18ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (ESPECIAL)
Presidencia de los señores diputados Emilio Monzó, José Luis Gioja, Luis Alfonso Petri, Cornelia Schmidt Liermann y Daniel Andrés Lipovetzky.
Secretarios: don Eugenio Inchausti, ingeniera Florencia Romano y licenciada María Luz Alonso
Prosecretarios: doña Marta Alicia Luchetta y doctor Oscar Alberto Romero
Lista de asistencia
Lista de asistencia
SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional (Pág. )
2. Himno Nacional Argentino. (Pág. )
3. Convocatoria a sesión especial. (Pág. )
4. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Rossi. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
5. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada del Plá. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
6. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Britez. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
7. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Pietragalla Corti. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
8. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Vivienda y Ordenamiento Urbano, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor diputado Grosso y otros sobre sustitución del anexo de la ley 27.453, Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-urbana (7.157-D.-2018). Orden del Día N° 982. Se sanciona. (Pág. )
9.
Consideración de
los dictámenes de la Comisión de Legislación Penal en el proyecto de ley en
revisión por el que se modifica el Código Procesal Penal de la Nación, ley
27.063, y la fe de erratas que subsana errores materiales en los artículos 7° y
8° del referido proyecto (36-S.-2018 y 38-S.-2018). Orden del Día N° 235. Se
sanciona definitivamente (ley 27.482).
(Pág. )
10.
Consideración de
los dictámenes de la Comisión de Justicia en el proyecto de ley del señor
diputado Lipovetzky (2.786-D.-2018) por el que se modifica la rúbrica “Recursos
de casación, de inconstitucionalidad y de revisión” de los artículos 288 a 301
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Orden del Día N° 440. Se
sanciona. (Pág. )
11.
Consideración
de los dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y del
Mercosur en el proyecto de ley en revisión sobre el Acuerdo de Complementación
Económica 35, celebrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de
Chile –Sexagésimo Primer Protocolo Adicional- suscrito en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 4 de enero de 2018 (93-S.-2018).
Orden del Día N° 802. El proyecto vuelve a comisión. (Pág. )
12.
Consideración de
los dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de
Legislación General en el proyecto de ley en revisión sobre el Convenio para la
Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de
Carácter Personal, y el Protocolo Adicional para la Protección de las Personas
con respecto al Tratamiento automático de Datos de Carácter Personal, a las
autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos, suscritos en
la ciudad de Estrasburgo, República Francesa, los días 28 de enero de 1981 y 8
de noviembre de 2001, respectivamente (42-S.-2018). Orden del Día N° 550. Se
sanciona definitivamente. (Ley 27.483).
(Pág. )
13. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley de la señora diputada Schmidt Liermann (2.216-D.-2017) sobre modificación de la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550, incorporando la figura de las sociedades beneficiosas, y de la señora diputada Hummel y otros (2.498-D.-2018) sobre Régimen de Sociedades de Interés Colectivo, IBC. Orden del Día N° 567. Se sanciona el dictamen de mayoría con modificaciones. (Pág. )
14. Consideración conjunta de asuntos:
I. Dictámenes de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión por el cual por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019 (65-S.-2018). Orden del Día N° 565. Se sanciona definitivamente el dictamen de mayoría. (Ley 27.484) (Pág. )
II. Dictámenes de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018 (85-S.-2017 y 91-S.-2017). Orden del Día N° 216. Se resuelve la vuelta a comisión del proyecto. (Pág. )
15. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión por el que se concede autorización para desempeñar los respectivos cargos de cónsul y vicecónsul propuestos por gobiernos extranjeros a ciudadanos argentinos (150-S.-2017). Orden del Día N° 41. Se sanciona definitivamente el dictamen de mayoría (Ley 27.485). (Pág. )
16. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el cual se crea el Programa Cédula Escolar Nacional –CEN- en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación (108-S.-2016). Orden del Día N° 28. Se sanciona el dictamen de mayoría con modificaciones; el proyecto vuelve a la Cámara de origen. (Pág. )
17. Manifestaciones formuladas por los señores diputados Pitiot, Castagneto y Bianchi sobre el acuerdo alcanzado en relación con el proyecto de ley por el que se establece un régimen de prevención y sanción de los delitos en espectáculos futbolísticos. (Pág. )
18. Consideración del dictamen de la Comisión de Comercio en el proyecto de ley de los señores diputados Bossio y otros por el que se modifica la ley 26.736, sobre fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa de papel para diarios (7.073-D.-2018). Orden del Día N° 762. Se sanciona con modificaciones. (Pág. )
19. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales, de Finanzas y Peticiones, Poderes y Reglamento, en el proyecto de ley del señor diputado Laspina por el que se crea una contribución extraordinaria sobre el capital de cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito y/o financieras, de seguros y /o reaseguros y cuestiones conexas (7.435-D.-2018). Orden del Día N° 983. Se sanciona. (Pág. )
20. Apéndice:
I. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. )
II. Actas de votación nominal números 1 a 11. (Pág. )
III. Inserciones solicitadas por los señores diputados:
1. Tundis. (Pág. )
2. Tundis. (Pág. )
3. Filmus. (Pág. )
4. Schmidt Liermann. (Pág.
)
5. Ramón. (Pág. )
6. Ramón. (Pág. )
7. Ramón. (Pág. )
8. Ramón. (Pág. )
9. Ramón. (Pág. )
10.
Ramón. (Pág. )
11.
Ramón. (Pág. )
12.
Ramón. (Pág. )
13.
Wisky.
(Pág. )
14.
Arce. (Pág. )
15.
Rodríguez.
(Pág. )
16.
Najul. (Pág. )
17.
Najul. (Pág. )
18.
Nanni. (Pág. )
19.
Nanni. (Pág. )
20.
Nazario. (Pág. )
-
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
seis días del mes de diciembre de 2018, a la hora 11 y 51:
- 1 -
Sr. Presidente (Monzó).- Con la presencia de 129
señores diputados queda abierta la sesión especial convocada conforme al
requerimiento efectuado por varios señores diputados en número reglamentario.
Invito
a la señora diputada por el distrito electoral de Catamarca doña Silvana Micaela
Ginocchio y al señor diputado por el distrito electoral de Buenos Aires don
Juan Aicega a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores diputados
y el público presente, la señora diputada doña Silvana Micaela Ginocchio y el
señor diputado don Juan Aicega proceden a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos en las bancas y en
las galerías.)
- 2 -
Sr. Presidente (Monzó).- Invito a los señores
diputados y al público presente a entonar las estrofas del Himno Nacional
Argentino, que será interpretado por un cuarteto integrado por músicos de la Orquesta
de Cámara del Congreso de la Nación.
- Puestos de pie, los señores
diputados y el público presente entonan las estrofas del Himno Nacional
Argentino. (Aplausos en las bancas y en
las galerías.)
- 3 -
Sr. Presidente (Monzó).- Por Secretaría se dará
lectura de la resolución dictada por la Presidencia, mediante la que se convoca
a sesión especial.
Sr. Secretario (Inchausti).- Dice así: “Visto la
presentación efectuada por el señor diputado Negri, Mario Raúl y otros señores
diputados y señoras diputadas, por la que se solicita la realización de una
sesión especial para el día 6 de diciembre de 2018 a las 11 horas, a fin de
considerar varios expedientes y; Considerando los artículos 35 y 36 del
Reglamento de la Honorable Cámara, el Presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación Resuelve: Artículo 1ro. Citar a los señores diputados y
a las señoras diputadas para el día 6 de diciembre de 2018 a las 11 horas, a
fin de considerar los siguientes expedientes:
1) Proyecto de ley por el cual se sustituye el Anexo del artículo 2° de la
Ley N° 27.453 que declaró de Interés Público el Régimen de Integración Socio
Urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de
Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). (Expediente
7.157-D.-2018). Orden del Día N° 982.
2) Proyecto de ley tendiente a reformar el Código Procesal Penal de la
Nación que fuera aprobado por ley N° 27.063 (Expedientes 36-S.-2018 y 38-S.-2018)
Orden del Día N° 235.
3) Proyecto de ley por el cual se sustituye la rúbrica 'Recursos de Casación,
de Inconstitucionalidad y de Revisión’ y sustituye los artículos 288 a 301
correspondientes a la Sección 8ª del Capítulo IV Título IV del Libro Primero
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Expediente 2.786-D.-2018)
Orden del Día N° 440.
4) Proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Acuerdo de Complementación
Económica N° 35 celebrado entre los Estados Parte del Mercosur y la República
de Chile–Sexagésimo Primer Protocolo Adicional, suscripto en la Ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 4 de enero de 2018 (Mensaje
81/18; expediente 93-S.-2018). Orden del Día N° 802.
5) Proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio para la Protección de las
Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter
Personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo, República Francesa, el 28 de
enero de 1981, y el Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de las
Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter
Personal, a las Autoridades de Control y a los Flujos Transfronterizos de
Datos, suscripto en la ciudad de Estrasburgo, República Francesa, el 8 de
noviembre de 2001 (Mensaje 147/18; expediente 42-S.-2018) Orden del Día N° 550.
6) Proyecto de ley por el que se incorpora a la Ley de Sociedades, la Sociedad
de Interés y Beneficio Colectivo (IBC). (Expedientes 2.216-D.-2017 y 2.498-D.-2018)
Orden del Día N° 567.
7) Proyecto de ley tendiente a autorizar la entrada de tropas extranjeras al
territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, para participar
en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas a realizarse
desde el 1° de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019. (Mensaje
98/2018; expediente 65-S.-2018) Orden del Día N° 565.
8) Proyecto de ley tendiente a autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2018. (Mensaje 81/2017; expediente 85-S.-2017) Orden del Día N° 216.
9) Autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules honorarios propuestos por gobiernos extranjeros. (Expediente 150-S.-2017) Orden del Día N° 41.
10) Proyecto de ley por el cual se crea un régimen penal y procesal para la prevención y represión de delitos en espectáculos futbolísticos. Modificación de los Códigos Penal y Procesal de la Nación. Expediente 7-P.E.-2018.
11) Proyecto de ley por el cual se derogan diversos artículos de la Ley N° 26.736 que regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diarios. (Expediente 7073-D.-2018). Orden del Día N° 762.
12) Proyecto de ley por el cual se crea la Cédula Escolar Nacional. (Expediente 108-S.-2016) Orden del Día N° 28.
13) Proyecto de ley por el cual se crea una contribución extraordinaria sobre el Capital de Cooperativas y Mutuales de Ahorro, de Crédito y/o Financieras, de Seguros y/o Reaseguros. (Expediente 7.435-D-2018).
El artículo 2° es de forma.
- 4 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.
Sr. Rossi.- Señor presidente: esta cuestión de privilegio está destinada a esta Honorable Cámara por la decisión que tomó en noviembre del año pasado, en virtud de la cual se produjo el desafuero y la suspensión del señor diputado Julio De Vido. La realidad es que esa decisión se adoptó y hace un año que julio De Vido está desaforado y suspendido por esta Honorable Cámara y, por consiguiente, privado de su libertad. Pero en ninguna de las dos causas en las cuales se solicitó su desafuero se han producido incidentes procesales que avalen ese pedido. Es más, en una de las causas el señor diputado Julio De Vido fue absuelto por una declaración de falta de mérito, mientras que en la otra, la de Río Turbio, prácticamente no hubo ninguna diligencia procesal en ese sentido.
La decisión que adoptó esta Honorable Cámara en su momento fue casi sumarísima, ya que lo hizo en muy pocos días.
El 17 de octubre de 2017 el juez Rodríguez pidió el desafuero del señor diputado Julio De Vido. La sesión especial en la que se terminó votando esa solicitud se celebró el 25 de octubre del año pasado. Es decir que entre una y otra fecha esta Honorable Cámara tomó la decisión de desaforar y suspender a un integrante de este cuerpo elegido por el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Entendemos claramente que esa decisión contrasta con lo que está sucediendo con la actual diputada nacional Aída Ayala, cuyo primer pedido de desafuero tuvo lugar en abril del corriente año. Desde esa fecha hubo una confirmación de la Cámara de Apelaciones. Al respecto, es cierto que en esa instancia se concedió un recurso para que la Cámara Nacional de Casación tomara una determinación.
Pero lo cierto es que desde abril del corriente año Aída Ayala sigue siendo diputada nacional. Siendo que seguramente esta será la última sesión que la Honorable Cámara celebrará en 2018, Aída Ayala seguirá siendo diputada nacional y gozará de sus fueros hasta el año próximo.
No es que nosotros vayamos a votar en favor del desafuero de la señora diputada Ayala. Por el contrario, seguramente nuestro bloque lo hará en contra por entender que el desafuero debe proceder cuando hay una sentencia firme. Ese no es precisamente el caso de Aída Ayala y tampoco el de Julio De Vido.
Lo cierto es que la disparidad en el tratamiento de uno y otro caso es notable. Ni siquiera se tuvo en cuenta, al momento de fijarse el desafuero, la posibilidad de que este último tuviera un tiempo de duración. Esto sí ocurrió oportunamente en el Honorable Senado con el entonces senador Eduardo César Angeloz, quien en un primer momento fue desaforado por dos meses, prorrogándose después ese tiempo. Pero esa medida y mirada tenían claramente una idea, en el sentido de decirle a la Justicia que si solicitaba al cuerpo la toma de una decisión al respecto, aquélla debía actuar en consecuencia.
Reitero que Julio De Vido está preso, privado de su libertad, porque fue desaforado por esta Honorable Cámara mediante un trámite que duró ocho o nueve días, pero en ninguna de las causas por las cuales se solicitó su desafuero se ha producido una modificación de su situación procesal. No ha sido condenado ni siquiera en primera instancia.
También han ocurrido cosas en la Justicia. Así, hay un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia que se pronunció en el sentido de establecer un límite a este festival de prisiones preventivas. Es cierto que en realidad ese pronunciamiento tenía que ver con la necesidad de justificar su posición en relación con el tema del dos por uno. Pero también es verdad que actualmente hay en la Argentina toda una discusión en torno del abuso que ha existido en cuanto al uso indiscriminado de la figura de la prisión preventiva.
En el caso de Julio de Vido no hay ningún motivo que justifique su prisión preventiva. De su parte, no hay ninguna intención de fuga o entorpecimiento respecto de las causas por las cuales ha sido imputado. En cada una de ellas ha estado conforme a derecho.
No quiero sostener mi posición sobre la base de una cuestión penal, ya que eso me excede por no ser abogado. Pero sí quiero hacerlo respecto de este cuerpo. Lo cierto es que el desafuero se aplicó porque había una mayoría para hacerlo. En cambio, hoy no se lo hace porque esa mayoría no existe.
Entonces, creo que este cuerpo merece efectuar una reflexión; porque si el antecedente termina sirviendo para que cuando existan mayorías se desafuere en un sentido o en otro, estaremos haciendo mucho mal a la política, a las instituciones y a la democracia. Y siento que estamos en ese escenario.
Tenemos el caso de una señora diputada que legítimamente lleva adelante su defensa. Reitero que si algún día se llega a plantear su desafuero aquí votaremos en sentido contrario, pero desde abril de 2018 está pedido su desafuero y no ha sucedido nada. Es obvio que no se ha avanzado porque es diputada del oficialismo.
Me parece bien que los diputados del oficialismo defiendan a sus diputados. Ahora bien, me parece mucho mejor que los diputados nos defendamos nosotros mismos, que tengamos una mirada absolutamente integradora sobre cómo aplicamos los pedidos de desafuero en esta Cámara de Diputados. (Aplausos.)
La Justicia argentina no está prestigiada ni puede estar recomendando actitudes y resoluciones a miembros de otro cuerpo. La verdad es que deja bastante que desear. Quizá la reforma de la Justicia en términos integrales es una deuda pendiente de la democracia. Lo cierto es que nosotros podemos fijar reglas de juego absolutamente claras para la totalidad.
Entonces, no vengo a hablar solamente en defensa de Julio de Vido ‑que se la merece‑ sino que vengo a hablar en defensa suya, del diputado Negri, del diputado Massot, del diputado Tonelli y de cada uno de los diputados que estamos acá sentados; porque las mayorías en esta Cámara cambian. Si tomamos decisiones de estas características solamente en función de cómo se conforman las mayorías en un determinado momento y circunstancia, estaremos cometiendo un grave error.
Seguiremos insistiendo con este tema. La resolución que tomó la Cámara de Diputados en octubre de 2017 es equivocada. Esta Cámara tiene caminos para enmendar ese error: derogarla o poner un plazo al desafuero y suspensión de Julio de Vido.
Si en ese momento le hubiésemos puesto un plazo de un año, hoy ya no aplicaría, y en ese plazo la Justicia habría tenido tiempo de hacer lo que tenía que hacer si pidió el desafuero y la prisión preventiva. Pero nosotros quedamos acá, sin resguardo absolutamente de nadie. Y no es una cuestión corporativa; es entender el momento que vive la Argentina, y que en esta Cámara de Diputados y en este Congreso tiene que haber límites.
En el fondo, ¿qué implica desaforar a un diputado? En este caso, significa que estamos desconociendo a alguien que fue elegido por la voluntad popular, que sin duda es el elemento más potente que tenemos los hombres que creemos en la democracia y la sostenemos.
Los habitantes de la provincia de Buenos Aires eligieron a Julio de Vido como diputado nacional. Hace más de un año que Julio de Vido no puede ejercer su función como diputado nacional.
En algunos momentos nos faltó un voto para tener quórum. Me acuerdo la primera vez que intentamos tratar el proyecto de “ley anti tarifas” y no pudimos hacerlo.
Lo que estamos haciendo es revertir lo que la sociedad y el pueblo decidieron, pero no podemos hacerlo sobre la base de una mayoría circunstancial, sino que debe haber fundamentos más serios y más firmes; porque las mayorías cambian, no solo en elecciones, sino en momentos o circunstancias particulares. Por ejemplo, yo era presidente del bloque oficialista cuando debatimos la 125; después de ese debate me quedé con 15 diputados menos, y no tuve más mayoría. Entonces, ese uso discrecional habilita para que en otros momentos y en otras circunstancias alguien pretenda actuar en sentido contrario.
Bidart Campos dice que los desafueros tienen que ser establecidos con plazos. El desafuero de Eduardo César Angeloz fue por dos meses; el desafuero que se votó a Julio de Vido no tuvo plazo; fue sine die. Hace un año que la Justicia podría haber dado argumentos a los diputados que votaron el desafuero. Pues no; en una de las causas se dictó la falta de mérito; en otra, no se avanzó absolutamente en nada. Y nosotros seguimos esperando que la Justicia decida por nosotros.
Respetuosamente, invito a cada uno que votó a favor del desafuero de Julio de Vido, que piensen si hoy volverían a votar del mismo modo, cuando hace más de un año que está preso y la Justicia no avanzó absolutamente en nada. Si concluyen de forma negativa -que no lo volverían a hacer-, ni siquiera necesitan retractarse con su voto: pongan un plazo al desafuero: un año o un año y un mes. El Poder Judicial ya tuvo tiempo más que suficiente para justificar su pedido desafuero.
No somos los diputados los que estamos en falta sino la Justicia, que no ha hecho absolutamente nada. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 5 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada del Plá, por Buenos Aires.
Sra. del Plá.- Señor presidente: he pedido esta cuestión de privilegio por un tema que ya está tomando ribetes insostenibles, y entiendo que esta Cámara de inmediato debe tomar posición frente a esto.
Como todos sabemos y ayer se destacó muchas veces, uno de los debates de este año ha sido la sanción por parte de esta Cámara del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que luego el Senado frenó por los acuerdos con las iglesias.
En ese debate había quedado muy claro que un tema en el que teníamos que avanzar era en la educación sexual para convertir la actual en una ley de aplicación obligatoria, dándole claramente un carácter laico y científico.
Tanto es así que un dictamen de mayoría del plenario de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, firmado por integrantes de la totalidad de los bloques, ha planteado una modificación que haría que la aplicación de la ley de educación sexual integral hoy vigente no dependa de una decisión arbitraria, de acuerdo con el componente ideológico de cada institución o de los que gobiernan transitoriamente las provincias.
Sin embargo, a raíz de esa aprobación y de ese dictamen se ha iniciado una furiosa campaña contra varios de los diputados y las diputadas que lo hemos impulsado y firmado. En mi caso particular, cuento con una serie de videos especialmente destinados en mi contra que quiero hacer llegar a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esos videos constituyen un llamado directo al ataque físico, porque estamos hablando de grupos de choque. Se trata de filmaciones que los sectores que se oponen han obtenido gracias a un ingreso irrestricto a la reunión de comisión, que incluso intentaron frenar el desarrollo de ese plenario. Luego, estos mismos sectores han obtenido autorización –se nota que de las autoridades de la Cámara‑ para ingresar en forma completamente libre por ejemplo a una audiencia que realizamos con integrantes de varios bloques para solicitar que se trate en forma inmediata este proyecto.
Ese ingreso libre a las reuniones de las comisiones se contrasta con los numerosos trámites que debemos hacer cada vez que queremos traer a este recinto a algún sector de trabajadores en conflicto. Pero ese no sería el problema principal, sino que lo peor es que esos grupos de choque que se han metido en este Congreso para intentar evitar que discutamos una cuestión vital –los tenemos filmados‑ son los mismos que se metieron en una escuela de La Plata diciendo que eran padres, cuando en realidad son parte de organizaciones financiadas por distintas agrupaciones de las iglesias evangélicas y también de la Iglesia Católica para bloquear un tema elemental como es el acceso a la educación sexual integral de carácter obligatorio, laico y científico. Esto lo vimos ayer cuando abordamos el tema de Lucía y los femicidios, de la misma manera que sucede cada vez que en una escuela se trata de avanzar en los contenidos de la educación sexual, y las y los docentes son atacados, perseguidos y amenazados por llevar adelante una tarea absolutamente elemental.
Esto es clave. Esta Cámara, a pesar de contar con un dictamen favorable, ha evitado el tratamiento de este tema, y hoy, que estamos en la última sesión, tampoco se está abordando este problema.
Estos grupos de choque de las iglesias, con los cuales todas las bancadas políticas han realizado acuerdos para bloquear el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el Senado a cambio de la política de contención social, también han obstruido el tratamiento del cupo laboral trans. Esto es muy serio, porque mientras tanto todos estos grupos instigan los crímenes de odio. El accionar de estos grupos contrarios a la educación sexual integral no se está limitando solamente a impedir el tratamiento de este tema, sino que también está avanzando en poner en discusión la Ley de Identidad de Género, y por lo tanto en alimentar los crímenes de odio, los travesticidios y el ataque a las mujeres y a todas las disidencias sexuales.
Ayer, la movilización reclamando justicia por Lucía y la destitución inmediata de los jueces de Mar del Plata que dictaron ese fallo aberrante fue multitudinaria aquí, en Buenos Aires, pero también en todo el país.
No se aguanta más el sostenimiento de esta política de ataque a las mujeres, a las trabajadoras y a la juventud por parte de los sectores clericales retrógrados y medievales que cuentan con el apoyo de todos los bloques políticos.
No se me escapa que la demora en el tratamiento de estas leyes fundamentales forma parte de los acuerdos del oficialismo, pero también de la oposición, empezando por el kirchnerismo, con los bloques y con la Iglesia, para convertir los acuerdos con el Vaticano y con las iglesias evangélicas en el gran instrumento de contención social para una masa de trabajadores y una población que sufre cada vez más las consecuencias del ajuste.
Por eso considero que este tema es crucial, y no podemos seguir permitiendo los agravios a las diputadas y diputados y a los millones que nos movilizamos en reclamo de estas necesarias modificaciones a las leyes vigentes, porque forma parte de un reclamo masivo. Este Congreso se debe poner en esa sintonía, y si no recibirá cada vez más el repudio de la población que reclama por estos derechos.
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 6 -
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Britez, por Misiones.
Sra. Britez.- Señor presidente: la cuestión de privilegio que planteo es para denunciar una vez más las mentiras y el cinismo, que ya son como una marca registrada que tiene el presidente Mauricio Macri, el gobierno nacional y sus funcionarios con el pueblo misionero.
Sr. Presidente (Monzó).- Ruego a los señores diputados que guarden silencio.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Britez.
Sra. Britez.- ¿Por qué digo esto? Porque hoy, mientras las pymes están reclamando y sus representantes están siendo recibidos en este momento por diputados del bloque Unidad Ciudadana, como Gabriela Estévez, Walter Correa, Leopoldo Moreau y Axel Kicillof, cabe preguntarse cómo está Misiones en relación con este tema.
Hoy, en el sector foresto‑industrial tenemos cada vez más despidos, cada vez más horas están siendo suspendidas, cada vez cierran más comercios y cada vez hay más trabajadores en la calle.
¿Por qué hablo de mentiras? Voy a mostrar una serie de declaraciones del presidente Mauricio Macri y de sus funcionarios en las que le miente al pueblo misionero.
Por ejemplo, el 27 de julio de 2017, hace más de un año, Schiavoni anunció una mesa de trabajo para reglamentar el artículo 10 de la Ley Pymes. Pero bueno, era candidato, estaba en elecciones. Que se acuerden los posadeños cómo les mintió este senador en la cara. Por las dudas, cuando quiera presentarse de nuevo, que los misioneros tengan memoria.
Por otro lado, el 23 de mayo de este año, Marcos Peña reconoció que existe una mora que no corresponde en la aplicación del artículo 10. ¡Una mora que no corresponde! Y todavía no sabemos nada de la aplicación de ese artículo para las pymes de frontera.
También, el 27 de junio, Día Internacional de las Pymes, el propio presidente Macri mintió nuevamente a los misioneros, diciendo que para agosto se iba a implementar el artículo 10 para las pymes de frontera. ¿Por qué hablo de las pymes de frontera? Porque se está perjudicando a mi provincia, que tiene más de 1.000 kilómetros de frontera.
Después, nuevamente el presidente Macri mintió a los misioneros y a las pymes el 11 de septiembre de este año, cuando le dijo a Díaz Beltrán, titular de la CAME, que era inminente la aplicación del artículo 10 para las pymes de frontera. Otra mentira más del presidente Mauricio Macri.
No quiero extenderme mucho, porque no dispongo de mucho tiempo. Voy a mencionar una mentira más, en este caso del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien estuvo en la provincia de Misiones el 27 de noviembre pasado y dijo también que se iba a reglamentar el artículo 10 para las pymes de frontera. Mientras tanto, el pueblo misionero sigue sufriendo, sigue esperando. Mauricio Macri, el presidente, le sigue vendiendo falsas esperanzas, falsas expectativas, promesas incumplidas.
¿Pero saben, señor presidente y señores legisladores, cuál es la postal que lamentablemente tenemos hoy en Misiones? Revelaron que en Iguazú, una ciudad que está en la frontera, siguen cerrando comercios en contraste con la felicidad de Dietrich. ¿Se acuerdan cuando Dietrich, el ministro de Transporte, dijo que nosotros, los misioneros, estábamos felices con la devaluación?
Para terminar, la postal más triste que se está viendo en la ciudad de Posadas: son muchos más de 500 los negocios que cierran en esa ciudad. Esta noticia es de hace poquito, del 3 de diciembre de 2018. Estamos hablando solamente de la ciudad de Posadas y de los comercios registrados. Esa es la postal que hoy tenemos en la provincia de Misiones. ¿Qué están haciendo los legisladores del oficialismo? ¿Qué estamos haciendo nosotros que tenemos la obligación de mejorar la calidad de vida de los argentinos a través de la sanción de las leyes? ¿Qué están haciendo los legisladores oficialistas en este sentido? ¿Saben lo que están haciendo los legisladores oficialistas? Están venerando a “San Rosca” -tal como lo dijo el señor presidente de la Cámara-, estudiando qué leyes van a votar, estableciendo si dicen algo o si se llaman a silencio para pasar desapercibidos así el gobernador no se enoja y renueva su banca nuevamente o aterriza en algún lugar para mantener los privilegios y los buenos ingresos. Por lo tanto, no están pensando en el pueblo misionero ni en los argentinos.
Si bien tenían la oportunidad de presentar un proyecto a fin de reglamentar el artículo 10 de la ley de pymes de frontera, no lo hicieron.
Tal como ayer dijo mi compañera la diputada Luana Volnovich, también tenían la oportunidad de presentar el bono para los jubilados a fin de que pasen un poco mejor las fiestas. Sin embargo, esto no se hizo.
Agradezco nuevamente al presidente Mauricio Macri y a sus legisladores oficialistas porque estamos cerrando el año parlamentario legislando de espaldas al pueblo argentino y misionero. Nosotros nos hemos opuesto a cada una de las iniciativas que se han propuesto.
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 7 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Pietragalla Corti, por Buenos Aires.
Sr. Pietragalla Corti.- Señor presidente: la cuestión de privilegio está dirigida hacia las autoridades de la Cámara y a quienes tienen que definir la conformación de los Grupos Parlamentarios de Amistad. Determinados grupos sufren discriminación y un atraso en su conformación.
Todavía no se han conformado el Grupo Parlamentario de Amistad de la República de Cuba ni el de Palestina. Por esto sentimos que hay una discriminación ideológica.
Cuando la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era miembro de esta Cámara, presidía un Grupo Parlamentario de Amistad.
Por otra parte, los grupos de amistad solo son presididos por oficialistas, lo que no ocurría cuando nosotros ocupábamos esa posición. ¿Qué hubiera ocurrido si nosotros no armábamos el Grupo Parlamentario de Amistad con Israel que fue presidido por Patricia Bullrich? Ese grupo trabajó al igual que lo hizo el de Palestina. Creo que es importante aclarar que nuestro país reconoce al Estado Palestino como libre e independiente desde 2010.
El reclamo planteado tiene como fin considerar la situación vigente para el próximo año, de forma tal de no discriminar a ningún pueblo por su situación ideológica o por cuestiones de intereses. En este Parlamento hay legisladores con distintas ideologías. Consideramos que todos los Grupos Parlamentarios de Amistad deben estar conformados.
Pedimos y exigimos que el año que viene se conformen los Grupos Parlamentarios de Amistad de Palestina y de la República de Cuba.
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 8 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y otras recaído en el proyecto de ley de los diputados Grosso y otros, sobre sustitución del anexo de la ley 27.453, Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-urbana (Expediente 7.157-D.-2018). Orden del Día N° 982.
ORDEN DEL DÍA N° 982
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Tonelli.- Señor presidente: esta iniciativa debería considerarse en escasos minutos porque se trata simplemente de corregir un error.
El 4 de julio del corriente año aprobamos un proyecto cuyo anexo detallaba los barrios populares que constituían su objeto. El anexo originariamente había sido aprobado el año anterior por una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, pero el inventario siguió creciendo con posterioridad y quedó consolidado y definido recién en mayo de este año, o sea dos meses antes de considerar la iniciativa en esta Cámara. El segundo anexo cuenta con 188 barrios que no figuraban en el primero.
La prueba de esto es que cuando el diputado Grosso y la diputada Lospennato hicieron uso de la palabra en relación al proyecto, se refirieron a los 4.416 barrios, los que efectivamente integran el segundo anexo que es el que deberíamos haber aprobado y remitido al Senado.
Por lo tanto, hoy solo tenemos que aprobar el anexo correcto, tal como dictaminamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, para luego remitirlo al Senado. El texto de la ley queda exactamente igual.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Soria, por Río Negro.
Sra. Soria.- Señor presidente: coincido con el señor diputado preopinante en el sentido de que solo estamos realizando una actualización del anexo porque se cometió un error. Esto promete generar nuevas posibilidades a los vecinos de los barrios que han ingresado en este nuevo listado. Quiero aclarar que nuestro bloque va a acompañar esta iniciativa tal como lo hizo en la discusión del proyecto original.
Luego de cinco meses de sancionada la primera iniciativa, este proyecto está lejos de poner el verdadero objetivo en marcha que es la integración socio urbana y la regularización dominial.
Este proceso no implica solo dar títulos de propiedad, sino que además significa asfaltar las calles, llevar servicios públicos, jardines y escuelas, centros de salud, o sea integrar plenamente los barrios populares a las ciudades.
Consideramos que la ley es una buena herramienta para poner en marcha el cumplimiento de la gran deuda que tiene la sociedad. Descreemos del contexto en que se está llevando a cabo esta iniciativa, porque a este proyecto le falta voluntad política. Esto resulta evidente cuando vemos que no tiene asignado un peso en el presupuesto. La falta de voluntad política también se vislumbra en otras situaciones. Por ejemplo, el gobierno nacional abandonó la construcción de jardines en mi provincia –lo mismo ocurre también en otras- que tenían una partida asignada en el presupuesto. Los dejaron como elefantes blancos anclados en medio de los barrios. Cuando digo esto pienso en ciudades de mi provincia como Cinco Saltos, Allen o General Fernández Oro. También abandonaron la obra pública de viviendas en cada una de nuestras ciudades. Desde que asumió el presidente Macri abandonaron la construcción de 231 viviendas en mi ciudad de General Roca. Claramente no existe la voluntad política de hacer viviendas. Ni siquiera fueron capaces de incorporar el proyecto de ley de alquileres que ha sido sancionado parcialmente. Todo está paralizado.
En el Alto de San Carlos de Bariloche la obra de gas ha sido paralizada. Estas obras, insisto, tienen relación con este proyecto, porque implican llevar calidad de vida a los habitantes y a la verdadera planificación urbana.
No hay planificación en infraestructura ni en servicios públicos, no han pensado en darles a los vecinos estas herramientas.
Sin embargo, a pesar de que este Congreso puede sancionar las mejores leyes, el Poder Ejecutivo nacional no tiene voluntad política para transformar la vida de la gente. Esto se nota a la legua.
El proyecto de ley que discutimos es el peor que se ha presentado en varios años, porque incluía un agresivo ajuste en las partidas de Fonavi, Educación y Salud. No obstante, el gobierno ha destinado, solo en 2018, 406.000 millones de pesos para el pago de intereses de la deuda. Concretamente, 46 millones de pesos por hora en intereses de deuda. Pero ahora nadie dice nada. Además, en 2019 batirán récords por ascender a 85 millones de pesos por hora.
¿No les da vergüenza decirle a la gente que la ley traerá soluciones a la integración sociourbana de nuestros barrios? ¿Cómo caminarán por las calles cuando empiecen las campañas políticas? ¿No les da vergüenza?
Por otro lado, hay 48 por ciento de niños pobres. ¿Vivienda? ¡Ni hablar! Miren lo poco que le importa a este gobierno la problemática de la vivienda.
Ahora brindaré un dato anecdótico. En Viedma, capital de mi provincia, hace solamente un mes murió incendiada una familia entera integrada por ocho personas: madre, padre y seis hijos. Vivían en una casa pequeña que constaba de una sola habitación y solamente tres colchones. Señor presidente: ¿sabe quién fue el culpable? La pobreza de su gobierno. Pero de eso no dicen nada.
La verdad es que nos da mucha impotencia hablar de este proyecto que apunta a la ayuda de inversiones que nunca vendrán.
Insisto en que nuestro bloque acompañará la iniciativa porque tiene la voluntad de lograr algún día lo que ustedes no están haciendo. Me refiero a brindar calidad de vida a los vecinos y continuar con la obra pública paralizada en nuestras ciudades.
Señor presidente: acompañaremos el proyecto de ley, pero no olvidemos la Constitución Nacional por la que todos juramos al asumir el cargo y sentarnos en estas bancas. La Constitución Nacional justamente se refiere al acceso a la vivienda, y espero que podamos cumplirlo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Delú, por La Pampa.
Sra. Delú.- Señor presidente: lamento contradecir al diputado Tonelli, ya que hubiera sido interesante que se subsanaran los errores contenidos en el proyecto de ley.
Me refiero específicamente al relativo al relevamiento en La Pampa, realizado mientras tratábamos el tema en comisión. Se da por sentado que hay cuatro barrios en 25 de Mayo y uno en Toay. Concretamente, el problema es en el asentamiento Chakra Raíz, perteneciente a Toay, que está judicializado y no responde a las características de un barrio popular. En este caso, se hicieron los reclamos pertinentes ante la ministra Stanley y el AVE. Incluso con el diputado Ariel Rauschenberger hablamos con la gente del RENABAP y supimos que estaba incluido, tal como los demás barrios en los que la provincia había intervenido.
Aclaro que de los barrios ubicados en 25 de Mayo, uno ya tiene escritura y los demás están pendientes de escrituración en las oficinas encargadas de obras, infraestructura y relevamiento.
El hecho de que Chakra Raíces esté incluido genera rispideces en la localidad de Toay. Este es un tema sensible a la sociedad toayense porque el lugar estaba destinado a la construcción de 110 viviendas sociales.
Integré el Instituto de Vivienda de La Pampa y participé del proceso de sistematización. Por los hechos mencionados tuvimos que relocalizar las obras, atrasándonos tres años y perjudicando a las 110 familias que esperaban sus viviendas. Se trata de una ocupación no permanente que no reúne las características inherentes a un barrio popular.
Desde 2015 vienen diciendo que en ese sitio construirán una ecoaldea, pero como no hay absolutamente nada tenemos la sospecha de que haya un negocio inmobiliario.
Remarco que permanentemente La Pampa, a través del Ministerio de Obras Públicas, el Instituto de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social, se preocupa por resolver las situaciones de hacinamiento, vivienda e infraestructura.
Podríamos acompañar la iniciativa si se hubiera sacado a Chakra Raíz, que es el tema más conflictivo. Pero seguimos en el punto de partida.
Más allá de que celebramos la amplitud, como tenemos este problema en particular ‑esta hubiese sido la oportunidad de oro para corregirlo‑, votaremos por la negativa, tal como lo hicimos en la oportunidad anterior.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Vallone, por San Luis.
Sr. Vallone.- Señor presidente: como planteamos en su anterior tratamiento, este proyecto de ley apunta a hacer justicia con un sector muy postergado de la Argentina. Es muy importante que quienes viven en los barrios populares puedan contar con una garantía y una escritura.
Asimismo, hay otros factores a destacar, entre ellos, la reivindicación a quienes crearon y llevaron adelante esta iniciativa. Cuando uno mira quiénes son los firmantes del proyecto se da cuenta de que difícilmente hayan caminado los barrios populares.
Particularmente reivindico a los equipos que trabajaron en los barrios populares y a las agrupaciones sociales que hicieron el verdadero relevamiento para que el proyecto hoy sea debatido en el recinto.
Por otra parte, entiendo que debemos referirnos al planteo de la señora diputada Soria. La iniciativa será exitosa desde el punto de vista político y social si logramos la urbanización de los barrios populares.
Cabe señalar que en el debate en comisión solicitamos que se incorporaran el financiamiento y la urbanización de los barrios populares para lograr una implementación genérica y global.
En este país, donde la demanda habitacional crece diariamente, al leer las estadísticas uno nota que estamos muy lejos de solucionar los problemas de la gente. Durante tres años de gestión, este gobierno solamente construyó 30.000 viviendas. Este es otro récord, porque es el gobierno que menos viviendas construyó. Igualmente, tal vez le ganó a Duhalde, que hizo 17.000 viviendas, pero en menos de dos años.
Creo que nos debemos el debate de la solución habitacional para los argentinos. Quizá si avanzáramos en ese aspecto, no estaríamos tratando hoy este proyecto de ley.
Paso a referirme a un reclamo puntual de la provincia de San Luis, donde uno de los barrios está incluido sin nombre en el anexo del proyecto. Nos preocupa porque solo se dan como referencia unas coordenadas y no encontramos la existencia del barrio. Aclaro que este reclamo también lo hicimos, pero no fue subsanado.
Finalmente, corrigiéndose lo relativo a los 188 barrios que quedaron afuera, acompañaremos la aprobación del proyecto de ley. Esperemos que luego pueda corregirse el texto y determinarse cuál es el barrio de la provincia de San Luis que figura sin nombre.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente: haré una breve aclaración sin entrar en polémica.
Como soy uno de los firmantes del proyecto, me parece gratuito el comentario del diputado Vallone. Se nota que debía tenerlo guardado en algún lado y quería meterlo. Por ello, comento que este proyecto está acompañado por los firmantes y por todas las organizaciones con las cuales trabajamos durante mucho tiempo en el mapeo del país.
Por otra parte, en cuanto a caminar los barrios populares, si el diputado anda por Córdoba, lo invito a venir conmigo. A él no van a conocerlo, pero puede ver cómo me conocen a mí. (Aplausos.) No hay ningún problema.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y otras…
Sr. Vallone.- Señor presidente: pido la palabra por haber sido aludido.
Sr. Presidente (Monzó).- Por haber sido aludido, tiene la palabra el señor diputado Vallone, por San Luis.
Sr. Vallone.- Señor presidente: quiero decir al diputado Negri que la reivindicación que he pedido es para todas las asociaciones sociales que han estado trabajando y haciendo el relevamiento, incluidas también las de Córdoba.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y otras recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 27.453, sobre Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-urbana, contenido en el Orden del Día N° 982.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 174 señores diputados presentes, 170 han votado por la afirmativa y 3 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 170 votos por la afirmativa y 3 por la negativa.[1]
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.[2]
Se comunicará al Honorable Senado.
- 9 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación Penal recaído en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063, contenido en el Orden del Día N° 235.
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 235
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.
Sra. Burgos.- Señor presidente: en primer lugar debo aclarar que por un error involuntario, en el texto enviado por la Cámara de Senadores no se incorporó dentro del Orden del Día N° 235 la fe de erratas contenida en el expediente 38‑S.‑2018. Por lo tanto, solicito que por Secretaría se dé lectura de la misma para que quede asentada.
Sr. Presidente (Monzó).- Así se hará, señora diputada.
Sr. Secretario (Inchausti).- En el artículo 7°, que sustituye el artículo 17 del Código Procesal Penal, donde dice: “Artículo 17.- Restricciones a la libertad. Las medidas restrictivas de la libertad deberán fundarse en la existencia de peligro real de fuga u obstaculización de la investigación.” debe decir: “Artículo 17.- Restricciones a la libertad. Las medidas restrictivas de la libertad sólo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga u obstaculización…”
En el artículo 8°, que sustituye el artículo 53 del Código Procesal Penal, donde dice: “c) En el procedimiento de excusación o recusación de los jueces; e) En el control de la acusación;” debe decir: “c) En el procedimiento de excusación o recusación de los jueces con funciones de garantía, de revisión y ejecución…” y continúa de la misma forma. Y en el inciso e) debe decir: “e) En forma unipersonal, en la audiencia de control de la acusación y en la sustanciación y resolución de las impugnaciones que allí se interpongan…”, y continúa tal como está redactado.
Sr. Presidente (Monzó).- Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Burgos.
Sra. Burgos.- Señor presidente: tenemos que hacer un poco de memoria con respecto a este tema. El Código Procesal Penal de la Nación fue votado en 2014 y su aplicación estaba prevista para 2016. Cuando asume, el presidente Macri suspende su aplicación puesto que no estaban dadas las condiciones necesarias para aplicar este código tan necesario y útil.
Cabe mencionar que estamos cambiando un régimen inquisitivo por un régimen acusatorio, con lo cual se mejoran la transparencia, la agilidad y el respeto a las garantías, algo tan necesario; la falta de estos elementos ponía a la Argentina en una condición de retraso respecto de otras legislaciones internacionales.
Como dije, en 2016 el presidente Macri decidió suspender su aplicación puesto que no estaban dadas las garantías necesarias ni existían los organismos que debían aplicar esta gran norma que es el Código Procesal Penal de la Nación. Fue por eso que se decidió hacer un trabajo constante, unificado y serio para fortalecer las instituciones y de esa manera llevar adelante su aplicación.
Este proyecto recepta la voluntad de todo el Congreso; en este caso, de la Cámara de Senadores, pero la comisión bicameral estuvo trabajando y monitoreando detenidamente ese Código Procesal Penal que había sido suspendido.
Efectivamente, era totalmente incompleto en algunas cuestiones. Por ejemplo, lo referido a la lucha contra el narcotráfico ‑ese flagelo llevado a cabo por organizaciones internacionales‑ no estaba receptado o contenido en ese gran cuerpo normativo.
Por ese motivo, a partir de 2016 este Congreso fue sancionando una serie de leyes que han ido posibilitando esa celeridad y agilidad necesarias para poner en funcionamiento ese Código en suspenso. Por ejemplo, hemos sancionado la ley de flagrancia, tan discutida en este Congreso pero con resultados óptimos a la vista.
Con el dictado de ese conjunto de leyes hemos acelerado el funcionamiento de los tribunales, con respuestas favorables en los resultados y en la celeridad. Con respecto a esta última, todos sabemos que la Justicia debe actuar en forma ágil y acelerada; de lo contrario, deja de ser Justicia. Cuando pasan los años y la ciudadanía no tiene una respuesta de los tribunales, la Justicia deja de ser tal.
Asimismo, sancionamos la ley del arrepentido. Esta última también fue muy discutida ‑y muy vapuleada, en algunos casos‑ pero hoy estamos viendo que, con algunos errores o diferencias, está dando sus frutos y está siendo utilizada por los tribunales a fin de obtener información para poder ir desentrañando todas aquellas organizaciones delictuales que están dentro y fuera de nuestro país.
También podemos mencionar el tema del fortalecimiento de los tribunales orales en lo criminal federal y los tribunales orales en lo penal económico.
Otra ley que sancionamos fue la de unificación de fueros y juicio unipersonal, que es otra herramienta fundamental para acelerar el funcionamiento del Poder Judicial.
También debemos mencionar las técnicas especiales de investigación. En este sentido, se incorporaron las figuras del informante, del agente encubierto y del agente revelador.
Todas estas herramientas fueron necesarias para conseguir esa agilidad y celeridad que queríamos dentro de la Justicia.
Cabe mencionar también la integración unipersonal de las Cámaras Nacionales de Apelaciones, de las Cámaras Federales de Apelaciones y de las Cámaras de Casación.
También hemos sancionado la ley de responsabilidad penal empresaria, que nos posibilitó ponernos a la vanguardia y de pie frente a tantas sociedades comerciales o empresas jurídicas que habían sido utilizadas para cometer algún tipo de delito, principalmente de corrupción.
No me voy a olvidar de la ley de protección de víctimas de delitos, que se logró gracias a la lucha que llevaron adelante muchas organizaciones y que, luego de haber sido olvidada por años, colocó a la víctima en el lugar que le corresponde.
En este sentido, el proyecto también ha sufrido una modificación en cuanto a su terminología; ya no se denomina Código Procesal Penal de la Nación sino Código Procesal Penal Federal, ya que comprende todos los delitos federales.
Esta iniciativa busca crear un sistema de administración de justicia idóneo y eficaz para la protección de los intereses de la sociedad, que permita lograr procesos más rápidos, sencillos y trasparentes a través de la investigación, con juicios ágiles e inmediatos, respetando los derechos del imputado y de la víctima. Para poder modificar la delincuencia organizada fue necesario prever técnicas especiales de investigación. Por eso, repito, era necesario sancionar leyes, herramientas para que la justicia pudiera funcionar.
Necesitamos que este Código Procesal Penal entre en vigencia. Me siento particularmente afectada, ya que las primeras provincias donde se aplicará este código son Jujuy y Salta. En Jujuy, como es una provincia limítrofe, estamos luchando arduamente con el narcotráfico. Durante años la provincia de Jujuy ha permitido ‑porque no se hizo absolutamente nada‑ el ingreso permanente de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico y fue permeable al ingreso de drogas. Hoy estamos trabajando seriamente con los ministerios de Seguridad de la Nación y de la provincia ‑creado por esta gestión‑, lo que nos ha permitido ir avanzando a través de la aplicación de distintas medidas.
La incorporación del régimen de los jueces con funciones de garantía fue otro de los grandes cambios que se han hecho en este Código Procesal Penal Federal.
En fin, son muchas las medidas que se han adoptado.
Se trabajó durante más de un año en una comisión bicameral, integrada tanto por diputados como por senadores. También se consideró en la Comisión de Legislación Penal, que presido.
