los fundamentos de este proyecto son bastante ambiciosos.

De su contenido se desprende que podría darse respuesta a una sola parte de este problema, que es el saneamiento de los títulos de los denominados barrios populares. No obstante, consideramos que este es un primer paso, un avance, para poder cumplir el precepto constitucional establecido en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, que es el derecho al acceso a una vivienda digna.

Estamos ante un acto de estricta justicia mediante el cual estos ciudadanos argentinos que poseen materialmente ese terreno o ese bien podrán contar con su título de propiedad. Esto hará que puedan mejorar su calidad de vida y, a su vez, repeler cualquier acción de desalojo. Sentirán mayor tranquilidad e, incluso, podrán asentar su hogar, criar a sus hijos, formar una familia, constituir un barrio, y fundamentalmente, acceder a muchos programas y beneficios del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y municipales para los que es necesario ser titulares del dominio donde están viviendo.

Sin embargo, creemos que la regularización dominial no alcanza para establecer que hay una integración sociourbana plena en el barrio o un hábitat digno. El problema de los barrios populares y de los asentamientos no es solo un problema de títulos, sino que, fundamentalmente, es un problema de infraestructura, un problema físico y, quizás, social. En este sentido, no solo habrá que hacer una buena urbanización social, sino también analizar la posibilidad de incorporar escuelas, centros deportivos y demás, para lograr una verdadera integración urbana.

Simplemente quiero acotar –y no podía dejar de decirlo‑ que advierto cierto tinte centralista en este proyecto que va a generar una mayor burocratización. Incluso, creo que deberían haberse descentralizado algunas funciones, ya que no solo se encarecerán los costos, sino que también se prolongarán los tiempos del proceso de expropiación.

Me cuesta imaginar que este organismo que se crea, el Renabap, que no tiene experiencia en materia de juicios de expropiación, sino en materia de desalojo y subasta de bienes públicos, pueda llevar a cabo cuatro mil juicios de expropiación, sobre todo en jurisdicciones provinciales. Hubiera sido más sencillo que el gobierno nacional financiara a los gobiernos provinciales para afrontar los gastos de expropiaciones de inmuebles que ya se vienen realizando y de las que se vayan a realizar en el futuro, porque creo que los gobiernos provinciales cuentan con absolutamente todas las herramientas en el territorio para poderlo hacer más ágil y a menor costo. Cuentan con fiscalías de Estado, asesorías generales de gobierno, secretarías y direcciones de Saneamiento de Títulos, direcciones de Catastro, registros de la propiedad e,incluso, con el recurso humano necesario para poder hacer el relevamiento de los barrios.

También quiero decir que coincido en mucho con las modificaciones que propone el dictamen en disidencia del Frente para la Victoria.

En definitiva, vamos a acompañar este proyecto de ley porque creemos que tiene un buen objetivo. Ojalá que no quede en letra muerta. Algo que justifica de manera absoluta su acompañamiento es el artículo que evita cualquier tipo de acción de desalojo por el tiempo que establece esta iniciativa.

A continuación, mi compañera de bloque va a realizar otro tipo de aportes.

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada Ginocchio, por Catamarca.

Sra. Ginocchio.- Señor presidente: asistimos a un proceso de concentración urbana en los centros, que es desordenada y con precariedad habitacional. La planificación funcional y el ordenamiento necesario son quizá el desafío de nuestra sociedad del siglo XXI.

Para nosotros, es muy interesante y justa la declaración de interés público de este proyecto. Como sabemos, el artículo 14 bis de la Constitución contempla el acceso a la vivienda, y también podemos mencionar los convenios del artículo 75, inciso 22.

El Estado no puede permanecer ausente en esta cuestión, sino que debe intervenir. En este sentido, al tratar de integrar estos barrios populares, de alguna manera este proyecto está visibilizando algo que los gobiernos provinciales y los municipios del gobierno de Catamarca ‑principalmente, el municipio capitalino‑ vienen realizando. Desde esa experiencia podemos decir que los registros de beneficiarios se presentan como una herramienta necesaria para la implementación y para cumplir con el objeto.

Creemos que con un trabajo coordinado, conjunto y con diálogo se deben determinar las etapas y los presupuestos, evitando sobre todo las burocracias innecesarias. El artículo 6° de este proyecto dice que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social, y nosotros proponíamos agregar un inciso para que se cree el registro de beneficiarios, porque entendemos que facilitaría mucho la implementación de la ley.

Es nuestro anhelo que esto no quede en una mera declaración, sino que sea algo efectivo y verdaderamente promueva el acceso a la vivienda, por los beneficios que trae.

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.

Sr. del Caño.- Señor presidente: desde el PTS y el Frente de Izquierda quiero señalar que vamos a acompañar este proyecto de ley, que está aquí gracias a los movimientos sociales que han hecho los relevamientos.

Acá se mencionaron algunos datos de los relevamientos que se realizaron. Como dije, los movimientos sociales se han movilizado para lograr esta iniciativa.

Este proyecto, además de plantear algo elemental, como es el derecho a la propiedad, también tiene relación con un tema muy importante, que excede el debate sobre esta norma. Digo esto porque el problema de la tierra o de la vivienda ha tenido consecuencias, como las que vimos en 2010 con los muertos en el Parque Indoamericano producto de la represión.

Entonces, en primer lugar, debemos saber que para muchas familias existe un problema fundamental, que consiste en no poder acceder al derecho a la propiedad. Sin embargo, en función del plan de conjunto, del plan económico y de la orientación social que tiene este gobierno nos preguntamos cómo se podrá llevar adelante una verdadera urbanización.

Recién un diputado mencionó los siguientes datos elocuentes: el 93 por ciento de estas familias no tiene agua corriente, el 99 por ciento prácticamente no tiene cloacas y el 70 por ciento no tiene acceso a la red de gas natural.

Cuando vemos que el gobierno plantea un acuerdo con el FMI y dice que, en primer lugar, va a recortar la obra pública, nos preguntamos cómo esas familias lograrán el acceso a estos servicios esenciales. Desde ya que el gobierno nacional en su orientación social o en su agenda no tiene como prioridad el acceso a esos servicios esenciales, así como tampoco tiene planteado desarrollar un verdadero plan de obras públicas que permita construir las viviendas que son necesarias, porque se trata de un problema estructural.

Estamos hablando de un déficit habitacional de 3 millones de viviendas, que tampoco resolvieron quienes estuvieron en el gobierno doce años, muchos de los cuales tuvieron un crecimiento a tasas chinas. En ese momento tampoco se resolvió este problema estructural.

Cuando se habla de la precarización del trabajo, tenemos que llevarla mucho más allá, porque es la precarización de la vivienda y de la vida de millones de familias de la clase trabajadora.

Consideramos que la única forma de resolver esta situación es planteando un plan de conjunto desde los intereses de la clase trabajadora. En este sentido, si uno observa que hoy los créditos hipotecarios que destina el Estado son el 1 por ciento del producto bruto, advierte que eso es completamente insuficiente y no apunta a resolver este problema.

Lo que sí preocupa a este gobierno es cómo resolver el pago a los especuladores; de allí este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los pagos de la deuda externa, que cada vez tendrán más peso en el presupuesto nacional. Mientras tanto, habrá menos recursos para el desarrollo de planes de obras públicas, para salud y para educación.

Los compañeros saben muy bien que ningún gobierno regala nada. Esto se ha conquistado gracias a la pelea y a las movilizaciones que se han desarrollado. Creo que lo que se está planteado es la unificación o la unidad del conjunto de la clase trabajadora, porque tenemos una devaluación enorme que está licuando su salario y una situación en la cual acceder a una vivienda o pagar un alquiler se hace cada vez más difícil para millones de personas en nuestro país. Mientras tanto, por supuesto, los grandes especuladores inmobiliarios son los que se benefician, o las grandes patronales agrarias, a las que ya Mauricio Macri nuevamente les garantizó que se seguirán beneficiando porque no van a tener retenciones.

Esa es la política que ha tenido este gobierno. Entonces, para nosotros depende de esa movilización y de la lucha del conjunto de los trabajadores, como se vio en el paro nacional de hace pocos días, donde millones de personas claramente marcaron su rechazo a la política económica de este gobierno.

Como dije, creo que lo que está planteado es la unificación de los trabajadores ocupados con los desocupados, con los efectivos y los contratados, y con aquellos trabajadores no registrados. Es decir que la única clase interesada en resolver el problema de la vivienda y de la tierra es la clase trabajadora, la que lo sufre. Por supuesto, no lo sufren aquellos que viven en los countries, quienes se benefician con las políticas de este gobierno.

Quiero, entonces, insistir con esto, señor presidente, porque es muy importante para nosotros saber que estamos acá como consecuencia de esa movilización. Esta ley que estamos por votar es importante, pero solo esa pelea y esa lucha unificadas de la clase trabajadora podrá conquistar el derecho a una vivienda digna y un verdadero plan de obras públicas controlado por los propios trabajadores, por los vecinos y por las familias humildes, que tienen que vivir en asentamientos y en villas como consecuencia de las políticas de todos los gobiernos que los han llevado a esa situación.

Como decía al principio, nosotros vamos a acompañar el proyecto de ley en consideración, que ha llegado aquí gracias a los movimientos sociales. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.

Sra. Del Plá.- Señor presidente: considero que varias de las cuestiones que ya se han planteado merecen ser reforzadas, y hay otras que necesariamente debemos señalar.

Desde el Frente de Izquierda y Partido Obrero vamos a acompañar esta iniciativa, pero sin dejar de advertir una serie de limitaciones que nos preocupan.

En primer lugar, es notable que gran parte de los funcionarios del gobierno nacional y demás han pasado antes de la medianoche por la embajada norteamericana a rendir pleitesía a un gobierno que, indudablemente, está en un completo acuerdo con el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, para seguir endeudándonos, y con todas las condiciones que ese organismo ha impuesto al país y, específicamente, a nuestra economía.

Este no es un tema menor, porque el derecho total, completo y profundo de la población a su vivienda, que para nada está en discusión por nosotros, justamente ha sido negado en forma sistemática por los gobiernos capitalistas, uno tras otro. Me refiero al actual, al anterior y al anterior. Por el contrario, las pocas urbanizaciones que ha habido son el resultado de la organización de los vecinos, de los habitantes, de los que ocupan, de quienes tienen que urbanizarse por su propia mano, porque así es como los barrios se han puesto en pie.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.

Sra. Del Plá.- ¿A qué se han dedicado los gobiernos? A sostener una especulación inmobiliaria brutal, que es la que hace que cada vez menos personas trabajadoras, menos familias, puedan pagar los alquileres en los centros urbanos, y que grupos y grupos de familias deban ir a asentarse a lugares que no estaban preparados para que fueran a vivir. Por eso tenemos que discutir la urbanización, porque si las familias que no tenían viviendas hubieran tenido la posibilidad de construirlas en terrenos preparados para no inundarse, con los desagües adecuados, con iluminación, agua corriente y demás, no estaríamos aquí hablando de la urbanización de los barrios populares.

La población es empujada cada vez más a lugares que en condiciones lógicas serían inhabitables. Pero las familias, ante la imposibilidad de acceder a ningún plan de vivienda popular impulsado por los gobiernos, deben ocupar. En conclusión, luego vienen todos los padecimientos, como las inundaciones y demás calamidades que se viven en los barrios populares de todo el país.

Entonces, un punto que debemos tener en claro es que gran parte de lo que se plantea en esta iniciativa dependerá de un financiamiento que no está definido y que recién surgirá en el presupuesto para 2019. Entonces, cuando discutamos el presupuesto para 2019 tendremos una enorme contradicción, porque van a decir que hay que achicar porque el FMI reclama reducir el déficit fiscal. Entonces, ¿saben para qué no va a haber fondos? Para garantizar el fideicomiso de expropiación de las tierras necesarias para dar lugar a todo este proyecto.

Por lo tanto, necesariamente todos los vecinos que ya se han tenido que organizar y pelear para lograr esta ley deberán seguir organizándose y luchando para exigir que ella se cumpla, y contarán con todo nuestro apoyo. Considero que este es un tema fundamental.

El segundo aspecto es que gran parte de todo este proceso de regularización hará que familias que hoy cuentan con servicios públicos deficientes, pero que en muchos casos no están obligados a pagarlos, pasarán a tener que pagarlos dolarizados con salarios pulverizados por la inflación y la devaluación.

Entonces, por supuesto que saludamos y defendemos el derecho y la lucha por acceder a la vivienda y a la propiedad sobre ella, pero no sea cosa que esta sea una maniobra de la ministra Stanley y del gobierno nacional para terminar cobrando los servicios a los vecinos sin garantizarles nada de la urbanización prometida.

Claro que habría que definir cuál es el tope, pero no solo el que debe pagar una familia que hoy está habitando en un lugar que no tiene las garantías de condiciones mínimas y que tendrá que seguir poniendo de su propio esfuerzo para que eso se garantice. También habrá que definir cuánto debe ir destinado a las tarifas y cuánto a pagar la propiedad. Obviamente, hay que poner un porcentaje mínimo del salario porque, además, en un cuadro de inflación, de aumento de la desocupación y de aumento de la precarización, claramente la vida se hace más difícil en materia alimentaria y demás.

Entonces, creo que en el conjunto estamos una vez más frente a una contradicción entre el derecho al acceso a la vivienda por parte de amplias capas de la población y los intereses capitalistas de la especulación inmobiliaria; entre la necesaria expulsión de las familias trabajadoras de los centros urbanos para mantener sus ganancias y las necesidades sociales. ¿Dónde se dirime esa puja? Se dirime en la lucha de clases. Allí nos veremos.

Entonces, vamos a apoyar esta iniciativa, pero, más que apoyar esta norma, seguiremos apoyando la lucha de cada uno de los vecinos por defender lo que les corresponde: su vivienda, su salario y sus derechos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.

