17ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN
EXTRAORDINARIA (ESPECIAL)
diciembre 5 de 2018
Presidencia de los señores
diputados Emilio Monzó, José Luis Gioja,
Pablo Gabriel Tonelli y Luis Alfonso Petri
Secretarios: don Eugenio Inchausti, ingeniera Florencia Romano y licenciada María Luz Alonso
Prosecretarios: doña Marta Alicia Luchetta, doctor Oscar Alberto Romero y licenciado Eduardo Jorge Seminara
SUMARIO
1. Convocatoria a sesiones
extraordinarias. (Pág. )
2. Homenajes:
I. A la memoria de Lucía Pérez, víctima
de femicidio el 8 de octubre de 2016. (Pág.
)
II. A la memoria de la doctora Graciela Monteavaro.
(Pág. )
3. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Del Caño. La
cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )
4. Proposición de la señora diputada Moreau para que la Cámara
publique en su sitio de internet el fallo sobre el asesinato de Lucía Pérez. (Pág. )
5. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Ferreyra. La
cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )
6. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Doñate. La
cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )
7. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada De Ponti. La
cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )
8. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Estévez. La
cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )
9. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Martín
Alejandro Pérez. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )
10. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Macha. La
cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )
11. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Volnovich. La
cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )
12. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Carmona. La
cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )
13. Cuestión de privilegio planteada por el
señor diputado Llaryora. La
cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )
14. Cuestión de privilegio planteada por el
señor diputado Pietragalla Corti.
La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. )
15. Cuestión de privilegio planteada por el señor
diputado Ramón. La cuestión pasa a
la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(Pág. )
16. Convocatoria a sesión
especial. (Pág. )
17. Pronunciamiento
de la Honorable Cámara para
habilitar el tratamiento del proyecto de ley al que se refiere el número
siguiente de este sumario.
18. Consideración del proyecto de ley venido en revisión del
Honorable Senado, por el que se autoriza al señor Presidente de la Nación a
ausentarse del país durante el año 2019, cuando razones de gobierno así lo
requieran (108-S.-18). Se sanciona
definitivamente. (Pág. )
19. Consideración de dictámenes sin disidencias ni observaciones:
I. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Cultura en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el
Convenio de Cooperación Cultural entre la República Argentina y el Reino de
España, suscrito en la ciudad de Madrid –Reino de España–, el 23 de febrero de
2017 (45-S.-2018). Orden del Día Nº 591.
Se sanciona
definitivamente. (Pág. )
II. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Cultura en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el
Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica
Iberoamericana, celebrado el 28 de noviembre de 2007 en la ciudad de Córdoba,
Reino de España (100-S.-2018). Orden del Día Nº 592. Se
sanciona definitivamente. (Pág. )
III. Dictamen
de las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Educación en el proyecto de ley en revisión
por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Educativa entre la República
Argentina y el Reino de España, celebrado en la ciudad de Madrid, Reino de
España, el 23 de febrero de 2017 (19-S.-2018). Orden del Día Nº 748. Se sanciona definitivamente. (Pág. )
IV. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Educación en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba
el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de
Educación Superior Universitaria entre la República Argentina y el Reino de
España, suscrito el 23 de febrero de 2017 en la ciudad de Madrid (79-S.-2018).
Orden del Día Nº 749. Se sanciona definitivamente. (Pág. )
V. Dictamen
de las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Educación en el proyecto de ley en revisión
por el que se aprueba el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos y
Certificados de Estudio de los Niveles de Educación Primaria, Secundaria y
Superior entre la República Argentina y el Reino de España, suscrito el 23 de
febrero de 2017 en la ciudad de Madrid (80-S.-2018). Orden del Día Nº 750. Se sanciona definitivamente. (Pág. )
VI. Dictamen
de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley de
la señora diputada Banfi y otros por el que se establece un régimen de
reconocimiento y protección de las personas apátridas (6.205-D.-2018). Orden
del Día Nº 768. Se sanciona. (Pág. )
VII. Dictamen de las comisiones de Justicia y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se modifican los
artículos 1°, 5° y 10 de la ley 26.707, en relación con los alcances de la
competencia y jurisdicción del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Tartagal, provincia de Salta (24-S.-2017). Orden del Día Nº 763. Se
sanciona definitivamente. (Pág. )
VIII. Dictamen
de la Comisión de Justicia en
el proyecto de ley de la señora diputada Lospennato por el que se modifica el
artículo 3° de la ley 26.528, sobre creación del Juzgado Federal de Primera
Instancia, Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (6.086-D.-2018). Orden
del Día Nº 551. Se sanciona. (Pág. )
IX. Dictamen
de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en
el proyecto de ley del señor diputado Franco por el que se transfiere a favor
de la provincia de Misiones el dominio de un inmueble ubicado en Puerto
Panambí, con destino a una plaza pública y un nuevo edificio municipal
(1.943-D.-2018). Orden del Día Nº 798. Se
sanciona. (Pág. )
X. Dictamen de las comisiones de
Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en
revisión por el cual se transfiere a título oneroso a la provincia de Salta un
inmueble de propiedad del Estado nacional, perteneciente el Estado Mayor
General de Ejército (141-S.-2011). Orden del Día Nº 801. Se sanciona definitivamente. (Pág. )
XI. Dictamen
de las comisiones de
Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en
revisión por el que se transfiere a título gratuito a favor de la provincia de
Jujuy el dominio de dos inmuebles propiedad del Estado nacional, Administración
Federal de Ingresos Públicos –AFIP– (144-S.-2017). Orden del Día Nº 766. Se sanciona definitivamente. (Pág. )
XII. Dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto
de ley del señor diputado Berisso y de la señora diputada Mendoza (J.) por el
que se deroga la ley 11.247, sobre derechos de faros y balizas (3.318-D.-2018).
Orden del Día Nº 237. Se sanciona. (Pág.
)
XIII. Dictamen de las comisiones de Transportes y de
Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley de los señores diputados Moyano
y otros, y el del señor diputado Ramos, por los que se crea la Agencia de
Investigación de Siniestros en el Transporte y la Junta de Investigación de
Accidentes del Transporte, respectivamente (479-D.-2017 y 2.933-D.-2018). Orden
del Día Nº 804. Se sanciona. (Pág. )
XIV. Dictamen
de las comisiones de Recursos
Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Legislación General en el
proyecto de ley del señor diputado Di Stefano y otros por el que se declara Capital
Nacional de la Biodiversidad a la provincia de Misiones (2.782-D.-2017). Orden
del Día Nº 535. Se sanciona. (Pág. )
XV. Dictamen de las comisiones de Legislación General y de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el proyecto de ley de la señora
diputada Morales (F.) y otros por el que se declara como Provincia de Cultura
Hacedora –Maker- a la provincia de
Misiones (6.159-D.-2018). Orden del Día Nº 761. Se
sanciona. (Pág. )
XVI. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre los asuntos a los
que se refieren los números 16.I a 16.XV de este sumario. (Pág. )
20. Consideración
del dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley en revisión por el que se modifican exenciones y la progresividad del impuesto
sobre los bienes personales, ley 23.966 (6.443-D.-2018). Orden del Día Nº 809.
Se sanciona definitivamente. (Pág. )
21. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación
General, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se acepta
la cesión de tierras de la provincia de Corrientes al Estado nacional,
destinadas a la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá (26-S.-2018).
Orden del Día Nº 399. Se sanciona definitivamente. (Pág. )
22. Consideración del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor diputado Pastori y otros, por el que
se prorroga y se modifica la ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados
(5.550-D.-2018). Orden del Día Nº 486. Se sanciona con modificaciones.
(Pág. )
23. Consideración del dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles y de Comercio en el
proyecto de ley del señor diputado Villalonga por el que se modifican los
artículos 1º y 2º de la ley 26.473, en relación con la prohibición y
comercialización de lámparas incandescentes y halógenas (70-D.-2018). Orden del
Día Nº 434. Se sanciona. (Pág. )
24. Consideración del dictamen de las comisiones de Acción Social
y Salud Pública, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley del señor diputado Yedlin y otros, por el que se establecen las
bases de una política pública de control de enfermedades prevenibles por
vacunación (972-D.-2018). Orden del Día Nº 810. Se sanciona. (Pág.
)
25. Consideración del dictamen de las comisiones de
Deportes y de Acción Social y Salud Pública en los proyectos de ley del señor
diputado Baldassi y de la señora diputada Bianchi por el que se establece la
obligatoriedad de presentación de un certificado médico de aptitud física para
practicar deportes a toda persona que realice actividades físicas o deportivas
en instituciones, academias, centros deportivos, gimnasios y todo otro
establecimiento dedicado a la enseñanza o práctica de este tipo de actividades
(2.437-D.-2017 y 302-D.-2018). Orden del Día Nº 816. Se sanciona con modificaciones.
(Pág. )
26. Proposición de la Presidencia de que la Honorable Cámara se
constituya en comisión a efectos de considerar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que
se modifica la ley 27.037, sobre creación de las áreas marinas protegidas
Namuncurá‑Banco Burdwood II y Yaganes (21-PE.-2017). Se aprueba. (Pág. )
27. Conferencia de la Honorable Cámara constituida en comisión
para considerar el
proyecto de ley al que se refiere el número anterior de este sumario. El cuerpo adopta como despacho
el texto del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, con modificaciones. (Pág. )
28. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre el despacho al que
se refiere el número anterior de este sumario.
Se sanciona. (Pág. )
29. Apéndice:
I. Sanciones
de la Honorable Cámara. (Pág.
)
II. Actas
de votación nominal números. (Pág. )
III. Inserciones
solicitadas por los señores
diputados:
1) Banfi. (Pag.
)
2) Lousteau.
(Pág. )
3) Najul.
(Pág. )
4) Najul.
(Pág. )
5) Olivares. (Pag.
)
6) Olivares. (Pag.
)
7) Peñaloza
Marianetti.(Pág. )
8) Ramón. (Pág.
)
9) Ramón. (Pág.
)
10)
Ramón. (Pág. )
11)
Ramón. (Pág. )
12)
Ramón. (Pág. )
13)
Ramón. (Pág. )
14)
Ramón. (Pág. )
15)
Ramón. (Pág. )
16)
Ramón. (Pág. )
17)
Ramón. (Pág. )
18)
Schmidt Liermann.
(Pág. )
19)
Tundis. (Pág. )
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre de 2018, a la hora 13 y 6:
Sr. Presidente (Monzó).- Con la presencia de 197 señores diputados, queda abierta la sesión conforme al requerimiento efectuado por señores diputados en número reglamentario.[1]
- 1 -
Sr. Presidente (Monzó).- Obra en Secretaría el mensaje y el decreto del Poder Ejecutivo por el que se convoca al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias desde el 3 hasta el 21 de diciembre de 2018.
AQUÍ MENSAJE Y DECRETO DEL PODER EJECUTIVO POR EL QUE SE CONVOCA a SESIONES EXTRAORDINARIAS
- 2 -
I
Sr. Presidente (Monzó).- Para una homenaje, tiene la palabra la diputada Del Pla, por Buenos Aires.
Sra. Del Pla.- Señor presidente: hace aproximadamente una hora y cinco minutos que esta Cámara aplaudió el homenaje a Lucía Pérez.
Nuevamente quiero rendirle un sentido homenaje y abordaré las causas que me motivan a hacerlo. Muchos de los legisladores que aplaudieron parecía que no sabían, ni siquiera, de qué hablábamos.
Lucía Pérez era una joven de 16 años de la ciudad de Mar del Plata, que fue víctima de un femicidio aberrante en 2016. Pero hace pocos días fue nuevamente víctima, porque el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata ‑integrado por los jueces Gómez Urso, Carnevale y Viñas‑ absolvió a los imputados del delito de abuso sexual seguido de muerte.
Para quienes no lo saben, el femicidio de Lucía dio lugar el 19 de octubre de 2016 a un paro nacional de mujeres. Hoy, nuevamente, las mujeres están realizando un paro. Nos movilizaremos para manifestar el repudio popular a este fallo vergonzoso que en lugar de enjuiciar a los asesinos y femicidas, se ha dedicado a enjuiciar a la víctima, es decir, a Lucía. Esta situación merece el repudio generalizado de la población trabajadora, joven y oprimida de este país. Esto claramente es el síntoma y la puesta en evidencia de un régimen de opresión, de dominación de la mujer y de disciplinamiento social mediante la violencia y los femicidios.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.
Sra. Del Pla.- El Estado tiene directa responsabilidad en la protección y el amparo de la violencia hacia las mujeres y ante la actuación de los narcos que, a plena luz del día, están asolando a la juventud en la puerta de las escuelas y en los barrios. No obstante, los jueces dicen que Lucía no estaba en situación de vulnerabilidad. Todas, todos y todes nuestros jóvenes están en situación de vulnerabilidad, lo cual es responsabilidad directa del Estado.
También quiero homenajear a la familia de Lucía: a la mamá, al papá y al hermano, porque están enfrentando con una notable entereza la opresión de todos los poderes del Estado.
La mamá de Lucía, Marta, contaba ayer a un numeroso grupo de gente -entre los cuales estábamos varias diputadas y diputados presentes que seguramente harán uso de la palabra- cuáles fueron los argumentos del fallo para justificar que Lucía prácticamente se murió sola. Si bien conocíamos cuáles eran los argumentos, no fue lo mismo leerlos que escucharlos de boca de la madre.
La mamá de Lucía contaba que entre los argumentos para considerar que la violación reiterada de tres adultos a una joven de 16 años no es un homicidio, se tomaba en cuenta, por ejemplo, que tenía veinte faltas en la escuela.
Esto realmente es profundo y nos permite advertir que estamos ante un verdadero régimen y una organización social de opresión de las mujeres que convierte a las víctimas de femicidio, de violencia hacia la mujer y de los crímenes de odio, en las víctimas que juzga ese régimen.
Esta es la regla y no se trata de un fallo aislado. Tengamos en cuenta que la mujer víctima de violencia no puede hacer la denuncia porque no se la toman, no cuenta con refugios a los cuales recurrir y tampoco existe una verdadera política que proteja a la mujer en situación de violencia.
Como el Estado es responsable, hoy homenajeamos a Lucía y a todas las víctimas de violencia de género y de femicidios.
Por estos motivos hoy paramos, hoy marchamos, hoy reclamamos justicia por Lucía y decimos NiUnaMenos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Raverta, por Buenos Aires.
Sra. Raverta.- Señor presidente: haré mi homenaje como vecina de la ciudad de Mar del Plata, como madre de dos adolescentes, pero sobre todo como persona a la cual ese 8 de octubre le cambió la vida, su trayecto diario y su cotidianeidad.
El
8 de octubre de 2016 Mar del Plata vivió un estruendo y algo que nos hizo
distintos. A raíz de ese horrendo femicidio, Mar del Plata se movilizó en
defensa de la vida diaria de la sociedad y de nuestras hijas e hijos. Algo pasó
en la ciudad cuando nos enteramos de que Lucía ingresó viva a una casa y salió
muerta. Ese hecho repercutió dentro del territorio nacional en forma de un paro
de mujeres, de resistencia, de lucha y de marcha masiva, pero también
trascendió a la Argentina, traspasó las fronteras y llegó a Chile, Bolivia,
México y Uruguay.
Lucía traspasó todas las barreras, incluida la muerte, porque Lucía significa luz.
En ese sentido, el 8 de octubre de 2016 su hermano escribió una carta contando quién era Lucía. En ella nos habló del rock y del “pogo” del Indio en el recital al que asistió Lucía con su papá en Tandil, tal como hicimos muchas madres acompañando a nuestras hijas.
En la carta también hizo mención a las canciones de Viejas Locas, a las perras y a las mascotas de Lucía. Matías, quien era apenas mayor que Lucía, pedía justicia en serio.
La verdad es que el 26 de noviembre de este año el nombre de Lucía nos volvió a convocar a un paro nacional y a una marcha de mujeres porque el fallo volvió a matarnos. El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata nos vuelve a silenciar. Es un fallo que no tiene ninguna perspectiva de género y absuelve a los tres imputados del delito de abuso sexual y femicidio. Ese fallo vuelve a ponernos a las mujeres argentinas en un lugar de vulnerabilidad.
Por ello, desde este bloque, junto con otros que nos acompañaron, presentamos una declaración repudiando el fallo, pidiendo que el Tribunal de Casación revea las perspectivas desde las que fue analizada la prueba y se contemplen también las cuestiones de género.
Asimismo, desde el Congreso, como diputados y diputadas de la Nación, hacemos llegar nuestro abrazo a la familia de Lucía: a Marta, a Guillermo y a Matías.
En marzo esperamos poder tratar el tema para volver a interpelar al Poder Judicial argentino, a fin de que modifique su perspectiva y la manera en que concibe a la Justicia. Estamos seguros y seguras de que a la sociedad tenemos que construirla entre todos y todas. A la vez, estamos seguros de que este fallo es un pésimo mensaje para las adolescentes de la Argentina porque pareciera que nadie es responsable de que hoy Lucía no esté entre nosotros ni nosotras.
Como dijo Rita Segato al ver la foto de Lucía: es nuestra intención salvar la Nación, es nuestra intención que NiUnaMenos pase de ser una consigna y un reclamo, para convertirse en una certeza y parte de la subjetividad y del sentido común de los argentinos y las argentinas.
Por eso desde nuestro bloque rendimos un homenaje a Lucía, acompañamos a Marta y sostenemos que esto no puede volver a ocurrir en la Argentina. Esto es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
Frente al pacto machista, el paro feminista. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada González Seligra, por Buenos Aires.
Sra. González Seligra.- Señor presidente: rindo homenaje a Lucía y a las más de 250 mujeres asesinadas anualmente a raíz de la violencia machista existente en el país.
Como se dijo en este recinto, estamos ante un antecedente aberrante. Me refiero al fallo que absolvió a los femicidas de Lucía, basado en argumentos que la culpabilizan y la señalan como responsable de la violencia machista y de su asesinato, toda vez que en él los jueces intentan explicar por qué Lucía era una joven que no podría tener relaciones sin consentimiento.
Como dijo su madre, con este fallo la vuelven a matar. Este fallo expresa y ratifica la perspectiva patriarcal que tiene la Justicia de nuestro país. Hablamos de una Justicia que también ratifica su carácter de clases, porque rápidamente absolvieron a los femicidas de Lucía, pero todavía continúan impunes los crímenes de Rafael Nahuel y de Rodolfo Orellana.
Es una Justicia sostenida por un sistema dentro de una casta absolutamente privilegiada, alejada del conjunto del pueblo trabajador, que a la vez recibe sueldos abultados y millonarios. Nos referimos a una Justicia integrada por magistrados que ni siquiera quieren exponerse a pagar el impuesto a las ganancias, como se intentó establecer en esta Cámara. Son jueces eternos, no revocables y mucho menos elegidos por el voto popular.
Por eso peleamos para que los miembros de la Justicia sean electos por voto directo y popular, y que sus cargos sean revocables.
Este fallo nos hizo reaccionar. Las mujeres tenemos una bronca profunda, que se expresa en el paro y en la movilización que se llevará a cabo en el día de hoy, que por supuesto acompañamos.
Este año las mujeres ya mostramos una enorme fuerza cuando nos movilizamos por el derecho al aborto junto a los trabajadores y a los jóvenes. Hubo un hecho importante en 2016 cuando asesinaron a Lucía: me refiero específicamente al histórico paro del 19 de octubre. Pero ya veníamos de la histórica movilización realizada en 2015 durante el gobierno anterior, bajo el lema: “NiUnaMenos. Vivas nos queremos”.
Las mujeres sabemos que gobierno tras gobierno los dirigentes reproducen y sostienen el sistema patriarcal y capitalista que nos tiene como objetos sexuales, de violencia, de reproducción y de trabajo no pago, como es el doméstico.
Esa es la razón por la cual cuestionamos el sistema y hoy paramos y nos movilizamos.
Por otra parte, quiero denunciar que las conducciones sindicales son responsables por no realizar una fuerte movilización que ponga en las calles a los millones de trabajadoras que hay en el país y así acabar de una vez por todas con la violencia machista y conquistar más derechos para las mujeres.
Finalmente, en este homenaje a Lucía vaya nuestro compromiso por sostener la movilización de las mujeres para acabar con la violencia machista en el país. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Martínez, por Jujuy.
Sra. Martínez.- Señor presidente: coincido y comparto las palabras expresadas por las diputadas preopinantes.
Ayer, a partir de una invitación de la señora diputada Donda, algunos legisladores tuvimos la oportunidad de conversar con la mamá de Lucía. Fue realmente conmovedor escuchar a Marta hablar de la ausencia de Lucía. Ella también se refirió pormenorizadamente a todas las situaciones de revictimización a las que se vio sometida por muchos operadores de la Justicia, aunque igualmente destacó a quienes actuaron bien.
Creo que esta situación que vivimos en la Argentina y esta muerte terrible que nos duele nos hace notar la imperiosa necesidad de una Justicia con perspectiva de género. Aquí no puede haber diferencias. Es necesario ‑como lo venimos haciendo y lo hemos demostrado en esta Cámara‑ que todas las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres nos mantengan en un trabajo transversal y articulado de todos los poderes del Estado y con la sociedad civil.
Los datos estadísticos reflejan que, a pesar de los pasos que se han dado ‑que consideramos logros‑, no hemos podido revertir estos datos tristísimos. Nosotros hemos presentado algunos proyectos sobre la necesidad de la capacitación en la Justicia y uno relacionado con la experiencia que tuvimos en Jujuy con la creación de juzgados especializados en violencia de género, que a poco de transitar nos hacen saber que es una medida indispensable.
Este fallo de la Justicia y su justificación representan absolutamente un insulto a la lucha por los derechos de las mujeres, que desde hace muchos años llevamos adelante mujeres y varones de diferentes bloques, las organizaciones sociales en su conjunto y todos aquellos que asisten a las marchas y paros bajo la consigna NiUnaMenos, como la que se hará en el día de hoy, que seguramente también tendrá una amplia convocatoria.
Como parte del interbloque Cambiemos, manifiesto nuestro repudio por este fallo y nuestro reclamo por una Justicia con perspectiva de género, para que no haya más casos como el de Lucía. Desde ya, quiero hacer llegar un enorme abrazo y nuestra total solidaridad a su familia. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Donda Pérez, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Donda Pérez.- Señor presidente: por supuesto, nosotros también queremos ser parte de este homenaje a Lucía, pero también a Marta –la mamá de Lucía‑, a su papá y a su hermano; y también a sus amigos y amigas, que están apoyando a esa familia en Mar del Plata.
A toda la sociedad que los está acompañando le queremos pedir que no nos conmovamos solo cuando vemos una foto en un noticiero. Tenemos que evitar que esas jóvenes, que son de carne y hueso y sienten placer y dolor, se conviertan en fotos que nos interpelan para pedir justicia.
Hoy a Lucía la conocemos muchos y muchas porque hemos visto sus fotografías. También sabemos de sus gustos sexuales y de sus faltas en el colegio; hasta sabemos qué le gustaba desayunar, porque en el fallo los jueces hablan de lo “bondadoso” que fue uno de sus femicidas, Matías Farías, porque le dio una Cindor para el desayuno. Para los jueces, esto era una prueba de que no había motivación para llevar adelante un crimen de esas características. Los jueces entendieron que el joven era “amoroso” por llevarle una Cindor.
Como dije, hoy todos conocemos los gustos de Lucía. Pero muy pocos conocemos los nombres de los tres jueces, y por eso los quiero nombrar. Debemos saber quiénes son porque no nos tenemos que olvidar de ellos mientras ocupen un lugar en la Justicia. Esos tres jueces son: Gómez Urso, Carnevale y Viñas, que están ocupando ese cargo en la Justicia de Mar del Plata. Estos tres jueces volvieron a asesinar a Lucía con su fallo, porque la impunidad y el olvido es otra forma de hacer desaparecer.
Esos tres jueces dijeron en la sentencia que como Lucía tenía carácter no había posibilidad de que fuera sometida a una violación. Por eso no pueden seguir ocupando ese lugar. Desde este espacio político vamos a impulsar un jury de enjuiciamiento en la provincia de Buenos Aires, porque creemos que de alguna forma la política tiene que dar cuenta de esto.
¿Qué dijeron esos jueces en el fallo? Que como a Lucía le gustaba tener relaciones sexuales, lo cual está probado, no había posibilidades de que fuera sometida. Eso dijeron esos tres “señores”. Esto nos tiene que interpelar, no solo a la política y a la Justicia, sino a toda la sociedad.
¿Qué es lo que la sociedad está esperando de las mujeres? ¿Qué es lo que creemos? ¿Que para que una joven pueda ser sujeto de derecho o pueda gozar del derecho al acceso a la Justicia deba ser sumisa? Digo esto porque en el fallo los jueces Gómez Urso, Carnevale y Viñas utilizan la palabra “sumisa”. Estas tres bestias sostienen en su fallo que como Lucía no era sumisa, nadie la podía violar. Los llamo “bestias” porque solamente bestias pueden dejar que tres asesinos anden sueltos en Mar del Plata. Estamos hablando de tres asesinos que violaron reiteradamente a una niña de 16 años, la empalaron, la mataron, la bañaron y luego la dejaron tirada en una salita de primeros auxilios. Esto es lo que hicieron con el cuerpo de Lucía. ¿Quién lo hizo? Lo tiene que averiguar la Justicia. El problema es que con esta Justicia y con estos tipos que escriben atrocidades como estas en un fallo, Lucía no va a tener Justicia.
Con esos tipos Lucía no va a tener Justicia. Lucía va a tener Justicia con nosotras, porque hoy vamos a salir a la calle y vamos a parar; lo haremos hoy y todas las veces que haga falta, por Lucía y por todas las otras. No puedo nombrar a todas las víctimas de femicidio, pero quiero mencionar el caso de Natalia Melmann, que estaba en Miramar, un lugar muy cercano a Mar del Plata. Hace diecisiete años que la familia de Natalia viene pidiendo justicia. Sin embargo, lo único que recibió fueron palos en la puerta del tribunal, porque absolvieron a los que estaban imputados por el asesinato de Natalia, otra jovencita violada y asesinada en la costa argentina.
También quiero mencionar el caso de Yanina, a la que hace muy poco prendieron fuego en Escobar. Presuntamente la prendió fuego un violento que tenía una orden de restricción porque ella lo había denunciado. Pero parece que para la Justicia se prendió fuego sola.
Así puedo seguir nombrando a un montón de mujeres que ya no están. Pero lo más grave es que podemos nombrar a muchas que están. No iba a contar este caso, pero lo voy a hacer. Hace dos noches, junto al diputado Grosso estuvimos en una comisaría de Escobar. Acá hay muchos diputados y diputadas por la provincia de Buenos Aires. Somos diputados nacionales y nos tenemos que hacer cargo de esto. Creo que en este tema vamos a estar todos y todas juntas, más allá de los espacios políticos a los que pertenezcamos.
Como les decía, con el diputado Grosso estuvimos en una comisaría de Escobar desde la 1 y 30 de la madrugada hasta las 4. Somos dos diputados que, en general, vamos a las comisarías cuando llevan detenidos a algunos compañeros. Pero en este caso no habían llevado detenido a nadie. Fuimos a esa comisaría porque había una nena de 12 años que quería denunciar la violación de su padre y su tío y en la comisaría no le querían tomar la denuncia porque la nena era de San Miguel y estaba en San Martín. Esa era la excusa de la oficial Gutiérrez, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, para no tomarle la denuncia. Lamentablemente, no es la primera vez que se niegan a tomar una denuncia. Esto debe ser castigado.
Esa nena pudo hacer la denuncia y se pudo ir a una casa segura porque hubo dos diputados que a la madrugada fueron hasta la comisaría de San Martín y se quedaron allí hasta que le tomaron la denuncia. Si no, esa pibita tenía que volver a dormir a su casa, donde estaba su progenitor, que la sometía a abusos sexuales.
Por eso tenemos que pensar en cuáles son las instituciones que tenemos. Pero no solo debemos pensar, porque con esto no vamos a resolver el problema, sino que tenemos que actuar. Un policía que no cumple con su función está incumpliendo con los deberes de funcionario público.
Entonces, el mejor homenaje a Lucía, a su madre y a toda su familia es construir instituciones que hagan lo que tienen que hacer y protejan a las mujeres. Como hasta ahora no las tenemos, las vamos a proteger en la calle. Por eso hoy paramos las mujeres “Contra el pacto machista”. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Najul, por Mendoza.
Sra. Najul.- Señor presidente: deseo adherir al repudio que ha ocasionado este fallo y a la preocupación que nos ha causado leerlo. Es realmente escalofriante ver lo que han escrito estos jueces, pues no han tenido en cuenta la perspectiva de género, así como tampoco una visión humanitaria de lo que le ha sucedido a Lucía. Por lo tanto, acompañaré personalmente el pedido de jury.
Creo que debemos seguir luchando. La realidad es que siguen muriendo mujeres debido a la violencia machista. Tenemos datos alarmantes al respecto y sabemos que por esa causa muere una mujer cada treinta horas. Desde todos los poderes debemos hacer lo necesario para acabar con este flagelo y comprometernos a tener esa mirada a fin de atender estas situaciones.
Evidentemente, a través de este fallo vergonzoso del Tribunal Oral Criminal de Mar del Plata nos damos cuenta de que todavía hace falta recorrer mucho camino. Este debe ser el compromiso, repito, desde el lugar que a cada uno le toque. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar a la familia en las marchas expresándonos en la calle, pero también actuando con legislaciones acordes y con medidas determinadas para finalizar, de una vez por todas, con estas muertes que tanto mal nos hacen como argentinos en cada lugar de nuestro país.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Rodenas, por Santa Fe.
Sra. Rodenas.- Señor presidente: en primer lugar, deseo expresar mi más profundo homenaje a la memoria de Lucía y el acompañamiento a sus padres y familia.
Además, quiero manifestar la total adhesión al trabajo realizado por las compañeras preopinantes y por quienes han estado desde el primer momento solidarizándose e, incluso, planteando una cuestión central, la posibilidad de llevar a cabo un jury de enjuiciamiento respecto de los jueces que se manifestaron en torno a este abuso sexual seguido de femicidio en términos absolutorios.
Qué decir, señor presidente, cuando casi por 20 años he sido jueza penal de Rosario y he vivido en carne propia los obstáculos epistemológicos que atraviesan transversalmente al Poder Judicial, no solo de mi ciudad, sino de casi todas las ciudades de la República Argentina. Estos obstáculos no son insalvables; simplemente se trata de generar políticas públicas en ese sentido e, incluso, de crear en las universidades nacionales, ya sean públicas o privadas, una verdadera formación con perspectiva de género.
Los jueces no son una creación azarosa de la historia, sino sujetos situados que se construyen en y por una historia. Evidentemente, en la historia argentina también ha habido una gran cantidad de omisiones a la hora de educar y formar tanto a nuestros hombres como a nuestras mujeres.
El fallo judicial del Tribunal Oral en lo Criminal de la ciudad de Mar del Plata, al que me quiero referir brevemente para acompañar este homenaje, que absuelve a los imputados de abuso sexual seguido de femicidio, ha significado una demostración más del sistema patriarcal dominante en el Poder Judicial de la Argentina que atraviesa –repito‑ a los estratos sociales muy diferenciados de este país.
Los jueces han expresado como uno de sus principales argumentos –cargado de fallidos- que las relaciones sexuales entre el acusado y Lucía habían sido consentidas. Esta conclusión se basó claramente en apreciaciones plagadas de estereotipos sexistas, que ya no deberían existir más en ninguna argumentación jurídica en nuestro Poder Judicial. Sobre todo, argumentaciones discriminatorias respecto de lo que fue su vida previa, algo que los que sabemos un poquito de derecho penal llamamos “cómo investigar a la víctima”. Esto es algo que nunca hay que hacer cuando hay un hecho que investigar y no una víctima que investigar. Se pueden investigar las circunstancias concomitantes al hecho en las cuales la víctima participó, pero no hay que investigar a la víctima como construcción subjetiva.
Entonces ‑esto también lo expresaba la diputada Donda Pérez‑, como Lucía era una chica con personalidad y no era sumisa –esta palabra está encomillada en el fallo-, como había tenido relaciones ocasionales previas –vaya si una mujer no puede tener las relaciones ocasionales que quiera- con otros hombres mayores que ella –consideración absolutamente irrelevante en un fallo judicial-, ya tenía la capacidad para negarse a tener relaciones y, por lo tanto, no debería haber sido abusada sexualmente.
Señor presidente: yo preguntaría a los jueces cómo se hace para negarse a aquellos que nos violentan. Este razonamiento expresado en la sentencia significa, repito, no solo abonar a una ideología patriarcal, sino también violar claramente la ideología de género en materia de los pactos internacionales y, más precisamente, la Convención de Belém do Pará, que tiene rango constitucional en la Argentina.
Hace pocos días, el 29 de noviembre, el comité de expertas que visitó la Argentina y que forma parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer aclaró que el uso de los estereotipos de género en la actuación de los operadores de la Justicia de la República Argentina representa la clara violación a los derechos humanos de las mujeres de este país.
En función de ello, y como exhortación, además de avalar las consideraciones que han tenido los compañeros que trabajan en el INECIP, donde plantearon claramente que los jueces del tribunal se apoyan en la vida pasada de Lucía y no en los hechos que deberían haberse investigado, es que todas nosotras hoy estamos vestidas de negro.