Quiero solamente agregar que, cuando hablamos de víctimas, no debemos diferenciar entre víctimas pertenecientes a pueblos originarios y otras; son todos ciudadanos argentinos, y son víctimas si sufren algún menoscabo de sus derechos y garantías. Por lo tanto, acá se los contempla para que, si hubieran sufrido alguna violación de sus derechos, accedan a su protección al igual que cualquier ciudadano argentino.
Este es un paso más en esta gran transformación de la Justicia. No tenemos fórmulas preestablecidas. Esta es una co-construcción que se hace permanentemente y se enfoca en demostrar que somos capaces de cambiar una institución tan vapuleada y denostada, pero tan útil en la construcción de una sociedad.
No podemos hablar de sociedad ni de sociedad legítima si no hablamos de una justicia que sea trasparente y legítima. Este código da esa pauta; posibilita esta ampliación y esta generosidad, y también esta celeridad.
Como dije, se trabajó mucho en este tema en la comisión bicameral, por cuanto adelanto que no se aceptará ningún tipo de modificaciones en el proyecto presentado. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Doñate, por Río Negro.
Sr. Doñate.- Señor presidente: nuestro bloque va a rechazar esta propuesta de reforma del Código Procesal Penal. Esto se fundamenta en cuestiones de orden práctico, en cuestiones sustanciales, y también en cuestiones de orden político.
No podemos descontextualizar el marco en el que se da este tipo de reformas en un gobierno que, al iniciar su gestión, intentó designar jueces en comisión en la Corte Suprema de Justicia y luego, en diciembre de 2015, a la par de ese intento inconstitucional, pasó el sistema de escuchas del ámbito del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema, con los escándalos de público conocimiento.
Hay un armado en la ingeniería judicial para la persecución judicial de todo aquello que se oponga al gobierno de Mauricio Macri, particularmente, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ‑la principal figura opositora de este modelo económico y político que lleva adelante el gobierno de Macri‑ y de todo aquello que se referencie con el gobierno anterior. Por supuesto, existe también, a la par, un entramado de protección y blindaje judicial para un oficialismo que no deja de avasallar las instituciones.
-
Ocupa
la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, ingeniero
José Luis Gioja.
Sr. Doñate.- La primera razón práctica es que se debate la reforma de una ley que todavía no ha entrado en vigencia. Es decir, venimos haciendo reformas de reformas de reformas, de un código procesal cuya implementación está suspendida desde diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri.
Una de las razones en las que se
fundamentó esa suspensión fue que la persona al frente del Ministerio Público Fiscal era la doctora Alejandra Gils Garbó, cuestión
que denunciaba públicamente, en su momento, el propio ministro de Justicia. Le
pedían que renunciara para poder aplicar el código.
Este proyecto introduce
modificaciones sustanciales. Si bien fue un proyecto que se originó en la
oposición en el Senado ‑entre comillas‑, en realidad, pertenece al
oficialismo. Originariamente perteneció al senador Urtubey, pero sabemos que
surgió de un acuerdo del Senado con el presidente Macri.
En primer lugar, el
proyecto reduce las garantías de los ciudadanos y de las ciudadanas, sin que
esto implique, necesariamente, una mayor eficacia en la persecución del delito;
en segundo lugar, evidencia una distorsión del principio acusatorio; y, en
tercer lugar, introduce una clara afectación en el funcionamiento del
Ministerio Público Fiscal.
Y me voy a detener, en
principio, en la gravedad de la reducción de las garantías constitucionales. Un
punto central es, como hemos dicho desde la oposición, la limitación del
principio ne bis in idem en la modificación del artículo 5°. Antes regía la persecución única, es
decir, nadie podía ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el
mismo hecho, y no se podían reabrir los procesos fenecidos, excepto en la
revisión de las sentencias a favor del condenado. Con esta reforma solo se deja
la primera oración, lo que puede dar lugar a un serio riesgo en la reapertura
de procesos y a que se utilice, por supuesto ‑como viene ocurriendo en
estos tres años‑, con fines de persecución político-partidaria.
En este sentido no puede desconocerse que algunos que pugnan por la extensión de la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta sigan insistiendo con esto pretendiendo utilizar esta herramienta sin respetar ese carácter excepcional que tiene. Por supuesto, se vulnera la tutela judicial efectiva y la participación de las víctimas en el proceso penal.
El nuevo código establece que se considera víctima, entre otros casos, a los socios respecto de delitos que afecten a una sociedad cometidos por quienes la dirigen, administren, gerencien o controlen, tal como dice el artículo 78, inciso c); a las asociaciones y fundaciones en caso de crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos ‑siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideran lesionados y se encuentren registrados conforme a la ley‑, y a los pueblos originarios en los delitos que impliquen discriminación de alguno de sus miembros, genocidios o afecten de modo directo sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente.
Este proyecto viene a dar por tierra con eso. Propone eliminar estos incisos. Acota la consideración de estos sujetos como víctimas y solo se les permite su participación a través de la querella. No cualquier víctima, señor presidente, desea y puede constituirse como querellante teniendo en cuenta todo lo que implica en términos procesales, económicos, personales, entre otros. Por supuesto, se mengua ostensiblemente la tutela judicial efectiva.
Se subsanó la regulación de la libertad durante el proceso penal. En el proyecto original se eliminaba la palabra “real” en la expresión “existencia real de peligro de fuga” y esto, por supuesto, constituía un peligro procesal que fue subsanado en estas últimas horas.
Pero así y todo se avanza sobre otras garantías constitucionales, y durante la investigación la restricción de la libertad se convierte de alguna manera en una regla antes que en una excepción, modificando los artículos 188 y 189 referidos al peligro de fuga como así también al peligro de entorpecimiento. Podríamos abundar en cuestiones técnicas, pero este es el temperamento y el espíritu de la modificación que impulsa el Poder Ejecutivo.
En ese mismo sentido, me quiero referir a la incorporación del artículo 274 bis, a través del cual se establece que al dictar una sentencia condenatoria se aplicará necesariamente una medida de coerción a la persona, por más que la condena no se encuentre firme.
Otras modificaciones tienen que ver con los recaudos. Se modifica una propuesta que quita la exigencia de que el defensor de confianza del imputado, por ejemplo, esté presente en el reconocimiento en rueda de personas, como así también la exigencia de que esté el defensor de la persona a reconocer. Se suplen estas presencias con la comparecencia del defensor oficial de turno. Esta presencia, la del defensor de confianza del imputado, es fundamental para controlar el reconocimiento, es decir, para que sea realizado de acuerdo a los recaudos que establece la ley.
La defensa penal efectiva también se ve condicionada por la posibilidad que introduce el proyecto de que un testigo pueda declarar en ciertos casos bajo reserva de su identidad.
Otra de las cuestiones graves que nos preocupan y por la cual se fundamenta nuestro rechazo es que se afectan notoriamente las garantías de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal. Esto lo decimos porque se establece que las normas de este código serán de aplicación supletoria en los procesos seguidos contra las personas menores. En este caso, al no existir régimen procesal para el menor, lo supletorio se transforma en regla, con lo cual los menores van a regirse a través de este código.
Un segundo grupo de problemas que también avizoramos y por los cuales rechazamos este proyecto se refiere a la distorsión del principio acusatorio, generando exactamente lo opuesto a lo que dice que se pretende lograr con este proyecto.
El caso es, por ejemplo, el del artículo 264 por el que se establece claramente que los jueces no podrán formular preguntas. Este es un principio basal del sistema acusatorio. Justamente lo acusatorio consiste en que el juez le exige la verdad al acusador y el proyecto reformula esta prohibición. La propuesta que hoy estamos debatiendo dice textualmente: “Los jueces no podrán formular preguntas directas. Solo podrán pedir aclaraciones cuando no hayan comprendido lo expresado por el declarante”.
En definitiva, es sabido que la pregunta de un juez es aclaratoria. Por ende, abrir esa ventana genera un grave riesgo de que los jueces vuelvan a las viejas prácticas.
Ayer justamente hablamos mucho sobre el caso Lucía Pérez y se me ocurrió mostrar este ejemplo en relación a las preguntas que le hacían particularmente a la testigo o a la perito que exponían sobre la violencia de género mientras que los jueces, en lugar de escuchar lo que la fiscalía quería que la testigo dijera, le empezaron a preguntar y a interrumpir para expresar lo que ellos pensaban.
Es de una gravedad realmente preocupante esta modificación de un código que está suspendido y que ni siquiera en esta propuesta legislativa dice claramente cuándo va a comenzar a aplicarse. Es decir que podemos seguir durante años modificando un código dormido que no se aplica hasta que la decisión del presidente así lo defina.
Se ha señalado otro grupo de problemas, como la afectación al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, y se interpone el accionar que debe primar en un sistema acusatorio en el texto de las modificaciones.
No tengo más tiempo para hacer observaciones en orden a lo particular pero, por supuesto, quiero ratificar el dictamen de rechazo de todo nuestro bloque frente a esta reforma. Como dije al inicio de mi exposición, no es ni más ni menos que parte de la construcción de esta ingeniería judicial de persecución hacia todo aquello que ose ser opositor a Mauricio Macri en relación con la protección y el blindaje judicial al oficialismo de hoy. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: hice una observación al dictamen. Me alegro que hayan corregido algunas cuestiones que me parece que son de importancia para el texto de la norma.
Me gustaría que los diputados que no están en tema puedan comprender la dimensión que tiene el tratamiento de este proyecto de ley que estamos debatiendo. Estamos hablando del Código Procesal Penal de la Nación, pero además estamos haciendo referencia a todo un procedimiento muy confuso, muy enredado.
Aquí se debatió durante largo tiempo y muchos de los distinguidos colegas han sido testigos de la necesidad que manifestábamos varios diputados en el sentido de ir a un sistema acusatorio abandonando el sistema inquisitorio en el que el juez es juez y parte en el proceso penal, y en el convencimiento de que ir a un sistema acusatorio realmente mejoraría las condiciones del servicio de justicia. Yo voy a defender este concepto porque efectivamente estoy convencida de que es bueno.
Ahora, esto amerita un esfuerzo enorme,
porque se está dando la acusación en el proceso nada más y nada menos que al
Ministerio Público Fiscal.
Imagínense lo que esto significa en el servicio de justicia de la República Argentina que tiene tantos problemas, empezando por algo tan chiquito e insustancial como las cuestiones edilicias y del personal.
Tenemos el servicio de justicia enredado en una decisión que tomamos y que no tomamos en estas Cámaras, porque hay que decirlo con todas las letras. Seguramente en las encuestas públicas la Justicia nos está ganando, pero nosotros somos responsables cuando votamos este tipo de leyes.
En 2014, con una mayoría automática y en un tiempo récord de dos semanas se trató el Código Procesal Penal y la posibilidad de la acusación. Recuerdo que en ese debate estaba abrumada porque pensaba cómo podía ser que nosotros pudiéramos debatir en tan poco tiempo algo tan importante, complejo y que requería no solo adecuaciones edilicias sino fundamentalmente de los agentes que actuaban en el servicio de Justicia, que iban a pasar a cumplir otros roles. Debatimos el tema en dos semanas, decidimos y se cambió el sistema, pero ello implicaba una cantidad de cargos y de dinero que debíamos estar dispuestos a invertir para revertir el servicio de Justicia.
Claro, como fue a las apuradas, a las cachetadas y sin consensos, el gobierno anterior no lo puso en vigencia. Después de un año y medio vino un nuevo gobierno, que tuvo estas mismas críticas que yo tuve cuando fui oposición. ¿Qué hizo? Suspendió. Lo cual me pareció inteligente, en cierto modo, porque indudablemente este es un proceso largo.
Ahora bien, se suspendió y se dejó en manos de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación el establecimiento, como dijo la señora miembro informante, del cronograma de puesta en vigencia. “Vamos a empezar a hacerlo de a poco”, dijeron. O sea, vamos a llevarlo a cabo en aquellos lugares donde los actores de la Justicia tengan expertise, porque ya la Justicia provincial utilice el sistema o debido a que se trate de provincias chicas.
En pleno proceso nosotros produjimos una serie de leyes, como bien dijo la señora miembro informante, que vinieron a abonar lo que supuestamente estaba suspendido, es decir, el sistema acusatorio.
De repente el Poder Ejecutivo mandó un proyecto de código al Senado y ese código se cayó. Les pido que presten atención a lo que estoy diciendo porque es grave y nosotros somos responsables. Entonces, desde la comisión levantaron el tema y lo pusieron a andar. Ahora bien, ¿lo pusieron a andar de cualquier forma o diciendo: “Vamos con lo que tenemos”? La respuesta es no; metieron la mano.
En algunas cosas podemos estar de acuerdo. Festejo que en la adenda que aparentemente votó el Senado se hayan receptado dos observaciones a las me referí, lo cual me alivia porque realmente sería grave dejar la arbitrariedad en relación con la posibilidad o no de fuga real.
Señor presidente: honestamente creo que cuando hacemos la revisión de este tipo de proyectos en la Cámara de Diputados damos una visión política de la constitucionalidad de las iniciativas. Mucho me temo que estemos cometiendo algún tipo de abuso legislativo en lo que refiere la Constitución Nacional respecto al principio de inocencia. La observación que puedo hacer es política y si alguien entiende que el abuso es lo suficientemente importante, seguramente tendrá la posibilidad de acudir a la Justicia a fin de definir si es constitucional o no.
Creo que hay dos cosas que están medio flojitas de papeles: esto a lo que recién me refería y la real malicia. Lo apunto, nada más.
Me parece que es mucho más importante este pequeño caballo de Troya que tan bien describió el señor diputado preopinante, que tiene que ver con satisfacer la mirada desde la corporación judicial. Digo esto pues deja de ser acusatorio si nosotros permitimos que en el juicio oral el juez pueda intervenir, tal como está redactado en el proyecto.
El ejemplo claro es lo que acaba de plantear el señor diputado preopinante y lo vemos en la práctica. Cuando debatimos la cuestión en las reuniones de comisión el caso no estaba, pero hoy sí está. Entonces debemos decir: “Cuidado con esto que estamos haciendo en el sentido de permitir que se formulen preguntas aclaratorias.”
Nosotros vamos a acompañar el proyecto en tratamiento porque honestamente creemos que tenemos que resolver este problema en el proceso penal y hacernos cargo. Acá la responsabilidad se diluye entre 257 señores diputados, muchos de los cuales van a venir hoy sin saber qué es lo que van a votar. Afuera la responsabilidad la tienen los jueces, pero la sociedad tiene que saber que la primera responsabilidad está acá adentro y no en los despachos de los jueces.
Señor presidente: necesitamos poner en funcionamiento el proceso penal porque es vital para tener un servicio de justicia en serio, acorde con lo que decidan los señores legisladores pero atendiendo a la Constitución Nacional. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Brügge, por Córdoba.
Sr. Brügge.- Señor presidente: no es un tema menor el que estamos tratando, la modificación del Código Procesal Penal Federal, tal como se lo llama ahora, porque obviamente estamos introduciendo un cambio de paradigma dentro de la persecución penal.
En este cambio de paradigma hay que ser muy prudente en diferentes aspectos. Primero, debemos analizar si el sistema judicial federal está preparado para hacer frente a las necesidades, como bien han dicho los señores diputados preopinantes.
En segundo término, tenemos que considerar el derecho público provincial que ha avanzado en esta línea en algunas provincias, pero que lo ha hecho en forma gradual y transitoria.
En este sentido, voy a poner como ejemplo a la provincia de Córdoba. Nosotros viramos al sistema acusatorio en 1991, cuando se sancionó por primera vez el Código Procesal Penal provincial e incorporamos este sistema, pero recién en 1998 se pudo poner en plena vigencia debido a que hubo que adecuar el sistema judicial cordobés y dejar un sistema inquisitivo para pasar a un sistema acusatorio.
En consecuencia, esta premura, este apuro, esta falta de gradualidad en la implementación del sistema es lo primero que nos hace ruido y lo que antes que nada tenemos que preguntarnos, es decir, cómo va a ser el día de mañana cuando entre en vigencia este código con estas incorporaciones.
Por supuesto que el sistema acusatorio
tiene ventajas y aquí se aclararon: la celeridad, la visibilidad, la
transparencia y la igualdad entre las partes. A este respecto disiento con algunos de los señores diputados
preopinantes que dijeron que de este modo se vulneran los derechos de la
víctima. No es así porque esos derechos están incorporados, son reconocidos y,
por lo tanto, tienen igualdad de condiciones.
También se dijo que se
achicó la posible participación de la víctima. Quiero recordarles que nosotros
sancionamos la ley que lleva el número 27.372, sobre los derechos de la
víctima, que es de orden público, que está por encima de este Código Procesal
Penal y, en consecuencia, dicha participación no podría verse disminuida. A
esto hay que agregar que el derecho que posee la víctima es constitucional y no
puede reducirse mediante una ley ritual como es el Código Procesal Penal
Federal que estamos evaluando.
Independientemente de
ello, vemos que hay cuestiones que también hay que tener en cuenta y que no
fueron incorporadas en el trabajo de la comisión. Una de ellas se refiere a la
integración unipersonal del tribunal. La ley establece parámetros acerca de los
casos en que puede resolver y deja librado a que tanto el fiscal como la
víctima puedan oponerse, pero nos olvidamos de algo muy importante que tuvo su
correlato en una causa de narcotráfico conocida como la causa del carbón
blanco. En dicho caso, la pena máxima por lavado de activos era de trece años,
pero la ley permite que con una pena de menos de quince años se pueda optar por
el sistema del tribunal unipersonal, sin tener en cuenta la complejidad de la
causa. Este es un aspecto muy importante en todo proceso penal y no puede
quedar librado a la decisión de las partes o del tribunal, constituido en
colegiado o unipersonal, porque estaríamos dejando un vacío que preocupa
seriamente.
Otro punto que también
señalamos en oportunidad de debatir este tema en la comisión ‑que fue
mencionado recién‑ se refiere al artículo 5°, sobre la no persecución
penal dos veces por el mismo hecho, que es una garantía constitucional. Este
artículo omite aspectos fundamentales que ya están incorporados en nuestra
jurisprudencia, como la sentencia írrita o la cosa juzgada fraudulenta. En este
sentido, hay trabajos medulosos que recomiendo leer, como los de Alejandro
Carrió y de Carlos Rosenkrantz, en los que se analiza que la cosa juzgada no es
absoluta –incluso en materia penal‑ cuando se puede determinar que hay
una cuestión fraudulenta. Esto también es en protección de los derechos de la
víctima que puedan verse afectados en esa línea.
Otro
aspecto no menor y al que también se hizo referencia es el de la potestad que
se le otorga al juez para interrogar. Esto es propio de un sistema inquisidor,
no de un sistema acusatorio. Estamos yendo a un sistema mixto y ustedes saben
muy bien que en ese tipo de sistemas las interpretaciones van a depender del
criterio del juez en el sentido de si se inclina por un sistema acusatorio o un
sistema inquisitivo. Por lo tanto, no me parece feliz haber incorporado esta
posibilidad. El juez es el director del proceso, dirige, no es el encargado de
hacer el interrogatorio; el juez conduce y establece las pautas y criterios
sobre cómo debe desarrollarse el proceso, pero no necesariamente tiene que
convertirse –como se dijo aquí‑ en juez y parte en el caso de los
interrogatorios correspondientes.
Entendemos
que si bien estamos haciendo un avance muy importante con este cambio de
paradigma de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio a nivel federal
–que nutre sus bases en el derecho público provincial porque muchas provincias
ya lo desarrollaron‑, tenemos nuestras serias dudas de que pueda
implementarse ante esta falta de gradualismo. No obstante, el bloque Argentina
Federal va a acompañar esta iniciativa.
Por
otra parte, si bien en el sistema acusatorio el juez va a contar con estas
potestades que le estamos dando, debe usarlas razonablemente y en forma fundada
y, sobre todo, debe dar las causas y motivos por los cuales acusa. La acusación
no es libre y absoluta como ocurre en el sistema norteamericano; nuestro
sistema tiene reglas, parámetros, límites y, sobre todo, garantías
constitucionales.
Sr.
Presidente (Gioja).- Tiene la
palabra el señor diputado Kosiner, por Salta.
Sr.
Kosiner.- Señor presidente:
creo que es importante poner en contexto el objeto de esta ley que, más allá de
algunas dudas o cuestionamientos en particular, representa un avance en el
sistema penal argentino.
Hoy
existe una clara demanda de la mayoría de los argentinos en el sentido de que
la Justicia brinde una respuesta efectiva y rápida a las problemáticas
vinculadas con las responsabilidades producto de un delito. Pero es imposible
pensar que el Estado pueda dar esa respuesta efectiva si no cuenta con un
sistema procesal moderno, eficaz, rápido y que esté en condiciones de dar ese
nivel de satisfacción a las principales demandas de la sociedad argentina: la
Justicia y la responsabilidad frente a un delito.
Paradójicamente,
gran parte del contenido de esta ley no tiene que ver con la creación de nuevas
figuras, sino con un profundo proceso de adecuación de normas que este Congreso
ha dictado con posterioridad a la sanción de la ley 27.063. Todas estas nuevas
herramientas también han sido producto de muchas demandas sociales, como por
ejemplo la figura del arrepentido, del agente revelador, del informante, la ley
de derechos de las víctimas y la ley de responsabilidad empresaria. Lo que
nosotros estamos haciendo hoy es finalizar una tarea de ensamble y compaginación
para que la legislación procesal argentina sea armónica y funcional.
Es
importante recordar que el 4 de diciembre de 2014 se aprobó la ley 27.063, que
estableció el nuevo Código Procesal Penal. En su momento, el actual presidente
emitió el decreto 257 del año 2015 por el cual se posterga la entrada en
vigencia de dicha ley. Muchos planteamos nuestras dudas e incluso no vimos con
buenos ojos que el proceso de implementación del Código Procesal Penal de la
Nación se paralizara. En este sentido, creo que es necesario ponernos a la
altura de todos los sistemas legislativos que mayor eficiencia tienen en el
mundo, particularmente en América Latina, pasando del sistema inquisitivo al
sistema acusatorio.
Quisiera destacar que así como en su momento el derecho público provincial argentino fue el que marcó el rumbo de la reforma constitucional a nivel nacional, cuando en la década del 80 se fortalece este derecho público provincial y son las constituciones de las provincias las que avanzan en muchos institutos que luego recoge la nueva Constitución Nacional –como el régimen municipal‑, también hay que decir que el camino que hoy estamos tomando de manera definitiva para avanzar en un sistema acusatorio y dejar el sistema inquisitivo es el mismo rumbo que tomó la gran mayoría de las provincias argentinas. Nuevamente, fueron las provincias argentinas las que marcaron el rumbo en nuestro país y las que tuvieron una respuesta mucho más ágil, moderna y concreta al incorporar este sistema acusatorio en su legislación.
Hoy, el sistema federal recoge esta experiencia exitosa en muchas provincias. Por eso es muy importante que se haya cambiado el nombre y hablemos de Código Procesal Penal Federal, ya que es consecuencia del trabajo que las legislaturas provinciales han efectuado.
Además de las normas a las que hice referencia, resulta fundamental incorporar la legislación vinculada con el control de la acusación, la actuación en materia de casación y la eficiencia en la respuesta del Ministerio Público. No hay manera de que el sistema acusatorio tenga éxito si el Ministerio Público no es eficiente, moderno, ágil y dinámico.
Una cuestión no menor, sobre la que hablamos con varios legisladores –quienes representan a las provincias‑, es pedir al Poder Ejecutivo nacional su compromiso en materia de apoyo presupuestario. Aunque contemos con un Código Procesal Penal Federal diagramado en forma exitosa, brillante y eficiente, es necesario el compromiso presupuestario de todos; fundamentalmente, del Estado nacional. Incluso, el informe de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal establece que es necesario no solo avanzar en la compatibilización de la nueva norma con la legislación vigente, sino también garantizar, durante su aplicación paulatina, las partidas presupuestarias pertinentes.
Finalizo mi exposición reiterando lo siguiente: llegamos a un punto donde se está recogiendo, a nivel federal, el desafío, el éxito y el compromiso de las legislaciones provinciales que apostaron a un sistema que es necesario en nuestro régimen federal. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada del Plá, por Buenos Aires.
Sra. del Plá.- Señor presidente: en primer lugar, según nuestra comprensión, el eje principal de esta reforma se vincula con el sistema acusatorio que otorga a la investigación de los fiscales una centralidad y una profundidad hasta ahora no vistas. Concretamente, tiene que ver con el pase del sistema de legalidad a un sistema de oportunidad, ya que los fiscales podrán decidir qué causas toman y cuáles no, o bien si deben armar alguna. Estarán decidiendo, en definitiva, qué delitos serán judicializados y cuáles no.
Salvo algunas excepciones, se otorga a los fiscales un poder enorme y cada vez más profundo; esto se traduce como una gran influencia del Poder Ejecutivo sobre la Justicia. Claramente, hay una tendencia a independizar el Poder Judicial de la soberanía popular. Cada vez se la aleja más y más de cualquier decisión.
Otro aspecto que debemos destacar es el siguiente: la ampliación de ciertos poderes de la policía en la fase de instrucción. Por ejemplo, se extienden los plazos hasta la elevación de las causas, lo que deja todo un tiempo para su armado discrecional. Consideremos que estamos hablando de una policía completamente cuestionada y acusada del armado sistemático de causas, sobre todo aquellas que implican un ataque a los derechos fundamentales de jóvenes y trabajadores.
Como bien se dijo, hay una amalgama de proyectos frente a una reforma del Código Procesal Penal que está suspendida. A nuestro entender, resulta claro que la democratización real de la Justicia solo podrá ser puesta de pie por un régimen donde los trabajadores tengamos los resortes de todo el sistema económico, político y judicial.
¿Qué planteamos nosotros durante la transición? La necesidad, cada vez mayor, de la elegibilidad de los jueces. Imaginen los señores diputados qué pasaría si los jueces Gómez Urso, Carnevale y Viñas tuvieran que someter sus fallos y su actuación a la voluntad popular. Como se recordará, son los magistrados que absolvieron a los femicidas de Lucía.
Resulta claro que no se quiere avanzar en instancia real alguna que permita democratizar la Justicia; la pretensión es seguir dominando al Poder Judicial, no solo desde el Poder Ejecutivo sino también desde los intereses económicos, políticos y de los grandes negociados.
Aquí se ha dicho con total tranquilidad que con esta norma se procederá a mejorar el acceso a la Justicia, razón por la cual tendríamos que darle curso rápidamente. No obstante, advertimos que, en realidad, aun puesta en práctica no tendrá importancia alguna, dado que el Poder Ejecutivo –a través, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad‑ está resguardando aquellas herramientas que le permitan cometer las arbitrariedades más profundas. Así es como en virtud de la resolución 956/18, publicada en el Boletín Oficial, habilita la licencia para matar y el gatillo fácil, como impulsa la ministra Bullrich.
Ayer a la noche tuvimos prácticamente una cadena nacional de funcionarios que defendían lo indefendible ante el rechazo que dicha norma provocó en un sector de la población, especialmente aquella que es y será víctima de la arbitrariedad policial, del gatillo fácil y de la represión en las movilizaciones, como la que sufrieron ayer nuestros compañeros del Polo Obrero. Claramente, tuvieron que salir a dar una justificación, porque lo que dispone la mencionada resolución es lo que estamos sufriendo.
Lo único que quieren evitar es la posibilidad de que la policía responsable de los asesinatos producto del gatillo fácil deba dar alguna explicación en el banquillo de los acusados, como ocurre en los sistemas que sistemáticamente toman como modelo. Por ejemplo, el que rige en los Estados Unidos, donde la policía de gatillo fácil nunca brinda respuesta alguna.
Por las razones expuestas, daremos continuidad a la posición de rechazo que adoptamos cuando se debatió sobre el Código Procesal Penal. En este caso, desde el Partido Obrero y el bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, seremos consecuentes con aquella postura y rechazaremos la aprobación de este proyecto.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra. Sapag.- Señor presidente: acompañaremos esta reforma del Código Procesal Penal de la Nación, pero no la aprobación del artículo 12, ya que para nuestra provincia significa un claro retroceso en materia de derechos colectivos de los pueblos originarios.
Estos derechos están reconocidos en la Constitución de mi provincia, a lo que debemos agregar que la República Argentina adhirió a una serie de normas internacionales: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –artículos IV, XXXIII y XXXIV‑, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –artículo 28.
Dado que se contrapone con la normativa vigente, acompañaremos la votación en general del proyecto en consideración, pero no la aprobación del artículo 12.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada González Seligra, por Buenos Aires.
Sra. González Seligra.- Señor presidente: desde nuestro bloque no acompañaremos esta reforma procesal que, si bien sufrió algunas modificaciones a raíz del reclamo de los organismos de derechos humanos, no es menos inconstitucional.
Mantiene en esencia los contenidos con
los cuales fue pensada y elaborada, que
tienen que ver con incrementar la vigilancia y las atribuciones del Estado
sobre las garantías de las personas.
Con un discurso tendiente
a convencernos de que este Código Procesal nos haría salir de un sistema
judicial de corte inquisitorio para ir hacia un sistema más republicano, la
miembro informante quiere disimular cómo vienen funcionando los sistemas
acusatorios provinciales, incluso en su propia provincia, Jujuy, donde
estudiantes que defienden los bachilleratos están ahora siendo criminalizados y
enfrentan un juicio. Entre esas personas se encuentra una compañera nuestra,
que es concejala. Se está utilizando como herramienta un código provincial que
es casi un paralelo del código federal que aquí quieren aprobar.
-
Ocupa la
Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sra. González Seligra.- Por eso, como ya planteó mi compañera, desde
el Frente de Izquierda insistimos en la necesidad de que los jueces y fiscales
sean elegidos por el voto popular, que su mandato sea revocable, que se
implementen los juicios por jurado y que se termine con esta casta que reparte
sus fidelidades con el poder de turno, con las fuerzas de seguridad e incluso
con la embajada de los Estados Unidos.
No nos cansamos de decir
-como ayer lo mencionábamos también alrededor del caso Lucía- los privilegios
que tiene esta casta que, con dietas abultadas, exención del impuesto a las
ganancias y totalmente alejadas de las mayorías populares, utilizan su poder
justamente para cometer arbitrariedades contra el pueblo pobre.
Se ha dicho que este
Código Procesal estará también en el marco del futuro Código Penal, que no hace
más que buscar el aumento de la criminalización de la protesta social. Por eso
también rechazamos este código.
En una muestra de un gran
cipayismo, esta reforma fue presentada por su autor, Borinsky, en el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, siendo él juez y becado. Es
decir que más allá del debate en la comisión bicameral, quien está detrás de
todas las reformas que el gobierno impulsa, con Justicia 2020, es el propio
Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Como aquí se ha dicho, no
acompañaremos este intento de legalizar los ejércitos de infiltrados ni la
implantación de pruebas, que es algo que ya sabemos que en nuestro país se
viene haciendo y cuya legalización se busca con esta reforma.
Aquí se habló de la mayor
habilitación de las prisiones preventivas, no solo ante el peligro de fuga o de
entorpecimiento de la investigación, sino por el solo hecho de tener sentencia
condenatoria en primera instancia.
Como también han
mencionado otros diputados, se contempla la posibilidad de juzgar dos veces el
mismo hecho.
Asimismo, entre las
nuevas atribuciones que busca esta reforma podemos mencionar, por ejemplo, la
posibilidad de que un acusado pueda ser sometido a rueda de reconocimiento sin
la presencia de su abogado defensor.
Además, se incorpora algo
muy grave, que es la figura del colaborador o del agente encubierto, que ya en
2016 mi compañera Myriam Bregman había rechazado en esta Cámara. En estos días
hemos tenido la triste noticia –y la confirmación- de que, por supuesto, la
política de infiltrar agentes no es exclusiva de este gobierno sino también del
anterior. Es el caso del agente Balbuena, quien durante once años ha hecho de
periodista infiltrándose en organizaciones sociales y de derechos humanos.
Esta figura del agente
encubierto, que sería un miembro de las fuerzas de seguridad, estaría nada más
ni nada menos que bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, es decir, de
Patricia Bullrich, la misma que en estos días quiere avanzar con la
legitimación y la legalización del gatillo fácil y la disposición de las
fuerzas de seguridad a matar mediante la utilización de armas de fuego. Es
decir, es parte de la misma política de criminalización y de mayor represión.
El último elemento que
quiero mencionar se vincula con la figura de la flagrancia, que se pretende
utilizar como recurso a partir de esta reforma, lo que nosotros también
rechazamos como bloque. Lo quiero destacar porque en su momento rechazábamos en
soledad la utilización de la flagrancia, y después se confirmó que fue
utilizada arbitrariamente –como quería el gobierno de Cambiemos- en la
intervención a la Pu Lof y en la persecución a los pueblos originarios, en cuya
ocasión luego fue desaparecido y asesinado Santiago Maldonado.
Por estas razones,
rechazamos este intento de que el gobierno tenga las manos libres para avanzar
contra las libertades democráticas, por lo que no acompañaremos la iniciativa en
consideración.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
Montenegro, por Buenos Aires.
Sr. Montenegro.- Señor presidente: considero importante
aclarar varias cuestiones.
La discusión entre
sistema acusatorio y sistema inquisitivo, en nuestro país, la recuerdo desde
que entré en la facultad, en el año 1981.
En el año 1983 teníamos
un sistema acusatorio e inquisitivo claro, dentro del régimen penal, y hubo una
modificación que dio lugar al régimen que hasta hoy se está utilizando en la
Justicia nacional en la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia federal de todo
el país, que claramente quedó a mitad de agua. Se estableció una primera etapa
inquisitiva y una segunda etapa acusatoria. En la primera etapa, el juez ordena
una serie de medidas que, según uno entiende, deben ser dirimidas por el
fiscal, por el sistema acusatorio puro. Y la verdad es que, según recuerdo, en
un momento dado hasta especialistas nuestros fueron a explicar a Chile cómo
tenía que hacerse este sistema, y mientras en ese país el tema ya se ha
terminado, nosotros lo seguimos discutiendo.
Cuando en 1993 era
fiscal, me decían que estaba a punto de salir el Código Procesal que daría
poder a los fiscales. Al parecer, había una parte de la población que no quería
darle poder a los fiscales; ahora escucho que se objeta que se dé poder a los
jueces para que aclaren algunas preguntas. Esto es algo que me parece raro,
porque el hecho de que un juez pueda formular preguntas aclaratorias me parece
importante.
También me parece
importante que existan las distintas partes como para poder determinar si esas
preguntas están dirigidas de alguna manera a que el juez pueda tomar una
posición o no, y si el juez pasa a ser parcial, serán las partes las que tomen
la medida que deberá llevarse adelante.
Por otra parte, hay una
cuestión que tiene que ver con los tiempos y que me parece que es muy clara. El
sistema acusatorio permite la inmediatez de la prueba. ¿Qué es lo que uno trata
de hacer en un proceso penal? Lo que se intenta es recrear lo que pasó. La
verdad de lo que ocurrió es una sola; no hay dos verdades. Lo que el juez
intenta es recrear lo que ocurrió por medio de distintos sistemas que los
legisladores le vamos a dar para que desarrolle durante un proceso penal. Serán
el fiscal y la defensa los que busquen los distintos elementos para que se
pueda mostrar esa película que se quiere recrear durante el proceso penal.
Considero que no permitir
un claro avance en esta posición para que la Justicia cuente con las
herramientas necesarias a efectos de que el proceso sea veloz, igualitario,
rápido, y en definitiva, justo, implica no entender cuáles son las distintas
evoluciones que incluso tuvieron las propias provincias de nuestro país para
poder llegar a ese punto.
Me sorprende que sigamos
discutiendo este tema. Lo estamos haciendo desde el año 1985. No tenemos que
discutirlo más. Debemos otorgar las herramientas necesarias para que el sistema
empiece a funcionar mejor. Probablemente sea perfectible. Cuando advierto que
hay una discusión en cuanto al presupuesto, entiendo que esa discusión la
tenemos que dar, pero debemos arrancar. Si seguimos diciendo que vamos a
empezar la discusión y no lo hacemos de una buena vez, lo que estamos logrando
es que quienes más problemas tienen queden más lejos de la Justicia, porque en
definitiva no van a estar representados de la manera en que lo estarían con
este tipo de sistema que se propone.
Entonces, yo no tengo
ninguna duda de que esta es una herramienta absolutamente necesaria, y si hay
cuestiones perfectibles se irán viendo durante el proceso, como permanentemente
se hace con todo lo que tiene que ver con los códigos de forma.
En consecuencia, no tengo
ninguna duda de que tenemos que avanzar en este punto, y en ese sentido quería
dejar constancia de mi opinión. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
Carrizo, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Carrizo (A.C.).- Señor presidente: desde el bloque Evolución
vamos a acompañar este proyecto, pero también quiero hacer algunas reflexiones
en atención a lo interesante que ha sido el debate de hoy en la Cámara de
Diputados.
Aquí se habló de los
plazos en la Argentina, y también se mencionó ese aspecto en torno de la
cuestión de los desafueros. Me parece que es una deuda que tiene sobre todo la
Cámara de Diputados, porque cada vez que tenemos un caso de desafuero no
tenemos criterios, ya que los criterios políticos siempre son gelatinosos.
Me parece interesante el desafío que nos planteó el presidente del bloque del Frente para la Victoria. Es verdad, ellos tienen una posición muy bien tomada con respecto a los plazos. El punto es que si solo se dispone el desafuero cuando hay condena firme, seguimos con el tema de los plazos, porque en la Argentina nunca hay condena firme; los tiempos son inconmensurables.
Este proyecto avanza en algunas herramientas para poder visibilizar y controlar la corrupción estructural en la Argentina. Pero me parece que siempre llegamos tarde y vamos por los márgenes.
Desde Evolución hemos presentado hace dos años un proyecto en la línea que existe en Europa, porque no es solamente en Argentina donde hay corrupción. Hoy vamos a tratar ‑y también es un gran debate que queremos dar y no sabemos si hay acuerdo- el tema del control de las barras bravas en los clubes de fútbol. Ahí se dice que se quiere crear un régimen especial para delitos colectivos, y también se habla del tema de la corrupción. Pero les digo una cosa: el proyecto que nosotros tenemos va en la línea que están trabajando las democracias contemporáneas, con control de plazos. ¿No podemos, justo ahora que estamos debatiendo el Código Procesal Penal de la Nación, incluir un régimen especial que tenga una velocidad determinada para todos los casos de delitos contra la administración pública?
Esto es lo que se está debatiendo hace dos o tres años en Europa, y la verdad que en nuestro país siempre llegamos tarde. Hace cuatro años que estamos tratando de establecer los parámetros de implementación de lo que se votó en 2014. Celebro que haya avances, pero siempre estamos por los márgenes. Me parece que nos falta visión para poder sincerarnos en el debate y mirarnos a nosotros mismos.
Entonces, demos esos debates en particular que tienen que ver con los saltos hacia delante cuando no tenemos los parámetros firmes sobre lo que queremos controlar desde la Cámara de Diputados de la Nación.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Nazario, por Córdoba.
Sra. Nazario.- Señor presidente: quiero pedir autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones. Solamente quiero agregar que voy a votar a favor de este proyecto de ley, y en el tratamiento en particular voy a votar en contra de los artículos 12 y 14, porque considero que atentan contra los derechos de los pueblos originarios.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación Penal recaído en el proyecto de ley en revisión Senado por el que se modifica el Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063, Orden del Día N° 235.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 195 señores diputados presentes, 134 han votado por la afirmativa y 55 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones. No se ha computado el voto de 2 señores diputados.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 134 señores diputados por la afirmativa y 55 por la negativa. Además se registraron 3 abstenciones.[3] (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Las abstenciones fueron cuatro.
En consideración en particular.
Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.
Sra. Burgos.- Señor presidente: anticipé que no se iba a aceptar ningún tipo de modificaciones. Por lo tanto, propongo que se pase a votar en particular en forma conjunta el articulado propuesto.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar en particular en forma conjunta los artículos 1° a 67.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 68 es de forma.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.[4]
Se comunicará al Poder Ejecutivo y de dará aviso al Honorable Senado.
- 10 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de mayoría de la Comisión de Justicia ‑Orden del Día N° 440‑ recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica la rúbrica “recursos de casación, de inconstitucionalidad y de revisión” de los artículos 288 a 301, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
ORDEN DEL DÍA N° 440
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado Mestre, por Córdoba.
Sr. Mestre.- Señor presidente: viene a consideración este dictamen por el que se pretende derogar modificaciones introducidas por la ley 26.853, sancionada en el año 2013, cuando este Congreso tenía otra conformación, con otras mayorías, y que en definitiva en aquel momento toda la oposición votó en contra.
Con el paquete mal denominado “de democratización de la Justicia” ‑como lo llamó el gobierno anterior‑, en realidad se quiso controlar a la Justicia debido a que jueces de primera instancia, de las cámaras de apelaciones e incluso de la Corte, dictaban resoluciones y sentencias que ponían un freno al avasallamiento de los derechos constitucionales de los argentinos.
Concretamente, en virtud de esta ley se crearon tres cámaras de casación, es decir, una nueva instancia judicial que vino a burocratizar, a trabar y a alejar la justicia de los vecinos. Así, se creó la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial.
Mediante esa ley se incorporaron también ciertos recursos de casación e inaplicabilidad de ley, que buscamos ahora derogar.
Hay que recordar que en el año 2013 la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la acordada 23/13, donde dio fundamentos diferentes a los sostenidos por el Congreso al aprobar la ley, señalando que había que evitar situaciones que frustren los derechos constitucionales, y ordenó que, en todas las causas federales y nacionales donde se creaban esas nuevas instancias, los recursos fueran directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Podemos ver que esa ley no ha aportado beneficio alguno, sino que tenía como fin concreto designar en esas cámaras de casación a jueces amigos, a jueces de Justicia Legítima.
Como si esto fuera poco, se concentraban estas tres cámaras de casación en la macroencefálica Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afectando a millones de argentinos que vivimos en el interior profundo del país, haciendo que los procesos judiciales sean más largos, más engorrosos, más burocráticos y más caros, porque esos justiciables debían designar un nuevo apoderado o abogado para que litigue acá, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como si esto fuera poco, respecto de los procesos previsionales se ha dicho hasta el hartazgo que había que intentar acortarlos, y desde el gobierno de Cambiemos hemos avanzado en estos casos con la llamada “Ley de Reparación Histórica” para que los jubilados pudieran cobrar sus reclamos más ágilmente, pero con esa ley que creaba la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social se alargaban más aún los procesos.
Concretamente quiero referirme al artículo 7°, que corrobora lo que vengo diciendo, y me permito leerlo. Dice así: “En los casos en que resulte necesario, se podrán establecer procedimientos abreviados para la designación de los jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad al trámite de las causas.”
Está clarísimo que lo que buscaban era designar a estos jueces sin respetar lo que dice la Constitución Nacional ni los fallos Rosza y Uriarte, que implican la participación de los tres poderes del Estado en la designación de los jueces.
También el artículo 7° dice que “Hasta tanto las Cámaras de Casación creadas por el artículo 1° de la presente ley sean compuestas conforme el presente artículo, se integrarán por jueces subrogantes o conjueces para iniciar su funcionamiento.” Esto habla a las claras de la manifiesta contradicción, ya que no podría haber jueces subrogantes si estas Cámaras no estaban habilitadas y no tenían un juez titular a cargo.
Seguramente el autor del proyecto va a abundar en mayores detalles, pero es claro y evidente que tenemos que derogar la ley 26.853, que ha sido pésima para la República Argentina. De esta manera estaríamos volviendo a la redacción originaria del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 288 a 301.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Siley, por Buenos Aires.
Sra. Siley.- Señor presidente: en primer lugar rechazamos esta derogación respecto de las Cámaras de Casación, y este rechazo se funda en que no podemos analizar este tema de manera aislada, como se lo hizo previamente con la reforma del Código Procesal Penal Federal. Tampoco podemos proceder de esta forma con cualquier otra modificación legislativa que haga a la estructura del Poder Judicial o a su funcionamiento.
Bien aclaró el presidente de la Comisión de Justicia que hubo un contexto en el cual se crearon las Cámaras de Casación, y tenía como objetivo claro la democratización de la Justicia. Se puede estar en contra con alguna u otra ley que tienda a cumplir ese objetivo, como también se puede estar a favor, pero no se puede no contar la verdad a la sociedad cuando hablamos del Poder Judicial, que es un poder del Estado, siendo que nosotros somos quienes debemos otorgar herramientas para que funcione adecuadamente, porque si no la culpa de todo siempre la tienen los jueces y las juezas, que si bien tienen una responsabilidad funcional, ésta nace en esta Cámara.
La democratización de la Justicia tenía como objetivo transparentar y dar celeridad a los procesos judiciales, acercando la Justicia al pueblo, brindando un conocimiento más cabal sobre los agentes judiciales.
¿Cuál es el contexto en el que ahora estamos derogando esas Cámaras o haciendo cualquier otra modificación en materia procesal o estructural del Poder Judicial? Justamente de este contexto quiero hablar un poco.
Nuestro espacio político, las organizaciones sindicales y las civiles propias del Poder Judicial, venimos denunciando que estamos en presencia de un plan sistemático del gobierno para apoderarse de este tercer poder del Estado. ¿En qué consiste este plan sistemático? ¿Qué características tiene?
En primer lugar, el modus operandi, cómo se actúa en este contexto respecto del Poder Judicial. Una de estas formas es la determinación a piacere que tienen funcionarios del gobierno para someter a jueces y juezas a juicio político por mal desempeño de sus funciones.
Fíjense ustedes que los recientes casos que tenemos de jueces con jury de enjuiciamiento impulsado por el gobierno han fallado a favor de derechos sociales, en todos los casos. Por ejemplo, tenemos el caso de los camaristas de la justicia laboral, la Justicia Nacional del Trabajo, que fallaron a favor del aumento salarial de los trabajadores bancarios porque sostuvieron que era legítima la paritaria suscripta entre los banqueros y la asociación bancaria.
Arias Gibert y otro camarista fueron sometidos a jury de enjuiciamiento. Después tenemos el caso del juez Luis Arias, de la provincia de Buenos Aires, que también falló a favor de evitar el tarifazo de luz, y fue uno de los primeros. Conte Grand, el fiscal general de la provincia de Buenos Aires, impulsa también el desplazamiento de Arias. Y quiero aclarar que Conte Grand no tiene nada de judicial, porque antes fue funcionario de Macri en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y luego fue funcionario de Vidal en la provincia de Buenos Aires, aunque ahora parece ser que es un señor imparcial que integra el Ministerio Público Fiscal de la provincia.
Otro tanto pasó con la jueza Martina Forns, que frenó la aplicación de un tarifazo en un hospital en la provincia de Buenos Aires, y según sus propias denuncias no solamente fue perseguida por periodistas, sino que además sufrió un atentado con una bomba en las inmediaciones de su casa.
También tenemos un caso muy resonante que acaba de suceder hace dos días, con el juez Luis Carzoglio, quien determinó falta de mérito para evitar la prisión preventiva del dirigente sindical de camioneros Pablo Moyano.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, doctor Luis Alfonso Petri.
Sra. Siley.- Conte Grand impulsó la suspensión de Carzoglio como juez de la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes en qué contexto se dio todo: el sindicato de camioneros estaba discutiendo una reapertura de paritarias a fines del mes de septiembre, principios de octubre. Se venía de un paro general y uno de los sindicatos más importantes del país solicitó reapertura de paritarias porque los sueldos estaban atrasados respecto de la inflación. En ese momento el fiscal de Lomas de Zamora determinó su prisión preventiva.
El juez, dictando una sentencia ajustada a derecho y respetando el debido proceso, resuelve la falta de mérito. Acto seguido sale el procurador de la provincia de Buenos Aires, exfuncionario de Macri, a decir que este juez debería ser sometido a un jurado de enjuiciamiento, y así se procede. Se inició el jurado de enjuiciamiento y el juez Carzoglio fue suspendido, y aún lo sigue estando.