Sra. Sapag.- Señor presidente: en verdad, en el Neuquén valoramos muchísimo esta iniciativa legislativa, y en especial el trabajo conjunto entre los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, el Poder Ejecutivo y esta Cámara de Diputados.

Hoy vamos a sancionar un proyecto que otorgará la posibilidad de ser propietarias a muchas familias relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana, Renabap.

Considero que esta ley es un hito, un hecho histórico, que luego requerirá su continuidad en obras de infraestructura y en la provisión de los servicios para lograr la plena urbanización de estos barrios.

También quisiera poner en valor el empeño de todos los bloques para consensuar y lograr un dictamen con modificaciones al texto original, con la inclusión de disidencias parciales por parte de los legisladores y con el objetivo de enriquecer el texto original mediante los aportes de los expositores en los distintos plenarios de comisiones.

Entre las modificaciones incorporadas al texto original destaco la introducción del respeto a los procesos de expropiación o regularización dominial ya iniciados por los gobiernos provinciales o municipales; la realización de convenios con las provincias y municipios para determinar en conjunto el plan de obras de infraestructura y proyectos de integración sociourbana, que estarán sujetos a la viabilidad técnica, ambiental y económica y a criterios de planificación urbanística, en el marco legal propio de cada jurisdicción. Esto es solo por mencionar algunas de las modificaciones que, como representante de la provincia del Neuquén, me competen especialmente.

En resumidas cuentas, se contemplaron la mayoría de las observaciones realizadas durante los plenarios de las comisiones por legisladores, intendentes y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, que han enriquecido el proyecto de ley que hoy vamos a sancionar.

Debo decir también, como neuquina, que nos hubiese gustado una mirada más federal en el texto de la ley, que por ejemplo contemplara la creación de un banco de tierras para urbanizaciones futuras, que amén de la expropiación considerara otros mecanismos, incluso menos onerosos, como las prescripciones adquisitivas de las propiedades, y que estuviera explícito el presupuesto que va a demandar la urbanización de estos barrios, para que esta norma no sea solo una ley de regularización dominial, sino también de integración sociourbana, tal como su título lo indica.

En la historia de la humanidad, cuando el hombre dejó de ser nómade y se estableció en un lugar, comenzó a valorar esa tierra como propia, cuidándola y mejorándola. Así se fue construyendo ciudadanía; en busca de mejorar un pequeño lugar, ese entusiasmo se trasladó al barrio, al municipio, a la provincia, a la Nación. Esto no se hizo ni se logra individualmente, sino en comunidad. Un lugar para vivir no es un privilegio, sino un derecho, y construye identidad.

Desde la ciencia política, la urbanización informal no es un asunto exclusivo de pobres sin vivienda: es, simultáneamente, una forma de reproducción urbana. Ha sido un modo de conquistar el anhelo de ser parte de la ciudad y también de reproducir el poder político. Podemos decir que las condiciones estructurales de desigualdad socioeconómica son las responsables directas de la permanencia de la informalidad en el acceso al suelo y a la vivienda. Esta ley viene a intentar corregir esas desigualdades.

El derecho de acceso legítimo a la tierra tiene impacto sobre el disfrute de otros derechos humanos, como lo son el derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo, a un medioambiente saludable y al desarrollo.

Por todo esto, para continuar velando por los legítimos derechos de la ciudadanía, mi voto será positivo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.

Sr. Ramón.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecerle a usted por haber asistido a la sesión a pesar de la pérdida que ha sufrido en su familia.

Es una persona que como líder de esta Cámara ha resuelto venir y ejercer su trabajo. Sirva esto de agradecimiento para usted.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señor diputado.

Sr. Ramón.- En relación con el proyecto de ley que estamos tratando, quiero decir que ya lleva mucho tiempo en la Cámara y fue tratado por los plenarios de las comisiones. Me ha tocado participar en ocasión de la visita de la señora ministra Stanley, y tuvimos la oportunidad de hacerle algunas consideraciones sobre las que teníamos dudas. La más importante es la relacionada con la compensación de las mejoras para aquellos ocupantes que hubieren hecho erogaciones en esos terrenos, que se tuvieran en cuenta. Esta modificación se hizo lugar en el artículo 11 del proyecto y nosotros celebramos que así fuera.

Según la mayoría de los expositores y de quien lo presentó, el proyecto permite cumplir con una de las metas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas en la denominada Declaración del Milenio, del año 2000. Se estableció que la pobreza urbana era un tema que había que tratar. De hecho, nuestra Argentina así lo hace, y en forma adelantada, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional lo establecía como una declaración, y esta ley será la primera herramienta que va a permitir hacerla operativa.

Considero que todos deberíamos celebrar que este proyecto pueda ser aprobado por la unanimidad del cuerpo. Hemos tenido un día en el que se aprobaron proyectos de ley de una importancia vital para el ciudadano común, porque transforman en políticas de Estado temas relacionados con los derechos de la mujer, como la violencia, y otras cuestiones que hoy se aprobaron por unanimidad.

Quiero hacer una indicación respecto del relevamiento que se tiene que hacer de los barrios populares. Hay un problema porque la información es incompleta, no obstante el gran trabajo que han hecho las organizaciones sociales y aquellos que han trabajado en las provincias a través del Renabap.

En la provincia de Mendoza, de los 4.200 barrios que fueron relevados, tan solo se identificaron doscientos diecisiete asentamientos, cuando en realidad superan los trescientos. En la provincia de Mendoza tenemos un serio problema, y es que muchos de estos asentamientos están ubicados en lugares donde en el futuro no habrá posibilidad de urbanizarlos para contar con un desarrollo.

Si bien no se previó en el proyecto, se debe considerar la posibilidad de la participación de cada una de las personas que viven en estos barrios populares, porque necesariamente –y no por un tema de una orden paternalista del Estado- muchas de esas familias se van a tener que reubicar en lugares distintos. De esta manera, si existe la participación de esos ciudadanos que viven en esos lugares, que necesariamente van a ser reubicados, se podrá establecer un parámetro de calidad para las personas que viven en esa situación.

Para el resto de los argumentos que uno debería expresar respecto de un proyecto de ley como el que está en tratamiento, voy a solicitar su inserción en el Diario de Sesiones a efectos de no extender la sesión y poder lograr la sanción de este proyecto por unanimidad. Insto a que todos los compañeros de la Cámara trabajemos en este sentido.

Sr. Presidente (Monzó).- Su discurso será insertado en el Diario de Sesiones, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado Contigiani, por Santa Fe.

Sr. Contigiani.- Señor presidente: como lo hice personalmente, le transmito un abrazo y un reconocimiento a su actitud.

Sr. Presidente (Monzó).- Muchas gracias, señor diputado.

Sr. Contigiani.- Vamos a acompañar esta iniciativa de regularización dominial y de integración sociourbana.

Considero que el contenido de esta iniciativa, que refleja muchos meses de trabajo de muchas organizaciones sociales y de diputadas y diputados que han invertido mucho estudio, es un avance, aunque no el ideal, en términos de derechos sociales, de derechos económicos y, especialmente, de inclusión.

Toda necesidad de declaración de utilidad pública, toda expropiación que afiance y fortalezca el bien común, siempre es bienvenida para la democracia en la Argentina.

Claramente el proyecto pone en agenda y en la política pública la integración sociourbana de los barrios populares de la Argentina. Crea un fideicomiso, un instrumento de financiamiento.

Quiero también agradecer al presidente de la comisión, al señor diputado Tonelli, y a los bloques que han intervenido en esta negociación, que han salvaguardado una preocupación que yo tenía en todo este debate, que era la cuestión federal y las jurisdicciones provinciales y municipales. Con el agregado en el artículo 10 ‑al que se llegó por consenso‑ se expresa claramente que la regulación de todos los proyectos que se establezcan a partir de esta ley deberá en forma previa contar con la participación, coordinación y acuerdo de las provincias y municipios involucrados, y obviamente también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para mí esto deja formalmente salvaguardados los derechos de las provincias. Muchas provincias ya venimos trabajando en este tipo de proyectos de urbanización e integración para llevar el Estado a los sectores más vulnerables, buscando un conjunto de finalidades educativas, culturales, de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, a partir de ensanchar la presencia de lo público, los derechos sociales y demás. Por ello veo todo esto como algo positivo, que le va a dar más legitimidad al proyecto.

Quiero hacer también algunas consideraciones políticas. En primer lugar, creo que este proyecto de integración sociourbana se puede ver como un fracaso del desarrollo de la Argentina, porque llegamos a estas situaciones emergentes ‑asentamientos, barrios populares, personas y familias con derechos sociales no concretados- luego de muchísimas décadas de migraciones internas, de grandes asentamientos urbanos, que denuncian la falta de valor agregado en origen, la falta de contención productiva, laboral y social en nuestras provincias, y ahora estamos abordando la situación emergente en los barrios populares. Eso es bueno, pero aun así se lo puede ver como un fracaso de la falta de una política de desarrollo.

Por eso quiero dejar sentado que, así como hemos encontrado un gran consenso y una unanimidad importante en este proyecto ‑y espero que así sea-, nos podemos comprometer en el futuro, a corto plazo, a encontrar un conjunto de políticas públicas que nos cambie la matriz productiva y pueda quebrar esa tendencia de la migración interna en la Argentina, y que pueda contener a nuestras familias en cada una de nuestras ciudades y pueblos del interior del país.

La segunda consideración política tiene que ver con el desarrollo rural, con el agregado de valor, con la inversión en infraestructura, educación y salud en el interior, con el federalismo, etcétera, vinculado con el interesante debate que hubo cuando discutimos el banco de alimentos, que también tiene que ver con la pobreza y con este tema.

Podemos decir que en la Argentina, hasta 1976, había un pueblo trabajador con mucha dignidad humana, fruto de la igualdad social que tenía aquel modelo de sustitución de importaciones, que algunos todavía hoy critican, por otra parte, equivocadamente. Pero era un pueblo trabajador con mucha dignidad humana, donde había autoridad de padre, de madre, donde había familia, un techo, un trabajo, una tierra; había una integración y una identidad cultural. En cierta manera podía haber pobreza, pero digna.

A 42 años de la llegada de la dictadura y a 35 años del retorno de la democracia, y como una deuda de la democracia, tenemos hoy otro tipo de pobreza; una pobreza que desborda la dignidad humana y pone a las personas en la indigencia y en la condición de no ser ni siquiera ciudadano, ni siquiera ser humano. Esta es una deuda de la democracia.

Por eso yo puedo acordar con algunos presidentes de bloque que con mucha honestidad han dicho que en la democracia hubo gobiernos que han tenido políticas de inclusión social ‑es cierto-, pero que en todo caso esas políticas de inclusión social, que comparto, no han podido resolver esta principal deuda de la pobreza estructural que tiene la democracia.

Es cierto que esa pobreza estructural empieza, a mi modo de entender, en ese gran quiebre que fue la política económica de la dictadura militar, la absolutización del mercado en las políticas neoliberales, el retiro del Estado, la corrupción estructural y muchos otros factores. También es cierto que en el medio hubo presidencias y gobiernos democráticos que han avanzado en derechos sociales. Pero todavía la pobreza estructural y la indigencia en la Argentina son una deuda de la democracia.

Por eso, este tipo de medidas va a necesitar de decisiones políticas. Estamos en un debate a la defensiva; no estamos haciendo ninguna revolución, ningún cambio social; estamos actuando en la emergencia. A veces la emergencia salva vidas, pero este tipo de herramientas o instrumentos va a necesitar de una gran decisión política. Ojalá que esta sea la oportunidad para que entre todos encaremos, a partir del cambio de modelo, otro tipo de matriz productiva y de federalismo, con la posibilidad de resolver esta deuda principal que tiene la democracia con respecto a la pobreza.

Ya lo dijo el doctor Alfonsín en este recinto: “No pudimos, no supimos, no nos dejaron”. Ojalá que nos dejen, para que la democracia pueda resolver esta principal deuda que tiene, que es la pobreza estructural. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Con la disertación del diputado Contigiani terminamos las intervenciones de los bloques. Comenzamos con las intervenciones individuales.

Tiene la palabra el señor diputado Monfort, por Entre Ríos.

Sr. Monfort.- Señor presidente: nos encontramos debatiendo hoy un proyecto que viene a marcar un momento importante en nuestro país. Ya se ha dicho en reiteradas oportunidades que la aprobación de este proyecto significa comenzar a saldar una deuda histórica con los sectores más vulnerables y más postergados de la Argentina, y creo que efectivamente es así.

Poner este proyecto en discusión implica, en primer lugar, visibilizar la grave situación de precariedad habitacional en la que viven hoy más de 3,5 millones de personas en todo el país, 850.000 familias distribuidas en más de 4.200 barrios y asentamientos populares a lo largo y ancho de nuestro territorio.

En ese sentido, es también reconocer la importancia que adquieren los territorios en términos individuales y colectivos. Los territorios expresan cosas. Pueden expresar desarrollo cuando han sido planificados y poseen condiciones para la vida digna, cuando permiten generar oportunidades de empleo, crecimiento e inclusión. O pueden expresar fracasos cuando son espacios desarticulados, marginales, carentes de recursos mínimos para una vida digna.

Este fracaso ‑durante muchos años a esta parte‑ es de todos y, especialmente, del Estado, porque no ha sido capaz de evitar la profunda fragmentación social, contener a la población en sus lugares de origen, evitar la superpoblación de las grandes ciudades, planificar la distribución territorial y dotar de infraestructura al conjunto de los ciudadanos.

Nos encontramos hoy con ciudades cuya población tiene acceso diferencial a los beneficios del desarrollo. Vemos en muchos casos, de manera obscena, cómo una calle o avenida divide una misma ciudad entre un sector desarrollado y otro sumido en la más profunda marginalidad, donde las condiciones de vida para miles de familias nos resultan inimaginables.

