19ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (ESPECIAL)

 

diciembre 18 de 2018

 

Presidencia de los señores diputados Emilio Monzó, José Luis Gioja, Pablo Gabriel Tonelli, Daniel Andrés Lipovetzky y Luis Alfonso Petri

 

Secretarios: don Eugenio Inchausti, ingeniera Florencia Romano y licenciada María Luz Alonso

 

Prosecretarios: doña Marta Alicia Luchetta, doctor Oscar Alberto Romero y licenciado Eduardo Jorge Seminara


 

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág.   )

2. Himno Nacional Argentino. (Pág.   )

3. Convocatoria a sesión especial.  (Pág.  )

4. Homenaje con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. (Pág.   )

5. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Rossi. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.  (Pág.  )

6. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Kosiner y manifestaciones formuladas por los señores diputados Grandinetti, Filmus, Carmona, Carrió y Schmidt Liermann sobre el mismo asunto. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.  (Pág.  )

7. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del Reglamento y tratamiento sobre tablas, formuladas por el señor diputado Carmona, sobre un proyecto de resolución por el que se expresa repudio por los dichos del embajador de la República Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Carlos Sarsale, al referirse como máximas autoridades de las islas a los funcionarios británicos que integran el ilegítimo gobierno de Malvinas.  Se posterga la consideración. (Pág.  )

8. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Muñoz. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.  (Pág.  )

9. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Pietragalla Corti. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.  (Pág.  )

10. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Llaryora. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Costitucionales.  (Pág.  )

11. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Alonso. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.  (Pág.  )

12. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Carro. La cuestión se retira.  (Pág.  )

13. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Britez. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.  (Pág.  )

14. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Basterra. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.  (Pág.  )

15. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Iglesias. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.  (Pág.  )

16. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Soria. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.  (Pág.  )

17. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Selva. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.  (Pág.  )

18. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Leavy. La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.  (Pág.  )

19. Manifestaciones vinculadas con el tratamiento de proyectos propiciados por la señora diputada Tundis y el señor diputado Carmona.

20. Consideración de los dictámenes de mayoría y de minoría de las comisiones de Legislación Penal y de Deportes, recaídos en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo (7-P.E.-2018) por el que se crea un Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos. Orden del Día N° 984. Vuelve a comisión.  (Pág.  )

21. Moción de orden formulada por el señor diputado Solanas para que se anticipe la consideración del Orden del Día N° 811. Se posterga su tratamiento. (Pág.  )

22. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de tratamiento sobre tablas, formuladas por la señora diputada Tundis, sobre un proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional la ampliación del temario de sesiones extraordinarias del período 136º a fin de poder dar urgente tratamiento a los proyectos sobre el indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial de las jubilaciones, conforme lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en su fallo Blanco, Lucio Orlando c/Ansés s/reajustes varios (expediente 7.637‑D.-2018). Se rechaza la moción de orden. (Pág.      )

23. Moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de tratamiento sobre tablas, formuladas por el señor diputado Carmona, sobre un proyecto de resolución por el que se expresa repudio por los dichos del embajador de la República Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Carlos Sarsale, al referirse como máximas autoridades de las islas a los funcionarios británicos que integran el ilegítimo gobierno de Malvinas  (expediente 7.624-D.-2018).  Se aprueban ambas proposiciones. (Pág.      )

24. Consideración del proyecto de resolución, del señor diputado Carmona y otros señores diputados, al que se refiere el punto anterior.  Se sanciona.    (Pág.     )

25. Continuación de la consideración de la moción de orden formulada por el señor diputado Solanas.  Se aprueba.

26. Consideración del dictamen de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley de las señoras diputadas Rach Quiroga y otros (1.776-D.-2017) y Ferreyra y otros (2.610-D.-2017) por los que se establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Orden del Día N° 811.  Se sanciona.    (Pág.   )

27. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y del Mercosur en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de Complementación Económica 35 celebrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Chile –Sexagésimo Primer Protocolo Adicional–, suscrito el 4 de enero de 2018 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay (93-S.-2018). Orden del Día N° 802. Se sanciona el dictamen de mayoría.  (Pág.    )

28. Consideración de la renuncia a su banca presentada por la señora diputada doña Anabella Hers Cabral.  Se acepta.    (Pág.     )

29. Apéndice:

I. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág.   )

II. Actas de votación nominal números    . (Pág. )

III. Inserciones solicitadas por los señores diputados:

1) Abdala de Matarazzo.  (Pág.   )

2) Arce. (Pág.   )

3) Banfi.  (Pág.   )

4) Frana. (Pág.   )

5) Hummel. (Pág.   )

6) Iglesias. (Pág.   )

7) Ginocchio. (Pág.   )

8) Ledesma Abdala de Zamora. (Pág.   )

9) Massetani. (Pág.   )

10)    Menna. (Pág.   )

11)    Mercado. (Pág.   )

12)    Mercado. (Pág.   )

13)    Nanni. (Pág.   )

14)    Nazario. (Pág.   )

15)    Neder. (Pág.   )

16)    Ocaña. (Pág.   )

17)    Ramón. (Pág.   )

18)    Rauschenberger. (Pág.   )

19)    Rauschenberger. (Pág.   )

20)    Sapag. (Pág.   )

21)    Sapag. (Pág.   )

22)    Schmidt Liermann. (Pág.   )

 

 

 

-   En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de diciembre de 2018, a la hora 13 y 11: 

 

 

                                                                                                            - 1 -         

izamiento de la bandera nacional

Sr. Presidente (Monzó).- Con la presencia de 133 señores diputados queda abierta la sesión especial convocada conforme al requerimiento efectuado por varios señores diputados en número reglamentario.

          Invito a la señora diputada por el distrito electoral de Buenos Aires doña Marcela Campagnoli y al señor diputado por el distrito electoral de San Juan don Walberto Enrique Allende a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

 

-   Puestos de pie los señores diputados y el público presente, la señora diputada doña Marcela Campagnoli y el señor diputado don Walberto Enrique Allende proceden a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

 

                                                                                                            - 2 -         

himno nacional argentino

Sr. Presidente (Monzó).- Invito a los señores diputados y al público presente a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, que será interpretado por un cuarteto integrado por músicos de la orquesta de cámara del Congreso de la Nación.

-   Puestos de pie, los señores diputados y el público presente entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

 

                                                                                                            - 3 -         

convocatoria a sesión especial

Sr. Presidente (Monzó).- Obran en Secretaría los mensajes y decretos del Poder Ejecutivo por los cuales se prorrogan las sesiones extraordinarias hasta el 28 de diciembre del corriente año y se amplía el temario a tratar durante dicho período.

          Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia, mediante la que se convoca a sesión especial.

 

Sr. Secretario (Inchausti).- Dice así:

 


 

 

 

CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL


 

 

                                                                                                            - 4 -         

homenaje

Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001

 

Sr. Presidente (Monzó).- Para un homenaje tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.

 

Sra. Del Plá.- Señor presidente: quiero rendir este homenaje porque esta semana se cumple un nuevo aniversario –el número diecisiete‑ de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, conocidas también como Argentinazo, que han tenido como protagonistas a quienes integran el movimiento piquetero.

           Este homenaje también tiene importancia porque, precisamente, hoy se cumple un año de aquella tremenda sesión en la cual, bajo la represión y los palos, se aprobó la reforma previsional. Hoy hay un fallo de la Corte que no resuelve de fondo el problema de los jubilados, pero ha empezado a decir que esa reforma previsional no estaba para nada al servicio de los jubilados.

          Pero, justamente, quiero volver al tema del Argentinazo, porque esas jornadas pusieron fin al hambreador gobierno de de la Rúa y abrieron paso a una situación tremenda que terminó volteando cuatro gobiernos y marcó un hito fundamental para las y los trabajadores de este país.

          Esas jornadas del 19 y 20 de diciembre, que desafiaron el estado de sitio y arrojaron 36 muertos como resultado del accionar de los francotiradores que disparaban contra la movilización popular, no nacieron de la nada.

          Fueron el resultado de enormes procesos de organización contra la creciente política de privatizaciones, despido y hambre que tuvieron sus antecedentes en el Santiagueñazo y luego en la organización de los trabajadores despedidos de YPF y de otras empresas del Estado. Vale recordar que muchos saludaron algunas privatizaciones, como fue el caso de los trabajadores petroleros de General Mosconi y Tartagal.

          Esa rebelión popular hermanó los reclamos de los trabajadores ocupados y desocupados y colocó en un signo de igualdad al enfrentamiento contra los planes del FMI y las refinanciaciones permanentes de las deudas externas contraídas por los diferentes gobiernos capitalistas, que una y otra vez han decidido pagar con el ajuste y el hambre de la población.

          Es bueno traer el tema nuevamente aquí. Miren si no tendrá actualidad que hoy estamos aquí, en esta Cámara, discutiendo una y otra vez esas consecuencias.

          Tenemos que decir que los despedidos y los desocupados del menemismo luego fueron los trabajadores precarizados de la década kirchnerista y hoy son los nuevos trabajadores despedidos de la era macrista. De esta manera, han quedado marcadas a fuego estas jornadas del 19 y 20 de diciembre porque tienen que ver con el enfrentamiento a un régimen social agotado.

          Esto no es menor en un cuadro internacional donde vemos a los “chalecos amarillos” en Francia enfrentando las políticas de ajuste de Macron, o la rebelión de las mujeres autoconvocadas en Brasil contra el fascista Bolsonaro, con el cual algunos se reúnen -y prontamente lo hará Macri-, pero debemos tener claro que se tiene un programa riguroso de ataque a los reclamos de la población trabajadora, la juventud y las mujeres.

          La bicicleta financiera de 2001 nos tiene que llamar la atención en relación con la bicicleta financiera de la actualidad, y por eso, como la clase capitalista ha tomado nota, proliferan y se multiplican los mecanismos de contención social. Entonces, vemos por qué hay algunos movimientos piqueteros que se dejan cooptar por el Estado y van a negociar con la ministra Stanley.

          También hay otros sectores que se dicen opositores, pero negocian rápidamente con el Vaticano y la iglesia la política de contención social en lugar de desenvolver la rebelión popular. Y, como saben que no alcanzan tampoco las medidas de contención social, han aprobado este protocolo que habilita a la ministra Patricia Bullrich a matar. Por esta razón, hoy se va a producir una enorme movilización convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia desde el que se va a reclamar por la anulación de ese protocolo.

          En ese sentido, quiero reivindicar el rol que las mujeres han tenido en esas jornadas, el proceso de organización y de rebelión del Argentinazo y el movimiento piquetero.

          En 2004 la Asamblea Nacional de Trabajadores aprobó el reclamo a favor del aborto legal, seguro y gratuito, entre otras reivindicaciones de la mujer trabajadora.

          Hoy existe una actualidad brutal frente a esas mujeres que luchan contra la flexibilidad laboral y el hecho de ser las primeras víctimas del ajuste y los planes de hambre del gobierno nacional de Macri, de los gobernadores y del Fondo Monetario Internacional.

          Nos vemos también reflejadas en la enorme organización de la mujer contra los abusos y las violaciones, como ha denunciado Thelma Fardín, de la mano de las actrices argentinas, y como también se ha denunciado en esta Cámara.

          Desde ya, queremos expresar nuestra solidaridad con las trabajadoras de esta Cámara y de cada ámbito laboral que sufren los mecanismos de abuso como parte intrínseca y como parte de los instrumentos de dominación y de disciplinamiento.

          Esta Cámara tiene que dejar de barrer debajo de la alfombra esas acusaciones y colocarlas en el centro de la escena, como hemos hecho nosotros en 2016, solidarizándonos con Agustina Poch y brindando apoyo al proyecto que reclama que el diputado Orellana tenga que dar respuesta, de la misma manera que tiene que hacerlo el senador Marino.  

          Por lo tanto, cierro este homenaje planteando que está más presente que nunca el espíritu del Argentinazo en este momento en el que estamos enfrentando a fondo esta política de ajuste del gobierno nacional, de los gobernadores y del Fondo Monetario Internacional. En ese sentido todas las medidas que se tienen que impulsar desde los trabajadores están al servicio de plantear una alternativa frente a esta política de ajuste.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Con las palabras vertidas por la señora diputada preopinante, queda rendido el homenaje de la Honorable Cámara al cumplirse un nuevo aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

 

                                                                                                            - 5 -         

CUESTIóN DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.

 

Sr. Rossi.- Señor presidente: la cuestión de privilegio está dirigida al señor presidente de la Nación.

          Hace pocas horas, antes de ingresar a este recinto, nos enteramos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación alrededor de la problemática del sistema previsional argentino.

          En ese fallo la Corte le indica al Congreso de la Nación que resuelva sobre el índice de actualización de las jubilaciones entre los años 1995 y 2008, específicamente sobre lo que significa el cálculo del haber inicial que se toma a la hora de definir quiénes se jubilaron en ese período de tiempo. La Corte indica que esa atribución no puede ser una resolución de la ANSES, sino del Congreso de la Nación, y vale aclarar que este Parlamento retomó sus facultades cuando en 2008 sancionó la primera ley de movilidad jubilatoria.

          La Corte, sin decirlo, opina sobre qué índice de movilidad jubilatoria es el más beneficioso para el conjunto de los jubilados y pensionados, porque está diciendo que hasta tanto el Congreso defina qué índice de movilidad jubilatoria se va a tomar al momento de calcular el haber inicial de las jubilaciones y las pensiones, el que se tiene que tomar es el índice de movilidad jubilatoria que existía hasta diciembre del año pasado y que fue reformulado y derogado por la nueva ley de movilidad jubilatoria que aprobó este Parlamento.

          Es decir que claramente, a nuestro entender, la Corte ha opinado sobre dos temas. Por un lado, explícitamente, en donde le dice al Congreso de la Nación que construya un índice para el cálculo del haber inicial de las jubilaciones entre 1995 y 2008. Y, por otro lado, también la Corte le está diciendo que el índice de movilidad jubilatoria que existía antes era más beneficioso para los jubilados y pensionados que el actual.

          Pero, por sobre todas las cosas, mi intervención quiere hacer referencia a que se le pide al Congreso que se aboque a definir ese índice.

          Nosotros estamos ahora en período de sesiones extraordinarias -y lo seguiremos estando durante el mes de febrero del año próximo-, pero hasta el mes de marzo no vamos a volver a tener sesiones. Entonces, es importante que el presidente haya definido un temario que puede ser importante para él, pero que trata de tapar algunas cosas que sucedieron en la Argentina, como que no se pueda jugar el segundo clásico entre River y Boca. Entonces, ahora tenemos que tratar mal y a las apuradas un proyecto sobre los barrabravas.

          Considero que un proyecto tan sensible como el que atañe a cientos de miles de jubilados en la Argentina tiene que ser tratado por este Congreso de la Nación en el período de sesiones extraordinarias. Entonces, mi pedido es que el presidente incorpore este tema.

          Quiero decir a los argentinos que nuestro bloque está dispuesto a sesionar cuando sea para tratar el proyecto sobre el índice para el cálculo de las jubilaciones. Nosotros tenemos que dar una respuesta porque la Corte Suprema ya dio su opinión. Ahora nos toca a nosotros como Congreso Nacional y no podemos mirar hacia el costado.

          Si muchas veces este Congreso se reúne porque se crea un microclima en los medios de comunicación para dar respuesta a determinado tema, también ahora el microclima lo están generando cientos de miles de jubilados que están esperando una respuesta del Congreso Nacional.

          Hace un año sancionábamos una ley que nosotros dijimos era inconstitucional y que le quitaba derechos a los jubilados y pensionados argentinos. Efectivamente, tal como se comprobó, esta ley de movilidad jubilatoria perjudicó los ingresos de los jubilados y pensionados. La Corte Suprema hoy implícitamente reconoce que esto fue así, de otro modo lo lógico hubiera sido que su fallo dijera que se calcule el haber entre los años 1995 y 2008 con el índice de movilidad actual, y esto no fue lo que sucedió. La Corte sostuvo que se calcule el haber con el índice de movilidad que existía hasta diciembre del año pasado, cuando fue modificado.

          Considero que es imperioso que este Congreso, además de asumir la agenda de algunos, asuma la agenda del conjunto de la sociedad argentina. Hoy hay una agenda, la de los jubilados y pensionados.

          Durante el debate de la ley sobre reforma previsional expresé que a veces no coincidía la agenda de la calle con la agenda del Congreso. Esta afirmación quedó demostrada porque lo que sancionó este Congreso de la Nación en diciembre del año pasado fue hecho a espaldas de la gente, y ahora tenemos la oportunidad de rectificarlo. La Corte nos manda a definir un nuevo índice de movilidad; hagámoslo cuanto antes.

          El presidente de la Nación tiene todas las posibilidades de convocarnos ahora, en enero, en febrero o cuando sea necesario para tratar este tema y nuestro bloque está dispuesto a hacerlo. (Aplausos.)

 

 

                                                                                                            - 6 -         

cuestión de privilegio

Sr. Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado Kosiner, por Salta.

 

Sr. Kosiner.- Señor presidente: en representación del Interbloque Argentina Federal quiero plantear una cuestión de privilegio contra el embajador argentino en Londres, Carlos Sersale.

          En el día de ayer el embajador argentino en Londres, haciendo mención a una reunión en las Islas Malvinas, escribió en su cuenta de Twitter: “Colaboración, agradecimiento y reunión cumbre en Malvinas: Eduardo Eurnekian fue recibido por las máximas autoridades de las Islas.” Cuando se advierte cuáles son las máximas autoridades de las Islas, a criterio del embajador argentino, vemos al gobernador ilegítimo de Malvinas, Robin Christopher, y al embajador británico en la Argentina, Mark Kent.

          Señor presidente: este es un tema muy grave para la política exterior de nuestro país y para la política de Estado en cuanto a los reclamos de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

          Lo que hizo el embajador argentino en Londres es una irresponsabilidad y creo que este Congreso no puede convalidar un falso reconocimiento de soberanía sobre las Islas Malvinas por parte de un embajador, adjudicándosela al Reino Unido. Que un embajador argentino en Londres diga que la máxima autoridad es un gobernador ilegítimo del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, institucionalmente no puede ser sostenido ni convalidado por este Congreso Nacional. La máxima autoridad que tiene nuestro país sobre las Islas Malvinas es la elegida por el voto popular de los argentinos. (Aplausos.)  

          La gobernadora de las Islas Malvinas es la señora Rosana Bertone, los legisladores nacionales de las Islas Malvinas son los diputados y senadores de los distintos bloques de este Congreso, electos por los argentinos. Por lo tanto, señor presidente, queremos rechazar y condenar lo sucedido, por más que este embajador haya borrado ese tuit de su cuenta de Twitter.

          Este es el motivo por el cual planteo una cuestión de privilegio contra el embajador, que no tiene ningún derecho a comprometer los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti, por Santa Fe.

 

Sr. Grandinetti.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio en el mismo sentido que el diputado Kosiner, pero iré un poco más allá. No solo deseo la condena a una actitud irresponsable…

 

Sr. Presidente (Monzó).-  La Presidencia solicita silencio, señores diputados.

 

Sr. Grandinetti.- Creo que este tema también le va a interesar a la señora diputada Carrió porque fue presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y en su momento discutimos mucho el tema Malvinas.

          No es la primera vez que advertimos la conducta de Sersale, nuestro embajador ante el Reino Unido. Entonces, no solo planteo una moción de repudio a sus dichos en la cuenta oficial del embajador, sino que también pido el inmediato cese de ese funcionario porque no representa los intereses argentinos y, como bien dijo el diputado preopinante, reconoce la soberanía del Reino Unido en Malvinas al decir que un empresario argentino fue recibido por las máximas autoridades. Ese no es un error que puede ser pasado por alto por este Cuerpo.

          No solo nosotros venimos planteando en la Comisión de Relaciones Exteriores que el comunicado conjunto con el Reino Unido –trato de proteger las formas en la elección de las palabras- es lesivo a los intereses de la República Argentina, sino que esta acción irresponsable, que compromete el reclamo histórico de la República Argentina sobre las Malvinas, debe ser sancionada de forma inmediata. Así como en su momento el Senado de la Nación otorgó el reconocimiento a ese funcionario, en este momento debiéramos votar una moción de censura y apartamiento del embajador Carlos Sersale. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Filmus, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Filmus.- Señor presidente: en el mismo sentido que los señores diputados preopinantes, adhiero a la idea de que votemos una declaración de censura a las palabras del embajador argentino en Reino Unido. Si así no lo hiciéramos, estaríamos dando por sentado que lo que planteó el embajador es lo que esboza la Argentina, algo totalmente contrapuesto a la Disposición Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional. Nunca en la historia un funcionario argentino –invito a revisar lo que digo- se refirió a las autoridades de las Islas Malvinas sin agregar el calificativo de ilegítimas porque, tal como aquí se dijo, no reconocemos otras autoridades que las que tiene la República Argentina. Ese territorio es tan nuestro como el Obelisco. Las Islas Malvinas claramente son parte de la soberanía nacional. Creo que una declaración fuerte de este Congreso va a colocar la declaración del embajador en el lugar que corresponde.

          Estuve durante dos años a cargo de la discusión del tema Malvinas en la Cancillería. Los británicos anotaron las palabras del embajador –sepámoslo todos‑ y van a ser utilizadas como antecedente. Si no hay una respuesta categórica por parte del Poder Ejecutivo o del Congreso de la Nación, estos dichos van a ser usados en el futuro como prueba de que la Argentina acompaña la idea de que las autoridades de la isla son legítimas.

          Es por ello, señor presidente, que adhiriendo a las dos intervenciones anteriores nuestro bloque acompaña la propuesta de aprobar esta declaración.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Carmona, por Mendoza.

 

Sr. Carmona.- Señor presidente: nuestro bloque solicitó la palabra para hacer referencia a este lamentable hecho que los señores diputados Kosiner, Grandinetti y Filmus han mencionado y adhiere a que sea planteado como una cuestión de privilegio en esta Cámara de Diputados contra el embajador argentino en el Reino Unido. No obstante, consideramos que esta cuestión de privilegio debe ampliarse también hacia las autoridades del Poder Ejecutivo, que no han rectificado los dichos del embajador.

-   Varios señores diputados hablan a la vez.

 

Sr. Carmona.- Señor presidente: le solicito que pida silencio, por favor.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Señores diputados, por favor, tomen asiento y guarden silencio.

          Continúe, señor diputado.

 

Sr. Carmona.- Decía que no hubo ninguna rectificación por parte del Poder Ejecutivo nacional, señor presidente.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Señor diputado: la señora diputada Carrió le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

 

Sr. Carmona.- Si me permite, quisiera finalizar mi intervención.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Señora diputada Carrió: luego de que finalice el señor diputado Carmona, le doy la palabra.

          Continúe, señor diputado Carmona, por favor.

 

Sr. Carmona.- Cuando comenzamos las sesiones ordinarias de este año planteamos que la cuestión de Malvinas requería una atención especial por parte de esta Cámara. En ese sentido, formulamos reiteradas cuestiones de privilegio. La última de ellas fue realizada por el señor diputado Martín Pérez en la sesión pasada.

          El embajador Sersale actúa con una liviandad ofensiva contra la histórica posición argentina. Y lo hace avanzando en un sentido que ha sido duramente objetado por este Congreso y sin ninguna reacción por parte del Poder Ejecutivo.

          En ocasión de la firma del acuerdo del 13 de septiembre de 2016 esta Cámara emitió una resolución mediante la cual reafirmó su competencia constitucional en materia de aprobación de tratados relativos a cuestiones vinculadas con el Atlántico Sur en lo que hace a pesca, hidrocarburos, vuelos, etcétera. A pesar de dicha resolución, el Poder Ejecutivo –a través de la comparecencia del canciller Faurie‑ negó las facultades que le corresponden a esta Cámara. Asimismo, han celebrado un acuerdo aerocomercial que tampoco han enviado a este Cuerpo.

          La Cámara de Diputados debe levantar su voz frente a lo que está ocurriendo porque entendemos que es una permanente cesión de soberanía en lo atinente a Malvinas. Los dichos del embajador Sersale no están descontextualizados, sino que se enmarcan dentro de una política de desmalvinización, que pone en riesgo el presente y el futuro de nuestra reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas.

          Por las razones expuestas, adhiero al repudio que aquí se ha expresado y le solicito que, en su carácter de presidente de esta Cámara, asuma la tarea de hacer valer nuestras competencias institucionales en materia de aprobación de tratados. Asimismo, propongo que lo que aquí fue presentado como una moción de censura –que en términos reglamentarios no corresponde‑ se transforme en una votación de la cuestión de privilegio que ha sido planteada contra el embajador Sersale.

          Creo que lo que corresponde no es que el tema pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales, sino que en esta sesión la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Kosiner, apoyada por los señores diputados Grandinetti y Filmus, sea puesta a consideración y sea votada. El llamado de atención debe llegar a este funcionario, señor presidente. No puede ser que, con absoluta liviandad, violando los más básicos códigos en materia de representación diplomática, nos encontremos con un representante argentino que después de una larguísima carrera demuestre no estar a la altura de las circunstancias.

          Formulo moción de que se ponga en consideración y se proceda a votar la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Kosiner. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Carrió, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Carrió.- Señor presidente: a efectos de facilitar la cuestión propongo lo siguiente. En primer lugar, todos conocemos los antecedentes del embajador argentino ante Inglaterra. Yo lo conocí cuando fue embajador en Sudáfrica, es una persona de carrera y sumamente competente, lo cual agrava su declaración. Digo esto porque no se está expresando un inexperto, sino alguien con absoluta conciencia.

          Creo que lo que debemos hacer es emitir una declaración de repudio, citar al embajador a una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y proponer una interpelación al ministro. En dicha reunión con el embajador y en la posible interpelación del ministro podremos resolver en qué áreas deben considerarse los tratados y en cuáles no.

          Pero en esas conversaciones también me gustaría que tengamos en cuenta el tema de la merluza negra. Sé que es un tema de pesca y que parece una cosa sacada de los pelos, pero hay que decir que la merluza negra es en el mundo lo del atún rojo: puede llegar a competir en el mercado y a venderse a 1.600.000 dólares, como sucede en Japón. La merluza negra está en la zona de conflicto con Inglaterra y está siendo robada por los barcos rusos, chinos y de toda especie.

          Debemos encontrar una solución a este tema, lo que no significa reconocimiento de nada, sino que lo que estoy diciendo es que ante la situación en la que estamos perdemos fortunas en materia de exportación.

          Si están de acuerdo, podemos abrir el tema a la cuestión que acabo de plantear. Mientras, se negocia la declaración, se cita al embajador a una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y se formula el pedido de interpelación al ministro. No sé qué piensa la presidenta de la comisión al respecto.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Schmidt Liermann.- Señor presidente...

 

Sr. Presidente (Monzó).- Señora diputada: el señor diputado Carmona le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

 

Sra. Schmidt Liermann.- Señor presidente: quisiera intervenir primero, con su permiso, porque la cuestión es de suma importancia.

          Esta Cámara, este Congreso, representa la voluntad de todos los argentinos respecto de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.

          Considero igualmente importante citar al señor embajador para que dé explicaciones. Asimismo, tomando el ofrecimiento de la señora diputada Carrió, deberíamos tratar de trabajar en un proyecto de resolución y, en todo caso, someterlo a votación hacia el final de esta sesión. Reafirmar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, desconociendo cualquier autoridad en ellas que no sea argentina, es de trascendental importancia.

          Por las razones expuestas, me sumo al pedido de elaborar un proyecto de resolución.

 

                                                                                                            - 7 -         

mocion de orden y de tratamiento sobre tablas

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Carmona, por Mendoza.

 

Sr. Carmona.- Señor presidente: desde nuestro bloque presentamos un proyecto de resolución, contenido en el expediente 7.624‑D.‑2018, que en su artículo 1° expresa nuestro más categórico rechazo y repudio a las expresiones del embajador; por el artículo 2°, solicitamos al embajador la inmediata retractación y una rectificación por parte de la Cancillería; por el artículo 3°, considerando la gravedad de los hechos, pedimos que se inicie el procedimiento disciplinario correspondiente de acuerdo con la ley del Servicio Exterior de la Nación; finalmente, proponemos que se cite al embajador para que comparezca ante la Cámara de Diputados.

          Me parece bien la sugerencia de consensuar un texto y votarlo en esta sesión. Por eso –supongo que los diputados que recurrieron a la cuestión de privilegio estarán de acuerdo‑, formulo moción de orden para que el proyecto de resolución sea tratado en el transcurso de esta sesión.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti, por Santa Fe.

 

Sr. Grandinetti.- Señor presidente: me parece muy buena la propuesta del señor diputado Carmona. Si bien me hubiera gustado escuchar, además de al funcionario, la voz oficial de la Cancillería, me parece correcto el planteamiento de la moción.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Bianchi, por San Luis.

 

Sra. Bianchi.- Señor presidente: desde nuestro bloque, también consideramos fundamental que la Cámara apruebe un proyecto de resolución sobre el tema, aunque creemos que la votación debería realizarse ya y no hacia el final de la sesión. Pienso que la situación lo amerita.

          Acompañamos la propuesta del Frente para la Victoria, aunque, reitero, la votación tendría que concretarse ahora; es importante que tengamos esa tranquilidad.

 

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita al señor diputado Carmona que, mientras continúa la sesión, busque consenso con el resto de los bloques para su proyecto de resolución.

          Si bien se ha formulado una moción de orden, la Presidencia no cuenta con el texto de la iniciativa. Por lo tanto, una vez alcanzado el consenso –por lo que veo desde este lugar, creo que ya se ha logrado‑, la Presidencia lo someterá a votación luego del planteamiento de algunas cuestiones de privilegio más. A tal efecto, pido también que se acerque a la Presidencia el texto del proyecto.

 

                                                                                                            - 8 -         

cuestion de privilegio

Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada Muñoz, por Chubut.

 

Sra. Muñoz.- Señor presidente: esta cuestión de privilegio está dirigida al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña.

          En el primer caso, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, nos ha mentido y nos sigue mintiendo. Producto de su obstinación y de la falta de cambio de sus políticas, hoy tenemos una triste postal de nuestro país.

          Con respecto al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, quiero recordar que, sentado frente a los diputados de la Nación toda vez que le tocó asistir a esta Cámara, mirándonos a la cara, dijo: este es el camino; este es el mejor camino; vamos por el buen camino; las opiniones de los diputados de la oposición son de la oposición.

          Tan bien fuimos por ese camino que terminamos en el Fondo Monetario Internacional con un gran problema: el hambre de todos los argentinos. A quienes perdieron el trabajo se suman aquellos que, si bien no lo perdieron, no les alcanza para vivir. No les alcanza por las políticas públicas que, según estas dos grandes personalidades del gobierno, fueron elaboradas por el mejor equipo económico de los últimos cincuenta años.

          La situación que atraviesa el pueblo argentino   –y, en particular, los patagónicos‑ es muy triste. A quienes tienen trabajo, reitero, no les alcanza para vivir porque subieron las tarifas de los servicios públicos y el combustible. La mayoría de la gente no puede pagarlos porque los salarios no acompañaron el ritmo de la inflación y quedaron atrasados, licuados y con muy pocas posibilidades de actualización. Aparentemente, la inflación de este año terminará en el 47 por ciento; no en la estipulada en el presupuesto de 2018.

          Hoy, a los argentinos no les alcanza para comer. Tienen hambre y hay más pobreza. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA afirma que tenemos un 33,6 por ciento de pobres en la Argentina. La pobreza hace más hincapié en los niños, que hoy no comen porque no tienen qué comer. Si sus padres tienen trabajo, no les alcanza; deben hacer tatetí para decidir qué comprar o qué pagar. En la actualidad, la gente no adquiere productos de primeras marcas; elige segundas y terceras, y aun así no les alcanza.

          Por estas razones, creo sumamente importante que quienes tenemos esta gran responsabilidad ante el pueblo argentino celebremos un gran acuerdo para ver cómo, entre todos, encontramos el camino para que la situación por la que atraviesa la gente sea más leve.

          El futuro es más triste todavía, porque contrajimos una deuda con el Fondo Monetario Internacional que habrá que pagar. Entonces, es nuestra la responsabilidad de ver cómo, entre todos los partidos políticos de esta gran Argentina, concluimos en un acuerdo nacional para sacar a nuestro país adelante.

 

 

                                                                                                            - 9 -         

cuestión de privilegio

Sr. Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Pietragalla Corti, por Buenos Aires.

 

Sr. Pietragalla Corti.- Señor presidente: esta semana hubo una sentencia histórica respecto de la llamada Causa Ford. Se dictaron tres condenas, dos de ellas a responsables civiles: Pedro Müller, exgerente de Manufactura de Ford, fue condenado a diez años de prisión; Héctor Sibilla, ex jefe de Seguridad de la planta, a doce años, y Santiago Riveros –el único militar condenado en esta causa‑ a quince años.

          Se comprobó que los responsables civiles fueron partícipes necesarios en la desaparición de los trabajadores de la planta, ya que prestaron instalaciones y vehículos. Es decir, el caso es similar al del ingenio Ledesma.

          Planteo esta cuestión de privilegio, que está dirigida a las autoridades de la Cámara, porque, si bien hace más de dos años que se creó una comisión bicameral para investigar los delitos económicos de la dictadura y las responsabilidades civiles, aún no se conformó y no está funcionando.

          Esa comisión bicameral se creó y resulta necesaria para la historia de nuestro país y para la reparación de los que no están. Además, es necesario que esa comisión funcione para la reparación de los familiares y de los organismos de derechos humanos, que exigen justicia.  Sabemos que el 7 por ciento de los civiles condenados por delitos de lesa humanidad son empresarios que tuvieron responsabilidad directa en la dictadura.

          De manera que, para lograr una reparación completa e histórica, necesitamos que esa comisión bicameral funcione, y exigimos que el año que viene se pueda conformar. (Aplausos.)

 

 

                                                                                                          - 10 -       

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Llaryora, por Córdoba.

 

Sr. Llaryora.- Señor presidente: la cuestión de privilegio está dirigida contra el Poder Ejecutivo, es decir, contra el presidente Macri.

          Volvemos a plantear lo que sostuvimos en la sesión anterior. Nos parece que es indispensable, importante y urgente resolver la situación de Fabricaciones Militares.

          Fabricaciones Militares ha sido y es parte de la columna vertebral de la industria argentina. El general Savio estructuró y planificó esa empresa, y quienes somos del interior del interior sabemos que en cada lugar donde fue radicada surgieron complejos industriales que beneficiaron muchísimo a las comunidades.

          Yo hablo desde la tristeza, porque en San Francisco estuvo asentada Fabricaciones Militares, pero luego fue cerrada. Vivimos, entonces, primero el impacto de la alegría de contar con esa empresa, viendo cómo crecía nuestra industria, pero luego la tristeza de ver que su cierre nos costó muchísimos puestos de trabajo, debiendo pasar mucho tiempo para reestructurar las condiciones necesarias que permitieran el crecimiento de industrias similares.

          En el caso de Córdoba, hoy tenemos el problema en Villa María, que fue una de las primeras –sino, la primera- ubicaciones de esa empresa, iniciada por el general Savio, allá por 1942. De la misma manera, también en Río Tercero están sufriendo despidos y no saben si van a seguir existiendo esas fábricas, por lo que hay una gran incertidumbre.

          Recientemente el Senado se abocó a analizar este problema que nosotros estamos teniendo en Córdoba y que también se presenta en Santa Fe. Fue así como, en el marco de los acuerdos por las votaciones del presupuesto, se sancionó en esa Cámara un proyecto de ley. Entonces, no entendemos por qué en el temario de las sesiones extraordinarias no se incorporó esa iniciativa, que a nuestro juicio es indispensable porque plantea la reincorporación de los trabajadores cesanteados de Villa María y de Río Tercero y, por supuesto, dispone que se acaben los despidos y las cesantías en la empresa. También se prevé que se establezca una mesa a la cual se puedan sentar las autoridades, junto con representantes de las distintas comisiones del Congreso, para buscar alternativas de solución tendientes a defender a Fabricaciones Militares, en este caso en Villa María y Río Tercero.

          Por lo tanto, planteo esta cuestión de privilegio y solicito al señor presidente que, a través de su digno intermedio, gestione el tratamiento de un proyecto que consideramos esencial. Cientos de familias pasarán la Navidad y el Año Nuevo cesanteadas; cientos de familias pasarán estas fiestas con la incertidumbre de no saber si tendrán o no empleo. Es increíble que esto suceda hoy, cuando deberíamos estar tratando ese proyecto de ley.

 

 

                                                                                                          - 11 -       

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

 

Sr. Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada Alonso, por Buenos Aires.

 

Sra. Alonso.- Señor presidente: quiero presentar brevemente una cuestión de privilegio contra las autoridades de esta Cámara y, particularmente, contra usted.

          Hace más de un año –exactamente desde el 26 de abril del año pasado- que nuestro bloque tiene un diputado menos. La Cámara aprobó un desafuero sumamente injusto respecto del diputado nacional Julio De Vido, que no respetó ni el reglamento interno ni la Constitución Nacional, ya que al día de hoy sigue sin existir sobre el mencionado diputado una sentencia firme que justifique esta situación.

          Quiero decir que el diputado en cuestión sigue privado de su libertad desde hace más de un año. En cuanto a las causas que supuestamente generaron esta situación, una de ellas se cayó y la otra no registra ningún tipo de avance desde hace más de un año. Mientras tanto, hay una familia que va a pasar una segunda Navidad sin su esposo, sin su padre, sin su abuelo.

          Sabemos que la señora Alessandra Minnicelli le presentó a usted, señor presidente, una nota en la que pedía que esta Cámara trate esta situación con la urgencia y responsabilidad que amerita. También sabemos que esta Cámara le debe una respuesta a esta familia, a este bloque y al conjunto de la sociedad.

          Finalmente, queremos decir con mucho énfasis que este bloque no quiere una Navidad más con presos políticos. (Aplausos.)

 

 

                                                                                                          - 12 -       

cuestión de privilegio

Sr. Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Carro, por Córdoba.

 

Sr. Carro.- Señor presidente: la cuestión de privilegio está dirigida al diputado Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien me mira sorprendido, pero seguramente lo entenderá a continuación.

          Hace exactamente un año estábamos aquí citados para tratar la reforma previsional. Lo tengo presente porque esa fue mi primera sesión en la Cámara y porque fueron jornadas de muchas movilizaciones y represión. Asimismo, fue una jornada de despojo a los jubilados.

          También lo tengo presente porque muchos diputados cordobeses que se autoperciben como opositores votaron a favor del despojo a los jubilados.

          Según la versión taquigráfica de esa sesión, el miembro informante del oficialismo, diputado Amadeo, dijo: “Afirmo que a fines de 2018 las jubilaciones crecerán un 22 por ciento, o sea, un 5 por ciento más que la inflación proyectada.” Recordemos que estamos llegando al 50 por ciento.

          Pero dirijo la cuestión de privilegio contra el diputado Laspina –y quiero leer un fragmento muy breve de lo que dijo en esa oportunidad- porque todo nuestro bloque se sintió dañado por este tema. Él dijo lo siguiente: “Según nuestras proyecciones, esta fórmula va a explicar un crecimiento de aproximadamente 5 por ciento por encima de la inflación el próximo año…” –es decir, este año- “Para que sepan los jubilados que nos están viendo: les mienten cuando les dicen que les vamos a bajar la jubilación. No tengan miedo, eso no va a pasar. Es parte de una mentira. (Aplausos.)…” –creo que los aplausos fueron de la bancada oficialista- “Aquellos que mintieron…”

 

Sra. Camaño.- Señor presidente: no se puede cuestionar a un diputado por sus discursos ni por su voto.

 

Sr. Presidente (Monzó).- La diputada Camaño tiene razón. Sería un exceso utilizar esas expresiones para plantear una cuestión de privilegio.

 

Sr. Carro.- Lo que pasa es que en cuatro oportunidades…

 

Sr. Presidente (Monzó).- No importa, señor diputado. Usted no puede cuestionar a un diputado por un discurso anterior.

          La cuestión de privilegio no tiene sentido en este caso. Yo puedo hacer excepciones, pero usted no puede estar buscando en Diarios de Sesiones anteriores a ver qué es lo que dijeron los diputados y corroborarlo con la realidad.

 

Sr. Carro.- Tiene razón. Entonces, pido disculpas si es incorrecto. En verdad me sentí ofendido, porque cuatro veces dijo que mentíamos. (Aplausos.)

 

 

                                                                                                          - 13 -       

cuestión DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada Britez, por Misiones.

 

Sra. Britez.- Señor presidente: antes de plantear la cuestión de privilegio, quiero denunciar un hecho muy triste que está pasando en la ciudad de Eldorado, mi pueblo, sobre la cual no me puedo quedar callada.

          Se trata del despido de más de 170 trabajadores de la fábrica de zapatillas DAF, una de las más importantes que tiene esta ciudad y el norte del país. En estos tres años de gobierno de Mauricio Macri más de 550 trabajadores de esa empresa se han quedado sin empleo. Hacemos responsable directo al gobierno nacional, al presidente Mauricio Macri, a los representantes que tiene en mi pueblo ‑la ciudad de Eldorado‑, a los radicales y al PRO por las devastadoras consecuencias económicas y sociales que va a traer esto.

          La cuestión de privilegio va dirigida nuevamente al presidente Mauricio Macri, al secretario de Turismo, Gustavo Santos, y al secretario de Medio Ambiente, Sergio Bergman, por una situación que se está viviendo en la ciudad de Puerto Iguazú, específicamente en el Parque Nacional Iguazú, que ha generado la movilización de los vecinos y de toda la comunidad. Me refiero a la aggiornada intención de instalar villas turísticas dentro de las áreas protegidas y la reserva natural que tenemos el deber de preservar para futuras generaciones.

          Hablo como diputada misionera, no a título personal. Nosotros estamos trayendo a este recinto, a esta Casa, la preocupación de toda la comunidad del pueblo de Puerto Iguazú, por la incertidumbre que se está viviendo. La Fundación Amigos de los Parques, a través de su presidente, el señor Cacho Barrios, debe ser recibida y escuchada en este recinto, así como la han recibido nuestros pares en el Concejo Deliberante, de la mano de los concejales Lucio Schreiner y Juan José Raynoldi, donde se aprobó un proyecto declarando en estado de alerta a la ciudad de Puerto Iguazú.

          Digo esto porque el Parque Nacional Iguazú, que en 1984 fue declarado patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO, no ha sido creado para los oportunismos empresariales que estamos viviendo hoy en la Argentina y estas ambiciones desmedidas sin conciencia ambiental y sin tener en cuenta los desastres que se van a producir en el futuro.

          Nosotros estamos de acuerdo con las inversiones, por supuesto, pero las que promuevan el desarrollo de destinos turísticos dentro del ejido urbano, no en el parque nacional.

          También quiero aclarar que estos funcionarios nacionales han venido a querer dar explicaciones, pero les quiero decir que no les tomen el pelo a los misioneros, porque quisieron relativizar y minimizar el daño ambiental, diciendo: “Son solo 10 hectáreas, ¿qué son 10 hectáreas sobre 65.000 que tiene el parque nacional? Vamos a hacer dos hosterías y un glamping”. ¿Qué es un glamping? Es un campamento de lujo. “¿Qué son tres proyectos de 3 hectáreas y media solamente?” Y manifestaron esto sin conocer que ya en este momento la superficie del Parque Nacional Iguazú es escasa para la supervivencia de todas las especies.

          Entonces, así como les gusta mirar a otros países para tomarlos como ejemplo, les digo que miren a nuestro país hermano de Brasil, donde de su lado la superficie del parque es casi tres veces mayor a la que tiene el Parque Nacional Iguazú, pero el espacio para servicios destinados a los turistas es mucho menor.

          Entonces, hacemos pública la denuncia del pueblo de Puerto Iguazú, de la Fundación Amigos del Parque, y decimos que los parques nacionales, las áreas protegidas, no se negocian ni se venden, se defienden. (Aplausos.)

 

 

                                                                                                          - 14 -       

cuestión DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Basterra, por Formosa.

 

Sr. Basterra.- Señor presidente: cuando iniciamos esta sesión, el presidente de nuestro bloque, el diputado Agustín Rossi, hizo mención a la importancia de tratar otros temas dentro del período de sesiones extraordinarias. Ese es el fundamento de la cuestión de privilegio que planteo contra el titular del Poder Ejecutivo, el presidente Macri, que es quien debe proponer el temario a ser tratado dentro de nuestra Casa en sesiones extraordinarias.

          Lo concreto es que hubo una urgencia injustificada cuando se emitió el decreto para terminar con el fondo sojero. Ese decreto de necesidad y urgencia no tenía urgencia y probablemente la necesidad estaba acotada al pago de los intereses de la deuda externa. Fue tratado en la comisión bicameral, que emitió dictámenes de mayoría y minoría respecto del expediente 5.705-D.-2018, que obra en Secretaría.

          Atento a la responsabilidad que le cabe a este cuerpo de tratar con urgencia, rapidez y diligencia los decretos de necesidad y urgencia planteamos esta cuestión de privilegio porque el tema no ha sido incorporado dentro del llamado a sesiones extraordinarias.

          Como dijo nuestro presidente de bloque, nosotros estamos dispuestos a trabajar el tiempo que sea necesario, y hemos demostrado que venimos cuando hay que venir. Entendemos que antes del inicio del próximo año se debe tratar este tema en el recinto, ya que los ingresos del fondo sojero se destinan a más de dos mil municipios y a todo el conjunto de las provincias argentinas.

          Por este motivo, además de la cuestión de privilegio, hoy hemos presentado una nota para que usted, señor presidente, tramite ante el Poder Ejecutivo la inclusión de este tema en el llamado a sesiones extraordinarias, como ocurrió con la denominada Ley Micaela, que vamos a discutir hoy. Para nosotros es de absoluta relevancia, dado que este Fondo Federal Solidario, que llegaba a todos los municipios, requiere de una posición de este Congreso.

          Además de la cuestión de privilegio, entonces, pido al señor presidente sus buenos oficios para que el tema sea incluido en sesiones extraordinarias. (Aplausos.)

 

 

                                                                                                          - 15 -       

cuestión de privilegio

 

Sr. Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Iglesias, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Iglesias.- Señor presidente: detesto las cuestiones de privilegio, que son antipáticas desde el nombre, pero no me parece justo dejar pasar por alto las afirmaciones de la diputada Del Plá.

          Me parece vergonzoso que, en la sede de la democracia argentina, donde estamos los representantes del pueblo, se reivindique de alguna manera lo que fue la interrupción de un gobierno democrático. Haya sido bueno, malo, pésimo, horrible, el gobierno del doctor de la Rúa fue elegido democráticamente, y en su derrocamiento hubo una mano negra muy clara.

          Yo me he dedicado a recoger las afirmaciones al respecto en varios libros y artículos, inclusive de personas que forman parte del Frente para la Victoria, por ejemplo, la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner o el señor D’Elía, que describe con profusión de datos cómo fue que la policía bonaerense liberó zonas para que fueran saqueadas, con la complicidad de funcionarios con la excusa de que no tenía que haber violencia.

          A la diputada Del Plá, que seguramente le gusta la cuestión clasista, le aviso que todos los saqueos fueron sobre pequeños mercados. No hubo ni un solo saqueo a ninguna de las grandes cadenas de supermercados. Todos fueron contra los coreanos y chinos de barrio. Llamar a eso Argentinazo me parece una vergüenza. (Manifestaciones en las bancas.)

          La reivindicación de la violación de la ley y de la violencia no debería formar parte de lo que los diputados discutimos en esta Cámara. (Aplausos.)

          Este país se empezó a joder –perdón por la palabra- cuando en 1930 el partido militar entendió que quien tuviera el control de la calle tenía el poder de decisión sobre la duración de los mandatos constitucionales. (Manifestaciones en las bancas.)

          Señor presidente: solicito llame al orden a los señores diputados.

          Sentate, Pietragalla, ya te conocemos.

          En un país democrático, es la Constitución y la ley las que establecen la duración de los mandatos. Sin embargo, desde 1928, no ha habido un solo gobierno civil no peronista que haya terminado su mandato.

          Repudio con toda mi alma los golpes del 55 y del 76, que se dieron contra el peronismo y que me parecen los más graves de la historia, pero no por eso me olvido de los que se dieron contra los presidentes no peronistas, como Frondizi, Illia, Alfonsín y de la Rúa. (Aplausos.)

          Soy un orgulloso miembro del gobierno y de la alianza política Cambiemos, que el año próximo será el primero en terminar el mandato de un gobierno civil no peronista.

          En 2019, señora diputada, habrá elecciones y los argentinos libremente decidiremos quién queremos que nos gobierne. Y el actual gobierno entregará su mandato ‑bastón de mando incluido, si corresponde- a sí mismo o al presidente de otro partido elegido por los argentinos. Ese, señora diputada, es el Argentinazo que todos queremos. (Aplausos.)

 

                                                                                                          - 16 -       

cuestión de privilegio

 

Sr. Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada Soria, por Río Negro.

 

Sra. Soria.- Señor presidente: me llama la atención que no llame al orden al señor diputado preopinante. Digo esto porque los legisladores que hacen uso de la palabra tienen que dirigirse a la Presidencia, no a los diputados. Podría proponer un poco de cordura dentro del recinto.

          La cuestión de privilegio que deseo plantear es contra el presidente Mauricio Macri y su ministro de Transporte por las resoluciones 1085 y 1086 publicadas la semana pasada.

          Este bloque se opuso férreamente a la eliminación de los subsidios al transporte público de pasajeros en nuestras provincias, establecida desde el gobierno nacional. Advertimos que las municipalidades no tenían suficientes recursos para hacerse cargo de esa erogación. Señalamos que, en la mayoría de los casos, serían los pasajeros los que verían una vez más incrementados sus gastos hasta más del doble de lo que pagan ahora. Esa es la otra cara del tarifazo.

          Cuando el gobierno propuso un fondo de 6.500 millones de pesos para compensar a las provincias y a los municipios, dijimos que era un placebo, que no iba a alcanzar, que eran migajas. Porque la realidad es que se necesitan, por lo menos, 42.000 millones de pesos para compensar el transporte público en todo el país.

          Como si eso no fuera suficiente para la angustiante situación de los usuarios, el gobernador de mi provincia, Weretilneck, socio número uno de Mauricio Macri, fiel admirador y aprendiz de las políticas de ajuste y de recorte, dijo que la provincia no se haría cargo, no pondría el dinero comprometido y envió a los intendentes a negociar directamente con las empresas de transporte, como si fuera un mero espectador y estuviera viendo una serie en el living de su casa.

          Ahora está negociando en qué localidad se implementará el ajuste y en cuál no. Así, en la Argentina pasaremos a tener vecinos de primera y de segunda.

          El transporte público de pasajeros es un derecho fundamental, que se desprende del derecho de circulación contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional. Es un gran medio para el efectivo cumplimiento de otros derechos, como el derecho a trabajar, a la educación, a la salud y al esparcimiento.

          Por eso insisto con que es un derecho fundamental, que hoy está siendo menoscabado. Hay una amenaza latente en el presupuesto para 2019. Esos 6.500 millones no alcanzan. La gente no podrá pagar su boleto para ir a trabajar, a estudiar o hacerse atender en el hospital.

          Ustedes conocen las distancias de la Patagonia y sus bajas temperaturas. No será posible hacer frente al costo de ese boleto sin el subsidio al transporte.

          En este contexto, el Ministerio de Transporte publica estas dos resoluciones -1085 y 1086-, que pretenden explicar, aportando más oscuridad que claridad, cómo se distribuirán esos 6.500 millones de pesos. En este recinto pedimos que el mecanismo de distribución se estableciera por ley. Sin embargo, el Ministerio de Transporte decidió unilateralmente a quién le toca y a quién no, para sorpresa de todos los vecinos de mi provincia y de otras ‑las del norte, por ejemplo‑, que también se verán afectadas como la mía.

          Una buena parte de ese fondo se dará a los municipios, siempre y cuando las provincias aporten un porcentaje. Nuestro bloque advirtió que eso es una aspirineta para un infarto masivo. No alcanzará.

          Este es el último mes que se paga el subsidio al transporte. Lamento muchísimo que no vean lo que está sucediendo en la calle.

          El transporte público es un derecho fundamental. Lamentablemente, una vez más estamos violentando la Constitución Nacional. (Aplausos.)

 

 

                                                                                                          - 17 -       

cuestión de privilegio

Sr. Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Selva, por Buenos Aires.

 

Sr. Selva.- Señor presidente: quiero hacer referencia a un proyecto que no fue tratado por la Comisión de Transportes, que hace referencia a los horarios pico de los peajes, una trampa que se utilizó y, con la concomitancia del gobierno nacional, se pasó de dos horas vespertinas y dos horas matutinas a ocho horas por día. Pareciera que este Congreso no midió el impacto que esto tiene sobre el quehacer diario de cada uno de los trabajadores de la Argentina que debe transitar por las rutas.

          Actualmente, de las horas de la jornada laboral, que podrían estimarse en doce, ocho se consideran hora pico.

          En este sentido, quiero hacer referencia específicamente a lo que sucede en el corredor de la ruta nacional número 5, considerada por el gobierno nacional como la obra vial más importante. Los que vivimos en el Oeste aplaudimos la eliminación de la rotonda y la construcción del puente de Luján; con eso estamos totalmente de acuerdo.

          La autopista Mercedes-Luján abarca 33 kilómetros. Se empezó a construir en 1991. Mejor dicho, en 1991 se pusieron las cabinas de peaje. Los mercedinos y todo el oeste pagábamos 3,60 dólares, después 3,30, 2,80, 2,70, 2,30, 2,10 dólares, hasta el momento en que se terminó la concesión.

          Quien les habla recién había sido electo intendente en septiembre de 2003, y en octubre de ese año se terminaba la concesión. Junto con todos los vecinos de Mercedes cortamos la ruta en cinco oportunidades por el atropello que habíamos recibido, y logramos un acuerdo firmado por el OCCOVI, que en ese momento era un ente autárquico -no pertenecía a Vialidad, como sucede actualmente-, donde se reconocía a los mercedinos la posibilidad de pasar por la ruta nacional número 5, a la altura del corredor de Olivera, sin pagar peaje.

          Hacía quince años que veníamos pagando peaje sin tener un solo beneficio, con un promedio de muerte muy importante, lamentablemente, en esos 30 kilómetros. El hecho es que los mercedinos veníamos pagando 25 centavos, y como para la empresa resultaba hasta oneroso emitir un ticket por ese valor, desde hace seis años –producto de ese mismo acuerdo- podíamos pasar por las cabinas sin pagar peaje, hasta que se terminara la autopista

          Hace poco tiempo, dentro de los anuncios de los PPP, una nueva empresa se hizo cargo de la concesión de la autopista. Esta firma, sin ningún tipo de aviso previo subió el 66 por ciento el costo del peaje y, partir del día de ayer, eliminó el beneficio para todos los mercedinos. Por este motivo hablamos de la desprotección y de la falta de contacto entre el OCCOVI original con los municipios. Toda la zona oeste se ha visto perjudicada con este aumento, pero los mercedinos, además, han perdido su beneficio.

          La cuestión de privilegio está dirigida a Vialidad Nacional para que, a través del OCCOVI, interfiera ante esta situación. Como la autopista no está terminada, nadie de la zona oeste tiene una vía alternativa. Dada la relación institucional y comercial que tenemos los mercedinos con Luján utilizamos diariamente la autopista mencionada y ahora no tenemos ningún tipo de beneficio ni de ruta alternativa.

          Por lo tanto, la cuestión de privilegio, insisto, está dirigida a Vialidad Nacional para que, a través del OCCOVI, interponga un recurso a fin de que no se cambie el statu quo y se mantenga el beneficio que teníamos los mercedinos en el peaje de Olivera.

 

                                                                                                                                                                            - 18 -  

cuestión de privilegio

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Leavy, por Salta.

 

Sr. Leavy.- Señor presidente: a través de esta cuestión de privilegio quiero resaltar lo que está pasando en el Norte argentino.

          Quiero indicar a quienes no lo saben que la cuenca petrolera y gasífera del Noroeste, que dio mucho calor y energía a los argentinos desde la década infame en que se privatizó YPF, ha estado en declive y muchas personas quedaron sin trabajo. Esa cuenca llegó a producir 33 millones de metros cúbicos diarios de gas. Entre los años 2003 y 2005 la producción bajó a 23 millones de metros cúbicos de gas y no hubo ningún tipo de reinversión.

          Las actividades de gas y petróleo ocupaban 3.500 personas, de las que actualmente solo quedan 800, y 480 están ocupadas en una empresa privada: Refinor, Refinería de Gas del Norte. El sindicato de petroleros hoy convocó a un paro general porque el secretario de Energía, el señor Iguacel, acaba de anunciar que dejaremos de comprar gas a Bolivia.

          Hablamos de un gas que ingresa enriquecido a la Argentina, donde la planta de Refinor le saca todos los gases ricos, como el propano, el butano y el GLP. De este modo, la zona del NOA, Misiones, Formosa, Corrientes y Entre Ríos se quedarán sin el mayor proveedor de gas. Tengamos en cuenta que es una región en la que todavía no se hizo el gasoducto NOA-NEA, que es un proyecto que se pensó para reactivar nuestros pozos petroleros, ya que con el aporte del gas boliviano se podría llevar la red de gas domiciliario a los pueblos olvidados del Norte argentino.

          El gasoducto, al igual que las obras del ferrocarril, se frenó. Con esta decisión y políticas de exclusión están hundiendo a una zona que siempre fue floreciente. Este gobierno neoliberal es similar al de la década infame, que dejó a muchos argentinos sin trabajo.

          Creo que esta resolución debe ser reconsiderada porque seguramente traerá aparejadas consecuencias muy graves para el NEA, una zona sin gas domiciliario que se nutre de esta refinería, cuya central está en Tucumán. También deberíamos pensar en la reactivación de toda la región. En la Argentina no solo hay energía en Vaca Muerta; la cuenca del NEA tiene mucho potencial. El gas que estamos importando se produce en la misma cuenca de la zona de Los Monos y otras bases que hoy producen ese producto.

          Solicitamos que la Presidencia de la Cámara le haga llegar al presidente de la Nación y a todos los organismos vinculados con el área de Energía una solicitud para que revean esta situación, porque hay un contrato con Bolivia para seguir importando ese gas, lo que le da trabajo a los más de 480 empleados que hoy tiene la firma Refinor.

          También debemos pensar en reactivar esa zona, que ha sido muy floreciente con YPF, que dio y dejó los mejores empleados que puede tener el sector. Hoy en la Universidad Nacional de Salta, sede Tartagal, se dicta la carrera de Ingeniería en Perforación, donde estudian muchos jóvenes de Latinoamérica porque cuenta con los mejores profesores. En la zona Norte se perfora a cinco mil metros de profundidad con pozos verticales. Creo que es un despropósito lo que se está haciendo con todos los empleados que viven en el Norte.

          Nos prometieron un trabajo genuino y de calidad, pero nos dan desempleo y planes de 6.000 pesos sin contraprestación.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Todas las cuestiones de privilegio planteadas pasan a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

 

                                                                                                                                                                            - 19 -  

manifestaciones

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Me informan que la diputada Tundis presentará una moción de apartamiento del reglamento.

          La Presidencia sugiere a la señora diputada que plantee el apartamiento del reglamento en el momento en que tengamos quórum, para luego poder considerar el proyecto de resolución sobre el que se está buscando algún grado de consenso en este momento.

          Tiene la palabra la señora diputada Tundis, por Buenos Aires.

 

Sra. Tundis.- Señor presidente: agradezco su comentario, porque entiendo que los diputados se han tomado el horario de refrigerio y es necesario votar el apartamiento del reglamento en forma nominal.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  La Presidencia entiende que es conveniente esperar hasta contar con quórum para solicitar el apartamiento del reglamento.

          Tiene la palabra el señor el señor diputado Carmona, por Mendoza.

 

Sr. Carmona.- Señor presidente: hemos alcanzado una propuesta de consenso respecto de la resolución que se propuso en relación con los dichos del embajador argentino en el Reino Unido. Si fuera posible, y tal como se ha mocionado, solicito que ponga en consideración el proyecto antes de comenzar con el tratamiento de los asuntos previstos para esta sesión.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Me informan desde Secretaría que no cuentan con el proyecto. Además, en este momento no hay número para votar.

         

Sr. Carmona.- Señor presidente: si lo desea, le acerco el texto del proyecto.

 

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia sugiere esperar hasta el momento en que contemos con quórum para votar el apartamiento del reglamento.

 

Sr. Carmona.­- Estoy de acuerdo, señor presidente.

 

                                                                                                                                                                            - 20 -  

Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos

 

 

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los dictámenes de mayoría y de minoría de las comisiones de Legislación Penal y de Deportes ‑Orden del Día N° 984‑ recaídos en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se crea un Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos (expediente 7-P.E.-2018).

 

 


ORDEN DEL DÍA N° 984


Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.

          Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy, como miembro informante del dictamen de mayoría.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración en relación con el proyecto en consideración. Luego del dictamen se han consensuado una serie de modificaciones a la iniciativa durante el transcurso de esta semana. El texto definitivo fue circulado a los legisladores e, incluso, a la Secretaría Parlamentaria. Por tanto, trabajaremos sobre el texto enviado en el día de ayer.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  De acuerdo a lo manifestado por la miembro informante y como los bloques cuentan con el texto consensuado, la Presidencia solicita trabajar sobre esa propuesta y que las modificaciones que se propongan se referencien a ella.


AQUÍ PROYECTO DE LEY CONSENSUADO

 

         


Sr. Presidente (Monzó).- Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, sobre el que vamos a trabajar e intentaremos sancionar, tuvo numerosos cambios gracias a la participación de los distintos bloques que hicieron sus aportes. Sin lugar a duda, esto enriqueció notoriamente la propuesta en tratamiento.

          Hubo un acercamiento y una apropiación de la iniciativa. Esto, nobleza obliga, se lo debo agradecer a la mayoría de los bloques. En este sentido, agradezco particularmente al presidente de la Comisión de Deportes, con quien trabajamos en forma conjunta, pero también a diputados de diferentes bloques, como Grana, Castagneto, Pitiot, Massetani, Vallone –que me acercó algunos cambios‑, Bianchi y Kossiner.

 

          Por su parte, debo reconocer que esto no es una novedad. El proyecto original se presentó en el Senado en 2016. Lamentablemente, por cuestiones que uno no entiende, no se trabajó correctamente.

          Escuché decir que esta iniciativa surgía como consecuencia del partido que no se pudo concretar entre Boca y River y de las lamentables imágenes que la mayoría de los argentinos y argentinas apreciamos. Los legisladores nos nutrimos de lo que pasa en la sociedad, y eso no es una novedad. No creamos cosas; vemos lo que pasa, qué falta, observamos las necesidades y tratamos de legislar para avanzar, sobre todo cuando se produce un daño. En este caso, no solo hubo un daño material, sino también un daño en la sociedad.

          No se pudo hacer en nuestro país, en nuestra jurisdicción, un partido de fútbol entre dos equipos preponderantes; debimos realizarlo en otro continente, y vimos con cierta envidia cómo los asistentes y los hinchas de cada uno de los equipos pudieron disfrutar del espectáculo futbolístico sin ningún hecho de violencia, ninguna valla, ningún alambre. A eso aspiramos en nuestro país.