Es decir que el mal desempeño de las funciones es tal cuando un juez o una jueza dicta una sentencia a favor de los más humildes, y es buen desempeño, o no se dice nada, cuando, por ejemplo, los tres magistrados del tribunal oral en lo criminal de Mar del Plata absuelven a los femicidas de Lucía Pérez. ¿Por qué Conte Grand no pidió, por ejemplo, en ese caso, un jurado de enjuiciamiento para esos tres magistrados? Esto es lo que todavía nos seguimos preguntando.
Me causa mucha gracia lo que dijo el presidente de la Comisión de Justicia, que el gobierno anterior tenía intención de designar fuera de los procedimientos constitucionales a magistrados y magistradas. Entonces, es como “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, porque esto es lo que hizo el gobierno de Cambiemos, empezando con los jueces de la Corte, siguiendo con la transformación de los T.O.C. en T.O.F., y continuando con casos de renombre muy resonantes, como el del juez Mahiques, que pasa de ser juez a funcionario del gobierno, y después nuevamente a juez, y no solamente juez nacional sino juez federal. Esta manera de sacar y poner jueces forma parte de este modus operandi.
En relación con la cuestión ornamental, procedimental, las herramientas, lo que lamentablemente se acaba de votar ahora, y estando tan preocupados por el sistema acusatorio, nos encontramos frente a casi tres años de suspensión por un decreto del presidente Macri. Estaban muy preocupados por el sistema acusatorio, pero lo acaban de desvirtuar totalmente, porque no convirtieron al sistema anterior. No estamos haciendo un cambio de paradigma; no estamos pasando de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Por el contrario, se pasó de una ley que era perfectamente acusatoria, y que fue suspendida por este gobierno, a un sistema donde hay una contaminación del sistema inquisitivo en el acusatorio.
Eso trae consecuencias sobre la vida real de la gente; si no, parecería que estamos hablando de cosas abstractas. En el caso del juicio de Lucía Pérez, precisamente fue uno de los motivos que llevó a tener esa sentencia. El hostigamiento que sufrió, por ejemplo, la coordinadora del Área de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires con las preguntas formuladas por los tres magistrados misóginos fue uno de los fundamentos de la resolución que dispuso en ese caso la absolución de los delincuentes.
Otro de los mecanismos del modus operandi para llevar adelante este plan consiste en desprestigiar a la institución, es decir, al Poder Judicial. Hay muchos ejemplos del mismísimo presidente de la Nación por los cuales la culpa de todo lo que pasa en la Argentina la tenemos los “K”, los sindicalistas o los jueces. Por ejemplo, cuando el presidente de la Nación anunció en noviembre, en el Centro Cultural Kirchner, las reformas del Estado, llevó a cabo un enorme ataque sobre el sistema estructural del Poder Judicial. Si bien no envió ningún proyecto de ley para modificarlo, constantemente se dedica a desprestigiar esa institución.
Por otra parte, el caso Chocobar claramente reflejó una injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones de un magistrado. Cuando en este caso, que tuvo lugar en diciembre de 2017, se dictó la sentencia correspondiente, ella fue por homicidio agravado en la utilización de arma de fuego. En su momento fue por exceso en la legítima defensa. Ahora, según la Cámara, es por exceso en el cumplimiento del deber.
El presidente Macri y la ministra Bullrich recibieron a este policía. El primero le dijo a este policía, que en ese momento estaba en proceso abierto y que ahora se encuentra a la espera del juicio oral, lo siguiente: “Quedate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación”.
Acto seguido, la ministra Bullrich dijo públicamente: “Consideramos que el juez va a entender nuestro razonamiento”. Reitero que esto fue en el marco de un proceso judicial abierto. Esto constituyó un claro caso de injerencia sobre el Poder Judicial, más allá de que después se hable de la independencia de esa institución. Esto es lo que más se está violando actualmente en este contexto político.
El presidente de la Nación hasta le echó la culpa a la Justicia por lo que sucedió en el partido de fútbol que no llegó a jugarse entre River Plate y Boca Juniors. En lugar de hacer un mea culpa por el pésimo operativo policial, el Poder Judicial también terminó teniendo la culpa. La degradación de una institución es una manera muy directa de debilitarla y, de ese modo, apoderarse de ella. Esa es la estrategia que se está desarrollando.
Quiero decir que los objetivos de ese mecanismo ya han sido expresados aquí por mi compañero de bancada, el señor diputado Doñate, y son los siguientes: garantizar la impunidad para los funcionarios, legalizar el ajuste ‑como se ha demostrado con los jueces que fueron corridos por defender a la gente‑ y desarrollar una persecución política.
Esta última es otra de las características de este plan que se lleva a cabo sobre el Poder Judicial, porque hoy tendría que estar aquí sentado el compañero Julio De Vido, del mismo modo que en el Parlasur debería estarlo la compañera Milagro Salas, pero eso no sucede porque existe un proceso de degradación de las instituciones de la democracia en la Argentina. (Aplausos.)
Finalmente, el rechazo tiene que ver porque en el caso de las instituciones ocurre lo mismo que en el de la economía: cuando se devalúa la moneda también se devalúan las instituciones, del mismo modo que la vida de los argentinos.
Nosotros siempre vamos a tener la firme voluntad de trabajar en la construcción de un Poder Judicial a partir de consensos, pero al servicio del pueblo y jamás en contra suya. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky, por Buenos Aires.
Sr. Lipovetzky.- Señor presidente: celebro que estemos debatiendo este proyecto de ley, sobre todo porque podemos recordar muchas cosas que no hace mucho tiempo ocurrieron en el Congreso Nacional y el país.
Como dijo el señor miembro informante, la ley 26.853, cuya derogación estamos propiciando, estableció la creación de las Cámaras de Casación en lo Contencioso-Administrativo Federal, la Cámara de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial. Esa ley se enmarcaba en el paquete denominado “de democratización de la Justicia”, aunque en realidad tendría que haberse llamado “queremos cooptar la Justicia”. Eso fue propiciado por el gobierno anterior.
La sanción de la ley cuya derogación estamos promoviendo tuvo un trámite llamativamente rápido. A veces uno escucha frases tales como “qué rápido estamos tratando este proyecto”. Al respecto, quiero recordar en cuánto tiempo se sancionó esa ley.
El proyecto de ley fue anunciado por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el 7 u 8 de abril de 2013. Ingresó a esta Honorable Cámara el día 9 de ese mes. Una semana después, el 17 de abril, fue sancionado por la Cámara de Diputados. Finalmente, el día 24 de ese mes obtuvo sanción definitiva en el Honorable Senado.
Es decir que en el término de dos semanas se crearon Cámaras de Casación que introducían una nueva instancia judicial en procedimientos muy cercanos a lo que necesita la gente, como por ejemplo las cuestiones vinculadas con los jubilados y el área laboral. Creo que esos temas hubieran merecido un debate más profundo, pero eran los tiempos que vivíamos en ese momento. El señor diputado Mestre dijo que teníamos un Congreso muy distinto del actual. Claramente eso es así, ya que los proyectos de origen K se aprobaban casi sin discusión.
Encima querían decirnos que estaban procurando democratizar la Justicia. Esto último, en realidad, significa tratar de allanar el camino al justiciable y permitirle obtener de la manera más rápida y sencilla un pronunciamiento judicial que resuelva el tema que planteó, pero eso no era precisamente lo que aquel proyecto pretendía.
Esa iniciativa establecía la creación de una Cámara de Casación, sobre todo en lo concerniente a las cuestiones laborales y previsionales que generaba una nueva instancia. El trabajador, en el fuero Nacional del Trabajo con sede en la Capital Federal ya tiene una doble instancia. Aquel proyecto estableció la creación de una tercera, lo que iba a demorar muchísimo los trámites cuando el trabajador acudiera a la Justicia, por ejemplo, en el caso de un distracto laboral.
Eso implicaba una demora, aunque paradójicamente, cuando se envió ese proyecto de ley se dijo que se iban a acelerar los procedimientos. Claramente eso no iba a ser así. Esto no lo digo yo ‑en definitiva, gracias a Dios y también a las acordadas de la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Casación nunca fueron puestas en práctica‑, sino que también ha sido manifestado por otros sectores.
Al respecto, voy a dar lectura de un párrafo que es realmente interesante. Dice así: “Es falso que los nuevos procedimientos vayan a acelerar y hagan más ágil y rápido el servicio de Justicia a través de la creación de nuevas Cámaras de Casación. Esta creación no hace más que establecer una nueva instancia que va a retardar cuatro o cinco años más las causas que se encuentren en trámite, lo cual no favorece el acceso a la Justicia de los sectores populares”.
¿Saben quién dijo esto? El Consejo Directivo de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. ¿Quiénes conocen mejor los trámites judiciales que los propios empleados judiciales?
Entonces, hay que enmarcar lo que fue ese proyecto. Concretamente, procuraba cooptar, no solamente designando a los miembros del Consejo de la Magistratura –hubo otra iniciativa que propiciaba su nombramiento mediante el voto popular y que, justamente, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en la causa Rizzo‑, sino también designando a los jueces, a fin de unificar la jurisprudencia, como ellos querían, sobre todo en lo relativo al punto principal, que era el fuero en lo Contencioso-Administrativo Federal.
Esto se observa claramente en el artículo 7° de la ley 26.853, cuya derogación estamos propiciando, al que se refirió el señor diputado Mestre. Ese artículo justamente establecía que, hasta tanto fueran designados los integrantes de la Cámara de Casación, se podrían designar miembros provisorios a través de procedimientos más rápidos, que en verdad no quedaba claro cuáles eran. El único procedimiento para designar jueces es el que establece la Constitución. Pero además decía que si no los cargos podían ser cubiertos por jueces subrogantes o conjueces.
Además del paquete de leyes –el que proponía designar a los miembros del Consejo de la Magistratura a través del voto o de esta otra iniciativa, que creaba las Cámaras de Casación‑, también habían enviado el proyecto de ley de subrogancias, con el que pretendían colocar a los jueces que ellos querían a través de los conjueces, también declarado inconstitucional por la Corte. Afortunadamente, hace muy poco tiempo aprobamos una nueva ley de subrogancias, que justamente respeta la Constitución.
Entonces, es importante derogar esta ley, que lo único que hacía era poner una nueva traba a los justiciables, y que los procesos demoraran más, cuando lo que tenemos que buscar es que duren menos.
Pero, además, es una buena oportunidad para recordar lo que pasó hace muy poco tiempo en este país, donde un gobierno quiso cooptar el Poder Judicial para buscar impunidad. Hoy estamos derogando el último eslabón de ese proceso; esta es la clave.
Se dijo también que nuestro gobierno busca desprestigiar al Poder Judicial. ¿Qué mayor desprestigio para el Poder Judicial que pretender que los jueces sean designados por un procedimiento anticonstitucional, como quiso el gobierno anterior? ¿Qué mayor desprestigio para el Poder Judicial que querer crear nuevas Cámaras de Casación integradas por conjueces a través de una ley de subrogancias, que también fue declarada inconstitucional?
La mejor manera de prestigiar al Poder Judicial es otorgándole instrumentos para que los procedimientos sean más rápidos, que haya justicia, y que se cumpla con la Constitución, como está haciendo este gobierno. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Se a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen de mayoría de la Comisión de Justicia recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica la rúbrica “Recursos de casación, de inconstitucionalidad y de revisión” de los artículos 288 a 301 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Orden del Día N° 440).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 189 señores diputados presentes, 132 han votado por la afirmativa y 53 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 132 votos afirmativos, 53 negativos y 3 abstenciones.[5]
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.[6]
Se comunicará al Honorable Senado.
- 11 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar
los dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y del
Mercosur –Orden del Día N° 802‑ recaído en el proyecto de ley en revisión
por el que se aprueba el Acuerdo de Complementación Económica 35, celebrado entre los Estados Partes del
Mercosur y la República de Chile ‑Sexagésimo Primer Protocolo
Adicional–, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay, el 4 de enero de 2018 (Expediente 93-S.-2018).
AQUÍ ORDEN DEL DÍA 802
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en
general.
Tiene la palabra la señora diputada Schmidt
Liermann, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Schmidt Liermann.- Señor presidente: compartiré el
tiempo del que dispongo para hacer uso de la palabra con el señor diputado
Amadeo.
Este
acuerdo ratifica el tratado de libre comercio que ya tenemos con nuestro vecino
chileno, y profundiza los vínculos con los países de la Alianza del Pacífico,
porque dentro de dicho bloque Chile es el principal impulsor del acercamiento
de nuestro país a la Alianza, así como de la relación Mercosur-Alianza
Pacífico.
Este
es uno de esos acuerdos que sabemos que beneficiará profundamente a nuestras
economías regionales y, en especial, a las pequeñas y medianas empresas, porque
‑tal como nos han manifestado diferentes empresas e, incluso,
cooperativas‑ posibilita hacer asociaciones con empresas del mismo rango
del vecino país.
Lo
más importante de este acuerdo es que se elimina el costo adicional del roaming en las comunicaciones
recíprocas; incluye la transmisión de textos, llamada “e-datos”. Su eliminación
deberá implementarse en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del
presente acuerdo. Por lo tanto, es un acuerdo que permitirá que las nuevas
tecnologías sean el eje principal de nuevas formas de hacer negocios.
La
importancia también radica en que con ello estamos previendo que, si en el
futuro en la legislación chilena hubiere alguna norma que discrimine a nuestras
empresas nacionales, no se pueda llevar a cabo.
Alguna
mención especial, antes de ceder la palabra al señor diputado Amadeo, es la
importancia del capítulo de género. Se trata del primer convenio que firmamos
en el que se ha incorporado la visión de género, promocionando un crecimiento
económico inclusivo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado Amadeo, por Buenos Aires.
Sr. Amadeo.- Señor presidente: si hay un país
con el que la Argentina es complementario, sin ninguna duda es Chile. Primero,
por la facilidad enorme de nuestra integración física. Los pasos actuales se
multiplicarán y permitirán una salida al pacífico que la Argentina nunca soñó.
En
segundo lugar, por el aspecto económico. Al día de hoy, Chile es un país con
muy limitada capacidad de producción industrial. Sin embargo, tiene acuerdos de
libre comercio con el 80 por ciento del PBI mundial. Por lo tanto, la
posibilidad de que industrias argentinas puedan salir al mundo a través de
acuerdos con industrias chilenas es enorme.
En
tercer término, por la complementariedad vinculada con la cordillera virgen; se
trata de todo lo que hay por hacer de ahora en adelante en una cordillera que
del lado argentino está inexplotada, mientras que del lado chileno significa el
60 por ciento de sus exportaciones.
En
cuarto lugar, por la situación en términos de turismo y comercio. La capilaridad
de la frontera es enorme, y en la medida en que sostengamos una política de
tipo de cambio competitivo, es muy importante la posibilidad argentina de
servir a un país que tiene un producto bruto por habitante en crecimiento
permanente.
En
términos numéricos, a pesar de que hemos tenido atraso cambiario, la Argentina
tiene un superávit comercial con Chile de más de 1.700 millones de dólares. De
los 3.600 millones de dólares que exportamos a Chile, el 41 por ciento
pertenece a manufacturas de origen industrial. Estamos exportando a Chile mucha
mano de obra y valor agregado.
Por
lo tanto, es incomprensible que aun desde los sectores productivos se planteen
reparos contra este acuerdo, que tiene todo lo posible para aumentar y mejorar
no solo nuestra integración hacia Chile, sino también el valor agregado.
Un capítulo especial es el de los servicios. Chile importa por año 13.500 millones de dólares de servicios. En los últimos años, la Argentina se ha constituido en un proveedor universal de servicios. Tenemos empresas reconocidas que proveen servicios de software y asociados, mientras que del otro lado de la cordillera tenemos un cliente voraz, que quiere importar servicios. Eso significa generación de empleo. Por lo tanto, son todos beneficios.
Chile ha estado invirtiendo en nuestro país para comprar algunas bodegas. Las bodegas argentinas pueden salir al Pacífico, exportando vino y eventualmente importando tecnología, con el apoyo de las bodegas chilenas. De manera que este es un paso esencial en el desarrollo de la industria y de los servicios argentinos.
Por lo tanto, sería muy importante que esta Cámara apruebe este convenio y dé una señal al mundo acerca de la mirada estratégica que los argentinos, en particular los empresarios pequeños y medianos, tenemos sobre el futuro del país, una Nación abierta al mundo e integrada para crear más trabajo en ella. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Carmona, por Mendoza. ¿Comparte su tiempo, señor diputado?
Sr. Carmona.- No, señor presidente.
Hemos escuchado loas por este acuerdo de complementariedad económica entre la Argentina y Chile. Quisiera poder adherir a esas loas. Soy mendocino y hablo parecido a los chilenos. Tenemos una familiaridad enorme con la hermana República de Chile. Queremos la integración, sin lugar a dudas. Queremos más vínculos comerciales, culturales y económicos. Queremos, como decía el general Perón, que la Cordillera de los Andes se transforme en una suerte de queso gruyer por la cantidad de pasos que generemos en las distintas provincias, situación que ahora viene siendo perjudicada por el actual gobierno a partir de la decisión de suspender las principales obras de vinculación física a través de túneles, ferrocarriles y distintas obras.
Quisiera todo eso y poder sumarme a las congratulaciones respecto de este acuerdo. Pero, lamentablemente, no lo puedo hacer. No lo podemos hacer porque este acuerdo de complementariedad económica es un tratado de libre comercio de última generación. Es un tratado de libre comercio que tiene 298 páginas. Me pregunto cuántos diputados y diputadas leyeron esas 298 páginas de este acuerdo.
Hay que votar con responsabilidad, más allá de los cantos de sirena. Se dice, por ejemplo, que vamos a tener roaming. El roaming lo podemos tener de otras maneras también, no hace falta avalar un acuerdo de 298 páginas para tenerlo, como se ha dicho. Son 298 páginas de normas que, además, en una minoría son comerciales, porque los tratados de libre comercio de última generación no son acuerdos comerciales; son acuerdos de desregulación económica.
En este sentido, quisiera explicar un poco cómo funciona esto, porque el caso de este convenio representará un antecedente respecto de otros que están siendo negociados por el actual gobierno.
Todos estos convenios tienen un mismo formato. Si ustedes los comparan, por ejemplo, con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica ‑acuerdo de libre comercio del cual Chile es parte‑ podrán observar que tiene prácticamente calcados los capítulos y las distintas disposiciones. ¿Saben por qué? Porque a estos convenios no los redactan los abogados de los Estados ni las Cancillerías. Están premoldeados por los grandes estudios de las corporaciones económicas del mundo, de las transnacionales.
Fíjese, señor presidente, que un intelectual estadounidense viene advirtiéndonos sobre este tipo de acuerdos. Les propongo que lean a Noam Chomsky, quien viene denunciando que estos ni siquiera son acuerdos de libre comercio; son acuerdos de protección de los derechos de los inversores.
Este acuerdo de 298 fojas que vamos a votar en la presente sesión, además de ser copia de otros, desregula materias que están reguladas por este Congreso y por los sucesivos Ejecutivos nacionales que hemos tenido en la Argentina.
Voy a leer los capítulos para que vean que no les estoy “verseando”, porque podrían decir que estoy exagerando. En el Capítulo I las disposiciones iniciales y definiciones generales dan el marco general de lo que viene a continuación.
El capítulo II se refiere a la facilitación del comercio. Les aseguro que no modifica en lo sustancial el actual comercio con Chile; no implica –como aquí se ha dicho‑ que vendrá un panorama extraordinario para las exportaciones argentinas.
El artículo 3° es un clásico en este tipo de acuerdos de libre comercio de última generación, como para disimular. Habla de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas. De la misma manera que las cuestiones de género, a las que me voy a referir después, lo ponen para disimular. Son medidas que no tienen ningún impacto cuando se pretende la igualdad entre uno y otro lado. ¿Existirá igualdad entre una transnacional y una micro, pequeña o mediana empresa? No, señor presidente. Mandan a competir a nuestras pequeñas y medianas empresas con las transnacionales.
Medidas sanitarias y fitosanitarias: un gran tema con Chile, que no se resolverá con este convenio. Los problemas que tenemos entre el SENASA y la parte chilena encargada de los controles fitosanitarios no se resuelven con esto, sino trabajando en medidas efectivas que nos permitan un comercio más fluido.
Obstáculos Técnicos al Comercio: Política de Competencia. Aquí empieza el tema de la igualdad en la competencia entre los distintos protagonistas, es decir, los estatales y los privados, donde colocan a una pyme en la misma condición que a una transnacional.
Contratación pública. Las empresas transnacionales con asiento en Chile van a tener condiciones de igualdad con las empresas nacionales argentinas en materia de contrataciones públicas. Todo: desde la computadora que nos proveen acá hasta el último birome que circula en el Congreso, o las grandes obras de infraestructura del país.
Inversiones. ¡Ahí está la papa! Ahí está lo que dice Chomsky. En realidad, son acuerdos que establecen condiciones preferentes para las transnacionales que supuestamente vienen a invertir acá en igualdad de condiciones que las empresas argentinas.
Comercio de servicios. Otra de las constantes en este tipo de acuerdos. Pero fíjense: telecomunicaciones, comercio electrónico, normas laborales, comercio y medioambiente, cooperación económico-comercial, género y comercio, transparencia. Y luego la solución de diferencias, como en los acuerdos de este tipo, que nos terminan remitiendo a órganos que van a decidir por la Argentina.
Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, la industria madre en mi provincia ‑que aquí fue mencionada‑, la vitivinicultura, se ha visto agredida por las importaciones de vino chileno, que han provocado a mis comprovincianos productores vitivinícolas –sobre todo, los pequeños y medianos‑ una pérdida de rentabilidad que los ha llevado a una situación ya casi insoportable. Esto también ha llevado a los trabajadores de la industria vitivinícola a una situación absolutamente degradante de las condiciones laborales y, sobre todo, salariales.
Les doy el ejemplo de una actividad como es la vitivinicultura, pero podemos trasladar esta situación a otros campos.
Creo que estamos ante un acuerdo que agrede a nuestra producción nacional y a nuestros trabajadores, un acuerdo que, sin ningún tipo de participación de las organizaciones empresariales ni aquí ni en el Senado, se pretende aprobar en un trámite aceleradísimo.
Señor presidente: reclamamos transparencia en la negociación de estos acuerdos, como lo venimos haciendo respecto del convenio con la Unión Europea y lo repetimos en relación con este acuerdo. Transparencia significa que este Congreso no tenga que votar por sí o por no respecto de este acuerdo que viene a querer aprobarse aceleradamente.
Este Congreso debe hacer sus aportes al acuerdo en función de la información que brinden los funcionarios desde el proceso de negociación. Los diputados y las diputadas, a partir de la realidad de las provincias o de los distritos que representan, deben hacer sus advertencias, plantear cómo afectan estos acuerdos a su industria local y a su actividad agrícola y luego rectificar aquellos puntos que correspondan.
Es un acto de absoluta irresponsabilidad aprobar este acuerdo porque lesiona a nuestros productores y trabajadores y porque sienta un precedente nefasto en relación a otros convenios que se están negociando.
El Poder Ejecutivo tiene las facultades necesarias para avanzar en la negociación de estos acuerdos, pero cuestionamos el modo en que lo está haciendo: de espaldas al Congreso Nacional y, lo que es peor, de espaldas a los argentinos y argentinas. Algunos productores de mi provincia no saben que se está aprobando este acuerdo que permitirá la importación del vino que compite con el que se produce en mi provincia, libre de aranceles ni complicaciones fitosanitarias. Seguramente los diputados y las diputadas podrán dar otros ejemplos.
Quiero hacer una moción de orden a fin de que este acuerdo vuelva a comisión. Por lo tanto, solicito a la Presidencia que convoque a los legisladores que están cerca a hacerse presentes en el recinto. (Aplausos.) El objetivo de esto es llamar a los sectores de la producción y el trabajo argentino a opinar sobre este acuerdo para ver si hay aspectos que deben modificarse y si hay situaciones que se puedan mejorar. No estamos en contra de los acuerdos, sino del modo que se están utilizando y de los contenidos que tienen.
Solicito a la Presidencia que ponga a consideración esta moción y, en caso de que no se apruebe, anticipamos nuestro voto negativo al proyecto en consideración.
Lamentamos enormemente la pérdida de la gran oportunidad que tenemos para contar con un acuerdo muy bueno con la República de Chile. Podemos conseguir un acuerdo mucho mejor que no ponga en riesgo el trabajo y la producción de los argentinos y argentinas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia informa al señor diputado preopinante que primero se agotará la lista de oradores porque hay solo tres legisladores anotados. Luego someteremos a votación la moción de orden.
Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti, por Santa Fe.
Sr. Grandinetti.- Señor presidente: recién un grupo de legisladores de todo el arco político representado en la Cámara de Diputados fuimos hasta el Auditorio para escuchar a los empresarios pyme que nos acercaron un documento que refleja la verdadera crisis que están viviendo. Las cifras del INDEC indican que han cerrado 18.000 pymes.
Hemos acompañado en más de una oportunidad decisiones de política internacional que claramente no deben ser solo del Poder Ejecutivo, sino que deben ser avaladas por el Congreso Nacional, tal como lo indica nuestra Constitución.
No estamos discutiendo un acuerdo entre el Mercosur y Chile, sino un tratado de libre comercio que involucra solamente a la Argentina y a Chile.
Tal como decía el señor diputado preopinante, estamos debatiendo un acuerdo que tendrá un impacto en nuestra actividad económica y en nuestras pymes que hoy la están pasando muy mal. Necesitamos debatir nuevamente este acuerdo en comisión y consultar a los sectores productivos.
Uno de los motivos por los que hay que revisar este acuerdo es que establece que las partes se comprometen a implementar entre ellas el acuerdo sobre implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio.
El G-20, precisamente, dentro de sus resoluciones plantea reformular profundamente ese organismo. O sea, avanzamos sobre una integración de libre comercio con Chile a las apuradas y sin ver en profundidad cómo puede afectar esto a la producción.
Otro punto que observamos se refiere a los obstáculos técnicos al comercio que se remiten al Acuerdo de Obstáculos Técnicos del Comercio de la OMC.
Hace un instante le pidieron a todo el arco político que tenga la sensibilidad de escuchar y comprender la angustia y la dificultad que siente en esta coyuntura de la Argentina su aparato productivo. En este marco rápidamente vamos a cambiar las condiciones de comercialización y de intercambio con Chile sin haber escuchado a ninguna entidad económica representativa, porque no convocaron absolutamente a nadie. No discutimos con la gente de APYME ni de CAME ni con los industriales.
También estamos abriendo el compre argentino. Se trata de una norma que hemos modificado en el Congreso. Si efectivamente queremos tener una norma que mejore la calidad y el comercio y la integración con Chile, sobre lo que podemos estar de acuerdo, también pedimos que, por lo menos, tengamos en claro cuáles son las implicancias económicas y productivas, principalmente para la República Argentina.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr. Ramón.- Señor presidente: en relación con este convenio, quiero hacer mías las observaciones realizadas por los dos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, pero por distintas razones, que tienen que ver con el derecho de los usuarios de servicios públicos. Este tema no es menor.
El Capítulo VIII habla sobre las inversiones. Hay algo que es muy grave y forma parte de la historia argentina. Una frase de Mark Twain dice que la historia no se repite, pero a veces rima. A lo largo de los años hemos permitido que inversiones extranjeras sean protegidas en nuestro país. Este convenio habla de “empresas”; algunas están mal llamadas de esa manera porque cuando son proveedoras de un servicio público tienen normas y reglas específicas de control que un tratado internacional no puede dejar de lado.
Quiero brindar un ejemplo sobre lo que está ocurriendo actualmente con una proveedora de gas domiciliario para las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza y Catamarca. Me refiero a la Distribuidora de Gas Cuyana que, a modo de ejemplo, el 28 de marzo de 2018, hace poco tiempo, se había comprometido, a raíz de la revisión tarifaria integral, a hacer inversiones -no voy a decir el monto específico- en caso de que el régimen tarifario aumentara. ¿Qué hicieron estos señores? Violentaron dos normas: el decreto 31/16, que prohíbe la distribución de ganancias y de dividendos cuando no se hubieran hecho las inversiones comprometidas, y una resolución del Enargas, que dice que las prestadoras de gas que no hicieron las inversiones comprometidas deberán depositar el dinero en concepto de multa por no haber cumplido.
Ese proveedor de servicios, el 28 de marzo, distribuyó todos los dividendos, a pesar de no haber cumplido con ninguna de las dos normas mencionadas ni haber hecho las obras para que el gas domiciliario le llegara a infinidad de usuarios de las provincias de Córdoba, San Juan, San Luis, Catamarca y Mendoza. ¿Qué quiero decir con esto? Si permitiéramos resguardar el capital, los dividendos no podrían distribuirse libremente entre los inversores extranjeros. Es decir que ocurriría lo mismo que ahora.
Hay una denuncia penal contra los accionistas de Ecogas y de Distribuidora de Gas Cuyana, presentada en el Juzgado N° 8 de Comodoro Py. Este hecho fue permitido por el presidente del Enargas y es simplemente un ejemplo.
Si permitiéramos que esto ocurriera en un convenio como el que se pretende firmar, las inversiones extranjeras de proveedores de servicios públicos se ajustarían a la frase de Mark Twain: “La historia no se repite, pero rima.” Esta situación llevó a que dieciséis empresas que invirtieron en la Argentina se presentaran a litigar ante el CIADI. Ciertamente lo que ocurrió es que en determinado momento, al tener las empresas el capital protegido por estos convenios, se quedaron con el dinero de los usuarios y los consumidores.
Cabe señalar que en cada proyecto tratado en el Congreso están involucrados los usuarios y consumidores. Cabe aclarar que cuando nos referimos a los usuarios de servicios públicos no es en relación con los bienes de mercado, sino el gas, la electricidad, el agua y el saneamiento. Necesitamos inversiones. Pareciera que los usuarios de las provincias del Oeste ‑Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca y Córdoba‑ somos capaces de invertir. Sin embargo, mediante un convenio de esta naturaleza los pícaros pueden llevarse el dinero afuera del país.
Creemos que sería muy responsable acompañar la moción de orden para que el proyecto vuelva a comisión y las 297 fojas del convenio sean revisadas y controladas por todos los bloques que integramos la Cámara.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Suarez Lastra, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Suarez Lastra.- Señor presidente: este acuerdo tiene la característica de todos los convenios internacionales. Me parece que hay alguna confusión en el rol de nuestro Congreso. Tenemos una sola tarea en materia de acuerdos internacionales que consiste en aprobar o rechazar.
El gobierno nacional hace muy bien en enviar este proyecto al Congreso para su aprobación, porque es lo que constitucionalmente corresponde. El acuerdo tiene la particularidad, ya que desde los países del Mercosur se permite una relación con Chile, que no solamente es nuestro vecino, sino la puerta al mundo que nos compra. Partiendo de Chile, nuestra puerta al Pacífico, apuntamos a basar y cimentar nuestro desarrollo.
Me parece que este esquema desde adentro del Mercosur no es un invento de este gobierno. Desde hace varios años y en diferentes instancias arribamos a acuerdos con Chile.
Debo decir que para este gobierno la relación con Chile es muy importante. Tanto es así que nombró como embajador a una persona integrante de este Congreso, al gobernador de la provincia vecina con más relaciones con Chile –Mendoza‑ y, en términos de relaciones internacionales, al embajador en Estados Unidos designado por el presidente Kirchner. Su designación fue a raíz de su compromiso con los intereses nacionales.
Contrariamente a lo que se dice ‑quiero rescatarlo no como una cuestión de privilegio, sino para que nos ubiquemos‑, este proyecto no es producto de acuerdos firmados por las multinacionales, sino de la Cancillería argentina y de los profesionales que son patriotas y trabajan bajo directivas generales de distintos gobiernos. Los mismos gobiernos hicieron los trabajos y redactaron los protocolos. Ellos quisieron mostrarle al mundo lo que la Argentina es capaz de hacer cuando trabaja con profesionalidad y seriedad.
Esto mismo ocurrió, por ejemplo, durante la última semana en ocasión de la reunión del G-20.
Este proyecto tiene la consistencia de un trabajo realizado por los cuerpos profesionales que –como bien se dijo‑ en 290 páginas consideraron cada una de las preocupaciones.
Quiero corregir al diputado Amadeo, con quien coincido en todo, excepto en un punto. Él dice que Chile tiene menos industria que la Argentina. Eso no es cierto. La participación relativa del producto bruto en la industria es mayor en Chile que en la Argentina. Chile tiene casi 29 puntos del producto, mientras nosotros tenemos cerca de 22 puntos. Lo más interesante es que ampliar nuestra capacidad comercial con Chile, refrescarla y potenciarla en términos de balanza comercial, es una de las mejores propuestas de la Argentina. Esto no se debe solamente a que en los últimos cinco años tuvimos un saldo favorable de más de 9.500 millones de dólares, sino que es uno de los pocos países ‑registren esto‑ con una composición de exportación industrial muy importante. Específicamente, el 75 por ciento de las exportaciones argentinas –repito- con balanza comercial favorable, son industriales.
Entiendo que el cuidado, el miedo y el temor de arribar a un acuerdo que agrande nuestras capacidades comerciales con Chile nos empequeñece. Debemos tener la confianza absoluta de que nuestras empresas crecerán y las pymes se enriquecerán con esta relación.
En el acuerdo relativo a las pymes hay un capítulo especial que apunta a las relaciones entre la Argentina y Chile en materia comercial. En él se establecen protocolos de incentivos y se relaciona la capacidad exportadora de las pymes, en este caso con nuestro país vecino de Chile.
Este tema no es menor si seriamente pensamos que el comercio exterior tiene que ser otro motor fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. En ese punto tenemos una diferencia con las otras bancadas que jamás incluyeron dentro sus perspectivas al comercio exterior como una base central del desarrollo, del crecimiento, de la generación de empleo y de la capacidad productiva de la Argentina.
Nosotros sí creemos en esa perspectiva. Estamos absolutamente convencidos de que un país con nuestro producto bruto y alrededor de 6.000 empresas pymes exportadoras ‑en comparación con Chile, que tiene una economía bastante más chica que la nuestra y 8.000 empresas pymes exportadoras, y México, que tiene 30.000 empresas pymes exportadoras‑, desarrolla un ámbito de trabajo y espacio compartido, y brinda oportunidades de negocio de importación y exportación entre la Argentina y Chile.
Esto ocurre desde la lógica de los acuerdos y tratados del Mercosur, con capítulos específicos destinados a las cuentas nacionales y la industria que trabaja como proveedora del Estado. En este caso en particular, hay un inciso que defiende las características de la ley de compre nacional en la aplicación de este acuerdo. Por lo tanto, en relación con la ley de compre nacional, las compañías que se presenten a licitaciones públicas en la Argentina tendrán el mismo tratamiento que las compañías locales. Entonces, hay una serie de coberturas muy importantes que nos dan la tranquilidad y el marco suficiente para saber que, al aprobar este acuerdo, profundizaremos un buen camino de posicionamiento internacional de la Argentina.
El Mercosur es el centro de nuestra estrategia económica y de desarrollo local. El Mercosur nos deja sin poder relacionarnos profundamente con los países que miran al Pacífico. La Argentina, con una política exterior adecuada, tiene la capacidad y la posibilidad de convertir su modelo económico en bioceánico. Tenemos doscientos años de historia mirando al Atlántico. Ese era el mundo europeo, el mundo donde el desarrollo tenía que ver con eso. Hoy
las perspectivas de desarrollo están en el Pacífico. Nuestros principales socios comerciales están allí, y el vecino con el cual pretendemos firmar este acuerdo es, precisamente, el actor central. Creo que profundizar nuestras relaciones económicas y ampliar nuestro comercio con Chile es un camino exacto.
Recuerdo cuando algunos mexicanos pensaban, por la diferencia económica entre Estados Unidos y México, que celebrar el ALCA iba a significar el desastre de México. Y ahora el presidente de Estados Unidos está muerto de miedo quejándose de las consecuencias negativas que para la economía americana está teniendo ese tratado.
No estamos procurando instalar el ALCA, como dice el dictamen de la minoría. Acá estamos, desde el Mercosur, profundizando la relación económica con nuestro vecino allende la cordillera.
Por eso insistimos en el tratamiento de este proyecto. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada del Plá, por Buenos Aires.
Sra. del Plá.- Señor presidente: nunca más oportuno lo que acaba de decir el diputado preopinante; por eso voy a tomar sus palabras. Realmente no me imagino a Trump muerto de miedo por lo que estamos discutiendo acá.
Con respecto a lo que se mencionó, en cuanto a que deberíamos aprobar este tratado para seguir dando señales al mundo, quiero decir que desde el Frente de Izquierda no le queremos dar más señales de las que dieron durante todo el G‑20: de cipayismo y de subordinación al capital y al imperialismo internacional. ¡No les queremos dar más señales!
Realmente, ha sido notable cómo en cada una de esas diecisiete reuniones bilaterales, que tanto pregonan, han entregado algún interés nacional. Ni hablar de la reunión con Theresa May. ¿Dónde está la soberanía de Malvinas? Está claro que para este gobierno no está en ningún lado, pero esto también ocurría con los gobiernos anteriores.
Entonces, debemos ser claros sobre lo que se está discutiendo. Por supuesto que los acuerdos de comercio con los países hermanos siempre pueden ser discutidos, pero lo que debemos discutir es qué acuerdos hacemos desde el punto de vista de los sectores explotados de cada una de nuestras naciones, y no desde el punto de vista de las clases dirigentes, que son las burguesías nacionales que están entrelazadas con los monopolios internacionales. Estos acuerdos son para sostener a las empresas y a las patronales de uno y otro lado de la cordillera, que a su vez tienen relaciones con los monopolios para su propio beneficio, en contra del beneficio de la población. Esto es claro.
Lo de Chile vale porque, justamente, tenemos los acuerdos preexistentes con el derechista Piñera pero también con Bachelet. Se trata de acuerdos para perseguir de uno y otro lado de la cordillera a los pueblos originarios y a la población mapuche, para defender la apropiación terrateniente de la Patagonia y para hacer negocios con la explotación petrolera; aquí tenemos los acuerdos secretos con Chevron.
Obviamente, se han puesto de acuerdo sin necesidad de este convenio para reprimir los reclamos de los pueblos originarios de uno y otro lado. Por eso persiguen al lonko Jones Huala y por eso han armado los operativos represivos. Por ejemplo, la represión al Pu Lof Cushamen, de la mano de Patricia Bullrich y sus secretarios –que nunca han pagado por esa represión‑, terminó con la muerte de Santiago Maldonado. Luego asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. No es ninguna casualidad, porque estos son los acuerdos al servicio de los grandes monopolios y de seguir persiguiendo a la población.
Lógicamente, las relaciones complementarias son necesarias, pero deben ser realmente progresivas; y esos acuerdos complementarios se harán cuando los trabajadores, en cada uno de nuestros países, pongamos en pie nuestros propios gobiernos y pongamos en pie la unidad socialista de América Latina.
Con esas consignas hemos marchado contra el G‑20, mientras la mayoría de los que están acá se subordinaban ante el imperialismo norteamericano y ante el resto de la burguesía internacional.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Allende, por San Juan.
Sr. Allende.- Señor presidente: nosotros no propiciamos el rechazo de este acuerdo. Por el contrario, nos parece que es positivo. La provincia de San Juan tiene lazos importantes con Chile, particularmente en los últimos años.
No obstante ello, propiciamos que vuelva a comisión para que tengamos la posibilidad de analizarlo. Digo esto porque hace poco tiempo las provincias de Mendoza y San Juan se vieron muy afectadas por la importación de vinos y tomates. Esto llevó a las cámaras empresarias de ambas provincias a hacer gestiones ante el gobierno nacional para que tome algunas medidas a fin de que no resulten enormemente afectadas las economías regionales.
Reitero que nos parece bien la celebración de este tipo de acuerdos, pero queremos tener la posibilidad de analizarlo en comisión y dar nuestra opinión al respecto.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Contigiani, por Santa Fe.
Sr. Contigiani.- Señor presidente: no iba a intervenir, pero finalmente lo voy a hacer porque se ha dado un debate con mucha honestidad intelectual de parte de los diputados Carmona, Amadeo y Suárez Lastra.
Creo que en este tema debemos salir del eje del rechazo o la aprobación, porque es muy importante y complejo. Chile puede darse el lujo de tener acuerdos de libre comercio con el 80 por ciento del PBI del mundo porque no tiene industria; y cuando hablamos de industria, estamos hablando especialmente de industria manufacturera. Chile puede firmar esos acuerdos sin resguardo alguno porque importa cuatro, cinco o seis grandes productos, como frutas –entre ellas, el kiwi‑, pescado o minería. De modo que su situación no es la misma que la de Argentina.
Por mi experiencia como funcionario en mi provincia y luego de haber intercambiado mucho con Chile, puedo decir que la relación que tenemos con ese país es comercial y no de desarrollo. Voy a citar dos ejemplos. Chile es un gran jugador en el mundo en productos para mascotas, sobre todo en el eje asiático. El componente de ese producto sale de toda la producción granaria y de harina, especialmente de mi provincia de Santa Fe. O sea, nosotros vendemos la producción primaria y Chile tiene la capacidad y la inteligencia de ponerle marca, cosa que sabe hacer muy bien. Y otro ejemplo es lo que sucede con el tema quesos y lácteos: Chile está tomado por Fonterra, la cooperativa neozelandesa, y Argentina, que es una potencia quesera y lechera, no pudo ingresar al mercado como quisiéramos.
Por eso, señor presidente, es importante salir del eje del rechazo o la aprobación. Tal vez en lo macro tengan razón los diputados Amadeo y Suárez Lastra, pero en lo micro es necesario estudiar con más tiempo algunos resguardos que plantearon los diputados Carmona y Grandinetti. Digo esto porque –insisto‑ estamos ante una relación meramente comercial, no de desarrollo, que aun ofreciendo oportunidades pueden ayudar, no a la integración productiva y de desarrollo, sino a primarizar la economía argentina. Por eso es importante convocar a CAME –que es la representante de las medianas empresas en la economía argentina‑ y a las cámaras chilenas para preguntarles qué opinan sobre este tratado.
Es importante tomarse un tiempo para analizar este acuerdo por lo que involucra. Claramente el mundo giró al Pacífico: corredores bioceánicos, la logística, la inversión de China. Pero, como dije, salgamos de la discusión sobre rechazo o aprobación y analicemos la complejidad del tema. Reitero que en lo macro estoy de acuerdo, pero en lo micro hay que analizar un montón de resguardos, porque hoy Chile tiene con la Argentina una relación comercial y no de desarrollo, en detrimento de nuestro país.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: trataré de poner un poco de calma al debate porque nos sentimos en medio de una discusión que no compartimos. El pedido que hizo el diputado Carmona, con sus argumentos, es del diputado Carmona; el que hizo el diputado Grandinetti, del Frente Renovador, se vincula solo a la necesidad de conocer el contenido. Nosotros sabemos que este es un acuerdo internacional y que, por lo tanto, no podemos cambiar nada y que solamente podemos aprobar o no.
Además, también conocemos las vinculaciones que tenemos con el hermano país de Chile. De hecho, este mismo acuerdo ya ha sido aprobado en la otra costa y, allí el planteo de algunos diputados fue que era muy beneficioso para la Argentina.
Sabemos que hace cinco años somos superavitarios en materia de comercio con la hermana República de Chile y respetamos las relaciones que tenemos y que queremos mantener con Chile. Por eso pedimos que nos den la posibilidad de leer el acuerdo con detenimiento porque, además, ya tenemos libre comercio con Chile; lo que hacemos es solo completar algunas disciplinas comerciales. Está también el acuerdo de Chile con el Mercosur, con lo cual se complementa una relación que no es la que hay con China, con los Estados Unidos o con otras tantas potencias que aquí se mencionaron.
Quiero entonces dejar sentada la posición de mi bloque: no tenemos desacuerdos, pero queremos leer la iniciativa en su totalidad. En una situación normal del país, en la que no tuviéramos ni conflictividad política ni social y sí algún plan económico que no generara lo que hoy tenemos ‑unas mil pequeñas y medianas empresas atosigadas por la problemática interna, y lo digo con mucho respeto, llamando al oficialismo a observar esta situación‑, hubiéramos aprobado y aplaudido este acuerdo, pero hoy la situación no es la misma, por lo que solicitamos ver de qué se trata.
No queremos dar un mensaje para que haya un discurso que pueda quedar desconectado hacia el afuera. Que esto quede claro.
Le queremos pedir al oficialismo la posibilidad de poder leerlo e incluirlo la semana que viene nuevamente en el temario de la sesión para estar seguros del mensaje que queremos transmitir.
Es solo esto, señor presidente; no nos ponga en ninguna otra revolución con la hermana República de Chile.
Sr. Presidente (Monzó).- El fin que tuvo la Presidencia al dar el uso de la palabra fue para que estén nuevamente los diputados sentados en sus bancas. Hay más oradores anotados para hacer uso de la palabra, pero si están de acuerdo podemos votar la moción en este momento para agilizar el tratamiento.
Tiene la palabra el señor diputado Carmona, por Mendoza. Le pido que no abra nuevamente el debate.
Sr. Carmona.- Señor presidente: he sido aludido, por lo que quiero decir unas pocas palabras.
En primer lugar, solicito que la votación sea nominal.
En segundo lugar, en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores en que se consideró este tema hemos solicitado los estudios de impacto económico, social y laboral de este acuerdo de libre comercio. Este es un instrumento fundamental.
Reconocieron que no se habían hecho esos estudios, y nuestra posición tiene mucho que ver con esto. No conocemos el impacto –positivo o negativo‑ que puede tener este acuerdo en nuestra producción; sí sabemos que hay sectores que reciben un impacto, como es el de la vitivinicultura, que he mencionado, y podríamos tal vez visualizar otros sectores.
Por otro lado, se pretendió atribuir este acuerdo al embajador Bordón y a la Cancillería. En primer lugar, no conozco que el embajador Bordón haya tenido intervención en esta negociación; seguramente ha tenido conocimiento. Con el mayor respeto que tengo por el exgobernador de mi provincia, sé que él siempre ha mantenido niveles de preocupación por los problemas de vulnerabilidad económica que pudieran tener los sucesivos acuerdos. Por su parte, no quiero minusvalorar el aporte de la Cancillería, ni sobrevalorarlo, pero es prácticamente una copia textual del acuerdo Transpacífico.
Si el trabajo de nuestros diplomáticos fue transcribir en un acuerdo entre la Argentina y Chile el acuerdo Transpacífico y otros similares, no creo que haya que venir encima aquí a ponderarlo.
Sr. Presidente (Monzó).- Le propongo que votemos la moción, diputado; de lo contrario, volveremos a abrir el debate.
Sr. Carmona.- He sido aludido.
La diputada Camaño ha deslindado claramente su opinión respecto de la mía. Me parece perfecto. Quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el diputado Grandinetti, por lo que ese tipo de deslindes yo no los hago.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar en forma nominal la moción de orden de que el proyecto vuelva a comisión. Se requiere simple mayoría de votos.
- - Se practica la votación nominal.
- - Conforme al tablero electrónico, sobre 207 señores diputados presentes, 112 han votado por la afirmativa y 94 por la negativa. No se han registrado abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 112 votos afirmativos, 94 negativos y ninguna abstención.[7] (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Resulta afirmativa.
La iniciativa vuelve a comisión.
- 12 -
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración los dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y otra recaídos en el proyecto de ley en revisión (Expediente 42-S.-2018), por el cual se aprueba el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, y el Protocolo Adicional para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automático de Datos de Carácter Personal, a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos, suscritos en la ciudad de Estrasburgo, República Francesa, los días 28 de enero de 1981 y 8 de noviembre de 2001 (Orden del Día N° 550).
aquí orden del día n° 550
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Schmidt Liermann.- Señor presidente: voy a compartir mi tiempo con la señora diputada Banfi. A nivel internacional, sabemos que la protección de datos personales fue reconocida por primera vez como derecho humano fundamental en 1981. También sabemos que la protección de datos personales no es una moda, sino que, desde hace varias décadas, necesitamos que el reconocimiento que se ha hecho en el convenio internacional se plasme en diferentes medidas legislativas.