Todos sabemos que la pobreza no se expresa solo en los ingresos. La pobreza se expresa en la carencia de condiciones para ser ciudadanos plenos, y este proyecto representa para miles un punto de partida en ese sentido.

Es de destacar el trabajo que ha significado la realización de este relevamiento. Este trabajo ha sido clave para poder contar con información fehaciente de quiénes viven en los asentamientos, de qué y cómo viven, cuántas familias son y cuántos son los barrios populares. Sin esa información sería imposible comenzar a dar respuestas.

El segundo paso significativo es este proyecto de ley, que debe ser entendido, precisamente, como esa posibilidad de ofrecer desde el Estado a estos sectores de la población que hoy están excluidos reglas más claras de aquí en adelante. Poder acceder a un certificado de vivienda significa seguridad habitacional, pero sobre todo la posibilidad de comenzar a ser parte de un sistema social, tener servicios básicos, contar con un domicilio postal, ejercer derechos y ser ciudadanos.

Es el punto de partida para comenzar a cumplir con los preceptos constitucionales de acceso a la vivienda digna y a los derechos sociales, culturales, económicos y ambientales consagrados por la Constitución Nacional. Y en especial, para el casi 50 por ciento de niños y jóvenes de hasta veinte años que forman parte del universo de familias que viven en los barrios populares relevados, es la posibilidad de un futuro diferente al de sus padres y abuelos.

Claramente el proyecto no puede quedarse solo en la expropiación y el otorgamiento de certificados de vivienda, sino que deberá asumirse un verdadero compromiso para avanzar con las obras que permitan de manera efectiva la mejora de las condiciones de vida mediante la provisión de los servicios de agua corriente, de cloacas y de energía eléctrica, como así también espacios públicos y calles, que deberán formar parte necesaria de las obras de infraestructura en cada uno de estos barrios populares.

Quienes hemos tenido responsabilidad de gestión en nuestras ciudades sabemos la importancia que adquiere la obra pública. Esta última es una herramienta con la que se lidera un proceso social y que desencadena un proceso de crecimiento donde el único beneficiario no es el usuario directo de esa obra, sino el conjunto de la población, en la medida en que contar con una ciudad integrada repercute en la convivencia armónica, la seguridad, la generación de oportunidades y el desarrollo colectivo.

Este proceso, como está planteado en el texto del proyecto de ley, incluye a las propias familias de los barrios populares para que puedan encontrar también allí una oportunidad de trabajo en la ejecución de las obras complementarias.

Quiero hacer hincapié en lo que este proyecto va a representar en Entre Ríos, mi provincia, donde se han relevado 169 barrios populares. La mayor parte de esa tarea se hizo en las ciudades más populosas, como Paraná y Concordia. Pero también se llevó a cabo en ciudades medianas y chicas. En todas ellas este proyecto de ley va a representar la oportunidad de comenzar a solucionar un problema que muchas veces los intendentes nos vemos impedidos de resolver y que, como decía, condicionan las posibilidades de desarrollo integral de nuestras ciudades.

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia informa al señor diputado que ha finalizado el tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra, por lo que le solicita que redondee su exposición.

Sr. Monfort.- Voy a insertar en el Diario de Sesiones el resto de mi exposición, señor presidente.

Para finalizar, quiero señalar que ese país del mañana al que todos aspiramos se construye hoy y parte de enfrentarnos a las condiciones presentes, sin esconderlas, poniendo los problemas y las soluciones sobre la mesa.

De todas las condiciones con las que nos enfrentamos, esta es, sin dudas, la más urgente. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Villa, por Buenos Aires.

Sra. Villa.- Señor presidente: en reiteradas oportunidades en el Congreso Nacional nos enfrentamos a temas que, por su contenido, nos sitúan en posiciones antagónicas. En otras ocasiones contamos con la posibilidad de cruzarnos con proyectos que por ser tan justos y decididamente necesarios nos ubican en una postura de coincidencia casi absoluta. Sin lugar a duda, el proyecto en tratamiento podemos ubicarlo en esa segunda categoría.

Todos nosotros hablamos permanentemente de justicia social, de derechos concretos y de la importancia de subsanar inequidades. Hoy tenemos la posibilidad de trabajar juntos en esta tarea de reparación social, comenzando a saldar esa deuda pendiente que tenemos con aquellos hombres y mujeres que viven en barrios populares o asentamientos.

Cuando hablo de deuda no me refiero solamente a la ausencia de infraestructura en materia de servicios en la que deben vivir, sino también a la imposibilidad de obtener los títulos de las viviendas. Sin lugar a duda, estas últimas son precarias e incómodas, pero son suyas. La imposibilidad de obtener los títulos de propiedad correspondientes expresa únicamente un acto de injusticia hacia ellos.

Resulta suficientemente claro que nosotros, como representantes del Estado, debemos atender otras cuestiones para dotar de dignidad ese derecho a la vivienda. En este sentido, tenemos que trabajar en lo relativo a la infraestructura, a una red de contención sanitaria y a los demás servicios que el Estado debe suministrar.

Al respecto, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina ha informado que en 2017 el 30 por ciento de los hogares de nuestro país y el 50 por ciento de los hogares del conurbano carecían de servicios públicos esenciales.

También informó que durante ese año se registró una evolución favorable, aunque claramente eso no ha alcanzado. De todos modos, lo que este informe nos indica es el arduo trabajo que tenemos por delante, a fin de que después podamos sentarnos a hablar de dignidad.

Hoy recién estamos dando un primer paso, brindando seguridad jurídica sin dañar el derecho de propiedad de nadie.

En anteriores oportunidades también se buscó este objetivo de regularizar la situación dominial. Esto ocurrió en su momento con la denominada ley Pierri; antes de eso, pasó lo mismo con las leyes de Pampuro, de Aramouni y de Cafiero.

Lo que en ese momento no se previó, y ahora sí se lo está haciendo, fue el cuidado de los intereses legítimos de los titulares de las tierras.

Lo único que pretendo es que la ley que se sancione a partir de este proyecto no corra la misma suerte que los anteriores, es decir, que no llegue a implementarse en la mayoría de las jurisdicciones. Si la ley llega a buen puerto, no solo se estará brindando seguridad jurídica a esos hombres y mujeres, sino también herramientas y certeza en el sentido de que cada ladrillo que pongan en sus casas y cada obra que hagan en sus viviendas no les generará una pérdida, sino que será una inversión para su futuro.

¿Saben lo que les estamos dando a esos hombres y mujeres? Lo que decía el general: la posibilidad certera de ser artífices de sus propios destinos.

Me da mucha alegría que tengamos un punto de encuentro en lo relativo a este proyecto de ley, porque independientemente de que se encuentra en danza otro dictamen, la mayoría de nosotros coincidimos en cuanto a la importancia de brindar seguridad jurídica a esos hombres y mujeres.

Esto me pone muy contenta porque es el tipo de iniciativas que están asentadas en uno de los pilares fundamentales de la política, que es el de la sensibilidad. Es el tipo de proyectos que confieren contenido real a la justicia social. Para que esta última se sienta viva y comience a vibrar, no solamente debemos escuchar las demandas del pueblo, sino que además tenemos que entenderlas y brindar soluciones a los problemas que afectan a los sectores más vulnerables. Eso es lo que estamos haciendo hoy al debatir este proyecto en esta Honorable Cámara.

Por eso, además de sentir alegría, me parece importante que estemos contentos por enviar un mensaje distinto a nuestro pueblo. Es bueno saber que muchos van a dejar de vivir como pueden para empezar a hacerlo como se merecen. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Horne, por Río Negro.

Sra. Horne.- Señor presidente: en primer término, deseo expresarle mi acompañamiento por el momento que está atravesando y mis respetos por su presencia hoy aquí.

Sr. Presidente (Monzó).- Muchas gracias, señora diputada.

Sra. Horne.- En segundo lugar, en rigor de verdad pensaba decir una gran cantidad de cosas, pero el señor presidente de mi bloque ya lo ha hecho con una gran sencillez, claridad y fuerza, exponiendo en este recinto la historia de los barrios populares y la necesidad que tenemos de brindar una respuesta a esa problemática.

En realidad, estoy mirando desde aquí a las organizaciones, a los representantes de los movimientos, a los compañeros y las compañeras de la CTEP, del Movimiento Popular La Dignidad, La Poderosa”, el Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie, el Movimiento Evita y muchas organizaciones que, aun habiendo resuelto su situación en su lugar, en su territorio, en su barrio, se han sumado a esta tarea que significó generar las condiciones para que hoy estemos aquí.

Hago esta mención porque hay un barrio, por ejemplo, que es muy emblemático en Cipolletti donde los compañeros de La Dignidad ya habían conseguido su expropiación. Años y años la estuvieron peleando y ya la habían conseguido, pero, sin embargo, se sumaron a este desafío del relevamiento. Hablo del desafío porque no era sencillamente sumarse a una tarea, a un programa, a un plan, sino empezar a confiar en que la construcción que iban a hacer podía llevar a dar una respuesta concreta de verdad. Y así fue: estuvieron relevando, primero, con algunas dificultades y luego, en forma muy organizada, y cuando empezaron a ver los resultados creo que eso los acicateó y se consolidó el esfuerzo.

Así vino el primer resultado: el certificado de vivienda familiar, que peyorativamente muchos han dicho que no significaba nada, pero en realidad es muchísimo para aquellas familias que han estado durante años viviendo la zozobra del desconocimiento, del ninguneo, de no poder reclamar un servicio, una ambulancia, un carro de bomberos, un camión recolector.

Ese certificado de vivienda fue un elemento que consolidó la tarea de los propios relevadores en contacto con su barrio, y empiezo desde aquí porque en realidad hoy estamos acá porque hubo miles de hombres y mujeres argentinos que marcharon infinidad de veces reclamando tierra, techo y trabajo.

No es que esto empezó hace diez días o la semana pasada. Se trata de una lucha que viene de larga data, pero que ahora se pudo sistematizar logrando la unidad de los movimientos populares en la calle. De esta manera, han llegado con una gran marcha federal a este recinto penetrando estas anchas paredes del Congreso. Ellos han construido la oportunidad.

Si bien hay una decisión de todos los bloques de no estar afuera de este gran logro, se han planteado algunas dudas en los debates previos, que sería bueno aclararlas. Una de ellas es que este proyecto no resuelve integralmente las necesidades socioambientales, sociocomunitarias y de la vivienda. Esto es absolutamente cierto.

Ahora, muchas veces plantear la integralidad de un problema nos impide dar el primer paso, pero el acceso a la tierra constituye el primer paso y hace décadas que se está reclamando, aunque nunca se dio. Ahora estamos dando ese primer pequeño gran paso: regularizar los barrios y las ocupaciones existentes, reconocerlos y regularizarlos.

Seguramente, van a venir otras luchas –y vamos a darles continuidad- porque hay que mejorar esas viviendas y garantizar su infraestructura.

También se ha planteado en este recinto por qué se ha recurrido a la expropiación si es que existen otras formas. ¡Claro que hay otras formas! Yo me pregunto por qué no se han desarrollado esas otras formas. En algunos casos sí se han desarrollado, como muchos de los barrios que han resuelto gran parte de su problema por usucapión, por prescripción administrativa o por compensación de deudas. Por supuesto que hay otras formas, pero la expropiación es el mecanismo más rápido, exige menos elementos probatorios y es el más concreto.

Creo que se ha dado lugar a todos los planteos que correctamente han hecho las provincias. Se han planteado los convenios necesarios y la coparticipación en cuanto a los aportes en la infraestructura que va a hacer falta.

Es bueno decir que aquella provincia que quiera desarrollar este mismo programa también puede hacerlo. Nadie impide que pueda avanzar en una expropiación como lo han hecho muchas provincias, como la que yo represento, donde hemos expropiado muchas veces y hemos generado condiciones de acceso a la tierra.

Finalmente, quisiera pedir a todos los bloques que esta norma se apruebe por unanimidad y que hoy podamos irnos con la sanción de Diputados y con la alegría de haber trabajado para solucionar un problema que es realmente acuciante para nuestro pueblo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Recuerdo a los señores diputados que antes de que termine la sesión vamos a votar la incorporación de las inserciones solicitadas en el Diario de Sesiones.

Tiene la palabra el señor diputado Incicco, por Santa Fe.

Sr. Incicco.- Señor presidente: nuestro gobierno se ha impuesto una meta central en su gestión, que es la reducción de la pobreza estructural que viene azotando a nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Así lo venimos haciendo con la implementación de políticas públicas efectivas que tienden a poner al Estado más cerca de los más vulnerables, de quienes más lo necesitan.

En ese sentido, hoy estamos encarando este proyecto de integración sociourbana y regularización dominial, que es el más ambicioso en su especie de la historia de la Argentina. Lo venimos trabajando en conjunto con las organizaciones sociales y con organismos de la sociedad civil.

Así se empezó en 2016 cuando se llevó a cabo el relevamiento en todos los barrios populares en el país. Esto dio como resultado la cristalización que se hizo en el Renabap hacia mediados del año pasado, que dio cuenta de la existencia al día de hoy de más de 4.200 barrios populares en los cuales viven más de 800.000 familias en situaciones de precariedad habitacional, lo que representa más de 3.500.000 de personas.

La sumatoria de la superficie de los barrios populares asciende a 415 kilómetros cuadrados, y duplica ‑más que duplica‑ la superficie de cobertura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estamos emprendiendo este proyecto en el convencimiento de que estamos dando cumplimiento con la manda que surge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en cuanto garantiza el acceso a una vivienda digna.

Sabemos también que la precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de los habitantes de los barrios populares, limitándoles el acceso a la infraestructura y a servicios básicos y esenciales. De esa manera, se genera más pobreza, más fragmentación social y más marginación.

Entendemos que dar soluciones habitacionales constituye uno de los pilares fundamentales para la erradicación eficiente de la pobreza, y eso requiere necesariamente de una intervención inmediata del Estado que es, en definitiva, lo que pretendemos con este proyecto.