          Creo que algunas organizaciones o algún grupo de violentos fueron cercenando los espacios ocupados por la sociedad, por las familias que disfrutaban de los clubes de fútbol. Por eso, tenemos la obligación de empezar a hablar de esos temas. Lo que pasa no es una novedad.

          Creo que los clubes deben recuperar la esencia real que forma parte de su naturaleza: ser espacios de contención social, de encuentro, de unión familiar, de disfrute de las experiencias que allí se vivan, sin que se introduzcan organizaciones delictivas que entorpezcan su normal funcionamiento.

          Dicho esto, debo aclarar que este proyecto ─tal como dije antes─ ha sido modificado sustancialmente. Hemos recibido aportes principalmente relacionados con medidas preventivas. Muchos de esos aportes ─que no estaban en el proyecto enviado por el Ejecutivo y que hemos incorporado─ los realizó el Frente para la Victoria, a través de la propuesta del diputado Scioli.

          Hemos incorporado esos aportes porque consideramos que, más allá de las sanciones punitivas que planteaba el proyecto del Ejecutivo, era necesario introducir medidas preventivas, que comprenden –entre otras cosas- la creación de la Base Unificada de Datos y Antecedentes Relativos a Eventos Futbolísticos, en la que quedarán registradas las personas imputadas y procesadas, de modo que, a través de una permanente comunicación con el Ministerio de Seguridad, se pueda prohibir el ingreso de quienes tuvieran algún impedimento de tipo administrativo.

          Lo que buscamos es que las personas violentas que no disfrutan del espectáculo deportivo no impidan que la mayoría de los argentinos y argentinas puedan ver un espectáculo deportivo.

          Esa es la decisión política de este gobierno, que ha sido acompañada por la mayoría de las bancadas de este Congreso, lo que indica que, en cierto modo, entendemos lo que pasa en la sociedad.

-   Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Pablo Gabriel Tonelli.

 

Sra. Burgos.- También apuntamos a una política criminal que incorpore algunas contravenciones, que ─debido al daño que producen en la sociedad─ hoy adquieren la calidad de delitos. Algunos consideran que ya existen como contravenciones y que no es necesario modificarlas.

          Señor presidente: nosotros tenemos la facultad constitucional de elevar a la categoría de delito algunas contravenciones, ya que consideramos que el daño que se produce es altamente gravoso. No estamos haciendo algo que no nos corresponda.

          Dentro de esas medidas, se le asignan al Consejo Federal de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos ─ya creado─ otras funciones, quizás más específicas, y se establece una estrecha relación de dicho Consejo con el Ministerio de Seguridad, que en definitiva es el que interviene directamente.

          Muchos de los artículos de este proyecto, sobre todo el artículo 5°, incluyen tipos penales que, vinculados con espectáculos futbolísticos, van a tener un agravante. Además, se incorporan nuevos tipos penales, como la falsificación de entradas; si bien ya puede estar tipificada en el Código Penal como estafa o falsificación, creemos necesario darle una especificidad particular cuando se trate de una falsificación de entradas a espectáculos deportivos.

          El tema de las armas tampoco es una novedad, dado que ya está contemplado en nuestro marco normativo, pero consideramos que cuando el uso de las armas se vincula con espectáculos futbolísticos debe tener un agravante.

          Mantuvimos un equilibrio coherente dentro de nuestro sistema penal. Si bien muchas de las figuras ya están establecidas en el Código Penal, dada la especificidad de esta problemática, es necesario aumentar las penas. Entonces, ponemos la figura típica y luego legislamos según la gravedad. En cuanto a las armas, por ejemplo, no todas tienen la misma peligrosidad o provocan la misma intimidación hacia terceras personas, por lo que se van aumentando las escalas penales. No es lo mismo una bengala que un arma de fuego o un elemento explosivo; de allí justamente que hagamos esa diferenciación.

          Se introduce también la figura del arrepentido, que fue muy cuestionada a partir de que este Congreso la sancionó y la introdujo dentro de nuestro sistema normativo, y que tuvo resultados altamente positivos para la Justicia y para la sociedad.

          ¿Por qué introdujimos la figura del arrepentido en este proyecto de ley? Básicamente, porque consideramos que dentro del espectáculo deportivo y de los agentes o sujetos que intervienen en él, existen bandas delictivas que se aprovechan de eso. Así, con corrupción, con tráfico de influencia y con beneficios que nada tienen que ver con los clubes de fútbol, esas bandas ensucian el espectáculo. Lo que queremos es desarticular y desarmar a esas organizaciones delictivas. Por eso se introduce la figura del arrepentido.

          Otra figura que se incluyó es la del juicio abreviado. Dentro de nuestra legislación, el funcionamiento del juicio abreviado tiene resultados positivos y queremos especificarlo, justamente, para este tipo de hechos. No queremos más puertas giratorias para aquellos violentos que entorpecen el normal funcionamiento de un espectáculo de fútbol, y esto se complementa con otras leyes que están vigentes.

          Lamentablemente, lo que pasó hace tres semanas nos marcó y nos impulsó a tratar este proyecto de ley, en el que hoy estamos trabajando todos juntos para finalmente dar una respuesta.

          En ese sentido, pido disculpas porque hasta ayer estuvimos incorporando modificaciones que muy generosamente los legisladores han aceptado. Algunos de ellos quizás planteen algunas críticas cuando hagan uso de la palabra, pero eso no quita que este proyecto es producto del trabajo en conjunto. Lo importante es que, más allá de las diferencias que podamos tener en algunos puntos, la idea central ha sido plasmada en este proyecto.

          Personalmente, invito a los clubes para que también formen parte de esta nueva visión que queremos construir con respecto a los espectáculos futbolísticos.

          El partido se jugó en Madrid, que es una jurisdicción extraña a la nuestra, incluso de otro continente, debido a la situación de violencia que marcó a la Argentina y por la que, lamentablemente, vamos a ser recordados como el país que no pudo llevar adelante un partido de fútbol por un grupo de inadaptados y de violentos que no entienden que el fútbol es un deporte y un espectáculo que debe ser gozado por todos. En los momentos previos a su desenvolvimiento, escuchaba a algunos dirigentes que decían que los clubes le pidieron colaboración al Estado para que juntos pudieran erradicar la violencia del fútbol. 

          Nosotros somos los que vamos a dar ese paso como cuerpo legislativo. El Estado va a intervenir, al igual que nosotros, y solicitamos que los clubes también se sumen. Los clubes son responsables de muchas cosas. Tal vez no directamente, pero en algunas ocasiones lo son indirectamente, porque tienen que tener un mayor control de lo que pasa en sus instalaciones. Los clubes, lamentablemente, a veces facilitan el ingreso de personas que tienen ciertas prohibiciones legales para entrar a las canchas de fútbol y a los espectáculos futbolísticos.

          Es altamente llamativo que muchas personas prófugas de la Justicia hayan sido encontradas en canchas de fútbol.

          Días pasados el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dio un informe sobre la cantidad de personas prófugas de la Justicia que habían sido detenidas, justamente, porque iban a ver estos encuentros futbolísticos. No tengo los números conmigo, pero me dicen que son 519.

          Ese informe también dice que la Argentina es uno de los países de Latinoamérica con mayor anomia, lo cual habla muy mal de nosotros. Sin embargo, somos uno de los países que más normativa tiene. Esto es contraproducente porque tenemos que tipificar cada vez más las conductas, muchas de las cuales no tendrían que estar tipificadas porque forman parte de una conducta normal que deberíamos tener como ciudadanos.

          ¿La norma soluciona todo? No; es un paso más, es un elemento más, es una herramienta más, es un escalón más para seguir trabajando.

          Quizás esto tenga que ver con la reformulación de lo que somos como argentinos, que es algo que también nos conmovió. Personalmente, me impactó mucho ver que no podíamos organizar el partido en la Argentina. Por eso propiciamos la sanción de este proyecto de ley, que nos va a proveer de mayor credibilidad y de mayor firmeza para decir que no queremos ciertas conductas en los espectáculos deportivos. Por eso algunas conductas van a estar sancionadas con severidad cuando se realicen en ocasión de un espectáculo futbolístico.

          Tenemos una ley de espectáculos deportivos y la sanción de este proyecto no implica la derogación de esa norma. Lo que queremos dejar en claro es que con respecto al deporte más popular que tiene la República Argentina, que es el fútbol, aspiramos a sancionar una norma específica sobre todas aquellas acciones o delitos que se cometen en ocasión o en vinculación con el fútbol.

          Nuestra responsabilidad es dar esas herramientas a la Justicia para que pueda accionar, tratando de disminuir en lo posible este tipo de conductas, para que el fútbol vuelva a ser una manifestación cultural y una expresión de deporte, entretenimiento y diversión, que es algo que perdimos en este último tiempo. 

          Creo que podemos hacerlo, y se lo digo sinceramente a todos los legisladores. Estamos a punto de hacerlo. Creo que el Senado nos tiene que acompañar en este proyecto de ley luego de que lo aprobemos, ya que estoy convencida de que lo vamos a aprobar. Esta no es una chicana. Lo digo sinceramente, porque he recibido –reitero‑ la colaboración de todos. De los veintinueve artículos, que eran los primeros, a los cuarenta y cinco, que son los que contiene este proyecto, se evidencia con números reales que hemos avanzado en la construcción de esta normativa.

          Cuando pasemos al tratamiento en particular voy a leer algunas modificaciones que tienen que ver con la redacción, porque quizás en el tipeo se cometieron errores o se agregaron algunas cosas que no cambian sustancialmente el texto que presentamos en el día de ayer, que es el que en este momento está en consideración.

          Simplemente, quiero agradecer con la esperanza y la convicción de que estamos haciendo un buen trabajo y de que podemos convertir en ley algo que nos está pidiendo la sociedad.

          Esta norma no está destinada a los violentos. Tipificamos las conductas y agravamos las penas, pero esta ley es para la sociedad en general, que quiere disfrutar sanamente y sin violencia de un partido de fútbol, para evitar que esos violentos vayan cercenando y cooptando esos espacios que queremos recuperar.

          Vuelvo a decir que esto no va a cambiar definitivamente todo, sino que es una herramienta y un escalón más en la construcción de una sociedad libre de violencia. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Baldassi, por Córdoba.

 

Sr. Baldassi.- Señor presidente: la señora diputada Burgos explicó muy bien lo que significa este proyecto de ley.

          Creo que erradicar a los violentos puede ser una gran oportunidad para que la gran mayoría de la sociedad pueda avanzar en la recuperación de los espacios sociales comunes que fueron liberados o los fuimos dejando librados a la contaminación de los violentos y de los delincuentes.

          El fútbol en nuestro país es, sin duda, el evento público masivo de mayor convocatoria. Uno que ha estado muy cerca y que ha convivido con la masa del fútbol lo sabe. El amor por el club, la pasión por la camiseta, por el equipo y la adrenalina propia que genera este tipo de espectáculos deportivos pareciera constituir un campo fértil para quienes, lejos de cualquier exteriorización emocional, ven este espacio como un ámbito marginal, que muchas veces impone códigos propios, está al margen de la ley y, por ende, está contrapuesto con cualquier norma de convivencia social.

          Avanzar sobre la violencia en el fútbol no implica desconocer que existe; es algo que afecta a una parte de la sociedad y eso implica decididamente un paso adelante, y creo que esto es lo que hemos hecho en este Congreso.

          La diputada preopinante hablaba del consenso que se logró, de los artículos que en un principio tenía este proyecto de ley y de los que se fueron agregando, lo que muestra el consenso que hay y que queremos empezar a dar el puntapié inicial para erradicar la violencia.

          Avanzar sobre los delincuentes y los violentos requiere acotar sus espacios, prevenir sus acciones y someterlos a la Justicia, para que paguen el daño que ocasionan con la pena que corresponda.

          Por eso creo que la mayoría de los que estamos acá puede desarrollar su propia teoría sobre esto, partiendo de la connivencia de la política hasta la protección de los dirigentes, pero no hay más margen para esto. Por eso creo que, como en cualquier otro delito, los que hacen los daños tienen que pagar y lo tienen que hacer con el rigor de la ley. Siempre digo que se tienen que hacer cargo los que se acostumbraron a vivir del daño que ocasionan al otro y también quienes protegen a los violentos, creyendo que protegiéndolos van a construir poder.

          Así es que creo que es bueno destacar algunos aspectos centrales del proyecto de ley como, por ejemplo, convertir en delitos ciertas conductas que actualmente se consideraban faltas o contravenciones; dotar de herramientas a la Justicia para que pueda terminar con la puerta giratoria y los delincuentes no recuperen la libertad de inmediato; la incorporación de la figura del arrepentido, para llegar así al núcleo central y a los denominados jefes de las barrabravas y que haya tolerancia cero para los clubes y para los dirigentes que colaboren con este tipo de agrupaciones violentas.

          También quiero destacar la colaboración de otros partidos que hicieron el aporte necesario y que han enriquecido este proyecto como, por ejemplo, con la creación de una base de datos y de antecedentes, con el funcionamiento de un Consejo Federal de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos para trabajar en políticas de prevención y optimizar así la seguridad en el deporte; con la inclusión de la figura de enriquecimiento ilícito de los dirigentes que no puedan justificar su patrimonio hasta dos años después de haber cesado en su cargo.

          Por eso, lo acontecido en ese River-Boca de la copa Libertadores ‑que fue muy lastimoso para los que estamos y venimos del fútbol, porque nos ridiculizó frente a un mundo ávido de ver el talento, la pasión y la adrenalina que se viven en el fútbol argentino‑ fue un punto de inflexión y me parece que no se puede permitir más un solo hecho de ese tipo.

          Ese día creo que en la cancha de River no había sesenta mil violentos dispuestos a bajar el pulgar para que muera algún gladiador, sino que eran unos pocos los que hicieron imposible que el mundo pueda ver un partido tan esperado y donde la irracionalidad le ganó a la pasión.

          Por último, quiero terminar expresando mi apoyo hacia este proyecto de ley convencido de que es un gran avance para recuperar el protagonismo de las familias, como decía recién la diputada preopinante, que cada uno pueda volver con sus familias a la cancha, lo que me parece importante,  y que de una vez por todas podamos disfrutar en paz de este hermoso deporte que forma parte de la idiosincrasia de nuestro país. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Quetglas, por Buenos Aires.

 

Sr. Quetglas.- Señor presidente: el Ejecutivo nos ha remitido este régimen penal y contravencional para su tratamiento. El supuesto detrás de la iniciativa es la insuficiencia de herramientas para garantizar el cuidado a los ciudadanos en los espectáculos futbolísticos.

          En ese sentido, se propone incrementar las penas y generar tipos penales nuevos, como resultado de una observación sobre el modo de proceder de estos grupos violentos; una observación que, sobre todo, hacen los agentes que trabajan en el terreno.

          Hasta allí las cosas. Voy a acompañar esta iniciativa y valoro que mayoritariamente el Congreso haya perfeccionado el proyecto a sancionar de una manera colaborativa. Del mismo modo que creo necesario y oportuno brindarle al Ejecutivo esta herramienta, con idéntica convicción creo que las condiciones para que pueda funcionar bien son insuficientes.

          En políticas públicas corresponde intentar analizar sin sesgos y no es ocioso repetirlo: la violencia en el fútbol es más que un problema penal. Si hasta hoy, con políticas públicas recurrentes los resultados son los que son, nos corresponde intentar ampliar nuestra visión. Contrariando aquella célebre frase atribuida a Einstein, estamos repitiendo una y otra vez buscando resultados distintos.

          Las organizaciones criminales denominadas barrabravas hace mucho que tienen poco que ver con el fútbol. Desarrollan sus negocios extorsivos en ese contexto, pero podrían hacerlo en cualquier otro que les garantice influencia y rentabilidad. Lo peor es que su accionar, dilatado en el tiempo, crecientemente eficaz y diversificado, ha generado un sinnúmero de marcas culturales que nos exceden y que se han instalado en el mundo del fútbol.

          Los hinchas comunes padecen a los barrabravas, pero es innegable que la cultura barrabrava ha ido extendiendo sus prácticas y generando una escenificación que facilita o posibilita la acción de aquellos. Xenofobia, homofobia, cultura del riesgo, ritos iniciáticos, zonas de exclusividad, amedrentamiento y monopolios forzados dentro y fuera de los estadios constituyen el paisaje cotidiano de los partidos. Esto es posible no solo por sus modos crueles y su capacidad organizativa, sino porque sobre todo han tejido una red difusa de beneficiarios múltiples que tiende a hacer estéril todo esfuerzo por desmantelarla.

          Los barrabravas son un fenómeno cultural, organizacional y económico complejo, que han llegado a integrarse de tal modo al negocio del fútbol que pueden condicionarlo absolutamente. Una verdadera epidemia de violencia.

          Nos corresponde reflexionar sobre qué condiciones hacen posible su reproducción y qué soportes impiden su eliminación.

          Como están hoy las cosas, casi todos los argentinos perdemos la posibilidad de disfrutar tranquilamente del futbol a costa de que algunos ganen dinero o poder. Sea por miedo, connivencia, negligencia o conveniencia, decenas de actores involucrados ‑directivos, jugadores, policías, fiscales, jueces y periodistas‑ no quieren o no pueden hacer un aporte que permita revertir esta verdadera lacra social.

          También la política está involucrada en esto. En este sentido, no debemos patear la pelota afuera. Ha sido usual que personajes que enturbian la escena pública hayan apañado o consentido a barras a sabiendas de que lo eran, en muchas ocasiones con la intención de, entre comillas, contenerlos, y otras veces a cambio de servicios de intimidación al adversario, no deportivo, sino político.

          Las barrabravas echan técnicos, apuran contratos y ‑entre comillas‑ garantizan elecciones. Muchos de ellos no casualmente gozan de contratos públicos. Cada tanto nos escandalizamos porque en tal legislatura o municipio hay barras que aparecen en posición de protegidos.

          Es doloroso decirlo, pero la cultura barrabrava es también un modo de hacer política y de gestionar un holding de negocios sucios. Es una estructura económica urbana que recluta agentes, fideliza, reparte dividendos, expande y multiplica negocios e impide otras actividades lícitas.

          Son un parapoder, y en esa clasificación hay que enfrentarlos no solo desde las acciones policiales específicas. La Argentina, lamentablemente, no ha mostrado un juicio ejemplar para la cultura barrabrava, como sí lo ha tenido en otros planos.

          No hay muchas alternativas a la vista: si las autoridades del Estado, en todos sus niveles, junto con la dirección del fútbol, las fuerzas de seguridad y los responsables judiciales, no pactan un modelo de actuación orientado a retirar la violencia del sistema, lo que estará vigente será un pacto de opacidad que garantizará la impunidad de los barrabravas.

          ¿Es este un buen proyecto de ley? Es mejor de lo que hasta ahora tenemos. ¿Puede revertir lo que está sucediendo? Es un punto de partida. Debemos sumar inteligencia para desmantelar estos grupos. Hay que insistir en cambiar la cultura beligerante por otros modos de celebración y, por supuesto, debemos romper esa red de silencio y de miedo que los violentos han tejido.

          Señor presidente: ya son 328 las víctimas fatales en el mundo del fútbol. No hay modo de salir de este verdadero hoyo en que nos hemos hundido sin compromisos compartidos, sin responsabilidades políticas, sin estrictez y sin aceptar que no se trata solo de un problema penal, sino también político y sociocultural, con implicancias penales.

          Tendemos a naturalizar muchas situaciones unidas por el mismo hilo putrefacto: desde que una gaseosa en un estadio quintuplique su precio al de una en el exterior hasta que un reconocido productor de espectáculos diga que no produce en Buenos Aires porque no quiere tratar con barrabravas; o desde la ausencia de público visitante hasta la confesión de aportes de los jugadores para garantizarse paz en los entrenamientos.

          Nuestra legitimidad como Congreso nos obliga a poner en consideración estas cuestiones. No podemos permitirnos ni una ingenuidad más. Pagamos con angustia nuestra impotencia ante esto. No debemos dejar pasar la oportunidad. La lucha contra la violencia debe ser un punto de encuentro porque los argentinos podemos y nos merecemos vivir mejor. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Scioli, por Buenos Aires.

 

Sr. Scioli.- Señor presidente: mi concepción del deporte es y ha sido siempre muy clara. Considero que es una gran escuela de vida y de promoción de valores, porque a través de su práctica se puede mejorar la salud y la educación.

          El deporte constituye un factor de integración social, donde mujeres y hombres de diferentes edades, orígenes y lugares, se unen y comparten un estadio, muchas veces para superar sus diferencias.

          Sin embargo, estamos hoy aquí para discutir algunas consecuencias indeseables, que en este caso en particular vienen de una visión deformada de la práctica profesional del fútbol. Se trata de la problemática de los barrabravas y la comisión de delitos en ocasión de espectáculos futbolísticos, que no es algo nuevo.  Lo acontecido en las inmediaciones del estadio de River Plate hace un mes fue solamente la gota de agua que rebalsó el vaso.

          Por eso, en primer lugar, quiero destacar y respaldar la iniciativa de todos los bloques y la tarea realizada por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la señora diputada Burgos, con quien en reunión conjunta con la Comisión de Deportes hemos debatido, aportado y contribuido ideas superadoras para lograr la mejor solución posible.

          Más allá de los métodos para enfrentar este flagelo, sé que todos mis colegas hoy aquí reunidos están comprometidos a hacer su aporte para resolver esta grave situación.

          Existe una incompatibilidad natural entre el deporte y la violencia. Siento que es responsabilidad de los tres poderes del Estado, junto a la dirigencia de los clubes –que no puede ser indiferente ni debe mirar para otro lado‑, como asimismo de la AFA, el abordaje de esta problemática. Las instituciones que constituyen los máximos organismos del fútbol argentino deben comprometerse en esta cuestión porque conocen muy desde las entrañas los comportamientos mafiosos de estas organizaciones extorsivas.

          Esta casa de la democracia debe brindar una respuesta contundente, pero sensata, que fundamentalmente desaliente y neutralice –eso es lo que buscamos‑ a estos delincuentes violentos que existen en el fútbol.

          El Estado debe ser el principal garante al promover políticas públicas y brindar una presencia fundamental en la prevención de la violencia en el fútbol.

          Señor presidente: como usted sabe, junto con diputados de mi bloque hemos elaborado un dictamen de minoría. Si bien todos coincidimos en que el objetivo es erradicar la violencia del fútbol y de todo otro deporte donde ella pudiera aparecer, tenemos algunas diferencias con respecto a cuál es el mejor enfoque para lograr tal fin.

          El dictamen de mayoría del oficialismo apunta básicamente a incrementar las penas por ilícitos cometidos en ocasión de espectáculos deportivos. Coincidimos, por ejemplo, en la necesidad de que vayan presos aquellos que ingresen a un estadio con armas de fuego. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con eso cuando la violencia dentro de los estadios se cobra un promedio de nueve muertes por año?

          Sin embargo, en otros aspectos, creemos que el dictamen de mayoría ‑si bien con una finalidad loable‑ apunta a los eslabones más débiles de la cadena, sin atacar, en muchos casos, los problemas más graves que se encuentran detrás. Por lo tanto, pensamos que es insuficiente para abordar de manera integral esta problemática.

          ¿De qué sirve, por ejemplo, pretender enviar a los trapitos a la cárcel de un mes a cuatro años mientras los que financian y organizan a estos sectores seguirán en libertad? Como dijo el diputado preopinante, conocemos los métodos extorsivos que tienen estos individuos, que muchas veces son los que organizan el merchandising, los puestos de gastronomía, etcétera.

          Señor presidente: nuestra propuesta se basa principalmente en la prevención. Creemos que la solución de fondo es atacar los problemas antes de que se originen y no solamente aumentar las penalidades para los hechos ya cometidos, muchos de los cuales –tengamos esto presente‑ ya tienen la consabida respuesta en el Código Penal vigente. Una sociedad más justa no se construye solamente con más penas, sino con más cultura y educación.

          Algunas propuestas de nuestro bloque han sido incluidas en el dictamen de mayoría, y agradecemos la predisposición que hubo. Una de ellas es la creación de una base de datos unificada de antecedentes para que todos los clubes y la autoridad de aplicación cuenten con información acerca de aquellos individuos que han cometido ilícitos en ocasión de espectáculos deportivos. Otra propuesta es la ratificación y delimitación de las funciones del Consejo Federal de Seguridad en Espectáculos Deportivos.

          Sin embargo, consideramos que se han dejado afuera otras iniciativas valiosas –que ojalá sean tenidas en cuenta cuando se dé el debate en particular que nuestro bloque ha planteado‑ que forman parte de la concepción global de la prevención.

          Esos son los temas que nos gustaría discutir cuando se abra –esperemos que así sea‑ el debate en particular: que se delimite de manera correcta el derecho de admisión, para que sea una herramienta efectiva en la prevención de la asistencia de los violentos a los estadios; que los clubes deban privar de la condición de socios, abonados o similares a aquellos individuos que entren en la base de datos de antecedentes; que los clubes, con la correcta supervisión de la autoridad de aplicación, readapten su infraestructura para que ésta apunte a prevenir los hechos de violencia.

          Muchas veces vemos con sana envidia cómo en otros países se ha logrado erradicar la violencia en el fútbol, pero esto no solo se logra con la actualización de las leyes, sino también con inversión en los temas a los que hacía referencia. Por ejemplo, hay que modernizar los controles de acceso, el sistema de venta de entradas y las especificaciones técnicas de los estadios. Sabemos que esto llevará un tiempo y será costoso, pero no debemos mirarlo como un gasto, sino como una inversión.

          Asimismo, proponemos crear programas de capacitación que enseñen que el deporte es un camino de elevación y mejora personal, y no un lugar de violencia exacerbada.

          También hay que discutir la necesidad del trabajo articulado de las instituciones con las fuerzas de seguridad y los órganos correspondientes del Poder Ejecutivo, como parte de la solución de fondo que buscamos.

          Los reiterados episodios de violencia, exaltación y odio han producido mucho daño –creo que en esto coincidimos todos‑, no solamente al fútbol, sino también al deporte en general y a la imagen de la Argentina. Recordemos que nuestro país, y la ciudad de Buenos Aires en particular, venía de protagonizar y organizar uno de los eventos más grandes y mejores de la historia del deporte, como fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud, que demostró la solidaridad…

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Vaya redondeando, señor diputado.

 

Sr. Scioli.- De acuerdo, señor presidente.

          Un punto importante es la diferenciación entre los hinchas genuinos y las mafias violentas y organizadas que buscan sacar provecho personal de los partidos de fútbol, explotando en muchos casos a personas con problemáticas sociales y laborales.

          No hay que perseguir al eslabón más débil de la cadena –como es el seguidor del club, el hincha genuino‑, sino a las cabezas de estas organizaciones delictivas que lucran con los enfrentamientos, causantes de tanto daño y dolor. Por supuesto que no son todos iguales. Un gran ejemplo de esto lo ha dado la hinchada de River, cuando luego de la fallida final de la Copa Libertadores, los propios hinchas colgaron sus banderas al revés en señal de descontento y en repudio a los barrabravas que ingresaban al estadio.

          Reitero que mi compromiso es claro: debemos, entre todos, erradicar la violencia en el deporte y garantizar que las familias sean el eje central de los espectáculos deportivos y vuelvan a poder disfrutar de la sana pasión del fútbol argentino.

          Por todo lo expuesto, señor presidente, acompañaremos en general el proyecto de ley y espero que podamos tener una constructiva discusión artículo por artículo, donde todos estos argumentos sean considerados, logrando el mayor consenso posible, y así poner punto final al ilícito accionar de estas organizaciones mafiosas. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Castagneto, por Buenos Aires.

 

Sr. Castagneto.- Señor presidente: estamos tratando un proyecto de ley que, como dijeron el señor diputado Scioli y la señora diputada Burgos, tuvo modificaciones. Nosotros hemos hecho algunos aportes.

          Consideramos que tres puntos fundamentales en este proyecto de ley son los siguientes: brindar seguridad física a quienes concurren a un estadio, la prevención y las penalidades.

          Quien les habla, que tuvo la suerte de jugar al fútbol en forma profesional, sabe que a través de los años los barrabravas fueron mutando. Cuando a uno le tocó jugar, la barra se peleaba a trompadas con la otra hinchada solamente por conseguir el trofeo, que era un trapo, para luego mostrarlo en la tribuna como objeto de triunfo. Después los dirigentes fueron utilizando a los barrabravas: primero, para apretar a los jugadores y luego, para tener algunos negocios. Pero llegó un momento en que no los pudieron contener más.

          Eso es lo que está ocurriendo ahora en la Argentina: no se puede contener a las barrabravas. Por eso hubiera sido bueno escuchar en las comisiones a los actores principales. Realmente, es una lástima que esta semana no hayamos podido profundizar ese trabajo en comisión, más allá de que nuestro bloque mantuvo una reunión con dirigentes, clubes e hinchas; no con los barrabravas, porque nosotros no los acompañamos para nada, sino que, por el contrario, siempre luchamos contra ellos.

          Como decía, hubiese sido buena la participación de dirigentes, jugadores y representantes de la AFA, de la Superliga y del Ministerio de Seguridad, porque en este caso la prevención es fundamental. Podemos mejorar esta norma en todos los aspectos, pero no se va a aplicar, porque ya existen muchos casos de leyes deportivas que no se aplicaron o no se pudieron poner en práctica.

          Esto ocurre porque en el debate en comisión no participan los actores fundamentales para saber qué piensan. Hay dirigentes muy honestos que tienen miedo de venir, y hay otros dirigentes no tan honestos que no quieren venir pues consideran a las barras como algo que los defiende y les da un resguardo ante el resto de los hinchas frente a cualquier contingencia. Si no, es inentendible que los barrabravas acompañen a los jugadores de los distintos clubes hasta el mismo aeropuerto de Ezeiza. Incluso, algunos jugadores lamentan que los barras no estén en Europa.

          Esos son los actores que tienen que participar del debate en las comisiones, porque desde un escritorio o desde atrás de una banca no vamos a solucionar este problema.

          Estamos debatiendo este tema en extraordinarias cuando ya terminó el campeonato. Este último se va a reiniciar a fines de enero o en febrero. Así como el señor diputado Rossi dijo que “nosotros queremos venir acá y que el presidente incluya en el temario de las sesiones extraordinarias el tema de las jubilaciones”, nosotros queremos debatir este tema de otra manera. No lo queremos hacer para cumplir con los medios de comunicación y que mañana salga el título: “Se aprobó la media sanción contra las barrabravas”. De esta manera, el 28 de enero, cuando empiece el campeonato, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, que son generados por muchos de las dirigentes.

          Por eso el partido de River contra Boca no se jugó en la Argentina. Fue a propósito, porque esto es como la economía argentina: se prometió un partido para todas y todos, que iba a ser una fiesta porque era la superfinal de la Copa Libertadores de América entre dos equipos argentinos, por única vez.

          Un tuit del presidente sostenía que iba a ser una gran fiesta con público visitante. ¡Qué lindo! Todos nos entusiasmamos. Parecía el debate presidencial: iban a mejorar lo que habíamos hecho bien e iban a hacer bien lo que se había hecho mal.

          Pasaron los días y se jugó un partido. Pasaron cosas, como dice Cristina. Lamentablemente, el público visitante no pudo ir. Luego, se jugaba en cancha de River.

          Durante estos días los funcionarios del Ministerio de Seguridad vinieron al Congreso porque este proyecto de ley es más punitivo que otra cosa, más allá de que se hayan incorporado algunos artículos preventivos. Pero hay tres títulos que nosotros vamos a querer incorporar -y no se tuvieron en cuenta- que forman parte de la seguridad a través de la prevención.

          De esta manera, el Ministerio de Seguridad viene al Congreso a decir que la ley tiene que ser punitiva, y ahora resulta que el micro de Boca iba a la cancha de River y sin querer –no sé qué pasó‑ hubo violencia. Hubo un violento o varios violentos, pero se comprobó que no eran de la barra de River.

          ¿Qué pasó? Ese espectáculo, que era para todos   y por el que vendría la lluvia de inversiones a la Argentina, se suspendió para el día siguiente porque pasaron cosas. Y la gente, es decir, los 44 millones de argentinos, haciendo una comparación con la economía, que estaban esperando la lluvia de inversiones, esperaron otro día. ¿Y qué ocurrió? Se rieron de ellos desde el presidente hasta la AFA y todos los involucrados. Mejor dicho, la AFA, no: la Superliga y la Conmebol. Pero el partido se suspendió en la Argentina.

 

Sr. Iglesias.- ¡Tiempo, señor presidente!

 

Sr. Castagneto.- Tranquilo, diputado Iglesias, porque te escuché cuando hablaste mal de una compañera, y acá adentro somos todos compañeros; más allá de eso, tenemos que respetarnos.

 

Sr. Presidente (Tonelli).- No dialoguen, señores diputados.

 

Sr. Castagneto.- Tiene razón, señor presidente; no tengo que perder tiempo.

          Lo que digo es que esto termina como la economía porque lo que iba a ser una fiesta para todos, se transformó en una fiesta para pocos, que es un reflejo de cómo está hoy el país.

          La suspensión del partido en Argentina entre River y Boca por la Copa Libertadores de América hizo que me venga a la memoria cuando el presidente le pidió perdón al rey de España en ocasión del Bicentenario, y ahora le paga llevando esta final a ese país.

          ¡Miren qué lindo lo que estamos tratando hoy acá: las barrabravas! Y no logramos nada porque hubo barras que llegaron a España, pero fueron deportados.

          Para terminar y para que se queden tranquilos de que no voy a decir nada más de Macri, el proyecto que estamos tratando y que nosotros pusimos en consideración lo hemos estudiado a través de las distintas políticas que hoy existen en todo el mundo: en España, en Inglaterra y en todos lados.

          Por eso consideramos que no tiene que ser punitivo, sino preventivo. Queremos que vengan todos los sectores involucrados a las distintas comisiones para que este proyecto de ley se pueda llevar a la práctica. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Grana, por Buenos Aires.

 

Sr. Grana.- Señor presidente: voy a tratar de ser complementario a lo que dijeron mis compañeros de bloque y no reiterar algunos conceptos, aunque sí debo destacar que me parece que este debería ser el primer paso de una discusión muy profunda alrededor de la problemática de la violencia en los espectáculos deportivos, siendo que hoy estamos tratando exclusivamente los futbolísticos.

          No es ajeno que, además de lo que pasa en el fútbol, existen otras disciplinas que empiezan a padecer situaciones similares, que tenemos que atender y que, quizá, tengan que ver con la misma problemática.

          Creo que si no llegamos a mayores consensos en este momento se debe a que, en principio, hay un diagnóstico que no es común. Aquí se ha hablado mucho de violentos y de barrabravas; obviamente, es lo más evidente del problema, pero tal vez no es lo más grave.

          Voy a explicar brevemente por qué esto es así: ya en 1985 se trató por primera vez una ley penal relativa al fútbol. A ese proyecto de ley se lo modificó en dos ocasiones distintas para que sea más específico en las penalidades. Ahora resulta ser que, en todo este tiempo, desde esa primera ley penal del año 1985, el problema ha crecido.

          Un colega decía que, parafraseando al revés a Einstein, acá se intenta hacer siempre lo mismo para obtener distintos resultados, y obviamente me parece que no hay que hacer lo mismo. Se trata de complejizar la mirada y sacarnos la careta en cuanto a la gran hipocresía que existe alrededor de este tema.

          El problema no son solamente los barrabravas. El accionar violento y mafioso dentro de los espectáculos deportivos, específicamente del fútbol, tiene que ver con hinchas que se hacen llamar barrabravas y que ejecutan algunas acciones, con policías –no todos, como en el caso de los hinchas, sino algunos‑, jueces, fiscales y políticos que están comprometidos con esas prácticas mafiosas.

          Es decir, este no es un problema estrictamente deportivo o del fútbol, sino del conjunto de nuestra sociedad. En este sentido, evidentemente, hemos fracasado en todos estos años pensando solamente que era un problema político.

          A partir de este proyecto de ley, si es aprobado tal como está redactado, una persona que acomoda autos en las inmediaciones de una cancha de fútbol puede ser penada hasta con cuatro años de prisión. Resulta ser que esos denominados trapitos algunas veces son integrantes de una red que tributa en otro lugar. No se trata de un microemprendimiento, como decía Bullrich, de cerveza artesanal, aunque existen aquellos que no tributan en ningún lado.

          Muchos hinchas de fútbol van a la cancha sabiendo que en una esquina hay una persona que tiene nombre y apellido ‑a la que conocen hace muchos años- y colaboran con ella. No todas las situaciones de los trapitos se encuadran en el mismo lugar. Por eso me parece que hay ser muy específico en este sentido, sabiendo de lo que estamos hablando y no solamente asustarnos en función de algunos titulares.

          Así como hay gente que tiene nombre y apellido, también hay grupos mafiosos violentos,  que son parte del mundo del deporte y a quienes se tributa ese dinero proveniente de los delitos cometidos. De esta manera a ellos no los vamos a poder atacar. 

          En esta euforia punitiva para tratar de dar algún nivel de respuesta en términos mediáticos, la venta ilegal de entradas puede llegar a ser penalizada hasta con ocho años de prisión, que es la pena mínima que puede llegar a tener un homicidio.

          Por lo tanto, estamos manipulando el Código Penal sin tener una mirada integral que permita empezar a magnificar el tipo de problema que estamos afrontando. Nunca ha sido bueno, para nuestro Código Penal y para el ejercicio efectivo del castigo a los delitos, que tomemos puntualmente una sola cosa y no la pongamos en el marco del conjunto de acciones que debe tener una sociedad que quiere reprimir el delito con justicia. Me parece que esta es una de las principales responsabilidades que debemos llevar adelante.

          Vamos a votar favorablemente el proyecto en tratamiento, tal como expresó el compañero Scioli, porque entendemos que éste tiene que ser el puntapié inicial de un gran debate, que permita trasparentar la situación de los espectáculos deportivos y, puntualmente, los del fútbol. No existen barrabravas sin complicidad en la Justicia, no existen barrabravas sin complicidad en las fuerzas de seguridad, no existen barrabravas sin complicidad en la política, y esa es la careta que tenemos que bajar.

          Resulta que acá nos hacemos los distraídos con fenómenos que son conocidos por todos nosotros. Macri llegó a ser presidente de la Nación, entre otras cosas, por lo que fue su ejercicio dentro de una de las instituciones más importantes del fútbol argentino: Boca Juniors. Ahora nos enteramos de que en ese período, donde el actual presidente de la Nación fue presidente de Boca Juniors, la barrabrava debutó como grupo accionario en la compraventa de jugadores.

          Afortunadamente, existe una fuerte decisión política en el sentido de asumir responsabilidades y de avanzar. No quiero que lo que estoy diciendo se entienda mal porque el problema de los barrabravas es transversal a la política y resulta que el presidente de la Nación fue presidente de Boca Juniors y pasaron cosas. No lo hago culpable únicamente a él porque sería utilizar un nivel de hipocresía del que no quiero ser parte. El problema de los barrabravas es transversal al conjunto de las acciones de la política, de la Justicia y de la seguridad.

          Para finalizar, saludo que estemos desarrollando este debate y dando este puntapié inicial. Nuestro bloque va a trabajar para que de acá en adelante podamos sentar a todos los actores del fútbol y empezar a pensar una ley que dé solución verdadera a este problema.

          Como decía mi compañero Castagneto, en febrero, cuando arranque el nuevo campeonato, no vamos a tener herramientas para enfrentar lo que hoy queremos enfrentar.

          Voy a redondear mi exposición porque considero que el compañero Filmus será más específico. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe una ley que tiene todos los elementos necesarios para que el superclásico se hubiera desarrollado con absoluta tranquilidad. ¿Sabe por qué no se aplicó, señor presidente? Porque no está reglamentada desde hace más de dos años. Este es el problema.

          No tenemos que discutir y gritar solamente cuando aparece el evento periodístico casi delictivo. Trabajemos seriamente, hagámoslo en conjunto, tal como intentamos aprobar esta ley. Pensemos en la cuestión preventiva, en cómo hacemos para que se identifique a todos los que están entrando a una cancha y en cómo hacemos para que existan medidas de seguridad que prevengan las acciones. Es decir, no pensemos solo cómo las penamos, sino también cómo las prevenimos. Esa es la única manera de que la familia pueda volver al estadio a ver fútbol, previniendo los delitos y no solo castigándolos. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Filmus, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Filmus.- Señor presidente: ya lo han dicho los diputados preopinantes que pertenecen a nuestro bloque, nosotros vamos a acompañar el proyecto en general, pero quiero enfatizar la razón de esta decisión.

          La sociedad debe tomar cuenta que los diputados de todas las fuerzas políticas del país estamos dispuestos a dar la pelea para que no haya más violencia en el fútbol y para que no existan más barrabravas. Esto es a los efectos de que no haya un malentendido respecto de qué posición tenemos frente a las barrabravas y lo decimos, tal como lo han expresado mis compañeros, a pesar de que creemos que este no es el proyecto que resuelve el tema de fondo.

          Acompañaremos este proyecto en general con un alto nivel de generosidad y pedimos al oficialismo, tal como ha sucedido con otro proyecto de ley sobre educación, que cuando vayamos a discutir punto por punto y tema por tema se tomen en cuenta aquellas propuestas que realizamos a fin de mejorar la iniciativa.

          No creemos que simplemente aumentando las penas se resuelvan los problemas. Recuerdo haber dado este debate porque fui uno de los autores de la ley sobre femicidio y en esa oportunidad pareció que, si aumentábamos las penas, los delitos se iban a terminar.

          Si analizamos los comportamientos humanos podremos ver que no se rigen de acuerdo con lo que plantean las leyes, sino según las transformaciones concretas que desde las políticas públicas se hacen para generar condiciones que permitan abordar integralmente, y no solo a través de lo punitivo, los grandes problemas sociales.

          El señor diputado Grana recién comentaba la cantidad de actores que intervienen para que existan la violencia en el fútbol y las barrabravas. Obligatoriamente tienen que estar incluidos los dirigentes del fútbol, los dirigentes políticos, sectores de la seguridad, de la Justicia y empresarios. Necesitamos convocarlos a todos, y lo venimos haciendo, para llevar adelante un debate profundo y tener una ley de fondo.

          Si hoy no logramos que sean incluidos estos temas vinculados con la prevención, retomaremos este debate una y otra vez y lo haremos con todos los sectores que deban participar, porque esto no se va a resolver si no actuamos entre todos. No nos podemos ir tranquilos a casa porque el titular del diario de mañana sea: “Se aprobó la ley contra los barrabravas.” Vamos a tener el mismo problema en el primer partido del próximo campeonato.  Si fuera distinto, los visitantes asistirían. No vamos a tener público visitante porque los problemas son de fondo, sociales, más profundos y están involucrados actores muy diversos.

          Digo esto porque tiene que haber mucha voluntad política de quienes conducen el Estado, la Justicia y las fuerzas de seguridad para que la cuestión se lleve adelante.

          Nosotros votamos por unanimidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ley 5.847, creada gracias a un diputado local, Gabriel Fuks. Todas las fuerzas políticas coincidieron y se trató de una ley integral, que convocó a todos los sectores. Probablemente la diputada Ocaña haya estado presente en el momento del debate.

          Como decía recién el diputado Grana, luego de casi dos años, la ley todavía no se reglamentó. La iniciativa preveía diez temas de los cuales hay uno solo, y en forma parcial, que se está aplicando. Se creó el Comité de Seguridad, que es importantísimo, pero casualmente para los partidos de la superfinal no se lo convocó, aunque podría haber tomado las medidas necesarias. Repito: se obvió al Comité de Seguridad.

          Se creó una Unidad Ejecutora para los estadios a fin de definir las condiciones de cada estadio. No se cumplió. Está en la ley y no se creó ni una sola unidad ejecutora.

          Se pidió una base de antecedentes de violencia para dar el derecho de admisión. Esa base sería fundamental, pero no está funcionando todavía. Podía haber funcionado el día del superclásico, pero n ocurrió.

          Se dio lugar a una nueva reglamentación respecto a la infraestructura y no se pudo evaluar esa reglamentación en ningún estadio. Ni uno está completamente de acuerdo con las nuevas normas que se establecieron.

          Se propuso, como lo estamos haciendo aquí, que se generen responsables de seguridad por cada uno de los estadios. No se designó responsable de seguridad en ninguno de ellos. Este es un tema imprescindible que el otro día también hubiera resuelto esta cuestión.

          Se propuso –y debía reglamentarlo el Poder Ejecutivo- un protocolo de acción de las fuerzas de seguridad, de la policía en particular. Ese protocolo todavía, luego de dos años, no existe. ¿Cómo tiene que actuar la policía? Si hubiera habido un protocolo, el otro día claramente se podía haber cumplido y, por lo tanto, evitado el problema.

          Por último, ni siquiera se resolvió algo básico que discutimos muchas veces: el 75 por ciento de las graderías en los estadios tiene que ser con asiento y solamente el 25 por ciento restante para personas paradas. Ni siquiera este tema tan básico y fácil de controlar es puesto como primer punto a considerar.

          Sabemos de la buena voluntad del bloque oficialista de incorporar aquellos aspectos que mejoran el proyecto, aunque no hubo tiempo para el debate. Es verdad que hoy tenemos que dar una muestra a la sociedad y por ello acompañamos esta iniciativa, para que sea aprobada en forma unánime y que no queden dudas de que no hay ningún sector de la política que esté en contra de este tipo de norma. No obstante, apelamos a la apertura en la discusión a fin de que se incluyan algunas propuestas cuando consideremos artículo por artículo.

          Tal como lo señalaron los diputados preopinantes, coincido en que este es el puntapié inicial para arribar, junto a los actores concretos, a un acuerdo global que nos permita una ley que no solo verse sobre la violencia en el fútbol, sino también sobre todos los espectáculos deportivos.  En este sentido, el texto de la norma que hoy vamos a sancionar presenta una falencia. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Kosiner, por Salta.

 

Sr. Kosiner.- Señor presidente: nuestro interbloque coincide en debatir hoy este proyecto de ley para la prevención y sanción de delitos en espectáculos futbolísticos. De hecho, tal como lo planteó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, permanentemente hemos ido sugiriendo distintas propuestas para modificar esta iniciativa. Debo decir que gran parte de ellas fue tomada en cuenta, aunque otras no se consideraron. Veremos cómo se desarrolla el debate en particular.

          Claramente coincidimos con el planteo del artículo 1° de esta norma en el sentido de trabajar sobre la prevención de hechos violentos y la sanción de delitos cometidos con motivo o en ocasión de la realización de espectáculos futbolísticos. Pero también queremos ser muy claros respecto de algo sobre lo que en el debate nos hemos esforzado en remarcar, a fin de incorporar en el proyecto de ley algunos elementos que nos hagan entender que en materia de violencia en el fútbol es importante una ley que contemple la realidad que se vive en todo el territorio.

          Quiero ser categórico: no todo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires sucede en toda la República Argentina. En el resto de nuestro país las cosas no pasan como en la Ciudad de Buenos Aires porque los actores, las realidades y las medidas que se han ido tomando son distintos.

          Es evidente que esta ley es necesaria porque, tal como lo indica la realidad, hay cosas que se han ido de las manos, responsabilidades que no se asumen y existe el deber de aumentar las penas. No hay que tener temor de decirlo: hay veces que es necesario enviar señales contundentes en cuanto a un mayor nivel de responsabilidad en las penas para que quede claro que quien comete un delito en ocasión de un espectáculo futbolístico, sea dentro o fuera de la cancha, en las inmediaciones de la cancha o yendo a la cancha en un servicio público, debe pagar las consecuencias de ese hecho delictivo y no quedar impune.

          Pero todo esto no es tarea solo de una ley, sino también de la Justicia. Digo esto porque hemos tenido diversas normas y las hemos ido modificando, pero no obstante han sucedido hechos de gran envergadura y gravedad –como los ocurridos en la cancha de River‑, y pasadas las veinticuatro horas seguíamos sin ningún detenido.

          Coincidimos en la necesidad de debatir este proyecto de ley y de modificar muchas cuestiones, pero también planteamos la necesidad de dar un debate realista que tenga en cuenta la diversidad de la Argentina. Nuestro país no es solamente la Ciudad de Buenos Aires, y esto lo digo desde la buena fe.

          Muchas veces se cree que lo único que pasa en el país es lo que se ve por televisión, pero, aunque muchos se sorprendan, en la mayor parte de nuestro territorio el fútbol se juega con locales y visitantes. El hecho de que no se haya podido organizar un partido entre River y Boca en la cancha de River no llama la atención. Pero ese partido sí se hubiera podido jugar en Córdoba, Mar del Plata, Mendoza o Salta, con hinchas de Boca y de River.

          ¿Qué quiero decir con esto? Que no es verdad que lo que pasó en la cancha de River haya sido porque no existe ninguna ley. Creo que esto vale la pena señalarlo porque de lo contrario solo se estaría viendo parte de la realidad. Si tenemos un micro en el que viaja una delegación de fútbol y no somos capaces de detectar, desde un dron, un helicóptero o un comando central de operaciones, que a tres o cuatro cuadras del estadio hay 400 hinchas del equipo local esperándolo, lo que falla no es la inexistencia de una ley, sino el operativo de seguridad. Me refiero al operativo de seguridad entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de la ciudad de Buenos Aires, que fue desastroso. Así lo vio todo el país.

          Creo que no hay que utilizar el debate de esta norma como maquillaje para no asumir la responsabilidad que corresponde. Lo que nos está faltando todavía es que los funcionarios que han tenido responsabilidad la asuman, cosa que no se logra removiéndolos de sus cargos. Esto ya olía mal.

          Mediante un tuit el presidente de la Nación dijo que el partido se tenía que jugar con público local y visitante, pero casi inmediatamente después el funcionario de la ciudad de Buenos Aires –que hoy ya no está en su cargo‑ dijo que en la ciudad eso no podía hacerse. ¡Qué casualidad que haya terminado todo como terminó! Todavía no hay nadie que haya dicho de quién era responsabilidad cuidar esa esquina. No se sabe si correspondía a la Nación, a la ciudad o si era una zona liberada.

          Insisto en este tema porque es importante debatir esta norma, pero no es justo castigar a todo el país por la inoperancia de las fuerzas de seguridad nacionales o de la ciudad de Buenos Aires. No hacía falta cruzar el Atlántico para jugar el partido de River y Boca; hacía falta cruzar la General Paz para disputarlo. (Aplausos.) Gran parte de las provincias argentinas están acostumbradas a organizar este tipo de espectáculos.

          Les doy el ejemplo de Tucumán, una provincia vecina a la mía. Una semana después del fallido partido entre River y Boca se jugó un partido entre Atlético de Tucumán y San Martín de Tucumán, en Tucumán, a cancha llena. Ganó el equipo visitante y no hubo ningún problema. Todos los que conocemos de fútbol sabemos lo que representa ese clásico para Tucumán; es como un River y Boca.

          Vamos a discutir esta norma y estamos de acuerdo con gran parte de ella. Hemos hecho muchos aportes para que sea mejorada, pero creemos que también es justo poner las cosas en su lugar. Toda la Argentina, todos los argentinos, todas las familias de todo el país que van a un partido de fútbol no representan los hechos que vivimos ese día en el estadio de River. Los que provocaron esos incidentes son delincuentes, barrabravas, sobre los que debe caer todo el peso de la ley. No obstante, también hay que hacerse cargo de que ha fallado el sistema de seguridad, ya sea por inoperancia o porque algunos quisieron que falle para resolver problemas internos. Hay cosas que todavía no tienen explicación.

          Creemos que es importante tener en cuenta algunos cambios que se hicieron en el proyecto de ley. Estamos de acuerdo –aunque vamos a plantear algunas modificaciones en determinados artículos‑ con lo establecido en el artículo 5° respecto al incremento de penas.  También estamos de acuerdo con tener una mayor claridad en la punibilidad para aquellas personas que ingresen con armas blancas, artefactos químicos, pirotecnia, inflamables, asfixiantes y tóxicos. Hoy debe quedar perfectamente claro que es tan peligroso el ingreso a un estadio con un arma blanca, como con pirotecnia que luego puede ser mal utilizada. El daño también es letal. Lo que está prohibido debe ser realmente penado y castigado.

          Asimismo, estamos de acuerdo con el artículo que se refiere a las agresiones o intimidaciones grupales. La violencia en el fútbol no solamente pasa por el daño material, sino también por las intimidaciones, las amenazas, los grupos que se organizan para ir a robar adentro de la cancha o a la vuelta de los estadios. Lo hemos visto ese día.

          Por otra parte, estamos de acuerdo con hacer una separación similar a la realizada en el caso de los trapitos; creemos que sería un avance. Incluso, en nuestro interbloque discutimos mucho sobre el tema.

          En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ciertos lugares de la provincia de Buenos Aires, en algunos casos los trapitos forman parte de las barrabravas o distintas organizaciones delictivas; en otros, no. En el fútbol del interior del país, no necesariamente es así.

          La disposición del artículo 12, cuando se refiere a quienes ofrecieren servicio de cuidado de vehículos sin autorización reglamentaria de la autoridad local –es decir, del lugar donde se desarrolla el espectáculo‑, es importante porque implica depositar en esas autoridades el análisis de la situación. No es lo mismo aquel que cuida un auto y forma parte de una barrabrava, que es una organización delictiva, que aquel que en el Torneo Federal Regional Amateur o Torneo Argentino B cuida desde hace diez años el auto del mismo vecino en la misma calle y no forma parte de organización delictiva alguna. Entonces, tendrá que ser el club o la autoridad local quien reglamente este tipo de situaciones.

          Plantearemos algunas modificaciones en la redacción de algunos artículos. Por ejemplo, el artículo 17, cuando fija la pena que recibirán los funcionarios públicos, dice: “…sufrirá además pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos…” Pienso que tendríamos que hablar de inhabilitación especial, porque la inhabilitación no es para ocupar cargos públicos; en realidad, lo que tendría que decir el artículo es que el funcionario público que cometió un delito no podrá volver a ser autoridad del club o establecimiento deportivo.

          Cuando observamos cómo desterraron otros países del mundo a las barrabravas, advertimos que no solo lo hicieron a través de la legislación. Reitero que estamos de acuerdo con que hay que avanzar en el tema, pero si repasamos algunos antecedemos veremos que, además de contar con una ley, es menester que el Estado entienda que debe atacar el problema de raíz. Es decir, también por intermedio de diferentes entidades y de sus instituciones: la Justicia, los organismos administrativos, los servicios públicos y los servicios privados que trasladan a quienes van a estos espectáculos. Ellos también deben contar con un listado de las personas excluidas, porque de esa manera pueden saber quiénes tienen vedado el acceso a los espectáculos futbolísticos y no deben ser transportados.

          A esto debemos agregar la creación de un cuerpo de élite en la policía, la capacitación de la seguridad de los clubes y la unificación de los criterios de seguridad en los estadios. No puede ser que en la Argentina siga habiendo estadios de primera, de segunda o de quinta, según el lugar de nuestra geografía donde se encuentran o su capacidad económica. En materia de seguridad hay que brindar las mismas posibilidades de modernizarse a los grandes estadios como a los equipos más pequeños; todos deben tener la oportunidad de avanzar para lograr los estándares necesarios en seguridad.

 

Sr. Presidente (Tonelli).- La Presidencia solicita al señor diputado que redondee su exposición.

 

Sr. Kosiner.- Ya termino, señor presidente.

          La experiencia indica que, en distintos lugares del mundo, ha tenido éxito la identificación –válida por un año‑ de quienes asisten habitualmente a los espectáculos futbolísticos. Pienso que la tecnología y la modernidad también deben ser aplicadas; si en el mundial de Rusia se usó el Fan ID, me pregunto por qué no puede haber en la Argentina una identificación para quien concurre asiduamente a los espectáculos futbolísticos.

          Por otro lado, también es importante la identificación de los asientos en todos los estadios. De esa manera, las cámaras permitirían saber que, en determinado lugar, identificado con un número, se sienta fulano.

          En síntesis, además de las normas y el accionar de la Justicia, las organizaciones administrativas responsables de organizar y controlar los espectáculos futbolísticos también pueden tomar medidas.

          Para terminar con mi exposición, quiero volver al comienzo del debate. ¿Es buena esta norma? Seguramente, sí; pero se puede mejorar. ¿Es la única solución? No; pero no olvidemos que, durante el debate, tenemos que encontrar la solución de la diversidad, aquella que contemple el contexto general de nuestro país, que no es solo el que se ve por televisión y sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Brügge, por Córdoba.

 

Sr. Brügge.- Señor presidente: quédese tranquilo que no vamos a decir que en Córdoba ya lo hicimos, como usted siempre resalta cada vez que somos autorreferenciales.

          Comparto lo que acaba de manifestar el señor diputado Kosiner: en el interior del país hay situaciones que no se ven reflejadas en la Ciudad de Buenos Aires; las autoridades provinciales, en coordinación con las asociaciones deportivas y autoridades municipales, toman las medidas pertinentes para evitar los hechos de violencia.

          Cuando hablo de “medidas pertinentes”, quiero decir que tenemos la voluntad de avanzar en la sanción de una ley como la que estamos tratando, pero que sea útil. Establecer reglas de juego por el solo hecho de hacerlo no tiene sentido si no se busca resolver el problema de raíz; en este caso, la violencia en el fútbol.

          Lamentamos que solo se hable de violencia en el fútbol. Creemos que la norma debería contemplar todos los deportes. Si hablamos solo de fútbol, podemos quedarnos cortos el día de mañana.

          Adelanto que acompañaremos en general la sanción de este proyecto de ley, y que durante el tratamiento en particular haremos observaciones y propuestas por entender que la redacción de ciertos artículos debería sufrir alguna modificación. Si no, podría haber un rechazo.

          Creemos que esta iniciativa está desbalanceada, ya que pone toda la responsabilidad en cabeza del Estado ‑concretamente, en las fuerzas de seguridad y la punición‑ y olvida a quienes motivan la existencia de los barrabravas. Estos no existen por generación espontánea, sino que hay un club que les da el carné, que los reconoce y que les brinda un espacio, poder y financiación. Sin esos clubes, estimados diputados y diputadas, no existirían los barrabravas. Serían delincuentes comunes si cometieran los delitos de los que estamos hablando.

          Ese es el problema que presenta este proyecto de ley: no ataca las responsabilidades de quienes abren la puerta a la existencia de los barrabravas.

          En mi proyecto, que acompañan los demás miembros del bloque Córdoba Federal, señalamos la necesidad de establecer mecanismos de prevención. Exigimos a los clubes, por ejemplo, que tengan el Código de Conducta del Hincha, que establece de qué manera se deben comportar en el estadio. Es necesario contar no solo con infraestructura, como bien señaló el señor diputado Kosiner, sino también con la posibilidad concreta de identificar al hincha que altera el normal desarrollo de un evento deportivo.

          Dicha identificación no es menor. No es por la punición del Estado que queremos identificarlo, sino por el control social que se debe activar dentro de los clubes –a los que la inmensa mayoría de sus socios y afiliados quieren ver crecer‑ para que sean ellos mismos los encargados de expulsarlo.

          Bien se mencionó en esta sesión el ejemplo de la hinchada de River Plate, que tenuemente, pero con decisión, tuvo un acto de desaprobación para quienes causaron que la final más esperada a nivel continental no pudiese realizarse. Y ni siquiera se celebró en el continente americano; tuvo que trasladarse a Europa.

          Por eso sostenemos que en esta ley deben establecerse normas de prevención y de sanción administrativa hacia los clubes, que no solamente hagan que no puedan jugar el partido posterior, como lo hemos previsto en uno de los artículos, sino que puedan significar la suspensión de la continuidad en el torneo o, incluso, la baja en la categoría, como ha sucedido en Europa y en aquellos países que han ido en serio a las causas y motivos de la violencia en el deporte, especialmente en el fútbol.

          Esto ha permitido que viéramos el espectáculo que pudimos apreciar hace unos días entre Boca y River, en el estadio del Real Madrid, donde, como no podían poner alambrado, fosas ni vidrio, tuvieron que poner una barrera humana, formada por aquellas personas de ambos sexos que nosotros veíamos llevando una campera amarilla, mirando siempre a la tribuna y no al campo de juego.

          Esa situación lleva a que efectivamente los clubes tengan que articular, con las fuerzas de seguridad, todas las medidas concernientes. Lo que sucedió en la previa del partido entre Boca y River, con el ataque al micro que traía al equipo visitante, no se trata con la profundidad del caso en la iniciativa en consideración. En efecto, la causal prevista para este supuesto, que es el entorpecimiento en lo que respecta al transporte, sigue teniendo la misma punición contemplada en la ley 24.192; el texto es idéntico. Si ese fue el motivo por el cual estamos aquí tratando este proyecto, esa falta, esa contravención o ese delito no tiene prevista una pena mayor.

          Por eso, insistimos en que resulta necesario incorporar un capítulo destinado a las sanciones administrativas, no solamente a los clubes, sino también a las ligas. Las ligas y las confederaciones deben establecer puniciones concretas dentro de sus reglamentos para sancionar a aquellos clubes que son cómplices de quienes están llevando adelante este tipo de perjuicio a toda la sociedad argentina y, en particular, a los simpatizantes de sus respectivos clubes.

          En cuanto al análisis del proyecto en particular, tenemos algunas críticas que formular. El artículo 5°, al enumerar los delitos, olvida el artículo 292 del Código Penal, sobre adulteración de documentos. ¿Qué es la entrada trucha sino una adulteración de documento? Sin embargo, esta figura no está prevista ni incorporada.

          Otro aspecto que nos merece una crítica es la incorporación de la figura del enriquecimiento ilícito para aquellos dirigentes de los clubes. El enriquecimiento ilícito está previsto en el Código Penal para los funcionarios y empleados públicos, precisamente porque manejan fondos públicos. Los clubes manejan fondos privados. En consecuencia, incluirlos en esta figura sería desvirtuar el sentido y la razón de ser por la cual nace este tipo penal.

          Además, si estamos hablando de las circunstancias de hecho o fácticas del tipo allí descripto, para eso tenemos el artículo 303 del Código Penal, sobre lavado de activos. Para aquel que no pueda justificar el origen de los fondos está prevista la figura del lavado de activos, que tiene una pena mayor, de tres a diez años de prisión, mientras que en el caso del enriquecimiento ilícito la pena es de dos a seis años.

          Por eso, si queremos ir a fondo, debemos ser claros al establecer estos criterios, que ya están contemplados en el Código Penal.

          Otro aspecto es la figura de la generación de avalancha, que no está conceptualizada, sino que aparece como un término genérico o irregular, amén de que para su determinación, si no se dan las condiciones que mencionó mi compañero de interbloque, el diputado Kosiner, resultará muy difícil identificar a sus autores.

          Otro aspecto que podemos criticar fuertemente, y que realmente no entendemos –quizás hubo buena voluntad, pero consideramos que el texto no es el adecuado-, tiene que ver con las inhabilitaciones previstas en el artículo 18 del proyecto en consideración. Cuando específicamente se refiere a las inhabilitaciones de los jugadores profesionales, la iniciativa prevé que pueden ser dispensados por el juez en la aplicación de la inhabilitación por cuestiones estrictamente del derecho laboral.

          Luego de leer este artículo lo consulté con varios penalistas, pero nadie entiende el alcance de esa inhabilitación. En primer lugar, un contrato laboral no puede estar por encima del Código Penal y, en segundo lugar, la ley de la Rúa, la 24.192, que recién mencionamos, ya tiene especificada una inhabilitación en el inciso b) del artículo 10. A su vez, la ley 23.184 prevé la inhabilitación expresa para jugadores de fútbol, algo que no es menor porque son los protagonistas del espectáculo y quienes pueden provocar algún tipo de violencia con sus actitudes.

          Por su parte, el artículo 19 del proyecto se refiere a la prohibición de la concurrencia y establece una restricción administrativa en este sentido. Esto es algo que no nos parece mal, pero no tiene pautas objetivas ni claras, pues deja librado a la reglamentación la determinación de dichas pautas. Esperemos que la reglamentación tenga en cuenta los antecedentes penales o contravencionales como únicas pautas objetivas, sin que se utilicen otros criterios subjetivos para impedir que alguien pueda concurrir a una cancha.

          Para ir terminando, el artículo 22 se refiere a la clausura del estadio –como dijimos recién- solamente para el encuentro siguiente. La ley 23.184, que rige en la actualidad, establece en su artículo 11 la posibilidad de clausurar el estadio por sesenta días. En cambio, acá solamente prevemos la posibilidad de suspensión para el partido siguiente.

          En función de lo expuesto, acompañamos la iniciativa en términos generales, pero haremos algunas propuestas en particular. Hacemos estas críticas y también objetaremos en su momento otros artículos, ya que por una cuestión de tiempo no podemos hacerlo ahora.

          En definitiva, señor presidente, consideramos que la violencia en el fútbol se erradicará cuando todos nos comprometamos y no le dejemos el fardo ni a la Justicia ni a la policía. Los dirigentes, los socios y la gente que concurre a la cancha deben saber identificar y expulsar a los violentos, como corresponde. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra la señora diputada Pitiot, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Pitiot.- Señor presidente: quizás me repita, pero una vez más el escándalo aceleró el tratamiento de una problemática que, a diferencia de lo que tal vez se planteó en los medios, no es una ley de barrabravas. Esta no es una ley para combatir a los barrabravas, sino que pretende –por lo menos, desde la mirada del Frente Renovador- combatir una profunda problemática que atraviesa lo social y también la política.

          Desde nuestro espacio, lo que pretendemos con esta norma –y si no lo logramos, posiblemente habremos fracasado- es dar los primeros pasos para la erradicación de la violencia en el fútbol, en las canchas, en los clubes y en la sociedad.

          Por supuesto que se pretende erradicar a los barrabravas, pero a aquellos que se esconden detrás de camisetas o escudos de fútbol, porque están en connivencia y cuentan con el apoyo de los dirigentes. Queremos perseguir a quienes conforman las asociaciones ilícitas que bancan con un negocio a los barrabravas, siendo que este negocio está detrás de lo que pretendemos sea un espectáculo futbolístico.

          Como decían muchos compañeros míos, queremos que las familias vuelvan a ver los espectáculos sin temor a ser presionadas, intimidadas o agredidas.

          Es por eso que nos pusimos a trabajar en un proyecto que presenta el Poder Ejecutivo y que consideramos importante y urgente. Desde el Frente Renovador así lo entendimos desde un primer momento. Pero también entendimos que no es un problema de un River-Boca ni de la coyuntura, sino que se trata de un flagelo que está azotando a la sociedad argentina desde hace muchísimos años. El Estado no tiene estadísticas oficiales, pero en esto nos dan una mano las organizaciones de la sociedad civil, que afirman que la Argentina tiene una dolorosísima historia en materia de violencia en el fútbol, que se lleva cobradas más de 300 víctimas desde el año 1922. Esto hay que decirlo.

          Sabemos que los procesos delictivos mutan. Por eso nos pusimos a trabajar en un régimen específico contra la violencia en el fútbol, ya que entendemos que quedó chico el régimen de espectáculos deportivos. En el año 2013 se trató de dar una solución y lo que se logró fue que nunca más el público visitante pudiera ir a ver estos espectáculos. Entendemos que ahora es necesario tratar este tema, pero no podemos dejar de decir que es una iniciativa particular, de coyuntura, insisto: de River-Boca. No nos podemos quedar en esto.

          También hay que decir que, tal vez con muy buena voluntad, el presidente propuso por Twitter que la final de River-Boca se jugara con público visitante, sin saber si realmente podíamos hacernos cargo de eso desde la seguridad. En España se pudo hacer. Tal vez el presidente tiene la esperanza de que seamos como España, pero somos la Argentina.

          Desde el Frente Renovador asumimos este tema y queremos agradecer porque, desde la semana pasada hasta ahora, se pudieron hacer muchísimas incorporaciones al proyecto. Creemos necesario y prioritario fortalecer el capítulo de prevención y queremos reconocer algunas incorporaciones que se hicieron al proyecto y que las voy a mencionar porque lo han enriquecido.

          Desde ya, me refiero al agravamiento de las penas para el caso de participación de organizadores. ¿Quiénes son los organizadores, según la definición de este proyecto? Los que dirigen los clubes.

          También quiero señalar que en el artículo 5° se incrementan las penas para muchos delitos que, como decía el señor diputado Brügge, ya están en nuestro Código Penal.  Casi todos los delitos cuyas penas se agravan por este proyecto ya están en el código, como la asociación ilícita, pero, sin embargo, entendimos que tenía que haber un tipo especial para la asociación y el accionar en banda, con una elevación de las penas.

          Con relación a la tipificación de la portación de armas, entendemos que la definición y enumeración en el proyecto definitivo es mucho mejor, porque la descripción es adecuada, ya que no es lo mismo arma blanca, bengala o arma de fuego, y tenía que haber una graduación de las penas, como específicamente se menciona.

          En cuanto a la agresión e intimidación, figuras contempladas en el artículo 7°, nosotros propusimos ‑y fue aceptado- que se dividieran en acción individual o acción colectiva. Todos sabemos que muchas veces un solo barrabrava puede intimidar y agredir de la misma manera que lo puede hacer un grupo violento que quiera presionar a jugadores, espectadores o dirigentes. El hecho de que se agrave por uso de arma nos parece también adecuado.

          Con respecto al accionar de grupo o barra, entendemos que habría que ampliar a quienes hayan facilitado, ayudado o contribuido a la formación, sustento y financiación. Este artículo -que es el 15- solo se ciñe a la contribución a la financiación, pero este tipo penal debería ser descripto más específicamente.

          En cuanto al artículo 14, el término “avalancha” no está descripto de la manera en que se debiera. Entonces, se debe modificar la redacción o directamente eliminarlo, porque hay una imprecisión en el tipo penal y una dificultad para la prueba. El diccionario de la Real Academia Española se refiere, en primer lugar, a la avalancha de nieve, con lo cual, entendemos que este artículo debe quitarse o bien especificarse a qué se refiere este tipo penal.

          Con relación al artículo 17, que también fue mencionado por otros colegas, nosotros creemos, por el contrario, que no sólo el funcionario público ‑y aquí se incluye a las fuerzas de seguridad- amerita inhabilitación, sino que debe tener una pena agravada.

          Conversaba con la señora presidenta de la Comisión de Legislación Penal que tal vez estemos cometiendo un error –y los llamo a la reflexión- porque en el artículo 17 se habla de instigación, cuando la instigación es un delito autónomo, con lo cual, no es una forma de autoría y debe eliminarse del artículo. En el debate en particular vamos a señalar nuestra propuesta.

          En cuanto al juicio abreviado, regulado en el artículo 25, desde el Frente Renovador proponemos que no se desnaturalice un procedimiento que ya está dando buen resultado en la Argentina, y por eso debe remitirse directamente a la norma vigente. Si bien cuando hicimos este reclamo en la comisión se adecuó la escala penal –y debemos reconocerlo-, entendemos que en este caso debe primar la sola remisión al Código de Procedimientos.

          Nos parece un enorme avance la figura especial de enriquecimiento ilícito de dirigentes de fútbol. ¿Por qué estamos proponiendo esto? Porque si bien sabemos, como decía otro colega, que en el artículo 268 del Código Penal existe la tipificación del enriquecimiento ilícito ‑está contemplado para los funcionarios‑, entendemos que tenemos que empezar a terminar con las asociaciones ilícitas que hacen que en algunos casos los dirigentes de fútbol se enriquezcan a costa del negocio que hacen en connivencia con otros en el fútbol. Por eso nos parece más que preciso haber incorporado la figura del enriquecimiento ilícito del dirigente de fútbol.

          También estamos proponiendo, y lo estamos viendo con la señora presidenta de la Comisión de Legislación Penal, cómo hacer para incorporar la incompatibilidad del funcionario judicial y quienes cumplen tareas en el Poder Ejecutivo con la conducción dirigencial en los clubes. Este paso que podemos llegar a dar nos parece enorme porque, de esta forma, se empezaría a terminar con la connivencia de muchos funcionarios judiciales que también cumplen funciones en clubes, asociaciones o federaciones de fútbol. En ese sentido, proponemos modificar la Ley de Ministerios o el decreto ley 1.285 o modificar la ley de Ética Pública, N° 25.188, incorporando algo muy sencillo: un inciso en el artículo 13. Ojalá que se pueda efectuar esta incorporación.

          Entendemos que algunos artículos del último dictamen han quedado tal vez desvirtuados con algunas penas, que vamos a señalar. De hecho, en la asociación ilícita o accionar en grupo nosotros habíamos advertido que se había bajado la pena y se había subido en otros delitos; no entendemos por qué. Por eso creemos que tal vez en ese caso la pena quedó por debajo de lo esperado y vamos a proponer un aumento.

          Quiero terminar mencionando una propuesta que desde el Frente Renovador hicimos y que no es antojadiza ni caprichosa. Tiene que ver con la creación de una herramienta más, que es una comisión bicameral. Nosotros entendemos que hay muchas comisiones bicamerales, pero esta tendría un sentido especial y un tiempo específico de vigencia. En este caso estamos discutiendo delitos que son complejos y que todavía no conocemos en su implementación, en los que intervienen muchos protagonistas, actores y factores, y no sabemos de antemano cómo va a reaccionar la Justicia ni los tipos penales que estamos incorporando.

          Por eso entendemos que sería bueno no solo contar con una ley, sino con una comisión bicameral que determine ‑en un tiempo y con informes a los que se abocaría‑ si los organismos de seguridad y justicia han podido valerse de esta norma y si las previsiones de la iniciativa han sido las más adecuadas.

          Esta comisión, justamente, no solo dará una herramienta a la Justicia y al Código Penal, sino que seguiríamos involucrándonos como Poder Legislativo, sabiendo que el Congreso puede conocer espacios y tiempos reales para ver cómo se desenvuelve la norma. Esto no fue aceptado, pero insistiremos en esta propuesta.

          Finalizo mi exposición diciendo que desde el Frente Renovador ‑y entendemos que también muchos otros diputados‑, realmente, queremos poner fin a las mafias y a la connivencia que sabemos que existe entre el poder y la delincuencia.

          Cuando hablamos de delitos vinculados con el fútbol ‑hay que decirlo con todas las letras‑, no se trata de delitos simples, sino un entramado de delitos promovidos y apañados por dirigentes políticos, por la Justicia y por dirigentes sindicales. En este caso, haciendo abuso de poder y de su posición, crean un entramado que hace tiempo nos hemos propuesto desenmarañar, y no sabíamos cómo hacerlo.

          Tal vez esta norma no sea suficiente, pero constituirá un paso enorme, porque tiene que ver con un gesto político. De una vez y para siempre todos nos pondremos de acuerdo -esperemos que así sea- en que no queremos más mafias en el fútbol; en que tenemos que ser firmes con los barras, con sus cómplices y con los que se enriquecen a costa del fútbol; en que tenemos que dar a los argentinos espectáculos y no negocios para pocos, porque hace muchos años que este es un negocio para pocos.

          No soy una asidua concurrente a la cancha, pero tal vez lo que ha alejado a mi familia -por lo menos a mi hijo, que tiene 15 años- es que me da miedo que vaya a la cancha. Siempre me dio miedo la cancha porque siempre hemos relacionado el fútbol con la violencia y con los aprietes, y con que uno nunca sabe qué puede pasar en la cancha ni en las inmediaciones. En nuestra memoria quedan las bengalas perdidas, que nadie controló y que se llevó algunas vidas de inocentes que iban a ver un partido.

          No quiero más eso para mi país ni para mis hijos. Quiero que el fútbol sea un evento deportivo, una salida familiar y una fiesta.

          Desde nuestro espacio político creemos que podemos aportar para que esta norma se sancione con la mejor redacción posible. No queremos más cómplices; y también nos sentimos cómplices si esto no cambia.

          Es un honor estar en esta Cámara, pero si no podemos hacer cambios sociales, volvámonos a nuestras casas.

          Espero que la Argentina sea –como es el deseo de muchos‑ un país que diga “no” a la violencia y que el fútbol argentino sea un orgullo y no una vergüenza, como ha sido en estos últimos tiempos. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Solá, por Buenos Aires.

 

Sr. Solá.- Señor presidente: permítame ser autorreferencial, porque mientras fui gobernador mantuve una dura lucha contra los barrabravas.

           En los primeros seis meses de 2002 hubo seis muertos en canchas de fútbol. A partir de ese momento me di cuenta de que no basta con las leyes si no se milita y si no hay acciones concretas y un compromiso permanente de quienes gobiernan contra los delincuentes.

           El compromiso es de todos los días; cualquier día que se frena, que se olvida o que se deja a un costado, por más leyes que sancionamos, se producen la violencia, las muertes y también algo que últimamente hemos sentido masivamente: la vergüenza.

          A través de la creación de un Comité Provincial de Seguridad Deportiva pudimos clausurar estadios que no tenían la infraestructura necesaria; pudimos suspender canchas donde había habido incidentes; pudimos controlar el número efectivo de policías que concurrían, y terminar con la trampa de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal; no puedo hablar de la Policía de la Ciudad. Pudimos también hacer un archivo de aquellos delincuentes que se repetían en sus acciones y empezar a prohibir su ingreso, por lo menos en las canchas de la provincia.

          Debo decir que, por suerte, este proyecto de ley incluye una base de datos unificada que se compartiría con las autoridades de seguridad de las provincias argentinas, lo cual me parece un acierto.

          Lo más importante de esta autorreferencia es que nosotros resistimos absolutamente todas las presiones que iban en contra de la acción que limitaba, rechazaba o impedía el “normal” desenvolvimiento del negocio alrededor de la cancha y en la cancha, unido a la violencia, es decir de los grupos de barrabravas. Al resistir las presiones comprobamos la enorme cantidad de socios pasivos que tenían y hasta dónde llegaban.

          Llegué a recibir de las máximas autoridades de la AFA el consejo de sacar a un policía porque era insobornable y poner a otro. Recuerdo que contesté a esa máxima autoridad, el día que inauguramos el Estadio Único de La Plata, en abril de 2003: “A partir de esto que usted me dice, esa persona queda inamovible”.

          En octubre de 2016, la ministra de Seguridad Bullrich presentó un proyecto de ley, y lo explicó en el Senado. Era la base del que estamos tratando hoy. Era muy similar al actual, y creo que los cambios que se están proponiendo son buenos.

          Ese proyecto nunca se trató en el Senado; el gobierno no lo apuró; lo presentó y después se cruzó de brazos.

          Solo en 2018 hubo ocho hechos serios -los tengo citados uno por uno-, la mayoría de ellos en la provincia y algunos en la Capital, provocados por barrabravas; el último de ellos, el del 24 de noviembre, es decir, el del partido River-Boca.

          ¿Por qué hago esta mención? Porque el 28 de noviembre, con un apuro fenomenal, se revive este proyecto y se lo presenta en forma urgente. Es decir, no se hizo por los siete hechos anteriores más alguno que me pueda haber olvidado, más algunos que puedan haber acontecido en las provincias, de tono menor, aunque coincido con la idea que expresó el señor diputado preopinante de la provincia de Salta, en el sentido de que las cosas parecen más graves si suceden acá.

          Se hizo a las apuradas, exprés, sin escuchar víctimas, especialistas o actores; encerrados. Los días 4 y 6 de diciembre funcionaron las comisiones de Legislación Penal y de Deportes. Hoy lo estamos tratando nosotros y mañana ya tiene que ser ley para que el presidente se vaya de vacaciones pensando que ha solucionado el problema de los barrabravas. No será así; con esto no solucionará el problema de los barrabravas.

          Apoyamos esta norma, la votaremos favorablemente, pero lo importante es la actitud. ¿Cuál fue la actitud frente al problema River-Boca? ¿Cuál fue la actitud frente a algo que -la única verdad es la realidad- impactó enormemente sobre millones de argentinos? La actitud fue lavarse las manos, indignarse y sorprenderse. Luego de esto, enviaron un proyecto de ley que debía tener un tratamiento exprés. Por esto decimos que estamos ante una actitud oportunista; no es la actitud correcta que muestra que el Estado está metido en esto desde el primer día.

          Coincidimos en que los barrabravas son un conjunto donde también participa la gente implicada en la venta de drogas y otros delitos. También concordamos en que la situación social y el contexto de los más jóvenes en los barrios pobres fomenta aún más la violencia en el fútbol. La misma violencia de los barrios es la de los partidos de fútbol, con la única diferencia que aquí hay quienes lucran con la violencia y la utilizan para ganar plata.

          ¿No era necesario hace dos o tres años contar con esta ley? ¿La falta de ley impidió que se desarrollara el partido entre Boca y River? No, no es la falta de ley, sino la falta de compromiso, de actitud permanente y consciente sobre dónde estábamos parados. El presidente de la Nación conoce el problema perfectamente porque ha sido presidente de Boca Juniors durante nueve años y el presidente que lo sucedió tiene mucha relación con este tema, con las cuestiones judiciales y con los servicios de inteligencia. Por lo tanto, el presidente de la Nación no se puede hacer el sorprendido con respecto a este tema.

          Votaremos este proyecto de ley afirmativamente, pero nunca más nos digan oportunistas, porque más oportunismo que esto no hemos visto nunca. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Tonelli).-  Tiene la palabra el señor diputado Moyano, por Buenos Aires.

 

Sr. Moyano.- Señor presidente: tal como dije durante el tratamiento en comisión de esta iniciativa, celebro el hecho de que discutamos sobre la violencia en el fútbol. También dije que debemos aprovechar el debate para transformar el evidente oportunismo político, la respuesta mediática y política que busca el gobierno con esta iniciativa, en una oportunidad para lograr algo positivo.

          Es bueno que la sociedad argentina debata sobre la violencia en el fútbol, algo que viene sucediendo desde hace décadas, pero que nunca tuvo una solución integral.

          No podemos hacernos los distraídos con respecto a este asunto, más allá de que entendemos el alcance que tiene el Congreso de la Nación, con sus cámaras de Diputados y Senadores. Este tema trasciende el endurecimiento de las penas. El que crea que la violencia en el fútbol existe porque las penas son suaves o leves, está mirando para otro lado o haciéndose el distraído.

          Tal como dijo el diputado Solá, tanto el presidente de la Nación como la mayoría de los que estamos debatiendo el tema, sabemos cuál es la verdadera causa de este flagelo. En el proyecto de ley en debate sobrevuela la idea de que las barrabravas –lo decía un diputado que me precedió en el uso de la palabra con total desconocimiento‑ existen porque los dirigentes las acompañan o las cubren.

          Agradezco a la diputada Burgos porque me permitió incluir en el proyecto algunos artículos, como el que habla de la protección de los dirigentes que colaboren para juzgar a los barrabravas y a las asociaciones ilícitas en torno a las instituciones deportivas.

          Si bien no quiero ponerme como ejemplo, voy a contar una vivencia y describir una situación que revela de qué se trata el entramado que cubre la violencia en el fútbol.

          Fui presidente de un club del ascenso, Alvarado de Mar del Plata, en 2013. Terminé mi mandato el mismo año por violencia en el fútbol. Hubo un episodio de tiros entre dos facciones de la barra dentro y fuera del estadio José María Minella en Mar del Plata. En ese momento acudimos a la Aprevide –estaba recién constituida y reemplazaba a la Coprosede‑, cuyo titular Ejecutivo, Luis Morales, nos dio la posibilidad de contar con el derecho de admisión, por el cual los dirigentes tenían que establecer qué hinchas estaban implicados en los hechos mencionados; o sea, identificarlos a fin de que luego la seguridad y la policía no les permitiera el ingreso al estadio.

          Llamativamente, luego de tres partidos, todos lo que habían participado de ese hecho de violencia estaban en el estadio. A las dos semanas renuncié a la presidencia del club. Después de debatir con los socios que me pidieron que, por favor, acompañara a la institución, nuevamente fui dirigente del club asumiendo como vicepresidente 2°. Pero el 4 de enero de 2017 tuvimos otro hecho de violencia en la sede del club, en ocasión de presentar al nuevo director técnico, Gustavo Noto. A cinco metros del lugar en que estaba haciendo una entrevista, uno de los jefes de una facción de la barra le disparó a otro jefe que venía con una pistola nueve milímetros, amenazando con tirar a todos los presentes, mencionándome como el principal objetivo. Sebastián “El Nervio” Lategol, el que disparó con un arma 9 milímetros, no tenía permiso de portación ni era legítimo usuario ni contaba con tenencia, estuvo seis meses detenido y la Justicia lo dejó libre porque se dijo que se trató de un caso de legítima defensa.

          Quien recibió el disparo había ingresado a la sede con un arma de fuego nueve milímetros y estuvo libre a los dos meses, luego de haber estado en el hospital. En el momento en que se suscita la situación, la Policía de la provincia estaba fuera de la sede, mientras que el presidente, el vicepresidente y algunos vocales estábamos dentro de la institución. Recibimos amenazas de parte de los barrabravas de la facción del que recibió el disparo en el sentido de que si le ocurría algo a quien había recibido el disparo, nos iban a matar; mostraron el arma y golpearon a uno de los dirigentes.

          Los dirigentes que colaboraron identificando a los barrabravas ‑todavía hoy van a la cancha sin ningún impedimento‑, estuvieron en el juicio oral que dejó a todos libres y quedaron expuestos a una situación de inseguridad, que gracias a Juan Manuel Lugones –a cargo de la Aprevide en esa instancia‑ pudimos sobrellevar. Una vez que el hecho no estuvo más en los medios de comunicación nacional ni de Mar del Plata, esa seguridad desapareció y los dirigentes quedaron expuestos.

          A fin de no poner de ejemplo solo a los dirigentes del club Alvarado de Mar del Plata, del que soy socio, también puedo mencionar al ex presidente de Independiente, Javier Cantero, que ‑más allá del desastre institucional al que llevó al club‑ enfrentó a la barrabrava. La situación quedó plasmada cuando el jefe de la barrabrava lanzó una amenaza con una máscara delante de todos los medios de comunicación argentinos. También quiero mencionar a los dirigentes de Newell’s Old Boys o a los de Témperley que tuvieron que renunciar ante una situación similar a la que viví.

          Por lo tanto, es un error decir que los dirigentes son siempre cómplices de los barrabravas. Creo que es un error por desconocimiento o tal vez por mala intención. Los dirigentes pueden ser cómplices de los barrabravas, pero en muchos casos son sus víctimas. En el caso que acabo de mencionar, los dirigentes son víctimas de los barrabravas. Hoy en día, la situación sigue igual.

          El barrabrava no es un delincuente dentro de la cancha y deja de serlo cuando se acaba el espectáculo deportivo; es un delincuente siempre, y no solo está relacionado con el delito de la violencia en el fútbol, sino con otros delitos vinculados con el narcotráfico y otras cuestiones.

          Agradezco a la diputada Burgos porque me dejó introducir un cambio con respecto a los dirigentes que colaboren con el juzgamiento de los barrabravas.

          Así como afirmé que el dirigente muchas veces es cómplice y otras veces, víctima, quiero decir que cuando hay violencia comprobada y reiterada en el fútbol, la Justicia y las fuerzas de seguridad nunca son víctimas; siempre son cómplices.

           La semana pasada estuve hablando con el presidente de Alvarado y le consulté cómo iba su gestión, dado que vi que iba mucha gente a los partidos. Me respondió lo siguiente: “Más o menos, no está yendo mucha gente”. Entonces, le comenté que el otro día había tres mil personas en el estadio y me dijo: “Sí, había tres mil personas, pero ¿sabés cuántas pagaron? Mil setecientas personas. Las otras hacen un arreglo entre los empleados más las fuerzas de seguridad y de 500 pagan 20 y entran todos.”

          O sea, son todos delincuentes que andan como si nada ocurriera, porque la Justicia los deja libre y las fuerzas de seguridad los deja como si no hubieran cometido ningún delito. Entonces, más allá de que ─por supuesto, tal como afirmó el diputado Felipe Solá─ acompañaremos este proyecto de ley, que creemos que es necesario, quiero decir que no nos debemos hacer los distraídos.

 

-   Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.

 

Sr. Moyano.- Discutamos en serio. Si no hay voluntad política, si el Estado no define una política acertada para combatir este flagelo social que no se acaba ni limita en el fútbol, difícilmente podamos terminar con este mal mediante un endurecimiento de las penas. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Bianchi, por San Luis.

 

Sra. Bianchi.-  Señor presidente: al momento de pensar en lo que quería transmitir en este recinto con relación a este tema, la primera pregunta que me surgió fue si realmente queremos erradicar a los violentos del fútbol argentino o si solo somos un grupo de legisladores con buenas intenciones.

          No podemos dejar de decir que esta es una ley de ocasión. Tuvimos la oportunidad de aplicarla hace dos años y de evitar todo este bochorno que hemos tenido en nuestro país y ante el mundo.

          Tampoco nos hagamos los asombrados y digamos que la violencia no existe. La violencia en el fútbol ha existido en el país desde hace décadas, en todos los gobiernos y por múltiples complicidades.

          En este caso, señor presidente, voy a disentir con el diputado preopinante; creo que parte de la dirigencia del fútbol es un problema que ayuda a las barrabravas, porque las camufla, las oculta y les brinda en ocasiones asesoría o apoyo legal y de cualquier índole. Por supuesto, habrá excepciones.

          No nos hagamos tampoco los desentendidos respecto al hecho de que hay dirigentes que financian a estas pseudobarras y a sus líderes a cambio de favores que luego se cobran con seguridad personal. ¿O no vimos que tienen seguridad personal los sindicalistas, los políticos y los dirigentes de los clubes? Incluso, también sirve para presionar y apurar a los jugadores y a los técnicos cuando no se acuerda con la política que se lleva adelante.

          Queda entonces demostrado que los clubes no son las víctimas frente a la barra; por el contrario, hay miles de investigaciones periodísticas que demuestran lo que digo. Sabemos que también son los responsables de que el fútbol haya llegado hasta donde ha llegado; obviamente, además de los políticos inescrupulosos y los sindicalistas.

          De 2003 a 2014 murieron 91 personas en el fútbol; de 2015 a 2018, 24. Esto nos muestra el termómetro que tenemos hoy como sociedad.

          ¿Existen las barrabravas en otros países? Sí, existieron, con diferentes nombres: los Hooligans, en Inglaterra; los Tifosi, en Italia; los Ultra, en España; los barrabravas, en América Latina. Pero ¿saben lo que como sociedad nos diferencia? Ellos quisieron combatirlas. Hubo un acuerdo político, pero también un acuerdo social para terminar con estos violentos.

          Llegamos a un momento en que los violentos desbordaron a la familia del fútbol y del deporte.  Hoy, como decía un diputado preopinante, se están metiendo y se están enquistando en otros deportes. También ha desbordado al propio Estado nacional, y por eso hemos tenido que llegar a estas instancias.

          Detrás de estos supuestos amores se esconden hechos delictivos, y hablo de las barrabravas y no del hincha. No es fácil separar la paja del trigo, pero acá debo hacer el esfuerzo para aclararlo.

          En las tribunas populares existen también los hinchas y los líderes de barras que solo buscan un clima festivo y de celebración. Los otros, los barrabravas, son los que buscan recursos económicos, laborales; también tenemos que decir que son víctimas de una educación elitista no exclusiva, víctimas de un trato desigual, impulsados a la marginalidad, usados por cuanta organización existe cerca. No quedan fuera las fuerzas de seguridad, que también permiten la corrupción por las llamadas “cometas” que reciben.

          Estos barras buscan su identidad y reconocimiento social porque, al asociarse a políticos de turno, ganan territorialidad, obtienen complicidad con políticos importantes y con dirigentes, y pasan de barrabravas en épocas de elecciones a militantes y punteros políticos, aunque para eso deban involucrarse en actos de violencia y aprietes para lograr zonas dominadas.

          Un tema no menos importante y preocupante es el de las adicciones. Me atrevería a decir que es el problema más importante en este tipo de violencia y que incide abiertamente en el comportamiento violento de estas barras. Me pregunto cómo la ingresan al estadio, qué pasa con los controles y si hay zonas liberadas y complicidad. Son interrogantes que deben ser respondidos para poder terminar con la impunidad con que estos personajes se manejan en la vida y dentro de la cancha.

          Señor presidente: ante este tipo de problemática es importante ser eficientes en los límites. No sirve que en la teoría condenemos la violencia y en la práctica la aprobemos. Lo digo porque muchas señoras y señores diputados hemos denunciado este flagelo por años. Yo, sin ir más lejos, cuando fui el mundial de Sudáfrica, denuncié a Hinchadas Unidas Argentinas, dirigida en ese momento por Marcelo Mallo, hoy preso por la fuga de Martín y Cristian Lanatta. ¿Saben quién era su líder? Bebote Álvarez. ¿Les dice algo ese nombre?

          ¿Qué querían? Convertir a los barras en empleados de los clubes para que fueran conductores de ideas políticas, fiscales, custodios y apretadores seriales.

          Al mundial de Sudáfrica de 2010 Mallo llevó 235 barras. En ese momento le solicité al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que presentara un informe aclarando la personería jurídica de Hinchadas Unidas Argentinas, el rol que figuraba en su instrumento constitutivo, la procedencia de los fondos, la existencia o no de antecedentes penales y cómo habían hecho para viajar. No hubo respuesta, señor presidente.

          Esta norma no servirá si la Justicia no se hace cargo y si tampoco lo hacen algunos medios de prensa cuando utilizan expresiones descalificantes al relatar un partido.

          La estigmatización del cuerpo técnico y de los jugadores no sirve. No sirve si la AFA no hace un mea culpa y se da cuenta de que hay árbitros que dirigen los partidos de fútbol habiendo sido sobornados. Esos árbitros también son cómplices de la violencia, y lo digo con fundamentos.

          En 2011 tuve sentado en la Comisión de Deportes, cuando yo era presidenta, al exárbitro Ruiz. ¿Saben qué denunció? Nombres, apellidos, clubes, fechas de partidos y montos que cobran algunos árbitros inescrupulosos, bancados por la AFA, para modificar el resultado deportivo. Pedí en ese momento que la versión taquigráfica de esa reunión se enviara a la Justicia. ¿Usted se cree que se investigó? Nada ni nadie es responsable.

          Sé que las utopías no existen, pero déjeme soñar que en algún momento la AFA se hará cargo de esto y modificará el reglamento, y que no solo les impondrá a los clubes montos pecuniarios, sino que también dispondrá que pierdan el campeonato, que se les quite la categoría y que los clubes violentos no puedan representarnos en el exterior.

          En 2010, cuando era presidenta de la Comisión de Deportes, también invité a Julio Grondona, que en ese momento era el presidente de la AFA y no venía a la Cámara desde hacía veinte años. Hay muchos diputados que están acá que ese día me acompañaron. Le preguntamos si sabía algo sobre la reventa de entradas, dijo que no; le preguntamos si sabía algo sobre la coima de los arbitrajes, dijo que no; le preguntamos si sabía de la existencia de las barrabravas, dijo que no. Claro, después vi la famosa frase en su anillo: “Todo pasa”.

          Con tristeza quiero decir que esa frase es la causante del problema que hoy vive el fútbol en la República Argentina. Esa frase hoy, en lugar de ser “Todo pasa”, es “Todo empeora”.

          Hay cosas que no nos gustaría decir y que tal vez me producen un poco de miedo, pero para cambiar la realidad debo animarme y decir lo que muchos saben y, tal vez, ocultan.

          Obvio que me da miedo, porque no tengo custodia personal, como muchos señores diputados de este recinto. Pero creo que hay que decirlo y lo voy a decir con todas las letras. ¿Saben que hacen los barrabravas, señor presidente? Primero, sacan provecho del club, de los jugadores y de los técnicos que todos los meses le deben dar, religiosamente, un dinero de sus sueldos para la causa, como le llaman ellos.

          Segundo, comercializan y distribuyen la droga dentro y fuera del estadio. Son punteros políticos. Son trapitos. Son encargados de la reventa de entradas. Trafican indumentaria, banderas y bombos. Está comprobado que son los que marcan en las salieras bancarias, y tenemos a un barra de River que ha sido juzgado últimamente por esta causa. Son la seguridad de los famosos, de los sindicalistas y de los clubes. Tienen a su cargo los carros de comida.

          ¿Sabe lo que me llamó la atención, señor presidente? Que hacen tours para extranjeros. Se llama Adrenalina Tour. Los cobran en dólares, arman sus propias cuentas y tienen sus propias cuevas. Eso no se lograría si no tuvieran la complicidad de la policía, los empleados y los dirigentes. Adrenalina Tour, llamativamente, se realiza en el estadio de Boca.

          También son acomodadores de estadio y cobran un plus por exhibir banderas políticas. ¿Se acuerdan cuando en la cancha de River se soltaron globos que decían “Clarín miente”? Bueno, esos hinchas recibieron un plus. También reciben un plus cada vez que un hincha canta en contra de un jugador, de un técnico o de un político.  

          Lo que más me preocupa, señor presidente, es que se naturaliza esto que estamos viviendo como sociedad. Debemos tener una real voluntad para poder combatirlo.

          Este proyecto de ley no es lo que yo pretendía en relación con el accionar de estos violentos, pero estoy convencida de que la impunidad ante la violencia genera más violencia.

          Soy una diputada que sabe de lo que está hablando. Lo viví desde adentro. Pude ver su involución. Pero también soy de esas personas que pertenecen al sector de la resistencia, de aquellas que no nos resignamos a ver el fútbol, sus canchas y sus banderas manchadas de sangre sucia, de corrupción mafiosa y de complicidad del poder político.

          ¡Que sea ley, señor presidente! (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Saadi, por Catamarca.

 

Sr. Saadi.- Señor presidente: desde este bloque vamos a acompañar afirmativamente, en general, este proyecto de ley.

          Pero vamos a realizar algunas observaciones en particular y también nos vamos a oponer a algunos artículos con los que no estamos de acuerdo y que consideramos que lindan con lo absurdo.

          Además, advertimos que este proyecto, por sí mismo, no es suficiente para erradicar la violencia en los espectáculos deportivos, en este caso, el fútbol.

          Tenemos una oportunidad histórica, sobre todo el Poder Ejecutivo nacional y este Congreso, de poder realizar o pensar un plan serio de seguridad deportiva para toda la República Argentina, con amplios esquemas de prevención     –como aquí se dijo‑, que no tome en cuenta solamente el castigo, el aumento de penas o la creación de nuevos delitos.

          Digo esto, señor presidente, porque del articulado del proyecto se desprende que hay pocos artículos que hacen referencia a la prevención, algo que es fundamental y que, quizás, solamente lo encontramos en el artículo 31, que establece una base unificada de datos, que tengo entendido que ya existe, pero que no se utiliza. El resto de los artículos habla de aumentos de penas y de creación de nuevos delitos, remedios que han fracasado ante la violencia en el fútbol.  Estos remedios se aplican desde la década del 80.

          Hay que recordar que la primera legislación de seguridad deportiva es la ley 23.184, sancionada en 1985. ¿Cuál fue el eje de esa ley? La duplicación de las penas que estipulaba el Código Penal para aquellos delitos cometidos dentro de los estadios de fútbol.

          Pero el aumento punitivo siguió y continuó creciendo en las legislaciones posteriores, como la ley 24.192 de 1993 y el decreto 1466 de 1997. La verdad es que ese aumento de las penas y la creación de nuevos delitos no solucionaron absolutamente en nada la violencia en los espectáculos deportivos.

          Creo que tiene que trabajarse mucho más en la prevención, en un plan serio y en una policía especializada en estos espectáculos deportivos. Quienes han tenido la oportunidad de concurrir a un estadio de fútbol, a una cancha, para ver un partido importante en la Ciudad de Buenos Aires, sabe que pareciera que es una odisea y que se va a la guerra.

          A veinte cuadras ya está todo vallado; hay camiones hidrantes que te están esperando, caballería, motociclistas y, si te equivocas el camino, puede aparecer un policía con un garrote y te pega, seas hincha o barra. Entonces, si la propia policía no está especializada y trata como animales a la gente que concurre a un estadio de fútbol, no esperen que se los trate con dulzura.

          Todo esto se tendría que haber previsto en este proyecto de ley, que se ha tratado a las apuradas y sin convocar a todos los actores que intervienen en un espectáculo futbolístico.

          En lo particular, creemos que hay algunas cuestiones que deben resolverse. El proyecto eleva las penas de un modo desproporcionado e, incluso, llega a lo absurdo de tener mayor gravedad el que vende entradas sin autorización que el que intenta ingresar con armas a un espectáculo. Es un despropósito.

           Por otro lado, los del interior no entendemos bien el delito de los trapitos o cuidadores de coches. Acá, parece haber mafias organizadas. En nuestra provincia, quizás haya algunos muchachos o vecinos que, producto de la situación económica, cuidan algunos coches para llevar el pan a su casa. Pero no creemos que esté bien reprimir con pena de prisión a quien cuida un coche. No entendemos ese odio, esa bronca, que hay en la Capital Federal contra esa gente. El fin social de la pena es rehabilitar. Por eso no entendemos que algún cuidacoche o trapito tenga que ir a prisión para rehabilitarse por cuidar coches.

          Respecto al delito de la tenencia de la entrada falsa, creo que se termina persiguiendo a quien adquirió esa entrada, quizás producto de una posible estafa, porque la gente no anda con un escáner cada vez que tiene que comprar una entrada.

          Con respecto al delito de enriquecimiento ilícito de los dirigentes de clubes, creo que es algo absurdo. Los clubes no son el Estado y los dirigentes no son funcionarios públicos. Los dirigentes están sometidos a todas las responsabilidades civiles y penales por conducir asociaciones.

 

-   Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.

 

Sr. Saadi.- La denegatoria de la suspensión del proceso a prueba resulta un abuso de punitivismo. Creo que hoy estamos volviendo a ese ciclo donde hay un populismo punitivo que enmarca una contradicción, porque si el objetivo del proyecto es prevenir los hechos de violencia, el que está sometido a una probation se debe cuidar en su conducta pues si no, será juzgado por todo.

          Por otro lado, creemos que el proyecto se inmiscuye inconstitucionalmente en las atribuciones de las provincias. Todo lo normado sobre juicio abreviado se trata de jurisdicción ordinaria.

          En cuanto a la creación y el funcionamiento del Consejo Federal, ojalá no sea un órgano burocrático más. Por lo tanto, creo que debe hacerse un trabajo en serio y pensar en un proyecto de seguridad de espectáculos deportivos que no sea para un partido de River-Boca, sino para los espectáculos futbolísticos de toda la República Argentina.

          Vamos a acompañar a este proyecto de ley, que quizás sea un puntapié inicial, aunque sabemos que no es suficiente y ojalá no sea una nueva cortina de humo con la que se pretenda hacerle creer falsamente a la gente que se están preocupando por la seguridad de los espectáculos deportivos, mientras el Ejecutivo nacional no se preocupa de los verdaderos hechos de violencia, porque ella no solo está en los espectáculos deportivos, sino en la sociedad toda.  Ella se combate con mayor educación, con mayores oportunidades de trabajo y evitando las desigualdades.

          Ojalá se pueda llevar a cabo lo que estamos pidiendo. Vamos a hacer algunas observaciones en particular y también plantearemos nuestra oposición a varios artículos.

 

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.

 

Sr. del Caño.- Señor presidente: alrededor de este proyecto hay un debate o una hipocresía enorme. Lo digo porque, como se ha dicho también aquí por parte de algunas diputadas y diputados, hay un entramado indivisible alrededor de las denominadas barrabravas -o los barras-, en el que están involucrados desde miembros de los partidos políticos, de la Justicia, de los dirigentes sindicales, de los empresarios hasta, por supuesto, dirigentes de los clubes.

          Entonces, me parece que primero hay que señalar que este proyecto no va a terminar con las barrabravas, sino que directamente está planteando encubrir a todo este entramado y connivencia de distintos sectores.

          En este debate creo que hubo un nombre o una palabra que se mencionó muy poco -creo que lo nombró el señor diputado Grana y, quizás, algún otro diputado cuyo nombre se me escapa-; me refiero al nombre de Mauricio Macri, presidente de la Nación, que durante dos décadas fue amo y señor, junto con sus amigos, del club Boca Juniors. Yo me pregunto –realmente, creo que piensan que somos tontos o que la mayoría del pueblo trabajador no se da cuenta de estas cosas‑ si no conocían a Di Zeo, a las barrabravas de Boca o a todo lo que había alrededor de ellas durante todos estos años.

          Me parece que esta hipocresía enorme nos lleva a mencionar otros nombres que tampoco se han señalado, como los de Angelici, actual presidente de Boca y con clara ligazón a Cambiemos; Burzaco, el actual secretario de Seguridad, que fue parte de la Comisión Directiva de River, o Santilli, cuya familia también está vinculada con el club River Plate. Estoy poniendo algunos ejemplos.

          Digo esto porque nosotros conocemos muy bien a las barrabravas. Desde la izquierda, desde los sectores combativos de la clase trabajadora, sufrimos a esas barras, que son verdaderos grupos de choque utilizados contra el movimiento obrero en innumerables huelgas y conflictos. Quizás, el más conocido fue cuando, en connivencia con las fuerzas represivas que liberaron la zona, patotas de barrabravas ligadas al sindicato Unión Ferroviaria, de Pedraza, asesinaron a nuestro compañero Mariano Ferreyra, del Partido Obrero.

           Entonces, nos da mucha bronca que nos vengan a decir que con este proyecto van a ir contra las barrabravas, lo que parece un chiste de mal gusto.

          Sobre el hecho que trajo a consideración este proyecto, el partido de River-Boca, tengo que decir que, además de Ocampo, del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que ya lo limpiaron, hay una entrevista a la ministra de Seguridad, Bullrich, en un programa de radio, en la que un periodista le señala que había un audio en el que seis minutos antes de que saliera el micro del club Boca Juniors se le da una orden a la Prefectura para que no sucediera lo que ocurrió.

          Esto nos hace pensar, porque ahora nos traen un proyecto que dice que las atribuciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, que está sospechado de haber tenido responsabilidad en lo que sucedió, van a aumentar. Además, ya se mencionó aquí el tema de la demagogia punitiva, que absolutamente nada ha resuelto con el aumento de las penas.

          Ya se mencionaron aquí distintas penas que se van a agravar y que nada tienen que ver directamente con el espectáculo de fútbol, con el espectáculo deportivo, como es el caso de la tenencia o consumo de estupefacientes y los cuidacoches, que es una verdadera aberración. Inclusive, se llega a dejar la puerta abierta para criminalizar la protesta social en el marco de un espectáculo futbolístico, con penas más graves aún de las que ya están estipulada; o sea que si se realiza una protesta o un piquete que entorpezca el transporte en el marco de un espectáculo futbolístico se podrían aplicar penas mayores a las que existen actualmente.

          Además, quiero decir que hay estadísticas y ONG que dicen que un gran porcentaje de las muertes ocurridas por hechos de violencia en las canchas de fútbol están relacionadas con la propia policía o en el marco de la represión policial.

          Entonces, para ir cerrando, creo que está clara toda esta hipocresía que señalaba anteriormente alrededor de este proyecto, en el que no se apunta a terminar con este entramado, donde los empresarios, junto con distintos sectores del Estado, lucran con la diversión y con la recreación de millones y millones a los que nos gusta un deporte, como el fútbol.

          Por eso, señor presidente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto que va a encubrir a los verdaderos responsables que hay detrás de las nefastas barras a las cuales amparan todos estos sectores del poder político.

 

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.

 

Sra. Del Plá.- Señor presidente: en la misma sintonía que mi compañero del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, lo primero que quiero mencionar es que hemos preparado una observación al proyecto que está sobre las bancas, pero quiero marcar un problema de forma.

          La miembro informante de la Comisión de Legislación Penal dijo que se había enviado ayer el proyecto que está en debate. Nosotros no recibimos ningún borrador. Acá se está produciendo una anomalía. Dentro de tres meses nos van a decir que hay que votar correcciones a esta ley porque nadie tiene estricta certeza de lo que estamos por votar ni cuántas modificaciones se le van a introducir. Entonces, en tres meses nos van a decir que hay que hacer la corrección de tal o cual capítulo que ha quedado completamente fuera de armonía con el conjunto del Código Penal.

          Entonces, ya hay una cuestión de forma que merece ser tenida en cuenta; pero vamos al problema de fondo. Acá todos los medios presentan que se está discutiendo la ley de barras y, sin embargo, no se está votando ninguna ley de barras, porque únicamente se habla de qué pasa en las inmediaciones de los espectáculos deportivos.

          Entonces, nos quieren contar que el problema de las barrabravas es solo lo que ocurre cuando se realiza o se pretende realizar un partido de fútbol. Es decir que se deja de lado el entramado de la relación entre política, clubes de fútbol, dirigentes, negociados, patotas, delito organizado y fuerzas de choque.

          Como bien se ha dicho acá, es claro que el sano deporte del fútbol, tan popular y tan caro a la mayoría de la población, ha sido completamente desvirtuado de la mano de la mercantilización capitalista. Es una demostración más de que lo que el capitalismo toca, lo destruye. Ya ni siquiera se puede disfrutar de un partido de fútbol.

          En ese punto, justamente, no podemos eludir que las barras cuentan con el amparo de los poderes del Estado y de las fuerzas de seguridad, que en realidad actúan en connivencia para determinadas acciones. Acá ya lo mencionó el señor diputado del Caño.

          Nosotros desde el Partido Obrero conocemos perfectamente esto, porque el asesino directo de Mariano Ferreyra, Cristian Favale, era un integrante de la hinchada de Defensa y Justicia, que actuó en la patota de la Unión Ferroviaria de José Pedraza en una zona liberada por la Policía Federal y provincial, tal como se ha demostrado en el enjuiciamiento. Acá no podemos soslayar esa cuestión.

          De la mano de hacer una mezcla con el punitivismo ‑una cosa por acá, otra por allá‑ pretenden decir que se va a atacar el problema. ¡De ninguna manera! No hemos escuchado absolutamente nada sobre cómo van a desmantelar la relación entre el oficialismo y los dirigentes de Boca Juniors, por ejemplo, tema que acá ya se mencionó.

          Según lo señalaron algunas diputadas del oficialismo, Angelici tiene influencia sobre la Justicia; dicen que es un operador judicial. O sea que no hay ninguna independencia del Estado. Pero al gobierno anterior también le cabe esto, porque recordemos que bajo el kirchnerismo surgió Hinchadas Unidas y todo el festejo y amparo.

          De manera que tenemos un verdadero encubrimiento de todas esas relaciones, que no es casual en un momento en que ‑como aquí ya se mencionó‑ se pretende dar todavía más poder a las supuestas fuerzas de seguridad, que en mi definición son las fuerzas de inseguridad ciudadana. No nos distraigamos: el desastre que ocurrió en la final de la Libertadores también tuvo que ver con una zona liberada.

          Por lo tanto, no podemos acompañar esta operación de maquillaje y de impostura ante la población. Por supuesto que acá se está tratando de presentar que se va a solucionar algo con lo cual van a seguir conviviendo, porque no van a atacar el amparo del poder político ni los verdaderos negocios ni van a desarmar ninguna de las relaciones entre Estado, gobiernos, poder político, barras y negociados.

          Por estas razones no vamos a acompañar este proyecto.

 

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.

 

Sr. Ramón.- Señor presidente: es imperdible el reportaje que el periodista Lanata les hizo a los presidentes de River y Boca el jueves o viernes de la semana pasada con motivo de la grave situación que se vivió durante la final de la Copa Libertadores.

          En los conceptos manifestados por los presidentes de esos dos grandes clubes durante esa entrevista se advierte cuál es la verdadera raíz del problema que se intenta combatir con este proyecto de ley, que cuenta con un consenso bastante importante. Lamentablemente, por nuestra visión que queremos que tengan todos los ciudadanos del país de nosotros como diputados, es muy probable que este dictamen tenga un porcentaje muy alto de votos afirmativos al final de la jornada, cuando se someta a votación.

          Quiero adelantar que desde mi bloque vamos a apoyar este proyecto, porque cualquier herramienta que tenga la pretensión de mejorar una situación como la que se vivió siempre va a ser mejor que no tener nada para evitar estos hechos de tremenda violencia.

          ¿Por qué hacía referencia a la entrevista a los dos presidentes de esos clubes? Se sacan el collar del cogote, como dicen los paisanos en mi pueblo. Ellos dicen que toda la responsabilidad es del Estado, de aquellos que dirigen la política deportiva. Es probable.

          Este proyecto genera una gran cantidad de nuevos delitos y equipara faltas. Por ejemplo, recién escuchaba a algunos colegas diputados del interior –como es mi caso‑ que quieren tratar a los trapitos como a delincuentes. Lo que ocurre es que en la Capital y en el Gran Buenos Aires, la ineptitud de las autoridades, que permiten que sucedan todas estas barrabasadas, lleva a que, en el interior del país, una familia que se gana unos pesitos el fin de semana yendo a acomodar los vehículos de las personas que acuden a la cancha corra el riesgo de ser detenida y sancionada con penas de tres a cuatro años de prisión. En el interior del país no ocurre nada de lo que pasa acá.

          Lamentablemente, es una iniciativa pensada para corregir un problema de esta Capital, pero que va a involucrar a todos los habitantes de la Argentina: tremendo.

          Quiero hacer breve mi exposición porque ya está resuelto que este proyecto va a ser aprobado. Voy a referirme al deporte y a sus orígenes. Se trata de una introducción de la que nadie quiere hablar. La problemática que queremos resolver tiene que ver con el espectáculo, con el show y con una actividad económica que se confunde con el deporte.

          En la historia de los países, el deporte nace como una necesidad de apaciguar las ansiedades de los soldados que volvían de las guerras, lo cual está bien. Esas ansiedades empezaron a calmarse con juegos violentos, fuertes y de contacto, pero con un reglamento. Esto permitió establecer que en todos los países los deportes tengan tres objetivos, que nada tienen que ver con lo económico, que estamos tratando hoy.

          El principal objetivo es lograr que aquella persona que se incluya en la práctica deportiva tenga la mayor educación posible. De hecho, el ingeniero Carlos “Veco” Villegas, mi maestro de un deporte espectacular que me tocó practicar desde muy chiquito, decía que la cualidad y calidad de un deporte están determinados por la cantidad de educación que recibe una persona.

          Eso marca el camino de los deportes, que deben servir para relacionarse, educarse y divertirse, muy a contramano de la consideración de que el deporte debe ser un show en el que algunos ganan dinero.

          ¿Cómo ocurre todo esto? En los años 70 aparece esta cuestión de hacer que los deportes aten su desarrollo y su mejoramiento a la televisión. Entonces, los jugadores ya no tenían como objetivo relacionarse con sus compañeros y con los oponentes, mejorarse física y mentalmente para entender de qué trata una contienda y, por sobre todas las cosas, divertirse. Cuando hablo de contienda no me refiero a una batalla, sino a una disputa deportiva. Cuando el desarrollo del deporte aparece atado a la televisión surgen todos estos problemas que hoy estamos padeciendo en nuestra Argentina.

          Quería hacer referencia a este objetivo que tiene el deporte, que es inclusivo. Los clubes de barrio, que surgieron allá por los años 40 en cada pueblo del interior y en la Capital, resultaron ser un accesorio del sistema educativo de nuestro país, porque todo aquel chiquito, joven o adulto que se involucra en el deporte y se relaciona como corresponde es una persona respetuosa. Está el que juega, el que arbitra, el que viene de visita, el anfitrión y el espectador, y las cosas que pasan en la cancha se arreglan entre los jugadores.

          Todo este “merequetungue” en el que estamos hoy involucrados es propio de un negocio del que no podemos seguir siendo cómplices. Por eso, desde nuestro bloque, vamos a apoyar la sanción de esta ley porque consideramos necesario que el Estado cuente con esta herramienta para combatir el flagelo que hoy tenemos. No obstante, creo que nos queda un largo camino para seguir desarrollando la idea de qué significa el deporte y cómo se deben combatir las malas prácticas.

 

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Pereyra, por Córdoba.

 

Sr. Pereyra.- Señor presidente: la iniciativa que estamos tratando tiene como objeto la prevención de hechos violentos y la sanción por delitos cometidos durante la realización de espectáculos futbolísticos en todo el territorio nacional. Adelanto que votaré por la afirmativa en general.

          Hoy estamos tratando este proyecto de ley a las apuradas, en una sesión extraordinaria. Pero me pregunto si esta iniciativa para penalizar a los barrabravas no debió haber sido una de las primeras que enviara el presidente Mauricio Macri a esta Cámara de Diputados.

          Digo esto porque él conoce esta problemática más que nadie por haber sido presidente de una gran institución del fútbol argentino. A esto hay que agregar que el actual presidente de ese club y el actual presidente de la AFA son sus amigos. Yo también fui dirigente de fútbol varios años, por lo que podría decir muchas cosas. Pregunto: ¿por qué tuvieron que pasar tres años para que esta importante norma se trate en este recinto?

          También quiero decir que hubiera sido bueno invitar a las reuniones de comisión a los actores fundamentales, es decir, a quienes administran este deporte en Buenos Aires y en todo el país; me refiero a los presidentes de las ligas de todas las provincias argentinas, a los presidentes de los principales clubes afiliados a la AFA, etcétera.

          Por supuesto, la gente de la AFA también tendría que haber dicho lo suyo y aclarar qué compromiso va a asumir para que esta ley se pueda poner en práctica y tenga el éxito que todos esperamos. El éxito o el fracaso va a pasar por ellos, es decir, por los dirigentes de las instituciones del fútbol, que trabajan toda la semana y, especialmente, los fines de semana, que es cuando se realizan los eventos. Deberían habernos explicado cómo van a aplicar esta norma.

          Lo más fuerte de este proyecto de ley es la penalización, pero no solamente hay que profundizar en lo penal, sino también en lo educativo y en lo cultural. Esto es lo que está faltando.

 

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Franco, por Misiones.

 

Sr. Franco.- Señor presidente: en nombre de los diputados misioneros que integramos el bloque Argentina Federal quiero decir que acompañaremos en general este proyecto de ley, a sabiendas de que se trata de un proyecto que tiene mucho que ver con lo que vivimos quienes venimos del interior, que es el centralismo.

          Tal vez este tema no hubiese tomado tanto estado público si los hechos no hubieran ocurrido en esa final que no se pudo jugar acá y se tuvo que jugar en otro país, cosa que nos dolió a todos los argentinos, tal vez por eso que dice García Márquez cuando habla del pudor de las propias miserias.

          De todos modos, eso sirvió para que discutamos y empecemos a poner blanco sobre negro un tema que a todos nos preocupa, que es la seguridad en los espectáculos deportivos. Pero no sería leal, señor presidente, si no dijera lo que sentimos quienes no vivimos en este país central, es decir, quienes vivimos en el país periférico, en la Argentina profunda, en la Argentina de adentro.

           No es lo mismo la realidad de los clubes del interior que la de los clubes de Buenos Aires. Muchas veces los clubes del interior son el lugar donde se congregan las personas para pasar un momento de esparcimiento, y en muchos casos hacen milagros o estiran el presupuesto como un chicle para poder llegar a fin de mes, pagar los servicios o satisfacer las necesidades básicas.

          No es lo mismo lo que le toca administrar a un dirigente de un club del interior –y no estoy hablando de la calidad humana‑ que lo que le toca administrar, por ejemplo, a un dirigente de un club de la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces esa función es hasta una carga pública, porque no hay quien quiera participar; quienes lo hacen son héroes anónimos, civiles que están en ese lugar y que pueden hacer que un chico vaya a practicar un deporte o que una familia pase un domingo allí.

          A esa gente también hay que tenerla en cuenta cuando discutimos este tema, porque pareciera que todos son delincuentes o malos. No digo que unos sean malos y que otros, buenos. Lo que quiero decir es que no hay que poner a todos en el mismo corral porque a lo mejor nos equivocamos e injustamente ponemos calificativos a personas que no se los merecen.

          Por ejemplo, no es lo mismo lo que se conoce como trapitos aquí que lo que se conoce con ese nombre en algunos lugares del interior. Por lo que escuché y lo que me han contado, pareciera que en Buenos Aires la palabra trapitos tiene otros ribetes, con características más bien comerciales y, en algunos casos, cuasi delictivas.

          Pero en mi pueblo y en otras ciudades de mi provincia, el trapito es una persona –puede ser un chico, un joven o un adulto, hombre o mujer‑ que trata de llevar un manguito más a su casa. Por eso quiero que se sea claro, porque pareciera que ahora vamos a poner a todos en tela de juicio. Por eso celebro que en algún lugar se haya tenido en cuenta este tema y se permita una flexibilidad para esas personas.

          Quería hacer esta salvedad porque quiero rendir un homenaje a los clubes del interior. Por supuesto que la ley es general y es para todos, y nosotros tenemos la obligación de legislar para todos, sin excepciones; si no, no sería ley. Por eso hay cosas que nos gustan y queremos remarcar, como el registro para quienes cometen algún tipo de delito.

          También nos parece bien el tema de la probation, porque las penas tienen que ser firmes para quien comete algún tipo de acción negativa en un espectáculo deportivo. Se trata de manejar el derecho de admisión, la responsabilidad de los integrantes de las comisiones directivas y de los clubes en relación con el derecho de admisión, la concurrencia administrativa, etcétera.

          En general, señor presidente, quiero decir que vamos a estar a favor de este proyecto de ley. Días atrás me preguntaba por qué esta iniciativa se aplica solamente al fútbol, y creo que esto queda pendiente. Me parece que tendríamos que pensar en una ley que trate la violencia en otros espectáculos deportivos.

          Entiendo que este es un principio que podrá ser mejor o peor; a algunos les gustará más y a otros, menos, pero sí creo que existe un amplio consenso en este recinto en relación con este tema y que hay una gran voluntad de salir adelante. Lo que me parece extraordinario en relación con esta ley es que hay voluntad política de empezar a tratar este problema. Es un principio, al fin.

          Señor presidente: vamos a acompañar este proyecto de ley. Ojalá que se siga discutiendo y mejorando con el tiempo y que sea bueno para el deporte argentino. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Sahad, por La Rioja.

 

Sr. Sahad.- Señor presidente:  hoy no solo estamos tratando una ley para la Prevención y Sanción de Delitos en Espectáculos Futbolístico, sino que estamos dando un paso fundamental desde esta Cámara para recuperar el deporte de las manos de los violentos y mafiosos. 
          He practicado deporte toda mi vida y he tenido el orgullo de representar a mi provincia y a mi país en distintas competencias nacionales e internacionales, y puedo asegurarle que el deporte no son los barrabravas, los violentos y los mafiosos. Ellos no lo representan y no nos representan en lo absoluto.

          El deporte es otra cosa; es sinónimo de educación y de integración social. El deporte es una herramienta fundamental para la transformación de nuestra sociedad a través de la defensa de los valores más nobles a los que podemos aspirar como personas, tales como la igualdad, la solidaridad, el esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo y muchos otros más, que son asimilados a partir del estudio y la práctica de cualquier disciplina deportiva. 
          Soy dirigente de un club y conozco muy bien la importancia que han tenido y tienen los mismos para el desarrollo de nuestro pueblo. Los clubes, ya sean de fútbol o de cualquier deporte, son una extensión del núcleo familiar, un lugar en donde nuestros hijos pueden pasar horas y horas aprendiendo y disfrutando en un espacio sano, integrado en su mayoría por personas con vocación de servicio, que buscan lo mejor para su futuro. 

          ¿Pero sabe qué, señor presidente? Estamos perdiendo poco a poco nuestros clubes a manos de organizaciones delictivas que se infiltran en los mismos, corrompiendo y destruyendo todo a su paso. Se trata de verdaderas mafias que roban, extorsionan y presionan a dirigentes, socios y espectadores y que, en muchos casos, gozan_de impunidad al mezclarse y esconderse detrás de las personas que verdaderamente aman el deporte.

          No podemos permitir que nuestras familias tengan miedo de llevar a sus hijos a un club o de asistir a un espectáculo deportivo por culpa del accionar de estos delincuentes. El Estado debe estar presente allí donde más se lo necesita, protegiendo y acompañando a los más débiles, a quienes no pueden defenderse frente a estos mafiosos.

          Asistir a un espectáculo deportivo no debe ser un riesgo, sino una fiesta y una actividad de disfrute y aprendizaje para compartir en familia. Debe ser un espacio de convivencia social pacífica en donde cada persona se pueda sentir orgullosa de defender los valores y los ideales que cada club representa a través del desarrollo de sus distintas disciplinas.

          Por eso, como ciudadano, dirigente de un club y representante del pueblo de La Rioja, siento la responsabilidad de proteger a los deportistas, a los espectadores, a los vecinos y a todos los dirigentes honestos y comprometidos.

          Debemos trabajar arduamente para fortalecer su rol social, cultural y educativo a través de distintas estrategias y acciones, tanto de concientización cómo de prevención, y también con el castigo a quienes cometan delitos de cualquier índole.                         Quieren destruir el fútbol y el deporte en general. No podemos ser rehenes de estos mafiosos, mientras ellos gozan de impunidad y libertad.

          Por todo lo expuesto, considero que el proyecto de ley que estamos tratando hoy va a dotar de herramientas fundamentales a las fuerzas de seguridad y a la Justicia para lidiar con este flagelo que como gobierno queremos eliminar.

          Desde esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, debemos dar respuesta y sancionar esta iniciativa. El deporte es una escuela de vida y los clubes son las aulas. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Passo, por Buenos Aires.

 

Sra. Passo.- Señor presidente: quiero celebrar que hoy, con un amplio consenso, estemos debatiendo este proyecto, que sufrió muchas modificaciones desde su versión original; incluso, hoy también estamos planteando más modificaciones para mejorarlo.  Eso se debe a que estamos convencidos de que intentamos lograr la mejor ley posible en el combate de la violencia en el fútbol y en las luchas contra las mafias.

          Celebro esta situación porque creo que está claro que tenemos que dar una gran señal a la sociedad argentina respecto de aquello que nos reclama y que tiene con ver con este gran flagelo de la violencia que nos toca sufrir.

          Se trata de un mal que está enquistado en las entrañas de la sociedad desde hace muchísimo tiempo y de una violencia que ha logrado apoderarse de nuestras calles, de la propiedad privada y de la vida de nuestros conciudadanos. También ha logrado apropiarse de nuestros miedos y temores. Lamentablemente, el mundo del fútbol no es ajeno a esta problemática.