Se trata de un derecho autónomo claramente vinculado al derecho a la vida privada o a la privacidad y a los demás derechos y libertades fundamentales.
Este protocolo, este derecho que ahora
queremos ratificar, busca además que más allá de lo que tengamos en nuestra
legislación interna, mostremos hacia el mundo la importancia que tiene para
nosotros generar confianza en el desarrollo tecnológico y la prestación de las
nuevas tecnologías. Me animo a decir que con las nuevas tecnologías que tenemos
que afrontar, con sabiduría y sin temor –pero sí con mucho cuidado‑,
posiblemente estemos también ante una nueva era de la civilización. En ese
sentido, la protección de datos es totalmente inherente a la de nuestra
privacidad.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Banfi, por Buenos Aires.
Sra. Banfi.- Señor presidente: continuando con lo que decía la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, el Convenio 108 -de Protección de Datos Personales‑ y su protocolo adicional tienen sanción del Senado. Su aprobación fue casi por unanimidad; solamente tuvo un voto en contra.
El objeto principal de este convenio es proteger la privacidad de los ciudadanos contra los posibles abusos de la recolección y procesamiento de información personal en la base de datos de empresas de otros países.
La firma de este convenio no se encuentra supeditada solamente a las naciones que integran el Consejo de Europa, sino que además 54 países lo han firmado, siendo el primer instrumento multilateral vinculante que permite principalmente acompañar y adaptar la protección de datos personales a los nuevos sistemas de abusos de recolección de datos.
En este sentido, países como México, Uruguay, Colombia y Costa Rica han adherido a este convenio. Por eso sería importante que la Argentina también pueda ser parte del mismo. De esta manera creo que estaríamos cumpliendo con algo fundamental, que es acompañar una ley que ya tiene casi veinte años, como la de protección de datos personales, y que en este momento está en estudio en el Senado, donde necesita aggiornarse a los tiempos que vivimos con respecto al flujo de información.
¿Cuáles son los efectos que tendría poder aplicar este convenio en la Argentina? Facilitar la aplicación de las garantías sobre protección de datos personales y la privacidad de los ciudadanos argentinos e influir positivamente en el ingreso a la OCDE, ya que es uno de los ejes temáticos que serán evaluados cuando la Argentina ingrese a esta organización. Así fue resaltado en la última cumbre del G-20, celebrada la semana pasada en nuestro país, en donde se dejó constancia de que los marcos regulatorios sobre protección de datos personales deben acompañar la necesidad del libre flujo de información.
Por lo tanto, debe existir un marco jurídico con características que fomenten la confianza en los consumidores, la protección de los derechos de la propiedad intelectual y, por sobre todas las cosas, la privacidad contra cualquier tipo de abuso, principalmente de las empresas.
El Estado debe garantizar, y es parte de nuestra Constitución, la protección de datos personales. Es un espejo tendiente a ampliar la información pública y también constituye una de las restricciones que se tiene en el marco de la ley de acceso a la información pública, porque lo que hay que pensar es que necesitamos seguir teniendo en cuenta que la privacidad es un bien jurídico garantizado como un derecho humano en nuestra Constitución. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Cabandié, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Cabandié.- Señor presidente: es indudable que la protección de los datos personales en este contexto de la sociedad, donde han avanzado las nuevas tecnologías y el uso de la información por parte de los Estados, constituye un tema sumamente importante.
Nos parece que el Convenio tiene algunas falencias de orden estructural, porque principalmente somete nuestra legislación en dicha materia a los parámetros de las normativas del Consejo de Europa. Es importante destacar que la Argentina no pertenece a dicha organización. Entonces, vamos a estar librados a la decisión de un comité de ministros del Consejo de Europa.
También debemos destacar que existe una normativa del Parlamento Europeo que fue sancionada a mitad de año, y ella es superior a este convenio elaborado en Estrasburgo, que se intenta firmar. En este caso, este convenio quedaría obsoleto para nuestro país porque todavía no hemos adherido a él, más allá de que el equipo de Justicia 2020 intentó trabajar en dicha materia, pero me parece que quedamos retrasados al respecto.
Esto en cuanto a los aspectos formales, señor presidente.
Quiero referirme también a cuestiones que tienen que ver con lo que se podría denominar como la gran hipocresía de decir que estoy a favor de la protección de los datos personales, pero mis acciones son totalmente contrarias a la protección de los datos personales, ya que en estos momentos también son parte de lo que se conoce como políticas de cuidado.
¿Por qué voy a cometer la gran hipocresía de decir que estoy a favor de la protección de los datos personales? Básicamente, me fundamento en la resolución firmada a principio de la gestión de Cambiemos entre Jefatura de Gabinete y la ANSES. Hoy en día la Jefatura de Gabinete y el equipo de comunicación de Marcos Peña y de Durán Barba tienen la mayor base de datos y la más exhaustiva del Estado nacional.
Al mismo tiempo podría referirme también a otro distrito, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay una licitación abierta para la supuesta búsqueda de algunos morosos. De esta manera, se introducen en el tráfico de la utilización de twitter por parte de ciudadanos de la Ciudad. Esto es de orden público. Por lo tanto, es imposible que alguien pueda refutarlo.
Pero vamos a decir la verdad: el año pasado asistimos al hecho de que a una expresidenta de la Nación se le pinchó la línea telefónica y se dieron a conocer sus conversaciones por todos lados. ¿De qué resguardo de datos personales están hablando? Entonces, me parece que ese grado de hipocresía está sustentado en lo que estoy diciendo.
No quiero dejar pasar por alto otra situación, que también es muy llamativa, pero que pasó casi inadvertida. En julio de 2017 este gobierno firmó un memorándum de entendimiento con Amazon durante un año y le dieron la base de datos de los argentinos que viven en nuestro país con la promesa de que esa empresa iba a instalar sus oficinas en la Argentina. Este acuerdo formaba parte de la famosa lluvia de inversiones.
¿Qué resultó? Que Amazon se fue a Chile, pero la base de datos fue entregada al dueño de esa empresa y a sus accionistas durante un año. Hoy en día esa base de datos de los argentinos está en Chile.
Ante esa situación el amigo del club de los Panamá Papers, Galperin –también amigo del presidente‑, que además tiene cuentas en Panamá Papers y es el dueño de Mercado Libre, se quejó ante Mauricio Macri porque le metía un competidor de orden internacional y de una escala muchísimo mayor, tan importante como Amazon, en su rubro. Ante esa queja y esa histeria de Galperin, el presidente le dio beneficios impositivos a Mercado Libre.
Entonces, ¿de qué datos personales estamos hablando? Estamos viviendo en un mundo de hiperinformación donde existe un Estado que no protege a los ciudadanos y donde se vulnera la intimidad de las personas de este país.
Además, voy a esgrimir un concepto que ha vertido el mismo Jaime Durán Barba el pasado domingo en el diario Perfil en cuanto a los autoritarismos digitales: “Lo que el gobierno está cometiendo es un autoritarismo digital”. Esto fue dicho por Durán Barba.
Señor presidente: quizá usted esté de acuerdo cuando habla de la rosca versus las redes sociales. Ahora, me parece que es preocupante no solamente eso, sino lo que está or venir, que es la utilización de Whatsapp Enterprise.
El Jefe de Gabinete está bastante interesado, tal como salió publicado en el diario La Nación y en otros medios, acerca de la utilización de esta herramienta, romper la subjetividad que pueda arrojar una red social e introducirse en la intimidad de las personas a partir de un mensaje de whatsapp.
¿De qué protección de datos personales estamos hablando, señor presidente? Me parece que esto, como dije al principio, constituye una gran hipocresía y nuestro bloque ha decidido abstenerse de pronunciarse acerca de dicho Convenio. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada del Plá, por Buenos Aires.
Sra. del Plá.- Señor presidente: por supuesto que considero que hay que proteger los datos personales. ¿Quién puede estar en contra de esto? El detalle es que con este convenio que se aprobó en 2001, y que todavía no ha suscripto la mayoría de los países, lo único que ha ocurrido ha sido un tráfico brutal de datos personales de todo tipo a nivel mundial.
En nuestro país el gobierno de Mauricio Macri ha hecho una enorme utilización de los datos personales y piensa seguir haciéndolo. Entonces, no solo piensa seguir utilizando los datos de la AFIP, sino que, tal como ya hemos visto, servirán para propaganda, manipulación electoral y justificar aportes truchos de campaña.
Además, el gobierno de Macri utilizará estos datos para presionar a los docentes que están afiliados a algún gremio y mediante la página web de la Dirección de Escuelas podrá plantear la desafiliación automática. O sea que el uso de datos personales que hace este gobierno es absolutamente brutal.
En consecuencia, no es posible decir que ahora se van a respetar los datos porque aprobemos un proyecto. No creo que los respeten, vamos a ver cómo los violentan y aprovechan esa utilización durante el futuro proceso electoral.
Por los motivos expuestos, nosotros vamos a rechazar este proyecto.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.
Sr. Rossi.- Señor presidente: simplemente deseo expresar que nuestro bloque se va a abstener en la votación de este asunto, tal cual lo ha adelantado el diputado Cabandié.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y otra recaído en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal y el Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento de Datos de Carácter Personal, a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos, suscripto en la ciudad de Estrasburgo, República Francesa, el 28 de enero de 1981 y el 8 de noviembre de 2001 (Orden del Día N° 550).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 186 señores diputados presentes, 135 han votado por la afirmativa y 3, por la negativa, registrándose además 47 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 135 votos afirmativos, 3 negativos y 47 abstenciones.[8]
Sr. Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.[9]
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (Aplausos.)
- 13 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Legislación General ‑Orden del Día N° 567‑ recaídos en los proyectos de ley de la señora diputada Schmidt Liermann y de la señora diputada Hummel y otros, por los que se establece el régimen de Sociedades de Interés y Beneficios Colectivos (Expedientes 2.216-D.-2017 y 2.498-D.-2018).
orden del dia 567
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky, por Buenos Aires.
Sr. Lipovetzky.- Señor presidente: deseo aclarar que compartiré el tiempo destinado a mi exposición con el señor diputado Garretón.
Desde hace tiempo en la Comisión de Legislación General venimos trabajando el proyecto en consideración por el cual se crean las sociedades de beneficio de interés colectivo. El año pasado la iniciativa obtuvo dictamen, pero lamentablemente no pudo llegar a ser tratada por una cuestión de acuerdos parlamentarios. Por suerte en esta ocasión hemos logrado un dictamen que obtuvo el acompañamiento de muchos bloques de esta Cámara.
Este proyecto intenta dar un reconocimiento a lo que se denominan las empresas que trabajan en triple impacto, es decir, que no solo buscan el interés económico lógico de cualquier sociedad comercial, sino que además buscan que sus actividades comerciales generen un impacto positivo en la comunidad, en la sociedad y en el medioambiente.
En realidad, estos deberían ser los objetivos a cumplir en todas las empresas del mundo, es decir, que no solo las actividades comerciales tengan un beneficio económico, sino que también generen un impacto positivo en el medioambiente y en lo social.
Como en la Argentina estas empresas no tienen reconocimiento, creemos que este proyecto servirá para generar un incentivo. En nuestro país, sobre todo cuando se trata de empresas modernas y originadas por emprendedores, hay una cultura que no solo busca el impacto económico. Se trata de una cultura empresaria nueva que se ve aquí y en muchos otros lugares del mundo.
Deseo aclarar que no estamos creando un nuevo tipo de sociedad comercial, sino simplemente incorporando la denominación BIC –Beneficio de Interés Colectivo- a las sociedades que justamente cumplan con el objetivo del triple impacto.
Además, el proyecto que estamos considerando establece y amplía algunas obligaciones que deben tener los administradores de las empresas en cuanto a que deben considerar intereses a mediano y largo plazo para los actores vinculados con el objetivo social del triple impacto.
Por otro lado, justamente para que una empresa pueda tener la denominación BIC debe cumplir con la obligación de un reporte anual mediante el cual se acrediten las acciones llevadas a cabo tendientes al cumplimiento del impacto positivo desde lo social y lo ambiental. Por supuesto que todo esto debe estar previsto en su contrato social.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, doctor Luis Alfonso Petri.
Sr. Lipovetzky.- El informe debe ser auditado por un tercero independiente, designado por los socios. El reporte será de acceso público y se presentará ante el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio de la sociedad.
Señor presidente: en síntesis, con este proyecto estamos marcando el rumbo de las sociedades comerciales, que tienen que buscar el beneficio económico, tal como está marcado dentro del sistema capitalista que vivimos, pero que también deben pensar que sus acciones tengan un impacto positivo en la comunidad donde se desarrollan y hacen sus negocios, sin descuidar el medioambiente.
Por lo tanto, creo que esta es una muy buena iniciativa para marcar el rumbo de lo que queremos para el futuro desde el punto de vista de nuestras empresas argentinas.
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada Hummel, por Santa Fe.
Sra. Hummel.- Señor presidente: el presente proyecto de ley tiene que como objeto la
creación de un régimen integral que especifica y regula una nueva forma de
organización empresarial: las sociedades de beneficio de interés colectivo,
BIC.
La forma de desarrollar
las actividades económicas y la creación de riqueza como fin último de la
actuación de la empresa tradicional están siendo reemplazadas por la necesidad
de buscar un desarrollo sostenible, es decir, tal como señala el artículo 41 de
la Constitución Nacional, sin comprometer las necesidades de generaciones
futuras.
Bajo este paradigma, las
empresas han adoptado un concepto de éxito corporativo diferente privilegiando
una economía más inclusiva y sustentable. Son conocidas como empresas de triple
impacto, puesto que su modelo se basa en tres conceptos: valor económico,
mirada social e impacto ambiental. En la Argentina, su desarrollo está limitado
principalmente porque las formas legales existentes no permiten reflejar
adecuadamente el espíritu de su objeto y accionar. Por ello, a través de este
proyecto proponemos dar reconocimiento legal a las empresas de triple impacto,
denominadas sociedades de beneficio e interés colectivo, BIC.
Me permito resaltar
algunos aspectos que caracterizan a estas sociedades: buscar un beneficio
económico y al mismo tiempo generar un impacto positivo en la comunidad y el
medioambiente; determinar de forma precisa cuál es el impacto social ambiental
positivo y verificable que se obligan a generar; tomar en cuenta –a través de
sus administradores‑ los intereses a mediano y largo plazo de los actores
vinculados al negocio, como los socios, empleados, consumidores, comunidad en
la que opera la empresa y cuidado del ambiente.
En un nuevo marco de
control y transparencia, estas sociedades confeccionarán un reporte anual
mediante el cual acreditarán las acciones llevadas a cabo tendientes al
cumplimiento del impacto positivo social y ambiental. Este balance social será
de acceso público y de conocimiento por parte de la comunidad.
Este proyecto de ley,
como dije, tiene como objetivo principal identificar, reconocer y promover los
emprendimientos de impacto positivo social y ambiental.
La República Argentina
tiene hoy la oportunidad de ser un país pionero en contar con un régimen
jurídico innovador, reconociendo las empresas de triple impacto y promoviendo
la transformación de la sociedad argentina hacia una economía inclusiva y
sustentable.
Es por ello que solicito
a mis pares que nos acompañen en la votación de este proyecto.
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado
Grana, por Buenos Aires.
Sr. Grana.- Señor presidente: la verdad es que durante
la discusión de este tema en comisión nos encontramos con un montón de
dificultades.
En términos generales, no
nos parece mal tener una normativa que contemple las empresas de triple impacto
–como se denominan acá‑, pero entendemos que esta iniciativa es de
carácter absolutamente generalizado, ambiguo, y no establece controles por
parte del Estado respecto de esta nueva caracterización.
Estamos modificando la
ley 19.550, de sociedades, y si bien no se está generando un nuevo tipo de
sociedad, sí se les está dando a las existentes una nueva característica que
implicaría una modificación en su relación social. En consecuencia, es importante
tener en cuenta algunas cuestiones en esta nueva tipificación que se propone.
Digo esto porque no estamos simplemente recibiendo un nuevo tipo de empresas,
sino permitiendo que sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o
cualquier otra, puedan tener esta categoría de empresa IBC o BIC. En este
sentido, entendemos que deben existir algunos requisitos que en este proyecto
no se contemplan.
En primer término, la
norma establece que la misma empresa puede definirse con esta tipificación,
incorporando en su razón social alguna medida vinculada al desarrollo del bien
público. En segundo lugar, como control de si efectivamente la empresa lleva
adelante algún tipo de beneficio para la sociedad, lo único que debe hacer es
presentar anualmente una declaración jurada firmada por el profesional del área
pertinente en la que conste que cumple con estos objetivos.
Creemos que esto es
absolutamente pobre, precario y que nuevamente deja las cosas en manos del
mercado y de las empresas, sin que el Estado regule. Tal como sucede en
cualquier otra actividad y caracterización de empresa o acción de la comunidad,
creemos que el Estado debe regularla. Independientemente de que haya
declaraciones juradas firmadas por un profesional matriculado, debe haber también
una auditoría del Estado para saber si estas empresas efectivamente cumplen con
lo que dicen que van a cumplir.
Asimismo, el Estado debe
fijar los requisitos relativos al impacto beneficioso que van a generar estas
empresas. Si una sociedad se propone contribuir con el medioambiente
replantando árboles, no es lo mismo plantar un arbolito que reforestar una zona
boscosa. Este requisito debería establecerse en función de su ganancia, es
decir, qué porcentaje de su ganancia la empresa estaría dispuesta a destinar
para llevar a cabo el bien social que persigue. Si cumple los objetivos que la
propia empresa se propone, el Estado debería fiscalizarlos para determinar si
podrá tener o no la caracterización de empresa BIC. Por lo tanto, creo que
falta profundizar mucho esta materia.
Asimismo, se está
abriendo la puerta a futuros reclamos desde el punto de vista impositivo,
porque las empresas que estarían brindando determinado bien social o aporte a
la ciudadanía podrían reclamar compensaciones y ventajas impositivas. Al final,
dichas compensaciones y ventajas impositivas terminarán siendo más onerosas
para el Estado que los aportes que realizan. ¿Por qué? Porque no están
reguladas bajo ningún punto de vista.
Independientemente de que
esta iniciativa tiene buenas intenciones, falta avanzar mucho en materia de
regulación. Por ello, recomendamos el voto por la negativa y que se vuelva a
elaborar una legislación que permita no solo que las empresas muestren buena
voluntad al respecto, sino que también el Estado pueda controlar que esa buena
voluntad se aplique como corresponde. Debe ser el Estado, por medio de
auditorías y controles, quien controle si las empresas tienen o no la
potencialidad para llevar esta marca IBC o BIC, según el momento que hayamos
leído la propuesta.
Quisiera compartir el
tiempo del que dispongo con el señor diputado Cabandié, por lo que solicito al
señor presidente que le ceda la palabra.
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado
Cabandié, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Cabandié.- Señor presidente: como bien mencionó el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, nos encontramos ante un intento del oficialismo de comprar o importar un nuevo tipo de sociedades, las sociedades BIC, que provienen de un organismo internacional que trabaja sobre la marca de sociedades BIC, pero que no son más que parte de los eufemismos del poder económico que tienen para beneficio propio y como modo de lavarse la cara.
En verdad, si bien el proyecto de ley en consideración no contempla beneficio fiscal o impositivo alguno, estamos a la vuelta de la esquina de que, mediante un simple artículo, algo así le sea otorgado a las sociedades BIC.
Tuve la oportunidad de asistir, junto con el diputado del oficialismo que la convocó, a una de las reuniones donde se habló de “triple impacto”, de emprendedorismo y también de un concepto que llamó mucho mi atención: el salario emocional. Un emprendedor utilizó esa expresión que, en realidad, es el nuevo eufemismo del poder económico que convence incluso a la clase media –a través de artilugios y mentiras en las redes sociales‑ de que no importa cuánto se gane. Si una persona está en un buen ambiente laboral, donde tiene un aro para jugar al básquet y una mesa de pimpón, no tiene importancia cuánto gana.
Creo que estamos ante una iniciativa que persigue el mismo objetivo. Primeramente, porque permite que los integrantes de las sociedades BIC no sufran consecuencias legales por la comisión de un delito por parte de la empresa. Me parece importante mencionar este aspecto.
Por otra parte, como bien decía el señor diputado Grana, me pregunto qué elementos obran en poder del Estado para determinar técnica y cuantitativamente los beneficios que una empresa brindará a la sociedad en la fase tanto social como ambiental. No sea cosa que, el día de mañana, una empresa reparta cien combos con papas fritas y una Coca grande como una manera de lavar la cara de su directorio y resguardar legalmente a sus accionistas. Estamos en un mundo de eufemismos donde estas situaciones proliferan.
De acuerdo con nuestra concepción, e incluso para las ciencias sociales, la solidaridad dista mucho de la caridad del siglo XIX. Esa etapa ya la superamos. Ahora bien, este proyecto de ley viene a configurar un nuevo tipo de caridad: una caridad moderna, del siglo XXI, que es tan dañina y perversa como la del siglo XX. Esta iniciativa atrasa más de cien años.
Para nosotros, la solidaridad no consiste en organizar “Un sol para los niños” una vez al año para entregar, a través de un programa de televisión, alimentos no perecederos. A nuestro entender, solidaridad es justicia social; o sea, que cada argentino pueda vivir dignamente.
Pienso que el oficialismo, a través de este proyecto de ley, busca beneficiar a las empresas. Como la situación económica va mal, tratan de otorgarles un beneficio indirecto para tener, el día de mañana, una ayuda impositiva; tal es el caso, como dije en otra oportunidad, de Mercado Libre.
Como bien lo manifestó un diputado hace pocos días, nosotros defendemos la producción y la rentabilidad de las empresas. Nuestra concepción tiene que ver con esto. Al mismo tiempo, defendemos el rol del Estado para que, con sus políticas activas, distribuya el ingreso.
La iniciativa en consideración, señor presidente, es una paparruchada.
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Garretón, por Tucumán.
Sr. Garretón.- Señor presidente: vivimos en un mundo con muchísimos desafíos. Una serie de tendencias relacionadas con el cambio climático, el crecimiento poblacional y la desigualdad extrema está impactando a nivel global, razón por la cual nos encontramos frente a la necesidad de una nueva economía circular.
Proyectos de ley como el que estamos tratando tienen por objeto buscar otro tipo de empresas, que estén comprometidas justamente con el cuidado del planeta y de la gente. Es decir, no solo están enfocadas a ganar dinero, sino que además persiguen ese triple impacto.
Cuando observamos el segmento emprendedor advertimos que el 20 por ciento de los jóvenes emprendedores quiere generar, de una u otra forma, un impacto ambiental o social. Con la ley vigente no tienen la oportunidad de armar una empresa de esas características porque no pueden registrarse bajo esa modalidad.
Organizaciones como Socialab, que fomentan el desarrollo de emprendedores de triple impacto mediante la utilización de tecnología que produce efecto en la base de la pirámide, hoy no tienen la posibilidad de armar empresas de este tipo.
Luego, vale la pena mencionar las organizaciones no gubernamentales como Sistema B, que trabaja en toda América Latina con la idea de avanzar sobre aquellas sociedades que buscan fomentar el triple impacto. Sistema B apunta a una economía donde el éxito sea medido desde el bienestar de las personas, las sociedades y la naturaleza, fomentando el desarrollo de empresas de triple impacto.
Claramente, la Argentina está en línea con lo que sucede en el mundo. Cuando hablamos de “economía circular”, nos referimos justamente a esto: a la formación de este tipo de empresas, que tan necesarias son.
Hoy nuestro país requiere una ley que permita reconocer legalmente a las empresas que encarnan en el negocio la creación de valor económico, social y ambiental.
Desde ASEA –Asociación de Emprendedores de Argentina‑, más allá de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor y a tono con lo que sucede en el mundo, fomentamos las políticas públicas que permitan a estas empresas desarrollarse.
Con esta personería jurídica, será más fácil reconocer a las empresas de triple impacto para que, en el futuro, puedan recibir una serie de beneficios; es decir, acceso a programas de compras públicas, crédito y fondos de inversión internacionales. Llamados justamente “fondos de impacto” quieren invertir en empresas que generen impacto ambiental y social, pero no pueden hacerlo porque no existe en la Argentina la figura jurídica que lo permita.
Es realmente importante que aprobemos este proyecto de ley, ya que permitirá promover y, de alguna forma, materializar, una nueva economía circular mucho más inclusiva y sustentable.
Durante la discusión en particular propondremos algunas modificaciones. Una de ellas tiene que ver con el nombre; creemos que la futura norma debería llamarse Ley de Beneficio e Interés Colectivo, como ocurre en el resto de América Latina. En Colombia, por ejemplo, ya existe una legislación de estas características y en Chile se está trabajando.
La idea es avanzar en la sanción de esta iniciativa que claramente impactará en la sociedad para beneficio de todos los argentinos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: si bien acompañaremos la sanción de este proyecto, quiero hacer uso de la palabra para aclarar algunas cuestiones.
En primer lugar, no estamos conculcando derecho alguno. De hecho, si este tipo de sociedades –o cualquier otro‑ tuvieren en el futuro exenciones impositivas, será por responsabilidad del Congreso; fundamentalmente de esta Cámara, que es donde se inicia el tratamiento de las normas tributarias.
Por otra parte, esta iniciativa se encuentra enmarcada en la ley 19.550 y sus modificatorias. No escapa a la Ley de Sociedades Comerciales. Simplemente, estamos recogiendo legislativamente un dato de la realidad económica de nuestro país.
Quizás no gusten las palabras de la modernidad europeizante y se prefiera optar por otros vocablos para su definición; pero hay tanta informalidad respecto de las posibilidades de vida de nuestra gente que no veo que, encauzarlas por este lado, resulte poco provechoso.
En cuanto a los derechos laborales, permítaseme recordar que están tutelados constitucionalmente en el artículo 14 bis. En este caso, también será responsabilidad del Congreso que en estas sociedades no ocurran episodios de vulneración o conculcación de derechos de los trabajadores.
Como explicará luego el señor diputado Marco Lavagna, quien trabajó en la elaboración del dictamen ‑incluso, se hicieron algunas observaciones que tuvieron su resolución‑, bajo ningún punto de vista podríamos estar en desacuerdo con la posibilidad de que se recreen estas sociedades con responsabilidad social. Por el contrario, de alguna manera ayer nosotros fijamos una posición y queremos seguir sosteniéndola: bienvenidas sean las empresas que entre sus objetivos tengan el cuidado del medioambiente y las posibilidades de tener un capital de trato social más humano.
Si el señor presidente lo autoriza, le cedo la palabra el diputado Lavagna.
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Lavagna, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.- Señor presidente: en línea con lo que decían la diputada Camaño y el diputado Garretón, este tipo de sociedades existen en el mundo y vienen teniendo un desarrollo cada vez más grande.
Ahora bien, para no confundirnos, nosotros aquí recién estamos creando el tipo societario; no se está avanzando en ninguna clase de beneficio, algo que yo creo que habría que hacer.
Si uno analiza la ley colombiana –que recién mencionaba el diputado Garretón-, es mucho más específica, por ejemplo, en términos de relaciones laborales, de la posibilidad de los trabajadores en cuanto a la capacitación, al salario o de la posibilidad de ellos para integrar sociedades de esta naturaleza.
Entonces, considero que este es un muy buen primer paso, pero después habrá mucho trabajo para realizar. Creo que en algún momento, con otras modificaciones, tendremos que avanzar en beneficios adicionales que permitan promover este tipo de sociedades, que claramente tienen un impacto social muy importante.
Nuevamente, este es un primer paso que estamos dando, que es a lo que hemos llegado hasta este momento con los consensos alcanzados, y considero que hay que aprobarlo. Seguramente luego habrá mucho trabajo para seguir avanzando en el desarrollo de este tipo de sociedades.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr. Arroyo.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Arroyo, por Buenos Aires.
Sr. Arroyo.- Señor presidente: simplemente deseo solicitar permiso para que nuestro interbloque se abstenga en la votación.
Sr. Presidente (Monzó).- Muy bien, señor diputado.
Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación Penal recaído en el proyecto de ley por el que se establece el régimen de sociedades de interés y beneficio colectivo (Orden del Día N° 567).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 162 señores diputados presentes, 117 han votado por la afirmativa y 36 por la negativa, registrándose además 8 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 117 votos afirmativos; 36 negativos, y 8 abstenciones.[10]
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado de Mendiguren, por Buenos Aires.
Sr. de Mendiguren.- Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto por la afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Se tiene presente, señor diputado.
En consideración en particular el artículo 1°.
Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky, por Buenos Aires.
Sr. Lipovetzky.- Señor presidente: vamos a adoptar la denominación que ha venido siendo utilizada en esta sesión, que es BIC. En realidad, en el dictamen quedó como sociedades IBC, pero la denominación correcta, que se adapta a la que se da a estas empresas a nivel internacional, es BIC.
Por lo tanto, la propuesta es que el artículo 1° comience diciendo: “Serán sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC)…”, y pido que se autorice a la Secretaría a modificar esta misma denominación en el resto del proyecto, cambiando “IBC” por “BIC”.
Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas por el miembro informante de la comisión, se va a votar el artículo 1°.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 2°.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 3°.
Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
Sr. Lipovetzky.- Señor presidente: proponemos la eliminación del último párrafo del artículo que figura en el proyecto, que excluye a las sociedades anónimas simplificadas de la aplicación de esta ley, porque creemos que justamente hoy hay muchos jóvenes empresarios que utilizan este tipo de figuras para llevar adelante sus emprendimientos. Me parece importante que les demos la posibilidad de que también puedan ser empresas BIC.
Sr. Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta por el miembro informante, se va a votar el artículo 3°.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 4° y 5°.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 6°.
Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
Sr. Lipovetzky.- Señor presidente: para este artículo existe una propuesta de la diputada Hummel.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Hummel, por Santa Fe.
Sra. Hummel.- Señor presidente: en el primer párrafo del artículo 6°, la expresión “…cumplimiento del positivo social y ambiental” debe modificarse por “…cumplimiento del impacto positivo social y ambiental”, es decir, agregando solamente la palabra “impacto”.
Sr. Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta por la señora diputada Hummel, se va a votar el artículo 6°.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 7°.
Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
Sr. Lipovetzky.- Señor presidente: para este artículo tenía una propuesta el diputado Fernández Langan.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Fernández Langan, por Buenos Aires.
Sr. Fernández Langan.- Señor presidente: quiero proponer una modificación en este artículo 7°, que se refiere a las sanciones.
El artículo quedaría así: “Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por aplicación de la presente ley hará perder la condición de sociedad BIC en los términos y condiciones que establezca la reglamentación…”, y aquí se agregaría: “En caso de fuerza mayor o hecho fortuito, la autoridad de aplicación podrá considerar estas circunstancias al decidir si corresponde aplicar esta sanción por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la presente ley”, y luego continuaría el artículo según el texto original.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 7° con la modificación propuesta por el señor diputado Fernández Langan.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 8°.
Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
Sr. Lipovetzky.- Señor presidente: solamente quiero corregir un error, porque se menciona “Programa Nación” en lugar de “Programa Nacional”, que sería lo correcto.
Sr. Presidente (Monzó).- Con la modificación indicada, se va a votar el artículo 8°.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 9°.
- El artículo 10 es de forma.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.[11]
Se comunicará al Honorable Senado.
- 14 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar
los dictámenes de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores
y Culto –Orden del Día N° 565- recaídos en el proyecto de ley en revisión por
el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la
salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en
los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, a
realizarse desde el 1° de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019
(expediente 65-S-2018).
La
consideración de este tema será conjunta con el Orden del Día N° 216.
ORDEN DEL DÍA N° 565
ORDEN DEL DÍA N° 216
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en
general.
Tiene
la palabra el señor diputado Fernández, por Buenos Aires.
Sr. Fernández.- Señor presidente: lo que está en
tratamiento no es otra cosa que el cumplimiento del artículo 75, inciso 28, de
la Constitución Nacional, mediante el procedimiento establecido en la ley
25.880, que determina que el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso
autorización para el ingreso de tropas extranjeras al país así como para la
salida de tropas nacionales al exterior.
Los ejercicios militares que estamos tratando ‑supongo que ambos dictámenes se van a considerar en forma conjunta‑ son los correspondientes al período 1° de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, y el que se realizará en el mismo período, pero de 2018 a 2019.
El año pasado el pedido de autorización ingresó tarde al Congreso y no hubo consenso necesario para poder darle tratamiento. Además, el cambio en la conformación de las comisiones determinó la caducidad del dictamen que se había elaborado, y hubo que volver a dictaminar.
Durante el año en curso mejoramos el trámite y llegamos a tiempo para poner en consideración el ejercicio correspondiente al período 2018-2019.
Hay un conjunto de ejercicios militares que consisten en la participación de las fuerzas armadas argentinas con fuerzas de otros países, que forma parte de la tradición histórica de nuestro país. Se pretende interactuar para que haya oportunidades de entrenamiento e integración entre nuestras fuerzas armadas y las de otros países, en función de las políticas que determinan los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa.
La discusión de fondo que tenemos ‑y por eso hay un dictamen de mayoría y otro de minoría- es si algunos de estos ejercicios son aplicación práctica de la doctrina de la seguridad nacional, que fue determinante para la sanción de las leyes que regulan el funcionamiento de las fuerzas armadas y de seguridad en la Argentina en el contexto existente hace cuarenta años, cuando el enfrentamiento durante la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética determinó como política por parte de Estados Unidos el desarrollo de esa doctrina, que tuvo una enorme influencia en las fuerzas armadas de Latinoamérica, las que se dedicaron a combatir al enemigo interior en vez de prepararse para lo que les correspondía, que era la defensa nacional.
Me parece que estamos frente a otro contexto. Esa es una discusión antigua, porque el contexto mundial ha cambiado enormemente. Hoy ya no está vigente la guerra fría, y en el ámbito internacional hay claramente una potencia militar dominante, pero también equilibrios regionales crecientes, como el caso de China y la Federación Rusa, y donde también existe una complejidad económica absolutamente creciente, que ha generado polos de desarrollo en distintas regiones del mundo que tienen un impacto directo en lo que sucede a nivel global.
Este tipo de cuestiones están recogidas en las nuevas políticas de defensa nacional determinadas por el Poder Ejecutivo nacional. En su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas, el presidente de la Nación ha determinado la nueva política de defensa.
Nosotros entendemos que la totalidad de los ejercicios planteados están dentro de la normativa vigente. Creemos que no se altera en absoluto porque no hay un debate en el país que haga necesario discutir nuevamente cuestiones que están absolutamente perimidas.
Creemos que las fuerzas armadas deben estar preparadas ante las nuevas amenazas. La guerra híbrida y la guerra asimétrica son un dato de la realidad en el contexto mundial, y para eso deben prepararse las fuerzas armadas.
La posibilidad de interactuar con otras fuerzas nos permite acceder de primera mano a su funcionamiento y prepararnos para las misiones de paz que tienen que realizar nuestras propias fuerzas armadas, además de prestar el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, como está determinado en la normativa vigente.
Por estas razones adelantamos el voto favorable al dictamen de mayoría.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Garré, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Garré.- Señor presidente: hemos elaborado un dictamen de minoría porque discrepamos con los criterios que acaba de exponer el señor diputado preopinante en el sentido de que los ejercicios que se autorizan no incumplen los principios de la normativa vigente; me refiero a la normativa legal, no la que pueda emanar de interpretaciones que se hagan a nivel del Poder Ejecutivo.
En primer lugar, queremos destacar la demora con que llegaron los pedidos de autorización para los ejercicios del 1° de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019 –orden del día N° 565- y los contemplados en el Orden del Día N° 216, que son distintos y situaciones muy diferentes, aunque parezcan similares.
En cuanto a los ejercicios que se van a hacer desde este año al que viene, queremos destacar la demora con que siempre recibimos en la Comisión de Defensa Nacional de esta Cámara los pedidos del Poder Ejecutivo para la autorización que establece la ley 25.880, que determina que tienen que ser presentados antes del 31 de marzo, y este año la solicitud llegó el 12 de octubre de 2018, es decir, seis meses después.
No obstante, con la mejor voluntad y espíritu de colaboración ‑sobre todo por la posibilidad de que nuestras fuerzas armadas puedan realizar los ejercicios que mejoren su entrenamiento y relación con otras fuerzas armadas del mundo‑, en la comisión elaboramos rápidamente dictamen, uno de mayoría y otro de minoría.
Nosotros entendemos que hay nueve ejercicios que se refieren a temáticas de las doctrinas vigentes ‑nuevas amenazas y guerra híbrida-, no de doctrina de seguridad nacional, que no están autorizados por nuestra legislación ni deben ser temas que trate el área de Defensa.
Aclaro que la información que recibimos del Poder Ejecutivo fue mínima, y para saber cuáles eran los objetivos de los ejercicios a realizar tuvimos que analizar la información que publicaron otros gobiernos en páginas específicas, por ejemplo el de Uruguay, que nos permitió saber que había estos nuevos ejercicios que a nuestro juicio no están en el marco de la defensa.
Los ejercicios que no aprobamos en nuestro dictamen son el “Bold Alligator”, cuyo objetivo son las redes terroristas o las redes insurgentes; la “Exponaval-2018”, que trata medidas contra la piratería y la guerra híbrida; el “Panamax”, que es un ejercicio dirigido y sponsoreado en forma directa por el Comando Sur y cuya hipótesis de trabajo es evitar que una fuerza terrorista afecte la libre navegación por el Canal de Panamá; el “Team Work South”, que es un ejercicio destinado a entrenar fuerzas chilenas y extranjeras en nuevas amenazas, como terrorismo, piratería y contrabando, además de tráfico de estupefacientes; el ejercicio “Unitas”, que es el ejercicio marítimo de mayor trayectoria de la Armada de los Estados Unidos, que se ha llevado a cabo desde los años 60, y consiste en entrenamiento en interdicción marítima, combate al crimen organizado trasnacional y guerra antisuperficie; y, por último, el “CRUZEX 2018”, que es un ejercicio que también propone como hipótesis un conflicto de baja intensidad.
Entendemos que estos no son temas de la defensa y por consiguiente objetamos su aprobación, aunque sí estamos de acuerdo con la realización de los otros ejercicios.
Especialmente queremos recomendar que la Argentina no deje de participar en el “SAR SUB”, de salvamento de submarinos. La dramática circunstancia que acabamos de vivir hace pocos días nos demuestra que es muy importante mejorar el entrenamiento de nuestras fuerzas en esta temática, precisamente porque hemos visto muchas deficiencias en el funcionamiento y en todo lo que fue el proceso de búsqueda y rescate.
De manera que estos son los fundamentos de nuestro dictamen de minoría con respecto al Orden del Día N° 565.
Señor presidente: ¿está en tratamiento el Orden del Día N° 216?
Sr. Presidente (Monzó).- Estamos tratando los dos órdenes del día en forma conjunta.
Continúe, señora diputada.
Sra. Garré.- Respecto del Orden del Día N° 216, es muy llamativa su inclusión. Creo que se trata de un error administrativo, porque en realidad se ha tornado abstracto debido a que estos ejercicios ya fueron realizados, corresponden a otro año. No podemos estar aprobando cosas que ya se hicieron y que este Congreso no llegó a autorizar.
Nosotros emitimos dictámenes de mayoría y de minoría. Yo sostuve una comunicación directa con la ministra atento que no estaban aprobados. Lamentablemente la Cámara no los aprobó por circunstancias casuales: en una de las ocasiones en que el asunto estaba en el temario de la sesión, no se logró reunir el quórum; en otra hubo un incidente en la Cámara entre dos diputadas y se interrumpió la sesión, y en la tercera creo que el bloque Cambiemos omitió involuntariamente la inclusión del asunto en el temario. Entonces, no entiendo por qué ahora se lo incluye cuando los plazos para aprobar los ejercicios expiraron y ya fueron hechos por los países que los estaban organizando.
Por eso mi primer planteo es que se retire este Orden del Día N° 216 del temario de hoy porque no corresponde aprobarlo; sería absurdo porque los ejercicios ya fueron realizados.
La otra posibilidad que no puedo dejar de considerar, salvo que peque de ingenuidad, es que no se trata de un error sino de una maniobra, porque se incumplió con la letra de la ley que establece un procedimiento para la participación de nuestro país en determinados ejercicios, que es la autorización del Congreso de la Nación. Como esta no se logró quizás por cuestiones menores que impidieron la aprobación en tiempo y en forma de la sanción del Senado, y la Argentina igual participó en algunos de esos ejercicios, se quiere engañar a esta Cámara y pedirle que la apruebe ahora, legitimando una participación cuya autorización tiene que ser previa para que sea válida; en caso contrario, es nula.
Quiero advertir a esta Cámara que en tal caso existe un fraude, porque estamos tratando de aprobar ejercicios que ya se hicieron y que no aprobamos oportunamente. Por consiguiente, si se hicieron, fueron llevados a cabo en forma ilegal.
Nos pusimos a investigar si habíamos participado o no porque no teníamos ninguna notificación del Ministerio de Defensa, y llegamos a la conclusión -por la información que surge de las páginas de estos ejercicios en medios extranjeros- de que Argentina sí participó del Panamax 2018, del Unitas 2017 y 2018, que es el ejercicio más importante que realiza los Estados Unidos desde la década del 60, y de la Exponaval 2018.
Además, nuestra opinión es que estos tres ejercicios incumplen la lógica de los principios de la defensa, y se trata de nuevas amenazas que no deben ser asumidas por las fuerzas armadas.
Quiero destacar que insólitamente esta trampa que hizo el Ministerio de Defensa para participar en estos ejercicios –se trata de ejercicios muy privilegiados por Estados Unidos-, formaría parte de un plan para seguir la política militar de defensa y seguridad de los Estados Unidos. Porque casualmente, del SAR SUB, que es un ejercicio muy importante de salvamento de submarinos, y estaba incluido en el listado de ejercicios que tendría que haber hecho la Argentina el año pasado, no participamos; ahí no hicimos trampa, y les puedo aclarar que habría sido muy importante que hubiéramos hecho ese entrenamiento en agosto-septiembre de 2017, que era la fecha prevista para este ejercicio.
Por eso quiero pedir, en primer lugar, que este tema se retire del temario, porque me parece que es una burla a este Congreso que se le pida que apruebe algo que ya se hizo, para que legitime esa participación en dichos ejercicios sin que se haya cumplido completamente el procedimiento establecido en la ley 25.580, de entrada y salida de tropas.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá.
Aclaro que el tratamiento es en forma conjunta, pero la votación se hará por separado.
Sra. Del Plá.- Señor presidente: tal como recién mencionó la señora diputada preopinante, estamos sometiendo a votación algo que ya ocurrió; salvo que tengamos la máquina del tiempo, sería legitimar algo que ya se ha hecho.
Estos pedidos de autorización para la salida de tropas a fin de que participen en ejercicios junto a ejércitos extranjeros, particularmente norteamericanos, deben ser rechazados por su finalidad.
Todos estos operativos tienen que ver con el entrenamiento. Podemos recordar otras experiencias de entrenamiento conjunto. Desde la Escuela de las Américas en adelante tenemos en claro lo que significa el sometimiento de las fuerzas armadas a todo un disciplinamiento, adoctrinamiento y formación para la defensa de los intereses imperialistas. A esto se debe la doctrina de la seguridad interior, aunque no tendríamos que referirnos mucho al pasado porque justamente tenemos el mecanismo de volver a asignar funciones para la seguridad interior a las fuerzas armadas, como venimos denunciando, bajo los sucesivos decretos del Ministerio de Defensa y también de la ministra Bullrich. Por supuesto que aquí se han negado a hacer interpelaciones y a debatir estos temas, pero los seguimos denunciando.
Incluso nosotros nos oponemos a que las fuerzas armadas integren las tropas para los ejercicios de la MINUSTAH de la ONU, porque la participación de las tropas argentinas en Haití, bajo el eufemismo del objetivo de la pacificación ha contribuido a garantizar el aplastamiento de la rebelión haitiana, además de su entrenamiento en la represión urbana, tema que no es menor y que justamente tiene que ver con la represión interna.
Justamente lo que tenemos acá es una muestra más de sometimiento a las necesidades del imperialismo norteamericano, que ya hemos visto que no tiene nada que ver con la defensa de los intereses continentales, porque cuando se dio la guerra de Malvinas se alineó claramente del lado británico.
Además, tenemos que decir que el argumento del combate al narcotráfico y el terrorismo es un cuento, porque el narcotráfico sigue actuando con total impunidad y protección, y sigue habiendo infiltración en las organizaciones sociales y políticas. Respecto de esto, el combate al terrorismo solamente sirvió para aprobar una sucesión de leyes, como la famosa ley antiterrorista que se aprobó durante el gobierno anterior, que luego fueron utilizadas para la represión de las organizaciones populares.
Por eso rechazamos de plano esta autorización y consideramos que deberían anularse todas y cada una de las normas, decretos, leyes, etcétera, que han ido habilitando no solo a las fuerzas armadas para la participación de la represión interior, sino a las distintas fuerzas de seguridad –mal llamadas así‑ para adoptar medidas contrarias a las organizaciones de los trabajadores, de la juventud, de los jubilados y de los pueblos originarios, que intentan enfrentar las políticas de ajuste para defender sus derechos.
Por eso anticipo mi voto negativo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr. del Caño.- Señor presidente: en primer término, como ya ha sido expresado, es una burla que se someta a la consideración de esta Honorable Cámara un proyecto por el que se solicita autorización para la entrada y salida de tropas, a fin de efectuar ejercicios que ya fueron realizados.
En segundo lugar, creo que una gran parte de los ejercicios que se plantean en este tipo de proyectos se llevan a cabo bajo el mando de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Eso está absolutamente claro. Si bien no es algo nuevo, profundiza una política en virtud de la cual las fuerzas armadas intervienen en asuntos internos bajo la excusa del narcotráfico y el terrorismo, como se ha señalado.
Esta política que se plantea está íntimamente ligada al decreto que permite la intervención de las fuerzas armadas en asuntos internos. Hace pocos días también se autorizó, por ejemplo, la intervención de la Fuerza Aérea en las rampas de los aeropuertos a raíz de los conflictos de los trabajadores y las trabajadoras aeronáuticas.
También creo que no caben dudas de que esta es una política estratégica de y para los Estados Unidos, a fin de que los ejércitos de los países latinoamericanos sean sus brazos armados para defender la dominación imperialista en cada una de las naciones, no solamente en la Argentina sino también en toda la región. Podemos citar, por ejemplo, el Operativo Unitas, desarrollado con la Marina de Guerra de Estados Unidos y otros países latinoamericanos; el Operativo Gringo-Gaucho, que implicó la llegada de cinco mil efectivos norteamericanos a suelo argentino y otros llevados a cabo en el litoral argentino con el Ejército de los Estados Unidos. En consecuencia, no cabe ninguna duda acerca de lo que estamos diciendo.
De manera tal que el denominador común es la preparación o entrenamiento de las fuerzas armadas para su intervención en asuntos internos, a fin de ir en contra de la protesta social. Esto es así porque a lo que verdaderamente temen el imperialismo y sus gobiernos cipayos es a la emergencia de la movilización popular. Basta mencionar el ejemplo que se presenta actualmente en Francia con los denominados “chalecos amarillos”. Les gusta mucho hablar de la necesidad de integrarse al mundo, pero debe observarse lo que está pasando en ese país. Reitero que justamente el imperialismo y los gobiernos cipayos temen a la emergencia de la movilización popular.
Por supuesto que esta no es la primera vez que rechazamos la realización de este tipo de ejercicios. También lo hicimos durante el gobierno anterior, oponiéndonos al envío de tropas a Haití.
Por las razones expuestas, vamos a rechazar estos dos proyectos por los que se solicita autorización para el ingreso y egreso de tropas para la realización de ejercicios militares. Además, queremos darle un consejo al gobierno: así como puso a Christine Lagarde como ministra de Economía de la Argentina, también podría poner, siendo consecuente con su cipayismo, al secretario de Defensa de los Estados Unidos como ministro de Defensa de nuestro país.