Reconocemos también que el proceso de integración urbana es indispensable para la superación de situaciones de segregación y que propende a la inclusión de las personas en la ampliación de sus niveles de ciudadanía, siempre respetando sus idiosincrasias y garantizando también una urbanidad plena de derechos. La tarea de integración urbana que pensamos, proponemos y estamos proyectando debe tener una muy aceitada coordinación, un trabajo en conjunto y de común acuerdo con los tres niveles del gobierno: Nación, provincias y municipios. Son ellos quienes -insisto- de común acuerdo deben definir las soluciones urbanísticas necesarias para llevar adelante este proyecto.

Por eso expresamente en los artículos 8° y 10 se prevé la celebración de acuerdos entre el Ministerio de Desarrollo Social ‑o, en su caso, la Agencia de Administración de Bienes del Estado‑ y las provincias y municipios para la implementación concreta del régimen que estamos generando.

En 1948, mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU reconoció el acceso a la vivienda digna como un derecho humano universal. Más acá en el tiempo, en el año 2000, a través de la resolución denominada Declaración del Milenio, la misma Asamblea General de la ONU señaló a la pobreza urbana como una de las metas a superar, y todos los Estados parte -entre ellos, obviamente la Argentina‑ se comprometieron a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios marginales. Ahora estamos yendo en ese sentido, después de tanto tiempo.

Con esta norma declararemos de interés público el régimen de integración sociourbana de los barrios populares identificados en el Renabap. Para que eso resulte verdaderamente eficaz, también estamos declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles relevados. La urgencia de este tema determina que debamos proceder de inmediato con las expropiaciones, y se propone también suspender por cuatro años los desalojos que pudieran estar en trámite al momento de la entrada en vigor de la norma.

En mi provincia, Santa Fe, se relevaron 333 barrios populares, entre los cuales 178 se encuentran en la zona de Rosario. Desde aquí, con humildad, pero también con mucha firmeza, pido a las autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe, de la municipalidad de Rosario y de las principales municipalidades de las ciudades de la provincia que, una vez que esta iniciativa fundamental se sancione y sea promulgada, comiencen a trabajar codo a codo con la Nación y aúnen esfuerzos para que miles de habitantes de la provincia de Santa Fe puedan acceder a una vivienda digna y tener servicios básicos esenciales.

Para concluir, hace algunas horas, al inicio de esta sesión, se rindieron sendos homenajes a los expresidentes Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, que sin duda fueron -como se dijo en reiteradas oportunidades- grandes artífices de muchísimas conquistas sociales. El proyecto que estamos impulsando va en el mismo sentido.

Pido a todos que nos acompañen, porque estamos generando más derechos. Estamos realizando y haciendo efectivas nuevas conquistas sociales. Desde ya, mi voto será positivo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Derna, por Misiones.

Sra. Derna.- Señor presidente: considerando el proyecto de ley que estamos tratando y cómo han manifestado varios de mis colegas, pongo en valor todas las acciones realizadas por los diferentes actores para llegar a este momento.

También comparto las modificaciones planteadas por el dictamen en disidencia parcial, que tienen como finalidad dotar de más eficacia, eficiencia y federalismo a esta norma, considerando no solo el derecho a una vivienda digna sino, mucho más allá, buscando que todos los argentinos puedan tener una vida más digna.

Sin dudas, pretendemos mejorar la calidad de vida de cada argentino, y esta iniciativa debe ser una herramienta adecuada para la identificación de estos problemas y la priorización de soluciones alternativas. Este es un proyecto que genera muchas esperanzas e ilusiones en todas estas familias que fueron relevadas. Por ello pido a todos que seamos realmente responsables a la hora de reglamentarla, implementarla y dotarla con los recursos necesarios.

No queremos normas con letras muertas, como decía mi compañero de Catamarca. Esta norma moviliza sentimientos profundos como, por ejemplo, los de una mamá que lucha por ese sueño de dejar un bien a sus hijos. Seguramente ustedes entienden muy bien lo que estoy diciendo. El compromiso debe ser de todos y respetando las jurisdicciones locales.

En la provincia de Misiones venimos realizando una tarea enorme, con esfuerzo de los misioneros, regularizando miles y miles de ocupaciones de tierras por parte de las familias misioneras. Hemos entregado más de 16.000 títulos y permisos de ocupación en menos de 18 meses, desde la implementación del programa Mi Título. Permítanme decirles que no hay nada más reconfortante que ver felices a esas familias cuando se los entregamos. La posibilidad de entregar estos 16.000 títulos no se logró de un día para el otro, sino que fue la respuesta a una política pública que en la provincia de Misiones venimos llevando desde hace muchos años, sobre todo desde 2003, con el gobierno del Frente Renovador de la Concordia Social.

Pido a todos que seamos parte de los sueños cumplidos de los argentinos. Pido a todos que seamos parte de un proceso cierto del cual cada familia que fue relevada pueda adquirir un derecho. No seamos parte de la desesperanza del pueblo argentino. Tenemos la obligación de hacer cada día un poco más felices a estas familias, brindándoles una mejor calidad de vida. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Allende, por San Juan.

Sr. Allende.- Señor presidente: cuando tuvimos conocimiento acerca del trabajo realizado para llegar a esta norma, nos pareció muy acertado.

Quiero comentar las experiencias en la provincia de San Juan, donde venimos trabajando desde hace más de ocho años. En mi provincia se han erradicado 95 villas y se han adjudicado más de 7.000 viviendas. Son más de 30.000 los sanjuaninos que se han visto beneficiados con esta decisión del gobierno provincial.

Esta norma es un gran desafío para todos. No será fácil la coordinación, y creo que aquí hay que poner de manifiesto la predisposición que deben tener tanto los organismos del gobierno nacional, provincial o municipal como los propios vecinos.

El Comité Ejecutivo que se crea a través de esta norma es lo más federal. Estará integrado por el presidente, que será la autoridad de aplicación, un representante de cada provincia y un intendente representando a la Federación Argentina de Municipios, y tendrá la gran responsabilidad de coordinar esta tarea, que no será fácil.

En San Juan contamos con experiencia como para realizar esta tarea, pero nos vamos a encontrar con que habrá que hacer modificaciones en muchos municipios. En el caso de nuestra provincia, en 9 de Julio, por ser un departamento rural, tenemos legislación que establece qué cantidad de metros debe tener cada lote. Seguramente en estos más de 3.000 municipios en los que se han hecho los relevamientos nos encontraremos con situaciones complejas que ameritarán mucho trabajo que habrá que consensuar.

Debemos tener cuidado con lo que se dice. He escuchado a diputados hablar de viviendas dignas. Aquí estamos tratando una norma que regularizará el estado dominial; luego vendrán las urbanizaciones. Por eso debemos tener cuidado con las expectativas que se pueden generar.

Aquí estamos tratando de blanquear la situación de estos más de 4.000 barrios populares en todo el país. Esto no va a suceder de la noche a la mañana; por eso digo que va a ser fundamental el trabajo de este consejo ejecutivo.

Relataré una historia personal. Durante ocho años fui intendente de un departamento de 10.000 habitantes y sé la alegría que significa para un funcionario otorgar una escritura, así como la alegría que siente el vecino que la recibe. Durante mi gestión entregué más de 1.200 lotes urbanizados y más de 900 escrituras. Desde el municipio ayudamos con materiales para construir viviendas y el vecino puso su propio esfuerzo.

Por lo expuesto, votaré afirmativamente este proyecto a fin de dar una muestra de que los distintos gobiernos podemos ponernos de acuerdo, más allá de las diferencias.

Creo que la tarea del consejo ejecutivo será fundamental para que se puedan cumplir los sueños de millones de argentinos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Zamarbide, por Mendoza.

Sr. Zamarbide.- Señor presidente: se lo dije en privado y se lo repito ahora en público: valoramos mucho su presencia en este momento de dolor y reconocemos su vocación de servicio.

Sr. Presidente (Monzó).- Le agradezco, señor diputado.

Sr. Zamarbide.- Señor presidente: estamos discutiendo una medida que es trascendente no solo para los beneficiarios directos, sino para toda la sociedad. Creo que esta integración urbana de barrios populares y la regularización dominial conducen, ante todo, a elevar la dignidad de millones de argentinos y de miles de familias vecinas de cada una de las localidades de las cuales venimos los señores diputados.

El traslado de recursos económicos que implica una escritura va mucho más allá de una transferencia de riquezas, involucra una mejora en la calidad de vida, en la seguridad de los barrios, en el acceso a los servicios de educación, de salud, de recolección de residuos. Hoy millones de argentinos están totalmente excluidos de los servicios públicos básicos.

Solicito que hagamos un ejercicio y pensemos qué podría pasar si esta ley no se aprobara, si este proyecto no se votara afirmativamente y mantuviéramos el statu quo. Millones de argentinos van a seguir viviendo en la misma condición, lo cual no implica que los propietarios legales de algunos terrenos que están ocupados puedan disponer de ellos. Entonces, al mantenerse la situación tal como está, lo único que tenemos que hacer es continuar con la misma situación de pobreza y de marginalidad y con terrenos que serán ocupados por 20, 30 o 50 años. De manera tal que si buscamos resultados distintos no tenemos que hacer siempre lo mismo.

Estamos ante una enorme oportunidad de dotar de servicios públicos y de dignidad a millones de conciudadanos. Considero que esta articulación entre Nación, provincias, municipios y propietarios va a ser clave para el éxito concreto de esta ley.

Quiero destacar algo muy concreto sobre el artículo 7° del proyecto. En él se establece una contraprestación a cargo de los beneficiarios directos y también se valora el hecho de que el 25 por ciento de las obras en los barrios populares deben ser ejecutadas por las organizaciones de las cooperativas de trabajo. De este modo, no le damos lugar al curro de muchas empresas contratistas del Estado, ya que deben contratar a los vecinos que allí viven para hacer las obras en el barrio. En consecuencia, esto también constituye un paso adelante.

Me comprometí a hablar dos minutos y voy a cumplir. Considero que la planificación de las ciudades no puede desconocer la realidad local que hoy tenemos en las ciudades argentinas. Este proyecto beneficia no solo a quienes viven en los barrios, sino también a los vecinos. La planificación urbana tiene que integrar a los vecinos de distintos barrios y no marginarlos.

Después de muchos años me alegra poder volver, llevando una propuesta concreta, a la isla del río Diamante, al barrio El Molino ‑de mi zona- y a más de 200 barrios de la provincia de Mendoza que han sido relevados.

Quiero felicitar a las organizaciones sociales que han hecho los relevamientos y este trabajo en conjunto con el gobierno. Está demostrado que la urbanización reduce la inseguridad y la tasa de embarazos adolescentes, que mejora la escolaridad y un largo etcétera, que es también parte de un extenso camino.

Seguramente que falta mucho; es cierto que las escrituras no van a estar mañana en las manos de la gente, pero como lo importante para llegar al final de la escalera es subir el primer escalón, creo que hoy estamos dando un gran paso para conseguir una mejor justicia social en la Argentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Pretto, por Córdoba, que comparte el tiempo destinado a su exposición con la señora diputada Hummel.

Sr. Pretto.- Señor presidente: estamos en presencia de una ley muy importante, pero para no repetir lo que ya se ha dicho en extenso quiero rescatar algunas particularidades del proyecto.

En primer lugar, me referiré a la decisión política, que creo que es lo más importante que podemos destacar. Estoy hablando de la decisión política tomada por el presidente Macri y por la ministra Stanley, porque a partir de la definición de barrio popular, que se había impuesto por el decreto 2.670/2015, se decidió crear el Registro Nacional de Barrios Populares.

El registro de barrios populares, obviamente, pone en evidencia un compromiso para con miles de familias que esperan una integración social, tal como se merece todo ciudadano.

Quiero destacar este punto porque me parece muy importante. La integración, del modo en que está planteada, con la participación de la Nación, las provincias y los municipios ‑bien federal- es una herramienta trascendente. No es la solución en sí misma; hay que empezar a trabajar para integrarlos y terminar con esta sociedad dual a la que, lamentablemente, estamos acostumbrándonos para contar con una integración definitiva.

Por otra parte, el artículo 12 del proyecto contribuye no solo con la política pública, sino con la construcción de ciudadanía. En él se establece que, como mínimo, el 25 por ciento de las obras de infraestructura a realizarse sean llevadas adelante por las cooperativas de trabajo de las organizaciones que pertenezcan a esos lugares. Esto es lo que realmente dignifica, además de la vivienda y de los servicios esenciales ‑me refiero al trabajo formal en blanco y con sentido de pertenencia a fin de poder construir la infraestructura del propio barrio-. Considero que esta situación va a terminar de construir la ciudadanía, que constituye una gran deuda que tenemos con todas estas familias.

En consecuencia, felicito la decisión de este gobierno y de todos los bloques que han hecho su aporte para que este proyecto sea aprobado. Esta norma será la herramienta que saldará una vieja deuda. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Hummel, por Santa Fe.

Sra. Hummel.- Señor presidente: esta ley constituye un paso más en la política inclusiva que el gobierno nacional inició con el relevamiento de barrios populares en el año 2016 y que quedó plasmada como punto de partida en el Renabap. Ante la dimensión del problema, nuestro presidente, Mauricio Macri, decidió otorgarle un lugar central en la agenda pública.

Se trata de 4.228 barrios populares en todo el país, de los cuales 333 están radicados en mi provincia, Santa Fe. Allí viven 3.500.000 personas agrupadas en 800.000 familias en situación de absoluta precariedad habitacional y jurídica, sin acceso a los más elementales servicios públicos, agua corriente, cloaca, energía eléctrica, gas natural, todos de primera necesidad. Son asentamientos de ocupación irregular, la mayoría de las veces con alto nivel de hacinamiento, con traza irregular, verdaderos laberintos que impiden el acceso a los no residentes, incluso, a las ambulancias, a los policías, a los medios de transporte urbanos, a los bomberos. Constituyen una grieta en la trama urbana y social de las ciudades, que los segregan y estigmatizan. Por eso celebro la decisión política de integrar a los barrios urbanística y socialmente.