Agradezco a mis compañeras preopinantes y aclaro que nos vamos a vestir de negro por Lucía y por todas las Lucías de la República Argentina.
Pido perdón en nombre de algunos miembros del Poder Judicial que deshonran el mandato para el que han sido elegidos y ojalá que en algún momento la elección se haga a través de un mandato popular. (Aplausos.)
ii
Sr. Presidente (Gioja).- Para rendir homenaje a la doctora
Graciela Monteavaro, secretaria de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia, tiene la palabra la señora diputada Martínez, por Jujuy.
Sra. Martínez.- Señor presidente: Graciela Monteavaro ocupó
hasta julio de este año la secretaría de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia y su último acto fue la donación de mil libros. Fue una mujer
realmente muy comprometida con la comisión y cumplió su función durante treinta
y tres años.
Graciela Monteavaro ingresó a la
Cámara de Diputados con solo 22 años, proveniente de otro espacio. Luego se
hizo cargo cuando se creó la comisión, impulsada por Florentina Gómez Miranda.
En el día de hoy considero un justo homenaje recordar la labor desempeñada con esmero y dedicación. Se sentía totalmente consustanciada con los derechos de las mujeres y de la infancia, y estaba siempre presta a buscar la información, a realizar todo lo que le fuera solicitado, pero también a ponerle su propia impronta, poniendo a disposición todo lo que fuera necesario para que la comisión pudiera desarrollar con eficiencia su cometido.
Quería recordarla muy especialmente, con mucho cariño, y por supuesto saludar a su familia y a todos los empleados de la Cámara, que sienten su ausencia, que ya la habían sentido cuando se jubiló, pero la sienten ahora más porque esa ausencia es definitiva en lo físico. Su recuerdo va a permanecer siempre.
Como homenaje, es bueno comprometernos a continuar como ella lo hacía, con dedicación y esmero en la lucha por los derechos de las mujeres y la infancia, y hacer un minuto de silencio en su recuerdo.
Sr. Presidente (Gioja).- La Presidencia invita a los señores diputados y al público presente a ponerse de pie a fin de guardar un minuto de silencio en memoria de la doctora Graciela Monteavaro.
- Puestos de pie, los señores diputados y el público presente guardan un minuto de silencio en memoria de la doctora Graciela Monteavaro.
Sr. Presidente (Gioja).- Con las palabras vertidas por los señores diputados quedan rendidos los homenajes de la Honorable Cámara de Diputados.
- 3 -
Sr. Presidente (Gioja).- Para una cuestión de privilegio tiene
la palabra el señor diputado Del Caño, por Buenos Aires.
Sr. Del Caño.- Señor presidente: el motivo de nuestra
cuestión de privilegio tiene que ver con la gravedad de la escalada represiva
que estamos viviendo en el país, particularmente por la resolución 956/18 del
Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
Esa resolución plantea un reglamento
por el cual se amplían las facultades para la utilización de armas de fuego por
parte de las fuerzas represivas. Allí se está planteando claramente una
inconstitucionalidad, como hoy lo manifestó un juez ante la presentación de
organismos de derechos humanos ‑a los que acompañamos, junto con mi
compañera, Myriam Bregman‑, porque justamente se violan las leyes
vigentes y los tratados internacionales con rango constitucional.
Lisa y llanamente se está planteando
legalizar el fusilamiento por parte de las fuerzas de seguridad a personas que,
por ejemplo, se encuentren desarmadas, estableciendo que no hace falta dar la
voz de alto y que no necesariamente se tiene que haber recibido una agresión
directa. Es decir, están legalizando el gatillo fácil y verdaderamente hay
estadísticas alarmantes en nuestro país sobre el gatillo fácil de las distintas
fuerzas de seguridad, ya sean nacionales o provinciales.
Esto se agrega a lo que hemos visto en
los últimos días, en que la ministra Bullrich salió a festejar la impunidad en
el caso del crimen de Estado de Santiago Maldonado en la previa de las
movilizaciones contra el G-20. Esto es promover el gatillo fácil y avalar
también el fusilamiento y la impunidad en la causa del asesinato por la espalda
de Rafael Nahuel, por el que al día de hoy no hay nadie preso.
Hemos visto también la gravedad que
tiene el asesinato por parte de fuerzas represivas de militantes, como el caso
de los dos compañeros de la CTEP que fueron asesinados. Junto con sus
compañeros, familiares y amigos, exigimos justicia.
Hace pocos días, quien les habla
recibió palos y gases, junto a otros legisladores, cuando participábamos en un
acampe pacífico de trabajadoras y trabajadores de la empresa SIAM que reclaman
por su fuente de trabajo. La Policía Bonaerense, en un operativo nocturno con
cientos de efectivos, fue a desalojar a esas compañeras y compañeros
trabajadores que siguen reclamando por su fuente de trabajo.
El operativo para recibir con honores
a los líderes mundiales que vinieron a la reunión del G-20 ‑responsables
de la miseria, el hambre y las guerras en el mundo‑ fue escandaloso: se
emplearon 22.000 efectivos y fueron detenidos compañeros de mi organización ‑el
PTS‑, entre los cuales se encontraba nuestro apoderado y secretario
parlamentario, quien simplemente se acercó a ver qué sucedía con unas
camionetas que habían detenido antes de la movilización.
Señor presidente: estamos viendo una
escalada represiva, y esta licencia para matar que se da a las fuerzas de
seguridad no nos parece casual. El intento de la ministra Bullrich de copiar a
Bolsonaro tiene que ver con llevar adelante el saqueo que ordena el Fondo
Monetario Internacional. No por casualidad también plantearon avanzar en una
ley que cercene el derecho de manifestación.
Por eso quiero alertar que no van a
salirse con la suya aquellos que pretenden avanzar en esta escalada represiva
contra el pueblo trabajador, al que se aplica el saqueo del Fondo Monetario
Internacional, como lo está haciendo el gobierno nacional y los gobernadores
del PJ, que son parte de ese ajuste.
Como vemos en Francia, los
trabajadores –los llamados “chalecos amarillos”- salieron a la calle y derrotaron
el intento de Macrón de avanzar con el aumento de los combustibles. La única
perspectiva, el único camino para la clase trabajadora y el pueblo, para que
esta crisis no la paguen las grandes mayorías, sino los capitalistas, los
banqueros y los especuladores, es con la movilización y la lucha del conjunto
de los trabajadores y el pueblo, a la cual apostamos.
En ese sentido, señor presidente, es
que quería plantear esta cuestión de privilegio, ya que hace a las libertades
democráticas fundamentales que están siendo atacadas en este momento. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- La cuestión de privilegio planteada
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 4 -
Sr. Presidente (Gioja).- Para una aclaración tiene la palabra
la señora diputada Moreau, por Buenos Aires.
Sra. Moreau.- Señor presidente: en nombre del bloque del
Frente Renovador solicito que el fallo sobre el asesinato de Lucía Pérez sea
publicado en el sitio de la Cámara.
Nos parece que esta no tiene que ser
una cuestión de género y solamente de las mujeres. Aquí se han expresado casi
todas mujeres, pero este es un fallo que, además, habla de violencia
institucional, como otro tipo de fallos que en estos días se dieron a conocer.
Así que, acompañado por una nota de
los presidentes de bloque, solicito que la Cámara incorpore en su sitio web
este fallo, para que la Argentina sepa de qué estamos hablando. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Queda registrado el pedido de la
señora diputada Moreau.
- 5 -
Sr. Presidente (Gioja).- Para una cuestión de privilegio tiene
la palabra la señora diputada Ferreyra, por Corrientes.
Sra. Ferreyra.- Señor presidente: esta cuestión de
privilegio también es para expresar el repudio de nuestro bloque a la
resolución 956, dictada por la ministra Bullrich, a quien en realidad
tendríamos que llamar “la ministra de la inseguridad y el gatillo fácil”.
Pero, además, planteo esta cuestión de
privilegio porque con esa resolución usurpa facultades de este Congreso, que es
el que establece los delitos, las formas de actuación y los eximentes de
responsabilidad.
También usurpa funciones del Poder
Judicial. En realidad, esta
resolución no trata de dar órdenes de actuación a las fuerzas en situaciones
complicadas, como en la persecución de delincuentes o del crimen en general,
sino que está tratando de crear eximentes de responsabilidad para los miembros
de las fuerzas de seguridad que abrazan la “doctrina Chocobar”. Entonces,
usurpa también facultades del Poder Judicial, que es el único que puede fijar
el alcance de la interpretación de lo que es la legítima defensa en una
situación protagonizada por las fuerzas.
Como bien dijo la diputada Del Plá,
varios miembros de las fuerzas de seguridad que abrazaron esta doctrina
terminaron como el propio Chocobar y están siendo juzgados por ello. En
realidad, más que hablar de la “doctrina Chocobar” tendríamos que hablar de la
“doctrina Patobar”, porque con este tipo de normas, como las declaraciones de
la ministra, se persigue a los pollos del Hezbollah y hasta hay sábanas
acusadas de terroristas. ¡Es un descontrol! Me acuerdo que empezaba su gestión
persiguiendo a unos delincuentes que se habían escapado –fuimos la risa del
mundo-, y hasta se incluyó un capítulo de un comisario persiguiendo en ojotas a
esos delincuentes a quienes las fuerzas a cargo de la ministra no podían
encontrar.
El comisario de Trulalá tenía mucha
más humanidad y dignidad que la que se puede encontrar en la propia persona de
la ministra.
Consideramos que hay que poner un límite,
y por eso exigimos al Poder Ejecutivo que se incluya en el temario de las
sesiones extraordinarias un proyecto de autoría de nuestro bloque por el que se
deroga esta resolución ministerial por ilegal e inconstitucional, y porque,
como dijeron otros pares, significa la autorización de las ejecuciones
extrajudiciales en la Argentina.
A partir de esta resolución estará en
peligro la vida de los ciudadanos, pues bastará con ir a correr a un lugar
descampado con un buzo con capucha y auriculares, sin posibilidades de
escuchar, para que esta señora autorice a que cualquier policía o integrante de
una fuerza de seguridad pueda actuar. Están en peligro nuestros hijos, la
seguridad e, incluso, la democracia misma. Asimismo, están en peligro los
miembros de las fuerzas de seguridad, quienes deben recordar que en la
Argentina no hay obediencia debida. No se pueden acatar órdenes ilegales e
inconstitucionales como las que dio la ministra.
-
-Ocupa la
Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
doctor Pablo Gabriel Tonelli.
Sra. Ferreyra.- Por eso pedimos al presidente Macri que incluya en sesiones
extraordinarias el proyecto de nuestra autoría por el que se deroga esta
resolución de la ministra, pero que también incorpore, para tener reglas
claras, las normas fijadas por las propias Naciones Unidas mediante el
Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los
miembros de las fuerzas de seguridad, que ya tiene varios años.
Por otro lado, con este tema de la
“doctrina Patobar” se nos planta infiltrados en las marchas, y como bien se ha
dicho aquí, se dedicaron un mes a encubrir lo que había pasado con Santiago
Maldonado para después tratar de generar responsabilidad en las familias y en
quienes denunciamos la situación y lo buscamos durante un mes.
Decía la diputada Raverta, en su
homenaje y recuerdo a Lucía –y la denuncia del caso-, que luego de aquel negro
8 de marzo de 2016 en que fue violada y asesinada, nuevamente fue violada y
asesinada por los jueces machistas a los que denunciaba la diputada Donda
Pérez.
Ese 8 de marzo terminábamos una de las
movilizaciones de mujeres más grandes que tuvo la Argentina. A la hora en que
mataban a Lucía, nosotros estábamos en las cárceles sacando a todas las pibas
que habían sido llevadas por la redada ordenada por Patricia Bullrich después
de plantar infiltrados, porque se demostró que el pibe que fue con la banderita
del Vaticano y la patota que lo acompañaba eran empleados que trabajaban con
Bullrich y con Santilli.
¡Estamos cansados y no podemos seguir
con el silencio cómplice ante estas actuaciones trasnochadas, etílicas e
inconstitucionales de la ministra!
Por eso planteamos una cuestión de
privilegio para que el Poder Ejecutivo avance en incorporar proyectos para regular
democráticamente estos temas. Acompañamos la decisión que aquí transmitió la
diputada Donda Pérez, en el sentido de pedir la destitución de los jueces
machistas, porque la verdad es que estos fallos vuelven a violar y a asesinar
no solo a cada una de las víctimas, sino a todas nosotras. Nos siguen queriendo
disciplinar con fallos patriarcales y machistas.
Por todo ello, convocamos también a la
marcha que hoy se hará a partir de las 17 horas, desde Tribunales, porque
estamos cansadas y le decimos basta a todo el patriarcado, no solo por Lucía y
por Micaela. El día anterior a que Micaela fuera asesinada, había ido un padre
con su hija de 12 años a denunciar al violador, que estaba libre por decisión
de un juez patriarcal, y no le tomaron la denuncia.
¡Estamos cansadas! Por eso, hoy
volveremos a gritar nuestra indignación contra estos funcionarios como Bullrich
y todos los que debieron generar condiciones de garantía y libertad ciudadana,
como es también el caso de estos jueces patriarcales. Vamos a seguir gritando
“basta” e iremos por la destitución de cada uno de ellos.
En el caso de Bullrich, vamos a
presentar un pedido de juicio político, que tendrá que ser tratado ya que para
ello no hay limitación en el temario de las sesiones extraordinarias.
Señor presidente: por Lucía, por Micaela,
hoy volvemos a gritar basta y paramos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Tonelli).- La cuestión de privilegio pasa a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 6 -
Sr. Presidente (Tonelli).- Para una cuestión de privilegio
tiene la palabra el señor diputado Doñate, por Río Negro.
Sr. Doñate.- Señor presidente: vengo a plantear una cuestión de privilegio contra
el presidente de la Nación, Mauricio Macri, al verme afectado por esta nueva y
repudiable acusación por la que pretende endilgar al Congreso de la Nación la
responsabilidad de no incluir en el temario de las sesiones extraordinarias el
proyecto de ley de alquileres.
El presidente Macri mintió y miente.
Mintió en la campaña electoral, no solamente cuando no hizo lo que dijo que iba
a hacer, sino cuando hizo todo lo contrario, en lo que es la mayor estafa
electoral de la historia de la democracia argentina. Además, hoy sigue
mintiendo en la gestión en forma irresponsable.
En este preciso instante deberíamos
estar debatiendo la ley de alquileres, pero no lo estamos haciendo por decisión
del presidente Macri. El 12 de octubre, hace menos de dos meses, el presidente
anunció casi por cadena nacional que antes de que terminase el año íbamos a
tener una ley para defender al sector más débil, que es el de los inquilinos.
Íbamos a regular el valor de los bienes inmuebles en cuanto a su alquiler, las
comisiones, los depósitos, los honorarios, los índices de actualización, la
renovación, las garantías, las expensas extraordinarias. ¿Qué hizo, entonces,
este Congreso de la Nación? Aceleró el proceso de trabajo que venía teniendo y
logró un dictamen de mayoría, con disidencias parciales, que está listo para
ser tratado en el pleno de esta Cámara.
Esa es la muestra clara de que el
presidente Macri miente y estafa a los 8 millones de inquilinos que desde hace
tres años esperan esta ley. Miente y acusa a la oposición que con el
oficialismo firmó un dictamen que está listo para ser tratado en el recinto.
Además, el presidente expone y deja en
ridículo al propio oficialismo, que se puso al frente del tema y que logró los
consensos necesarios para arribar a ese dictamen.
Es decir que, como parte y preso de
las presiones de las cámaras ligadas a la especulación inmobiliaria, el
presidente Macri ya no cuida ni a sus propios diputados. Ya no son las mentiras
de campaña seguidas del desengaño en la gestión. Ahora la mecánica parece ser
la promesa de la gestión y la mentira para incumplir esa promesa.
En nuestro país existe un alarmante
déficit habitacional. Para ese mismo 12 de octubre, las cifras oficiales que
anunció Macri –como un anuncio importante de su gobierno- indicaban que durante
su gestión se hicieron 30.000 viviendas en la Argentina. ¿Sabe qué significa
esto, señor presidente? Es la cifra más baja en inversión pública en viviendas
en los últimos veinticinco años. Hasta ahora, la más baja había sido la del
expresidente Duhalde, quien durante un año hizo 19.000 viviendas. Han roto
todos los récords.
Por eso existe desesperación, como
consecuencia de una demanda que no se cubre y de la inaccesibilidad a un
derecho social como es el de tener una vivienda. En mi provincia hay 150.000
inquilinos, lo que significa que el 25 por ciento de la población alquila. A
ese 25 por ciento de la población se le va el 50 por ciento del ingreso
familiar en el alquiler y el pago de las expensas. Ni qué hablar si le sumamos
las tarifas, los alimentos, los remedios y, en general, todo lo que significa
el aumento del costo de vida.
¿Sabe qué siento, señor presidente? Que además de la concepción ideológica del gobierno de ser parte interesada en el negocio de la especulación inmobiliaria, el presidente Macri no sabe, no comprende, no puede ponerse en los zapatos ni está en la piel de esa trabajadora o ese trabajador que pulula desesperado por las inmobiliarias buscando diferentes precios para alquilar una casita y recolectando papeles para obtener una garantía, cosa que a veces se le torna imposible de conseguir. En muchas ocasiones ese trabajador o trabajadora que pulula por las inmobiliarias tiene que dejar de pagar la obra social de su pibe o la cuota del club para poder acceder a renovar un contrato, que se hace por un año, que afecta más del 50 por ciento de su sueldo y que a los dos o tres meses hace que vuelva a sentir la angustia de no saber qué va a pasar con su vida.
El presidente Macri no sabe nada de esto porque nunca vivió ese dolor, esa frustración, esa bronca, esa angustia. Todas esas sensaciones son indescifrables para quien no las padeció.
Sin embargo, tal como ayer manifestó nuestro jefe de bloque en una conferencia prensa, el presidente de la Nación aún está a tiempo de habilitar el debate de este tema antes de que termine el año. Desde la oposición esperamos que lo incorpore en la agenda a fin de poder transformar esta iniciativa en una ley que proteja a los 8 millones de inquilinos que desde hace tres años esperan esta herramienta.
Asimismo, desde nuestro bloque les decimos a los inquilinos organizados, a esos 8 millones de argentinos, que no aflojen, que la lucha no es en vano y que podemos asegurarles que más temprano que tarde tendrán la ley que se merecen. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Tonelli).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 7 -
Sr. Presidente (Tonelli).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada De Ponti, por Santa Fe.
Sra. De Ponti.- Señor presidente: tal como lo hicieron mis tres compañeros y compañeras que me precedieron en el uso de la palabra, voy a utilizar este espacio para hablar sobre una ausencia en el temario del día de hoy, entre las muchas a las que nos ha sometido el presidente con esta convocatoria.
La presente cuestión de privilegio es contra el presidente de la Nación, para decirle que hoy Lucía está presente en este recinto a través de las fotografías y los homenajes que le hemos hecho, como también lo está cada piba que es víctima de la violencia machista y del patriarcado.
Lo que no está presente en el temario de hoy son todas las políticas públicas que, a través de diferentes leyes, hemos propuesto para intervenir respecto de esta situación que aqueja gravemente la calidad de vida de las mujeres de nuestro país, donde podemos hablar de una mujer
asesinada cada treinta horas y de al menos 267 femicidios en lo que va del año.
Cuando Lucía fue asesinada, cuando se cometió su femicidio en octubre de 2016, se convocó a un gran paro de mujeres ‑como el que va a realizarse hoy‑ y en este mismo recinto señalamos la necesidad de que las políticas y las instituciones de nuestro país asuman el compromiso de resolver este tema.
No es suficiente manifestarse con un minuto de silencio o a través de los carteles y fotos que colgamos de nuestras bancas o que subimos a nuestras redes sociales. Este tipo de acciones son absolutamente insuficientes si no nos comprometemos en la práctica institucional, en nuestra tarea como legisladores y legisladoras, a promover que en este recinto se traten proyectos de ley a fin de prevenir que se continúe cometiendo esta enorme cantidad de delitos y de crímenes por violencia machista que se producen en nuestro país.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sra. De Ponti.- El presidente de la Nación tranquilamente podría haber incorporado en el temario de esta sesión un proyecto de ley que trabajamos en conjunto con las compañeras del bloque del Frente para la Victoria, del Frente Renovador y del bloque oficialista, que lleva el nombre de Micaela García y que estaba en condiciones de ser tratado y votado en este recinto. Dicha iniciativa establecía, justamente, la capacitación y formación de todos los agentes del Estado nacional –de sus tres poderes‑ para que, por ejemplo, no haya jueces carentes de perspectiva de género que fallen de manera tan aberrante como lo hicieron en el caso de Lucía Pérez.
Nosotras nos manifestamos, nos organizamos y decidimos salir a las calles, cuidarnos y protegernos entre nosotras básicamente porque decidimos vivir. En la Argentina y en Latinoamérica –como lo señalaron nuestras hermanas zapatistas‑, las mujeres decidimos vivir.
Pero también decidimos trabajar para que esta realidad se modifique a través de nuestra tarea en esta Cámara de Diputados. En tal sentido, hemos elaborado propuestas como la ley Micaela García, que realmente esperábamos que fuera tratada en la última sesión de este año. Lamentablemente, el presidente de la Nación no fue capaz de incorporarla en el temario de sesiones extraordinarias.
Es necesario hacer un llamado de atención. No hay mujeres dentro de las autoridades de la Cámara; ningún punto del temario de hoy aborda la problemática de la violencia de género. Creemos que esta es una prioridad que debe resolverse a través de nuestro trabajo. Si como sectores políticos –cada uno desde el lugar al que pertenece‑ no asumimos este compromiso, en la práctica no vamos a modificar esta situación ni se va a bajar un solo punto del índice de femicidios ni vamos a hacer nada para incidir de alguna manera a fin de que esta realidad que viven las mujeres se modifique.
Cuando Micaela fue asesinada –y cuando cada piba que el patriarcado nos roba es asesinada‑ reafirmamos el mismo compromiso: queremos construir un país en el que las mujeres puedan quedarse y en el que puedan hacer realidad sus sueños. Ese país no va a poder existir sin políticas públicas, sin políticas de prevención contra la violencia machista, sin el presupuesto necesario y suficiente para que estas políticas sean llevadas a cabo, sin que esta Cámara de Diputados asuma el compromiso de dar forma y efectividad a las normativas que proponemos para transformar y revertir los enormes índices de violencia machista que vivimos en nuestra Argentina.
A los pocos que en este momento están presentes en la Cámara les pedimos que este compromiso trascienda el simple hecho de poner un cartel, de hacer un minuto de silencio o de subir algo a las redes sociales. Queremos que este compromiso trascienda nuestras prácticas y nuestra tarea cotidiana en esta Cámara porque de lo contrario tampoco habrá NiUnaMenos.
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 8 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada Estévez, por Córdoba.
Sra. Estévez.- Señor presidente: lamento tener que plantear esta cuestión de privilegio luego de que usted ha recibido tantos halagos por parte de los diferentes bloques, porque es contra usted.
Es contra usted por no haber incluido en el temario de sesiones extraordinarias, en las que deberían tratarse cuestiones urgentes, la emergencia laboral en Fabricaciones Militares, que ya fue sancionada por el Senado de la Nación. Este asunto debió haber sido incluido porque se trata de una emergencia.
Los trabajadores y trabajadoras de Fabricaciones Militares están en riesgo de recibir nuevas cesantías en el mes de diciembre, tal como sucedió el año pasado, cuando días antes de celebrar la Navidad la institución decidió despedir a 50 trabajadores. Pero este hecho no me llama la atención porque creo que forma parte de un plan más amplio que el gobierno tiene respecto de Fabricaciones Militares, para cerrarla, como ya hicieron con la planta de Azul.
¿Sabe cuántos trabajadores fueron despedidos en lo que va de la gestión de este gobierno? Son 610 trabajadores y trabajadoras que están sin trabajo y que no han logrado reincorporarse en el ámbito laboral. Esto impacta muy negativamente sobre las economías regionales, como en el caso de Villa María y Río Tercero en la provincia de Córdoba, y de Fray Luis Beltrán en la provincia de Santa Fe. Ni hablar de lo que ha significado para la zona de Azul el cierre de esta planta.
Creo que este hecho no puede separarse de las políticas que ustedes también llevan a cabo respecto de otros organismos del Estado. Está claro que han definido que sean los trabajadores y las trabajadoras de áreas estratégicas del Estado quienes paguen el ajuste y los intereses de la deuda que ustedes contrajeron.
Señor presidente: me encantaría que me prestara atención porque esta cuestión de privilegio es contra usted.
Esa deuda no sabemos dónde está porque no hemos visto que la plata vaya a ninguna escuela ni a ningún hospital. Sí hemos observado cómo han recortado sistemáticamente los presupuestos de todos los ámbitos del Estado. Están haciendo que esa deuda la paguen los trabajadores a través de despidos masivos, como los de Fabricaciones Militares y los del INTA, y ahora quieren meterse con Aerolíneas Argentinas y con la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, todas áreas estratégicas para la defensa de nuestra soberanía nacional.
Entendemos que esto tiene que ver con lo que mencionaba el señor diputado Martín Doñate, de la mentira sistemática que ustedes llevan adelante: primero, en la época electoral, y luego en las elecciones de medio término, cuando la vicepresidenta de la Nación fue a la provincia de Córdoba, a Villa María, y les dijo en la cara a los trabajadores de Fabricaciones Militares que no iban a despedir a nadie, que garantizaban todos los puestos de trabajo, aunque meses después generaron despidos masivos.
También la mentira sistemática del ministro Aguad, que también dijo lo mismo en una radio de Río Tercero, y después, cuando llevaron adelante los despidos, pidió sacrificios dolorosos a los trabajadores y trabajadoras. Esto sacrificios tienen que hacerlos los trabajadores y trabajadoras, pero en ningún caso los hacen ustedes.
Esto lo digo porque hemos tomado un montón de deuda y en ningún lado vemos la inversión o la plata. Sin embargo, se han visto beneficiados los intermediarios. ¿Quiénes son? Casualmente, son los amigos del presidente.
En este sentido, quiero plantear que en el caso de que se sucedan nuevos despidos en Fabricaciones Militares, lo vamos a hacer responsable a usted, al ministro Aguad y al presidente de la Nación. A usted por no incluirlo en el temario, aunque sé que en realidad está cumpliendo órdenes.
Lamento mucho que el jefe de la bancada de Cambiemos no haya peleado un poco por Fabricaciones Militares pidiendo que el tema se incluyera en el temario. Entiendo que no lo debe haber hecho porque, seguramente, iba a tener que votar en contra de la emergencia y después no iba a poder volver a la provincia de Córdoba; no iba a poder visitar Villa María ni Río Tercero.
En Córdoba, desde que ustedes son gobierno, han despedido a diez mil trabajadores en todo lo que tiene que ver con la industria. Gracias a su gobierno la situación de nuestra provincia es crítica. Las áreas estratégicas, como ser la industria autopartista, están constantemente suspendiendo trabajadores y trabajadoras, además de fomentar los retiros voluntarios. Ha bajado notablemente el patentamiento de vehículos cero kilómetros y esto impacta directamente en la provincia de Córdoba.
Lo único que me da un poco de esperanza es que desde que asumieron el gobierno perdieron 40 puntos de imagen positiva en la provincia de Córdoba, lo que me hace pensar que nuestra provincia está reaccionando y no va a permitir que lleven adelante otro gobierno más de vaciamiento porque quiere defender nuestra industria nacional.
Los habitantes de la provincia de Córdoba se están dando cuenta de que recortan en presupuestos universitarios, en la industria y en trabajadores del Estado, áreas estratégicas que impactan directamente en nuestra economía regional.
A los trabajadores y trabajadoras de Fabricaciones Militares que están aquí en la puerta volanteando, tratando de concientizar a los legisladores para que luchen en su favor, les digo que no se desanimen, que sigan luchando. Tengo una remera de un trabajador de Fabricaciones Militares, y quiero decirles que no se desalienten, que los vamos a seguir acompañando, que siempre después de una tormenta neoliberal viene el peronismo a sacar al país de la crisis. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 9 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Pérez, por Tierra del Fuego.
Sr. Pérez (M. A.).- Señor presidente: esta cuestión de privilegio la planteamos contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, porque entendemos que se ha violado la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional.
Es inaceptable que el presidente de la Nación no haya defendido nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas durante la visita de la ministra Theresa May a nuestro país. Lo digo como argentino, como diputado nacional, como patagónico y, sobre todo, como fueguino.
El silencio de Mauricio Macri en el G-20 arruina décadas de diplomacia y de construcción de respaldos internacionales a nuestra posición soberana. Esto hay que decirlo con todas las letras. La resolución 2065 de la ONU, un logro fundamental de nuestro país, que tuvo que ver con una gesta diplomática del entonces presidente Arturo Illia, no fue ni siquiera tratada durante esa reunión bilateral.
Me pregunto qué opina la Unión Cívica Radical de que el presidente no haya exhortado a la primera ministra del Reino Unido a que se sentara a negociar, como manda las Naciones Unidas y como establece esa resolución. Entonces, uno llega a la conclusión de que el silencio del presidente es la claudicación ante la agenda bilateral que plantea Theresa May. No decir nada, por ejemplo, de la explotación y exploración ilegal de nuestro petróleo es entregar recursos naturales del pueblo argentino, que nos pertenecen a todos.
Celebrar un vuelo adicional a las islas sólo fortalece la ocupación británica. Esto lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo y responde a intereses que no son los de nuestro país. Entonces, me pregunto en qué nos beneficia a los argentinos ese vuelo adicional a Malvinas. En nada. ¿Por qué es la empresa Latam la que vuela a Malvinas y no Aerolíneas Argentinas? ¿No se pudo haber puesto en una mesa de negociación, por lo menos, que los argentinos que vayan a nuestras islas no tengan que sellar su pasaporte y puedan ingresar con el documento argentino, como corresponde, que es un reclamo histórico que vienen llevando nuestros excombatientes?
Además, todo esto se hace a espaldas de la ciudadanía y del Congreso. Desde septiembre de 2016, junto al resto de los diputados de nuestra bancada, el diputado Guillermo Carmona y todos los que integramos la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto –además de los senadores-, venimos planteando que se trate el acuerdo Foradori-Duncan en el ámbito del Congreso, pero esto ha sido negado rotundamente. Inclusive, lo han planteado como que es un mero comunicado de prensa, y en definitiva fue una hoja de ruta que se siguió a rajatabla.
Hemos presentado proyectos en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, lo hemos planteado en el Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas, pero, sin embargo, el oficialismo sigue negándose a tratar este tema en el Congreso y nosotros entendemos que claramente se están violando las prerrogativas de esta Cámara.
Me pregunto por qué la firmeza que tiene la ministra Patricia Bullrich para aplicar mano dura en el interior de la Argentina no se utiliza para ser más firmes en las negociaciones bilaterales con el Reino Unido. Parece que están cambiados los roles en la Argentina. Por eso, si Macri no defiende nuestra soberanía, nosotros no nos vamos a quedar callados.
El bloque Frente para la Victoria-PJ reafirma los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, rechaza la inconstitucionalidad del acuerdo Foradori-Duncan, y defiende y honra la memoria de nuestros héroes. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 10 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para plantear una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada Macha, por Buenos Aires.
Sra. Macha.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio contra la señora ministra Patricia Bullrich por la resolución 956, publicada el 3 de diciembre de este año en el Boletín Oficial, que aprueba el reglamento general para el empleo de las armas por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad.
Creo que como sociedad hay algunos acuerdos implícitos que hemos hecho a lo largo de los años. Uno tiene que ver con definir que hay una parte de la población, que son las fuerzas de seguridad, que está autorizada socialmente a utilizar armas de fuego en situaciones muy excepcionales y particulares. Otro de los consensos tiene que ver también con que la Argentina no tiene pena de muerte. Sin embargo, la instalación de esta resolución implicaría que en muchos escenarios sociales habituales se podría desarrollar lo que hoy llamamos “violencia institucional”, violencia por parte del Estado. Por ejemplo, una situación donde haya mucha gente y alguien esté huyendo podría ser propicia para que un policía o un miembro de una fuerza de seguridad nacional disparara sin dar la voz de alto. Creemos que esto es un retroceso democrático muy importante y pone en riesgo a toda la población. En el caso de una persona que está huyendo después de haber cometido un robo lo que está en riesgo es un bien material. Pero el bien que nosotras, nosotros y nosotres debemos priorizar es la vida, la que frente a esta resolución podría estar en riesgo. En otras palabras, podría ser más valioso un bien material que una vida. En consecuencia, nuestro bloque repudia esta resolución.
Por otra parte, estamos llevando adelante distintas acciones para poner en concordancia nuestra posición política, pero también para pensar en cuántas herramientas podemos articular para evitar la implementación de esta resolución.
En este sentido, me parece que si esta resolución siguiera vigente pondría en riesgo a toda la sociedad, al tiempo que implicaría volver a un proceso que ya conocemos. Me refiero a un estado de riesgo para toda la sociedad, lo que en definitiva sería una situación de crueldad irreparable y un modo de disciplinamiento social al que no queremos volver.
Por las razones expuestas, planteo esta cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 11 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada Volnovich, por Buenos Aires.