Por lo tanto, reitero nuestro rechazo a estos proyectos referidos a la realización de ejercicios militares para la dominación imperialista.
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde pasar a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de mayoría en consideración.
Sr. Carmona.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Carmona, por Mendoza.
Sr. Carmona.- Señor presidente: creo que los planteos de las señoras diputadas Garré y Del Plá, y del señor diputado del Caño, merecen una explicación del señor miembro informante. Lo que se ha expresado aquí es muy grave. Por eso ruego que, en la medida de lo posible, el señor miembro informante ratifique o rectifique lo que se ha planteado. Estamos votando un expediente que ha devenido en abstracto, salvo que haya una maniobra grave.
Entonces, si el oficialismo no dice nada se está consumando un hecho de enorme gravedad y esta Honorable Cámara estaría siendo cómplice de que se hayan cumplimentado ejercicios militares sin la correspondiente autorización.
Por lo tanto, reitero mi pedido al señor miembro informante para que en la medida de lo posible nos diga si esto es así o no.
Sr. Presidente (Monzó).- A fin de aclarar el procedimiento al señor diputado, la Presidencia informa que lo que se va a votar en primer término es el proyecto contenido en el Orden del Día N° 565, y posteriormente se procederá a escuchar la explicación del señor miembro informante.
Se va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto recaído en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, a realizarse desde el 1° de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019. (Orden del Día N° 565).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 175 señores diputados presentes, 131 han votado por la afirmativa y 43 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 131 votos afirmativos y 43 negativos.[12]
Sr. Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.[13]
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Tiene la palabra el señor diputado Fernández, por Buenos Aires.
Sr. Fernández.- Señor presidente: en realidad, lo que pasó con la aprobación de los ejercicios militares del período comprendido entre agosto de 2017 y agosto de 2018 fue correctamente explicado por la señora diputada Garré, en el sentido de que cuando tuvo lugar el tratamiento legislativo se produjo un cambio en las comisiones.
Durante la anterior composición de la Honorable Cámara el dictamen no pudo ser emitido por desinteligencias propias del cuerpo. Cuando la Comisión de Defensa Nacional se constituyó nuevamente se volvió a dictaminar, porque reglamentariamente correspondía hacerlo. Pero en realidad no sé por qué el proyecto quedó sin tratamiento en esta Honorable Cámara hasta este momento. Lo cierto es que este dictamen fue emitido con bastante antelación. En todo caso, la definición respecto de esta cuestión obedeció a una mora de esta Honorable Cámara.
Me parece que corresponde aprobar esto porque así lo expresó la voluntad de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, tanto con la composición anterior como con la actual. Francamente, desconozco si hubo alguna participación. Creo que la Argentina no intervino en los ejercicios militares, pero no estoy en condiciones de ratificar o negar eso.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.
Sra. Del Plá.- Señor presidente: además de las consideraciones políticas que hice, quiero señalar la gravedad de esto. El señor miembro informante no puede decirnos si los ejercicios se hicieron o no. Si se llevaron a cabo, desconocemos, por ejemplo, si se produjo algún accidente que habilite a alguien a efectuar un reclamo al Estado nacional.
Esta Cámara no ha autorizado este ejercicio. Por lo tanto, la búsqueda de una autorización es para encubrir las responsabilidades de lo que podría haber ocurrido. Considero que esto es de una gravedad extrema y no puede ser sometido a votación.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Cerruti, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Cerruti.- Señor presidente: estamos preguntando si salieron tropas de la Argentina sin autorización del Congreso. No podemos votar una autorización post facto porque estaríamos incurriendo en algo gravísimo. La explicación de que teníamos la voluntad pero no sucedió, no sirve. Las leyes o las autorizaciones se votan o no; no tiene que ver con la voluntad de lo que tenían que hacer o no los legisladores.
No podemos avanzar en el tratamiento de esta autorización si no sabemos si se incumplió con la obligación de este Congreso de autorizar o no la salida de tropas de la Argentina.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Fernández, por Buenos Aires.
Sr. Fernández.- Señor
presidente: me acaba de llegar la confirmación de que de la Argentina no salió
ninguna tropa porque no estaba autorizada. Por lo tanto, no participó en
ninguno de los ejercicios. (Manifestaciones
en las bancas.)
Sr. Carmona.- Entonces, ¿para qué estamos considerando esta iniciativa?
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Ramos, por Santa Fe.
Sr. Ramos.- Señor presidente: se habló de demora por parte de la Cámara. Sin embargo, hemos concurrido a la Comisión de Defensa cada vez que fuimos convocados. Recuerdo que la última vez el oficialismo no daba quórum, y aparecieron a último momento justamente para tratar este asunto.
Debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Muchas veces, los miembros de la mencionada comisión no hemos podido tratar este tema porque no conseguíamos quórum. Los distintos bloques del peronismo siempre estuvieron dispuestos a trabajar, conscientes de la importancia que reviste el asunto.
Sr. Presidente
(Monzó).- El sentido común me indica que este proyecto debe volver a comisión. (Aplausos.)
Se va a votar la vuelta a comisión del proyecto de ley en consideración.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- El proyecto vuelve a comisión.
- 15 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los
dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ‑Orden del Día
N° 41‑ recaídos en el proyecto de ley por el cual se concede autorización
para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos
argentinos propuestos por gobiernos extranjeros, según lo establecido en la ley
23.732. (Expediente 150-S.-2017.)
aquí
orden del día N° 41
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra la
señora diputada Schmidt Liermann, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Schmidt Liermann.- Señor presidente: en este proyecto de ley se
establece una nómina de personas para ser autorizadas a ser cónsules
honorarios, todos nombres propuestos por gobiernos extranjeros relacionados con
argentinos. Se trata de treinta y dos personas.
El cónsul honorario no
goza de inmunidad ni privilegios personales; solo tiene inmunidad relacionada
con los actos y funciones que ejerce desempeñando su función de cónsul. Quiero
dejar esto aclarado por si hubiera alguna suspicacia. La inmunidad personal no
lo cubrirá entonces cuando realice acciones relacionadas con su actividad
privada.
En función de la
trascendencia que implica tener cónsules honorarios en países que son de crucial
importancia para nuestro país, solicito que autoricemos la nómina propuesta.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
Carmona, por Mendoza.
Sr. Carmona.- Señor presidente: en primer lugar, estoy
sorprendido con las afirmaciones de la colega Schmidt Liermann, que repite los
argumentos esgrimidos por el canciller en una reunión de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, que revertimos en esa oportunidad.
Se dice que no cuentan
con privilegios e inmunidades. Eso no es cierto. Según lo establecido en la
Convención de Viena de 1967, los cónsules honorarios cuentan con privilegios e
inmunidades, y lo voy a documentar.
La Convención de Viena,
que ha sido ratificada por ley, regula de manera diferenciada los privilegios e
inmunidades que tienen los cónsules de carrera respecto de los cónsules
honorarios. En la Sección II –que comienza en el artículo 40‑, se hace
referencia a las facilidades, privilegios e inmunidades relativos a los
funcionarios consulares de carrera, y a los demás miembros de la oficina
consular.
En el Capítulo III,
titulado “Régimen aplicable a los funcionarios
consulares honorarios y a las oficinas consulares dirigidas por los mismos”, que abarca del artículo 58 en adelante, se hace
referencia a los artículos en materia de privilegios e inmunidades que les son
aplicados. No lo digo yo sino la Convención.
Estamos hablando de una
nómina de treinta y dos personas. No tenemos objeciones con treinta y una de
ellas, pero hay una a la que están otorgando privilegios e inmunidades, sobre
la que sí tenemos objeciones.
El canciller faltó a la
verdad. Puede ser que estuviera confundido o desinformado, o que hiciera mucho
tiempo que no leía la Convención.
Enumero las facilidades
del Estado receptor para el ejercicio de las funciones de la oficina consular:
uso de la bandera y escudo del otro Estado; ayuda para la obtención de locales
para el Consulado –estos son los privilegios que se le otorgan‑; libertad
de tránsito y de circulación en nuestro territorio; libertad de comunicación,
valija consular y correo consular; comunicaciones con autoridades del Estado
receptor. Quiero particularizar el trato privilegiado de los cónsules
honorarios dado por el Estado receptor.
Dice la Convención de
Viena, en su artículo 42, que cuando se arreste o detenga preventivamente a un
miembro del personal consular, el Estado receptor –nuestro país‑ deberá
comunicarlo al otro Estado por la vía diplomática. Otro privilegio.
El artículo 43, denominado Inmunidad de jurisdicción, establece: “Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares.” Claramente, esto quiere decir que los actos que se alegue que se hacen en función consular cuentan con inmunidad jurisdiccional de parte de la Argentina en favor de esos funcionarios.
El siguiente artículo establece: “Los miembros de una oficina consular no estarán obligados a deponer sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones…”, un privilegio muy importante en cualquier tipo de juicio. El cónsul puede decir que determinada cuestión tiene que ver con el ejercicio de sus funciones y negarse a declarar. Y continúa la redacción: “…ni a exhibir la correspondencia y los documentos oficiales referentes a aquellos.”
El artículo 63, titulado Procedimiento Penal, dice: “…las diligencias se practicarán con la deferencia debida a ese funcionario por razón de su carácter oficial…”, quiere decir que tendrán privilegio de tratamiento en las causas penales.
Asimismo, el artículo 64 establece:
“El Estado receptor…” –en este caso, la Argentina‑ “…tendrá la obligación
de conceder al funcionario consular honorario la protección que pueda necesitar
por razón de su carácter oficial.”
El artículo 66 determina que tienen exención impositiva de todos los impuestos y emolumentos que perciban del Estado que los envía; es decir que no pagan impuestos por los emolumentos o salarios que puedan percibir.
Asimismo, tienen una exención de las prestaciones personales y de cargas militares, tales como requisas, contribuciones y alojamientos militares.
Nosotros ya hemos advertido sobre esta situación. En la Comisión de Relaciones Exteriores hemos solicitado algo muy sencillo y lógico desde todo punto de vista, es decir, que se desglosaran los casos que estuvieran cuestionados. Nuestro cuestionamiento, como ustedes saben, está dirigido al señor Nicolás Caputo, hermano de la vida del presidente de la Nación.
Consideramos impropio que esta Cámara de Diputados otorgue privilegios e inmunidades al hermano de la vida del presidente, hombre del Pro, hombre vinculado con las actividades empresarias, hombre que, sin contar con la aprobación de esta Cámara, ya se viene desempañando en el ejercicio de estas prerrogativas e inmunidades. Por ejemplo, participó en el G-20 en el encuentro bilateral que tuvo el presidente Macri con la delegación de Singapur.
Como ya lo hemos dicho, nos parece escandaloso y absolutamente impertinente que la Cámara otorgue este tipo de inmunidades a una persona estrechamente vinculada con el presidente. Consideramos que resulta insensato.
Debemos tener en cuenta que estamos ante una situación que permite a Singapur un acceso privilegiado a la oficina del presidente a partir de una persona con acceso frecuente al primer mandatario.
Por ese motivo es que solicitamos se practique un desglose. Entendemos que es muy importante que se pueda proceder a la votación de los otros 31 candidatos no cuestionados. Lo hemos pedido ya en la comisión, lo solicitamos también en una sesión que se cayó a altas horas de la madrugada y lo volvemos a hacer ahora. De lo contrario, nos están imponiendo votar negativamente a esas otras 31 personas que no cuentan con objeciones de parte nuestra.
No los voy a hacer pasar por el momento de calor de un nuevo pedido de vuelta a comisión. Le pedimos, señor presidente, que se posponga el tratamiento de este proyecto, que el Poder Ejecutivo envíe –como sucede con los pliegos de los embajadores‑ el pedido caso por caso para que se trate uno por uno, de manera tal de evitar una aprobación al voleo donde caiga el hermano de la vida del presidente con privilegios e inmunidades que no corresponden.
Estamos ante un caso de conflicto de intereses internacional y nos parece muy preocupante que la Argentina transite por este tipo de situaciones.
Para finalizar, anticipo que presentaremos un proyecto de ley sobre este tema. Los cónsules honorarios cumplen funciones muy importantes y por tanto deben ser personas intachables, no cuestionadas, no sospechadas ni sometidas a juicio.
Señor presidente: le pido por favor que solicite a los señores diputados que hagan silencio. Entiendo que algunos no quieran escuchar lo que estoy diciendo, pero otros sí.
Sr. Presidente (Monzó).- Ruego a los señores diputados que guarden silencio.
Sr. Carmona.- Creemos que es fundamental que las propuestas que realizan terceros Estados para autorizar a ciudadanos argentinos a desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules estén acompañadas del certificado de antecedentes penales de los candidatos a ocupar estos cargos.
También consideramos fundamental que haya una declaración jurada sobre la inexistencia de conflictos de interés en relación con las funciones que estos Estados puedan otorgarles.
Asimismo, tal como hemos dicho, entendemos esencial que se regule por ley que cada uno de los antecedentes llegue por separado para que podamos votar también caso por caso.
Resulta asimismo muy importante que se establezca expresamente la prohibición de ejercer funciones consulares honorarias sin que se haya concluido el trámite que estamos llevando adelante.
Entendemos que la designación del señor Caputo, y muy probablemente de otras personas que han sido promovidas como cónsules honorarios sin contar con la aprobación de este Congreso, resulta una acción ilegal. Es muy importante que desde la Cancillería se adopten las medidas para evitar este tipo de actuaciones, tal como se lo sugerimos al canciller.
Para finalizar, quiero llamar al oficialismo a tener un acto de sensatez: le pedimos que este proyecto vuelva a comisión hasta que estén desglosadas las candidaturas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Diputada Schmidt Liermann: ¿acepta la propuesta del señor diputado Carmona?
Sra. Schmidt Liermann.- No, señor presidente; quiero que se vote. Sí tomo la propuesta del señor diputado Carmona en el sentido de que redactemos una norma para establecer los requisitos, pero para el año que viene, es decir, de ahora en adelante.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado David, por Salta.
Sr. David.- Señor presidente: simplemente quiero manifestar la posición de nuestro bloque. Nos vamos a abstener porque no consideramos que podamos incluir 32 propuestas de gobiernos extranjeros en una definición ab initio de cómo se van a desempeñar, pero tampoco queremos hacernos cargo de una propuesta, como bien se ha dicho acá, que en algún punto puede generar alguna contradicción.
Por lo tanto, consideramos que la mejor posición para nuestro bloque es la de la abstención, que el gobierno y el oficialismo se hagan cargo de la autorización y, en todo caso, ante la primera situación de incompatibilidad que se presente estaremos dispuestos a colaborar con nuestra opinión.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Lavagna, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lavagna.- Señor presidente: en la misma línea que el señor diputado preopinante, nuestro bloque solicita permiso para abstenerse por razones similares a las que esgrimió.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Bianchi, por San Luis.
Sra. Bianchi.- Señor presidente: en igual sentido, nuestro bloque se va a abstener.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar en general y en particular en forma nominal el dictamen de mayoría de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto recaído en el proyecto de ley por el cual se concede autorización para desempeñar los cargos de cónsul y vicecónsul honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros según lo establecido por la ley N° 23.732. Expediente N° 150-S.-2017.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 181 señores diputados presentes, 95 han votado por la afirmativa y 48 por la negativa, registrándose además 36 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 95 votos afirmativos; 48 negativos, y 36 abstenciones.[14]
- El señor diputado Monfort informa que ha votado por la afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.[15]
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
- 16 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Educación y otra recaído en el proyecto de ley en revisión por el cual se crea la Cédula Escolar Nacional –CEN– en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación (Expediente N° 108-S.-2016). Orden del Día N° 28.
AQUÍ PROYECTO DE
LEY SOBRE CREAción DE
LA CÉDULA ESCOLAR NACIONAL –CEN‑ EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE eduCACIÓN
DE LA NACIÓN (EXPEDIENTE 108-s.-2016)
O.D
N° 28
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Austin,
por Córdoba.
Sra. Austin.- Señor presidente: en primer lugar, celebro que hoy estemos tratando
este proyecto en el recinto.
Se trata de una iniciativa que cuenta con
sanción del Senado de la Nación, cuya autoría corresponde al senador Cobos, que
viene a poner a disposición del sistema educativo de nuestro país una
herramienta fundamental para el seguimiento de las trayectorias educativas de
los niños, niñas y adolescentes.
¿Qué propone la creación de la cédula escolar? Por medio de este proyecto de ley aspiramos a generar un sistema integrado de control y monitoreo de las estadísticas educativas de nuestro país que nos permita avanzar con un desafío que tiene que ver con la nominalización. La iniciativa intenta crear un sistema único que nos permita cruzar las estadísticas provinciales –algunas jurisdicciones ya las tienen‑, generar sistemas de monitoreo que individualicen a cada alumno y cruzar esos datos con algunos otros aspectos claves.
Esta propuesta permitirá realizar un relevamiento de toda la población escolar del país –y también de la que no está escolarizada‑ desde el nivel inicial hasta el primario y el secundario. De esta manera generará un sistema de alerta temprana a través de indicadores básicos como el ausentismo y la falta de reinscripción anual de un alumno. Estos indicadores son la antesala del fracaso escolar.
Quizás uno de los problemas más graves que tiene el sistema educativo de nuestro país hoy es la incapacidad de reaccionar frente a las altas tasas de deserción y abandono escolar adolescente. La tasa interanual en algunos casos supera el 10 por ciento. Con esta actitud los jóvenes pierden la posibilidad de insertarse en el mundo del trabajo y lograr un desarrollo individual, familiar y profesional que demuestre que la educación sigue siendo la herramienta para generar igualdad de oportunidades.
Proponemos un sistema que incorpore un monitoreo de las alertas relacionadas con los controles sanitarios y con la vacunación. Ayer aprobamos el proyecto vinculado con la vacunación. De esta manera el Estado tendrá las herramientas a través de las jurisdicciones nacional y provincial para intervenir en situaciones donde se vulnere el derecho a la educación o el acceso a la salud.
Este proyecto propone identificar esas situaciones a tiempo para generar los mecanismos de intervención y para luego pasar a la acción. ¿Qué necesitan los sistemas educativos a nivel municipal, provincial y nacional para articular las políticas de intervención del Ministerio de Desarrollo Social y de aquellos que llevan adelante programas de trabajo en el territorio?
La cédula escolar no solo será un sistema para integrar la información, sino un sistema de alerta para que el Estado trabaje en forma articulada.
El mayor desafío que tenemos por delante es que los recursos que hoy se ponen a disposición para mejorar los resultados educativos se puedan articular y focalizar en los lugares donde los índices de deserción, de fracaso escolar, de abandono y de repitencia son más preocupantes.
El proyecto de ley en tratamiento también busca darle rango legal a la resolución 215/14 del Consejo Federal de Educación que creó el Sistema Integral de Información Digital Educativa. Consideramos que esta herramienta complementaria viene a dialogar con la herramienta estadística tan importante que tendrá nuestro país. La información de la cédula escolar se insertará en ese marco. Creo que esto necesita tener un marco legal para garantizar su continuidad en el tiempo.
El proceso también se nutre del Sistema de Identificación Tributario y Social que hoy ya forma parte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
La cédula escolar es una herramienta que necesariamente articula con las acciones que lleva adelante el Consejo Federal de Educación. En este consejo todos los ministros de Educación provinciales participan de manera activa y decidida en el diseño de las políticas educativas. Obviamente, la cédula tiene que formar parte central de cualquier propuesta que tenga que ver con el monitoreo.
Este gobierno ha puesto mucho énfasis en el desarrollo de sistemas que permitan conocer, detectar, diagnosticar y evaluar la problemática educativa en nuestro país.
Si no conocemos la realidad en tiempo real, difícilmente podamos pensar en acciones destinadas a mejorarla. En ese sentido, este año hemos incrementado la partida presupuestaria destinada al Programa Asistiré en un 900 por ciento para proceder a su implementación. Este programa justamente busca revertir el grave drama que atraviesan cientos de adolescentes de nuestro país por las altas tasas de deserción escolar. Por otra parte, el programa es una herramienta para que el Ministerio de Educación, en articulación con las jurisdicciones locales, a través de trabajadores sociales y de pedagogos detecte los chicos que están en situación de riesgo e intervenga y trabaje para que finalmente no deserten y concluyan sus estudios. Todos creemos que de esta manera demostrarán que la educación es la herramienta que genera igualdad de oportunidades y que rompe de una vez y para siempre el círculo de reproducción de la pobreza.
Todo esto depende de que tengamos la capacidad no solo de saber dónde estamos parados, sino fundamentalmente de generar las acciones y los espacios de articulación para transformar este deseo en una política pública donde todas las jurisdicciones trabajen codo a codo para el futuro y el presente de nuestros niños, niñas y jóvenes del país.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 3° de la Honorable Cámara, doctor Martín Miguel Llaryora.
Sra. Austin.- Quiero cerrar con una frase del autor del proyecto, Julio Cobos, que decía que cuando vemos a los niños pidiendo en la calle nos debemos preguntar por qué no están estudiando y qué cosas podemos hacer para cambiar la realidad.
Creo que mucho de lo que hoy vemos en las estadísticas de nuestro país que nos alarma y preocupa tiene que ver con la ausencia del Estado en la articulación de acciones. Podemos seguir haciendo muchas cosas para que estos niños estén en las escuelas y para que además estén dentro del sistema de salud; así podremos pensar en una Argentina que ponga foco en el desarrollo integral, en la igualdad de oportunidades y en una inclusión con calidad educativa. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.
Sra. Del Plá.- Señor presidente: voy a presentar el dictamen de minoría desde el contexto que he vivido hoy. A partir de las 7 de la mañana hasta que me hice presente en esta sesión estuve dando clases en la Escuela Técnica N° 3 de San Justo, La Matanza. Por lo tanto, todo lo que voy a decir, lo haré con un conocimiento profundo de causa.
Rechazo la creación de la cédula escolar porque considero que no se resuelve el problema de la deserción escolar con nuevas estadísticas que se superponen con los datos que poseen todas las jurisdicciones. No se resolverá la crisis educativa con medidas para sostener los negociados privados alrededor de la educación, y con esto me refiero a todo el entramado de contratación informática para este tipo de estadísticas.
Eso, por supuesto, no tiene nada que ver con la necesidad de proveer a todas las escuelas del país de computadoras y de conectividad para realizar su tarea educativa ni con la provisión a los equipos de conducción de las escuelas de las herramientas que verdaderamente necesitan para sostener la escuela pública todos los días. La mayor parte de las escuelas del país no cuenta con estos recursos.
Si algunos creen que con el negociado de comprar algunas tablets para dárselas a los preceptores de determinadas escuelas puntuales a fin de tomar lista y así establecer que están haciendo una tarea para evitar la deserción de los alumnos de la escuela secundaria, son unos farsantes y unos hipócritas. Lo único que hicieron es sostener el negociado de los amigos del director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, el inefable Sánchez Zinny, que hace rato tendría que haber dejado su cargo, cuando le explotó una escuela en Moreno en la que murieron dos trabajadores de la educación. Ese individuo ‑que hace negocios con sus empresas amigas‑ ha dejado sin clases a la mayoría de los estudiantes de todos los niveles de la localidad de Moreno.
¿De qué tarea de combate de la deserción escolar hablan? En primer lugar, tenemos un sistema educativo fragmentado. ¿No se acuerdan de que la mayoría de las fuerzas políticas presentes primero votaron la ley federal de educación y luego la ley de educación nacional que mantiene la educación fragmentada por provincias? ¿No se acuerdan de que se dedicaron a demoler el presupuesto educativo nacional tirando a las provincias la responsabilidad del funcionamiento del conjunto del sistema educativo? ¿No se acuerdan de que anularon la paritaria docente nacional para que ni siquiera hubiera un salario docente de referencia? ¿No se acuerdan de que en la mayoría de las jurisdicciones los docentes cobramos salarios que ni siquiera superan la línea de pobreza? En la provincia de Buenos Aires hay que sumar dos cargos para estar por encima de la línea de pobreza. Además, la paritaria ni siquiera está cerrada.
Me acuerdo bien de que la primera vez que vine al Congreso Nacional fue para opinar sobre la ley de obligatoriedad de la educación inicial a partir de los 3 años en la Comisión de Educación. En ese momento ni se me ocurría que iba a terminar ocupando una banca. Podemos buscar mi intervención en la que sostuve que eran unos completos hipócritas porque iban a votar una obligatoriedad que no garantizaban.
Cuéntenme dónde están los tres mil jardines o por lo menos las tres mil aulas. ¡No construyeron absolutamente nada! ¡Son unos mentirosos! Votan las leyes para sacarse de encima la responsabilidad.
Lo cierto es que los niños, los jóvenes y los adultos, que tienen derecho a la educación, tienen que soportar el cierre de los bachilleratos de adultos –como está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires- y de los institutos de educación. Esto es lo que está sucediendo en la ciudad de la mano del Unicaba. Asimismo, la gobernadora Vidal, a través de la Dirección General de Educación Superior, no para de cerrar cursos y carreras en la provincia de Buenos Aires. Esto mismo ha pasado en gran parte de las provincias, profundizándose con la deserción escolar como resultado de la brutal crisis social resultante de las políticas económicas del gobierno nacional y de los gobernadores. No eximiré de esta responsabilidad directa a ninguna fuerza política del gobierno actual ni del anterior.
No estamos ni con el SINIDE, ni con la cédula escolar. Recuerdo que hace un ratito se aprobó la ley de protección de datos personales. Sin embargo, este proyecto contempla exactamente lo contrario, porque la cédula escolar pretende la nominalización de todos los niños, comprendiendo un conjunto de datos discriminatorios. La idea es cruzar los datos relativos a los planes y demás para seguir reduciendo la asistencia social donde se necesita.
La realidad es que estamos frente a un derrumbe de la educación como resultado del vaciamiento llevado a cabo conscientemente por el gobierno nacional y las gobernaciones actuales y anteriores.
¿Cómo se sostiene la educación? Se sostiene gracias a los docentes, los auxiliares, los padres y los estudiantes que se ponen la tarea al hombro. No se sostiene con la política implementada por los gobiernos. Por eso la defendemos.
A veces los señores diputados no entienden la forma en que defendemos la educación. A veces lo hacemos parando el funcionamiento de la escuela pública. Además, ¿saben qué? La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que incumple la ley de paritarias y opera de estrellita del oficialismo –aunque es una estrellita estrellada‑ pretende resolver la crisis educativa de la provincia persiguiendo a los docentes y a los equipos directivos.
¿Saben que hasta el momento se iniciaron más de quinientos sumarios disciplinarios a directores de escuelas de la provincia de Buenos Aires porque no abrieron los establecimientos los días de paro, situación que además es falsa? ¿Cree la gobernadora que resolverá el vaciamiento de la escuela pública y la enorme lucha de la docencia y de la comunidad educativa en su defensa mediante la aplicación del código disciplinario? La realidad es que va a fracasar, porque mucho antes de que pueda ejecutar alguna sanción, la comunidad educativa y la población de la provincia darán cuenta de ella y de todos los funcionarios que no son capaces de resolver los problemas más elementales.
¿Cómo resolvemos el problema en el país? Lógicamente tenemos que hacerlo discutiendo seriamente la nacionalización del sistema educativo. El presupuesto educativo debe ser sostenido con todos los recursos que hoy se destinan al pago de la deuda al FMI, a la especulación financiera, al pago a los banqueros, a los subsidios y a las prebendas de todo tipo de las empresas nacionales y multinacionales. Solamente contando con esos recursos sacaremos adelante a la educación. Claramente la educación debe ser estatal, laica y científica. Debemos terminar con el subsidio a todos los negociados privados a partir de la educación, que es uno de los bocados más apetecibles en la nueva fase de la crisis internacional.
Por eso, rechazo este proyecto de cédula escolar nacional. Considero que además de ser inútil en el cumplimiento de los objetivos propuestos, utilizará recursos necesarios en las escuelas. Además, opera como un mecanismo de distracción, ocultamiento y disimulo del verdadero ataque a la educación pública.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor diputado Filmus, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Filmus.- Señor presidente: procederé a dar los argumentos de por qué acompañaremos en general la propuesta. Luego, la diputada Laura Alonso se referirá puntualmente a nuestras disidencias.
Los diputados del oficialismo deben interpretar este acompañamiento en general al proyecto de ley como un gesto de buena voluntad y un esfuerzo para generar políticas de Estado y no políticas partidarias en educación. El programa propuesto es a mediano y largo plazo –no es de un día para el otro‑ y los resultados trascienden los calendarios electorales.
Hacemos el esfuerzo de acompañar un proyecto que dudamos muchísimo de que impacte en la realidad. Como estamos seguros de que tanto la diputada Austin como el senador Cobos lo presentaron con la idea de ayudar al sistema educativo, haremos el esfuerzo de acompañar la iniciativa, planteando nuestras diferencias.
En general, el oficialismo tiene la idea de que los problemas se resuelven evaluando o midiendo. Es como que un médico tenga la idea de que el problema se resuelve tomando la temperatura. Uno puede hacer un diagnóstico pero después debe tener las herramientas necesarias y las políticas adecuadas para resolver los problemas.
El gobierno pensaba, por ejemplo, que con las evaluaciones estandarizadas iba a resolver el tema de la calidad de la educación; luego de fijar las evaluaciones estandarizadas una vez por año, lo tuvo que corregir y fijarlas cada dos años, porque después de cada evaluación estandarizada hay que tomar alguna medida y para ello se necesita un tiempo. Cuando se muestra con la intención de hacer ranking, como lo hace el gobierno, no tiene ningún efecto.
Lo mismo ocurre en este caso. Esto que vamos a aprobar hoy implica tener información centralizada sobre doce millones de chicos. Pregunto: ¿esa información centralizada servirá para operar sobre la realidad o tomar decisiones respecto de doce millones de chicos, que son los que están dentro del sistema educativo argentino?
La retención o la posibilidad de que los chicos no abandonen la escuela se dirime en cada escuela y siguiendo los procesos; no se trata de fotos, de fichas, de estadísticas o de pruebas estandarizadas. Se trata de la evaluación de los procesos que los docentes realizan día a día. Como decía la señora diputada del Plá, es confiando en los docentes, trabajando y mejorando las condiciones de las escuelas que podremos tener alguna respuesta respecto de los chicos que abandonan la escuela.
En la educación obligatoria, es decir, desde los 5 hasta los 17 años, hay 563.000 chicos afuera del sistema educativo. Asimismo, hay 77.000 chicos que nunca asistieron. Este programa no encuentra ninguna forma para poder ubicar a esos chicos y seguirlos, cuando son los que más lo necesitan.
En la ley de educación nacional se declaró la obligatoriedad del secundario y se avanzó sobre la obligatoriedad de la sala de 4 años en el nivel inicial. Esto implica cientos de miles de chicos a los cuales hay que abrirles ofertas educativas. Por más fichas que hagamos y por más que pongamos a esos chicos de nivel secundario y de nivel inicial en un informe o en una estadística, si no están los lugares en las escuelas secundarias y en el nivel inicial, y además los chicos no tienen las condiciones de vida como para poder ir a la escuela, será imposible solucionar el problema.
Ese es el trabajo central. Estamos ante 12 millones de chicos. El Estado nacional no lo va a resolver teniendo la información de cada uno.
Como dije, haremos el esfuerzo de aprobarlo para que podamos contar con esa información, si es posible. De todos modos, como será una ley de adhesión provincial, después cada provincia dirá si lo hace o no.
Quiero dar datos concretos; si no, estamos hablando teóricamente. El gobierno, que dice que esto resolverá el problema o ayudará a resolverlo, es el mismo que en la peor crisis económica acaba de aprobar en este Congreso un presupuesto en el cual los programas socioeducativos –que son los que se dedican a estos chicos‑ bajaron de 4.720 millones de pesos a 2.000 millones de pesos; es decir, no es que no subieron de acuerdo a la inflación sino que bajaron.
Entonces, ¿una estadística va a resolver el problema cuando el presupuesto no está dando los instrumentos mínimos como para poder tomar decisiones en las aulas, en las escuelas, en los barrios, donde están los chicos que abandonan la escuela?
También me quiero referir al tema de infraestructura escolar. Después de lo ocurrido en una escuela de Moreno ‑que costó la vida de docentes‑ y de haber tenido cientos de escuelas sin funcionar, han bajado el presupuesto para infraestructura escolar: para 2018 era de 9.000 millones de pesos, y para el año que viene es de 2.500 millones de pesos. Es decir que después de lo que pasó en Moreno le sacaron más de dos tercios al presupuesto para infraestructura escolar.
Como dije anteriormente, establecimos la obligatoriedad de la sala de 4 años, con lo cual uno pensaría que se deben construir esos 3.000 jardines. Sin embargo, vemos que mientras el presupuesto para jardines era de 4.700 millones de pesos para 2018, para 2019 están previstos 2.000 millones menos, es decir, menos de la mitad.
Entonces, digamos la verdad. El problema no se resuelve con pruebas estandarizadas ni con estadísticas, aunque bienvenidas sean estas últimas si las logran obtener. Se quiere conocer de cada chico el rendimiento en cada materia, como si desde un lugar centralizado se pudiera decir cómo al chico le va a ir mejor en la materia y no en la escuela, donde están los docentes que lo pueden resolver.
Con equipos interdisciplinarios nacionales no se va a resolver el tema de los 563.000 chicos que están fuera del sistema educativo. Hemos avanzado mucho en la cantidad ‑esto hay que decirlo‑, ya que entre 2003 y 2015 la matrícula nacional aumentó más del 10 por ciento, fundamentalmente en los polos de la educación obligatoria nueva, en el nivel inicial y en el nivel medio. Los que faltan incluir son los que necesitan más colaboración del Estado.
¿Cuál fue la mejor medida que se instrumentó para que los chicos no abandonen la escuela? Fue la asignación universal por hijo, porque permitió que muchas madres pudieran mandar a sus hijos a la escuela y que la población económicamente activa en esas edades bajara 5 puntos ‑cosa que no ocurrió en ningún lugar del mundo‑, es decir, que retiráramos del mercado de trabajo a los adolescentes para que puedan dedicarse solo a la escuela.
Con esto termino, señor presidente, ya que a continuación mi colega dará detalles sobre nuestra propuesta.
Como dije, haremos el esfuerzo de acompañar en la idea de que hay política de Estado. Vamos a seguir para que esto efectivamente se pueda lograr.
El año pasado, cuando se debatió el presupuesto, señalamos que daría lugar a conflictos docentes muy fuertes este año. Y en esta oportunidad decimos, desde ya, que en estas condiciones es imposible que esto tenga resultados positivos.
El círculo virtuoso es apoyar a los docentes. De paso, quiero decir que hace pocos días acá mismo se ha votado un presupuesto donde el incentivo docente nacional es el mismo que el de 2017, es decir que los docentes ven mermado su salario, en cuanto al aporte nacional, en el 70 por ciento.
También han votado acá la disolución del Programa Nacional de Compensación Salarial, que era el más importante para que los chicos no abandonen la escuela porque era la herramienta del Estado nacional para ayudar a las provincias con menos recursos. Trece provincias recibían esa ayuda, pero ya no existe.
Entonces, acompañaremos esta iniciativa pero haremos nuestras propias sugerencias. Nada de lo que se está haciendo hoy ‑sepámoslo‑ va a tener impacto en mejorar la inserción escolar. Ojalá así sea, es decir, ojalá que a través de las estadísticas podamos colaborar, por lo menos, en tener un diagnóstico mejor.
Solo podremos avanzar en este tema apoyando a los docentes en las escuelas, construyendo edificios escolares, mejorando la calidad de la educación, volviendo a poner computadoras y libros en las manos de los chicos –como se hizo siempre‑, generando confianza y respeto en los docentes y creando condiciones laborales dignas para todos ellos.
Además ‑digámoslo también‑, como lo muestran las investigaciones del mundo, el hecho de que los chicos estén en las escuelas no depende solo de la escuela sino de los programas económicos que llevan adelante los gobiernos, y cuando un gobierno lleva adelante un programa económico que empobrece a las familias, como lo está haciendo el gobierno actual, esos chicos tienen como destino abandonar el sistema educativo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora diputada Masin, por Chaco.
Sra. Masin.- Señor presidente: quiero compartir algunos argumentos expresados en su momento por la diputada Alonso. Nosotros también, como decía el diputado Filmus, vamos a acompañar con muchísimo esfuerzo este proyecto, pero dejando en claro cuáles son nuestras disidencias parciales.
Lo vamos a acompañar porque creemos en la responsabilidad del Estado y en la educación pública como pilares fundamentales para construir una sociedad con mayores oportunidades e igualdad social. Digo esto porque, sin lugar a dudas, es la contracara de lo que está sucediendo en la actualidad, que tiene su correlato en la degradación, el ajuste y el achicamiento del Estado, producto de decisiones políticas de la gestión actual. En este sentido, viene teniendo como particular foco de ataque el sistema educativo público de nuestro país.
Acompañaremos esta iniciativa sin ser cómplices de este ataque brutal a la educación pública, porque creemos que toda la comunidad educativa podrá tener una herramienta institucional más que apunte a la inclusión de niños, niñas y adolescentes, garantizando el acceso, la permanencia y el egreso, y que no terminen en la exclusión y en la deserción, como víctimas de un Estado irresponsable e ineficiente.
Vamos a acompañar esta iniciativa porque creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Entendemos que hay otras formas de avanzar porque creemos firmemente en el paradigma de la inclusión y de la educación como derecho social y como una garantía efectiva de mayores oportunidades, progreso y desarrollo.
Desde 1884, cuando se sancionó la ley 1.420 que creó nuestro sistema gratuito y obligatorio, hasta el año 2006, cuando se aprobó la ley 26.206, han pasado 122 años para que el Estado comprenda y entienda la obligación que tiene de garantizar la obligatoriedad en el sistema educativo, es decir, desde el nivel inicial hasta el secundario.
Podemos interpretar que estos avances se van dando en nuestro sistema educativo como consecuencia de distintas luchas y batallas y que tienen que pasar muchas décadas para que se pueda efectivizar algún derecho o avance. Por el contrario, cuando se trata de retrocesos, se perpetúan de manera acelerada.
Entonces, creo que es muy importante hacer referencia también a lo que estamos viviendo y padeciendo desde hace tres años. Me refiero al desfinanciamiento, a la eliminación de programas educativos, a la eliminación de la paritaria nacional docente –con salarios a la baja‑, a la desinversión en infraestructura escolar, a la paralización de las obras en el sistema universitario, al incumplimiento de la ley ténico-profesional, y así podría seguir enumerando cada una de las medidas que se vienen ejecutando desde el 10 de diciembre de 2015.
Nuestro bloque siempre ha tenido la voluntad política y el compromiso de acompañar propuestas que, en algún sentido, apunten a generar mejoras en las políticas públicas, y podemos interpretar y esperar que este proyecto persiga el mismo fin.
Pero quisiera advertir respecto de dos cuestiones fundamentales que plantearemos en nuestra disidencia y que creemos que conforman el núcleo central de nuestra observación.
En primer lugar, priorizando el respeto al federalismo educativo, en el artículo 2° proponemos que sea el Consejo Federal de Educación el que coordine el Programa Cédula Escolar Nacional.
En segundo término, en cuanto al manejo y uso de datos personales, apelamos a la responsabilidad del gobierno nacional y del Estado, y queremos hacer especial hincapié en que este programa se lleve adelante con un estricto cumplimiento de la ley de protección de datos personales y de la ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin otra finalidad que la de recabar información oportuna y de calidad para contribuir a la planificación y la gestión educativa.
Digo esto porque este dictamen se discutió en el mes de marzo y en esa fecha desconocíamos el uso de datos personales que se hizo en la provincia de Buenos Aires con respecto a los aportantes “truchos” para la campaña, con lo cual es indispensable que podamos modificar el artículo 7° y que queden explícitamente enunciadas las leyes 26.061 y 25.326, de protección de datos personales.
Cada uno de los artículos de este proyecto los discutiremos en el momento en que sean considerados en forma particular.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora diputada Muñoz, por Chubut.
Sra. Muñoz.- Señor presidente: sin lugar a dudas, corresponde al Estado asegurar el acceso y el goce del derecho a la educación. En este orden, la creación del Programa Cédula Escolar ‑unificado y con indicadores de deserción escolar‑ es una herramienta importante como soporte informático de todas las jurisdicciones, pero no es la única para lograr la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.
Sin embargo, esta herramienta, que a priori se presenta como un compromiso del gobierno, no parece corresponderse con la realidad actual. La situación de la educación en nuestro país es crítica. Los proyectos que hemos impulsado diferentes diputados y diputadas y que, de alguna manera, reflejan la situación de la educación, han ingresado a la Comisión de Educación, pero no han sido tratados.
En las reuniones de este año hemos escuchado también los testimonios de diferentes actores ‑docentes, alumnos, personal no docente‑ de casi todo el país, quienes nos dieron una idea de cómo es la situación educativa en las diferentes provincias y la necesidad de aumentar el presupuesto educativo; también mencionaron la situación salarial y todas las necesidades que atraviesa el sistema educativo.
Es por eso que un proyecto que crea un programa con la finalidad enunciada en sus fundamentos solo será efectivo en la medida en que el Estado proteja a las familias con políticas públicas activas de inclusión, garantizando los derechos básicos, como el acceso al empleo, a una vivienda digna y a la alimentación. Esto, en el escenario actual ‑en el que enfrentamos políticas de ajuste, inflación y desempleo‑, pareciera marcar una contradicción. Con estas políticas públicas no haría falta tener los datos estadísticos de la deserción escolar, porque son evidentes las causas que llevan a un niño, niña y adolescente a no concurrir a la escuela. Este es un punto central, porque si el gobierno no cambia sus políticas, será el propio Estado el que funcione como ejecutor de la expulsión del sistema educativo de niñas, niños y adolescentes, a quienes dice proteger.
En síntesis, desde el ámbito formal del Estado se crea la cédula escolar, que pretende lograr inclusión, pero al mismo tiempo es el propio Estado el que genera condiciones de exclusión.
Sobre el proyecto en particular, desde el bloque tenemos ciertas disidencias con el dictamen de mayoría. En primer lugar, en el programa se prevé la creación de estructuras que creemos que no son indispensables, sobre todo en esta situación de crisis del sistema educativo.
Otra preocupación que tenemos es sobre los datos sensibles de menores de edad, que tendrían que ser debidamente caratulados como “confidenciales” de acuerdo con el régimen de la ley 25.326, de protección de datos personales.
También creemos que la ley debe ser de orden público y no de adhesión. Si consideramos que es una norma importante, tiene que ser de orden público.
En la disidencia respecto del artículo 2° se sostiene que quien está en mejores condiciones de coordinar el programa es el Consejo Federal de Educación, ya que es el órgano más federal que existe dentro del Ministerio de Educación. En este punto coincidimos, porque en nuestra opinión se crea una estructura innecesaria en momentos en que se han fusionado ministerios. Por ello es indispensable diseñar políticas que utilicen las estructuras con las que ya cuenta el sistema.
En el artículo 7° se propone incluir la mención expresa a la ley 25.326, de protección de datos personales, ya que los datos que integran la base revelan tanto la trayectoria educativa del niño, niña y adolecente como los aspectos relacionados con la salud y el cobro de asignaciones familiares. Por lo tanto, se deberá cumplir el régimen que la ley estipula.
En dicho artículo se propone: “Los responsables del CEN garantizarán la veracidad y actualidad de los datos registrados, debiendo asimismo arbitrar los mecanismos y recaudos que permitan resguardar y preservar el derecho a la autodeterminación informativa, la confidencialidad de la información registrada, y el uso de ésta sólo para los fines perseguidos por esta ley, tomando las medidas apropiadas para garantizar que la niña, niño y/o adolescente se vea protegido contra toda forma de discriminación”.
Tengamos en cuenta que los datos que integran la cédula escolar son sensibles a la familia y a los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, en todos los casos nosotros creemos que se tiene que poner especial énfasis en la ley 25.326.
Para que realmente todos los niños, niñas y adolescentes del país puedan acceder a la educación pública el Estado debe comprometerse de alguna manera con recursos porque, de lo contrario, todas las buenas voluntades quedan truncas.
Señor presidente: nuestro bloque va a acompañar esta iniciativa, pero queremos marcar las disidencias planteadas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor diputado Arroyo, por Buenos Aires.
Sr. Arroyo.- Señor presidente: nuestro bloque va a acompañar esta iniciativa relativa a la cédula escolar nacional. Está claro que constituye un avance crear un sistema de información integral para establecer alertas, acompañar a los jóvenes y achicar la deserción escolar, que en el caso de la escuela secundaria involucra a casi la mitad de los jóvenes de nuestro país.
Está claro que el proyecto es bienintencionado. Busca un cruzamiento con el sistema de salud, persigue un sistema de información integrado, pretende identificar dónde están los problemas y cómo lograr que los chicos estén en la escuela, aprendan mejor y puedan ser evaluados.
Ahora, en verdad, es solo eso. Se trata de un conjunto de buenas intenciones, y no está mal, pero se da en un contexto de un sistema educativo con un problema realmente serio, ya que existen políticas encaradas por el actual gobierno, y en particular –diría yo- por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tendientes a confrontar con los docentes y los directores.
De modo tal que en estos minutos que me quedan quisiera plantear una serie de propuestas.
Tengo casi la peor opinión sobre cómo se está encarando la política educativa en este momento en la Argentina, pero no quiero poner el acento en la crítica sino en las propuestas.
Por lo tanto, quiero proponer cinco medidas que deberían completar esta idea de la cédula escolar nacional.
La primera apunta a generar para el mes de marzo un aumento complementario excepcional de la ayuda escolar que reciben todas las familias que tienen chicos menores de 18 años. Si queremos que los chicos estén en la escuela, los padres tienen que tener dinero, es decir, tienen que estar en condiciones de enviar a sus hijos a la escuela.
Existe un proyecto particular en este sentido que yo he presentado, relativo a un aumento extraordinario de la ayuda escolar para el mes de marzo.
La segunda propuesta radica en la creación de una red de tutores. ¿Quiénes son los que están en los barrios? El cura, el pastor, la maestra, el técnico del club de barrio, el pibe de la esquina, es decir, los que son creíbles. Se trata de armar una red para contactar a las familias, a los jóvenes y a los chicos con la escuela.
No hay manera de que esto se haga en forma centralizada. No sirve tener solamente una base de datos. Lo que hay que tener es un mecanismo que permita contactar a los jóvenes y a los chicos con la escuela.
Una tercera propuesta que quisiera plantear apunta a potenciar lo que falta en la Argentina. Me refiero a la creación de 200 centros de atención de adicciones. No solo hay un problema relativo a las escuelas dentro del sistema educativo, sino que en el barrio le va mejor al que vende droga. Existe un serio problema de crecimiento de las adicciones y faltan 200 centros de atención en la Argentina.
Esto está cruzado con la necesidad de mejorar el sistema educativo, de lograr que los jóvenes estén en la escuela, de apostar a la idea de la cédula escolar pero que no termina de completarse.
Una cuarta idea que queremos señalar al gobierno para que la tome como política pública se refiere a la creación del derecho del primer empleo. Si el mecanismo para que alguien mejore en la vida es estudiar y trabajar, y si hay un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan en la Argentina, quiere decir que no hay empleo, que no hay condiciones para la creación de empleo.
Se debe generar un mecanismo a través del cual una empresa que toma un joven tenga una deducción impositiva. Que sea prioritaria la inclusión de los jóvenes en el trabajo redundaría en un mejor sistema educativo, en más niños en la escuela y en padres en mejores condiciones.
Finalmente, el desafío que tenemos todos en este siglo XXI es transformar la escuela secundaria. Debemos hacer una escuela secundaria de calidad más vinculada a elementos que hacen a las nuevas tecnologías, asociando escuela y trabajo.
Nuestro bloque va a acompañar esta iniciativa de cédula escolar nacional. Está claro que es una buena intención. Está claro que tener más información va a colaborar.
Como han planteado otros bloques, queremos ser muy rigurosos en el cuidado de los datos personales, pero por sobre todas las cosas creemos que la creación de un sistema de información no va a modificar las cosas si no se logra que los padres tengan recursos para que los chicos vayan a la escuela, si no se arma una red de tutores, si no se crea el derecho al primer empleo, si no se generan los 200 centros de atención de adicciones que faltan en la Argentina y no tomamos en serio la necesidad de transformar la escuela secundaria.
Acompañamos este proyecto y planteamos la necesidad de que el Poder Ejecutivo encare políticas públicas verdaderas en el marco educativo, y no solo trabaje en algunos parches sueltos, que son mejores que lo que hay, pero no terminan de lograr lo que necesitamos, es decir, otro sistema educativo y otras posibilidades para nuestros jóvenes en la Argentina.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra. Sapag.- Señor presidente: comparto la importancia de contar con la creación de la cédula para poder hacer un seguimiento comprometido de las trayectorias escolares.
En la provincia que represento a partir del año 2010 se implementó el sistema integral de unidades educativas, lo que permite a cada institución llevar el registro de los alumnos. Si bien este proyecto cuenta con mi voto positivo, sigo pensando cómo se implementaría este programa en las jurisdicciones que ya tienen los propios.
¿Se cuenta con los recursos para mantener estas bases actualizadas? ¿Quiénes se van a dedicar a la carga de todos los datos?
Necesitamos cada vez más docentes que se ocupen de enseñar y no de realizar tareas administrativas que los alejan del rol clave que ejercen y para el cual fueron formados.
A su vez, debemos ser conscientes de que en muchos lugares no cuentan con conectividad. Voy a insistir una vez más: debemos ser muy rigurosos a la hora de procesar esa información para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de cada alumno y alumna de nuestro país. Tenemos la obligación de transformar esa información en conocimiento.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor diputado Zamarbide, por Mendoza.
Sr. Zamarbide.- Señor presidente: en primer lugar, quiero celebrar que exista un apoyo casi mayoritario por parte del pleno de esta Cámara –lo que me pone muy contento‑ al proyecto del senador Julio Cobos. Quizá sea este el puntapié inicial para establecer políticas de Estado en la Argentina.
Para quienes creemos que la educación es el único camino hacia el desarrollo, el hecho de ponernos de acuerdo en políticas de Estado en este sentido me llena de orgullo, al igual que defender este proyecto que sin duda es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar calidad educativa en nuestro país.
No hay calidad educativa posible si no tenemos obligatoriedad. Si un chico falta a la escuela debemos tener un sistema de información ágil, eficaz y eficiente para poder ir a buscarlo. Por supuesto que la información es solo una primera condición, pero también necesitamos un abordaje integral no solo de parte del Estado nacional sino de todas las provincias que conforman el sistema educativo de la Argentina para lograr una atención ágil de la deserción escolar.
Como bien se ha dicho, tenemos una deserción de casi el 50 por ciento en la escuela secundaria producto, fundamentalmente, de condiciones sociales. Para ello tenemos que saber no solo cuántos son sino quiénes son y dónde están.
La realidad de las provincias es muy disímil y es necesario en un país federal, en el que cada provincia tiene su sistema educativo, que tengamos un registro único nacional que permita al Ministerio de Educación contar con el conocimiento exacto, en tiempo real, a fin de tomar las medidas necesarias y apoyar a las provincias.
El proyecto implica aprovechar las ventajas de la tecnología porque nos enfrentamos a realidades del Siglo XXI con herramientas del Estado del Siglo XIX. Es decir que necesitamos incorporar tecnología en todo el país no solo en materia de educación sino en la administración pública en general.
Quiero detenerme en un caso que fue público, triste y notorio, que se convirtió en el principal impulso para este proyecto. Me refiero a un chiquito llamado Agustín –que si mal no recuerdo vivía en el barrio de Flores-, asesinado por su padrastro. El jardín de infantes al que concurría no tenía conocimiento de las denuncias que se habían registrado en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires a través de la escuela a la que antes había ido el chico. Este tipo de proyectos es un paso más para que no tengamos casos como el de Agustín.
Considero que este proyecto constituye un avance para el sistema educativo, nos permite un salto educativo cuantitativo y cualitativo en el diagnóstico y posibilita generar políticas al Estado nacional que sean soporte para cada provincia en pos de la igualdad de todos los niños, niñas y adolescentes de la Argentina. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora diputada Delú, por La Pampa.
Sra. Delú.- Señor presidente: desde el bloque Justicialista, que integra el Interbloque Argentina Federal, vamos a acompañar este proyecto porque siempre estamos a favor de promover acciones para la inclusión y permanencia de la población dentro del sistema educativo.
Frente al tratamiento que se dio en comisión a este Programa Cédula Escolar Nacional, firmamos el dictamen en disidencia parcial porque hay puntos en los que presentamos cuestionamientos.
En ese sentido, en un contexto de crisis económica y de recorte en la educación pública, cuestionamos si este programa efectivamente va a poder combatir la deserción escolar.
También entendemos que no tiene validez alguna la implementación por sí sola de un programa que releva datos, sin políticas de fundamento y de base que lleven realmente a que el educando permanezca en la escuela.
Se trata de un programa que convierte a los docentes en data entry y no en una persona que tiene que estar preocupada por el perfeccionamiento y la trasmisión de los conocimientos.
Otro de los cuestionamientos que hacemos es que a través de este conocimiento nominal de los alumnos y de sus familias ‑el programa releva otro tipo de datos que nada tienen que ver con lo educacional‑, se termine estigmatizando a las escuelas con mayor deserción escolar y a los docentes de esos establecimientos. Además, consideramos que se facilita el recorte de planes frente a la constatación de datos.
Relevar datos que son pertinentes a la tarea de otros ministerios resultaría casi innecesario si se articulara una política de interconexión de los datos ya obtenidos.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Llaryora).- La Presidencia solicita que se guarde silencio. Respetemos a los diputados que están fundamentando sus posiciones.
Sra. Delú.- Gracias, señor presidente.
Por otra parte, cuestionamos si es necesaria la implementación de un programa que cuenta con datos que también tienen las provincias.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sra. Delú.- Celebramos y acompañamos este proyecto, pero queremos plantear estos cuestionamientos.
Entendemos que el mero relevamiento de los datos no hace a la solución del problema educativo a nivel nacional y que la falta de presupuesto para implementar los programas beneficiosos para el desarrollo de cada uno de los educandos favorece, cada vez más, la deserción escolar en cada uno de los distritos nacionales.
Por los motivos expuestos, reitero que vamos a acompañar este proyecto no sin antes dejar planteadas estas disidencias parciales.
Sr. Presidente (Monzó).- Antes de pasar a la votación la Presidencia desea aclarar que recién se ha llegado a un acuerdo, con predisposición de tratar el tema, de postergar para el martes 18 de diciembre la consideración del proyecto de ley por el cual se crea un Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos. (Aplausos.)
Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley en revisión por el cual se crea la Cédula Escolar Nacional –CEN- en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación (Orden del Día N° 28).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 199 señores diputados presentes, 193 han votado por la afirmativa y 4 por la negativa, registrándose además una abstención.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 193 señores diputados por la afirmativa, 4 por la negativa y hubo una abstención.[16]
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Austin, por Córdoba.
Sra. Austin.- Señor presidente: habiendo escuchado las intervenciones de todos los señores diputados, sostenemos nuestra posición en el sentido de no aceptar modificaciones.
Por otra parte, si hay acuerdo, en la medida de lo posible solicitamos votar la totalidad de los artículos porque entendemos que el proyecto es un elemento de equilibrio en el rol de las jurisdicciones provinciales, al otorgarle un papel protagónico al Consejo Federal. Asimismo, se prevén los recursos presupuestarios necesarios para la ejecución de esta norma y se rescatan las iniciativas preexistentes.
Por las razones mencionadas, no vamos a aceptar las modificaciones propuestas.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Filmus, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Filmus.- Señor presidente: simplemente quiero expresar que nosotros vamos a insistir en nuestras disidencias.
Lamentamos mucho que después del esfuerzo que hemos realizado para que esta iniciativa sea sancionada con el consenso general de la Cámara, el oficialismo no esté dispuesto a aceptar dos cuestiones que son casi de sentido común. Por un lado, el Consejo Federal, que está a cargo de las escuelas de las provincias, debería coordinar este proceso porque es imposible hacerlo desde el Estado nacional sobre doce millones de chicos y jóvenes que estudian. En segundo lugar, debería resguardarse la información tal como lo establecen las leyes vigentes.
En consecuencia, vamos a plantear nuestra disidencia respecto de ambas cuestiones.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Alonso, por Buenos Aires.
Sra. Alonso.- Señor presidente: conforme los argumentos que acaba de esgrimir el señor diputado Filmus, solicito que la votación en particular sea nominal.
Sr. Presidente (Monzó).- Esta Presidencia sugiere realizar la votación nominal solo en los artículos en los que se presentan observaciones.
Tiene la palabra la señora diputada Alonso, por Buenos Aires.
Sra. Alonso.- Señor presidente: ese es el caso de los artículos 2°, 3° y 7°.
Sr. Presidente (Monzó).- Entonces, el resto de los artículos se votará a mano alzada.
En consideración en particular el artículo 1°.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en particular el artículo 2°.
Tiene la palabra la señora diputada Alonso, por Buenos Aires.
Sra. Alonso.- Señor presidente: nosotros proponemos que la redacción final de este artículo sea la siguiente: “El Consejo Federal de Educación coordinará la Cédula Escolar Nacional asegurando la articulación y unidad de los formatos preexistentes similares en las diferentes jurisdicciones. El Consejo Federal deberá conformar una comisión permanente integrada por representantes del Ministerio de Educación de la Nación, de los correspondientes ministerios, secretarías u organismos de educación de las jurisdicciones y de aquellos del ámbito público que por vía de reglamentación se determine, a fin de supervisar el desarrollo del presente programa.”
Como consecuencia de esta redacción, proponemos la eliminación del artículo 3°.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Austin, por Córdoba.
Sra. Austin.- Señor presidente: no aceptamos la modificación porque entendemos que esa propuesta está contenida en el artículo 3° que se pretende eliminar y que otorga al Consejo Federal la facultad de monitorear la implementación de esta Cédula Escolar.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: quisiera que aclare el sentido de la votación porque este no es un tema menor y creo que las provincias tienen algo para decir. Nos encontramos ante una importante disyuntiva.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Austin, por Córdoba.
Sra. Austin.- Señor presidente: solo para agregar que el último artículo del proyecto de ley invita a las provincias a adherir a la norma, por lo que de ninguna manera se violentan las decisiones de los organismos. Además, se procede en todo conforme a los consensos ya existentes en el Consejo Federal de Educación, expresados en las resoluciones que se mencionan en la fundamentación de este proyecto.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Alonso, por Buenos Aires.
Sra. Alonso.- Señor presidente: simplemente quiero aclarar que lo sustantivo de la modificación que proponemos es que este programa, que es tan sensible, que va a manejar datos, que está relacionado con la homologación del manejo de información y de sistemas por parte de las distintas provincias, quede en cabeza del órgano federal que representa a todas las provincias, es decir, el Consejo Federal.
Con la modificación en la redacción de este artículo lo que procuramos es que se respete el federalismo educativo y que las políticas queden en manos de quienes van a llevarlas adelante en cada una de las jurisdicciones.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Bossio, por Buenos Aires.
Sr. Bossio.- Señor presidente: estamos de acuerdo con la intervención del Consejo Federal de Educación. En el caso de que la miembro informante no acepte las propuestas de modificación, mi pregunta es cómo sigue la votación. No entiendo qué tenemos que hacer para aceptar la propuesta de la señora diputada preopinante.
Sr. Presidente (Monzó).- Seguramente se hará otra propuesta que contenga el aporte de la señora diputada.
Tiene la palabra la señora diputada Austin, por Córdoba.
Sra. Austin.- Señor presidente: con ánimo de reflejar el mismo consenso prácticamente unánime de la votación en general, aceptamos la modificación propuesta respecto del artículo 2°. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Entonces, se va a votar el artículo 2° con la modificación propuesta por la señora diputada Laura Alonso, que además incluye la eliminación del artículo 3° del proyecto original.
Tiene la palabra la señora diputada Alonso, por Buenos Aires.
Sra. Alonso.- Señor presidente: aclaro que se trata de una nueva redacción del artículo 2° y de la eliminación del artículo 3°.
Sr. Presidente (Monzó).-
Correcto, señora diputada; así fue anunciado.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en particular el artículo 4°.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 5° y 6°.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en particular el artículo 7°.
Tiene la palabra la señora diputada Alonso, por Buenos Aires.
Sra. Alonso.- Señor presidente: en este artículo, manteniendo la redacción original, proponemos agregar al final, lo siguiente: “conforme lo establece la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la ley de protección de datos personales, 25.326.” Es decir, la modificación consiste en aclarar en forma taxativa que este programa será llevado adelante atendiendo esas dos leyes vigentes.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Austin, por Córdoba.
Sra. Austin.- Señor presidente: aceptamos la propuesta de la señora diputada.
Sr. Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo 7°.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 8° a 14.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en particular el artículo 15.
Tiene la palabra la señora diputada Alonso, por Buenos Aires.
Sra. Alonso.- Señor presidente: en virtud de este artículo, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta norma.
En nuestra disidencia planteamos con claridad que, para que esta ley se traduzca efectivamente en una política federal que llegue en forma igualitaria a la totalidad de niños, niñas y adolescentes, debe ser de orden general. O sea, tiene que ser implementada simultáneamente por todas las provincias para que su aplicación no quede a merced de la voluntad de las distintas jurisdicciones.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Austin, por Córdoba.
Sra. Austin.- Señor presidente: aceptamos la modificación. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado David, por Salta.
Sr. David.- Señor presidente: no acompañaremos con nuestro voto la aprobación de este artículo porque entendemos que, si por algo debemos velar, es por la defensa absoluta del federalismo.
Por otro lado, es importante entender, como bien dijo en su momento el señor diputado Filmus, que en el ámbito educativo se fue retrocediendo respecto de las responsabilidades que corresponden a las provincias y aquellas que tiene a su cargo la Nación.
Entonces, en este contexto, pensar en dictar una ley de orden general sin la participación de las provincias es insólito y lamentablemente implica un retroceso.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Zottos, por Salta.
Sr. Zottos.- Señor presidente: quiero complementar las expresiones del señor diputado David.
Las escuelas son potestad de las provincias, dado que fueron transferidas a ellas. Me pregunto entonces cómo no vamos a tenerlas en cuenta o cómo podemos pensar en que la adhesión a esta ley no sea decidida por las distintas Legislaturas.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Bianchi, por San Luis.
Sra. Bianchi.- Señor presidente: es necesario que sigan respetándose las autonomías provinciales y el federalismo. No podemos imponer la adhesión a esta norma.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Allende, por San Juan.
Sr. Allende.- Señor presidente: propongo que el artículo en consideración mantenga su texto original.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Filmus, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Filmus.- Señor presidente: en atención al espíritu de consenso en torno de este tema, si los señores diputados están de acuerdo nos gustaría preguntar a la bancada oficialista si acepta que el artículo conserve su redacción original. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Austin, por Córdoba.
Sra. Austin.- Señor presidente: si quien ha hecho la moción no la retira, no tengo manera de hacerlo.
De todas formas, debe quedar en claro lo siguiente: desde el momento en que eliminamos la responsabilidad central de que esto sea una política nacional –recordemos que el artículo 75 de la Constitución Nacional faculta a dictar leyes generales‑ y ponemos el programa en cabeza del Consejo Federal de Educación, donde están representadas todas las provincias, no tiene sentido invitarlas a adherir a la norma. Sería dotarla de un mecanismo burocrático que prácticamente es inaplicable.
Desde el momento en que aceptaron la modificación, iba de suyo que la aplicación tendrá que realizarse a través del Consejo Federal de Educación que es, insisto, el organismo donde están representadas todas las provincias.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Bianchi, por San Luis.
Sra. Bianchi.- Señor
presidente: sugiero consultar al señor presidente de la Comisión de Educación,
el señor diputado Riccardo, pero me parece que lamentablemente no está
presente. (Aplausos.)
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 15.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 16 es de forma.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.[17]
Habiendo sido modificado el texto sancionado por el Honorable Senado, el proyecto vuelve a la Cámara iniciadora.
- 17 -
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada Pitiot, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Pitiot.- Señor presidente: sé que me estoy
apartando del tema, pero hay algo que no quiero que pase inadvertido.
Como
bien dijo usted hace unos instantes, hemos llegado a un acuerdo para que el 18
de diciembre sea tratado el proyecto de ley por el que se establece un régimen
de prevención y sanción de los delitos en espectáculos futbolísticos.
Hemos
trabajado durante más de cuarenta y ocho horas con todos los bloques para
arribar a un consenso; no lo logramos, pero seguramente lo haremos el día 18.
Me parece importante valorar el trabajo realizado, sobre todo el de la señora
diputada Burgos, para alcanzar el acuerdo.
Desde
el Frente Renovador mantenemos nuestra posición en el sentido de estar
presentes en este recinto el 18 de diciembre. Queremos que la Argentina tenga
una ley que sancione este tipo de delitos para que el fútbol no sea una
vergüenza sino un orgullo dentro y fuera del territorio nacional. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado Castagneto, por Buenos Aires.
Sr. Castagneto.- Señor presidente: nosotros
también queremos felicitar a la presidenta de la Comisión de Legislación
General, al presidente de la Comisión de Deportes y a los demás legisladores
que las integran, con quienes trabajamos fuertemente los últimos días.
Nos
parece oportuno que una norma de semejante importancia continúe siendo mejorada
en comisión, ya que no solo debemos abordar la temática penal sino también la
prevención. Si bien algo se incorporó, desde nuestro bloque entendemos que no
tiene sentido trabajar en forma apresurada.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr. Castagneto.- Agradecemos esta oportunidad y
adelanto que trabajaremos para lograr una iniciativa acorde con el tema que nos
compete.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada Bianchi, por San Luis.
Sra. Bianchi.- Señor presidente: agradezco a la señora diputada Burgos, quien al igual que el señor diputado Scioli, tomó muchas de las observaciones que nosotros planteamos.
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Bianchi.
Sra. Bianchi.- Señor presidente: pido que en estos días sean convocados los penalistas más importantes. Este tipo de normas se deben hacer desde adentro, con gente que conozca la problemática y sepa de qué estamos hablando. No se puede elaborar una ley desde una oficina pública cuando no se conoce “el adentro”.
También creo que habría que citar a las autoridades de la AFA, no solo para que nos asesoren –porque ellos saben lo que pasa‑ sino también para que se comprometan.
- 18 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Comercio –Orden del Día N° 762‑ recaído en el
proyecto de ley del señor diputado Bossio y otros por el que se modifica la ley
26.736, de pasta celulosa y papel para diarios (expediente 7.073-D.-2018).
aquí ORDEN DEL DÍA N° 762
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en
general.
Tiene
la palabra el señor diputado Bossio, por Buenos Aires.
Sr. Bossio.- Señor presidente: antes de
abocarme al asunto en tratamiento, quiero decir que nos comprometemos a estar
en este recinto el día 18 de diciembre para abordar un tema que, entendemos,
debe ser tratado en el Congreso de la Nación. Lo haremos con la mayor capacidad
reflexiva, intentando hacer nuestro aporte para ver de qué manera podemos
resolver el problema y dar un claro mensaje a la sociedad.
Pasando
al tema en consideración, debo decir que hay leyes que posiblemente encierran
buenas intenciones o un motivo en particular, y que un tiempo prudencial
permite determinar si funcionan o no; es decir, si cumplen o no con su
cometido.
La ley 26.736 regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa. Papel Prensa es una empresa que tiene distintos accionistas. Uno de los accionistas es el Estado nacional, el Tesoro nacional; es decir, todos los argentinos somos socios de Clarín y de La Nación.
Esa norma tuvo una discusión profunda en este Congreso, pero muchas veces las intenciones no se dan con los resultados.
¿Dónde estamos discutiendo el primer punto? Lo estamos discutiendo ahora, en un momento en donde la recesión se profundiza, cuando ya está consagrada. En efecto, los datos de los últimos dos trimestres muestran que hay una caída muy fuerte del producto y que las desigualdades son muy grandes.
El presidente de la Nación plantea un camino diciendo que es el único. Nosotros estamos convencidos de que no hay un único camino. Pero no solo estamos convencidos de eso, sino que estamos absolutamente consustanciados –y lo vemos en la realidad- en cuanto a que la economía se encuentra en una situación muy crítica.
Ahora bien, ¿la situación macroeconómica está afectando a un sector como es el de los diarios y revistas? Posiblemente así sea, pero aquí hay una cuestión mucho más profunda, que tiene que ver con un cambio tecnológico muy grande que están viviendo el mundo en general y la Argentina en particular.
Años atrás se abrían diarios, y sus rotativas, con su lógica propia, eran la manera de expresarse y de comunicarse; eran básicamente el núcleo central de la comunicación y de la expresión.
Nosotros estuvimos viendo cómo se informaba la gente, porque el acceso a la información, en cuanto a la información pública y la libertad de expresión, es algo que nos preocupa a todos. La gran mayoría de la sociedad hoy se está informando por medio de las redes sociales. Esta es una realidad. Se informa conforme a la televisión y a la radio, y también –aunque en menor medida- a través de los medios de comunicación gráfica. Con lo cual estamos hablando de ese sector de la comunicación, que evidentemente tiene un enorme desafío frente a los cambios tecnológicos.
Un diputado compañero nuestro nos decía hoy que la tapa del diario del domingo cuesta más que la suscripción mensual en una página web. Entonces, hay cambios y por eso se venden menos diarios. Es por eso que no solo la industria del diario sino también la industria gráfica en general está viviendo un proceso recesivo, independientemente de la cuestión macroeconómica y de si funciona o no la economía.
Consideramos que la economía no funciona, es recesiva, genera desempleo. Este modelo económico genera desempleo, desigualdad y recesión, y posiblemente en el devenir de los próximos meses esto se profundice. No pretendo presagiar catástrofes, pero claramente el ajuste fiscal y monetario no compensa bajo ningún punto de vista el sector externo, que además está teniendo serias dificultades.
Escuché algunos argumentos con respecto a la libertad de expresión. Creo que aquí estamos analizando si algo funciona o no, y lo que estamos viendo es que no mejoró las condiciones de precio de los diarios, del insumo central que ellos tienen, que es la pasta celulosa convertida en papel prensa.
Lo que nosotros hemos hecho es simplemente escuchar la voz de los trabajadores, quienes vinieron y nos dijeron que tienen dificultades, porque mientras hace tan solo unos años se vendían 204.000 toneladas de papel prensa en la Argentina, en el último año se vendieron 115.000 toneladas. La recesión explicará una parte, pero fundamentalmente ha habido un cambio de tecnología en términos de cómo se comunica.
Los trabajadores también preguntaron por qué se les prohibía hacer otras cosas, si la Argentina además importa pasta celulosa…
- Manifestaciones en la barra.
Sr. Kosiner.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
Sr. Bossio.- Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Monzó).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Kosiner, por Salta.
Sr. Kosiner.- Señor presidente: en mérito a la libre y democrática expresión del pensamiento, que todos tenemos garantizada, tanto del diputado que está fundamentando el proyecto como seguramente de aquellos que se opondrán al mismo, pido que se respete a quienes hacen uso de la palabra. Fundamentalmente me refiero a aquellas personas que se encuentran en los palcos bandeja y que no son legisladores. No lo digo porque carezcan del derecho a expresarse, ya que seguramente lo tendrán en sus ámbitos respectivos, pero hay un diputado que está haciendo uso de la palabra y nosotros nos comprometemos también a respetar a aquellos legisladores que habrán de sostener otra posición.
Sr. Presidente (Monzó).- Solicito a los asesores que se encuentran en la bandeja ubicada a mi izquierda que guarden silencio.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bossio.
Sr. Bossio.- Señor presidente: entiendo que con chicanas las cosas no se resuelven. Las cosas se resuelven aportando, al margen de que a alguien le guste o no la propuesta. Se puede votar a favor o en contra, pero claramente lo que uno pretende es exponer su posición.
Hace siete años se sancionó una ley que nosotros entendemos que no funcionó. Uno pregunta esto a los diarios del interior, porque los conoce y porque ha participado. Hasta puedo contar anécdotas personales: he vivido experiencias ‑que no tienen que ver con mi anterior condición de funcionario público sino con mi origen familiar- con los diarios locales de mi pueblo. Uno los llama y les pregunta si el papel está más barato o más caro, y le contestan que está más caro. Y lo compran más caro de lo que vale importado.
Entonces, si uno mira una serie de papel prensa importada, es más barata que la fórmula de venta que implica para los diarios. Los diarios se habían conformado en una cooperativa para comprar y conseguir descuentos, pero no podían obtenerlos.
¿Se elimina mediante esta ley el interés público? No, no se elimina. Recién estuvimos hablando de una cuestión de orden público. Yo creo que no todas las cosas son de orden público. A mí me tocó escribir sobre cuestiones que tienen que ver con el orden público. Había bancos que no querían pagar la asignación universal por hijo porque decían que contaminaban las sucursales. ¿Cómo resolvimos eso? Establecimos el orden público, por lo que los bancos estaban obligados a pagar la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque el Estado pone por encima cualquier interés superior a los intereses particulares.
Entonces, el interés público sigue en esta norma. Van a decir que es un monopolio. Evaluemos si lo es o no lo es. Lo que sí está claro es que hace pocos meses el Congreso sancionó una ley de defensa de la competencia y que la tiene que instrumentar con todo el rigor que corresponde. Se trata de una ley que, eventualmente, permitirá que ante un posicionamiento dominante se actúe en consecuencia.
Entonces, existe orden público y ley de defensa de la competencia.
Estamos discutiendo una fórmula que tiene dos costos: los variables y los fijos. Y se calcula sobre el cociente de lo que se comercializa. Si lo que se vende cada vez es menos, la tendencia es que el costo que se les propone a los diarios es cada vez mayor.
Lo que estamos proponiendo –y vamos a sugerir algunos artículos en ese sentido- es que al menos tenga como tope el precio internacional, que es más bajo que el precio al que vende Papel Prensa. No solo eso, sino que por Secretaría haremos llegar una propuesta para que tengan que ofrecer descuentos; que esos descuentos deban practicarse sobre un precio que, repito, es más bajo a nivel de importación que a nivel de producción local, y que deba ser para todos igual. Es decir, lo que proponemos es que exista la obligación de que los descuentos sean iguales para todos, en términos financieros y en términos del nivel del precio al presente.
Por eso es que los trabajadores tienen miedo y desconfianza. Se trata de una industria que se achica, con la aparición de nuevas tecnologías, la comunicación de las redes sociales, de la televisión, de las radios y de otros formatos televisivos.
El otro día leíamos que Bolsonaro ganó las elecciones con las redes sociales. Solo tenía 6 segundos de televisión. Era el candidato que menos segundos de televisión tenía, pero ganó por las redes sociales: 50 por ciento de WhatsApp y 50 por ciento de Facebook. Con 6 segundos estaba limitada su expresión en la televisión. Sin embargo, tuvo la capacidad –nos guste o no, fue elegido por el pueblo del Brasil- de expresar efectivamente sus opiniones.
Considero que la tecnología está desafiando a todas estas industrias; está ofreciendo nuevos desafíos, nuevas lecciones y nuevas metas. Los trabajadores fueron claros con nosotros, y no solo los trabajadores de San Pedro que producen papel prensa sino aquellos que trabajan en las áreas forestales, los que producen la pasta celulósica como insumo básico para producir el papel prensa, que nos manifestaron: “Permítannos producir otras cosas; estamos importando cosas que nosotros podemos producir”.
Creo que es una ley que amerita ser debatida. Seguramente a algunos les toca una fibra íntima, y les voy a ser sincero: no es porque nos trate bien o mal un medio, se los puedo asegurar. Si quieren revisamos: algunos tienen muchas más notas negativas y otros muchas menos que yo en ese medio.
No estamos haciendo esto porque estemos especulando; simplemente hay una situación concreta y un pedido especial de los trabajadores, no solo de Papel Prensa sino también de otras áreas.
Creo que es necesario introducir algunos cambios, que voy a pasar a Secretaría. El primero tiene que ver con garantizar el arancel cero durante diez años a la importación de papel prensa. Eso pone un tope para los diarios de cualquier pueblo de la Argentina. Hace pocos días este Congreso les dio la posibilidad de tener la libre disponibilidad de los saldos técnicos de IVA porque entendemos que están viviendo una situación particular, difícil y compleja, y entendemos que el Estado tiene que actuar; entonces, se les va a poner un tope al precio de importación.
En segundo lugar, bajo ningún punto de vista pueden discriminar a quién le venden o no, accionistas o no accionistas. Repito: es Clarín, La Nación, Télam, pero también es el Estado nacional, que no es una oficina, sino que somos todos. Y hay quinientos trabajadores que empiezan a tener problemas, que dicen que este año se vendieron 104.000 toneladas y que el año que viene se venderán 75.000. Frente a eso, se plantea una solución.
No se deroga toda la ley; no se deroga el interés público; no se deroga la Ley de Defensa de la Competencia. El Estado tiene las herramientas necesarias para regular y controlar que haya prudencia y responsabilidad en el manejo de estos recursos.
La posibilidad de producir otros bienes es lo que va a preservar la fuente de trabajo. Aquellos diarios que son la base cultural de los pueblos ‑usted, señor presidente, lo sabe porque es del interior de la provincia de Buenos Aires‑, que tienen su sede en las plazas centrales, donde se ven las noticias cotidianas del lugar, van a poder comprar a un precio de valor importado, con los descuentos que hoy no tienen, y el Estado va a tener todas las herramientas para que efectivamente se pueda cumplir un objetivo.
Posiblemente la ley tenía buenos objetivos; después de siete años yo creo que esos objetivos no se cumplieron.
No quiero hacer otro tipo de valoraciones, que seguramente en el debate se van a dar. El pedido fue concreto por parte de los trabajadores y de la COOPPAL, Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina Limitada. Nos fijamos quiénes la integran, porque quizá eran grandes diarios, pero no, son: El Diario, de Paraná; El Eco de Tandil; La Arena, de Santa Rosa; El Popular, de Olavarría; El Argentino, de Gualeguaychú; El Debate, de Gualeguay; La Voz del Pueblo, de Tres Arroyos; El Debate, de Zárate; Puntal, de Río Cuarto. Ellos manifestaron este tipo de cuestiones.
Entendemos que se pueden hacer aportes y que es una industria que evidentemente está en una situación de crisis, por lo que hay que dar una solución, fundamentalmente para los trabajadores.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Carro, por Córdoba.
Sr. Carro.- Señor presidente: voy a fundamentar el voto
negativo de nuestro bloque a este proyecto.
En primer lugar, quiero
señalar cuál es el nudo que no ha sido explicado en la presentación que hizo el
señor diputado Bossio, y que tiene que ver con el tratamiento exprés que ha
tenido este proyecto.
El viernes 9 de diciembre
ingresó el proyecto; el martes siguiente se convocó a comisión para el
miércoles, día en que, en menos de dos horas de debate, se emitió dictamen,
contando como antecedente solamente con dos notas: una del Sindicato de
Trabajadores de Papel Prensa y otra de una cooperativa de compra de papel.
Cuando pedimos tiempo para escuchar la opinión de otros sectores, nos dijeron
que no, con los mismos argumentos que da el señor diputado Bossio: que los
diarios del interior están de acuerdo y que también los trabajadores están de
acuerdo. En tres días hicieron un trámite exprés. No tenían a todos los
miembros de la comisión presentes, entonces reemplazaron a tres para tener
quórum y mayoría.
Yo me pregunto cuál es el
apuro para discutir este proyecto para modificar una ley. Me parece que el
punto central es qué regulaba la ley de 2011. Esa ley declaró de interés
público una actividad económica que es monopólica –lo que permitió regularla-,
ya que prácticamente tiene toda la producción de papel prensa del país.
Hoy se está derogando el
artículo que establece que todos pueden pagar el mismo precio por el mismo
papel. Nada más ni nada menos que un trato igualitario, como cuando uno va al
supermercado y por lo que compra paga el mismo precio que los demás. Al
eliminar este artículo están volviendo a la situación previa en que Papel
Prensa tenía precios diferenciados para distintos medios. Ya sabemos cómo lo
sufría Página 12 y muchos medios del
interior que eran competencia de La
Nación y Clarín.
Eso es lo que se está
quitando, así como el hecho de estar obligados a tener mayor stock si hay mayor
demanda. De nuevo Papel Prensa va a poder decir que no tiene papel para vender
y que entonces los demás medios tengan que importar. Y se le va a permitir que
cobre precios diferentes según sea quien compre.
Los argumentos que dan es
que escucharon a trabajadores y medios. Yo les voy a decir qué opinan los que
nosotros consultamos, que son: DyPRA, Diarios y Periódicos Regionales de la
Argentina; FADICCRA, Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores
Cooperativos de la Argentina; CADyPBA, Cámara de Diarios y Periódicos de la
Provincia de Buenos Aires; AReCIA, Asociación de Revistas Culturales e
Independientes de Argentina; APYME, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas
de la Argentina; el diario Tiempo
Argentino, cooperativo; SIPreBA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires; Mesa
Nacional de Trabajadores de Prensa; las regionales de los sindicatos de prensa
de Rosario, Santa Fe, Tucumán, Córdoba; el Sindicato de Vendedores de Diarios y
Revistas; la Federación Gráfica Bonaerense; la Federación Gráfica de Córdoba;
la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines; la
Federación de Trabajadores por la Economía Social. Todos estos sectores ‑trabajadores,
cámaras empresarias, diarios cooperativos, autogestioandos- que están en
contra, no tuvieron la posibilidad de expresar su opinión por este tratamiento
exprés que le dieron al proyecto. Yo creo que son sectores que merecen ser
escuchados. Me parece que es una barbaridad que estemos discutiendo esto sin
habernos dado el tiempo para hacer una discusión razonable.
¿Cuáles son los
argumentos? Dicen que deben reconvertir la empresa porque se vende menos pasta
celulosa. Es cierto. Pero no hay un solo artículo en la ley que prohíba a Papel
Prensa reconvertir sus actividades; es decir, lo puede hacer. Si no, que me
expliquen cuál es el artículo, así lo puedo leer con detenimiento y entender.
No hay un solo artículo que le impida a Papel Prensa reconvertirse.
Dicen que se van a quedar
sin trabajo 475 trabajadores de Papel Prensa. Sin embargo, no han mostrado un
solo balance de Papel Prensa que diga que tiene algún problema económico. No
hay ningún quebranto, no están llamando a ningún procedimiento de crisis para
despedir trabajadores.
No tenemos el informe del
director que pone el Estado en Papel Prensa; ni siquiera conocemos su nombre. No sé si aquí hay algún diputado o diputada
que conozca el nombre del director que pone el Estado en Papel Prensa.
La verdad es que son todos actores que es imprescindible escuchar para tomar una decisión de este tipo; no podemos aprobar una ley sin saber qué opina el director que pone el Estado en Papel Prensa, sin que nos muestre los números de la empresa.
Es cierto que aumentó el precio; el papel prensa aumentó más que el dólar en la Argentina: un 120 por ciento desde principios de año a esta parte. Es decir que la empresa pone el precio que quiere. No es que la ley congelaba el precio, sino que se obligaba a vender a un mismo precio a distintos compradores en igualdad de condiciones, y esto es lo que se va a cambiar con esta ley. Ni hablar si además agregamos el alza a los combustibles, que afecta a todos los diarios regionales del interior.
Es decir que para mí estos argumentos son falsos, salvo que podamos escuchar en la Cámara la opinión de los empresarios y de los trabajadores. Efectivamente, esta situación va a generar despidos, pérdida de fuentes de trabajo, pero no en Papel Prensa, en los diarios regionales, porque esto afecta a los trabajadores gráficos, a los de prensa, a los autogestionados y a los empresarios que tienen pymes y medios cooperativos.
Todos los diputados que aquí se llenan la boca hablando de federalismo o del interior profundo de la Argentina, tomen en cuenta que efectivamente los medios regionales del interior les van a reclamar porque todos ellos están en contra de la aprobación de esta ley.
Esta ley va a significar una censura indirecta porque va a generar restricciones en la libertad de expresión, ya que nuevamente una empresa monopólica que produce papel prensa va a poder elegir a quién vende el papel barato y a quién caro; y si no quiere venderlo, no lo vende, cosa que hoy la ley prohíbe hacer.
Esto también va a generar una situación en la que nuevamente los grandes monopolios en la Argentina fijarán las reglas del mercado. La mano invisible del mercado es la de los grandes monopolios, y en este caso la de Clarín y La Nación, que nuevamente están metiendo la mano en el bolsillo al conjunto de los argentinos con una actividad que es monopólica y que hay que regular, porque toda actividad monopólica debe ser regulada.
Finalmente, en vez de intervenir el
Estado en favor de una mayor democracia comunicacional, interviene en favor de
los grupos monopólicos. Tengan presente, diputados y diputadas, sobre todo del
interior, que esto va a perjudicar la democracia comunicacional en la
Argentina, va a restringir aún más la libertad de expresión y va a generar
mayor concentración mediática y mayor poder de fuego para los medios que
ofrecen la cobertura que este gobierno necesita para implementar el ajuste que
está llevando adelante. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Moreau.- Señor presidente: cuando se discutió esta ley que hoy se pretende desguazar, el 15 de diciembre de 2011, intervinieron en el debate previo cinco comisiones: la Comisión de Comercio, la Comisión de Comunicaciones e Informática, la Comisión de Libertad de Expresión, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.
Se tomó tan en serio este debate que se le dio giro a las comisiones que efectivamente entendían sobre este problema o debían entenderlo. En este caso, como ya se ha mencionado, el proyecto que viene a modificar esta ley tuvo un trámite exprés.
Pero lo más curioso es que ha sido fundamentado sobre la recesión que está atravesando supuestamente este sector; efectivamente, como todos los otros sectores de la economía argentina, está en recesión. Lo que me llama la atención es que si bien este no es el único sector que está en recesión en la Argentina, es el único que tiene el privilegio de que se trate una ley que lo regula en extraordinarias, habiendo sido presentado el proyecto por diputados supuestamente de la oposición. Esto es llamativo: los diputados de la oposición acusan a Macri de que está provocando la recesión, y Macri les hace el favor de incluir en extraordinarias este proyecto de ley.
Sabemos por qué está este proyecto de ley en extraordinarias; porque acá no está la voz de los trabajadores, está la voz del amo, del que conduce las comunicaciones en la Argentina en un proceso de concentración que no tiene antecedentes en el planeta, de ninguna naturaleza. Esa es la voz que está presente.
Hoy se reunieron en el subsuelo del edificio Anexo de esta Cámara representantes de mil pymes. Algunos diputados del oficialismo estaban presentes, como dos o tres, y se escucharon los reclamos de las pymes. El tema de las pymes no está en extraordinarias. Está en extraordinarias la cuestión de Papel Prensa, de Clarín y de La Nación; estos son los temas que están en extraordinarias.
Acá se ha dicho que las leyes hay que medirlas por el resultado. ¿Cuál era la situación antes de que se sancionara en 2011, por iniciativa del gobierno popular, esta ley que regulaba efectivamente el papel prensa en la Argentina? Crónica, que tenía tres ediciones y vendía más ejemplares que Clarín, se vio reducida a una edición y con menos cantidad de páginas porque se le negaba el papel; un diario con el que yo no tengo ninguna afinidad ideológica, como es Ámbito Financiero, cuyo titular de aquel entonces fue denostado por los medios de comunicación, recibió ataques brutales, y el diario El Día, de la ciudad de La Plata, tuvo graves dificultades. Es mentira que los diarios del interior están contentos con estas modificaciones; ni siquiera están presentes en el debate.
Acá la discusión no es solamente el precio sino la fijación de cuotas. Lo que se prevé es que otra vez se vuelva a ejercitar monopólicamente la distribución del papel de diario en la Argentina.
Les voy a contar lo que se dijo el día que Papel Prensa inició sus actividades, el 28 de septiembre de 1978: “Es indispensable callar, y la prudencia es el silencio cuando está en juego el bienestar común”. Esto lo dijo Jorge Rafael Videla inaugurando Papel Prensa.
Se quiere volver a un esquema de esta naturaleza y sumarlo a un proceso de concentración, que le ha dado a este grupo ‑que seguramente mañana no me va a tratar con la misma bondad con la que tratará a otros diputados‑ el manejo monopólico de la televisión por cable y la supremacía monopólica en Internet, en telefonía móvil y en telefonía fija. Ahora se le quiere devolver la facultad de manejar las cuotas de papel, independientemente de que efectivamente hoy en la Argentina –como en cualquier lugar del mundo- se venden menos diarios de papel, pero siguen siendo el factor que construye agenda diaria.
Por eso, quieren seguir teniendo el control, además de que se quieren acallar las voces opositoras, independientes. Como se está atropellando al Estado de derecho, se está atropellando la libertad de expresión, y es lamentable que diputados que se dicen de la oposición –una oposición al estilo Pepsi- nos vengan a señalar hoy que este es un problema prioritario en la Argentina.
Prioritario es el problema que tienen los trabajadores de todos los rubros, que están siendo dejados en la calle y no tienen este privilegio extraordinario que significa que hoy en el Congreso en una sesión especial estemos tratando este tema. Hay que arrancarse la careta. Nadie niega que se pueden regular sectores, que el Estado debe intervenir, pero debe hacerlo en muchos sectores de la economía que están sufriendo estas circunstancias.
Los parlamentos que se precian en el mundo, que no se ponen de rodillas frente a los grupos mediáticos, hoy están discutiendo lo que acá se viene a decir, que es el factor predominante de la distorsión en materia de comunicación.
Están discutiendo cómo poner un límite
a Facebook, Google, la desinformación y las noticias falsas en las redes
sociales. Son parlamentos que no se rinden frente a las corporaciones y no
entregan lo que no hay que entregar, que es la soberanía popular, que se
construye con la libertad de expresión. (Aplausos.)
No es cierto que esto no significa costos y beneficios para la empresa y los que hacemos política. Seguramente para algunos de nosotros esto ya tiene un costo. Ya lo ha tenido el año pasado en el caso de aquellos diputados que fueron imputados por estos medios de comunicación por el hecho de tener cuentas en el exterior y ni siquiera tuvieron la dignidad de rectificarse. (Aplausos.)
Esto ha tenido costos en el pasado. En la última sesión cometí un error: mostré una fotografía de una manifestación anterior a la que se estaba desarrollando. El error no consistía en que había infiltrados en esa manifestación. Los había en la anterior. Por primera vez logré una tapa en el diario Clarín. Esa tapa no la tuvo la señora diputada Carrió cuando dijo que había ingresado al país un comando iraní-venezolano mediante Buquebus. La República Oriental del Uruguay y esa empresa desmintieron a la señora diputada.
Tampoco tuvo esa tapa la señora Bullrich cuando dijo e hizo trascender que Maldonado había aparecido en una peluquería en La Rioja, en un supermercado en Paraná o en una ruta haciendo dedo. (Aplausos.)
Estos privilegios no los tuvieron todos aquellos que descaradamente mintieron a la Argentina.
Estos medios hacen una oposición a la oposición, pero no interpelaron al oficialismo cuando mintió al prometer la construcción de jardines de infantes y el no pago del impuesto a las ganancias por parte de los trabajadores.
Hay costos y beneficios, pero tenemos la certeza de que en el futuro obtendremos un beneficio que estará determinado por el hecho de habernos opuesto a un proyecto que viene a desguazar un equilibrio que se había logrado en la Argentina para hacer real el principio de la libertad de expresión e información. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr. del Caño.- Señor presidente: como se ha expresado, no estamos discutiendo lo verdaderamente urgente y extraordinario, como por ejemplo aquello que permita terminar con los despidos que hoy afectan a miles de trabajadoras y trabajadores. Otro tema es el del bono de fin de año que el gobierno acordó con la traidora CGT, que va a ser percibido por una ínfima parte de la clase trabajadora y además es completamente insuficiente.
En otras palabras, mientras que por un lado se celebraron con mucho apuro reuniones exprés de comisiones sin haberse escuchado a las trabajadoras y trabajadores que claramente están en desacuerdo con este proyecto de ley –esto ya fue manifestado por otros señores diputados‑, por el otro, se le hace un regalo de fin de año al Grupo Clarín, determinado por la desregulación del papel prensa.
Esto contrasta con la situación por la que atraviesan las grandes mayorías populares, que se ven afectadas por los despidos, los bajos salarios, los tarifazos y una situación cada vez más insostenible.
- Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, diputada Cornelia Schmidt Liermann.
Sr. del Caño.- Por supuesto que esto no es casual. El gobierno se enoja cuando se lo cataloga como un gobierno para los ricos, pero lo cierto es que aquí se está beneficiando a uno de los grandes grupos monopólicos del país.
Creo que lo que se persigue al plantearse esta desregulación es la posibilidad de que Papel Prensa establezca el precio que se le antoje para el papel. Eso ha quedado absolutamente en claro.
Por su parte, el señor diputado Bossio ha esgrimido un argumento en el sentido de que esto beneficiaría a algunos sectores como las cooperativas, que podrían negociar mejor sus compras de papel con la posibilidad de obtener algunos descuentos. Pero el señor diputado no se tomó el trabajo de leer lo que plantearon en una declaración –y no pudieron hacerlo en el tratamiento exprés que el proyecto tuvo en este Parlamento‑ las trabajadoras y los trabajadores del Encuentro Nacional de Diarios Recuperados, integrado, por ejemplo, por trabajadores de Tiempo Argentino, Cítrica, La Vaca, El Ciudadano –este es un diario de Rosario gestionado también por sus trabajadores‑ y La Nueva Mañana, de Córdoba, donde plantean la amenaza sobre la posibilidad de ejercer el oficio, lo que constituye un serio ataque a la libertad de expresión. En otras palabras, están diciendo que se verán claramente afectados por esto.
Lo mismo sucede en el caso de las trabajadoras y los trabajadores de Madygraf, la ex Donnelley, empresa gráfica gestionada por ellos en la zona de Garín, en el norte del Gran Buenos Aires. Las trabajadoras y los trabajadores plantean que en estas condiciones se verán perjudicados porque va a existir un mercado cartelizado.
Entonces, creo que no hay ninguna duda de que con este proyecto de ley por el que se desregula la empresa Papel Prensa se beneficia al Grupo Clarín.
Por supuesto que este no ha sido el único beneficio que recibió y que no es algo que haya ocurrido solamente con este gobierno, sino también con los anteriores.
Además, se ha demostrado que las leyes que regulan o limitan estas empresas no han impedido, por ejemplo, lo que los trabajadores denuncian, que es el aumento del precio del papel prensa en un 120 por ciento.
Para nosotros la única manera de garantizar la libertad de expresión es que la producción de papel se encuentre bajo el control de los trabajadores y sea absolutamente estatal. De esa forma, se podrá garantizar realmente la libertad de expresión.
También quiero señalar que este proyecto de ley no es ajeno a la política que está llevando adelante el gobierno y a lo que se viene para el año próximo, que será electoral. Seguramente el oficialismo y algunos sectores de la oposición que están apoyando este proyecto de ley y que han votado todas las leyes de ajuste y entrega que ha pedido este gobierno van a querer aprovechar esa circunstancia. Pero esta limitación a la libertad de expresión está en consonancia con el ajuste que deben imponer, el cercenamiento de las libertades democráticas y la represión que estamos viendo en nuestro país.
Por lo expuesto, el bloque del Frente
de Izquierda rechaza este proyecto de ley, que constituye un regalo de fin de
año para el Grupo Clarín.
Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada del Plá, por Buenos Aires.
Sra. del Plá.- Señor presidente: como se ha expresado, este proyecto de ley constituye claramente un rescate de la empresa monopólica Papel Prensa. Se trata de un claro rescate de esa posición monopólica que tienen estos grupos empresarios, que desean recuperar la posibilidad de imponer los precios discrecionalmente, en forma monopólica, sin ninguna limitación, contribuyendo así a hundir a la competencia con esa política.
No estoy hablando solamente de la competencia empresarial. Como aquí se ha señalado, se trata de impedir la posibilidad de cualquier tipo de expresión diferenciada, como la que podría hacerse desde los medios comunitarios o los diarios gestionados por sus trabajadores.
Esto también constituye una toma y daca entre sectores del oficialismo, de la oposición patronal y estos pulpos empresarios como el Grupo Clarín, que contribuyen enormemente a desviar la atención sobre las políticas brutales de ataque a las condiciones de vida de la mayoría de la población en este país.
No hemos visto la misma preocupación que hoy tienen los diputados que han presentado este proyecto y que lo defienden, cuando la empresa AGR –del grupo Clarín‑ armó un falso proceso de crisis para simular que cerraba la planta más moderna de Latinoamérica con el único objetivo de despedir a todos sus trabajadores, principalmente a su combativa comisión interna. En esa ocasión, el Ministerio de Trabajo y este Congreso no se sintieron preocupados por semejante maniobra ilegal y delictiva. Sin embargo, ahora hay una enorme preocupación por ayudar a garantizar el precio monopólico del papel para imprimir diarios.
Entonces, debemos ser claros. Acá no solo se está discutiendo un gran negocio para Clarín y La Nación sino también toda una política alrededor de los medios de comunicación para sostener un andamiaje de construcciones ideológicas, de desarrollo falso de noticias y ocultamiento de la realidad al servicio de sostener esta situación.
No es casual. Todos han estado festejando el G20. Ya era escandaloso el nivel de simulación, de que era una situación maravillosa. Sin embargo, pocos cubrieron la enorme movilización que realizamos contra la presencia de los presidentes imperialistas.
Tampoco hay ninguna preocupación aquí por algo que ya mencionó el diputado del Caño. Me refiero al enorme ataque a los trabajadores gráficos. La industria gráfica está despidiendo y cerrando fábricas a mansalva, en nombre de las reconversiones tecnológicas. Pero fíjense cómo ahora, que se trata del viejo papel de diario, no hay ningún problema; se lo puede defender sin ninguna dificultad.
Una de las plantas gráficas más tradicionales del país y de mi distrito, como es la fábrica Interpack, está en un proceso claro de vaciamiento, por supuesto con la connivencia del ex Ministerio de Trabajo. Hay despidos; los trabajadores permanecen en la planta. Hemos presentado un proyecto en apoyo y, por supuesto, sobre esto no hay ninguna preocupación de las bancadas mayoritarias, de ninguna manera. Acá están viendo cómo sostienen el negociado.
Además, debemos recordar la historia de Papel Prensa, que es muy terrible. Es una historia marcada por la dictadura, secuestros, torturas y todo el operativo estatal. Digo estatal en el sentido de la continuidad entre dictaduras y supuestas democracias para defender todo un régimen de opresión y de explotación.
Esto es fundamental porque hace relativamente poco tiempo hubo fallos judiciales para disimular cómo fue el proceso de apropiación de Clarín y La Nación por parte de esta empresa. Esto no ha sido mencionado por quienes impulsan este proyecto; sin embargo, es extremadamente serio.
Por lo tanto, la rapidez, pero también la enormidad de los alcances que tiene este proyecto, nos hace plantear en primer lugar que tenemos que poner en el centro de la escena la defensa de los puestos laborales de todos los trabajadores de prensa de todo tipo de medios y soportes de comunicación.
Esta misma Cámara se negó a abordar los proyectos de emergencia contra los despidos en Télam. Por supuesto que los trabajadores han tenido un triunfo, logrando regresar a la empresa, pero sobre la base de su lucha, no sobre la base de las resoluciones de esta Cámara.
También quiero decir que aquí se ha hecho la vista gorda al proceso de concentración monopólica que significa la fusión Telecom-Cablevisión, que augura el dominio completo, que ya se está poniendo en marcha, de todos los soportes del desarrollo de la información y las comunicaciones, así como tienen el monopolio de Papel Prensa.
Hemos presentado proyectos; se han negado a tratarlos, y esto ya tiene efectos: reforma laboral, regimentación, despidos en Telecom, lo mismo en Cablevisión; imposiciones de convenios a la baja.
¿Hacia dónde va todo esto? Hacia la línea única de generación de contenidos. Esta tendencia a que sean los grandes monopolios los que no solo manejen los soportes de circulación de la información y la comunicación sino también la generación de contenidos, claramente grafica cómo toda la clase dominante se encamina a defender no solo sus negocios sino a utilizar todos los elementos como un formato de regimentación social.
Por eso antes dijimos que era completamente trucho el argumento de que se iban a proteger los datos personales, porque se los han dado a todos los monopolios que manejan la circulación por Internet y el conjunto de las plataformas digitales.
Entonces, no estamos discutiendo acá solamente Papel Prensa sino cómo toda una clase social y sus representantes en la Cámara de Diputados están rindiendo pleitesía a los que verdaderamente gobiernan este país, que son los grandes grupos económicos, representantes de la burguesía, que han conservado ese poder bajo dictaduras y democracias, porque se han encargado una y otra vez de mantener los verdaderos resortes del poder.
Por eso la salida a esta situación no puede ser otra que el monopolio estatal de la producción de papel de diario; el planteo de la anulación de todas las medidas de concentración de los medios privados de comunicación y de información; y estratégicamente, que los trabajadores, la juventud, los jubilados y los explotados en general nos propongamos romper con todos estos lazos de dominación y discutir una salida propia de los trabajadores.
Está claro que no habrá circulación democrática de la información hasta que las mayorías populares estemos en el poder.
Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada Vallejos, por Buenos Aires.
Sra. Vallejos.- Señor presidente: a esta altura del debate, a nadie se le escapa que la desregulación en el caso de un monopolio ‑como es el caso de lo que estamos discutiendo‑ es indefendible. De lo contrario, tendrían que repasar un poco de teoría económica o, en todo caso, ver las leyes antimonopólicas de esos países que tanto admiran.
Además, que esta desregulación atenta contra la libertad de imprenta y contra la libertad de expresión está claro a los ojos de todos los argentinos y las argentinas. Pero me quiero detener en otro punto. Aquí se ha fundamentado que la razón para justificar esta desregulación de un monopolio tiene que ver con la situación económica que atraviesa la empresa y, a la postre, los 475 puestos de trabajo que, como indica el mensaje de este proyecto de ley, están en riesgo.
Esta desregulación, como bien señaló el señor diputado Moreau, data de finales del año 2011. Entre los años 2012 y 2015, Papel Prensa –la empresa en cuestión‑ tuvo en promedio un resultado positivo –esto es, ganancias‑ por 4 millones de pesos nominales de cada año, el equivalente a 11 millones de pesos de 2018.
Qué curioso esto, porque entre 2016 y 2018, con la misma regulación en vigencia, según los balances oficiales de la empresa el resultado promedio fue negativo de 47 millones de pesos nominales de cada año, o 75 millones de pesos de este año 2018.
La regulación, insisto, es la misma; los resultados, no. Antes ganaban y ahora pierden. ¿Qué es lo que ahora ha cambiado? Lo que cambió es la política económica.
Le digo más: este problema no es solamente de Papel Prensa, que vende papel para diarios. En el primer semestre de este año el conjunto de las empresas industriales y de servicios que cotizan en bolsa perdió 41.226 millones, esto es, 229 millones por día.
Daré algunos ejemplos puntuales de empresas muy importantes. Cablevisión, por caso, la empresa estrella del Grupo Clarín, en el primer semestre de este año perdió 7.683 millones de pesos. Por su parte, Arcor y Mastellone también tuvieron balances negativos millonarios, de igual manera que Polledo, una empresa de construcción de la familia Roggio, que tuvo una pérdida de 3.352 millones. Molinos tuvo una pérdida 50 millones y medio de pesos en nueve meses de 2018. Ledesma perdió 34,4 millones de pesos y Arcor, empresa insignia de nuestra industria alimentaria nacional, sufrió una pérdida de 3.000 millones de pesos en el primer semestre, cuando decían que íbamos a ser el supermercado del mundo.
¿Sabe por qué, señora presidenta, todos están perdiendo? Porque este gobierno ha destruido la demanda destrozando el trabajo, el salario, el consumo, la inversión. (Aplausos.)
Ustedes impulsaron además un endeudamiento en dólares para disfrazar la falta de sustentabilidad de su modelo económico. Necesitaban los dólares para financiar la fuga, y con la devaluación han tornado ese endeudamiento en una carga inabordable para esas empresas. Incluso a nuestros grandes capitalistas, como lo acabo de demostrar, los están llevando a la quiebra.
Otro punto tiene que ver con el costo de la energía. Celulosa, Ledesma y Papel Prensa consumen energía en forma intensiva. Juntas acumulan pérdidas por 2.200 millones de pesos. Ahí tienen otra causa de la situación económica que pone en riesgo los puestos de trabajo que están en discusión. Me estoy refiriendo a la política de tarifazos, la política inflacionaria y anticompetitiva de tarifazos que han hecho pesar sobre las estructuras de costos de todas nuestras empresas.
No vamos a solucionar este desastre provocando más daños, desregulando monopolios, atentando contra valores tan sustanciales para nuestra democracia como es la libertad de expresión. El problema pasa por otro lado. Lo que queda claro de todo esto en cada uno de los debates, es que deberíamos estar discutiendo lo que precisamente nunca se discute en este recinto, que es una política económica que no va más para nadie.
Un diputado preopinante que vino a defender esta propuesta decía que hay pedidos concretos de los trabajadores. Pedidos concretos los hay de todos los trabajadores de todos los sectores. Sin ir más lejos, hace pocas horas mantuvimos en este Congreso un encuentro con nuestros industriales pyme. Para el año que viene, producto de estas políticas, hay 35.000 puestos de trabajo en riesgo, que se sumarían a todos los cientos de miles que ya fueron destruidos. Sin embargo, no veo que haya sensibilidad ni preocupación, ni que se esté tratando algún proyecto tendiente a solucionar la situación de esos 35.000 trabajadores pymes que durante el año próximo pueden perder su fuente de empleo a manos de esta política económica.
Por eso, señora presidenta, aquí no se trata de desregular un monopolio, y mucho menos de poner en riesgo la libertad de expresión en la Argentina. De lo que se trata es de cambiar la política económica y, más aún, de revertir un proyecto político que ha venido como un Pac-Man a deglutirse nuestros capitales nacionales y nuestros mercados a manos de intereses foráneos. Es eso lo que están haciendo.
Si hay diputados que fueron electos para ejercer el rol de oposición que están muy preocupados por la situación económica de nuestras empresas nacionales –y me parece muy bien; compartimos profundamente desde hace tres años esa preocupación‑ y por los puestos de trabajo de los cientos de miles de argentinos que están en riesgo, el mejor aporte que podrían hacer sería dejar de levantar la mano para acompañar los proyectos que trae este gobierno, que nos han conducido a esta situación catastrófica que hoy estamos discutiendo.
Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Por favor vaya terminando, señora diputada.
Sra. Vallejos.- Ya cierro, señora presidenta.
Sería hora –y estas sesiones extraordinarias son una gran oportunidad‑ de que en lugar de discutir cosas que no le incumben a nadie más que a algún interés en particular, todos los diputados y diputadas nos pongamos los pantalones largos o los tacos altos y debatamos en serio para darle a nuestro pueblo las políticas y las respuestas que está necesitando de todas y de todos nosotros. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra el señor diputado Cleri, por Santa Fe.
Sr. Cleri.- Señor presidente: adhiero a cada una de las palabras y argumentaciones de mis compañeros de bloque. El señor diputado Carro describió con claridad el rumbo que siguió este proyecto. Se presentó un día viernes y el martes siguiente se convocó a una reunión solamente de la Comisión de Comercio para el otro día, es decir, con menos de 24 horas de antelación, modificando integrantes porque no se encontraban en la Ciudad de Buenos Aires los miembros del oficialismo que debían dictaminar y firmar.
Por otra parte, para el estudio de este proyecto no se consultó a ninguno de los diarios cooperativos ni a los verdaderos compradores de este insumo esencial ‑la pasta de celulosa‑ para que puedan seguir haciendo sus diarios, sus semanarios, sus revistas. Me refiero a los que comunican en el interior. Simplemente se dio cauce a la intervención de medios que representan al mismo grupo hegemónico que tiene la posibilidad de ser parte de Papel Prensa, como los diarios Clarín y La Nación.
El proyecto de ley que fue presentado con la firma de diputados de distintos bloques tiene un solo artículo, que dice: “Deróguense los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41 de la ley 26.736.”
¿Qué es lo que se está derogando de la ley de orden público sancionada el 26 de diciembre de 2011 en sesiones extraordinarias, después de debatirse durante más de quince días con la participación de cinco comisiones de esta Cámara de Diputados de la Nación y de tres comisiones del Senado Nacional? Por supuesto, también se le dio participación a cada uno de los miembros de Papel Prensa S.A y a los diarios cooperativos o medios de comunicación que utilizan este insumo esencial.
Se deroga lo que era justo: el precio único. Después de mucho reclamar, lo que se logró sancionar en un proyecto de ley de orden público, fue que para todo aquel que quisiera y necesitara comprar este insumo básico habría un precio único, ya fuera un diario cooperativo, un diario recuperado, o bien Clarín, La Nación, Perfil o Página 12. El mismo precio para todos. ¿Se podía modificar ese precio? Sí, si no se pagaba al contado y se hacía a plazos.
Ese triunfo de la igualdad proyectada en una ley, que permitió la proliferación de multiplicidad de voces a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en la actualidad nuevamente se estaría perdiendo. La libertad de expresión hoy puede estar garantizada por distintos medios: páginas web, Facebook, Twitter o medios electrónicos, pero hay que comprender que no todo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Córdoba o los medios digitales. El papel todavía es importante para los semanarios, las investigaciones que se presentan o las publicaciones.
Con este proyecto de ley están tratando de garantizar con la desregulación que el más poderoso siga ganando y que el más pequeño vuelva a perder y pague la diferencia.
Hasta que este gobierno devaluó la moneda de 20 a 40 pesos por dólar, era más barato importar que producir.
Este proyecto de ley deroga los artículos que hacían obligatorio el programa de inversión a 3 y 5 años de la empresa, en donde el Estado nacional debía acompañar aportando recursos. Si el Estado nacional hacía esto, ganaba participación accionaria. A través de esta reforma, el Estado nacional no tiene los beneficios de la participación, si aporta recursos no gana participación accionaria, y los únicos beneficiados son los dueños de la empresa: Clarín y La Nación. El resto de los argentinos no se verán beneficiados en nada. La famosa prioridad fijada para salvar a los 370 trabajadores es una falsedad.
Para salvar a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados, a los comerciantes, a las pymes, a las industrias chicas o grandes y a todos los argentinos debe cambiarse el modelo económico-político que lleva adelante el actual gobierno nacional. Esta es la única manera de volver a tener mercado interno, trabajo, producción, de generar bienestar y de que el corazón sea el que lidere la política y no la planilla Excel solo para beneficiar a algunas empresas corporativas.
Cuando recibí este proyecto de ley ‑soy integrante de la Comisión de Comercio‑, rememoré que el debate de aquella iniciativa se hizo público y hoy se quiere tapar la discusión. Además, si bien el proyecto de ley también se consideró durante el período de sesiones extraordinarias, en el 2011, el Congreso estaba abierto mientras que hoy se oculta el tema.
Es por eso que creo que han violado cada una de las reglamentaciones y que están sancionando un proyecto de ley ilegítimo. No hay ninguna justificación para discriminar tal como lo hace esta iniciativa, que pregona una mayor concentración económica y que perjudica a todos y cada uno de los medios del interior.
La iniciativa en tratamiento no resuelve el problema de los trabajadores, ni permite contar con mayor cantidad de expresiones a diario a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Lo único que hace esta iniciativa es cumplir el mandato que hizo alguien, que es desregular y volver con la legislación anterior a la sanción de la ley 26.736. Por otro lado, con la sanción de esta norma, muchos trabajadores de prensa de la Argentina no podrán a acceder a un precio justo por un insumo esencial como es el papel de diario. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruti, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Cerruti.- Señora presidenta: esta es una de esas ocasiones en las cuales todos quienes estamos aquí, sabemos que estamos discutiendo otra cosa que no es específicamente el proyecto de ley que obra en nuestras bancas. Claramente estamos debatiendo otra cosa.
Los diputados y las diputadas de mi bloque han explicado que aquí no hay una razón económica ni un motivo que explique la urgencia en debatir el asunto. También han hecho referencia a la manera en la cual se trató este asunto en comisión.
¿Por qué estamos tratando esto aquí y de esta manera? Seguramente quienes recuerden el tratamiento de este asunto durante el gobierno anterior dirán que la sanción de aquel proyecto de ley tuvo una enorme carga simbólica. Efectivamente es así.
La sanción de ese proyecto de ley y lo que están tratando de hacer ahora tienen una enorme carga simbólica. Acá estamos discutiendo dos cosas. Por un lado, si vamos a garantizar y creemos en el derecho a la información y en la libertad de expresión de todos los ciudadanos, o si esa formación de sentido común colectivo que en muchos casos queda en manos de los grandes medios de comunicación seguirá siendo solo de los monopolios o de los grandes medios. ¿Seguiremos trabajando e insistiendo con avances y retrocesos para contar con una comunicación democrática?
Por otro lado, estamos discutiendo la revancha de un grupo económico que peleó durante 12 años para que no le tocaran las prerrogativas y derechos que arrastraban desde la dictadura militar. Desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante, ese grupo observó de qué manera deconstruía uno por uno todos los pequeños avances que el campo de la comunicación popular había logrado. Ese mismo grupo periodístico y económico obligó a este gobierno apenas asumió su mandato a derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a tomar el AFSCA con la Gendarmería.
Hoy, ese mismo grupo económico mandó a algunos diputados a presentar este proyecto entre gallos y medianoche. Tal vez, quienes tuvieron que escribir este proyecto efectivamente se encontraron con los trabajadores, pero no con los que tuvieron problemas o con quienes tienen miedo de perder su trabajo, sino con los que pertenecen a ese grupo económico. Cuando uno se ofrece a trabajar en estos lugares, ni siquiera se sienta con el patrón, porque le mandan a algún empleado a hacer el trabajo y a decirle qué tiene que hacer y decir.
Si quieren hablar con trabajadores y establecer qué leyes debemos debatir acá, ¿por qué no estamos hablando de Fabricaciones Militares, por qué no nos preocupamos por Cresta Roja, o por qué no nos ocupamos de cada uno de los conflictos que existen en el país? Durante todo este año, miembros de todos los bloques hemos recibido a los trabajadores.
¿Qué nos quieren decir ahora? ¿A fin de año se conmovieron porque los vino a visitar un grupo de trabajadores? No, están llevando adelante la venganza, la revancha, la búsqueda de recuperación de poder simbólico y del sentido común colectivo de un grupo político y comunicacional que vio que todo eso fue cuestionado durante doce años por el pueblo en su conjunto. Ese grupo vio que no se avanzó sobre la posibilidad de manejar un medio de comunicación ni de hacer negocios en el país, sino que se avanzó peleando con el sentido común colectivo frente a la instalación de lo que quiere que se piense, de qué manera se debe pensar y hacia dónde se debe avanzar.
Claramente acá estamos discutiendo un tema simbólico, porque Clarín no se va a hacer rico luego de sancionar esta iniciativa. Los negocios del Grupo Clarín, obviamente no pasan por el diario, ni por el precio del papel. ¿Creemos que realmente le estamos solucionando algún tema a Clarín con este proyecto? Nosotros tampoco creemos que se esté sancionando esta iniciativa para que Clarín gane más dinero. Esto lo hacen para que ese medio recupere el poder de dictar las leyes en este recinto.
Recuerdo que la diputada Carrió cuestionó con nombre y apellido el momento en que se quería exceptuar a Clarín y La Nación del cram down. En esa ocasión la diputada Carrió preguntó cómo se podía hacer una ley con nombre y apellido sobre un medio de comunicación. Esto es lo que están haciendo en este momento: sancionando un proyecto de ley con nombre y apellido de un medio de comunicación. No estamos considerando este proyecto en pos de los trabajadores de Papel Prensa.
Obviamente la prensa gráfica está en crisis en nuestro país y en el mundo por el avance de las nuevas comunicaciones. Debemos dar la bienvenida a esta situación porque de esta manera también se va a democratizar la comunicación a través del uso de las redes sociales y de la posibilidad de que se pueda llevar adelante un medio de comunicación con mucho menos dinero.
Quienes intentamos construir un medio de comunicación durante la década del 90 encontramos que era imposible comprar papel por su alto costo. Como nos costó muchísimo sostener Página 12, luego intentamos armar otro tipo de revistas. La única manera que teníamos de llevar un medio adelante era a través del papel. Hoy en día existe una gran cantidad de posibilidades de llevar adelante un medio.
Esta iniciativa no se debe a un problema de dinero, ni de trabajo, no le estamos dando a Clarín más millones de los que ya tiene, sino que le estamos dando la posibilidad de que haya una cantidad de empleados de medios de comunicación que vengan a hacer las leyes que quiere ese medio.
Es una lástima que no esté presente acá el miembro informante, porque quería recordar una anécdota muy aleccionadora para todos los periodistas jóvenes del país. El gran Jacobo Timmerman fue secuestrado y torturado por la dictadura militar en la Argentina; luego fue liberado y tuvo que exiliarse del país. En octubre de 1980 la Sociedad Interamericana de Prensa se reunió para analizar el caso Timmerman, porque al haber estado en los campos de concentración de la dictadura militar en la Argentina tuvo repercusión internacional.
En ese momento los directores de Clarín, La Nación y La Nueva Provincia fueron a la SIP –Sociedad Interamericana de Prensa‑ a defender a la dictadura argentina. Cuando Escribano estaba diciendo que en la Argentina había libertad de expresión y que el problema era si Timerman era guerrillero, Jacobo Timerman sencillamente lo miró y le dijo: “Nadie te pidió tanto.” Si estuviera acá sentado el miembro informante le diría: “Nadie te pidió tanto, diputado.” (Aplausos.)
Sra. Presidente (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señora presidenta: la verdad es que no conozco a nadie de Clarín. En algún momento estuvo por acá el señor Rendo ‑que es lo que tengo más próximo a Clarín‑, pero lo vi en el montón.
Como de costumbre, pareciera que los relatos se construyen sobre la base de las fotos: “Acá estamos los revolucionarios heroicos que vamos a bajar de Sierra Maestra. Siempre fuimos coherentes con nuestro discurso y accionar y defendemos la libertad de prensa. También están los oscuros intereses que tienen quienes no la defienden.”
A ver, muchachos, ¿por qué no hacemos un poco de historia? La verdad es que yo estaba acá cuando ustedes entregaron la fusión de Cablevisión y Multicanal a Clarín, incluso con la firma de alguien, como es el señor Moreno, batiendo el parche en los medios de comunicación, también disfrazado de revolucionario heroico. En ese momento no escuché que fueran revolucionarios heroicos ni que pelearan por la libertad de expresión. (Aplausos.)
¿Qué significó fijar arancel cero a Papel Prensa? Después vinieron con la famosa ley que se quiere rectificar ahora, con la que metieron la mano a una empresa privada. Ahí nos dijeron que los genocidas se habían hecho de una empresa de una familia y que habían cometiendo todo tipo de atrocidades. Sin embargo, cuando fueron a la Justicia, parecía que tales genocidas no existían. Igualmente, de paso cañazo, se quedaron con Papel Prensa.
Como si esto fuera poco, en el proceso de estatización de las AFJP ‑iniciativa que acompañé‑ de algún modo parte de las acciones de Papel Prensa pasaron al Estado nacional. No jorobemos. Respeto a los señores que coherentemente hacen su discurso y dan testimonio de vida, pero no acepto que nos digan que tenemos intenciones espurias. El tema es sencillo: creemos que esta situación se tiene que regularizar. Piensen lo que quieran, aunque lo mismo hicieron cuando firmaron el decreto a partir del cual se produjo la fusión más escandalosa sin escuchar a nadie.
Como sostenemos lo que pensamos, presentamos un proyecto que se debate y se vota. Si mayoritariamente se decide la vuelta a la situación anterior, así lo haremos. No hay ninguna cuestión espuria.
Por supuesto comparto los argumentos y reconozco las dificultades. ¿Cómo no voy a hacerlo si quien propició la reunión de hoy fue el diputado de Mendiguren, miembro de la Comisión de Industria, cuyo discurso en defensa de las pequeñas y medianas empresas es harto conocido?
No mezclemos las cosas. No pongamos en
el rincón de los malos a algunos con unos pocos granos de maíz para que se
arrodillen en la oscuridad. No tengo ningún voto oscuro en esta casa. No me
arrepiento de nada de lo que voto.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sra. Camaño.- Acá no hay alguna oscuridad posible. No creemos estar afectando la libertad de expresión con nuestro voto. Tuvimos que ver cómo se hacían de una empresa simplemente para manipular la información pública. Dejémonos de jorobar porque eso de que “Clarín miente” lo conocimos todos, lo vivimos todos y lo sufrimos todos. Esa es la grieta en la comunicación.
¿Qué sigue ahora? Quienes pensamos de esta manera, legítimamente, somos alevosamente escrachados en el canal C5N por un conspicuo periodista de Frente para la Victoria. Entonces, eso sí es válido y es un debate sano, porque ya se está del otro lado y no hay que darle a Clarín lo que pedía.
Nosotros no gobernamos. A nosotros Clarín no tiene por qué pedirnos nada y no le debemos ningún favor. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.
Sr. Rossi.- Señor presidente: Papel Prensa escribe un nuevo capítulo en su historia, y quien quiera leerla puede hacerlo. Tuve la suerte, porque justamente fue una suerte, de que siendo ministro de Defensa aparecieron doscientas ochenta actas reflejando doscientas ochenta reuniones mantenidas por la Junta Militar, obviamente durante el período de la dictadura.
Simplemente se trataba de actas. Como sabemos, generalmente en las actas no se desarrollan los temas. Esas actas las subí a una página web del Ministerio de Defensa y supongo que seguirán publicadas. Asimismo, la UNESCO inscribió las doscientas ochenta actas en un programa llamado “Historias del Mundo”.
En general en las actas figura un listado de los temas analizados. En este caso, se describían los temas analizados por los tres comandantes en jefe, quienes variaban las sedes de las reuniones mantenidas por las fuerzas. La existencia de esas doscientas ochenta actas significa que hubo aproximadamente cuarenta reuniones anuales durante los siete años de dictadura.
En las primeras veinticinco o treinta actas de las reuniones celebradas entre 1976 y 1977, varias veces aparece el tema de Papel Prensa. Esas actas fueron firmadas por Videla, Massera y Agosti. En algunas actas aparece, por ejemplo: “Situación de la venta de Papel Prensa”. Luego, supongamos, en el punto 5.1: “Análisis de la situación de los detenidos.”. Allí empezaban con la viuda de Graiver, que estaba entre los detenidos. O sea que este asunto estaba claramente relacionado.
El anexo del acta número 14 de las reuniones de la Junta Militar contiene la venta de las acciones de Papel Prensa. La venta de las acciones de Papel Prensa, en ese momento empresa del Estado nacional, fue a los tres principales diarios de esa época: Nación, Clarín y La Razón. Esos diarios tenían más del 50 por ciento de las acciones. Igualmente, estaba la obligación de vender el resto de las acciones a los diarios del interior del país.
¿Qué hicieron los dueños de los tres diarios? Dijeron que el Estado, la misma dictadura, se quedara con el 48 o 49 por ciento de las acciones de Papel Prensa. ¿Por qué? El argumento consistía en que en realidad era muy difícil manejar una empresa con tantos dueños.
¿Saben lo que pasó en ese momento? El presidente de ADEPA, que era el titular del diario La Capital, de Rosario, uno de los tantos Lagos, en uno de los editoriales criticó la venta por parte del Estado de Papel Prensa. El tema generó tanta discusión en los diarios El Litoral, La Capital y La Voz del Interior –los más importantes del interior de la Argentina‑ que Clarín renunció a ADEPA.
¿Saben cuándo Clarín volvió a integrar ADEPA? Cuando se empieza a hacer lobby y a presionar para modificar el artículo que impedía que los dueños de los diarios fueran dueños de los canales de televisión. Esto ocurrió durante el gobierno del presidente Alfonsín.
Fíjense de dónde viene la historia. En las actas de la dictadura –que cualquiera puede ver‑ queda claramente demostrado que la de Papel Prensa no fue una venta entre privados, sino que ahí estaba metida la dictadura militar. No estaban el presidente de la Nación, el ministro de Economía o el secretario de Comercio Interior, sino que estaban los comandantes en jefe de las fuerzas armadas.
Como usted sabe, señor presidente, los funcionarios de la dictadura juraban por la Constitución Nacional y por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional –porque lo modificaron y le dieron más poder a la junta militar que al presidente de la Nación‑, es decir que ese era el máximo lugar de análisis institucional o de poder institucional que tenía la dictadura militar.
Allí empieza la historia de Papel Prensa. También allí se podrían verificar algunos aspectos de la mirada crítica del diario La Prensa, que era el otro diario importante en ese momento, que quedó afuera de la negociación de Papel Prensa.
Sin duda, era un proyecto del Ejército. En las actas de la dictadura, las otras fuerzas no aparecen tan comprometidas. Era un proyecto del Ejército, de Videla, de Viola, de Martínez de Hoz, armando lo que era Papel Prensa.
Papel Prensa siguió funcionando durante todos los años de la democracia. ¿Cómo lo hacía? Tal como dijeron algunos diputados, funcionaba como una empresa monopólica, que impedía que crecieran los diarios alternativos. Son memorables las editoriales de Julio Ramos. Me pregunto qué dirá Carlos Pagni, que en ese momento era el periodista estrella del diario Ámbito Financiero, de Julio Ramos.
También atacó claramente al intento del diario Perfil, que empezó como semanario y luego intentó ser diario, pero terminó cayéndose como diario y después volvió como semanario; es decir, todas las alternativas.
Creo que el último intento fue el del diario Crítica, de Lanata. El mismo Lanata criticaba desde esa editorial lo que pasaba con Papel Prensa en la Argentina.
Papel Prensa utilizaba un mecanismo que es el que volverá a utilizar. ¿Por qué precio único? Para que no se autovendan a precio barato. Lo que va a hacer nuevamente Papel Prensa ‑que es una sociedad entre Clarín, La Nación y el Estado, como bien han dicho algunos diputados‑ es venderse a precio más barato entre ellos, cargándole la pérdida a la parte del Estado argentino; y al resto ni siquiera le va a vender a precio más caro, sino que le va a decir que no tiene volumen.
Así funcionaba Papel Prensa en la Argentina. Nosotros intentamos que funcionara de manera distinta cuando sancionamos la ley que primero declaró de interés público la fabricación, producción y venta de pasta de celulosa para diarios y luego estableció el marco regulatorio. El marco regulatorio tendía fundamentalmente a ello.
Quiero aclarar lo siguiente, porque algunos se preguntan dónde estábamos nosotros y demás. Los diputados recordarán que en ese momento había al menos un proyecto de nuestro bloque que planteaba la expropiación de Papel Prensa. Fue la presidenta de la Nación la que envió la declaración de interés público y el marco regulatorio. No avanzamos con la expropiación. De manera que nunca quisimos quedarnos con la empresa.
Lo que se dijo recién es mentira y falaz. Ni siquiera tiene que ver con la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque esta última no contemplaba los medios escritos. No nos metimos en los medios escritos con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Es más; contrariamente a lo que sucedió en otros países, la ley de servicios de comunicación audiovisual no se entrometía con los contenidos. Todo el mundo podía decir lo que quería en la Argentina.
Yendo específicamente a este proyecto, quiero decir lo siguiente. Intento ser respetuoso, pero el proyecto ocupa simplemente este papelito y lo único que dice es “derógase”, “derógase”, “derógase”. Ni siquiera se tomaron el trabajo de decirlo en varios artículos, sino que en el artículo 1° pusieron: “Deróganse los artículos…”
Este es el proyecto que estamos discutiendo. Estoy tratando de ser lo más respetuoso posible. Lo que hace este proyecto es inutilizar la declaración de interés público, porque desvirtúa el marco regulatorio. De vuelta, deja un servicio absolutamente desregulado, que volverá a funcionar como dije recién. En ningún momento dice que será utilizado para la fabricación de otro tipo de papel. Pueden poner una imprenta. No está prohibido fabricar pasta celulosa de papel para otras cosas, como puede ser papel para embalar. Pero esto es Papel Prensa S.A. y tiene un objetivo, que es fabricar pasta celulosa de papel para diarios, y es la única empresa que hace esto en la Argentina, razón por la cual tiene una posición dominante.
Si algunos quieren mirar la historia con un ojo tapado, háganlo, pero no nos vengan a acusar de guerrilleros. Es una vergüenza que nos acusen de guerrilleros. Además, en 2007 la diputada preopinante era diputada de nuestro bloque. Cuando Néstor Kirchner firmó la fusión de Multicanal y Cablevisión, la diputada preopinante era diputada de nuestro bloque. (Aplausos.) Se fue después de tratarse la Resolución 125.
Entonces, señor presidente, si uno tiene la mirada de que las posiciones dominantes no deben existir, ni en Papel Prensa ni en el resto de las actividades económicas –y, obviamente, tampoco en la comunicación audiovisual‑, lo menos que puede hacer es oponerse a este proyecto.
Quiero recordar que en 2011 ganamos las elecciones con el 54 por ciento de los votos. En el momento en que aprobamos ese proyecto, cuando Cristina dijo “no a la expropiación”, establecimos un marco regulatorio. No nos metimos en la empresa. Dijimos: el Estado tiene acciones, que participe, queremos ver los balances. Es decir, el representante del Estado tiene un marco de responsabilidad.
¿Qué se podía prever? ¿Qué estaríamos en desacuerdo con lo que votamos hace cuatro años? No. La verdad es que seguimos estando absolutamente de acuerdo con lo que votamos hace cuatro años y estamos absolutamente en desacuerdo con lo que se va a hacer ahora.
Esta norma es para favorecer a Clarín y La Nación. No se enojen, pero es así. No es para favorecer al Estado, sino para perjudicarlo, porque Clarín y La Nación se van a autovender barato y van a perjudicar al Estado, y al resto no le van a vender caro, sino que le van a decir que no hay producción y lo van a obligar a importar; y por más que tengan arancel cero, ¿vamos a tener tipo de cambio cero también? ¿Quién puede garantizar el tipo de cambio en la Argentina?
Esto es realmente lo que se estará aprobando hoy: una norma para favorecer a los socios privados de Papel Prensa, que son los diarios Clarín y La Nación, que no van a tener más marco regulatorio y, como tienen mayoría accionaria y el Estado tiene minoría, podrán imponer sus condiciones y volverán a funcionar como lo estaban haciendo. Papel Prensa en la Argentina es la historia de una gran estafa. Nosotros pudimos haber tenido errores respecto a cómo nos posicionamos y demás, pero la verdad es que, en momentos en que teníamos un nivel enorme de adhesión, fuimos absolutamente respetuosos. Es indigno, entonces, que nos digan que nos queríamos quedar con Papel Prensa porque en ese momento lo hubiéramos podido hacer, y no lo hicimos.
Hay que saber administrar el poder cuando uno lo tiene. Porque es muy fácil limitarse el poder cuando uno no lo tiene. Cuando uno no tiene poder, resulta fácil limitarlo; cuando lo tiene, cuando uno es elegido con el 54 por ciento de los votos, cuando tiene mayorías claras en la Cámara de Diputados y en el Senado, es difícil administrarlo, sobre todo conociendo la absoluta inquina que tenía con nosotros el Grupo Clarín. Después me voy a referir a Clarín. Hoy ya es una de las principales empresas privadas argentinas que maneja gran parte del mercado de las telecomunicaciones, que logró que el sistema de cable salga de lo que es el sistema audiovisual y esté directamente en el mercado de las telecomunicaciones. Pero siempre se posicionó en ese lugar.
Un gran diputado –no fue presidente ni integrante de nuestro bloque, sino el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Presidencia del doctor Alfonsín‑, César Jaroslavsky, había acuñado la siguiente frase: “Clarín se defiende con la libertad de prensa, y te ataca como partido político”. Esto es Clarín.
Lo que les quiero decir, además, es
que Clarín no tiene amigos. (Aplausos.)
Clarín no se va a
acordar del favor que ustedes le están haciendo ahora, porque defiende
exclusivamente sus intereses. Y esta es una ley con nombre y apellido. Está
hecha para favorecer a Clarín y a La Nación.
Nosotros venimos a
ratificar la posición que hemos sostenido desde 2008. Creemos que las
posiciones dominantes dentro del sistema de medios de comunicación son
negativas, pues distorsionan la comunicación. Por eso tuvimos una ley de
servicios de comunicación audiovisual de la cual no por nada este gobierno
desarmó los artículos que eran el corazón de la ley y eran antimonopólicos.
En ese momento el
presidente del bloque opositor era el diputado Oscar Aguad, actual ministro de
Defensa. Una vez, antes de la sanción de la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, fuimos al programa de Morales Solá. Estábamos debatiendo, y en un
momento me dijo que si sacábamos el artículo que ponía límites al monopolio –no
recuerdo ahora qué número era‑, ellos la votaban con las dos manos.
Pero esa no era la forma
de proceder; el desafío era tratar de construir un sistema de medios de
comunicación que no fuera monopólico, que no favoreciera la posición dominante.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al contrario de lo que
hicieron hacer creer, no preveía ni que Clarín
ni que TN ni que Canal 13 tuvieran una posición dominante; es más, les daba el
33 por ciento. No se buscaba que desaparecieran las grandes empresas; lo que se
buscaba era que no hubiera una posición dominante, y podía coexistir la gran
empresa junto a la pequeña y la mediana. Esto fue lo que hicimos, señor
presidente. Volvemos a ratificarlo.
Nosotros creemos que una
sociedad es más democrática cuando la pluralidad de voces se puede dar de
manera efectiva y cuando no existen las posiciones dominantes, pero no es eso
lo que se está haciendo acá, y –lo digo con respeto‑ son conscientes de
ello. No nos mientan, no nos tomen por tontos; saben que están votando una ley
que favorece a Clarín y a La Nación. Y saben que nosotros vamos a votar
en contra, y seremos merecedores del destrato permanente de parte de Clarín y La Nación. Pero no vengan a decirnos que lo hacen por los
trabajadores. La verdad, no es así. No lo hacen por los trabajadores (Aplausos.); lo hacen porque creen que
recibirán algún tipo de recompensa con estas cuestiones.
Ratificamos la posición
que hemos venido sosteniendo desde hace bastante tiempo. Somos conscientes de
las decisiones políticas que tomamos. Sabemos a qué nos volvemos a exponer en
este caso, pero somos así, como alguna vez dijo alguien: incorregibles. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Massot, por Córdoba.
Sr. Massot.- Señor presidente: antes de comenzar, le solicito gentilmente al diputado preopinante que no discuta tan fervientemente con quien lo representa tan bien en el Consejo de la Magistratura.
Evidentemente, no estamos aquí discutiendo por los trabajadores. Hay trabajadores que tienen el privilegio de ser defendidos y otros no, simplemente por cometer el pecado de haber conseguido empleo en una empresa cuya mayoría es controlada por el Grupo Clarín. Tampoco parece tratarse esto de monopolios, si no, pareciera que hay otros monopolios privilegiados que no han tenido el honor de tener una ley con su nombre y apellido. No conocemos leyes para el acero o el aluminio. Es llamativo.
Tampoco pareciera esto tratarse de los medios de comunicación pequeños, de las pymes, del interior, de los clientes, no solo de Papel Prensa, sino también de muchos productores de papel del extranjero. Evidentemente, no importa, por todas estas razones, cuál es la verdad o cuáles son los datos detrás de esta discusión. Sin duda, no me tomaré los próximos minutos para hablar de esos datos con la esperanza de convencer de alguna manera al bloque preopinante; simplemente lo haré por respeto a todos aquellos trabajadores y empresarios pymes y no pymes del interior y de la capital que están pendientes de esta discusión y que tienen una genuina inquietud por lo que aquí ocurre.
Señor presidente: pido permiso para leer unos pocos datos que no me he podido memorizar respecto de la evolución de los precios de la fórmula de la ley en discusión que fija un precio único ‑solamente para este caso, en toda la economía‑ respecto de los precios de importación.
En 2015, el precio de Papel Prensa fue de 762 dólares por tonelada; el del importado, de 665. En 2016, el precio de Papel Prensa –según la fórmula que a algún genio se le ocurrió‑ fue de 641 dólares por tonelada; el del importado, de 593 –esto respecto de los despachos que efectivamente se importaron, decenas de miles de toneladas‑. En 2017, el precio de Papel Prensa fue de 697 dólares por tonelada; el del importado, de 588. En el periodo enero-septiembre de 2018, el precio de Papel Prensa fue de 696 dólares por tonelada; el del importado, de 646.
Flaco favor parecemos haberles hecho a los productores de medios y de diarios del país. Lo más curioso de todo es ver la cantidad de importaciones, cuando lo que discutimos es que hay una empresa con capacidad ociosa. ¿Por qué puede haber una empresa con capacidad ociosa, que podría producir más papel y no lo hace, mientras que en su país se importa ese producto? Tal vez sea porque hay una ley que fija un precio único, del que no nos podemos salir para poder hacer lo que hacen todas las empresas: competir con precio y cantidad. No. Aquí no se puede.
Entonces, forzamos la situación creando un consecuente problema de divisas, como cualquier importación, pero además afectando la capacidad de generación de trabajo, y tuvimos entonces 52.000 toneladas importadas en 2015, 30.000 en 2016, 33.000 en 2017 y 17.000 en lo que va de este año. Por supuesto, disminuye, porque cae la demanda de Papel Prensa; obviamente, es mentira que la caída en la tirada de los diarios y la limitación de las ediciones y la de los días en los que tiran los diarios sea un problema de una ley. Es obvio que el futuro avanza.
Lo más curioso de todo es que los principales accionistas de Papel Prensa también son importadores de papel, porque se tienen que comprar ellos mismos con un precio más caro que el que consiguen afuera, puesto en Buenos Aires o en cualquier ciudad del interior. Entonces, no mintamos más.
Además, señor presidente, quiero aclarar cuáles son las tres modificaciones. No las voy a leer porque entiendo que se van a leídas por Secretaría.
Producto de que nos preocupa efectivamente la inquietud que estamos generando por tanta posverdad, quiero que quede claro que, más allá de que no hicimos ningún favor con esta ley, jamás se constituyó ninguna Bicameral ni la Comisión Federal de Seguimiento, y nadie nunca se preocupó porque, por supuesto, el objetivo estaba cumplido: le habíamos jorobado la vida a alguien, y ya voy a referirme a este punto.
Quiero que quede claro, señor presidente, que es falso, por esta misma razón, que sea inocuo que nosotros por ley fijemos que el arancel va a ser cero.
Cualquier preocupación que haya en el sentido de que acá estamos generando un monopolio que es favorecido por esta ley es falsa. No van a existir problemas de cupo ‑insisto‑ porque la capacidad ociosa marca que toda la demanda argentina no logra cubrir la capacidad de la única empresa que ha quedado en pie por esta razón.
Entonces, la primera modificación es esa: le vamos a dar la certeza de que el monopolio va a estar roto no por otras empresas argentinas cuyos incentivos a invertir fueron destruidos por esta ley, sino por las empresas en el exterior que hoy ya, gracias a esta iniciativa, se están haciendo unos pesos y dólares en la Argentina.
La segunda incorporación va a ser la vuelta a los descuentos, porque taxativamente en esta ley se prohíben los descuentos. Quizá quisieron prohibir los descuentos a los accionistas de la empresa, ¿pero saben lo que lograron? Lograron prohibirle los descuentos a muchos diarios del interior, que ya fueron mencionados. Esta fue la forma que tuvieron de hacerlo, a través de la cooperativización, para poder conseguir la cantidad necesaria para obtener los descuentos –importantes en muchos casos‑ que perdieron gracias a esta ley.
La tercera incorporación que estamos haciendo es una obligatoriedad para que las condiciones a las que accedan para el financiamiento de la compra de papel sean las mismas para los accionistas de la empresa que para los no accionistas de la empresa. Tal como muchos acá reclamaban, eso va a estar incorporado.
Ahora bien, como evidentemente nada de todo esto tiene que ver con lo que efectivamente está pasando, quiero volver al Grupo Clarín.
Tengo dos propuestas, señor presidente, para hacerle, a través suyo, principalmente al bloque preopinante, que es quien más ha manifestado su vocación nobel -por lo menos, posterior a 2008- de, no quiero decir perjudicar, pero al menos no beneficiar al Grupo Clarín.
En cuanto a la primera, aludida por el diputado preopinante con respecto a que alguien invierta en alguna nueva planta de pasta de celulosa para poder competir con Papel Prensa, creo que está clara la razón por la cual eso no ha ocurrido todavía. Pero, viendo la vocación que existe, propongo que dejemos de estar suscriptos a Cablevisión y a Fibertel ‑o tal vez todos tengan Telecentro acá; no lo sé‑, para hacer un boicot al Grupo Clarín.
¿Por qué no hacemos una cooperativa nosotros? Armemos una pasta de celulosa a ver si alguno de los economistas de aquel lado puede recomendarnos una ley por la cual tengamos que vender un producto más caro al que pueda acceder cualquiera en el mercado.
Pero la más interesante, señor presidente, es mucho más asequible, porque está claro que lo mencionado anteriormente no lo vamos a hacer. Habida cuenta que el 18 nos hemos comprometido a tener otra sesión, quiero hacer una propuesta en nombre del oficialismo.
Si existe el compromiso de no beneficiar al Grupo Clarín, me comprometo a solicitar al Poder Ejecutivo una extensión del decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para que se incorpore la sanción de la ley corta de convergencia, que ya fue aprobada en el Senado.
Esta es una iniciativa que, evidentemente, si hay alguien a quien no favorece, es al Grupo Clarín. Sin embargo, no hemos obtenido el más mínimo apoyo del bloque preopinante para avanzar con este proyecto que, entre otras cosas, lo que hace, por un lado, es autorizar la competencia a través de la televisión satelital de los competidores actualmente existentes del Grupo Clarín.
Por otro lado, lo que también hace es liberar el espectro gigante de disponibilidad exclusiva que tiene aquel otro monstruo que se creó –muy eficiente en muchas cosas, pero que también tuvo una arista que tenía únicamente que ver en aquel momento con poder competir desde el Estado o perjudicar al Grupo Clarín‑, que fue ARSAT, que tiene un enorme espectro disponible exclusivamente para el grupo a los efectos de que sea liberado para que sea licitado entre los competidores del Grupo Clarín.
Entonces, me interesaría saber si vamos a contar con el apoyo del bloque preopinante para avanzar con esa ley, porque eso sería, por lo menos, coherente con todo lo que acaban de decir.
De otra manera, no queda otra que pensar lo que evidentemente estamos pensando: que esto tuvo simplemente que ver con una coyuntura que en algún momento cambió.
Decían que esto no es democrático. Democrático es representar los intereses del pueblo. Tiene otra figura, antigua, bien descripta por los filósofos griegos, que es la oligarquía, es decir, cuando hay un grupo de dirigentes que gobierna para sus propios intereses, desoyendo los del pueblo.
¿Qué otra cosa pudo haber sido que una oligarquía la que haya cambiado de criterio tan rápido, como una vuelta carnero, desde 2007 y 2008 en adelante?
Es cierto, señor presidente: Clarín no tiene amigos. Los supo tener. (Aplausos.) Su amigo más importante lo perdió en 2010. Que en paz descanse.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Massot.- El Grupo Clarín no tiene amigos. Los supo tener. No tiene amigos en el poder; tiene gobernantes en el poder.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Massot.- Lo digo con total respeto. No tergiversen esto.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Massot.- Lo digo con total respeto. Que en paz descanse el ex presidente. Con total respeto lo digo. No tergiversen esto.
Ahora bien, es cierto…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Massot.- Señor presidente: le pido permiso para referirme directamente al diputado Kirchner y a cualquiera que se haya sentido aludido.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Massot.- Estoy, precisamente, pidiéndole disculpas al diputado Kirchner y a cualquiera que se haya sentido aludido. No lo dije con ninguna otra connotación que la realidad. Lo digo con todo respeto.
El Grupo Clarín ya no tiene amigos; tiene gobernantes en el poder.
El diputado Moreau omitió una tapa del Grupo Clarín. Mencionó muchas tapas, pero omitió una: la del 8 de diciembre de 2007, la del Grupo Clarín y todos los medios del país, que reflejaban la fusión que aprobaron en el gobierno que ustedes apoyaron y que representa todavía al día de hoy el 80 por ciento de la facturación del Grupo Clarín.
Entonces, si realmente queremos dejar de beneficiar al Grupo Clarín, contesten si van a apoyar la ley de convergencia o no. De lo contrario, vayamos con el cuento a otro lado. (Aplausos.)
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: la mejor manera de pedir disculpas es que el diputado Massot pida testar la parte del discurso en la que se refirió al ex presidente Kirchner.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sra. Mendoza (M.S.).- ¡Es una falta de respeto hacia esta Cámara!
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.
Sr. Rossi.- Señor presidente: la verdad es que estamos acostumbrados a las provocaciones del diputado Massot. ¡Creo que esta vez pasó la raya, no se puede ser tan canalla!
Entonces, si realmente quiere disculparse, que lo haga explícitamente, que lo diga delante de todos y que se escuche. Porque la verdad es que no se puede hacer política en este lugar de la manera en que pretende el señor diputado Massot.
Señor presidente: uno puede utilizar una cantidad de elementos a la hora del discurso. En realidad, considero que el diputado no tiene discurso porque cuando uno agrede es porque no tiene forma de justificar su posición. (Aplausos.)
Cuando aparecen las chicanas, faltan los argumentos. Lo que tiene el diputado Massot es una incapacidad de argumentar la posición política de su bloque.
¿Sabe, señor presidente, qué recordé? Esto me hizo acordar a una comunicadora importante de la Argentina ‑hoy también lo es-, de Canal 13, quien al día siguiente, cuando todavía estaba caliente el cuerpo de Néstor Kirchner, dijo que no estaba en el cajón. Entonces, hay que saber cómo se juega en esto, porque para nosotros es una herida abierta ya que era un amigo, un compañero, además de ser nuestro jefe político y el padre de un colega diputado. ¡No se pueden hacer esas cosas!
Diputado: si quiere disculparse, hágalo delante de toda la Cámara, pida que se teste lo que dijo y discúlpese en serio.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Massot, por Córdoba.
Sr. Massot.- Señor presidente: lo hice mientras veía la reacción y entendía lo que, de manera malinterpretada, había generado mi dicho. No tengo ningún problema en volver a decirlo, si ahora lo quieren escuchar, entre otras cosas porque a mí me educaron de una manera muy taxativa respecto a que nunca uno tiene que hacer lo que no le gusta que le hagan.
La verdad es que lo voy a decir con todas las letras: de ninguna manera fue mi intención ofender ni al diputado Máximo Kirchner, que es el familiar directo, ni a nadie que se haya sentido ofendido por la militancia, los años compartidos o lo que fuere. Me encantaría también escucharlo de todos los que regularmente, por parte de su bloque, diputado Rossi, agravian permanentemente a mi persona y a mi familia. No lo espero, simplemente destaco que me encantaría escucharlo. Yo no voy a ponerme en pie de igualdad. Así que, diputado Kirchner y todos los que se han sentido aludidos, mis disculpas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente en general el dictamen de la Comisión de Comercio recaído en el proyecto de ley de los señores diputados Bossio y otros por el que se modifica la ley 26.736 sobre papel de pasta celulosa para diarios (Orden del Día N° 762).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 197 señores diputados presentes, 127 han votado por la afirmativa y 66 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 127 señores diputados por la afirmativa y 66 por la negativa. Además, se registraron 3 abstenciones.[18]
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en particular el artículo 1°.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en particular el artículo 2°.
Sr. Bossio.- Por favor, señor presidente, solicito que se lea el artículo 2°.
Sr. Presidente (Monzó).- El artículo 2° quedaría redactado de la siguiente forma: “Artículo 2°: Establécese que, en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los artículos 664 y concordantes de la ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, no se podrán modificar, por el término de diez (10) años, los derechos de importación del papel de pasta celulosa para diario y de papel de diario que rigen en la actualidad y que están fijados en el cero por ciento (0 %).”
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 3°.
Paso a leer este artículo, que expresa: “Artículo 3°: Papel Prensa S.A. podrá ofrecer descuentos, beneficios y/o promociones sobre el precio de referencia en virtud del volumen de compra. Papel Prensa no podrá ofrecer descuentos distintos a compradores que adquieren volúmenes similares.”
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 4°.
El artículo 4° dice lo siguiente: “Papel Prensa S.A. podrá establecer precios superiores al precio de referencia de pago contado cuando otorgue plazos de pago. El financiamiento no podrá establecer tasas de referencia mayores a las que pagan, con financiamiento similar, las empresas accionistas de Papel Prensa S.A.”
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 5° es de forma.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley. [19](Aplausos.)
Se comunicará al Honorable Senado.
- 19 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y otras, recaído en el proyecto de ley del señor diputado Laspina, por el que se crea una contribución extraordinaria sobre el capital de cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito y/o financieras, de seguros y/o reaseguros (Orden del Día N° 983).
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 983
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado Laspina, por Santa Fe.
Sr. Laspina.- Señor presidente: voy a ser breve, ya que compartiré el tiempo del que dispongo con el diputado Cáceres.
Este proyecto tiene como objetivo
crear una contribución especial extraordinaria sobre el capital de las
cooperativas y mutuales de
ahorro, de crédito y financieras, de seguros y reaseguros, cuyo antecedente
directo es el artículo 126 de la ley de presupuesto para el año 2019,
recientemente aprobada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder
Ejecutivo nacional. El mencionado artículo 126 establece una alícuota máxima
del 6 por ciento para el capital de las cooperativas y mutuales que realizan
actividades de ahorro, crédito, financieras, seguros y reaseguros.
Cabe
señalar que el Senado de la Nación realizó una discusión sobre este tema y
sancionó una norma, lo que a mi juicio no revistió los requisitos establecidos
en la Constitución Nacional en el sentido de que la Cámara de origen en materia
de contribuciones es la Cámara de Diputados.
No
obstante ello, nosotros no somos intérpretes de la Constitución, pero sí del
reglamento, y sabemos que el Poder Ejecutivo nacional presentó para tratar en
sesiones extraordinarias un proyecto de mi autoría que recoge varios reclamos
del sector cooperativo relacionados con el artículo 126 de la ley de
presupuesto. En primer lugar, la disminución de la presión tributaria de las
alícuotas y, en segundo término, la inclusión de algunas modificaciones para
evitar una imposición excesiva sobre el sector.
Varias de estas modificaciones fueron
incorporadas a este proyecto de ley en lo que respecta a la fórmula de cómputo
en materia del capital imponible, generando deducciones y exenciones que fueron
planteadas por el sector.
En
particular, se trata de exenciones a los activos comprendidos para el cómputo. A nuestro juicio, es de interés de
la política pública, del Estado nacional, promover esas inversiones. Así se
incluyeron incorporaciones en el artículo 7°, relativas a los aportes
efectuados con destino al fondo para el desarrollo económico, los títulos,
certificados y otros valores negociables emitidos en el marco de la ley del
régimen de Participación Público Privada, para incentivar las inversiones del
sector en esos regímenes, los aportes para instituciones de capital emprendedor
–que también queremos incentivar‑, la compra de activos securitizados de
hipotecas, etcétera. Todas estas incorporaciones mejoran sustancialmente el
artículo 126 aprobado en la ley de presupuesto.
Este
proyecto de ley brinda el equilibrio tributario necesario para que el sector
pueda contribuir en estas circunstancias tan difíciles en materia fiscal para
la Argentina. Se preserva la progresividad, estableciendo una alícuota máxima
para aquellas cooperativas y mutuales con un capital mayor a 100 millones de
pesos. Para tener una idea, esto aplica a apenas el 3,4 por ciento de las
mutuales y a apenas el 3 por ciento de las cooperativas de créditos y de
seguros.
Hemos
excluido –modificando el artículo 126‑ las actividades relacionadas con
las ART y con las cooperativas y mutuales cuyo objeto principal sea la
realización de actividades de seguro de responsabilidad civil de vehículos
automotores destinados al transporte público de pasajeros.
Asimismo,
hemos incorporado una actualización por inflación de la deducción especial o
mínimo no imponible de 50 millones, que no establecía el artículo 126, así como
también una actualización de las escalas de las alícuotas. Hemos establecido la
alícuota máxima en el 4 por ciento, que fue el consenso al que llegamos en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, a pesar de que originalmente mi proyecto
establecía una alícuota máxima del 6 por ciento, que se reducía gradualmente al
4 por ciento en dos años.
Debemos
recordar que esto surge debido a la necesidad de pedir a las cooperativas de
crédito y de seguros y a las mutuales un mayor esfuerzo tributario en el marco
de una negociación entre el Estado nacional, las provincias y el conjunto de la
sociedad para contribuir con el esfuerzo fiscal por el que estamos atravesando.
Nuestro
deber como representantes es establecer una distribución justa y equitativa de
esos esfuerzos fiscales. Creemos que este proyecto mejora aquello aprobado por
esta misma Cámara en el artículo 126 de la ley de presupuesto, repara algunos
errores y omisiones, reduce la carga del sector y genera buenos incentivos para
que este invierta con beneficios impositivos en determinados casos de interés
público.
Por
todo ello, pedimos a los integrantes de esta Cámara la aprobación del presente
proyecto de ley.
Si
me permite, señor presidente, cedo la palabra al señor diputado Cáceres, como
anticipé al inicio de mi intervención.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado Cáceres, por San Juan.
Sr. Cáceres.- Señor presidente: vale aclarar que este proyecto de ley comenzó con un camino que inició nuestro país para consolidar una economía superavitaria, reconociendo que tenemos una enfermedad crónica, que es el déficit fiscal. A lo largo de los años registrables de la economía argentina, los años en rojo superan ampliamente a los otros. En el primer acuerdo fiscal entre el gobierno nacional y las provincias, en el marco del consenso fiscal, el tratamiento de este proyecto fue una de las aristas más importantes.
Es importante rescatar que gracias al consenso y al trabajo realizado en comisión se pudo contribuir a tener una mejor ley. Es así que en las últimas horas del día de ayer también se pudo hacer hincapié en la inversión que pueden realizar las cooperativas en los contratos de Participación Público Privada y en los denominados fondos de emprendedurismo. Esto permitirá que las cooperativas puedan tomar como exención los egresos que resulten de las inversiones de este tipo.
Por otro lado, todas aquellas
cooperativas presentes en los pueblos del interior son rescatadas de este
gravamen. El espíritu de esta ley es de carácter transitorio, a fin de
completar el esfuerzo que hacen muchísimos sectores de la economía, teniendo en
cuenta el camino que tenemos que transcurrir entre todos. Las cooperativas que
hacen fuertes a los pueblos, que les dan vitalidad y músculos, que tienen que
ver con la provisión del servicio eléctrico y de agua potable van a quedar
protegidas, a fin de que puedan continuar brindando estos servicios a sus
habitantes.
Asimismo, vale la pena aclarar que, si bien hubo una sanción del Senado, el artículo 52 de la Constitución Nacional dispone claramente que la Cámara de origen para los proyectos de ley sobre contribuciones, es la Cámara de Diputados. Entonces, no fue antojadiza la decisión de no tenerla en cuenta y empezar desde cero en esta Cámara.
Por las razones expuestas, pido a todos los legisladores su apoyo a esta iniciativa tan importante no solo para las cuentas fiscales de nuestro país, sino también para el desarrollo de muchas cooperativas. Su sanción es fundamental para que esta etapa transitoria –muchos argentinos estamos ajustándonos el cinturón en un momento excepcional de la Argentina‑ sea compartida por todos los que se pueda. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Doñate, por Río Negro.
Sr. Doñate.- Señor presidente: para que entendamos el contexto, permítaseme decir que estamos ante lo menos malo que pudieron conseguir las confederaciones de mutuales y cooperativas en su negociación con el oficialismo.
Acompañaremos la iniciativa, aunque creemos que es un retroceso gigantesco si consideramos la concepción histórica que, desde el punto de vista filosófico y jurídico, tienen las organizaciones mutuales y cooperativas en la Argentina. Ni en los peores momentos de nuestra historia ni en los procesos militares se discutió la naturaleza jurídica de estas entidades.
La ley fue un dique de contención para las cooperativas y mutuales ante la deliberada avanzada de este gobierno para que abonen el impuesto a las ganancias. Como muchos recordarán, a fines de 2017 el gobierno de Macri pretendió, a través de los artículos 23 y 24 de la reforma tributaria, eliminar la exención del pago del impuesto a las ganancias para cooperativas y mutuales. Luego, en el consenso fiscal del año 2018, firmado con los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se acordó eximir de dicho gravamen a estas entidades. Si bien una nueva avanzada del gobierno quiso romper esa concepción de la economía social que representan las mutuales y cooperativas, a partir del consenso fiscal se dejó de lado el artículo 85 del proyecto de ley de presupuesto para el año 2019 sancionado en esta Cámara, que derogaba la exención del pago del impuesto a las ganancias a mutuales y cooperativas.
Por supuesto, hablamos de entidades sin fines de lucro que surgieron en la sociedad porque para el sector privado no era rentable determinado servicio o no quería arriesgarse a invertir en él. A esto debemos agregar la ausencia del Estado que cubrieron, cubren y cubrirán las cooperativas y mutuales.
Además, tienen en sí mismas una fortísima concepción federal, dado que es en el interior profundo del país –al que muchas veces no llega el Estado y, por supuesto, menos que menos el sector privado‑ donde fundamentalmente brindan servicios esenciales a la comunidad.
Sus excedentes no son ganancias, sino que son capitalizados. Generan un crecimiento en su patrimonio neto, hecho que las transforma en solventes y les permite resguardar los bienes de sus asociados. No de sus accionistas, señor presidente; de sus asociados. Es más; cuando una mutual o cooperativa quiebra o no puede seguir prestando servicio, su patrimonio vuelve al Estado.
Debo decir, y quiero que quede en claro en la versión taquigráfica, que esta nueva contribución extraordinaria de la que estamos hablando es de carácter transitorio; no permanente. Es un aporte solidario que mutuales y cooperativas hacen al Estado nacional, luego de que por propia impericia se produjera este desastre en la economía que ha puesto a todos los sectores en situación de enorme crisis. De esta manera, cooperativas y mutuales vienen a colaborar; pero no reconocen jamás –esto lo subrayo‑ pago alguno del impuesto a las ganancias.
Además, es mentira que cooperativas y mutuales no contribuyan: aportan el 2 por ciento al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa –creado por ley 23.427‑, el 5 por ciento de los excedentes al Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo al Personal y otro 5 por ciento de los excedentes al fondo instituido por ley para educación y capacitación de las cooperativas.
Espero que terminemos de una vez por todas con esta discusión y que el Congreso de la Nación, en vez de sancionar leyes que chupan o succionan plata a las cooperativas y mutuales para administrar los desfases desastrosos de este gobierno, genere normas que vuelvan a poner el eje en el rol central que cumplen estas entidades: fortalecer el desarrollo de las economías y el acceso al crédito en el interior del país, que ni el sector privado ni el Banco de la Nación Argentina otorga hoy bajo ningún punto de vista.
Esta es la posición de nuestro bloque. Con críticas, acompañaremos la sanción de este proyecto de ley. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Frana, por Santa Fe.
Sra. Frana.- Señor presidente: lo menos malo, es bueno. De otra manera, no acompañaríamos una iniciativa como ésta porque estamos convencidos de que atenta contra nuestras economías regionales y nuestra economía solidaria. Así lo dijimos cuando votamos en contra de un presupuesto de ajuste que trajo como consecuencia que las familias argentinas cada vez la pasen peor.
Vengo de una provincia donde la economía solidaria de cooperativas y mutuales es un motor de crecimiento que protege y acompaña a pequeños y medianos productores y comerciantes. Cuando hablamos de cooperativas de crédito o de cooperativas de seguro, nos referimos precisamente a aquellas instituciones que otorgan crédito a quienes no reúnen los requisitos que las grandes entidades financieras exigen a quien quiere iniciar un emprendimiento.
Acompañaremos la sanción de este proyecto porque es lo menos malo, no porque estemos convencidos de que sea necesario imponer a un sector de la economía que es fundamental para nuestro interior. Digo esto con mucha angustia porque, según leo en los medios de comunicación, en Acebal, localidad de mi provincia cuya principal actividad es la industria del calzado, están por cerrar muchas fábricas como producto de la política económica que está llevando adelante el gobierno nacional: apertura de importaciones, carga financiera sobre los sectores productivos y tarifazos que tornan imposible sostener cualquier industria.
A esto debemos sumar las medidas impositivas para un sector de la economía que es un motor para nuestro interior. Posiblemente, quienes escriben esas medidas no conocen el interior.
Hubiéramos preferido que los desfases financieros o la rendición de cuentas ante el Fondo Monetario Internacional tuviesen que ver con quitar recursos a quienes se hicieron muy ricos en estos tres años de gobierno. Todos sabemos muy bien que hubo sectores que, durante este tiempo, no solo no perdieron un solo peso, sino que ganaron mucho dinero.
No quiero ser reiterativa ni explayarme más porque mi compañero de bloque fue muy claro en toda su exposición en lo referente a las cuestiones legales e impositivas.
-
Ocupa la
Presidencia el señor presidente de la Comisión de Legislación General, doctor
Daniel Andrés Lipovetzky.
Sra. Frana.- Vamos a acompañar este proyecto en la
inteligencia de que es lo menos malo, no lo bueno. Y entendemos que es lo menos
malo por cuestiones filosóficas y legales, así como por todo lo que aquí ya
expresamos al momento de debatir un presupuesto que hoy pone de rodillas al
pueblo argentino frente a las grandes corporaciones internacionales. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Lipovetzky).- Tiene la palabra el señor
diputado Cassinerio, por Córdoba.
Sr. Cassinerio.- Señor presidente: según el registro de la
Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de nuestra provincia, en Córdoba
existen 1.200 cooperativas y 450 mutuales activas, que a su vez están
distribuidas en unas 320 localidades de las 427 comunas y municipios de mi
provincia.
Estos números demuestran
la enorme inserción territorial que posee este modelo de economía social.
Además, es importante
destacar que en 205 comunas las cooperativas y mutuales brindan servicios que
ni los municipios ni las entidades privadas están en condiciones de brindar.
Ante esta situación, la
figura de las cooperativas y mutuales ofrecen servicios de energía eléctrica,
agua potable, gas, Internet, telefonía, sepelios y hasta proveedurías, por
mencionar solamente algunos.
Asimismo, es una realidad
que en muchas localidades del interior profundo de nuestro país no existen
entidades bancarias ni financieras, y son las cooperativas y las mutuales las
que brindan servicios financieros que permiten a los ciudadanos acceder al
capital que les hace falta para realizar las inversiones que desean o financiar
las necesidades que se les presentan.
Esto demuestra la
importancia del rol social que poseen las cooperativas y mutuales, más aún en
el contexto de la profunda crisis económica por la que atraviesa nuestro país.
Este rol social es
sumamente importante no solo por brindar servicios sino también por la inmensa
contribución al desarrollo de las economías regionales, generando miles y miles
de puestos de trabajo que ni el sector público ni el sector privado pueden
generar hoy.
Comprendemos entonces,
desde este punto de vista, la importancia que el sector representa para el
trabajo y el capital de las economías regionales.
Celebramos también que se
haya escuchado a muchos diputados que trabajaron fuertemente para lograr la
eliminación del artículo 85 del proyecto de presupuesto elevado en su momento
por el Poder Ejecutivo nacional, que gravaba con el impuesto a las ganancias a
las cooperativas y mutuales.
En ese momento, el
gobierno nacional interpretó, con gran desacierto, que las entidades
cooperativas y mutuales obtienen ganancias, cuando en realidad generan
excedentes que luego son reinvertidos para la capitalización de esas entidades,
de modo que posteriormente puedan seguir brindando más y mejores servicios en
las comunidades.
Este es un punto central,
ya que las cooperativas y mutuales son asociaciones fundadas bajo los
principios de la solidaridad y la asistencia recíproca; no trabajan con el
concepto de rentabilidad económica esperada sino que, en cambio, están
centradas en las personas y su desarrollo, no en las ganancias.
Por lo tanto, los
presupuestos por los cuales se quería hacer tributar a las cooperativas y
mutuales tenían un vicio de origen, que interpretaba erróneamente la misma
génesis de este tipo de asociaciones, cuyo fin no es el lucro sino el
desarrollo humano equitativo.
Es por ello que festejo
esta propuesta que estamos discutiendo, pues incluso resulta superadora del
artículo 126 de la ley de presupuesto sancionada hace pocos días, ya que
contempla una mirada más justa y realista en función del sector.
Es muy meritorio que esta
Cámara haya podido valorar la tarea de la economía solidaria, así como poner en
relieve el destacado aporte que realizan las cooperativas y mutuales del país
trabajando activamente con solidaridad y aportando fuertemente al desarrollo
local.
Por lo expuesto, anticipo
el voto favorable al proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Lipovetzky).- Tiene la palabra el señor
diputado Llaryora, por Córdoba.
Sr. Llaryora.- Señor presidente: quiero acompañar, por
supuesto, las opiniones de los diputados que me antecedieron en el uso de la
palabra, y espero que este sea uno de los últimos años en que tengamos que
reafirmar en esta Cámara el concepto del mutualismo y del cooperativismo.
Considero que esta
cuestión se presenta por la existencia de dos visiones distintas. Hay una
visión del mutualismo y del cooperativismo, tal vez desde la Capital Federal o
desde algunos sectores de Buenos Aires o de las grandes urbes, que no termina
de comprender la esencia de ese sector. No termina de entender la historia, y
tal vez esa sea la gran diferencia entre el interior y la Capital. En este tema
se ve constantemente.
Para nosotros, quienes
venimos del interior del interior, el mutualismo y el cooperativismo tienen
presencia diaria en actividades como las que bien enumeraba recién Pablo
respecto de la provincia de Córdoba y que seguramente después serán reiteradas
en lo que hace a Santa Fe y a cada una de las provincias. Cuando el Estado no
llegaba, los vecinos se juntaban, pero no con un fin de lucro sino con un fin
social para tratar de resolver sus necesidades, en muchos casos básicas,
culturales o deportivas.
La visión que tienen
algunos sectores de la Capital es equivocada. Por eso espero que no tengamos
que volver a discutir este tema año tras año, como ocurrió antes y como sucede
ahora, aunque para mí es un orgullo si tengo que volver a defender los valores
del cooperativismo y del mutualismo.
Esta ley implica también
un esfuerzo extra, porque no es una norma que el sector haya pedido. El
cooperativismo y el mutualismo entienden que, en esta situación económica tan
difícil de la Argentina, además de hacer los esfuerzos que hacen en cada uno de
los lugares donde existen, van a hacer nuevamente un esfuerzo por nuestro país,
por los argentinos que más lo necesitan, con esta contribución extra.
Lo hacen también en una
ley que es gradual, donde también está contemplada la solidaridad -pues
aquellos que son más grandes, más aportan-, y que es también una ley
extraordinaria, por lo que la acompañaremos en unos momentos.
Quiero decir que también me parece positivo que esta iniciativa haya surgido en un marco de acuerdo. Valoro la tarea de todos y, por supuesto, la de todos aquellos que estuvieron trabajando para arribar a este consenso, entendiendo que se trata de una norma que se dicta en un momento difícil de la Argentina en el que todos tenemos que colaborar. El mutualismo y el cooperativismo están ahí, haciendo el aporte solidario que el país requiere en este duro momento.
También creo que es un logro defender el mutualismo, el cooperativismo y la economía social y que todos entiendan que no pagan impuesto a las ganancias porque la solidaridad no paga. Entonces, buscar una alternativa como esta ha sido un logro conjunto del Parlamento y de todos los sectores para no dañar la esencia de estas entidades.
Agradezco al sector del cooperativismo y mutualismo por este nuevo esfuerzo que va a hacer a favor de todos los argentinos, y a las cooperativas y mutuales de nuestra Argentina les agradezco por el esfuerzo diario que hacen por cada uno de los habitantes, especialmente del interior de la Argentina. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Lipovetzky).- Tiene la palabra la señora diputada Ginocchio, por Catamarca.
Sra. Ginocchio.- Señor presidente: me he manifestado respecto de las cooperativas de ahorro y crédito que iban a ser gravadas en oportunidad del debate del presupuesto, que como aquí se ha manifestado en forma reiterada tienen la característica de no generar ganancias sino excedentes que luego son reinvertidos para beneficio de sus asociados, con tasas muy competitivas dentro del mercado de crédito, que a su vez son compatibles con su autosustentabilidad. Es decir, no trabajan el concepto de rentabilidad económica, sino que estos entes de gestión buscan favorecer al interior de la Argentina mediante el desarrollo local sustentable, con la innovación que necesitamos y generando empleo, cohesión social y, sobre todo, un crecimiento armónico del país, con la igualdad de oportunidades que los provincianos aspiramos y defendemos.
El mayor aporte social es el microcrédito para los proyectos productivos de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, generadoras de riqueza y sustento para muchas familias y que realizan un gran aporte a nuestra economía nacional, operando de una manera cercana en lugares donde las entidades bancarias clásicas no llegan, y conociendo a sus asociados. De manera que las cooperativas y mutuales hacen un aporte irremplazable a las personas, generando espacios inclusivos y trabajo productivo.
La Constitución de Catamarca, rica en derechos y garantías, en su artículo 58 apoya el funcionamiento de las cooperativas y mutuales en el entendimiento de que contribuyen al desarrollo social y humano.
Por lo tanto, las cooperativas de ahorro y crédito merecen nuestra atención como legisladores por la importante alternativa que significan de acceso al servicio de crédito para un sector donde la participación de la banca privada tradicional es casi nula.
Entendemos que son promotores de un modelo económico basado en valores y principios con justicia social, que está contemplada en nuestra Constitución Nacional y significa la igualdad de oportunidades para todos.
Por tal motivo, desde el bloque Elijo Catamarca entendemos que la política de regulación y tratamiento debe procurar apoyar su promoción y desarrollo estable. El acceso al crédito es fundamental para el emprendimiento que necesitamos en este tiempo y para el desarrollo regional, y en esto entendemos que las cooperativas son una pieza clave.
Valoramos que se haya escuchado al sector de las cooperativas y se haga lugar a la inclusión de las exenciones para incentivar la inversión, que es beneficiosa para el país.
Esto no quita que gravarlas vaya en contra de la esencia, naturaleza y construcción jurídica que siempre hemos tenido.
Apoyaremos este proyecto, pero entendemos que es necesaria la creación de la comisión bicameral de seguimiento, para que haga un informe semestral o anual sobre si la carga tributaria exigida a las cooperativas de crédito es justa, equitativa y compatible con la sustentabilidad de estas entidades.
Sr. Presidente (Lipovetzky).- Tiene la palabra el señor diputado Contigiani, por Santa Fe.
Sr. Contigiani.- Señor presidente: quiero expresar el acompañamiento a este proyecto y aprovechar esta oportunidad para hacer una síntesis del proceso que desembocó en esta iniciativa.
Todo comenzó con el debate de la ley de presupuesto y un intento, por segundo año, de gravar con el impuesto a las ganancias a mutuales y cooperativas de crédito y de servicios financieros, abriendo una caja de Pandora, con gran preocupación en el movimiento cooperativo y mutual en el mundo, de una situación compleja para las cooperativas y mutuales. Todos sabemos que éstas no tienen ganancias, sino que reinvierten las utilidades como organización y estructura. Entonces, convalidar era no sólo una situación de gravedad jurídica que iba a desatar muchos planteos judiciales, sino también sacarle esa ventaja al movimiento cooperativo y mutual, que tiene como objetivo democratizar la economía.
Creo que hay intereses de sectores que no quieren y siguen sin querer democratizar la economía, y por eso, desde una visión pro sociedad anónima volvieron a intentar sacarle la ventaja –entre comillas- que supuestamente tiene el movimiento cooperativo y mutual por no tener que pagar impuesto a las ganancias.
Con lo cual, el primer resultado de este debate fue muy positivo, porque hemos concientizado, hemos hecho una gran pedagogía entre todos ‑especialmente las organizaciones que representan a las mutuales y cooperativas del país y del interior‑, en cuanto a que nunca se puede tomar este camino y que se tiene que defender este espíritu cooperativo y mutual.
Tengo la esperanza de que no van a volver a reinstalar esta idea, porque van a confrontar una gran respuesta social en el interior del país por parte de centenares y miles de cooperativas y mutuales.
En segundo lugar, el proceso cooperativo y mutual en el marco de este debate quedó bien segmentado. Más de 1.306 mutuales y cooperativas de servicio de crédito y seguro no solo no van a pagar impuesto a las ganancias sino tampoco ninguna contribución, porque van a estar exentas a partir de que no superan los 50 millones de pesos de patrimonio, como establece la ley de presupuesto y lo ratificamos con este proyecto. Se trata de aquellas pequeñas entidades que desarrollan una multiplicidad de acciones sociales, de promoción humana y de contención productiva, a lo largo del interior del país.
En tercer término, hay un segmento de cooperativas y mutuales que con un patrimonio de entre 50 y 100 millones de pesos van a pagar el 3 por ciento de ese valor en concepto de esta nueva figura, como esfuerzo extra que está haciendo el sector. Pero a la vez se les va a permitir deducir el monto exento de 50 millones de pesos, con lo cual, no va a ser un 3 por ciento sobre el total, además de otras deducciones que contempla el proyecto.
En cuanto a aquellas entidades grandes del movimiento cooperativo del seguro y bancarias del país ‑que son grandes dentro del mundo cooperativo, pero no en relación a las compañías de seguro, reaseguro, bancarias y de las finanzas del mundo‑, el artículo 127 de la ley de presupuesto que votamos en este Congreso estableció una contribución patrimonial del 6 por ciento. Claramente era un error, porque significaba casi una confiscación.
Los números que venían del interior, de cientos de técnicos vinculados a esas entidades, nos estaban dando que iban a pagar hasta más que con el impuesto a las ganancias, en la hipótesis de que se lo hubieran dejado. Claramente era un atentado al sistema bancario y cooperativo, el único que tiene el país, y a las tres o cuatro empresas de seguros. Era casi una invitación a correrlas del sistema.
Es por eso que racionalmente distintos bloques hemos encontrado los consensos suficientes para bajar esas alícuotas a fin de que el sector siga haciendo una contribución en una situación muy difícil; esto es lo que se reclamó. Además, hay que reconocer que ya se está haciendo un gran aporte al país con el 2 por ciento que pagan sobre sus cuotas societarias más de seis millones de mutualistas, y con el fondo al que anteriormente se aludía, el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa.
Por esto estamos cerrando un proceso que dejó una gran concientización de que no se puede gravar con Ganancias a las cooperativas y mutuales, y que éstas tienen que ser invitadas a formar parte de un proceso mayor de democratización de la economía.
A aquellos sectores que insistieron en este proceso de sacar –como lo han dicho- las ventajas que tenían las cooperativas y mutuales en esto, los invitamos a que vean el valor social que representa el movimiento cooperativo y mutual para el país, con su misión destinada a democratizar la economía, promover el desarrollo del interior, el desarrollo local y estar cerca de la gente.
Es por eso que este proceso se cierra de esta manera, con estas correcciones a las que nosotros estamos apuntando. Lo decía en un gran acto de mutualistas y cooperativistas en la provincia de Córdoba: que sea una victoria de todos, una derrota de nadie, salvo de aquellos que con una mirada neoliberal y tecnocrática persisten en desconocer el rol que tuvieron las cooperativas y mutuales en la historia política y económica argentina. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Lipovetzky).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Ramos (A.).- Señor presidente: voy a ser lo más breve posible porque han sido muy claros los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. En función de la evidente voluntad que ha tenido este gobierno de perjudicar siempre a los sectores productivos, que lo vemos desde hace tiempo, estaba claro que a las mutuales y a las cooperativas les iban a cobrar un impuesto.
Se puede hablar de contribución o ponerle el nombre que se quiera, pero la única verdad es la realidad, y la realidad es que este movimiento de la economía social, este sector de la economía social que en mi provincia tiene más de ochocientas mutuales en más de ciento quince localidades y pueblos, tiene un rol social; están donde no llega el sector financiero.
Van a pagar, pero esta contribución no va a estar destinada a los afiliados o para promover y estimular las economías locales; todo lo contrario, obedece a una voracidad del Estado para seguir recaudando y poder pagar a los organismos internacionales, además de coparticipar un poco a las provincias para que puedan cubrir algunas necesidades que no son atendidas por el Estado.
Para mí es una gran pérdida de un sector de la economía social, aunque se lo quiera ver como algo consensuado. Lo podrán pintar como quieran, pero está claro que si hoy no se aprueba la ley, el tema se va a judicializar, porque es totalmente inaceptable que a las cooperativas y mutuales se les cobre ganancias. Esto no resiste ningún análisis e iba a terminar judicializándose, y el Estado se iba a quedar sin poder cobrar a las cooperativas y mutuales.
Si bien queda lindo decir que estamos todos de acuerdo con esta ley, constituye un pésimo precedente: le ponemos otro nombre que Ganancias, como ser una “contribución extraordinaria de carácter transitorio”.
La verdad es que es muy creativo, es un muy buen nombre, pero mutuales y cooperativas van a pagar más impuestos y no van a dar más beneficios a sus afiliados ni van a poder seguir estimulando la actividad económica de las localidades.
Por eso digo que no hay mucho para celebrar aunque nos han puesto en un lugar que podríamos decir que es el mal menor. Es lo que veíamos ayer con Bienes Personales, el tema es juntar. ¿Para qué? ¿Para infraestructura, para educación, para las economías regionales? No, eso no.
Esto nos pone a todos en la situación de que tenemos que votar un perjuicio menor para estas instituciones y organizaciones fundamentales para las economías de nuestros territorios.
Escuché a algunos compañeros de las provincias de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos y de otras del interior decir que estas instituciones son muy importantes. Por eso, lejos de verlo como un logro del consenso, hoy este sector tiene una pérdida, y nunca se lo trata igual que al sector financiero.
En 2001, cuando los bancos volaron y se quedaron con los recursos de los argentinos, las únicas que pusieron la cara fueron justamente las cooperativas y las mutuales. Hoy están recomponiéndose y cumplen una función que no la van a cumplir los bancos, porque está claro que los bancos no tienen problemas de plata y no les interesa ir a nuestros territorios.
Yo estuve en contra de que esto se planteara con la reforma tributaria, y hoy estoy en una situación complicada para explicar que votando este proyecto le hago un favor al sector de la economía social. Es difícil lo que se está haciendo. Lo que está claro es que siempre les sacan a los mismos, y creo que hoy el sector cooperativo y mutualista tiene que estar más activo que nunca porque se le impone una derrota. A mi manera de ver se ha perdido, y al nombre de “contribución extraordinaria” hay que tomarlo con pinzas porque por lo general cuando gobiernan los neoliberales, los impuestos transitorios para los sectores productivos terminan siendo eternos, y mientras tanto los sectores agroexportador, energético y financiero siguen cada vez con más beneficios.
Esto es lo que quería dejar en claro.
Sr. Iglesias.- Pido una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (Lipovetzky).- Señor diputado Ramos: el señor diputado Iglesias le está solicitando una interrupción, ¿la concede?
Sr. Ramos (A.).- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Lipovetzky).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Iglesias, por la Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Iglesias.- Señor presidente: quiero recordar que el que llevó la carga fiscal sobre los sectores productivos del 23 por ciento del PBI al 42 por ciento en pocos años fue su gobierno.
Sr. Presidente (Lipovetzky).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Ramos.
Sr. Ramos (A.).- Está hablando claramente un hombre de la Ciudad de Buenos Aires. Hablarle de una cooperativa o una mutual del interior sería... Está hablando el arquetipo del porteño.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Ramos (A.).- No quiero ofender a nadie, pero
algunos hablan un poco y ya se les nota el profundo centralismo que tienen, y
obviamente también el profundo desconocimiento de lo que es nuestro país. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Lipovetzky).- Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti, por Santa Fe.
Sr. Grandinetti.- Señor presidente: ya que recién se habló de ilustración, vamos a ilustrarnos un poco acerca de lo que estamos hablando, sobre todo porque se cree que cuando hablamos de cooperativismo nos estamos refiriendo solamente al interior profundo de la República Argentina, lo que por otra parte es cierto.
Si me permiten, voy a citar algunos datos consignados en el diario The times, del Reino Unido. Según ese medio, una de las formas de asociación comercial que más ha crecido en ese país es precisamente el cooperativismo. El Reino Unido tiene censadas 6.815 cooperativas independientes. Lo que se produce anualmente allí asciende a 36.000 millones de libras esterlinas. Asimismo, en 2017 se incorporaron 700.000 miembros.
Señalo esto simplemente porque a algunos les encanta hablar de las nuevas formas asociativas y demás, despreciando quizás al cooperativismo existente en la Argentina porque lo consideran viejo y del interior, o bien, no lo conocen.
Pasando a la Argentina, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las cooperativas? En nuestro país hay 38.500 cooperativas y 5.700 mutuales censadas. Uno de cada dos argentinos recibe algún tipo de servicio provisto por una cooperativa o mutual.
Las cooperativas de servicios públicos proveen energía a 2.400.000 usuarios.
Más del 80 por ciento del tendido eléctrico rural es cooperativo.
Hay siete millones de personas que reciben energía provista por una cooperativa.
Por su parte, las mutuales brindan servicio de salud a 2.500.000 asociados.
En definitiva, ¿qué es lo que estamos tratando de discutir acá? Lo que ocurrió cuando en esta Honorable Cámara se sancionó el proyecto de ley de presupuesto fue que hubo un exceso en el concepto de recaudación. Esto es cierto y pido a quienes pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –a quienes aprecio mucho‑ que no lo tomen a mal. Pero cuando hablan de las cooperativas creen que se está haciendo referencia a las “cuevas” en las que se cambian cheques. Esas “cuevas” deben ser buscadas y penalizadas.
Quiero decir que lo que ocurre con el impuesto o colaboración que se está pidiendo a las cooperativas es algo que, precisamente, las exime. Ello es así porque la tributación que van a tener a partir de ahora no será por su accionar o el capital que estén prestando, sino por su patrimonio neto. Y la “cueva”, por definición, no tiene un patrimonio neto elevado.
Entonces, no quiero polemizar porque creo que todos estamos de acuerdo en aprobar este proyecto de ley. Simplemente, deseo señalar que esta iniciativa, que en el Senado de la Nación fue subsanada y aprobada prácticamente por unanimidad –solo tuvo dos votos por la negativa-, adolecía de un problema de fondo, que consistía en que no podía haber una normativa de carácter tributario que hubiese tenido origen en ese cuerpo. Por eso debimos incorporarla hoy aquí.
En realidad, y sin que esto sea una proclama de unitarios contra federales, se debe comprender que en provincias como Córdoba –a la que se refirió el señor diputado Llaryora- y Santa Fe el movimiento cooperativo y mutual expresa la esencia misma de su entramado productivo. Gran parte de la producción agrícola-ganadera, de la generación de energía eléctrica –anteriormente se hizo referencia a este tema- y del tendido eléctrico rural es llevado adelante por cooperativas. Eso lo hacen con una salvedad: no tienen ganancias porque no se pueden distribuir dividendos. Al mismo tiempo, si se decide disolver algún tipo de cooperativa el patrimonio de ese bien comunitario vuelve precisamente al Estado nacional.
Entonces, no se trata solamente de que estemos discutiendo acerca del interior profundo de la República Argentina. Por el contrario, si vemos un poco lo que pasa en el mundo apreciamos que cuando los ingleses empiezan a discutir formas asociativas más justas y se encuentran ante las crisis económicas miran al cooperativismo como una salida.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Emilio Monzó.
Sr. Grandinetti.- Reitero que no cito esto a partir de un diario del interior de la República Argentina, sino del periódico The Times, del Reino Unido, que a muchos les gusta leer.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Solanas, por Entre Ríos.
Sr. Solanas.- Señor presidente: respeto profundamente el trabajo efectuado por mis compañeros de bloque con los integrantes de otras bancadas. Pero lo cierto es que hoy es un día muy triste. Decididamente estamos rompiendo un principio que consagran las cooperativas y mutuales de la República Argentina: el de la solidaridad, que es muy poco entendida.
Como dijo el señor diputado preopinante, la mayoría de la gente plantea el caso de las “cuevas”, que existen. Pero la mayor parte de las cooperativas y las mutuales trabajan en función de la solidaridad con el vecino. Permanentemente refrendan un principio absolutamente federal.
Puedo asegurar que las cooperativas y las mutuales están en contra del proyecto de ley que vamos a votar. Hablamos del mal menor. En verdad eso me molesta porque creo que hablar del mal menor es hablar de la mediocridad de la política. No aspiro al mal menor. Por ahí, cuando se utiliza la expresión “mal menor” me pregunto si a lo mejor no se estará haciendo alusión a la posibilidad de que las personas humildes de la patria coman durante cuatro días en lugar de siete. Asimismo, me pregunto si no se estará haciendo referencia a la posibilidad de que los hospitales públicos atiendan solamente a dos gurises en lugar de cuatro, con lo cual a los otros les irá mal. ¿Cuál es el mal menor que aquí se ha planteado?
Las cooperativas y mutuales me han hecho saber que esto lo aceptaron porque no les quedaba otra posibilidad. Es doloroso que así sea.
Voy a suministrar algunos datos que tengo en mi poder. Las cooperativas contribuyen de acuerdo con el siguiente esquema: aportan el 2 por ciento de su patrimonio al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa establecido por la ley 23.427; el 5 por ciento sobre los excedentes al Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para estímulo del personal de las propias cooperativas, establecido por la ley 20.337, y el 5 por ciento sobre los excedentes al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa, determinado por la misma ley.
Por su parte, las mutuales efectúan aportes al INAES.
En definitiva, las cooperativas y mutuales realizan aportes por un valor aproximado a 1.500 millones de pesos.
Por eso nuestro bloque expresó su oposición el año pasado, eliminándose el artículo. Eso no pudo lograrse en esta oportunidad.
Quiero decir que si bien no comparto el mal menor, creo que nos estamos acostumbrando a él.
Deseo reivindicar la tarea de las cooperativas y mutuales. La contribución que se les pretende imponer mediante este proyecto de ley es injusta.
Aquí se ha dicho que las dificultades tenemos que repartirlas entre todos, pero eso es algo que el sistema financiero argentino no hace. Por el contrario, cada vez hay una mayor “bicicleta” financiera y especulación. Lamentablemente eso es lo que se resguarda, en lugar de hacerse lo propio con los hombres y mujeres de la patria que trabajan.
Venimos a reivindicar el movimiento cooperativo y mutual. Más allá de que podamos decir lo contrario y justificarlo, es injusto lo que se pretende votar con este proyecto de ley.
Decididamente pienso en las mutuales de los pueblos que muchos de los que estamos aquí presentes vemos en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, usted, señor presidente, es de Carlos Tejedor y sabe que las mutuales tienen hoy un rol fundamental porque muchísima gente no puede llegar a fin de mes.
Asimismo, las pymes a veces responden a la decisión de que las cooperativas y las mutuales les den una mano en los pueblos de la República Argentina.
Por eso no comparto el mal menor y creo que no debemos acostumbrarnos a él. El gobierno del presidente Macri nos quiere acostumbrar a los argentinos al mal menor. No lo comparto. El mal menor quiere decir dirigentes mediocres. Sin embargo, en las mutuales y cooperativas tenemos dirigentes brillantes, honoríficos, mucho de los cuales dan envidia a la política.
Por eso, pido permiso a la Presidencia y a mi bloque para abstenerme en esta votación.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Pretto, por Córdoba.
Sr. Pretto.- Señor presidente: simplemente quiero decir que conozco muy bien el sistema cooperativo de la Argentina y el de mutuales. Soy de La Carlota, un pueblo de quince mil habitantes que lamentablemente tuvo una mala experiencia con una cooperativa muy buena durante muchísimo tiempo, que cuando cayó en manos de malos administradores quebró y no se pudo levantar nunca más. Eso fue muy lamentado por todos en nuestra ciudad. Sin embargo, eso no me hace perder la objetividad y reconocer -como ya muy bien han dicho mis compañeros- en el interior del interior, que las cooperativas son las que brindan servicios, realizan obras y comunican, sobre todo a la gente del interior, a través del espíritu cooperativo y las inversiones que logran quienes se reúnen para cumplir un fin social.
A pesar de que la iniciativa no prosperó en el momento del tratar el presupuesto, el espíritu de todas las cooperativas que se reúnen en la Federación fue justamente el que proporcionó una alternativa, sumándose a la necesidad que tiene nuestro país en un momento difícil, otra vez con el espíritu cooperativo de tender una mano a quien lo necesita.
No es cierto lo que se ha dicho acá en el sentido de que este es un impuesto perverso o endemoniado. Ha surgido de una iniciativa de las propias cooperativas, conocedoras de la necesidad que tiene nuestro país en este momento, volviendo a resaltar el espíritu solidario.
Espero que honremos la letra de esta norma, que es un aporte extraordinario y transitorio, y que en una futura discusión de una política tributaria que nos debemos en relación con muchos otros tributos de la Argentina, podamos ubicar a las cooperativas donde se merecen.
Finalmente, debemos diferenciar a las cooperativas que honran el mutualismo, que prestan servicios que ninguna otra empresa podría hacer, de aquellas que operan con grandes volúmenes financieros, que en muchos casos -y lo digo con conocimiento de causa- en nuestros pueblos mueven mucho más dinero que los bancos oficiales, que son los únicos que existen en el interior del interior, y es por eso que se quiere separar la paja del trigo. Nos debemos un debate serio al respecto.
Ya habrá oportunidad para debatir una política tributaria, pero celebro el espíritu de todos los que han trabajado mucho en este proyecto de ley para que podamos dar una mano al país, aunque sea de forma transitoria. (Aplausos.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Se va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda y otras recaído en el proyecto de ley por
el cual se crea una contribución extraordinaria sobre el capital de cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito y/o
financieras, de seguros y/o reaseguros. (Orden del Día N° 983.)
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 177 señores diputados presentes, 174 han votado por la afirmativa y ninguno por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 174 votos afirmativos, ninguno por la negativa, y 4 abstenciones.[20]
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.[21]
Se comunicará al Honorable Senado.
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados durante el transcurso de la sesión.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Monzó).- Quedan autorizadas las inserciones solicitadas. [22]
Habiendo cumplido su objeto, queda levantada la sesión especial.
- Es la hora 21 y 39.
[1] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[2] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[3] Véase el Acta
N° de votación nominal en el Apéndice.
(Pág. )
[4] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice (Pág. )
[5] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[6] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice (Pág. )
[7] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[8] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[10] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[11] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[12] Véase el Acta
N° de votación nominal en el
Apéndice. (Pág. )
[13] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[14] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[15] Véase el texto de la
sanción en el Apéndice. (Pág. )
[16] Véase el Acta
N° de votación nominal en el Apéndice.
(Pág. )
[17] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[18] Véase el Acta
N° de votación nominal en el Apéndice.
(Pág. )
[19] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[20] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)
[21] Véase el texto de la sanción en el
Apéndice. (Pág. )
[22] Véase el texto de las inserciones en el Apéndice, a partir de la
página