Este proyecto necesita del esfuerzo de todos. No tiene ni debe tener signo partidario porque la organización catastral e integración de los barrios populares trasciende un mandato de gobierno. Aquí hablamos de ponernos la camiseta de nuestro país, de la inclusión, de la unión de los argentinos y de la dignidad del ser humano.

Felizmente así lo demostró el debate en comisión, que gracias al consenso posibilitó la incorporación de iniciativas de distintos bloques legislativos, logrando enriquecer el proyecto original.

Se encomienda al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el programa de integración urbana para determinar, en conjunto con cada una de las jurisdicciones locales, el plan de obras de infraestructura necesario para cumplir los objetivos del proyecto.

Sabemos que el otorgamiento de una escritura a sus ocupantes no será suficiente para terminar con el flagelo de vivir en la marginación. Habrá que mejorar sus viviendas, dotarlas de infraestructura de servicios urbanos básicos, realizar aperturas de calles y pavimentación, garantizar la accesibilidad del transporte público, mejorar la iluminación y realizar obras de saneamiento ambiental.

Por último, entre los cuantiosos datos que surgieron del relevamiento, la mayoría de ellos negativos a raíz de la vulnerabilidad social de sus habitantes, quiero destacar uno por su importancia y por la esperanza que encierra. El 64 por ciento de los hogares censados en barrios populares de Santa Fe está a cargo de mujeres, la mayoría trabajadoras no formalizadas.

Sr. Presidente (Monzó).- Vaya concluyendo, por favor, señora diputada.

Sra. Hummel.- Sí, señor presidente. Abuelas abnegadas que diariamente salen a ganar el sustento familiar.

Sea, entonces, mi voto afirmativo para este proyecto, para que se haga realidad la letra de nuestra Constitución Nacional cuando dice que el Estado otorgará el acceso a una vivienda digna. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Flores, por Buenos Aires.

Sr. Flores (H.).- Señor presidente: permítame acompañarlo en estas horas de dolor. Admiro su vocación de servicio, como muchos lo han resaltado.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señor diputado.

Sr. Flores (H.).- Creo que hablar de este proyecto implica tratar de cerrar una deuda que tiene la democracia para con más de 3 millones de personas, que viven en condiciones realmente increíbles.

Esa situación no es fruto de una, sino de varias crisis recurrentes que ha tenido nuestro país y que han llevado a millones de hermanos a vivir como se puede.

Este proyecto ha liberado fuerzas como para que organizaciones sociales que están absolutamente en las antípodas del gobierno de Cambiemos se hayan juntado para poder registrar a todos los barrios que hoy figuran en este Registro Nacional de Barrios Populares. Me parece que se trata de un hecho cultural muy importante, que nos coloca en la responsabilidad de que sea una política de Estado, porque este problema no la va a solucionar una administración, sino que será parte de un proceso más largo a tener en cuenta.

Quiero comentar a los señores diputados algunas dudas que se me habían planteado acerca de cómo salir de esta situación y por qué en algún caso no hemos podido avanzar, a pesar de tener en claro que esta gente vivía muy mal.

Según datos de la organización Techo, el 93 por ciento de la población de estos lugares irregulares no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente; el 98 por ciento, con acceso formal a la red cloacal; el 70 por ciento, con acceso formal a la red de energía eléctrica; el 98 por ciento, con acceso formal a la red de gas natural y el 30 por ciento se calefacciona con energía eléctrica.

Estos datos certeros son categóricos acerca de cuáles son las condiciones de vida de nuestros hermanos que viven en estos lugares y que con este proyecto, de alguna manera, venimos a tratar de mitigar.

Al analizar más profundamente estas cuestiones, ya que teníamos la posibilidad de hacerlo, he encontrado algunos datos al menos curiosos a los que deberíamos dar alguna explicación, cosa que intentaré hacer en el corto tiempo del que dispongo.

Estos asentamientos vienen creciendo desde hace mucho tiempo, y es en los momentos de crisis cuando más lo hacen. Por ejemplo, en el año 2000 se establecieron 508 asentamientos en todo el país. En los años siguientes esta cifra, más o menos, se mantuvo, subiendo el número a 26, 49, 28, 70, hasta que en 2010 se establecieron 204 asentamientos; en 2011, 120; en 2012, 120; en 2013, 108; en 2014, 88; en 2015, 49, y en 2016, 24. Es decir que se trata de un proceso que se viene dando.

¿Por qué no se puede resolver este problema? Me parece que en estos barrios la gente tiene la posibilidad de construir un proceso de relación social absolutamente distinto del que tenemos la mayoría de los habitantes de la Nación argentina. Es un proceso donde no está presente la ley, y como no está la ley, no hay derechos. Por lo tanto, la gente se acostumbra a vivir allí. Esa comunidad sin ley muchas veces es aprovechada por punteros inescrupulosos. Sin embargo, también las organizaciones sociales, la Iglesia, etcétera, hacen que eso se siga manteniendo. Y si eso se mantiene, es muy probable que los conurbanos nunca cambien.

Me parece que esta es una oportunidad inédita para empezar a cambiar la cultura de estos barrios sin ley y para que el Estado intervenga allí. Por eso considero muy importante el proyecto de los señores diputados Negri, Carrió y Massot, que dice que deben intervenir las tres escalas del Estado. El Estado debe mostrarse y debe quedar en claro que no es alguien que viene a dar algo, sino que es un derecho de los habitantes.

Creo que esta es una gran oportunidad. Ojalá podamos aprobar este proyecto para que estos hermanos que sufrieron mucho, generación tras generación, hoy tengan la oportunidad de salir de esta situación de pobreza. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado López Köenig, por el Neuquén.

Sr. López Köenig.- Señor presidente: voy a ser muy breve. Se ha dicho mucho sobre las bondades de esta iniciativa, que, obviamente, compartimos. No quiero repetir los mismos argumentos que han vertido otros señores diputados, pero sí quiero destacar un aspecto de este proyecto que me parece básico, que es el principio que sustenta por qué lo estamos llevando adelante.

Este proyecto nos demuestra que el título de propiedad, que supone dar a la persona un derecho por ocupar la tierra, genera progreso. Esta es la mejor herramienta para derrotar la pobreza. Lo digo porque en muchas provincias argentinas existe la cultura contraria a este concepto en el que hoy estamos avanzando a nivel nacional.

Hace poco escribí una nota para el diario Río Negro, que se lee en mi provincia, el Neuquén, donde planteo la necesidad de que la provincia avance en la entrega de títulos de propiedad a miles de neuquinos que viven sin ese derecho. En el Neuquén muchas veces desde el Estado se realizan loteos. Si bien se brinda a la gente la posibilidad de construir su vivienda, no se le otorga el título. Se da una tenencia precaria o algún instrumento no suficiente, y eso genera retraso. También hay familias que desde hace muchísimos años viven y trabajan en los campos fiscales de la provincia del Neuquén y no tienen acceso al título o a la tierra.

Esta ha sido una cultura permanente que en mi provincia ha generado mucho retraso, abusos y una situación de semiesclavitud política, porque muchas veces la persona que vive en algún pueblo que ha recibido una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda no accede al título de propiedad y siempre depende de algún funcionario de turno que le va prometiendo como una zanahoria durante décadas. Cuando una pareja se divorcia, la falta del título de propiedad genera un conflicto. Cuando existe necesidad de inversión, no se puede garantizar el crédito a través de una hipoteca, y cuando hay interés de un comprador, no se puede vender.

Por eso pienso que es clave rescatar el principio de que el derecho de propiedad genera progreso e igualdad de oportunidades, e invito a intendentes y gobernadores a que otorguen el título a gente que en muchos casos pagó por la tierra o la vivienda que ocupa, pero carece de ese derecho básico que genera tantos beneficios, sirve para derrotar la pobreza y permite generar riqueza.

Estoy muy contento con este avance y espero que la provincia del Neuquén se encamine en el mismo sentido. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos Aires.

Sra. Lospennato.- Señor presidente: el proyecto de ley que votaremos en un rato es una buena expresión de lo que en Cambiemos entendemos como política social. Es el producto de un proceso que empezó con decirnos la verdad y con hacer un diagnóstico real sobre villas y asentamientos. Dejamos de pensar en las villas como un concepto para comenzar a medirlas; hablamos con sus habitantes para conocer su realidad y reconocer su identidad.

En los 4.416 barrios populares relevados viven 3,5 millones de personas. Son 815.000 familias; de ellas hablamos hoy. El 70 por ciento de sus habitantes tiene menos de 30 años, y el 40 por ciento, menos de 15. Por eso decimos que esta ley será para nuestros niños y jóvenes; tiene una potencia transgeneracional enorme y es posible gracias a que existió el Registro Nacional de Barrios Populares. En este punto me permito corregir al señor diputado Tonelli: el registro fue creado en virtud del decreto 358/17, modificatorio de otro dictado en 2015 por el que se instituía la AABE.

En el relevamiento participaron más de mil personas en todo el país. El gobierno no llevó adelante solo este trabajo, sino que lo hizo junto con las organizaciones sociales, esas que muchas veces suplen la tarea del Estado cuando éste desaparece, que conocen a los habitantes de los barrios populares por nombre y apellido, que saben de sus realidades y que están comprometidas con su transformación.

Hablo de una tarea que no se hizo con la pechera de Cambiemos ni con la de otra fuerza política, sino que fue concretada reconociendo a las organizaciones sociales un lugar protagónico y articulando a la ANSES y al Ministerio de Desarrollo Social.

Para que este proceso se produzca, primero fue necesario generar confianza, porque sin confianza no hay construcción colectiva. Todo lo que hacemos juntos es porque en algún momento pudimos dejar de lado nuestros prejuicios y encontrar un punto de acuerdo. Empezamos a confiar en el otro.

Estoy segura de que no fue un proceso fácil, dado que el prejuicio es una poderosa arma de destrucción de los acuerdos celebrados entre distintos. Acordar con quien piensa como uno siempre es fácil, pero por lo general no alcanza.

El acuerdo en el que se basó el Registro Nacional de Barrios Populares me enorgullece. Lamento que algunos descalifiquen el compromiso entre Cambiemos y las organizaciones que participaron, diciendo que fue una traición a los principios de unos y otros. Traicionar los principios es no buscar el logro de los objetivos propuestos por todos los medios posibles; es resignarse a la protesta sin animarse al acuerdo o quedarse en la zona de confort.

El Registro Nacional de Barrios Populares es un ejemplo de coordinación virtuosa que ojalá seamos capaces de sostener en otras políticas públicas. Decir la verdad, reconocer el problema y cuantificarlo, y no hacer de la política social una herramienta de control político es la idea que tenemos en Cambiemos en esta materia.

A veces son nuestros propios votantes quienes nos acusan de no tener un relato. Dicen que es el gobierno que dedica el mayor presupuesto al área social, pero que no sabemos vendernos bien. ¡Bienvenido sea! Esto es lo que somos; creemos en lo que hacemos y hacemos lo que pensamos que es justo. No alcanza con repetir cada cinco minutos que queremos justicia social; hay que arremangarse, tomar la decisión política y hacer lo que haga falta para saldar esta deuda dolorosa que arrastramos desde hace décadas.

Sabemos que este régimen de regularización dominial es solo una parte, un eslabón más de un largo camino que dependerá de que seamos capaces de construir entre todos un verdadero consenso de Estado.

Si no queremos más villas ni asentamientos en nuestro país, debemos lograr dos objetivos difíciles y costosos. El primero consiste en integrar los barrios populares a la trama urbana: llevarles los servicios públicos, regularizar los derechos de propiedad de sus ocupantes y establecer reglas de construcción, de seguridad, de salubridad y de convivencia. El segundo apunta a evitar la formación de nuevos asentamientos. Como bien dijo el señor diputado Quetglas, generando una trama urbana a lo largo y a lo ancho del país se facilita el acceso a la vivienda.

Después del Registro Nacional de Barrios Populares llegó el momento de dar este debate en el Congreso. Empezamos a recorrer el camino legislativo, que implicaba conseguir nuevos acuerdos. El proyecto de ley que sancionaremos en un rato fue enriquecido y mejorado con el aporte de casi todos los bloques. Pero cuidado, porque el consenso legislativo no se agota con la sanción de esta iniciativa; si se trata de una verdadera política pública, deberán comprometerse las partidas necesarias para hacerla posible. Tendrán que fijarse plazos y metas que trascenderán no solo a este gobierno, sino también al próximo, es decir, tanto al presupuesto nacional que se trate este año como a los siguientes. Deberán comprometerse los recursos de las provincias y de los municipios durante muchos años.

Quiero destacar y agradecer el trabajo de la ministra Carolina Stanley y de su equipo; el liderazgo de TECHO, de Cáritas, de CTEP, de Barrios de Pie, de la CCC y de las demás organizaciones sociales que hicieron el registro, y la labor desarrollada por las comisiones intervinientes. Agradezco a sus presidentes, a quienes brindaron su testimonio y a los expertos de cada bloque que trabajaron en la elaboración del texto final.

Estoy convencida de que estamos por sancionar una verdadera política social, dado que esta norma dará el derecho de propiedad a las personas que hace años se procuraron una vivienda e invirtieron una parte importante de sus ingresos en mejorar su hábitat. La futura ley no hará a los beneficiarios clientes ni rehenes de nadie; les dará derechos y, con ellos, libertad. Devolverá algo de dignidad a los miles de personas que durante años no fueron asistidas adecuadamente por el Estado.

Es una verdadera política social porque otorgará derechos a los padres y oportunidades a los hijos, y finalmente porque es de todos nosotros, que supimos construir un gran consenso legislativo para lograr la sanción de este proyecto de ley. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Estevez, por Córdoba.