Sra. Volnovich.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio contra el señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. En el mismo sentido en que ya lo han expresado otros señores diputados, observo que hay muchos proyectos que están faltando en el temario por el que se efectuó la convocatoria de sesiones extraordinarias. Estas últimas se celebrarán entre el 3 y el 21 de este mes, por lo que dispondríamos de tres semanas para debatir distintas iniciativas relacionadas con cuestiones muy importantes para la sociedad argentina.
Sin ánimo de menospreciar ninguno de los proyectos incluidos en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias, quiero decir que ni las iniciativas que se tratarán hoy ni las que se considerarán mañana –salvo la vinculada con la empresa Papel Prensa, que seguramente es muy importante para el monopolio de algunos sectores concentrados de la economía‑ parecería que son significativas para la Argentina.
En mi caso, por ejemplo, trabajo sobre el tema de los jubilados. En este sentido, me resulta muy difícil tratar tantos proyectos cuando veo que hay jubilados que llegan a fin de año cobrando un haber de 9.300 pesos. Este mes se cumple un año de la reforma previsional sancionada por el Congreso de la Nación. Consecuentemente, esta institución tendría la posibilidad de efectuar un análisis –o autocrítica, como le gusta decir a algunos‑ del funcionamiento de dicha reforma, que oportunamente fuera impulsada por el gobierno nacional y aprobada por este Parlamento.
Recuerdo que el presidente Macri decía, por ejemplo, que con esa reforma los haberes jubilatorios iban a ubicarse 4 puntos por encima del índice de inflación. Pero, si realmente tuviéramos ganas de analizar el modo en que esa reforma funcionó, observaríamos que, en realidad, las jubilaciones están 21 puntos por debajo del mencionado índice. En el caso de los jubilados que cobran el haber mínimo, eso significa que al finalizar este año les habrán quitado de su bolsillo 14 mil pesos. Estos son los cálculos que efectúa, por ejemplo, el diario Clarín.
Por lo tanto, si el Congreso Nacional creyera que los jubilados son una prioridad para nuestro país, podría tratar diferentes iniciativas sobre este tema. Por ejemplo, soy autora de un proyecto por el que se propicia el otorgamiento de un bono a los jubilados, pero lamentablemente no ha sido incluido en el temario de estas sesiones extraordinarias. En el mismo sentido, hay otras iniciativas de la señora diputada Tundis, del señor diputado Ramón y de otros señores legisladores que establecen aumentos extraordinarios y el otorgamiento de bonos compensatorios destinados a la clase pasiva, pero lamentablemente tampoco han sido incluidos en el temario.
El Congreso Nacional debería decirle al presidente de la Nación que por más que en las conferencias de prensa diga que los jubilados constituyen para él una prioridad, ello no va a ser así si previamente no asigna los recursos correspondientes. Esta es una deuda que tenemos y que deberíamos saldar.
En cuanto a los que dicen que al señor presidente de la Nación le encantaría otorgar un aumento a los jubilados, pero no tiene dinero para hacerlo, quiero señalar que se trata de otra mentira de este gobierno, que precisamente utiliza esa herramienta como un plan sistemático.
Voy a mencionar algunas cifras en relación con este tema.
Considerando lo que se paga en concepto de intereses de la deuda externa, en 2018 podríamos abonar a cada jubilado un bono de 76.700 pesos.
Si tenemos en cuenta las compensaciones que se pagaron a las empresas privatizadas por los efectos de la devaluación, podríamos abonar a cada jubilado un bono de 3.500 pesos.
Contemplando la rebaja de las contribuciones patronales aprobada por el Congreso Nacional y que, indudablemente, genera un desfinanciamiento de la ANSES, el bono que podríamos pagar a cada jubilado sería de 14 mil pesos.
Asimismo, si el grupo Macri –es decir, la familia del señor presidente de la Nación‑ abonara la famosa deuda de 77 mil millones de pesos que mantiene con el Estado por el Correo Argentino, el bono que podría pagarse a cada jubilado sería de 12.200 pesos.
Entonces, el argumento de que no hay dinero es falso. A esta altura cae de maduro que el Poder Ejecutivo miente constantemente.
Por eso, en realidad, la cuestión de privilegio que estoy planteando tiene que ver con qué va a hacer el Congreso Nacional. En este sentido, quiero sumar a la cuestión de privilegio al señor presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, de la que soy vicepresidenta 2ª, y al señor diputado Negri, responsable de la estrategia política del bloque Cambiemos llevada a cabo en esta Honorable Cámara, en el sentido de paralizar el funcionamiento de las comisiones, que no se han reunido una sola vez en el año para considerar los proyectos referidos a los jubilados.
Entonces, me parece que de esta forma cae la mentira de la defensa de las instituciones y la falta de dinero de la que se habla.
Por el contrario, lo que hay es un ensañamiento con nuestros jubilados. El otro día vi llorar muy acongojadamente al presidente Macri por un espectáculo cultural llevado a cabo en el marco de la reunión del G-20, pero debería hacerlo por lo que está diciendo el Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas acerca de la situación social imperante en nuestro país.
Lo que hemos hecho es volver al mundo de una manera horrenda y desagradable. Dicho comité ha expresado su gran preocupación por el desempeño de la reforma previsional aprobada por el Congreso de la Nación y la disminución de las pensiones no contributivas destinadas a las personas con discapacidad. Eso debería ser motivo de llanto del presidente de la Nación y razón de preocupación de este Parlamento, que debería exigir al Poder Ejecutivo la incorporación en el decreto por el que se convoca a sesiones extraordinarias de este tipo de proyectos, en lugar de las paparruchadas que deberemos estar discutiendo durante dos días. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 12 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado Carmona, por Mendoza.
Sr. Carmona.- Señor presidente: la cuestión de privilegio que voy a plantear está dirigida al señor ministro de Defensa, doctor Oscar Aguad.
El señor ministro había sido citado a participar, en calidad de testigo, a una reunión de la Comisión Bicameral Especial Investigadora del Submarino ARA San Juan. Pero lo cierto es que nos encontramos frente a una serie de maniobras. Desde el 16 de junio del corriente año, cuando el señor ministro concurrió por primera vez a una reunión de la comisión, todas fueron dilaciones y acciones para evitar su presencia. En algunos casos, eso fue propiciado desde el propio ministerio, mientras que en otros se hizo a través de legisladores del oficialismo.
En el día de ayer nos encontramos con que el señor ministro quería que la reunión se llevara a cabo en forma reservada. En ese sentido, el oficialismo planteó que, si la reunión no tenía ese carácter, el señor ministro no iba a asistir. La situación era absolutamente inaceptable. Luego de la votación que llevamos a cabo prevaleció el criterio según el cual la mayoría de los legisladores y legisladoras integrantes de la comisión nos manifestamos en favor de la celebración de una reunión pública, luego de la cual, si el señor ministro necesitaba suministrar información reservada, iba a poder hacerlo.
Pero lo cierto es que nos encontramos frente a una actitud que no solamente era de resistencia por parte del señor ministro, sino también de descalificación del trabajo desarrollado por la comisión.
Hace algunas semanas el señor ministro arremetió contra la comisión, diciendo que había sido creada para perjudicarlo.
Además, el señor ministro incurrió en numerosísimas descalificaciones respecto de algunos miembros de la comisión en función de sus posiciones políticas y su pertenencia, tanto al peronismo como al Frente para la Victoria. Si bien estas situaciones son impropias, no son las más graves.
Por el contrario, las más graves tienen que ver con la circunstancia de que el señor ministro descalifica la labor de una comisión bicameral investigadora que sistemáticamente se viene reuniendo todos los martes y jueves, recibiendo testimonios, pidiendo información y realizando un trabajo que pocas comisiones bicamerales han hecho en lo que hace a la carga de tareas.
En el día de ayer el señor ministro incurrió nuevamente en descalificaciones. Pero quiero puntualizar un aspecto en particular. Aprovechando la circunstancia de que habíamos habilitado la posibilidad de la celebración de una reunión reservada con posterioridad a la reunión pública, el señor ministro afirmó que el arreglo de media vida tiene mucho que ver con las causas de la desaparición del ARA San Juan.
Inmediatamente nos encontramos con titulares escandalosos en distintos medios cercanos al oficialismo, en los que se hacía referencia a que el ministro apuntó al kirchnerismo a la hora de establecer responsabilidades. En la reunión pública pedimos precisiones al ministro, quien dijo que no las podía brindar porque eran materia reservada.
Estas afirmaciones del ministro quedaron luego desvirtuadas en la reunión reservada. Esto puedo decirlo sin revelar ningún secreto porque la reunión reservada fue para encubrir al ministro. Allí no se hizo referencia a secretos de Estado ni situaciones que pusieran en riesgo la seguridad nacional. De la reunión reservada resultó que no existen vinculaciones causales entre la media vida del submarino y la situación que se imputa como causalidad en relación con la tragedia del ARA San Juan. Se trata de una maniobra repudiable.
El ministro de Defensa descalifica el trabajo de este Congreso, en particular de la comisión bicameral investigadora.
Entre otras cosas, el ministro dijo a los familiares que por responsabilidad de los legisladores no se había contratado a una empresa privada con antelación. Sin embargo, reclamábamos la presentación de un proyecto de ley, siendo que está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo remitir al Congreso los proyectos que requiera. La comisión bicameral, esta Cámara en su totalidad y el Senado se han puesto a disposición del ministro por si necesitaba algún instrumento legal.
La maniobra de ayer, además, buscó cargar las responsabilidades en la gestión anterior, que han quedado absolutamente descartadas en función de lo informado por la SIGEN y las visitas presenciales que legisladores hicieron a Tandanor. Todas estas situaciones demuestran que la única finalidad que tiene el ministro Aguad es esconder sus responsabilidades y las del resto de los funcionarios del gobierno.
A esta altura de la investigación podemos afirmar ‑como lo hemos hecho en un pedido de juicio político‑ que el ministro ha incurrido en graves incumplimientos al omitir la búsqueda del submarino por largos meses. Ayer, incluso, hemos aportado elementos probatorios en relación con estas dilaciones.
Tal como lo viene haciendo la diputada Cerruti, insistiremos en que de una vez por todas funcione la Comisión de Juicio Político. Allí se ha pedido el juicio político al ministro Aguad, al canciller Faurie, a la ministra Bullrich, y podría seguir mencionando funcionarios del Ejecutivo que están cuestionados. Estamos esperando la tramitación de esas causas.
La verdad no se tapará con una maniobra que cuenta con la complicidad de algunos medios de comunicación. Se conocerá la verdad acerca de las responsabilidades del actual gobierno en relación con la desaparición y búsqueda del ARA San Juan.
Solicitamos que, además de remitir esta cuestión a la Comisión de Asuntos Constitucionales, como habitualmente se hace, desde la Presidencia de la Cámara se exija respeto por las instituciones parlamentarias, en este caso, por la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 13 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado Llaryora, por Córdoba.
Sr. Llaryora.- Señor presidente: la cuestión de privilegio está dirigida al Poder Ejecutivo y al presidente de la Nación.
Afuera verán el reclamo de trabajadores de Fabricaciones Militares, muchos de los cuales han sido cesanteados en sus funciones.
El Senado aprobó un proyecto de ley solicitando la reincorporación y la posibilidad de debatir cómo mejorar la situación frente a los planteos de los trabajadores de Fabricaciones Militares.
A veces estamos tan mal que tenemos que rediscutir lo obvio. Aquellos que recorremos el interior sabemos lo que Fabricaciones Militares ha significado para el progreso y el crecimiento de nuestro país. No solo ha dado trabajo y ha generado elementos estratégicos, sino que también ha creado miles de puestos de trabajo conexos en cada una de esas comunidades.
Necesitamos que el Poder Ejecutivo incorpore este asunto en el temario. El Senado entendió la premura de los trabajadores que están afuera, sancionando una ley que pide su reincorporación. Dicha iniciativa contó con el apoyo de distintas bancadas, entre ellas Cambiemos y Argentina Federal. Es inentendible que esa norma no esté en el listado de los temas a tratar en esta oportunidad. Creemos que estamos a tiempo y, por su intermedio, solicitamos que realice las gestiones necesarias para incorporarla. También manifestamos que muchas de las familias de los trabajadores de Fabricaciones Militares ‑por lo menos, en mi provincia‑ tienen miedo de que pueda haber más despidos.
En definitiva, solicitamos que se suspendan los despidos y que podamos trabajar urgentemente el marco normativo necesario, a través del proyecto sancionado en el Senado, para que estas familias y comunidades puedan pasar un mejor fin de año con estos trabajadores ya reincorporados. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 14 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado Pietragalla Corti, por Buenos Aires.
Sr. Pietragalla Corti.- Señor presidente: planteo esta cuestión de privilegio respecto de tres miembros del Poder Judicial. En primer lugar, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que el gobierno nacional intentó poner a dedo, sin pasar por el Congreso. Fue el único ministro de la Corte que falló a favor del 2x1 para los delitos de lesa humanidad.
Entendemos que es terriblemente grave que el presidente de la Corte Suprema pueda estar a favor de beneficiar a las personas que secuestraron, torturaron, violaron, robaron bebés, arrojaron personas vivas desde aviones, y que sabemos ‑por sus posiciones anteriores‑ que defiende la teoría de los dos demonios. Sabemos que también fue el abogado de Clarín en la causa Papel Prensa, empresa con la que se quedó el Grupo Clarín, bajo tortura de los reales dueños. Hoy esa causa está encajonada y entendemos que todo tiene que ver con todo.
Por otra parte, repudiamos al juez Lleral. Vengo de estar en la conferencia de prensa del hermano de Santiago Maldonado. Cuesta entender a muchos diputados, actores de la política e, incluso, a la ministra Patricia Bullrich, quien tomó este cierre de la causa como si fuera una victoria en un partido de fútbol. Acá estamos hablando de una muerte en el marco de una represión ilegal. Gendarmería no tenía orden para entrar al predio del Pu Lof donde estaba la comunidad mapuche. Santiago Maldonado no se tiró a nadar a ese río, sino que fue empujado por Gendarmería. Está comprobado que hubo hasta balas de plomo en esa represión ilegal.
Hoy escuchaba a Stella, la mamá de Santiago Maldonado, repitiendo en la conferencia de prensa la comunicación que tuvo con el juez Lleral, quien le dijo: “Tengo que cerrar la causa, no hay culpables, y estoy muy presionado”. Estamos ante un Poder Judicial que tiene jueces fachos y jueces cagones, que no tienen los pantalones y los huevos para ocupar el rol que deben ocupar, que llaman a la madre de una víctima y le dicen: “Mirá, tengo que cerrar la causa porque estoy siendo apretado.”
¿Qué clase de juez es ese? ¿Qué garantía jurídica nos dan esos jueces? ¡Son la lacra de la corporación judicial! ¡Defienden a los genocidas que arrojaron a nuestra familia desde aviones, que torturaron y violaron a nuestras madres! Esos miembros de la Justicia hoy están en la Corte Suprema, como el presidente de ese organismo. ¡Los jueces que no se bancan un apriete tienen que renunciar! ¡Que renuncien si no tienen huevos!
Por otro lado, quiero referirme a la causa de Rafael Nahuel, en la que vemos también la intervención del Poder Ejecutivo. Los científicos del Centro Atómico Bariloche sostuvieron que Rafael Nahuel no tenía pólvora en sus manos, y ahora resulta que la pericia de Gendarmería indica lo contrario. ¿Qué va a decir? ¿Están frescos los huevos? ¡Claramente Gendarmería va a decir eso, si los propios miembros de las fuerzas de seguridad están implicados!
Eso mismo sucedió con el caso Nisman, que fue un claro suicidio y nos quieren hacer responsables de ello. Sabemos que Gendarmería está actuando.
Lo mismo hacen con la causa Chocobar, donde ahora dicen que disparó contra el piso y por eso una bala rebotó y mató. ¡Vamos! Lo que estamos viviendo tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo es de un peligro tremendo. Como no pueden dar una respuesta económica, en estas campañas que se vienen van a dar una respuesta a los reclamos de inseguridad con más mano dura. Quieren copiar la doctrina Bolsonaro.
Quiero decir algo que tal vez sea un mensaje más directo a la familia de Santiago Maldonado. En los años noventa los familiares y organismos de derechos humanos sufrieron esa penosa ley de indulto que cerraba la posibilidad –por lo menos, a corto plazo‑ de tener justicia en este país, y fue así que empezó a reinar la impunidad. Pasaron quince años, pero gracias a la lucha, a las movilizaciones y a Néstor Kirchner, nuevamente tuvimos la posibilidad de juzgar a los genocidas. Que no bajen los brazos Stella y los familiares de Santiago Maldonado porque podrá pasar algún tiempo, pero vamos a exigir y a tener Justicia por su muerte. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 15 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr. Ramón.- Señor presidente: quiero plantear esta cuestión de privilegio en contra del presidente de la ANSES, del presidente de la Comisión que atiende los asuntos previsionales en esta Cámara y del presidente Macri.
El tema está directamente relacionado con un proyecto de ley que presentamos el 13 de noviembre junto con la diputada Tundis, por el cual se solicitaba otorgar por única vez y con celeridad un beneficio de 5.000 pesos a los jubilados de la República Argentina. La celeridad tenía que ver con dos cuestiones: en primer lugar, con que la inflación desde septiembre de 2017, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, va a ser del 40,5 por ciento en nuestro país, sin contar los meses de octubre, noviembre y diciembre, que todavía no han sido computados, lo que daría una estimación oficial de un 48 por ciento.
De acuerdo con los aumentos que se fueron programando, los jubilados de la Argentina han recibido hasta el mes de septiembre del corriente año un aumento del 20 por ciento en sus haberes jubilatorios, mientras que con el aumento de este mes van a llegar al 28,4 por ciento. Es decir que hay una distorsión muy grande entre la depreciación que tiene nuestra moneda debido a la inflación y los aumentos de los jubilados.
En ese proyecto que hemos presentado proponemos que ese monto de 5.000 pesos, para 4.299.855 jubilados que cobran por debajo de dos veces el haber jubilatorio mínimo, se obtenga del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está creado por la ley 26.425. No pedimos que el dinero salga de las arcas del Estado nacional, ya que sabemos el tremendo ajuste al que estamos siendo sometidos.
Pero el presidente de la comisión, el señor Basavilbaso y el presidente de la Nación sostienen con total desparpajo que no existen los medios suficientes para poder asistir a nuestros jubilados en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hoy tiene un valor de 1.676.183 millones pesos, mientras que, para obtener estos 5.000 pesos para los jubilados, que saldrían de ese fondo, se requerirían tan solo 21.499 millones, que representan el 1,2 por ciento del capital total del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea que esto tiene argumentos. Pedimos celeridad. Los jubilados de la Argentina representan la parte más débil de la cadena, que se corta, justamente, como viene ocurriendo sistemáticamente.
Entonces, mediante esta cuestión de privilegio quiero instar para que, de alguna manera, en este período de sesiones extraordinarias, este proyecto pueda ser debatido y votado en el recinto. Los argumentos no son de tipo demagógico, es decir, no se pide que salgan fondos para los jubilados de donde no hay. Se trata tan solo del 1,2 por ciento de la totalidad del capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 16 -
Sr.
Presidente (Monzó).-
Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia,
mediante la que se convoca a sesión especial.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Dice así:
aquí RESOLUCIÓN dictada por LA PRESIDENCIA mediante la que se convoca a SESIÓN ESPECIAL
- 17 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde que la Honorable Cámara decida si habilita el tratamiento del proyecto de ley en revisión por el que se autoriza al señor Presidente de la Nación a ausentarse del país durante el año 2019, cuando razones de gobierno así lo requieran (expediente 108-S.-2018).
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos de los miembros presentes
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Monzó).- Queda aprobado su tratamiento.
- 18 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar en general y en particular el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se autoriza al señor Presidente de la Nación a ausentarse del país durante el año 2019, cuando razones de gobierno así lo requieran (expediente 108-S.-18).
AQUÍ PROYECTO
DE LEY VENIDO EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO POR EL QUE SE AUTORIZA AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA NACIÓN A AUSENTARSE DEL PAÍS DURANTE EL AÑO 2019, CUANDO
RAZONES DE GOBIERNO ASÍ LO REQUIERAN (EXPEDIENTE 108-S.-18)
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración.
Se va a votar nominalmente en general y en particular.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 195 señores diputados
presentes, 189 han votado por la afirmativa y 1 por la negativa, registrándose
además 4 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 189 votos afirmativos; uno negativo, y 4 abstenciones.[2]
Sr. Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.[3]
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
- 19 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde que la Honorable Cámara se pronuncie sobre los dictámenes sin disidencias ni observaciones contenidos en los órdenes del día números 591, 592, 748, 749, 750, 768, 763, 551, 798, 801, 766, 237, 804, 535 y 761.
Se ha excluido de esta votación el Orden del Día N° 809, sobre la reforma del impuesto a los Bienes Personales, de acuerdo con lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor diputado Olivares, por La Rioja.
Sr. Olivares.- Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso sobre los Órdenes del Día números 237 y 804, respectivamente, vinculados con los derechos de faros y balizas y la creación de la Agencia de Investigación de Siniestros en el Transporte y la Junta de Investigación de Accidentes del Transporte.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda registrada la solicitud efectuada por el señor diputado preopinante.
Tiene la palabra la señora diputada Del Pla, por Buenos Aires.
Sra. Del Pla.- Señor presidente: quisiera conocer cómo distinguimos el sentido del voto frente a cada asunto. Tenemos distintas posiciones en cada uno de los proyectos de este paquete.
Sr. Presidente (Monzó).- Solo debe indicar cómo vota.
Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: pido disculpas por la distracción, pero quiero saber si el Orden del Día N° 809 ha sido incorporado para esta votación.
Sr. Presidente (Monzó).- No, no ha sido incorporado en este conjunto de proyectos que se van a votar ahora.
AQUÍ ORDENES DEL DÍA NUMEROS 591, 592, 748, 749, 750, 768, 763, 551, 798, 801, 766, 237, 804, 535 y 761.
Sr. Presidente (Monzo).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, los dictámenes sin disidencias ni observaciones enunciados anteriormente.
- Se practica la votación nominal.
-
Conforme al tablero
electrónico, sobre 203 señores diputados presentes, 200 han votado por la
afirmativa, registrándose además 2 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 200 votos afirmativos, y 2 abstenciones.[4]
Sr. Presidente (Monzó).- Quedan sancionados ‑definitivamente, cuando correspondiere- los respectivos proyectos de ley.[5]
Se harán las comunicaciones pertinentes.
Tiene la palabra la señora diputada González Seligra, por Buenos Aires.
Sra. González Seligra.- Señor presidente: para aclarar el sentido de la votación. Nuestra abstención se produjo en la votación de los Órdenes del Día números 591, 592, 748, 763, 551, 801, 237, 804 y 535; hemos votado por la negativa al 761.
- 20 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda ‑Orden del Día N° 809‑ recaído en las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, por el que se modifican exenciones y la progresividad del gravamen del impuesto sobre los bienes personales, ley 23.966 (expediente 6.443-D.-2018).
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 809
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado Laspina, por Santa Fe.
Sr. Laspina.- Señor presidente: este proyecto de ley, de impuesto sobre los bienes personales, se inscribe en el marco de una discusión y negociación llevada a cabo entre el gobierno nacional y las provincias para compensar con mayor recaudación algunos de los gastos y responsabilidades que están asumiendo las provincias a partir del próximo año en cuanto a subsidios al transporte y a la tarifa social eléctrica.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que nos llegó en revisión del Senado por el que se incrementaban las alícuotas a los patrimonios por encima de los 20 millones de pesos y se exceptuaba del impuesto a los bienes rurales, lo que significaba una forma de dar alivio fiscal al campo en esta difícil coyuntura.
El proyecto en revisión exime del impuesto a la casa habitación, lo cual significa un alivio fiscal para la clase media. Creemos que es una atinada modificación que ha sido aprobada por una amplia mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hoy esta Cámara debe ratificar la modificación realizada por el Senado. Acompañamos esta modificación y esperamos contar con el apoyo de los bloques.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Vallejos, por Buenos Aires.
Sra. Vallejos.- Señor presidente: cuando hablamos de bienes personales, uno piensa en la historia que ha tenido este impuesto. Históricamente hemos defendido este gravamen porque, tal como ocurre en todos los países del mundo que lo aplican, es uno de los más progresivos que puede tener cualquier sistema tributario, ya que se propone gravar a los sujetos con mayor capacidad contributiva –o sea, a los más ricos- y así contribuir al rol redistribuidor que el Estado realiza a partir de la recaudación impositiva.
Sin embargo, la triste historia reciente que debemos contar sobre este impuesto en el país comienza en 2016, cuando en medio de la ley de blanqueo, que enmascararon detrás de la fachada de la mal llamada Reparación Histórica, introdujeron la primera reforma por la cual plancharon la estructura de las alícuotas de este impuesto y borraron el esquema de progresividad que tenía, llevando la alícuota al 0,25 por ciento.
Consecuentemente, desde ese mismo momento quedó cristalizada la vocación impositiva y tributaria de este gobierno, consistente en llevar adelante una política profundizada sistemáticamente con el avance de otras reformas. Me refiero a una política de subsidio a los más ricos, implementada a través de permanentes perdones impositivos.
Apurados por el Fondo Monetario Internacional, por la suerte de desaguisados que venimos padeciendo en materia de política económica y por la instrumentación de la política de déficit cero, hoy nos proponen un nuevo parche para morigerar el desastre generado por la primera reforma de 2016. Además, quieren recaudar algunos pesos más para atender los intereses de la deuda, objetivo que está detrás de esta propuesta de reforma.
¿Qué es lo más escandaloso? ¿Qué no puede dejar de decirse sobre el proyecto presentado? Si vinieran a emparchar, uno pensaría que tendríamos una oportunidad de corregir, aunque sea en parte, los errores cometidos y de recuperar algo de ese espíritu de progresividad del impuesto a los bienes personales.
Entonces, gravarían a los más ricos para redistribuir mejor. Pero no, este proyecto muestra todo lo contrario. Se trata del ensañamiento del gobierno, a partir de una política económica, no solamente con los jubilados, los trabajadores y los más vulnerables, sino también con la clase media. Este es un impuesto en contra de la clase media trabajadora. La intención es gravar a aquel laburante que con el sudor de su frente y pelándose el lomo tal vez pudo juntar 2 millones de pesos, equivalentes a 50.000 dólares después de la devaluación realizada por este gobierno. Esa cifra representa mucho menos que el valor de una propiedad. Nadie puede comprarse un inmueble con esa plata.
Consecuentemente, van a gravar a esa persona. En cambio, eximen del pago a los propietarios de las tierras más caras de la Argentina. Por ejemplo, 1.300 propietarios rurales son dueños de 11 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. El señor presidente sabe a cuánto cotiza la hectárea en la provincia de Buenos Aires. Específicamente, en las zonas más productivas llega a costar más de 30.000 dólares.
La familia del presidente Macri, los Blanco Villegas, tienen 25.000 hectáreas en Tandil. Ellos no pagarán el impuesto a los bienes personales. Sin embargo, un trabajador con 2 millones de pesos lo hará. Me pregunto cuál es el criterio de justicia que hay detrás de este parche del impuesto a los bienes personales que hoy debatimos.
Recién decía el señor diputado preopinante que la cuestión de la vivienda es un alivio para la clase media. Se olvidaron de poner la palabra “única”, porque no se trata de un alivio para el propietario de una vivienda. Además, demostramos que se está imponiendo un gravamen a quien tiene un patrimonio con el que ni siquiera se puede comprar una vivienda.
Resulta que si alguien tiene 200 propiedades, esa persona va a quedar eximida de pagar el impuesto a los bienes personales sobre la propiedad en la que vive. De nuevo: ¿cuál es el criterio de justicia?
Esto no viene a atender una necesidad de la clase media. Al contrario, viene a raspar la olla y a ver de dónde se juntan unos pesos más exprimiendo el bolsillo de los mismos de siempre, del laburante, del que se quemó las pestañas para juntar dos mangos.
Señor presidente: ¿sabe cuánto está perdiendo de recaudar el Estado cuando decide que los Blanco Villegas y otros grandes propietarios rurales de la Argentina dejen de tributar lo que les corresponde? ¿Sabe que la AFIP persigue al pequeño monotributista? Porque al trabajador monotributista, cuando tiene dificultades y no puede pagar, lo dan de baja y le impiden seguir trabajando y facturando.
Mientras tanto, a partir de los datos oficiales brindados por el INDEC y el Ministerio de Hacienda, sabemos que los más ricos mantienen en el exterior patrimonios por miles de millones y superan los 250.000. Sin embargo, ellos no están pagando el impuesto a los bienes personales.
¿Por qué, si están preocupados en recaudar más, no les cobran a quienes corresponde? ¿Cuál es el nivel de perversidad al que está dispuesto a llegar este gobierno y este presidente, que hace 48 horas les decía, sin ponerse colorado, a todos los argentinos y argentinas que tiene dificultades presupuestarias para pagarles a los jubilados los 14.000 pesos robados con el cambio de fórmula de actualización de los haberes de diciembre del año pasado? Para eso tienen restricciones presupuestarias, pero para subsidiar a los ricos, a los que les perdonan los impuestos por cifras millonarias, no hay restricciones presupuestarias en el Estado argentino.
Tendría que darles vergüenza robarles en la cara la plata a los jubilados y laburantes, como así también seguir exprimiendo el bolsillo de la clase media y de los trabajadores. Mientras tanto, tal como lo hace desde el día cero, el gobierno los sigue perdonando a los ricos y a los privilegiados de siempre. Ellos no necesitan ningún perdón tributario ni que el Estado les subsidie nada. Pero sí lo necesitan aquellos a los que el Estado les retrae la mano, la que debería estar tendida para atender a las urgentes necesidades de las argentinas y argentinos más vulnerables.
Esta propuesta de reforma es una falta de respeto al espíritu de progresividad de este impuesto, que debería ser puesto en valor. Además, es una falta de respeto a todos los argentinos y argentinas que, después de que este gobierno haya implementado estas políticas y los haya sumido en mayores padecimientos, imperiosamente necesitan que el Estado argentino vuelva a estar presente para atender las necesidades que no pueden seguir postergadas
Efectivamente, eso se hace con recursos provenientes de iniciativas que no sean de este tipo, sino a partir de una lógica tributaria solidaria, donde los actores con mayor capacidad contributiva no sean perdonados ni beneficiados. Ellos deben colaborar para que el Estado lleve adelante sus funciones y sus políticas sociales, que hoy son mucho más imprescindibles.
Por otro lado, ¿dónde está la racionalidad económica de esta propuesta? Es una propuesta que plantea una pérdida de miles de millones de recaudación del Estado nacional, cuando realmente la recaudación viene cayendo a pique. Vimos que la recaudación acumulada en 2018 está casi 10 puntos por debajo de la inflación.
¿Qué harán para cumplir con el déficit cero exigido por el Fondo Monetario? ¿Seguirán ajustando más a los mismos de siempre? Según la lógica del gobierno, menos recaudación implica mayor ajuste.
¿Por qué no trabajan seriamente en una propuesta que, sin lugar a duda, todos los diputados y diputadas acompañaríamos si consistiera en que el Estado nacional recaudara donde debe hacerlo?
Hagamos una propuesta en serio, donde los más ricos, propietarios de la tierra o con sus patrimonios en el exterior, paguen el impuesto a los bienes personales.
Tienen que dejar de exprimir a los mismos de siempre, porque ya no queda nada por exprimir; les han quitado y los han despojado de todo. Me refiero a los trabajadores y jubilados. A las grandes mayorías nacionales las han despojado de todo. Es hora de que vayan a buscar a aquellos a los que han beneficiado desde el día en que asumieron, para que pongan el hombro donde lo tienen que poner, respondan por los beneficios que han recibido y contribuyan con lo que deban contribuir.
Esto es lo que necesita la Argentina y lo que los argentinos están esperando de un gobierno en serio. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Kicillof, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.- Señor presidente: nosotros no vamos a acompañar este proyecto porque tiene dos elementos que ya se han vuelto marca registrada de la presidencia de Macri, del gobierno de Vidal y de Cambiemos. El primero de ellos es la estafa electoral, la mentira permanente, y el segundo es el poner nombres bonitos a cosas espantosas.
Este es un proyecto más al que nos debemos oponer, y voy a explicar por qué. Esta iniciativa, que viene acompañada de un decreto, plantea cobrar a los sectores medios el impuesto a los bienes personales, pero no como un mecanismo de redistribución de la riqueza, sino como una forma de pasar la gorra –o, mejor dicho, rascar la olla‑ o exprimir a los sectores que, incluso, fueron la base electoral de Cambiemos.
Esto es el final de la estafa: ahora van contra la clase media, de la misma manera que le subieron las retenciones al campo, que ya paga más retenciones que en nuestro gobierno. Imagínense hasta qué nivel ha llegado la estafa electoral.
Señor presidente: vale la pena recorrer un poco lo que ha pasado cuando se están cumpliendo tres años del gobierno de Mauricio Macri. Me parece que lo del G‑20, el protocolo de Patricia Bullrich y la cuestión del partido entre Boca y River son todas maniobras para que los diarios afines al gobierno no hablen de lo que está pasando. Los números que se han conocido estos últimos días son espantosos; diría que son de guerra. El consumo cayó un 15 por ciento y la actividad industrial no para de caer. Están rompiendo todo. Evidentemente, estos no son los temas que se quieren conversar.