          No hay dudas de que en este, como en muchos otros temas, hace falta un cambio cultural profundo en la Argentina. No hay dudas de que existe un gran clamor social que nos exige a los representantes del pueblo apuntalar y acompañar ese proceso. Pero tampoco hay dudas de que en este tema se trata de una tarea que no corresponde exclusivamente el Poder Legislativo. No nos engañemos.

          Ni la mejor ley sancionada en este Congreso tiene utilidad si no hay un Poder Ejecutivo capaz de montar un operativo de seguridad serio y eficaz frente a un espectáculo deportivo o de cualquier naturaleza.  Ni la mejor ley tiene sentido si no tenemos un Poder Judicial que aplique las sanciones de manera oportuna y efectiva, es decir, para ser más claros, si no logramos tener más jueces que impartan justicia.

          Nuestra compañera Carla Pitiot ya ha expresado los detalles y las propuestas de modificación que vamos a hacer respecto a nuestra postura frente a este proyecto. Solo quiero destacar que con respecto al incremento de las penas para delitos perpetrados en el ámbito del fútbol creo que estamos dando una señal legal concreta del camino que tenemos que transitar para combatir esta situación de violencia en el fútbol.

          Comparto también lo que se ha dicho varias veces en este recinto respecto de la situación del interior de la provincia de Buenos Aires y del resto de las provincias. Coincido en que hay que tener una visión de la realidad de todo el país y que no debemos equivocarnos en eso.

          Considero que es muy importante que no nos equivoquemos en la interpretación de la realidad, porque también es cierto que ninguna ley tiene sentido si nos creemos una realidad virtual.

          Cuando digo esto, lamentablemente, recuerdo las palabras del presidente Macri en oportunidad de referirse al partido por la final de la Copa Libertadores. En esa ocasión declamaba que ya habíamos transitado un cambio cultural en la Argentina y que lo íbamos a demostrar en aquel partido.

           Redobló la apuesta diciendo que, incluso, estábamos preparados para que el público visitante concurriera a aquel partido y después, cuando pasó lo que pasó, dijo que no lo podía entender. Ahí es donde yo advierto que tenemos un gran problema de responsabilidad o, cuanto menos, de interpretación de la realidad, porque cuando uno cree que las cosas van a ser de una u otra manera, sencillamente porque las dice, cuanto menos se está equivocado y cuanto más, se es un irresponsable.

          Lamentablemente, esto sucede cuando se intenta hacer creer que el eslogan es más fuerte que la realidad y todos sabemos que aquella realidad que vivimos con ese partido solo nos trajo vergüenza y desilusión.

          Para finalizar, quiero decir que solo seremos capaces de torcer este camino sin destino si reconocemos la realidad seriamente, si enfrentamos los problemas sin especulaciones y si cada cual ‑desde su lugar- aporta sus mejores elementos para tratar de construir una Argentina mejor.

          Además, considero que el Poder Legislativo está dando un gran paso en ese sentido. Espero que los otros poderes estén también a la altura de las circunstancias, para que no nos pase que tengamos que seguir siempre corriendo atrás de las tragedias o de los títulos periodísticos. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Enríquez, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Enríquez.- Señor presidente: creo que estamos considerando un tema muy sensible para la sociedad argentina. El fútbol es una parte de nuestra cultura. Los que lo hemos practicado y somos hinchas o simpatizantes de un equipo de fútbol así lo vivimos.

          Es tan importante este deporte en el que nos hemos destacado que hemos llegado a tener figuras de renombrado nivel internacional.  Puedo mencionar los casos de Alfredo Di Stéfano –la saeta rubia-, Diego Maradona o Lionel Messi, en distintas épocas. El fútbol también ha sido una fuente constante de problemas de corrupción y de violencia, y los barrabravas en este tema constituyen un aspecto central.

          Cuando yo hablo de ser hincha o simpatizante de un club de fútbol me diferencio absolutamente de las barrabravas y sin titubeos puedo decir que son organizaciones criminales, con ramificaciones en distintos sectores de la política general y gremial. Esto es algo que atraviesa a todos.

          Por ello, cuando escuché a un diputado decir que las barrabravas eran mano de obra para determinados sectores políticos, yo entiendo que no fue para todos y que en muchos casos hubo excepciones. Algunos fueron hasta amenazados.

          Hoy escuché a un diputado, que fue directivo del Club Alvarado de Mar del Plata, decir que había sido amenazado de muerte, que en la Comisión Directiva de River o de Boca sucedía lo mismo y que el secretario de Argentino Juniors estaba permanentemente amenazado porque sus hijos estaban marcados al salir del colegio. Es decir que acá aparece la connivencia con otros sectores. No vamos a resolver el problema con la exclusiva sanción de una ley penal porque las causas son mucho más profundas.

          En el año 1985 se sancionó la ley 23.184, por iniciativa del entonces senador Fernando de la Rúa. Me ocupó a mí aplicarla en la Ciudad de Buenos Aires años después; era una ley realmente perfecta, que establecía las figuras contravencionales, distinguiéndolas de las figuras delictuales. Sin embargo, no alcanzó porque este tema debía ser enfocado desde un punto de vista multidisciplinario. Por eso la riqueza de esta ley que, bueno es decirlo, impulsó el Poder Ejecutivo.

          En base a esto que hemos inaugurado en diciembre de 2015, me refiero al arte del acuerdo, la ley antes mencionada se vio enriquecida con los aportes de las distintas vertientes políticas y bloques partidarios. En esto hay que rescatar el gigantesco trabajo que hizo la diputada nacional Gabriela Burgos, al haber podido amalgamar iniciativas sin haber generado un Frankenstein, como ella misma dijo. Es mejor un esquema de trabajo equilibrado, que se compadezca con la arquitectura de todo el Código Penal y con una visión que no se contraponga con las penas y figuras que va a traer el nuevo Código Penal, que si Dios quiere vamos a sancionar el año que viene.

          No niego que el análisis es mucho más amplio y que, quizás, la norma es insuficiente. Con la modificación de la ley penal, a lo mejor no damos la solución definitiva, pero damos un paso. Estamos señalando algo que constituye un reclamo popular.

          No acepto cuando me dicen que lo estamos haciendo para la tribuna o la tapa de los diarios. Si esto hubiera sido así, ya lo hubiéramos sancionado en las últimas sesiones sin un consenso sólido, que ahora le va a dar potencia a esta norma.

          En este punto del debate tengo que mencionar lo que los abogados llamamos el strepitus fori, el clamor del foro, el clamor del pueblo que se da en un ámbito judicial contra sentencias contradictorias o cuando una sentencia, que es una norma jurídica de alcance individual, causa cierta conmoción general.

            Esto también esto se da en el ámbito legislativo. Cómo no vamos a brindar un cauce adecuado al strepitus fori si nos tiene que importar la reacción de la sociedad de la cual somos representantes. Es como si en el derecho común, en el derecho civil, siendo mandatarios, no nos importara cuidar los designios o la voluntad del mandante. Además de oportuna y absolutamente conveniente, esta es la respuesta democrática a un escándalo que generó el malhadado partido entre River y Boca. En estos casos, ni siquiera, cuando hablamos del strepitus fori, estamos legislando nosotros. No somos más que el vehículo de lo que ya Juan Jacobo Rousseau llamó la voluntad general.

          Aquí quiero detenerme, disculpen que me extienda, en algo que me parece sustancial. En los albores de la democracia el gran filósofo argentino Carlos Nino escribió un libro que siempre recomiendo, Un país al margen de la ley, donde se habla de la anomia. ¿Qué es la anomia? No es sancionar leyes permanentemente, sino generar que esas leyes puedan ser una respuesta general, en cumplimiento de la norma.

          Nosotros sabemos que por más que impongamos sanciones, si no cambiamos las conductas vamos a estar en la misma situación. Sin embargo, la norma tiene un efecto docente y pedagógico, y realmente debe servir para eliminar estas conductas. En este sentido, Juan José Sebreli, en un libro relacionado con el fútbol, decía que un rasgo típicamente argentino es el acostumbramiento a la ilegalidad.

          Quiero simplemente finalizar mi discurso diciendo que esta norma es, a mi juicio, extremadamente importante. También deseo expresar debe ser acompañada por los jueces, aplicando la ley con la máxima celeridad.

           El señor presidente de la República dijo: “Ahora, con esta ley, van a ser condenados aquellos que colaboren con las barras de alguna manera, sean de la política o de la política deportiva; ya no deja resquicios para que los jueces interpreten.” El que las hace las debe pagar.

          Por otro lado, hace muy pocos días nuestro jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, preguntaba cómo podía ser que, después de los incidentes en River, veintitrés barrabravas, los de las pedradas, hayan sido detenidos e inmediatamente dejados en libertad. La famosa puerta giratoria de la que tanto hablamos. Sin embargo, ante un hecho semejante ocurrido en Alemania –señalaba Rodríguez Larreta‑, en un partido de la Bundesliga, quien tiró una pedrada fue penado con catorce años de prisión.

          Para finalizar, señor presidente, quisiera decir que no estamos sancionando a quienes realizan la actividad de trapitos, sino a aquellos que forman parte de organizaciones criminales, porque queremos atacar el fondo de la cuestión, el caracú del tema, que es, justamente, el financiamiento a las barrabravas, que se nutren a través de los trapitos -por vía de la reventa de entradas o de la venta de entradas falsas o adulteradas- y del narcotráfico. No podemos hacernos los distraídos porque todo esto se relaciona con el financiamiento de las barrabravas.

          Hay quienes sostienen que en los pueblos del interior -los entiendo porque conozco el interior de mi patria‑ habrá trapitos que no podrán trabajar. A ellos les digo que el Código Penal, si bien es legislación de fondo y se aplica en todo el Estado federal, habla de los trapitos sin autorización. En aquellas jurisdicciones donde los trapitos tengan autorización, obviamente, van a poder trabajar y no se les cercenará esa posibilidad.

          En definitiva, lo que nosotros buscamos con esta norma es no darle la espalda al pueblo y actuar como él nos pide, es decir, sin demoras y sancionando una ley a fin de terminar con este flagelo en el fútbol, para que todos podamos vivirlo como una fiesta. Como lo viví yo cuando era chico –y, seguramente, usted también, señor presidente‑, que era una fiesta en paz y tranquilidad, que se disfrutaba con la familia. Incluso, se vivían cosas del folclore, que terminaban siempre con las banderas y los cánticos de las hinchadas. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Incicco, por Santa Fe.

 

Sr. Incicco.- Señor presidente: celebro que estemos tratando, aun en sesiones extraordinarias, un régimen procesal y penal para la prevención y sanción de delitos en espectáculos futbolísticos. Esto viene a confirmar la decisión clara y la voluntad política concreta de nuestro gobierno, del Poder Ejecutivo nacional, de avanzar en la lucha contra la violencia que ha destruido un espectáculo público que es muy caro al sentimiento de todos los argentinos, como el fútbol.

          Tenemos en claro la decisión de luchar contra todos los hechos violentos e ilícitos en todas sus formas, haciendo especial hincapié en aquellos cometidos por grupos que constituyen verdaderas asociaciones delictivas y, sobre todo, atacando su financiamiento.

          Creo que se confunden, o intentan confundir, quienes sostienen –como se ha dicho aquí en varias oportunidades‑ que esta norma es una reacción espasmódica causada por el frustrado último partido entre Boca y River.

          Tengo que hacer un paréntesis, señor presidente, porque se han cargado mucho las tintas sobre el fallido operativo de seguridad –no digo que no haya sido criticado con justa causa‑, pero quiero recordarles que el pasado mes de noviembre se jugó en mi ciudad, Rosario, el clásico entre Central y Newell’s, uno de los clásicos más antiguos e importantes del fútbol argentino, en instancias definitorias de la Copa Argentina. Debo decir que este partido tuvo que jugarse en Sarandí, en la cancha de Arsenal, un día de semana a la tarde, sin público y a puertas cerradas. El problema es grave y no se circunscribe solo a las fuerzas de seguridad de la Capital Federal o del orden nacional.

          Insisto en que confunden o intentan confundir quienes sostienen que se trata de una reacción espasmódica. No es así. Existe una voluntad política muy clara que quedó demostrada en agosto de 2016, cuando un proyecto de estas mismas características fue presentado en el Senado y quedó allí trabado. Pero no porque no haya habido voluntad política de avanzar en este sentido, como dijo un diputado preopinante, sino por una elemental razón aritmética: no teníamos los números para avanzar.

          Esa voluntad también queda de manifiesto cuando se observa cómo se ha trabajado con los clubes en lo relativo al derecho de admisión y cómo se ha desarrollado e implementado el programa Tribuna Segura. Desde la fecha de su implementación, este programa ha controlado a 7 millones y medio de personas, que asistieron a espectáculos futbolísticos, ha realizado 1.003 operativos, durante los cuales se restringió el acceso a los estadios a 1.777 sujetos violentos, y se capturaron 519 prófugos que fueron puestos a disposición de la Justicia de inmediato.

          Señor presidente: creo que algo ha cambiado en la gestión pública cuando uno compara estas cifras, por ejemplo, con las políticas que apuntaban a la creación y el financiamiento de Hinchadas Unidas Argentinas.

          Sabemos que el proyecto que estamos tratando seguramente no sea la solución total contra la violencia y el delito en el fútbol, pero es la respuesta que desde el Estado debemos empezar a dar. Está muy bien aumentar las penas de ciertos delitos que existen y están tipificados en el Código Penal, pero que requieren que se agraven cuando estos son perpetrados en el marco de un espectáculo futbolístico. Está muy bien tener normas de prevención; está muy bien combatir la violencia y el financiamiento de las barras; está muy bien y es muy positivo crear nuevos tipos penales que repriman conductas vinculadas con la violencia y el financiamiento de los violentos, como, por ejemplo, los cuidacoches o la falsificación o reventa de entradas que acá estamos tipificando.

          Es muy positivo también poder debatir y establecer la figura del enriquecimiento ilícito de los dirigentes del fútbol. Es un buen debate y espero que podamos avanzar en este sentido.

          Está muy bien debatir y regular las incompatibilidades o conflictos de intereses que eventualmente puedan darse entre los dirigentes del fútbol y quienes ejercen alguna función o cargo público. A este respecto, me permito hacer algunas observaciones.

          En primer lugar, creo que tenemos que ser muy cuidadosos del derecho constitucional y el ejercicio de cualquier actividad lícita, así como también de la garantía de la igualdad cuando hablamos de incompatibilidades o de conflicto de intereses. Entiendo que esto debería restringirse a los funcionarios que tengan injerencia en el control de la seguridad de los espectáculos futbolísticos y, concretamente, a la implementación de la presente ley.

          Otra observación que también me parece del caso es que quizás estas incompatibilidades se entiendan fácilmente en los grandes clubes de primera división, pero en las pequeñas localidades del interior del país las personas con vocación por la cosa pública, que tienen ese interés, esa vocación de servicio, son quienes suelen participar en las cooperativas, en las organizaciones vecinales, en las mutuales, en los clubes, y muchas veces acceden a cargos políticos en las intendencias o en las comunas. Creo que tenemos que ser muy cautelosos al regular este aspecto.

          Corresponde avanzar y transformar este proyecto en ley. Es necesario hacerlo. Pero debemos tener en claro también que, aunque sea necesario, no es suficiente, porque hay una cuestión de fondo que es social, cultural, educativa, que va a llevar mucho tiempo cambiar y recomponer para que el fútbol vuelva a ser un espectáculo que, como se dijo, pueda ser gozado en plenitud y por toda la familia.

          No obstante, creo que estamos en el buen sendero y que esta es una firme decisión de nuestro gobierno nacional, afortunadamente acompañada por la amplia mayoría de este cuerpo. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Vallone, por San Luis.

 

Sr. Vallone.- Señor presidente: si usted me pregunta si esta ley por la que se sancionan los delitos en el fútbol va a resolver los problemas de fondo que vive el fútbol argentino y la sociedad argentina, le digo que difícilmente lo haga. Si me pregunta si necesitamos una ley, le respondo que sí, que sin lugar a duda. Quizás, no es la ley perfecta que necesita la Argentina en este momento, pero es un primer paso; por eso acompañaremos la sanción de este proyecto.

          Tal vez sea el oportunismo político de esta iniciativa lo que me hace ruido. Para avanzar en una norma tan compleja, tenemos que contemplar también la problemática social. Debemos ver quiénes son los actores responsables de la violencia que sufre el fútbol a través del accionar de los barrabravas, analizar qué pasa con los clubes. ¿Por qué todavía desconocemos de dónde salieron las entradas encontradas al barrabrava de River Plate tras los allanamientos? ¿Qué piensa y qué responsabilidad le cabe a la AFA, que se mantuvo en silencio durante todo este tiempo? ¿Qué responsabilidad tienen las fuerzas de seguridad y la Justicia, que autoriza a barrabravas a viajar al exterior para ver partidos? ¿Qué responsabilidad recae en la política en esta situación tan compleja?

          De acuerdo con las estadísticas de la ONG Salvemos al Fútbol, las dos primeras muertes que figuran en los registros históricos del fútbol datan de 1922. Hasta hoy, el fútbol sufrió trescientas veintitrés víctimas fatales, número que se despegó fuertemente en la década del 90 y que se profundizó en los últimos años con una nueva modalidad de violencia: la pelea intrabarras, que tiene como objetivo el negocio interno.

          Me parece que ahí está el fondo de la cuestión. Todos sabemos que las barrabravas son organizaciones delictivas y cuasimafiosas, que solo pueden financiarse por la complicidad de los sectores que tienen responsabilidad y que antes enumeré. Entonces, tenemos que tratar de resolver el problema de fondo.

          Nosotros presentamos, como una alternativa a lo planteado por la señora diputada Burgos, un proyecto de ley sobre identificación en los espectáculos deportivos. Va más allá del fútbol, ya que hace referencia a todas las disciplinas, y comprende dos cuestiones clave: primero, el gran negocio de la reventa; justamente, ese es el gran negocio de los barrabravas. Segundo, el acceso a los estadios de fútbol de personas con antecedentes.

          Hemos solicitado no solo la incorporación del artículo 33, que dispone la generación de una Base Unificada de Datos y Antecedentes Relativos a Espectáculos Futbolísticos, sino también la creación de un documento de Acceso a Espectáculos Deportivos –AED‑ para garantizar la protección del ciudadano común, del hincha y, sobre todo, la transparencia en el ingreso a los estadios de fútbol. A tales efectos, también pedimos que sea tenido en cuenta el proyecto de ley que presentamos ‑registrado bajo el número 7.555‑D.‑2018‑, donde se establecen las condiciones, requisitos y funciones del documento de AED.

          Para explicarlo en pocas palabras, puedo decir que es una iniciativa cuyo objetivo es incorporar un mecanismo similar al Fan ID, que todos vimos cómo fue probado eficientemente durante el mundial de Rusia.

          Estamos convencidos de que esta problemática se resolverá no con la sanción de un proyecto de ley, que sin duda es un primer paso y nos ayuda a abrir la discusión, sino cuando la hinchada visitante vuelva a los estadios de fútbol. Como bien dijeron varios señores diputados, esta situación se vive en Buenos Aires, pero no en el interior del país, donde los partidos son jugados con presencia de la hinchada visitante. Pero, sobre todo, se resolverá cuando las familias regresen a los estadios.

 

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Oliveto Lago, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Oliveto Lago.- Señor presidente: durante los últimos días e, incluso, hoy, en momentos en que el Poder Ejecutivo remitió este proyecto de ley, escuché a varios diputados hablar de oportunismo, como si, de alguna manera, ese término nos quitara la responsabilidad histórica de no haber hecho algo en todos estos años.

          Antes de oportunismo, mirando en positivo, quiero hablar de oportunidad. Al parecer, un hecho deportivo internacional, que nos expuso ante los ojos del mundo, nos dio a los dirigentes políticos la oportunidad de empezar a legislar sobre una problemática que la sociedad reclama. Si hay algo en que hay consenso es que la Argentina quiere vivir en paz, sin violencia.

          Para hacer honor a ese pedido que está en los corazones de los argentinos, quiero hablar desde la posibilidad de lograr consensos, evitando hacer chicanas innecesarias o recordar a algunos su historia en los últimos años.

          Al oportunismo se antepone la coherencia. Por eso, esta tarde, quiero hablar de la coherencia de la Coalición Cívica que, más allá de ser oficialismo u oposición, siempre ha denunciado cómo la connivencia entre la política, la Justicia, los intereses económicos, los clubes y los barrabravas del fútbol terminó haciendo mal a los argentinos.

          Por eso, desde ese lugar de coherencia, quiero decir que, si bien entendemos que este proyecto de ley es un avance, hubo que introducirle modificaciones en muchos aspectos porque tenía inconsistencias, lagunas y contradicciones que hicieron que muchos diputados, oficialistas y de la oposición, debiésemos trabajar durante muchas horas para llegar a un texto aplicable. En este punto, quiero reconocer la tarea de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, diputada Gabriela Burgos.

          En cuanto a las escalas de la pena, esta iniciativa no puede quitar coherencia ni al Código Penal ni al proyecto de código en el que está trabajando el doctor Mariano Borinsky, junto con su equipo, que esperamos sea prontamente analizado en el Congreso.

          No es que los diputados estamos reduciendo penas; simplemente, procuramos que esta norma sea armónica con la legislación penal argentina. Por eso propondremos que sea incompatible con el ejercicio de la función pública en el ámbito nacional ser parte de cualquiera de los órganos de los clubes de fútbol, la AFA o la Conmebol. Esto sería a partir de una modificación de la Ley de Ética Pública.

          Una vez un diputado opositor, presidente de bancada, dijo que estaba muy orgulloso de su historia, de lo que fue y de lo que es. Más allá de que no compartimos mucho, me parece una buena síntesis decir que estamos orgullosos, en este recinto, de lo que somos cada uno de nosotros.

          Utilizando estos últimos conceptos, quiero decir que estoy orgullosa de lo que fuimos y seguimos siendo: un grupo de hombres y mujeres que hemos denunciado la corrupción estructural en la Argentina, la corrupción política, judicial y económica. Pero también estamos profundamente orgullosos de lo que somos porque desde la bancada oficialista podemos plantear disidencias. No formamos parte de una escribanía, sino que podemos acordar con quien piensa distinto, y somos capaces de dar a nuestro gobierno las herramientas para combatir este flagelo. Estamos legislando para que la sociedad pueda vivir en paz. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Fernández Langan, por Buenos Aires.

 

Sr. Fernández Langan.- Señor presidente: desde que asumió el presidente Macri, este gobierno ha mostrado un fuerte compromiso de lucha contra todas las mafias, y el caso de las barrabravas no es la excepción.

          Sabemos que existe una relación oscura entre el crimen organizado y el fútbol, que solamente puede ser resuelta desde la seguridad, el orden y el efectivo cumplimiento de las normas penales. Es por eso que, en agosto de 2016, el Poder Ejecutivo nacional envió a esta Cámara el mismo proyecto que hoy estamos discutiendo.

          El tristísimo episodio que vivimos el mes pasado, durante la final de la Copa Libertadores entre River y Boca convirtió a este tema en una innegable prioridad para esta Cámara.

          Lamentablemente, fue este episodio el que permitió que todos los bloques de esta Cámara nos pusiéramos de acuerdo para tratar de eliminar la violencia que hace que los argentinos no podamos disfrutar del fútbol.

          Señor presidente: este proyecto tiene como principal eje desarticular a las organizaciones mafiosas, para que dejen de hacer negocio dentro del fútbol y podamos así recuperar un espacio público que perdimos hace mucho tiempo. El objetivo es devolver a las familias la posibilidad de volver a disfrutar de nuestro fútbol.

          Fue así como pusimos el foco en todas las conductas en las que intervienen las barras, desde el cuidado de los autos, la facilitación de ingresos, la falsificación de entradas y los disturbios que se desarrollan en el interior e inmediaciones de los estadios de fútbol.

          Tiene que quedar claro que la problemática de las barrabravas en la Argentina difiere de la de otros países. No se trata en nuestro país solamente de una cuestión de violencia entre hinchadas. En la Argentina, las barras son organizaciones criminales guiadas por un fin que es netamente económico, y se ha detectado que en algunas ocasiones puede haber connivencia con la dirigencia del fútbol o con la dirigencia política, pero otras veces esa misma dirigencia es la víctima de estas situaciones.

          Los barrabravas son grupos que se dedican a hacer negocios con el fútbol. Por eso, cuando planteamos contra esos grupos una lucha desde lo legal, consideramos que hay que atacar -entre otras cosas- su financiamiento.

          Algunas de las conductas que en otros ámbitos podrían parecer menores, acá no lo son, ya que sirven de sustento a la financiación de esos grupos y organizaciones delictivas.

          Está claro que una persona que forma parte de una organización delictiva que planifica los delitos que estamos considerando en este proyecto tiene la mayor responsabilidad en estos casos. Ellos son los verdaderos responsables de las situaciones criminales que hoy nos convocan. Tenemos que trabajar para que estas personas no tengan más impunidad en la Argentina.

          Ahora bien, eso no es lo único que buscamos este día mediante la sanción del proyecto en consideración. También estamos proponiendo que quienes entren armas de fuego al estadio no puedan evitar la cárcel, si son considerados culpables. Como legisladores, es fundamental que establezcamos penas que desalienten estas conductas. Por eso creo que debe existir una coherencia en el quantum de las penas que aplicamos, por lo que el mínimo de esta pena debería ser de cuatro años. No hay razón para que una persona que decidió con intención y deliberadamente ingresar armado a un estadio de fútbol quede libre, aunque no haya utilizado el arma.

          También queremos desalentar el ingreso a la cancha con piedras u objetos cortantes. Buscamos que el que vende entradas falsas o sin autorización tenga una consecuencia, y que quien facilite el ingreso de los barras a las canchas no quede impune.

          El objetivo es desalentar estas conductas para terminar con un sistema de organizaciones criminales que se beneficia con la ausencia de penas acordes y de cumplimiento efectivo.

          Señor presidente: es necesario que dotemos al Ministerio de Seguridad de un sistema de Fan ID similar al que se utilizó en el Mundial de Fútbol de Rusia, donde todos los tickets contaban con los datos intransferibles de los espectadores que se encontraban en el estadio. Esta medida busca que tanto los simpatizantes como los dirigentes, periodistas y todo el personal que pudiera estar prestando un servicio en el estadio estén registrados.

          Es por ello que, cuando se discuta el articulado en particular, propondré una incorporación en ese sentido, en línea con los pedidos formulados por los diputados Vallone y Kosiner.

          Considero que la persecución de estos delitos, junto con la implementación de un sistema similar al del Fan ID y las herramientas del juicio abreviado, la figura del arrepentido y la eliminación de la suspensión del juicio a prueba nos permitirán dar una respuesta a esta problemática de la que todos somos testigos.

          Estas instituciones nos permitirán agilizar los procesos, dar una respuesta acorde a la magnitud de los hechos y recabar información relevante para llegar a quienes manejan estas organizaciones delictivas.

          Señor presidente: es fundamental que cada uno de nosotros, los legisladores, junto con la Justicia, las fuerzas de seguridad y los clubes, desde el rol que nos toca, nos pongamos al frente para encontrar una solución posible. Hay que dejar de mirar al costado y legislar estableciendo penas que permitan erradicar la violencia que se ejerce desde las mafias.

          Sabemos que son solo unos pocos quienes, en nombre de muchos, hacen fracasar el fútbol argentino. Por eso, habiendo arribado a los consensos necesarios           –aquí quiero destacar la labor de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal y del titular de la Comisión de Deportes-, esta tarde tenemos la oportunidad, entre todos juntos, de combatir la violencia para que nuestros hijos puedan volver a las canchas y para que las generaciones que vienen y el fútbol argentino nos vuelvan a llenar de orgullo. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Pretto, por Córdoba.

 

Sr. Pretto.- Señor presidente: en verdad, celebro la oportunidad que se ha dado esta Cámara, a instancias del Poder Ejecutivo –que lo ha incorporado en el temario de sesiones extraordinarias-, de debatir este proyecto tan importante para todas las familias argentinas y, especialmente, para los amantes del deporte.

          Quiero agradecer especialmente la tarea de la presidenta de la comisión, doctora Gabriela Burgos, así como también los aportes que realizaron distintos diputados de la oposición, como Castagneto, Grana, Pitiot e Iglesias, quienes en comisión empezaron a trabajar en procura de una mejor redacción y definición de los tipos delictivos que establecía el proyecto original.

          Aquí se ha escuchado hablar de oportunismo, y comparto con la diputada Oliveto Lago que, muy lejos de considerar a esta iniciativa como un oportunismo, debemos hablar de oportunidad. Es la administración la que tiene como principio definir el criterio de oportunidad y conveniencia en cada acto administrativo.

          ¡Vaya si hay aquí un criterio de oportunidad en la iniciativa del presidente Macri, junto a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich! Esta es la oportunidad de tratar este proyecto, porque más vergüenza de la que pasamos los argentinos en la frustrada final de la Copa Libertadores, en Buenos Aires, no podemos pasar.

          Por lo tanto, creo que no solo es oportuno, sino que, además, es conveniente que, con el aporte de los diputados de la oposición, se haya podido desarrollar este trabajo.

          Celebro también la invitación que nos hiciera el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en cuanto a la necesidad de acordar un texto que satisfaga a todos los bloques políticos, y que de alguna manera estemos dando así una respuesta seria y acorde a la necesidad del momento.

 

-   Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.

 

Sr. Pretto.- He escuchado también a muchos diputados cargar las tintas sobre la fuerza policial de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a si había procedido bien, si había respetado o no el protocolo, etcétera.

          Como dije en la reunión de comisión, me parece que no es la oportunidad de cargar las tintas sobre una fuerza de seguridad determinada. En esta oportunidad le tocó una malograda función a la fuerza de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, pero como deporte nacional y federal que es, el fútbol se desarrolla en todas las provincias y, entonces, con el mismo criterio deberíamos criticar el desempeño de las fuerzas policiales de cada lugar donde se desarrollan espectáculos deportivos.

          Por eso, en aquel momento, yo los instaba a dejar de lado el tratar de endilgar responsabilidades o cargar las tintas y, en cambio, poner el máximo empeño y la mayor energía en tener una ley,  que si no fuera ideal o perfecta, al menos que sea una ley posible. Así manifestaba en la comisión que prefería tener una ley imperfecta, una ley que no fuera ideal, a no tener una ley que permita poner fin a la violencia, cualquiera sea, pero especialmente en el fútbol y generada por las barrabravas.

          Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta que es mejor tener una ley que pueda ser corregida a no tenerla, porque de alguna manera debemos poner un límite definitivo a los vínculos que existen entre dirigentes políticos, gremiales o de cualquier índole que procuran utilizar barrabravas como herramientas para enriquecerse o cometer delitos. Entre todos debemos tratar de alentar la recuperación del deporte más popular de la Argentina, para sacarlo de las manos de los violentos y las barrabravas y ponerlo en las manos de las familias y los amantes del fútbol, que es nuestro deporte nacional.

          Señor presidente: celebro que se haya podido enriquecer este proyecto con el aporte de la oposición y que hoy, en sesiones extraordinarias, estemos tratando una iniciativa, que será perfectible, pero es un buen comienzo para decir nunca más a la violencia, especialmente en el fútbol, y para erradicar las barrabravas de la Argentina. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Massetani, por Santa Fe.

 

Sra. Massetani.- Señor presidente: luego de dos semanas de grandes esfuerzos para que hoy este proyecto pueda obtener sanción de esta Cámara, estamos aquí porque queremos dar un mensaje claro y enfrentar con suma responsabilidad y eficacia al delito, a los violentos y a los dirigentes corruptos del fútbol argentino.

          La violencia en el fútbol es una vieja deuda que tiene este Congreso, y lo único que se ha logrado con la omisión de este cuerpo es que las familias se hayan alejado de los espectáculos futbolísticos y de la participación en los clubes.

          El fútbol argentino es parte de nuestra idiosincrasia, un lugar donde debe primar el esparcimiento, el disfrute y la participación de la comunidad y la familia. Pero en la Argentina la cantidad de muertos relacionados con los espectáculos futbolísticos es la mayor a nivel mundial. Esto no es casualidad. En la Argentina, desde los cargos dirigenciales más altos, se fomenta la violencia dentro del fútbol.

          Somos conscientes de que este proyecto es solo una herramienta, y de hecho es perfectible, por la propia dinámica delictual, pero creemos que hoy se está dando un gran paso para intentar resolver este problema, que en verdad es muy complejo, sin que podamos asegurar de antemano que sea un paso suficiente, eficaz y definitivo para erradicar los conflictos estructurales que tiene el fútbol argentino.

          Pero también creemos que este Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Por ello hemos planteado numerosos cambios al proyecto original, que con muy buena voluntad la presidenta de la Comisión de Legislación Penal ha aceptado, como lo relativo al accionar de grupo y al portador de armas, donde consideramos que debe haber una prisión efectiva, y la propuesta de agregar una figura especial de enriquecimiento ilícito, así como otras que vamos a incorporar en la discusión en particular.

          Señor presidente: venimos de largas décadas de complicidades, donde se promovió la violencia y la corrupción sobre los valores que deben primar en esta sociedad, en los hinchas y en el deporte en general.

           Desde el Frente Renovador vamos a acompañar el proyecto porque, en definitiva, creemos que ganar un partido o una competencia nunca puede ser más importante que el respeto al hincha, el compañerismo y la solidaridad. Pero, sobre todo, debemos dar el ejemplo con los jóvenes y niños que nos están mirando. Seamos capaces de evitar que unos pocos ganen esta lucha. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Frizza, por Córdoba.

 

Sr. Frizza.- Señor presidente: en primer lugar, quiero reivindicar el momento para tratar este proyecto de ley. La violencia en el fútbol llegó a límites intolerables y se ha generalizado, incluso, por fuera de lo que se denomina comúnmente barrabravas.

          Quiero dar algunos ejemplos de mi provincia, Córdoba, ocurridos este año. En pueblitos muy chicos, como La Paquita ‑departamento de San Justo‑ o Almafuerte, ocurrieron hechos de violencia que involucraron a las familias en contra de los árbitros y de los mismos jugadores. También puedo mencionar el gran escándalo en un partido de la liga cordobesa de fútbol, pero de fútbol femenino, que terminó en una guerra campal entre las jugadoras y el público, con muchos heridos.

          Se ha naturalizado y los ciudadanos comunes han hecho propio esto del “aguante” mal entendido y de maltratar al que está enfrente solo por tener un color de camiseta distinto. Ni hablar del hecho lamentable, que todavía nos duele, de Emanuel Balbo, fallecido en un partido entre Talleres y Belgrano, también en la provincia de Córdoba.

          Por supuesto, esto tomó otra dimensión después del bochorno de River y Boca, pero yo disiento con muchos diputados que creen que esta es una ley solo para la Capital. La violencia está extendida a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Por eso me parece que no podemos esperar más, y es el momento de decirles basta a los violentos, se disfracen de lo que se disfracen.

          A esa violencia hay que dar respuestas y señales inmediatas de repudio, con acciones directas para tratar de revertir este estado de situación. No podemos permitir que los violentos nos sigan robando la pasión más genuina y extendida que tenemos los argentinos, y mucho menos que la cultura de la violencia sin límites se exponga como modelo impune, sin ningún tipo de sanción ni consecuencias ante el resto de la sociedad.

          Puedo coincidir con muchos diputados que hacían referencia a que no era suficiente esta ley. Tal vez haya que trabajar mucho más en ajustar los mecanismos de organización, de control, de accionar judicial y de una prevención mucho más activa; por supuesto,  también con respecto a nuestra fuerza de seguridad, que ha estado involucrada y denunciada en muchos de estos hechos.

          Pero el aumento de las penas es una señal fuerte. No nos da lo mismo a todos y no queremos convivir con más violencia, en ninguna de sus expresiones. No podemos permitir que la violencia, que está activa y vigente en todos los espectáculos deportivos, nos siga ganando y que no se pueda concurrir a un estadio de fútbol porque es casi tomado como un gueto por algunos violentos.

          También esta ley tiene otra faceta, no solamente un accionar contra los violentos en general, sino que es importante porque ataca al negocio que llevan muchas barras; y aquí sí lo identifico con las barrabravas. Por eso escuchaba a algunos diputados hablar de que se castigaba a los más débiles, pero yo quiero reivindicar el trabajo de muchos trapitos, que se ganan la vida cobrando estacionamiento en un evento deportivo, no solamente del fútbol. Pero no se está apuntando a ellos, sino a romper el financiamiento que tienen las barras y poder controlar con una autorización el accionar de esos otros ciudadanos que en el interior ‑de donde provengo‑ se ganan la vida de esta manera.  Podemos agregar la protección legal de los testigos, que es sumamente importante en esta sanción.

          Además de coincidir en casi todo con esta norma, quiero hacer referencia a la cuestión federal. Creo que si los gobiernos provinciales no adhieren a esta ley -y en esto tenemos que trabajar y comprometernos los diputados que representamos a los habitantes de cada una de las provincias-, esta norma no tendrá el alcance que todos deseamos. No hay federalismo si las provincias no están involucradas en resolver este flagelo.

           Como dije anteriormente, este problema no es solo de la Capital o de la provincia de Buenos Aires, sino que se extiende a lo largo y a lo ancho del país. Por eso, si bien entiendo el artículo 39 desde el aspecto legal, se debe trabajar fuertemente para que las provincias incorporen esta normativa.

          Creo que tocamos fondo y es imperioso empezar a recuperar terreno, con firmeza y la norma en la mano. Debemos desterrar a los violentos y sus cómplices de todas las canchas. Estoy convencido de que esta ley que envió el Poder Ejecutivo es un primer y gran paso en ese sentido. Por eso adelanto mi voto afirmativo. (Aplausos.) 

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Marcucci, por Santa Fe.

 

Sr. Marcucci.- Señor presidente: es muy importante la iniciativa que estamos debatiendo, y creo que lo estamos haciendo en un tiempo necesario.

          Más allá de los proyectos que se han presentado desde 2016 y de las leyes que en su momento se han aprobado, siempre ha sido un tema al cual el Congreso debió prestar permanente atención y seguimiento. Por lo tanto, la madurez se muestra en el debate, en los argumentos y, sobre todo, en la búsqueda de los consensos.

          Chris Whalley es un referente de la seguridad británico, que nos visitó varias veces, a quien se le preguntó cuál fue su receta para terminar con la violencia de los Hooligans, que había tocado su límite mayor en aquella avalancha que mató alrededor de noventa personas en un partido entre el Nottingham y el Liverpool. Su respuesta fue, básicamente, tres cosas: leyes con más fuerza, cámaras y circuitos interiores para reconocer y saber qué actitud tenía cada uno en la cancha, y otro dato central que tenía que ver con la infraestructura de los estadios: todos debían estar sentados.

          En alguna oportunidad me tocó dialogar con él, y cuando le pregunté qué características tenían los Hooligans, nos decía que simplemente eran violentos, que su única finalidad dentro y fuera del estadio era ejercer su violencia física contra adversarios o contra otras personas. Y cuando le pregunté qué relación tenían con los dirigentes de clubes o algunos dirigentes políticos, no entendía la pregunta y se la tuve que reformular varias veces.

          Esa es la característica que tenemos hoy en la Argentina. Por lo tanto, no estamos hablando de una iniciativa antibarrabravas, sino claramente en contra de las mafias en el fútbol.

          En esta sesión se habló de cuáles son esas asociaciones ilícitas en las que hay dirigentes políticos, futbolísticos y, por supuesto, también estos violentos. No sé si son muchos o pocos. Lo que está claro, y no quiero relativizarlo, es que estas mafias se enquistan, tienen múltiples ramificaciones y mucho poder.

          No soy de aquellos que minimizan esto diciendo que los barrabravas son unos pocos violentos. Los que dicen eso están ocultando parte del problema porque, en realidad, son la mano de obra que se utiliza para después ganar elecciones en los clubes; son los que conviven con los dirigentes; con algunos por miedo, con otros porque les son funcionales. Son los que después encontramos contratados en algunos Concejos Deliberantes o como funcionarios públicos en algunas provincias, o con nombramientos en los propios clubes.

          Debemos quitarles la máscara y nombrar a las cosas por su nombre. Por supuesto, son esas mismas barrabravas las que se utilizan como fuerza de choque en muchos aspectos de la vida política y social argentina.

          Por eso esta norma habla de asociaciones ilícitas, de enriquecimiento ilícito, y comparto el planteo de la incompatibilidad. En todo caso, habrá que agregar algún artículo para que las provincias, en lo que les competa, puedan adherir.  Está la necesidad de que se rompa el financiamiento con las entradas y el estacionamiento, que tiene como fuentes el narcotráfico o el apriete. Se debe romper ese circuito, porque no solo estamos enfrentando a violentos, sino a mafias que tienen poder, negocios y dinero. Ese es el aspecto central y el compromiso que debemos mantener.

          Esta lucha llevó muchos años a algunos valientes, entre ellos, Mónica Nizzardo. Ella fue una mujer valiente que hizo la primera denuncia contra los barrabravas. Por supuesto, no tuvo mucha suerte, pero fundó Salvemos al Fútbol, que fue una organización que debemos reivindicar.

          Aquí también se habló de Cantero. Lamentablemente, tanto Mónica como Cantero no fueron apoyados por el Estado, que en ese mismo momento organizaba alegremente Hinchadas Unidas Argentinas. Mallo y Bebote Álvarez -hay que decirlo con todas las letras- tenían un jefe, llamado Rudy Ulloa. Es ahí donde también se muestra este vínculo y estas relaciones que pueden abarcar a todos los partidos políticos.

          Estamos en una situación donde desde el Ministerio de Seguridad, desde Patricia Bullrich, se plantea con convicción la pelea contra las mafias, y esperamos que esa lucha nos lleve a salvar el fútbol para que vuelvan las familias a las canchas y todos podamos disfrutar de ese espectáculo, a partir de la derrota de las mafias y el imperio del Estado de derecho. Salvemos al fútbol. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Martiarena, por Jujuy.

 

Sr. Martiarena.- Señor presidente: el deporte debe ser una escuela de vida para la formación no solo física, sino también moral, porque además es la antítesis de la violencia.

          Quiero recordar aquella sesión histórica en el Senado de la Nación en 1985, cuando se sancionó la ley 23.184, de prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos. Se trata de una norma muy buena, pero muy poco aplicada.

          Quiero traer las expresiones de dos exsenadores nacionales. El primero es el exsenador Fernando de la Rúa, autor de un proyecto de ley, quien dijo: “La ley y la autoridad deben prevalecer sobre la violencia.” El otro es el exsenador José Humberto Martiarena, quien afirmó que “hay un quiebre del sentido solidario de la vida; hay una irrespetuosidad hacia el prójimo, donde las motivaciones económicas se ponen de manifiesto en las conductas individuales y sectoriales”.

          Han pasado treinta y tres años de aquel momento, y el problema de la violencia en el fútbol sigue sin resolverse. Este año murieron cuatro personas, y en los últimos veinte años, 137 más.

          En el mensaje que remite el Poder Ejecutivo nacional a este Congreso reconoce que la violencia generada en espectáculos futbolísticos se ha incrementado con el transcurso del tiempo. En síntesis, ha reconocido el fracaso de la política de seguridad en este asunto.

          Hasta ahora no hay responsables ni una clara y convincente explicación sobre qué es lo que pasó en aquel hecho vergonzoso, en ocasión del fallido partido de fútbol entre River y Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores.

          Tenía la expectativa de que el Poder Ejecutivo nacional remitiera un proyecto mucho más amplio, que tuviera en cuenta ciertas situaciones que esta ley no prevé. Me refiero a que este proyecto de ley, que circunscribe el problema solo a espectáculos deportivos, es una regresión a lo establecido por la ley sancionada en 1985. Debemos prever otras situaciones que no están contempladas en la iniciativa en tratamiento.

          Sería muy bueno que este proyecto abarcara a los espectáculos deportivos y, si queremos avanzar más, a los espectáculos públicos. Claramente para erradicar la violencia hace falta voluntad política y compromiso de parte de todos.

          Tenía la expectativa de escuchar a los responsables y a los organizadores de los torneos, o sea, a los titulares de la AFA y de la Superliga. No sé si no han sido convocados o no se hicieron presentes, pero hubiese sido muy bueno hacerles muchas preguntas y que asuman el compromiso que les toca frente a este tema.

          Vengo a este recinto a hacer propuestas. Me he tomado el tiempo de analizar la legislación comparada sobre prevención de violencia en los espectáculos futbolísticos de otros países, como Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Inglaterra y España.

          Para erradicar este flagelo hace falta una política deportiva nacional. No encontré en la plataforma electoral de Cambiemos una sola línea vinculada a la promoción del deporte. No se ha cumplido con la ley del deporte, que es una verdadera política deportiva que le transfiere al Estado la responsabilidad de fiscalizar y controlar el deporte, lo cual no se hace.

          En muchos clubes se ha desvirtuado la función social que deben tener estas instituciones, porque son más importantes los negocios del fútbol profesional que la niñez, la juventud, la familia y el club; se prioriza el fútbol-negocio al fútbol-deporte y al fútbol-contención social. En este Estado neoliberal se visualiza la ausencia del Estado que deja pasar, que deja hacer, que no controla, que no fiscaliza ni hace cumplir ni cumple las leyes.

          Hoy estamos considerando un proyecto de ley que actualiza las leyes; como estoy de acuerdo con esto, anticipo mi voto favorable en general a la iniciativa. También creo que desde el Estado hace falta mejorar la organización del fútbol argentino con audacia, coraje y decisión porque ha tocado fondo. El Estado debe promover una profunda reestructuración, regionalización y federalización del fútbol argentino.

          Los dirigentes del interior se están cansando y agotando, porque se esfuerzan, invierten tiempo y dinero y nunca reciben un reconocimiento. El fútbol del interior se está muriendo porque no hay políticas. Es necesario mejorar y adecuar la infraestructura deportiva y aplicar la tecnología más moderna.

          Propongo ejecutar un plan de mejoramiento de la infraestructura deportiva de todo el país con un sentido federal. También propongo que el Consejo Federal defina un protocolo que establezca con claridad los requisitos y exigencias técnicas que deben reunir los estadios para su habilitación.

          A su vez, propongo el establecimiento de programas de educación y de difusión que, lamentablemente, han sido eliminados del dictamen de comisión.

          Es necesario que el Consejo Federal de Seguridad sea un organismo jerarquizado y que el Comité Ejecutivo sea operativo. Lamento que en la conformación de este comité estén ausentes las provincias. Evidentemente, este proyecto de ley lo estamos haciendo para la Capital Federal.

          Los medios de comunicación no deben crear un clima de fuerte rivalidad, sino colaborar en los programas de difusión, porque son empresas cuyo negocio es el fútbol.

          En síntesis, si queremos erradicar la violencia del fútbol, debemos planificar, coordinar y ejecutar acciones conjuntas en los operativos de seguridad con los clubes, las fuerzas de seguridad y los Estados nacional, provincial o municipal.

          En la Liga Jujeña de Fútbol, una de las más antiguas del país y muy humilde, donde fui presidente durante 8 años, el lunes se reunía el Consejo Directivo y el martes obligatoriamente los clubes se reunían con la policía para diseñar el operativo. Con esta decisión nos fue muy bien. Ojalá se pueda hacer esto a nivel nacional.

          Veamos qué es lo que pasó con la ola de violencia en Europa. ¿Cómo se solucionó el problema de la violencia en el fútbol en la Unión Europea? Se sancionó el Convenio 120 de Estrasburgo en 1985. Propongo que promovamos desde este Parlamento que se celebre un convenio a nivel sudamericano donde los distintos países unifiquen la legislación y se dicten medidas comunes tendientes a erradicar la violencia en el fútbol en toda América del Sur.

          A su vez, solicito que la Presidencia haga llegar esta propuesta a la AFA y a la Conmebol. Por último, solicito que se inserten en el Diario de Sesiones las propuestas que he hecho llegar a través del bloque Justicialista a las comisiones que han dictaminado sobre este proyecto de ley.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra el señor diputado Bragagnolo, por Mendoza.

 

Sr. Bragagnolo.- Señor presidente: celebro el tratamiento de esta iniciativa en el día de la fecha y espero que sea un punto de inflexión en la Argentina, donde por fin la política decidió atacar el problema que tanto daño le hace al deporte más querido por todos los argentinos.

          En nuestro país el fútbol es de la violencia y de los barrabravas, pero no es del hincha ni de la familia. Esto es lo que tenemos que revertir. Quiero valorar el trabajo que han hecho las dos comisiones encabezadas por la diputada Burgos, que han trabajado en este proyecto, porque creo que esta norma viene a romper de lleno este mecanismo que venimos viendo los argentinos, ya que no solo persigue al autor material –al violento y al barrabrava‑, sino que hurga un poco más viendo que hay detrás. Si atrás del incidente hay un dirigente deportivo o alguien de la actividad política, también establece que debe ser penado. A su vez, el proyecto amplía los mínimos y los máximos de la pena para mostrar a la ciudadanía que la postura del Estado es clara respecto a este tema, para marcar un punto de inflexión.

          Por otro lado, el proyecto abarca la reventa de entradas, algo que ocurre siempre a plena luz del día, frente a los ojos de todos y que tanto daño le hizo al fútbol.

          También habla de la extorsión cuando uno va a estacionar un vehículo al lado del estadio por parte de gente que no es, justamente, necesitada, sino parte de la mafia organizada de recaudación de cada partido.

 

-   Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Pablo Gabriel Tonelli.

 

Sr. Bragagnolo.- No quiero dar más detalles del proyecto en tratamiento. Simplemente creo y vuelvo a poner en valor que era necesario que todos nos pusiéramos de acuerdo sobre este tema. Más allá de que esta iniciativa surgió del Poder Ejecutivo, ha sido enriquecida por todo lo que han aportado los legisladores y cada uno de los bloques. Por esto, sin dudas, el despacho de consenso es mucho más abarcativo que el original.

          Quiero aprovechar estos minutos para tocar el tema de fondo, que no es el fútbol. Este deporte solo es el reflejo de la sociedad que tenemos. Pensemos que esto es así. En la Argentina mi derecho empieza y termina dónde y cuándo el otro quiere; dicho de otra manera, el otro hace con mis derechos lo que quiere.

          Esto es lo que sucede en el país todos los días, lo que se ve en los detalles y en el día a día. Si no, pensemos lo que ocurre en la vida de un argentino que se levanta a la mañana para ir a trabajar y que, cuando regresa a última hora de la noche, verá que le han violado uno o diez derechos en forma reiterada; el derecho a circular libremente, a elegir, a la protección del Estado o a la propia vida. Esto está ocurriendo en nuestro país. Repasemos lo que ocurre en el día a día nuestro o de cualquier vecino.

          Lamentablemente, hay quienes ven a estas conductas como razonables; o sea, piensan que es razonable tirar una piedra a un grupo de gente, agredir, coaccionar o violentar. La verdad, eso no es aceptable ni justificable de ningún modo.


          Quien está en la calle con una capucha algo quiere esconder; quien tira una piedra contra un grupo de gente, a alguien le quiere provocar un daño y no le importa el perjuicio físico que le pueda ocasionar; quien lleva un palo o un arma está dispuesto a usarlo contra quien sea. Eso no lo podemos justificar.

          En la Argentina desde hace años se han ido corriendo los límites entre lo correcto y lo incorrecto, y lo que antes nos parecía una locura hoy pasa a ser normal, y eso lo vemos todos los días en la calle.

          Entonces, insisto: lo que sucede adentro de un estadio de fútbol no es nada más que el reflejo de lo que como sociedad estamos permitiendo todos los días.  Allí es donde tenemos que trabajar, en el fondo del tema.

          Quien comete un delito debe ser penado con todo el peso de la ley por un Estado firme; de lo contrario, la violencia y la delincuencia se amparan en un Estado débil, para terminar mezclados y escondidos entre el resto de la sociedad.  Ahí es cuando terminamos pagando justos por pecadores. Ese es el fondo de la cuestión que yo llamo a discutir, independientemente de que esta ley ─insisto en esto─ no es la solución, pero sí un avance claro y concreto.

          No hay mejor ejemplo de que pagan justos por pecadores que el partido Boca-River, en el que, entremezclados con toda la sociedad, parte de estas mafias terminan decidiendo cuándo se juega un partido y cuándo no.

          Quiero dejar algo bien en claro: cuando digo que pretendo un Estado firme, que persiga y sancione a quien comete un delito, no digo ni justifico que se violen los derechos y las garantías de nadie. Lo quiero dejar bien en claro porque, tal vez, cuando algunos somos vehementes en estas posturas se nos pone en un extremo en el que yo, claramente, no participo. Por el contrario, soy un férreo defensor de los derechos y garantías de todos y cada uno de los argentinos.

          Pero empecemos por el ciudadano de a pie, que sale a la mañana a trabajar y tiene que volver tranquilo a su casa, no como sucede hoy. Empecemos por el ciudadano de a pie que una vez cada tanto quiere llevar a sus hijos a un espectáculo deportivo y no quedar preso de las violencias y las mafias. Empecemos a respetar esos derechos.

          Quiero un Estado de derecho para todos, que no sea una letra fría ni muerta en el marco normativo y que pase a ser una realidad palpable, viva y concreta que todos y cada uno de los argentinos transite en su día a día.

          No pido una Justicia dura. La Justicia no debe ser ni dura ni blanda, sino justa. Insisto: quiero que el Estado de derecho sea una realidad palpable y concreta para todos y cada uno de los argentinos.

          A la violencia y al delito se los combate sin titubear, con firmeza. Por eso avalo y acompaño el gran esfuerzo que hace nuestro Presidente, junto a la ministra de Seguridad; primero, se pararon ante el narcotráfico sin titubear, como nunca antes se había hecho en este país; después, miraron hacia adentro del Estado y de las fuerzas de seguridad para empezar a discriminar, y a los policías buenos, a las fuerzas de seguridad que realmente nos quieren defender, dotarlos de las herramientas necesarias para hacerlo.

          Estoy convencido de que si trabajamos todos juntos ─independientemente de las fuerzas y de los gobiernos─ para empezar a discriminar lo que corresponde de lo que no corresponde, lo que está bien de lo que está mal, viendo dónde están los límites, seguramente construiremos juntos un país mejor.

          Separemos al hincha del barra violento, separemos al ciudadano común del delincuente, separemos al vecino que trabaja del que vende droga en el barrio, separemos al dirigente honesto del que no lo es, separemos al político cómplice del que no lo es, separemos a quien verdaderamente necesita una ayuda del Estado de quien se aprovecha del Estado. (Aplausos en las bancas.)

 

Sr. Presidente (Tonelli) Tiene la palabra el señor diputado Iglesias, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Iglesias.- Señor presidente: el fútbol era casi un mandato familiar. Era la década del sesenta, en Avellaneda, y tenía a toda la familia hincha de Independiente. Había todo un ritual por el que muchos de nosotros pasamos, empezando por la camiseta de Savoy; la primera que me trajeron los Reyes.

          Después, mi viejo se dio cuenta de que era medio pata dura ─me mandaron al arco, como a Sebreli─; entonces, me regalaron la camiseta de arquero y los guantes. Llegué a jugar en las inferiores de Racing un tiempo, después dejé, pero me dediqué al deporte durante veinte años de mi vida.

          Soy orgullosamente profesor de Educación Física, Entrenador Internacional de Voleibol, licenciado en Altos Rendimientos Deportivos. Di clases en los tres institutos de deporte y educación física más importantes del país: en el Instituto Superior de Educación Física N° 1, “Dr. Enrique Romero Brest”, en el Instituto Nacional de Deporte y en la licenciatura en Alto Rendimientos de la Secretaría de Deporte de la Nación y el Comité Olímpico Argentino. Es un pasado lejano de mi vida, del que estoy muy orgulloso.

          Como persona del deporte, que todavía me considero, me cuesta entender las críticas y muchas de las oposiciones que se hacen a este proyecto. Estoy muy contento de estar acá discutiendo esta iniciativa, que espero se apruebe.

          Se nos dice que es una norma insuficiente, pero todas las leyes lo son. Ninguna ley arregla las cosas mágicamente de un día para el otro. Se nos acusa de oportunismo, y es una acusación rara, porque el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto similar a este hace más de dos años.

          Habría que ver, señor presidente, qué fuerza política tiene mayoría en el Senado y por qué ese proyecto fue cajoneado durante dos años por quienes ahora nos dicen que hay oportunismo.

          No hay oportunismo. Hay un uso de la oportunidad porque, efectivamente, lo que pasó con River-Boca puso sobre la mesa un problema, y hay una especie de clamor popular para que esta iniciativa se apruebe, lo que obliga a aprobarla a quienes cajonearon los anteriores proyectos. Eso no es oportunismo, es oportunidad política, y estamos muy contentos de utilizarla.

          Nos dicen que no incluye elementos de prevención, pero tiene un montón. Así se llama la ley, y también así lo dispone su articulado. Nos dicen que no se soluciona nada porque el delincuente no mira el agravamiento de las penas, pero si vemos bien cuál es el agravamiento de las penas, lo que nos interesa y lo que se refleja en la ley es el agravamiento de la pena mínima, que la hace no excarcelable y que intenta acabar con la puerta giratoria en la que durante mucho tiempo se transformó la Justicia argentina gracias a la doctrina “zaffaroniana”.

          Acabar con las excarcelaciones fáciles es entrar en el terreno del cumplimiento efectivo de las penas, y eso sí disminuye el delito. Lo que disminuye el delito es la certeza, por parte de los delincuentes, de que si cometen un delito van a ir presos y que no van a salir inmediatamente por la otra puerta.

          Nos hablan mucho del tema Boca-River. Es cierto. Ahí hubo un claro error del operativo de seguridad. El gobierno lo admitió; el funcionario responsable lo admitió y renunció, una práctica que por décadas no vimos en nuestro país.

          Lo que rechazamos es este truco permanente de cierta parte de la oposición de poner siempre el foco en un acontecimiento y extenderlo al resto de la sociedad. Mencionaba un diputado recién las estadísticas de Salvemos al Fútbol. Efectivamente, desde 1922 tenemos muertos por el fútbol en este país; según mis datos, hubo 323 muertos, de los cuales 97, es decir, prácticamente un tercio, falleció durante los doce años que todos conocemos.

          Son las estadísticas de Salvemos al Fútbol, la ONG mencionada por un diputado preopinante del bloque del Frente para la Victoria. Así como dice que fue en 1922 el comienzo del problema y son 323 los muertos, también dice que 97, un tercio, ocurrieron en solo doce años.

          Insisto: me parece que este tono de lamento, de decir “bueno, vamos a acompañar esta ley, pero…”, demuestra la falta de voluntad política. Nos acusan de no tener una política deportiva nacional, de ser un gobierno neoliberal y de tener un Estado ausente. 

          La verdad, lo que percibo es un enorme cambio, no solo por la presencia o ausencia del Estado, porque peor que un Estado ausente, que no existe ahora, pero si lo hubiera, sería un Estado presente del lado de los barras.

          Hemos tenido discursos muy emotivos de la expresidenta de la Nación a favor de las barrabravas y del financiamiento de Hinchadas Unidas Argentinas. En palabras de la entonces presidenta de la Nación: “… yo no entiendo nada y cuando me explican y veo, observo que hay cada bombeada que no se puede creer. Y la verdad que cuando hay bombeada la gente se indigna y hasta el más pintado, el más educado, por ahí se manda un macanón”.

          Si eso no es justificación de la violencia…

          En otra parte dice: “… yo quería decirles y realmente hacer justicia con miles y miles de gentes que tienen una pasión que los ha convertido en un verdadero ícono de la Argentina”.

          ¡Ícono de la Argentina!

          Y luego agrega: “Ustedes saben que hay tours turísticos que van específicamente a las canchas”.

          Repito: “tours turísticos”.

          Y continúa: “…porque, bueno, entran con los trapos, es toda una mística llevar los trapos, defenderlos, después dónde los guardan y demás. Como verán, estoy informada al respecto. Y la verdad que siento mucho afecto y mucho cariño porque, en realidad, desde muy chica…”.

          En otro párrafo, dice: “…lo que más me maravillaba eran las tribunas. Esos tipos parados en los paravalanchas, con las banderas que los cruzan así, arengando… Son una maravilla”.

          Esas son palabras textuales de una presidenta de la Nación, que dedicó una parte del presupuesto nacional para financiar a un grupo de mafiosos, como el de Hinchadas Unidas, cuyo dirigente principal hoy está, felizmente, preso.

          Nos dicen de la falta de una política. ¡Muchachos! Yo no quiero encarnizarme. Me considero porteño, ya que nací en la Capital Federal, pero me crié hasta los treinta en Avellaneda. ¡Muchachos, me arruinaron la provincia, me arruinaron el país, me arruinaron el fútbol y ahora me arruinan el club!

          Soy hincha de un club que tiene denuncias de casos de pedofilia organizada y de explotación comercial de la pedofilia. Denuncias que esperamos no sean cajoneadas, porque es un tema del que se habla muy poco, pero que merece que la Justicia vaya hasta sus últimas consecuencias, como en el caso del lavado de dinero del club del que soy hincha y con el que siempre me sentí identificado.

          Por último, señor presidente -sé que estoy fuera de tiempo-, estoy muy contento y orgulloso de participar en este debate y de poner esta primera piedra, este primer paso importante que muestra una sensibilidad distinta de la clase política.

          Me alegro por el apoyo de muchos sectores de la oposición a este proyecto de ley en un tema tan delicado, que concentra muchísimos de los peores problemas de un país que durante demasiado tiempo vivió sometido por las mafias y que quiere salir de eso. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Brizuela del Moral, por Catamarca.

 

Sr. Brizuela del Moral.- Señor presidente: para el argentino promedio, el fútbol no es solo un juego ni un deporte. Se lo define como pasión de multitudes. Esta pasión se ha visto corrompida, se ha degenerado, derivando en negocios y poderes, con la violencia como método o modus operandi.

          La irracionalidad de la pasión ha sido aprovechada por unos pocos para hacer un gran negocio espurio con prácticas propias de la mafia. La voluntad y el discernimiento del hincha común son atrapados y arrastrados por los mafiosos, que manejan las masas para su provecho, generando negocios de toda índole. Esos negocios no solo tienen que ver con lo que pasa en el estadio, sino que también generan cuantiosas regalías en las inmediaciones de los estadios por la venta de comida ambulante, la actividad de los llamados trapitos, la venta de merchandising, etcétera.

          Se dividen los territorios y se combate a los ajenos, que se instalan sin autorización de las barras. Nada ajeno a lo que comúnmente demuestran las mafias en su estado puro.

          Hay quienes creemos que la ley penal y, sobre todo, su endurecimiento per se no van a solucionar los problemas, que son mucho más profundos y están arraigados en el seno de la sociedad por múltiples motivos.

          Así, considero que es el caso de las mal llamadas

barrabravas, porque no son barras ni bravas. Son delincuentes que la mayoría de las veces operan cobarde y salvajemente.

          Esta problemática debe ser encarada desde una óptica multidisciplinaria. Se debe buscar una herramienta integral para combatir una problemática social muy compleja.

          Hace algún tiempo Chris Whalley –ya lo comentaron hace un momento quienes me precedieron en el uso de la palabra‑, experto inglés que terminó con los Hooligans, dijo que eso era imposible en la Argentina. Justificó esta opinión diciendo que, si el Estado no estaba decidido a hacerlo, no teníamos ninguna oportunidad.

          Se ha dicho y se va a seguir diciendo que los barrabravas son apañados por el sector político y por la dirigencia del fútbol, y que hacen negocios millonarios.

          Este proyecto de ley ayuda y es una punta de lanza fundamental, pero no es por sí solo la solución al problema. ¿Cómo se combaten las mafias? Atacándolas desde muchos ángulos y protegiendo a quienes tienen que jugar un rol importante.

          ¿Cómo pedirle a un dirigente del fútbol, a un juez o un fiscal que exponga su vida, la de su familia y su patrimonio, si la ley y el Estado no lo amparan?

          ¿Hasta dónde es connivencia y hasta dónde estado de necesidad ante el temor que infunden estos grupos delictivos, verdaderas asociaciones ilícitas cuyo principal activo es la violencia?

          ¿Cómo desarticular el poder económico y social que tienen? Entiendo que este proyecto ayuda y mucho; por eso mi voto es positivo. Pero no puede quedar todo el peso de la acción estatal sobre una ley.

          También he leído en medios de prensa que desde la Secretaría de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires se piensa avanzar con la idea de identificar a los que tienen antecedentes, como ya se hizo en el último mundial de fútbol en Rusia. Algo que considero que va a ser de gran aporte.

          Hay que apelar lo máximo posible a las cualidades preventivas de este proyecto y de cualquiera otra idea que apunte a prevenir el deterioro de los espectáculos deportivos. Se deben articular políticas activas desde todos los poderes del Estado, tanto nacional como provincial y municipal, para acompañar un proceso armónico y coordinado, destinado al fin último que no es otro que acabar con un delito organizado y terriblemente nocivo para la sociedad.

          Me ha llegado un texto de Hernán Casciari, que se llama Teníamos un juguete, donde relata la evolución del fútbol en la Argentina. En ese texto el autor destaca cómo se formaron las hinchadas y cómo esa supuesta pasión de los hinchas se convirtió en accesorio del juego, para luego convertirse en algo más importante que el juego mismo. El hincha, en algún momento, pasó a ser más importante que los participantes del juego: los jugadores.

          Ya no había que ganar los partidos, sino el duelo de hinchadas. Esto, según el autor, llevó a que las empresas exacerbaran mediante la publicidad esta deformación de la cultura del fútbol. Fueron patrocinados o destinatarios del mensaje publicitario. El hincha cobró una entidad autónoma del fútbol y, en algún momento indeterminado, se transformó en independiente del juego del que nació hasta convertirse en barrabrava.

          Dice Casciari: “Nadie recuerda cuándo murió el primero de los nuestros, ni a manos de quién. Nadie sabe cómo algunos se hicieron dueños del juguete. Pero un día las tribunas se convirtieron en campos de batalla. Y la prensa no hablaba de la muerte de seres humanos, sino de la muerte de ‘hinchas de’ para alimentar la pasión”.

          “Los jugadores que triunfaban en el extranjero ya no quisieron volver, y los dueños del juguete se llenaron los bolsillos sin mejorarle el mecanismo. Hoy, cuando vamos a ver jugar a los nuestros, ya no hay sombreros, ni rabonas, ni paredes. Y pusieron una manga de plástico para que los jugadores puedan entrar a la cancha sin morir”.

          Señor presidente: apoyo la iniciativa, pero debo instar a las autoridades competentes y a este Congreso de la Nación para que este nuevo mensaje directo a la sociedad sea acompañado también por los jueces, quienes deben entender que es el poder político, que nace del Congreso y del Ejecutivo, el legitimado para fijar las políticas públicas.

          Si los jueces y fiscales no acompañan, como siento que no han sido acompañadas las leyes prexistentes, solo será este proyecto una nueva frustrada expresión de deseos.

          Tienen que cesar las intervenciones dogmáticas, basadas en criterios políticos, de los jueces para escuchar el mensaje de la sociedad en su conjunto. Este Congreso de la Nación representa esa voluntad popular. Nosotros somos a quien la Constitución ha endilgado la responsabilidad de representar.

          No se pide mano dura a los jueces, solo se les pide que apliquen las leyes que este Congreso sanciona con el espíritu que son sancionadas y no con su libre interpretación.

          Como ya dije, voy a apoyar el proyecto, pero instando a que no quede solamente en una medida efectista, sino pidiendo un compromiso de los tres poderes del Estado y de la ciudadanía toda, porque es una problemática muy compleja, que nos afecta a todos, directa o indirectamente.

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Martínez, por Neuquén.

 

Sr. Martínez.- Señor presidente: en principio, quiero adelantar mi voto positivo a un proyecto de ley que no me pone contento por la manera en que se presentó y se discutió.  Es obvio que, si no cortamos el negocio del cual son parte y socios las barras, no vamos a resolver el problema de las barras.

          Señor presidente: a través suyo le hago un desafío a los 257 diputados para ver cuál me asegura que si sancionamos este proyecto de ley, vamos a resolver el problema de las barras. Pongan la fecha que quieran. El pueblo esperaba mucho más de la discusión de este proyecto de ley y de este Congreso porque entiende que con las leyes va a resolver los problemas. Pero nosotros no nos dejamos prestar a un show.

          Estamos hoy aquí sentados porque la ministra Bullrich “canchereó” y dijo que, si podemos organizar un G-20, cómo no íbamos a poder organizar un superclásico. No pudieron organizar un superclásico. Entonces, había que salir corriendo a tapar la macana.

          Por eso tratamos un proyecto de ley con una sola reunión de comisión. Se trata de un proyecto de ley que ingresó y en veinte días debió tener sanción de esta Cámara. Sin embargo, la llamada ley de alquileres ingresó en 2016 y recién tuvo dictamen el 16 de octubre de 2018, pero no la estamos discutiendo.  En cambio, para este tema había que prestarse a un tratamiento exprés de un proyecto de ley que presenta muchos interrogantes.

          No hubo invitados en la reunión de la comisión. No sabemos qué piensan los clubes; no sabemos qué piensa la AFA; no sabemos qué piensan los fiscales que investigan a los barras; no sabemos qué piensan los periodistas especializados en investigación que siguen esto; no sabemos qué piensan las asociaciones vecinales de los barrios donde hay estadios; no sabemos qué piensan los familiares de Martín González, de 20 años y muerto a piedrazos; no sabemos qué piensan los familiares de Manuel Balbo, de 22 años, que lo tiraron de una tribuna; no tenemos idea qué piensa la familia de Sergio Rodríguez, de 19 años, a quien mataron de un tiro.

          Usando los números que mencionaron recién, no sabemos qué piensa ninguno de los familiares de las más de trescientos víctimas, porque había que tratar esta iniciativa para tapar la “canchereada” de la ministra Bullrich; tampoco le preguntamos al expresidente de Boca, Mauricio Macri, que cuando era presidente de ese club transfería jugadores con una cuenta abierta en Panamá y financiaba barras. No le preguntamos a nadie. Había que lograr la sanción.

          Yo no estoy conforme con esto. El pueblo y la sociedad esperaban un mejor proyecto de ley. Esperaban mucho más de este tema, como siguen esperando de un Congreso que tiene que tratar, rápidamente y mal ‑como hicimos con los fondos buitre, a quienes había que pagarles con rapidez y caro‑, un proyecto para tapar la canchereada de la ministra Bullrich.

          Tenemos muchísimos interrogantes. Sin temor a equivocarme, vuelvo a preguntar cuál de los 257 diputados me puede asegurar en qué fecha va a estar resuelto el problema de las barras con la sanción de este proyecto de ley. Ninguno me lo puede decir.

          Entonces, para terminar, espero que el Congreso discuta estos temas con mucha más seriedad, y no es que no hayan tenido seriedad los que lo discutieron. A los del oficialismo los apretaban y los apuraban para que salga esto. Y los de la oposición nos sentábamos a discutir con celeridad para cubrirle la espalda a la ministra.

          Para terminar, solo quiero decirle esto: no es una ley para el interior del país, no sé si es una ley para la Capital; sí estoy seguro de que es una ley para el show mediático y para que no siga pasando nada. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra la señora diputada Ocaña, por Buenos Aires.

 

Sra. Ocaña.- Señor presidente: evidentemente, hace mucho que la violencia en el fútbol se ha instalado. Las cifras que dieron varios de los diputados preopinantes lo muestran.

          También es cierto que, lamentablemente, las respuestas desde las políticas de Estado, desde la propia AFA para luchar contra esta violencia, han sido claramente ineficaces o ineficientes.

          Hay que recordar que la AFA trató de implementar el AFA Plus, que nos costó a todos los argentinos miles de millones de pesos, que se le entregaron a la AFA a través del programa Fútbol para Todos.  También, por ejemplo, la otra solución que se buscó a partir de 2013 fue prohibir a los visitantes en los estadios de fútbol.  Sin embargo, nada de todo eso ha dado solución al problema.

-   Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.

Sra. Ocaña.- El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ha implementado el programa Tribuna Segura, que creo que ha sido un avance muy importante en la lucha contra la violencia en el fútbol, para tratar de que los violentos no ingresen a los estadios.

          Todos sabemos que alrededor de los barrabravas gira no solamente la identificación y la pasión futbolística hacia una bandera o un club, sino también un poder económico y simbólico, alimentado por una serie de negocios que muchas veces es propiciado por los propios dirigentes deportivos, sindicales y políticos, que los utilizan como mano de obra.

          Creo que la sanción de este proyecto de ley busca claramente incorporar muchos de los delitos que históricamente han ayudado a financiar estas barrabravas ‑para mí, delincuentes comunes, tengo que decirlo-, pasándolos de una mera contravención a delitos.

          Creo que, en ese sentido, este proyecto de ley es muy auspicioso, porque sin duda ‑aquí otros diputados ya han hablado de las distintas modificaciones‑ son importantes el agravamiento de las penas y el claro establecimiento de un rol y facultades para el Ministerio de Seguridad, así como también la creación de un registro donde puedan estar todos aquellos que tengan antecedentes de violencia deportiva.

          También es importante la inclusión del enriquecimiento de los dirigentes, porque estamos cansados de ver clubes pobres, quebrados y con dirigentes ricos o que se han enriquecido a partir de sus propios clubes. Basta recordar el programa Fútbol para Todos y la cantidad de dirigentes deportivos que hoy están procesados, justamente, porque el dinero que el Estado nacional destinó en apoyo al deporte terminó en manos de estos dirigentes o de cuevas financieras.

          Creo que este proyecto de ley nos da una oportunidad para discutir cuestiones más de fondo, como la corrupción en el deporte.   Así, espero que podamos debatir los aspectos referidos al tráfico de influencias en la modificación del Código Penal.

          Antes de terminar voy a solicitar hacer una inserción en el Diario de Sesiones.

          Me parece que es importante señalar que yo creo que las leyes, por sí solas, no van a cambiar la violencia en el deporte ‑particularmente, en el fútbol‑ si no tenemos la decisión política de llevar adelante una lucha contra la connivencia histórica que se ha mantenido entre la dirigencia política, sindical y deportiva, que ha permitido que estas asociaciones ilícitas crezcan al calor de los negocios de los clubes.

          Por eso durante el tratamiento en particular voy a proponer un artículo que habla de las incompatibilidades, para que todos aquellos que sean funcionarios públicos o que manejen recursos públicos no puedan integrar comisiones directivas de los clubes ni tampoco puedan integrar la comisión directiva de la AFA.

          Me parece que esto va a ayudar a dar esa pelea frontal que necesitamos para recuperar el fútbol para la gente, dando respuesta a muchas de las familias que hoy buscan justicia, la que se les ha negado a partir de las leyes existentes.  Ellos quieren esa justicia para sus familias, que han sido víctimas de todos estos violentos.


          Por último, quiero decir que voy a votar este proyecto con la convicción de que va a ayudar a que estas personas encuentren justicia.

          Asimismo, considero que hay que trabajar en otros aspectos. Aquí el señor diputado Filmus hizo distintas consideraciones. Hoy la mayor parte de los estadios de la Argentina tiene autorizaciones precarias para funcionar y no cumplen con la normativa de la FIFA, por ejemplo. Creo que hay que trabajar de fondo en esas cuestiones para ayudar a erradicar la violencia y recuperar el fútbol como espectáculo. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Moisés, por Jujuy.

 

Sra. Moisés.- Señor presidente: quiero hablar de fútbol. Digo esto porque acá se ha generalizado y durante toda la tarde, en el debate de este proyecto, se hizo referencia a una serie de delitos. Se habló de enriquecimiento ilícito, de mafias enquistadas en los clubes y de violencia dentro de las propias instituciones deportivas.

          Voy a reiterar lo que he dicho en la única reunión de comisión que se llevó a cabo para tratar este tema: este proyecto de ley está diseñado desde la Capital Federal para los grandes clubes, y están tirando una bomba atómica que va a afectar a todos los clubes del interior.

          Señor presidente: las categorías de AFA son muchas.  En el Federal B participan 160 equipos de todo el país en torneos regionales, con un enorme esfuerzo de esas dirigencias deportivas, de esos clubes del interior que en las provincias son los que atienden y contienen socialmente, los que verdaderamente constituyen el fútbol argentino.

          El fútbol argentino no se limita a Boca, River, San Lorenzo y los 25 o 26 equipos que participan en la primera división. El fútbol argentino es un orgullo para todos nosotros.

          ¿Por qué digo esto? Aquí se habló de enriquecimiento ilícito. Hasta hace dos meses he sido presidenta de un club de la provincia de Jujuy que juega en el Federal B. Es un caso muy similar al del resto de los equipos.

          Todos hacemos un esfuerzo enorme para contener deportistas, para mantener nuestras inferiores, para constituir equipos de primera, para pagarle a un director técnico y para mantener las disciplinas deportivas y no constituirnos en estas supuestas mafias en las que quieren constituir a los clubes de fútbol.

          No se puede relacionar directamente la política con la mafia. Eso es lo que están haciendo. No somos mafiosos. Quienes tenemos compromiso social –lo digo con mucho honor‑ y somos dirigentes políticos en nuestras provincias, localidades y comunidades nos involucramos con nuestras instituciones deportivas.

          Si esas instituciones no contaran con la asistencia del intendente para poder pagar a los profesores, no podrían tener disciplinas deportivas. Somos los dirigentes los que hacemos el esfuerzo, no para sacar plata de los clubes, sino para poner plata en ellos, invirtiendo para que no corten la luz y para buscar sponsors, porque a veces tratamos de que un concejal mantenga a un director técnico. ¿Saben quiénes son los directores técnicos de esos 160 clubes que forman parte de la AFA y que acá quieren penalizar y pretenden que la función pública no sea compatible con la de dirigente deportivo? Los directores técnicos de esos clubes son los profesores de educación física de las escuelas.

          ¿Saben quiénes son los futbolistas que quieren llegar a jugar en los equipos de primera? Son personas que trabajan y que van a los entrenamientos a contraturno.

          ¿Saben quiénes son los dirigentes que forman parte de esas comisiones directivas? De una comisión directiva de dieciocho integrantes, escasamente cuatro o cinco van a trabajar por el club. ¿Saben por qué? Porque en los clubes no se pagan sueldos. Hay que invertir tiempo y esfuerzo. Sí, hay que invertir también influencias para mantenerlos abiertos.

          En este club del que les hablo hay mil quinientos chicos, jóvenes y niños trabajando en once disciplinas deportivas. Hay tres categorías inferiores totalmente gratuitas, para que los chicos vayan entrenándose como profesionales. Hay dos categorías de primera, una de ellas jugando en el Federal B.

          ¿Saben cuánto cuesta abrir una cancha para jugar en el Federal B, esa cancha que la señora diputada Ocaña dice que no está asegurada? Abrir la puerta de la cancha para que se pueda jugar el partido cuesta 60.000 pesos. ¿Saben de cuánto fue la mayor recaudación de ese club el año pasado? De 40.000 pesos, y se jugaron más de veinte partidos.

          Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¡Ay, salvemos al fútbol! ¡Sí, señores, salvemos al fútbol! El fútbol no es Boca, River, ni las mafias de los barrabravas que tienen acá en la Capital Federal y en los grandes clubes. El fútbol son esos chicos que van con sus papás a la cancha.

          Acá hablan de que la familia salió de las canchas. ¡Es mentira! En mi club, en Jujuy, en Entre Ríos, en Formosa y en el Chaco las familias enteras van a la cancha. ¿Por qué? Porque juega el hijo, el nieto, el ahijado. Son las familias las que ponen plata para que esos chicos alguna vez puedan ser profesionales.

          ¿Por qué es importante que nosotros, como dirigentes, invirtamos en esos clubes? Hablo de dirigentes políticos o deportivos, que para mí es lo mismo, porque cuando uno es dirigente lo es en todos los ámbitos y trata de hacer el bien en todas las áreas.

          ¿Saben por qué nos involucramos? Porque somos políticos, porque estamos comprometidos con la problemática, porque no queremos a nuestros chicos en la droga y, entonces, los metemos en el club y financiamos al boxeo, porque a través de ese deporte canalizan la violencia esas generaciones de adolescentes que no saben qué hacer con esa furia que tienen contenida en la casa, en la familia y en el barrio.

          Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esos son los clubes a los que hoy se quiere penalizar. ¿Por qué? ¿Porque hay un político a cargo? Pues hay políticos buenos y malos; hay dirigentes sindicales buenos y malos. Entonces, ¿qué es esa historia de modificar la ley de ética pública porque no podemos ser ambas cosas a la vez?

          Los clubes del interior no se mantendrían si no fuera por el compromiso de políticos que están pensando en qué hacer. No digo que sean todos. En Jujuy los cuatro clubes más importantes de la provincia –todos ellos participan en el Federal B‑ están presididos por militantes, por dirigentes políticos. Dos de ellos son diputados provinciales y uno es intendente de nuestra ciudad, que pertenece a Cambiemos. ¿Y saben qué? Es de mi ciudad. Yo soy del otro club y he sido presidenta de ese otro club hasta hace dos meses.

          ¿Ese intendente trabaja por su club? Preferentemente, sí. ¡Y bienvenido sea! ¿Por qué? Porque cada vez tiene más disciplinas y más chicos, porque ese club está cada vez mejor, porque la cancha está atendida.

          ¿Saben qué hacemos con nuestras hinchadas, que no son barrabravas? Si tenemos visión y poder, las hacemos trabajar en el club. Orgullosamente digo que mi hinchada terminó pintando la tribuna y arreglando la cancha y los baños, porque mi hinchada está conformada por albañiles, electricistas, laburantes de este país que tienen a sus hijos jugando en el club.

          Nadie saca un peso de esos clubes. ¿Por qué? Porque no hay plata, tenemos que buscarla para mantener a esos jugadores, a esos chicos practicando deporte.

          La diputada, que nunca debe haber pisado un club, me viene a decir que eso es tráfico de influencias. ¿Saben qué? ¡Sí! ¡Influencia positiva! ¿Por qué? Porque hay que hablar con el intendente para que ponga plata; hay que hablar con el empresario para que ponga plata; hay que hablar con quien sea para que financie a nuestros clubes, que hace tres años pagaban 8.000 pesos de luz y hoy pagan 40.000.  Hay que buscar plata de donde sea para que no se corte la luz en el club. (Aplausos.)  ¡Esa es la verdad del fútbol argentino!

          Entonces, no nos lleven a un Boca‑River. Salvemos al fútbol argentino, pero no vengan acá con historias y circos políticos para tapar el fracaso que han tenido con un Boca‑River, que ha sido una vergüenza nacional. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Monzó).- Informo que quedan solamente dos oradores para hacer uso de la palabra sobre este tema. Advierto esto para que vayan avisando al resto de los señores diputados que vengan al recinto.

          Tiene la palabra el señor diputado Solanas, por Entre Ríos.

 

Sr. Solanas.- Señor presidente: hay que contextualizar lo que manifestaba la señora diputada preopinante.

          Este proyecto nace del fracaso de la seguridad afuera del estadio de River hace dos meses. Allí no estaba vallado el lugar, como siempre estaba, según lo que visualizamos por televisión desde nuestros pueblos. Fue así que se produjo ese hecho vandálico, reprobable desde todo punto de vista.

          Así nació el escándalo de Boca‑River, provocado muchas veces por los propios dirigentes. Algunos dijeron que era para el infarto, y otros, que no pudieron dormir durante días. La verdad es que desde la dirigencia se exageran absolutamente estos eventos deportivos. Se quiere naturalizar la violencia en el deporte ‑porque esto no ocurre solo en el fútbol‑, y lo cierto es que hay que erradicarla.

          Sin embargo, esta norma tiene una mirada sesgada, señor presidente, porque es por Boca y River y por todo lo que pasa alrededor de la mafia profesionalizada. Digo esto porque los llamados barrabravas son profesionales. Los mismos dirigentes han estimulado que sean profesionales; por supuesto que no estoy hablando de todos los dirigentes, pero en la Capital Federal es muy notorio.

          Pregunto: ¿quién les dio las entradas para el partido entre Boca y River a esos barras que estaban a una cuadra y media, revendiéndolas? La verdad es que no se sabe porque el gobierno no lo investigó. Nosotros lo quisiéramos saber. El pueblo lo quisiera saber. Obviamente, alguien les proveyó esos 7 millones de pesos que les encontraron y esas entradas; no llegaron allí por sí solos.

          En ese marco, también está la mirada de los clubes del interior. Yo reivindico la ley 27.202, sancionada en octubre de 2015, que hace referencia a los clubes de barrio; pero, lamentablemente, no se está ejecutando. Recién alguien habló del Estado presente. A través de esa ley el Estado podría estar presente, pero no lo está a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, excepto en mi provincia de Entre Ríos.

          Por otro lado, se hacen muchas críticas, como si todo esto naciera de cualquier lugar. Tengo algunos datos. Por ejemplo, me gustaría que se investigue al interventor del INTI, Javier Ibáñez, que en 2012 fue tomado a cintazos por barrabravas de Atlanta. Hay una foto del diario Clarín de esa época que corrobora este hecho.

          Entonces, háganse cargo de algunas cuestiones. Este gobierno tiene una doble moral: por un lado, dice una cosa y, por otro, sostiene y estimula a los barras.

          Además, señor presidente, tenemos que desalentar la idea de que todos los hinchas de fútbol o de cualquier otra disciplina deportiva son barrabravas. No es así. Solamente una minoría es barrabrava, muchas veces estimulada por el poder político para sostener una posición dominante o algunas candidaturas.

          Seguramente esto que voy a decir dolerá a algunos, pero creo que la posibilidad de ser popular por parte del presidente Macri ‑lo digo con todo respeto‑ se la otorgó el hecho de haber sido presidente del club Boca Junior. No hay duda. Esto provocó decididamente en él sostener una enormidad de barras. No sé si recuerdan que bajaban el apellido de él. ¿Saben cuánto cuesta eso? Hay un precio por bajada. Sin embargo, eso se estimuló y se estimula en muchos dirigentes.

          También voy a hablar de otros dirigentes. Por ejemplo, voy a hablar del club Patronato, cuya camiseta vestí alguna vez. Allí se produjo un acontecimiento por el cual se juzgó a los barras, algunos de los cuales están presos y otros no pueden entrar más a la cancha. En ese caso, la Justicia entrerriana fue rápida y expeditiva. Bienvenido que así sea. No se necesitó una ley para expulsar a los barras o condenarlos. Esto es muy bueno.

          También quiero preguntar lo siguiente: ¿cuántas entradas de protocolo les dan a los clubes para que repartan sus presidentes y dirigentes? En lo personal, propongo que sean nominadas, es decir, que tengan nombre y apellido. Estamos hablando de miles de entradas de protocolo, señor presidente, que se entregan a diestra y siniestra –a familiares, amigos, etcétera‑ para quedar bien. Seguramente muchos miembros de esta Cámara habrán recibido alguna vez una de esas entradas. En mi caso, nunca me ofrecieron, pero eso existe. Y en ese protocolo está muchas veces la venta ilegal de entradas. ¿Quién se hace cargo de eso? Absolutamente nadie.

          No quiero extenderme demasiado. Simplemente quiero decir que hemos presentado un proyecto. Obviamente, suscribo lo expresado por los compañeros de mi bloque. Nosotros votaremos decididamente a favor de esta iniciativa para que no haya más barrabravas en la República Argentina.

          Pero esto no alcanza, señor presidente. Por eso, quiero aportar lo siguiente. En primer lugar, debe haber una administración de Justicia especializada. Por eso hablamos de la posibilidad de crear una fiscalía ante posibles delitos deportivos.

          Asimismo, esta norma debería contemplar nuevas formas de resolución de conflictos, obviamente, con todos los actores. También debería establecer una forma de financiamiento del deporte más transparente, porque en verdad no sabemos cómo se subvencionan los deportes en la República Argentina; sabemos que ingresan recursos, pero no cómo se gastan, porque ahí no está el Estado controlando, aunque debería estar.

          También deberían contemplarse acciones que garanticen más oportunidades para nuestras niñas, niños y adolescentes a través del deporte. Me parece que este es el camino que dijo la diputada preopinante, cuyas palabras suscribo absolutamente. Debemos promover los clubes de barrio; esta es una cuestión totalmente cultural.

          Asimismo, debemos desalentar las sociedades anónimas. Los clubes son de los socios. Ahí estarán las posibilidades de resguardo, fundamentalmente, para eliminar las barras bravas.

          Para terminar, señor presidente, quiero decir que en este 18 de diciembre hubiera querido hablar de la gran cantidad de despidos que hay en mi provincia: más de dos mil en estos últimos dos o tres meses. También me hubiera gustado decir que la desocupación llegó al 9,6 por ciento ‑es decir, a casi dos dígitos‑, que en los últimos tres meses el PBI bajó el 3,5 por ciento y que siguen los tarifazos y la inflación en forma desenfrenada, lo que corroe decididamente los salarios en la República Argentina.

          Por eso, además de tratar esta norma de suma importancia –que no desdeñamos‑, abogo para que este Congreso trate también esos otros temas vitales para el pueblo argentino. No me resigno a que hoy se diga que durante el verano se abrirán 900 comedores comunitarios y escolares. Esto es triste, señor presidente. En el verano, esos gurises deberían estar comiendo en su casa o disfrutando de sus vacaciones con su familia. Por lo tanto, no tenemos que resignarnos a eso.

          Esta norma tiene sus bemoles, pero no soluciona el problema de fondo. Abogamos por los clubes de barrio y por desalentar absolutamente las barras en la República Argentina. Además, reivindico que no todos los dirigentes e hinchas son barras; por el contrario, la mayoría son hombres de bien que construyen los clubes todos los días. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Carrió, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Carrió.- Señor presidente: con respecto a este tema, quiero aclarar por qué propusimos incorporar que ninguna de las autoridades de los clubes…

          Yo digo que soy del club Atlas, que siempre salía último ‑incluso, había una serie‑, cuyo director técnico se llamaba Retamar y tenía una pizzería por donde vive el ex gobernador Solá, aunque no creo que sea de ese cuadro.

          De manera que no tengo ningún problema con los equipos ni con los partidos de fútbol. La verdad es que no entiendo el fútbol ni la pelotita; estoy fuera de todo eso, pero me encanta que entretenga a los hombres –y también a algunas mujeres‑, que no tienen otra cosa. Me parece bárbaro.

          El problema es el siguiente:  cuando empezamos a estudiar todos los expedientes sobre narcotráfico que hay en la provincia de Buenos Aires y las conexiones con las distintas villas y narcos, siempre aparecen uno, dos o tres barrabravas, ya sea de Boca, de River o de otros clubes; y no saben lo que es Newell’s o Rosario Central. Siempre están en delitos mayores. Se han convertido en sicarios. No quiero tocar a los clubes chicos, y menos voy a tocar al hijo de Moisés, que era mi amigo y, además, galán.

          Lo que quiero decir es que la cuestión tiene tanta gravedad que no estamos hablando de barrabravas que impiden el fútbol, sino de sicarios de la Argentina para los delitos. Entonces, si alguien quiere matar, contrata a un sicario.

          ¿Y saben lo que pasa? El sicario tiene impunidad porque el fiscal es socio del club, tesorero o presidente. El Pro forma parte de Cambiemos. ¿Está claro? Y Mauricio Macri fue presidente de Boca. Yo tengo mi disputa con Angelici, que es presidente de Boca y quiere operar para el gobierno nacional, y la voy a tener con cualquier operador que quiera mezclar política, fútbol, sicarios,  depósitos y contenedores.

          Entonces, si analizamos los clubes más chicos, veremos que no todos son santos. Conozco a Sarmiento y a Chaco For Ever y también sé –porque tengo años- que el único bueno era Torresagasti, que era peronista, pero ponía a todos los miembros del equipo en el gobierno. Él era decente. Ahora, todos en Puerto Tirol eran secretarios del vicegobernador. Esto no puede ser así.

          Entonces, separar la política del fútbol ya no es separar la entidad deportiva ni los miles de chicos ni la ayuda ni los subsidios, sino separar la política del delito grave, del narcotráfico y de la impunidad. Si yo tengo un juez, un fiscal, un ministro y un presidente que forman parte de un mismo equipo, va a haber impunidad, se llame Di Zeo o se llame como se llame. Para eso no estamos los argentinos. Esto no es lo que quiere el presidente Macri.

          La Coalición Cívica propuso que los equipos sean profesionales y eso va a ayudar a todos. Creo que va a ayudar enormemente a la política saber que ya algunos, por más que sea un hincha de un club, no va a estar complicado con un sicario del narcotráfico colombiano, argentino o de dónde sea.

          Yo les mostraría las causas. Nosotros tenemos más de cien, y no saben lo que es la provincia de Buenos Aires. Me las entregaron los jueces. No están por narcos, pero están en villas que tienen narcos y son parte de esas barrabravas.

          Comparto que no tiene sentido la pena al barrabrava mientras siga este sistema de impunidad. Ahora, lo que sí tiene sentido es empezar a separar la política del fútbol, porque es empezar a separar el fútbol del delito y la política del delito. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Petri, por Mendoza.

 

Sr. Petri.- Señor presidente: este no es un tema nuevo en el Congreso de la Nación. No se trata de una problemática que recién llega a este cuerpo.

          En 1985 el Congreso se abocó a la sanción de la ley 23.184, que era un régimen penal y contravencional para la prevención y la represión de la violencia en los espectáculos deportivos. Estaba claramente direccionada al fútbol argentino, fundamentalmente a los equipos de primera, donde ya se constataba la presencia de barrabravas u organizaciones criminales que operaban y trataban de apropiarse de los clubes.

          En 2008 hubo una sanción y una modificación a esa ley porque estaba claro que, pese a los esfuerzos y al marco normativo, no alcanzaba. Así fue cómo se modificó esa ley, pero tampoco se logró combatir y erradicar la violencia en el fútbol argentino.

          Allá por el año 2016 nosotros llegábamos al poder en la Argentina y la ministra de Seguridad presentaba un proyecto en el Senado, pero no lograba que se tratara.

          Aquí se ha dicho que esta ley no alcanza por sí sola a resolver los problemas. Claro está que no alcanza. Pero esta ley es el instrumento que le tenemos que dar a jueces y a fiscales para que sancionen y castiguen a los violentos en la República Argentina, y también al Poder Ejecutivo para que realice las políticas de prevención de la violencia y del delito en nuestras canchas y en nuestros clubes.

          Fíjense, en definitiva, cómo se logran avances con esta ley. En primer lugar, se agravan las penas de los principales delitos que ocurren en los espectáculos futbolísticos, en función de la peligrosidad que presentan. Pensemos que van cientos de miles de espectadores y se cometen delitos contra la vida, la propiedad y la libertad. En estos casos se establecen penas que elevan en un tercio las máximas y las mínimas.

          También se crean nuevas figuras delictuales porque queremos terminar con las cajas que financian a los barrabravas en la República Argentina. Cuando hablamos de la venta, de la reventa, de la falsificación de aquellos que con coacción o amenazas terminan prestando servicios de vigilancia de vehículos y que terminan reportando a la caja de la organización criminal, que son las mafias, necesariamente tenemos que establecer sanciones para cortar el circuito del dinero que las termina nutriendo.

          Pero esta ley no acaba allí, señor presidente. Brevemente, cuando establecemos procedimientos abreviados para el juzgamiento es porque no queremos que las causas prescriban ni que terminen en la impunidad; cuando evitamos que los barrabravas puedan someterse a la suspensión del juicio a prueba y establecemos un régimen de protección a testigos y arrepentidos es porque consideramos que los dirigentes y los miembros de las organizaciones con voluntad de arrepentirse deberían poder hacerlo, y a partir de allí avanzar sobre los organizadores, los que lucran,  los que financian y los que gestionan a estas organizaciones criminales, lo que también nos parece trascendental.

          También se establece, por ejemplo, un Consejo Federal para la Prevención de Espectáculos Deportivos y de la Violencia, y esto es clave porque se trata del organismo encargado de diseñar las políticas públicas para la erradicación de la violencia en el fútbol argentino.

          Yo no me voy a detener en esto porque tengo poco tiempo, pero son innumerables las medidas que se han tomado y que no solamente abarcan a los barrabravas, sino también a los dirigentes de los clubes, a los funcionarios políticos, a los organizadores, a los empresarios que lucran con el negocio, etcétera.

          Me parece que es una buena señal que estamos dando desde el Congreso de la Nación cuando estamos agravando las penas a los funcionarios, a los dirigentes de los clubes y a los empresarios que lucran con el negocio del fútbol, pero que encubren, protegen o, eventualmente, promocionan a los barrabravas en la República Argentina, que han tomado de rehenes a los clubes de fútbol de nuestro país y han terminado pactando con la dirigencia de los clubes una paz negociada, en donde le garantizan al dirigente del club que no va a haber problemas a cambio de que le entregue negocios. Esta es una violencia medida y controlada por las barrabravas. Son un verdadero cáncer para el fútbol argentino.

          No es como se ha dicho por allí que los barrabravas son hinchas fanatizados y fervorosos de un club de fútbol o simpatizantes apasionados. Se trata de mafias enquistadas en el fútbol, donde generan pingües y millonarios negocios. Son verdaderas asociaciones ilícitas, pero no cualquier asociación ilícita; no es la asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal.

          Cuando uno lee el artículo 210 bis, que establece las asociaciones ilícitas agravadas, ve que muchos de los ingredientes que califican a una asociación ilícita como agravada están dentro de las barrabravas en la República Argentina. Tienen una estructura vertical y celular, disponen de armas de fuego, tienen conexiones con otras bandas y reciben apoyo de funcionarios públicos. Fíjense si no están presentes los requisitos de las asociaciones ilícitas agravadas.

          Pero para que pueda funcionar esta estructura mafiosa de las barras se requiere necesariamente de la colaboración y del encubrimiento de los dirigentes de los clubes, y también de la colaboración y del encubrimiento de parte de la dirigencia política, sindical, empresaria y judicial de nuestro país. De lo contrario, no podrían funcionar con el nivel de impunidad que actualmente operan.

Por eso, hay algo trascendente, que es el hecho de que para aquellos que protejan y encubran se establecen fuertes agravantes.

          No comparto la tesis que sostiene que los dirigentes de los clubes son víctimas de las barrabravas. ¿Sabe por qué? Porque sostener esto es lo mismo que decir que los funcionarios públicos son víctimas y rehenes en los casos de corrupción de inescrupulosos empresarios. Si los dirigentes del fútbol argentino no cortan los vínculos promiscuos que tienen con las barrabravas,  deben dar un paso al costado. Este es un mensaje que la dirigencia política necesariamente tiene que dar.

           A fin de cortar con esos vínculos, esta propuesta tiene una fuerte apoyatura, por ejemplo, en la figura del arrepentido y en la protección de testigos.

          Por lo tanto, en muchos casos los dirigentes no son víctimas, sino que son encubridores y colaboradores.

          Por último, se dice que esta es una norma parcial porque es punitivista. Personalmente, coincido con que la violencia tiene que ser combatida necesariamente desde la prevención social, donde las políticas sociales y educativas tienen un rol clave. Ahora bien, si de lo que se trata es de combatir a las mafias; si de lo que se trata es de combatir a las organizaciones criminales que operan dentro del fútbol argentino, no hay otro remedio en el mundo que no sea a través de la persecución penal y la sanción. La sanción la estamos estableciendo esta noche aquí a través de este proyecto y la persecución penal va a quedar en manos de la Justicia.

          Por otro lado, los que opinan que a las mafias no se las combate desde la punición, les pregunto cómo piensan combatir a las mafias en el fútbol argentino. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a organizar una ONG, como hicimos con Hinchadas Unidas Argentinas? ¿Esa es la forma en la que vamos a combatir a estas mafias, verdaderas asociaciones ilícitas? Quizás crean que hay que reivindicarlas, como hizo Cristina Fernández de Kirchner en una nota del diario Infobae, en la que defendió a las barrabravas.

 

-   Varios señores diputados hablan a la vez.

 

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia informa que ha concluido el tiempo del que disponía para su exposición, señor diputado.

 

Sr. Petri.- Ya finalizo, señor presidente.

          Creo que con políticas de prevención, pero también con fuertes sanciones, es como se combate a las barrabravas en la República Argentina.

          Las barrabravas no solo han manchado la pelota, sino que la han pinchado y se la han robado. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.

 

Sr. Rossi.- Señor presidente: no pensaba hacer uso de la palabra porque vinimos a esta sesión, como han dicho los compañeros diputados, con la voluntad de votar afirmativamente en general este proyecto, independientemente de que el texto nos gusta poco y nos deja sabor a poco.

          He escuchado algunas reflexiones que creí que había que tener en cuenta, como cuando se dijo que ésta no es una propuesta oportunista, sino que hace uso de la oportunidad. Pero también he escuchado a otros que se suben al paravalanchas ‑hablando de barrabravas- y empiezan a tirar.

          Si ese es el escenario del debate alrededor de este proyecto, quiero decirles a los diputados que se subieron al paravalanchas –voy a hablar con claridad-, que durante doce años el presidente de la Nación fue presidente del Club Boca Juniors. ¿No conoció a los barrabravas? ¿Nunca tuvo relación con los barrabravas de Boca Juniors? ¿El presidente de la Nación no sabe quiénes son los barrabravas de Boca Juniors?

          Además, el señor fiscal Stornelli, que goza tanto cada vez que pide la prisión preventiva para algún exfuncionario o algún empresario, durante cuatro años fue secretario de Seguridad del Club Boca Juniors. ¿Nunca vio un delito cometido por un barrabrava? ¿Nunca vio absolutamente nada de lo que pasaba con los barrabravas? ¿Nunca se le ocurrió que había algo que no estaba funcionando dentro del club del cual era secretario de Seguridad?

          El señor Burzaco, actual secretario de Seguridad de la ministra que envía este proyecto, que fue quien le impuso un carácter más punitivo del que ya tenía el proyecto original, que fue titular del Departamento de Seguridad de River Plate, ¿nunca vio qué pasaba con las barrabravas? ¿Nunca hizo nada con las barrabravas cuando fue secretario de Seguridad del club River Plate?

          La verdad es que me enoja coincidir en algún aspecto con la diputada Carrió. (Risas.) Pero Angelici, el señor del que la diputada Carrió dice que maneja parte de la Justicia en la Argentina, presidente del Club Boca Juniors ‑alguno lo definió como el Messi de los dirigentes del fútbol argentino-, ¿no conoce las barrabravas?

          Cuando despidieron a Boca Juniors antes de ir a Madrid, la seguridad la organizó Di Zeo. El fiscal Stornelli, cuando era secretario de seguridad de Boca Juniors, fue al casamiento de Di Zeo.

          Sin embargo, nos vienen a hablar de Hinchadas Unidas y de alguna expresión que alguna vez tuvo la ex presidenta de la Nación. ¡La verdad es que hay que tener cara!

          Llegaron al gobierno porque el presidente convivió durante doce años con los barrabravas. ¡Pongamos las cosas en claro! (Aplausos.)  

          El problema del fútbol no radica solo en los barrabravas. Es mucho más complejo, porque si hay un lugar en el que circula plata en negro, es en el fútbol. Si hay un lugar en donde hay una cantidad de cosas que no se sabe cómo son, cómo pasan y demás, es en el fútbol y no solo en el argentino.

          Entonces…

 

Sra. Carrió.- ¡El presidente de Newell’s compró el diario La Capital!

 

Sr. Rossi.- ¿No era de Vila?

-   Varios señores diputados hablan a la vez.

 

Sr. Rossi.- Newell’s está fundido; no tiene nada.

          De todas maneras, el problema es mucho más complejo que el de las barrabravas.

          Este es el problema que tenemos que desentrañar. Entiendo ‑lo conversaba recién con ustedes‑ la problemática de los clubes del interior. Es cierto que el presidente de un club del interior a veces también es concejal, diputado y presidente de la asociación de bomberos voluntarios. Esto es así. Por lo tanto, hay que buscar alguna limitación o exclusión dentro de lo que se está proponiendo. La verdad es que es una vergüenza que haya un fiscal o un juez que sea parte de la comisión directiva de un club porque tiene relación con las barrabravas.

          El problema de los barrabravas es el problema de la seguridad en la Argentina. Muchas veces en la política argentina se resolvió el problema de la seguridad –me estoy remontando a treinta o cuarenta años atrás‑ porque se sostenía la idea del doble pacto.

          La política pactaba con la policía y la policía pactaba con el delito. El problema es que el que cometía el delito era el gordo quinielero del barrio. Así, el señor que levantaba quiniela clandestina era el mayor problema que tenía el pueblo. En Vera, mi pueblo, cada vez que venía un comisario, el quinielero pasaba seis horas preso, después se iba y seguía levantando quiniela.

          El problema es que hoy es imposible sostener una estructura de esas características porque no pacta con el quinielero del barrio, sino que tiene que pactar con el narco. Entonces, la política no puede pactar con la policía. La política tiene que mandar a la policía y la policía tiene que combatir el delito porque no puede tener pacto con el delito, ya que el delito es el narco.

          Con las barrabravas pasa lo mismo. El hincha ya no es el que más tiempo le dedica al fútbol; son organizaciones y esto hay que diferenciarlo. La barrabrava es una organización delictiva. Hay que diferenciarla del hincha, que es pasional, que se enoja, que defiende al club en cualquier circunstancia. Entonces, si no se tiene un acuerdo, si la dirigencia del fútbol argentino no se compromete a terminar con los negocios de los barras, va a ser muy difícil salir adelante.

          En mi opinión, la dirigencia del fútbol argentino ha admitido que no puede resolver sola esta cuestión. Por eso tenemos que ver cómo lo hacemos desde el Estado, pero estoy convencido de que no podremos solucionar este tema con más punitivismo. Debemos hacerlo de otra manera.

          Durante el debate en comisión hemos planteado que el tratamiento que se estaba dando era exprés. Hay que decirlo con claridad: a esta altura, la discusión exprés no tiene ningún sentido porque nos acabamos de enterar de que el Senado no va a tratar este tema en su sesión de mañana. La verdad es que podríamos parar la pelota, reflexionar y elaborar una ley en serio. No es que esta no lo sea, sino que debe ser mejor.

          Tenemos que involucrar a la mayor cantidad de actores posible. Por ejemplo, no hicimos ninguna reunión con las autoridades del fútbol argentino. Nuestro bloque hizo una convocatoria y vinieron algunos presidentes de clubes, aunque no de los más importantes. La realidad es que nos estamos apurando para aprobar un proyecto de ley   –en el que pusimos nuestros mayores esfuerzos para consensuar la mayor cantidad de puntos posibles‑, cuando el Senado acaba de decir que mañana no lo va a tratar. Es decir que no habrá ley este año. En este sentido, me pregunto para qué aceleramos tanto nosotros. Si el Senado no va a discutir el tema, podríamos darnos el tiempo necesario para redactar una norma más perfecta.

          Tengo la íntima convicción de que el fútbol argentino resuelve el problema de las barras o las barras se van a llevar puesto al fútbol. Las barras no son los hinchas; las barras son organizaciones delictivas, muchas de las cuales tienen vínculos con los narcos. Esto es así y hay que ver cómo se resuelve. Al respecto, la idea de limitar la presencia de funcionarios públicos, ya sea del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial o del Poder Legislativo –que nosotros incluimos en nuestro dictamen‑, tiene que ver con esto.

          Me parecen absolutamente atendibles y entendibles las reflexiones de la señora diputada Moisés –y de otras señoras diputadas‑ sobre los equipos del interior, que debemos tener en cuenta. Pero la realidad es que no se pueden sostener comisiones directivas que tengan un involucramiento directo con el poder político y, sobre todo, con el Poder Judicial.

          No estoy para dar ningún consejo ni mucho menos, pero si sos oficialista y estás a punto de sancionar una ley casi por unanimidad, ¡guardate las chicanas para otra sesión, hermano! (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.

 

Sr. Negri.- Señor presidente: voy a hablar unos pocos minutos, sin ánimo de hacer chicanas ni nada que se le parezca.

          Quiero agradecer a los diputados de los distintos bloques, porque al igual que en el Senado, acá también somos minoría. Es decir, frente a la demanda existente hoy, hubo aquí predisposición de las otras fuerzas políticas para tratar este tema. De lo contrario, no hubiéramos podido reunirnos para sancionar este proyecto.

          Por otro lado, coincido con el señor diputado preopinante, porque a mí también me preocupa que el Senado haya decidido no tratar este tema en el día mañana. Como dije, al igual que acá, allá nosotros también somos minoría, pero la diferencia es que los que son mayoría no tienen la predisposición –como sí la han tenido quienes acá son oposición‑ de tratar el proyecto frente a la gravedad de la situación. Lamento mucho que así sea porque a lo mejor hubiéramos podido cerrar el año, no con toda la perfección, pero sí dando respuesta a un problema antiguo y recurrente.

          Yo tampoco quiero hacer chicanas. Cuando uno relata en forma autocrítica algunos hechos que han retroalimentado un problema de estas características, en el que la muerte vinculada al deporte pasa a ser algo más que una cifra, no lo hace con el propósito de culpar ni mucho menos, sino porque es parte de un proceso, que se ha ido retroalimentando. Y esto ha sucedido con políticas de distintos colores. Nadie está ajeno a esto: ni los dirigentes gremiales ni de otra naturaleza vinculados a la problemática del fútbol.

          La diferencia esencial entre el barra y el hincha ‑como bien se dijo acá y coincido‑ empezó en Inglaterra con los Hooligans. Recuerden ustedes esa época: parecía inimaginable, pero ellos dominaban las ciudades. En Latinoamérica fue principalmente en Colombia donde el concepto de hincha transitó hacia el camino del delito. En la Argentina, en los años 80 comenzó a confundirse el concepto de hincha con el de barrabrava. Este concepto es muy latinoamericano; nos identifica mucho. No es un concepto del fútbol universal.

          En los años 80, el hincha que se identificó con el carácter de barra fue porque se incorporó al delito, empezó a convivir con él; no iba al circo romano a ver un partido de fútbol y a presionar para que su equipo gane o devuelva las pasiones; concluía el partido de fútbol como antes de comenzar, en una suerte de asociación que se iba cerrando alrededor de la idea del fútbol, pero no lo sostenía el domingo que lo esperaba, sino el delito del cual se iba consustanciando y ampliando en la sociedad.

          Por eso, muchas veces, aun con leyes menores, con actuaciones judiciales y deteniendo a algunos, no se para el problema. Ello es así porque el carácter de barrabrava se retroalimenta no por el temor a la sanción en la cancha, sino porque el delito y el negocio afuera son los que lo mantienen y entusiasman.

          Más allá de quiénes son más o menos responsables, en la Argentina llevamos una década sin visitantes en el fútbol. No hemos podido superar esta situación. La Argentina es el país con mayor cantidad de muertes en el fútbol, lo cual debería preocuparnos mucho. De las más de 300 muertes, casi el 70 por ciento se produjo desde 1983, cuando el barrabrava comenzó a transitar el camino del delito.

          El ascenso quedó sin público visitante en 2007, tras el asesinato de Marcelo Cejas, un hincha de Tigre. En 2011, se cambiaron las reglas; con el descenso de River los clubes vieron una oportunidad económica en la posibilidad de disputar partidos con visitantes. Así apareció la figura de los hinchas neutrales, o sea, los disfrazados sin camiseta que andaban por la calle mordiéndose la lengua para que no los descubrieran en la cancha; iban como neutrales, pero lograban ingresar al estadio. Se trataba de una estrategia legal para escapar a la prohibición. La norma no les impedía hacerlo; la sorteaban porque había inteligencia.

          Por supuesto que en muchos casos, tanto los dirigentes como la propia asociación de fútbol, miraban para un costado. Y el tema pasó a ser más complejo. Es cierto que los dirigentes del fútbol, que deberían ser los que naturalmente resolvieran este problema, no lo hicieron, no quisieron o no pudieron. Pero también es cierto que la incorporación del delito, del narcotráfico –como bien se dijo acá‑, de la asociación ilícita, de la muerte sin peligro, de viajar por el mundo con impunidad, ha obligado a que el Estado tenga que intervenir. Lo mismo ocurrió en países de Europa, como es el caso de España e Inglaterra. Esto no debería preocuparnos, sino por el contrario, ocuparnos.

          En 2013 llegamos a la gran prohibición para el ascenso y la primera división. ¿Luego de qué? De otra muerte: la de Javier Gerez, hincha de Lanús, en el Estadio Único de La Plata, tras un escopetazo de la policía bonaerense.

          A partir de ese momento recrudeció la guerra entre las barrabravas. Desde 2013 se intentaron muchas medidas, pero no se logró objetivo alguno. Seguimos sin público visitante en los estadios; solo en algunos partidos de la categoría superior, en torneos nacionales o internacionales, se permite el ingreso de hinchas de ambas parcialidades.

          Hemos sido parte del papelón, algunas veces cruzando el río y otras yendo a algún otro país, sin esfuerzo económico alguno; nada más que el ahorro de dos pesos para llegar a Europa o bien quedándose veinte días para ver la final de la Copa América.

          Nuevamente la Argentina fue el país con mayor cantidad de violentos expulsados en un mundial. Es decir que no solo pasa aquí, sino que cuando vamos a otro lugar repetimos la cultura con la que se sobrevive en carácter de barrabrava en la Argentina.

          En 2006 viajaron a Alemania 116 barrabravas; la organización expulsó a 47. En 2010 fueron a Sudáfrica 210 barrabravas; la organización expulsó a 54. En Brasil expulsaron a 53, mientras que en Rusia, como todos recordamos, fueron 49 los barrabravas expulsados por conducta violenta.

          Como cordobés recuerdo lo que sucedió con aquel hincha de Belgrano en 2017, en un hecho que conmovió al país. Me refiero a Emanuel Balbo, un joven de 22 años. Su muerte fue la imagen del desprecio en un espacio deportivo. Ni siquiera lo mataron en la calle; lo levantaron, lo empujaron y lo arrojaron de la tribuna hacia los que estaban abajo y murió. ¡Peor que en el circo romano!

          Según la ONG Salvemos al Fútbol, en nuestro país son trescientos veintitrés los muertos por violencia desde 1922. El último caso fue hace poco: el 4 de noviembre de 2018. El 70 por ciento de estas muertes se produjo a partir de 1983, cuando el hincha empezó a transitar el camino del delito y se transformó en barrabrava.

          Ni hablemos de la segunda final de la Copa Libertadores, porque tapamos las páginas de los diarios y casi fuimos observados con temor por quienes querían visitar la Argentina.

          Como dije, no venimos a hacer chicanas, sino a tratar de resolver lo que ocurre no solo con el fútbol, que causa pasión, sino también en otros ámbitos. Este es el deporte de mayor penetración social; se genera toda una cultura a su alrededor. Además, el clima es propicio porque es inconmensurable el mercado en torno de la violencia, el narcotráfico, la droga y los negocios en negro que se imponen cerca de él.

          Antes del último partido, vimos cómo al allanar una casa encontraron, como si nada, 7 millones de pesos y trescientas entradas. ¡Alguien las duplica!

          Es cierto que hay que establecer una relación gradual entre penas y delitos, y que hay que homogeneizarla; pero debe haber voluntad política, porque los dirigentes de fútbol no se animaron a asumir y resolver esta situación por complicidad, por omisión, por incapacidad para conducir o porque solo quieren figurar o hacer un negocio. Ahí es donde deben estar la política y el Estado, porque el objetivo es proteger la vida del ciudadano. No del barrabrava, que vive de la vida de quien sanamente va a ver un espectáculo y puede morir.

          De esto se trata y por eso estamos en este recinto; no para ver si uno es más o menos que el otro, cuánto se hizo aplaudir o a cuántos llevó a un acto. ¿Acaso creen que se alimentan porque sí? ¿Piensan que la ideología política, en una campaña, llega a los barrabravas porque son militantes cultores de esa ideología? ¡Son militantes cultores de la guita y, fundamentalmente, del delito! ¡La política también se sirvió de ellos!

          Comparto con el señor diputado Quetglas que la cultura barrabrava es, de alguna manera, una forma de hacer política. Anida en la sociedad. Luego, el barrabrava no va a ver el partido de fútbol, sino que convive socialmente en el insulto y la violencia. Muchas veces cuenta con la complicidad de los clubes, de la política y de algún otro sector. A ello apuntamos con este proyecto de ley.

          Probablemente sigan reciclándose y encuentren la manera de escapar porque el negocio es superior. Pero debemos seguir acorralándolos, tratando de cambiar la cultura, de educar y de desincentivar el significado de barrabrava en el clima social de una Argentina que cree que solo existen en el fútbol cuando, en realidad, como concepto social, recorren las calles de nuestro país y algunos se divierten con ello. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente en general el texto consensuado recaído en el proyecto de ley por el que se establece un régimen procesal y penal para la prevención y represión de delitos en espectáculos futbolísticos.

-   Se practica la votación nominal.

-   Conforme al tablero electrónico, sobre 205 señores diputados presentes, 199 han votado por la afirmativa y uno, por la negativa, registrándose además 3 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.

 

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 199 votos afirmativos; uno, negativo, y 3 abstenciones.[1] (Aplausos.)

-   Varios señores diputados hablan a la vez.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Se deja constancia de que las señoras diputadas Carrió y De Ponti han votado por la afirmativa.

          En consideración en particular el artículo 1°.

          La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio para que podamos escuchar claramente a los expositores, dado que son muchos los aportes que se harán durante el tratamiento del articulado.

          Tiene la palabra el señor diputado Castagneto, por Buenos Aires.

 

Sr. Castagneto.- Señor presidente: si bien haré referencia al artículo 1°, ya que se habló tanto de las muertes producidas y de los aspectos punitivos del proyecto de ley, me gustaría incorporar los capítulos II, III y V, para luego discutir artículo por artículo. De esa manera, se modificarían todos ellos, dado que se refieren a la parte preventiva, tan importante en todo evento deportivo, especialmente en el fútbol. Si no hacemos prevención, lo único que vamos a lograr –como escuché recién al diputado preopinante- es que terminen matando a un hincha por la espalda.

          Entonces, ya que no pudimos tener algunas reuniones durante la semana pasada, como bien lo dijo el diputado Agustín Rossi, presidente de nuestro bloque, lo que queremos es que se incorpore un capítulo II, sobre medidas técnicas de seguridad; un capítulo III, sobre el responsable de seguridad, que también es muy importante, porque hablamos mucho de los dirigentes, pero cuando se hace un espectáculo no sabemos quién es el responsable. Siempre recae la responsabilidad en cabeza del presidente, pero la mayoría de las comisiones directivas están integradas por 36 personas y, a lo mejor, un vocal suplente o un revisor de cuentas de un club es el responsable de haber hecho entrar a un barra o a una persona no autorizada.

          Finalmente, queremos que se incorpore un capítulo V, sobre clausura y multa para las instituciones.

          Por eso, antes de empezar a considerar el artículo 1°, queremos proponer que se incorporen esos tres capítulos del dictamen de minoría que nosotros presentamos, para luego renumerar el proyecto y empezar a tratarlo artículo por artículo.

          Además, pedimos que la votación se practique en forma nominal.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Así se hará, señor diputado.

          Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- No se aceptan las modificaciones, señor presidente.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Martiarena, por Jujuy.

 

Sr. Martiarena.- Señor presidente: quisiera proponer en este artículo el siguiente texto: “Objeto. La presente ley tiene como objeto la prevención de hechos violentos y la sanción de delitos cometidos antes, durante o después de la realización de competencias y espectáculos futbolísticos, en todas las divisiones, en todo el territorio nacional”.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: no se acepta la propuesta.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 1°, sin modificaciones.

 

Sr. Castagneto.- ¿Finalmente se va a votar el artículo 1°?

 

Sr. Presidente (Monzó).- Sí, señor diputado.

 

Sr. Castagneto.- Entonces, pido la palabra para proponer una modificación.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Castagneto.

 

Sr. Castagneto.- Señor presidente: ya que no aceptaron las modificaciones que sugerimos, queremos proponer que la redacción del artículo 1° quede así: “La presente ley tiene como objeto resguardar la seguridad e integridad física y patrimonial de las personas, establecer medidas de seguridad de carácter preventivo y la sanción de delitos cometidos con motivo o en ocasión de la realización de espectáculos futbolísticos en todo el territorio nacional.”

 

Sr. Presidente (Monzó).- ¿La comisión acepta?

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: no se acepta, porque muchas de las posturas sobre el objeto están como finalidad y las modificaciones serán solicitadas al analizar la redacción del artículo 2°.

 

Sr. Presidente (Monzó).- ¿Le parece que la votación del artículo 1° sea nominal, diputado Castagneto?

 

Sr. Castagneto.- No es necesario, señor presidente.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 1°, sin modificaciones.

-   Resulta afirmativa.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 1°.

          En consideración el artículo 2°.

          Tiene la palabra el señor diputado Castagneto.

 

Sr. Castagneto.- Señor presidente: en el mismo sentido, consideramos que en la finalidad falta toda la parte preventiva que habíamos acordado agregar. Ya que la diputada Burgos no acepta ningún cambio en los capítulos, por lo menos hagamos el texto más preventivo. De lo contrario, volvemos a la misma historia de lo punitivo: saquemos todo lo preventivo, dejen el proyecto de ley como lo tenían al principio y listo. Porque, en definitiva, es una mentira: estamos proponiendo lo preventivo, queremos hacer algo amplio y no nos aceptan ninguna modificación. ¿Para qué estamos debatiendo el tema, entonces? (Aplausos.)

          Si no vamos a debatir nada en cuanto a lo preventivo, pongamos las penas que ustedes quieran, como las mandó el Poder Ejecutivo y listo. Porque al final consensuamos o pudimos conversar medianamente durante quince días, pero no nos aceptan ninguna modificación.

          En consecuencia, que la diputada Burgos hable de los artículos que quiera, sobre lo punitivo, pongan lo que quieran y listo. No tiene sentido que hablemos de lo bueno y lindo de haber trabajado juntos, de que queremos ampliar lo preventivo y luego no nos acepten ni una modificación. Entonces, ¿para qué estamos hablando? Directamente, digan que no va a aceptar ningún cambio, votamos todo y nos vamos. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: quiero decirle al diputado Castagneto que me sorprende, porque todas las medidas de prevención han sido incorporadas a sugerencia del bloque del Frente para la Victoria. Entonces, primero le pido que no faltemos a la verdad porque todas las medidas preventivas han sido incorporadas sobre la base de lo que hemos hablado.

          Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver lo que me está diciendo. Si nos fijamos, el proyecto original tenía 29 artículos y el dictamen que hemos aprobado en general tiene 44. Todos los artículos que incorporamos son sobre medidas de prevención, así que revisemos un poquito lo que estamos votando. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Solá, por Buenos Aires.

 

Sr. Solá.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de forma, que hace a lo que es una ley.

          Los puntos a) y c), sobre resguardar la seguridad e integridad física y determinar las responsabilidades penales o administrativas, son objetivos de una norma. Pero el inciso b), referido a promover políticas, acciones y medidas de seguridad de carácter preventivo que permitan conjurar el accionar delictivo, implica actuar después de la ley. Esa es una tarea del Poder Ejecutivo y no una finalidad de la ley.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: con la propuesta que formulará el diputado Kosiner cierra, justamente, este artículo.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Kosiner, por Salta.

 

Sr. Kosiner.- Haciendo alusión a su reivindicación a “la rosca”, señor presidente, hemos logrado ponernos de acuerdo. (Risas.)

          La propuesta es unificar los incisos a) y b) del artículo 2° con el siguiente texto: “Promover políticas, acciones y medidas de seguridad de carácter preventivo que permitan evitar…” –se reemplaza el término “conjurar”- “…el accionar delictivo y/o violento en el marco de la realización de espectáculos futbolísticos, a fin de resguardar la seguridad e integridad física y patrimonial de las personas que a ellos asistan”. Así unificamos los incisos a) y b).

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: aceptamos la modificación. (Risas y aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Castagneto, por Buenos Aires.

 

Sr. Castagneto.- Señor presidente: la verdad es que el diputado Kosiner estuvo fantástico. (Risas.)

          Si me permite dirigirme a la diputada Burgos, señor presidente, quisiera decirle que no mentí. Lo que yo le estaba proponiendo incorporar es lo que dijo el diputado Kosiner y ella lo está aceptando. Entonces, la mentira tiene patitas muy cortitas. (Aplausos.)

          Acepto la propuesta del diputado Kosiner, porque es lo que figuraba en nuestro dictamen. ¡Bien, Burgos! (Risas.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 2°, con las modificaciones aceptadas por la señora miembro informante.

-   Resulta afirmativa.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 2°.

          En consideración el artículo 3°.

          Tiene la palabra el señor diputado Iglesias, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Iglesias.- Señor presidente: quisiera hacer un par de sugerencias. Creo que es muy importante, en la situación judicial que atravesamos y por algunos jueces que tenemos que siempre buscan alguna forma de exonerar de responsabilidad al delincuente, marcar bien la cancha y ser lo más precisos posible, aun a costa de ser reiterativos.

          Me parece que el artículo 3°, cuando dice “vinculados a la realización de un espectáculo futbolístico, sus prácticas, entrenamientos o traslados”, deja afuera algunas circunstancias. Por ejemplo, la barrabrava va a apretar al presidente del club o a un jugador para sacarle plata, ¿es eso en ocasión de un espectáculo futbolístico, sus prácticas, entrenamientos o traslados? Me queda un margen de duda.

          Por lo tanto, propongo que en esa parte el artículo diga: “o vinculados a la realización de un espectáculo futbolístico, sus prácticas, entrenamientos y traslados o cualquier otra actividad vinculada.” Me parece que marca un poco más la cancha y amplía el espacio en el cual las actividades de una barrabrava deben ser castigadas, como por ejemplo el apriete en una situación domiciliaria a un directivo o jugador.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: me parece que como está redactado el artículo está perfectamente identificado, y lo que propone el diputado está establecido en el Código Penal como extorsión.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Martiarena, por Jujuy.

 

Sr. Martiarena.- Señor presidente: le pido a la señora presidenta de la Comisión de Legislación Penal que me entienda, por la experiencia que tengo. Se han dado situaciones en partidos de fútbol de divisiones inferiores donde se han generado hechos de violencia que no han sido protagonizados por barrabravas, sino por familiares, aunque ustedes no lo crean. Por eso considero necesario que esté prevista esa situación.

          Propongo la siguiente redacción del artículo 3°: “Alcance de la ley. La presente ley se aplicará a los hechos aquí previstos, cuando se cometan con motivo, en ocasión o vinculados a la realización de competencias y espectáculos futbolísticos, en todas las divisiones, en prácticas o entrenamientos.”

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: no se acepta la propuesta.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 3°, sin modificaciones.

 

-   Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 3°.

          En consideración el artículo 4°.

          Tiene la palabra el señor diputado Castagneto, por Buenos Aires.

 

Sr. Castagneto.- Señor presidente: más allá de las incorporaciones que se aceptaron, nuestra propuesta es agregar lo siguiente: “Predio: todo ámbito en que se lleve a cabo o esté programado un evento futbolístico o actividades vinculadas a él, y sus adyacencias. Comprende el perímetro de seguridad y los estadios;

          “Estadio: todo recinto de acceso público, cerrado, cubierto o no, que incluye terreno de juego y graderías para concurrentes, en el que se lleve a cabo o esté programado un espectáculo futbolístico;

          “Perímetro de seguridad: es el área alrededor de los estadios, que es delimitada por la autoridad de aplicación para cada evento futbolístico, y hasta una distancia máxima de 1.000 metros medidos en línea recta desde el perímetro exterior del estadio, donde por razones de seguridad rigen normas especiales de circulación y permanencia de personas y cosas;

          “Boleto de entrada: es el contrato nominativo e intransferible, emitido por la institución organizadora del espectáculo futbolístico, por el cual se permite el ingreso al estadio y la permanencia durante el espectáculo. El boleto de entrada será de protocolo cuando sea entregado en forma gratuita atendiendo especiales circunstancias que así lo ameriten;

          “Unidad de multa: es la unidad patrón utilizada para la cuantificación de las multas, y equivale al valor de un boleto de entrada general para torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de primera división.”

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: las definiciones que están incorporadas en el artículo son las necesarias para la lectura e identificación del proyecto que estamos aprobando. Así que no se acepta la propuesta.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Iglesias, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Iglesias.- Señor presidente: me parece que a la enumeración de las categorías del artículo 4° ‑protagonista, organizador, concurrente- le falta la de los profesionales. Por ejemplo, un periodista o alguien que atiende una panchería son trabajadores y profesionales que no son ni protagonistas ni organizadores ni concurrentes.

          Por eso propongo agregar, como punto d): “Profesional: comprende a todo tipo de trabajador o profesional que desempeñe sus tareas en el ámbito definido por el artículo 3° de la presente ley;”

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: con el mismo fundamento, rechazo la propuesta.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Solá, por Buenos Aires.

 

Sr. Solá.- Señor presidente: creo que no tiene demasiado sentido que entre los organizadores del espectáculo figure el personal policial y de las fuerzas de seguridad, porque los organizadores del espectáculo tienen responsabilidades distintas que el personal policial y de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en muchos casos, ante consignas racistas, el club ‑el organizador del espectáculo- es sancionado. Ahora, ¿sería también sancionada la policía como organizadora del espectáculo? La policía no organiza el espectáculo; lo custodia.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: no se acepta la propuesta.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 4°, sin modificaciones.

 

-   Resulta afirmativa.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 4°.

          En consideración el artículo 5°.

          Tiene la palabra la señora diputada Carrizo, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Carrizo (A.C.).- Señor presidente: el bloque Evolución se va a abstener en los artículos 6°, 9°, 10, 11, 12, 17, 20, 21 y 22, y va a votar en contra en el artículo 14.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Brügge, por Córdoba.

 

Sr. Brügge.- Señor presidente: voy a hacer una propuesta, y espero contar con el aval del señor diputado Kosiner, si tengo suerte. (Risas.)

          Mi propuesta es agregar, porque no está previsto, el delito contemplado en el artículo 292 del Código Penal, que penaliza a aquel que hace un documento falso, y que está reprimido con prisión de seis meses a dos años si se trata de un instrumento privado. Me refiero a las entradas truchas.

          El artículo 5° está sancionando la tenencia para venta de ese tipo de entradas, pero no se prevé castigar a aquel que fabrica las entradas truchas. De hecho, hemos tenido un episodio donde se ha encontrado la maquinita de hacer las entradas truchas. Entonces, esa figura tendría que estar agravada. Por lo tanto, propongo incorporar dentro del listado de delitos que prevé el artículo 5°, el del artículo 292 del Código Penal.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: no se acepta la propuesta, porque hay un artículo específico que se refiere justamente a las entradas falsas o adulteradas.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grana, por Buenos Aires.

 

Sr. Grana.- Señor presidente: solicitamos votación nominal en los artículos 5° y 6°.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar en forma nominal el artículo 5°.

-   Se practica la votación nominal.


-    Conforme al tablero electrónico, sobre 197 señores diputados presentes, 141 han votado por la afirmativa y 49, por la negativa, registrándose además 6 abstenciones.

 

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 141 votos afirmativos; 49, negativos, y 6 abstenciones.[2]

 

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 5°.

          En consideración el artículo 6°.

          Se va a votar nominalmente.

-   Se practica la votación nominal.

-   Conforme al tablero electrónico, sobre 198 señores diputados presentes, 129 han votado por la afirmativa y 57, por la negativa, registrándose además 11 abstenciones.

 

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 129 votos afirmativos; 57, negativos, y 11 abstenciones.[3]

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 6°.

          En consideración el artículo 7°.

          Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: en este artículo se ha deslizado un error de tipeo en el párrafo tercero. Donde dice: “El mínimo y el máximo de la pena se incrementará a un tercio…”, debe decir: “…se incrementará en un tercio…”. Lo mismo sucede en el párrafo siguiente, es decir, se debe reemplazar la preposición “a” por “en”.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grana, por Buenos Aires.

 

Sr. Grana.- Señor presidente: esta figura ya se encuentra contemplada en el Código Penal y entendemos que es redundante volver a mencionarla.

          No entendí bien la propuesta, pero en el caso del agravante, se genera una situación más dura todavía de lo que establecía el proyecto originalmente ingresado. Así, si tres personas tiran una botella a un jugador de fútbol, podrían tener una pena de hasta ocho años, que es la misma que por un asesinato.

          Por eso queremos proponer una nueva redacción para el artículo 7°, que dice: “Se impondrá prisión de un (1) mes a tres (3) años a quien impidiere mediante actos materiales, aunque sea momentáneamente, la realización de un espectáculo deportivo en un estadio de concurrencia pública.”

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: tampoco poníamos la botella como arma. Dentro de las armas, incluimos su definición y especificación. Los agravantes, que también están especificados, dicen perfectamente a cuáles nos referimos, y justamente el agravante máximo es cuando se emplean armas de fuego o artefactos explosivos.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Solá, por Buenos Aires.

 

Sr. Solá.- Señor presidente: me parece que uno de los problemas que presenta el artículo 7° es que es muy liviana la idea de “alterar el normal desarrollo”. Si los 22 jugadores se agarran a trompadas, alteran el normal desarrollo del espectáculo. Hay muchas formas en que se puede alterar el normal desarrollo. Ahí hay una debilidad. Habría que buscar una redacción que sea más rotunda.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grana, por Buenos Aires.

 

Sr. Grana.- Señor presidente: el proyecto consensuado dice: “…si el hecho se llevare a cabo con la utilización de armas blancas, objetos cortantes o punzantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, bengalas, inflamables, asfixiantes o tóxicos, o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia, lesionar, dañar o agredir.” En este marco, si es con el concurso de más de tres personas, la pena se iría a ocho años.

          Hablo de botella porque es un instrumento contundente, o podría estar contemplado dentro de “cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para…”, y sigue la redacción.

          Ese es el sentido de nuestra propuesta, no solo por la cuestión formal de la redacción, sino también porque la figura ya existe en el Código Penal y entendemos que es redundante.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: con respecto a la agresión en grupos, quisimos tipificarla y enunciarla de esa forma porque no es lo mismo la agresión o la intimidación de una persona que la de dos o más personas. Entonces, obviamente, está el agravante.

          En cuanto a la utilización de las armas u otros elementos, mantenemos la redacción que habíamos propuesto.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grana, por Buenos Aires.

 

Sr. Grana.- Señor presidente: al no ser aceptadas las modificaciones propuestas, adelanto nuestro voto negativo.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones propuestas por la miembro informante, se va a votar el artículo 7°.

-   Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 7°.

          Tiene la palabra el señor diputado Del Cerro, por Santa Fe.

 

Sr. Del Cerro.- Señor presidente: el criterio de que la pena puede llegar hasta ocho años se justifica porque es posible que un botellazo termine en un asesinato. Por lo tanto, no me parece que sea redundante. Así, arrojar botellas o tirar piedras no puede pasar como un accidente común, o que solo se sancionen las agresiones con otro tipo de armas. Si no destacamos que se puede provocar una muerte por un botellazo, sería una inconsecuencia.

 

Sr. Grana.- Solicito la palabra para una aclaración.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grana, por Buenos Aires. Le ruego que sea breve, teniendo en cuenta que el artículo ya fue votado.

 

Sr. Grana.- Señor presidente: si se termina convirtiendo en asesinato, ya estaría tipificado en el Código Penal. Por lo tanto, no hace falta agregarlo en esta norma.

          Estos son los problemas que se generan por el tipo de tratamiento que dimos a esta iniciativa: hay muchísimas incongruencias por las cuales no podemos acompañarla.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  En consideración el artículo 8°.

          Tiene la palabra la señora diputada Moisés, por Jujuy.

 

Sra. Moisés.- Señor presidente: propongo la eliminación del artículo 8° porque no encuentro la forma en que los organizadores y protagonistas no provean entradas a espectáculos futbolísticas a personas contempladas en la base unificada de datos. Esto no lo veo posible dado que no se pide documento al comprador para la venta de entradas en clubes y en forma virtual; de esta manera, no se conoce quién es el que está comprando.

          Cuando alguien va a comprar una entrada al club no debe mostrar el DNI, por lo que no se sabe si está o no en la base de datos. Supongo que los grandes clubes, al vender entradas a través de internet, no solicitan el DNI, sino solo piden los datos de la tarjeta de crédito.

          A veces los clubes tienen convenios con algún sindicato al que le entregan entradas, pero luego no se sabe quién las recibe. En caso de corresponder, se penalizará el ingreso a la institución o al estadio. ¿Cómo podemos saber quién recibe las entradas?

          El artículo 8° dice así: “Se impondrá prisión de uno (1) a tres (3) años, a los responsables de la emisión o distribución…” -es la venta- “…de entradas, organizadores o protagonistas que provean entradas a espectáculos futbolísticos a personas contempladas en la base unificada de datos…”. Si incluimos este artículo, habrá que establecer la presentación del DNI al momento de la venta de entrada a fin de saber quién la compra. Por esto propongo la eliminación del artículo 8°.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: no se acepta la eliminación del artículo 8°. Además, tal como lo anticipó el diputado Fernández Langan, se solicitará una incorporación a la iniciativa basada en que el Ministerio de Seguridad ha firmado un convenio por medio del que se establecerán los máximos estándares de seguridad y los controles para el acceso a espectáculos deportivos. En este caso, se deberán hacer esos controles. Por todo esto, insisto, no se acepta la eliminación del artículo en tratamiento.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra el señor diputado Kosiner, por Salta.

 

Sr. Kosiner.- Señor presidente: para dar cumplimiento a este artículo, habría que agregar alguna mención en el sentido de que debe agregarse algún sistema de identificación de identidad al momento de emitir la entrada.

          El 99 por ciento de los clubes emite las entradas en boleterías o por internet sin saber si el comprador está incorporado a un listado de seguridad. Por otro lado, muchos clubes no tienen en su poder el mencionado listado.

          Si se incorpora ese agregado, deberá instrumentarse un sistema de identidad al que deberán acceder los clubes; de lo contrario, habrá que eliminarlo. Si no, estamos generando una carga de imposible cumplimiento a los clubes. Hoy, las instituciones no tienen cómo saber si la persona a la que le venden una entrada está incluida en el listado que indica que no pueden acceder al estadio.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: parecería que estamos incluyendo a cualquier persona en este listado. Con esta medida estamos atacando a las organizaciones que toman estas acciones como privilegio y las utilizan para financiarse. No estamos hablando de cualquier persona. Esas tareas o acciones se utilizan para financiar a las organizaciones delictivas.

          El artículo es correcto y, por lo tanto, no vamos a aceptar su eliminación.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra el señor diputado Martínez, por Neuquén.

 

Sr. Martínez.- Señor presidente: de la lectura del artículo 8° entiendo que pueden venderle una entrada a cualquier persona si paga el precio correspondiente, aunque luego forme una asociación ilícita. Entiendo que literalmente el artículo de referencia dice esto. Solicito que expliquen en profundidad de qué se trata el artículo 8°.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra el señor diputado Brügge, por Córdoba.

 

Sr. Brügge.- Señor presidente: quiero ver si podemos zanjar la situación. La realidad indica que no se le pide una identificación a quien quiere adquirir entradas. Este hecho no lo podemos obviar. Por lo tanto, con este artículo estaremos frente a un delito de imposible identificación o o que se podría convertir en una verdadera injusticia.

          Siguiendo la línea de pensamiento del diputado Kosiner, propongo que al final del artículo 8° se agregue un texto que diga que el mismo será aplicable una vez implementado el sistema de identificación del comprador. Si no podemos identificar al comprador, es imposible establecer la posibilidad de realizar esta penalización.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: la redacción a la que hizo referencia el diputado Martínez no es la última, porque en ésta no hablamos del precio correspondiente. En caso de ser necesario puedo dar lectura al artículo en consideración. Al iniciar el tratamiento de la norma aclaramos que estábamos trabajando sobre el proyecto que se distribuyó ayer.

          Por lo tanto, no estamos trabajando con el artículo al que hizo mención el diputado Martínez. Insisto en que, si lo desean, puedo dar lectura al artículo 8°.

 

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita a la miembro informante que indique si acepta la modificación solicitada por el señor diputado Brügge.

          Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: la comisión no acepta la modificación .

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra la señora diputada Moisés, por Jujuy.

 

Sra. Moisés.- Señor presidente: tenemos mucha voluntad para sancionar esta iniciativa y así lo estamos demostrando, pero no entiendo la obsesión por aprobar un artículo que es taxativamente inaplicable porque no tenemos un sistema de determinación de personas. Por qué vamos a establecer ese delito si no existen las herramientas que permitan determinar cuáles son las personas que deben identificarse.

          Quiero consultar a través de la Presidencia a la diputada Burgos, cómo haría para que quien vende las entradas en La Pampa, en Jujuy o en La Plata pueda identificar al comprador. Si me responde esta pregunta, votaremos el artículo 8° por la afirmativa. Si no, estamos sancionando algo que es inaplicable desde cualquier punto de vista.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: el artículo 8° no se refiere a la venta de entradas, sino a los privilegios y  a la financiación. Tampoco el artículo se refiere a la emisión. Entiendo que la diputada preopinante está equivocada.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra el señor diputado Grana, por Buenos Aires.

 

Sr. Grana.- Señor presidente: solicito la votación nominal del artículo 8°, dado que entiendo que se está hablando de la venta de entradas. Si bien el artículo no habla puntualmente de la reventa de entradas en la calle, hace alusión a la parte anterior de lo que podría ser un ejercicio mafioso, que es la organización de la reventa trucha. Por eso, coincidimos con los diputados preopinantes.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  La Presidencia aclara que se votará en forma nominal el artículo 8°.

          Tiene la palabra la señora diputada Pitiot, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Pitiot.- Señor presidente: acompañaremos la propuesta formulada por el señor diputado Brügge. Votaremos el artículo 8° por la negativa en caso de que quede redactado tal como se ha leído, porque es de cumplimiento imposible.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra el señor diputado Llaryola, por Córdoba.

 

Sr. Llaryola.- Señor presidente: en caso de que la miembro informante no acepte la modificación propuesta, nuestro bloque votará en forma negativa este artículo.

           Solicito que luego se vote la propuesta formulada por el señor diputado Brügge en caso de que sea técnicamente correcta. Lo que estamos pidiendo es de sentido común, porque los clubes que quieren cumplir con el objetivo que indica este proyecto necesitan tener un sistema para determinar quién está habilitado para comprar la entrada. Si aceptaran la modificación propuesta por el señor diputado Brügge, votaríamos el artículo en forma afirmativa.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra el señor diputado Montenegro, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Montenegro.- Diputado Brügge: quisiera pedirle si puede leerlo, porque no me queda claro cómo está incluida la financiación. Me interesaría escuchar detenidamente su propuesta.

 

Sr. Presidente (Monzó).- El artículo 8° quedaría tal como está, y se agregaría un renglón más.

          Tiene la palabra el señor diputado Brügge, por Córdoba.

 

Sr. Brügge.- Señor presidente: al leer atentamente los artículos 8° y 9°, observo que los dos adolecen del mismo problema. El artículo 9°, especialmente en la segunda parte, donde se refiere efectivamente a la venta de estas entradas; y el artículo 8° ─que estamos tratando, al que le ponen el título de “Privilegio y financiación”─ se refiere a la entrega efectiva de la entrada y no diferencia si se entrega a título gratuito, oneroso, como favor o por privilegio.

          Entonces, sugiero hacer dos agregados en los dos artículos a los fines de evitar cualquier tipo de suspicacia, y en esto el diputado Montenegro me va a entender.

          El agregado consiste en que estos dos artículos se apliquen una vez implementado el sistema de identidad del comprador por parte del Estado Nacional. Como dicen que el Estado Nacional está trabajando en un sistema de ese tipo, se harían estos dos agregados y quedaría resuelta la problemática que se plantea.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Me parece que seguimos confundiendo las acciones. En primer lugar, no es venta, sino distribución. Es la distribución la que permite la financiación. No estamos hablando ni de venta ni de adquisición. 

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Allende, por San Juan.

 

Sr. Allende.- Señor presidente: me parece que aquí se pone en evidencia la mirada que tenemos respecto de algunas instituciones de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, sin tener en cuenta a muchas instituciones del interior de la Argentina.

          Estamos hablando de campeonatos de la AFA. En el interior hay clubes que ni siquiera tienen internet. Justamente, tal como solicitó el diputado Montenegro, le iba a pedir al diputado Brügge que leyera nuevamente su sugerencia.

          Me parece que debemos tener cuidado con esto, que se debería aplicar una vez que los clubes dispongan de la información suficiente y los elementos necesarios. 

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: acá estamos hablando de quién suministra las entradas a estas organizaciones para que se financien. No me interesa el precio, si es real o no y cómo se entregan. Obviamente, siempre hay un precio como contraprestación; por eso estamos hablando, justamente, de los que se financian con la emisión o la distribución de esas entradas. No tiene absolutamente nada que ver la venta.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Moreau, por Buenos Aires.

 

Sra. Moreau.- Señor presidente: evidentemente tenemos interpretaciones distintas sobre lo que es “emisión” y “distribución”, por lo que le voy a solicitar que votemos este artículo; de lo contrario, vamos a estar discutiendo toda la noche.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Kosiner, por Salta.

 

Sr. Kosiner.-  Señor presidente: quiero hacer la última insistencia. No quiero que se interprete que el voto negativo de estos artículos implica no querer condenar a quienes entregan entradas ─en forma gratuita u onerosa─ a determinadas organizaciones delictivas. Pero debemos darles a los clubes la posibilidad de tener la base de información de aquellas personas que están condenadas o bajo determinadas normas, como la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos.

          Como dijo el diputado Allende, el sistema del fútbol argentino es muy complejo a lo largo y ancho de la Argentina. Me parece bien que un club que tiene acceso a una base de datos y sabe que a determinada persona no le tiene que vender o entregar una entrada, reciba una pena si lo hace; ahora bien, si no tiene cómo saberlo, la situación cambia.

          Propongo que se reconsidere este tema porque vamos a inutilizar dos artículos que, bien aplicados, pueden llegar a ser muy importantes.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Entiendo.

          Tiene la palabra el señor diputado Campos, por Buenos Aires.

 

Sr. Campos.- Creo que está muy claro el problema que existe.

          Me parece que una solución sería la siguiente. Acá están hablando de las entradas de favor,  del caso de un dirigente de fútbol que da una entrada de favor. Como ese dirigente ─y en esto tienen razón los que han opinado antes sobre este tema─ puede no saber que le está dando la entrada a alguien que está en una base de datos delictiva, creo que sería superador poner que se penará a quien la entregue “a sabiendas”; si lo hace de buena fe, no sería penado.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Borsani, por Mendoza.

 

Sr. Borsani.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio de dos minutos en las bancas.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Me parece que es lo más lógico; de lo contrario, vamos a estar debatiendo largo rato. A ver si nos ponemos de acuerdo.

 

- Luego de un breve cuarto intermedio en las bancas:

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: me parece que no vamos a llegar a un entendimiento. Estamos hablando de dos cosas diferentes.

          Por lo tanto, voy a solicitar al señor diputado Brügge que vuelva a leer la cláusula transitoria que pretende incorporar en el artículo 8°. En el artículo 9° no es aplicable dicha cláusula, pero sí en el artículo 8°. Le pido que la lea.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Brügge, por Córdoba.

 

Sr. Brügge.- Señor presidente: el texto del artículo 8° quedaría como está redactado, con un agregado que dice: “El presente artículo será de aplicación una vez implementado el sistema de identidad del comprador por parte del Estado nacional.”

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: sí, acepto la modificación. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Con las modificaciones aceptadas por la miembro informante, se va a votar el artículo 8°.

 

-   Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 8°.

          En consideración el artículo 9°.

          Tiene la palabra el señor diputado Grana, por Buenos Aires.

 

Sr. Grana.- Señor presidente: en primer lugar, le informo que en el artículo 8° votamos en contra.

          En segundo término, quiero plantear una modificación para que el texto del artículo quede de la siguiente manera: “Incorpórese como artículo 9° a la ley 23.184 el siguiente: Artículo 9° bis: Será reprimido con prisión de uno a tres años y multa de dos a diez veces el monto de la operación, el que sin autorización y con fines de lucro, vendiere o revendiere entradas para un espectáculo deportivo. Si las entradas fueran falsas, el mínimo y el máximo de la pena se incrementarán en dos tercios.”

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: el artículo, como está redactado, hace una discriminación en cuanto a la venta o distribución no autorizadas de entradas. En la primera parte, el artículo dice: “Se impondrá prisión de uno (1) a tres (3) años al que, sin autorización y con fines de lucro, vendiere o distribuyere entradas para los espectáculos futbolísticos.”

          Y el párrafo siguiente dice: “Cuando de la venta o distribución participare un organizador, protagonista o persona contemplada en la base unificada de datos y antecedentes relativos a espectáculos futbolísticos, dispuesta por el artículo 33 de la presente ley, la pena será de tres (3) a cinco (5) años de prisión”.

          Entonces, en el primer párrafo hacemos la discriminación para quien vende o distribuye entradas no autorizadas.  La pena se agrava cuando quien realiza esa acción está dentro de la base unificada de datos y antecedentes relativos al artículo 33. De manera que ya estamos estableciendo un agravamiento de pena. No hace falta establecer una multa.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Solá, por Buenos Aires.

 

Sr. Solá.- Señor presidente: lo que se está penando entonces, es la reventa. En cualquier reventa hay una especulación económica. ¿La idea es que cualquier reventa estaría penada de uno a tres años?

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Sí, señor presidente.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Se va votar el artículo 9°, sin modificaciones.

-   Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 10.

          Tiene la palabra el señor diputado Grana, por Buenos Aires.

 

Sr. Grana.- Señor presidente: en primer lugar quiero dejar asentado que votamos en forma negativa el artículo 9°.

          En segundo lugar, insistimos en la misma línea que recién planteaba el señor diputado Solá.

          Entendemos que es excesiva la pena que se está planteando tanto en este artículo como en el anterior y por eso hablábamos de multas. El agravante de estar dentro del registro -como en el caso anterior- sería una reincidencia a la violación de esta ley. Por lo tanto, los agravantes podrían estar sin que se mencionen de esa manera, y se establecería la multa para ello.

          En este artículo observamos lo mismo. Nos parece que la pena es excesivamente alta, porque también en este caso el agravante por la reventa de entradas llega a equiparar la pena que se establece por un homicidio.

          Por lo tanto, proponemos la siguiente redacción: “Incorpórese como artículo 9° bis, de la ley 23.184 el siguiente: será reprimido con prisión de uno a tres años y multa de dos a diez veces el monto de la operación, a aquél que sin autorización y con fines de lucro, vendiera o revendiera entradas para un espectáculo deportivo. Si las entradas fueran falsas, el mínimo y el máximo de la pena de prisión se incrementaría en dos tercios.”

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: aquí estamos hablando de la tenencia, venta y distribución de entradas falsas o adulteradas.

          Estamos hablando justamente de esa acción de falsificar intencionalmente las entradas. El agravante y la pena que establecemos, justamente, es para romper el negocio de la falsificación, de la adulteración de entradas y la distribución de entradas falsas que, lamentablemente, forma parte de las organizaciones mafiosas y delictivas.

          Tenemos toda la intención de atacar a los que adulteran y falsifican las entradas.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Brügge, por Córdoba.

 

Sr. Brügge.- Señor presidente: atento a que no se hizo caso a la incorporación del artículo como agravante del artículo 292 del Código Penal, que habla de quien hiciera en todo o en parte un documento privado falso, mi propuesta concreta para el artículo 10 es agregar la acción de la impresión, o sea que se penalice la impresión, la venta y distribución. Por ahí me podrán decir que si a uno lo encuentran con la tenencia estaría subsumido, pero pueden encontrar la máquina y no los elementos. Esa es la propuesta que hacemos.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grana, por Buenos Aires.

 

Sr. Grana.- Señor presidente: entiendo lo que dice la diputada Burgos. En ese agravamiento de penas, la reventa de entradas tiene la misma pena que el homicidio. Por lo tanto, no vamos a acompañar si no se modifica, porque es una barbaridad. En ese marco pedimos la votación nominal.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Moyano, por Buenos Aires.

 

Sr. Moyano.- Señor presidente: respecto del artículo 10, que se refiere a la imposición de penas a la tenencia, venta y distribución de entradas, querría saber de cuántas entradas se trata, porque estamos hablando de tenencia de entradas que le pueden haber vendido. ¿Cuántas? ¿Una, diez, cien?

          Me parece que este artículo, como muchos otros que estamos discutiendo uno a uno, es producto de la improvisación, porque varios diputados hicieron referencia al fútbol del interior, al fútbol del Argentino A, del Argentino B, del Argentino C, de uno de cuyos equipos fui presidente.

          Las entradas adulteradas pasan de mano y las recibe gente que quiere ir al espectáculo y las compra como si fueran entradas reales. Se pueden tener dos, tres, diez y no hay ningún delito en quien las compra. Esto tendría que aclararse en el segundo párrafo, más allá de que se puede estar de acuerdo o no con la pena; por lo menos, ser más específico respecto al que organiza.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti, por Santa Fe.

 

Sr. Grandinetti.- Señor presidente: efectivamente, creo que nos falta discriminar entre el poderío de la Superliga y lo que son los clubes del interior de la Argentina.

          No iba a opinar, pero me parece que es pertinente.   Recién estaban hablando de que a 2 kilómetros del estadio donde se organiza el partido de fútbol el hecho está agravado. Hay lugares en los que a los 2 kilómetros para cualquier lado se terminó el pueblo, o sea, es todo el pueblo, y el hecho está agravado desde el comienzo porque hay un solo estadio.

          Con respecto al tema de las entradas y siguiendo con la línea del diputado Moyano, la reventa de una entrada es igual a la reventa de cien mil entradas falsas, que serían el sustento económico de una organización. Es bastante confuso.

          Sin comprometer a los que han trabajado en todo esto, me parece poco claro como para acompañarlo. Creo que tenemos que ser un poco más claros.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Burgos, por Jujuy.

 

Sra. Burgos.- Señor presidente: vamos a aceptar la propuesta del señor diputado Brügge.

 

Sr. Presidente (Monzó).- La propuesta es simplemente agregar la palabra “impresión” en el título del artículo 10, que dice “Tenencia, venta y distribución”.

          Tiene la palabra el señor diputado Brügge, por Córdoba.

 

Sr. Brügge.- Señor presidente: efectivamente, en el artículo 10 proponemos incorporar la acción punitiva a la impresión de las entradas falsas o a adulteradas. También hay que repetir la palabra impresión en el párrafo último, cuando se habla de incrementar la mitad de su mínimo y un tercio de su máximo si la impresión, tenencia, venta y distribución de entradas falsas fuera realizada por el organizador.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Pitiot, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Pitiot.- Señor presidente: se nos generó una duda respecto de la tenencia. La simple tenencia puede prestarse a algunas cuestiones. Esto no estaba incorporado en el primer proyecto, y es del último borrador. No sabemos el porqué de la incorporación y queremos ver si se nos puede explicar y detallar un poco más, porque nosotros no vamos a acompañar el concepto de “tenencia”.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Montenegro, por Buenos Aires.

 

Sr. Montenegro.- Señor presidente: me parece que acá hay un  elemento muy claro para tener en cuenta, que tiene que ver con el dolo o la tenencia cuando uno sabe que la entrada es falsa; no es el hecho de tener entradas falsas.

          Cuando hablamos de entradas,  lo que se está planteando es que el juez, al momento de interpretar, tiene que ver qué está implícito dentro de una determinada cantidad de entradas. No hablamos del caso de un padre con su hijo con unas entradas, sino que las tiene que tener a sabiendas de que son falsas, que es el elemento subjetivo que necesita cualquier tipo penal.

          Debemos tenerlo más o menos claro; estamos planteando que la persona que tiene la entrada falsa sepa que es falsa, de lo contrario no va a ser delito.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grana.

 

Sr. Grana.- Señor presidente: no queremos entrar a adjetivar porque se han hecho esfuerzos muy grandes y no es un problema individual de la presidenta de la comisión ni de los presidentes de las distintas comisiones.

          Se evidencia que este es un tema muy complejo como para tratarlo de la manera en que lo hemos tratado, porque cuando uno empieza a manosear las penas pasan estas cosas.

          Discúlpeme señor presidente, pero por su intermedio le digo al diputado Montenegro que cuando uno compra una entrada falsa ‑quien ha ido a un espectáculo de cualquier tipo, le pudo haber tocado alguna vez por una cuestión de apuro tratar de hacerle una gauchada a alguien que dice que lo llamaron por teléfono, que se tiene que ir y que vende la entrada del espectáculo‑ no tiene idea si es o no falsa. 

          El juez no tiene manera de discernir la subjetividad de la persona para determinar si sabía o no. Solamente con decir que uno no sabía que la entrada era trucha, entonces, el juez tiene que avalarlo y decir “pobre hombre”; y tal vez no era así. Me parece que el nivel de amplitud que tienen estas cosas amerita que lo discutamos de una manera distinta.

          Por eso había hecho un planteo de un artículo distinto, que no habla de tenencia, sino de penalidades para cuando se venden o revenden entradas apócrifas y establece penalidades en términos económicos. Pero como cuesta mucho discutir una ley artículo por artículo ‑como lo estamos haciendo en este momento‑ con este nivel de imprecisiones, lo más serio es no seguir con el tratamiento porque vamos a hacer un mamarracho legislativo. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Petri, por Mendoza.

 

Sr. Petri.- Señor presidente: quiero decir dos cosas respecto de este artículo. La primera es que estos artículos no admiten tipos culposos. Es necesario decir que no alcanza la imprudencia, la negligencia o estar desprevenido; se necesita un dolo que claramente se tiene que probar, un dolo vinculado con la distribución, la venta o la tenencia de entradas adulteradas.

          La segunda cuestión, para aquellos que sostienen y reclaman una explicación del porqué de la incorporación de la tenencia, señalo que de no incorporar la tenencia para que el tipo penal sea aplicable, sería necesario llegar al momento de la venta.

          Esto es, si una persona, por ejemplo, tiene 300 entradas y las está vendiendo, pero en el momento de la aprehensión, en el momento del descubrimiento del delito, no está ejerciendo un acto de venta, no está realizando una transacción, la figura sería atípica, porque tiene las entradas, pero no las está comercializando y hay que probarle la venta, hay que probarle la distribución; por eso se incorpora el delito de tenencia, para que, justamente, no sea necesario probar la venta y la distribución, sino que con el simple acopio y tenencia ya sea punible.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Lavagna, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Lavagna.- Señor presidente: siguiendo la línea quiero hacer una simple pregunta. Cuando uno tiene trescientas entradas es más lógico, pero cuando tengo una entrada que me dio un amigo, ahí es donde surgen las dudas; ahí viene la discusión.

-   Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Pablo Gabriel Tonelli.

 

Sr. Petri.- Ahí no habría dolo. Usted fue burlado en su buena fe. No caería incurso en la figura.

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Grana, por Buenos Aires.

 

Sr. Grana.- Le agradezco al diputado Petri su lección de interpretación normativa. Nosotros acá lo que estamos votando no es lo que dice él. No es eso lo que estamos votando.

          Entonces, seamos responsables. Agradezco; no soy abogado. Ahora, de este artículo no surge eso. Surge que, si una persona posee una entrada apócrifa, tendrá una pena de prisión de uno a tres años. El artículo habla de tenencia. También de venta y distribución, pero habla de tenencia. Es decir, si yo tengo una entrada apócrifa voy preso. Esto es lo que surge del artículo.

          Este es el resultado de la confección de este proyecto a las apuradas para, como decía mi compañero Martínez, tratar de ver si se arreglaba el mamarracho que hicieron hace veinte días en esa final que no se pudo jugar en la cancha de River.

          Esto debe ir nuevamente a comisión, señor presidente. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra la señora diputada Passo, por Buenos Aires.

 

Sra. Passo.- Señor presidente: quiero dejar en claro el cuestionamiento que estamos haciendo con respecto al artículo en consideración.

          Creo interpretar a la perfección la buena voluntad –creo‑ que tiene el artículo 10 con respecto a tratar de sancionar a todas aquellas organizaciones mafiosas que distribuyen entradas truchas.

          El problema que tenemos acá se vincula con la redacción. Toda vez que ponemos “tenencia”, así, livianamente, se da lugar a que una persona, que compró una entrada trucha de buena fe y fue engañada, pueda ser sancionada injustamente, y no por la voluntad que tuvimos los legisladores a la hora de votar este artículo.

          Quiero aclarar también que para que un juez, que es quien debe impartir justicia, pueda interpretar bien las normas que aquí sancionamos, estas deben estar bien escritas, porque podríamos hacer cometer errores a quienes deben impartir justicia.

          Entonces, en nombre de mi bloque quiero aclarar que, así como está escrito, no vamos a votar este artículo.

 

-   Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Lousteau, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Lousteau.- Señor presidente: no he hablado hasta ahora; he escuchado mucho.

          Hemos estado debatiendo acerca de una peligrosa enfermedad que se ha enquistado en la Argentina y en todas las relaciones vinculadas con los barrabravas. Si ahora están mirando televisión, los barrabravas deben saber que esta noche no vamos a poder resolver nada.

          Entonces, creo que lo mejor que podríamos hacer es que el tema vuelva a comisión. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Monzó).-  ¿Es una moción, señor diputado?

 

Sr. Lousteau.- Sí, señor presidente.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Entonces corresponde votarla.

          Tiene la palabra el señor diputado López, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

 

Sr. López.- Señor presidente: le solicito si podemos hacer un cuarto intermedio de diez minutos en las bancas.

 

-   Varios señores diputados hablan a la vez.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  En primer lugar, corresponde votar la moción formulada por el señor diputado Lousteau y después la suya, señor diputado.

          Se va a votar nominalmente la moción de vuelta a comisión formulada por el señor diputado Lousteau.

-   Varios señores diputados hablan a la vez.  

-   Se practica la votación nominal.

-    Conforme al tablero electrónico, sobre 202 señores diputados presentes, 115 han votado por la afirmativa y 84, por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 115 votos afirmativos; 84, negativos, y 2 abstenciones.[4]

 

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aprobada la moción y, en consecuencia, el proyecto vuelve a comisión.

 

                                                                                                                                                                            - 21 -  

ALTERACIÓN del orden de tratamiento del plan de labor

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Solanas, por Entre Ríos.

 

Sr. Solanas.- Señor presidente: formulo moción para que se trate ahora la Ley Micaela.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Estaba por proponer lo mismo.

 

Sr. Solanas.- Además, se observó el bochorno de nuestra discusión, que después quedó en la nada. Así que pido que el proyecto se trate con premura.

          También quiero pedir disculpas a los padres de Micaela por haberlos hecho esperar tanto tiempo. (Aplausos.)

 

                                                                                                                                                                            - 22 -  

Moción de ORDEN Y DE tratamiento sobre tablas

 

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Tundis, por Buenos Aires.

 

Sra. Tundis.- Señor presidente: quedó pendiente mi solicitud de apartamiento del reglamento. Usted había dicho que al término del tratamiento del proyecto de ley anterior me iba a permitir hacerla.

          Solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento para la consideración del proyecto de resolución contenido en el expediente 7.637‑D.-2018.

          Hago este pedido teniendo cuenta el fallo de la Corte y un proyecto de resolución presentado en el día de hoy, porque los jubilados no pueden esperar mucho tiempo. La Corte estableció que este Congreso instruyera y dictara las normas para establecer el índice que se debe aplicar para el haber inicial. Ese es el motivo por el cual estoy formulando esta moción de orden.

          Considerando que la Corte reconoció legalmente que en el fallo de la causa Elliff debe aplicarse el ISBIC y que para determinar el haber inicial se debe establecer la norma a través de este Congreso.  Teniendo en cuenta que estamos ante personas mayores que necesitan una rápida resolución de nuestra parte, no podemos esperar al año próximo para tratar este proyecto.

          Asimismo, pido que la votación sea nominal. Queremos saber –insisto‑ quiénes somos los que estamos dispuestos a reconocer el derecho al que hice referencia.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Diputada Tundis: quiero aclararle algo. Estamos en sesiones extraordinarias, y no hay lugar para el apartamiento del reglamento, así que no hay posibilidad de tratar un proyecto que no esté dentro de lo solicitado por el Poder Ejecutivo.

 

Sra. Tundis.- Pero es un proyecto de resolución, señor presidente. Se trata de una resolución, no de un proyecto de ley.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene razón, diputada. No es un proyecto de ley. Usted pide que se vote un proyecto de resolución de la Cámara.

 

Sra. Tundis.- Solamente estoy pidiendo un apartamiento del reglamento para que se incorpore en el temario. No estoy pidiendo otra cosa, señor presidente.

          Al mismo tiempo, pido que la votación sea de carácter nominal.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Voy a dar lectura del proyecto de resolución que votaremos a continuación. Dice así: “Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la ampliación del temario de sesiones extraordinarias del período 136º a fin de poder dar urgente tratamiento a los proyectos sobre el indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial de las jubilaciones, conforme lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en su fallo Blanco, Lucio Orlando c/Ansés s/reajustes varios”.

          Se va a votar nominalmente el proyecto de resolución. Se requieren los tres cuartos de los diputados presentes.

-   Se practica la votación nominal.

-   Conforme al tablero electrónico, sobre 192 señores diputados presentes, 119 han votado por la afirmativa y 72, por la negativa.

 

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 119 votos afirmativos; 72, negativos, y no hubo abstenciones.[5]

 

Sr. Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción de orden.

 

 

                                                                                                                                                                            - 23 -  

moción de ORDEN Y DE 

tratamiento sobre tablas

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Guillermo Carmona, por Mendoza.

 

Sr. Carmona.- Señor presidente: hemos consensuado la propuesta de un proyecto de resolución referido a los dichos del embajador argentino ante el Reino Unido. Simplemente, se debe poner a votación.

          Quisiera pedir solamente que por Secretaría se verifique que se haya corregido el artículo de la Constitución. Tiene que decir “artículo 75, inciso 15)”. Inicialmente se había usado la vieja versión de la Constitución. Esto está en el penúltimo párrafo.

          Además, pedimos que la votación sea de carácter nominal.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Ha sido corregido, señor diputado.

          Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Mendoza. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

 

-   Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado por Mendoza.

          Se va a votar.  Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

 

-   Resulta afirmativa.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Queda incluida la consideración del asunto en el orden del día de la presente sesión.

 

                                                                                                                                                                            - 24 -  

EXPRESión de REPUDIO POR LOS DICHOS DEL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA ANTE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, CARLOS SERSALE, AL REFERIRSE COMO MAXIMAS AUTORIDADES DE LAS ISLAS A LOS FUNCIONARIOS BRITANICOS QUE INTEGRAN EL ILEGITIMO GOBIERNO DE MALVINAS

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el proyecto de resolución por el que se expresa repudio por los dichos del embajador de la República Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Carlos Sarsale, al referirse como máximas autoridades de las islas a los funcionarios británicos que integran el ilegítimo gobierno de Malvinas  (expediente 7.624-D.-2018).


 

aquí proyecto de resolución para Expresar un categórico rechazo y repudio a las expresiones del Embajador de la República Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Carlos Sersale, publicadas en su cuenta personal en la red social Twitter en las que se refirió como “máximas autoridades de las islas” a los funcionarios británicos que integran el ilegítimo gobierno de Malvinas, el que representa una de las más repudiables expresiones de la usurpación británica de esa parte integrante de nuestro territorio nacional(expediente 7.624-D.-2018)


Sr. Presidente (Monzó).- En consideración.

          Se va a votar.

-   Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de resolución.[6]

          Se harán las comunicaciones pertinentes.

 

                                                                                                                                                                            - 25 -  

Alteración del orden de tratamiento del plan de labor

(CONTINUACIÓN)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Está pendiente la moción de orden del diputado Solanas, quien ha solicitado que tratemos la ley Micaela en este momento, teniendo en cuenta que están esperando los familiares desde hace varias horas.

          Se va a votar.

-   Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Se acaba de votar una alteración del orden del día. No se necesitan las tres cuartas partes de los diputados presentes.

          Tiene la palabra la señora diputada Lospennato.

 

Sra. Lospennato.- Señor presidente: este apartamiento requiere las tres cuartas partes de los votos emitidos. Es decir que no puede haberse aprobado porque nosotros todavía no hemos votado.

         

Sr. Presidente (Monzó).- Diputada Lospennato: yo lo puse a votación y vi votar a todos.

 

Sra. Lospennato.- Pero requiere las tres cuartas partes de los votos emitidos. Nosotros somos setenta y dos legisladores. Recién acabamos de mostrar que somos más de un cuarto de los presentes.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Pero la votación fue para cambiar el orden de tratamiento de los asuntos.

 

Sra. Lospennato.- Permítame, señor presidente, que haga este planteo.  Esta vez no se ha consultado previamente, como se hizo en otras oportunidades, razón por la cual quisiéramos saber si hay una intención de adelantar el tratamiento de la ley Micaela, para luego dejar sin quórum la sesión.

          Si es así, nosotros no queremos cambiar el orden. Pero si hay un compromiso de votar ese proyecto de ley y después quedarse al siguiente tratamiento para mantener el quórum, no tenemos inconvenientes. Lo cierto es que el proyecto relacionado con el tratado con Chile se iba a votar sin oradores.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Kosiner, por Salta.

 

Sr. Kosiner.- Señor presidente: los integrantes de nuestro bloque asumimos el compromiso de quedarnos a debatir el asunto del tratado con Chile.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Solanas, por Entre Ríos.

 

Sr. Solanas.- Señor presidente: la aseveración de la diputada no tiene asidero. Es una cuestión de sentido común. Los padres de Micaela y de Lucía Pérez están esperando hace nueve horas para el tratamiento del proyecto de ley.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti, por Santa Fe.

 

Sr. Grandinetti.- Señor presidente: creo que es atendible lo que dijo la diputada Lospennato. Si quieren tener nuestro compromiso, también se lo damos. Hoy estuvimos discutiendo ese asunto en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. De hecho, estuvimos todos y hubo consenso. Después es cuestión de cada uno si se quiere quedar en su banca o irse.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Creo que quedó claro. Las dos posiciones son atendibles. Pero la votación para alterar el orden del tratamiento ya se ha realizado y vamos a poner en consideración la ley Micaela en este momento. (Aplausos.)

 

                                                                                                                                                                            - 26 -  

Establecimiento de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y de Presupuesto y Hacienda ‑Orden del Día N° 811‑ recaído en el proyecto de ley de la señora diputada Rach Quiroga y otras señoras y señores diputados; y el proyecto de ley de la señora diputada Ferreyra y otras señoras y señores diputados, por el que se establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (expedientes 1.776-D.-2017 y 2.610-D.-2017).


 

aquí ORDEN DEL Día 811


Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.

          Tiene la palabra la señora diputada Martínez, por Jujuy.

 

Sra. Martínez.- Señor presidente: en primer lugar, creo que es muy importante destacar la presencia de la mamá y de la hermana de Lucía Pérez y de los papás de Micaela.

          Quiero decir que nosotras estamos para expresar nuestro pesar y nuestra sororidad ante el dolor de tantas niñas y de tantas mujeres que han sentido humillación por el acoso, el abuso sexual, económico, de poder y la violencia de género en todas sus expresiones.

          Lo hacemos en nuestra condición de diputadas y de diputados de la Nación a través de propuestas que queremos y que creemos que pueden constituir un paso para terminar con los sometimientos y los hegemonismos.

          Queremos un país de iguales en el marco del respeto por la diversidad. Queremos una vida más digna, con derechos y más oportunidades. Queremos que nuestras niñas y nuestros niños dejen de pensar qué puede ocurrir, como sucede hoy, y que dejen de ser el 20 por ciento de aquellos que tienen posibilidades de sufrir acoso sexual antes de los 12 años de años.

          Como lo ha demostrado un estudio, queremos que los 9 años no sea la edad fatídica en la que una niña deba dejar su infancia en la casa para enfrentarse a un mundo hostil, a un medio que oprime y encasilla.

          Queremos que la vida privada de niños, niñas, adolescentes y mujeres sea segura, protegida y cuidada, y que las relaciones personales estén alejadas de los mandatos patriarcales y de las culturas que naturalizan el sexismo y la violación.

          Queremos y necesitamos reglas claras para que en el ámbito público se pueda llevar una vida sin el fantasma del abuso y la violencia sexual.

          No queremos tener que llorar dos veces a Micaela García, a Lucía Pérez o a Paulina Lebbos. (Aplausos.) Y esto lo decimos porque las lloramos cuando las mataron y las volvemos a llorar cuando se deja en libertad a sus asesinos, cuando se acallan sus muertes.

          En Argentina una mujer es asesinada cada 32 horas. A partir del informe del Ministerio Público Fiscal que analizó las cincuenta primeras sentencias de femicidios en nuestro país, surge un dato terrible: dieciocho casos de esos cincuenta tenían denuncias previas. Eso quiere decir que hubo dieciocho mujeres que pidieron auxilio al Estado y fracasamos. No les respondimos y ya no están. Eso indica que hubo fallas y falencias tanto en los organismos administrativos como judiciales. Por eso necesitamos un salto cualitativo y cuantitativo.

          Prevenir es la única manera de erradicar este flagelo. Por eso este proyecto lleva el nombre de Micaela García, una joven brutalmente asesinada, una luchadora de los derechos de las mujeres.

          Siento que este es un homenaje a su persona y a su lucha, y que este es un compromiso con ella -y con tantas otras mujeres que perdieron la vida de la misma forma-, al decirle que vamos a continuar y que sus vidas y sus luchas tuvieron sentido.

          Este proyecto pretende que haya una actuación en los tres poderes del Estado, es decir, que haya capacitación y formación en materia de derechos humanos y de violencia de género en todo el país. Además, debe incluirse la perspectiva de género sin temores, sin demonizar. La perspectiva de género no va a traer jamás una consecuencia de asimetría. Jamás va a sumarse a una injusticia. Nunca puede suceder algo semejante con la perspectiva de género incluida en cada uno de los poderes. No le teman; lo que va a lograr es la igualdad. Eso es lo que pretendemos.

          Quiero comentar que hubo dos expedientes en tratamiento. Uno de ellos corresponde a la diputada Rach Quiroga y el otro, a la diputada Araceli Ferreyra.

 

-   Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, doctora Cornelia Schmidt Liermann.

Sra. Martínez.- Han sido analizados en la Comisión con mucho compromiso y dedicación. Hubo aportes de todas las personas que componen la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

          Por otro lado, esta norma se sitúa en el marco de los compromisos adquiridos por nuestro país a partir de la adhesión a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en su artículo 8° establece con toda claridad que los Estados partes deben promover la educación y la capacitación, pero que también tiene que ver con otra norma, que  no solamente es la recomendación de Belem do Pará, sino la Recomendación General Número 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

          Este proyecto que estamos abordando hoy tiene dos dimensiones. Una de ellas es operativa y tiene que ver con la eficacia de la norma para poder incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos del Estado nacional, pero también adelanta una propuesta que se formulará para que sea de aplicación. Por eso se extiende la invitación a las provincias y también a los municipios.

          Esta norma establece que cada organismo pueda capacitar a su personal y lo haga en el marco de los programas creados a tal fin, y que pueda también –si así se desea- formular sus propios programas, por supuesto, siempre en el marco de las disposiciones teóricas y normativas de los organismos internacionales en la materia.

          Otro aspecto clave de esta norma es la vocación de transparencia que tiene. Por ese motivo es que dispone que el Instituto Nacional de las Mujeres certifique la calidad de los programas y que, por otra parte, elabore un informe final que demuestre que hay seguimiento, monitoreo, que puede haber evaluación y que también se conozca a cada una de las personas responsables de cada organismo.

          Estamos situando estas capacitaciones dentro del marco del plan de lucha contra la violencia de género, y lo estamos haciendo en este plan que fue creado en 2009 y entró en vigor recién en 2016. Los diputados y diputadas de esta Cámara hemos sido custodios para que no solamente se creara dicho plan, sino para que siempre contara con el presupuesto adecuado y suficiente.

          La capacitación va a ser sistemática y obligatoria; no va a depender de la voluntad de las partes. Necesitamos darle fuerza a esta norma y para ello se han establecido sanciones, para que no haya ningún funcionario que se niegue y, si se da esa situación, inmediatamente se tomen las medidas que corresponden.

          Eso se vincula con la importancia de erradicar la violencia institucional que se produce cuando una mujer debe enfrentar laberintos procesales, cuando tiene que enfrentar obstáculos burocráticos, cuando tiene que soportar que no crean en su palabra y cuando en lugar de protegerla se pongan a analizar la situación desde concepciones machistas y retrógradas.

          Basta recordar la sentencia vergonzosa, plagada de estereotipos, acerca de la sexualidad de las mujeres, que tuvo a Lucía Pérez como una doble víctima de la Justicia. Estos factores se manifiestan en forma grupal en nuestro sistema judicial.

          En el caso de Micaela, la actuación del juez Rossi fue increíble e inaceptable, decidió adelantar la pena que debía cumplir Wagner, su asesino, a pesar de que los informes decían que no debía hacerlo, a pesar de que el gabinete interdisciplinario no recomendaba que lo hiciera. Lo hizo igual y Micaela ya no está.

          No podemos soportar más impunidad cuando vemos lo que pasó con el jury de enjuiciamiento del juez Rossi, quien debía en los alegatos fijar posición y acusar, quien debía intervenir y no lo hizo. Este juez está nuevamente en sus funciones; de esto estamos hablando.

          Quiero contarles que creo que lo de máxima para el Poder Judicial es lo que tenemos en la provincia de Jujuy, juzgados especializados en materia de violencia de género, juzgados multifueros, juezas que han sido elegidas por concurso; se han tenido todos los cuidados para que la gente que llegara fuera especialista en la materia.

          Esto me lleva a una segunda dimensión, que es la política y la social, que va más allá de lo estrictamente técnico. Estamos atravesando una verdadera revolución cultural en la Argentina, que está impulsada por mujeres de todos los ámbitos, que hemos decidido no callarnos más, que sabemos que tenemos que luchar contra un sistema de valores, de distribución del poder y de distribución en el mercado laboral.

          Desde tiempos inmemoriales venimos siendo secundarias y pasivas; eso es el patriarcado, ni más ni menos. Por eso las mujeres de todos los partidos hemos hecho diferencias, hemos decidido trabajar en forma transversal, sin egoísmos, sin cuestiones sectoriales, comprendiendo que estamos viviendo una bisagra histórica, que nos interpela y nos exige tener esta conducta.

          En estos días hemos escuchado testimonios de miles de mujeres que se han atrevido a contar los abusos de los que fueron víctimas. Toda la conversación pública está focalizada en esto que nos pasa, en este horror. En esto que pasaba y se trataba en forma tangencial o que directamente era silenciado.

          Las legisladoras y los legisladores tenemos que estar a la altura de las circunstancias y este momento histórico que vivimos lo hace necesario. Es indispensable dar una respuesta institucional. Creo que la ley Micaela no agota en absoluto la lucha, pero es una parte muy importante.

          En tu memoria, Micaela. En tu memoria, Lucía. En tu memoria, Paulina y en la memoria de tantas mujeres, hoy vamos a aprobar esta norma. (Aplausos.)  

 

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada Najul, por Mendoza.

 

Sra. Najul.- Señora presidenta: sin dudas, estamos en un momento histórico y bisagra. Los patrones de funcionamiento machista crujen en todas las instituciones y ámbitos donde nos desenvolvemos como sociedad. Los más jóvenes, los movimientos de organizaciones de mujeres, los familiares de Micaela y de Lucía son la fuerza instituyente que da cuenta de este proceso.

          El NiUnaMenos da paso al YaNoNosCallamosMás, al MiráCómoNosPonemos y al YoTeCreo. Crujen partidos políticos, sindicatos, universidades, familias, cada mujer en su subjetividad.

          Somos legisladoras y legisladores que debemos construir canales institucionales y legales para generar las condiciones de las nuevas reglas que reemplazarán a ese machismo que atraviesa todas las estructuras.

          La ley Micaela es la del debate como sociedad, es dar poder al Estado para ver cómo nos vamos a plantar frente a este momento bisagra.

          Debemos ser puentes para las fuerzas instituyentes a fin de decir a cada mujer, niña y familia que padece violencia de género que no está sola, que acá estamos haciéndonos cargo de este debate.

          La ley Micaela invita a la formación, a la deconstrucción, junto a otras prácticas sociales desiguales e injustas, y esto es imprescindible. Porque si bien contamos con legislación tanto nacional como internacional de protección integral a las mujeres, todos los días nos tropezamos con mujeres que encuentran las puertas cerradas cuando se dirigen a una comisaría para hacer una denuncia o cuando piden ayuda en un hospital. Lo mismo ocurre con nuestras niñas y adolescentes en los colegios y en los clubes, ni hablar del actuar de algunos miembros del Poder Judicial cuando las problemáticas son judicializadas.

          Hace treinta y cinco años que vivimos en democracia y bajo un Estado de derecho; sin embargo, este espíritu de transparencia y de rendición de cuentas no ha llegado a todas las esferas del Estado. No podemos tolerar conductas de jueces que por meras frases dogmáticas y desde sus escritorios deciden el destino de nuestras vidas.

          Celebro la forma en la que estamos enfocando la problemática y el proceso judicial, priorizando los derechos de las víctimas. Hoy un juez que tiene que decidir sobre una situación de libertad de un imputado debe escuchar a la víctima, antes de cada decisión que implique la extinción o la suspensión de su pena.

          De nada sirve que día a día busquemos mejorar las instituciones o la protección legal de los derechos de las mujeres si quienes tienen que aplicar o interpretar las leyes no lo hacen con visión de género y, en especial, en defensa de los derechos humanos de las mujeres.

          La violencia contra la mujer es transversal y una cuestión estructural.  Está en todos los ámbitos de nuestras relaciones interpersonales y afecta a toda la sociedad. Por eso la base de las políticas para erradicar y prevenir la violencia es la educación.

          Por estos motivos acompañé el dictamen de mayoría que modificaba la ley de educación sexual en los colegios, para que llegue a todas las escuelas, y por eso también adelanto mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento, que busca revertir y deconstruir los más intrínsecos parámetros de nuestra cultura patriarcal.

          La inclusión de la ley Micaela en el temario de sesiones extraordinarias se da, precisamente, porque tenemos un gobierno que advierte la problemática social que estamos atravesando y que ratifica su compromiso con la igualdad de género. Más allá de eso, la capacitación del personal de los tres poderes en temas de género, que es lo que propone esta ley, refleja que para nosotros este tema trasciende personas, gestiones y partidos.

          Esta es una oportunidad única e inmejorable para avanzar hacia la Argentina más justa, inclusiva y equitativa, que todos buscamos. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada Rach Quiroga, por Chaco.

 

Sra. Rach Quiroga.- Señora presidenta: creo que es importante comenzar diciendo que, si bien este proyecto de ley es el resultado de un trabajo colectivo y conjunto que llevamos adelante con las distintas diputadas que integran la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia –en un trabajo coordinado por su presidenta, la señora diputada preopinante Alejandra Martínez‑, con compañeras de mi bloque y con diputadas colegas de otros bloques, lo cierto es que su inclusión en el temario de sesiones extraordinarias y su tratamiento hoy en este recinto se lo debemos al colectivo de mujeres, al NiUnaMenos, a Thelma y a todas las Thelmas que desde la semana pasada dejaron de lado el “de esto no se habla” y con mucha fuerza dijeron: “no nos callamos más”. (Aplausos.)

          ¿Por qué digo esto? Porque es muy notoria la tardanza que existió en esta Cámara para tratar los distintos proyectos relacionados con la agenda de mujeres. Por nombrar algunos de ellos: el régimen de licencias, la incorporación de la violencia política como una modalidad de violencia contra las mujeres. Estos son algunos de los proyectos que desde hace años esperan ser considerados por este Congreso.

          Insisto: si no era por el movimiento de mujeres, esta iniciativa perdía estado parlamentario, se caía y debíamos volver a presentarla el año que viene. Es por ello que, desde nuestras bancas, queremos brindar un profundo reconocimiento y agradecimiento, con un fuerte aplauso, al colectivo de mujeres, a todas las mujeres. (Aplausos.) Sin esta hermandad, sin esta sororidad, esto no hubiera sido posible.

          Como dijo Eleonor Faur, y cito textualmente: “No se trata de ‘dijiste-no dijiste’, ‘te creo-no te creo’. Se trata de tomar en serio las profundas raíces de las múltiples violencias que permanecían invisibles.” Ya no alcanza con manifestar en palabras el compromiso de luchar por erradicar la violencia contra las mujeres; ya no alcanza con anunciar con bombos y platillos un plan, cuando mientras tanto se ajusta y recorta el presupuesto. Si tuviéramos un Poder Ejecutivo Nacional que brinde capacitación con una mirada obligada en la perspectiva de género, seguramente no hubiera enviado un proyecto de presupuesto con tan profundo ajuste del Instituto Nacional de las Mujeres.

          Por otro lado, también me parece importante hablar de números, porque son la realidad que nos debe interpelar en nuestro rol de legisladores y legisladoras. Basta con ver los números que arroja el INDEC: en el año 2017, fueron 86.700 los casos de violencia contra mujeres de 14 años y más. O sea que a esta cifra hay que sumarle los casos de violencia contra niñas. El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación tira un dato muy alarmante: 139 femicidios registrados solo en el primer semestre del año 2018.

          Tengo que decir en este recinto que el Estado es responsable de cada uno de estos femicidios por no prevenirlos, por llegar tarde, por hacer oídos sordos a las denuncias, por desacreditar a las víctimas. (Aplausos.) En este contexto de recrudecimiento de la violencia contra las mujeres resulta imperioso contar con funcionarios y funcionarias capacitados en materia de género.

          También es importante decir y dejar muy en claro que con esta ley el Estado argentino está cumpliendo con una obligación y un compromiso que asumió al ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belem do Pará; su artículo 8° lo establece claramente.

          Tal como lo señaló la señora diputada preopinante, también se está cumpliendo las recomendaciones que hizo el Comité de Seguimiento de la CEDAW en la Argentina. En el mes de noviembre de 2017 claramente dijo dos cosas: asignar una partida presupuestaria adecuada y mejorar la prevención de los femicidios. Lamentablemente, nuestro país no cumplió con ninguna de estas recomendaciones. Estamos a diciembre del 2018 y la tasa de femicidios sigue en alza y muchos de los femicidas, sin condena. Como dije anteriormente, el Instituto Nacional de las Mujeres continúa con poco presupuesto.

          Sabemos que este proyecto de ley no resuelve todos los problemas, pero es un paso fundamental para comenzar a terminar con estas prácticas patriarcales.

          ¿Por qué decimos, por ejemplo, que es imperiosa y urgente la capacitación en materia de género en el Poder Judicial? Porque no queremos más jueces que en vez de investigar al acusado, se pregunten: “¿Era Lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento?”, o bien que afirmen: “Lucía no se mostraba como una chica de su edad y, además, había sabido mantener relaciones con hombres de hasta 29 años.”

          Señora presidenta: que quede claro que sentenciar sin perspectiva de género no está bien, sino muy mal.

          Veamos también que esto no es solo un problema del Poder Judicial. Analicemos un poco lo que sucede aquí, en la Cámara de Diputados de la Nación. La dinámica de trabajo que llevamos adelante en esta Honorable Cámara debe ser necesariamente revisada. Basta con hacernos una simple pregunta: ¿cuántas mujeres ocuparon el lugar de la Presidencia en la historia de la Cámara de Diputados? La respuesta es cero. Ninguna mujer ocupó la Presidencia de la Cámara de Diputados en la historia. (Aplausos.)

          Veamos también el rol que se nos asigna dentro de la Cámara. Basta con tomar como ejemplo el funcionamiento de las comisiones, de las que consideramos la integración de cuatro. La composición de la Comisión de Finanzas es la siguiente: mujeres, 10 por ciento; hombres, 90. En el caso de la Comisión de Presupuesto y Hacienda es: mujeres, 20 por ciento; hombres, 80. Como contrapartida, vemos que la composición de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia es: mujeres, 81 por ciento; hombres,19. En la Comisión de Discapacidad es: mujeres, 71 por ciento; hombres, 29.

          Las cifras son claras y contundentes: a las mujeres nos asignan, tanto dentro como fuera de la Cámara de Diputados, un rol que tiene que ver exclusivamente con las tareas de cuidado. (Aplausos.)

          Este es el sistema patriarcal. Tenemos que abrir cabezas, desterrar mitos y acabar con los estereotipos de género.

          Por último, quiero resaltar dos aspectos de este proyecto de ley, que me parecen fundamentales. Por un lado, la obligatoriedad y la necesidad de asegurar su cumplimiento, es decir que no sea una ley que lleve un título y que luego duerma en algún escritorio o, peor aún, que quede archivada sin ningún efecto en la práctica.

           Tenemos que garantizar su eficacia y hablar de políticas públicas en serio; para ello se establece un mecanismo de sanciones ante su incumplimiento injustificado. Esto dará lugar a una falta grave y su correspondiente sanción, con la posibilidad de que el nombre se haga público a través de la página web del Instituto Nacional de las Mujeres.

          Esto se vincula con el necesario control ciudadano que debe existir respecto del cumplimiento de las leyes. Además, el Instituto Nacional de las Mujeres tendrá que hacer un seguimiento y evaluación del impacto de estas capacitaciones en los tres poderes del Estado y publicar su resultado en su informe anual.

          Para ir cerrando –agradezco que me hayan dado el tiempo que me excedí‑, quiero manifestar un profundo agradecimiento a los padres de Micaela, a su papá y a su mamá, que hoy están acompañándonos desde hace muchas horas. Este es un sentido homenaje a Micaela, en el que reconocemos su militancia, su compromiso y su trayectoria. (Aplausos.)  Agradezco a la mamá de Lucía y a su hermano, que también están acá. Esta ley es por Micaela, por Lucía y por todas las Micaelas y Lucías que, lamentablemente, hay en nuestro país.

          Agradezco profundamente a Marisa Herrera y a Flora Acselrad, quienes nos acompañan hoy acá, y a través de ellas abrazo a todo el equipo de asesores, investigadores, investigadoras, equipo docente, funcionarios comprometidos con la temática de género, que trabajaron muchísimo y comprometidamente en la elaboración de este proyecto.

          Agradezco nuevamente al colectivo de mujeres, a mis compañeras, y cierro mi exposición citando un párrafo de la nota que Rita Segato dio a Mariana Carbajal y que fue publicada el domingo pasado: “…mujer salva mujer y muestra al mundo lo que tiene que cambiar. No hay un príncipe valiente. Hay política, que es más lindo, más heroico y más verdadero. La mano salvadora viene de nuestra amistad y alianza.” (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada Reyes, por Santa Cruz.

 

Sra. Reyes.- Señora presidenta: la capacitación obligatoria en materia de perspectiva de género representa un avance, no solamente en la lucha contra la violencia hacia la mujer, sino también como sociedad.

          Avanzamos como sociedad en la medida que los funcionarios de los tres poderes del Estado estén capacitados para afrontar, asistir y castigar –en su caso‑ la violencia y, concretamente, aquella ejercida contra la mujer.

          Quienes en algún momento asistimos y defendimos a las que han sido víctimas de violencia de género sabemos que debieron enfrentar un periplo donde a veces hasta es difícil conseguir que la denuncia sea recibida.

          En muchos casos se lo hace solamente bajo la forma de exposición policial; varias veces, este proceso implica para la mujer horas y horas en la comisaría, sufriendo la revictimización. Incluso, en ocasiones debe permanecer sentada junto a sus hijos mientras hace la denuncia y le piden pruebas acabadas o concluyentes para tomársela, cuando en realidad el Estado y los funcionarios públicos deberían brindarle asistencia.

          Es sabido que quienes son víctimas de violencia de género también sufren violencia institucional, la que se observa no solo en primera instancia cuando se toma la denuncia, sino también ante la falta de capacitación en los juzgados de familia y otros juzgados donde se presentan las denuncias.

          Muchas veces nuestros juzgados no están preparados para entender que no solo un moretón o un golpe indican violencia. La violencia, además de física, puede ser emocional, moral, económica, sexual o psicológica; pero nuestros juzgados no están preparados para afrontarla sin exigir pruebas acabadas, como tampoco para asesorar, contener o juzgar esos tipos de violencia.

          Mi provincia no es ajena a esta situación. Hoy estamos hablando de Micaela, que fue víctima y no sobrevivió esta falta de capacitación de los funcionarios; pero en mi provincia hay víctimas sobrevivientes de esa carencia que observamos en funcionarios policiales, judiciales y de las oficinas de violencia de género.

          Cuando leo este proyecto me acuerdo de Talita, que bien podría ser el nombre para representar esta iniciativa en mi provincia. Talita es una joven que inició una relación a los 18 años y fue víctima de todo tipo de violencia de género; fue secuestrada, amenazada con arma blanca y violada. Sufrió las peores vejaciones, pero no recibió asesoramiento y tampoco contención. Ni siquiera fue asistida por los médicos cuando pudo huir del calvario que le significó estar privada de su libertad durante varias horas, mientras era víctima de quien era su pareja en ese momento.

          Después de que sufriera esa situación de violencia, el segundo victimario fue el Estado de la provincia de Santa Cruz en todos sus estamentos. Al decir esto me refiero no solo a quienes recibieron la denuncia y le hicieron un pequeño examen a la luz de un teléfono celular, sino también a la Justicia, que caratuló la causa como lesiones leves y hurto porque su victimario le había quitado el teléfono celular.

          Estos son casos emblemáticos que nos mueven y conmueven, y nos obligan a adoptar políticas de Estado. Mi provincia está gobernada por una mujer y el gabinete, en su mayoría, está integrado por mujeres. Sin embargo, en Santa Cruz no hay políticas de género. A tal punto no las hay que quien maltrató y golpeó a una mujer jubilada y a su abogada fue premiado por la gobernadora y ocupa un puesto alto en la gobernación de la provincia.

          Me gustaría ver a esa persona haciendo la capacitación obligatoria; por eso espero que Santa Cruz adhiera a esta norma tan necesaria para nuestras mujeres, para que no haya más Micaelas ni Talitas ni tantas otras mujeres que sufrieron la falta de preparación de los funcionarios estatales para manejar las situaciones de violencia de género. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra el señor diputado Bahillo, por Entre Ríos.

 

Sr. Bahillo.- Señora presidenta: al igual que una diputada preopinante, tengo un sentimiento contradictorio: es una oportunidad, una obligación, un deber para nosotros tratar este tema, pero lamentamos que este proyecto de ley no haya sido tratado antes en el recinto, pese a que fue presentado hace más de un año. En reconocimiento a Thelma y al colectivo de mujeres, debemos admitir que este asunto estaba en la agenda. Esto merece mínimamente una autocrítica y una reflexión por parte de la Cámara. No puede ser que la agenda mediática instale temas que deberían ser centrales, prioritarios y estratégicos para el Poder Legislativo.

          Si analizamos las instituciones del orden social, político y jurídico, podemos advertir con facilidad que históricamente y en todos los ámbitos se tendió a subordinar a las mujeres solo por ser mujeres.

          La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define la violencia contra la mujer como: “…todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

          La violencia contra la mujer vulnera sus derechos humanos; por esa razón es necesaria una respuesta única e integral que atienda los efectos y las consecuencias que genera de manera directa en las mujeres víctimas, e indirectamente en sus niños, niñas y adolescentes.

          Entendemos que la complejidad de esta problemática diversa requiere un trabajo interdisciplinario. Solo de esa manera podremos tener una mirada que integre todos los aspectos que la atraviesan: culturales, sociales, políticos y subjetivos.

          La erradicación de la violencia de género es uno de los deberes del Estado, y los organismos que lo integran tienen la obligación de dar respuesta; pero no cualquier respuesta. Para que la acción del Estado sea eficiente, es necesario llevar a cabo una capacitación adecuada y responsable.

          Dicha capacitación debe constituir una instancia educativa de los funcionarios y funcionarias del sector público para que aprendan a reconocer las situaciones de violencia, como asimismo prevenir, acompañar y tratar de reparar el daño infligido a las mujeres víctimas de violencia de género. El objetivo de la acción del Estado debe ser lograr la reinserción en la sociedad de las mujeres víctimas de la violencia de género y la erradicación total de estas situaciones de violencia.

          Los funcionarios y funcionarias estatales deben velar por garantizar una vida digna y segura a todas las mujeres desde las distintas instituciones del Estado, y desde la sociedad civil también debemos exigir el cumplimiento efectivo de toda la legislación existente en esta materia.

          El problema de la violencia contra las mujeres necesita una respuesta política. Es el Estado el que debe dar esa respuesta a través de la capacitación de sus funcionarios y funcionarias, dotándolos de la formación adecuada para reparar y prevenir en el objetivo de erradicar esta violencia. Indudablemente, esta capacitación y esta formación deben tener un fuerte contenido en perspectiva de género.

          Como Estado debemos ser inflexibles en este aspecto. Lamentablemente, en muchas situaciones de nuestra sociedad, desafortunadas, desagradables y crueles como esta, el Estado llega tarde y mal. En esta problemática el Estado tiene que tratar de ponerse adelante; no podemos seguir llegando tarde y mal, porque la consecuencia de hacerlo es lamentar la muerte, el asesinato, el maltrato o las experiencias crueles por las cuales han pasado las familias de Lucía y de Micaela.

          Para ir cerrando –porque tenemos menos tiempo del que esperábamos-, como varón, como padre, y en el ejercicio de la responsabilidad que me cabe como legislador, me comprometo a educarme, capacitarme y trabajar para desarmar un orden social que históricamente y en todos los ámbitos ha postergado a las mujeres solo por el hecho de serlo. Debemos capacitarnos para reconocer, acompañar y reparar esta discriminación, y para erradicar toda forma de violencia de género en nuestra sociedad.

          Por último, quiero hacer un breve reconocimiento a los papás de Micaela, que están aquí presentes y han pasado por la experiencia más traumática y cruel por la que puede pasar un ser humano, que es la pérdida de un hijo -lo mismo vale para la mamá de Lucía-, de la manera espantosa y cruel en que ellos lo perdieron.

          Hoy hablaba con el intendente de Concepción del Uruguay, localidad de la que son los papás de Micaela, y me contaba –creo que merece ser destacado en este recinto- que ellos han tenido la grandeza y la valentía de transformar esta espantosa experiencia y este inconmensurable dolor en un compromiso social, abordando esta problemática y trabajando sobre la sociedad de su ciudad para capacitar y concientizar sobre violencia de género. Han tenido la grandeza de transformar esta experiencia en un servicio a la comunidad para hacer una sociedad mejor. Por ello merecen nuestro mayor y mejor reconocimiento. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada Cresto, por Entre Ríos.

 

Sra. Cresto.- Señora presidenta: trataré de ser lo más breve posible, teniendo en cuenta la hora.

          Como recién decía la diputada Martínez, no es una novedad que en la Argentina muere una mujer cada treinta horas producto de un femicidio, y miles son víctimas de la violencia de género en todas sus variantes: física, psicológica, laboral, mediática, obstétrica.

          Nuestro país es uno de los más avanzados de la región, al poseer una de las leyes más completas sobre la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En efecto, la ley 26.485 es de avanzada, pero todavía queda mucho por implementar y ejecutar en la práctica.

          Las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial actúan muchas veces en forma descoordinada, y el Estado, tanto nacional como provincial y municipal, no lo considera un tema prioritario en la agenda pública. Así, los esfuerzos son esporádicos y muchas veces están dirigidos a apagar incendios mediáticos causados por uno u otro hecho que alcanza los títulos de los medios.

          Ya ha pasado en la Argentina la etapa de la visibilización de la problemática. Hemos sido pioneros en el mundo con las marchas del NiUnaMenos a partir del año 2015. Pero eso no basta; no basta con marchar o con gritar ni con campañas publicitarias de alto impacto. Llegó la hora de trabajar entre todos para lograr un verdadero cambio cultural, que empieza por el mismo Estado, por sus funcionarios y por los agentes públicos.

          Esta ley debería haber sido tratada mucho tiempo antes. Fue presentada en abril de 2017, y desde ese instante ha estado esperando su tratamiento.

          Todos sabemos que este es un proyecto surgido luego del crimen de Micaela García, de 21 años, ocurrido en una localidad de mi provincia, Gualeguay, en 2017. Hoy lo estamos debatiéndo aquí porque han sucedido hechos que han apurado su aprobación, para no estar en contra de lo que hoy siente la sociedad argentina, que no es algo novedoso, sino que existe desde hace mucho tiempo.

          Permítanme solicitar un agregado a este proyecto que dispone la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en sus distintos niveles y jerarquías. Porque no es solamente el funcionario o el empleado público el que debe capacitarse, sino también aquellos estudiantes universitarios que deben aprender la temática y a manejarse en su vida profesional con respeto hacia los derechos de las mujeres.

          Todas las carreras universitarias del país deberían contar con un módulo de educación en temática de género, y aquellas que, como la de derecho, deben acompañar a las víctimas, guiarlas y aconsejarlas en todo el duro proceso que se abre antes, durante y después de una denuncia, deberían considerarla como una materia incluida en la currícula y no como un posgrado o especialización, o simplemente como objeto de estudio en un centro de investigación.

          Por ello adelanto mi voto por la afirmativa a la iniciativa en consideración, y en nombre del bloque que integro mociono que se agregue un artículo que establezca la obligatoriedad de la enseñanza en las universidades públicas de materias con perspectiva de género, que, al igual que lo establece el proyecto que tratamos, sea monitoreada por el Consejo Nacional de las Mujeres como autoridad de aplicación.

          Para terminar, quiero decir que yo tuve la posibilidad de conocer a Micaela un año antes de su muerte. Yo era directora de un organismo becario en mi provincia, que es único en el país. Me refiero al Instituto Autárquico Becario Provincial. Yo estaba en la ciudad de Concepción del Uruguay entregando becas a los estudiantes universitarios y ella se encontraba simplemente acompañando a una compañera que iba a recibir su beca con mucho orgullo. Se acercó, acompañó a su compañera, me saludó y me pidió una foto.

          La verdad es que yo me siento orgullosa, porque fíjense que Micaela estaba en ese momento acompañando desinteresadamente a otra estudiante que había hecho un esfuerzo muy importante para renovar su beca.

          Entonces, considero que, como legisladores, nosotros tenemos el compromiso de generar conciencia en el sector universitario a tantos otros jóvenes como Micaela. Necesitamos más jóvenes comprometidos. Me parece bárbaro que en los tres poderes se imparta capacitaciones en esta temática, pero esto debería hacerse desde la universidad. Si estamos tratando este proyecto, estaría muy bueno que se agregara un artículo y se lo ampliara al sector universitario, como lo planteo en este momento. Así que les pido a mis pares que me acompañen en esta moción.

 

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada Moreau, por Buenos Aires.

 

Sra. Moreau.- Señor presidente: en verdad, no puedo decir que me ponga contenta de estar tratando esta iniciativa, porque en realidad lo estamos haciendo porque muchas de nosotras ya no están y, entonces, es tarde. Además, estamos tratando este proyecto de ley por la enorme repercusión, adhesión e influencia que este año tuvo el colectivo de mujeres NiUnaMenos marcando la agenda política.

          Enorme problema tenemos, señora presidenta, si no comprendemos que los temas que realmente le importan a la gente, lamentablemente, no son los que hoy se discuten adentro de la Casa de Gobierno y sus alfombras rojas. La realidad económica y social nos lo demuestra todos los días.

          Hemos tenido casos de femicidios donde hubo diecisiete denuncias previas de violencia de género. ¡Diecisiete denuncias previas, que no fueron tomadas en cuenta!

          Tal vez hoy demos un pequeñísimo paso hacia un cambio más real sobre el abordaje de esta problemática de género y los cambios que la sociedad nos está imponiendo. Si de algo estamos seguras, es de que no volvemos para atrás.

          A las mujeres no nos gusta que en cualquier lugar y momento nos digan “qué lindo culo tenés”. Es mentira. Más de uno debería preguntarles a sus hijas si no se sienten violentadas cuando les pasa eso. Imagínense la sensación de una chica de 13 o 14 años que cuando va caminando a la mañana en invierno, que todavía no es de día, para tomarse el colectivo para llegar a su escuela, un hombre le dice eso en la calle.

          Pero, como dice el presidente cada vez que quiere explicar algo, pasaron cosas. Espero que con esto ‑y me permito darle el beneficio de la duda- haya entendido que a miles de ciudadanos, y a él también, les cayó la ficha sobre la finalización de conductas y visiones machistas.

          Es muy negativo haber empezado este año legislativo con grandes anuncios en pos de una mayor igualdad de género y terminarlo con un presupuesto para el Instituto Nacional de la Mujer que asigna tan solo 11 pesos por mujer.

          Hasta acá las acciones no se condicen con los dichos; son títulos, y eso tiene un nombre: hipocresía. Porque las primeras denuncias de violencia de género sobre uno de los protagonistas de un spot publicitario, donde participa un amigo personal del presidente y uno de los denunciados, datan de más de un año. Hubo tres denuncias y no importó. ¿Saben por qué no bajaron ese spot publicitario cuando ya había tres denuncias? Porque no nos creyeron, porque nos estigmatizan, y eso está mal, muy mal.

          Sin duda, con esta ley estamos haciendo algo necesario: capacitamos con perspectiva de género a funcionarios públicos de los tres poderes. Felicito la incorporación propuesta por las diputadas Pitiot y Siley para que en los sindicatos también haya obligación de capacitarse, porque en ellos casi no hay mujeres dirigentes, y en los sindicatos están representados los sectores más vulnerables del pueblo trabajador. Imagínense lo desamparadas que están esas mujeres.

          Uno de los ejemplos más claros que estamos viviendo fue la sentencia violenta, misógina, asquerosa, sobre lo que pasó con Lucía. Una Justicia que nos dice que, si un hombre lleva facturas y Cindor para tomar con una chica, es muy raro que sea un femicida o un violador. Los jueces ponen a los femicidas o violadores en los mismos valores morales.

          Acordémonos también de que el asesino de Micaela estaba libre, a pesar de tener una condena por violación. No es que los jueces no conocen los índices de reincidencia de este tipo de delito; es que la Justicia también tiene una mirada patriarcal y nefasta, que vamos a desterrar, no para imponer una mirada matriarcal, porque esa no es la discusión, sino porque, en definitiva, estamos buscando igualdad.

          Tenemos que generar como mínimo los ámbitos propicios para la contención de las víctimas. Una mujer que hoy quiere hacer una denuncia no tiene a dónde ir ni cómo hacerla; no tiene un abogado; no tiene qué hacer con sus hijos, y llega a la comisaría y la vuelven a juzgar y a humillar. En definitiva, hoy esta Cámara debe decirle: “Yo te creo”, porque estamos asistiendo sin duda a un cambio de paradigma, a una nueva época.

          Nosotras estamos aprendiendo y sacándonos los estereotipos con los que nos criaron nuestras madres y abuelas, y podemos decir con orgullo que nuestras hijas son mucho mejores que nosotras.

          Recuerdo casos que pasaron en mi infancia, como el de Alicia Muñiz, que hoy miro con otros ojos, y quiero creer que a todos nos pasa lo mismo. Víctimas con las cuales no hubo piedad, y no por la maldad de las redes sociales, porque en ese momento no existían, sino porque tampoco había esta conciencia colectiva que hoy tenemos, que supimos conseguir y que debemos seguir fortaleciendo. Debemos terminar con conductas que son desalentadoras en la búsqueda de justicia cuando hablamos de violencia y de abuso.

          La implementación de políticas integrales en materia de violencia de género, a tres años y medio de la primera marcha del NiUnaMenos, todavía es una deuda pendiente, y hagámonos cargo.

          Otra vez la historia nos convoca a los que tenemos responsabilidades políticas: o estamos a la altura de las circunstancias o habremos perdido una oportunidad más para reivindicar la política desde este Congreso.

          En esto quiero hacer mención a la responsabilidad que tenemos los actores políticos y los partidos políticos, y sobre todo los militantes, para no defender ni encubrir a abusadores. Someter al silencio estos hechos desde la política no sólo sería hipócrita, injusto para las víctimas e insano para la sociedad, sino que también nos haría cómplices. Al menos, en lo que a mí respecta, no estoy dispuesta a tolerar ni consentir semejante aberración.

          Rita Segato dice: no quiero solamente consolar a una víctima que llora; el punto es cómo educamos a la sociedad para entender el problema de la violencia sexual como un problema político y no moral.

          Ese es el desafío que tenemos por delante, que vamos a transitar caminando juntos, acompañándonos, porque nos encontramos, porque nos tenemos, porque no nos callamos más, porque todos ven cómo nos ponemos, porque vivas nos queremos y porque volvemos a decir: ni una menos. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada De Ponti, por Santa Fe.

 

Sra. De Ponti.- Señora presidenta: para empezar, me quiero sumar a las palabras de la diputada Rach Quiroga, una de las autoras de uno de los proyectos que se unifican en este proyecto de ley que vamos a votar, junto con el de Araceli Ferreyra.

          Quiero agradecer también a todas las mujeres  que participaron en la elaboración de esta propuesta, muy especialmente a Andrea y “Yuyo” García, que nos están acompañando y que fueron motores fundamentales para que este proyecto sea hoy discutido en el recinto y para que podamos comprometernos en construir políticas que nos lleven a revertir la grave situación de violencia de género que vivimos en nuestro país.

          Asimismo, quiero agradecer a todas las mujeres, las asesoras, las compañeras de la Justicia, de la UFEM, de la Secretaría de la Corte Suprema, que trajeron propuestas y construyeron este trabajo colectivo que hoy va a tener un primer paso en este recinto.

          Digo que es un primer paso porque esta ley por Micaela García, que presentamos el año pasado después de su femicidio, forma parte de un paquete de leyes, que en su conjunto tienen la intención de promover políticas de prevención y erradicación de la violencia machista.

           Es fundamental e importantísimo que, así como hoy vamos a sancionar en esta Cámara este proyecto de ley, trabajemos para que los demás proyectos lleguen al recinto y se conviertan en políticas públicas, porque son igual de necesarios y fundamentales para poder realmente incidir y revertir esta grave situación.

          Estas leyes son herramientas para profundizar algo que este tiempo nos está pidiendo: un camino para transformar y construir una sociedad nueva, mejor, más igualitaria y con más respeto. Creemos que el Estado debe estar al frente de esas transformaciones, no llegar siempre tarde, no tener solo la mirada punitivista y llegar cuando el crimen y el delito ya fue cometido, sino trabajar desde la educación, la prevención y la capacitación para poder construir otro tiempo.

          ¿Por qué? Porque tenemos que alcanzar una sociedad en la cual, por ejemplo, ningún presidente pueda decir que a las mujeres nos gusta que nos digan piropos, aunque estos sean agresivos; donde no haya jueces como los del caso Lucía, que se sienten habilitados a decir en un fallo que una violación fue consentida y querida; donde no tenga que haber ninguna piba que se vuelve su casa de una comisaría donde no le tomaron la denuncia; donde no haya ni una mujer que tenga que contar con lujo de detalles cómo la violaron para que se le crea; donde ningún diputado ni ningún senador sienta que pueden pararse en su poder para abusar de una de nosotras. Ese es el tiempo que queremos construir; un tiempo donde ningún varón pueda sentirse dueño de nuestras vidas y de nuestros cuerpos.

          Estamos intentando construir esa sociedad, con propuestas como esta, cada una desde nuestro lugar, desde nuestras casas, las calles, nuestros trabajos; también desde este Congreso. Porque, como dijeron mis compañeras diputadas, estamos convencidas de que llegó nuestra hora de decir cómo es ese mundo que queremos construir y en el cual queremos vivir: que sea diferente, mejor, más igualitario y más digno.

          Se lo debemos a todas estas pibas de las que hoy trajimos sus fotos para graficar el compromiso que tenemos con cada una de las víctimas del femicidio, de seguir trabajando para revertir esta situación.

          Se lo debemos a cada una de las pibas que hoy salen a la calle, se organizan y participan desde las organizaciones, desde los partidos, con sus amigas, en las calles o en donde sea, para construir un mundo distinto, porque es lo que queremos.

          Micaela era mi compañera del Movimiento Evita y, como cada una de mis compañeras, soñamos con construir un mundo mejor. Ese es nuestro orgullo, nuestro compromiso y es el sentido de nuestras vidas.

          Estoy segura ‑cada una de nosotras lo estamos, y por eso trabajamos‑ de que vamos a construir ese mundo, el mundo que Micaela soñó. Se lo prometemos a Yuyo, a Andrea, a Mica, a Lucía y a todos los que sufrieron por culpa de la violencia que nos ataca.

          Se lo prometemos a Micaela: vamos a construir el mundo que vos soñaste. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada Ferreyra, por Corrientes.

 

Sra. Ferreyra.- Señor presidente: recién Lucía hablaba de la militancia de Micaela y es cierto, era militante de la JP Evita, era peronista, era feminista.

          Me acuerdo cuando la buscábamos; cuando Yuyo, el papá de Micaela, rector de la UTN, nos contaba que cuando iba a visitar a Micaela le hacía lavar los platos y limpiar los pisos, porque militaba la igualdad, incluso en las tareas domésticas, desde sus 19 años. Qué mal que tienen que estar las cosas para que en lugar de que Micaela esté con su familia o acá, celebrando la sanción de una nueva norma parida por el feminismo, decimos que en homenaje a ella le ponemos su nombre.

          Están muy mal las cosas cuando este expediente se desempolva y sale del cajón de una comisión porque hubo otra víctima, que tuvo que salir a gritar su verdad y exponerse a nuevas agresiones. Estamos tratando lo de Micaela porque nos indignó el fallo patriarcal en el caso de Lucía, y porque el testimonio valiente de Thelma puso luz sobre el tema de las violaciones.

          En algún momento tenemos que dejar de ir detrás de los acontecimientos. Con esta norma volvemos a pedir al Congreso y a las autoridades democráticas medidas que enfrenten este flagelo de violencia.

          No comulgamos con el punitivismo. No queremos que a Darthés o a Wagner se los castre y se los cuelgue en una plaza pública. No queremos que digan: ahí va un violador o un femicida, y se le dé un tiro por la espalda. No compartimos la justicia por mano propia ni los linchamientos; sí creemos en recurrir a la institucionalidad democrática.

          Me acuerdo el momento en que encontrábamos a Micaela, ese llamado en medio del dolor del padre de la familia de Micaela de no renunciar a la institucionalidad democrática, pero este tiene que ser un pacto fundante, porque seguimos presentando iniciativas, seguimos viniendo marcha tras marcha y la violencia no decae.

          Decía que no comulgamos con el punitivismo porque es estéril y no aceptamos que en nuestro nombre se sancionen ese tipo de leyes. Pedimos, como siempre, prevención, porque cuando estamos frente al hecho penal es porque ya estamos asesinadas, hemos sido violadas o violentadas.

          Además, la justicia patriarcal de este país, como bien denunciaban acá, libera a nuestros violadores, como  Wagner, con cualquier excusa. No hay letra en ninguna ley que los autorice a hacer esas exhibiciones. No hay letra en ninguna ley que permita que liberen a los femicidas de Lucía.

          Por otro lado, esa justicia patriarcal también nos quiere disciplinar, porque nos abre puertas y nos coloca en la hoguera de los procesos, y se nos pide que seamos más o menos como la madre Teresa: no podemos tener vida sexual, no podemos salir, no podemos tomarnos una cerveza. Todo es objeto de nuevas inquisiciones.

          A pesar de eso, no renunciamos al pedido de justicia. Seguimos exigiendo que haya fallos, que la Justicia se capacite, que haya tribunales mixtos. Basta de tribunales de hombres juzgándonos a nosotras, las mujeres.

          Hago mío el pedido de que, así como con Micaela no tuvimos el jury de enjuiciamiento que destituya a ese juez patriarcal Rossi, esta vez procedan los juicios políticos que se presentaron contra el Tribunal Oral Criminal N° 1 de Mar del Plata y se destituya a esos jueces con la mayor premura. (Aplausos.)    Acá se ha “boleteado” a jueces por sacar fallos contra el tarifazo. Exigimos que a la mayor brevedad se los separe de sus cargos.

          Repito: seguimos apostando a la capacitación y la educación como formas de derrotar estas masculinidades violentas que se cobran nuestras vidas y nuestras seguridades, porque ninguna mujer está segura dentro ni fuera de la casa.

          Estábamos hablando en un grupo de cinco mujeres, después de toda la conmoción desatada por lo de Lucía y lo de Thelma, y resulta que, de las cinco, cuatro habían sido abusadas. No estamos hablando de un beso robado, sino de dedos, lenguas, penes metidos en nuestros cuerpos sin nuestro consentimiento. A eso le decimos basta.

          La capacitación de los tres poderes del Estado es una necesidad imperiosa. Ya desde 2009 contamos con la ley 26.485, que en su artículo 9° manda las capacitaciones. Hoy tenemos que sancionar una norma que refuerce eso, porque no se cumple, agregando otro artículo que establezca que negarse a hacer la capacitación será considerado como una falta grave.  No puede ser que sigamos con estas moras. Es tiempo de cuidar a nuestras mujeres y a nuestras pibas.

          En mi provincia, Corrientes, las pibas están dando una batalla terrible contra el patriarcado, porque allá tampoco hay justicia. Cuando no hay justicia, tenemos que acudir a gritar en las calles, en las paredes. Una de las últimas cosas que hizo la Negra Micaela antes de ser asesinada fue pintar una pared que decía: “Las paredes se vuelven a pintar; las pibas no vuelven”, porque se habían llevado presas a unas pibas que estaban convocando a la marcha del 8 de marzo de 2016. Habían tenido la osadía de pintar una iglesia y la pared del Banco Nación, y terminaron presas por eso.

          Gritamos como podemos. Si no nos escucha la Justicia, gritamos todas juntas. Gritamos en las redes, en las paredes y también en este recinto. Mientras la valentía de esas pibas nos marca el camino, debemos decir que dentro de nuestro cuerpo hay diputados acusados por delitos de abuso sexual.

          Fui a consultar qué pasó con la denuncia que hizo la exempleada de la diputada Troiano contra el diputado Orellana. No pasó nada; no hubo ninguna actuación. Mientras estamos dando esta discusión, nos enteramos de que se reabrió el proceso penal por abuso sexual sobre personal de esta Cámara.

          Algo tenemos que hacer al respecto. Por ejemplo, hoy debemos sancionar este proyecto en esta Cámara y mañana en la de Senadores. A su vez, los funcionarios deben trabajar durante todo el verano para generar los contenidos y marcos necesarios –porque a nosotras nos siguen violando, asesinando‑ y poner en marcha esta norma para no seguir discutiendo caso por caso.

          Se ha reabierto la causa contra el senador Marino por abuso sexual por las denuncias de una empleada de este cuerpo que fue transferida al Senado luego de sufrir violencia sexual. Cuando consulté por este caso, encontré que hay un empleado de esta casa también involucrado en esa causa, que trabajaba en la Comisión de Juicio Político y fue enviado al despacho del diputado Olmedo.

          El sumario administrativo del caso no registra antecedentes; al preguntar en una y otra área nadie sabía qué ocurrió ni si abrieron un sumario ni quién actuó ni la fecha de inicio. Existe un secretismo absoluto en relación con el asunto. Solo me enteré de que en el legajo del agente denunciado no hay ninguna sanción.

          No podemos sancionar este proyecto de ley, reivindicar a Micaela, reivindicar a Lucía y callarnos sobre lo que ocurre en esta casa. Una vez que sancionemos esta iniciativa, debemos tomar medidas al respecto. (Aplausos.) Exigimos la representación igualitaria y un trato igualitario.

          Se han roto todos los mecanismos tabúes. La generación de nuestras hijas y nietas, que encarnan la revolución de la marea verde, vino a cambiar la historia, que osó resolver que no van a esperar un futuro, sino que están escribiendo el presente en clave feminista. Este proyecto de ley debe ser sancionado.

          En relación con la ley de educación sexual integral, pedimos capacitación y educación. Basta de que estos sectores fundamentalistas vengan con el cuento de la ideología de género, porque lo único que estamos pidiendo es el mandato ético de que cada mujer es igual a cada hombre. Solo así vamos a hacer realidad los sueños de Micaela, Lucía y honrar al NiUnaMenos. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Schmmidt Liermann).-  Tiene la palabra la señora diputada Ana Carla Carrizo, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Carrizo (A. C.).- Señor presidente: acompañaremos con nuestro voto afirmativo el proyecto de ley en consideración, llamado Micaela. Tal como se ha dicho aquí, esto no es algo para celebrar.

          En general, cuando en esta Cámara votamos proyectos que tienen nombre propio ponemos en visibilidad de la sociedad el fracaso y la lentitud con que llega la política para entender los fenómenos que se producen en la Argentina.

          Obviamente que Micaela da los nombres de las víctimas, pero también es obvio que la política llega atrás y que todo el proceso del protagonismo del movimiento de las mujeres viene desde la sociedad; la sociedad marcó la agenda y la política llegó tarde. Hoy la política está acompañando este movimiento. Lo que estamos haciendo es un acto de responsabilidad pública más que un logro colectivo del Congreso.

          Vamos a proponer tres reformas al proyecto de ley en consideración. Como ya llegamos tarde, hagamos las cosas bien. No hagamos como si avanzáramos mientras nos quedamos en el mismo lugar.

          Propongo que se agregue un párrafo en el artículo 5°. Tenemos experiencia en programas de capacitación en formación de perspectiva de género y de no violencia hacia la mujer. Quiero mencionar el caso de la Universidad de Buenos Aires, que hace un año desarrolla este programa en las veintiocho unidades académicas. Necesitamos parámetros comunes para evaluar.

          El proyecto le solicita al INAP en los artículos 7° y 8° que realice un control y una evaluación. La fragmentación de la administración pública conspira contra la eficacia del buen control en la implementación. Por lo tanto, proponemos que se establezcan cuatro parámetros comunes para monitorear la implementación de esta norma en la Administración Pública.

          La segunda reforma que proponemos, y que no aceptaron, se refiere a la autoridad de aplicación de esta norma, que es el Instituto Nacional de Mujeres. Un decreto de necesidad y urgencia del año pasado transformó al viejo Consejo Nacional de la Mujer creado en la década del 90 en un instituto, a fin de darle mayor fortaleza institucional. Este Congreso todavía no ratificó ese decreto de necesidad y urgencia, en parte porque los entes descentralizados de la administración pública no se crean por medio de un decreto, sino por una ley. Propusimos que los artículos de ese decreto formaran parte de tres artículos de esta iniciativa, pero no se hizo. No podemos dejar pasar por alto esta situación, porque le estamos dando la responsabilidad de la capacitación de la administración pública al INAP y todavía es un instituto sin legalidad. En esta ocasión también llegamos tarde y no puede ser una casualidad.

          Otra propuesta de modificación es ampliar brevemente el artículo 10 e incluir los tres poderes públicos de los tres niveles de gobierno de la Argentina. Si bien el proyecto contempla a la Nación y a las provincias, nos olvidamos del artículo 123 que hace alusión a los municipios.

          Tenemos que terminar con la opacidad por la que se cree que el federalismo da derecho a tener ciudadanías distintas, según se viva en un municipio que tiene autonomía para implementar políticas en una provincia o en la Nación. Necesitamos decir que esta norma será de orden nacional en los tres niveles de gobierno.

          La violencia, tal como se dijo aquí, no es solo el máximo nivel de agresión física, no es solo abuso, violación, acoso y muerte. La violencia tiene varios rostros y uno es la naturalización de que somos iguales cuando no somos iguales, dada la segregación y la discriminación.

          Quiero mencionar un punto político: a pesar de que soy radical y Micaela era peronista, hubiésemos coincidido en algo. Estoy asombrada porque muchas de las mujeres que estamos representando políticas, cuando llega la hora de defender la no discriminación de cualquier tipo a las mujeres y a los colectivos de las mujeres argentinas que no están en política, hacemos como que no representamos lo mismo y que la equidad y la no discriminación quedan fuera de las legislaturas provinciales o del Congreso nacional.

          El 1° de noviembre se votó la ley 6.035 en la ciudad de Buenos Aires por la que se excluye a más de nueve mil enfermeras de la carrera profesional de la salud. Esto está mal y fue votado por legisladoras en contra de mujeres argentinas.

          Esto está mal, insisto. Lo digo porque Micaela era política y la mejor forma de homenajearla es hablando de política. No está bien lo que se hizo. Seis provincias han avanzado en otra dirección. Tener perspectiva de género es usar una banca para defender que no hay retroceso; no es “hacer como que”.  ¿Vamos a defender la no discriminación y la equidad salarial, las formas de violencia estructural que hay en la Argentina desde las bancas de todas las provincias del país? Este es el desafío.

          Mañana convocamos a una conferencia de prensa bajo el slogan “Ahora nosotras las cuidamos a ellas”. Estoy segura de que, si Micaela estuviera aquí, mañana nos acompañaría.

          Tenemos que decir: ni un paso atrás en ninguna provincia, en ningún municipio, y no solamente contra la máxima violencia. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada González Seligra, por Buenos Aires.

 

Sra. González Seligra.- Señora presidenta: en estos días los medios masivos de comunicación presentaban la noticia de que este proyecto debía ser tratado porque el gobierno estaba preocupado por la violencia de género. Esta es una nueva mentira de los medios de comunicación.

          Tal como se dijo acá, si estamos debatiendo este proyecto es por la persistencia de su familia y de algunos diputados que lo pelearon en las comisiones, pero sobre todo por el movimiento de cientos de miles de mujeres que ha ganado las calles hace años en la Argentina y que pone sus demandas en la agenda pública. Todo esto sucede a pesar de lo que ocurre en este Congreso.  El proyecto de ley de educación sexual se consideró por una demanda de millones, pero ahora está cajoneado. Lo mismo sucedió con la ley del aborto, sancionada por esta Cámara y luego rechazada en el Senado, a pesar de la movilización de millones de mujeres frente al Congreso en las calles.

          Hoy, cuando venía para esta Cámara, recordaba el 8 de abril del año pasado, cuando se conoció el terrible desenlace al encontrar el cuerpo sin vida de Micaela, que es el mismo que tenemos cada vez que una piba desaparece.

          Ese desenlace despertó el odio de millones, que mostraron que el movimiento que se había levantado al grito de NiUnaMenos en 2015 en la Argentina, lamentablemente, seguía vivo, ya que cada treinta horas muere una mujer a causa de la violencia machista. Ese movimiento salió a reclamar justicia por Micaela, y a los pocos meses salió de nuevo a reclamar justicia por Lucía. El gobierno, en su momento, hizo declaraciones demagógicas.

          En estos días, otra vez nos conmovimos ante la brutal denuncia de Thelma, que acusó de violación a Juan Darthés. ¿Qué hizo el gobierno? Otra vez optó por la demagogia. Tuvo que salir corriendo a bajar el video que había hecho con el Instituto de la Mujer, donde el propio Juan Darthés, que ya contaba con denuncias, era protagonista.

          Es el mismo gobierno que hace poco, acá, arrodillado ante el FMI, votó recortar el presupuesto para los programas de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Es el mismo gobierno que prometió construir 36 refugios para las víctimas de la violencia y solo construyó 10 desde que asumió, cuya construcción ya había sido iniciada.

          Lo mismo hace la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires. Estos días emitió un tuit, conmocionada ante la denuncia de Thelma. Es la misma gobernadora que desmanteló la línea 137, de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual; la misma gobernadora que recortó el presupuesto provincial destinado a los programas de violencia de género; la misma gobernadora que no se conmueve ante las trabajadoras de la fábrica SIAM, que han sido brutalmente reprimidas bajo sus órdenes, y que tampoco hace cumplir la ley que ordena que se las reincorpore inmediatamente; la misma gobernadora que nos quiere poner una mordaza a los docentes, impedirnos hablar de educación sexual en la provincia de Buenos Aires, cuando nuestros alumnos son parte de ese 70 por ciento de víctimas de violencia sexual, niños y niñas entre 9 y 12 años, que el propio gobierno reconoce. Como es sabido, la mayoría de esos niños son abusados y violentados en el ámbito del hogar. Pero en las escuelas no se puede hablar de educación sexual.

          Tampoco la vi conmocionada a la gobernadora cuando explotó la escuela en Moreno y perdimos a Sandra y a Rubén, o ante las empleadas domésticas de Nordelta, que denunciaban que no las dejaban viajar en el transporte porque olían mal y hablaban mucho.

          Ni siquiera se conmueve por esas trabajadoras desocupadas a quienes el propio gobierno les promete asistencia y después les niega las asignaciones. ¿Acaso eso no es violencia? ¿No son esas mujeres trabajadoras pobres las que más padecen el flagelo de la violencia de género?

          En el país hay trece millones de pobres, de los cuales la mitad son mujeres, y la tasa de desocupación en el país asciende al 25 por ciento en las mujeres menores de 29 años. Esas mujeres se enfrentan con la violenta realidad de no tener qué darles de comer a sus hijos, y el gobierno nos dice que avanzó en combatir la violencia de género al construir diez refugios. Pura hipocresía.

          Pero también quiero decir que la demagogia no es exclusiva del gobierno. Hemos visto estos días un acto de gran hipocresía: los senadores de la oposición ─esos mismos dinosaurios que, al vetar el derecho al aborto, les negaron el derecho a la vida a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo en la Argentina─ se pusieron el cartelito MiráCómoNosPonemos. ¿Por qué no se ponen así con la Iglesia, con la jerarquía de la Iglesia o con el Vaticano? Para garantizar la opresión y el orden social esas instituciones exponen a las mujeres a no poder decidir sobre sus cuerpos, a no poder disfrutar plenamente de su sexualidad, entre una larga lista de mandatos y prohibiciones, como decía la diputada preopinante.

          Por supuesto que a quienes ni siquiera se les escapa la demagogia es a las cúpulas sindicales, que están atornilladas en sus sillones y le han dado una tregua in eternum al gobierno frente a los despidos, a la precarización laboral, donde las mayores perjudicadas somos las mujeres.

          Señora presidenta: desde el Frente de Izquierda, por supuesto, acompañamos esta iniciativa, que lleva el nombre de Micaela porque es en reclamo de justicia para ella y para todas las pibas, pero lo hacemos reafirmando nuestro compromiso y nuestra lucha para acabar con la opresión a las mujeres y con la explotación a las mayorías trabajadoras, hombres y mujeres, en las que se basa este régimen social. Peleamos para dejar de ser mujeres que resisten los embates del machismo, de la explotación, y que acompañan permanentemente a las familias de las víctimas en búsqueda de justicia. Queremos acabar con eso. Queremos terminar con este sistema que solo depara miseria para las grandes mayorías. Peleamos por una sociedad en la que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la diputada Del Plá, por Buenos Aires.

          Les pido que se ajusten a los minutos asignados para el uso de la palabra, en especial por la presencia de los padres.

 

Sra. Del Plá.- Señora presidenta: como ya se ha dicho acá, esta Cámara está tratando muy tardíamente esta ley, que lleva el  nombre de Micaela. Tardíamente por el horario y tardíamente porque, tal como acá ya se ha dicho, si no fuera por este enorme movimiento de mujeres ─que no ha dejado de crecer desde el NiUnaMenos, y que en la última semana ha producido un nuevo cimbronazo con la denuncia de Thelma Fardín, que se sumó al cimbronazo que ya había producido el fallo absolutorio a los asesinos y femicidas de Lucía─, no estaríamos tratando esta norma.

          Ello, al igual que no se trató en su momento la modificación de la ley de Educación Sexual Integral para que fuera obligatoria, laica y científica y al igual que tampoco se trató el cupo laboral trans, que es otra iniciativa que forma parte de esta agenda que debemos abordar y que ha aprobado el aborto legal, seguro y gratuito en esta Cámara. Dicha aprobación luego fue bochada en el Senado por los acuerdos de los bloques políticos patronales con el Vaticano y con las iglesias evangélicas con las que han acordado todos estos compromisos de contención social.

          Entonces, tenemos un problema muy serio, porque este es el mismo Congreso que votó un presupuesto que asigna 11 pesos por mujer a los programas para la erradicación de la violencia hacia la mujer. Pero, mientras tanto, cada treinta horas una mujer es asesinada en un femicidio.

          Entonces, hay una enorme contradicción entre dónde se ponen los recursos, el destino de la riqueza del país y las necesidades sociales. Esta contradicción es la que nos da unos índices escalofriantes. La UNICEF acaba de decir que en la Argentina cada tres horas –repito, cada tres horas‑ una niña de entre 10 y 14 años se convierte en madre. Eso es violencia hacia la mujer, porque ninguna niña de entre 10 y 14 años se embaraza por decisión propia.

          Resulta que, para tratar esta norma, que es modesta en un sentido ─ya que es una capacitación obligatoria que no viene a resolver el conjunto de los problemas─, tuvo que acontecer un cimbronazo que está poniendo de cabeza al país.

          Imagínense si estuviéramos tratando una ley profunda, una verdadera reorganización social, económica y política, que es lo único que va a resolver de verdad el régimen social, político y económico que oprime a las mujeres como parte de la opresión más general de las y los trabajadores.

          Por eso pueden ocurrir cosas como estas. Toda nuestra solidaridad con Agustina Poch y Claudia Guebel, trabajadoras de este Congreso que han denunciado ser víctimas de acoso sexual por parte de legisladores, y se sigue mirando para otro lado.

          ¿Qué queda para las trabajadoras precarizadas, para las trabajadoras domésticas, para una trabajadora de Siam, como mencionó la diputada González? ¿Qué queda para todas y cada una de las mujeres despedidas en los barrios, que necesitan poder resolver la situación de llevar el sustento a su familia?

          ¿Cómo hacemos para romper con ese proceso de sometimiento? Imagínense la señal que está dando este Congreso.

          Quiero decir que, claramente, hay un problema de clase. Las trabajadoras se tienen que bancar la opresión, la discriminación y la violencia porque no se las va a proteger. El régimen y sus instituciones no las van a proteger. Por eso debemos reforzar el proceso de movilización.

          Cada uno de estos casos ha dado lugar a un nuevo nivel de organización y de movilización. El femicidio de Lucía, a los paros de mujeres. El asesinato de Micaela, a esta repulsa general. Y debemos seguir.

          Por eso, la verdadera salida para los varones y para las mujeres que queremos terminar con este régimen de opresión a la mujer es seguir organizándonos. Esa es la gran consigna que se ha puesto esta semana. Pero no solo MirenCómoNosPonemos, sino MirenCómoNosOrganizamos. Que empiecen a temblar porque no vamos a parar hasta no dar vuelta esta situación. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada Tundis, por Buenos Aires.

 

Sra. Tundis.- Señor presidente: para mí el tema de la violencia de género es muy delicado.

          Son muchas las mujeres que, lamentablemente, son violentadas. Como el caso de Micaela tenemos muchísimas más: Melina Romero, de 17 años; Chiara Páez, de 14 años; Lola Chomnalez, de 15, en Uruguay; Paola Acosta, de 36; Nicole Sesaarego Borquez, de 21; Marisol Oyhanart, de 38; Araceli Ramos, de 19; Ángeles Rawson, de 16 años; Carla Figueroa, de 18 años; el cuádruple crimen en La Plata de estas cuatro mujeres que perdieron la vida de una forma terrible, Micaela, Bárbara, Susana y Marisol. No nos podemos olvidar de Candela, la niña que obviamente fue asesinada brutalmente. Fátima Catán, Wanda Taddei, de 29 años; Soledad Bargna, de 19 y Rosana Galliano, de 29 años.

          ¿Por qué digo las edades? Porque demuestra el accionar de los hombres que maltratan, llevando a la muerte a niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres.

          Es lamentable que tengamos que tratar en este recinto un proyecto para que se cumpla con la ley, porque ya tenemos una norma de violencia de género, como bien dijeron en este recinto, que exige la capacitación. Pero hoy tenemos que presentar este proyecto.

          No soy parte de la Comisión de Familia, Mujer, Niñea y Adolescencia, pero acompaño a todas las diputadas que han presentado proyecto para que se cumpla con una ley de la que se hace caso omiso. Mucho más cuando se pide la implementación de esta capacitación en los tres poderes.

          Es cierto lo que se dice. Las mujeres somos maltratadas, somos ignoradas, nos quieren acallar. Las mujeres, por temor a perder el trabajo, no decimos las cosas que nos suceden, no decimos nada cuando somos golpeadas y cuando prácticamente nos quieren quitar la vida.

          Lo dije hace tres años atrás. Yo soy sobreviviente de NiUnaMenos. Por eso para mí es muy doloroso hablar de este tema. Sé lo que pueden sentir cada una de las mujeres que pasan por situaciones como las que pasamos muchísimas, porque seguramente en esta Cámara hay otras mujeres y otras diputadas que, quizás, todavía no se animaron a hablar.

          Tal vez yo me saqué un mochila, como dijo Thelma, como dijo Calu Rivero y como dijeron tantas otras mujeres. Pero hay otras que no se la pudieron sacar, como Micaela o Lucía, porque terminaron muertas.

          Lamentablemente, tampoco tenemos estadísticas de violencia de género. Lo que sería bueno es que en cada organismo público podamos incorporar un departamento de la mujer y también que, dentro de las licencias médicas, se incorpore la de violencia de género. Esa sería una manera de tener estadísticas claras sobre las mujeres que sufrimos violencia de género.

          Para mí es muy doloroso tratar este tema, pero siento y celebro que podamos seguir adelante. Quiero que los hombres entiendan que las mujeres no tenemos más una mordaza y que no nos van a hacer callar.

          A partir de Thelma tenemos otro paradigma. No van a silenciar a las mujeres. Las mujeres no nos vamos a arrodillar. Las mujeres vamos a estar de pie para decirles a los hombres que estamos para que nos traten de igual a igual, para que nos den las mismas oportunidades, para que no nos amedrenten diciendo que no servimos y que no podemos diferenciarnos de ellos porque tienen el poder.

          Las mujeres somos iguales que los hombres y queremos que nos traten de la misma manera. Aunque siempre digo que nos diferenciamos de los hombres porque podemos dar vida. Entonces, no se olviden que nacen de una mujer y por eso deben respetarnos. Las manos las tienen que utilizar para trabajar y no para pegarnos. Las armas que tienen que utilizar son las palabras, no los golpes.

          No queremos “ni una menos” Micaela, “ni una menos” Lucía, “ni una menos” Wanda, “ni una menos” Ángeles y muchísimas mujeres que perdieron su vida en el camino.

          Agradezco haber podido hablar. Agradezco a las diputadas que han llevado adelante este proyecto y celebro que en los tres organismos puedan tener centros de capacitación para que los hombres y los funcionarios sepan cómo tratar a una mujer cuando va a denunciar.

          Pero también, insisto, desearía que en todos los organismos públicos exista un departamento de la mujer y que se pueda incorporar, en algún momento, además de las licencias por enfermedad, a la licencia de violencia de género. Porque esto no es una enfermedad por un dolor de garganta, es la enfermedad del dolor del alma, del dolor del cuerpo y tenemos que llevar estadísticas para que sepan que las mujeres somos importantes dentro de esta vida.

          Insisto con lo que dije al principio: vamos a estar de pie y nunca más nos van a hacer arrodillar. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Les pido a mis colegas que por favor sean respetuosos, en especial cuando las mujeres hablan sobre este tema.          

          Tiene la palabra la señora diputada Macha, por Buenos Aires.

 

Sra. Macha.- Señor presidente: estamos a punto de votar una ley muy necesaria, que implica la capacitación y formación continua en todos los espacios del Estado. Se trata de una instancia transformadora, que permite pensar en que podemos transformar las instituciones y sus prácticas.

          A veces votamos leyes y después vemos que con eso no alcanza, porque lo que necesitamos transformar son las prácticas.

          Pero esta ley, como se dijo en algún momento, es concreta y sencilla. Es una norma que, si se implementa, puede realmente lograr las transformaciones en las instituciones y en las prácticas de las personas que llevan adelante las acciones cotidianas en las políticas públicas.

           También es una gran contradicción en este contexto, justo en esta etapa política, donde el Estado se va retirando, por decisiones políticas del Ejecutivo, de la garantía de derechos.  Así es difícil pensar que se pueda llevar adelante la capacitación, cuando todos los derechos se van recortando y cercenando. Entonces, en este contexto es más complejo.

           Pienso en Johana Ramallo, una piba de La Plata que hace más de un año está desaparecida y que todo indica que fue secuestrada por una red de trata. En definitiva, lo que vuelve a llevar a Johana a una situación de prostitución, que después termina en esta red de trata, es, justamente, la caída del programa Ellas Hacen. Mientras estaba el programa Ellas Hacen, ella trabajaba y llevaba adelante un proyecto de vida diferente. La traigo como un ejemplo porque, en definitiva, creo que grafica una situación social que puede ser pensada para muchas otras mujeres de nuestro país.

          En este punto veo esta contradicción, pero, no obstante, es necesario poder avanzar con este proyecto de ley para exigir luego las condiciones que necesitamos para que las mujeres, lesbianas, travestis y trans puedan tener otros proyectos de vida y un horizonte a la hora de pensar sus vidas y el trayecto de sus distintas vidas.

          Hay un punto fundamental, que tiene que ver con las organizaciones. En estos tiempos las organizaciones feministas vienen dando pasos increíbles de articulación, de fortalecimiento, de poder plantear una agenda feminista, que tiene ver con derechos que han sido vulnerados históricamente.

          Esto tiene que ver con el patriarcado, con una concepción y ejercicio del poder, con una idea de dominación sobre nuestros cuerpos. Podemos pensarlo también en términos de cosificación, donde el femicidio es la instancia irreparable y la más brutal, pero hay un montón de otras instancias que tienen que ver con esta cosificación y dominación sobre el cuerpo de las mujeres.

           Los abusos y las violaciones son parte de ese intento de dominio del cuerpo de las mujeres y donde esos varones son los hijos sanos y más obedientes del patriarcado.

          Por eso creo que esta posibilidad de las organizaciones de llevar adelante distintas transformaciones implica también una pregunta y un intento de transformar a esos varones que fueron criados en una determinada cultura patriarcal. Eso no los exime de las responsabilidades singulares porque si no estaríamos hablando de obediencia debida, y no es ese el punto. 

          Somos parte y vivimos en un contexto cultural, social y político que presenta la articulación del patriarcado, del neocolonialismo y del neoliberalismo, como nos tiene acostumbrados este gobierno de Macri, pero también ahí se dan las situaciones y las responsabilidades singulares de lo que cada uno y cada una define llevar adelante en su vida.

          Entonces, me preocupa que, en este contexto, donde el Estado se corre, donde el gobierno va corriendo la garantía de esas diferentes políticas públicas que generan protección, prevención y posibilidades para las mujeres, las organizaciones queden muy solas. Nosotras sabemos que cuando trabajamos los temas vinculados a la violencia de género no alcanza solamente con el Estado. Se necesita que el Estado esté presente, pero también necesitamos a las organizaciones.

           Ahora, cuando el Estado no está y solamente están las organizaciones, cuesta tanto porque, como decían las compañeras, esta ley se está tratando a partir de un contexto social, de una demanda social que logra salvar este proyecto de ley y que no pierda estado parlamentario. Si esa manifestación, si esa situación social no se hubiese generado, no estaríamos discutiendo este proyecto de ley. Entonces, ¿cuántas instancias van desprotegiendo aún más a las mujeres?

          Hoy tenemos muchas compañeras y compañeres que van haciendo denuncias, que van planteando situaciones que les suceden en la vida cotidiana, y a veces me parece que están muy solas porque esa falta de garantía por parte del Estado las está poniendo también en una situación de riesgo.

          Me parece que este es un punto que tenemos que ubicar y situar, porque realmente tiene gravedad. Ante este retiro del Estado,  ¿dónde van estas mujeres a plantear las distintas instancias, los distintos reclamos? ¿Dónde van a encontrar un espacio sanitario, un espacio educativo, un espacio judicial que las aloje, si lo que vemos todo el tiempo es expulsión tras expulsión?

          Quizás, el Poder Judicial, en este punto, es de los más característicos porque es patriarcal, conservador y elitista.   Lo vemos en sus fallos; vemos los efectos de un Poder Judicial patriarcal que nos lleva constantemente a ver cuán injusto es y cuán lejos está de producir justicia; lo que produce permanentemente es injusticia. Ese es un ejemplo, tal vez el más claro y potente, pero que lo podemos ubicar en las distintas organizaciones del Estado.

          Por eso creo que, en definitiva, lo que tenemos por delante no es poco y es realmente muy complejo.   Es esta transformación que necesitamos,  y en este intento de transformación también tenemos que permitirnos participar, a nosotras y nosotres, porque es parte de esa necesidad y de esta instancia social que estamos viviendo en estos momentos.

          Otra cuestión que me parece importante destacar es que este proyecto de ley se articula perfectamente con la ley de educación sexual integral, que no estamos tratando en el recinto, cuando ya tiene dictamen del plenario de comisiones y es tan importante porque, en definitiva, lo que estamos buscando con este proyecto de ley es la formación y la capacitación continua de quienes trabajan en cualquiera de los poderes del Estado.

           Con la ley de educación sexual integral estamos aportando y apostando a que las nuevas generaciones, desde su inicio en la educación estatal y privada, o sea, su inicio en la educación, puedan contar con esta formación que, en definitiva, apunta a construir mejores sujetos para este país y esta región, lo que implica dar cuenta de los cuidados del propio cuerpo, saber cuándo se está frente a un abuso, qué significa ser respetuoso y comprender las distintas identidades de género.

          En definitiva, estamos tratando, con todo este paquete de leyes, aun con las dificultades para llegar al recinto, de generar esa otra sociedad que pueda basarse más en el amparo y la inclusión, y cada vez menos en la exclusión y en la discriminación. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra el señor diputado Arroyo, por Buenos Aires.

 

Sr. Arroyo.- Señora presidenta: voy a ser verdaderamente breve. Está claro que la sociedad ha avanzado más que el Estado y que la política.

          Vamos a votar hoy una buena ley. Vamos a votar un programa de capacitación para cuestiones asociadas a la violencia de género. Es un avance evidente. Hay un avance de la sociedad, tenemos el colectivo NiUnaMenos y las denuncias de abuso, de violación y de violencia en todos los planos. Las mujeres nos han enseñado cómo tenemos que mirar y entender la realidad del siglo XXI.

          Ahora, creo de verdad que, así como ha avanzado la sociedad y se han empoderado las mujeres, no ha sucedido lo mismo con el Estado. El Instituto Nacional de las Mujeres, para el año próximo, tiene un presupuesto aprobado de 234 millones de pesos. Para el año que viene hay un presupuesto aprobado para remodelar la Casa Rosada y la residencia de Olivos de 262 millones de pesos. Se va a gastar más el próximo año en remodelar la Casa Rosada y la residencia de Olivos que en encarar políticas de atención de violencia de género, de empoderamiento, acompañamiento y capacitación de las mujeres.

          He aprendido hace ya mucho tiempo que la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Uno puede decir cualquier cosa, puede hablar muy bien, puede dar buenos títulos y poner cara de muy preocupado, pero solo va a haber política pública si hay presupuesto, si de verdad estamos generando recursos para el Instituto Nacional de las Mujeres.

-   Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Legislación General, doctor Daniel Andrés Lipovetzky.

 

Sr. Arroyo.- Simplemente, quiero decir que estamos acompañando a los padres de Micaela. A mucho de lo que ya se ha dicho recién en el recinto, quiero sumar que para hacer de esto una ley completa, para que esto sea de verdad, para que no sea solo una idea de que es bueno capacitar a funcionarios de los tres poderes del Estado, para que eso suceda, para que haya menos Micaelas, hacen falta más recursos, y espero que el Estado y el gobierno tomen en serio el tema del presupuesto.

          De verdad, si se gasta más en remodelar la Casa Rosada y la residencia de Olivos que en el Instituto Nacional de las Mujeres, es evidente que las prioridades están en otro lado.

          Simplemente quiero saludar a los padres de Micaela, acompañar a todos aquellos que ya han presentado la situación de las mujeres en la Argentina y pedir que el gobierno abra los ojos, dé presupuesto al Instituto y haga de esto una política pública de verdad y no solamente un articulado interesante, bueno, pero que no va a prosperar si no hay recursos. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Lipovetzky).- Tiene la palabra la señora diputada Alvarez Rodriguez, por Buenos Aires.

 

Sra. Álvarez Rodríguez.- Señor presidente: no queremos más víctimas, pero no en esta Cámara de Diputados y en este recinto, sino en la sociedad argentina. Digo que no queremos más víctimas porque las iniciativas que llegan a este recinto para las mujeres tienen nombres y son en honor a víctimas.

          Las mujeres queremos llegar antes a este recinto. Queremos llegar por más derechos. Queremos discutir la igualdad salarial en el trabajo, queremos discutir mejores jubilaciones, queremos discutir el reconocimiento de las tareas no remuneradas, queremos discutir una campaña permanente y visible de prevención de violencia de género en la Argentina, queremos discutir la emergencia nacional en violencia de género, queremos discutir la ampliación de derechos educativos para nuestras niñas y más derechos para nuestras jubiladas. En este sentido, hoy ya la Corte falló con un buen antecedente.

          Pero hoy estamos llegando nuevamente por las víctimas. En esta Argentina y en este recinto, las mujeres llegamos como víctimas.

          Tal como ya lo manifestaron mis compañeras y compañeros acá, el presidente Macri amplió el temario de las sesiones extraordinarias por Thelma, quien denunció que a los 16 años fue violada por un hombre de 45. Gracias a Thelma hoy traemos a Micaela. Hace un año y medio que Micaela espera estar acá, y la traemos por Thelma, por el colectivo de actrices, por el movimiento de mujeres que lucha y por sus padres.

          Los padres de Micaela dieron un ejemplo, no pidieron más reformas al Código Penal para ver hasta dónde llegaban las penas, si lo hacían hasta el techo de este recinto, sino que pidieron que nos educáramos todos como sociedad en algo tan sencillo como la prevención y la formación en género. Es sencillo si pensamos en una sociedad con igualdad, no como la que estamos atravesando, porque no hay feminismo posible si no hay justicia social en una patria. (Aplausos.)  

          Quiero decirles que estos padres, cuando vinieron acá, hace más de un año, dieron un ejemplo, hicieron magisterio a pesar de su dolor. No llamaron a la justicia por mano propia. Nos pidieron a nosotros, los representantes del pueblo argentino, que diéramos una respuesta y un ejemplo desde el Estado.

          Ahí nomás, antes de Thelma, nos enteramos del fallo de Lucía. Si la formación hubiera empezado antes, quizás no habríamos tenido el fallo que volvió a violentar a Lucía, porque están los tres poderes del Estado para formarse en esto. Tanto Lucía como Micaela hoy no están aquí presentes.

 

-   Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.

 

Sra. Álvarez Rodríguez.- Hace unos meses tratamos la Ley Brisa, una niña que con sus hermanos perdió a su mamá en su casa, asesinada por el exesposo. ¿Saben una cosa? Esos tres hermanos aún no cobran la pensión que aquí aprobamos. Algunos se ríen en este recinto. Quiero pedir, señor presidente, que, si no les interesa el tema, por favor vayan a hablar afuera. Es increíble que nos rasguemos las vestiduras llorando a las víctimas, pero no nos podamos ni escuchar dentro de este recinto. Decía que sus hijos aún no cobran la pensión.

          Daiana Barrionuevo, otra víctima de femicidio, todavía espera esa justicia.  Es una injusticia que intentamos reparar acá, pero que no alcanza.  Esa justicia no llega, como tantos otros casos de este país. Ellas no son las únicas que no están.

          Hasta noviembre de 2015 había un femicidio cada 32 horas, y ahora hay uno cada 29 o 30 horas. El Estado debe hacerse cargo de la responsabilidad que le compete. El pueblo argentino eligió a sus gobernantes para hacerse cargo, no para comentar ni para incluir en las sesiones extraordinarias un tema por oportunismo político, pero que igualmente celebramos.

          No queremos más víctimas. Hoy decimos que lo personal es político y también que el problema de la violencia sexual lo es. Como dice Rita Segato y como también lo expresó mi compañera Rach Quiroga, nuestros enemigos no son los varones; es el sistema patriarcal.

           Queremos que nuestros compañeros modifiquen sus masculinidades; todas y todos queremos ser parte de una nueva sociedad. No es mujeres contra varones, no es Boca‑River. No hacemos leyes por un partido ni por una emergencia. Hacemos las leyes porque el problema está presente. O nos ocupamos de los problemas de la calle o siempre estamos mirando para otro lado.

          La agenda de extraordinarias no representa los problemas de la calle. Gracias a Thelma hoy estamos acá. Me siento muy orgullosa y agradecida a esa chica que con su coraje y ejemplo nos permitió que estemos hoy debatiendo este tema. No queremos ser siempre las mismas quienes nos veamos las caras hablando de los mismos temas; queremos ser más.

          ¿Quieren que les diga quién de cada bloque habla de esto durante todo el año? Me alcanzan los dedos de la mano para decir quiénes estamos hermanadas en una lucha que no es solo de mujeres, sino que es una lucha de todos juntos.

          Sin embargo, solemos cantar solas en las marchas “se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer”. Se va a caer porque lo vamos a derribar todas juntas nosotras, pero porque también ustedes van a empujar para que se caiga dentro de sí mismo y dentro de todas las que tengamos algo de esa cultura patriarcal que todavía no logramos sacar de adentro nuestro.

          Finalmente, por Micaela, por Lucía, por Daiana, y agradecidas a Thelma por su enseñanza, no nos callamos más. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos Aires.

 

Sra. Lospennato.- Señor presidente: es difícil a esta hora agregar algo a todo lo que ya se ha dicho.

          Voy a utilizar unos pocos minutos porque luego voy a pedir autorización para insertar parte de mi discurso a fin de explayarme más profundamente sobre este proyecto de ley en debate.

          Me parece que vale la pena invertir unos pocos minutos en reafirmar por qué debemos legislar por la equidad de género. Vale la pena hacerlo porque, lamentablemente, en las últimas horas algunos legisladores hemos recibido mensajes en contra de la sanción de una iniciativa como esta.

          Me parece que existe una enorme confusión que es bueno que aclaremos. En primer lugar, tenemos que legislar para la equidad de género porque es un mandato constitucional indubitable.

          Todos nosotros tenemos a la Constitución Nacional como nuestro norte y guía. Nada de lo que hacemos y proponemos en este recinto debería contradecirla, y la obligación de este Congreso de legislar con perspectiva de género está explícitamente contemplada en nuestra Constitución Nacional, no en uno, sino en varios artículos. Pero como todavía esto se sigue cuestionando, señor presidente, permítame hacer un poco de docencia y recordar por qué es nuestra obligación legislar sobre estos temas.

          Es nuestra obligación porque está incluida en el artículo 75, inciso 23 –es decir, entre las atribuciones del Congreso‑, que dice: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.”

          También lo dice nuestra Constitución en su artículo 37, que en su segundo párrafo versa: “La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.”

          Finalmente lo dice en un montón de partes de nuestro bloque de constitucionalidad, incluido el artículo 75, inciso 22. Pero de todo ese bloque de constitucionalidad, en ningún lugar está tan claro como en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

          El artículo 5 de la CEDAW dice: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

          Es nuestro mandato constitucional indubitable capacitar a los agentes públicos de los tres poderes del Estado y de los tres niveles de gobierno para eliminar los estereotipos de género. Capacitar con perspectiva de género no es un capricho de las últimas horas, sino un mandato que, por lo menos, tenemos en nuestra Constitución desde el año 1994.

          Para eso es la ley Micaela; en primer lugar: para modificar esos patrones socioculturales, eliminar esos estereotipos y desnaturalizar la asimetría de poder entre varones y mujeres en los ámbitos doméstico, público, laboral, y sigue un enorme etcétera.

          En segundo término, porque claramente tenemos una responsabilidad histórica. Cada ley que sancionamos en este Congreso va inscribiendo o haciendo un camino para transformar ese anhelo constitucional en una realidad práctica para todos los ciudadanos.

          ¿Cuál es ese anhelo constitucional que está incluido también en nuestro bloque de constitucionalidad, que acaba de cumplir setenta años? El artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ‑que como un mantra deberíamos repetírnoslo a nosotros mismos‑, que dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos”. Sobre esto queremos capacitar a los agentes públicos. Aquí no hay nada oculto ni nada raro. Vamos a dar capacitaciones para cumplir con nuestra manda constitucional.

          En tercer lugar, como se ha dicho durante toda esta noche, porque tenemos un compromiso moral con una sociedad que está atravesando un profundo proceso de aprendizaje y creemos que esta ley es una respuesta institucional que va a acompañar este camino que estamos transitando.

          Sabemos que erradicar la violencia de género requiere muchísimo más que leyes: requiere de políticas activas para prevenirla y de un sistema judicial que investigue, juzgue y condene con perspectiva de género, que entienda la asimetría real de poder que existe entre víctima y victimario y que elimine todos los estereotipos de sus sentencias. No queremos más sentencias como la del caso Lucía y como las que, lamentablemente, se repiten todos los días, cargadas de estereotipos de género.

          Pero, sobre todo, esta sociedad necesita un cambio cultural profundo, que comienza por escucharnos, por escuchar a las víctimas y acompañarlas, por transitar el camino del silencio a la denuncia y de la denuncia a la búsqueda de justicia.

          Para todo eso queremos la ley Micaela. Para todo eso queremos capacitar a los funcionarios. Queremos capacitarnos como funcionarios públicos y queremos capacitar al resto del Estado. Por eso celebro que en este recinto estemos nuevamente votando una iniciativa que ha tenido el acuerdo de todos los bloques políticos. Como decía la diputada Álvarez Rodríguez, hemos trabajado mucho en la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

           Hemos trabajado con un grupo de mujeres –y también de varones‑ que no va a abandonar esta lucha, porque sabemos que esto se hace paso a paso, día a día, pero siempre un paso adelante, nunca retrocediendo. Este es, simplemente, un paso más en ese camino. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Solanas, por Entre Ríos.

 

Sr. Solanas.- Señor presidente: hoy es un día muy particular en este Congreso. Estamos a punto de sancionar una ley muy importante, y quiero hablar como varón. Esta noche hemos aprendido de nuestras compañeras de las distintas bancadas una lección enorme: de construcción, de libertad, de compromiso, de visibilidad.

          Soy padre de cuatro hijas, y reitero que hoy hemos aprendido, señor presidente. Nuestras compañeras nos han manifestado muy claramente que tenemos que procurar un cambio cultural en una sociedad machista. Cuando escuchaba a las distintas oradoras me acordaba de mi madre, que alguna vez le dijo a mi primera novia “no seas como yo; si bien amo a mis hijos y a mi esposo, cedí y concedí todo”. Recordé a Mechita –que falleció a los 46 años‑, que en ese momento le decía a mi novia que no haga lo mismo que ella. Era un grito de rebeldía de mi madre.

          De modo tal que hoy hemos aprendido. Apoyar esta iniciativa es apoyar la vida. Me duele que en el presupuesto para 2019 se hayan reducido notablemente las partidas para el abordaje y la prevención de la violencia de género. Eso no fue justo, señor presidente. Deberíamos haber levantado la voz muchos más. Se destinan apenas 11 pesos por mujer para el abordaje y prevención de la violencia de género.

          Como legislador y como alguien que en el pasado también ocupó algún cargo en el Ejecutivo, puedo decir como reflexión que las políticas públicas llegan muy tarde. Me hubiera gustado que en el presupuesto se destine un monto a esta ley. El artículo 9° no dice absolutamente nada. Simplemente señala: “Los gastos que demande la presente ley se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate.” Tendría que ser mucho más preciso.

          No quiero extenderme demasiado porque nuestras compañeras ya nos han dado una lección sobre el tema. Simplemente quiero rendir homenaje a una entrerriana: Micaela, hija de Andrea Lescano y Néstor “Yuyo” García. He leído sobre ella. Hacía gimnasia artística, como una de mis hijas. Llegó a competir en Alemania, donde fue subcampeona. 

          Fue campeona del deporte, pero, fundamentalmente, de la vida. Soñaba con ser profesora de educación física y, a la vez, militaba políticamente porque tenía un gran sentido de la solidaridad, que seguramente es parte de lo que han construido sus papás y su familia. Pero un día le truncaron la vida; un día no querido, terrible, trágico y demencial de un depravado. Se siente mucha angustia cuando se piensa en ese momento.

          Los saludé a Yuyo y a Andrea recién, y cuando hablaban las compañeras de bancada los vi emocionarse a ambos, su papá y su mamá.

          Me han contado que Micaela iba a Villa Mandarina, un barrio muy humilde de Concepción del Uruguay, que en estos días lleva su nombre. Iba los sábados y domingos, después de una larga semana durante la cual estudiaba en Gualeguay.

          Por lo tanto, mi homenaje a esta enorme entrerriana de 21 años de gran corazón y patriotismo, una gran mujer joven que enseñó el camino a cientos y cientos de gurises en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. 

          Por eso, hoy aprendimos, señor presidente. Los varones aprendimos. Recibimos lecciones de nuestras compañeras, de cada una de las que habló, y cabe una reflexión de parte de los varones: hay que cambiar el paradigma.

          Existe una cuestión cultural heredada sistemáticamente a la cual debemos rebelarnos y, fundamentalmente, debemos tener en cuenta en lo que hace a la igualdad absoluta de derechos.

          Por eso deseo enfáticamente que los varones reflexionemos sobre la lección que hoy escuchamos de parte de nuestras compañeras en este recinto. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Donda Pérez, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Donda Pérez.- Señor presidente: voy a tratar de no reiterar muchas de las cosas que ya se dijeron esta noche, porque creo que estamos de acuerdo con esta iniciativa.

          No voy a hablar de oportunismo político, sino de oportunidad de la política porque realmente creo que esta es una oportunidad de saldar una deuda y, aunque sea en sesiones extraordinarias, enhorabuena nos pusimos de acuerdo para estar sentados en este recinto con el fin de sancionar un proyecto de ley que, además, fue pedido por Andrea y Néstor en el momento más doloroso de sus vidas.

          La verdad es que no me puedo poner en el lugar de ellos. Gracias por estar acá. No me voy a olvidar del día que los conocí en el Salón de Pasos Perdidos, cuando presentamos las leyes Micaela. Hacía muy poquito que les habían arrebatado a Micaela.  Ellos nos mostraron que del dolor no se sale con venganza, sino con justicia. Una forma de salir del dolor es construyendo. Néstor se paró frente a los periodistas en Entre Ríos y les dijo: “Yo no pido mano dura; pido justicia. Yo no pido mano dura; pido política”.

          Hace poco la vida me dio la oportunidad de conocer a una mujer y a su hijo, Marta y “Mati”, que también están sentados en los palcos de este recinto. Aclaro que a Guillermo, el marido de Marta, no lo conocí porque está en Mar del Plata laburando para poder pagar a su abogado.

          Ellos también plantean lo mismo: piden justicia porque tres señores –y digo “señores”, para ser políticamente correcta‑ que son parte del Poder Judicial escribieron una sentencia que realmente quedará en los anales de la historia como algo de lo más desagradable que puede suscribir el Poder Judicial en estos tiempos.

          Hablo de oportunidad política porque es la posibilidad de discutir qué tipo de Estado necesitamos. Sin duda, necesitamos un Estado que nos dé igualdad de oportunidad a las mujeres, y para eso necesitamos un Estado que construya institucionalmente los mecanismos para hacer las denuncias. 

          Hay dos formas de prevenir: a través de las políticas de prevención y de formación a los agentes del Estado, y a través de la ley de educación sexual integral, que este año quedó sin sanción de esta Cámara. Necesitamos políticas de prevención y también mecanismos para que esas políticas después den resultado.

          Quiero decir una cosa que es muy riesgosa: si nosotros no tenemos los mecanismos para que las mujeres podamos hacer denuncias cuando nuestros derechos son avasallados, la única forma de hacerlo es a través de las redes sociales y los espacios públicos. De allí a ser una sociedad inquisidora hay muy poquita distancia.

          En una semana vamos a presentar un proyecto que nos permita tener un protocolo de actuación que sea obligatorio en los organismos centralizados y descentralizados del Estado ante casos de violencia de género. Si las mujeres no tenemos quién nos escuche y si esos protocolos no se aplican, la única forma de actuar es haciendo escraches públicos.

          Los escraches nacieron con la agrupación H.I.J.O.S. a raíz de que la Justicia democrática nos había denegado la posibilidad de proveer justicia. Nosotros no vamos a abandonar la lucha por la justicia cuando haya avasallamiento a las libertades de las mujeres. No queremos escraches; queremos justicia. No queremos escraches porque es injusto que las mujeres nos tengamos que conformar con hacer las denuncias en Twitter.

          Es cierto que hoy hay muchos hombres con miedo, pero yo no quiero una sociedad feminista para que los hombres tengan miedo. Yo quiero una sociedad feminista para que todos podamos vivir con los mismos derechos. Para eso es el feminismo. El feminismo no es la contracara del machismo. Nosotros no nos podemos convertir en aquello que no queremos.

          Por eso, si en este país la Justicia funcionara bien y no fuese patriarcal -como la que tenemos- Matías y Marta no estarían sentados en los palcos de este recinto, sino que estarían haciendo el duelo en sus casas abrazados a Guillermo. (Aplausos.)

          Por eso, si la Justicia pudiera avanzar, no estaríamos sentados acá con el sospechado diputado Orellana, que ha sido denunciado por abuso a una asesora de esta Cámara.

          Por eso las mujeres hoy están haciendo denuncias públicas, porque no hay espacios en la Justicia para hacerlas. No contamos con los mecanismos necesarios en las instituciones para hacer las denuncias.

          Queremos protocolos. No queremos convertir a esta sociedad en la Inquisición. Eso es lo que hay que rechazar. El feminismo no es el enemigo de los hombres. La sociedad la tenemos que construir entre todos. No tenemos que dejar estos espacios porque, además de dañar las conquistas que estamos logrando desde el feminismo, se lastima y mancha a la democracia.

          Esta situación se aprovecha para que a aquellas que luchamos por una sociedad feminista se nos acuse de lo contrario y se nos quiera manchar éticamente.

          Yo tengo los valores bien puestos y la verdad es que, si con nosotros no pudo el grupo de tareas de la ESMA, tampoco va a poder un grupo de troles que dice que defiendo violadores. Para violadores, prisión efectiva, pero que la Justicia avance y que el Estado haga lo que tenga que hacer, que les dé a las mujeres la posibilidad de denunciar, que les preste atención y que esas denuncias se lleven adelante hasta las últimas consecuencias. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Frana, por Santa Fe.

 

Sra. Frana.- Señor presidente: adhiero a las palabras de quienes impulsaron esta iniciativa. Solo pido autorización para insertar mi exposición en el Diario de Sesiones.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Así se hará, señora diputada.

          Tiene la palabra la señora diputada Ocaña, por Buenos Aires.

 

Sra. Ocaña.- Señor presidente: deseo solicitar autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Así se hará, señora diputada.

          Tiene la palabra la señora diputada Banfi, por Buenos Aires.

 

Sra. Banfi.- Señor presidente: también pido autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Así se hará, señora diputada.

          Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

 

Sra. Schmidt Liermann.- Señor presidente: solicito autorización para insertar mi exposición en el Diario de Sesiones.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Así se hará, señora diputada.

          En la parte final de la sesión la Presidencia solicitará a la Cámara que autorice todas las inserciones, que seguramente serán autorizadas.

          Tiene la palabra la señora diputada Martínez, por Jujuy.

 

Sra. Martinez.- Señor presidente: en función del consenso al que arribamos todos los bloques, solicito que se realice una sola votación en general y en particular.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Así se hará, señora diputada.

          Tiene la palabra el señor diputado Iglesias, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Iglesias.- Señor presidente: con todo respeto, me parece que no va a haber objeciones, pero me gustaría proponer el agregado de un artículo y solicito que la señora miembro informante me permitiera, con el mecanismo que le parezca más adecuado, poder hacer la propuesta.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Señor diputado: seguramente no se aceptarán modificaciones, pero, si usted quiere, puede leer el agregado.

 

Sr. Iglesias.- ¡Qué pesimista que está, señor presidente!

          Desde luego expreso mi acuerdo con el proyecto, que adelanto voy a votar afirmativamente. Pero me parece que hay un punto más que podría incluirse y, si eso no sucede, lo presentaré como proyecto personal.

          La propuesta es muy sencilla. En este sentido, no solo tenemos la necesidad de capacitación a nivel del Estado, sino también de evitar el acoso y el abuso dentro de los organismos del Estado.

          Considero que cuando se produce el acoso, la persona que lo sufre está muy lejos del Poder Judicial y de poder hacer la denuncia. Entonces, me parece que sería razonable que las mismas autoridades que se ocupan de la capacitación en cada una de estas dependencias designen a una persona, en acuerdo con los trabajadores, como encargada para recibir en total confidencialidad este tipo de denuncias, acompañar a las víctimas en un primer momento y asesorarlas para que puedan hacer la denuncia, llegando al Poder Judicial o a los demás poderes del Estado.

          En concreto, propongo que se agregue un artículo que diga lo siguiente: “La máxima autoridad de cada dependencia de los tres poderes y organismos descentralizados del Estado nacional, en consulta con sus trabajadores y empleados, deberá designar a uno de ellos como encargado de recibir denuncias y testimonios sobre casos de acoso y abuso en el ámbito de dicha dependencia. Tal designación deberá ser comunicada fehacientemente y por escrito a todos los trabajadores y empleados de cada una de las dependencias.

          “Sin desmedro del cumplimiento de sus obligaciones habituales, el designado deberá recibir toda denuncia de situaciones de acoso y abuso en el ámbito laboral, iniciar un expediente confidencial sobre la misma, brindar contención al denunciante y asistirlo –si así lo solicitara- en la elevación de su denuncia al Poder Judicial y –si correspondiere- a las instituciones oficiales vinculadas, como el Instituto Nacional de la Mujer y el INADI.

          “La autoridad máxima de cada dependencia deberá arbitrar los medios para asignar al desempeño de esas funciones al miembro de su personal que juzgue mejor capacitado en la materia, quien deberá garantizar la confidencialidad de las manifestaciones que recibiera, en especial, en lo que respecta a la identidad del acusado.”

          Me parece que esto establecería un mecanismo sin costos, sin designaciones, muy sencillo, que facilitará la comunicación entre las autoridades, los empleados y trabajadores. Además, considero que acercará la posibilidad de que quien sufra algún tipo de acoso pueda encontrarse acompañado a lo largo de todo el proceso.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Moreau, por Buenos Aires.

 

Sra. Moreau.- Señor presidente: me parece bien la idea del diputado Iglesias. En la comisión ya lo analizamos. Muchas dependencias ya tienen oficina de género y por eso se habló del protocolo. Sería muy bueno que nos escuchen cuando hablamos; la diputada Donda Pérez ya lo planteó.

          Además, quiero decir que nuestra idea es que el ejemplo lo den ustedes, los diputados que han tenido muchas veces expresiones machistas hacia las mujeres en los medios de comunicación. No es solo para los empleados; empecemos por los diputados. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Cresto, por Entre Ríos.

 

Sra. Cresto.- Señor presidente: teniendo en cuenta lo que manifestó la diputada Martínez en el sentido de que el objetivo de este proyecto es prevenir, y remitiéndome a los fundamentos ya esgrimidos al momento de tomar la palabra, quiero proponer un corrimiento de los dos últimos artículos y que se agregue un artículo 10, que diría lo siguiente: “Las universidades dependientes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación deberán adaptar su currícula para la implementación de programas destinados a cumplimentar con las capacitaciones pertinentes, dictando la reglamentación necesaria para paulatinamente incorporarlas como cátedras independientes en perspectiva y violencia de género.”

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Martínez, por Jujuy.

 

Sra. Martínez.- Señor presidente: en primer lugar, creo que las propuestas que se hacen son interesantes. La primera de ellas tiene que ver, fundamentalmente, con un carácter operativo y con la capacitación. Entendemos que esto se puede impulsar a través de un nuevo proyecto.

          Con respecto al tema de la universidad, esto está dirigido a los tres poderes del Estado y como somos respetuosos de la autonomía de las universidades, creo que como mínimo debería existir una consulta. De manera tal que, como dijimos, preferimos mantener el texto como figura en el dictamen.

          Por lo tanto, pido que pasemos a votar en general y en particular.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Se va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

 

-    Se practica la votación nominal.

-   Conforme al tablero electrónico, sobre 173 señores diputados presentes, 171 han votado por la afirmativa y 1 por la negativa. 

Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 171 señores diputados por la afirmativa y 1 por la negativa. [7]

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Queda sancionado el proyecto de ley. [8]

          Se comunicará al Honorable Senado.

 

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APROBACION DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA N° 35 CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LA REPUBLICA DE CHILE SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO EL 4 DE ENERO DE 2018

Sr. Presidente (Monzó).-  Corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y otra -Orden del Día N° 802- recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se aprueba el Acuerdo de Complementación Económica 35 celebrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Chile –Sexagésimo Primer Protocolo Adicional–, suscrito el 4 de enero de 2018 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay (expediente 93-S.-2018).


aquí orden del día 802


Sr. Presidente (Monzó).-  En consideración en general.

          Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Schmidt Liermann.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la presencia de funcionarios y, en especial, las intervenciones de la oposición, en la reunión que mantuvimos en la Comisión de Relaciones Exteriores.

          Voy a limitarme a decir que este convenio es complementario al acuerdo que ya existe de complementación económica N° 35 entre Chile y el Mercosur.

          Este convenio viene a ampliar y a profundizar los instrumentos jurídicos que actualmente nos rigen en materia comercial. Sin lugar a duda, esto nos va a permitir generar mayor fraternidad y, como región sudamericana, demostrarle al mundo que no solo tenemos riqueza, sino que también compartimos valores, que es algo que este mundo necesita más que nunca.

          En cuanto a la reglamentación, el representante de CAME nos hizo una sugerencia muy interesante hoy en el sentido de que dicha cámara, junto a otras organizaciones, tenga la posibilidad de monitorear el funcionamiento de este acuerdo, en especial por el impacto que pueda tener para las pymes. Nosotros lo vemos como más que positivo, ya que se abren muchas posibilidades de trabajo y crecimiento para la pequeña y la mediana empresa. Nos parece bien que se pueda monitorear y hacer un seguimiento.              

          Es importante señalar que debemos entender estos convenios con sabiduría y sensatez; las reglas de juego que estamos estableciendo no son para un partido de truco ni para ver quién gana o quién se perjudica. Lo ideal es que ambos países puedan complementarse y crecer.

          Finalmente, porque no quiero quitarles más tiempo y porque, además, hoy es el cumpleaños de mi             hija –aprovecho para mandarle un gran saludo desde aquí‑, me gustaría recordarles la carta que le escribió Sarmiento a Bartolomé Mitre en ocasión de la finalización de su mandato como presidente, en la que le dio el siguiente consejo: “Recuerda que conozco muy bien el pensar y el sentir de los hermanos chilenos. Si resultas elegido presidente de la República, tendrás que soslayar muchos problemas interiores. Cada vez que se te presenten esos problemas, yo te aconsejo que sacudas el alma del pueblo argentino y lo hagas mirar hacia Chile, en especial hacia su extremo sur. Allí exactamente está la llave maestra que nos abrirá las puertas para presentarnos ante el concierto internacional como una Nación destinada a regir y no a ser regida.” (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Carmona, por Mendoza.

 

Sr. Carmona.- Señor presidente: hace dos semanas formulamos una moción, acompañada por una mayoría categórica de esta Cámara, para que este proyecto vuelva a comisión. Creo que es importante que visualicemos si el objeto de la vuelta a comisión se ha cumplido total o parcialmente. Es fundamental hacer esta evaluación.

          El día jueves nos enteramos de que este asunto sería incorporado al temario de la sesión de hoy. El día viernes se comunicó conmigo la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto –a quien le agradezco el gesto‑ para ofrecer contactarme con funcionarios del Poder Ejecutivo. En dicha oportunidad le pedí algo sobre lo que vengo insistiendo desde que esta cuestión fue tratada rápidamente en la comisión. Básicamente, le solicité dos cosas: el estudio de impacto económico y la participación de las organizaciones empresariales y de trabajadores que tuvieran que ver con la temática económica y las cuestiones que son abordadas por este tratado con la República hermana de Chile.

          La verdad es que, más allá de la buena predisposición de la presidenta de la comisión, me dio a entender que dicho estudio de impacto no existía, y esta mañana lo ratificamos en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en una reunión conjunta que mantuvimos con la Comisión de Mercosur. No hay estudio de impacto económico respecto de este tratado. Se nos ha dicho, o se nos intentó explicar desde Cancillería, que no hacía falta porque este acuerdo no modifica los criterios arancelarios, ya que rige el arancel cero, en una situación de verdadero libre comercio con Chile. El problema central es que este acuerdo no es de comercio. Ya lo hemos señalado anteriormente y no quiero redundar en este tema.

          Además, nosotros advertimos que sí existen impactos económicos, aun cuando no haya modificaciones en los criterios arancelarios. Lo hemos señalado en forma específica en relación con las compras públicas. Las empresas chilenas van a poder participar en procesos de compra pública en la República Argentina y viceversa. El problema no es de chilenos versus argentinos o de argentinos versus chilenos. Aquí estamos ante corporaciones frente a pequeñas y medianas empresas; estamos ante empresas nacionales frente a las grandes transnacionales. Esto es lo que cuestionamos. No hay estudio de impacto económico. No sabemos qué efecto tendrá la posibilidad de compras del Estado nacional ‑incluso podrían sumarse provincias y municipios a este criterio‑ sobre nuestras pequeñas, medianas y también grandes empresas, para la provisión de bienes y servicios al Estado. Este es un tema central.

          Por lo tanto, estamos ante una medida –en este campo y en otros‑ de naturaleza desregulatoria. Creemos que hubo una liviandad absoluta en su tratamiento. Tendríamos que haber esperado a que se realizara ese estudio de impacto económico y conocer sus resultados. Si hubieran sido satisfactorios, podríamos haber revisado nuestra posición negativa, que ya fue expresada en la Cámara de Senadores con similares argumentos.

          Pero, además, nos encontramos ante una situación de convocatoria sesgada a las organizaciones empresariales que se ha invitado a exponer. En el día de hoy hemos contado con la presencia de un representante de CAME, que ni siquiera responde a lo que a mí me dicen los integrantes de CAME en mi provincia. Quiero mencionar a algunos de los que se quedaron afuera: CGERA, Confederación General Empresaria de la República Argentina; ENAC, Asociación de Empresarios Nacionales; APYME, reconocida entidad gremial empresaria representativa del sector pyme; CEEN, Central de Entidades Empresarias Nacionales; RIEL, y la agrupación Gelbard.

          Todas estas organizaciones estuvieron hace doce días en el Congreso de la Nación reunidas con representantes de distintos bloques y plantearon que las pymes no dan para más. Nuestro querido embajador José Octavio Bordón, a quien aprecio personalmente, ha dicho que las pymes argentinas están en condiciones de competitividad. No es cierto. Las condiciones macroeconómicas que presentan hoy la República Argentina y la República de Chile no permiten hacer este tipo de aseveraciones. Estamos viviendo una profunda crisis y no tenemos posibilidad de equivocarnos con esto.

          Voy a tratar de sintetizar en este esfuerzo que me pidió, pero hay algunas cosas que no puedo dejar de decir. Nosotros hemos hecho un análisis comparativo de los temas que aborda este acuerdo y aquellos que abordan otros tratados de libre comercio.

          Me voy a referir especialmente al TTP, el Tratado de Asociación Transpacífico. Fíjense los temas que se incluyen en este acuerdo: acceso a los mercados –aquí se habla de facilitación de mercado, con el mismo contenido‑, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, competencias, compras públicas, servicios, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, propiedad intelectual, medioambiente, aspectos laborales y de cooperación y coherencia regulatoria. Como nuevos temas se agregan: pequeñas y medianas empresas y la cuestión de género.

          Cáscaras vacías que no establecen ningún tipo de protección para las mujeres ni para las pequeñas y medianas empresas. Estamos ante una cáscara vacía que lo único que hace es intentar generar una sensación de preocupación por el tema sin establecer mecanismos específicos viables.

          Quiero hacer una reflexión dirigida a mis compañeros peronistas porque sé que algunos piensan acompañar esta iniciativa.

          Observamos que el mundo presenta un nivel de desigualdades profundísimas. Recientemente, OXFAM publicó que ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En 2016 decía que una de cada diez personas en el mundo sobrevive con menos de 10 dólares por día. En un informe de enero de 2018, afirma que el 1 por ciento más rico de la población mundial acaparó el 82 por ciento de la riqueza generada el año anterior; o sea, 2017. Asimismo, sostiene que, desde 2010, la riqueza de las élites económicas ha crecido, en promedio, el 13 por ciento, mientras que el salario solo se incrementó un 2 por ciento.

          Este panorama de desigualdad creciente que observamos en el mundo y que, lamentablemente, se refleja en la Argentina, en especial en los tiempos que estamos viviendo, fue generado a través de mecanismos muy concretos.

          Uno tiene que ver con la existencia de paraísos fiscales, con los que muchos ricos del mundo evitan el pago de impuestos.

          Otro, con la generación de condiciones tributarias absolutamente privilegiadas para las grandes corporaciones y los grupos económicos.

          Finalmente, hay un mecanismo que impacta gravísimamente en la concentración de la riqueza: la firma de tratados de libre comercio que establecen condiciones de privilegio para las empresas transnacionales asentadas en diversos países.

          Hay una desregulación que les permite quedarse con los servicios públicos, la provisión de bienes del Estado y gran parte del mercado nacional de los países que firman estos acuerdos. Además, gozan de un enorme privilegio que el Estado no tiene: concurrir a ámbitos de arbitraje, como el CIADI, que sistemáticamente fallan en contra de los Estados y a favor de los grandes grupos económicos, cuando el Estado lo que hace valer es la soberanía nacional en pos del bienestar general.

          Pido a los compañeros peronistas de distintos bloques que frenemos esta iniciativa que nada aportará a un mayor y mejor comercio con Chile. Nos lo dijeron hoy desde la Cancillería. Los miembros del Ministerio de Producción y Trabajo, esta mañana, se quedaron calladitos cuando planteamos estas cuestiones.

          Que ese voto negativo no sea contra la integración, las pymes de trabajadores chilenos o las pymes de trabajadores argentinos. Que sea un voto que abra la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo.

          Como pueden ver los señores diputados, este acuerdo obvia mencionar el principal instrumento de integración que tiene la Argentina: el Tratado de Maipú, suscripto en 2009. ¿Qué tipo de integración podemos alcanzar si obviamos los principios rectores del principal instrumento de articulación con la hermana República de Chile?

          Sobre todo por el hito que marca este acuerdo, entiendo que el rechazo es el camino más responsable en función de alcanzar un acuerdo comercial más ventajoso que redunde en un beneficio mutuo para Argentina y Chile; principalmente, para quienes trabajan y producen en ambos países. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Kicillof, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Kicillof.- Señor presidente: agregaré unos pocos elementos a lo que acaba de decir mi compañero Carmona.

          Este gobierno, desde que asumió viene hablando de una integración inteligente al mundo. Sinceramente, lo que hemos observado hasta ahora es una desesperación bastante inconducente que llevó a cometer varios papelones. En verdad, no se trata de una cuestión de inserción inteligente, sino precisamente de todo lo contrario. Una idea boba y fuera de tiempo que consiste en firmar, a tontas y a locas, tratados de libre comercio. Es una cuestión dogmática.

          Hay escuelas de economía que sostienen que el libre comercio es la panacea; algo que salvará a los países y contribuirá a su desarrollo. Pero se trata de escuelas que residen y tienen incidencia en los países centrales. Por lo menos, así era históricamente.

          El crecimiento de las naciones ha sido bastante desigual, por motivos que no hace falta aclarar porque son de público conocimiento. Hay países avanzados, atrasados, centrales, periféricos, desarrollados, subdesarrollados, emergentes o como queramos llamarlos. Si hay algo que no conviene a los países en vías de desarrollo es abrir completamente sus fronteras al ingreso de mercancías, bienes y servicios producidos en el exterior con mayor tecnología o grado de avance.

          Alguien podría pensar que es una tontería, que esa era la posición del gobierno anterior o que así piensa la gente anacrónica. Pero no; es la posición que sustentan todos los países del mundo, incluso los avanzados. ¿Cómo puede ser que el presidente de los Estados Unidos, la principal potencia mundial, diga: primero América? O sea, desarrollar su industria, generar empleo y cuidar sus capitales.

          Mientras tanto, en nuestro país observamos con bastante perplejidad –y a veces, un poco de vergüenza‑ a un presidente que no ha parado de firmar acuerdos de apertura indiscriminada de las importaciones y que, por la fase en que se encuentra el comercio mundial y las finanzas del planeta, ha recibido un “no” por parte de las grandes potencias. Intentó suscribir el tratado Transpacífico; ni bien asumió, Macri fue corriendo a firmarlo y nos hizo observadores de la Alianza del Pacífico. Poco tiempo después, Trump dijo: eso no existe más porque no le conviene a los Estados Unidos. ¡Miren si le va a convenir a la Argentina!

          De la misma manera, lo hemos visto fracasar cien veces en su intento de suscribir un tratado de libre comercio con la Unión Europea. No lo logró porque este bloque quiere proteger el empleo y el salario de sus trabajadores. En otras palabras, quiere cuidar lo suyo; Macri, no.

          Ahora nos encontramos con este nuevo intento, probablemente desesperado, inconducente y con pocos efectos. Como bien decía el señor diputado Carmona, lo más triste de la situación es que hoy votarán afirmativamente un acuerdo de libre comercio sin conocer un solo dato de cómo afectará a nuestra industria, al trabajo de la Argentina. Lo apoyarán porque lo dice Macri; o bien, porque necesita decir: “Alguno firmé. Fracasé en todos; pero éste con Chile, lo firmé”.

          Creo que tanto este Parlamento como la sociedad merecen una discusión un poquito más seria. Nadie afirma si, a partir de este acuerdo, habrá más trabajo o se generarán más riquezas. Es tener confianza ciega; es como rezar al altar del libre comercio en momentos en que se encuentra deteriorado, roto y cuestionado por las grandes potencias mundiales, que están mucho más avanzadas que la Argentina.

          ¿Saben por qué Trump quiere poner un arancel del 35 por ciento a China? Porque, si no lo hace, sus industrias no pueden competir. ¿Por qué trae de los pelos a las que quieren radicarse afuera? Porque entiende que el Estado debe defender, ante todo, la situación nacional. Esto no es en desmedro de otros países; apunta a evitar estrategias predatorias de otras naciones, que no es el caso de Chile.

          Lo más triste de todo esto es lo siguiente. Chile es un país asociado al Mercosur bajo la forma de un acuerdo de libre comercio. O sea, tenemos un acuerdo de ese tipo con dicho país a partir del Acuerdo de Complementación Económica, ACE N° 35, del año 2006, de arancel cero.

          Ahora bien, ¿qué agrega, desde el punto de vista económico, este nuevo acuerdo? ¿Qué van a votar? ¿Qué mejoras introduce para la Argentina e, incluso, para Chile? ¿Saben los señores diputados cómo estudia un país la firma de un tratado de libre comercio? Analiza, explica y fundamenta en su Parlamento que producirá un aumento de la riqueza, una mejora en la industria o en la producción, etcétera.

          En este caso, no hay nada de eso; mejor dicho, no sabemos. Estaremos votando a libro cerrado y las consecuencias serán inciertas. Solo pedimos que no sean tan dogmáticos, tan ideológicos y tan ridículos de pretender firmar, a esta altura, un tratado de libre comercio porque en otro momento estaba de moda. Ahora, no lo está.

          La Cancillería argentina ha confesado que ni el Poder Ejecutivo sabe si este acuerdo será bueno o malo. Anticipo que algunas cosas serán malas y que no hay que firmar. No se puede ceder soberanía a tribunales de arbitraje internacional. Nadie cree en esos tribunales. El CIADI no es un tribunal creíble; falló siempre en contra. Sus jueces son cuestionables. Y no lo digo yo; lo dicen los expertos de nuestra Cancillería.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Le pido al señor diputado que vaya cerrando.

 

Sr. Kicillof.- ¿No quieren escuchar? Correcto. Voten su tratado de libre comercio. Voy a ser breve, señor presidente.

          En conclusión, esto es contradictorio con una ley que ustedes impulsaron, que es la de compre nacional; no fomenta las inversiones ni garantiza los derechos jurídicos de las empresas argentinas, que los cede a una jurisdicción extranjera o, peor, extranacional, que es desfavorable en general para nuestro país. En telecomunicaciones pone en riesgo la intimidad de las personas. No sirve.

          Me gustaría por una vez poder contar en este Parlamento con un estudio serio. Porque ustedes trajeron estudios; por ejemplo, los que están ahora tratando de interrumpir, sin suerte, decían que lo que votaron para los jubilados los iba a beneficiar. Lo dijeron como cinco diputados de su sector y el presidente de la Nación. Ese es el nivel de estudio que tienen: ¡bolacean! Este tratado hay que discutirlo después de haberlo estudiado. Así hay que votarlo en contra. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Llaryora, por Córdoba.

 

Sr. Llaryora.- Señor presidente: retomando conceptos, a nosotros nos parece importante ampliar mercados. Necesitamos sí o sí relacionarnos de una manera inteligente con el mundo y no podemos hacerlo sin celebrar tratados o convenios, que no son nuevos porque lo han hecho muchísimos gobiernos de distintas maneras, eligiendo a diferentes aliados.

          Esa inserción tiene que ser inteligente, cuidando naturalmente cada uno sus industrias, como ocurre en todos los acuerdos que se firman en la diplomacia internacional.

          En este caso, nosotros hemos hecho consultas no solo en la reunión de comisión del día de hoy, en la cual incluso se contestaron muchas de las preguntas que formularon los diputados.

          Nosotros vamos a acompañar este tratado, pero hay algo que sí nos parece necesario. Es evidente que el Poder Ejecutivo tiene la potestad para firmar tratados como éste, pero está claro que el Congreso tiene la potestad de avalarlos o no. También está claro que este es un gobierno de minoría y que, más allá de las potestades que establece la Constitución, debemos ir generando un procedimiento distinto.

          En relación con ese procedimiento distinto, no puede ser que ingrese –como ocurrió en la sesión anterior- un tratado de esta manera y se quiera irrumpir así en el Congreso. Es más, se sometió a votación y, para hacer las consultas pertinentes y adentrarnos en cada uno de los temas, tuvimos que volverlo a comisión, lo cual genera naturalmente, en la diplomacia entre los países, algunos roces que no deberíamos tener, que son producto del mal manejo de estas situaciones.

          Lo que se hizo con este tratado, de idas y vueltas, de querer atropellar a todo el Congreso de esta manera, no me parece una buena alternativa, siendo que hay que cuidar la diplomacia de los países -en este caso del Mercosur- en su relación con nuestros hermanos chilenos.

          Les quiero decir a todos que en esta relación nosotros tenemos superávit comercial. O sea, no es una relación menor.

          Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Les quiero decir a los señores diputados que sabemos que hay otros acuerdos que se están trabajando con diversos sectores y con otros países. ¿Por qué no podemos establecer, en virtud de esta situación que se plantea, de un Poder Ejecutivo que no tiene mayoría en el Congreso, que algunos diputados vayan trabajando con la Cancillería en su elaboración?

          Considero que todas las preguntas se han hecho de buena fe, porque entiendo que todos los diputados tienen buena fe y quieren que a la Argentina le vaya bien. Entonces, me pregunto por qué no podemos proceder así para evitar situaciones como esta o como la que sufrimos en la anterior sesión, cuando debimos volver a comisión un acuerdo. De esa manera, cuando lo tratemos en el pleno de la Cámara, más allá de las posiciones ideológicas que cada uno pueda tener y de la inserción en el mundo que se piense que nuestro país debe adoptar, podríamos tener determinados temas ya solucionados y acotados.

          Por esa razón, nosotros vamos a acompañar este proyecto, pero pedimos especialmente a la comisión que lleve a cabo este trabajo en particular, en atención a que en la Argentina existe un gobierno con minoría en ambas cámaras del Congreso.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti, por Santa Fe.

 

Sr. Grandinetti.- Señor presidente: quisiera hacer algunas consideraciones, una de las cuales es de carácter metodológico.

          En primer lugar, considerando y aplaudiendo lo que usted impuso como normativa, que es esto de la diplomacia parlamentaria, debo reconocer que ese fue un avance -al menos desde nuestra humilde opinión- que lleva a este Parlamento a tener una visión de política de Estado un poco más consistente.

          En ese sentido, la primera objeción que planteamos es metodológica. Si efectivamente nosotros podemos conseguir consensos, si estamos buscando políticas que trasciendan al gobierno de turno, lo más importante es generar los ámbitos de debate, de discusión, de construcción, en los cuales se pueda participar.

          Está claro que la Constitución Nacional establece que la política internacional de la República Argentina corresponde al Poder Ejecutivo, y al Legislativo le toca decir que sí o que no; no podemos modificar el tratado. Lo que sí podemos es contribuir a la construcción de ese acuerdo que se logró con el hermano país de Chile.

          En ese sentido, encontramos una debilidad en esa construcción, porque no solamente no fueron consultados los legisladores en esto que tiene que ser una política de Estado a diez, quince o veinte años -obviamente modificándolo, si es que resulta necesario hacerlo-, sino que ni siquiera fueron consultados los actores económicos involucrados. Seguramente todo se puede enriquecer con miradas divergentes o diferentes. Por eso es una política de Estado.

          Creo que el aislamiento del Poder Ejecutivo en muchos temas también se refleja en este tratado y, además, en el apuro que tuvimos hace quince días para su tratamiento.

          Dicho esto, destaco nuevamente que su Presidencia, a partir de los últimos años en que me tocó ser diputado, intentó aplicar esa diplomacia parlamentaria en muchos otros temas, y considero que ese es un paso adelante.

          Ahora bien, en el capítulo 3 del tratado, cuando se habla de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas, se alude a la creación de un comité de seguimiento. Pero en ese comité de seguimiento solamente estarán involucrados funcionarios públicos; no hay ninguna entidad. Así que nosotros pedimos que quede expreso que ese comité de seguimiento tiene que tener la participación de las pymes, de CAME y de todas las cámaras involucradas, e incluso también del mundo del trabajo, porque es un ámbito de discusión y de seguimiento.

          Otro tema fundamental que también se planteó es cómo queda la relación de la Argentina de aquí en adelante. En el capítulo 20, página 290, se menciona que el tratado puede ser denunciado y dejado sin efecto por nuestro país cuando lo desee, y también puede ser reformado o enmendado de esa manera. Está bien, es una discusión y la teníamos que haber llevado adelante, pero también es cierto que no tenemos un paquete cerrado mucho más complicado.

          La otra cuestión que quería destacar es que el mismo tratado hace mención a las llamadas medidas disconformes. En el anexo 8.11 se acompaña un listado para la Argentina –y lo mismo hace Chile- de cuáles son los elementos que nuestro país deja por fuera porque los considera de política de Estado y que no van a entrar en este libre comercio. Allí se menciona la transferencia y disposición de participaciones accionarias o activos por parte de empresas estatales o entidades gubernamentales; asimismo, la Argentina se reserva el derecho a adoptar medidas para regular el control accionario por parte de inversionistas extranjeros.


          Habla de actividades de pesca, acuicultura y conexas, incluyendo el establecimiento de requisitos de domicilio, residencia o nacionalidad. También se refiere a medidas respecto de la navegación, composición de la tripulación y de las embarcaciones empleadas en la industria pesquera en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción. Aborda el tema de la energía nuclear; el otorgamiento de preferencias a los fabricantes nacionales de vehículos automotores, remolques y semirremolques; el otorgamiento de preferencias a los fabricantes nacionales de instrumentos y materiales médicos y odontológicos. En fin, se enumeran aquellos que se consideran sectores estratégicos.

          Con todo respeto, me parece que tendríamos que haber agregado otros temas: la industria satelital, la industria del software, sobre el cual vamos a tener que discutir un régimen que ha sido muy exitoso y que nos permitió tener una balanza comercial de cerca de 1.000 millones de dólares hacia la Argentina.

          Quizá en ese debate entre los diferentes sectores podríamos haber encontrado algunas conclusiones que beneficiaran a la industria nacional o a nuestros empresarios, que de eso se trata.

          Por eso, dicho lo anterior sobre la cuestión metodológica y la mención de cómo se tiene que hacer el seguimiento y la apertura de un debate, se puede añadir a partir de ahora ‑ya que esto no queda cerrado en función de lo ya firmado‑ lo relativo a áreas estratégicas, como la industria satelital y la del software, a las que podemos agregar la industria carrocera, que es muy cara a algunas provincias, y algunas otras que seguramente los representantes de las provincias pueden añadir. También es cierto que a las provincias no las involucra.

          Señor presidente: cuando estamos midiendo el impacto económico de este tipo de tratados, como se pidió aquí –y en eso coincido con el señor diputado Carmona‑, tenemos que medir también la simetría de cuando estas empresas chilenas vengan a participar en las licitaciones del compre nacional, para que lo hagan en igualdad de condiciones, ya que ellas tienen algo que la mayoría de las empresas en la República Argentina no tiene. ¿Sabe qué es, señor presidente? Acceso a un crédito que se pueda devolver. Con tasas del 60, 70 u 80 por ciento, estamos limitando a nuestros empresarios.

          Dichas todas estas objeciones, igual vamos a acompañar la aprobación, solicitando que sean incorporadas estas cuestiones que mencioné.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Lousteau, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Lousteau.- Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que me resulta un tanto curioso y llamativo escuchar hablar de dogmatismo o falta de estudios profundos para decisiones importantes, y acto seguido decir que alguien puede garantizar cuál va a ser el impacto y que va a haber pérdida de trabajos argentinos. Si no hay estudios, no los hay, pero que alguien diga “porque yo lo digo”, me parece un poco llamativo y contradictorio con decir que hay dogmatismo o falta de estudio profundo.

          La vez anterior votamos que el tema volviera a comisión porque nos parecía que se había trabajado poco y es un tema muy específico, que ni siquiera los economistas conocemos bien; solo aquellos que se dedican a este tipo de negociaciones conocen los pormenores y cada uno de los detalles. Por eso decimos que requiere más tiempo y otra manera de trabajar, sobre todo a futuro.

          Nosotros ya tenemos un acuerdo de complementación económica, el ACE 35, ya se sabe, y llegamos a arancel cero en el año 2014. Entonces, este es un acuerdo que complementa en comercio electrónico, en inversiones, en compras estatales, en barreras pararancelarias, inclusive en perspectiva de género y en solución de controversias. Pero no modifica sustancialmente lo que está ocurriendo con el comercio, porque ya tenemos arancel cero, salvo las excepciones que ya existen desde 2014. Entonces, no va a dar lugar a una avalancha de importaciones. De hecho, las protestas por importaciones de Chile están teniendo lugar con el actual marco de acuerdo con ese país.

          En segundo lugar, quiero señalar que es por eso que no ha habido reclamos de todas las entidades que supuestamente no se convocó. Si hubiera algo que piensan que es gravoso o perjudicial, sin ninguna duda todos los diputados las estaríamos escuchando, diciéndonos “esto nos preocupa muchísimo”. Pero no ocurrió, como sí ocurrió en otras cosas que hemos discutido.

          No soy de los que creen que tenemos que tener superávit comercial con todos los países, porque a veces uno tiene superávit comercial o déficit comercial con otros países porque las economías son complementarias. Lo importante es no tener déficit comercial todo el tiempo, porque eso está marcando que no somos productivos o que no somos competitivos o que el tipo de cambio está desalineado.

          Ahora, en el caso de Chile, con arancel cero, tenemos el superávit más alto que con cualquier otro país. De hecho, tenemos tres mil pymes que exportan a Chile. Entonces, lo que no va a pasar es una avalancha, porque no hay ningún cambio sustancial, salvo algunas cuestiones sobre las cuales creemos que siempre podría haber habido mejor información. Pero sí se va a trabajar, como decía antes, en barreras fitosanitarias, en comercio electrónico, en compras estatales, sin que la Argentina pierda ninguna potestad regulatoria. Y creo que nosotros podemos aprender, en el trayecto, cómo resolver estas cuestiones que mencionaba antes.

          La vez anterior escuché algunos argumentos por parte del oficialismo de que esto había que votarlo porque no había que tener miedo de competir, que no me parece un buen argumento, o porque acabábamos de pasar por el G-20, que tampoco me parece un buen argumento. Es un acuerdo que hay que mirar con detalle.

          La apertura comercial ha traído prosperidad al mundo; eso no quiere decir que todo el mundo se beneficie de la apertura comercial y de esa prosperidad. De hecho, lo estamos viendo en muchos lugares; uno se abre, puede intercambiar, puede mejorar el bienestar, pero siempre hay alguien que es afectado y por eso debemos tener cuidado y mucha sensibilidad. Pero, insisto, este no es el caso.

          Con respecto a otras cuestiones, a mí tampoco me gustan, como el CIADI, pero son mecanismos utilizados.  La Argentina es un país muy demandado ante el CIADI porque incumplimos permanentemente, y lo hacemos porque legislamos mal, en contra de la realidad. En los 90 legislamos que las empresas de servicios públicos debían tener tarifas en dólares, y después nos hicimos los distraídos y nunca ajustamos las tarifas. Legislamos mal cuando hacemos un sistema previsional que se rompe todo el tiempo porque no lo discutimos rigurosamente y con datos, y eso pasó en las moratorias, pasó otra vez este año y nosotros lo hemos señalado.

          ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros decimos que las pymes tienen que competir, ganar mercado, vender valor agregado, vender trabajo argentino con salario alto, hay muchos costos que conocemos: el salario, los insumos, la energía.

          Ahora, la mitad del costo de cualquier empresa que trata de producir y exportar es el Estado, y nuestro Estado es cada vez más caro y cada vez peor. Esto es lo que tenemos que atender. Nosotros podemos hacer acuerdos, pero la única manera de dar prosperidad es si a través de los impuestos que cobramos podemos dar a los argentinos un Estado cada vez mejor, mejor que el chileno, que el coreano o el estadounidense. Si no, obviamente que nos vamos a tener que cerrar, porque no vamos a poder competir con nadie.

          Insisto: la vez pasada votamos la vuelta a comisión porque este acuerdo es relativamente inocuo, pero sabemos que van a venir otros y no nos gusta esta metodología para discutirlos. En este caso no son necesarios macroestudios de impacto económico, pero sí en algunos rubros: cuál es el mercado que les abrimos a las empresas chilenas con el compre estatal, cuál es el mercado que nos abren ellos. Eso es muy fácil de aproximar, y esos números no los tenemos.

          Ese es un punto que comparto con el señor diputado Carmona. Siempre se pueden tener más números, siempre se pueden discutir las cosas con más rigurosidad. Y eso es lo que le debemos a la gente, a las pymes que quieren competir, a nuestras empresas que quieren resistir y producir frente a las importaciones y, sobre todo, para poder brindar trabajo con mayor valor agregado y mejores salarios en el mercado global. Nosotros somos un mercado chico; queremos exportar con cada vez más valor agregado.

          Lo que no nos gusta en todo este proceso ‑que en parte se ha corregido, pero es un signo de amarillo a rojo para próximas discusiones- es que se trata de una materia muy compleja y hay que convocar a asesores especializados. Si queremos que el Estado mejore, tiene que ser mejor el Poder Ejecutivo cuando negocia, el Poder Legislativo cuando legisla ‑y para eso necesitamos mejor información y estar al tanto de las discusiones que se están dando‑ y también tiene que ser mejor el Poder Judicial.

          Entonces, después de haber dicho que el tema tenía que volver a comisión y después de habernos reunido con funcionarios de Cancillería y del Ministerio de Producción, vamos a acompañar la aprobación porque estamos convencidos de ello, y porque la vuelta a comisión fue un llamado de atención. No nos parece que esta tenga que ser la metodología para adelante si queremos tener éxito.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Ginocchio, por Catamarca.

 

Sra. Ginocchio.- Señor presidente: he escuchado a quienes me precedieron en el uso de la palabra, y la verdad es que desde nuestro bloque entendemos que la comunidad internacional, en virtud de lo que es el avance de la tecnología y de los medios de transporte, encuentra en la cooperación entre los Estados una herramienta que favorece al desarrollo.


          El acuerdo de complementación económica N°35 celebrado entre los Estados parte del Mercosur y la República de Chile busca encaminarse a profundizar esa cooperación, facilitar la planificación e intercambio de bienes y servicios, facilitando esa integración, así como las exportaciones. Esto nos permitirá ampliar ese mercado a todos los países con lo que la República de Chile tiene acuerdos comerciales, siendo uno de los países que más acuerdos ha firmado, en función de una política mantenida en los últimos años.

          Esto es positivo en tanto y en cuanto se desenvuelva en el marco del respeto de nuestros derechos sociales, las políticas de tratamiento diferenciados que sean necesarios para nuestro país y sea generador de un desarrollo económico sustentable de nuestros productores pymes, que permita el valor agregado en nuestras industrias y lleve a una mejor calidad de vida a los ciudadanos, generando puestos de trabajo de calidad.

          Cabe precisar, además, que para el crecimiento del comercio exterior y la efectividad del acuerdo que estamos hoy tratando en el recinto, es fundamental repensar desde las políticas públicas las conexiones de transporte. Es preciso contar con vías de comunicación estratégicas, proyecto de infraestructura, como es el caso que venimos planteando en reiteradas oportunidades sobre el corredor bioceánico NOA-Centro. Sin duda este sería un eje básico en un desarrollo sustentable de la macro región argentino-chilena de Atacalar, en la región del NOA, una importante inversión que sería recuperable con el crecimiento económico estimado en un plazo de no más de diez años.

          La necesidad de avanzar con el corredor está instalada en nuestra región del NOA; falta la decisión política. Fue objeto de tratamiento este año en la reunión plenaria de Atacalar, en Río Hondo, con presencia de funcionarios provinciales de Chile y argentinos. Urge entonces la decisión política de realizarlo.

          El corredor bioceánico significa para Catamarca y la región no quedar fuera del Acuerdo de Complementación Económica N°35, acceder a nuevos mercados y, sobre todo, un desarrollo y crecimiento superador de desigualdades y asimetrías.

          Desde el bloque Elijo Catamarca acompañaremos el proyecto, entendiendo que para que sea operativo es necesaria la inversión en infraestructura y conexiones de medios de transporte, de forma tal que esto no quede en un simple anhelo.

          Cabe agregar que próximamente, en enero de 2019, quedará inaugurado un tramo de ruta del lado de Chile. Esto será posible en función de gestión que se viene realizando desde el gobierno de Catamarca. Tenemos un profundo interés en el intercambio comercial con la vecina República de Chile, que será generador de un desarrollo para toda la región, para Catamarca y, de alguna manera, también para superar estas desigualdades que siempre estamos manifestando.

          Seguiremos insistiendo para que el corredor bioceánico sea incorporado en el presupuesto general. Creemos que esto es algo para tener en cuenta y es importante que forme parte de la agenda de gobierno. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.

 

Sra. Del Plá.- Señor presidente: indudablemente, un proyecto que se trata por segunda vez en dos semanas forma parte de los compromisos que el gobierno adoptó en la reunión del G-20. La sesión anterior caractericé este acuerdo como una de las muestras de “cipayismo”, y ante el hecho de que se me pudiera estar pasando algo que no hubiera apreciado, esta mañana fui a la reunión conjunta de las comisiones, a ver si escuchaba algo nuevo.

          A la tercera vez que el funcionario informante dijo que esto era una muestra de la integración inteligente al mundo, me asaltó la idea del riesgo país y pensé ¡zás!, con el riesgo país superando los 700 y pico de puntos no parece que estemos en una inserción demasiado inteligente al mundo.

          Transcurrida la jornada de hoy, en la que el riesgo país está llegando a los 786 puntos, donde los capitales especulativos ponen en duda la capacidad de pago para el año 2020 y también la del megaendeudamiento más cercano, más duda genera el concepto de la integración inteligente al mundo. Más bien parece que todas las señales de sometimiento a los banqueros, a los fondos especulativos de inversión, al FMI, al Banco Mundial y a los monopolios internacionales, en lugar de ser una integración inteligente al mundo, están contribuyendo al saqueo sistemático del país.

          En este punto, ¿qué nos indica este acuerdo que tanta intención hay para suscribir, ya que en verdad la reunión de hoy no aportó demasiado? En realidad, es una integración entre monopolios que se dividen el trabajo. Algo similar a lo que ya es el Mercosur: vienen las empresas multinacionales, se instalan de un lado o del otro, hacen una división del trabajo, aprovechan para promover subsidios de un lado, desgravaciones del otro y de esa manera hacen negocios, por supuesto, a costillas de los países de uno y otro lado, y, especialmente, de las y los trabajadores.

          Por eso acá la integración y estos acuerdos son para las patronales y no para los trabajadores. Acá no hay ninguna preocupación, aunque se intente traficar esa idea, por las cuestiones de género.

          Recién estuvimos durante horas discutiendo cómo este Congreso da la espalda a los problemas y las reivindicaciones de las mujeres, y ahora me van a contar que este tratado complementario con Chile es para atender los problemas de género. ¡Por favor, un poco de seriedad a estas horas de la madrugada!       

          ¡Ningún problema de género! Una vez más, acá se está haciendo un acuerdo en beneficio de las patronales; ni siquiera en beneficio de la mayoría de uno u otro país, sino de las patronales imperialistas, utilizando nuestros recursos.

          ¿Y qué va a pasar si hay una controversia? Vamos al CIADI. Imagínense qué va resolver el CIADI: otra vez contra la Argentina.

          Pero la Argentina no es un ente genérico. La Argentina somos las clases sociales que la integramos. Por lo tanto, ¿sabe quién va a pagar? Los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, la juventud y las niñas y niños que no tienen edad para trabajar, pero que en muchos casos en nuestro país lo hacen, mientras los que gobiernan lo ignoran.

          Por lo expuesto, una vez más rechazaremos este acuerdo porque entendemos que no tiene nada bueno para los trabajadores, y que un acuerdo de integración económica positivo será hecho por los trabajadores de uno y otro lado, no solo de la Argentina y de Chile, sino de toda América latina, cuando pongamos en pie la unidad socialista de América Latina.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.

 

Sr. Ramón.- Señor presidente: este acuerdo de complementación del original convenio celebrado allá por 1996 y su rectificación en 2014, con el acuerdo de arancel cero, tiene un tema neurálgico, que es el hecho de que la balanza comercial con nuestro vecino país de Chile se inclina hacia nosotros.

          Haré una exposición breve, formulando el mismo planteo de la semana anterior, para que volviera al análisis de la comisión. Aquí hay un tema central, que es una cuestión constitucional. El Poder Ejecutivo es el que tiene que asumir el derecho y la obligación de resolver y llevar adelante este tipo de acuerdos.

          Me interesa dejar planteado un tema que se relaciona con las inversiones que se hacen para actuar como proveedores de servicios públicos.

          Solicito insertar toda la argumentación, ya que es larga y técnica y podría llevar un tiempo que no quiero utilizar en este momento.

          Adelanto que apoyaremos la aprobación del presente acuerdo de complementación.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Suarez Lastra, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Suarez Lastra.- Señor presidente: simplemente quiero reivindicar una buena decisión de esta Cámara.

          A mí me dolió cuando este acuerdo se pasó a comisión, pero me parece que lo mejor es que un acuerdo internacional no sea votado solo por el sector del oficialismo, sino por todos los bloques. Creo que un defecto nuestro, con esto hago una autocrítica, fue impulsar un acuerdo de carácter internacional sin haber tomado los recaudos debidos de acompañamiento de otros sectores.

          Acá se invocó al peronismo, que tiene tradición de lograr este tipo de relación con Chile y que históricamente acompañó las políticas de integración al Mercosur. Además, a través de los tratados firmados con Chile en 1994, 1995 y el de libre comercio con arancel cero de 2014, el peronismo en todas sus variantes ha participado de los acuerdos de cooperación con dicho país.

          El hecho de que este acuerdo haya vuelto a comisión para ser considerado nuevamente y donde la Cancillería pudo dar explicaciones, que a nosotros, y por lo que se ve también le ocurrió lo mismo a muchos diputados, nos convencieron, es un avance.

          En el debate en comisión surgió una perspectiva de trabajo muy interesante para ver cómo tratar los acuerdos internacionales a futuro. La Constitución establece como criterio general que el papel del Congreso es aprobar o rechazar los acuerdos. Durante esta reunión quedó clara la vocación tanto de todos los bloques como de la Cancillería y sus funcionarios en el sentido de que en el futuro antes de firmar los tratados habrá una participación del Parlamento, porque luego es quien debe aprobarlos.

          Este tratado se debatió en comisión y ahora lo vamos a votar con el acuerdo de la mayoría de los bloques opositores; el mejor camino es que la política internacional sea una política de Estado que exprese al conjunto de los argentinos.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra el señor diputado Iglesias, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Iglesias.- Señor presidente: me gustaría contestar a distintos diputados preopinantes que se manifestaron, por un lado, sobre la participación en pactos internacionales y, por otro, sobre las negociaciones con el CIADI y el Club de París.

          Dado lo escaso del tiempo, solicito autorización para insertar en el Diario de Sesiones las palabras que pensaba pronunciar al respecto.

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Tiene la palabra el señor diputado Zottos, por Salta.

 

Sr. Zottos.- Señor presidente: quiero dar un dato importante. Votaré afirmativamente por este tratado, tal como lo dijo el señor diputado Llaryola.

          Es importante tener en cuenta que luego de haber estado investigando este acuerdo, en Chile tuvo inconvenientes porque este año no fue aprobado en la Cámara de Diputados chilena. ¿Saben por qué hizo esto? Porque entienden que con este acuerdo los pequeños productores agrícolas, ganaderos y lecheros de ese país tienen desventajas. Quería brindar este dato a la Cámara.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y otras recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se aprueba el Acuerdo de Complementación Económica 35 celebrado entre los Estados partes del Mercosur y la República de Chile suscripto en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 4 de enero de 2018 (expediente 93-S.-2018).

-   Se practica la votación nominal.

-   Conforme al tablero electrónico, sobre 163 señores diputados presentes, 113 han votado por la afirmativa y 44, por la negativa, registrándose además 4 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 113 votos afirmativos; 44, negativos, y 4 abstenciones.[9]

 

Sr. Presidente (Monzó).-  Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.

          Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.[10]

          Los integrantes del bloque Red por Argentina manifiestan su abstención. El diputado Yasky y el diputado Basterra aclaran que han votado por la negativa.

         

 

                                                                                                          - 28 -       

renuncia

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia informa que obra en Secretaría la renuncia a su banca presentada por la señora diputada doña Anabella Hers Cabral.

         

 

 

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración.

          Se va a votar.

-   Resulta afirmativa.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Queda aceptada la renuncia presentada.

Si hubiere asentimiento de la Honorable Cámara, se autorizarán las inserciones solicitadas por los señores diputados en el curso de la sesión.

-   Asentimiento.

 

Sr. Presidente (Monzó).- Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.[11]

          Habiéndose cumplimentado el objeto para el cual fue convocada, queda levantada esta sesión especial.

          La Presidencia les desea Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo a todos los diputados y diputadas. (Aplausos.)

-   Es la hora 1 y 28.

 



[1] Véase el Acta N°    de votación nominal en el Apéndice. (Pág.    )

[2] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág.   )

[3] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág.   )

[4] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág.   )

 

[5] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág.   )

[6] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág.   )

[7] Véase el Acta N°   de votación nominal en el Apéndice. (Pág.   )

 

[8] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág.   )

 

 

 

[9] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág.   )

[10] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág.     )

[11] Véase el texto de las inserciones en el Apéndice. (Pág.   )