Sra. Estevez.- Señor presidente: ante todo, quiero expresarle mi más sentido pésame.

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Sra. Estevez.- Hace un rato pensaba que hemos sancionado dos normas con nombre propio: la ley Justina y la ley Brisa. Por lo general, las legislaciones con nombre propio expresan, a partir de historias particulares, otras que representan a determinado colectivo.

En este caso quiero hablar de la historia del barrio Parque Esperanza. Algunos de nuestros compañeros están aquí, desde la mañana temprano, presenciando esta sesión. Entre ellos se encuentran Andrés Villalba y Vanesa Villegas; ambos participan desde el principio en la toma de tierras, que me gustaría explicar cómo comenzó.

Empezó con un grupo de mujeres víctimas de violencia; una de ellas es la compañera Vanesa Villegas, quien hoy me contaba que un día su pareja en ese entonces le pegó un cachetazo, la desmayó y le quebró el tabique. Su nene, de un año y medio, permaneció llorando a su lado. Ese día tomó la decisión de que no podía volver a su casa; así fue como con un grupo de mujeres se organizó y realizó la toma.

Esa toma tiene una historia de lucha, de organización, que pudo consolidarse en la conformación de la Cooperativa de Vivienda 12 de Junio, con la que este grupo de mujeres se permitió soñar la posibilidad de construir sus casas y un futuro. Comenzaron con un salón comunitario porque entendieron que allí empezaba a construirse el sueño. Era un salón en el que podían juntarse, llevar adelante sus asambleas, generar ámbitos de participación, hablar sobre la violencia que las atravesaba.

En la medida en que este proceso de organización iba creciendo se sumaron nuevos vecinos, se comenzaron a parcelar las tierras y se permitieron soñar en conjunto. En este proceso fueron acompañados por la Organización Libres del Pueblo y una cátedra de la Facultad de Arquitectura, y así comenzaron a pensar cómo querían vivir sus vidas.

Este grupo de mujeres, que en un principio se organizaron y conformaron una cooperativa, no se quedaron solamente con la toma: buscaron a los representantes del pueblo en la Legislatura provincial para que presentaran un proyecto de expropiación de esas tierras a fin de que ellas pudieran llevar adelante este sueño, pero de manera legal, consolidándolo. Ese proyecto fue presentado por primera vez por una querida compañera que ya no está, Martha Juárez, de mucha lucha territorial. Cuando esa iniciativa se cayó hubo otra presentación de los compañeros Martín Fresneda y Carmen Nebreda. Nunca logramos que este proyecto fuera sancionado en la Legislatura provincial.

Se presentaron varias órdenes de desalojo, que se fueron suspendiendo sistemáticamente, porque en esa toma había mayormente mamás con niños pequeños, y debían resguardarse los derechos de esos niños.

A las 5 de la mañana del día más frío del año las fuerzas de seguridad del gobierno de la provincia de Córdoba, junto con su secretario de Seguridad, entraron sin orden de desalojo –porque estaba suspendida- y arrasaron con las viviendas de las familias. Digo “arrasaron” porque entraban las fuerzas de seguridad y detrás de ellas las topadoras que sacaron a las familias de sus casas a las 5 de la madrugada con una temperatura bajo cero y con niños pequeños. Las topadoras les pasaban por encima, destrozando sus sueños y todo aquello que habían logrado durante toda su vida.

En ese desalojo una mujer y su compañero se subieron al techo de su casa para evitar que la topadora pasara por encima de sus sueños. Esa compañera aguantó hasta las 4 de la tarde con su nena de 2 años, un embarazo en su vientre y su compañero que se había rociado con nafta. Mientras eso sucedía íbamos viendo cómo pasaban las topadoras por el resto de las viviendas, y luego de ello, como una demostración de poder, prendían fuego a las casas. Hay familias que ni siquiera lograron sacar sus documentos. Finalmente, ante tanta presión la compañera bajó del techo e inmediatamente le destruyeron su casa, arrasando sus sueños.

Después de escuchar a diputados y diputadas lo que significa esta norma, espero que podamos brindar a esas familias el acceso a su tierra. Recordemos que se trata de un desalojo ilegal ‑porque la orden no estaba‑, que fue llevado a cabo de manera violenta porque el Estado decidió que así fuera. Las compañeras que durante cuatro años estuvieron en esa toma fueron víctimas constantes y permanentes de la violencia por parte del Estado municipal. La intendenta Myriam Prunotto se dedicó a perseguirlos y hostigarlos permanentemente, sin importar la situación de las familias ni la de esas mujeres que eran víctimas de violencia de género.

Sr. Presidente (Monzó).- Señora diputada…

Sra. Estevez.- Ya concluyo, señor presidente. Esperé mucho tiempo y las compañeras están desde muy temprano aguardando esta iniciativa, de modo que diré lo que tengo que decir…

Sr. Presidente (Monzó).- Dentro del tiempo que corresponda.

Sra. Estevez.- Por supuesto, señor presidente.

Sin importar la situación de esas familias, las desalojaron, las sacaron y las empujaron fuera del pueblo con la policía, dejándolas en la calle. Hoy en día esas familias están viviendo hacinadas en la capilla de Juárez Celman, y reciben actos de solidaridad de la Organización Libres del Pueblo, con un Estado absolutamente ausente que ofrece a cada una de ellas 42.000 pesos y, si te he visto, no me acuerdo.

Espero que todos los diputados y diputadas logremos reconocer ese derecho a los compañeros de la toma de Juárez Celman. Ya que los diputados del oficialismo defienden esta ley, les sugiero que hablen con la intendenta Myriam Prunotto, que es de su propia fuerza política. Si realmente expresan tanta sensibilidad con el tema de las tierras, les pido que hablen con ella, porque se dedicó a perseguirlos y hostigarlos; así podremos irnos pensando que hemos reconocido un derecho a estas familias, pero también sabiendo que esta norma no resuelve las cosas: simplemente reconoce un derecho, pero el acceso real a la vivienda no lo garantiza, ni tampoco la organización de estas tierras. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez, por Tierra del Fuego.

Sr. Rodríguez (M.D.).- Señor presidente: en primer lugar, deseo acompañarlo en el sentimiento por la pérdida que ha sufrido y expresarle mi especial respeto por estar aquí con nosotros esta noche.

Sr. Presidente (Monzó).- Muchas gracias, señor diputado.

Sr. Rodríguez (M.D.).- En relación con el proyecto sobre integración sociourbana y regularización dominial, no es algo ajeno a nuestro cuerpo político.

En el año 2014 la expresidenta creó la Secretaría de Vivienda y Hábitat, y en 2015 presentó en el Congreso el proyecto de Ley Federal para la Regularización Dominial de la Vivienda Familiar que obtuvo media sanción. Si bien este proyecto no tiene los alcances de aquél, vamos a acompañarlo. Sin embargo, me veo en la obligación de aclarar, o mejor dicho, de acentuar que la iniciativa tiene muchos grises. Sería bueno aclarar estos aspectos, sobre todo para las familias que están tan esperanzadas en que esto se lleve adelante.

La iniciativa no precisa de dónde saldrá el financiamiento; tampoco fue analizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Algunos diputados del oficialismo dijeron que la idea era que la expropiación fuera de parte del gobierno nacional, pero que los costos serían afrontados por el municipio o el gobierno provincial. En muchos casos, por ejemplo, en la ciudad de Ushuaia, esto viene sucediendo hace tres años. De modo que solo el municipio afronta todo el costo de esta regularización. Creo que está bien que así sea, ya que esto se vincula con la autonomía de las provincias, de los municipios y del diseño de sus ciudades.

Temo que estemos nuevamente ante algún tipo de avasallamiento de facultades de las provincias y de los municipios. Si bien los diputados preopinantes del oficialismo aclararon que en ningún caso se generará algún obstáculo a cualquier proceso de expropiación o regularización dominial iniciado por los gobiernos nacional, provincial o municipal, o que se trabajará en conjunto, esto no está sucediendo.

Con referencia al relevamiento nacional de barrios, que tanto se menciona y sirve como base para este proyecto, en el caso puntual de la ciudad de Ushuaia el relevamiento que está publicado es erróneo. Ante esta situación nos hemos comunicado con el área correspondiente del municipio de la ciudad, con la Secretaría de Hábitat, donde nos han confirmado que está mal. Esta Secretaría viene realizando un relevamiento real y específico, generando una planificación y llevando adelante no solamente el inicio de obras en muchos de estos barrios, sino que también ha entregado miles de decretos para la regularización dominial.

Lo que digo es que, si va a haber un trabajo en conjunto, este debe ser real, no debe quedar en una expresión de deseo ni generar nuevamente una falsa expectativa en la sociedad argentina.

En Ushuaia –con esto finalizo‑, la totalidad de los barrios publicados como base de este relevamiento ya tienen el inicio de la regularización, en algunos casos con inicio de obra y en otros casos en proceso de regularización. Pero para llevar adelante este tipo de proyectos de ley se debe trabajar realmente en conjunto entre los municipios y las provincias, porque de lo contrario no solamente vamos a generar falsas expectativas, sino que también entorpeceremos el trabajo que se viene realizando seriamente en estos distritos.

Para finalizar, solo quiero señalar dos cosas. Por un lado ‑como ya dije‑, que no se generen falsas expectativas a las familias que realmente se sienten esperanzadas con este tipo de leyes. Por otra parte, en ciudades como Ushuaia, en los últimos años anteriores al macrismo, desde el gobierno nacional se destinaban al municipio un promedio de 25 millones de dólares para generar obra pública y este tipo de urbanizaciones. Con el dólar de Macri, esto representaría hoy más de 700 millones de pesos. Podrían volver a destinar directamente a los municipios ese tipo de asistencia para que se genere obra pública real y se lleve adelante una verdadera política de urbanización, sin generar proyectos que puedan llegar a entorpecer este tipo de trabajos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Ávila, por Tucumán.

Sra. Ávila.- Señor presidente: en virtud de la hora y de la temática, voy a ser muy breve.

Simplemente quiero decir que una de las manifestaciones más significativas de la pobreza es la problemática habitacional. Todos hemos hecho referencia aquí a la gran deuda que desde hace muchísimos años tiene el Estado con los argentinos. Este es un proyecto de ley que se basa en el reclamo de un amplio sector de la ciudadanía, y por lo que he escuchado, es inherente a todas las provincias.

En el caso particular de mi provincia, Tucumán, antes de ser diputada nacional trabajé mucho en esta temática. Sé lo que piensan, lo que sienten, lo que sueñan estos habitantes; conozco su temor por el desalojo y por quedarse sin nada. Para ellos el lugar no significa solamente el ladrillo o la tierra, sino también lo que quieren dejar para sus hijos, el lugar de su hogar, de su familia. Esto es sumamente importante. Ellos no quieren sentirse ciudadanos de segunda ni excluidos.

Hoy estamos representando y escuchando a este gran sector de ciudadanos que nos pide contar con la tenencia de sus tierras, que es como el DNI de la persona. Con el DNI una persona puede hacer sus trámites; con la tenencia de su hogar las personas tienen la seguridad de dejar algo para sus hijos el día de mañana.

Sé que este no es un camino fácil, sino que aún hay mucho por recorrer y que son muchas las dificultades que se presentan, pero cuando hay voluntad política y acuerdo entre los distintos actores, los resultados están a la vista.

Mientras venía a la Cámara, señor presidente, diversos grupos de residentes de barrios populares me agradecieron por este proyecto de ley. Pero yo quiero decirles, mirándolos a la cara, que no tienen que agradecernos absolutamente nada. Ningún diputado tiene por qué recibir ese agradecimiento porque lo que estamos haciendo es darles el derecho que les corresponde, la posibilidad de vivir mejor y con mayor dignidad.

Celebro que hoy la mayoría de los temas de la sesión hayan sido aprobados por unanimidad, porque esto habla de responsabilidad y de madurez política. Cuando tenemos temas tan sensibles para los ciudadanos como este, estamos todos juntos. Mi voto será positivo y me alegra que podamos coincidir en este punto.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.

Sr. Rossi.- Señor presidente: mi intervención será muy sintética, ya que solo voy a reafirmar lo que han manifestado con anterioridad mis compañeros de bloque.

El problema de la tierra y su dominio es uno de los más importantes de las sociedades modernas, junto con los distintos tipos de urbanización y la concentración de la población en sociedades más urbanas. Después de Uruguay, nuestro país es el que tiene mayor cantidad de habitantes concentrados en ciudades.

Existen modelos de urbanización que hacen un mal uso de la tierra, que interrumpen la trama urbana en muchos lugares y que generan segregación social. Asimismo, existe falta de previsión de parte de los Estados. Es muy difícil encontrar en la Argentina –o no es una habitualidad‑ Estados municipales o provinciales que tengan bancos de tierra o reserva de tierras –o que vayan generándolos‑ para llevar adelante planes de urbanización. Y dentro de toda esta complejidad se enmarca el tema que estamos considerando.

La ley que vamos a aprobar hoy es un punto de partida, un punto de inicio que tiene elementos que claramente se destacan, como el instrumento de la expropiación, y al mismo tiempo, el límite de cuatro años para evitar cualquier tipo de desalojo. Este límite también es para el Estado, porque la ejecución de las políticas de expropiación tendrá que hacerse en ese término.

Esto también nos lleva a lo que la señora diputada Mayra Mendoza planteó con tanta claridad: la dimensión de la inversión, que puede significar alrededor de 7.500 millones de dólares ‑algo más, algo menos‑ para abordar la totalidad de la provincia de Buenos Aires. Pero ciertamente en esos cuatro años el Estado nacional tendrá que arbitrar los medios y el esfuerzo económico necesarios para llevar adelante cada una de las expropiaciones en cada uno de los rincones de la Argentina. De lo contrario, lo que va a pasar es que el tiempo establecido funcionará como una espada de Damocles, porque si hay algún lugar que no se expropia y se termina la prohibición del desalojo, empezarán los intentos de desalojo lo más rápidamente posible.