Me parece importante hacer un breve balance de lo que han sido estos tres años del gobierno de Macri ‑el que viene será peor‑ y también recordar qué había prometido, porque es muy fácil cambiar esas promesas por nuevas excusas. Hoy los sectores que acompañaron a Macri van a ligar el sablazo de este impuesto a los bienes personales, que viene acompañado del decreto 938 –que el propio presidente Macri firmó‑, por el que se crea el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles. Lo que se propone es valuar todos los inmuebles –de los porteños, de los bonaerenses y de todos los que viven en el interior del país‑ a precio de mercado; o sea que ahora suben la tasa y después van a cambiar la valuación.
Están dolarizando el impuesto a la clase media; no contentos con haber dolarizado el gas, la nafta y la electricidad, ahora van a dolarizar el impuesto al patrimonio a un sector que ya esquilmaron. Debemos recordar que este gobierno se presentó a elecciones diciendo que podríamos vivir mejor, que era la revolución de la alegría, que nadie iba a perder ningún derecho, que iba a aumentar las jubilaciones y que eliminaría el pago del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores.
Esas fueron las promesas del gobierno. Y no es que no las cumplieron porque no pudieron, sino que el programa era otro: venían a hacer otra cosa, y los resultados están a la vista. Durán Barba es famoso porque consiguió que Macri se disfrazara y cambiara su discurso para hacer creer a la gente –debe haber sido una proeza, porque capacidades actorales no tiene‑ que venía a mejorarle la vida. Y miren lo que han hecho en solo tres años.
Voy a repasar unos pocos números. En estos tres años de gobierno de Macri, tomando desde el día en que asumió hasta ahora, la inflación fue del 146 por ciento y el salario medio subió un 103 por ciento; o sea, 146 por ciento contra 103 por ciento. La AUH y las jubilaciones aumentaron un 101 por ciento, mientras que el salario mínimo subió un 91 por ciento. Perdieron entre un 16 y un 25 por ciento de su poder de compra. Por eso la gente está como está, porque no llega a fin de mes; les han sacado dos, tres y cuatro meses de sueldo a sectores que no estaban bárbaro.
Ante esas evidencias empezaron a hablar de la pesada herencia, de la tormenta perfecta, de la turbulencia internacional, etcétera. Todas patrañas y mentiras. Ese es su programa económico, y lo tienen que cambiar porque le han afanado el salario a la gente, le han sacado la comida de la boca a millones y millones de argentinos.
Pero eso no termina acá, porque cae la demanda interna y se empieza a ver en la producción; hoy la industria, comparado con 2015 –ese famoso 2015 al que ustedes se pasan denostando‑, perdió 10 puntos: una de cada diez industrias, es decir, productos que podíamos hacer, no existe más. La liquidaron. ¿Saben lo que es abrir una fábrica? ¿Saben lo que es abrir una pyme o poner un negocio? A cualquier lugar al que uno va, ve que los negocios cierran y cierran.
El consumo, también comparado con 2015, perdió 15 puntos. Lo que están haciendo es tamaño guerra o crisis. Por eso están la bronca, la angustia, el desamparo, el disgusto y el arrepentimiento de muchos sectores de la sociedad. Prometieron lo contrario de lo que están haciendo. Dijeron que iban a crear empleo de calidad y no paran de destruir puestos de trabajo, y parece que lo festejaran. Sugieren poner una cervecería o manejar un dron. Dicen cualquier pavada. Vayan a defender los puestos de trabajo. Se perdieron 101.000 puestos de trabajo industriales. Son muchísimos; no han defendido ni uno. ¿Dónde está Vidal cuando cierran las plantas en la provincia de Buenos Aires? Está en las redes, en Instagram. Están haciendo eso. Usted mismo lo decía recién, señor presidente. Hay que gobernar para la gente.
Con respecto a la deuda, contando lo del FMI, van a haber emitido 200.000 millones de dólares de deuda. Es una enormidad y un récord mundial. Han hecho la emisión más grande de la historia argentina, lo que tiene un efecto inmediato.
Primero, el presupuesto que han presentado dice que se pagará de intereses aproximadamente el 16 por ciento, cuando era el 6 por ciento. Entonces, es mentira que estén haciendo un ajuste. Están ajustando a los más desprotegidos, a los que menos tienen, pero todos los días están despilfarrando guita para pagar la timba financiera, es decir, las LELIQ y las LEBAC.
¡Dejen de hablar de austeridad! Es el despilfarro dirigido a los que más tienen. Y ahora lo confirman, porque a los sectores medios los terminan de liquidar con esto. También quiero agregar que cuando venga el próximo gobierno ‑después de Macri‑, es decir, durante los próximos cuatro años, habrá que pagar 160.000 millones de dólares de deuda, dos tercios de la cual fue tomada durante este gobierno.
¿Cómo pueden hablar de pesada herencia? El país estaba desendeudado. Claro que había problemas, pero la economía crecía, no se perdía empleo y la gente llegaba a fin de mes. Había inflación, pero los salarios subían por encima de ella, y por eso no teníamos estas caídas en el poder adquisitivo. Esa era la política económica de un gobierno que piensa en los sectores populares.
Además, quiero aclarar lo siguiente: de toda esa enorme cantidad de plata que se pidió, 60.000 millones se fueron por la canaleta de la fuga y ya no están más. Los 160.000 millones no los va a pagar Macri –toco y me voy‑, sino que los tendrá que pagar el gobierno que venga.
Ahora proponen subir las alícuotas del impuesto a los bienes personales. Esto, con las nuevas valuaciones, va a fundir a los sectores medios. Obviamente que uno dice: bueno, que pague el patrimonio. Primero bajaron el impuesto a partir de esa ley también vergonzosa y mentirosa del blanqueo, gracias a la cual terminó blanqueando el hermano de Macri, como advertimos acá. Era para eso. Ahí bajaron el impuesto a los bienes personales.
Pero ahora lo suben y lo dirigen a la clase media. Así como le pusieron retenciones al campo, ahora le ponen a la clase media ‑dos sectores de su base electoral‑ un impuesto que no va a poder pagar, porque no solo le llega este impuesto, sino también los tarifazos, la cuota del colegio, la prepaga, la nafta, el seguro del coche, los alquileres, etcétera. Están entregando al sector que los llevó al gobierno, y lo están haciendo porque es un fracaso todo. Lo que produce esta política neoliberal es exclusión, desindustrialización, primarización y desempleo.
Para terminar, quiero decir lo siguiente. Todos los argentinos preguntan si estamos en default. Yo quiero decir que el default lo anunció el presidente Macri cuando dijo que íbamos corriendo al FMI, porque la historia real fue que Caputo pidió plata para los vencimientos de la deuda que ustedes habían tomado y no se la dieron; no había un mango más. Entonces, fue corriendo a un micrófono y dijo: “Nos vamos al Fondo Monetario Internacional.”
Hoy el FMI puso el pulmotor a la economía argentina porque el sector privado no le presta más y ese esquema de endeudamiento y fuga conduce siempre al mismo lugar. Hoy sin el Fondo Monetario Internacional y los 50.000 millones, que se los van a dar a Macri para que termine el mandato sin sobresaltos, es lo que está sosteniendo esta economía sin default. Eso es lo que han producido.
Exprimieron a los sectores medios y ahora el Fondo Monetario Internacional dice lo de siempre: “Déficit cero”, pero ustedes van al déficit cero, también mentiroso, porque gastan una enormidad en intereses. Hoy estamos viendo las consecuencias de los programas de déficit cero y de ajuste estructural en otros países del mundo, y esto también pasa acá.
La última recaudación cayó 10 puntos en términos reales. Pasa siempre lo mismo, dicen déficit cero y ajustan los gastos. El Estado se contrae, gasta menos, invierte menos, hay menos obras, paga menos a los maestros, paga menos a los laburantes, paga menos a todos, la gente no consume, no hay actividad económica y, entonces, recaudan menos impuestos. O sea que la paradoja del ajuste es que nunca se llega.
En consecuencia, ¿qué decidieron hacer? Cobrar más impuestos. ¿A quién? A la clase media. Quieren que este ajuste presupuestario que están haciendo para pagar los intereses de la deuda que tomaron venga de los sectores medios, que ya están liquidados. ¿Para qué los van a usar? Tomaron toda esta plata y ahora van a cobrar más impuestos porque es progresivo. El año que viene van a ajustar 4 por ciento en salud; 4 en gasto social; 10 en educación; 5 en ciencia y tecnología; 17 en vivienda y 9,5 en cloacas. Lo único que crece es el pago de intereses. Esto lo tiene que entender todo el país.
Ustedes los engañaron a todos. Les faltaba atacar a la clase media y al campo, y ahora atacaron a la clase media y al campo para recaudar impuestos. Esto va al pago de la deuda y van a seguir ajustando. ¡Tienen que cambiar la política económica! (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Franco, por Misiones.
Sr. Franco.- Señor presidente: simplemente, deseo confirmar lo que hemos trabajado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y adelanto que acompañaré el dictamen con las modificaciones que introdujo el Senado.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Bahillo, por Entre Ríos.
Sr. Bahillo.- Señor presidente: en nombre del Interbloque Argentina Federal voy a tratar de hacer un breve aporte a fin de fundamentar el proyecto en tratamiento.
Como decía el diputado Jorge Franco, aceptamos las modificaciones introducidas por el Senado, pero también queremos agregar cómo se llega a este impuesto y su modificación.
Acá hubo una decisión del Poder Ejecutivo nacional de eliminar la tarifa social eléctrica, el subsidio al transporte y el Fondo Federal Solidario. Esa fue una decisión unilateral, inconsulta y tomada por el Poder Ejecutivo nacional. A partir de ahí esto repercute y tiene consecuencias muy fuertes en las provincias, sobre todo en los sectores urbanos, debido al incremento del transporte, más allá del daño que hace a la obra pública de la mano del Fondo Federal Solidario y la tarifa social en materia eléctrica, que atiende a los sectores más vulnerables.
Así, el gobierno nacional, con los gobernadores y los ministros involucrados, va a una mesa de negociación porque los gobernadores tienen la responsabilidad y el compromiso, además de sostener las cuentas públicas provinciales, de brindar los servicios públicos que competen a las provincias y, obviamente, también de atender a los sectores más vulnerables y necesitados de nuestras provincias.
Si no hubiera sido por nosotros, por el pensamiento de nuestro interbloque y de los gobernadores, no habríamos avanzado en una decisión de estas características, ya que dejamos asentado este año, en un proyecto de ley que fue votado por este Congreso y luego vetado por el presidente de la Nación, que la modificación tarifaria o la eliminación de subsidios debía mínimamente acompañar la recomposición salarial y el poder adquisitivo de los trabajadores, pero nunca eliminar de una sola vez, y con un impacto muy fuerte para el bolsillo de los sectores más vulnerables, este tipo de subsidios o asistencias.
Ahora los gobernadores se ven ante esta disyuntiva, con la responsabilidad de sostener y ayudar a estos sectores, a fin de no causar un impacto muy fuerte en los municipios y los trabajadores. Por eso establecieron esta mesa de negociación que, entre otras cosas, permite generar algunos fondos para tratar de mitigar las consecuencias de esta decisión.
Como resultado de estos acuerdos, se consiguió conformar un fondo compensador de 6.500 millones de pesos que proviene de la recaudación de impuestos y que va a permitir a las provincias y a los municipios mitigar el incremento del costo del transporte urbano, que de otro modo debería triplicarse.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, doctor Luis Alfonso Petri.
Sr. Bahillo.- Para ir redondeando, imaginemos que los gobernadores tienen un contexto desfavorable en sus economías regionales, un modelo que deprime el consumo, desalienta la recomposición del salario y deteriora la inversión.
Los trabajadores y sus familias tienen la incertidumbre de saber si llegan a fin de mes y ahora tienen el temor de perder el trabajo. En este contexto desfavorable los gobiernos provinciales no pueden desatender estas cuestiones y por eso se ha avanzado en este acuerdo. Algunos de los legisladores que trabajamos mano a mano con los gobernadores, comprometidos con las cuestiones provinciales, acompañamos este proyecto. Sabemos que es perfectible, tal como dijeron los diputados preopinantes, pero entendemos que la responsabilidad de gobernar las provincias impone acompañar estos acuerdos que han generado los gobernadores.
Por las razones expuestas, desde este lugar y con el compromiso de acompañar a los gobiernos provinciales y municipales, vamos a adherir a las modificaciones introducidas por el Senado.
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Arroyo, por Buenos Aires.
Sr. Arroyo.- Señor presidente: este proyecto sobre bienes personales ha sido mejorado en el Senado. Está claro que haber subido a 2 millones de pesos el mínimo no imponible y haber dejado fuera de este impuesto a las viviendas valuadas en menos de 18 millones de pesos es un avance.
Nosotros sabemos que este proyecto aumenta la presión impositiva, es decir, hace que más personas en la Argentina paguen el impuesto y está complicando más las cosas. Nos encontramos frente a una sábana que es corta. Por un lado, se recortan gastos en materia de salud, de educación y de políticas sociales y, por el otro, se aumenta la presión impositiva. Está claro que este no es el camino y que la más afectada va a ser la clase media.
Quiero referirme brevemente a quiénes son los que van a pagar más a partir de este proyecto. Va a pagar más el fletero que labura todo el día, que se funde trabajando, porque entre lo que subió el gasoil, los peajes, la luz, el gas y la comida no le alcanza, se funde y además paga más impuestos. Va a pagar más el docente que tiene dos cargos y que claramente no le alcanza y se endeuda. Esto le pasa a la clase media en la Argentina.
La clase media es la gente que tiene una pyme, un pequeño taller, que cada vez la aprietan más con los impuestos y termina transformando su negocio en simplemente cambiar la plata.
La clase media es un comerciante que tiene un pequeño local con un baño muy chico, que casi no se usa, y le llega una factura de agua de 6.000 pesos. Esta es la clase media, el sector que va a pagar más a partir de este proyecto.
Está claro que no hay manera de que esto mejore si cada vez se paga más y se produce menos. Está claro que el camino no es el ajuste, sino la expansión económica.
Quiero cerrar mi discurso diciendo que nuestro bloque va a votar en contra de este proyecto, en esencia porque seca los bolsillos de mucha gente, que ya están exhaustos. La idea absurda de este proyecto -de que la economía en algún momento va a derramar- es una idea en la que ya nadie cree. No hay argentino que crea que este es el camino. No es el camino, ni cerca. Gravar a la clase media exhausta es achicar el mercado interno y complicar todo, con el único objetivo de que se asegure el cobro de los intereses de la deuda.
Entonces, vamos a votar en contra de este proyecto porque creemos claramente que no es el camino. Si hoy gran parte de la clase media se funde trabajando, ¿cuál es la razón para que mejore a partir de la aprobación de este proyecto? (Aplausos.)
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Asencio, por Buenos Aires.
Sr. Asencio.- Señor presidente: desde el inicio de su gestión, el gobierno ha aumentado brutalmente las tarifas de todos los servicios y los impuestos. Las familias ya no pueden más, además de soportar la inflación que está por las nubes y los salarios por el piso.
En materia de impuestos es claro el incremento brutal del impuesto inmobiliario, tanto en la provincia como en la Capital Federal, donde las valuaciones fiscales no tienen precedentes y en muchos casos superan los valores reales de mercado.
Todo el peso cae siempre sobre los trabajadores, los jubilados, las pymes y la clase media. No hay ni una sola buena para los trabajadores y jubilados. ¡Ni una! Solo cuidan a las empresas amigas. ¿Se acuerdan de las compensaciones a las compañías eléctricas? Nunca una compensación para jubilados y trabajadores. El tema de las compensaciones eléctricas lo anunció el presidente, vía un ministro; y también dijo el presidente hace poco que no habría ningún bono para los jubilados.
Ahora bien, la ley crea un ente federal para revaluar todos los bienes inmuebles. Es decir que el objetivo es otro feroz impuestazo ‑es lo que esconde este proyecto‑ a la clase media y a las pymes. No suben el impuesto a los bienes personales para darles fondos a los más necesitados. Gravan a toda la sociedad para seguir pagando los intereses de la deuda y así cubrir el déficit fiscal que genera la caída de la recaudación por la recesión, que es brutal.
Este nuevo proyecto perjudica al pueblo, señor presidente. Por eso no lo vamos a acompañar. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Vallone, por San Luis.
Sr. Vallone.- Señor presidente: entendemos que este proyecto, que ha sido revisado por el Senado y viene con una modificación, es un parche que no soluciona el problema de fondo, como ya lo planteamos en el primer debate que tuvimos en este recinto.
Es un proyecto que forma parte del paquete del ajuste, que incluye el tarifazo, el propio presupuesto para 2019 y el pacto fiscal, que es la matriz de este impuesto que castiga a la clase media y a los sectores de la producción, como las pymes.
Entendemos que el monto establecido para la exención sin duda beneficia a quienes tienen una única vivienda de uso familiar. Sin embargo, y en base a uno de los principios de tributación que rige para los impuestos patrimoniales, como es el de bienes personales, no se está respetando la capacidad contributiva, principio que recoge la idea de que los contribuyentes que tienen mayor capacidad de pagar impuestos deben contribuir con un monto mayor, lo que se conoce como tributo solidario.
Más allá de la modificación en particular que ha obtenido este proyecto en el Senado, y teniendo en cuenta que el gobierno prometió avanzar en la eliminación de este tributo ‑cosa que no sucede, sino que, por el contrario, se acentúa-, el presente impuesto es, sin dudas, injusto y regresivo, y representa un verdadero obstáculo al desarrollo económico del país.
Hay otro factor que quiero plantear, por el cual no vamos a acompañar este proyecto: el pacto fiscal y la adenda, que la provincia que represento no firmó.
Quiero hacer hincapié en los artículos 3° y 4° del texto remitido por el Senado. Le pregunto al miembro informante si nos puede aclarar la siguiente situación. El artículo 3° del proyecto propone modificar el artículo 24 de la ley, fijando un mínimo exento de 2 millones de pesos. Sin embargo, el artículo 4° del proyecto establece una tabla progresiva mediante la cual los bienes quedan exentos con un mínimo no imponible de 3 millones de pesos. ¿A qué obedece esa discrepancia entre los mínimos establecidos en un artículo y otro, y qué sucede con los bienes comprendidos entre 2 y 3 millones de pesos? Quisiera que el señor miembro informante me responda esta duda.
Dejo fijada la posición de nuestro bloque de no acompañar el proyecto.
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Del Caño, por Buenos Aires.
Sr. Del Caño.- Señor presidente: como ya se señaló en algunas intervenciones de diputadas y diputados preopinantes, este proyecto no es más que un parche dentro del paquetazo del ajuste, donde venía el presupuesto para 2019 y todas las leyes que se votaron y que exige el Fondo Monetario Internacional.
Está claro que el planteo que se hace no viene a modificar el sistema impositivo completamente regresivo que existe en nuestro país y que Cambiemos no hizo más que profundizar desde que asumió. Recordemos la quita o rebaja de retenciones. Creo que ha quedado claro cómo se les quitó las retenciones a las mineras e hidrocarburíferas, y cómo en diciembre del año pasado se benefició a las empresas con rebajas en el impuesto a las ganancias. Está claro, entonces, que el gobierno vino a profundizar este sistema impositivo.
Gran parte de la recaudación –el 44 por ciento, sin contar los aportes de la seguridad social‑ proviene del IVA, que sabemos que es un impuesto al consumo popular y que en los sectores de menores ingresos es donde mayor impacto tiene. Es decir, todos pagamos ese impuesto, y los que más se ven perjudicados son los sectores populares.
A su vez, respecto del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría que afecta a los trabajadores bajo convenio ‑este gobierno había prometido durante las elecciones que no iba a existir más y que, en consecuencia, el salario de los trabajadores no pagaría ganancias‑, hay más trabajadores que deben tributar.
En cuanto a la recaudación del impuesto sobre los bienes personales, ella representa simplemente el 1 por ciento del total.
En resumen, si uno repasa estos números ve que los doscientos mayores contribuyentes –los que tienen los mayores ingresos- pagan en promedio un 17 por ciento sobre sus ganancias, cuando deberían pagar el 35 por ciento. ¿Por qué pagan la mitad? Porque tienen muchas exenciones y beneficios que hacen que la mitad de sus ganancias estén eximidas de pagar este impuesto. Esto no viene de ahora, pero se ha profundizado bajo el gobierno de Cambiemos.
Me quedé con lo que expresó anteriormente el diputado Kicillof. Decía que el gobierno tomó una cifra exorbitante de endeudamiento y que el próximo gobierno está obligado a pagar esa deuda. De ninguna manera. Por ejemplo, en 2021 hay que pagar 50.000 millones de dólares. ¿Es decir que se va a pagar? No podemos aceptar que se pague a costa del hambre del pueblo, como está haciendo este gobierno.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr. Del Caño.- Ya hemos escuchado a varios referentes de la oposición diciendo que no queda otra que aceptar la imposición del FMI, y a lo sumo renegociar alguna que otra cuestión. Pero aceptar el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional implica aceptar el ajuste al pueblo trabajador.
Nosotros, justamente, planteamos el no pago de la deuda y la ruptura con el FMI como parte de un programa de conjunto que incluye una banca estatal única para evitar la fuga de capitales, que es una sangría de los recursos nacionales; la expropiación de los principales terratenientes, para que esos recursos estén al servicio de las grandes mayorías; la expropiación de todo el entramado hidrocarburífero -todo lo vinculado con la energía tiene que estar bajo gestión de los trabajadores y puesto al servicio de las grandes mayorías-, y un plan conjunto para que la crisis la paguen los capitalistas y no las mayorías populares.
Por supuesto, señor presidente, eso incluye la eliminación del IVA, del impuesto al salario y la fijación de impuestos progresivos a las grandes fortunas.
Planteamos, además, un sistema impositivo absolutamente opuesto al que se propone desde este gobierno y al que se viene aplicando desde hace años, ya que el de la Argentina es uno de los sistemas impositivos más regresivos de América Latina.
Por eso, señor presidente, nos vamos a oponer a este proyecto, a este parche del “paquetazo” que el gobierno, con el acuerdo de los gobernadores del PJ, impuso en la sesión en la que se votó el presupuesto 2019, exigido por el FMI.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.
Sra. Del Plá.- Señor presidente: votaré por segunda vez en contra de este proyecto, que ahora viene –permítame la ironía- convertido en progresivo desde el Senado.
¡Qué notable! Resulta que aquellos elementos más regresivos han quedado intactos, y es llamativo porque mantener intacta la exención del cobro del impuesto a los bienes personales para los terratenientes rurales nos deja en claro que aquí se está protegiendo a la famosa oligarquía terrateniente. Este es un llamado a los bloques del peronismo, que decían tener este planteo en su programa. No queda absolutamente nada más que la protección de esos mismos bloques a la oligarquía terrateniente.
Vemos que aquí se está traficando lo regresivo como supuestamente progresivo. En efecto, la eliminación de la doble imposición en cuanto al pago de impuestos sobre actividades en el exterior constituye un doble saqueo para el país. En primer lugar, deja intacta la fuga de capitales, y en segundo lugar permite que con esa fuga de capitales se paguen impuestos en el exterior, pero de ninguna manera en nuestro país.
De manera que es, justamente, una eliminación de la doble imposición fiscal para beneficiar a un gobierno de los CEO, de capitales offshore, con todos los negociados que sin ninguna duda hace este gobierno.
Sin embargo, es claro que todos los bienes que se mantienen en este impuesto, de acuerdo con el proyecto en tratamiento, no tienen que ver con fijarles gravámenes a las grandes fortunas ni a los grandes propietarios de acciones, porque la mayoría de ellos los disimulan, cuando no con testaferros, bajo la figura de sociedades de protección.
En definitiva, los grandes capitalistas de este país, las grandes patronales y los banqueros no tendrán que pagar más impuestos por este proyecto. Los que sí vamos a tener que pagar los impuestos somos gran parte de los trabajadores y de los sectores medios, porque el argumento de la eliminación de la vivienda familiar –como acá ya se dijo, ni siquiera de la vivienda única- del cobro del impuesto, de todas maneras, deja a merced del pago del tributo a aquel jubilado que, por ejemplo, tiene su casita, pero ha construido otra con gran esfuerzo para cobrar un alquiler que le permita no morir de hambre con las jubilaciones de indigencia que se pagan. Ese jubilado va a pagar este impuesto. Sin embargo, los terratenientes no pagarán este impuesto sobre las propiedades rurales, lo que constituye una de las situaciones más regresivas.
Entonces, claramente se pretende presentar como progresivo algo que es regresivo, como ya hemos vivido largamente con este gobierno y con el anterior en relación con el impuesto a las ganancias sobre los salarios.
Es claro que la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios forma parte del programa del sindicalismo combativo, pero no del programa de las direcciones de las centrales sindicales, pues lo han abandonado hace rato. Ello implica que salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes paguen el impuesto a las ganancias, pero que no lo hagan los grandes capitalistas.
Tenemos, entonces, que justamente lo que se presenta como progresivo es todo lo contrario a lo que realmente ocurre. El nivel de impuestos regresivos sobre el consumo, que afecta a los que menos tienen, es brutal. En este país, las patronales y banqueros se quejan todo el tiempo de la carga impositiva, pero se la pasan recibiendo exenciones, subsidios y todo tipo de beneficios.
Por lo tanto, un programa de la clase obrera plantearía una reorganización integral; la eliminación de los impuestos al consumo y la fijación de impuestos a las grandes fortunas y a los terratenientes.
En este punto quiero decir que el gobierno ha sometido a los acuerdos con el FMI todo este paquetazo del ajuste, del cual esta ley forma parte.
Por eso quiero cerrar señalando que, por más pulmotor que le hayan puesto al gobierno de Macri con los acuerdos con el FMI, todo este esfuerzo que hace la población al soportar este ajustazo no alcanza para evitar el colapso económico al que vamos derecho en estos meses y el año próximo.
Por ello nosotros, desde el Partido
Obrero y el Frente de Izquierda, reforzamos la idea, en primer lugar, de que los
trabajadores necesitamos un paro activo nacional inmediato, al revés de lo que
hizo la CGT, que levantó el paro a cambio de un bono en negro; en segundo
lugar, necesitamos desenvolver a fondo el planteo de que este gobierno se tiene
que ir y debe ser reemplazado por una asamblea popular constituyente que tome
en sus manos la reorganización del país sobre nuevas bases, adoptando las
medidas de emergencia necesarias para frenar la fuga de capitales y el saqueo
del bolsillo de los trabajadores; esto es, nacionalizando la banca y el
comercio exterior, prohibiendo los despidos y pasando a garantizar el
mantenimiento de la población trabajadora, que es la gran masa de este país. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Campos, por Buenos Aires.
Sr. Campos.- Señor presidente: simplemente, quiero dejar en claro mi posición, en el sentido de que me parece que este es un muy mal impuesto, y entiendo que el gobierno de Cambiemos así lo vio en el inicio.
Está claro que estamos respondiendo a una necesidad de financiamiento, y que por eso se están elevando las alícuotas.
Ahora bien, la pregunta que yo me hago es, en primer lugar, si el nombre de impuesto a los bienes personales es el correcto. En realidad, aquí estamos frente a un impuesto a las ganancias en cuotas. ¿Cómo es que un contribuyente argentino compra un bien si no es por haber ganado, haber tenido utilidades antes y haber tributado el impuesto a las ganancias?
Entonces, básicamente lo primero que quiero proponer es que le cambien de nombre a este impuesto y que se llame “impuesto a las ganancias complementario” o, en todo caso, “a los males colectivos”, pero nunca a los bienes personales.
Lo que estamos logrando es que la gente no quiera tener bienes registrables en el país. Cada vez me topo con más personas, sobre todo adultos mayores, profesionales que han trabajado durante toda su vida y que lograron ciertas ganancias, pagaron su 35 por ciento de ganancias al contado, se compraron una propiedad y los vivos del Estado argentino les dicen: “Muy bien, ya me pagaste el 35 por ciento al contado, pero ahora vení a pagarme más impuesto a las ganancias en cuotas”.
¿Qué pasa? Si lo tomamos desde el año 1991, en promedio una persona que ganó 100 y que está en lo alto de la escala, pagó 35 al contado, se quedó con 65, se compró una propiedad y empezó a tributar. Hasta el día de hoy pagó un 24 por ciento más en cuotas, por encima del 35 que pagó al contado.
O sea que el Estado argentino, todos nosotros, le ha sacado a ese señor que tiene un bien el 55 por ciento de la ganancia original con la cual se lo compró. Pero como esto continúa, si sigue hasta el final, hasta la amortización del bien ‑calculando, por ejemplo, cincuenta años‑, el Estado se habrá quedado con el 73 por ciento de la ganancia original, considerando la vida útil del inmueble. No sé si nos damos cuenta de lo que esto significa.
Hoy nos encontramos con adultos que nos dicen que tienen que mudarse porque no pueden pagar el ABL, porque le retasaron la propiedad o porque ARBA sube las valuaciones y tienen un impuesto inmobiliario adicional. Además, el entonces gobernador Scioli puso un impuesto complementario por el que aquella pareja que tiene dos propiedades debe pagar este impuesto en la provincia de Buenos Aires. En fin, lo que estamos haciendo es echar a la gente y ahuyentar la inversión en bienes registrables en la Argentina. Digo esto porque bienes personales es un impuesto a las ganancias demorado, en cuotas.
Somos muy vivos e inteligentes, pero la gente se defiende ante esta situación. Nadie acepta que de 100 pesos que gana, el Estado se quede con el 50, 60 o 70 por ciento. Esto no ocurre en ningún país y a quienes sostienen que este impuesto sí existe en muchos lugares del mundo debo decirles que solo lo tienen Francia, España, Noruega y Suiza, donde las casas habitación están exceptuadas y donde solamente aplica por encima de los 500.000 o 700.000 euros, es decir, para patrimonios realmente grandes.
Quiero alertar sobre lo pernicioso de este impuesto y solicitar permiso para abstenerme en la votación.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Ramos, por Santa Fe.
Sr. Ramos.- Señor presidente: en primer lugar, quiero dejar en claro que estoy de acuerdo con este tipo de impuestos porque apuntan a que los que más tienen más aporten. No obstante, queda claro aquello que decía Perón en el sentido de que el único lugar del que no se vuelve es del ridículo.
Hace unos años este Congreso votó una reforma impositiva para que este impuesto –que muchos votamos en contra‑ desapareciera. Fue un hecho de avanzada. Por eso hoy sería absurdo acompañar una medida que no deja de ser un parche y que está lejos de buscar la equidad tributaria y de mejorar el financiamiento del Estado para desarrollar políticas públicas. La prioridad del Estado...
Sr. Presidente (Monzó).- Disculpe, señor diputado. Ruego a los señores diputados que guarden silencio.
Sr. Ramos.- Decía que está claro que este gobierno tiene como prioridad cumplir con los intereses foráneos. Todo aquel que está en una provincia o en una intendencia se da cuenta de que cada vez hay menos recursos, que los costos aumentan y que es imposible dar respuesta a la gente.
Con muy buena fe se genera un impuesto que tiende a tratar de cubrir recursos –digo tratar porque está claro que no va a cubrir nada‑, pero la verdad es que este tipo de impuestos impactan de manera directa. La gente no va a poder pagarlos y se van a ver afectados otros impuestos. Este es un salvavidas para algunos gobiernos provinciales por la plata que les sacaron para el transporte, la salud y la educación.
La verdad es que el bolsillo de la gente, de los trabajadores y del sector productivo es uno solo y ya no da más. Ya no da más tener la nafta dolarizada ni pagar servicios básicos dolarizados. Esto va a profundizar la parálisis de la actividad económica.
Yo estoy de acuerdo con este tipo de impuestos, pero enmarcado en un sistema que tienda a generar más recursos para un proyecto federal. Este proyecto es un parche para suplir el profundo corrimiento del gobierno nacional respecto de la inversión y del apoyo a los gobiernos provinciales y municipales. Esto va a terminar muy mal.
Por otro lado, parece que nunca alcanza y que nunca hay plata. Pero este no es un problema de plata, sino de definición política. Todo lo que se recauda hoy en día es para pagar a los organismos internacionales; se ha paralizado la inversión en educación, en ciencia y tecnología, etcétera. Lo que se recauda mediante este impuesto no se destina a profundizar la inversión en infraestructura en el territorio nacional, sino que lo único que ha permitido es que crezcan los recursos de los porteños, de quienes viven en la ciudad de Buenos Aires, que tiene 200 kilómetros cuadrados.
Por eso uno entiende a los compañeros del interior, a los representantes de los gobiernos provinciales y municipales. No obstante, también está en nosotros poner límites a esta política unitaria y centralista, al mejor estilo de Rivadavia.
Por estos motivos no vamos a acompañar este impuesto, como tampoco acompañamos el intento de hacer desaparecer uno de los impuestos más importantes. Esto tiende a emparchar la situación, en un intento de corrimiento profundo del Estado nacional y de dejar desamparados a los gobiernos provinciales y municipales.
Esto hace que en cada provincia se tienda a aumentar los impuestos; no hay una sola provincia que no esté pensando en un anticipo más de patentes, en un impuesto provincial más, en un aumento del DREI en los municipios. No hay de dónde sacarle más a la gente. Pero a los sectores energético, financiero o agroexportador no se los toca.
En este sentido, mantenemos nuestra postura, tal vez equivocada, pero con la convicción de que este es un impuesto que va en contra de los intereses de la mayoría de nuestro pueblo. Entendemos la necesidad de los gobernadores, pero está claro que este gobierno no cumplió con lo que prometió en el sentido de bajar los impuestos y de que los trabajadores no paguen más ganancias. Todo esto se duplicó. Los únicos que no pagan impuestos –repito- son los del sector financiero, agropecuario, agroexportador y energético.
Es en esta línea que no vamos a acompañar esta iniciativa. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: sé que reglamentariamente no se puede hablar sobre este proyecto, sino que lo único que tendríamos que hacer es decir si aceptamos o no las modificaciones introducidas por el Honorable Senado. Sin embargo, escuché algunos discursos que parecían referirse a proyectos nuevos.
Ahora bien, cuando viene del Senado
una modificación de esta envergadura y uno de ida votó en contra –que es lo que
hicimos nosotros desde nuestro bloque porque no queremos que se creen más
impuestos‑, a la vuelta no le queda más alternativa –por más mejorado que
esté el proyecto‑ que la de abstenernos. Es por ello que le pido permiso
para que nuestro bloque, y el diputado David, se abstengan. (Risas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Bianchi, por San Luis.
Sra. Bianchi.- Señor presidente: en el mismo sentido, pedimos autorización para abstenernos porque en la consideración anterior también votamos negativamente.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Bossio, por Buenos Aires.
Sr. Bossio.- Señor presidente: es para abstenerme en la votación.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Carrizo, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Carrizo (A.C.).- Señor presidente: los tres integrantes del bloque Evolución también vamos a abstenernos de votar esta iniciativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente si se aceptan las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 219 señores diputados presentes, 125 han votado por la afirmativa y 64, por la negativa, registrándose además 28 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 125 votos afirmativos; 64, negativos, y 28 abstenciones.[6]
Sr. Presidente (Monzó).- Se deja constancia de que la señora diputada Llanos Massa ha votado por la negativa. Por lo tanto, hay una abstención menos.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.[7]
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
- 21 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda –Orden del Día N° 399‑ recaído en el proyecto de ley en revisión por el que se acepta la cesión de tierras de la provincia de Corrientes al Estado nacional destinadas a la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá (expediente 26‑S.‑2018.)
ORDEN DEL DÍA n° 399
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra la señora diputada Brambilla, por Corrientes.
Sra. Brambilla.- Señor presidente: nos corresponde debatir sobre el cese de jurisdicción efectuado por la provincia de Corrientes al Estado nacional con el objeto de crear el Parque y Reserva Nacional Iberá.
Constituye un hito histórico que un privado done, sin costo alguno, 160.000 hectáreas para un parque nacional y 23.000 para una reserva nacional. Confío en que los señores diputados compartan la gran importancia que tiene esta iniciativa.
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Brambilla.
Sra. Brambilla.- Señor presidente: con la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá, 160.000 hectáreas que estaban en manos del sector privado serán abiertas al público. Y no solo se trata de correntinos, sino también habitantes de otras provincias y extranjeros provenientes de todo el mundo que quieran visitar nuestro hermoso Iberá.
Esta superficie se sumará a las 553.000 hectáreas de parques de la provincia. Es decir que Corrientes contará con 700.000 hectáreas que servirán de refugio a más de cuatro mil especies de flora y fauna autóctonas. Por otra parte, la creación de este parque contribuirá al trabajo de reinserción de especies en peligro de extinción, como el yaguareté y el oso hormiguero.
Este año no solo los correntinos, sino también el resto de los argentinos, tuvimos la posibilidad de ver cómo el yaguareté fue reintroducido en Corrientes gracias al trabajo de la fundación CLT. Concretamente, se logró que dos cachorros de yaguareté nazcan en territorio correntino; de esta manera, este hermoso animal volverá a nuestra provincia luego de ser durante más de cincuenta años una especie extinguida.
Como decía, los correntinos tendremos más de 700.000 mil hectáreas para turismo nacional e internacional. Si bien recibimos turistas, contamos con un solo portal de acceso a los Esteros del Iberá, en Colonia Carlos Pellegrini. Con la ampliación del parque nacional se abrirán tres portales más.
Además, los habitantes de Ituzaingó, Loreto, Concepción, San Miguel y Mercedes podrán explotar turísticamente sus ciudades; los jóvenes tendrán la posibilidad de mostrar nuestra cultura y nuestra naturaleza en todo su esplendor, mientras que los adultos podrán compartir sus costumbres y sus artes textiles, culinarias, musicales y plásticas.
Estamos orgullosos de brindar estas posibilidades no solo a los correntinos, sino también al resto de los argentinos y a todos quienes quieran visitarnos.
Pido a los señores diputados que acompañen esta iniciativa, para que podamos sancionarla por unanimidad como en su momento lo hizo el Senado. Preservemos entre todos un patrimonio que es de los correntinos, pero también del resto de los argentinos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado David, por Salta.
Sr. David.- Señor presidente: quiero dejar en claro algunas cuestiones sobre las que se discutió en comisión. Si bien nuestro bloque acompañará este proyecto, nos gustaría dejar perfectamente establecidos algunos puntos.
En su momento se plantearon dos asuntos: uno, vinculado con la manera como en el derecho público local y constitucional de la provincia se llevó adelante la cesión. El otro, con la posibilidad –negada por los titulares y organismos oficiales‑ de que se vean comprometidos ciertos derechos de los pueblos originarios o de quienes habitan estas tierras.
En verdad, esta norma no cambiará nada; la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá no modificará los derechos que constitucionalmente correspondan, en caso de existir, a esas personas.
De la misma manera, técnicamente no podemos consolidar ni consentir si hubo nulidad en el procedimiento provincial; la creación de este parque y reserva nacional no podrá pasar por encima si hubo fallas en el mecanismo que se implementó.
Dejando en claro que, de corresponder, será la Justicia quien resolverá estas cuestiones –en algunos casos, ya hay presentaciones efectuadas‑, adelanto nuestro acompañamiento a esta iniciativa. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Pitiot, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Pitiot.- Señor presidente: nadie desconoce la riqueza de nuestro país en materia de recursos naturales y, en particular, la importancia que tiene en la República Argentina el territorio del que estamos hablando.
Como bien explicó la miembro informante, hablamos de una iniciativa que fue sancionada por unanimidad en la Cámara de Senadores. Como lo planteamos desde el bloque del Frente Renovador en las comisiones intervinientes, dado que se trató y dictaminó cuando el asunto ni siquiera había pasado por reunión de asesores, hablamos de un área de muchísima importancia y es necesario relevar la documentación pertinente.
Haciéndome eco de lo manifestado por el señor diputado David, quiero decir que no cambiaremos aquello que se decidió por ley provincial en Corrientes. En otras palabras, de lo que se trata ahora en el Congreso es de aceptar la cesión que la provincia ya hizo a partir de la sanción de una ley que contempla un procedimiento establecido en su Constitución. Entonces, no nos corresponde a nosotros decidir sobre el particular; en todo caso, será la Justicia quien tendrá que expedirse.
Ahora bien, debemos poner especial atención sobre lo siguiente. Muchos habitantes, organizaciones y fundaciones de la provincia de Corrientes nos alertaron, y por eso nosotros estudiamos el tema más profundamente, de algunos riesgos vinculados con la posible existencia de pueblos originarios o comunidades indígenas. En este sentido, entendemos que tal como lo marca el inciso 17) del artículo 75 de la Constitución Nacional, es obligación del Congreso de la Nación garantizar los derechos de las comunidades.
Puntualmente, el inciso habla de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, y todas nuestras leyes tienen que hacer honor a dicho inciso.
Por eso planteamos –lo reiteramos en este recinto- la incorporación de dos artículos que son iguales a los que contenía el proyecto por el que se instituyó el Parque Nacional Aconquija, que tienen como objetivo la creación de una reserva. Estos dos artículos, que pido se incorporen a la sanción del Senado, están orientados a hacer pasible la desafectación cuando se hiciera un relevamiento...
Sr. Presidente (Monzó).- Señora diputada: lea los artículos ahora, así podemos tratar la iniciativa en general y en particular.
Sra. Pitiot.- Propongo incluir como artículo 7°, el siguiente. “Serán pasible de desafectación de los alcances de la presente ley aquellas superficies de territorio que a instancias del relevamiento técnico, jurídico y catastral que oportunamente se efectuare de conformidad con los términos de la Ley Nacional de Comunidades Indígenas N° 26.160 y sus prórrogas, resultare atribuible a dichos grupos de personas de modo de garantizarles la estricta sujeción a las prescripciones de la misma”.
Por último, el artículo 8° diría: “Encomiéndase a la Administración de Parques Nacionales brindar la asistencia que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, estime necesaria en torno a las tramitaciones pertinentes para la posesión y propiedad comunitaria de las tierras originalmente ocupadas por las comunidades indígenas que resulten registradas en el relevamiento citado en el artículo precedente”.
Quiero terminar diciendo que, independientemente de nuestro pedido de incorporación, hemos tenido la mayor recepción por parte de la Administración de Parques Nacionales, de todas sus autoridades y, en especial, de Emiliano Ezcurra, que nos ha facilitado toda la documentación que le solicitamos.
Reitero nuestra preocupación sobre la precisión y certeza que desde nuestro punto de vista debe tener la norma. En este sentido, agradecemos la receptividad y predisposición que han puesto de manifiesto los funcionarios del organismo nacional.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Ferreyra, por Corrientes.
Sra. Ferreyra.- Señor presidente: para consensuar este proyecto de ley hubo una pelea monumental en mi provincia entre el arco político, las organizaciones sociales y la Iglesia, a fin de enfrentar con vehemencia tanto a Tompkins como a su fundamentalismo ecológico. Recordemos que Tompkins logró comprar trescientas mil hectáreas con pobladores ancestrales y lugareños, que según tengo entendido le remitieron una carta a usted como presidente del cuerpo para que este tema no fuera tratado en el día de hoy.
A través de fundaciones se apropiaron del patrimonio de los correntinos, que hoy, muerto Tompkins, son presididas por su esposa, generando situaciones atroces, como por ejemplo que los médicos no pudieran acceder al lugar porque habían puesto alambrados por todos lados; mujeres embarazadas que tuvieron que parir al lado de las tranqueras que había puesto Tompkins en mi provincia; la obligación de pagar para transitar por las vías de acceso que había puesto este señor; vuelos rasantes sobre los pobladores y destrucción de sus lugares de culto y de sus viviendas, que son meros ranchitos hechos de barro y paja, que es el material con el que cuentan en el lugar.
Ha sido un sufrimiento terrible el que hubo, y por eso se alzó la comunidad, sobre todo de Yahaveré, en defensa de lo que era patrimonio de los correntinos.
En 2007 tuve el honor de ser convencional constituyente en mi provincia, y gracias a esa reforma de la Constitución provincial se declaró el carácter de patrimonio estratégico de los correntinos y la necesidad de la consulta a los pobladores ancestrales que Tompkins perseguía y quería erradicar, acusándolos de cazadores.
La verdad es que los Esteros del Iberá es uno de los ecosistemas menos contaminados del mundo, y esos pobladores a los que Tompkins les inició una cruzada para desalojarlos, los famosos mariscadores, conviven en armonía perfecta con el ecosistema y son parte reguladora del mismo. Incluso, hay poblaciones guaraníes. El último reducto de población guaraní que tuvo mi provincia, que escribió páginas heroicas de la historia nacional, está en el borde de los Esteros del Iberá.
Ellos tienen objeciones a la ley que vamos a sancionar, por dos razones: por un lado, porque el parque nacional solo permite actividades de turismo, o de ecoturismo como se dice en forma más moderna, y ellos no están de acuerdo con esa invasión masiva de turismo rentado que está afectando al ecosistema y a sus condiciones de vida.
Por otra parte, no están de acuerdo con que al aceptar la provincia de Corrientes las cesiones que se hicieron desde el Conservation Land Trust se esté convalidando la apropiación de las zonas donde ellos viven desde hace más de cien años, doscientos años algunos.
Ha habido reclamos judiciales y mediaciones. Una de las estancias involucradas aceptó la mediación; solamente el Conservation Land Trust se negó a discutir esto en la provincia con los lugareños y los pobladores originarios.
Sobre ese vicio de origen es que la cuestión llega a la Cámara, y esto lo vienen denunciando no desde ahora por el tratamiento de este proyecto de ley, sino desde siempre.
Desde que opera la reforma de la Constitución provincial del año 2007 y se establece el derecho a la preservación del patrimonio cultural de los lugareños ancestrales y los pobladores originarios, no se pueden tratar normas como esta, que no respeta los procedimientos constitucionales de mi provincia.
Pido a mis pares que no la tratemos y que nos tomemos un tiempo para producir modificaciones, como las que propuso la diputada Pitiot.
Reitero que no se cumplió con el requisito de la consulta popular. En consecuencia, si este proyecto fuese aprobado, los lugareños quedarían en situación de indefensión. Basta recordar el hostigamiento para despoblar que realizó la fundación Conservation Land Trust, que ahora podrá hacerse bajo el amparo de un viso de legalidad, dado por la materialización de una ley del Congreso que no tiene ese fin, porque lo que claramente quiere el Parlamento es dar mayor protección a un patrimonio que no solo es una de las mayores reservas de agua dulce, sino también una de las zonas de mayor riqueza en biodiversidad.
Por estos fundamentos y otros que voy a pedir insertar, pedimos que no se trate ahora este proyecto porque no hay nada que obligue a que en sesiones extraordinarias tratemos un tema de semejante complejidad, no habiéndose cumplido con el requisito de la consulta previa a los pueblos originarios que residen en los esteros y a los lugareños.
Deberíamos debatir si es necesario introducir modificaciones, pero que estén consensuadas con ellos, no las que nos parezcan a nosotros porque desde acá se ve una cosa y desde los Esteros del Iberá, otra.
En ese lugar no había luz ni agua; para ellos el tema del alambrado era una cuestión de vida o muerte: los esteros se mueven, los cocodrilos quedaban de un lado, y como las casitas están desperdigadas, para comunicarse se levantan banderas de un color para decir que hay comida; de otro color, para decir si hay gente enferma. La verdad es que desde acá no se le puede imponer a ellos mecanismos para administrar algo que es de ellos y que Tompkins quiso apropiarse y no pudo.
Por eso pido que el Congreso se tome su tiempo y lo tratemos en el próximo período de sesiones ordinarias, para que no violemos esa obligación constitucional de la consulta previa e informada a estas comunidades, que existen, viven y son ciudadanos argentinos.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr. Ramón.- Señor presidente: apoyamos el objetivo que persigue el proyecto de ley en consideración. A nuestro juicio, es muy importante la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá. Pero hemos recibido una comunicación de la comunidad yahaveré. Por los términos en que se expresan, no están de acuerdo con la forma en que se pretende realizar esta cesión dominial.
Por lo tanto, si bien desde nuestro bloque queremos apoyar esta iniciativa, creemos necesario seguir la indicación efectuada por la señora diputada Pitiot, en el sentido de que se agreguen esos artículos a fin de brindar protección a esas personas que habitan ese lugar.
Eso está absolutamente de acuerdo con lo dispuesto por la ley 26.160 y la necesaria participación que deben tener las comunidades cuando se produce una trasferencia de dominio de esta naturaleza.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Alume Sbodio, por San Luis.
Sr. Alume Sbodio.- Señor presidente: como hicimos en su momento en el caso del Parque Nacional Aconquija, venimos a plantear, compartiendo muchos de los fundamentos expresados por la señora diputada Pitiot, cuál es el rol que debe cumplir el Congreso Nacional cada vez que se discute la creación de un parque nacional, sobre todo cuando existe la sospecha de que están comprometidos derechos de las comunidades originarias.
En San Luis tenemos un especial interés respecto de las comunidades originarias, no solamente porque nuestra provincia lleva adelante una política que consideramos destacada a nivel regional, sino también porque somos testigos de la lucha de la comunidad huarpe por los derechos referidos a sus tierras. Durante muchos años los hemos acompañado en esa lucha, que ya lleva mucho tiempo, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Me refiero al rol que debe tener este Parlamento porque seguimos creyendo que, a partir de la sanción en julio del corriente año de la ley 27.451, de creación del Parque Nacional Aconquija, el Congreso Nacional había asumido en forma definitiva el rol de garante de los derechos de las comunidades originarias.
Digo había asumido porque esa ley siguió el mismo proceso parlamentario que ha transitado el proyecto de ley en consideración, aunque a la inversa, porque en su momento la primera norma obtuvo la correspondiente sanción de esta Honorable Cámara sin incorporar la protección de los derechos de las comunidades originarias. Oportunamente el Honorable Senado realizó la revisión de esa iniciativa y la devolvió a esta Cámara de Diputados con esa incorporación.
Creo que eso constituyó un salto de calidad en cuanto al rol institucional y constitucional que corresponde a este Parlamento, en el sentido de ser garante de la protección de los derechos de las comunidades originarias.
No es cierto que todo está garantizado por fuera de lo que es el debate que se lleva a cabo en el Congreso Nacional. Tampoco lo es la idea de que la Justicia es garante de los derechos de las comunidades originarias. Como he señalado, somos testigos de que la Justicia, en especial la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es garante de nada cuando se habla de la protección de los derechos de las comunidades originarias. Ello es así porque se van a cumplir diez años del planteo efectuado por la comunidad huarpe de San Luis ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acerca de su derecho a la tierra, por tratarse de quienes han habitado esos territorios.
Permítaseme efectuar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde las bancas que ocupamos aquellos que en esta Honorable Cámara estamos representando al pueblo de la provincia de San Luis, a fin de que dicho tribunal trate con la mayor celeridad posible el tema de la protección de los derechos de las comunidades originarias, especialmente en el caso de la comunidad huarpe‑guanacache de San Luis, porque así lo establece la Constitución Nacional y es lo que se impone como rol institucional, tanto respecto de este Parlamento como de la propia Corte.
De todos modos, quiero dejar aclarado que nuestro bloque no va a entorpecer la creación de este parque nacional. En consecuencia, acompañaremos la votación en general del proyecto de ley en consideración, efectuando la salvedad de que el Congreso Nacional debe ser el garante de los derechos de las comunidades originarias porque no existe otra institución más pluralista.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor miembro informante.
Sr. Lipovetzky.- Señor presidente: el tema de la incorporación de un nuevo artículo vinculado con los pueblos originarios ha sido debatido en la comisión y fue objeto de preocupación de muchos señores diputados. En ese marco, tal como lo ha expresado la señora diputada Pitiot, se solicitó información al INAI. El informe emitido fue muy claro en el sentido de que en el relevamiento efectuado en el polígono no se registró la presencia de ninguna comunidad originaria.
Asimismo, se estableció que no hubo ningún pedido de registro al INAI en el marco de las competencias establecidas por la ley 26.160, que no será objeto de modificación por parte del proyecto en consideración. En este sentido, debemos recordar que esa ley fue prorrogada hace poco tiempo por este Parlamento, reconociendo claramente el derecho de los pueblos originarios a la propiedad de las tierras que ocupan, aspecto que, por supuesto, se encuentra contemplado en la propia Constitución Nacional.
Por lo tanto, consideramos que no es necesario incorporar los artículos que se han propuesto.
El caso que nos ocupa es muy diferente del referido al Parque Nacional Aconquija, ya que allí teníamos información del INAI y de la Administración de Parques Nacionales en el sentido de que había comunidades originarias en el territorio donde se iba a crear finalmente el parque nacional mencionado en primer término.
Reitero que en este caso no disponemos de la misma información. Consecuentemente, más allá de la preocupación que compartimos y del derecho inalienable de los pueblos originarios a sus tierras, garantizado por la Constitución Nacional, en el marco preciso del parque nacional cuya creación se propicia mediante este proyecto de ley no es necesario incorporar esos artículos, por lo que no vamos a aceptar esa propuesta.
Sr. Presidente (Monzó).- Teniendo en cuenta las palabras del señor miembro informante, en el sentido de que no se aceptarán modificaciones, se va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de la Comisión de Legislación General y otras recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se acepta la cesión de tierras de la provincia de Corrientes al Estado nacional destinadas a la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá (Orden del Día N° 399).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 209 señores diputados presentes, 199 han votado por la afirmativa y 6, por la negativa, registrándose además 2 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 199 votos afirmativos, 6 negativos y hubo 2 abstenciones.[8]
Sr. Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.[9]
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (Aplausos.)
- 22 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda -Orden del Día N° 486- recaído en el proyecto de ley del señor diputado Pastori y otros, por el que se modifica y se prorroga la vigencia de la ley 25.080, de Inversiones para Bosques Cultivados (expediente 5.550-D.-2018).
AQUÍ ORDEN DEL DÍA 486
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado Pastori, por Misiones.
Sr. Pastori.- Señor presidente: en primer término, quiero destacar algo que a nuestro juicio es muy importante. Si bien este proyecto fue presentado por varios señores diputados de diferentes bancadas, no es una iniciativa de esos señores legisladores, sino una surgida a partir de un amplio consenso entre los diferentes actores de los sectores público y privado, que a partir de enero del corriente año se reunieron en seis oportunidades en torno a la mesa asesora de la ley 25.080.
Además, se celebraron otras dos reuniones: una del sector privado y otra del sector público de las provincias que tienen a su cargo la gestión de esta ley.
Estamos hablando de una norma que nació en 1999, que venció en enero de 2009 y que fue prorrogada por la ley 26.432 por otros diez años, es decir que la prórroga vence a mediados de enero del año próximo. De allí la importancia de estar tratando este proyecto en esta oportunidad.
Se trata de promocionar la implantación de bosques, su manejo y la industrialización de la madera cuando forma parte de un emprendimiento forestal integrado.
Pido permiso para utilizar apuntes para citar algunos datos. Actualmente, en la Argentina, hay 1.300.000 hectáreas plantadas. Esto genera una producción de casi 15 millones de metros cúbicos de rollizo, 70 por ciento para tableros y aserraderos, 30 por ciento para pasta celulósica, papel y cartón, y también está avanzando en forma muy notoria el uso de la biomasa forestal.
Existen 2.088 aserraderos, 20 fábricas de tableros, 5 de pasta de celulosa y 58 de papel y cartón. Esto implica desarrollo regional.
Estamos hablando de provincias como Corrientes, con aproximadamente 500.000 hectáreas implantadas, Misiones, con más de 400.000, que concentran la mayor parte de 1.300.000 hectáreas forestadas. Además, involucra a Entre Ríos, Buenos Aires y otras provincias, como Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego.
Además, implica un compromiso que consideramos sumamente importante, que es pasar de 1.300.000 hectáreas actuales a 2 millones de hectáreas en 2030. Esto tiene que ver con una actividad eficiente para mitigar las consecuencias del cambio climático, que significa cumplir con casi el 8 por ciento del compromiso de la Argentina en el Acuerdo de París.
Esta actividad forestal actualmente da empleo a 95.000 personas en forma directa. Si llegamos a los 2 millones de hectáreas para 2030, el horizonte es generar 100.000 nuevos puestos de trabajo directos.
A través del artículo 18, esta norma prorroga la vigencia por diez años más, y en otros artículos realiza modificaciones importantes, fruto del acuerdo del que hablé al comienzo de mi exposición. Solo citaré algunas. En varios artículos se aclara la terminología, adecuándola al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Elimina las expresiones “personas físicas” y “personas jurídicas”, hablando de sujetos que se definen claramente en el artículo 2°.
Los artículos 4° y 5° del proyecto de ley permiten realizar un ordenamiento estratégico de la actividad forestoindustrial con criterios no solo ambientales, sino también económicos y sociales establecidos por las provincias.
Otra medida muy importante es que mantiene la estabilidad fiscal por 30 años a partir de la aprobación de la norma. Esto significa que no verán incrementada su carga tributaria aquellos sujetos que sean objeto de esta política. Estamos hablando de una actividad que es rentable a largo plazo: diez, doce, quince o veinte años, según la especie.
También efectúa la devolución de créditos fiscales por la compra de bienes de capital e insumos para la actividad forestoindustrial, adecuando el plazo de reintegro, que actualmente es de 365 días, a 180 días. Quiere decir que se reduce el plazo en el que el Estado realiza este reintegro, adecuándolo a la ley 27.430, que modificó el capítulo de IVA en cuanto a la devolución del crédito fiscal: seis meses en lugar de un año.
Asimismo, se perfecciona la redacción manteniendo la posibilidad de que las empresas beneficiarias puedan efectuar una amortización acelerada en el cálculo del impuesto a las ganancias.
Modifica la escala del artículo 17 de la ley 25.080, manteniendo el máximo aporte no reintegrable del 80 por ciento para aquellos proyectos de hasta 20 hectáreas, y luego en forma decreciente, hasta un 40 por ciento para aquellos emprendimientos o proyectos que comprendan una superficie de hasta 300 hectáreas, y se mantiene un diferencial para la región patagónica de más de 300 hectáreas y hasta 500 hectáreas, donde se reconocerá un 40 por ciento del costo de implantación, atento a las especiales características que tienen la actividad en el sur de nuestro país, donde se requiere mucho más tiempo para el crecimiento de las plantas y también mayores extensiones.
Otorga certidumbre en el pago de los aportes no reintegrables, fijando que, a partir de la aprobación del proyecto, el Estado deberá abonar el aporte no reintegrable en un plazo que va de 10 meses hasta un máximo de 24.
Para el caso de los tratamientos silviculturales como poda o raleo, el plazo será de hasta 12 meses. De esta forma se da certidumbre al productor que planta acerca del momento en que recibirá el reintegro que le corresponde.
También precisa el procedimiento de sanciones, otorgando la posibilidad cierta y reglamentada del derecho de defensa, preservando los intereses del Estado en aquellos casos en que el beneficiario no cumpla con los requisitos que prevé la ley. Para ello se incorporan a la ley 25.080 los artículos 28 bis, 28 ter y 28 quáter.
Como novedad, se crea el Fondo Nacional de Bosques Cultivados, que estará integrado por todos aquellos aportes que se decidan en la ley de presupuesto nacional de cada año; también por legados y donaciones. Es importante destacar que el sector asegurador de vehículos automotores, en forma voluntaria, empezó a depositar el 1 por ciento del valor de cada póliza en una cuenta especial destinada a financiar esta iniciativa. Quiere decir que este fondo no implicará un costo para el Estado. Esto ya está funcionando, y se prevé una recaudación anual que puede rondar los 500 o 600 millones de pesos.
Concluyo manifestando que estamos ante una iniciativa muy importante, ampliamente consensuada con todo el sector. El país tiene un enorme potencial para expandir su frontera forestal y recibir grandes inversiones para la explotación de celulosa, papel, bioenergía, tableros, viviendas, etcétera.
Además, es la actividad productiva más eficiente para mitigar los efectos del cambio climático, y se pueden generar ‑como bien decía‑ 100.000 nuevos puestos de trabajo, llegando hasta 2.000.000 de hectáreas plantadas para el año 2030.
Por estas consideraciones, agradeciendo a mis pares por el acompañamiento y los aportes que han hecho y a todo el sector forestoindustrial por las sucesivas reuniones y el consenso a que se ha llegado, quiero expresar que para mí es un gran placer pedir en nombre de nuestro interbloque el acompañamiento a este dictamen de comisión. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Basterra, por Formosa.
Sr. Basterra.- Señor presidente: estamos ante un proyecto de ley que valoramos en toda su dimensión. El diputado preopinante ha sido muy explícito en lo que respecta a las innovaciones que se incorporan a una ley que después de veinte años de estar activa demuestra ser un instrumento más que adecuado para promover una actividad que históricamente ha sido subestimada en la Argentina.
Se trata de la captura de dióxido de carbono a través de las especies maderables que, por un lado, contribuyen de manera notable al desarrollo económico y, por el otro, a trabajar contra los efectos del cambio climático a partir de lo que se denomina el secuestro de carbono.
Sin embargo, entendemos que este proyecto puede ser mejorado. Desde nuestro punto de vista hay algunas cuestiones que deben ser contempladas, sobre las cuales me explayaré durante en el tratamiento en particular. Esas modificaciones apuntan básicamente a que este régimen continúe con las tareas de investigación y desarrollo que permitan que este tipo de emprendimientos sean utilizados para la generación de energía.
Asimismo, entendemos que las habilitaciones que se hagan de estos predios para ser beneficiarios de la norma se deben ajustar explícitamente a la ley 26.331, de gestión de bosques nativos. Para nosotros esto es central no solo en cuanto a la posibilidad de generar volúmenes maderables, sino también para contribuir a la preservación de la biodiversidad y a la definición de bosques nativos sustentables en armonía y coordinación con la ley 25.080 y la modificación que se está proponiendo.
Por eso también pedimos que se consideren en forma explícita los ordenamientos regidos por la ley 26.331 al momento de la aprobación de los planes que se presenten bajo la normativa de la ley 25.080.
Por último, entendemos que hay un elemento central. En determinadas economías la intervención del Estado no solo se limita a un beneficio fiscal o, incluso, de subsidio, dependiendo del tamaño de la explotación ‑como sucede ahora‑, sino que en muchos casos la intervención del Estado está ligada a su participación como actor empresario.
Es el caso, por ejemplo, de REFSA, Recursos Energéticos de Formosa. En este momento estamos involucrados en la generación de energía y en el aprovechamiento de residuos forestales. Entonces, entendemos que limitar solo al sector privado los beneficios de esta norma y quitar lo que ya hoy sí está habilitado, es decir, que las empresas del Estado también puedan ser beneficiarias, es un tema que este cuerpo debe considerar. De allí que proponemos que no se elimine el artículo 29, que trata justamente del financiamiento no solo a empresas del sector privado, sino también a empresas de carácter mixto o de los distintos Estados: municipales, nacional o provinciales.
En este sentido, rescatando obviamente el espíritu de construcción de un proyecto consensuado entre los distintos actores económicos, sociales y políticos, en el desarrollo del articulado propondremos modificaciones que hemos conversado con el diputado Pastori y con la diputada Derna, quienes han tenido una activa participación en este tema, para ver si podemos adecuar este pensamiento al texto final que aprobemos.
Por último, una breve mención a la ley 26.331. Aspiramos a que el interés que se muestra en esta propuesta se profundice en la ley 26.331, de gestión de bosques nativos. Esta ley está fuertemente vinculada a grandes explotaciones forestales, pero a partir de la intervención del Congreso, en varias oportunidades ha hecho que fuera accesible a explotaciones pequeñas, medianas, familiares, de comunidades indígenas, como ocurre en mi provincia, donde hay comunidades que aplican para este tipo de promociones para los desarrollos forestales.
Entendemos que el Congreso debe dar una discusión profunda sobre la ley de gestión de bosques nativos para que tenga un tratamiento equivalente en términos de asignación de recursos. Como bien dijo el diputado Pastori, tenemos 1.200.000 o 1.300.000 hectáreas de bosques implantados. En la Argentina tenemos más de 30.000.000 de hectáreas de bosques nativos que requieren de un tratamiento similar para que no se degraden, para que no pierdan capacidad de prestar servicios ecosistémicos y para que sean realmente un patrimonio de todos los argentinos. Esos bosques nativos, que debemos preservar, demandan recursos para que el costo de oportunidad de una hectárea de bosque nativo no esté pendiente del precio de la soja.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Derna, por Misiones.
Sra. Derna.- Señor presidente: adhiero a las palabras del señor diputado Pastori, miembro informante del proyecto en consideración, que tiene por objeto modificar y prorrogar la ley 25.080, de inversiones en bosques cultivados.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, doctor Luis Alfonso Petri.
Sra. Derna.- Quiero destacar, sobre todo, el amplio proceso participativo que se llevó adelante.
Por otra parte, cabe señalar que entre otros puntos se establecen cuestiones técnicas que ya fueron comentadas por el señor diputado Pastori, como son la estabilidad fiscal y los aportes económicos no reintegrables.
Asimismo, el señor diputado Pastori se refirió a una novedad de la ley que tiene que ver con la creación de un fondo. Justamente, esa novedad fue un aporte que hicimos desde el Estado de la provincia de Misiones. Estamos muy agradecidos por la recepción porque realmente va a favorecer al sector. Así, esta ley no solamente contará con los recursos que se dispongan desde el presupuesto nacional, sino que también podrá verse beneficiada con otros fondos.
Por otro lado, comparto las consideraciones del señor diputado Basterra, que considero legítimas. Nosotros también las hemos planteado en reiteradas oportunidades al participar de las reuniones de la comisión asesora para la redacción de esta norma. Hemos insistido, sobre todo, en la cuestión de compatibilizar la ley 25.080 con la 26.331, algo que nos parece sumamente importante, como también la participación tanto de las jurisdicciones nacionales como provinciales. Es más: en el artículo 5° se establecen estrategias para la zonificación de las cuencas forestales, que en su momento trataremos en particular.
Por otro lado, hemos planteado que se mantenga como actividad la investigación y que se incorporen las actividades de biomasa, que son fundamentales en el momento que estamos viviendo.
Asimismo, quiero destacar que a las seis mesas que se organizaron desde la Secretaría de Agroindustria se agregaron otras dos, pero a su vez en las provincias realizábamos mesas en las que tratábamos los temas que se iban a consensuar luego en el ámbito nacional.
Por ello quiero destacar la labor del equipo técnico de la Secretaría de Agroindustria y felicitar al ingeniero Gauto, subsecretario de Bosques y Forestación del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de Misiones ‑quien hoy nos acompaña‑ y a todos los que participaron del sector, tanto público como privado, en todas las provincias del país. Nosotros lo hicimos conforme la manda del misionerismo, es decir, estar cerca de la gente, en coordinación con el ministro Garay y con nuestro gobernador, el licenciado Hugo Mario Passalacqua.
El hecho de encontrar coincidencias en medio de las diferencias y de las urgencias –porque era urgente la prórroga de esta ley, y a eso apuntábamos principalmente‑ implica progresar, fortalecer un sector y construir un país mejor. Creo que esto va en coincidencia con las palabras que hoy nos dirigió el presidente Monzó.
Sin duda, esta norma no resuelve todas las urgencias del sector, por el que seguiremos trabajando. Sin embargo, se trata de una respuesta que veníamos buscando y la esperábamos hace muchísimo tiempo, y para ello trabajamos arduamente y con gran responsabilidad.
De esas mesas participaron tanto los colegios de profesionales como las universidades, las federaciones e instituciones del sector y varios ministerios de la Nación y también de las provincias.
El proyecto lleva la firma de catorce diputados. En ellas constan las cinco firmas de los diputados del bloque Frente de la Concordia Misionero, del que soy parte, a quienes agradezco la plena confianza depositada para trabajar en este proceso. Estas cinco firmas representan a centenares de personas que participaron en este proceso y a miles de sujetos titulares de proyectos aprobados por esta ley, en la que ven la esperanza de saldar la deuda de más de 450 millones de pesos con las provincias de Corrientes y Misiones. Asimismo, también tienen la esperanza de que el presupuesto sea ampliado en el ejercicio 2019.
Para fortalecer el sector, que constituye una de las principales economías del país, solicito a todos que nos acompañen con el voto afirmativo.
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra. Sapag.- Señor presidente: vamos a apoyar en general el proyecto de ley, pero no vamos a acompañar los artículos 14 y 24.
Al respecto, cabe señalar que el 14 disminuye las superficies y porcentajes pasibles de recibir aportes no reintegrables, mientras que el artículo 24 suprime el artículo 29 de la ley 25.080, que especifica que cuando los titulares son empresas del Estado o entes públicos pueden acogerse a los beneficios sin limitaciones de superficie y de escala.
Por lo tanto, esta supresión perjudica especialmente la forestoindustria de mi provincia, que en un 80 por ciento es llevada adelante por la Corporación Forestal Neuquina, que es del gobierno de la provincia de Neuquén. Ella no solamente foresta en la provincia desde hace 50 años, sino que cuenta con tecnología de la más alta calidad para construir viviendas, salones comunitarios, centros de salud, hospitales, etcétera.
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Snopek, por Jujuy.
Sr. Snopek.- Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar el beneplácito de nuestro bloque de que estemos tratando este proyecto, relativo a la prórroga de la ley 25.080, que ha permitido inversiones importantes en materia forestoindustrial a lo largo y a lo ancho del país.
Recordamos que esta ley vino a reemplazar el viejo programa del IFONA, por el cual se realizaban inversiones en bosques cultivados y se solicitaban subsidios al Estado nacional, pero muchas veces no se llevaban a cabo las inversiones porque, si bien se pedía el subsidio, después no se llevaba a cabo la plantación.
Con esta norma lo que se hizo es reintegrar a la plantación lograda; es decir que, una vez realizadas las inversiones forestales y logradas las plantaciones, en ese momento el Estado reintegra ‑después de haber verificado efectivamente la plantación‑ un determinado porcentaje, dependiendo de la cantidad de hectáreas, de la especie y de una serie de condiciones, pero ya, en definitiva, a plantación lograda.
Estamos acompañando la reforma que se propone de esta ley –se trata de una prórroga con reformas- porque entendemos que es bueno otorgar los beneficios también a la parte industrial, es decir, a la forestoindustria que se desprende luego de haber realizado las inversiones forestales.
Sin embargo, con la diputada Silvia Martínez, también de la provincia de Jujuy, hemos presentado una disidencia parcial en un solo artículo a efectos de que sea tenida en cuenta y se agregue al articulado.
Por eso, vamos a pedir al miembro informante que se contemple en el artículo 17 extender el beneficio que tiene la Patagonia al noroeste argentino, de tal manera que podamos promover con igual fuerza y potencial las inversiones forestales que se efectúan en nuestra provincia, y también en las de Salta, Catamarca y La Rioja.
Por otra parte, me parece razonable lo que ha manifestado el diputado Basterra en el sentido de mantener el artículo 29 de la ley, para que las sociedades del Estado que se dediquen a hacer forestaciones también puedan acceder al beneficio sin fijar un límite a la superficie.
-
Ocupa
Sr. Snopek.- En el caso de la provincia de Jujuy, muchas de las cosas que se están llevando adelante, como por ejemplo el parque solar en la puna jujeña o las explotaciones mineras, se hacen también con participación pública-privada, es decir, con participación del Estado.
Entonces, en materia forestal bien podría haber empresas de participación mixta a las que, si eliminamos el artículo 29, les estaríamos quitando la posibilidad de extender las superficies, tal como estaba contemplado en la ley. Por eso es que vamos a apoyar la propuesta del diputado Basterra.
Sr. Presidente (Monzó).- Diputado Basterra: ¿podría decir cuál son los artículos en los que usted va a proponer modificaciones?
Sr. Basterra.- En los artículos 3°, 4° y 5°, y también voy a solicitar que no se derogue el artículo 29.
Sr. Snopek.- Señor presidente: yo voy a proponer un agregado en el artículo 17.
Sr. Presidente (Monzó).- De acuerdo, señor diputado.
Se va a votar en general en forma nominal el dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley por el que se modifica y se prorroga la ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 191 señores diputados presentes, 188 han votado por la afirmativa y 2 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 188 votos afirmativos y 2 negativos; no hubo abstenciones.[10]
- La Señora diputada Garré informa a la Secretaría que su voto fue por la afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en particular el artículo 1°.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en particular el artículo 2°.
Tiene la palabra el señor diputado Pastori, por Misiones.
Sr. Pastori.- Señor presidente: hemos escuchado pedidos de diputados de diferentes bancadas en el sentido de no derogar el artículo 29 de la ley 25.080.
Si bien estamos de acuerdo con mantener el mencionado artículo, por una cuestión de mejor técnica legislativa sugerimos que la modificación sea incluida en el artículo que tenemos en tratamiento, el cual quedaría redactado de la siguiente manera: “Artículo 2° – Modifícase el artículo 2° de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 2°: Podrán ser beneficiarios todos los sujetos que realicen efectivas inversiones en las actividades objeto de la presente ley.
“A tales fines, serán consideradas las personas humanas y jurídicas,…”, aquí viene el agregado, “…incluyendo a las sociedades del Estado, las empresas de capital mayoritariamente estatal o los entes públicos,…” y luego continúa el artículo, “…las sucesiones indivisas y los fideicomisos, así como también otras figuras contractuales no societarias o equivalentes.”
De esta manera el artículo enumera los sujetos beneficiarios, donde quedan comprendidos todos, incluidas las empresas del Estado, y se mantiene el artículo 29.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Basterra, por Formosa.
Sr. Basterra.- Señor presidente: consideramos que la propuesta satisface el pedido que habíamos formulado en el sentido de no derogar el artículo 29.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 2°, con la modificación propuesta por el señor miembro informante.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 3°.
Tiene la palabra el señor diputado Basterra, por Formosa.
Sr. Basterra.- Señor presidente: proponemos que el artículo 3° quede redactado de la siguiente manera: “Artículo 3° – Modifícase el artículo 3° de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 3°: Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son: la implantación de bosques, su mantenimiento y su manejo sostenible, las actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la madera, incluyendo el uso del bosque y sus derivados para la obtención de energía cuando los conjuntos de todas ellas formen parte de un emprendimiento forestal o forestoindustrial integrado.”
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Pastori, por Misiones.
Sr. Pastori.- Señor presidente: estamos de acuerdo con la propuesta del señor diputado Basterra en cuanto a la inclusión de las actividades de investigación y desarrollo. No estamos de acuerdo con el uso del bosque y sus derivados para la obtención de energía como actividad promocionada.
Cuando la comisión asesora analizó este tema, consideró que con esa modificación se vulneraría de alguna manera el espíritu de la ley, que tiende a agregar mayor valor a los productos madereros de los bosques promocionados por la norma y no a aquellos que se pueden ocupar para actividades de generación de energía, que tienen baja rentabilidad y que insumen menor tiempo de crecimiento.
Por lo tanto, leeré cómo quedará redactado el artículo 3°, con la incorporación de la propuesta del diputado Basterra: “Artículo 3° – Modifícase el artículo 3° de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 3°: Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son: la implantación de bosques, su mantenimiento y su manejo sostenible, incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la madera, cuando el conjunto de todas ellas formen parte de un emprendimiento forestal o forestoindustrial integrado.”
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 3°, con la modificación propuesta por el señor miembro informante.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 4°.
Tiene la palabra el señor diputado Basterra, por Formosa.
Sr. Basterra.- Señor presidente: proponemos una incorporación que, de acuerdo con conversaciones anteriores que hemos mantenido, se vincula con otra modificación al artículo 5°. Por lo tanto, si esta última fuera incluida en el artículo 5°, no haría falta modificar el artículo 4°.
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita al señor diputado que exprese las modificaciones que sugiere para los artículo 4° y 5°.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Basterra, por Formosa.
Sr. Basterra.- Señor presidente: propongo que el artículo 4° quede redactado de la siguiente manera: “Artículo 4° – Modifícase el artículo 4° de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 4°: Entiéndase por emprendimiento forestal, a los efectos de esta ley, a las plantaciones de especies forestales ecológicamente adaptadas al sitio, y que permitan satisfacer la demanda actual y potencial de materia prima por parte de distintas industrias, sea en plantaciones puras, mixtas o en sistemas agroforestales.” Aquí incluiríamos el siguiente párrafo: “…en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud, sean susceptibles de forestación o reforestación según lo indicado en el ordenamiento territorial de bosques nativos adoptados por ley provincial, según lo establecido en la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para los Bosques Nativos.”
Luego el artículo 5° diría lo siguiente: “Artículo 5° – Modifícase el artículo 5° de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 5°: Las autoridades de aplicación nacional y provinciales deberán establecer una zonificación por cuencas forestales para la localización de los emprendimientos, en función a criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social.” Proponemos aquí la inclusión del siguiente párrafo: “La zonificación por cuencas forestales se derivará del ordenamiento territorial de bosques nativos adoptados por ley provincial, según lo establecido en la ley 26.331”.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Pastori, por Misiones.
Sr. Pastori.- Señor presidente: entendemos que lo solicitado se encuentra contemplado en el proyecto de ley. No obstante, para evitar cualquier duda, estamos de acuerdo en agregar un párrafo en el artículo 5°, pero no en el artículo 4° que queda redactado igual.
Consecuentemente, el texto del
artículo 5° que proponemos es el siguiente: "Las autoridades de aplicación nacional y
provinciales deberán establecer una zonificación por cuencas forestales para
la localización de los emprendimientos, en función a criterios de
sostenibilidad ambiental, económica y social. No serán beneficiarios del
presente régimen los emprendimientos que se desarrollen fuera de dichas cuencas
forestales.” A continuación, se agrega: “La zonificación por cuencas forestales
respetará el ordenamiento territorial de bosques nativos adoptado por ley
provincial, según lo establecido en la ley N° 26.331.” Luego el texto sigue tal
cual está redactado.
Sr. Presidente (Monzó).- Entonces, se va a votar el artículo 4°, sin modificaciones.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas por el señor miembro informante, se va a votar el artículo 5°.
- Resulta afirmativa.
- Sin modificaciones, se votan y aprueban los artículos 6° a 13.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 14.
Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra. Sapag.- Señor presidente: veríamos con agrado que se modificara el texto del artículo 14, que disminuye las superficies y porcentajes pasibles de recibir aportes no reintegrables.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Pastori, por Misiones.
Sr. Pastori.- Señor presidente: en realidad, las escalas contenidas en el artículo se fijaron sobre la base de distintos criterios, tales como la tasa de crecimiento de cada región y el costo logístico.
Agrego que un poco más del 70 por ciento de los proyectos de aportes no reintegrables se focalizan en emprendimientos de hasta 20 hectáreas, manteniéndose el 80 por ciento de los aportes no reintegrables. Por lo tanto, privilegiamos a los emprendimientos más pequeños. En consecuencia, no aceptamos la propuesta.
Sr. Presidente (Monzó).- Sin modificaciones, se va a votar artículo 14.
- Resulta afirmativa.
- Sin modificaciones, se votan y aprueban los artículos 15 y 16.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 17.
Tiene la palabra el señor diputado Snopek, por Jujuy.
Sr. Snopek.- Señor presidente: solicito la inclusión de la región NOA en el segundo párrafo del artículo 17 para que tenga el mismo beneficio que la Patagonia.
Consecuentemente, el artículo quedaría redactado del siguiente modo: “En la región patagónica y en la región del Noroeste Argentino (NOA) se extenderá:...”. Luego, la redacción sigue igual. Reitero que de ese modo el NOA tendrá la misma ampliación de beneficio que la Patagonia.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Pastori, por Misiones.
Sr. Pastori.- Señor presidente: creo que hay una confusión porque el artículo 17 en consideración no hace referencia a las escalas. Ello está contenido en el artículo 14, que modifica el artículo 17. Además de que ya votamos ese artículo, no lo aceptamos por los mismos motivos.
Sr. Presidente (Monzó).- Sin modificaciones, se va a votar el artículo 17.
- Resulta afirmativa.
- Sin modificaciones, se votan y aprueban los artículos 18 a 23.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 24.
Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra. Sapag.- Señor presidente: ya el señor miembro informante especificó el artículo 29 y estoy muy agradecida.
Sr. Presidente (Monzó).- Sin modificaciones, se va a votar el artículo 24.
- Resulta afirmativa.
- Sin modificaciones, se votan y aprueban los artículos 25 y 26.
- El artículo 27 es de forma.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley. [11] (Aplausos.)
Se comunicará al Honorable Senado.
- 23 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles y otra -Orden del Día N° 434- recaído en el proyecto de ley del señor diputado Villalonga, por el que se modifican los artículos 1º y 2º de la ley 26.473 en relación con la prohibición y comercialización de lámparas incandescentes y halógenas en todos sus tipos y modelos en todo el territorio nacional, a partir del 31 de diciembre de 2019 (expediente 70-D.-2018).
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 434
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado Martínez, por Neuquén.
Sr. Martínez.- Señor presidente: seré muy breve y compartiré el tiempo con el señor diputado Villalonga, autor del proyecto.
Desde el Congreso hoy tenemos la posibilidad de aportar un granito de arena al uso eficiente de la energía y a un medioambiente más cuidado. Este proceso comenzó en 2010, con la sanción de la ley 26.473, por la que se prohíbe la importación y comercialización de lámparas incandescentes.
Ahora estamos avanzando un paso, prohibiendo la importación y comercialización de lámparas halógenas.
Actualmente el 20 por ciento del uso de la energía se destina a la iluminación. Entonces, si apuntamos a la utilización de las lámparas LED, ahorraremos un 85 por ciento de ese 20 por ciento destinado a iluminación. Creo que tenemos que animarnos a dar ese paso en el proceso del uso eficiente de la energía. Por supuesto, partiendo de los tarifazos sufridos, su significado no es menor en el bolsillo del usuario argentino. Por ejemplo, en una vivienda tipo, utilizando cuatro lámparas LED, pueden ahorrarse entre 2.200 y 3.800 pesos anuales. Reitero que este no es un dato menor en los bolsillos tan castigados de los argentinos.
Ojalá sancionemos esta ley y el Ejecutivo nos acompañe, para que en los lugares donde es más difícil la comercialización y la llegada a esta tecnología, el gobierno promueva el recambio hacia la iluminación LED.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Villalonga, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Villalonga.- Señor presidente: efectivamente, estamos ampliando el alcance de una ley aprobada por el Congreso en 2008, por la cual se prohibieron y retiraron del mercado las lámparas incandescentes. Es decir que se retiró la oferta menos eficiente, que significaba un gran gasto en términos energéticos para el país y un gran gasto económico para los usuarios.
Hoy queremos extender la iniciativa para lograr una mejor calidad en términos de eficiencia energética.
En el mercado se venden las lámparas fluorescentes compactas y las LED. Reitero que esto no solamente es un beneficio ambiental porque impacta menos en el sistema energético, sino que lo hace más eficiente. Luego podremos dimensionar su impacto.
Asimismo, el uso de las lámparas LED representa una ayuda económica porque son más baratas, tienen mayor tiempo de amortización y gastan menos energía.
Acerca de ciertos aspectos que
suscitaron algunas preguntas, esto no conlleva ni un impacto industrial ni de
empleo. De hecho, la Cámara Argentina
de Industrias Electrónicas, Electromecánicas
y Luminotécnicas respalda totalmente el proyecto.
Actualmente
las lámparas halógenas son importadas. Para dimensionar lo que pareciera ser un
pequeño granito, una simple medida tomada a partir de la reforma de la ley de
2008, significa para el usuario adquirir dispositivos con una duración ocho
veces mayor que las lámparas halógenas y con un consumo siete veces menor. Esto
nos da una idea de cómo impactará en el consumo de energía eléctrica.
Finalmente, para dar una dimensión de lo que esto significa para la Secretaría de Energía quiero decir lo siguiente: según algunas estimaciones que se hicieron, el reemplazo masivo a partir de este momento de lámparas halógenas por lámparas LED significaría una reducción del 3 al 6 por ciento del consumo energético total. Estamos hablando de una gran planta térmica, de una planta nuclear o de dos plantas. Esto nos da una dimensión de lo que significa como contribución al sistema eléctrico esta simple medida que hoy estamos impulsando.
Por eso pedimos el acompañamiento de esta iniciativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Zottos, por Salta.
Sr. Zottos.- Señor presidente: yo pertenezco a la comisión, pero firmé en disidencia parcial. Voy a plantear lo mismo que planteé en su momento en la reunión de comisión.
Estoy de acuerdo con el ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente, pero entiendo que le estamos creando un problema a la gente que vive en el interior profundo. Quienes venimos de allí sabemos que en la Puna, en el Chaco Salteño o en provincias como Santiago del Estero, Formosa o Chaco hay familias que en la casa tienen tres o cuatro lamparitas y que lo que acá vale 10 pesos, allá vale 20 pesos. Algunos podrán decir que existe el programa Precios Cuidados. Otros podrán decir que existe el programa Ahora 12, pero en esos lugares la gente no tiene tarjetas.
Entonces, así como existen las garrafas sociales, por ahí se puede implementar algo similar con las lamparitas. ¿Qué va a hacer esa gente cuando llegue el 31 de diciembre de 2019? ¿Va a pagar 200 pesos por algo que acá vale 100 pesos? Si hablamos de inclusión e igualdad de oportunidades para todos los argentinos, también lo debemos contemplar en este tema.
Como dije, estoy de acuerdo con el ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente, temas que se mencionan en los fundamentos del proyecto, pero pido al Poder Ejecutivo que analice la posibilidad de establecer un precio preferencial o algún otro sistema para esa gente. De lo contrario, no podrá acceder al reemplazo de lámparas que se exige en esta norma, ya que deberá pagar dos veces más cada lámpara. Imagínese, señor presidente, que venimos peleando para que se pague por el combustible lo mismo que se paga en Buenos Aires y todavía no lo hemos podido lograr. Estas cuestiones son las que hacen que uno hable de falta de federalismo.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles y otra, recaído en el proyecto de ley por el que se modifican los artículos 1º y 2º de la ley 26.473 en relación con la prohibición y comercialización de lámparas incandescentes y halógenas en todos sus tipos y modelos en todo el territorio nacional, a partir del 31 de diciembre de 2019.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 176 señores diputados presentes, 171 han votado por la afirmativa y 2, por la negativa. No se ha computado el voto de 2 señores diputados.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 171 señores diputados por la afirmativa y 2, por la negativa.[12]
Sr. Martínez.- Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto por la afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Se deja constancia, señor diputado.
Queda sancionado el proyecto de ley.[13]
Se comunicará al Honorable Senado.
- 24 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y otras ‑Orden del Día N° 810‑ recaído en el proyecto de ley del señor diputado Yedlin y otros, por el que se establecen las bases de una política pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunación (expediente 972‑D.‑2018).
ORDEN DEL DÍA N° 810
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra la
señora diputada Polledo, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Polledo.- Señor presidente: estamos considerando una
iniciativa muy importante, que ha convocado el trabajo de muchísimas personas
desde hace varios años en el Congreso de la Nación, en todos los bloques y en
varias comisiones, pero también en el Poder Ejecutivo y en las asociaciones
profesionales y organizaciones no gubernamentales que hicieron sus aportes.
Como presidenta de la
Comisión de Acción Social y Salud Pública quiero manifestar mi satisfacción por
el amplio consenso que se ha logrado en el trabajo en comisiones y por la forma
seria y responsable con que ha sido trabajado este tema. En su mayoría, las
disidencias que se han expresado en el debate no han sido sobre la base de la
política pública, sino sobre cómo mejorar su implementación. Esto quiere decir
que la política sanitaria en materia de vacunación en la Argentina viene
siendo, es y seguirá siendo una política pública.
Frente a ciertos
cuestionamientos de sectores antivacunas vale la pena recordar la Declaración
sobre Vacunas de junio de 2015 de la Academia Nacional de Medicina, que decía:
“Uno de los mayores logros de la medicina fue el descubrimiento y la aplicación
a la población de vacunas cada vez más eficaces que permitieron eliminar o
disminuir significativamente la enfermedad y la muerte provocadas por
innumerables microorganismos patógenos.”
También decía: “A través de los años toda la evidencia científica existente demostró
que los beneficios obtenidos sobrepasan con creces algunos efectos adversos de
las vacunas. Con su aplicación a la población se logró ‘erradicar’ la viruela
del planeta y la poliomielitis en casi todos los países del mundo. Asimismo, se
logró ‘controlar’ otras enfermedades infecciosas tales como: difteria, tétanos,
coqueluche, fiebre amarilla, parotiditis, sarampión, rabia, papiloma humano,
rubéola, varicela, influenza, hepatitis A, hepatitis B, entre otras, al
disminuir significativamente la morbilidad y la mortalidad que estas
enfermedades ocasionan.”
Esta norma no pretende
modificar sustancialmente una realidad, sino consolidar y mejorar lo que el
Estado argentino viene haciendo en la materia y actualizar la normativa que ya
tiene treinta años, brindando nuevas herramientas de control y adecuando
algunos conceptos que han ido evolucionando en estos tiempos.
El primer aspecto central
de esta política es que el Estado a partir de ahora es quien asume la
responsabilidad de mantener actualizado el calendario de vacunación y proveer
todo lo necesario para su efectivo cumplimiento. El segundo aspecto es la
obligatoriedad, que de alguna manera es una consecuencia del primero.
El esfuerzo que hace una
comunidad para sostener esta política sanitaria y el carácter solidario de la
vacunación apelan a la responsabilidad social. De nada serviría ese esfuerzo
que hace la comunidad si no somos todos los que cumplimos con la vacunación, y
eso es muy difícil de lograr si el Estado no adopta una actitud determinada y enérgica
o si no cuenta con las herramientas para implementarla.
Con este propósito ‑el de asegurar el cumplimiento de esta política sanitaria‑ es que la norma, manteniendo la responsabilidad de los padres, encargados y representantes legales de menores e incapaces, asume activamente una serie de mecanismos, como por ejemplo que la certificación del cumplimiento deba ser requerida para determinados trámites, la creación de registros nacionales de la población vacunada y de los vacunadores eventuales. También menciona la asignación de funciones precisas a la autoridad de aplicación, la obligación de comunicar los incumplimientos para los funcionarios públicos y para los establecimientos educativos de salud públicos y privados.
Asimismo, hay sanciones para el caso de incumplimiento con multas que llegan a los cien salarios mínimos vitales y móviles.
Por último, quisiera destacar el trabajo del principal impulsor del proyecto que hoy aprobaremos, mi compañero diputado Pablo Yedlin, pero no puedo dejar de mencionar que hemos tenido a la vista otras iniciativas de los diputados Carrizo, Solanas, Bianchi y Najul, antecedentes como el proyecto de la diputada mandato cumplido Miriam Gallardo y los aportes recibidos durante el tratamiento del tema en las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Además, quiero reconocer la labor y la buena disposición de los diputados Daniel Lipovetzky y Luciano Laspina, presidentes de las dos últimas comisiones que he mencionado. El trabajo de los diputados integrantes de estas comisiones y de sus asesores ha sido fundamental para llegar a este acuerdo.
Rescato también al equipo de asesores del doctor Adolfo Rubinstein, el trabajo de funcionarios de la actual gestión y de funcionarios de la gestión anterior relacionados con el tema y el apoyo de diversas entidades como la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la Sociedad Argentina de Inmunología, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, la Fundación Huésped, Unicef Argentina y la Organización Panamericana de la Salud.
Como se dijo en el debate llevado a cabo en las reuniones de comisión, este calendario que hemos ido construyendo a través del tiempo es un orgullo para la Argentina. Por eso quisiera recalcar una vez más que la política sanitaria en materia de vacunación en nuestro país fue, es y seguirá siendo pública. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Ocaña, por Buenos Aires.
Sra. Ocaña.- Señor presidente: firmé en disidencia parcial
este dictamen y deseo fundar esa decisión.
Básicamente, quiero
expresar que valoro la iniciativa del diputado Yedlin, como bien ha comentado
la diputada Polledo, y que el trabajo ha sido enorme en las diferentes
comisiones, pero la verdad es que me preocupan algunos aspectos relacionados
con el grado de capacidad que tiene el Estado para llevar adelante esta
política en forma inmediata.
Si uno toma algunas
experiencias de vacunaciones obligatorias en la Argentina, por ejemplo, contra
la gripe, veremos que nuestro país se ha obligado a comprar desde 2010, a
partir de un convenio que realizó con empresas farmacéuticas, una cantidad de
vacunas que luego no terminó de aplicar entre la población. Es decir que a
través de estas políticas públicas no se produjo la inmunización que,
obviamente, todos queremos llevar adelante y que, fundamentalmente, propicia esta iniciativa.
Por ejemplo, desde 2010
hasta 2018 se compraron 80 millones de dosis, de las cuales efectivamente se
colocaron 45 millones. Estamos hablando de que prácticamente el 40 por ciento
de la compra de vacunas que hizo el Estado nacional no pudo llegar a la
población que debía ser inmunizada. Por eso nosotros, desde la comisión,
propusimos algunas modificaciones que no fueron tenidas en cuenta.
Quiero pedir autorización
para insertar parte de mi discurso porque, obviamente, comparto con todos los
colegas la preocupación por las políticas públicas de salud y la inmunización
de toda la población, pero también tengo que decir que francamente me preocupa
que la aplicación de esta ley pueda, principalmente, garantizar ganancias para
empresas farmacéuticas.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
Raverta, por Buenos Aires.
Sra. Raverta.- Señor presidente: vamos a acompañar este
proyecto de ley porque consideramos que es muy importante e institucionaliza
una política pública que durante los años 2013 a 2015 hemos desarrollado
fuertemente, que tiene que ver con el calendario nacional de vacunación. Usted
sabe, señor presidente, que hemos incorporado diecinueve vacunas a ese
calendario.
Vamos a acompañar esta
iniciativa porque deroga una ley del año 1983, que fue muy importante por la
obligatoriedad de la vacunación, pero entendemos que debe ser superada,
ampliada, modificada y profundizada.
Este proyecto establece
la vacunación como un bien social, sujeto a los principios de gratuidad,
obligatoriedad y garantía de la disponibilidad de vacunas. Incorpora y otorga
rango legal al calendario nacional de vacunación, crea el Registro Nacional de
Población Vacunada, el Registro Nacional de Vacunadores Eventuales, la Comisión
Nacional de Inmunizaciones y la Comisión Nacional de Seguridad y Vacunas.
Además, declara a la ley como de orden público.
Este proyecto de ley ha
conseguido la adhesión de numerosas organizaciones internacionales y de
comunidades científicas, como Unicef, la Organización Panamericana para la
Salud, la Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Inmunología y la Comisión
Nacional de Inmunizaciones.
Nosotros vamos a acompañar
esta iniciativa, pero hemos firmado en disidencia el dictamen conjunto de las
comisiones de Salud y Acción Social y de Presupuesto y Hacienda, y quiero
explicar el motivo.
Esta iniciativa tenía un
artículo 4°, que declaraba la intangibilidad de la partida presupuestaria para
el área de vacunaciones en la Argentina, y la verdad es que para nosotros esta
modificación era muy importante y garantizaba derechos, aunque para algunos no
era trascendente.
¿Por qué decimos que era
importante garantizar el derecho a tener una asignación presupuestaria acorde y
que esa asignación presupuestaria no se pudiera modificar? Sabemos que desde
2010 en adelante han sucedido distintas cuestiones que ponen en duda la
responsabilidad y la prioridad que el gobierno asigna al área de vacunaciones
en la Argentina. De hecho, en 2016 eliminaron la Dirección Nacional de Control
de Enfermedades Inmunoprevenibles; luego, en 2017, bastante tiempo después, la incorporaron,
pero como una dirección simple.
Además, en distintos distritos
hemos detectado denuncias de faltantes de algunas vacunas, que se realizaron en los medios, por ejemplo,
en Formosa y en La Pampa durante el año 2018. Incluso, una gran cantidad de
provincias han denunciado el faltante de vacunas entre los años 2017 y 2018 en
sus áreas de vacunación y les han escrito a los distintos ministros de Salud de
las provincias. Han producido una alerta porque no recibieron las dosis
adeudadas en 2017, y suscribieron una nota manifestando esta preocupación las
provincias de Catamarca, Chubut, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos,
Formosa, La Pampa, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Neuquén, Misiones, Río Negro,
Salta, San Juan, Santa Cruz, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego, Santiago del
Estero y Tucumán.
Esta es una nota pública. Por ello hemos tomado conocimiento de esta
situación sobre los faltantes y sobre las dosis adeudadas, que no han sido
repuestas a las distintas secretarías de vacunación de los diferentes
ministerios de Salud de las provincias.
Además, sabemos que hubo una disminución en la cobertura de algunas vacunas. Traje información oficial publicada por la hoy Secretaría de Salud –todos sabemos que ya no tenemos Ministerio- respecto de los datos de 2015 y 2017, y por ejemplo, la primera dosis de hepatitis A para niños y niñas de 12 meses ha disminuido en su cobertura, que pasó del 90 por ciento en el año 2015 al 80 por ciento en 2017; la cobertura de la dosis para los 12 meses de la vacuna contra el neumococo ha disminuido del 82 al 78 por ciento; la de la Sabin para los niños y niñas de seis meses de edad ha disminuido del 93 por ciento al 85 por ciento, y la de la quíntuple para niños de seis meses de edad, del 94 al 88 por ciento.
Pero también para sumar elementos de por qué para nosotros la asignación presupuestaria es fundamental y no podemos acompañar la idea de que ‑sencillamente, sacando una palabra‑ modifiquen el artículo 4° de esta ley, quiero señalar que aparecieron nuevos casos de sarampión. Esta información la recibimos oficialmente de la Secretaría de Salud, que confirma 14 nuevos casos de sarampión durante 2018. Artículos periodísticos informan que solo la mitad de los chicos recibieron el refuerzo de la vacuna contra el sarampión.
Por si esto fuera poco, arbitrariamente han decidido suspender la tercera dosis de la vacuna, que evita que los chicos se contagien de meningitis a los 11 años. Esto también lo conocemos por información oficial. Como acostumbra este gobierno, en el comunicado oficial dice: “Salud garantiza todas las vacunas del calendario nacional”, pero en el segundo párrafo dice que se pospondrá la dosis de la vacuna antimeningocócica para niños de 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria; hasta el momento no la han repuesto, y esta comunicación oficial es del 23 de agosto de este año.
Por lo tanto, señor presidente, este proyecto es muy importante para nosotros. Tiene una trascendencia absoluta en este contexto en que sentimos que la salud pública está en riesgo, en un momento en que el retroceso de las políticas de salud es notorio y todos sabemos qué pasa cuando el Estado se retira de su función de garantizar las políticas públicas que permiten el desarrollo de la salud de los argentinos y argentinas.
Por lo tanto, para nosotros es muy importante que este proyecto sea aprobado hoy en este recinto. Lo vamos a acompañar, pero no vamos a dejar de decir que estamos absolutamente en contra de que en el artículo 4° se elimine una palabra que garantiza a los habitantes de la Argentina el presupuesto para las vacunas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Yedlin, por Tucumán.
Sr. Yedlin.- Señor presidente: hoy es un día muy importante. Hemos logrado sobre el final de año llegar al tratamiento de este proyecto.
Las vacunas son, en salud pública, la herramienta más importante que tenemos, juntamente con el agua potable; por año salvan cerca de 3 millones de vidas en el mundo; dos millones de ellas son niños.
La Argentina tiene un calendario de vacunas muy generoso: lo integran veinte vacunas obligatorias, gratuitas para todos.
Definitivamente, en la Argentina hemos tenido experiencias muy interesantes. Miren lo que nos pasó, por ejemplo, con la hepatitis A. El ministro Ginés González García incorporó la vacuna contra la hepatitis A, y cuando Graciela Ocaña era ministra vimos el resultado: masivamente la gente se empezó a vacunar, y desde 2004 –previo a la incorporación de la vacuna-, que había 40.000 pacientes con hepatitis A, hemos pasado a tener en el último año menos de 500 casos. En el año 2004 hubo 27 casos de hepatitis fulminante, una enfermedad mortal si no se accede a un trasplante de hígado; 25 terminaron en trasplante hepático –la mayoría niños-, y ya desde el año 2017 no hay en la Argentina hepatitis fulminante, no hay trasplantes de hígado por hepatitis A y los hígados se utilizan para otras patologías que los necesitan.
Durante la gestión del doctor Manzur, en el año 2009, se incorporó la vacuna contra el neumococo, lo que ha reducido en cerca de 20.000 las internaciones por año de niños de menos de 5 años afectados por neumonía.
Si hacemos el cálculo, podemos sumar en estos años que hubo cerca de 130.000 internaciones menos de chicos menores de 5 años, es decir, dos estadios de River completos.
Las vacunas son la herramienta más efectiva, y a veces son víctimas de su éxito, porque muchas de las enfermedades que previenen prácticamente han desaparecido del conocimiento de la gente y se cree que no son necesarias. Por eso es tan importante actualizar esta normativa que había quedado vieja.
La normativa que aprobaremos hoy y que esperamos que el Senado la trate en sesión extraordinaria, vuelve a establecer claramente que las vacunas son obligatorias en la Argentina. No es que nos vacunamos solamente para no enfermarnos nosotros; también nos vacunamos para proteger a aquellos que por su edad o condición no se pueden vacunar. Nos vacunamos contra el sarampión para proteger a los niños de menos de un año, que no se pueden vacunar contra esa enfermedad, pero que, lamentablemente, son los que mueren por ella.
Italia decidió terminar con la obligatoriedad de las vacunas; cayeron las coberturas y hubo decenas de miles de casos de enfermos de sarampión y muertes por esa causa. En Venezuela, la crisis económica llevó a una crisis sanitaria y ha hecho que en ese país se reintroduzca el sarampión y la difteria, y el sarampión se ha propagado a muchos estados de Brasil, lo que ha vuelto a poner en riesgo a las Américas por enfermedades que creíamos definitivamente erradicadas gracias a las vacunas.
Las vacunas en la Argentina son gratuitas, y esta ley establece claramente que, a través de la Secretaría de Salud, el Poder Ejecutivo nacional es el encargado de comprar las vacunas e insumos y distribuirlos para todas las provincias. Esto aleja los temores expresados acá de que en algún momento alguien decía que esos gastos podían no hacerse desde el nivel nacional.
Las vacunas son públicas porque la decisión de cuáles incorporar corresponde al Ministerio o Secretaría de Salud de la Nación, a sugerencia de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que ahora estará creada por ley, cuando antes era por decreto.
También esta ley establece la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, que en forma transparente publicará los efectos colaterales o indeseados de las vacunas, para traer seguridad y garantía a toda la población de que ellas, que obviamente se ponen en personas sanas, previenen enfermedades y no generan problemas.
Quiero agradecer a las sociedades científicas que ya se han nombrado. Creo que faltó mencionar a la Sociedad de Vacunología. No quiero olvidar a ninguna y por eso nombro también a las sociedades de Pediatría, de Infectología Pediátrica, de Infectología en Medicina, a la Fundación Huésped, a la OPS y a UNICEF.
La verdad que hemos hecho un trabajo importante y quiero agradecer a los bloques, a la señora presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, al presidente de la Comisión de Legislación General y al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y, sobre todo, a los argentinos que desde el área de salud miran esta ley como un proceso que mejora la salud de los argentinos.
Compañeros diputados: la ley Justina ha duplicado la cantidad de donantes en la Argentina, y de eso también hemos sido partícipes nosotros este año. Ojalá el año que viene podamos decir que esta ley mejoró y garantizó la cobertura de los argentinos para que no nos enfermemos y haya menos muertos en el país. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Brügge, por Córdoba.
Sr. Brügge.- Señor presidente: mi aporte a este debate está dado por aspectos que creo que son importantes de señalar, más allá de compartir en gran medida todo lo que se dijo anteriormente, y está referenciado a la situación que se puede dar en ciertas comunidades del interior del país con respecto a la obligatoriedad o no de la vacunación.
Como bien se dijo aquí, esta ley avanza en el sentido de establecer la gratuidad, la obligatoriedad, la seguridad y la accesibilidad. Pero no podemos olvidar que existen concepciones individualistas que establecen la pertinencia de ciertos padres hacia los hijos de decidir si se vacunan o no, amparándose en un aspecto que les da ese margen de interpretación, que es el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece concretamente que las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden, la moral ni los derechos de terceros están reservadas a Dios y fuera del control de los magistrados.
Aduciendo ese principio de libertad es que muchas veces se ha entorpecido la posibilidad de vacunar niños, lo que en algunas comunidades ha generado el rebrote de enfermedades, tal como bien se señaló en este recinto.
Al respecto quiero decir que esta ley refuerza el concepto de protección de los niños y niñas, siendo constitucional la obligatoriedad de la vacunación. Ninguna familia puede ampararse en el artículo 19 de la Constitución Nacional, porque el niño es un tercero afectado y el límite que establece este mismo artículo estaría siendo vulnerado por el hecho de no acceder a la vacunación.
Este aspecto es reforzado por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No olvidemos que la primera habla del interés superior del niño, que está dado por la salud. La salud es considerada como un bien social y este se protege a través de políticas de Estado activas, públicas y permanentes, que llevan su tiempo y requieren que cada uno de los gobiernos de turno vaya aplicándolas. Esta es una política transversal, que precisa dicha continuidad.
Asimismo, se requieren recursos y por eso me llama la atención y me preocupa lo manifestado por algunos diputados preopinantes en el sentido de que hay faltante de vacunas. Esto es algo que no puede suceder y sobre lo que ineludiblemente debe asegurarse la disponibilidad, porque un día que no se vacune un niño, o un día que no se lleve adelante este plan, puede traer aparejado serias consecuencias.
Vemos también que la misma ley 26.061, en su artículo 14, habla de la necesidad de la atención integral y de la igualdad de oportunidades de los niños en el acceso a los servicios de prevención y protección. Justamente, esta ley hace efectivos estos principios constitucionales contemplados en las leyes recientemente mencionadas. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2012, en una causa iniciada por la asesora de incapaces de la Ciudad de Mar del Plata, señaló que, más allá del derecho y de la libertad individual contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, el hecho de proteger a los niños contra enfermedades aplicándoles la vacuna es un interés superior que hay que proteger. Por lo tanto, es un principio y una obligación del Estado proveer a los menores de esa posibilidad y ese control total sobre la salud.
Atento a las situaciones que se viven en un mundo interconectado, en un mundo global, donde ya no solamente el Estado es el que puede resolver las cuestiones de salud, pretender abandonar los programas de vacunación pone en riesgo la salud de los argentinos. Tal vez ello no se deba a los propios problemas de los argentinos, sino a todos aquellos que puedan venir de otros países en los que –como bien se señaló hace unos instantes‑ se han relajado los controles y el sistema de vacunación, afectando a la sociedad en su conjunto.
Por otro lado, hay un tema que me preocupa en lo personal respecto de las consecuencias o efectos no deseados de las vacunas, que pueden verificarse a nivel mundial. Con la creación del consejo de seguimiento y control sobre los efectos no deseados se puede resolver y repasar qué sucede con la aplicación de vacunas que tal vez generen este tipo de efectos, así como también replantear su utilización o cambiarla por otra.
Con todos estos elementos estamos dando calidad de vida a los argentinos y, sobre todo, estamos salvando vidas.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Moreau, por Buenos Aires, a quien la Presidencia saluda en el día de su cumpleaños, como así también al señor diputado Olmedo. (Aplausos.)
Sra. Moreau.- Muchas gracias señor presidente.
Este proyecto de ley que vamos a aprobar –calculo que por unanimidad‑ es muy importante porque tiene que ver, ni más ni menos, con una herramienta sanitaria central para nuestro país.
Como ustedes saben, la Argentina ha sido pionera en materia de vacunación. Contamos con uno de los calendarios vacunatorios más completos de la región. En este sentido, es importante recalcar la incorporación de la vacuna del VPH ‑primero para niñas y luego para niños también‑ a fin de prevenir el cáncer de cuello de útero y la inclusión de la vacuna de la hepatitis A, enfermedad por la que miles de pacientes necesitaban cada año un trasplante hepático y que, gracias a esta vacuna, dicho número fue bajando.
Esta iniciativa consagra el rol del Estado como garante de la provisión de vacunas y de su gratuidad, y actualiza una normativa que ya es obsoleta. Felicito al señor diputado Yedlin por el esfuerzo puesto en lograr consensos y mejorar permanentemente este proyecto de ley hasta obtener el respectivo dictamen de comisión.
Todos sabemos, aunque no seamos médicos, que la prevención en materia de salud es el acto de mayor impacto que se puede llevar adelante. Asimismo, todos sabemos que en materia de salud la dimensión solidaria es muy importante. Muchas veces la gente, en un gesto de cuidado de ciertos grupos más vulnerables o de cuidado hacia sus compatriotas, sus familias, sus vecinos, no solo se vacuna para protegerse a sí misma, sino también para proteger a otros de riesgos y de contagios.
Esta dimensión solidaria de atención y cuidado por el otro va de la mano de dos condiciones: la obligatoriedad y la gratuidad de las vacunas. La salud es uno de los derechos fundamentales con los que debe contar una sociedad, y más aún una sociedad como la nuestra, que todavía está postergada en muchas áreas.
En este recinto hemos escuchado varias veces hablar de la necesidad de construir políticas de Estado como sinónimo de ejes rectores que puedan mantenerse en el tiempo. En tal sentido, debemos ser capaces de asumir que tenemos una deuda y que el paso que hoy estamos dando es muy importante, pero no es suficiente. Como dije antes, en nuestro país hay muchos sectores vulnerables que todavía no reciben vacunas.
Ayer conocimos una cifra escalofriante. Según UNICEF, el 48 por ciento de los chicos de nuestro país son pobres; no les estamos asegurando un plato de comida ni tienen certeza sobre su futuro en ningún aspecto porque hay un Estado que está ausente. En los últimos tres años, hemos visto cómo este gobierno le da la espalda a este tema y al de la salud en general.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.
Sra. Moreau.- En el Instituto Malbrán, que es el encargado de la vigilancia epidemiológica del país, se encuentran los laboratorios cabecera de aproximadamente treinta redes. Cada una de ellas atiende una patología: influenza, tuberculosis, HPV, meningitis. Es el único centro de la Argentina en el que se desarrollan los antisueros que necesitamos para determinadas picaduras. Los trabajos allí realizados también permitieron detectar los casos de sarampión que se produjeron este año en nuestro país, después de estar libres del virus desde el año 2002. Los recortes producidos en este Instituto fueron un gran retroceso.
Cabe señalar que estos casos se manifestaron porque se bajaron las coberturas de vacunación; no sirve vacunar mucho un año y menos al otro año. El éxito de la vacunación reside en la cobertura constante y todos sabemos que las cifras indicadas tienen que ser superiores al 90 por ciento para que la cobertura sea constante. Sin embargo, una de las primeras medidas de este gobierno fue bajar en la dirección nacional el rango de las enfermedades inmunoprevenibles; en realidad, las desintegraron casi por completo.
Por otra parte, ya sabemos qué pasa respecto del Ministerio de Salud; la Argentina es uno de los pocos países del mundo que no cuenta con uno. Entonces, pedimos al oficialismo que reflexione sobre el particular.
Compartimos la idea de que es conveniente mantener la redacción original del proyecto en relación con la intangibilidad de las partidas presupuestarias destinadas al cumplimiento de la ley, dado que nunca son demasiadas las garantías que el Estado puede brindar para que algo tan delicado sea sostenible en el tiempo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Arroyo, por Buenos Aires.
Sr. Arroyo.- Señor presidente: seré verdaderamente breve.
Quiero destacar el gran valor que tiene esta norma. Una iniciativa que establece una estrategia en materia de vacunación, que apunta a implementar una política pública y fijar un mínimo de garantías en un país que ya tiene un calendario de vacunas significativo, es un avance. Por eso nuestro bloque acompañará esta idea.
No obstante, me permito hacer una sugerencia para intentar mejorar el texto que se va a votar.
Resulta claro que hace falta que este derecho quede garantizado en el presupuesto. Originalmente, el proyecto disponía la intangibilidad de las partidas presupuestarias destinadas al cumplimiento de la ley. Si bien, a través de algún tecnicismo, se puede establecer que ello no es necesario o que con otra redacción puede quedar en claro, lo cierto es que, ante tantos recortes, dificultades y falta de partidas para determinadas vacunas durante este año, nos parece importante insistir en este punto.
Sancionaremos una buena ley; como dije, es un avance importante y resulta evidente que se trata de una norma del siglo XXI. La apoyaremos con alegría, pero insistimos en la importancia de establecer con claridad la intangibilidad de las partidas presupuestarias destinadas a su cumplimiento para que nadie se vea tentado de hacer un recorte.
Ojalá el oficialismo tome esta sugerencia y tengamos no una ley como la que se va a sancionar, que avanza en materia de derechos, pero deja un resquicio para que alguien, el día de mañana, haga un recorte donde no debe, sino una ley completa.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra. Sapag.- Señor presidente: sin duda, esta iniciativa sobre vacunación cuenta con el apoyo del Movimiento Popular Neuquino.
No obstante, nos parece necesario mantener la redacción original del artículo 4°, que establecía la intangibilidad de las partidas presupuestarias destinadas a sostener la política nacional de vacunación.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Pereyra, por Córdoba.
Sr. Pereyra.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento una norma necesaria para la salud de los argentinos. Esto ocurre después de tres años de lamentables idas y venidas por parte del Poder Ejecutivo en relación con una de las tareas elementales del Estado: el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades a través de un plan integral de vacunación, que es el tema que ahora nos ocupa.
Luego de la potabilización del agua, la vacunación es el hito sanitario que, en la historia de la humanidad, más vidas ha salvado en el mundo.
La Argentina cuenta con un calendario que comprende veinte vacunas obligatorias: dieciocho para toda la población, desde los primeros días de vida hasta la adultez, y dos para las zonas de riesgo. Es uno de los calendarios de vacunación más extendidos del mundo, no solo por cantidad, sino también por gratuidad.
Pero no siempre fue así. Hasta 2003, solo ocho eran obligatorias y gratuitas de acuerdo con el calendario de vacunación. Como consecuencia de las políticas neoliberales, la salud quedaba librada a la suerte de las posibilidades de cada persona.
Luego, entre 2003 y 2015, el Estado reapareció y volvieron las políticas públicas. Así fue como el calendario se amplió y pasó a estar conformado por veinte vacunas obligatorias y gratuitas.
La prevención a través de la vacunación trajo como resultado que en 1984 se detectara el último caso de polio de nuestro país; en 2000, el de sarampión y en 2006, el de difteria. Asimismo, desde 2005 se registra una disminución del 90 por ciento en la incidencia de hepatitis A y ya no hay trasplantes de hígado vinculados con esa enfermedad. Lamento recordar que no hace mucho tiempo, una diputada del oficialismo presentó un proyecto para que la vacunación fuese opcional.
La iniciativa que estamos considerando se basa en el principio de solidaridad; concretamente en la gratuidad, en el acceso al servicio de vacunación con equidad social en todas las etapas de la vida, en la obligatoriedad de su aplicación para todos los habitantes, en la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular, en la disponibilidad de vacunas y en la participación de todos los sectores de la salud.
Con esta ley, el Congreso estará limitando las fantasías del mercado y pondrá el Estado al servicio de los ciudadanos. Controlaremos que el Poder Ejecutivo, a través del órgano de aplicación, no desvirtúe los principios aquí consagrados y siga la línea de Carrillo y de Oñativia.
Por los fundamentos expuestos, votaré afirmativamente este proyecto de ley. Como algunos diputados preopinantes, me preocupa que haya recursos para sostener este sistema de vacunación, ya que el presupuesto del año 2019 –que ya fue aprobado‑ va a la baja en materia de salud.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Bianchi, por San Luis.
Sra. Bianchi.- Señor presidente: estamos convencidos de que hay dos ítems que marcaron la sanidad en el mundo. Uno, como bien dijeron algunos diputados preopinantes, es la potabilización del agua. El otro, la vacunación.
Gracias a esta última se logró erradicar enfermedades como la poliomielitis, la fiebre amarilla, el sarampión y la difteria. Debo reconocer el excelente trabajo realizado por el gobierno anterior con el plan de vacunación. La gestión kirchnerista marcó un antes y un después, ya que aumentó considerablemente la cantidad de vacunas. Esto se ve reflejado en la salud pública.
El proyecto en consideración es muy importante y por eso lo acompañaremos. No obstante, quiero dejar en claro que, si no existe una vigilancia real, si no se controla la calidad de las vacunas ni se mantiene la cobertura para que los más humildes también puedan acceder, no sirve. Además, si la distribución de vacunas no llega en tiempo y forma al interior del país, esta iniciativa será un fracaso. Hablaremos de una ley maravillosa y magnífica que no llega a los sectores más vulnerables. Por eso pido por favor a la Secretaría que, en la época de verano, preste mucha atención a esto. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Moisés, por Jujuy.
Sra. Moisés.- Señor presidente: en primer lugar, pienso que en iniciativas como ésta tiene enorme importancia la construcción colectiva con la que se logran estos resultados.
Que hoy podamos tener esta sanción es fruto del trabajo de mucha gente y de protagonistas como el diputado Yedlin, que de alguna manera llevaron adelante, junto con los miembros de la Comisión de Salud, la posibilidad de que todos los legisladores apostemos y aportemos a esta construcción colectiva para transformar la política pública; seguramente, este proyecto de ley va a ser aprobado por unanimidad.
En esa construcción colectiva quisiera también reconocer a dos funcionarios públicos que estuvieron a cargo del Ministerio de Salud y que realmente eligieron ponerse al frente de las políticas nacionales de vacunación. Me refiero al ex ministro de Salud Ginés González García y también a Juan Manzur. Han sido con todos sus equipos técnicos, los ministros de Salud provinciales y los Consejos Federales de Salud, quienes firmaron decretos, tomaron resoluciones, involucraron a los médicos y lograron que el plan nacional de vacunas sea una realidad efectiva.
Debemos reconocer a los profesionales médicos desde el lugar en que les toca estar, como la compañera Carla Vizzotti, quien realmente me aclaró muchos temas con respecto a esta norma, y en ella, como infectóloga, están representados muchos de los médicos infectólogos que toman con tanta pasión su tarea con el objetivo de que nuestra comunidad esté sana, especialmente a través de la prevención. También a otros médicos, como el doctor Ramiro Bustamante, un jujeño que se recorrió todo el interior provincial con el camión de la mujer y enseñaba a las mamás a tomar conciencia de lo importante que es vacunar a sus hijos y a ellas mismas.
Lo mismo podemos decir de los enfermeros y enfermeras que en un puesto de salud o en un hospital atienden todos los días, cara a cara, frente a frente, mano a mano, enfrentando este problema, siendo los grandes efectores de que estas leyes, estas políticas públicas y construcciones colectivas hagan un país mejor.
Quiero hacer una acotación por una escena en particular que se dio en los últimos tiempos. Se refiere al peligro de la ignorancia ante un tema tan importante como las vacunas, sobre el cual la Argentina hoy es un ejemplo porque ha puesto tanto esfuerzo y recursos. Lo peor es el ignorante que actúa como comunicador social, como ha pasado hace poco tiempo con una exmodelo que salió a decir que las vacunas son parte de la muerte.
No se puede dejar pasar que una persona diga esto en un medio masivo de comunicación, sea quien sea, porque esa ignorancia llega a nuestros ciudadanos y muchas veces es más fuerte que toda la tarea que venimos desarrollando como funcionarios públicos.
Tampoco podemos dejar pasar que un medio masivo de comunicación trasmita este tipo de mensajes y después se lave las manos diciendo que lo dijo determinada periodista, o en este caso alguien que ni siquiera lo es. Hacen daño a la comunidad, multiplican la ignorancia y la gente toma como propios mensajes que ponen en riesgo la vida de muchos de nosotros.
También podemos mencionar la ignorancia de un funcionario que puede decir que no hay presupuesto para comprar las vacunas. No, la responsabilidad del funcionario es lograr que no le recorten los presupuestos para las vacunas porque esto no forma parte de una discusión política superficial.
El que no invierte en vacunas, el que no cumple y exige que el presidente o el ministro –en realidad, ya no hay ministro- disponga de los fondos necesarios para la compra de vacunas, está cometiendo un acto de ignorancia porque cuando las personas se enfermen, los fondos necesarios para curarlas van a tener que ser multiplicados por diez o por veinte. Y en el caso de que sean epidemias masivas, que son prevenibles muchas veces con las vacunas, van a tener que multiplicar por millones el gasto que hoy no quieren hacer en vacunas.
Entonces, es un ignorante aquel funcionario que dice que no hay vacunas porque no tiene presupuesto; que vaya y exija a su ministro provincial o nacional que se reúna el Consejo Federal de Salud y se recorten otras cosas, pero no el presupuesto de vacunas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Martiarena, por Jujuy.
Sr. Martiarena.- Señor presidente: en primer lugar, quisiera hacer unas breves consideraciones.
En este momento del debate es importante recordar que el Poder Ejecutivo nacional prácticamente eliminó el Ministerio de Salud. También debemos recordar que fue el general Perón quien convirtió en ministerio la Secretaría de Salud. Esto tiene todo un significado y un mensaje: para el peronismo la salud siempre fue una prioridad en la acción de gobierno.
Quiero reconocer la valiosa iniciativa del señor diputado Yedlin y otros, que viene a cubrir un vacío porque esta política pública nace de acá, de este cuerpo, de la Cámara de Diputados; no nació del Poder Ejecutivo nacional.
Acá quiero dejar planteada mi preocupación por estar frente a un gobierno que parece que no tiene como prioridad la salud pública, que debe ser un derecho universal y una prioridad en una acción de gobierno.
Celebro lo que plantea este proyecto porque define como política pública el control de enfermedades prevenibles por vacunación, y obliga al Ejecutivo, al Estado, a mantener actualizado el calendario nacional de vacunación.
Es preocupante que el ajuste haya llegado al sector de la salud pública. Hay que tener cuidado con la salud pública. No hay que ajustar donde no se debe ajustar. Se han reducido las dosis de las vacunas Sabin, quíntuple y hepatitis A.
Hoy quiero traer a conocimiento de este cuerpo una resolución emanada del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Palpalá, en mi provincia de Jujuy, la N° 52 de este año, que pide a los señores diputados nacionales que intervengan ante el área de salud de la Nación a efectos de lograr la restitución de la aplicación de la vacuna de refuerzo contra la meningitis para niños menores de once años, recientemente eliminada del calendario de vacunas por disposición del Poder Ejecutivo nacional.
Esto nos tiene que llenar de preocupación: el hecho de que el Ejecutivo haya resuelto reducir el calendario nacional. Desde este cuerpo debemos dejar este mensaje claro y contundente, y pedir que el gobierno nacional, especialmente la Secretaría de Salud, verdaderamente reaccione frente a este tema y evite seguir llevando adelante este programa de reducción presupuestaria en un tema tan importante como es la prevención.
Decimos que prevenir es curar, y es así. Hay que entender que va a ser mucho más barato para el Estado prevenir que después atender las enfermedades.
Finalmente, quiero mencionar esta incongruencia que tenemos. El Ejecutivo nacional, en su reestructuración ministerial, ha dejado un ministerio que atiende la salud agrícola ganadera, lo cual me parece excelente, pero ha entendido que no tiene que haber un Ministerio de Salud que atienda la salud de los argentinos.
Desde el peronismo, como legislador de una provincia periférica del norte de nuestro país, expreso mi reclamo y preocupación frente a estas decisiones que, verdaderamente, van a ocasionar graves perjuicios al conjunto de la población argentina.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Urroz, de Buenos Aires.
Sra. Urroz.- Señor presidente: sin dudar de la buena intención que persigue este proyecto de ley, me gustaría que se reconsiderara su artículo 14, por el que se establece que en caso de incumplimiento se procederá a efectuar la vacunación en forma compulsiva, es decir, por la fuerza.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sra. Urroz.- Creo que en este artículo se debe determinar claramente que hay excepciones médicas que impiden hacer eso de ese modo.
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde votar nominalmente en general el proyecto en consideración.
Sra. Polledo.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora miembro informante.
Sra. Polledo.- Señor presidente: en virtud de que la comisión no aceptará modificaciones, solicito que el proyecto se vote nominalmente en general y en particular.
Sr. Presidente (Monzó).- Muy bien, señora diputada.
Entonces, se va a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y otras recaído en el proyecto de ley por el que se implementa una política pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunación. (Orden del Día N° 810).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 196 señores diputados presentes, 195 han votado por la afirmativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 195 votos afirmativos, ninguno por la negativa y ninguna abstención.[14]
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.[15]
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)
- 25 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Deportes y de Acción Social y Salud Pública -Orden del Día N° 816- recaído en los proyectos de ley del señor diputado Baldassi y de la señora diputada Bianchi, por el que se establece la obligatoriedad de la presentación de un certificado de aptitud física por parte de las personas que realicen actividades físicas y/o deportivas (expedientes 2.437-D.-2017 y 302-D.-2018).
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N°816
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado Scioli, por Buenos Aires, quien es el miembro informante.
Sr. Scioli.- Señor presidente: el presente proyecto, consensuado entre las comisiones de Deportes y de Acción Social y Salud Púbica, tiene por objeto la prevención y protección de quienes practiquen deportes en forma recreativa.
En los últimos años ha aumentado al número de personas que practican deportes. Enhorabuena que eso haya ocurrido. Por eso es necesario generar la obligatoriedad en lo concerniente a la presentación de un certificado de aptitud física, que será otorgado por hospitales públicos. Asimismo, a partir de una modificación consensuada introducida en uno de los artículos de esta iniciativa en el ámbito de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y sobre la cual luego expondrá la señora diputada Raverta, habrá una cobertura plena por parte de los distintos sectores de la salud pública y privada, a fin de otorgar este certificado en forma gratuita.
Anualmente se registran 45 mil muertes súbitas, que podrían evitarse perfectamente. Entre los casos conocidos podemos citar el de Juan Gilberto Funes, un famoso jugador de fútbol del Club Atlético River Plate, que falleció en la cancha en 1992. El último caso, también muy difundido y que nos ha conmovido, fue el de Mateo Uriburu, un rugbier del San Isidro Club, de solo 17 años, que sufrió una arritmia durante una gira de esa institución en Sudáfrica. Desgraciadamente, luego falleció.
También debemos tener en cuenta lo que ocurrió en 1947, cuando se fundaron los Juegos Evita. El entonces ministro de Salud Púbica, doctor Ramón Carrillo, promovió la realización de chequeos médicos obligatorios para los miles de chicos y adolescentes que participaban de esos juegos en todo el país.
El mayor logro de esos juegos estuvo dado, precisamente, por la detección temprana de enfermedades. Más allá de la práctica deportiva y de la experiencia de los chicos y adolescentes en los Juegos Evita, lo más significativo fue lo que se logró en materia preventiva de la salud.
Cada día se va generando una conciencia mayor en lo relativo al vínculo existente entre el deporte, por un lado, y la salud y la educación, por el otro. Se ha comprobado que cuanto más se practica el deporte, mejores son los rendimientos que se registran en los establecimientos educativos, fundamentalmente en lo concerniente a la lucha contra la obesidad y la diabetes, como así también en lo que hace a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Por eso es necesario efectuar en forma previa estos chequeos, a fin de prevenir cualquier tipo de desenlace fatal.
Por lo expuesto, invito a los señores diputados y las señoras diputadas a acompañar este proyecto, de autoría de la señora diputada Bianchi y del señor diputado Baldassi, que ha sido plenamente consensuado en la Comisión de Deportes.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Raverta, por Buenos Aires.
Sra. Raverta.- Señor presidente: hemos consensuado con los autores del proyecto y con la señora presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública dos modificaciones referidas a otros tantos artículos de esta iniciativa y que quiero proponer en este recinto.
Nos pareció pertinente hacerlo de esta manera, no porque hayamos tenido una discusión, sino simplemente porque en este ámbito podemos modificarlo, en tanto que, si lo hubiéramos tenido que hacer en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, la iniciativa necesariamente tendría que haber vuelto a la Comisión de Deportes, lo que no hubiera sido posible en virtud de los tiempos reglamentarios.
Voy a dar lectura de las modificaciones propuestas. Si el señor miembro informante está de acuerdo vamos a modificar el proyecto. La idea es mejorar el texto de esta iniciativa en cuanto a que aquellos estudios médicos cuya realización propongan los médicos, según la disciplina de que se trate, la edad de la persona y demás, sean sugeridos por los profesionales, en lugar de estar comprendidos en el texto del proyecto.
Entonces, en primer término,
proponemos modificar el artículo 4°, referido al tema de la validez del
certificado, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Validez. El certificado de
aptitud física tendrá validez de un (1) año en el que debe constar los
siguientes datos:
“a) Nombre, apellido y fecha de nacimiento del deportista;
“b) Evaluación médica de cada solicitante según se estime
pertinente de acuerdo con la disciplina y/o actividad física que desarrolle;
“c) El detalle del deporte a practicar para el cual se otorga el
presente certificado;
“d) Determinar, en caso de ser necesario, distancias o tiempos de
práctica de un deporte a los que habilita el presente certificado;
“e) Fecha y sello del profesional responsable.”
Esta es la propuesta de modificación del artículo 4°. Los integrantes de la Comisión de Salud de los distintos bloques han estado de acuerdo, así que no debiera presentar mayor dificultad.
El artículo 5° habla de la cobertura y expresaría: “Establézcase la cobertura integral por parte del sistema público de salud, de las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, la realización del certificado médico de aptitud física, incluyéndola dentro del Programa Médico Obligatorio.”
Estas modificaciones fueron trabajadas en dos reuniones de asesores y luego puestas en consideración en la Comisión de Salud. Por lo tanto, si el presidente de la Comisión de Salud está de acuerdo y habilita esta modificación, podríamos pasar a la votación.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor miembro informante.
Sr. Scioli.- Señor presidente: estamos de acuerdo. Solicito que se vote en general y en particular con esas modificaciones.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Baldassi, por Córdoba.
Sr. Baldassi.- Señor presidente: este proyecto me genera una satisfacción muy especial porque estoy convencido de que estamos dando un gran salto de calidad en materia legislativa sobre las actividades físicas.
Siempre prefiero la racionalidad antes que la obsesión, pero tanto el diputado Scioli como la diputada Raverta recién hacían hincapié en que en las comisiones de Deportes y de Salud hemos trabajado en mejorar este proyecto de ley, siempre con el objetivo de prevenir y reducir los infortunios en el deporte.
Todos sabemos que hay riesgos en la práctica de algún deporte cuando desconocemos si tenemos alguna patología o algún problema congénito. Por eso es importante tener un médico que brinde la posibilidad de practicar deportes sin inconvenientes, evitando un peor desenlace. Esto también implica dar a la prevención el rol preponderante que debe tener, tanto en la salud como en el deporte.
Estoy convencido de que esta iniciativa va mucho más allá de la prevención; también contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas porque genera en la población una cultura de la salud.
Debemos generar conciencia sobre la importancia del apto físico para poder realizar deportes. Solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe la ley 139 ‑conocida como la ley de gimnasios–, modificada posteriormente en el capítulo referido a carreras de calle. No contábamos con ninguna normativa a nivel nacional. Por eso creo que este es un buen punto de partida para establecer un marco general para este tipo de legislación.
Hemos puesto en consideración muchos puntos y podríamos dar ejemplos, pero no quiero extenderme. Quiero destacar que los proyectos establecen una cobertura integral por parte de todas las obras sociales, incluyendo el certificado de apto físico en el Programa Médico Obligatorio, permitiendo que todos los agentes que brindan un servicio médico asistencial puedan extenderlo.
Este proyecto de ley no tendría sentido si no apuntamos a la concientización y prevención, que obviamente implica cambios en los hábitos de las personas. Por ello deben existir programas para su difusión.
Estamos fijando un punto de partida importante para que a mediano y largo plazo no haya más casos de infortunios en el deporte.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Franco, por Misiones.
Sr. Franco.- Señor presidente: quiero fundamentar mi disidencia parcial con respecto a esta norma, si bien estamos de acuerdo en que es necesaria, porque indudablemente prevenir los accidentes o las muertes en el ejercicio del deporte tiene que ver con la salud pública, cuestión que cuidamos. Por eso festejamos la norma aprobada recientemente.
Más allá de las enfermedades cardiovasculares y lo que tiene que ver con la actividad deportiva, se deben resolver algunas cuestiones que no está bien que se planteen en una norma.
Coincido con la diputada preopinante
en que habría que modificar el inciso b) del artículo 4°, que dice: “Estudios clínicos realizados (análisis de
sangre y electrocardiograma)”. Entiendo que no se puede recetar a través de una
ley. En todo caso, tendría que decir: “Estudios clínicos realizados (análisis
de sangre) y estudios cardiovasculares” o, solamente, “Estudios clínicos realizados”. Propongo al
diputado Scioli que tenga en cuenta esta propuesta.
El inciso f) del mismo
artículo establece: “Para los mayores de treinta y cinco (35) años se agrega la
obligatoriedad del estudio clínico de ergometría;”. Esto está bien desde el
punto de vista clínico, pero reitero el argumento: no se puede establecer una
indicación médica a través de una ley. Es el médico clínico de cabecera o el
cardiólogo el que debe indicar qué estudios médicos necesita.
Sra. Bianchi.- ¿Me permite una interrupción, señor
diputado, con la venia de la Presidencia?
Sr. Franco.- Sí, señora diputada.
Sr. Presidente (Monzó).- Para una interrupción, tiene la
palabra la señora diputada Bianchi, por San Luis.
Sra. Bianchi.- Señor presidente: todo lo que está
observando el diputado Franco lo acaba de mencionar la señora diputada Raverta.
Se trata de la modificación que hicimos en la comisión, a sugerencia del cuerpo
de asesores.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
Franco, por Misiones.
Sr. Franco.- Señor presidente: no lo entendí en esos
términos. El inciso f) no tendría que figurar porque, insisto, no se puede
recetar a través de una ley.
Finalmente, coincido con
la diputada en cuanto a que este certificado médico de aptitud física debe
estar incluido en las obras sociales, en las prepagas, entre quienes brinden
servicios de salud y, fundamentalmente, en el Programa Médico Obligatorio. Esa
sería la demostración de que estamos preocupados por este tema.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
Bianchi, por San Luis.
Sra. Bianchi.- Señor presidente: seré breve porque a
continuación de esta sesión tenemos reunión de comisión.
Vengo trabajando en esta
iniciativa desde 2014, y la volví a presentar en 2018.
En 2017 el señor diputado
Baldassi aportó un proyecto muy interesante.
Personalmente, esta norma
me moviliza por la forma en que hemos observado cómo se manejaba este tema en
la Asociación del Fútbol Argentino hasta 1992.
Juan Gilberto “el Búfalo”
Funes tenía 28 años cuando murió en la cancha. Comenzó jugando en San Luis,
pasó por Mendoza; se fue a Bogotá, a Millonarios, de Colombia; estuvo en
Atenas, Grecia; jugó en River Plate, pasó a Vélez y de allí, a Niza. Incluso,
estuvo en la selección argentina, cuando Bilardo era el director técnico, y
jugó la Copa América.
Durante todo este tiempo, nunca lo revisaron. Siempre lo revisaban de la cintura para abajo, como a los caballos de carrera. Nunca le hicieron un electrocardiograma ni le tomaron la presión sanguínea; nunca nada.
En Niza, Francia, le descubren por primera vez que tenía una cardiopatía congénita afectada por una fiebre reumática. A partir de allí volvió a la Argentina, intentaron hacerlo jugar con la autorización de un médico y firmó para Boca Juniors.
Existe un antes y un después de Juan Gilberto Funes en el fútbol argentino. A partir de eso y de lo que había sucedido, empezaron a hacer estudios a los jugadores, pero ya de cuerpo entero.
Juan Gilberto Funes hoy tendría 55 años y su hijo tal vez podría tener a su padre.
Agradezco profundamente a las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Deportes y a todos los diputados que contribuyeron con este proyecto. No puede ser que todavía haya lugares como en mi provincia, donde dos o tres padres les hacen los electros a los chicos de las inferiores y el resto copia ese electro y lo presenta en la Liga Puntana de Fútbol. Esas cosas no pueden suceder.
Seguramente habrá cosas para mejorar, pero lo importante es que estamos en el buen camino. En este país nunca más puede haber una persona que muera por muerte súbita.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Martiarena, por Jujuy.
Sr. Martiarena.- Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar la importancia del tema que estamos tratando para dictar una norma tendiente a salvaguardar la vida humana de la población deportiva argentina.
Pero quiero hacer un reclamo en virtud de que soy autor de un proyecto de ley que propone modificar la ley 27.202, de promoción del deporte. En uno de sus artículos, la iniciativa establece la obligatoriedad de la realización del apto físico. Esto coincide con los dos proyectos que figuran en el Orden del Día. Esperaba que, desde la Comisión de Deportes, debido a una buena y sana práctica legislativa, me invitaran a exponer sobre esta propuesta. Además, en el proyecto de ley existen otras propuestas más que tienen que ver con la importancia de que las instituciones y los campos de deporte estén equipados con desfibriladores y haya personal capacitado para atender emergencias que se puedan producir.
No sé por qué motivo este proyecto no se menciona en el Orden del Día ni por qué en ningún momento he sido convocado para exponer sobre él en la comisión. Se trata del expediente 1.696-D.-18.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Raverta, por Buenos Aires.
Sra. Raverta.- Señor presidente: ya le comenté al señor diputado Franco –así que está al tanto‑ que la modificación que él propone es la misma que recién leímos. De manera que eso está contemplado y podemos votar tranquilos.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Del Cerro, por Santa Fe.
Sr. Del Cerro.- Señor presidente: solicito que se relea el artículo 3°, dado que hubo algunas dudas acerca de si podía ser normativo o prescriptivo, esto es, si dejábamos librada al profesional la aptitud de prescribir o si esto era normativo y era una obligación nacional, donde el profesional tiene que estar por debajo de la ley.
De manera que no es improcedente que se lea nuevamente y en forma medulosa dicho artículo para poder separar bien esas diferencias, porque creo que no conviene dejar esto librado a la opinión de los profesionales, independientemente de las especialidades deportivas. Hay algunas partes del examen físico que son obligatorias e inevitables, independientemente de la disciplina que se ejerza.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Raverta, por Buenos Aires.
Sra. Raverta.- Señor presidente: se trata del artículo 4°, porque el 3° tiene que ver con la presentación, es decir, la exigencia, mientras que el señor diputado se refiere a qué tipo de evaluación médica se le va a realizar para tener el certificado, o sea si va a ser el médico quien va a prescribir ese tipo de evaluación.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Del Cerro, por Santa Fe.
Sr. Del Cerro.- Señor presidente: creo que hay una parte que debe ser fija y normatizada por nosotros, y si existe alguna especialidad que exija algún estudio especial, en ese caso cabrá a la disciplina correspondiente, por su federación o por lo que sea, determinar cuáles son las condiciones. Pero hay algo que debe ser fijo y normativo.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, con las modificaciones aceptadas por el miembro informante, el dictamen de las comisiones de Deportes y otra ‑Orden del Día N° 816‑, recaído en el proyecto de ley por el que se establece la obligatoriedad del certificado médico de aptitud física para la población que realice actividades físicas o deportivas.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 193 señores diputados presentes, 192 han votado por la afirmativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 192 señores diputados por la afirmativa. No hubo votos negativos ni abstenciones.[16] (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley. [17]
Se comunicará al Honorable Senado.
- 26 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el proyecto de ley del
Porder Ejecutivo, por el que se modifica la ley 27.037, sobre creación de las
áreas marinas protegidas Namuncurá‑Banco Burdwood II y Yaganes
(expediente 21-PE.-2017).
AQUÍ PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE
MODIFICA LA LEY 27.037, SOBRE CREACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS
NAMUNCURÁ ‑ BANCO BURdWOOD II – YAGANES, CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE
21-PE.-2017
Sr. Presidente (Monzó).- En atención a que el presente asunto no cuenta con dictamen de comisión, se va a votar si la Honorable Cámara se constituye en comisión para producir el respectivo despacho. Se requieren dos tercios de votos.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobada la constitución de la Cámara en comisión.
- 27 -
Sr. Presidente (Monzó).- Queda abierta la conferencia.
Se va a votar si se mantiene la unidad del debate.
-
Resulta
afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración.
Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Schmidt Liermann.- Señor presidente: en primer lugar, quisiera aprovechar para manifestar mi gran orgullo por el trabajo que se estuvo haciendo no solamente durante nuestro gobierno, sino también por el que nos precedió, sabiendo de la importancia que tienen las áreas marinas.
Pocos tienen en cuenta que las áreas marinas contienen una biodiversidad que debemos no solamente conservar, sino regenerar y reconstituir. Lamentablemente, en muchas de sus actividades el ser humano se ha convertido en el gran depredador.
Por eso celebro que todos los partidos ‑en especial, la oposición‑ sepan que con este proyecto, con los cambios que logremos realizar y los consensos a los que vamos a llegar, estamos realmente empezando una política pública de Estado que, incluso, va a ir más allá de nuestra generación. Al crear estas áreas marinas lo que estamos haciendo es resguardar no solamente nuestro futuro, sino el de toda la humanidad.
Quiero agradecer el trabajo que se ha hecho en los diferentes ministerios, en la Secretaría –muy especialmente a Emiliano Ezcurra y su equipo‑, en la Cancillería, a Carlos Cherniak y a mi asesora Daniela González, que ha venido trabajando en este tema.
También quiero destacar que la oposición, representada por el Frente para la Victoria y por el Frente Renovador, ha mostrado una predisposición a aceptar nuestra urgencia tendiente a lograr hoy un dictamen consensuado para mostrar al mundo que la Argentina tiene una política de Estado relacionada con la biodiversidad y la protección medioambiental.
En este sentido, ahora quisiera dar la palabra a la diputada Camaño…
Sr. Presidente
(Monzó).- La palabra la doy yo, señora diputada. (Risas.)
Sra. Schmidt Liermann.- Claro, señor presidente. Discúlpeme. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor
presidente: después le voy a dar la palabra a otro señor diputado... ¡Justo hoy
que lo reivindicamos como presidente! (Risas.)
Ayer en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria nos encontramos con la situación de que estábamos a punto de no poder tratar este tema porque habíamos obviado alguna comisión, pero no vamos a adentrarnos en ese tema.
Debo decir que hubo una muy buena predisposición por parte de nuestros colegas del Frente para la Victoria. El diputado Marcos Lavagna también llevó a cabo un trabajo muy importante y, en principio, junto a los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, de la Jefatura de Gabinete y del área de Parques Nacionales, pudimos lograr los dos tercios que se necesitan para incorporar este tema y debatirlo.
La Argentina tiene 61 áreas protegidas costero-marinas. Hay parques nacionales y reservas provinciales, municipales y de biósfera. Todo esto está contemplado en el Sistema Federal de Áreas Protegidas.
En agosto de 2013, a raíz de la ley 26.875 -y a iniciativa del Poder Ejecutivo de ese momento‑, se creó la primera área que no tenía jurisdicción provincial: el Banco Burdwood. Los siguientes parques marinos que creamos por ley fueron interjurisdiccionales, o sea, vinieron al recinto de la Cámara con el acuerdo provincia-Nación respectivo, para que puedan convertirse en ley. Así fue como creamos el Parque Marino Costero Patagonia Austral mediante la ley 26.446 y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke mediante la ley 26.817. Lo último que hicimos, ya en los tramos finales de la gestión del gobierno anterior, fue crear la Isla Pingüino a través de la ley 26.818. Esto fue muy esperado por la gente de la ciencia en Puerto Deseado.
En noviembre de 2014 la Argentina sancionó la ley 27.037, que instituye el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas –SNAMP‑. Esta es la norma que le brinda el marco legal para la creación de áreas marinas protegidas por fuera de las jurisdicciones provinciales. Nosotros hoy vamos a crear dos áreas.
En ese contexto se sumó el proyecto relativo al fortalecimiento de la gestión y protección de la biodiversidad costera marina en áreas ecológicas clave y aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca.
Mediante este sistema se identificaron ocho áreas de importancia biológica y ecológica siguiendo los criterios del convenio sobre la diversidad biológica. Quiere decir que nosotros vamos a seguir teniendo este debate para que más áreas marinas puedan llegar a constituirse, ya no en nuestros reservorios, sino en la humanidad.
Como bien dijo la señora miembro informante, lo que estamos haciendo es ir a tono con uno de los problemas más serios e ingratamente ignorados por la dirigencia política del mundo, que es el cambio climático.
Le decía recién a mi colega Grandinetti que siento una enorme felicidad en esta sesión, ya que el encargado de la Administración de Parques Nacionales se va con la mochila llena. Hemos venido a hacer una muy buena faena para cuidar el planeta, así que tenemos que estar muy contentos en este sentido.
El material que se constituyó en la identificación de los sectores de alto valor de conservación como potenciales áreas marinas a proteger constituye el documento base para que hayamos elaborado el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas en el 2016. De alguna manera, este es el pilar fundacional de un proyecto que se trajo aquí. Bienvenida sea la continuidad de estas políticas de Estado denominadas Pampa Azul, cuyo eslogan dice: “Sin azul no hay verde”. ¡Cuánta verdad!
En la burocracia de la alfombra roja nosotros tomamos la decisión o no de hacer. Hay cientos de personas que protegen nuestros parques nacionales y hay cientos de científicos que estudian cada una de las especies que están en diferentes estadios de peligro de extinción o del resguardo que les debemos.
De eso se trata esta oportunidad que nos estamos dando de lograr los consensos que se necesitan para poder salir muy orgullosos de este recinto. En un caso hablamos de una superficie de casi 80.000 kilómetros, y en otro –pido que me corrijan si me equivoco‑, de aproximadamente 28.000 kilómetros. O sea, vamos a proteger de la depredación a las especies en esta superficie. Debemos tener en cuenta que a veces, debido a una visión demasiado economicista, no logramos asumir la responsabilidad de hacerlo. Siento una enorme felicidad porque hoy estamos planteando la posibilidad de continuar protegiendo nuestro mar. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Solanas, por Entre Ríos.
Sr. Solanas.- Señor presidente: quiero reivindicar a los diputados Luis Basterra y Guillermo Carmona, que forman parte del espacio al que pertenezco y que en 2013 redactaron el proyecto de ley que luego se transformó en la ley 26.875, por el que se creó el área marina Namuncurá-Banco Burdwood. Esto demuestra la preocupación de los integrantes de este bloque por proteger el ambiente y la biodiversidad de las especies de nuestro mar.
El proyecto de protección del medio ambiente, tal como lo dijo la señora diputada Graciela Camaño, continúa con la sanción de la ley 27.037 en noviembre de 2014, que instituye el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, en donde trabajó mucho el exsenador Daniel Filmus, a quien aprovechamos la oportunidad para reconocerle su trabajo.
Hemos acompañado con nuestro voto para llegar a los dos tercios de los presentes, porque entendemos que la consideración de esta iniciativa tiene que ver, como se ha dicho aquí, con en el presente y el futuro de la humanidad.
Junto a Emiliano Ezcurra, Carlos Cherniak y a los diputados Luis Basterra y Guillermo Carmona, también estuvo la diputada Cornelia Schmidt de Liermann, trabajamos en silencio, tal como se debe hacer, poniéndonos de acuerdo sobre determinadas cuestiones durante una mañana. Así llegamos a este recinto con el consenso necesario. Esto no fue fácil. Es bueno que así sea, porque son normas trascendentes para la Nación. También tuvimos todo el cuidado posible para que con el tiempo nuestro accionar, al consagrar esta norma, sea el mejor posible. Por eso se hacen algunas prevenciones.
No hay duda de que hemos avanzado. Quiero ir a los hechos con respecto a nuestras últimas propuestas, porque muchas ya fueron tomadas por el oficialismo.
Quiero leer algunas apreciaciones del articulado. Vamos a compartir este espacio con el diputado Carmona. Solicito que nos otorgue cinco minutos a cada uno para hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente (Monzó).- No hay ningún problema, señor diputado.
Sr. Solanas.- Señor presidente: el artículo 6°, además de las atribuciones y deberes conferidas por la presente ley y su reglamentación, indica que la autoridad de aplicación deberá articular con la Secretaría de Ciencia y Técnica e Innovación Tecnológica. Esto quedará decididamente como un aporte consensuado al proyecto en discusión.
Este agregado se debe a que es fundamental la intervención de la Secretaría de Ciencia y Técnica e Innovación Tecnológica, que es la autoridad de aplicación y, dada su especificidad, el máximo responsable de Pampa Azul.
El inciso 15 del mismo artículo queda redactado de la siguiente manera: “En general, realizar todos los actos y convenios que hagan al mejor cumplimiento de los fines de la ley, no pudiendo delegar atribuciones ni total ni parcialmente”. Esta modificación ya ha sido consensuada.
Es importante esta aclaración ya que el proyecto original disponía que el organismo podía delegar parcialmente sus atribuciones a la autoridad de aplicación; la redacción actual quita esta atribución, pero no la prohíbe. Es por esto que hago la aclaración pertinente.
También hemos consensuado la eliminación de un párrafo bastante largo sobre la Jefatura de Gabinete.
Proponemos la inclusión de un artículo 11 bis por el cual se crea un Registro de Organizaciones No Gubernamentales. El registro, que tendrá carácter voluntario y con servicio gratuito, será para quienes posean personería jurídica a nivel nacional y tengan por objeto desarrollar actividades relacionadas con la protección de los recursos naturales, pesqueros, marítimos fluviales y del medio ambiente.
El registro nacional tendrá como funciones: a) registrar la existencia y sistematización de la información de todas las actividades de las organizaciones no gubernamentales que se encuentren desarrollando sus acciones en territorio nacional, provincial o municipal; b) brindar la información que se le consulte sobre la existencia, antecedentes y funcionamiento de dichas instituciones a todo aquel que lo requiera.
Además, proponemos la inclusión de un inciso 11 ter, que dice que las instituciones deberán presentar ante la autoridad de aplicación, para su reconocimiento e inscripción: a) actas constitutivas; b) nómina de comisión directiva; c) personería jurídica; d) estatuto reglamentario. Toda modificación de los estatutos de la renovación de autoridades por vencimiento de los mandatos deberá ser comunicada por las organizaciones no gubernamentales para mantener vigente su reconocimiento en un plazo que no podrá superar los 120 días. Transcurrido dicho plazo se procederá de pleno derecho a dar su baja del registro.
Quiero decir respecto a este agregado que es preciso garantizar la participación de entidades no gubernamentales, que deberán inscribirse ante la Inspección General de Justicia. El acceso a este registro debe ser público.
Proponemos al final del artículo 12 el siguiente agregado: “…deberá dar intervención a las autoridades competentes.”
Sr. Presidente (Monzó).- Para ordenar el debate, la Presidencia sugiere al señor diputado en uso de la palabra que estos agregados los explicite en el tratamiento en particular del proyecto.
Sr. Solanas.- Señor presidente: esto ya lo hemos consensuado.
El artículo 12 bis hace mención en su inciso a) al apercibimiento, en el caso de infracciones leves. Nosotros hablamos de unidades fijas para que en la reglamentación se determine cómo se va a dar el pago de la infracción, que, por ejemplo, puede asimilarse al costo del combustible.
También consensuamos las acciones para imponer sanciones por las infracciones a esta norma y su reglamentación. Las infracciones prescriben a los cinco años y el plazo cuenta a partir de la fecha de la comisión de la infracción. Consideramos que debe establecerse un plazo de prescripción de cinco años, conforme al artículo 2560 del Código Civil y Comercial.
Señor presidente: estos son los aportes y agradezco su paciencia. Queremos contribuir a lograr la mejor ley para que en materia de defensa y prosecución de políticas de Estado, el Congreso esté a la altura de los acontecimientos.
Sentimos el orgullo de haber pertenecido a un gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, quien mantuvo una política respecto de las áreas protegidas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Carmona, por Mendoza.
Sr. Carmona.- Señor presidente: en primer término, agrego que efectivamente la ley 27.037 es la relativa a la creación del sistema de áreas marinas protegidas, y la ley 26.875 es la de creación del área marina protegida Namuncurá - Banco Burdwood. Esta es una iniciativa que presentamos con el diputado Basterra, que fue acompañada por el Ejecutivo del momento.
Otra ley muy importante que no fue mencionada, pero cabe destacar, es la 27.167, relativa a la creación del PROMAR, dando un fuerte impulso a las investigaciones científicas en el Atlántico Sur, en el Mar Argentino y en la plataforma continental.
Este cúmulo de normas fundó una política que, sumado al paso que daremos hoy, consolidará como una política de Estado nacida durante otro gobierno y enriquecida con los aportes de la gestión actual, lo cual es destacable.
Es demasiado evidente la confluencia de distintas temáticas y perspectivas a tener en cuenta. Me refiero a la confluencia de lo ambiental con la política exterior y a la confluencia con temáticas vinculadas a la cuestión energética y pesquera. Es necesario un abordaje multidimensional a efectos de aprovechar al máximo las experiencias en nuestro mar y en nuestra plataforma continental.
Destaco que en esa confluencia hubo diputados muy comprometidos. Entre ellos, el diputado Daniel Filmus, quien siendo senador sostuvo una iniciativa legislativa que terminó sancionándose, como la ley 27.037, y el diputado Basterra, con quien trabajamos el proyecto del área marina protegida Namuncurá - Banco Burdwood.
Asimismo, el exministro Agustín Rossi tuvo un fuerte protagonismo desde el Ministerio de Defensa en la implementación de acciones en la primera área marina protegida en aguas del Mar Argentino.
Tenemos el caso del diputado De Vido, quien desde el Ministerio de Planificación aportó a la gestión de la Secretaría de Energía. A la vez, el diputado Salvarezza fue impulsor de este plexo de normas regulatorias de la cuestión ambiental y de política exterior en nuestro mar desde el Conicet.
No puedo dejar de mencionar que hicimos algunas observaciones al proyecto, las que fueron salvadas de forma satisfactoria. Por un lado, me refiero a la necesidad de proteger la información que el sistema científico argentino capte en estas áreas marinas protegidas, como ser la ampliación del área marina protegida Namuncurá - Banco Burdwood y el área Yaganes recientemente propuesta.
Planteamos la necesidad de que la intervención de las ONG, especialmente las internacionales, esté expresamente regulada con un reconocimiento de la soberanía argentina y un cumplimiento estricto de la legislación nacional. También planteamos la necesidad de que la provincia de Tierra del Fuego manifieste su apoyo a esta iniciativa. Al respecto, destaco el aporte de tres legisladores de Tierra del Fuego: Martín Pérez, Analuz Carol y Raúl Rodríguez, integrantes de nuestro bloque, quienes trabajaron en esta temática junto al gobierno provincial.
Afortunadamente, ante la duda de si esto podía significar la llegada de información a actores que no estuvieran fuertemente comprometidos con la defensa de la soberanía nacional, evitamos la delegación de facultades.
En definitiva, debemos destacar que hubo apertura de parte del oficialismo a partir del diálogo y la predisposición de dos funcionarios del Ejecutivo: el vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra; y el director de Relaciones Institucionales de la Cancillería, Carlos Cherniak.
Por supuesto, destaco la apertura de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputada Schmidt Liermann.
El tema inicialmente lo estuvimos debatiendo con el diputado Grandinetti, y luego recibimos aportes de los diputados Lavagna y Camaño.
Entiendo que estamos llegando a un resultado a partir del trabajo conjunto y del aporte de distintas miradas.
Quiero finalizar con una reflexión acerca de dónde están ubicadas las áreas marinas protegidas y qué significan para la República Argentina. En el Atlántico Sur se conjugan dos situaciones estrechamente vinculadas con la soberanía nacional. Por un lado, Malvinas; por el otro, la Antártida Argentina. Fueron dos preocupaciones históricas de nuestro país. En el primer caso, en el marco de una disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña; y en el segundo, en el marco de una convención internacional, específicamente la Antártica.
Ahora surge un tercer factor en el interés que debe representar para la Argentina la enorme complejidad del Atlántico Sur. En este caso, las grandes áreas marinas protegidas aparecen como factores fundamentales a tener en cuenta en nuestras políticas soberanistas sobre el Atlántico Sur.
Creo que la aprobación de este proyecto no solamente debe significar la consolidación de una política de Estado, sino que también debe ser un llamado de atención sobre la importancia de que desde el Congreso Nacional sigamos sosteniendo las reivindicaciones de soberanía que históricamente lleva adelante la República Argentina. Desde nuestra perspectiva, de alguna manera esas reivindicaciones se vieron lesionadas a partir de decisiones del gobierno actual.
Ratifico los dichos del señor diputado Martín Pérez al formular su moción de privilegio. El Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso.
Si queremos que el instrumento que estamos aprobando no solamente sea un aporte efectivo para el conocimiento científico de nuestro mar, sino que también represente un factor de defensa de nuestros intereses nacionales en una zona rica en biodiversidad, recursos ictícolas y energéticos, además de ser parte integrante de la República Argentina, tenemos que retomar la senda de la reivindicación de soberanía sin cortapisas ni limitaciones en la cuestión Malvinas. Asimismo, tenemos que avanzar hacia una política de pleno reconocimiento y respeto del Tratado Antártico, sin perder de vista que el objetivo es la soberanía argentina sobre el sector Antártico.
Con este espíritu, acompañaremos la aprobación del proyecto de ley, reiterando los agradecimientos y exigiendo el compromiso del Poder Ejecutivo de una efectiva defensa de la soberanía nacional. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Lavagna, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.- Señor presidente: comienzo expresando mi descontento al ataque de la diputada Camaño a las visiones economicistas. Siempre la terminamos ligando los economistas. (Risas.) Fuera del chiste, sinceramente estoy muy contento por estar avanzando en este proyecto. Hay biólogos, como Esteban y Melina, que en este momento están siguiendo esta sesión, que son científicos que hoy están cuidando a los pingüinos, por ejemplo, y les afecta mucho esta norma.
Trataré de resumir artículo por artículo cuáles fueron las modificaciones consensuadas para que después, si hay consenso, podamos proceder a la votación en general y en particular. Quiero aclarar que las modificaciones están hechas sobre los textos de los dictámenes que salieron de las dos comisiones.
En primer lugar, hemos acordado eliminar el artículo 3°.
Ahora paso al artículo 5°. En el punto III, que dice: “Incentivar la investigación para la adopción de políticas de conservación de los ecosistemas y recursos naturales marinos”, se agrega lo siguiente: “…en articulación con la Secretaría de Gobierno, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.”
El punto V del artículo 5° quedaría redactado de la siguiente manera: “Articular con la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y/o la iniciativa Pampa Azul…” y continúa la redacción tal como está.
El artículo 7° modifica el artículo 10 de la ley. En este caso, modificamos el primer párrafo del artículo 10 para que quede redactado de la siguiente manera: “Artículo 10.- La autoridad de aplicación deberá establecer un comité de asesoramiento permanente de carácter no vinculante del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que será presidido por la autoridad de aplicación y estará integrado por un representante de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, uno de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, uno del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), uno del Ministerio de Defensa, uno del Ministerio de Seguridad y uno de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria”. Y después continúa la redacción tal como está, con los cuatro incisos siguientes.
El siguiente párrafo, que comienza diciendo: “La autoridad de aplicación podrá identificar…”, se mantiene igual.
El párrafo siguiente, que dice: “En las áreas marinas protegidas donde se permita la actividad…”, se elimina. Y luego continúa el artículo tal como está.
En el artículo 9° se sustituye el artículo 12 de la ley. Dice: “Artículo 12.- En caso de violación a las disposiciones de la presente ley, sus normas reglamentarias y las que se establezcan en los planes de manejo, la autoridad de aplicación será competente para aplicar las sanciones que correspondan”, y allí se agrega: “…y deberá dar intervención a las autoridades competentes”.
En el artículo 10 se hace un cambio en cuanto al establecimiento de las multas. Quedaría redactado de la siguiente manera: “Artículo 12 bis.- Las infracciones a la presente ley, su decreto reglamentario, las normas complementarias que dicte la autoridad de aplicación y las que se establezcan en los planes de manejo, serán sancionadas con: a) Apercibimiento, en el caso de infracciones leves;” Y a partir de aquí empiezan las modificaciones. El inciso diría: “b) Multa de unidades fijas DIEZ MIL (U.F. 10.000) hasta unidades fijas UN MILLÓN (U.F. 1.000.000).” En este inciso se sustituye la palabra “pesos” por “unidades fijas” y se reemplaza el signo $ por “U.F.”. Los incisos c), d) y e) quedan como están.
En el párrafo siguiente, donde dice que “…podrá ser de hasta PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000)”, se reemplaza por lo siguiente: “…podrá ser de hasta UNIDADES FIJAS DIEZ MILLONES (U.F. 10.000.000”).
El párrafo siguiente queda redactado tal como está.
Y el último párrafo quedaría así: “Se delega en el Poder Ejecutivo nacional la atribución de establecer y actualizar el valor de las unidades fijas, pudiendo delegar en la autoridad de aplicación la actualización semestral de los montos…” ‑acá se elimina “de las multas”‑, y continúa tal como está redactado.
En este artículo se agrega un último párrafo que dice: “Las acciones para imponer sanciones por infracciones a esta ley y sus normas reglamentarias prescriben a los cinco años. El término de la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la comisión de la infracción.”
Estas son todas las modificaciones, señor presidente. Pero hay un punto que todavía está abierto porque no había acuerdo, que es el del Registro. Creo que hay una propuesta en este sentido. Acá también el objetivo es, si hay consenso, que hagamos una votación en general y en particular.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Schmidt Liermann.- Señor presidente: el señor diputado Aicega leerá la propuesta para incorporar a lo que después vamos a votar.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Aicega, por Buenos Aires.
Sr. Aicega.- Señor presidente: queremos agregar la participación de la Secretaría de Agroindustria de la Nación y de la Subsecretaría de Pesca, que también han sido muy activas en el trabajo de esta iniciativa.
Con respecto a los artículos 11 bis y 11 ter propuestos por el diputado Solanas, en primer lugar, tenemos la convicción de que es absolutamente necesaria la participación de las ONG en este tema y transformar en parte de esta norma lo que hasta este momento es un decreto. En general, proponemos la redacción de esos artículos siguiendo el cuerpo de lo propuesto por el diputado Solanas, con algunas pequeñas modificaciones de estilo y de organización.
El artículo 11 bis quedaría redactado de la siguiente manera: “Las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica en territorio nacional, provincial, regional o municipal, que tengan por objeto desarrollar actividades relacionadas con la presente ley y requieran participar en el comité de asesoramiento ad hoc deberán inscribirse en un Registro de Organizaciones No Gubernamentales.
“El Registro Nacional tendrá como funciones: a) registrar la existencia y sistematizar la información de todas aquellas Organizaciones No Gubernamentales con personería jurídica en territorio nacional, provincial, regional o municipal que requieran participar del comité de asesoramiento ad hoc; b) brindar la información sobre la existencia, antecedentes y funcionamiento de dichas instituciones a todo aquel que lo requiera.”
El artículo 11 ter quedaría redactado de la siguiente manera: “Las instituciones deberán presentar ante la autoridad de aplicación para su reconocimiento e inscripción: a) acta constitutiva; b) nómina de Comisión Directiva; c) personería jurídica; d) Estatuto y Reglamento.
“Toda modificación de los estatutos y la renovación de autoridades por vencimiento de los mandatos deberá ser comunicada por las Organizaciones No Gubernamentales para mantener vigentes su reconocimiento, en un plazo que no podrá superar los ciento veinte (120) días. Transcurrido dicho plazo se procederá, de pleno derecho, a dar su baja del Registro.”
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Schmidt Liermann.- Señor presidente: propongo que se cierre el debate y se adopte como texto el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, con las modificaciones propuestas y aceptadas. (Aplausos.)
Sr. Solanas.- Señor presidente: estamos de acuerdo.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar la propuesta
de la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado como
despacho de la Honorable Cámara constituida en comisión el texto del proyecto
de ley enviado por el Poder Ejecutivo, con las modificaciones propuestas y
aceptadas por el cuerpo.
Se levanta la conferencia.
- 28 -
MODIFICACIÓN DE LA LEY 27.037, SOBRE CREAción DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS NAMUNCURÁ‑BANCO BURdWOOD ii Y yaganes .
Sr. Presidente (Monzó).-
Corresponde votar nominalmente, en general y en
particular, el dictamen producido por la Honorable
Cámara constituida en comisión.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 197 señores diputados presentes, 196 han votado por la afirmativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 196 votos afirmativos; no hubo votos negativos ni abstenciones.[18] (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el
proyecto de ley. [19] (Aplausos.)
Se
comunicará al Honorable Senado.
Si hubiere asentimiento de la Honorable
Cámara, se autorizarán las inserciones solicitadas por los señores diputados en
el curso de la sesión.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Monzó).- Quedan autorizadas las
inserciones solicitadas.[20]
Recuerdo a los señores diputados que esta Presidencia ha citado a una sesión especial para el día de mañana, jueves 6, a la hora 11.
Habiéndose cumplimentado el objeto de la convocatoria, queda levantada la sesión.
- Es la hora 19 y 44.
[1] Tratándose de la segunda reunión del día
de la fecha, no se repite el izamiento de la bandera ni la entonación del Himno
Nacional Argentino.
[2] Véase el Acta
N° de votación nominal en el Apéndice.
(Pág. )
[3] Véase el texto de la
sanción en el Apéndice. (Pág. )
[4] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice.
(Pág. )
[5] Véase el texto de las sanciones en el Apéndice. (Pág. )
[6] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[7] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[8] [8]
Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice.
(Pág. )
[9] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[10] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[11] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[12] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )
[13] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )
[14] Véase el Acta
N° de votación nominal en el
Apéndice. (Pág. )
[15] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[16] Véase el Acta
N° de votación nominal en el Apéndice.
(Pág. )
[17] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[18] Véase el Acta
N° de votación nominal en el Apéndice.
(Pág. )
[19] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[20] Véase el texto de las inserciones en el Apéndice. (Pág. )