Esa es una reflexión que me parece que todos debemos hacer. Obviamente –como también lo dijo algún diputado preopinante‑, analizar esta ley hace tres meses no hubiese sido lo mismo que analizarla en este momento de crisis económica, donde el Estado nacional anuncia un fuerte ajuste, la eliminación de un plan de obra pública y la supresión de transferencia hacia las provincias.

Entonces, es como mínimo un punto de tensión o un punto de contradicción en lo que estamos viendo hoy, porque más allá de que no esté precisada, todos sabemos que la inversión será más que importante.

Nosotros también tuvimos un proyecto que en 2015 obtuvo sanción de esta Cámara, pero lamentablemente luego perdió estado parlamentario. Al igual que esta iniciativa, ese proyecto también hubiese sido un punto de inicio.

Seguramente, todos los faltantes o todas las cuestiones que se podrán ordenar de acá para adelante serán materia de futuros debates en el propio Congreso de la Nación. Nosotros participamos de la elaboración en el marco que pudimos. Era una iniciativa ya presentada por diputados del oficialismo. Intentamos introducir una cantidad de modificaciones, algunas de las cuales fueron consideradas; quizás, teníamos la expectativa de que fuera mayor la cantidad de modificaciones a introducir.

Pero independientemente de eso, venimos acá a ratificar lo que han dicho todos nuestros compañeros: el problema de la tierra es un problema para las sociedades modernas, para las sociedades tan fuertemente urbanizadas en ciudades, como es la sociedad argentina. Obviamente, donde más se siente, como todo, es en los sectores populares, en los sectores de menos recursos, en los que tienen mayor imposibilidad de acceder al dominio de esa tierra. El dominio de la tierra en la que uno vive cambia por sí mismo la calidad de vida de cada uno de los miembros de esa casa habitación, donde pueden desarrollar sus actividades. Los pone en un lugar absolutamente distinto, y el objeto de esta norma va en este sentido.

Por eso nosotros, con todo lo que hemos manifestado y lo que seguramente diremos en la discusión en particular –y lamentando que una ley en sentido similar no se haya podido aprobar en 2015, 2016 o 2017‑, celebramos y votaremos afirmativamente este proyecto de ley. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.

Sr. Negri.- Señor presidente: antes que nada, más allá de que ya lo he hecho personalmente –al igual que otros colegas‑, atento el esfuerzo que conjuga físico con dolor, quiero mandarle a la distancia un fuerte abrazo de todo el interbloque de Cambiemos, y creo que de todos los colegas que se lo han ido expresando.

Si bien una jornada de trabajo está muy lejos de paliar el dolor, como un pequeño granito de arena llévese usted esta noche una de las sesiones más importantes en virtud de los temas que ha sancionado y va a sancionar esta Cámara, casi por unanimidad, que están vinculados con la vida, la solidaridad y la situación de postración que viven millones de argentinos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señor diputado.

Sr. Negri.- Quiero decir unas breves palabras para no ser reiterativo. En primer lugar, me quiero referir a la vinculación que existe entre los tres temas centrales que hemos considerado en la presente sesión. Creo que ha sido un día productivo, en el que hemos generado derechos. Ha sido un día de emociones y reivindicaciones. También nos hemos tomado algún recreo para hacernos algún foul, como si estuviésemos en el mundial.

Pero lo más importante es que se convirtió en ley un tema vital, como es el vinculado con la donación de órganos; con esto arrancamos la sesión. Hemos dado certeza y esperanza a muchos que están vivos y a muchos que están cerca de la muerte, y eso lo hicimos de la mano de un ángel, por su edad. Me refiero a Justina, cuyos padres hoy estuvieron acá, que convirtió todas estas manos alzadas en la mano que alzó al dejar su vida. Por eso esa ley se llamará Justina.

También hemos dado media sanción a la reparación económica por parte del Estado a niños o adolescentes con discapacidad que hayan perdido a alguno de sus progenitores a causa de violencia intrafamiliar o violencia de género. Son aproximadamente tres mil los niños y adolescentes que han perdido a su madre o su padre a causa de un femicidio. Esos niños dan vueltas con sus abuelos o algún otro familiar, esperando algún día conocer la verdad. Esa ley se llamará Brisa, en homenaje a una niña que perdió a su madre a causa de un femicidio. Creo que esto nos debe llenar de orgullo y también de responsabilidad.

También hemos dado media sanción a una iniciativa vinculada con la constitución del banco de alimentos. Esta norma generó cierto chisporroteo. Creo que por ahí tenemos prejuicios pacatos. Pensamos que cuando gobernamos nosotros no hay hambre y que cuando gobiernan los otros hay hambre, pero tienen que estar en penitencia hasta que nosotros volvamos a gobernar. (Aplausos.)

Eso es un error. Con este proyecto no vinimos a discutir un plan alimentario nacional ‑como existió alguna vez‑, con dinero puesto desde el Estado, sino que el Estado vino a inmiscuirse en toneladas de alimentos que se pierden en este país en el sector privado y a garantizar que en la emergencia lleguen a los que no pueden esperar, porque la panza les grita sin importarles quién gobierne.

La deuda existe y de alguna manera hay que paliarla. Por supuesto que no resolvemos el problema de la pobreza, pero procuramos que miles de personas no se queden sin un plato de comida. Esto lo saben muchos e, incluso, algunos intendentes del conurbano. ¡Cuántas mañanas habrán ido a sacar a chicos de 8 años que estaban comiendo en los basurales!

Esta iniciativa no es todo lo deseable, pero es mucho mejor que aquello. Por eso lamento que no todos hayamos acompañado ese proyecto.

Por último, se ha discutido, con gran consenso, el régimen de regularización dominial. El valor más importante que tiene, además de lo conceptual, es haber transitado dos años de relevamiento, sin choques, sin confrontaciones, sin ideologizar el trabajo entre el Estado y las organizaciones sociales, sin preguntarles qué pensamiento político tienen o por quién ha votado uno u otro, reconociendo que –como en otros países de la región‑ comenzar un camino de recuperación dominial para quienes habitan ese pedazo de tierra es un camino prolongado que dura años. En Perú y en otros países vecinos dura veinte años, y se siguen entregando títulos sobre tierras.

Cabe aclarar que no se trata de un plan nacional de viviendas. Debemos reconocer que los asentamientos, que ascienden a más de 4.000 y abarcan a casi 800.000 familias ‑el número solo ya da pánico‑, se presentan como conformaciones sociales y urbanas absolutamente distintas.

Hay manchas urbanas donde los servicios están a dos minutos, pero no tienen el título del terreno. Eso ocurre en la 31. Pero hay otros centros urbanos, en el interior del país, donde las manchas son mucho más profundas, mucho más grandes, y ni siquiera hay un servicio al lado.

Emprender este camino requiere una intervención desde el Estado hacia el sector privado, en terrenos que en más de un 60 o 70 por ciento son privados y solo un 6 o 7 por ciento, de las provincias y municipios. El trayecto será liderado por el Estado nacional, previendo la figura de la expropiación y, como bien se ha señalado, fijando un tiempo determinado. Ello no es un desafío para medir al gobierno, sino para saber si somos capaces, entre todos, de avanzar no solo en la legislación, sino en las decisiones institucionales.

Además, se crea un fondo fiduciario. Allí irán a parar todos los fondos, pero es imposible imaginar que nosotros saldremos de este problema si la velocidad del municipio, la provincia y la nación no van en simultáneo. Porque no todo es color de rosa; habrá juicios y expropiaciones inversas; el Estado estará en dificultades y le harán perder el tiempo. Pero lo que no se puede perder es el valioso capital de una decisión colectiva, para que la tenencia de la tierra, como título y como dominio, diga lo que Naciones Unidas definió hace ya muchos años, con el plan de Estados miembros para mejorar la vida de al menos cien millones de habitantes.

Por eso hemos propuesto este proyecto de ley, que no tiene dueños ni autores; tiene trabajadores que lo construyeron, que hilvanaron hasta el último sueño de quien está esperando su título como sentido de pertenencia, que lo contenga familiar y socialmente.

No vamos a entrar, en el cierre de esta noche, en ninguna réplica que nos quiera hacer degradar el valor de la sesión más importante que ha tenido este año, porque en la Cámara de Diputados hoy se respondió a la vida por decisión de la muerte, y vamos a responder a la pobreza si actuamos con grandeza. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general, el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Legislación General y Presupuesto y Hacienda recaído en los proyectos de ley de los señores diputados Massot y otros (1.919-D.-2018) y Kirchner y otros (3.240-D.-2018), sobre Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-urbana.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 195 señores diputados presentes, 194 han votado por la afirmativa.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 194 señores diputados por la afirmativa. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.[37] (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado en general por unanimidad.

En consideración en particular el artículo 1°.

Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: en el artículo 1° se agrega un segundo párrafo, que dice así: “Se entiende por integración socio-urbana, a los efectos de la presente ley, al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.”

Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas por el señor miembro informante, se va a votar el artículo 1°.

- Resulta afirmativa.

- Sin modificaciones, se vota y aprueba el artículo 2°.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 3°.

Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: la modificación en el artículo 3° consiste en eliminar en la última parte la expresión “por los gobiernos nacional, provincial o municipal”, de modo que después de “regularización dominial iniciado” iría el punto final.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Snopek, por Jujuy.

Sr. Snopek.- Señor presidente: quiero proponer la inclusión de un párrafo antes del que leyó el diputado Tonelli, que diga así: “A solicitud de la provincia interesada o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán incluirse otros inmuebles sujetos a regularización dominial que no estén incluidos en el relevamiento del Renabap.”

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- No se acepta esa modificación, señor presidente.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Delú, por La Pampa.

Sra. Delú.- Señor presidente: quiero aclarar que recién se votó el artículo 2°, y los diputados de la provincia de La Pampa Sergio Ziliotto, Ariel Rauschenberger y quien habla no lo compartimos, de modo que votamos negativamente por una situación particular.

Compartimos el proyecto de ley en general y celebramos su espíritu, pero no ese artículo en particular, porque dentro del relevamiento del Renabap está incorporado un barrio que se denomina popular, pero que no reúne esa característica. Me refiero a Chakra Raíz, en la localidad de Toay.

Se han hecho las presentaciones pertinentes ante el ministerio y ante la AABE, pero no hemos obtenido respuesta.

Entonces, vamos a insertar el fundamento de nuestra negativa a ese artículo y, en consecuencia, también nuestro voto negativo al artículo 15.

Pido al señor presidente que nos permita insertar la documentación respaldatoria de lo que estamos comentando.

Sr. Presidente (Monzó).- Se tiene presente, señora diputada.

Se va a votar el artículo 3°, con la modificación propuesta por el miembro informante.

- Resulta afirmativa.

- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 4° y 5°.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 6°.

Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: en el apartado 1 del artículo 6° se propone una modificación, por lo que quedaría redactado de la siguiente manera: “Crear el Programa de Integración Socio-urbana para determinar, en conjunto con las jurisdicciones locales, el plan de desarrollo integral necesario para cumplir los objetivos de la presente ley.”

Sr. Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta por el miembro informante, se va a votar el artículo 6°.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 7°.

Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: en el apartado 5 del artículo 7°, después del primer punto, que termina con “uso de los inmuebles”, se propone el agregado de la siguiente frase: “Las cuotas a pagar no podrán superar el 20 por ciento del ingreso familiar”. Después el apartado continúa igual.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Mendoza, por Buenos Aires.

Sra. Mendoza (M.S.).- Señor presidente: a partir de nuestra intención de plantear la necesidad de establecer pautas de pago y un límite al precio total de venta para los adjudicatarios, pasaré a leer una propuesta de modificación del apartado 5 del artículo 7°: “Establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas que se encuentran en los bienes inmuebles identificados en el Renabap, el que establecerá las contraprestaciones que asumirán los ocupantes de los bienes inmuebles sujetos a expropiación, promoviendo las condiciones más beneficiosas para la adquisición de dominio o uso de los inmuebles. En ningún caso, el precio total de venta a las familias habitantes de los barrios populares registrados en el Renabap podrá exceder la suma equivalente a la de veintiocho (28) salarios sociales complementarios, otorgándose planes de pago de hasta doscientos cuarenta (240) cuotas mensuales consecutivas, con una tasa de interés compensatoria del cuatro por ciento (4%) anual. El sistema de amortización a utilizar será el francés. Las cuotas a pagar no podrán superar el veinte por ciento (20%) del ingreso familiar. La finalidad de las viviendas regularizadas será la de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, contemplando el comercio familiar. La transferencia entre personas físicas solo podrá realizarse con esa finalidad. Esto implica la prohibición absoluta de su transferencia posterior a personas jurídicas. La autoridad de aplicación gozará del derecho de preferencia ante futuros actos de disposición sobre aquellos bienes inmuebles sujetos al presente régimen.”

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: no se acepta la modificación.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Mendoza, por Buenos Aires.

Sra. Mendoza (M.S.).- Señor presidente: solicito que la votación se efectúe en forma nominal.

Sr. Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta por el señor miembro informante, se va a votar el artículo 7° en forma nominal.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 179 señores diputados presentes, 122 han votado por la afirmativa y 55 por la negativa, registrándose además una abstención.

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 122 señores diputados por la afirmativa y 55 por la negativa, registrándose además una abstención.[38]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 7°.

Se deja constancia de que el señor diputado Llaryora votó por la negativa.

En consideración el artículo 8°.

Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: se agrega un apartado cuarto con el siguiente texto: “Celebrar con las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los acuerdos que tengan por objeto transferir aquellos bienes inmuebles y de titularidad del Estado nacional en los que las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubieren ejecutado proyectos de integración socio-urbana.”

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 8° con la modificación propuesta por el señor miembro informante.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 9°.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 10.

Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: el texto del artículo 10 quedaría de la siguiente manera: “La realización de los proyectos tendientes a la integración urbana de los barrios populares identificados por el Renabap debe concretarse con la participación, coordinación y acuerdo de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.”

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 10, con la modificación propuesta por el señor miembro informante.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Solanas, por Entre Ríos.

Sr. Solanas.- Señor presidente: solicito la incorporación de un artículo que podría ser un 10 bis o un artículo 11, renumerando el resto de los artículos.

El texto es el siguiente: “Créase el Consejo Federal para la Regularización Dominial y la Integración Socio-urbana, integrado por un representante de la Autoridad de Aplicación que presidirá el organismo, un representante por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un representante por la Federación Argentina de Municipios.

“Son funciones del Consejo Federal para la Regularización Dominial y la Integración Socio-urbana: a) Evaluar y proponer la actualización del Renabap a fin de incluir nuevos barrios populares; b) Homologar los acuerdos previstos en el artículo 8°, incisos 1 y 2, de la presente ley; c) Realizar un seguimiento, control y evaluación de los resultados logrados con la aplicación de las políticas y acciones propuestas; d) Promover y convocar la constitución de Consejos Regionales para la Regularización Dominial y la Integración Socio-urbana, conformados por profesionales, autoridades, organismos de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que integran cada región del país y organizaciones no gubernamentales con vinculación del hábitat; e) Dictar su reglamento interno.

“La Autoridad de Aplicación debe dotar a los inmuebles de infraestructura y servicios básicos necesarios para un hábitat adecuado para la vida humana en acuerdo con el Consejo Federal para la Regularización Dominial y la Integración Socio-urbana.”

Esta es la propuesta que planteo.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: no se acepta la propuesta.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Snopek, por Jujuy.

Sr. Snopek.- Señor presidente: apoyo la moción del señor diputado Solanas y solicito que la votación se realice en forma nominal.

Sr. Presidente (Monzó).- Si el miembro informante no la acepta, no se pone a votación.

En consideración el artículo 11.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 12.

Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: se agrega un último párrafo con el siguiente texto: “La Auditoría General de la Nación controlará anualmente la ejecución presupuestaria y la implementación de los proyectos de integración socio-urbana y todas las obras que se ejecuten en el marco de la presente ley con fondos nacionales.”

Sr. Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta por el señor miembro informante, se va a votar el artículo 12.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 13.

Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: en el artículo 13 se cambia la segunda oración por el siguiente texto: “El fideicomiso estará facultado para mantener la propiedad fiduciaria de la totalidad de los inmuebles identificados en el Renabap, incluyendo aquellos de propiedad del Estado nacional y los que sean de las provincias y municipios y que sean expresamente cedidos para tal fin por convenios específicos, como los que se incorporen como consecuencia de su expropiación...”, y sigue igual el artículo.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 13, con la modificación propuesta por el miembro informante.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 14.

Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: el último párrafo del artículo quedaría redactado de la siguiente manera: “El Poder Ejecutivo fijará las reglas que regirán el fideicomiso que resulte creado en el marco del artículo precedente y que será auditado por la Auditoría General de la Nación.”

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 14, con la modificación propuesta por el señor miembro informante.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración los artículos 15 a 19.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Snopek, por Jujuy.

Sr. Snopek.- Señor presidente: solicito la incorporación de un artículo, que podría ser el 20 o el 19 bis, que diría lo siguiente: “Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

“Las respectivas leyes de adhesión contemplarán la creación de consejos provinciales, donde tendrán plena participación los municipios donde se asientan los barrios populares.”

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- No se acepta la modificación, señor presidente.

Sr. Presidente (Monzó).- El artículo 20 es de forma.

Queda sancionado el proyecto de ley.[39] (Aplausos.)

Se comunicará al Honorable Senado.

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convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda, Orden del Día N° 47, recaídos en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, celebrado en la ciudad de Dubai –Emiratos Árabes Unidos–, el 3 de noviembre de 2016 (7-P.E.-2017).

aquí orden del día n° 47

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.

Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Schmidt Liermann.- Señor presidente: este convenio se empezó a gestionar en 2014, cuando todavía no éramos gobierno, y lo seguimos nosotros, así que se trata de una real política exterior que busca no solamente acercarnos en materia de comercio e inversiones, sino también en la cultura. Por eso espero que todos podamos acompañar este tratado.

Quiero decirle, señor presidente, que hoy Gema va a estar muy orgullosa de usted y va a decir: “Hijo, lo volviste a hacer”. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.

Tiene la palabra el señor diputado Carmona, por Mendoza.

Sr. Carmona.- Señor presidente: nuestro bloque siempre acompaña, en general, las iniciativas que tienen que ver con convenios para evitar la doble imposición. Es una política que durante nuestro gobierno fue fomentada y creemos que es positiva.

Pero estamos aquí ante un caso que creemos que requiere tener reservas. Emiratos Árabes Unidos es un Estado sospechado de ser centro de operaciones ilegales de lavado de activos, especialmente como centro offshore. En ese sentido, ha aparecido en las listas internacionales. Por otro lado, existen fuertes dudas respecto a las vinculaciones de Emiratos Árabes Unidos, como asimismo otros países que fueron frecuentados recientemente por el gobierno argentino, por sus vinculaciones con el terrorismo internacional.

Por eso, señor presidente, en este caso no vamos a acompañar esta iniciativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti, por Santa Fe.

Sr. Grandinetti.- Señor presidente: no vamos a votar esta iniciativa porque encontramos muchas dificultades en los artículos 6°, 8° y 21. Creemos que se va a resentir la recaudación del Estado nacional.

Ya lo hemos argumentado en su momento, pero cuando en la República Argentina el Estado necesita garantizar sus ingresos, este convenio para evitar la doble imposición permite a un Estado, como Emiratos Árabes Unidos ‑que es exportador de capitales‑ tributar menos en la Argentina cuando efectúa remesas al exterior por el cobro de intereses, mientras que cuando importa capitales, como en el tema de hidrocarburos, se reserva no pagar tributación.

Lo primero que se debe señalar es que hay una asimetría: la doble imposición sirve cuando los dos países tienen realmente un comercio que garantice que esa doble imposición genere más actividad económica, mayor tributación y sea pareja. En este caso no lo es, así que no vamos a acompañar este proyecto.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Amadeo, por Buenos Aires.

Sr. Amadeo.- Señor presidente: quiero aclarar algo muy importante, porque ha quedado flotando la posibilidad de que con este acuerdo estemos acompañando la situación de un país que viola las reglamentaciones internacionales para combatir el lavado de dinero.

Los Emiratos Árabes Unidos, con fecha 16 de mayo de 2018, adhirieron al programa BEPS de la OECD, y también al de la Unión Europea, donde 111 países se han comprometido, con reglas y modos de operación concretas, a controlar lo que se llama la erosión de la base impositiva y transferencia ilegal de beneficios.

Los Emiratos Árabes Unidos son, a estos efectos, uno más de los países que en el mundo rechaza ese tipo de prácticas que han sido mencionadas.

Pero además me permito sugerir, señor presidente, que al momento del voto los señores diputados tomen en cuenta la importancia enorme que tiene para vastos sectores de nuestro país la posibilidad de exportación a esas áreas, en particular en el campo de la ganadería especializada.

Por lo tanto, espero que los señores diputados nos acompañen con este voto.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Convenio Entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, celebrado en la ciudad de Dubai –Emiratos Árabes Unidos–, el 3 de noviembre de 2016.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 177 señores diputados presentes, 114 han votado por la afirmativa y 61 por la negativa, registrándose además una abstención.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 114 votos afirmativos, 61 negativos y una abstención.[40]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado el proyecto de ley[41].

Se comunicará al Honorable Senado.

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autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto -Orden del Día N° 41- recaídos en el proyecto de ley en revisión por el cual se concede autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros, según lo establecido en la ley 23.732 (150-S.-2017.).

aquí ORDEN DEL DÍA N° 41

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.

Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Schmidt Liermann.- Señor presidente: no haré uso de la palabra; pasemos a votar.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Carmona, por Mendoza.

Sr. Carmona.- Señor presidente: en dos minutos no podemos hablar del escándalo que significa este proyecto, así que le voy a pedir me otorgue el tiempo que le corresponde a mi bloque.

Sr. Presidente (Monzó).- Sí, se lo voy a dar.

Sr. Carmona.- Señor presidente: todos los años la Cancillería argentina remite a este Congreso el listado de los cónsules honorarios que proponen terceros Estados para desempeñarse en la Argentina. Son argentinos que se desempeñan en la Argentina como cónsules honorarios, representativos de distintos países.

Este año hemos recibido un listado de 32 propuestos por distintos países para ser cónsules. No hemos recibido mayores objeciones de 31 de ellos, lo que nos hace presumir que las condiciones de honorabilidad planteadas por los países que destacan a estos cónsules en la Argentina son atendibles y respetables.

Ahora, señor presidente, en el listado nos encontramos al señor Nicolás Caputo, propuesto como cónsul de Singapur.

Nosotros planteamos razonablemente en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que se diera un tratamiento para los 31 propuestos no cuestionados, a diferencia de quien nosotros sí cuestionamos. Al señor Nicolás Caputo creo que el presidente lo llama algo así como el “hermano de la vida” o el “amigo del alma”, quien tiene fuertes vínculos no solamente personales, sino que ha tenido fortísimos vínculos económicos con el presidente, y hay quienes suponen que los sigue teniendo.

Lamentablemente, señor presidente, hoy nos están obligando a votar en contra de esta iniciativa, donde hay 31 personas que se presumen honorables y una persona cuestionada. Y la verdad que no resulta razonable que sea así.

Nosotros, en primer lugar, señor presidente, vamos a pedir que este dictamen vuelva a comisión para que se subsane esta cuestión y tenga un tratamiento distinto. Vamos a formular la moción en cuanto termine con el uso de la palabra. Si no fuera así, señor presidente, lamentablemente vamos a tener que votar en contra de la totalidad de la lista.

Quiero hacer algunas consideraciones sobre nuestras objeciones, que no son personales hacia Nicolás Caputo, sino que están dadas en función del carácter de cónsul honorario que se le está otorgando.

La Convención de Viena de 1967 establece los privilegios e inmunidades que tienen los cónsules. Esos privilegios e inmunidades implican una serie de ventajas, tanto para los cónsules profesionales como para los honorarios, que están diferenciadas por una cuestión de grado.

Entre esos privilegios e inmunidades podemos mencionar los siguientes: otorgamiento de facilidades al Estado receptor para el ejercicio de funciones en la oficina consular; uso de la bandera y el escudo del país; otorgamiento de ayuda para la obtención de locales destinados al consulado; libertad de tránsito o circulación en el territorio para el cónsul y el personal del consulado; libertad de comunicación en lo que se denomina no valija diplomática, pero sí valija consular, y prioridad en cuanto a las comunicaciones con las autoridades del Estado receptor.

Otros privilegios e inmunidades que podemos citar están dadas por el hecho de que las autoridades centrales competentes del Estado receptor deben brindar un trato preferencial a los cónsules, al tiempo que en los casos de arresto o detención preventiva de uno o más miembros del personal consular dicho Estado debe seguir un procedimiento especial que se aplica también a los cónsules.

También tenemos que mencionar la existencia de inmunidad de jurisdicción en cuanto al ejercicio de la función del cónsul honorario, lo que implica un privilegio judicial para este último.

Finalmente, debemos hablar de la concesión de exenciones impositivas y franquicias, respecto de las cuales nos parece irrazonable que sean otorgadas al “hermano de la vida” del presidente.

Pero, además, debemos tener en cuenta que en este caso se pone al Estado de Singapur, con el que tenemos una relación diplomática respetable, en una situación de privilegio.

Fíjense cómo es el trato del presidente con su “hermano de la vida”. Voy a dar lectura de una nota publicada en la edición de la revista Noticias del 16 de noviembre de 2017 que se titula Una familia en el poder: quién es quién de los Caputo del presidente.

La nota dice así: “Cuando el presidente Mauricio Macri va a visitar a Nicolás Caputo al Country Club Newman, no entra por el ingreso principal, ni se anuncia con los guardias de seguridad. El primer mandatario llega en helicóptero. Por lo general aterriza muy cerca del hoyo 9 de la cancha del golf, porque es una de las zonas descampadas más cercanas a la casa de su amigo del alma...”

Sr. Presidente (Monzó).- Señor diputado: dado lo avanzado de la hora y advirtiendo que nos vamos a quedar sin quórum,...

Sr. Carmona.- Señor presidente: yo sé que ustedes quieren tratar que no se hable de esto.

Sr. Presidente (Monzó).- Es que de lo contrario no se va a poder votar, señor diputado.

Sr. Carmona.- ¿Sabe qué pasa, señor presidente? Que esto es invotable y un escándalo. Esta situación no puede ser tolerada por el Congreso Nacional. Me refiero a este tipo de privilegios y de tráfico de influencias.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Carmona.- ¡Es una vergüenza!

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia ruega a los señores diputados que no se retiren del recinto a los efectos de mantener el quórum.

- Varios señores diputados hablan a la vez y se retiran del recinto.

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados.

- Asentimiento.

Sr. Presidente (Monzó).- Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.

Lamentablemente, queda levantada la sesión especial.

- Es la hora 2 y 52 del día 5.

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[1] Véase el texto de las sanciones en el Apéndice. (Pág. )

[2] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[3] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[4] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[5] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[6] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[7] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[8] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[9] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[10] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[11] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[12] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[13] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[14] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )

[15] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[16] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )

[17] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[18] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )

[19] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[20] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )

[21] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[22] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )

[23] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[24] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )

[25] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[26] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )

[27] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[28] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )

[29] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[30] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )

[31] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[32] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )

[33] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[34] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )

[35] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[36] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )

[37] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[38] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[39] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )

[40] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )

[41] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )