-
- En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los cuatro días del mes de abril de 2019, a la hora 12 y 19:
- 1 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Con la presencia de 130 señores diputados queda abierta la sesión especial
convocada conforme al requerimiento efectuado por varios señores diputados en
número reglamentario.
Invito a la señora diputada por el
distrito electoral de Buenos Aires doña María Isabel Guerin y al señor diputado
por el distrito electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires don Marco
Lavagna a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
- - Puestos de pie los señores
diputados y el público presente, la señora diputada doña María Isabel Guerin y
el señor diputado don Marco Lavagna proceden a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos en las
bancas y en las galerías.)
- 2 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Invito a los señores diputados y al público presente a entonar las estrofas del
Himno Nacional Argentino, que será interpretado por un cuarteto integrado por
músicos de la orquesta de cámara del Congreso de la Nación.
- - Puestos de pie, los señores
diputados y el público presente entonan las estrofas del Himno Nacional
Argentino. (Aplausos en las bancas y en
las galerías.)
- 3 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia
mediante la que se convoca a sesión especial.
Sr. Secretario (Inchausti).- Dice así: “Visto la presentación efectuada por la señora diputada
Graciela Camaño y otros señores diputados y señoras diputadas, y la posterior
solicitud de ampliación de temario, por la que se solicita la realización de
una sesión especial para el día 4 de abril de 2019 a las 11 y 30 horas, y
considerando los artículos 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara, el
presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve: Artículo
1°.- Citar a los señores diputados y
a las señoras diputadas para el día 4 de abril de 2019 a las 11 y 30 horas a
fin de considerar los siguientes expedientes:
Expediente 1.195-D.-2019, de ley. Exención Impuesto a las Ganancias. Agréguese el
inciso f) al artículo 20 de la ley 20.628 (texto ordenado según leyes 27.346 y
27.430).
Expediente 1.205-D.-2019, de ley. Exención del pago de Impuesto a las Ganancias para
jubilados y pensionados.
Expediente 3.077-D.-2018, de ley. Declárese el estado de emergencia alimentaria y
nutricional en la República Argentina por el término de un año, prorrogable por
seis meses.
Expediente
6.643-D.-2018. De ley. Prórroga de
emergencia alimentaria hasta el año 2021.
Expediente
3.481-D.-2018. De ley. Programa
Nacional de Becas Universitarias. Creación.
Expediente
810-D.-2019. De resolución.
Solicitar al Poder Ejecutivo disponga las medidas necesarias para convocar un
acuerdo solidario nacional, para estabilizar los precios.
Expediente
796-D.-2019. De ley. Declárase la
emergencia tarifaria de servicios públicos en todo el país. Creación de una
comisión bicameral en el ámbito del Congreso de la Nación.
Expediente
690-D.-2019. De ley. Declárase la
emergencia tarifaria por el plazo de seis meses en todo el territorio nacional.
Expediente
255-D.-2019. De resolución.
Solicitar al Poder Ejecutivo disponga declarar la emergencia tarifaria en todo
el territorio nacional, y otras cuestiones conexas.
Expediente
7.749-D-2018. De ley. Dejar sin efecto los aumentos tarifarios de los servicios
públicos de gas, electricidad, agua potable y cloacas, a partir del mes de
enero de 2019.
Expediente
6.847-D-2018. De ley. Declárese la emergencia pública en materia tarifaria
eléctrica, de gas por redes y de agua corriente en todo el territorio de la
República Argentina hasta el 31 de diciembre de 2019.
Expediente
5.608-D-2018. De ley. Establecer que será competencia del Congreso de la Nación
otorgar tratamiento legislativo al resultado de las audiencias públicas
celebradas por organismos y entes reguladores de servicios públicos.
Expediente
5.610-D-2018. De ley. Régimen especial para usuarios residenciales, en cuyos
domicilios el suministro de energía eléctrica constituye único servicio público
provisto para su subsistencia.
Expediente
480-D.-2019. De ley. Declarar
insanablemente nula la resolución 261/17 de fecha 8 de mayo de 2017, del
Ministerio de Energía y Minería, Secretaría de Energía Eléctrica, la cual
establece un cuadro tarifario para usuarios electrodependientes.
Expediente
172-D.-2019. De ley. Impuesto al
Valor Agregado IVA -ley 23.349. Modificación del artículo 7°, sobre eximición
de pago de IVA en tarifas de energía eléctrica y gas natural a residentes
patagónicos.
Expediente
5.617-D.-2018 De ley. Programa
Nacional de Becas para Estudiantes Universitarios y Terciarios Centenario de la
Reforma Universitaria. Creación.
Expediente
6.791-D.-2018. De ley. Boleto
escolar gratuito y de tarifa reducida para estudiantes y docentes. Creación.
Expediente
803-D.-2019. De ley. Declarar la
emergencia pública en materia social por violencia de género en todo el
territorio nacional por el término de dos años prorrogables.
Expediente
742-D.-2019. De ley. Nacional de
Armas y Explosivos. Ley 20.429. Modificación del artículo 29, sobre tenencia o
posesión de armas de fuego por personas denunciadas por violencia de género o
intrafamiliar.
Expediente
740-D-2019. De ley. Protección Integral a las Mujeres. Ley 26.485.
Modificación, de los artículos 9°, 11 y 26 sobre tenencia o posesión de armas
de fuego cuando la persona haya sido denunciada por violencia de género o
intrafamiliar.
Expediente
473-D.-2019. De resolución. Pedido
de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la
realización y difusión del spot del 2016, que promocionaba la línea 144 de
denuncias por violencia de género, protagonizado entre otros por Juan Darthés.
Expediente
369-D-2019. De ley. Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
violencia contra las Mujeres -ley 26.485. Modificaciones sobre incorporar la
perspectiva de mujer con discapacidad y de mujer indígena.
Expediente
213-D.-2019. De ley. Asistencia
material y desarrollo humano para víctimas de violencia de género. Creación del
fondo de soluciones habitacionales permanentes.
Expediente
186-D.-2019. De ley. Contrato de
Trabajo ‑ley 20.744. Modificación del artículo 158, incorporando la
licencia por violencia de género.
Expediente
70-D.-2019. De ley. Violencia
familiar y violencia de género. Régimen de actuación policial.
Expediente
7.699-D-2018. De ley. Declárase la emergencia del sistema de promoción y
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres por el término de tres años. Creación del Consejo Nacional de
Emergencia en Violencia de Género y Femicidios.
Expediente
7.831-D-2018. De ley. Derogación del Decreto del Poder Ejecutivo 104/2019
referido a la Dirección General de Fabricaciones Militares.
Expediente
5.076-D.-2018. De ley. Declarar la
emergencia laboral en la Dirección General de Fabricaciones Militares, por el
término de 24 meses.
Expediente
109-S.-2018. Proyecto de ley en
revisión por el cual se dispone la reincorporación inmediata de los
trabajadores cesanteados en las fábricas militares de Villa María y Fray Luis
Beltrán, provincia de Córdoba, entre los meses de diciembre de 2017 y agosto de
2018.
Expediente 1.381-D.-19. De ley. Suspensión de ejecuciones hipotecarias por el término
de 180 días para vivienda única.
Expediente 3.985-D.-18.
De ley. Sistema para el fomento de la inversión en vivienda -ley 27.271.
Modificación del artículo 6°, sobre actualización mensual del valor inicial en
pesos de las unidades de vivienda -UVI- según la variación del coeficiente de
variación salarial ‑CVS-. Derogación del artículo 7°
Expediente
4008-D-18. De ley. Exceptúase la aplicación del Coeficiente de Estabilización
de Referencia (C.E.R.) y del Índice del Costo de la Construcción (I.C.C.) a
todos aquellos préstamos otorgados a personas físicas por parte de entidades
financieras comprendidas en la ley 21.526, sociedades cooperativas,
asociaciones, mutuales o por personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza.
Expediente
5681-D-18. De ley. Régimen especial de refinanciación hipotecaria y registro de
deudores hipotecarios. Creación.
Expediente
974-D-19. De ley. Declarar en emergencia económica a los consumidores
financieros de todas las líneas de créditos hipotecarios UVA o UVI, en todo el
territorio nacional.
Expediente
897-D-19. De ley. Declárase la emergencia de todos los préstamos para
adquisición de inmuebles destinados a vivienda única y de ocupación permanente
-UVA y UVI-.
Expediente
5527-D-18. De ley. Límites a los intereses compensatorios y punitorios que
cobran las tarjetas de crédito. Régimen.
Expediente
1319-D-18. De ley. Contrato de trabajo -ley 20.744- incorporación del artículo
176 bis, sobre equidad de género.
Expediente
1234-D-19. De ley. Exención del pago del impuesto a las ganancias a jubilados y
pensionados. Régimen.
Expediente
2111-D-18. De ley. Anulación de aumentos tarifarios en los servicios públicos
con retroactividad al 1° de enero de 2016. Derogación del decreto 962/17, sobre
importación de crudos y combustibles.
Expediente
2639-D-18. De ley. Creación de la empresa estatal "Yacimientos
Petrolíferos Fiscales -YPF-". Declarar de utilidad pública y sujeta a
expropiación la industria hidrocarburífera del país.
Expediente
1293-D-19. De ley. Declarar la emergencia pública en materia social por
violencia de género en todo el territorio nacional, por el término de 2 años
prorrogables.
Expediente
7060-D-18. De ley. Consejo Federal para la Lucha Contra los Femicidios. Creación.
Modificación de la ley 27.148 de Ministerio Publico Fiscal.
Expediente
1386-D-19. De ley. Emergencia nacional por violencia de género. Declaración.
Expediente
1122-D-19. De ley. Programa de respaldo a estudiantes argentinos ‑Progresar‑.
Creación.
Expediente
694-D-19. De resolución. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga el cumplimiento
de la ley 25.724 -Programa de Nutrición y Alimentación Nacional- y otras
cuestiones conexas.
Expediente
1281-D-19. De ley. Red federal de hogares de protección integral para mujeres
en situación de violencia. Creación.
Expediente
1938-D-18. De ley. Programa de respaldo a estudiantes argentinos –Progresar‑.
Creación. Derogación de los decretos de necesidad y urgencia 84/14; 505/15 y
90/18.
Expediente
1213-D-19. De ley. Impuestos a las ganancias -ley 20628-. Modificación del
artículo 79 sobre exenciones a jubilados, pensionados y para empleados en
relación de dependencia.
Expediente
964-D-19. De ley. Régimen laboral ‑ley 25.877‑. Modificación del
artículo 24 sobre incorporación del transporte público como servicio esencial.
Expediente
420-D-19. De ley. Declarar como derecho humano el acceso a los servicios
públicos de agua potable, gas y energía eléctrica.
Expediente
7775-D-18. De ley. Marco regulatorio para la protección del usuario de
servicios públicos. Creación. Modificación de la ley 24.240.
Expediente
6279-D-18. De ley. Gas natural -ley 24.076-. Modificaciones sobre ajustes
tarifarios a los servicios prestados por los transportistas y distribuidores.
Expediente
5754-D-18. De ley. Establécese la prohibición de despidos y suspensiones sin
causa justa de trabajadores por el término de 24 meses en todo el territorio
nacional.
Expediente
3045-D-18. De ley. Pensiones y jubilaciones de privilegio. Derogación de las
leyes 21.540, 22.731 y 24.018.
Expediente
2299-D-18. De ley. Congelamiento de los cuadros tarifarios. Creación de la
comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas de empresas de
servicios concesionadas de alcance nacional y provincial.
Expediente
2085-D-18. De ley. Declárase la emergencia económica en materia de prestación
de servicios públicos para las cooperativas de trabajo de fábricas o empresas
recuperadas, por el término de 24 meses.
Expediente 825-D-18. De ley.
Plan nacional de emergencia contra la violencia hacia las mujeres. Creación.
Modificación de la ley 20.744, de contrato de trabajo.
Expediente
824-D-18. De ley. Licencias laborales para las víctimas de violencia de género.
Régimen. Modificación de la ley 20.744, de contrato de trabajo.
Expediente
1225-D-19. De ley. Boleto educativo gratuito. Creación.
Expediente
789-D-19. De ley. Programa Nacional de Capacitación de Promotores Territoriales
en Género. Creación en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación (reproducción del expediente 2612-D-17).
Expediente
7711-D-18. De ley. Declarar en todo el territorio nacional la emergencia
pública en materia de niñez y adolescencia. Creación de la Comisión Bicameral
de Seguimiento y Control de la Emergencia en Niñez y Adolescencia. Modificación
del artículo 72 de la ley 26.061 de protección integral de derechos de niños,
niñas y adolescentes.
Expediente
7797-D-18. De ley. Declarar en todo el territorio nacional la emergencia
pública en educación, por el término de tres años.
Expediente
3692-D-18. De ley. Plan estratégico de microcrédito social para el trabajo y la
producción. Creación en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación. Modificación del artículo 15 de la ley 26.117.
Expediente
7791-D-18. De ley. Declárese la emergencia de la actividad metalúrgica para el
todo territorio nacional.
Expediente
0784-D-19. De ley. Lago Escondido, provincia de Río Negro. Se declara de
interés público nacional su acceso libre y adecuado por el camino que nace en
el paraje Tacuifi (reproducción del
expediente 2023-D-16).
Expediente
1228-D-19. De ley. Impuestos a las ganancias - ley 20628 -. Modificación del
artículo 20 bis y derogación del artículo 79, sobre exenciones a remuneraciones
percibidas en concepto de guardias obligatorias.
Expediente
0178-D-19. De declaración. Expresar preocupación por la pérdida de puestos de
trabajo durante el año 2018.
Expediente
5651-D-18. De ley. Derógase la resolución 122/2018 del Ministerio de Energía de
la Nación, por la cual se deja sin efecto el beneficio de la tarifa social del
servicio eléctrico.
Expediente
7326-D-18. De ley. Decreto de necesidad y urgencia 1053/18 de modificación del
Presupuesto nacional 2018. Derogación del artículo 7°.
Expediente
4698-D-18. De ley. Declarase como servicio público la producción, captación y
tratamiento de gas natural con destino al sistema de transporte.
Expediente
1053-D-19. De ley. Impuesto al Valor Agregado. Modificación del artículo 7°,
sobre exención para los productos de gestión menstrual.
Expediente
1055-D-19. De ley. Provisión gratuita de elementos para la gestión menstrual.
Régimen.
Expediente
0452-D-19. De ley. Garantizar el derecho a la participación popular en la vía
pública en sus distintas formas a fin de evitar su criminalización. Régimen.
Expediente
1296-D-18. De ley. Establécese una tarifa diferencial del valor del megavatio
para las provincias de Entre Ríos y Corrientes.
Expediente
1807-D-18. De ley. Régimen diferenciado de tarifa de gas vigente en las
provincias patagónicas y de La Pampa. Incorporación de la provincia de Mendoza.
Modificación de la ley 25.565, de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el ejercicio
2002.
- 4 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Como esta es una sesión especial, no hay homenajes. Sin embargo,
la Presidencia ha acordado tres excepciones, en nombre de todos los diputados.
En
primer lugar, la Presidencia propone aplausos en conmemoración de los héroes de
Malvinas y sus familias. (Aplausos.)
-
- Puestos
de pie, los señores diputados y el público presente proceden a aplaudir durante
un minuto.
Sr.
Presidente (Monzó).- En este caso, la Presidencia solicita un minuto de silencio por
el fallecimiento del señor diputado Hugo Orlando Infante.
-
- Puestos
de pie, los señores diputados y el público presente guardan un minuto de
silencio.
Sr.
Presidente (Monzó).- Por último, la Presidencia y las autoridades de la Cámara
solicitamos un homenaje y un minuto de silencio por el fallecimiento de Luis
Nasso, director de Sistemas Electrónicos de la Cámara de Diputados, quien
falleciera durante la madrugada del domingo pasado. Estoy seguro de que ustedes
lo recordarán debido a que desde 1983 trabajaba en el área de Sistemas de esta
Cámara. Esta ausencia es muy sentida por todos nosotros.
-
- Puestos
de pie, los señores diputados y el público presente guardan un minuto de
silencio.
- 5 -
RENUNCIA
Sr. Presidente (Monzó).-
La Presidencia informa que obra en Secretaría la renuncia a su banca presentada
por la señora diputada Nathalia Inés González Seligra a partir del 10 de marzo
del corriente año.
En consideración.
Se va a votar.
-
- Resulta
afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).-
Queda aceptada la renuncia presentada.
- 6 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Obran en Secretaría los informes de la Junta Electoral de los distritos de
Buenos Aires y de Santiago del Estero en los que se determina quiénes siguen en
el orden de la lista para ocupar la vacante producida a raíz de la renuncia de
la señora diputada Nathalia Inés González Seligra y del señor diputado don Hugo
Orlando Infante, fallecido el 30 de diciembre de 2018.
La Presidencia informa que se
encuentran en antesalas la señora diputada electa por el distrito electoral de
Buenos Aires, doña Mónica Leticia Schlotthauer, y el señor diputado electo por
el distrito electoral de Santiago del Estero, don Bernardo José Herrera.
Si hubiere asentimiento de la
Honorable Cámara, se los invitará a aproximarse al estrado para prestar
juramento.
-
Asentimiento.
Sr. Presidente (Monzó).-
Invito a la señora diputada electa por el distrito de Buenos Aires a prestar
juramento.
-
- Puestos
de pie los señores diputados y el público presente, y requerido por el señor
presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del
reglamento, jura por la Patria la señora diputada doña Mónica Leticia
Schlotthauer, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
-
- Al requerírsele el
juramento:
Sra.
Schlotthauer.- ¡Juro honrar la memoria de los
30.000 desaparecidos y desaparecidas, en particular de mis compañeros del
glorioso PST, asesinados por la dictadura y por la Triple A!
¡Juro
honrar la lucha de las mujeres de todo el mundo, el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito y un gobierno de trabajadores y de socialismo!
Sr.
Presidente (Monzó).- Invito al señor
diputado electo por el distrito de Santiago del Estero a prestar juramento.
-
- Puestos de pie los señores diputados y el público presente, y
requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del
artículo 10 del reglamento, jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el
señor diputado Bernardo José Herrera y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
- 7 -
Sr.
Presidente (Monzó).- De acuerdo con lo solicitado por los representantes de los
diferentes bloques, la sesión especial se acordó de la siguiente manera: en
primer lugar, votaremos si se habilita el tratamiento referido a la exención de
ganancias a jubilados. En segundo término, votaremos lo mismo respecto de los
expedientes referidos a la cuestión tarifaria y, por último, votaremos si se
habilita el tratamiento del resto de los expedientes.
-
- Se pone de pie un grupo de
señores diputados dejando sin quórum la sesión.
-
- Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sra.
Camaño.- Pido la palabra. Señor presidente:
habida cuenta de los gravísimos problemas que nos aquejan a todos, al
oficialismo, a la oposición y a la dirigencia política en general, estamos
intentando trabajar en el Parlamento, más allá de que el voto decida cómo
seguirá la sesión. Es en ese convencimiento que acordamos poder contar con un
espacio para introducir los temas que queremos considerar.
Por
ello, señor presidente, le solicito que, para después poder votar si logramos los
dos tercios que se requieren para abordar los temas en particular y respetando
el acuerdo alcanzado, se nos otorgue a cada uno de los bloques el tiempo que
habíamos acordado para incorporar los asuntos en cuestión.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.
Sr.
Rossi.- Señor presidente: lo que estamos
solicitando es que se nos deje fundamentar el motivo del pedido de sesión
especial.
Junto
con los presidentes de los distintos bloques opositores propusimos a esta Presidencia
realizar un trámite abreviado, es decir, agrupar los dos temas más importantes ‑el
primero de ellos relacionado con el cumplimiento por parte de este Congreso de
la Nación de lo que la Corte estableció en su fallo respecto de los jubilados
que pagan ganancias y, en segundo lugar, la cuestión tarifaria‑ y luego
considerar el resto de los temas.
Ahora
bien, lo que nosotros pretendemos, y nos parece lógico y razonable habiendo
conseguido el quórum necesario para abrir la sesión, es que se nos permita
fundamentar cuáles son los motivos que nos llevaron a pedir esta sesión
especial. A nadie escapa que en la Argentina están pasando una cantidad de
cosas, que los argentinos no están viviendo de la mejor manera y que hay una
crisis económica e institucional. En este sentido, no puedo dejar de hacer
referencia a que en este mismo momento, en el que nosotros estamos tratando de
llevar a cabo esta sesión, está reunida la Comisión Bicameral de Inteligencia,
con la presencia del director y de la subdirectora de la AFI. Y realizar esta
sesión significa que se nos permita fundamentar por qué la hemos pedido.
La
propuesta que acercamos a la Presidencia consiste en tomar un tema, el de los
jubilados, por ejemplo, que se le permita a cada uno de los bloques fundamentar
por qué quiere tratarlo y luego se vota. Si no se consiguen los dos tercios, no
se consiguen, pero por lo menos se nos habrá dejado hablar. Esto es lo que
estamos pidiendo. Y lo mismo respecto del tema de las tarifas.
Veo
a los diputados del oficialismo parados como una forma de demostrar que puede
no haber quórum. Pero la realidad es que no pretendemos votar ahora, sino que
dejen a los bloques opositores que vinimos a la sesión especial explicar por
qué solicitamos el tratamiento de estos temas. No pretendemos que se voten sin
más.
Ya
se cumplió un mes desde el comienzo del período de sesiones ordinarias y no
hemos tenido ninguna. Tampoco el presidente de la Nación convocó a sesiones
extraordinarias en el mes de febrero. El oficialismo propuso sesiones
ordinarias y nosotros dimos nuestro acuerdo. Como ejemplo de ello, nuestros
diputados están trabajando para poder tener la ley antibarras y estamos
esperando que el Senado sancione la ley de financiamiento de partidos
políticos. Hay muchos otros temas también y esta metodología de convocar a
sesiones especiales se debe a que no tenemos posibilidad de emitir dictámenes
de comisión porque no se dan las condiciones para que ello suceda.
Repito,
señor presidente, que lo que nosotros queremos –explicitado en la propuesta
acordada por todos los bloques opositores y que le hemos acercado‑ es que
agrupemos los temas que corresponden al pago del impuesto a las ganancias por
parte de los jubilados y que demos el debate respectivo. Luego votamos todos
los temas juntos.
Por
otro lado, hay una gran cantidad de asuntos relacionados con las tarifas.
Hagamos exactamente lo mismo: los discutimos todos juntos y después votamos. En
lo que se refiere al resto de las cuestiones, las trataremos como hemos
acordado.
El
Congreso tiene que abrirse y funcionar. No está bueno que la Cámara no
funcione, mire hacia el costado o dé la espalda a la realidad frente a las
cosas que están pasando en la Argentina. No está bueno que no funcione en
ningún momento ni en ninguna circunstancia.
La
oposición consiguió el quórum necesario; permítannos llevar adelante la sesión.
Lo que estamos pidiendo no es una cosa de locos, sino que nos permitan
fundamentar por qué hemos planteado estos temas en el marco de una sesión
especial. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr.
del Caño.- Señor presidente: lo que estamos
viendo es algo completamente vergonzoso.
Nosotros
hemos presentado proyectos que están incluidos en el temario de esta sesión,
algunos de los cuales plantean la prohibición de los despidos. Hay cientos de
miles de familias que están siendo destruidas porque se les está quitando la
única fuente de ingresos que tienen para darles de comer a sus familias.
Queremos discutir estas cuestiones en este Congreso.
Asimismo,
hemos presentado diversas iniciativas tendientes a anular los tarifazos, que
siguen castigando duramente a todo el pueblo trabajador y a los pequeños
comerciantes. Pero el gobierno ni siquiera se sienta a discutir. ¡Bien que se
sentaron para dar quórum y votar el robo a los jubilados, así como también para
aprobar tantas otras leyes contra los trabajadores y el pueblo!
Cabe
señalar que no compartimos muchos de los proyectos incluidos en esta sesión,
pero otros sí. Hemos presentado diversas
iniciativas por las que se declara la emergencia contra la violencia hacia las
mujeres que hoy sufren duramente el ajuste que está llevando adelante este
gobierno de la mano del FMI y la complicidad de los gobernadores.
Con
respecto al aumento de la pobreza, según algunos estudios ha alcanzado al 36
por ciento de la población en el cuarto trimestre de 2018 y si la comparamos
con el mismo período del año 2017, estamos hablando de cuatro millones de
personas más que son pobres en la Argentina. Hablaron de pobreza cero, pero no
quieren discutir cómo se sale de esta crisis porque, por supuesto, lo que
ustedes quieren es que la pague el pueblo trabajador.
Desde
el Frente de Izquierda hemos presentado una serie de proyectos y un programa
para que a esta crisis la paguen los grandes empresarios, los especuladores,
los banqueros –que se están llenando los bolsillos‑, las petroleras y las
empresas amigas de Macri, esas empresas que entregó Menem en los 90 y que
después se mantuvieron con subsidios millonarios.
Esto
es lo que se habla en el colectivo, en el subte, en el barrio, en la escuela,
en los hospitales, en todos lados. ¡¿Cómo vamos a salir de esta?! Esto es lo
que se pregunta el pueblo trabajador, pero el gobierno ha decidido cerrar el
Congreso y ni siquiera se puede discutir.
En
lo único en lo que confiamos es en la movilización y en la fuerza de la clase
trabajadora, no así en los partidos, que han aplicado el ajuste y han
gestionado los intereses de los capitalistas. Por eso, también se está
desarrollando una movilización de la CGT detrás de la Unión Industrial
Argentina, de los intereses de los empresarios. La convocatoria es vergonzosa. Venimos reclamando un paro nacional activo
para que la bronca y la fuerza de los trabajadores, y del pueblo en su
conjunto, se expresen en las calles y podamos derrotar esta política que se
está llevando adelante.
Asimismo,
pedimos que se discutan estos proyectos que, como decía, son favorables para el
pueblo trabajador.
Finalmente,
quiero expresar lo siguiente. Este gobierno afirmó que el Fondo Monetario
Internacional es la única alternativa. Por eso, por entender que era lo mejor
que nos podía pasar y que no quedaba otro camino, recurrió a dicho organismo.
¿Qué
escuchamos decir, con distintos matices, a distintos sectores del peronismo?
Tanto quienes apoyaron las leyes de Macri como aquellos que los acusaron de ser
traidores, pero van juntos en las listas –por ejemplo, en Tucumán‑ o
bajan a sus candidatos para apoyar a los amigos del presidente de la Nación
–como ocurre con Schiaretti, en Córdoba‑, han dicho que se deben
renegociar los pagos con el Fondo Monetario Internacional. Pero ese mecanismo
de endeudamiento es el mecanismo del chantaje que utilizan los organismos de
crédito internacionales que, desde los años 80, sirven al neoliberalismo para
dominar y generar una verdadera guerra del capitalismo contra el trabajo.
No
habrá salida a favor de las mayorías populares si no se rompen claramente los
acuerdos y los pactos con el Fondo Monetario Internacional. Este es el planteo
que hacemos para que la clase trabajadora imponga un programa en conjunto y la
crisis sea pagada no por las mayorías populares sino por los grandes
capitalistas.
Por
las razones expuestas, insistimos en que se abra el debate y se discutan los
proyectos presentados.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Solá, por Buenos Aires.
Sr.
Solá.- Señor presidente: en la misma línea de
algunos discursos anteriores, quiero decir que en este ámbito parlamentario ‑término
derivado de “parlamentar”, de parlare‑
es innegable el derecho de debatir problemas quemantes. No estamos aquí para
tratar cuestiones menores; estamos aquí para discutir, nada más ni nada menos,
sobre el impuesto a las ganancias que pagan jubilados que, ya sea por su edad o
por el monto que perciben, se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Incluso, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre esa cuestión.
Estamos
aquí porque la gente, independientemente de a quién haya votado o a quién
votará en el futuro, está azorada por los montos en las facturas de luz, de gas
y de agua que recibe. En muchos casos, está desesperada por el nivel de sus
ingresos.
Esto
lo ven los diputados que se encuentran de pie; no sé si están parados para
hacer uno, diez o quince minutos de silencio por la destrucción de las
instituciones, y digo esto porque pareciera que es así.
Clausurar
el Parlamento significa dar la razón a quienes piensan que no es la fuente, la
expresión vital, de la democracia y prefieren alguna forma autócrata de
gobernar el país.
Se
nos acusa permanentemente de trabajar poco, de no reunirnos. Las comisiones más
importantes están clausuradas y se ha dejado que el tratamiento de proyectos
urgentes, que cuentan con dictamen, cayera. No pudimos sancionar una ley justa
y razonable como la de alquileres; tampoco pudimos abordar la desesperación de
miles de personas que afrontan gravísimos problemas por haber tomado créditos
indexados para la vivienda; me refiero a aquellos otorgados sobre la base de
las unidades UVA y UVI.
No
podemos siquiera conocer alguna opinión que vaya más allá de decir que quienes
tomaron esos créditos, hicieron un gran negocio porque tienen parte de una
vivienda valuada en dólares; como si no supiéramos que esos créditos fueron
dados sin pensar en que se produciría una fenomenal caída del salario real. A
esto debemos agregar la gran diferencia que existe entre lo que perciben
quienes sacaron esos créditos, y el incremento del índice del costo de la
construcción y del metro cuadrado.
Se
ha dado vuelta la ecuación; saben perfectamente que es la inversa, pero siguen
invocando los mismos argumentos porque no tienen respuesta.
Hay
una especie de homenaje a la dureza; pero es sabido que en este país, el
homenaje a la dureza termina mal. Lo que están haciendo forma parte de la misma
manera de sentir la sociedad y de gobernar que ha demostrado el presidente de
la República. Es la misma falta de sensibilidad. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado López, por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Sr.
López.- Señor presidente: creo que no podemos
tratar más de setenta iniciativas de esta manera; es decir, sin que cuenten con
dictamen de comisión.
Es
deber de quienes piden una sesión especial sostener el quórum si la
convocatoria no fue acordada previamente.
Por
este motivo, hago moción de que la Cámara pase a votar inmediatamente si
habilita el tratamiento de los asuntos solicitado por las distintas bancadas
que suscribieron el pedido de sesión especial. (Manifestaciones en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- El señor diputado López ha formulado una moción de orden que no
admite discusión.
La
Presidencia esperará cinco minutos –es decir, hasta las 13 y 20‑ para
proceder a la votación.
Sr.
Rossi.- ¡Póngala a votación ahora, señor
presidente!
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia reitera que esperará cinco minutos. (Manifestaciones en las bancas.)
-
- Luego de unos instantes:
- 8 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: la cuestión de privilegio
está dirigida hacia su persona.
Lamento profundamente lo que está
ocurriendo en esta sesión. Lo lamento porque no se está entendiendo que somos
un poder del Estado, porque se cree que, por formar parte del oficialismo, se
es lacayo del Poder Ejecutivo nacional. Lo que vienen haciendo en estos cuatro
años de gobierno, no lo he visto jamás. (Aplausos.)
En esta casa, en otras oportunidades
he presenciado actitudes humillantes hacia la investidura de los diputados. Que
lisa y llanamente alguien se siente sobre las llaves de esta casa y no abra sus
puertas, no lo he visto jamás con ningún presidente. Se
lo hemos dicho al momento de elegirlo presidente: lo único que le pedimos es
que abra el Congreso. Lo único que le dijimos es que, más allá de sus
cualidades personales, usted tenía una obligación con todos nosotros. Más que
con nosotros, su obligación es con el pueblo de la Nación que nos puso en estas
bancas. (Aplausos.) No estamos acá
porque publicamos un aviso clasificado y aparecimos sentados. Lo que usted está
haciendo es vulnerar lo que el pueblo quiere, porque en cada una de nuestras
bocas, en nuestras pequeñas o grandes representatividades, están los votos que
nos sentaron acá.
El
país no está en condiciones como para que ustedes se den el lujo de tomar esta
actitud antirrepublicana. ¡Y después van a los programas de televisión y se
llenan la boca hablando de república! ¿Saben lo que es la república? ¡La
división de poderes! Eso es lo que distingue a una república, en situaciones
sumamente adversas y aguantándose cualquier discurso. Todos los gobiernos,
desde la recuperación de la democracia hasta la fecha, han abierto las puertas
de este recinto para que se discuta, se vote, se gane y se pierda.
¡Usted,
señor presidente, no puede seguir mostrándonos a nosotros cobrando ingentes
sumas de dinero mientras no hacemos un carajo! (Aplausos.) El pueblo está con problemas, por si no se dieron
cuenta. Tenemos algunos “problemitas”, que quizás, si quiere, los podríamos
empezar a desandar en esta casa.
¿Sabe
lo único que nos está faltando, señor presidente, además de esta historia
humillante de que la política económica de este país esté signada por la
revisión y las instrucciones del Fondo Monetario Internacional? Esto que están
haciendo ustedes hoy, esto que vienen haciendo desde hace tiempo, que es no
permitir que el Congreso funcione.
Ustedes
han obturado todas las comisiones. ¿No les da un poco de vergüenza? ¿No tienen
algún pariente que les dice lo bien que viven sin laburar? ¿Nadie les reclama
nada?
A
mí sí me da vergüenza. A mí nunca me pasó que me avergonzara mi salario, porque
venía acá, trabajaba y trataba de honrarlo, desde cualquier lado, aun desde un
lugar criticable, pero estaba trabajando. ¡No podemos seguir sin trabajar! ¡No
podemos seguir cobrando lo que cobramos! ¡El país está en crisis! Nuestros
maestros, nuestros obreros, nuestros pequeños y medianos empresarios, nuestros
comerciantes, no se merecen que este Congreso tenga el presupuesto que tiene.
¡Damos
vergüenza, a pesar de la sonrisa socarrona de los que creen que la política se
maneja por las redes diciendo estupideces! ¡Damos vergüenza! ¡Dan vergüenza!
Porque los que se llevaron la llave a Balcarce 50 son ustedes. (Aplausos.)
Además,
señor presidente, yo lamento presenciar la manera en la cual su palabra se ha
devaluado. Lo lamento profundamente porque lo considero un dirigente político
de valía, y lo que está pasando hoy aquí es que indudablemente tienen más peso
Balcarce 50 y el señor Peña que quien nos representa ahí sentado, que es el
presidente de todos nosotros, quien ha acordado con los bloques de la
oposición. Lo lamento profundamente, señor presidente, por usted en lo
personal, pero fundamentalmente por la democracia. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Kosiner, por Salta.
Sr.
Kosiner.- Señor presidente: hay un hecho que debe
llamar la atención y nos debe hacer reflexionar. Me refiero a que bloques que
pensamos bastante distinto en muchas cuestiones, que tenemos diferencias
profundas –con otros no tantas-, nos hayamos puesto de acuerdo para pedir una
sesión con un temario muy concreto como el de hoy.
Esto
es mucho más que el ego personal de algún diputado o diputada, en cuanto a los
protagonismos. Hoy estamos pidiendo que se traten temas de la sociedad, de los
argentinos, no de los diputados.
Cuando
decimos que queremos volver a discutir el tema de las tarifas, como lo hicimos
el año pasado, es porque hay cientos de asociaciones de defensa de los
consumidores que a lo largo y a lo ancho de la Argentina nos lo están pidiendo;
hay miles de pymes que cierran por la implicancia de las tarifas en sus costos
internos, que hoy les impiden seguir trabajando.
Cuando
hablamos de que queremos discutir hoy proyectos vinculados con los créditos UVA
–les debe pasar aun a los diputados que hoy no dieron quórum-, es porque que
nos tocan la puerta de los despachos o nos convocan en las provincias cientos y
cientos de adjudicatarios de créditos UVA que no pueden pagar su deuda y que
están amenazados con perder su vivienda. Les prometieron un país sin inflación
y hoy les están actualizando las cuotas con valores que no pueden pagar.
No
son nuestros proyectos. ¡Son los problemas de los argentinos! (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Ya hay quórum, señores diputados.
Sr.
Kosiner.- Para terminar, señor presidente, frente
a problemas que tienen que ver con violencia de género, existen diversos
proyectos presentados por organizaciones no gubernamentales, y cuando los
problemas tienen que ver con las becas, los involucrados son nuestros jóvenes.
Por
otro lado, cuando las cuestiones a tratar se vinculan con problemas de los
jubilados, existe al respecto un mandato de la Corte.
¡Hay
que dejar de lado los egos de los diputados para pasar a debatir los problemas
de los argentinos! (Aplausos.)
Sr.
Leavy.- Que se vote la moción, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- No vamos a votar la moción de orden, señor diputado. Vamos a
seguir la sesión como se había acordado con los diferentes bloques, como
corresponde, y todos van a tener la posibilidad de hablar.
- 9 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde votar en forma nominal el tratamiento sobre tablas
de los proyectos de ley sobre exención del impuesto a las ganancias a los
jubilados, contenidos en los expedientes 1.195-D-2019, 1.205-D-2019,
1.234-D-2019 y 1.213-D-2019. Se requiere el voto de los dos tercios de los
miembros presentes.
Luego
de esta votación, los diferentes bloques dispondrán del tiempo que les ha sido
informado para poder expresarse. Ese compromiso se llevará adelante hasta el
final de la sesión.
Sra.
Camaño.- Quiero retirar mi cuestión de privilegio
y decir que me siento muy satisfecha de que honres tu palabra, Emilio. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Gracias, señora diputada.
Tiene
la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.
Sr.
Rossi.- Señor presidente: yo entendí que lo que
habíamos acordado era que íbamos a empezar el debate, porque si no, no tiene
sentido. Lo que nosotros habíamos acordado era que debatiríamos los temas y
después del debate se votaría, porque si votamos primero sin una exposición por
parte de cada diputado...
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado...
Sr.
Rossi.- Señor presidente: estamos tratando de
sacar adelante la sesión y valoro su decisión. También es cierto que si
hubiésemos votado la moción de orden, habrían perdido y hubiéramos tenido que
tratar los temas punto por punto.
Sr.
Presidente (Monzó).- Pero no entremos en esa postura, señor diputado, porque en ese
caso tampoco hubiera habido quórum.
Sr.
Rossi.- No entro en esa postura. Lo único que
digo es que lo razonable es que usted dé la posibilidad de que en esos dos
temas cada uno de los bloques exprese su posición, y que cuando termine la
exposición de los diputados, se vote. Me parece que eso es así, porque no tiene
sentido votar y después exponer.
Sr.
Presidente (Monzó).- Eso no fue lo acordado, señor diputado.
Se
va a votar nominalmente.
-
- Se practica la
votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 222 señores diputados
presentes, 130 han votado por la afirmativa y 91 por la negativa.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 130 señores diputados por la afirmativa y 91 por la
negativa. No hubo abstenciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda rechazado el pedido de tratamiento sobre tablas.
Sra.
Muñoz.- Señor presidente: no se registró mi voto
positivo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se ha tomado debida nota, señora diputada.
Tiene
la palabra la señora diputada Volnovich, por Buenos Aires.
Sra.
Volnovich.- Señor presidente: tengo que hablar
del tema de los jubilados, porque mi rol es defender y comentar el proyecto que
presentó nuestro bloque, derivado del fallo de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Pero la verdad es que en este circo que a veces presenciamos los
diputados, quiero quedarme con lo siguiente: pretendo que los jubilados que
están mirando esta sesión y el trabajo que estamos haciendo acá ‑sean
quienes sean, sean uno, dos o mil‑ sepan lo que está pasando, porque
tiene mucho que ver con la realidad que ellos viven todos los días.
Nosotros
solicitamos esta sesión especial para tratar ochenta proyectos que no cuentan
con dictamen de comisión. ¿Qué significa eso, para explicar al señor jubilado y
a la señora jubilada? Significa, por ejemplo, que en la Comisión de Previsión y
Seguridad Social, de la que soy vicepresidenta, evidentemente no vamos a poder
reunirnos, como no lo hemos hecho nunca hasta ahora. Por esa razón, por la
infinidad de comisiones que nunca se reúnen para tratar los proyectos, es que
llegamos a esta sesión con ochenta proyectos sin dictamen. Así es muy difícil
discutirlos entre los distintos bloques.
Esto
es así porque el gobierno tiene la práctica sistemática de planchar en las
comisiones los proyectos de la oposición, que queda claro que son los de la
gente. Estamos hablando de proyectos contra los tarifazos y en defensa de los
jubilados. Nadie puede negar que es una demanda de la sociedad. Sin embargo, el
gobierno se encarga de marcar una agenda legislativa en el Congreso, articulada
con las tapas de los diarios, para construir un circo con temas que nada tienen
que ver con la preocupación de la gente. Muchos diputados lamentablemente se
prestan a ese circo, tal vez por narcisismo, por individualismo o porque el Congreso
es un gran escenario para las reelecciones electorales, pero esa agenda nada
tiene que ver con las preocupaciones de la gente.
La
verdad es que no puedo dejar de decir esto, porque no puedo naturalizar lo que
está sucediendo. Este es el Parlamento, esta es la actividad legislativa de la
Argentina de Mauricio Macri. Es la actividad legislativa de la degradación del
estado de derecho, de la violencia institucional, del caso Maldonado, de
Milagro Sala, de los jueces de la Corte designados por decreto, del intento de
sacar consejeros del Consejo de la Magistratura, de la persecución de los
líderes opositores y, además, con un nivel ‑déjeme decirlo, señor
presidente, porque hace a la actividad legislativa y a los diputados‑ en
el que se están cruzando límites que van más allá de los valores humanos; no
solo persiguen a los dirigentes opositores sino que ahora se meten con nuestros
hijos.
Soy
mamá de un niño de 6 años, y todos los días siento que la actividad que estoy
llevando adelante para defender los derechos de los jubilados pone
potencialmente en riesgo la vida y seguridad de mi hijo. ¡Eso no puede ser así,
seamos del partido político que seamos! Yo defiendo los derechos de los
jubilados, tengo una idea, vengo acá a trabajar e intentar explicarla, pero no
puede ser que naturalicemos que eso ponga en riesgo la vida de nuestros hijos.
No puede ser la persecución que se hace a la hija de la expresidenta y no puede
ser que los diputados nos sintamos así de vulnerables. No está bien, y todos
deberíamos repudiar eso. Me parece que es un acto de humanidad. No puedo hablar
de los jubilados sin antes decir que no podemos naturalizar esta situación.
Para
referirme al proyecto, sabemos todos que hace unas semanas la Corte Suprema de
Justicia de la Nación planteó la necesidad de que este Congreso –paralizado,
pero Congreso al fin- defina un régimen específico de impuesto a las ganancias
para los jubilados, que sea distinto al que se aplica a los trabajadores. Y
ello es así porque las personas mayores tienen determinadas condiciones
producto de la edad y vulnerabilidades que llevan a que no pueda ser el mismo
régimen que se aplica a los trabajadores el que rija para ellas. También dice
el fallo de la Corte Suprema que, hasta tanto el Congreso determine ese nuevo
régimen, esa jubilada ‑nuestro proyecto plantea generalizarlo para todos
los jubilados- no pague impuesto a las ganancias.
En
ese sentido, nuestro proyecto plantea que el Congreso tiene un plazo de un año
para definir en las comisiones –que debieran funcionar- un régimen específico
para los jubilados, y hasta tanto eso suceda, que ningún jubilado pague
impuesto a las ganancias; pero con una advertencia. Los jubilados que pagan
impuesto a las ganancias cobran más de 62.400 pesos; es decir, son los
jubilados que más ganan, y además son el 2 por ciento del total.
Hay
casi 7 millones de jubilados que no viven esa realidad sino que todos los meses
cobran 10.000, 15.000 o 20.000 pesos, con lo que tienen que sortear la
inflación, los tarifazos, los aumentos de los medicamentos, y hoy tienen que
elegir entre comer o tomar el medicamento de la presión. Con lo cual, si bien
tenemos que seguir el mandato del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, este Congreso tiene la responsabilidad de legislar para el resto de los
jubilados que no están alcanzados por ese fallo. Además, tenemos la
responsabilidad de cuidar la armonía del sistema previsional, que debe ser
solidario, distributivo, justo, y de ninguna manera puede aumentar la brecha
entre los que más tienen y los que menos tienen.
Por
eso, es que proponemos, además de seguir el mandato del fallo de la Corte
Suprema de Justicia, que se instrumente un bono compensador para ese sector que
no está beneficiado potencialmente por ese fallo, que además perdió veinte
puntos de jubilación el año pasado por la reforma previsional que votó el
Congreso ‑nos decían que los jubilados no iban a perder‑, y que
este año seguirá perdiendo. Además, fue el único sector que no tuvo ni siquiera
un bono compensador por la inflación del año pasado. Entonces, proponemos para
ese sector un bono, para que con esta medida del Congreso no ampliemos la
brecha entre los que menos tienen y los que más tienen.
Por
último, quiero recordar que hace tres años el Congreso votó lo que creo que ha sido
una de las cretinadas más indignantes y de las peores que se puedan recordar:
la eliminación de las moratorias previsionales y su reemplazo por la PUAM o
Pensión Universal al Adulto Mayor, desgracia que ocurrió cuando votamos la Ley
de Reparación Histórica.
Hoy
vemos que hay dos millones de amas de casa que ya no van a poder jubilarse, y
uno de cada tres trabajadores argentinos tiene un trabajo informal, con lo cual
no tiene aportes y no podrá jubilarse. Y la propuesta del gobierno de darle una
pensión, sin duda es insuficiente, injusta y discrimina, generando ciudadanos
de primera y de segunda. Hoy esa pensión son 8.000 miserables pesos.
En
la discusión del presupuesto que tuvimos en el Congreso ya la quisieron bajar a
lo que hoy serían 7.000 pesos. Al principio, era para todos y todas. Ahora ya
no, y van incorporando cada vez más restricciones, porque esa pensión hoy sí es
una dádiva del Estado, pero las moratorias previsionales no eran una dádiva
sino un derecho. ¿Cuál era ese derecho? Te doy un plan de pagos, señor
trabajador, porque sé que no depende de vos y que el fracaso de los modelos
económicos no es tu responsabilidad, y tampoco lo es si no pudiste trabajar
registrado toda tu vida y no tenés los treinta años de aportes. Por lo tanto,
la moratoria previsional daba a ese trabajador la posibilidad de acceder a un
plan de pagos para cumplir su deuda previsional y acceder al derecho de
jubilarse. Esa es la única seguridad que puede tener un trabajador al final de
su vida.
De
manera que la Pensión Universal del Adulto Mayor es una desgracia para el
sistema previsional argentino e implica haber cerrado la canilla para que no
entre ningún jubilado más.
Pretendemos
y creemos que, así como la votó, el Congreso pueda hacer una autocrítica y hoy
decir que compensaremos ese error.
Por
eso, proponemos también la derogación de los artículos que refieren a la
Pensión Universal del Adulto Mayor y la automática instrumentación de una ley
que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso para que se abran las moratorias
previsionales.
De
esa manera, los jubilados y las jubiladas, pero también los trabajadores y las
trabajadoras que hoy quizá en sus casas se preguntan si tendrán los treinta
años de aportes y no lo saben, podrán quedarse tranquilos de que el Congreso, a
pesar de que se equivocó con esa nefasta ley de reparación histórica, hoy lo
arreglará y sacará las PUAM y volverá al Plan de Inclusión Previsional, que sin
duda es el hito más importante en materia de seguridad social de la historia de
nuestro país y también de la región. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Yasky, por Buenos Aires.
Sr.
Yasky.- Señor presidente: en primer lugar, quiero
expresar que en este momento el Congreso de la Nación se encuentra
prácticamente rodeado por una multitud de trabajadores y trabajadoras, de
representantes de los gremios industriales, que junto con empresarios pymes
están entregando una propuesta para rescatar la producción nacional, las
pequeñas empresas y a los propios trabajadores, de esta crisis que está
destruyendo a aquellos que quieren trabajar.
Si
hablamos de los que quieren trabajar, sin duda debemos mencionar también la
situación de los jubilados y jubiladas de este país. En la Argentina de hoy la
canasta básica es de 26.000 pesos. El que consume alimentos y paga tarifas es
el que más sufre, el que más padece la pobreza.
En
este momento más del 46 por ciento de los niños y niñas del país está por
debajo de la línea de pobreza, una cifra terrible. También, con sus actuales
ingresos, se encuentran por debajo de la línea de pobreza más de las dos
terceras partes de los jubilados y las jubiladas. Esta es la paradoja de la
Argentina de hoy. El que tiene dólares no trabaja, no produce, y es el que más
gana. El que trabajó toda su vida y hoy es jubilado, es el que más pierde.
Por
eso, estamos convencidos de que es necesario adoptar medidas paliativas. Somos
absolutamente conscientes de que lo que estamos proponiendo es apenas un
paliativo: achicar esa enorme brecha de desigualdad entre los especuladores
financieros, los “mesadineristas”, los dueños de las energéticas, los
todopoderosos que pertenecen a las multinacionales y quienes trabajan o están
jubilados.
El
proyecto que propone la compañera Luana Volnovich va en ese sentido. Es
necesario restituir a los jubilados y a las jubiladas el descuento del impuesto
a las ganancias. La Corte lo declaró inconstitucional. Es necesario dar una
respuesta a los que hoy, azorados, miran a este Congreso prácticamente cerrado.
Debemos
concurrir a poner la cara. Debemos venir a debatir. No podemos especular con
cerrar las comisiones o no dar quórum para ser fieles al mandato del ajuste.
Proponemos
resolver el tema de los jubilados y las jubiladas con una votación en el día de
hoy. Queremos brindar al Congreso la posibilidad de dar respuesta a la crisis
de la pobreza, al dolor de los que menos tienen, a la pregunta que mirando a
los diputados y a las diputadas, se hacen muchos argentinos y argentinas: ¿para
que están si no es para dar respuesta a los que más padecemos?
Espero
que hoy podamos avanzar en este sentido. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Vallejos, por Buenos Aires.
Sra.
Vallejos.- Señor presidente: estamos en el marco
de una sesión especial y plegándome a las expresiones de los diputados y las
diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra, no puedo dejar de
confesar que me gustaría que estos temas tan sensibles, como los que están
siendo abordados por la gran cantidad de proyectos que estamos tratando en esta
jornada, pudieran analizarse en el marco de sesiones ordinarias. Es más, me
gustaría que pudieran ser debatidos en profundidad, en el seno de las
comisiones, que es como debería funcionar normalmente esta Cámara, porque eso
es lo que merece nuestra sociedad.
No
obstante, frente al tremendo déficit institucional de la Cámara de Diputados,
estamos en el marco de una sesión especial. La hemos solicitado porque el
contexto económico y social que atraviesa nuestra Nación nos obliga a buscar la
manera de generar las condiciones para poder avanzar, aunque más no sea, en
paliativos, frente al tremendo desastre, la profunda destrucción productiva y
el dramático sufrimiento social en el que hoy está inmerso nuestro país.
Nuestro
país, nuestra sociedad y nuestro pueblo no están inmersos en esas
circunstancias por casualidad. Estamos atravesados por esta situación de crisis
como consecuencia del modelo económico que el gobierno que encabeza Mauricio
Macri instaló ni bien asumió, a fines de 2015. Se trata de un modelo basado en
la timba. Prueba de ello son las tasas más altas del mundo que hoy tiene la
Argentina, del orden del 70 por ciento. La fuga es el segundo pilar de este
modelo depredador, que nos ha costado a todos los argentinos perder más de
65.000 millones de dólares.
Se
trata de un modelo basado en la deuda externa pública, que es impagable e
insustentable, y que se ha incrementado de manera vergonzosa 135 por ciento en
estos tres años del gobierno de Macri.
Por supuesto estamos viviendo la consecuencia
de ese modelo sostenido en la timba, la fuga y el endeudamiento de nuestra
Nación. La gestión del gobierno lleva cuatro años, de los cuales estamos
atravesando el tercero de recesión económica.
A
nivel de actividad, cerramos 2018 con una caída superior al 2,5 por ciento y
comenzamos 2019 con una disminución del 6 por ciento. Asimismo, la industria
cayó un 10 por ciento. Por ese motivo, las pymes y los trabajadores están en
las puertas del Congreso esperando ser escuchados y tenidos en consideración.
Ellos, al igual que todos los sectores de la población, requieren respuestas
urgentes de los poderes del Estado.
Finalizamos
2018 con recesión y más del 9 por ciento de desocupación. En apenas tres años
el gobierno de Mauricio Macri sumó un 3,2 por ciento al terrible flagelo del
desempleo en la Argentina. En el último cuatrimestre de 2018 la pobreza
ascendió al 36 por ciento. Esto significa que en apenas tres años se sumaron 8
puntos a dicho índice, mientras el gobierno sostenía que llegaría a la pobreza
cero. En ese contexto, planteamos la necesidad de atender la situación urgente
e impostergable de nuestros jubilados y nuestras jubiladas.
Señor
presidente: medido contra el IPC del INDEC, que está en manos del señor
Todesca, los jubilados que reciben la jubilación mínima perdieron un 24 por
ciento del poder adquisitivo y un 25 por ciento del poder de compra de la
canasta de medicamentos, muy sensible a nuestros adultos mayores.
Por
otro lado, la jubilación media, medida también contra el IPC, perdió un 15 por
ciento del poder adquisitivo y un 16 por ciento en lo atinente a la canasta de
medicamentos. Como atinadamente señaló la señora diputada Volnovich, lo peor
ocurre con los jubilados de segunda originados durante esta gestión, en lo
relativo a la imposición de la PUAM, que perciben apenas el 80 por ciento de la
mínima.
¿Saben
cuánto representa lo que hoy cobra quien recibe la PUAM? Apenas el 76,6 por
ciento de la canasta alimentaria, utilizada para medir el límite de la
indigencia. La línea de pobreza aparece cuando se cubre menos del 31 por ciento
de la canasta básica total.
Pregunto
al señor presidente, a los señores diputados y a las señoras diputadas
presentes si estos datos no representan la cruda realidad que atraviesa nuestro
país y no son motivo más que suficiente para que hoy levantemos nuestras manos
en defensa del interés de nuestros jubilados y nuestras jubiladas,
representados por nuestros padres y abuelos, que con esfuerzo y trabajo
forjaron la patria que habitamos. A ellos, nos debemos y merecen que estemos a
la altura de las circunstancias, aprobando este proyecto tendiente a mejorar su
calidad de vida. Esta situación seguramente la seguiremos reparando en las
elecciones de octubre y la finalizaremos en diciembre, cuando el pueblo
recupere un gobierno que trabaje en defensa de sus intereses. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado Gioja, por San Juan.
Sr. Gioja.- Señor presidente: entiendo que quienes fuimos elegidos para defender
los intereses y los derechos de nuestro pueblo hoy teníamos alguna expectativa
y esperanza de trabajar y resolver algunos problemas. Estamos tratando un tema
que tiene que ver con algo más que sensible a nuestra sociedad, algo que tal
vez sea lo menos cuestionado, pero lo más puro: los jubilados.
El Poder Judicial acaba de
comunicarnos que necesita la sanción de una ley para instrumentar una medida
que beneficie a los jubilados. Por ello, proponemos que a la vez existan otros
instrumentos tendientes a mejorar la vida a un sector social del país al que
este gobierno y el Parlamento le metió la mano en el bolsillo a partir de la
sanción de la reforma previsional. Me refiero a nuestros jubilados y
pensionados.
La señora diputada preopinante señaló
el porcentaje del poder adquisitivo que perdieron los jubilados. No puede ser
que ajustemos al sector más sensible para pagar al Fondo Monetario
Internacional y conseguir el famoso déficit primario cero. ¡Eso es un cuento,
señor presidente! El déficit está representado por la suma del primario más el
financiero. Puntualmente, aprietan a nuestro pueblo, en el caso del déficit
primario, y agrandan el déficit financiero para favorecer a la misma patria
financiera y al Fondo Monetario Internacional. Pareciera que esa es la política
social y económica del gobierno.
Vemos las bancas vacías; no les
interesan los jubilados. Luego de los palos y la represión vivida cuando se
trató la reforma previsional, malamente sancionada, el gobierno nacional empezó
a declinar. Fue precisamente en ese momento cuando la gente advirtió que se la
agarraban con los más indefensos, ya que los jubilados no hacen paro ni huelga.
Los jubilados se la aguantan. Los jubilados del interior la están pasando mal, porque
no les alcanza ni siquiera para pagar los servicios y comprar remedios. Al
mismo tiempo de que les achican el salario, el PAMI no los atiende, como antes,
ni les brinda remedios.
¿Qué quieren? ¿Quieren que los
jubilados se pongan de rodillas? ¿Qué pretenden? Tenemos que trabajar para
resolver los problemas de la sociedad. Los jubilados no están bien; los
pensionados no están bien.
Al mismo tiempo, estamos mal en el
tema ocupacional, porque no hay empleo y muchas familias viven del dinero de un
jubilado o de un pensionado. Pareciera que fuera a propósito, porque siguen
quitando las pensiones graciables por discapacidad. Pareciera que les produce
alegría sacar los 7.000 pesos de pensión a un discapacitado. Pareciera una
provocación.
Siendo del interior profundo, recalco
que las cosas no están bien desde el punto de vista social, porque no hay plan
ni política económica claros, sino cada vez mayor endeudamiento. ¿Cómo se paga la deuda que se contrae? Apretando a los que menos
tienen. Así es como nos pasamos por el traste lo que nos indica el Poder
Judicial que tenemos que hacer: sancionar una ley referida al impuesto a las
ganancias a los jubilados. Queremos que nuestros actos beneficien a ese sector,
porque es el más sensible de nuestra sociedad.
Nuevamente,
llamo la atención, porque la Argentina no está bien; como no estamos bien
económicamente, les pido que no jodan apretando cada vez más a los que menos
tienen para pagar la deuda que ustedes contrajeron. Es una deuda irresponsable
que, en definitiva, sirvió para alimentar y engordar a esa patria financiera
que está quietita, a la que le va muy bien, en detrimento de las mayorías
nacionales.
Para
terminar, quiero decir que con los jubilados y los pensionados no se jode;
pareciera que no les estamos dando la importancia que tienen. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señor
diputada Tundis, por Buenos Aires.
Sra.
Tundis.- Señor presidente: lamento que los
diputados del oficialismo, los que están en contra de decisiones como las que
solicita la Corte Suprema de Justicia en este caso, no estén presentes para
escuchar los argumentos de los diputados de la oposición, que hoy planteamos,
desde diferentes criterios, la eximición del pago del impuesto a las ganancias
para los jubilados.
Quiero
recordar a todos los diputados que tenemos una ley madre. Es un deber
constitucional elaborar respuestas equitativas, especiales y diferenciales, lo
que se llaman acciones positivas. Las leyes a veces son muy sectarias. El
Congreso o Parlamento, tiene la patria potestad de parlar, pero acá no parla
ninguno, solo algunos, y otros, ni siquiera escuchan. Esto no lo dice la
diputada Mirta Tundis, sino la Constitución Nacional, cuando indica que debemos
ser flexibles, dictar y elaborar leyes, como respuestas o medidas especiales o
diferenciales para evitar la desigualdad y equilibrar la situación.
Es
cierto que la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo muy exclusivo y
específico, tal como lo indica el proyecto de mi autoría. Esto no quiere decir
que nosotros, desde nuestro lugar, el Frente Renovador y Alternativa Federal,
no pensemos que los jubilados y los pensionados no deban pagar ganancias.
Efectivamente, sobre un universo de siete millones de jubilados, un número muy
chico ‑150.000 a nivel nacional y 150.000 a nivel provincial transferidos‑
paga impuesto a las ganancias. Nadie desconoce ‑ni queremos hacerlo‑
la realidad de nuestros mayores. Obviamente, si vamos a analizar la situación
específica de los jubilados, tal como se ha dicho, tenemos tres millones y
medio de jubilados –lamento que no estén presentes los diputados oficialistas,
insisto‑ que cobran 10.410 pesos; mientras que hay dos millones más de
jubilados que cobran entre 10.410 pesos y 20.000 pesos. Hay jubilados que están
en la indigencia y otros dos millones que rozan la pobreza absoluta, porque
cobran muy por debajo de la canasta básica.
No
sé por dónde caminan los diputados oficialistas, ni qué recorridos realizan, si
van por la ciudad, por las grandes urbes y no pasan por los pueblos chicos,
porque los jubilados en los pueblos no tienen prácticamente tarifa social. Las
empresas de servicios son cooperativas que cobran muchísimo más que en la
ciudad de Buenos Aires o en las grandes urbes. Es lamentable que no tengan sensibilidad
y solo tengan una piedra que no les
permite escuchar su corazón ni sus sentimientos.
Insisto,
la Corte Suprema de Justicia plantea un tema en particular. Obviamente, no
declara la incompatibilidad en la cuestión de fondo; o sea no establece que es
inconstitucional la aplicación del impuesto a las ganancias. La Corte Suprema
de Justicia simplemente dice que es inconstitucional la aplicación el impuesto
a las ganancias para el caso de María Isabel García, quien comenzó su juicio en
2015, planteando que en ese momento tenía 79 años, que estaba enferma y que
gastaba mucho en servicios y medicamentos. La Corte Suprema entendió que el
Congreso debía elaborar las normas declarando inconstitucional la aplicación
del impuesto a las ganancias en este caso específico.
En
el día de ayer escuché a un funcionario decir que había hablado con el
presidente, a quien le dijo que este caso no sentaba ningún precedente. No soy
abogada, pero hace cuarenta años que me dedico al tema previsional, porque
comencé en las cajas de jubilaciones en junio de 1979. Además de la teoría
conozco la práctica. Entonces, decir que este caso no sienta precedentes,
implica no conocer los fallos de la Corte. Este fallo sienta un precedente y
establece jurisprudencia. La Corte indica que seguirá actuando con los casos
que se encuentren en la Justicia de la misma manera en que lo hizo en el caso
de María Isabel García. El Congreso
cuenta con un plazo de un año para sancionar una norma al respecto. La
Constitución indica que debemos dictar las normas necesarias para establecer
qué parámetro debemos aplicar en estos casos de vulnerabilidad.
El
fallo indica que debe respetarse el principio de igualdad. Precisamente, la
Corte dice que es tan injusto gravar en distintas formas a quienes tienen iguales
medios como imponer la misma contribución a quienes están en desigualdad de
situación. Puede haber dos jubilados que quizás tengan la misma edad y reciban
el mismo sueldo, pero uno podría tratarse de un enfermo casi terminal que gasta
en atención médica o en cuidados paliativos, porque las obras sociales no le
cubren todos los gastos para su atención. Este es el caso que debe legislar el
Congreso nacional.
Es
terrible seguir escuchando que somos oportunistas y demagogos. Solicitamos que
se aprueben las normas de acuerdo con lo que nos pide la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Recordemos
que con el fallo Badaro ocurrió lo mismo, porque la Corte Suprema de Justicia
determinó que el Congreso debía dictar las normas para establecer cuál era el sistema
de movilidad. Esto se hizo en 2008. Hoy debemos actuar de la misma manera; no
entiendo por qué el oficialismo está tan cerrado con este tema.
Además,
tal como dije al principio, desde nuestro espacio nadie desconoce que el
sistema de jubilaciones o pensiones no debe estar alcanzado por el impuesto a
las ganancias. Debemos establecer las reglas que determinen si la jubilación o
pensión es una renta o una prestación de servicio social. Nosotros pensamos que
es una prestación de la seguridad social. Esto requiere un debate muy profundo
de parte del Congreso, y se han presentado muchos proyectos en este sentido.
Este tema realmente debemos tratarlo. Por eso, es necesario que se abran las
comisiones. Tal como ha dicho un diputado preopinante, el año pasado no hemos
tenido ni una sola reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, a
pesar de que se han presentado muchos proyectos sobre esta materia.
Hay
veinte mil rentas vitalicias sujetas a la pobreza, porque su monto es menor al
haber mínimo ‑cobran 500, 600 o 1.000 pesos‑, pero el gobierno
anterior, y mucho menos el actual, no quiere que los jubilados vayan a juicio,
y lo están resolviendo. Estamos esperando una respuesta para el que más lo
necesita.
Por
eso, es importante legislar en este sentido, tal como lo dice la Corte Suprema.
Necesitamos dar respuestas urgentes a nuestros mayores.
Acompañamos
el proyecto de ley de blanqueo de capitales; todos los gobiernos han contado
con una ley al respecto apoyada por varios sectores. Tal como dije en este
recinto, algo tapaba el grandilocuente título del proyecto de reforma
previsional que hablaba de una “Reparación Histórica”. Realmente, para los que
tenemos experiencia en la práctica previsional, sabemos que esa reforma no perjudicó
a los jubilados, sino que benefició a algunos y a los otros, no los tuvo en
cuenta, como se hizo con el decreto 648 o con los bocones serie I y serie II en
1989, 1991 y 1992. Se trató de reajustes administrativos que fueron al bolsillo
de los jubilados. En realidad, no es que se los perjudicaba sino que no se ha
tenido en cuenta al grueso de los jubilados que cobraba haberes mínimos, a los
jubilados que venían de las moratorias y a los jubilados de prestaciones
especiales. En síntesis, no se ha tenido en cuenta a la gran mayoría de los
jubilados.
Por
otra parte, el gobierno les ha mentido a los jubilados, porque –como salió en
distintos medios de comunicación‑ el presidente de la Nación planteó
públicamente en un centro de jubilados que la reparación histórica alcanzaría a
2,5 millones de jubilados, pero, según la información que seguimos teniendo de
parte del jefe de Gabinete, alcanzó a un millón trescientos mil jubilados. ¿Qué
pasó con el resto de los jubilados? ¿Por qué no se cumplió con esa premisa de
que se iban a beneficiar a dos millones de jubilados? Algunos jubilados sí
duplicaron o triplicaron sus haberes y están felices, pero el resto está
triste.
Quiero
que se tenga en cuenta algo que se dijo acá y que nos respondió el año pasado
el jefe de Gabinete: el sinceramiento fiscal por el blanqueo para pagar la
reparación histórica fue de 148.341 millones de pesos. Las rentas de ese
sinceramiento fiscal fueron de 60.424 millones de pesos. El gasto en reparación
histórica –porque este gobierno y todos sus funcionarios siguen pensando que
los jubilados son un gasto y no una inversión‑ ascendió a 102.732
millones de pesos. ¿Me puede explicar el oficialismo dónde fueron a parar los
106 mil millones de pesos restantes?
En
diciembre hubo una información periodística ‑salió en todos los medios‑
que decía que el ministro Dujovne tomaba 86.000 millones de la ANSES para
autofinanciarse. ¡No, señores! ¡Esa plata era para los jubilados!
Siguen
diciendo que es un gasto para pagar y beneficiar a los jubilados, no están
pagando las sentencias judiciales y les siguen descontando impuesto a las
ganancias, que es otro capítulo en el tema de los retroactivos, cuando quizás
el haber jubilatorio no está alcanzado por este gravamen.
Claro,
en el debate nosotros tenemos que decir que para eximir a algo de un impuesto
debemos establecer si está gravado o no, pero para eso tenemos que ir al
análisis de fondo y discutir la naturaleza de las jubilaciones. Insisto con la
pregunta: ¿la jubilación y la pensión son una renta o una prestación del
sistema de seguridad social?
Para
nuestro espacio político, la jubilación y la pensión son una prestación del
sistema de seguridad social. Recordemos que pasamos a ser el enemigo del
gobierno cuando en 2016 nuestro conductor, Sergio Massa, se puso en contra del
proyecto de ganancias del oficialismo. Obviamente, no estábamos de acuerdo con
que los trabajadores paguen impuesto a las ganancias, y mucho menos con que lo
paguen los jubilados.
¿Qué
es lo que conseguimos en un acuerdo? Poner un límite diferenciado a los seis
haberes mínimos. Es cierto que hay jubilados que cobran más de 62.400 pesos y
que, por lo tanto, pagan impuesto a las ganancias. No es lo mismo aquel
jubilado que cobra 600.000 pesos –hay un jubilado que cobra esa cifra‑ que
aquel que cobra 64.000 pesos; sin embargo, este último ya está alcanzado por el
impuesto.
Este
gobierno también estableció la unificación de los haberes que recibe el
jubilado para descontarle ganancias; es decir, unifica la jubilación y la
pensión. De manera que muchos jubilados que antes no estaban alcanzados por el
impuesto a las ganancias, ahora lo están.
Creemos
que fuera de este tema, y en este ámbito del Congreso de la Nación, nos debemos
el tratamiento en serio. Lamento que los pocos diputados del oficialismo que
están presentes estén charlando entre sí y no escuchen respetuosamente las
propuestas de la oposición. Deberían escuchar por qué queremos que se aprueben
estas iniciativas, y entender que tienen la obligación de legislar para los que
menos tienen.
Como
dije, siguen pensando que nuestros mayores son un gasto. Dentro del oficialismo
hay mucha gente joven. ¿Acaso piensan que nunca van a ser jubilados? ¿Piensan
que no van a tener arrugas, algún día? ¿Piensan que nunca tendrán que depender
de una jubilación? Claro; seguramente tendrán una jubilación extra y no
dependerán de ese haber mínimo. ¿Saben en qué condiciones están viviendo los
jubilados? No; seguramente no lo saben.
Entonces,
no se trata del afán de recaudar sin medir las consecuencias. El gobierno no
debe recaudar a través de los impuestos sin entender que lo está haciendo a
costa de la necesidad de otro. Debemos discutir seriamente la cuestión de
fondo, dejando de lado la urgencia que tienen los distintos gobiernos de
recaudar, para hacer frente a sus propias inseguridades o fracasos económicos.
No
es cuestión de seguir golpeando a los jubilados. Recordemos que el año pasado
los más perjudicados fueron los jubilados: no les entregaron el bono; en la
reunión entre el ministro Sica y la CGT dijeron que lo iban a tener en cuenta,
porque debían modificar el haber mínimo, y lo tratarían próximamente.
Finalmente, ese diálogo se cerró y se olvidaron de los jubilados.
No
se olviden de los jubilados. Los jubilados votan y están muy enojados. Sí es
cierto lo que dijo un diputado del oficialismo cuando se votó la nefasta
reforma previsional, que no acompañamos. Digo esto para que quede bien en
claro, porque en distintos medios se está difundiendo la información errónea de
que el Frente Renovador acompañó dicha reforma. Quiero que quede en claro que
este espacio político jamás acompañó la reforma previsional. Estuvimos en
contra de quitar un derecho a los jubilados; estuvimos en contra de acompañar
un presupuesto nacional en el que, a su vez, se modificó la PUAM, que
efectivamente estaba en la reparación histórica, y se quitó todo tipo de
derechos. Hoy hacen una evaluación ambiental. Lo único que quiere este gobierno
es que la gente no se jubile y viva de las dádivas. ¿Sabe este gobierno o el
oficialismo que hay personas jubiladas con la PUAM con veinticinco años de
aportes? ¿No es un tema a legislar tratar de dar un proporcional o permitir las
moratorias, como prevén los proyectos que tengo presentados? ¿Saben que con la
moratoria se recauda y con la PUAM no, porque se paga con impuestos?
La
verdad es que no entendemos la mentalidad de este gobierno. Lo único que quiero
decir, para terminar, es que el debate es necesario. Mientras tanto, los pocos
miembros del oficialismo que están presentes siguen charlando en sus bancas, y
el 90 por ciento se retiró. Espero que algunos estén escuchando y entiendan que
los jubilados tienen necesidades, y estamos acá para legislar. Como dijo
nuestra jefa de bloque, la diputada Graciela Camaño, a nosotros nos pagan el
sueldo para legislar para la gente y dar respuesta a sus reclamos, no para un
gobierno que no tiene un rumbo económico. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Arroyo, por Buenos Aires.
Sr.
Arroyo.- Señor presidente: estamos en tiempos de
retrocesos importantes para los jubilados en la Argentina. A esta altura, ya
hay tres cosas que están claras. En primer lugar, está claro que los jubilados
no deben pagar impuesto a las ganancias. Lo segundo que está claro es que la
PUAM ha sido un gran error, que hace que terminen cobrando solo el 80 por
ciento de la jubilación mínima, que ya es muy baja.
También
ha sido un gran error –o un brutal error, diría yo‑ la reforma de
diciembre de 2017, que modificó el índice de movilidad e hizo que este año
–como mínimo, en 2018‑ los jubilados pierdan veinte puntos de sus
ingresos.
Es
claro que están sufriendo un gran retroceso. Es claro que los más golpeados en
la Argentina son los mayores, los jubilados. No solo hay un problema de ganancias,
sino también de vulnerabilidad, de pobreza. Hay muchos jubilados con hambre;
por eso, ahora muchos de ellos van a los comedores comunitarios, cosa que antes
no hacían.
Hay
una evidente emergencia en la situación previsional en la Argentina.
Con
todo respeto pido al oficialismo que abra los ojos y vea que este es un buen
proyecto de ley que permitirá establecer un piso en relación con una crisis que
hasta aquí no lo tiene, siendo los más golpeados los jubilados de la Argentina.
Es
evidente que hace falta llevar a cabo una profunda reforma del sistema
previsional de nuestro país, pero estamos yendo en dirección contraria.
Quiero
finalizar mi exposición diciendo algo muy claro y concreto: la situación de los
jubilados es muy mala y claramente ha empeorado. Nuestro deber es promover la
sanción de una norma que le ponga un piso a una caída que hasta acá no la tiene
y al precio de los medicamentos, que están por las nubes.
Ojalá
el oficialismo abra los ojos y por lo menos sancione este proyecto de ley. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Donda Pérez, por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Donda Pérez.- Señor presidente: nos encontramos
en esta sesión para hacer lo que el pueblo nos encomendó, que es trabajar y
legislar. En este caso, legislar es no ser cómplices. ¿Cómplices de qué? Del
saqueo que se está llevando adelante contra una buena parte de la sociedad.
Muchos
plantean que el gobierno se equivoca y comete errores. La verdad es que creo
que eso no es así. Explicaré esto brevemente porque tengo pocos minutos para
hacer uso de la palabra.
Actualmente
muchas personas se ven afectadas por haber tomado créditos hipotecarios atados
al índice de inflación como consecuencia de la publicidad engañosa del gobierno
nacional. Me refiero a los créditos hipotecarios UVA.
Lo
mismo ocurre en el caso de la gente que, víctima del engaño llevado a cabo por
el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hipotecó y empezó a pagar
-con muchos sueños, esperanzas y trabajo- sus departamentos en la Villa
Olímpica. Pero hoy se encuentran con que esos créditos están directamente
vinculados con el índice de inflación.
Como
tenemos una inflación galopante que aparentemente el gobierno no puede detener,
estos créditos a los que me he referido resultan impagables.
Por
su parte, las jubilaciones no solamente están atadas al índice de inflación,
sino que también dependen de otra variante que tiene que ver con los salarios.
Como estos últimos van detrás del índice de inflación, hoy tenemos jubilados y
jubiladas que están cobrando haberes de hambre y miseria.
En
un país en el que el litro de leche cuesta entre 50 y 55 pesos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y más de 80 pesos en la Patagonia, nada bueno puede
resultar.
En
un país en el que un litro de nafta cuesta más barato que uno de leche tenemos
un problema. Si los señores diputados del bloque oficialista no vienen a
sesionar y este proyecto de ley no se aprueba, eso significa que no están
viendo el problema que tenemos.
La
señora diputada Tundis expresó muchas cosas sumamente valiosas. Ojalá más
legisladores del bloque oficialista la hubiesen escuchado. Entre otras cosas,
la señora diputada pidió sensibilidad.
Los
proyectos cuya consideración solicitamos en la presente sesión –esto se lo digo
a un legislador del PRO que se quejó de que eran muchos- son numerosos porque
las áreas de emergencia también lo son.
Hoy
el dinero no alcanza. Tal vez los señores diputados del oficialismo no se den
cuenta de esto. Solo tienen que salir a caminar por las calles. En este sentido
les pido que salgan a recorrer las inmediaciones del Congreso Nacional y
pregunten a los trabajadores que allí se encuentran por qué están marchando.
¿Acaso los señores diputados del bloque oficialista creen que los
representantes de las pymes vienen a marchar a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires porque tienen ganas de hacerlo y no desean trabajar? Los que están
golpeando las puertas del Congreso Nacional, que son dueños de pequeñas y
medianas empresas de nuestro país, ¿es gente que no sabe competir y que por eso
debe cerrar sus fábricas, como dijo la gobernadora Vidal? ¿O es gente que se ha
visto arrastrada por la crisis económica que es consecuencia de las medidas que
aplica este gobierno, que solo benefician a los bancos y a las empresas
constructoras de sus familiares y amigos? Es resultado de esto último.
Necesitamos
alcanzar un acuerdo que consista en que en el Congreso Nacional se legisle, a
fin de que no seamos cómplices de la miseria en que están ahogando a nuestro
pueblo.
Como
nosotros no vamos a ser cómplices de eso, quiero finalizar mi exposición
diciendo lo siguiente: actualmente en la Argentina hay mujeres que siguen
abortando con una rama de perejil, lo cual es el resultado de una decisión
adoptada, quizás no por esta Cámara pero sí por un congreso del que formamos
parte, en el sentido de no volver a tratar el proyecto de ley referido a la
interrupción voluntaria del embarazo. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Alume Sbodio, por San Luis.
Sr.
Alume Sbodio.- Señor presidente: en esta sesión
especial se han presentado aproximadamente ochenta iniciativas, entre proyectos
de ley y de resolución. En virtud de las disposiciones del reglamento de esta
Honorable Cámara, la sanción por parte de este cuerpo de cada una de estas
iniciativas resulta muy difícil, ya que no solamente se requiere tener quórum
para sesionar –cosa que hemos conseguido-, sino también una mayoría especial de
dos tercios de los votos a fin de habilitar el tratamiento correspondiente.
Como
si todo esto fuera poco, si estos proyectos se sancionaran definitivamente
luego deberían enfrentarse a la posibilidad del veto presidencial, tal como
ocurrió oportunamente con la iniciativa relacionada con las tarifas de los
servicios públicos. En aquella ocasión el proyecto fue sancionado por ambas
Cámaras de este Parlamento y su objetivo era frenar el denominado “tarifazo”.
Estas
más de ochenta iniciativas presentadas constituyen voces de alarma, luces
encendidas del Congreso Nacional que tratan de transmitir lo que está
sucediendo a lo largo y a lo ancho del país.
Resumidamente
debo decir que estos proyectos están relacionados con el fallo dictado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación con los haberes de los
jubilados y pensionados, que constituye una expresión de justicia respecto de
estos últimos.
También
tienen que ver con la emergencia alimentaria, que es una de las alarmas más
preocupantes que tenemos porque cada vez que el país entra en una situación de
esas características en rigor de verdad se pierde una generación de chicos y
chicas que hipotecan su futuro al no poder desarrollarse.
Del
mismo modo tienen que ver con las becas universitarias y un país que piensa en
la inflación, cuya única solución será superar el subdesarrollo.
Por
otra parte, tienen que ver con las tarifas de los servicios públicos y la
suspensión de las ejecuciones hipotecarias de familias enteras a lo largo y a
lo ancho del país, que han caído en una trampa espuria, perdiendo prácticamente
el derecho constitucional de acceder a una vivienda.
Del
mismo modo tienen que ver con la emergencia laboral, ya que hay varias
iniciativas referidas a esa situación. En este sentido quiero señalar que día a
día se pierden puestos de trabajo en cada rincón del país. Ya no se trata
solamente de pequeñas y medianas empresas que van cerrando, sino también de
grandes empresas de nuestro país que cierran sus puertas, suspenden la producción
y a sus empleados o modifican sus horarios de trabajo.
Creo
que estas alarmas que hoy se manifiestan en el Congreso Nacional tienen que ver
con un pésimo diagnóstico de la economía. No es la primera vez que esto sucede
en la historia argentina. Hemos vuelto a diagnosticar mal la situación
económica de nuestro país y a caer en un programa monetarista de la economía de
la Argentina. Nuestro país no necesita un programa monetarista, sino uno de
desarrollo. Nada se va a solucionar en materia económica jugando con las Lebac
y las Leliq desde una oficina del Banco Central de la República Argentina.
Tal
como decía “el tapir”, como se denominaba al viejo Frigerio, lo que se necesita
en la Argentina para construir una Nación es salir de la economía colonial que tenemos.
Eso solamente se puede lograr pensando en salir adelante con la producción
nacional.
Uno
de los temas que más alarma y preocupa y que no tiene un impacto mediático
porque los medios de Buenos Aires no lo captan es el de las tarifas del
transporte público. ¿Por qué no reflejan esto esos medios? Porque en rigor de
verdad el presidente de la Nación ha hecho una selección de calidad entre los
argentinos mediante el Ministerio de Transporte. En otras palabras, hay
argentinos de primera categoría cuyo transporte merece ser subsidiado para ir a
trabajar, a la escuela y acceder a los servicios de salud, y argentinos de
segunda categoría a los que en la mayoría de las provincias se les retiró la
posibilidad de acceder a un sistema de transporte que realmente sea público y
no constituya un privilegio, comprometiéndose así una serie de derechos que
están relacionados con el acceso a un servicio de ese carácter.
Como
dijimos aquella noche en que en el Congreso Nacional se robó a los jubilados,
el gobierno ha caído en una espiral de fracaso de la política económica que se
repite a lo largo de la historia argentina. Me refiero primero a la crisis,
luego al Fondo Monetario Internacional, más tarde al endeudamiento y posteriormente
a los condicionamientos y la pérdida de la soberanía política del país. Luego
se produce el incumplimiento de las metas inalcanzables que establece el FMI, y
posteriormente se suspenden los desembolsos.
-
- Ocupa la Presidencia el
señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Pablo
Gabriel Tonelli.
Sr.
Alume Sbodio.- Muchos dicen que en este país hay
gente que cree que cuanto peor, mejor. La verdad es que yo creo que es así
viendo las políticas económicas; estoy convencido de que el gabinete económico
del gobierno nacional cree que cuanto peor, mejor, porque así están tomadas las
medidas económicas. Y no me cabe ninguna duda de que los que están detrás de la
timba financiera haciendo las grandes ganancias en la política y en la economía
argentinas, creen que cuanto peor, mejor; en la Argentina, cuando los negocios
financieros hicieron grandes diferencias, el pueblo tuvo que pagar por las
crisis que se producían.
Mientras
algunos apuestan al capital político que significa la grieta en la Argentina,
ésta no “paga más” electoralmente en nuestro país; quienes no se han dado
cuenta están perdiendo una oportunidad única; quien no se ha dado cuenta es el
presidente de la Nación, que vino a este Congreso con un discurso de apertura
de sesiones para profundizar la grieta cuando tendría que haber llamado al
diálogo y al consenso, cosa que no hizo.
Sí
se están dando cuenta de esto muchos de los gobernadores de las provincias que
han separado las elecciones provinciales de las nacionales, pretendiendo no
caer en el juego de aquellos que creen que el capital político en la Argentina
es la grieta.
Esta
sesión también es un llamamiento a la unidad, a construir un programa conjunto
de país porque ya no son tiempos de grieta; este país debe comenzar los tiempos
de los consensos.
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr.
del Caño.- Señor presidente: siempre hemos dicho
que el salario no es ganancia, y por supuesto que tampoco las jubilaciones. Sin
embargo, en el fallo de la Corte sobre la aplicación del impuesto a las
ganancias a las jubilaciones, se hace una separación de las jubilaciones y los
salarios, ratificando de esta manera la aplicación del impuesto a las ganancias
a la cuarta categoría, que es la de los trabajadores bajo convenio.
Siempre
estuvimos rechazando este impuesto al salario. Recordemos que este gobierno, en
la campaña electoral de 2015, utilizó este tema demagógicamente, como una
promesa de campaña, diciendo que los trabajadores ya no iban a pagar más
ganancias. Además, bajo el gobierno anterior se mantuvo este impuesto
confiscatorio del salario de los trabajadores.
Por
supuesto que el debate es mucho más amplio, por el sufrimiento que hoy están
padeciendo millones de jubiladas y jubilados de nuestro país. Un 62 por ciento
de las jubiladas y jubilados perciben el haber mínimo: 10.400 pesos; una
verdadera miseria. Más del 70 por ciento de las jubiladas y jubilados de
nuestro país son pobres. Les recuerdo que también hablaron de eso: de pobreza
cero.
¿Cómo
olvidar las campañas electorales cuando la diputada Carrió, Macri y Vidal se
sacaban fotos con jubiladas y jubilados, utilizándolos demagógicamente?
Pero
hay algo que se agrega a este sufrimiento, que es no tener para comer ni para
los remedios. Por supuesto que no les importa absolutamente nada; al gobierno
lo único que le importa es cumplir con el pago de la deuda a los especuladores
y a sus empresas amigas.
Hoy
solamente dos de cada diez personas que tienen la edad para jubilarse pueden
hacerlo debido al alto porcentaje de trabajo no registrado que viene dándose
desde hace muchísimo tiempo. Hoy muy pocos pueden acceder a una jubilación y el
resto está condenado a una pensión universal, que es el 80 por ciento de la
mínima, o sea, 8.300 pesos, y ahora tampoco es universal. Entonces, siempre
buscan sacarles a los más vulnerables, como lo hicieron con la reforma
previsional, como ya lo dijimos en esta sesión.
Escuchamos
hablar de que hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional y renegociar
la deuda, pero yo les recuerdo que hace dos días, solo dos días, el FMI dijo
que estaba dispuesto a una renegociación de los acuerdos. ¿A cambio de qué?
Entre otras cosas, a cambio de una reforma previsional. Quieren aumentar la edad
jubilatoria; parece que la extensión del tiempo de vida es un problema.
Tenemos
esa receta: las renegociaciones siempre son a cambio de reformas previsional y
laboral, más ajuste en el Estado, en la educación y en la salud pública. Ya
conocemos esto. ¿Alguien cree que va a ser diferente?
Miremos
a Grecia. ¿Saben cuántos recortes a las jubilaciones hubo en Grecia? Estando de
por medio las renegociaciones de los acuerdos con los organismos de crédito
internacionales, hubo trece recortes a las jubilaciones. Los que se postulan
para gobernar después del 2019 nos dicen que hay que renegociar los acuerdos a
costa de esto. Es decir que es un engaño pensar que va a haber una
renegociación favorable a las grandes mayorías, que va a beneficiar, por
ejemplo, a las jubiladas y jubilados que hoy están siendo atacados brutalmente
por este gobierno. De ninguna manera, vienen por ellos, con las renegociaciones
a las que nos tienen acostumbrados.
Hay
un reclamo histórico de las jubiladas y jubilados sobre el verdadero 82 por
ciento móvil. También se pide la restitución de los aportes patronales, que
fueron reducidos en los 90 por Cavallo. Por supuesto que de ahí tiene que salir
el dinero, como así también de dejar de pagar la deuda y poner impuestos
progresivos a las grandes fortunas.
Así
se podrá lograr que las jubiladas y jubilados cobren como mínimo el equivalente
a la canasta básica, que era de 26.000 pesos a fines de 2018; imaginemos lo que
es ahora.
Por
supuesto que sabemos que al gobierno no le interesa debatir y discutir ninguna
medida a favor del pueblo trabajador, y por eso insistimos en que la única
forma de imponer medidas favorables a jubiladas, jubilados, trabajadores,
pequeños comerciantes y a la juventud es mediante la movilización y la
organización popular.
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra la señora diputada del Plá, por Buenos Aires.
Sra.
del Plá.- Señor presidente: lo primero sobre lo
que tenemos que reflexionar en esta sesión es que evidentemente el oficialismo,
el gobierno de Macri, sus funcionarios y gobernadores como Vidal creen que
pueden ocultar la realidad por el simple hecho de ignorar los conflictos y los
reclamos, desarrollando una política represiva sobre los que nos movilizamos y
nos manifestamos.
La
realidad inexorable es que están llevando al país a un quebranto y a una
situación insoportable para las mayorías populares de este país. Esto es
innegable y esa realidad actúa aunque cierren el Congreso, porque se
manifiesta. Por eso, cada vez es más fuerte el reclamo a las centrales
sindicales de un paro activo nacional de treinta y seis horas. Hoy, los
sectores del sindicalismo combativo nos movilizamos a Plaza de Mayo con un
programa independiente de los trabajadores para la salida de la crisis, porque
no va a ser juntando nuestros reclamos con las patronales como vamos a resolver
la crisis de las mayorías populares de este país.
En
relación con el tema que nos convoca en este momento, que es el impuesto a las
ganancias sobre las jubilaciones, como acá se ha dicho, el fallo de la Corte
tiene la particularidad de que no solo interviene sobre un caso particular,
sino que deja en pie el impuesto a las ganancias sobre los salarios sin ningún
tipo de cuestionamiento.
Entonces,
el proyecto que hemos presentado desde nuestro bloque plantea la anulación del
impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y denuncia que hay un
vaciamiento sistemático de la ANSES y de las cajas jubilatorias provinciales
para abonar las nuevas reformas previsionales que, como acá ya se ha dicho,
reclama el FMI. Estas reformas, además, imponen un criterio de doble aporte,
porque manteniéndose el impuesto a las ganancias sobre el trabajador activo,
que ya tributa, luego pretenden cobrarle ese impuesto cuando esté jubilado. O
sea que se trata de una doble imposición sobre el mismo ingreso, porque la
jubilación es una conquista que de ninguna manera los trabajadores vamos a
resignar, ya que es el salario diferido del que dispondremos cuando hagamos uso
del derecho al retiro en determinado momento de nuestra vida.
Ese
concepto con el que fue conquistada la jubilación para la clase obrera, no lo
vamos a dejar pasar. No es ningún privilegio. Por eso también planteamos con
total claridad que hay que anular el impuesto a las ganancias sobre los
salarios de los trabajadores activos, porque el salario no es ganancia sino que
tiene un carácter alimentario.
Los
jubilados, que en su enorme mayoría cobran la mínima –y de aquellos que cobran
un poquito más, la inmensa mayoría está por debajo de la canasta alimentaria‑
hoy están eligiendo qué medicamento compran, tal como se denuncia públicamente.
Ellos necesitan de la asistencia de sus familias, porque ningún jubilado que se
deslomó durante décadas, sometido a la explotación patronal, hoy puede vivir
solamente de sus ingresos. Esto es inadmisible. Por eso el 82 por ciento móvil
sobre el salario en actividad es un reclamo ineludible.
Cabe
señalar que los aportes patronales, que fueron anulados por Menem y Cavallo en
su época, luego no fueron restablecidos por ninguno de los posteriores
gobiernos, muchos de cuyos miembros hoy integran los bloques de la oposición.
Ellos han sido cómplices del mantenimiento de esta política de vaciamiento.
Debemos
recordar que cuando esta Cámara aprobó una limitada ley del 82 por ciento sobre
el salario mínimo, fue vetada en su momento por la presidenta Cristina
Fernández De Kirchner, como también el gobierno de Macri ha vetado la ley
antitarifas y la prohibición de despidos. Cuando alguna iniciativa progresiva
pasa por este Congreso, no tienen ningún empacho en encargarse de vetarla.
Entonces,
como ya se mencionó, debemos colocar en el centro de la escena un programa de
salida de esta crisis para atender a los trabajadores. Para ello, no hay otra
alternativa que romper con el Fondo Monetario Internacional, desconocer el pago
de esa deuda fraudulenta y usuraria, nacionalizar la banca y el comercio
exterior para evitar la fuga de capitales y, por supuesto, colocar en el centro
de la escena los reclamos de las trabajadoras los trabajadores.
Quiero
cerrar mi exposición haciendo un homenaje. Hoy se cumplen doce años del
fusilamiento de Carlos Fuentealba, un maestro que estaba reclamando en Neuquén
por el salario de los docentes y por las condiciones de la educación pública. Ese
crimen sigue impune porque sus autores políticos no han sido nunca juzgados, e
inclusive el exgobernador Sobisch fue candidato en las últimas elecciones.
Quiero
decir también que de la mano del reclamo por justicia para Carlos viene el
reclamo de justicia para Sandra y Rubén. Hoy los docentes de la provincia de
Buenos Aires estamos de paro rechazando la oferta infame de salario a la baja
de Vidal, pero también reclamamos justicia para Sandra y Rubén porque nuestras
escuelas se siguen cayendo sobre las cabezas de nuestros alumnos, docentes y
auxiliares.
Vidal
y Sánchez Zinny también son responsables, y tarde o temprano cada uno de los
que tiene en sus manos la sangre de los trabajadores, como hoy la vida de los
jubilados, va a pagar. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Contigiani, por Santa Fe.
Sr.
Contigiani.- Señor presidente: la foto del actual
Congreso de la Nación es una muestra de que determinadas visiones económicas
necesitan de una democracia de baja intensidad: que no haya debate, que no haya
compromiso, que no haya entendimiento y que no haya diálogo político.
Tener
cierto Parlamento y una visión de la política que haga el menor ruido posible
es directamente proporcional a determinados intereses, ideas económicas y
fundamentos. Este es el Congreso que expresa el actual momento del país: la
política maniatada y encarcelada por fundamentalismos económicos y de mercado.
Aclaro que no hablo de mercado productivo. Ojalá estuviéramos en ese plano.
Estoy hablando de fundamentalismo de mercados financieros, de rentismo
financiero y de valorización financiera. Por eso lo primero que debemos hacer
es rescatar la política. Pensemos como pensemos y estemos como estemos, debemos
rescatar la política y la democracia porque de lo contrario no vamos a
solucionar ningún tipo de problema en la Argentina ni salir de este invierno
parlamentario, de este frío político por el que está transitando nuestro país.
Señor
presidente: octubre queda lejos. El cuadro económico y social de la Argentina
se está deteriorando y debemos encontrar soluciones urgentes e inmediatas para
nuestros jubilados, para los productores, para los pequeños y medianos
empresarios, para los trabajadores. Debemos encontrar soluciones en el aquí y
ahora para salir de este momento mientras se va amasando la construcción
política y ‑ojalá‑ un acuerdo nacional que nos posibilite como país
entrar en el sendero del desarrollo nacional.
Pero
mientras tanto tenemos que encontrar soluciones. Es por eso que tiene validez
todo este conjunto de proyectos de ley, que es necesario debatir. No nos
equivocábamos cuando en diciembre de 2017 decíamos que en la comparación de la
fórmula de actualización de haberes, los jubilados iban a perder. Así fue,
perdieron. Fue una derrota catastrófica de la política y de todos nosotros.
Perdieron. Pero además perdieron frente a la inflación. La inflación en materia
de medicamentos es un disparate, una inmoralidad. Si observamos los productos y
medicamentos que consumen nuestros jubilados podemos advertir que en promedio
aumentaron el 240 por ciento. Hay medicamentos que subieron el 400 y el 500 por
ciento. En este sentido, yo presenté un proyecto de emergencia sanitaria.
Me
pregunto dónde está la política y el gobierno nacional aplicando las leyes de
defensa de la competencia y de defensa del consumidor, parándose arriba de los
laboratorios y diciéndoles “Señores empresarios, ¿qué están haciendo, cuál es
la justificación para que aumenten los medicamentos en la forma en que están
aumentando?”
Lo
mismo puede decirse con respecto a los alimentos, donde existe una estructura
oligopólica que no se puede explicar, tal como lo vemos actualmente en la
lechería, un sector en achicamiento, donde hay concentración industrial y una
cadena de valor que no funciona. ¿Quién paga el pato en la góndola? El pueblo
argentino, los consumidores, los trabajadores, la clase media. Hay que pararse
arriba, por eso necesitamos de la política pública y de una democracia de alta
intensidad.
La
Argentina se encuentra en una trampa, y esa trampa es de carácter monetarista.
¿Saben cómo funciona la trampa monetarista? Creen que el problema es
eminentemente de déficit fiscal. Pero además, creen que solo se soluciona con
la restricción monetaria.
En
nuestro país, la restricción monetaria lleva a tener tasas de interés altas,
que a su vez nos conducen a una burbuja financiera. Asimismo, la desregulación
de la cuenta de capital nos lleva a que entren inversores de afuera, todos
especulativos. Luego, se van del peso, presionan el dólar, el tipo de cambio se
recalienta, aumentan los precios de los alimentos, de los medicamentos y las
tarifas ‑porque dolarizaron y privatizaron la determinación de las
tarifas‑ y rápidamente el gobierno necesita auxilio financiero. ¿Dónde
caemos? En el endeudamiento internacional. No hay estrategia posible con esta
receta fracasada del monetarismo.
Invito
a todos los que creen en la política, aun del oficialismo, –porque hay personas
de buena voluntad y corrientes políticas a las que respeto mucho‑, a que
empoderemos las políticas públicas y tengamos un diálogo de partidos políticos
para que podamos encontrar soluciones en forma inmediata y dejemos atrás la
receta monetarista fracasada.
Debemos
mandar a los tecnócratas al tercer o cuarto plano para que solamente escriban.
La decisión política de la Argentina tiene que pasar por un proceso de
acumulación interna que nos permita agregar valor, trabajo e industrialización
a la estructura productiva para controlar los precios, tener mayor producción y
una ciudadanía mucho más llena de esperanza.
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr.
Ramón.- Señor presidente: pareciera ser que en
nuestro Congreso la parte más débil de la cadena vuelve a ser el jubilado
argentino. No se trata de un tema menor, y lo tenemos que ver desde dos puntos
de vista: el político y el técnico.
Técnicamente
cada vez que la Corte Suprema de la Nación ha tenido que tomar cartas en un
asunto donde se trata un tema relativo a los jubilados le ha dicho a los
señores que gobiernan el Estado: “Con los jubilados no se pueden meter”.
Lamentablemente
cada vez que el Poder Judicial ha tomado cartas lo ha hecho de manera
individual, como en ese caso que se resolvió hace muy poco, ordenando un
tratamiento diferenciado cuando se trata de un jubilado que está en una
situación de vulnerabilidad. Claramente la Corte dice: “Señores del gobierno
que representan al Estado: devuélvanle la plata a esta señora porque no corresponde
la manera en que ustedes se la quieren retener en concepto de impuesto a las
ganancias”. Este es un aspecto técnico.
La
diputada Tundis hizo un análisis impecable del proyecto de ley, que adelanto
que desde el bloque Protectora vamos a apoyar.
También
hay otro tema técnico que es necesario considerar porque el jubilado de hoy es
el trabajador de ayer, que ya pagó el impuesto a las ganancias. Con el jubilado
de hoy la sociedad tiene un débito que es mucho más importante que tratar de
equipararlo a una planilla Excel para cerrar las cuentas del Estado cuando los
números no dan.
Recuero
que hace muy poquito –a fin de año‑ presentamos un proyecto pidiendo que
hubiera una compensación económica mínima de 3.000 pesos para los jubilados a
los efectos de que pudieran llenar la canasta de fin de año. Solicitamos que se
pagara con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que significaba el 1,2
por ciento de dicho fondo. Pero estos señores, y por eso voy a hablar de lo
político de este tema, ni siquiera consideraron el proyecto porque pareciera
ser que desde el punto de vista político el eslabón más débil de la sociedad
son los jubilados y los pensionados. Esto también es técnico, y lamentablemente
lo vamos a resolver votando con una cuestión política de por medio.
Vengo
de Mendoza y mi representación es del pueblo de esa provincia. Hay un
presidente del partido radical, socio del partido que está gobernando, que
pareciera ser un mentiroso. Quiero aclarar que el radicalismo -y aquellos que
lo representan en este recinto- ni siquiera se quiso sentar a dar quórum.
Creo
que si se despertara Irigoyen -y no quiero ni pensar qué pasaría si se
levantara de la tumba el ex presidente Alfonsín‑ preguntaría: “¿Qué está
pasando? ¡Esto no es el radicalismo!” Los radicales piensan en los más débiles,
pero hoy no lo están haciendo.
Entonces,
cuando escucho al gobernador de mi provincia decir que va a hacer una campaña
política y que quiere incorporar al radicalismo a las grandes políticas de
nuestro Estado nacional –y algún radical de mi provincia está a los gritos
aquí, al lado mío- creo que son mentirosos ya que están cortando la cadena por
la parte más débil de la sociedad.
Aquí
venimos a legislar para aquellos que son los más débiles, es decir, los
jubilados. No hay derecho a que no se sienten a discutir y que ocurra este
chusmerío en los pasillos del palacio. No quieren escuchar los discursos que
hablan sobre el tema; quieren votar y que pasemos rápidamente a otra cosa. Esto
no es posible porque no hemos venido para eso al Congreso de la Nación.
Mientras
algunos de los que hacen política están en las calles de la provincia que
represento, los jubilados están pidiendo a gritos que hagamos algo por ellos
porque de sus bolsillos está saliendo lo que ya no se puede pagar, es decir,
las tarifas y todo lo que ya conocemos.
Por
eso creo que es necesario que todos aquellos que forman parte del bloque del
oficialismo se sienten a discutir este tema y voten una ley en favor de
aquellos que son la parte más débil de la cadena.
¿Por
qué digo que esta cuestión también es política? En mi casa me enseñaron que los
mayores son sagrados y que si en una sociedad no levantamos de abajo hacia
arriba el estándar de calidad, el derrame de unos poquititos no va a permitir
que todos los argentinos -y en particular los mendocinos que yo represento- nos
podamos subir al carro del progreso. Solamente se van a subir esos que dicen
que a partir del derrame se va a obtener progreso hacia el futuro.
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Félix, por Mendoza.
Sr.
Félix.- Señor presidente: la verdad es que hoy
llegamos aquí con mucha expectativa -ingenua expectativa, diría yo- en relación
con el tratamiento de decenas de proyectos que duermen el sueño de los justos
en comisiones, en donde no se consideran y no tienen dictamen, justamente
porque no se reúnen.
Se
trata de proyectos que expresan fundamentalmente las necesidades de la gente en
los barrios y en las calles, de los jubilados, de los trabajadores y de los
productores en todo sentido frente al aumento de las tarifas que hoy no
permiten que haya producción ni calidad de vida en los hogares ni para nuestros
jubilados, que se ven afectados por el impuesto a las ganancias.
Curiosamente
ese tema fue motivo de discursos de campañas y llevó a ese sector –el de los
jubilados‑ a que justamente fuera uno de los que más apoyara a este
gobierno.
Fíjese
qué contradicción, señor presidente: los que menos tiempo tenían para esperar
eran los que más esperanza tenían. Sin embargo, son los defraudados de hoy, los
que empiezan a desesperar.
Creo
que en muchos de los temas planteados, como los tarifarios, lo que se ve con
claridad es que hay una gran transferencia desde los sectores del trabajo, de
la producción y desde los sectores más desposeídos fundamentalmente hacia dos
sectores: el financiero y el de los servicios a través de las tarifas.
Esto
es lo que nosotros pretendíamos tratar hoy, porque básicamente son los temas
que más afectan a nuestros comprovincianos en Mendoza, a nuestros conciudadanos
en cada lugar del país, es decir, a todos los argentinos, y porque
fundamentalmente perjudican a la gran mayoría y solo benefician a algunos.
Como
contrapartida observamos no solo la falta de voluntad para discutir estos temas
por parte del oficialismo y la falta de decisión tendiente a cambiar esta
realidad muy dura para muchos de nuestros compatriotas, sino también algo que
expresa para qué trabajamos.
El
viernes pasado, mientras analizábamos con mucha expectativa cómo podíamos trabajar
en relación con estos temas que hoy se proponen, ingresó un proyecto del
oficialismo para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, que entre sus
artículos propone que los extranjeros puedan ser electos como directores de la
entidad.
Cuando
uno ve ese tipo de cosas, es decir, los proyectos que proponíamos y los que
ingresan desde el oficialismo, podemos deducir para quién trabaja cada uno. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- La Presidencia informa que queda una sola señora diputada
anotada en la lista de oradores para referirse a este grupo de proyectos.
Tiene
la palabra la señora diputada Schlotthauer, por Buenos Aires.
Sra.
Schlotthauer.- Señor presidente: en primer lugar,
desde la bancada de la Izquierda Socialista, dentro del Frente de Izquierda,
quiero sumarme al repudio que han manifestado mis compañeros. Además, deseo
hacer algunas reflexiones sobre lo que he escuchado hasta este momento en la
sesión.
Con
respecto al impuesto a las ganancias que pagan los jubilados, por supuesto que
comparto la opinión de todos los que se han negado a que esta situación se
mantenga y que proponen que no se pague más.
Considero
aberrante que nuestros jubilados tengan que pagar impuesto a las ganancias,
pero también es aberrante que todavía les apliquen el impuesto a los
trabajadores. Por ende, los proyectos que se están presentando resultan
absolutamente insuficientes y por ese motivo apoyamos la iniciativa que propone
la nulidad completa del impuesto.
Así
como alguna vez quienes luchábamos durante el gobierno anterior en contra del
impuesto a las ganancias decíamos que se trataba de un impuesto al trabajo,
debo decir que mantener este impuesto hoy es cobrar un impuesto a la vida a
cada uno de los ancianos que está tratando de sobrevivir. Reitero: resulta
absolutamente indignante y aberrante.
No
solo es insuficiente el proyecto que declara la emergencia sino que son
insuficientes todos los parches que se están tratando de incorporar.
Comparto
la indignación que se tiene frente a todos los diputados que apoyan al gobierno
nacional, que han hecho una campaña y la siguen haciendo en el sentido de que
respetan las instituciones, que venían a traer prolijidad y diálogo y en verdad
hoy, a pocos días de los números alarmantes que ha presentado el INDEC, se
niegan a sentarse a discutir o a
decirnos por lo menos qué otros proyectos tienen para solucionar esta
situación, aunque sean meros parches.
Ahora
bien, tenemos que saber que los números del INDEC no hablan de parches y que
con los acuerdos con el Fondo están tirando al fondo a millones de personas en
este país.
Quiero
decir al gobierno nacional y a todos sus representantes que puede ser que con
cuatro o cinco sindicalistas de la CGT arreglen esta situación, pero esto no va
a suceder con todos los trabajadores que más temprano que tarde van a salir a
pedir la comida que necesitan, el techo que necesitan y las fábricas que
estamos necesitando y que cierran.
¡No
tenemos salida con el Fondo Monetario porque nos está arrastrando al fondo! ¡No
tenemos salida tampoco con todos los que se van a sentar a tomar café con el
Fondo Monetario y a comprometerse! Acá se quejan porque hay campaña electoral y
hablan en los programas de televisión pero después se sientan en privado para
decir que van a respetar y honrar todas las deudas, que no son más que una
estafa de todos los empresarios para los que han gobernado durante todos estos
años.
Nosotros,
desde el Frente de Izquierda, repudiamos el impuesto a las ganancias,
repudiamos la política de este gobierno y vamos a seguir peleando para que nos
liberen de todas las multinacionales y los bancos que están controlando y saqueando nuestro país. (Aplausos.)
-
- Ocupa la Presidencia el
señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con las palabras vertidas por la señora diputada, damos por
finalizadas las intervenciones relativas a los proyectos referidos al tema
previsional. Luego de la votación, comenzaremos con el tema vinculado con las
tarifas.
Se
va a votar en forma nominal el tratamiento sobre tablas de los expedientes
vinculados con el tema tarifario números 0796-D.-2019; 0690-D.-2019;
0255-D.-2019; 7749-D.-2018; 6847-D.-2018; 5608-D.-2018;
5610-D.-2018; 0480-D.-2019; 0172-D.-2019; 2111-D.-2018;
6279-D.-2018; 2299-D.-2018; 2085-D.-2018; 1296-D.-2018 y
1807-D.-2018. Se requieren los dos
tercios de los votos que se emitan.
-
- Se practica la
votación nominal.
-
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 217 señores diputados presentes, 119 han votado por la
afirmativa y 96 por la negativa. No se ha computado el voto de un señor
diputado.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 119 señores diputados por la afirmativa y 96 por la
negativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda rechazado el pedido de tratamiento sobre tablas.
Tiene
la palabra la señora diputada Reyes, por Santa Cruz.
Sra.
Reyes.- Señor presidente: en relación con los
proyectos presentados por el Frente para la Victoria con respecto a tarifas
energéticas, hay uno en particular del diputado Martínez que nos toca muy de
cerca a los diputados patagónicos y que tiene que ver con la exención del IVA a
las tarifas de gas y de luz.
En
primer lugar, considero importante informar a la sociedad que este proyecto
nunca fue tratado en la comisión pertinente. Es claro que los habitantes
patagónicos tienen como recurso de primera necesidad a la electricidad y al
gas. Pronto tendremos bajísimas temperaturas; es más, en Santa Cruz a las 5 de
la tarde ya es de noche y que recién a las 10 de la mañana tenemos luz solar.
Claramente son elementos de primera necesidad y creo que esto no lo tenemos que
explicar.
Hoy
a Perito Moreno y a Gobernador Gregores ‑dos localidades de mi provincia‑
llegan facturas de 8.000 pesos por mes. Creo que tampoco tenemos que explicar
que estas tarifas no pueden pagarse, mucho menos con los salarios de hambre que
la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, paga en la provincia. Un docente
gana 20.000 pesos y paga 8.000 pesos por la tarifa de luz o de gas.
Se
presentan estos proyectos, pero se desconoce que las localidades de Perito
Moreno y de Gobernador Gregores no están conectadas a la red de gas nacional
porque en veintiocho años no pudieron hacer un gasoducto en una provincia
productora de gas. En realidad no es que no pudieron hacerlo: se lo robaron.
Debemos hacer memoria y tener presente que ni siquiera se generaron las
condiciones edilicias en las casas y en los diferentes establecimientos para
poder ahorrar energía. Tampoco fomentaron las energías alternativas y recién
ahora se está desarrollando la energía eólica en algunos parques eólicos de la
provincia de Santa Cruz.
Claro
que nos gustaría hablar de tarifas, pero también quisiéramos que estas
provincias destinen parte de sus ingresos –que son mayores no solo por el
aumento del valor del petróleo, sino también por el incremento del valor del
dólar‑ a generar subsidios para los sectores más vulnerables o
necesitados, tal como se hace en otras jurisdicciones que precisamente no son
patagónicas; esto no pasa en Santa Cruz, de donde provengo.
Por
supuesto que quiero fijar posición porque considero que debemos establecer una
tarifa diferencial para los habitantes de la zona patagónica. Así lo hemos
pedido en la Secretaría de Energía y a la gobernadora de Santa Cruz. En esta
oportunidad planteamos que vamos a discutir este tipo de proyectos en la medida
en que su tratamiento sea serio y no se utilice como herramienta política.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.
Sr.
Rossi.- Señor presidente: disculpe que demoré unos segundos en iniciar mi
exposición; simplemente quería cerciorar si la señora diputada preopinante
había votado a favor o en contra del tratamiento de estos asuntos. Resulta que
votó en forma negativa.
Están
pasando cosas inéditas en esta sesión: los que votan en contra del tratamiento,
hablan de los proyectos. Ahora bien, ella dijo que estaba dispuesta a
considerar estas iniciativas; bueno, perdió la oportunidad, señora diputada, si
hubiera votado a favor, hubiéramos tenido un voto más a favor de su
tratamiento.
No
es la primera vez que esta Cámara de Diputados se hace eco del tema que estamos
tratando y su problemática. El año pasado, en oportunidad un tratamiento
similar, logramos consensuar entre todos los bloques opositores un proyecto por
el cual se regulaba la cuestión tarifaria de distinta manera, brindando escala
humana a la política tarifaria. Después de varios intentos, logramos
sancionarlo en la Cámara de Diputados y luego fue aprobado por el Senado. Pero
en menos de veinticuatro horas, con una celeridad no acostumbrada por parte del
Poder Ejecutivo, el presidente Macri vetó dicha iniciativa.
Creo
que a veces pasa algo en la política argentina y es que las cosas que suceden
se naturalizan. En lo que a mí respecta, voy a tratar de no hacerlo o de tirar
algunos datos para que no se naturalice tanto lo que sucede en materia
tarifaria en nuestro país. Es por este motivo que nuevamente planteamos el tema
en la Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo
aquí algunos datos de la Universidad de Avellaneda. Entre el 2015 y el 2018 las
tarifas en energía eléctrica aumentaron un 2.303 por ciento; un 1.752 por
ciento en gas y un 655 por ciento en agua. Si se incorpora el aumento del
transporte, la incidencia del gasto en electricidad, gas, agua y transporte ha
crecido de manera significativa, pasando del 6,3 por ciento del salario mínimo,
vital y móvil a fines de 2015 a más del 23,5 por ciento en la actualidad. Veamos
esta incidencia en otros países: Uruguay, 15 por ciento; Colombia, 17,3 por
ciento; Ecuador, 19,4 por ciento; Perú, 19,8 por ciento; Brasil, 21 por ciento,
y Chile, 23 por ciento. Es decir que somos el país en el que el gasto por el
pago de servicios y de tarifas es el que más incide en el salario mínimo de sus
ciudadanos.
El
concepto de pobreza energética es otro de los descubrimientos de Cambiemos.
Durante este gobierno, el oficialismo permitió a los argentinos incorporar un
concepto nuevo: que en nuestro país hay hogares que tienen pobreza energética y
que el costo del mantenimiento del sistema energético hace que esos hogares
sean considerados por debajo del límite de pobreza.
Acabamos
de recibir, no sin dificultades, un petitorio de las pequeñas y medianas
empresas de la Argentina, en el que confluyeron trabajadores y pequeños y
medianos empresarios. Al frente de la totalidad de sus reclamos está el costo
de la energía eléctrica. La mayoría de los sectores industriales de nuestro
país tienen una capacidad ociosa que orilla el 45 y el 50 por ciento –en
algunos casos, según el rubro, incluso está por arriba del 50 por ciento‑
aducen que una de las problemáticas que tienen es el alto costo de la energía
en la Argentina.
¿Qué
ha pasado con esos aumentos del 2.300 por ciento y del 1.752 por ciento? ¿Nos
permitieron mejorar la infraestructura eléctrica y energética en la Argentina?
¿Los argentinos que pagan con muchísimo esfuerzo esos servicios reciben una
mejor calidad? La verdad es que no; nada de eso ha sucedido. Una gran parte de
esos aumentos ha sido destinada a recomponer la tasa de ganancia de esas
empresas. Cabe señalar que dichas empresas, que cotizan en bolsa y tienen la
obligación de presentar sus balances en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
han mostrado ganancias extraordinarias en los tres años y medio de gestión del
macrismo en la Argentina. Seguramente será un dato casual que los propietarios
de muchas de esas empresas son amigos personales del presidente. Será, reitero,
simplemente un dato de color; no para sacar alguna conclusión determinante.
Por
otro lado, lo cierto es que el sistema económico implementado por el gobierno
no alienta las inversiones productivas. Con el nivel que han alcanzado las
tasas de interés, antes que construir un electroducto o un gasoducto, hacer
mayores inversiones o mejorar las líneas de baja, media y alta tensión, a
cualquiera que tenga liquidez le conviene muchísimo más jugar a la timba
financiera u obtener la rentabilidad enorme que permiten la especulación y el carry trade en la Argentina.
Estamos
ante una tormenta perfecta: el extraordinario y exorbitante aumento de tarifas
que tuvo lugar durante estos años provocó una enorme transferencia de ingresos
desde el ciudadano común, el ciudadano de a pie, a las ganancias de las grandes
empresas. A estas, el actual sistema económico tampoco las invita a invertir en
infraestructura o en actividades productivas; por el contrario, las invita a la
especulación financiera.
Para
decirlo claramente, la plata que sacamos a doña Rosa, a doña Juana, a don Pepe
y a don José, fue a parar a las manos del señor Nicolás, quien se llenó de
dinero durante estos tres años y medio porque, en lugar de realizar inversiones
productivas, lo puso en la timba financiera y alcanzó el grado de rentabilidad
que esto permite en la Argentina. Como decían en las viejas telenovelas,
cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad; no estoy describiendo
situación alguna con esas características.
Por
estas razones, traemos a la discusión un proyecto similar al que presentamos el
año pasado. Creemos que es preciso congelar las tarifas durante este año y
retrotraer sus valores a 2018. No necesariamente esto tiene que significar un
gasto enorme para el Estado, porque lo que se debe recortar es la tasa de
ganancias de las empresas. Esto redundará en un beneficio directo no solo para
el bolsillo de los argentinos sino también para las empresas, e indirectamente
impactará en aquello que más está dañando a la economía argentina junto con la
recesión: la inflación.
Es
sabido que las tarifas son precios relativos de la economía. Ahora bien, si uno
de los precios relativos de la economía en todo momento tiende al alza, siempre
tendremos inflación en nuestro país. Claramente las tarifas, junto con el tipo
de cambio, influyen en la inflación.
¡Basta
de tarifazos! Esto es lo que planteamos a futuro. Pensamos que las tarifas no
pueden aumentar más de lo que se incrementa el coeficiente de variación
salarial. Dicho de otra manera, las tarifas no pueden subir más que los
salarios; es decir, más que lo que el ciudadano está en condiciones de pagar.
No podemos, desde la política, poner a un trabajador, a un jubilado o a una
jubilada, en la situación de tener que optar entre pagar una factura y comer.
Tampoco podemos llevar a que cierren las empresas por no poder bancar el costo
tarifario ante la imposibilidad de trasladarlo a sus costos de producción, ya
que ello implicaría vender menos de lo que venden actualmente. A esto debemos
agregar el ataque de una importación indiscriminada con productos que ingresan
al país con precios de dúmping, consecuencia de una decisión económica
absolutamente ilógica que observamos con claridad en la Argentina.
Por
estas razones, venimos a insistir en la siguiente idea: la política debe tener
dimensión humana. Es mentira, como decía Aranguren, que la cuestión se resuelve
con una planilla de Excel, porque a esa planilla le falta una columna que es,
justamente, la de la dimensión humana.
Entiendo
que muchos funcionarios del sector energético probablemente no sufran los
problemas que acabo de describir y que, por ello, les resulte muchísimo más
difícil internalizarlos; de todas formas, les pido que salgan a recorrer cada
ciudad y cada barrio de nuestro país.
No
crean que la caída en las encuestas sobre la intención de voto a presidente es
producto de un complot de todos los argentinos. Se debe a la aplicación de las
políticas económicas que están llevando adelante y que tanto dañan el tejido
social.
El
año pasado, luego de aquella sanción en las Cámaras de Diputados y de
Senadores, pensé que el presidente de la Nación miraría las cosas desde otro
lugar. Recuerdo que cuando asumió, poco tiempo después de ganar las elecciones,
dijo: vengo a escuchar a los argentinos. Lamentablemente, el presidente no
escuchó las demandas de la mayoría de ellos; salvo a sus amigos y a su círculo,
cada vez más cerrado, no escucha.
Esto
imposibilita la reconstrucción de la Argentina en un contexto de crisis que
tanto adversarios como adherentes al gobierno han reconocido sine qua non.
La
propuesta de hacernos cargo de la política tarifaria desde el Congreso de la
Nación tiene que ver con asumir la responsabilidad que el gobierno no asume. No
es posible seguir aumentando indiscriminadamente las tarifas porque el pueblo
no aguanta más. El Congreso de la Nación, reitero, debe hacerse cargo de esta
responsabilidad. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Kicillof, por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: estoy casi
convencido de que el gobierno desconoce, por voluntad propia, la situación
extremadamente grave que está haciendo pasar a los hogares, a las empresas, a
los comercios y a la industria nacional a partir de este esquema tarifario.
Digo que no la conoce, por un lado, porque actúa como si la realidad fuera
otra. Por otra parte, porque el presidente de la Nación no paró un solo día,
desde que asumió el gobierno, de provocar a las víctimas de los desastres que originó.
Esto
es de una gravedad inusitada, como venimos advirtiendo desde el primer día en
que empezaron a plantear cambios en la política tarifaria como un modo de
corregir la situación proveniente del pasado; es decir, la manera como
manejamos la cuestión cuando fuimos gobierno.
Lo
denunciamos en este mismo Congreso, y hoy podemos comprobar que nuestras
denuncias eran ciertas. Lo más triste es que los resultados de esta política
tarifaria son los que nosotros previmos, los que dijimos que inevitablemente
iban a darse.
Con
las decisiones que han tomado, no han hecho otra cosa que dolarizar las tarifas
de los hogares y aquellas que deben pagar los sectores productivos. Las
llevaron a valores internacionales ignorando que, en la Argentina, la energía
proviene de la explotación de hidrocarburos cuyos costos están en pesos. En
otras palabras, dolarizaron bienes y servicios cuyos costos están en pesos.
El
resultado de esta política era obvio: generaron ganancias, no extraordinarias
sino absolutamente escandalosas, para toda la cadena de ese sector que no se
tradujeron en mayores inversiones y tampoco en mejoras en el servicio, en la
explotación y en la producción. Solo se tradujeron en un excedente gigantesco
que seguramente tomó ese camino que el presidente de la Nación conoce muy bien:
el de los paraísos fiscales, como Panamá.
Esta
política ha sido una extraordinaria, escandalosa y enorme estafa; electoral,
primero, y de gobierno, después. Han mentido, y las consecuencias de esas
mentiras se advierten no solo en la pérdida de popularidad –a la que hizo
referencia el señor diputado Rossi‑ sino también en el desastre mayúsculo
que provocaron en el tejido productivo de nuestra Nación.
Cuando
decimos que desorganizaron la vida de la gente, queremos significar que nadie
tiene la menor idea de qué monto vendrá en la factura de gas. Esto no es una
política tarifaria; es un saqueo. Cuando llega la factura de luz, es como si
vinieran Drácula o Frankenstein. Ni el empresario ni el trabajador saben cuánto
tendrán que pagar; no lo sabe nadie. Nadie sabe qué están cobrando; están cobrando cualquier cosa porque han
dolarizado, con el agravante de que después han llevado a una devaluación de
prácticamente el 300 por ciento, con lo cual han convertido este esquema en algo
absolutamente impagable. No es una política; es un desastre.
Lo que hoy venimos a discutir es cómo
tratar de arreglar, de la manera más prolija pero más rápida posible, el
desastre tarifario que han armado, la enorme estafa que han hecho.
Decían que las tarifas estaban
demasiado bajas y entonces han decidido hacer lo que el manual de política
neoliberal les indicaba y que iban a hacer de todas maneras, que es
dolarizarlas y cobrárselas a todo el mundo en dólares para sostener un negocio,
como si la energía argentina no fuera argentina, como si fuera de quienes la
extraen de la tierra, como si fuera de quienes la transportan. No es así.
En esta concepción, señor presidente,
hay problemas económicos, sociales e ideológicos, e incluso hay problemas de
fondo que están reñidos hasta con la Constitución Nacional. El petróleo que se
saca de la Argentina tiene que venderse en nuestro país a costo argentino. El
gas que se saca de la Argentina tiene que venderse a costo argentino. Como decía
recién, es una cuestión social, política e ideológica; es una cuestión de
soberanía. Lo que ustedes están haciendo es liquidar la soberanía energética, y
lo están haciendo de la peor manera, que es cobrando lo que la gente no puede
pagar.
No hay tres formas de explicar lo que
ha ocurrido; no existe una gran discusión. Han hecho eso: han dolarizado las
tarifas, sobre la base de recursos argentinos, explotados en la Argentina.
Cuando nosotros terminamos el gobierno
se importaba una parte de la energía, pero no era más del 10 o 12 por ciento.
¿Por qué entonces iban a dolarizar las tarifas? Solamente para garantizar el
negocio de un sector económico que, además, lamentablemente coincide con
socios, amigos o parientes de quienes hoy gobiernan y en particular del
presidente de la Nación. Lo que están haciendo no tiene ninguna justificación.
Como siempre lo hemos dicho, y como lo
ha sostenido también el señor diputado Gioja, nunca han querido decir cuál es
el costo de extracción, porque si éste se conociera –el famoso precio del gas
en boca de pozo o del barril de petróleo en boca de pozo-, quedaría revelado
que se están llevando a cuatro manos la plata de la gente.
Entonces, cuando un negocio se funde o
cuando una familia no llega a fin de mes, se preguntan por qué. Respecto de
este ajuste, el presidente de la Nación dice que hay que remarla, que hay que
sufrir o que hay que sacrificarse. Eso es todo verso. El dinero sale del
bolsillo del comerciante, del empresario, del trabajador, del laburante, de la
clase media, y va directamente a parar a los bolsillos de unos sectores que se
están enriqueciendo de una manera desproporcionada.
Señor presidente: aquí tenemos
muchísimos proyectos. El oficialismo no los quiere discutir porque sostiene
estas ideas, sostiene este programa económico y sostiene unas ganancias
absolutamente ridículas a expensas de todos los demás argentinos y a favor de
sectores concentrados, muchos de ellos extranjeros, todos amigos del gobierno.
Señor presidente: hay que terminar con
esta locura ya. Tienen que sentarse a discutir lo que está haciendo fundir a
nuestras industrias y a nuestras familias. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado Espinoza, por Buenos Aires.
Sr. Espinoza.- Señor presidente: otra vez estamos viviendo
hoy un día muy triste en la Argentina. Teníamos la oportunidad de parar esta
locura, este desastre económico y social que está viviendo la mayoría de los
argentinos, pero nuevamente no lo hemos hecho.
Aquí nomás, en la puerta del Congreso,
hay en este momento una multitudinaria manifestación de pequeños y medianos
empresarios junto con trabajadores, como pocas veces se ha visto en la historia
argentina, unidos para tratar de que el presidente los escuche y vuelva atrás
esta triste realidad que millones de argentinos sufren todos los días.
La democracia es el gobierno de todos,
no el gobierno de los más ricos nada más. Hay que saber escuchar lo que pasa
hoy en nuestro país.
Como todos sabemos, hay varios
proyectos que hemos presentado. Podríamos haberlos aprobado en el día de hoy y
parar así esta situación, escuchando a la gente, a quienes no tienen voz.
Nosotros somos, como sus representantes, la voz de los que no tienen voz. Por
eso decimos que hay que declarar la emergencia tarifaria, volviendo atrás estos
megatarifazos que no nos llevan a ningún lado.
Actualmente, aquí nomás, a diez
kilómetros de la Capital Federal o de este recinto -no a 2.000 kilómetros de
distancia, en alguna provincia del sur-, llegan tarifas de 8.000 pesos de luz, 6.000
pesos de gas y 1.000 pesos de agua. ¡Son 15.000 pesos! Esto ocurre en una
familia tipo, de trabajadores, cuyos integrantes ganan –entre todo el grupo
familiar- 30.000 pesos por mes y tienen que elegir entonces entre comer o pagar
las tarifas.
Entendemos que hay que parar con los
cortes. La gente se endeuda todos los días para pedir préstamos que les
permitan pagar las tarifas del mes pasado en cuotas; la clase media, que está
destrozada, se endeuda con la tarjeta; todos los días cierran industrias y empresas.
Con lágrimas en los ojos, empresas de treinta o cuarenta años están hoy
cerrando en el Gran Buenos Aires. También los comercios están cerrando en el
Gran Buenos Aires como nunca se vio.
Ni hablemos de los trabajadores o de
los jubilados.
Hoy hay que hacer algo, o mejor dicho,
ayer. No se puede más. La gente dice “Hagan algo”. Se lo dijo al presidente
Macri un obrero de la construcción. No es verso; no estamos inventando nada.
¿Dónde viven o dónde están, que no
escuchan a la gente? Hay que escuchar a la gente. Esta Argentina es como un
barco en medio del mar durante una tormenta, que no tiene rumbo; hay que volver
a poner el barco en aguas tranquilas, y podemos empezar hoy parando estos
megatarifazos y retrotrayendo las tarifas al año pasado, para que ninguna
familia pague más del 10 por ciento de sus ingresos, como ocurre en cualquier
país normal del mundo.
La gente nos pide tranquilidad, señor
presidente. La gente quiere vivir en un país normal, donde pueda trabajar,
donde los chicos puedan ir a estudiar a la escuela, donde puedan tener dos
comidas diarias. Son cosas básicas.
Todavía estamos a tiempo de volver a
poner a la Argentina en un rumbo de tranquilidad y no de angustia, desesperanza
y de tristeza como estamos viviendo hoy. La gente no puede más.
Por eso pedimos esto al presidente de
la Nación y, en el caso de mi provincia, la provincia de Buenos Aires, a la
gobernadora Vidal. Ella es corresponsable de este ajuste; es coejecutora de
este desastre económico porque firmó de puño y letra el aumento de los
megatarifazos en el 70 por ciento del territorio de la provincia de Buenos
Aires.
Volvamos atrás todo esto; vivamos en
una Argentina normal para todos, con equidad y con futuro. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado Solanas, por Entre Ríos.
Sr. Solanas.- Señor presidente: una vez más el Congreso de la Nación no estuvo a la
altura de lo que les pasa a los ciudadanos y de lo que ellos permanentemente
nos reclaman. Hay un pueblo que siente una enorme
desazón. No hay duda de que eso ocurre en las provincias de nuestro país. Los
que vivimos cerca de los viejos almacenes de barrio, que frecuentamos pequeñas
y medianas empresas y comercios, somos testigos de un profundo desasosiego y una
enorme frustración en la República Argentina.
Hoy
el oficialismo tuvo una oportunidad enorme para ponernos al nivel de las
demandas de la ciudadanía para ver cómo resolver algunas cuestiones en las que
hoy nuestro pueblo nos interpela.
Esto
tiene un correlato cierto. La crisis energética en la Argentina fue fabricada.
Tiene que ver con el decreto 134 del 16 de diciembre de 2015, cuando era
ministro Aranguren. Cuando charlé con él en la comisión le manifesté que me
parecía que no estaba frente a un ministro de la Nación sino a un empresario
que estaba defendiendo sus intereses. Obviamente, Aranguren vino a hacer lo que
hizo con este decreto. No hay duda de que estamos viviendo una estafa con la
crisis energética en la República Argentina. ¡Una estafa! Aquí lo ha dicho el
señor diputado Kicillof: se ha dolarizado el costo de la energía en la
Argentina.
La
energía es un derecho humano, pero ahora dejó de serlo y pasó a ser
absolutamente una mercancía en la República Argentina. En muchísimos hogares
humildes de nuestra patria existe dolor porque no pueden pagar la energía y les
cortan el servicio, dejándolos sin ese derecho humano. Se trata de miles y
miles de argentinos, y en este caso vengo a representar a los entrerrianos.
La
energía dejó de ser una herramienta de desarrollo económico. Por eso las pymes
y actividades como la maderera de nuestra provincia, que son
electrodependientes, hoy están sufriendo ante la posibilidad de tener que
cerrar y dejar gente en la calle.
No
hay dudas de que hoy el oficialismo no está escuchando al pueblo en este
Congreso. Al contrario, le da la espalda, y es más, uno siente que hasta hay
una burla a nuestro pueblo, al que se lo engaña permanentemente. Porque lo que
hizo Aranguren con el decreto 134 fue generar la necesidad de un cambio y lo
que luego sucedió fueron tarifazos sobre tarifazos.
La
oposición está a la altura de los acontecimientos y ha presentado proyectos
para que este tema se trate en el recinto.
Inclusive,
han sido burladas las entidades que resguardan lo dispuesto por el artículo 42
de la Constitución Nacional, vinculado con la defensa del consumidor y que los
servicios, como el eléctrico o el gas en la República Argentina, tengan tarifas
razonables. Han sido burladas en las audiencias públicas celebradas a lo largo
y ancho del país porque sus opiniones no son vinculantes. Primero el ministro
Aranguren y luego los sucesivos se han burlado de las asociaciones de defensa
del consumidor en la República Argentina. ¡Una pena, absolutamente! Además, han
incumplido con el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Hoy
era la oportunidad para ponernos de acuerdo y retrotraer los precios de la
energía eléctrica en la República Argentina, para poder generar confianza en
las pequeñas y medianas empresas y en las economías regionales.
Lamentablemente, una vez más, este Congreso, que comenzó sus sesiones
ordinarias el 1° de marzo cuando vino el presidente a dar el mensaje de
apertura, perdió más de un mes para tratar este tema.
Además,
nunca vi en los ocho años que estoy en este Congreso a diputados y diputadas
parados al lado de sus bancas como una burla, no hacia nosotros ‑los
diputados que queremos tratar estos temas‑, sino hacia el pueblo
argentino.
Sr.
Presidente (Monzó).- Diputado, su tiempo.
Sr.
Solanas.- Termino en treinta segundos, señor
presidente.
He
presentado un proyecto, junto con diputados de Corrientes, que lleva el número
de expediente 1.296-D.-2018, por el
que se promueve establecer una tarifa diferencial sobre el valor del megavatio,
con una reducción del 50 por ciento, para las provincias de Entre Ríos y
Corrientes, como generadoras de energía eléctrica que realizan aportes al
sistema eléctrico nacional.
Para
terminar, señor presidente, le solicito a usted, como parte del oficialismo en
la República Argentina, y dado que el presidente Macri les ha mentido más de
una vez a los argentinos, que no sigan con los ajustes, que hoy no solamente
dañan a las familias sino también a la producción en nuestro país. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Vázquez, por Santa Cruz.
Sr.
Vázquez.- Señor presidente: para los
santacruceños el tema en debate es muy preocupante. Tengo sobre mi banca la
bandera de la provincia de Santa Cruz porque este es un problema que no tiene
que ver con ideologías político-partidarias.
Santa
Cruz es una provincia que aporta mucho al Estado argentino. Es la quinta
provincia en importancia. Esta bandera de sufrimiento, de viento, de coraje,
también es de trabajo y representa al trabajador petrolero, al de la pesca, a
esa Santa Cruz donde un gobernador con mucha visión de futuro ya nos hablaba
hace tiempo de las represas sobre el río Santa Cruz y la construcción de una
megausina. Es cierto que no las pudimos terminar, porque perdimos las
elecciones. Nos hacemos cargo, lo reconocemos y estamos para ayudar al gobierno
que sea y que tenga buenas intenciones para con Santa Cruz.
Lamentablemente,
no es este gobierno, que decía que venía a potenciar las instituciones y a
poner en valor la democracia y la República. Mucho daño nos hizo este gobierno
a los santacruceños. Yo podría enumerar infinidad de recursos que nos quitaron,
como por ejemplo en la recaudación del impuesto a la soja ‑que se bajó
para beneficiar a las cinco empresas que forman los grandes pools de soja en la Argentina‑,
por más de 7.000 millones de pesos. Por ser santacruceños sabemos dónde están
los centros productivos por excelencia en el país y lo que hace un gran pool de soja cuando el propio Estado le
da la ventaja comparativa para que gane más plata.
Podría
hablar de la plata que nos quitaron de la recaudación del impuesto minero, por
más de 3.500 millones de pesos que perdió el Estado argentino.
Podría
hablar de los casi 400 millones de pesos que perdió el Estado santacruceño por
la eliminación del famoso reintegro a los puertos patagónicos.
Y
hoy venimos a decir que nos da mucha tristeza lo que hacen con las tarifas.
Pero esto se sabía. Y muchos hipócritas que votaron los presupuestos sabiendo
el daño que le hacían a Santa Cruz, porque es la provincia que menos recibió ‑un
19 por ciento menos‑, después le exigen al gobierno provincial que dé
soluciones a problemas como el de las tarifas.
Señor
presidente: usted sabe que Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, como
provincias patagónicas, tienen que soportar temperaturas de hasta 30 o 35
grados bajo cero.
Para
que tengan una idea, esta factura es de hace quince días: pagamos 3.100 pesos
por un cilindro de gas de 45 kilos, que si lo usamos para calefacción solamente
nos dura 3 días, queridos diputados.
En
el mes de enero pagamos entre 8.000 y 12.000 pesos las boletas de gas.
Imagínese, señor presidente, lo que va a ser en invierno, con temperaturas bajo
cero.
Por
eso nos duele como santacruceños cuando algunos pícaros nos vienen a decir que
en la provincia se pagan sueldos de hambre. Es cierto; hoy los sueldos y la
plata no le alcanzan a nadie. A nadie le alcanza la plata, producto de las
medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri y su gente.
Y
cuando dicen que pagamos sueldos de hambre, créanme, porque yo he sido
intendente por varios períodos, sabemos lo que se siente cuando los recursos
son escasos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: su tiempo.
Sr.
Vázquez.- Permítame, señor presidente, por favor,
un minuto más. Este es un tema muy triste para los santacruceños.
Yo
sé lo que se siente cuando el recurso es escaso. O cuando dicen, como recién
escuchamos en este recinto, que la gobernadora paga sueldos de hambre. Es lo
que podemos pagar. Pero yo podría decir que sueldo de hambre es lo que paga el
híper Tehuelche, que paga 16.000 pesos y a veces hasta en tres cuotas. Esos son
sueldos de hambre.
Son aquellos mismos que nos venían a
enseñar política a nosotros. (Aplausos.)
Son aquellos mismos que hoy nos piden que nos hagamos cargo de todas las
decisiones políticas que el gobierno nacional toma para con Santa Cruz.
Humildemente les decimos que nos
reintegren los recursos que nos sacaron desde el día en que asumió Mauricio
Macri, que podemos hacernos cargo, como nos hicimos cargo de todos y cada uno
de los despedidos que nos dejaron en cada una de las localidades de la
provincia de Santa Cruz. Hubo 1.200 despedidos del petróleo. Fueron 1.200 los
despedidos de YCRT, y ahí está uno de los proyectos más importantes del
gobierno peronista, que tenía que ver con poner en marcha la mega usina de Río
Turbio, que pretendía dar valor agregado al carbón y contribuir al Estado
nacional con el sistema energético. Y este gobierno no fue capaz de terminarlo;
quedó en un 87 por ciento. Pero ahora seguramente se van a preocupar, porque
saben que es en Santa Cruz donde el presidente tiene la peor imagen del país;
85 por ciento de rechazo, producto de las políticas del gobierno nacional.
Sr. Presidente (Monzó).- Concluya su discurso, señor
diputado.
Sr. Vázquez.- Permítanme,
en nombre de la política, pedir perdón a los habitantes de mi querida provincia
por las decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri, muchas veces
asesorado por los políticos de Cambiemos, para perjudicar a Santa Cruz. Esa es
la realidad de lo que está pasando hoy en nuestra querida provincia de Santa
Cruz. Nos castigaron por el solo hecho de haber dado dos presidentes a esta
Argentina, y para demostrar, como dice el gobierno de Cambiemos, que lo peor
que le podía pasar a la historia de nuestra querida Argentina era tener un
gobierno peronista.
A pesar de todo lo que nos hicieron,
así como fuimos capaces de ser una de las provincias que más trabajó para que
hubiera menos pobres en esta querida Argentina, dentro de muy poco tiempo
volveremos a ganar las elecciones porque tenemos dignidad, tenemos principios y
no negociamos nuestras convicciones. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
Martínez, por Neuquén.
Sr. Martínez.- Señor
presidente: cuando fui aludido, pedí la palabra y parece que no me vio. Espero
que no me descuente el tiempo que tengo para hablar del proyecto de mi autoría,
pero es cierto que hay otra iniciativa que establece la eximición de IVA al gas
y la electricidad para los patagónicos, y hay sobrados fundamentos para que así
sea.
Quiero aclarar que ese asunto está en
esta Cámara. Se dijo que no lo llevaba para discutir a la Comisión de Energía y
Combustibles y eso es cierto, porque está en la Comisión de Presupuesto. Y a la
diputada que me mencionó le pido que me acompañe con la firma, así pedimos al
diputado Laspina que de una vez por todas lo ponga en el orden del día de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda y este Congreso empiece a funcionar y tratar
los temas. (Aplausos.)
Es raro cómo funciona este Congreso.
Podría mencionar cinco proyectos más de emergencia energética que no se giran a
la Comisión de Energía y Combustibles. Uno de ellos es el 796-D.-2019, del diputado Kosiner, que fue
girado a la Comisión de Obras Públicas; el de emergencia tarifaria, del
diputado Espinoza, fue girado a las comisiones de Obras Públicas y de
Presupuesto y Hacienda; el proyecto que propone dejar sin efecto el incremento
tarifario, del diputado Rossi, fue girado a Obras Públicas. Ninguno va la
Comisión de Energía y Combustibles.
Estas son las cosas raras que suceden
en un Congreso en el que, a 12 años de la muerte del docente Fuentealba, sigo
con mi proyecto para poner nombre a la ruta nacional 22 desde el kilómetro 1217
hasta su finalización, que no tiene ningún nombre; y este Congreso sigue sin
funcionar.
Un ejemplo que muestra cómo funciona
este Congreso es cómo hoy, intentando debatir temas que a todo el mundo
preocupan, veíamos diputados que parecían cartón pintado, parados al lado de
sus bancas sin querer discutir temas como eximir de ganancias a nuestros
jubilados.
Veo a los jubilados del Instituto
Provincial de Santa Cruz o de la Caja Nacional, para quienes lo único que se
incrementa es la quita correspondiente a la deducción del impuesto a las
ganancias, y con lo poco que les queda deben hacer frente a las tarifas. De
esto también quiero hablar, en función del proyecto 172-D.-2019.
Por supuesto que los patagónicos
entendemos -ya lo han dicho diputados preopinantes, la misma diputada que me
mencionó- que vivimos en condiciones distintas en cuanto al clima. Esto no se
resuelve dejando de andar en patas o en remera, como dijo el presidente, que
tampoco lo hace cuando va de vacaciones a Villa La Angostura.
Entendemos que debemos tener una
tarifa diferenciada en función del costo de la energía, de las situaciones
climáticas y las distancias, pero además en función de que somos productores de
gas. Mi provincia es la principal productora de gas del país. Y somos
productores de electricidad.
Si uno va a comprar mandarinas a Entre
Ríos, allí son más baratas porque las producen. La carne no está barata en
ningún lado, pero en Buenos Aires seguramente está mucho más barata que lo que
cuesta mi provincia porque aquí producen carne.
Del mismo modo, en todas las
provincias patagónicas producimos energía y entendemos que las tarifas de
energía eléctrica y gas natural de sus residentes deberían estar eximidas de
IVA. Digo esto porque venimos sosteniendo un tarifazo desde hace tres años, que
viene castigando el bolsillo de cada trabajadora y trabajador argentinos, que
cada vez destinan más al pago de servicios y, por ende, menos al consumo de
bienes y servicios, y eso genera más recesión.
En mi provincia tenemos 15 localidades
que se calefaccionan con GLP. Desde 2002 existía un convenio, mediante el cual
las transportadoras también ayudaban a que estas localidades, que son
castigadas, pudieran hacer frente una tarifa razonable.
Desde que asumió el gobierno actual ‑que
tiene el mismo sello político que los diputados que hoy parecían cartón pintado‑
eso se ha ido desvirtuando, y hoy el precio del GLP es impagable. Sin embargo,
firmamos 30 contratos para exportar gas subsidiado, y en nuestra provincia no
podemos sumar un solo usuario más a una red de gas. Tenemos los peores índices
de nuevos usuarios de redes de gas.
Este es un claro ejemplo de mi
provincia, Neuquén, donde 15 localidades en esta condición están trabajando
nucleados en Aluminé y alrededores para resolver la situación y que realmente
se construya el gasoducto que hace falta en la provincia, que es la mayor
productora de gas. Pero esta situación que comento es la misma que se da en
muchos pueblos patagónicos.
Por eso reclamamos el tratamiento en
este recinto o en la Comisión de Presupuesto del proyecto 172-D-2009, que
plantea la eximición de IVA tanto para la tarifa energética como para la de gas
para todos los residentes patagónicos.(Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
Moisés, por Jujuy.
Sra. Moisés.- Señor
presidente: hace aproximadamente un año desde esta oposición planteamos frenar
el aumento tarifario que había generado el gobierno desde que asumió, en 2015,
porque ya preveíamos el agotamiento que iba a sufrir el bolsillo de los
argentinos y argentinas.
El año pasado hicimos un enorme
esfuerzo de consenso y un trabajo en las comisiones. Uno de los diputados de
Cambiemos dijo hoy que estos expedientes no se podían tratar porque no se había
trabajado.
En realidad, la oposición no cambió de
parecer. Lo único que buscamos es una solución a los problemas que uno tras
otro el gobierno genera con cada una de sus decisiones, porque lo único que ha
hecho hasta ahora ha sido multiplicar los problemas de los argentinos y las argentinas.
Hace un año ya veíamos la enorme
transferencia de recursos desde los bolsillos de los trabajadores y las
trabajadoras argentinas hacia las empresas de servicios públicos y las
distribuidoras.
Ese es el eje central de la decisión
de este gobierno. Ya pasó el pretexto de que las tarifas estaban atrasadas y
subsidiadas.
En
todos los países del mundo que pretenden desarrollarse se subsidian las tarifas
de servicios públicos justamente porque se trata de necesidades básicas que el
Estado debe garantizar y que integran la cadena de valor del sistema económico.
Hay una enorme transferencia de recursos de los bolsillos de los argentinos a
estas enormes empresas de las que hoy vemos las tablas de ganancias. Realmente
yo no pude encontrarlas, pero seguramente algún diputado que luego haga uso de
la palabra podrá tener esa información pública.
¿Cuáles
son las empresas que más ganaron en el país durante los últimos tres años? Las
de servicios públicos y las distribuidoras. ¿Por qué son las que más ganaron?
Porque las decisiones del gobierno llevaron a que los aumentos sistemáticos y
sostenidos limpiaran el bolsillo de los argentinos y llenaran el de las grandes
empresas. Esa fue una obra maestra del ministro Aranguren, quien renunció luego
de tomar estas medidas. Sin embargo, pareciera como si no hubiese pasado nada
porque hizo lo que tenía que hacer.
Este
gobierno no se equivoca; vino a hacer lo que está haciendo. Mauricio Macri ganó
la presidencia para destrozar la economía del país, mientras el anterior
sistema de redistribución de recursos garantizaba un país en desarrollo donde
las pequeñas y medianas empresas podían sostenerse, el comercio desarrollarse y
las familias tenían derecho a comer carne, salir de vacaciones y comprar útiles
escolares. Esos son derechos de cualquier ciudadano. El presidente que se honre
de guiarnos y conducirnos debería buscar la manera de que los ciudadanos sean
felices y no exigirles que sigan haciendo esfuerzos. Es una vergüenza que un
presidente de la Nación pida a los argentinos y argentinas que no lloren, que
no se quejen y que sigan haciendo esfuerzos, cuando el gran sacrificio lo hace
el pueblo.
El
año pasado conocíamos el nivel obsceno de los negociados entre el gobierno
nacional y las grandes empresas. Sin embargo, la situación hoy es peor.
Toda
la oposición está presente y demostramos la voluntad política estando presentes
131 señores diputados para conseguir el quórum.
Una
vez más, como ocurre cada vez que la sociedad y esta oposición exigen a los
diputados de Cambiemos que den respuestas sobre sus propias decisiones, cumplan
su rol como diputados nacionales y defiendan a la gente, lo único que hicieron
fue levantarse y tratar de bloquear el tratamiento de los distintos temas, como
bien dijo la diputada Camaño.
La
verdad es que actualmente el 60 por ciento de los argentinos debe dinero a
alguien, ya sea el pago de la tarjeta; el crédito del banco; o plata a los
padres o a los prestamistas. ¿Por qué motivo? ¿Porque los argentinos malgastan?
No. Porque decisiones tomadas por el gobierno nacional generaron esta
situación.
A
un mes de haber empezado las clases, las mamás no tienen dinero para llenar las
mochilas de sus hijos. ¿Esto ocurre porque no quieren? No. ¿Sucede porque no
trabajan? No. No pueden lograrlo ya que en 2018 hubo un 70 por ciento de
aumento acumulado de servicios. Es una vergüenza que desde el oficialismo sigan
con esta negativa. Aprobemos el proyecto de ley en tratamiento porque hay que
frenar los tarifazos. No hay más excusas. La gente no da más. El bolsillo de
los argentinos y argentinas no puede más. Tomen la decisión de decir por qué no
quieren frenar el tarifazo. En este momento se trataría simplemente de una
medida política del gobierno prevista en el cronograma electoral. Al menos
háganse los sensibles.
Más
allá de ello, en Jujuy el gobernador Gerardo Morales aumentó un 15 por ciento
los sueldos en 2018, mientras que la luz aumentó un 15 por ciento y el agua un
18 por ciento solamente en diciembre. En febrero cerraron treinta pequeños,
medianos y grandes comercios en San Salvador de Jujuy, entre ellos Musimundo
que dejó sin trabajo a más de cuarenta personas. Las pymes están fundidas
porque no pueden pagar los servicios. Entonces, el gobernador Morales no puede
lavarse las manos y sacarse la mochila de Macri solamente cambiando la fecha de
una elección.
Háganse
cargo de lo que hicieron y brinden las respectivas explicaciones a la gente. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Martiarena, por Jujuy.
Sr.
Martiarena.- Señor presidente: en primer término
quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo vivido hoy porque realmente es
lamentable la actitud sistemática de la bancada oficialista de no facilitar el
pleno funcionamiento de este cuerpo legislativo y de poner piedras en el camino
al tratamiento de temas de interés de los argentinos.
Corrió
mucha sangre en la Argentina para recuperar la democracia, como para ahora
amordazar al Congreso o cercenar la posibilidad de los diputados representantes
de los pueblos de las provincias de expresar lo que siente la gente.
Los
llamo a la reflexión, a asumir la responsabilidad y a hacerse cargo porque
querían gobernar a la Argentina y ya están terminando el mandato. La forma de
lograrlo es debatiendo en la casa del pueblo argentino. De acuerdo con las
reglas de la democracia, este es el lugar donde debemos expresar nuestras
ideas, sugerencias, críticas y diferencias.
Por
otra parte, desde el comienzo de su gestión el gobierno nacional llevó adelante
una política de precios y tarifas de gas, electricidad y agua realmente
impagable, deshumanizante, desproporcionada y nada razonable. Esta situación
alteró la vida de la inmensa mayoría de los argentinos, aunque seguramente a
una pequeña fracción que vive en Recoleta no le preocupa el precio de las
tarifas.
De
todos modos, me refiero a la Argentina profunda, a la periférica, a la de mi
provincia, a la del NOA, a la del NEA y a la del norte grande argentino. La
gente sufre porque no puede pagar la boleta de luz ni de gas.
Pido
al señor presidente y a los señores diputados que no corten el gas ni la luz a
la gente por falta de pago. Es inentendible cómo el presidente instruyó al
secretario de Energía para aumentar el precio de la garrafa de gas. ¿En qué cabeza
cabe aumentar el precio de la garrafa con la situación de pobreza y crisis
económica que se vive? Esa gente usa el gas para cocinar el sustento diario.
Claramente esto marca una insensibilidad.
Igualmente
les digo que se queden tranquilos porque con esta decisión nunca tendrán
problemas cardíacos. Nunca tendrán que ir al cardiólogo porque no tienen
corazón.
Por
otro lado, está a la vista la clara intención de entregar la soberanía
energética. Ya entregaron la soberanía económica y ahora ponen al país de
rodillas frente al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el Fondo Monetario?
Un instrumento de dominación extranjera.
Como
dijo Perón en su mensaje: “El año 2000 nos encontrará unidos o dominados”. El
general Perón decía que venían por nuestros recursos energéticos.
Es
muy importante tomar conciencia sobre lo que está viviendo el país. Este
gobierno ha quebrado a la Argentina, se están cerrando los comercios día a día
y han quebrado más de siete mil pymes. No hay que ir muy lejos para ver la
situación. Al salir a dar una vuelta por el microcentro de la Ciudad de Buenos
Aires; vemos la desolación imperante, todo está apagado y las confiterías están
cerradas; la gente no sale porque está triste. ¿Cómo se sienten mis
comprovincianos que ni siquiera pueden comer? En el país que produce alimentos
para trescientos millones de personas ya no se puede comer.
¿Qué
puedo decir de los jubilados que deben optar entre comer y comprar remedios, o
comer y pagar la luz? Esta es la Argentina real.
No
todo está perdido porque hay una esperanza. Estoy convencido de que el 10 de
diciembre el Justicialismo será el nuevo gobierno. Están presentes algunos
compañeros que tienen aspiraciones presidenciales.
Solicito
a mis compañeros que rápidamente nos pongamos todos de acuerdo y unifiquemos la
acción, para que el Justicialismo a partir del 10 de diciembre ponga en marcha
una política para recuperar la soberanía energética, a fin de que la energía
esté al servicio de los intereses de los argentinos y de la gente que menos
tiene a fin de desarrollarnos.
Humildemente
solicito a mis compañeros que debatamos y que nos pongamos de acuerdo para que
dentro de la propuesta superadora que presentará el peronismo de cara a las
próximas elecciones, rindamos el mejor de los homenajes a nuestra historia
cumpliendo con nuestro histórico mandato como justicialistas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado Kosiner, por Salta.
Sr.
Kosiner.- Señor presidente: el año pasado nuestro
interbloque trabajó junto al resto de las fuerzas políticas opositoras en la
búsqueda de consenso a fin de proponer a los argentinos una salida a la
problemática de las tarifas.
Así
es que se avanzó, tal como aquí se dijo en reiteradas oportunidades, en la
sanción de un proyecto de ley que reemplazaba la referencia establecida por la
política tarifaria que llevaba adelante el gobierno, por otra mucho más real en
función del bolsillo y de las necesidades de los argentinos y de la capacidad
de pago de los trabajadores, de las pymes y de la industria. El presidente
decidió vetar la norma sancionada.
En
lugar de estar aquí discutiendo estas iniciativas, para nosotros hubiese sido
más cómodo trasladar toda la responsabilidad política exclusivamente al
presidente y decirle a los argentinos que él era el culpable porque había
vetado la iniciativa. Esto es parte de la realidad.
No
obstante, decidimos insistir en resolver el problema porque no alcanza con
echarle la culpa al presidente y decirle a los argentinos que quien vetó la ley
debe encontrar una respuesta. Si seguimos diciendo esto y la política tarifaria
continúa por el mismo camino, más allá de la responsabilidad del presidente,
cada uno de los argentinos sufre las consecuencias de las medidas adoptadas.
Por
lo tanto, a pesar de que no teníamos muchas probabilidades de sancionar una ley
nuevamente, hoy insistimos con el tema. Más allá de que hubiera quórum para
iniciar la sesión, no contábamos con los dos tercios de los votos necesarios
para habilitar el tratamiento del proyecto.
Por
otra parte, el oficialismo y el gobierno son los responsables de habilitar el
tratamiento en comisión de la política tarifaria. Estamos dispuestos a
participar de cada una de las reuniones a las que nos convoquen a discutir la
política tarifaria porque es necesario cambiarla y modificarla. Esta no es una
declaración política, coyuntural y partidaria, sino que es parte de la
realidad.
Tal
vez, uno podría pensar que en la Argentina las cosas no cambiaron para mal y
que no es necesario modificar la política tarifaria desde el año pasado hasta
la fecha.
A
fin de decir la verdad, analizaremos algunas variables. La inflación del año
pasado fue superior al 47 por ciento; mientras que el promedio de los primeros
tres años en materia inflacionaria es del 34,6 por ciento. A su vez, para este
año se presupuestó una inflación del 23 por ciento, pero las distintas
consultoras privadas y los organismos internacionales pronostican una inflación
superior al 30 por ciento, porque llevamos más de 11 puntos acumulados en el
transcurso del año.
¿Cómo
no cambiar la política tarifaria en este marco inflacionario? Uno podría pensar
que los salarios de la Argentina soportan esta política tarifaria, pero esto no
es así. Los aumentos de los salarios en la Argentina van por detrás de la
inflación, porque la remuneración promedio en octubre de 2018 fue un 28 por
ciento superior a octubre de 2017. Es decir que la recuperación salarial de
2017 a 2108 fue del 28 por ciento, con lo cual los salarios aumentaron un 17,5
por ciento por debajo de la inflación. El cuadro es que tenemos alta inflación,
salarios con pérdida de poder adquisitivo y tarifas en el país que no tienen
ningún parámetro racional por su nivel de aumento.
Si
seguimos analizando algunas realidades, podemos estudiar la actividad
económica. Uno pensará que la actividad económica en la Argentina ha crecido
tanto que permite a la industria y a las pymes pagar las tarifas de actuales.
Sin embargo, el presupuesto de 2018 había previsto un crecimiento de la actividad
económica del 3,5 por ciento, pero en realidad se produjo una contracción del
2,5 por ciento. O sea que hay una diferencia profunda entre lo que el gobierno
había ideado como crecimiento de la actividad económica y la realidad. Cuando
se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se previó un
crecimiento del 0,5 por ciento, pero ni siquiera acertó este acuerdo con lo que
luego ocurrió con el nivel de la actividad económica en la Argentina. Incluso,
se prevé que durante 2019 habrá una caída de la actividad económica del 2,5 por
ciento.
Por
lo tanto, la inflación está en alza, los salarios están en baja y la actividad
económica está por el piso. Este es otro elemento más que objetivamente nos
lleva a no cerrar los ojos frente a este problema.
También
podríamos pensar que como el consumo privado aumentó, es posible soportar estas
tarifas. Se preveía un crecimiento del consumo para el 2018 de más del 3 por
ciento, pero cayó 2,4 por ciento.
De
los 40 meses de esta gestión de gobierno, el consumo privado creció solo
durante tres meses: septiembre y noviembre de 2017 y enero de 2018. Durante los
restantes 37 meses de gestión, se ha producido una caída de la actividad
económica. Es imposible sostener esta política tarifaria que no tiene un marco
racional de adecuación. No hay un parámetro racional que indique que las
tarifas tienen que aumentar de determinada forma porque la sociedad, las pymes
o la industria las pueden pagar.
Con
respecto a la industria, quiero remarcar tres ejes: la actividad, la inversión
y la capacidad instalada. De acuerdo a la información oficial, durante 2018 la
actividad industrial registra una caída del 4,8 por ciento; la inversión ha
caído el 5,8 por ciento y la utilización de la capacidad industrial instalada
en condiciones de ser usada está en el orden del 57 por ciento, o sea en su
mínimo nivel histórico, solo comparable con el 2002. Casi la mitad de la
capacidad de desarrollo industrial del país está sin usar.
Entonces,
señor presidente, no hay manera de no contemplar alguno de los proyectos que
hoy se están planteando. Incluso, hay candidatos a ocupar el cargo de
gobernador del oficialismo que prometen en sus provincias la baja de las
tarifas.
Por
lo tanto, creo que debemos sincerarnos todos en este marco. No es que si soy
opositor en una provincia prometo baja de tarifas y si soy oficialismo a nivel
nacional sé que hay que cambiar la política tarifaria pero miro para otro lado.
Estos
proyectos que hoy pedimos que se debatan, referidos a tarifas, violencia de
género, créditos UVA y becas, no son iniciativas de los bloques en función de
una idea. Esos proyectos son producto de la gente que toca la puerta de los
distintos legisladores, a lo largo y a ancho de la provincia, y de la ciudad de
Buenos Aires, y nos dice: “no podemos pagar las tarifas”, “no podemos pagar los
créditos UVA”, “nos prometieron créditos sin inflación pero ahora no los
podemos pagar y están a punto de rematar nuestras casas”.
En
materia de violencia de género tenemos una problemática creciente y hay falta
de políticas públicas. En este tema hay que mejorar los niveles de presupuesto.
Con
respecto a las becas, los centros de estudiantes y los grupos de jóvenes nos
piden recuperar el sistema de becas, mejorarlo y democratizarlo.
En
materia tarifaria, señor presidente, no se trata de otra cosa que recoger el
criterio de la Corte. Cuando en nuestro proyecto hablamos de declarar la
emergencia en materia tarifaria por dos años y fijar como criterio racional,
justo y equitativo para un eventual aumento posterior de tarifas en la
emergencia el índice de variación salarial, es algo lógico. No es algo que
tenga que ver con una gran elucubración, cuando la Corte de Justicia en el
fallo “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y
otros contra Ministerio de Energía y Minería sobre amparo colectivo” dice: “Que
las decisiones y objetivos de política económica implementadas (…) imponen al
Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas
y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad,
gradualidad y razonabilidad, es decir una relación directa, real y sustancial
entre los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones
impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los
usuarios, y de resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos.”
Por
eso, señor presidente, pedimos que la política tarifaria de este gobierno
recupere previsibilidad, gradualidad y razonabilidad.
Hay
que decir, fundamentalmente, que hoy la gente cuestiona la política tarifaria
no porque no la quiera pagar sino porque no la puede pagar; la pyme no la puede
pagar y la industria no la puede soportar. Tener más del 40 por ciento de
costos internos en materia tarifaria hace inviable cualquier política de
desarrollo en la Argentina, y hoy lo que necesita recuperar la Argentina es
política de desarrollo, política económica vinculada con la economía real de
los argentinos, dejar de pensar que el mercado acomoda mágicamente las cosas.
En este país el mercado nunca acomodó las cosas en función de los sectores
vulnerables, de las pymes y de la industria nacional. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: por ahí alguien dijo
“que no se use este tema como herramienta política”. A partir de la reflexión
de esa reflexión quiero encarar el tema y plantear mi discurso, porque se me
vienen a la cabeza muchas preguntas con respecto a este tema.
En
principio, para contestarle a quien piensa que esto puede ser utilizado como
herramienta política, quiero decir que probablemente sea utilizado como tal.
Pero hay algo muy seguro: que esto es el motor de la economía de un país.
Hablar de energía es hablar de las arterias y la sangre del cuerpo humano
traducidas en términos de país. No existe la posibilidad de que nosotros
pensemos en prosperidad inclusiva si seguimos suponiendo que la energía tiene
que ser una cuestión de sumas y restas cuando no de negocios, como voy a tratar
de demostrar.
Me
pregunto qué creen los argentinos, es decir, qué creemos nosotros, acerca del
motivo por el cual el presidente no advierte el error que ha cometido en este
tema. ¿Por qué el presidente no advierte este error? ¿Por qué no advierte que
ha deprimido y comprimido a su máxima expresión al país con este tema?
Este
fue un tema de desaciertos desde el principio. El primer desacierto fue
colonizar el Ministerio de Energía y Minería con los empresarios o con los CEO
de los empresarios que tenían que ver con el sector energético; incluso con un
empresario que tenía acciones en una empresa, al que le tuvieron que cuestionar
la ética, y aun así siguió. ¿Por qué se sostuvo a este empresario? ¿Por qué se
siguió sosteniendo a este funcionario como ministro de Energía hasta que
cumplió su función, que es la reforma tarifaria integral que están sufriendo
hoy los argentinos?
Yo
tengo alguna teoría, señor presidente. Este tipo de compromisos habitualmente
se toman en las campañas y están vinculados con el financiamiento de estas
últimas. Yo creo que el presidente pagó su campaña con el Ministerio de Energía
a la empresa Shell y a los señores empresarios del sector energético. (Aplausos.) Esto no lo digo yo
solamente, sino que también lo dijo un distinguido y notable periodista de un
prestigioso medio de comunicación.
Se
construyó un relato, el relato de que el subsidio era la perversidad de Barrio
Parque, donde ‑entre paréntesis‑ vivían el presidente y muchos de
sus funcionarios. Pero nadie decía que el subsidio lo pagábamos todos los
argentinos con nuestros impuestos, que era una política en materia energética
que no era gratis. Los empresarios no nos regalaron la energía en la época de
los subsidios sino que la cobraron. La cobraron con el impuesto de todos los
argentinos.
Ahora
bien, señor presidente; se llevaron por delante todos los trámites que se
tienen que realizar en materia de revisión integral de tarifas, empezando por
la audiencia pública; una insignificancia, porque ni siquiera tenía un valor
palmario a la hora de replantear la negociación. Es una aspiración la sociedad.
Ni siquiera eso respetaron. Hubo que llegar a la Corte, perdiendo tiempo, para
que esta última les dijera o les recordara –y está bien que lo haya hecho,
porque creo que esos funcionarios estaban lejos de saberlo‑ cómo se tenía
que componer la tarifa de los servicios públicos.
En
febrero de 2016 la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, del
Usuario y de la Competencia hizo saber por nota al señor Aranguren lo que
estaba pasando. El 28 de junio Sergio Massa, que en ese momento era diputado
nacional, le escribe y le reafirma la nota de Liliana Schwindt en el sentido de
lo que estaba pasando con la renegociación que se venía llevando adelante. El 9
de julio, señor presidente, en San Fernando, Sergio Massa entrega a usted, al
ministro Frigerio y al diputado Massot la carta para que el presidente se
entere –mire qué ingenuos que somos‑ de los desaciertos del funcionario.
Hubo
un fallo de la Corte, una sesión en mayo y una ley por la cual mayoritariamente
los argentinos ‑representados en esta Cámara, y en la Cámara de al lado,
donde están las voluntades de las provincias‑ les hicimos saber a
ustedes, es decir, al oficialismo y al Poder Ejecutivo, que la negociación que
venían llevando adelante estaba viciada de nulidades y que debían tomar
determinadas medidas. Revisen las versiones taquigráficas. Las denuncias fueron
serias en ese momento. Como seguía su derrotero la estrategia en materia
energética, junto con un grupo de señores diputados de mi bloque me presenté a
denunciar al señor Iguacel y al Enargas. Lo hicimos porque de manera
absolutamente arbitraria, contraviniendo no solamente el fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación sino la totalidad de las sentencias de dicho
tribunal en materia de defensa del consumidor y fundamentalmente la legislación
marco que establecía la reglamentación para la revisión integral de las tarifas,
nos enteramos, porque tenían la intención de cobrarles también a los usuarios,
que le habían fijado un seguro de cambio al sector energético.
Los
señores empresarios, que liquidan dividendos como nadie en la Argentina -luego
daré lectura de las ganancias registradas entre el año pasado y el corriente en
el sector del gas-, tienen además la posibilidad que no tiene ningún argentino,
ni el más humilde ni el más encumbrado, que es la de que ante un aumento de la
cotización del dólar se produzca un incremento de sus utilidades. ¿A costa de
quiénes? De los consumidores, que son los ciudadanos argentinos -aun los
empobrecidos-, el pequeño y mediano empresariado, los comercios, los clubes de
barrio y las instituciones sociales, que a veces vienen a cubrir la ausencia
del Estado. Todos los argentinos les pagamos el seguro de cambio a los señores
empresarios, que son amigos del señor presidente de la Nación.
Como
todos sabemos, en el sector energético la tarifa se fija dividiendo en tres la
actividad. La primera cuestión está vinculada con la forma de extracción. En la
Argentina, a diferencia de los Estados Unidos, existe la concesión porque las
provincias son las dueñas del pozo. ¿Cómo renegociaron el presidente de la
Nación y el señor Aranguren las tarifas en esa parte de la producción?
Si
bien es cierto que la resolución 212 del Ministerio de Energía y Minería
estableció un precio para el gas en boca de pozo, dicha norma tiene varias
falencias que hemos denunciado y que queremos señalar aquí públicamente, porque
de lo contrario parecería que seguimos defendiendo los privilegios de los que
viven en Barrio Parque, lo que es una falacia.
La
energía es un gran negocio y aquí, en el país de las carencias y las ausencias,
hay un sector de empresarios que se están beneficiando enormemente con el
silencio de la dirigencia política y los negocios que se hicieron a nivel
presidencial.
La
producción se cartelizó. ¿Por qué digo esto? Porque cada cuenca tenía un mismo
precio, no hay programas de inversión en la resolución y tampoco ninguna
exigencia o compromiso en esa materia contemplados en dicha norma.
En
ese sector les otorgaron un aumento que, en promedio, ascendió al 400 por
ciento, pero no hubo ninguna inversión.
De
manera tal que es mentira que están tirando cimientos. Por el contrario, lo que
están haciendo es llevarse la crema de los negocios de la Argentina a la casa
o, mejor dicho, a las cuentas que tienen en el exterior y que todavía tienen
que explicar ante la Justicia.
Se
estableció un diferencial de precio del gas para cada cuenca en general, sin
observar que cada productor tiene distinta metodología de extracción. No es lo
mismo sacar el petróleo del mar que hacerlo de una abundante cuenca neuquina.
Pero como esto es una cartelización lo pusieron en el Excel e hicieron lo que
más les convenía.
¿Qué
fue lo que hicieron con las distribuidoras y las productoras? En otra
oportunidad me quedé con ganas de decirlo y me parece que esta vez ocurrirá lo
mismo. Lo que hicieron fue más o menos lo mismo porque a ellas les dieron el
famoso seguro de cambio.
Lo
que les voy a contar a continuación es lo que las empresas ganaron con ese
seguro de cambio y cuáles fueron las utilidades registradas en la Bolsa entre
2017 y 2018 por parte de las dos empresas que monopolizan el transporte de gas
en la Argentina. Me refiero a Transportadora Gas del Sur y Transportadora Gas
del Norte.
Estas
compañías están estrechamente ligadas al señor presidente de la Nación y su
familia. En Transportadora Gas del Sur está Marcelo Mindlin y en Transportadora
Gas del Norte está Nicolás Caputo. ¿Le suenan estos nombres, señor presidente?
Seguramente los debe encontrar en muchas reuniones en la Casa de Gobierno.
Entre
2017 y 2018 las utilidades de Transportadora Gas del Sur se incrementaron en un
ciento por ciento. ¿Escucharon? ¿Escucharon lo que se han llevado a la casa
estos señores? Mientras tanto, las pymes, nuestros emprendedores, que son los
que tienen que estar tutelados para seguir generando fuentes de trabajo, se ven
obligados a estar en las calles luchando codo a codo con los trabajadores
frente a este tipo de arbitrariedades.
¿Saben
cuál fue la utilidad de Transportadora Gas del Norte entre 2017 y 2018? Fue del
72,23 por ciento.
Si
bien quería pronunciar un largo discurso para verificar mis dichos, creo que
lamentablemente otra vez me voy a quedar con las ganas de hacerlo. Por eso voy
a solicitar su inserción en el Diario de Sesiones.
Los
otros negocios son el de las distribuidoras, el de la exportación de gas a
Chile y el de pagarle a Bolivia mucho más que lo que se le paga a YPF. Los
compañeros correligionarios radicales saben mucho de este tema y conocen
perfectamente por qué estamos teniendo las tarifas que tenemos. Saben
perfectamente que hay un grupo empresarial ligado al presidente de la Nación y
su familia que se está llevando la gran tajada. Acá no están tirando cimientos.
Por el contrario, lo que están haciendo es tirarle una cuerda a cada de uno los
argentinos que tienen vocación y ganas de seguir adelante.
No
sigan con el relato y el discurso, no sigan haciéndose los enojados, no sigan
diciendo que la Argentina les duele. Si la Argentina le doliera tanto al señor
presidente de la Nación abandonaría esta actitud avarienta de llevarse todos
los negocios a la casa. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado de Mendiguren, por Buenos
Aires.
Sr.
de Mendiguren.- Señor presidente: el tema de las
tarifas resulta muy caro para nosotros. Como dijo la señora diputada Camaño,
para nuestro espacio político lo fue desde un principio. Me refiero al momento
en que se presentó el problema y se produjo una falta de celebración de
audiencias públicas. Nosotros hicimos todo, entre otras cosas acercar
proyectos, pero nada fue escuchado.
-
- Ocupa la Presidencia el
señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Pablo
Gabriel Tonelli.
Sr.
De Mendiguren.- En aquel entonces tuvimos que
escuchar al señor ministro Aranguren decir que estábamos aprendiendo y que por
eso, sobre la marcha, se cometían esos errores. Posteriormente el tema llegó a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tuvo lugar todo lo que ya vimos.
¿Cuál
es la situación actual? Esto lo acabamos de vivir hoy a la mañana, en el marco
de una enorme manifestación de la que participaron los trabajadores y
representantes de los sindicatos del sector industrial, donde la pequeña y
mediana empresa, que es el motor del tejido social que permite la recuperación
de un país, está atravesando una situación terminal.
No
quiero suministrar cifras que han sido publicadas por todos los diarios. Me
refiero a la caída del nivel de actividad registrado el año pasado. Esto fue
mucho más severo en el sector industrial, donde se registró una contracción
prácticamente del 5 por ciento, con una baja del 12 por ciento en el último
trimestre.
Como
consecuencia, ya en 2018 se perdieron 60.600 puestos de trabajo en el sector
registrado industrial solamente, que desde agosto de 2015 acumula un 10 por
ciento del total de la plantilla de trabajadores industriales.
El
primer bimestre de este año no muestra ningún tipo de mejora, como lo ha dicho
el ministro de Economía. En enero la producción industrial, según el promedio
de las mediciones, ha caído un 7,8 por ciento con respecto a 2018, y el uso de
la capacidad instalada cayó un 5,4 por ciento. Es decir, está al 56 por ciento.
¿Qué
es lo que dice FIEL para el mes de febrero? Se ha reportado una caída del 7,3
por ciento interanual; la producción de automóviles se contrajo un 16,4 por
ciento, los insumos para la construcción un 13,2 por ciento, etcétera. Esta es
la realidad.
Se
nos dijo muchas veces que lo peor había pasado. No, lo peor está por venir.
¿Cuál es la situación de una pyme? Nosotros las convocamos en la Comisión de
Industria en diciembre del año pasado. Trescientas pymes vinieron y todos los
bloques parlamentarios pudimos escucharlas. ¿Qué nos decían? Algo muy simple.
El
INDEC dice que están trabajando a la mitad de la capacidad instalada; sin embargo,
les han subido los impuestos municipales y provinciales, las tarifas y el
transporte; todo en la Argentina se transporta, y como frutilla del postre, la
tasa de interés.
Indudablemente,
esa pequeña empresa cuando llega a fin de mes decide qué puede pagar: paga las
cargas sociales, los sueldos o un documento en el banco que se está quedando
con la empresa. ¿Qué respuesta tuvieron? Ninguna. Siguen cerrando casi cuarenta
pymes por día.
¿Qué
recuperación uno puede soñar sobre un cementerio de empresas? Estamos
destruyendo activos que van a ser fundamentales para la recuperación del país.
¿Qué nos dice el gobierno? “No se puede hacer nada más que lo que se está
haciendo”. El gobierno, que tanto criticó el populismo, ha instaurado el
populismo financiero en la Argentina: se le saca a todos los sectores y a los
consumidores para concentrar los fondos en un solo sector de la economía; eso
es populismo también, se saca a los pobres para dar al sector financiero.
¿Qué
nos pasó con las tarifas? Lo que advertimos desde el principio. ¿Cuánto nos
costó en el 2002 desdolarizar la economía argentina? ¿Qué ha hecho este
gobierno? La volvió a dolarizar. Esta es la única sociedad del mundo donde la
gente gana en una moneda, que es el peso, y paga los alimentos, las tarifas y
el combustible en dólares. Es un gobierno que ha ajustado todo en dólares,
menos el salario. Quiere decir que el único que paga los ajustes que el
gobierno instaura a través de sus políticas económicas es el asalariado.
Respecto
de las inversiones, lo planteamos desde el primer momento. La diputada Camaño
acaba de dar las cifras. Planteamos que es imposible pretender que los usuarios
financien las inversiones. La que debe financiar las inversiones es la empresa
que va a prestar el servicio. Hemos planteado cómo no se podía hacer nada. Se
puede juntar a las empresas y si quieren prorroguen el contrato dos años.
¿Saben cuánto vale un contrato por el que se está entregando a una empresa un
mercado cautivo con un flujo de fondos extraordinario, porque nadie deja de
pagar la luz y el gas? Son ellas las que se tienen que dar vuelta e ir al
mercado financiero para financiar sus inversiones.
Es
lo mismo que se diga que se empiece a pagar una autopista que se va a usar
dentro de cuatro años. Hoy quieren cobrar un servicio que a lo mejor va a ser
bueno dentro de cuatro años. Entonces, las inversiones las tienen que financiar
estas empresas, que por lo visto han tenido utilidades que se reparten. Quiere
decir que les sobra para las inversiones y además pueden distribuir utilidades.
La
energía no es un bien más del mercado, es clave en un plan de desarrollo
nacional; cumple un rol fundamental en el país que uno imagina, y acá la
dejamos liberada al mercado.
Dicen
que no se puede hacer nada. ¿Estamos dispuestos a negociar con esos sectores?
El presidente un día los convocó a todos, a los usuarios, menos a las empresas,
que es a las que tendría que haber convocado para buscar una negociación
distinta que hicieran compatibles las inversiones con la capacidad de pago. Se
negó, convocó a todos menos a los únicos que tenía que convocar. Los resultados
de las empresas los conocemos.
También
se puede hacer mucho si uno tiene una visión de largo plazo. No tenemos que ir
muy lejos. Podemos ir a Bolivia. Bolivia se sentó con todas las empresas
internacionales de energía y renegoció con ellas los contratos partiendo del
costo local de producción. ¿Se fue alguna empresa de Bolivia? Ninguna. ¿Y sabe
qué le pasa a Bolivia? Tiene récord de acumulación de reservas, es casi investment grade, y ahora la empresa
nacional boliviana de energía está instalándose en la Argentina vendiendo
agroquímicos.
¿Cómo
que no se puede hacer nada? ¿Qué ha pasado con la excusa de tener que ajustar
tarifas por el déficit? Todo lo que se ahorró, entre comillas, con el aumento
de tarifas que recayeron en cabeza de los argentinos, se nos fue en pagar los
intereses usurarios que el sistema financiero aplica.
Hablemos
del seguro de cambio, que también fue mencionado hoy. Es una vergüenza que a un
sector determinado se lo privilegie por el tema de la devaluación. A todos los
argentinos nos afectó y ninguno tuvo la posibilidad de facturar a nuestros
clientes el daño que tuvimos por la devaluación.
Además,
esas empresas sabían por su contrato que había un insumo que tenían que pagar
en dólares. Lo sabían, por lo que no hay teoría de la imprevisión. Podrían
haber tomado recaudos, como por ejemplo haber sacado un seguro de cambio o
comprado dólares a futuro. No hicieron nada de esto. ¿O no saben que la Argentina
es un país que devalúa? Sin embargo, cuando se dio el problema, se lo
trasladaron a los usuarios. Primero, intentaron hacerlo en forma directa,
después, como no pudieron, indirectamente se lo vamos a pagar desde el Estado.
Creo
que el gobierno no toma nota de lo que está sucediendo. Está preocupado por la
inflación. La inflación hoy en la Argentina no es un problema de exceso de
demanda, ni de dinero ni de bienes; se debe a una inflación de costos. ¿Y sabe
quién es el promotor de todos los aumentos de los costos? El Estado.
La
tasa de interés es uno de los principales costos de la economía. Los insumos y
los servicios han generado inflación, y las pymes –aún sin poder vender- no
pueden evitarla. Entonces, entramos en el peor de los mundos.
Estamos
absolutamente anémicos de la idea de un proyecto de desarrollo. Estamos tomando
las cosas por separado. Nada se relaciona con nada. Hacemos modelos de impacto.
El plan que hoy tiene el gobierno se llama “plan llegar”. Hay que llegar a las
elecciones a cualquier costo, y como el problema es el tipo de cambio, a
cualquier costo lo vamos a parar.
Pregunto,
señor presidente, ¿conoce el gobierno el impacto que tiene esta tasa de interés
en la economía? ¿Lo ha evaluado? ¿No sabe este gobierno que a medida que se cae
el nivel de actividad la posibilidad de encontrar el equilibrio fiscal es una
quimera? Al bajar el nivel de actividad, cae la recaudación. Se lo hemos
advertido desde el año 2016.
En
cuanto al tema de las tarifas, hay que tener en claro que las inversiones las
deben hacer las empresas que después van a cobrar el servicio. Ese es el stock de inversión. En el caso de los
domicilios particulares el flujo debe estar atado a la capacidad de repago de
la gente, es decir, al poder adquisitivo, mientras que en el caso de las pymes
a los precios mayoristas de la economía.
Si
no se hace esto y se sigue negando esta posibilidad, la situación será mucho
más grave de acá a cuatro meses. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Solá, por Buenos Aires.
Sr.
Solá.- Señor presidente: de casi ochenta
proyectos que han presentado los señores diputados en el día de hoy, treinta y
cuatro se refieren a la cuestión tarifaria energética. Es decir que es un problema
ineludible para cualquier representante del pueblo y para cualquier argentino
que no sea millonario, que tenga responsabilidad de dar trabajo, de generar
empleo, de tener una fábrica, una industria, un comercio, que tenga
responsabilidades en el transporte, como trabajador o como pobre, que no
trabaja, que busca, que changuea o que vive de un subsidio. Es un gravísimo
problema argentino. De los más grandes errores u horrores que se han cometido
en estos tres años y pico de gobierno debería señalarse el aumento fenomenal de
la deuda externa, que compromete a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los
grados de libertad que pueda tener el próximo gobierno; eso por un lado.
El
freno a la actividad económica para terminar en una depresión económica como la
que estamos viviendo, que es más que una recesión, es otro de los “goles”
innegables de estos tres años y pico, imposibles de eludir. Con o sin los
diputados oficialistas, no lo van a poder eludir, porque está en la calle. Y no
está solamente en la calle cuando hay protestas, sino que está todos los días
en la gente que camina por las calles del país.
La
tercera cuestión que es escandalosa es la estafa energética. Es absolutamente
escandalosa, como ya han dicho colegas que me precedieron en el uso de la
palabra. Se creó la idea de la crisis energética profunda en diciembre de 2015
con el único objetivo de meter miedo, y sobre ese miedo declarar la emergencia
energética. Estoy hablando del señor Aranguren, que es lo mismo que decir el
presidente de la República. A partir de esa declaración, piedra libre para que
los amigos pudieran tener un sendero de expansión de tarifas seguro, dolarizado
e independiente de cómo le fuera a la Argentina.
Más
allá del error grosero que implica esto desde el punto de vista macroeconómico,
en diciembre de 2015 se podía suponer que la Argentina podía crecer, tener más
empleo, mejores salarios reales, un PBI más alto, etcétera, es decir, ser
optimista, como suelen ser los gobiernos que empiezan. Pero lo que no puede ser
es que en nuestro país caigan los salarios casi un 20 por ciento, aumente el
número de pobres y el desempleo, caiga el PBI de manera fenomenal, la actividad
económica esté muerta, las calles se llenen de gente protestando todos los
días, y que haya dos políticas que se mantengan inalterables: por un lado el
endeudamiento y, por el otro, el sendero de expansión de tarifas de gas, y por
ende de luz, porque el gas es su principal insumo, ya que el 60 o 65 por ciento
de la luz proviene de usinas que utilizan gas.
Ese
sendero de expansión aseguraba rentas en mercados cautivos. ¿Quién puede dejar
de pagar? Están agarrados, son mercados cautivos, son cajas. Quien se adueña de
un área de producción de gas o de generadoras de electricidad, se adueña de una
caja segura. ¿Por qué? Porque no hay riesgo. Hay que pagar o pagar. Es una caja
mensual, es un negocio financiero fenomenal.
La
mayor parte de los nuevos dueños surgidos de este gobierno no puede explicar
cómo llegaron a comprar los espacios que adquirieron.
El
señor Mindlin compró Petrobras y todas sus áreas dentro de Vaca Muerta y otras
más. También compró Transener y acciones de Edenor. ¿Cómo compró Petrobras? Con
un crédito que fue fundamental, además de otros. ¿Cuál fue ese crédito
fundamental? ¿Quién se lo otorgó? ¿Un banco? No. Se lo dio YPF: 140 millones de
dólares al 5 por ciento anual. YPF fue la prestadora. Es decir que se compra
con la plata que se puede juntar de cualquier lado, de empresas que no están
acá, que no conocemos. El gas y la electricidad están concesionados a empresas
que no conocemos, en muchos casos “mamushkas” de paraísos que vienen acá y
ponen dinero porque es un negocio financiero con renta mensual. Así hay que
entenderlo.
Por
eso el sendero de expansión es inamovible cualquiera sea el salario de los
argentinos y el nivel de actividad. Por eso no se escucha, no porque el
presidente sea zonzo y no entienda. No. Son compromisos fortísimos. “Comprá
esto que yo te aseguro la rentabilidad. ¿Cómo te la aseguro? No solo
dolarizando, sino además aumentando en dólares.”
Con
la excusa de la emergencia, ¿qué se hizo? Primero, en tres años se importó el
86 por ciento del gas que se había importado en los cuatro años anteriores del
otro gobierno. ¿Los precios fueron diferentes? Puede ser, porque los precios
dependen del mercado internacional, pero se importó igual.
Señor
presidente: pídale a cualquiera estos datos, que se meta a chequeado.com a ver
si no se ha importado gas en la Argentina. No solo se importó sino que se
exportó gas a pérdida, porque la diferencia la ponía el gobierno argentino. El
gas, la electricidad y el agua corriente tienen relación directa con el
desarrollo de las familias, con el desarrollo social y económico de un país.
Son parte de los derechos humanos de una familia moderna, de una empresa
moderna y de un país moderno. Esto no quiere decir que deban ser gratis ni que
quien los produce, transporta y distribuye no deban tener un margen de
ganancia. ¡Pero qué curioso! En todas las resoluciones se aumenta el precio del
gas en boca de pozo. Esto ocurre con el gas convencional y también con el tight gas, que es un gas con costo de
producción intermedio entre el shale
gas y el tradicional. Sin embargo, el precio que cobran los del shale gas, que tiene un alto costo, era
del 7,5 por ciento hasta el 31 de diciembre; ahora es del 7 por ciento. ¿Saben
lo que hizo Aranguren, con la venia del presidente de la República? También les
puso a los que produjeron tight gas
7,5 por ciento para que ganaran muchísimo más. Se fueron 1.700 millones de dólares
de los bolsillos de los argentinos a los productores de tight gas, que ya se acabó. Se justifican mil millones de dólares
que se dio a los productores de shale gas
porque hoy producen el 30 por ciento de la producción de gas de la Argentina.
¿Pero saben cuánto salió de los bolsillos de los argentinos solo en tres años,
gracias a la política de Macri, Aranguren e Iguacel? Salieron 11.300 millones
de dólares, de los cuales solo 1.050 millones de dólares son explicables porque
van al shale gas de Vaca Muerta. Lo
demás es un regalo, sin contraprestación alguna de mayor producción, de mayor
productividad, de mejor atención al público, de lo que fuera.
Se
colonizaron los entes. Se colonizó el Enargas y el ENRE. El señor
Chambouleuyron, que está a cargo del ENRE, fue testigo muchísimas veces en los
juicios de empresas privadas contra el Estado argentino en el CIADI. ¿Puede ser
ese el regulador de la cuestión eléctrica del Estado en defensa del pueblo en
la Argentina? Están ahí. Nadie niega estas cosas porque son evidentes, porque
son verdades. Están escritas. Por eso es una estafa fenomenal.
Se
le reconocen a Edenor y a Edesur enormes valores agregados de distribución VAD,
que es la forma de reconocerle ganancias. Por eso la luz cuesta lo que cuesta.
El
costo de vida ha subido más o menos un 175 o 185 por ciento, dependiendo de qué
decil de consumidores se trate. Para los jubilados ha sido mucho peor debido al
tema de los remedios, y para los pobres mucho peor debido al aumento del precio
de los alimentos, que han subido más que el costo de vida en estos últimos tres
años y pico.
El
salario ha subido alrededor del 140 y 150 por ciento, aunque podrá haber alguna
excepción. Ahora, eso sí: la luz subió el 4.000 por ciento y nadie sabe qué
sube más o cuál sube menos. Como dijo un diputado antes: la incertidumbre es
total. Puede llegar cualquier cosa a nuestras casas, y lo mismo ocurre con las
empresas.
El
gas ha subido 1.300 por ciento por lo menos, y el agua 600 y pico por ciento.
Después
hay que agregar otras cosas, como peajes, naftas y el encarecimiento del
transporte. Este último ha sido un elemento absolutamente inflacionario
generado por el propio gobierno con tal de que cobraran algunos muchachos.
Se
deprimió completamente el consumo para vencer a la inflación. ¿Cuál fue el
resultado? Mucha mayor inflación que antes y una depresión absoluta de la
economía. Debemos tener en cuenta el sacrificio y el dolor de la gente. Hasta
suicidios hay en los barrios pobres del conurbano. Vayan a hablar con los
obispos de los barrios pobres del conurbano a ver si no hay suicidios de
adolescentes. Vayan a ver el sufrimiento.
Esta
es una estafa tremenda en beneficio de un grupo privilegiado. Se trata de una
estafa con números que no tienen absolutamente nada que ver con las terribles
cifras de aumentos en la Argentina. Son veinte veces más, cuarenta veces más.
No hay información ni contraprestación, y tampoco se le da “pelota” a las
audiencias públicas.
¿De
qué se trata todo esto? ¿Cómo pueden estar ahí sin opinar los que quieren
defender al gobierno? Alguna defensa tendrán que hacer.
Inventaron
que no había luz en 2015. ¿Sabe algo, señor presidente? Había energía. Lo que
no había era inversión en las redes de Edenor y Edesur. Entonces, la mayor
demanda de verano no podía ser atendida porque las redes no aguantaban y
estallaban. O sea que el problema no era de la fuente energética sino de falta
de inversión en las redes. Hace 25 años que Edenor y Edesur están
concesionadas, y las concesiones son por 95 años. Claro, no hay ENRE que las
controle.
Entonces
este desaguisado lo va a tener que arreglar el próximo gobierno, y lo va a
hacer pensado que este es un derecho humano. El acceso a la garrafa es un
derecho humano. No es gratis. Se trata de un derecho humano, y el acceso a la
garrafa social lo es todavía más. Se supone que cuesta 280 pesos, pero no es
así: cuesta 450, y ahora se fue a 500 para los más pobres.
¡Déjennos
de jorobar! Esto no es hablar de política económica, de política sectorial ni
de política petrolera. Eso es hablar de un afano. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado Vallone, por San Luis.
Sr.
Vallone.- Señor presidente: hoy es un día
importante para quienes pensamos diferente, ya que hemos logrado romper los
candados de este recinto. Son los candados puestos por la oposición, que no
quiere escuchar este debate ni lo que ya anticipábamos en aquella discusión
sobre el tarifazo, que luego fuera vetada por el presidente. En ese momento
anticipábamos lo que iba a pasar, que es ni más ni menos lo que está pasando.
No
quieren escuchar este detalle tan importante que daba la diputada Camaño sobre
los negociados que lleva adelante este gobierno con las empresas energéticas.
No sienten el dolor de estos trabajadores que están hoy manifestándose en la
puerta del Congreso. No sienten el dolor que nosotros percibimos debido a la
pobreza en la Argentina que, según este presidente, iba a ser cero, pero que
este gobierno ha transformado en una fábrica de pobreza.
Durante
2018 fueron subejecutadas las partidas del Ministerio de Desarrollo Social.
Hubo un fuerte retroceso en los fondos asignados y se está apreciando una
situación similar este año.
La
búsqueda del gobierno por reducir el déficit viene generando una baja
significativa de los recursos destinados a desarrollo social. Hablo de la
pobreza y del desarrollo social porque los tarifazos pegan muy fuerte en la
industria, en las pymes y en la producción, pero pegan casi al límite en las familias
más vulnerables y en los más desprotegidos.
Recuerdo
cuando el año pasado el propio presidente reconoció un aumento en la pobreza.
¿Pero saben qué? No solo anticipó que la pobreza en 2019 iba a ser peor sino
que no le importó, y continúa reduciendo las partidas de la cartera del
Ministerio de Desarrollo Social.
No
salgo del asombro cuando Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, y
Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social –a quien me voy a referir‑
describieron en conferencia de prensa los datos del INDEC y aseguraron que iban
a mantener y confirmar el rumbo del programa económico.
Stanley
fracasó. La ministra de Desarrollo Social fracasó, y tiene que asumirlo, porque
este gobierno buscó que los números le cerraran, sin importar si le cerraban
con la gente adentro o afuera. La gente quedó afuera, presidente, y los números
no cierran. El fracaso del área de desarrollo social es la mayor estafa que
este gobierno le ha hecho al pueblo argentino. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra la señora diputada Carrizo, por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Carrizo (A.C.).- Señor presidente: desde el
bloque Evolución Radical creemos que sobran razones para que este Congreso esté
abierto y no esté silenciado. Sobran razones, pero no es mi intuición; son
datos.
Este
país tiene un 50 por ciento de inflación interanual, 45 por ciento de chicos en
la pobreza y el 32 por ciento de la población padece pobreza estructural.
Por
supuesto que necesitamos debatir y hablar. Los que estamos aquí presentes –que
cada vez somos menos‑ lo sabemos. Esta fue la política de la ficción
legislativa. No es que estamos dando a los ciudadanos una respuesta concreta
sobre los temas que les preocupan.
La
oposición sabía que controlaba el quórum y el gobierno sabía que tenía el veto.
En el medio están los ciudadanos que necesitan construir un país.
Muchos
de los diputados que hoy estuvimos aquí se irán con sus líneas para los medios,
pero la verdad es que la ciudadanía se queda sin representación política
efectiva.
Quiero
que nos interpelemos. Nosotros somos un bloque de tres diputados. Por lo tanto,
era absolutamente inocuo lo que hiciéramos. De los ochenta proyectos que hoy
estaban en debate nosotros teníamos iniciativas sobre casi todos los temas,
particularmente sobre tarifas.
Desde
2017 –y también desde antes, en 2016- teníamos una propuesta concreta que no
fue escuchada ni analizada, pero lo cierto es que casi el 23 por ciento más de
los proyectos que hoy estaban en discusión tenían que ver con prorrogar la
emergencia alimentaria y educativa.
Yo
les digo algo: la ley de emergencia sobre alimentación, nutrición y educación
en la Argentina se viene prorrogando desde 2002. Hasta 2009 la prórroga era
anual. A partir del 2009 la prórroga es bianual. La última prórroga que hizo
este Congreso es del año 2017. Entonces, ¡qué poco ambiciosos que somos los
diputados en este recinto!
¿Vamos
a venir aquí a seguir defendiendo la lógica de la emergencia? ¿Esta es la
política de la indigencia para una democracia que ha tenido abundancia y
pobreza en los últimos veinte años?
No
nos consultamos sobre un núcleo de tres o cuatro políticas. La ciudadanía está
esperando que avancemos y no que ficcionemos. No puede ser que
estemos situados siempre en el mismo lugar.
Hoy
esta sesión empezó ratificando el fallo de la Corte en el sentido de que los
jubilados no pagarán impuesto a las ganancias en la Argentina. ¡Cuidado que
esto es revolución después de un fallo de la Corte! Yo creo que este Congreso tiene
que funcionar, pero en serio, con cuatro o cinco puntos.
Hacía
36 años que desde este Congreso no nos animábamos a avanzar con el impuesto a
las ganancias para el Poder Judicial de la Argentina. Es una victoria pírrica
venir a ratificar un fallo de la Corte que sabíamos que se tenía que dar, pero
el grueso de la inequidad fiscal en la Argentina sigue vigente y nosotros
ficcionamos que legislamos, sin resolver. Esto no está bien.
Entonces,
desde este bloque queremos debatir, pero no así. Porque la oposición sabe que
no podemos unificar proyectos tan distintos como la emergencia alimentaria y la
estatización de YPF; no es serio hacerlo de este modo.
Desde
el bloque Evolución Radical hacemos una interpelación y por supuesto que
sabemos que necesitamos hablar de lo que a la gente le preocupa, las tarifas.
¿Por qué no se pueden canalizar en el Poder Ejecutivo las necesidades de una
política equitativa en tarifas? ¿Por qué no podemos hacer un acuerdo básico de
cinco puntos? Liberemos el Congreso, que para eso es un Congreso de minorías,
¿o no nos animamos a acordar cuatro o cinco puntos en serio entre gobierno y
oposición?
Necesitamos
construir un país, no palabras. Esta es la posición de nuestro bloque y los
invitamos a poder discutir temas concretos, pero debemos dejar de ficcionar,
porque el saldo en la ciudadanía es que aquí no está representada.
Me
parece que el Congreso hoy tiene que avanzar, pero debemos terminar con esta
idea de legislar para la ficción y nuestra autoproclamación para poder decir algo,
porque la ciudadanía hoy necesita avances concretos en el país.
Sr. Presidente (Tonelli).-
Tiene la palabra el señor diputado Saadi, por Catamarca.
Sr. Saadi.- Señor presidente: nuestro bloque ha decidido acompañar todos los temas
que contiene esta sesión especial, fundamentalmente porque entendemos que como
representantes del Congreso de la Nación Argentina no podemos permanecer
indiferentes ante la situación de agobio y desesperación que está viviendo la
inmensa mayoría de las familias argentinas, los industriales, los comerciantes,
las pymes, el sector olivícola de nuestras provincias, que son producto –entre
otras malas decisiones del gobierno nacional- del aumento irracional y
desproporcionado de las tarifas de los servicios públicos.
El Congreso de la Nación no puede
permanecer indiferente a un tema como la violencia de género. Las estadísticas
son alarmantes. En noventa días hubo setenta y dos femicidios, es decir que hay
uno cada treinta horas. Ojalá que algunos colegas, como la diputada que integra
este bloque, puedan ampliar sobre la violencia de género que también estamos
sufriendo en la provincia de Catamarca.
El Congreso de la Nación no puede
permanecer ajeno a los últimos datos del INDEC acerca de la pobreza y de la
indigencia. Hay millones de argentinos que hoy no tienen un plato de comida.
Los merenderos y los comedores están absolutamente abarrotados, lo mismo sucede
con los centros de jubilados que reciben una miseria de PAMI.
Tampoco nos podemos hacer los
distraídos ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le
está diciendo al Congreso que de manera urgente apruebe un proyecto de ley para
eliminar el impuesto a las ganancias para los jubilados y pensionados, porque
no tienen mucho tiempo. Los estamos obligando a que inicien un juicio que lleva
diez o quince años.
Lamento profundamente que el
oficialismo, los representantes del gobierno nacional, no quieran tratar este
tema. Estas son las problemáticas de la Argentina real. Esto es lo que hoy está
hablando la gente en cada uno de los hogares.
No puedo creer que el gobierno
nacional no tome conciencia de la gravedad de la situación. No puedo creer que
a ustedes, como representantes del gobierno nacional, cuando van a ver a algún
vecino, cuando visitan un barrio o realizan esos famosos timbreos, la gente no
les diga que no puede pagar la tarifa de los servicios públicos y que se está
endeudando. Hay algunos que pagan las tarifas o pagan los remedios, que pagan
la luz o comen. No se puede creer que no estén tomando conciencia de esta
situación.
En nuestra provincia, Catamarca, el
costo de la energía subió cerca de 1.800 por ciento. En diciembre de 2015 la
empresa distribuidora, que es estatal, compraba la energía a Cammesa a un
precio de 14 millones y la boleta que hoy le llega a esa empresa por el costo
de energía es de 215 millones. En menos de tres años aumentaron en forma
desproporcional, imprevisible e irrazonable cerca de 2.000 por ciento. ¿Qué fue
lo que pasó?
Hoy la mayoría de las familias
catamarqueñas ha entrado en pobreza energética porque pagar los servicios
públicos ocupa cerca del 20 por ciento de su salario. Hay familias que no
pueden atender las necesidades básicas porque tienen que pagar la luz. La suba
de tarifas ha destruido el tejido productivo de la provincia de Catamarca; esto
no lo digo yo sino que aquí tengo los datos.
El sector olivícola de la provincia es
generador de muchísimo trabajo. El presidente de la FOA, Federación Olivícola
Argentina, informó que ocho de cada diez productores de aceite de oliva en
Catamarca se quedaron fuera del mercado en estos últimos cuatro años. Ante la
pregunta de cuál es el principal problema, claramente Clusellas dijo que el
principal escollo para la industria es el costo energético debido a que los
sistemas de riego son electro intensivos. Hoy para esos sectores el valor de la
energía por hectárea ronda los 900 dólares anuales.
No solo el sector olivícola ha sido
destruido en la provincia, sino que también han cerrado fábricas industriales
que han soportado las peores crisis económicas de la República Argentina. Cerró
Alpargatas y otras fábricas que tenían 40 años en la provincia. Aquí tengo la
carta documento que le llegó a un empleado y que me autorizó a leer. Estas
cartas son las que les están mandando esas empresas industriales explicando el
motivo por el cual están cerrando. Voy a leer una parte, porque es bastante
extensa, y dice lo siguiente: “Mediante la presente notificamos a usted que a
consecuencia de la cancelación por parte de muchos de
nuestros principales clientes, sumado a la prolongada crisis de la actividad
del sector, la profunda retracción de la demanda como producto de la caída del
consumo interno, los intereses bancarios y el elevado incremento de los costos
de la energía utilizada para la producción y los costos del transporte, ha
generado una situación de fuerza mayor, viéndonos en la necesidad de realizar
el cierre de la planta industrial. Por todo esto...
Sr.
Presidente (Tonelli).- Señor diputado, por favor, vaya redondeando.
Sr.
Saadi.- Sí, señor presidente. “Por todo esto, le
notificamos que damos por terminado el contrato de trabajo.”
Esta
es la Argentina real. Esto es lo que ustedes no quieren ver cuando no discuten
estos temas.
¿Cuál
es la respuesta del gobierno nacional para la provincia de Catamarca? La
escuchamos hace unas semanas, si bien fueron pasando varias respuestas. Al
principio se hacían cargo del incremento porque decían que había que sincerar
las tarifas, pero esto se hace en un país que no tiene crecimiento. También
decían que las empresas necesitaban realizar inversiones, pero no vimos
ninguna. Después echaron la culpa a la gente diciendo que consumía mucho y
hasta culparon a los intendentes porque fijaban algún impuesto.
Pero
la última respuesta del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, respecto de
la provincia de Catamarca fue que ellos no tienen ninguna responsabilidad en el
aumento de las tarifas, sino que este se debe a los conceptos que aplica la
empresa distribuidora de dicha provincia. Esto es absolutamente falso. Casi el
60 por ciento de la facturación por la energía que la empresa distribuidora
proporciona hoy a los catamarqueños es producto del aumento del 2.000 por
ciento, que ha hecho el gobierno nacional.
La
verdad es que no sé si estamos en presencia de funcionarios incapaces e
insensibles o extremadamente codiciosos. Acá ha quedado claro...
Sr.
Presidente (Tonelli).- Señor diputado, concluya, por favor.
Sr.
Saadi.- Le pido tres minutos, señor presidente.
-
- Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr.
Saadi.- Estaba diciendo que no sé si estamos en
presencia de funcionarios extremadamente codiciosos ‑como aquí lo ha
manifestado el resto de los diputados‑, dada la inmensa transferencia de
recursos de los que menos tienen hacia las empresas de los amigos del
presidente. Lo que sí tengo claro es que estamos ante funcionarios que son una
verdadera máquina de mentir y manipular. No hay que subestimar al pueblo de la
provincia de Catamarca. Se equivocan, señor presidente. El pueblo de mi
provincia no les creyó en 2015, ni en 2017, y muy difícilmente puedan creerles
algunas mentiras, como la de que ustedes no tienen nada que ver con la suba de
las tarifas.
Este
bloque estará presente y dará discusión a todos los temas que formen parte de
la agenda de la gente, tal como manda el artículo 75, inciso 23, de la
Constitución Nacional, por cuanto los legisladores deben establecer soluciones
diferenciadas para los sectores más vulnerables.
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra la señora diputada del Plá, por Buenos Aires.
Sra.
del Plá.- Señor presidente: a esta altura de las
exposiciones ha quedado bastante claro que el tema tarifas no es solo una
preocupación central de la población que tiene que pagar lo que no puede. Realmente,
hoy, las tarifas de los servicios son impagables para un salario promedio que,
en general, no supera los 20.000 o 22.000 pesos, cuando la canasta de pobreza
está en 26.500 pesos. Incluso, con aquellas paritarias que se presentan como
maravillosas, en las que se aumenta solamente por la inflación del INDEC, los
salarios quedan por detrás, porque la canasta alimentaria va muy por delante
del promedio general de la inflación. En consecuencia, tenemos a una gran parte
de la población que debe decidir entre comer o tener luz, comer o pagar el gas,
comer o tener agua. No olvidemos que hoy una de las peores tarifas es la del
agua, en muchos casos.
-
- Ocupa la Presidencia el
señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sra.
del Plá.- Aquí se da la ironía de que tenemos
diputados y diputadas que han reclamado seriedad en el debate y expresado que no se puede seguir con el
criterio de declarar emergencias de emergencias. Sin embargo, no han aportado
demasiado al funcionamiento general para la discusión de estos temas.
No
obstante, hay algo que desde el Frente de Izquierda y el Partido Obrero
compartimos: efectivamente, esto no se resuelve con parches. La situación de
las tarifas no es un problema circunstancial sobre cuánto han aumentado y disminuido
los subsidios. El negociado de la privatización de los servicios públicos es de
una profundidad enorme y las empresas han tenido garantizadas sus ganancias
bajo todo el período de los subsidios estatales y de los tarifazos. Sin
embargo, la población tiene que soportar a los funcionarios de empresas como
Edenor, que dicen considerarse una suerte de asociaciones de socorro mutuo, que
vienen a ayudar a la población, porque invierten todas sus ganancias.
Entonces,
me pregunto por qué no resolvemos el problema de fondo y procedemos a
nacionalizar todas las empresas de servicios públicos, abrimos un libro, las
colocamos bajo control de los trabajadores y liberamos a esos empresarios tan
samaritanos del trabajo. De paso, resolvemos el problema de fondo, que es saber
cuánto cuesta la energía e impedir que las petroleras, gasíferas y demás se
lleven las riquezas de nuestro país. Además, podremos reorganizar esas riquezas
que tenemos, pero que la población no puede disfrutar, porque se las llevan las
petroleras, los pulpos, los banqueros y las empresas que se llenan los
bolsillos a costillas de todos nosotros.
Necesitamos
soluciones de fondo; no queremos soluciones transicionales o a corto plazo.
Es
por ello que en nuestro proyecto planteamos no solo retrotraer el tarifazo a
2016, sino también la necesidad de abrir los libros de todas las empresas, cosa
que el Congreso jamás votará. Es más probable que convoquemos a una asamblea
constituyente, soberana, con poder, en la que resolvamos las medidas de
transición y reorganización general de la economía y la sociedad de nuestro
país, a que este Congreso vote la apertura de los libros de las empresas
privadas, que fugan todos los capitales, para ver cuánto cuesta la energía,
realmente.
Solo
los trabajadores, los jubilados, la juventud, podemos imponer un curso de
salida real de esta situación.
Estos
temas no se van a discutir en el Congreso, porque la mayoría –no solo del
oficialismo, sino también de otros bloques‑ está comprometida con esta
forma de organización económica y
social.
En
este punto, se abre algo muy interesante y es lo siguiente: aquí no tenemos que
discutir solo el problema de la nacionalización del sistema hidrocarburífero,
sino también los recursos, la flexibilidad laboral para los trabajadores petroleros
en Vaca Muerta, los accidentes laborales y la orientación de despidos y
suspensiones que agravan la crisis sobre los trabajadores; todo esto asentado
sobre el proceso de fuga de capitales, compromisos con el FMI y súper ganancias
de banqueros y patronales.
Es
por esto que efectivamente este tema es harto importante para la población
trabajadora. Y es por esto que muchos trabajadores, jubilados y jóvenes
afectados, en lugar de estar mirando qué discutimos, están marchando con la
enorme columna del clasismo combativo, por ejemplo, para plantear un programa
integral de salida de la crisis.
Llamo
desde acá a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres de este país, a
ponernos de pie para organizar una salida independiente, de clase, de esta
situación, porque es lo único que puede abrir un curso de salida real de la
crisis.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Contigiani, por Santa Fe.
Sr.
Contigiani.- Señor presidente: estamos ante una
de las cuestiones que impactan en la vida cotidiana de la mayoría de los
argentinos, de aquellos que trabajan y producen. Me refiero a un tema que causa
sufrimiento y angustia, que tiene consecuencias sociales, económicas y
laborales que catalogaría como “desestabilizadoras”.
En
la Argentina, al hablar de tarifas, tenemos que remontarnos muy lejos, porque
debemos pensar en su modelo de producción y generación de energía. No creo que
todo tenga que estar en manos del Estado, pero tampoco que todo deba estar bajo
la órbita privada. Tendríamos que ver qué ocurría en los años 90, y me gustaría
saber qué posición política sustentaba cada espacio cuando todo se privatizaba.
De
aquella época heredamos una matriz claramente desequilibrada en términos
energéticos, y me gustaría discutir acerca de por qué todo tiene que estar en
manos privadas. Por ejemplo, en mi provincia acaba de privatizarse la Central
Termoeléctrica Brigadier López, en Sauce Viejo. ¿Por qué razón debe estar en
manos privadas? ¿A qué estrategia de desarrollo obedece tal decisión? Esta
situación ameritó que presente un pedido de informes, que espero sea
respondido, porque en el marco de esta concesión hay una empresa que conecta el
negocio de la energía con una persona muy allegada al señor presidente de la Nación.
No estoy prejuzgando; solo quiero que me informen. En todo caso, podríamos
estar ante una cuestión ética.
Como
decía, el problema de las tarifas viene de lejos en la Argentina y requiere de
una discusión de fondo.
¿Cuáles
son los errores que, a mi entender, comete el gobierno nacional? Son tres. El
primero se vincula con la absoluta desarmonía que reina en la toma de
decisiones. En 2016, por un lado, quería enfriar la economía mediante políticas
monetaristas; pero, por el otro, aumentaba las tarifas en forma agresiva y
virulenta, incrementando los costos de producción, distorsionando los precios
relativos de la economía y generando inflación. Todo esto ocurría en un
contexto recesivo donde tanto pequeños y medianos empresarios como comerciantes
vendían menos, dado que no podían trasladar al mercado el aumento de los costos
de producción.
Dolarizar
el precio de las tarifas fue el segundo error estratégico o tal vez la
convicción de un sector del gobierno nacional. No de todos, porque coincido en
que la Unión Cívica Radical, de este tema sabe mucho; sin embargo, no fue
consultada. Es necesario que tenga la valentía de debatir, de cara a su
historia y por lo que representa el tema de la energía en nuestro país.
Como
decía, dolarizaron el valor de las tarifas; o sea, no lo definieron sobre la
base de los costos de la producción nacional. Sabemos que hay un sector que
cree en la teoría el derrame, que piensa que dolarizando las tarifas y
determinando su valor por el mayor volumen importado puede generar un colchón
para que un conjunto de empresas pueda invertir, especialmente en Vaca Muerta.
Ahora bien, cuando analizamos el nivel de inversiones advertimos que no es
proporcional a la renta extraordinaria que recibieron.
En
tercer lugar, debo decir lo siguiente. Durante el primer semestre de 2015, la
porción del gasto público destinada a subsidios a la energía era del 11 por
ciento. Quien habla cree que el déficit energético era preocupante en aquella
época y que muchos diputados tienen razón al querer discutir sobre el tema. De
hecho, los dos candidatos a presidente de la Nación que protagonizaron el
balotaje en noviembre de ese año estaban preocupados por la situación
energética y querían debatir sobre ella.
Al
mismo tiempo, en el primer semestre de 2015, el 8 por ciento era destinado al
pago de intereses de la deuda. Dos años después, en el primer semestre de 2017,
vemos que la porción del gasto público total reservada a subsidiar las tarifas
se redujo del 11 al 5 por ciento, mientras que para pagar los intereses de la
deuda se pasó del 8 al 12 por ciento. Esto significa que el esfuerzo realizado
por la producción, el comercio y las familias argentinas no sirvió para nada,
ya que fue licuado por el pago de los intereses de la deuda.
Es
en este punto cuando nos preguntamos cuál es la estrategia en materia
energética. Pienso que por errores, convicciones u omisiones nos encontramos
frente a una especie de nueva oligarquía de la energía en nuestro país: muy
pocas empresas concentradas y con gran poder económico ocupan una posición
determinante a la hora de definir el valor de las tarifas, las inversiones,
etcétera.
No
hay marco regulatorio alguno ni voluntad política que permita entablar una
negociación de igual a igual. Así lo demuestran, como bien se dijo en este
recinto, los balances de las principales empresas de gas.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita al señor diputado que redondee su
exposición.
Sr.
Contigiani.- Solo un minuto más, señor
presidente.
De
acuerdo con esos balances, observamos que Metrogas tuvo una ganancia neta de
700 millones de pesos; Distribuidora de Gas Cuyana, 588 millones; Gas Natural
BAN, 542 millones; Gas del Sur, 2.793 millones de pesos.
Aquí
es donde la política tiene que saber negociar con el sector privado. Aquí es
donde el gobierno debe dar más rueda a los sectores políticos y a quienes saben
de energía. Aquí es donde nos damos cuenta de que el tema no tiene que estar en
manos de tecnócratas ligados a intereses privados, porque la energía es
soberanía y desarrollo. En el mundo, la energía es definida a partir de los
intereses estratégicos de un país y de lo que el mercado necesita. Ni todo
estatal ni todo privado; lo importante es el interés público, el interés
nacional. Mucha alta política y mucha transparencia, señor presidente. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr.
Ramón.- Señor presidente: trataré de centrar la
exposición en los dos proyectos de ley que nuestro bloque presentó para su
tratamiento.
El
primero se relaciona con la concepción de los servicios públicos, y en este
punto debo referirme lamentablemente a todo el arco político de nuestro país.
Digo “lamentablemente” porque en los años 90, el Partido Justicialista resolvió
crear entes de control –o supuestos entes de control‑ para la prestación
de los servicios públicos. Tanto el justicialismo –con las disculpas de quienes
hoy son dirigentes en ese sector‑ como el radicalismo fueron cómplices de
esa política que consideraba los servicios públicos como un bien de mercado.
Este
no es un tema menor, porque considerarlos un bien de mercado tiene que ver con
las estrategias que brillantemente explicó el señor diputado Contigiani. ¿Cuál
es la visión estratégica de nuestro país en materia energética? En los años 90,
la cuestión se pervirtió; lamentablemente, recién en 2016 los partidos
políticos comenzaron a darse cuenta de que un pequeño grupo de empresas se
había apoderado, de manera “cartelizada”, de los servicios públicos. Con el
apoyo de los presidentes de la Nación, de los entes reguladores, de quienes
deben defender y controlar los servicios públicos, esas empresas se
transformaron en gigantes.
¿Con
qué autoridad digo esto? En 2008 había un gobierno que no era éste al que ahora
estamos dando con un palo cuando hablamos de servicios públicos. La presidenta
era la señora Fernández de Kirchner. Hoy, el presidente de la Nación es
Mauricio Macri. En ambas gestiones, en Mendoza tanto el productor como el
distribuidor y el transportista de la energía consideraban que mi provincia
tenía las mismas características climáticas que el norte de Buenos Aires y la
Capital Federal. En Mendoza, hace frío. ¿Qué hicieron esas empresas, apoderadas
a partir del descontrol del Estado durante ambas presidencias? No nos saquemos
el collar del cogote, señores diputados.
En
mi provincia, la única manera de pagar por la energía menos de lo que la
querían cobrar, era a partir de una asociación de consumidores que tenía en la
Justicia federal un proceso judicial abierto que decía: “Señores de la Presidencia de la Nación:...” ‑desde
el año 2008 al año 2016- “... acá en Mendoza no les pueden meter la mano en el
bolsillo a los ciudadanos mendocinos”.
El servicio público no es un bien de
mercado; necesita el control del Estado y se manifiesta en algunos aspectos que
son técnicos y han llevado a procesos judiciales. Por ejemplo, el Enargas
habilita a la empresa distribuidora de gas para que todos los gastos bancarios
por los impuestos que se cobran -por descuentos y libramientos de cheques- sean
pagados por los usuarios.
También podemos referirnos a la
diferencia de cambio de la que hemos hablado hoy. Uno de los proyectos que
presenta Protectora es el de terminar con esta fantasía de que la empresa distribuidora
de gas compra el gas a un precio, lo vende a otro, aumenta el dólar y, ¡oh
sorpresa!, la diferencia de cambio la tienen que pagar los usuarios. ¡Trampa!
Esta es una trampa por el descontrol del Estado.
Ahora bien, este no es un tema de hoy,
sino que viene del año 1992. Esto no lo permitió la ley de gas, sino su decreto
reglamentario. En aquel momento no existía la reforma constitucional de 1994;
pero los pícaros –las empresas-, ante el descontrol de cualquiera fuese el
partido político que gobernara el Estado y el ente de control, cometían estos
abusos. Nadie puede sacarse el lazo del cogote.
Hace muy poco tiempo, en cuatro
provincias del Oeste de la Argentina –Mendoza, San Luis, San Juan y Catamarca-
se hicieron más de 400.000 estimaciones de consumo. ¡Trampa! En vez de ir a
controlar los medidores para ver si alguien había ahorrado –porque
supuestamente los usuarios gastadores deben pagar mucho más por la energía-,
directamente decían que habíamos consumido según una estimación que hacía la empresa.
No había manera de recibir el favor de obtener un descuento en la factura del
gas. Solo en Mendoza se hicieron 54.000 estimaciones.
Voy a comentar otra barbaridad a la
que ya se han referido otros señores diputados. Uno de los objetivos por los
cuales desde la política se dijo que la revisión tarifaria integral debía tener
un porcentaje alto de aumento que fuera pagado por los usuarios fue que había
que hacer inversiones. En Mendoza en particular, y en Cuyo en general, tenían
que concretar 565 millones de pesos en inversiones, a un dólar de 16 pesos. El
28 de marzo de 2018, los socios de la actual Presidencia de la Nación, con el
socio del presidente del Enargas, se repartieron 565 millones de pesos, que
eran para las inversiones que decían que iban a hacer y que justifican todo el
aumento tarifario de todos los servicios públicos de la Argentina. ¡Una
barbaridad! Esto figura en los autos 14.350, que tramitan por ante el Juzgado
Nacional en lo Penal Económico N° 8, de Comodoro Py. Se trata de una investigación
cuyo denunciante es quien habla, el diputado José Luis Ramon, junto con
diputados de San Juan, de San Luis y de Catamarca, siendo denunciados Gonzalo
Peres Moore y otras personas, todos cercanos a la política de quienes gobiernan
hoy.
Por eso, cuando hablamos de tarifas –y
lo digo desde el punto de vista de la política y mi Mendoza querida-, debo
manifestar nuevamente que el gobernador de mi provincia y titular del
radicalismo ha vuelto a crear una financiera. En efecto, el presidente del
radicalismo ha dicho que en materia de gas hemos obtenido un beneficio, pues
ahora vamos a pagar el aumento en tres cuotas, con intereses. ¿Y quién es la
financiera? La empresa Distribuidora de Gas Cuyana, Ecogas. ¡Una barbaridad!
Para terminar, quisiera decir que, con
semejante negocio y cartelización en materia de energía, los usuarios y
consumidores, aquellos que transversalmente estamos afectados por quienes se
han hecho gigantes por culpa del descontrol del Estado, vamos a necesitar
movilización. No hablo de la movilización de la calle sino que, como
ciudadanos, tendremos que pedir a la política, a nuestros partidos políticos,
que empecemos a actuar seriamente, y no como ocurrió hoy en este recinto, donde
todo el oficialismo se burló del pueblo argentino y, en particular, de los
mendocinos.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada Schlotthauer, por Buenos Aires, última
oradora.
Sra. Schlotthauer.- Señor presidente: acerca del punto de las
tarifas, en primer lugar quiero recordar que hace tres años, ni bien asumió, el
gobierno decía que necesitaba aumentarlas porque en este país valían menos que
una pizza. Luego de tres años, no solo ya no podemos comer pizza todas las
semanas sino que, además, tenemos que endeudarnos para poder pagar tarifas que
han aumentado el 600, el 3.000 o el 4.000 por ciento, según lo que se quiera ir
viendo, provincia por provincia, y servicio por servicio.
Este mismo gobierno nos decía que
había que sacar los subsidios porque en este país teníamos que dejar de vivir
de arriba. Macri junior es el heredero de una potencia en empresas que han sido
amasadas durante la dictadura con un montón de negociados en el Estado. Esa es
la única herencia de la que Macri no se queja. Se trata de un potencial de
empresas que eran siete cuando empezó la dictadura y cuarenta y tres cuando
terminó, y que siguió con los negocios del Estado. Él mismo nos decía que había
que cortar los subsidios a las empresas y que nosotros debíamos empezar a pagar
las tarifas aumentadas.
¿Qué es lo que pasó? Después de tres
años de una Argentina gobernada por sus propios dueños tenemos un Estado que
sigue pagando subsidios a todas las multinacionales que se quedaron con
nuestros servicios –y algunos socios nacionales también-, y además tenemos unas
de las tarifas más caras del mundo.
El mismo gobierno que nos dice que por
este camino vamos a salir al Primer Mundo –similar discurso que nos decía
Menem, al que me referiré más tarde-, no solo aumenta la inflación sino que
también sigue incrementando la recesión.
Ahora bien, yo quisiera recordar a
algunos –que parece que se olvidan- que es verdad que nosotros, para
desarrollarnos nuevamente y levantar la economía, necesitamos bajar las tarifas
y, al mismo tiempo, aumentar los salarios.
Esta soberanía no es que la perdimos
con Macri ni fue él quien dolarizó las tarifas. Desde las privatizaciones
llevadas a cabo por un gobierno justicialista perdimos la soberanía sobre todos
los servicios, y a partir de entonces estamos padeciendo todo el negociado y la
política de saqueo en materia energética. Las multinacionales vienen aquí a
quedarse con todo, mientras nosotros ya no podemos ni comprar carne y, además,
tenemos que ajustarnos con el gas y el aire acondicionado, en cada una de las
temporadas.
En cuanto a los proyectos que se están
presentando, sería muy bueno eliminar el IVA tanto de los servicios como de la
comida. Sin embargo, estas iniciativas resultan absolutamente insuficientes. Si
realmente se quieren recuperar los resortes a fin de movilizar el aparato productivo
y generar trabajo para levantar el país, hay que anular todas las
privatizaciones, renacionalizar el Estado y poner a todas las empresas bajo el
control de los trabajadores, que somos los que realmente queremos que esas
empresas funcionen y los que también estamos afectados. En efecto, junto con el
saqueo de las privatizaciones y estas tarifas, las empresas se están
beneficiando con contratos cada vez más precarios y reformas laborales que no
hacen más que matar compañeros.
Si queremos desarrollar este país,
también tenemos que anotar, entre las empresas que debemos recuperar, a
Ferrocarriles Argentinos, porque no hay manera de recuperar las provincias con
todo su aparato productivo si no tenemos ferrocarriles ni logística que
permitan llevar la mercadería de los pequeños productores a los puertos.
También debemos recuperar los puertos, por los que se están llevando todos los
productos de este país.
En verdad, he escuchado muchas cosas
de este gobierno que nos dan asco y nos indignan a mí y a todos mis compañeros.
Pero también debo decirles que no se cree más en una oposición que ha sido
cómplice, presupuesto tras presupuesto, que ha gobernado doce años y no ha
recuperado ni una sola empresa de las que realmente ahora se están quejando por
el tema de las tarifas.
Los proyectos que se están presentando
son como una bayaspirina para un cáncer que se llama “privatización y pérdida
de la soberanía en manos de las multinacionales”, todo por orden del Fondo
Monetario Internacional. Perdimos las empresas estatales, porque lo pedía el
Fondo. Ellos pedían las privatizaciones, y fue así que Menem y esta Cámara de
Diputados las defendían y las votaban hasta con diputados “truchos”, mientras
que los trabajadores, a pesar de las traiciones de las conducciones gremiales,
reclamábamos en la calle para que se mantuviera la soberanía del Estado sobre
cada una de esas empresas que perdimos.
Es así que, desde la izquierda, que en
los años noventa acompañó cada una de esas luchas, ahora también seguiremos
peleando contra este gobierno y los que creen que con algunas bayaspirinas
vamos a terminar con este cáncer. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente si se incluyen para su tratamiento
sobre tablas los expedientes solicitados, que no fueron considerados en las
votaciones anteriores. Se necesitan los dos tercios de los miembros presentes.
-
- Se practica la
votación nominal.
-
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 194 señores diputados presentes, 104 han votado por la
afirmativa y 89 por la negativa.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 104 señores diputados por la afirmativa y 89 por la
negativa. No hubo abstenciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda rechazado el pedido de tratamiento sobre tablas.
Tiene
la palabra el señor diputado Filmus, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Filmus.- Señor presidente: por un lado, quiero
plantear que nos parece importante que se haya podido realizar la sesión de
hoy, y que la oposición haya logrado el quórum para dar este debate sobre temas
que son de preocupación de todos los argentinos y todas las argentinas.
Por
otro lado, quiero señalar la insatisfacción por no poder avanzar, por el voto
negativo del oficialismo, en el tratamiento de estos proyectos, porque insisto
en que se trata de temas necesarios e imprescindibles para poder llegar a fin
de mes, defender el trabajo, el crecimiento y la distribución, y parar la
angustia de nuestros compatriotas.
También
quiero manifestar nuestra preocupación porque estos setenta y seis proyectos
que hemos querido tratar hoy no han pasado por la comisión respectiva, porque
el Congreso está en buena medida paralizado y no se están debatiendo estos
temas en comisión.
En
este contexto, lamento particularmente que no podamos poner hoy en discusión y
votar afirmativamente un proyecto que tiene una característica particular. El
proyecto que estamos planteando es sobre boleto educativo.
-
- Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señores diputados, por favor guarden silencio.
Continúa
en uso de la palabra el señor diputado Filmus.
Sr.
Filmus.- Este proyecto es una síntesis de
iniciativas sobre boleto educativo presentadas por diputados de varios bloques
en la misma dirección, y paradójicamente existe un proyecto muy similar
elaborado por numerosos diputados del oficialismo, encabezados por las señoras
diputadas Brenda Austin y Carla Carrizo, y por el señor diputado Marcelo
Monfort. Si hoy hubiéramos tenido la posibilidad de discutirlos, habríamos
votado cualquiera de estos proyectos.
En
particular, yo planteo la aprobación del proyecto presentado por los señores
diputados Victoria Donda, Andrés Larroque, Cecilia Moreau y quien habla, en el
que hemos logrado unificar las otras iniciativas.
No
se trata de un proyecto menor, señor presidente, porque se refiere al derecho
básico que la Constitución Nacional otorga a todos los compatriotas de poder
educarse. No hay un derecho más importante y que atraviese al conjunto de las
posibilidades de integración ciudadana de argentinos y argentinas que el
derecho a la educación.
El
derecho a la educación tiene una parte importante que se cumple, que consiste
en que estén abiertas las escuelas y la educación pública, desde la ley 1.420
en adelante, plantee oportunidades para todos. Sin embargo, en situaciones
críticas como la actual, sabemos que no alcanza con que las escuelas estén
abiertas. La escuela está allí, los chicos, los jóvenes, los adultos, tienen
que llegar a ella; pero existe un agravante.
La
educación en la Argentina es obligatoria desde la sala de 4 en el nivel inicial
‑e incluso en algunas provincias desde la sala de 3‑ hasta terminar
el secundario, y desde la sanción de las últimas leyes estamos en condiciones
de atender jurídicamente a los padres que no pueden enviar a sus chicos a la
escuela, o que pudiendo hacerlo no lo hacen. Actualmente, el transporte, para
ir a la escuela, empieza a ser una carga cada vez más insostenible sobre las
espaldas de las familias.
Los
datos resultan evidentes y muestran que mientras la inflación del año pasado
fue de cerca del 50 por ciento, los salarios docentes aumentaron casi el 40 por
ciento y el transporte público se incrementó más del 200 por ciento. Esto hace
que en los ingresos de cada docente y de cada familia la proporción del costo
del transporte sea mayor.
Algunas
provincias, como Córdoba, resolvieron este problema; la ciudad de Buenos Aires
y la provincia de Buenos Aires han avanzado en esa misma dirección; también
muchas ciudades y provincias del interior lo hicieron, pero con soluciones muy
desiguales.
Nuestro
proyecto plantea la posibilidad de acceder al boleto gratuito por parte de
todos los estudiantes y docentes de los niveles de educación obligatoria, pero
incorpora también ‑como ya han hecho algunas provincias‑ la
educación superior. Ha sido definido como un derecho el acceso a la educación
superior, y para que ese derecho se pueda concretar se necesita tener el boleto
gratuito.
Nuestro
proyecto también plantea la situación que atraviesan muchas familias muy
humildes, cuyos hijos no pueden viajar solos a la escuela y necesitan del
boleto gratuito también para el acompañante.
Además,
planteamos la incorporación a este sistema de algunos transportes que no han
sido incluidos, por ejemplo, los trenes en la provincia de Buenos Aires, y los
subtes en la ciudad de Buenos Aires, para todos los docentes y estudiantes,
incluidos los de educación superior.
Hoy
no pudimos tratar este tema, que es una necesidad enorme e imperiosa para
quienes estudian en la Argentina y todos los docentes. Estamos en condiciones
de hacerlo. El proyecto plantea mecanismos de financiamiento. La mayor parte
del gasto que implica este proyecto ya está siendo financiada, en algunos casos
por la Nación, en otros, por las provincias; simplemente se trata de avanzar.
Teniendo
en cuenta que hay proyectos similares de todos los bloques, quiero comprometer
a los jefes de bancada y a quienes presentaron los proyectos a que los pongamos
en debate en comisión, porque insisto: hay coincidencia sobre esta necesidad y
en que la educación es un derecho que se debe respetar y cumplir; también hay
coincidencia en que todos los estudiantes y docentes deben tener este derecho
pronto.
Lamento
que hoy no haya sido posible, pero estamos seguros de que existen condiciones
para llegar a un consenso en una próxima sesión. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Estévez, por Córdoba.
Sra.
Estévez.- Señor presidente: venía a esta sesión
preparada a defender un proyecto que ha tenido sanción en el Senado, por el que
se declara la emergencia laboral en Fabricaciones Militares, contemplando la
reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras despedidos, y el
establecimiento de una mesa de discusión para reactivar el predio de
Fabricaciones Militares, entendida esta empresa como recurso estratégico de la
defensa nacional. Pero el oficialismo se encaprichó en no darnos la posibilidad
de debatir, algo que viene sucediendo sistemáticamente en el Parlamento, donde
los diputados y las diputadas que trabajamos e intentamos presentar proyectos
para mejorar la vida de la gente ‑en este contexto tan adverso que han
generado ustedes‑, nunca podemos llegar a analizar y dar respuestas
concretas a las necesidades del pueblo, que hoy se expresaba en las calles,
frente al Congreso, esperando un poco más de nosotros. La realidad concreta es
que desde que ustedes son gobierno no hemos podido dar una sola respuesta al pueblo
argentino.
Hoy
los trabajadores y las trabajadoras de Fabricaciones Militares de Córdoba,
Santa Fe y Capital Federal estaban esperando lograr la sanción definitiva para
contar con una ley que frene los despidos y, además, sentar un precedente que
permitiera que otros organismos del Estado pudieran pelear por la
reincorporación de los trabajadores despedidos. Así, volverían a creer en la
posibilidad de un Estado que está cerca de la gente, generando las herramientas
necesarias para paliar y salir de esta crisis que ustedes también generaron.
Lamentablemente,
no podemos dar ni una sola respuesta, porque ni siquiera hemos podido discutir
los proyectos. Simplemente, bajaron al recinto para no darnos esa posibilidad,
obstaculizar y seguir en lo mismo que vienen haciendo desde el primer momento:
complicar la vida al pueblo argentino, quitarles la posibilidad de tener un
salario digno ‑restándole capacidad adquisitiva‑, y pensar en un
futuro para proyectarse.
En
este contexto, nos sentimos muy mal. Escuché hoy a varios diputados y varias
diputadas diciendo lo frustrante que es tener la enorme responsabilidad de
representar al pueblo, venir acá y saber que no se puede hacer nada porque del
otro lado permanentemente están poniendo vallas para que no podamos avanzar.
Quiero
decir a esos trabajadores y a esas trabajadoras de la Dirección General de
Fabricaciones Militares de Córdoba, de Santa Fe, de Jáchal y de la Capital, que
seguiremos dando pelea y no vamos a resignarnos. Venimos acompañándolos desde
el principio y seguiremos haciéndolo hasta que este proyecto se sancione y
reincorporen a todos esos trabajadores despedidos, reabran la planta de Azul y
retomen todos los proyectos que dieron de baja, simplemente para vaciar la
empresa y hacer negocios.
- - Ocupa la Presidencia la señora
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, doctora Cornelia
Schmidt Liermann.
Sra. Estévez.- En realidad, dieron de baja un montón de
proyectos que estaba llevando adelante Fabricaciones Militares para comprar
todo afuera y hacer negocios. Eso es lo que vienen haciendo desde que llegaron
al gobierno, y para eso están allí.
A todos los trabajadores de los
diferentes organismos del Estado, que en función de esas definiciones políticas
de vaciamiento se han quedado sin trabajo, les decimos que no vamos a bajar los
brazos. Me refiero a los trabajadores y a las trabajadoras de la Subsecretaría
de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, Télam, INTI e INTA, que
también están esperando una respuesta del Congreso.
Pido a todos los diputados y las
diputadas que dejemos de dar la espalda al pueblo argentino. Están esperando un
poco más de nosotros; pretenden que les demos soluciones concretas. La gente no
llega a fin de mes, no tiene trabajo. Otra vez, los jóvenes se están yendo a
vivir a otros países, porque acá no tienen expectativas. Asumamos la
responsabilidad por la cual nos votaron; empecemos a trabajar en serio;
generemos proyectos que de verdad den respuesta a las necesidades del pueblo
argentino.
Me da vergüenza decir que aquellos que
están sentados en esas bancas son colegas míos. Si fuesen colegas estarían
trabajando para el pueblo, y la verdad es que hoy el pueblo argentino siente
vergüenza de los representantes que tiene. Yo no me siento identificada con ustedes;
me siento una trabajadora más que hoy está decepcionada, porque no pudieron dar
una sola respuesta. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Macha.- Señora presidenta: tal como decían recién los
distintos compañeros y compañeras, veníamos dispuestos a discutir esos setenta
y seis proyectos que incluyen temas fundamentales para la Argentina de hoy; una
Argentina que está siendo destruida cotidianamente. En este sentido, queríamos
incluir la demanda de aquellos deudores y deudoras de créditos UVA; ese
colectivo que cada vez se va fortaleciendo más.
Se trata de ciudadanos y ciudadanas de
nuestro país que tal vez fueron las personas que más confiaron en la propuesta
de Cambiemos. Me encuentro con mucha gente que confió; confianza que se
materializó en avanzar con un crédito, como el que ustedes proponían allá por
2016. En aquel momento, ese crédito aparecía como equivalente a un alquiler,
con la posibilidad de avanzar y tener la casa propia, la vivienda única
familiar. En este sueño se embarcaron, y hoy ‑como dicen ellas y ellos-
se convirtió en una pesadilla, porque esa cuota varía en función de la
inflación y no saben cuánto tendrán que pagar por mes.
Tratamos de transmitir en esta jornada
los aspectos relacionados con las tarifas, los alimentos, cómo ha aumentado el
costo de vida y hemos ido perdiendo el empleo. A eso debemos sumar, para
quienes han tomado esos créditos, un drama mayor porque, en definitiva, se
trata de una deuda impagable, que cada vez aumenta más, con una amenaza
concreta permanente de perder la vivienda y quedarse sin ese techo, y el que
tenían antes, que podía ser el de un alquiler o una casa más pequeña. Entonces,
vendieron esa propiedad y pusieron ese dinero, como base, para comprar una
vivienda más grande. Por lo tanto, esto significa la pérdida del patrimonio de
una familia, acumulado durante toda su vida.
Muchas de las personas que han tomado
estos créditos además son mujeres jefas de familia, docentes; el panorama es
realmente desolador.
Sé que los encuentros con estos
deudores se han dado con diputados y diputadas de todos los bloques de la
oposición, y vemos que ellos van entendiendo la lógica legislativa. Me parece
que esta es una herramienta fundamental, porque a veces todas las cuestiones
reglamentarias que nosotros y nosotras discutimos acá aparecen como un
aprendizaje para la población.
Lo que han hecho ha sido tan dañino
que han logrado -por suerte- que la población conozca cada vez más cómo
funcionan las cosas acá adentro y, por ejemplo, sepan que todos los proyectos
que tratan sobre los créditos UVA están en la comisión que preside el diputado
Amadeo. Le han escrito, lo han ido a ver y le han pedido directamente a él que
convocara a la comisión; pero no lo ha hecho, no por una cuestión personal sino
por una definición del oficialismo.
No atienden a la población cuando está
planteando un problema que la coloca en la imposibilidad de proyectarse hacia
el futuro, y que además tiene implicancias sanitarias. Hay muchas personas con
depresión, estrés, distintas enfermedades que van surgiendo, y familias que se
separan. El nivel de daño es de esa magnitud.
Tal vez, ustedes no tengan intención
de intervenir en esta situación, pero debo decir a los deudores y deudoras de
estos créditos que desde la oposición estamos trabajando de manera conjunta,
buscando un dictamen que pueda unificar los muchísimos proyectos que ya se han
presentado en la Cámara.
El martes próximo a las 18 tendremos
una reunión en la Comisión de Vivienda. Esto también tiene que ver con las
iniciativas y los lugares por donde podemos avanzar, a pesar de ustedes.
Nosotros y nosotras nos seguiremos uniendo y organizando, para estar al lado de
la gente que está sufriendo, como lo hicimos siempre, con nuestros aciertos y
nuestros errores. A ustedes se los recordará como uno de los peores gobiernos
de la historia de la democracia, que más ha hecho sufrir a su pueblo y más
indiferente se ha mostrado con ese sufrimiento. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Schmidt Liermann).- Tiene la palabra la señora diputada por Catamarca.
Sra.
Mercado.- Señora presidenta: al recorrer el
temario de esta sesión especial encontramos el común denominador de la
emergencia.
-
- Ocupa la Presidencia el señor
presidente de la Honorable Cámara, Ocupa doctor Emilio Monzó.
Sra.
Mercado.- Vivimos la emergencia alimentaria, la
crediticia, la previsional, la laboral por las fuentes de trabajo perdidas, la
productiva, la de adicciones, la de vivienda, la de alquileres, la impositiva,
la educativa, la de transporte, la de servicios públicos, la tarifaria, la de
infancia y adolescencia, y la de femicidios. Hoy tenemos una sesión de
emergencia por las emergencias. Es una sesión especial por lo extraordinario
que vivimos en el país.
El
jefe de Gabinete echa la culpa de todo lo pasa a procesos y fenómenos que
pareciera que no tienen nada que ver con este gobierno. Entendemos que este no
es un país fallido, que no es un país de mierda, que la culpa no se debe a que
somos un fracaso social, a las tormentas, a los fenómenos paranormales o la
herencia de setenta años. Nuestra sociedad vive en peligro cuando la riqueza se
concentra y acumula indiscriminadamente; cuando el poder es ejercido con
violencia; cuando se persigue a los dirigentes populares o a cualquier persona
por prejuicio racial, religioso o cultural; cuando se desangra la capacidad de
trabajo; y cuando se fugan las divisas, se contrae deuda y se desangra el
Estado.
Estamos
en emergencia por ustedes, por sus actos y por sus maneras de ver y considerar
a los otros y a las otras.
La
última semana mi provincia fue sacudida por una extraordinaria ola de
femicidios que suma víctimas a la lista de mujeres asesinadas en el país desde
hace mucho tiempo. Por ello, el temario de la sesión incluye seis proyectos
reclamando la ley de emergencia contra la violencia de género. La violencia es
desatada sin piedad. El hombre usa sus fuerzas porque se cree propietario de la
mujer. La violencia tiene profundas raíces y factores que la desatan. Hay
cuestiones objetivas que hacen que las manos se suelten, el fuego nos queme y
los golpes nos maten. Esa emergencia es la que reclamamos. Cuando la sociedad
se ve violentada por el hambre, la desnutrición, la falta de trabajo, la imposibilidad
de construir un futuro y los recursos no alcanzan, todo se vuelve inmanejable.
El Estado es el que debe mediar; el Estado es responsable. Ese Estado es el que
ustedes desarmaron, el que vaciaron de políticas públicas, el que sacaron de
los barrios, el que sacaron de la comunidad organizada para privatizarlo y
usarlo como garantía para pagar una deuda que ustedes mismos contrajeron. Ese
Estado está en emergencia.
La
política social no consiste en repartir migajas entre los pobres, sino en
construir un Estado de bienestar y accesos. No se trata de un Estado de
emergencias. Las mujeres pagamos muy caro cuando el Estado se corre, se
desfinancia y se empobrece como esta sociedad. Necesitamos la intervención, la
educación, la capacitación, el cuidado y el ingreso.
Susana
Villagra, Elba Ibáñez y Georgina Avellaneda son las tres mujeres asesinadas
durante la última semana en mi provincia Catamarca. Ellas fueron doblemente
violentadas por este Estado patriarcal y por el abandono de un Estado nacional
que condenó a la pobreza a más del 35 de la población y a más de la mitad de
los niños y niñas del país.
Consecuencia
de ello es la demanda de declarar la emergencia laboral, sanitaria,
nutricional, de transporte, de vivienda y de infancia. Todo se sintetiza en
este grito ahogado de Susana, Elba y Georgina.
Mientras
la política mira al norte, asesinan a nuestras mujeres en el sur del país.
Mientras se acumula la deuda con los bancos y con el Fondo Monetario, el
patriarcado explota en nuestras calles. Por eso, este es un llamado
desesperado: devuelvan el Estado, el presupuesto, el esquema distributivo para
las mayorías y las políticas públicas porque la pobreza y la desigualdad
oscurecen todos los caminos y agudizan todos los males. No hay ninguna
posibilidad de derribar el patriarcado ni de salvarnos de la violencia y de la
muerte sin el Estado. Me refiero al Estado que hoy deberíamos declarar en
emergencia. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Zottos, por Salta.
Sr.
Zottos.- Señor presidente: seré breve porque ya
se habló bastante. Aunque me hubiera gustado tratar varios temas, me enfocaré
en los créditos UVA.
Con
buen criterio hace más de dos años el gobierno lanzó créditos de acceso a la
vivienda destinados a la clase media. Lamentablemente esos créditos se
actualizan por inflación, pero no ocurre lo mismo con el salario. Actualmente
hay tanto familias destruyéndose como matrimonios divorciándose. Asimismo,
notamos la falta de entregas de viviendas del plan Procrear.
Por
ejemplo, a las personas que pagaban 6.000 pesos, la cuota les subió a 18.000 o
17.000 pesos. Es decir que para pagar 32.000 pesos de cuota de un crédito UVA
se necesitan 120.000 pesos de ingresos mensuales. Esto es imposible.
Lamento
que el proyecto de mi autoría no haya sido incorporado al temario de la sesión
ya que lo presenté el año pasado.
Quiero
que se entienda que es inhumano no frenar esta situación que angustia a mucha
gente y que le hizo perder lo poco que tenía. No se trata de si somos oposición
u oficialismo, sino de que es algo que reclama la sociedad y nos debemos a
ella. Nosotros representamos al pueblo.
Necesitamos
declarar la emergencia porque hay personas a las que les quitan la casa o les
llega la notificación de ejecución de su vivienda única.
Mi
proyecto también contempla que la cuota de la vivienda única no supere el 30
por ciento del ingreso total de la familia. Entiendo que no es una solución
alargar el crédito a treinta años, porque la casa terminará siendo pagada por
los nietos. Acá debemos debatir y buscar una solución a estos problemas.
En
este recinto también se habló mucho de la energía. En el norte todavía no se
invirtió adecuadamente y las tarifas son diferentes a las de la Ciudad de
Buenos Aires. Lo mismo ocurre con el combustible ya que pagamos precios mucho
más altos.
Finalizando,
reitero que este es un problema humano. No podemos ser inhumanos y no tratar
las dificultades que atraviesa la Argentina.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Raverta, por Buenos Aires.
Sra.
Raverta.- Señor presidente: quiero referirme al
proyecto de resolución por el cual se solicita explícitamente la plena
implementación de la ley 25.724, sancionada en 2002, por medio de la cual se
crea un programa nacional de nutrición alimentaria.
Presentamos
esta iniciativa a partir del petitorio del Frente por una Niñez Protegida. Este
frente se viene organizando con la idea de dar respuesta a algo que es urgente:
el hambre de niños, niñas y adolescentes en la Argentina. La mitad de ellos son
pobres y uno de cada diez no llega a comer ni a alimentarse con lo básico, con
lo mínimo para encontrar niveles nutricionales óptimos. Por lo tanto, este
proyecto es sumamente importante.
Los
diputados que suscribimos este proyecto de resolución no nos alegramos al
solicitar la plena vigencia de una ley que tiene que ver con una discusión que
se dio en 2002, porque ha pasado mucho tiempo en el medio. Durante este lapso
no fue necesario pensar en que niños, niñas y adolescentes únicamente tuvieran
la posibilidad de comer en comedores escolares, en los comedores de los barrios
o en merenderos. Creo que los diputados de distintos bloques de la oposición
que firmamos este proyecto, tenemos en común la certeza de que no nos queremos
acostumbrar ni naturalizar esta situación. Estos hechos no nos ponen contentos,
pero sentimos la responsabilidad y la obligación de decir lo qué está
ocurriendo en el país.
Vivo
en una ciudad donde 40 mil adultos buscan trabajo y no lo encuentran, donde 157
mil personas son pobres y donde 41 mil personas son indigentes. La forma de
revertir este cuadro es con otro modelo económico, lo cual se logra cambiando
el gobierno. Por eso no tengo ninguna duda de que esta situación la vamos a
poder cambiar recién en octubre.
Sin
embargo, como el hambre es urgente, tenemos que dar respuesta a lo que están
viviendo nuestros niños, niñas y adolescentes.
La
ley mencionada contempla un programa alimentario para niños, niñas y
adolescentes, para adultos mayores de más de 70 años y para embarazadas, pero
fija la prioridad en los menores de 5 años y en embarazadas. Esta no es la
solución que más nos gusta plantear, porque nos gusta proponer medidas
relacionadas con resolver el trabajo de los argentinos, para que cada niño y
niña pueda comer en su casa e ir a la escuela, crecer, divertirse y estudiar.
Por
ello, necesitamos que esta ley se ponga en plena vigencia y resolver
inmediatamente la urgencia de la tragedia del hambre de nuestros niños. No
tengan ninguna duda de que nos estamos organizando para cambiar este modelo y,
por lo tanto, el gobierno en octubre de este año. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado Yedlin, por Tucumán.
Sr.
Yedlin.- Señor presidente: hemos tenido un largo
día escuchando todas las dramáticas situaciones que vive el país.
Aproximadamente
130 mil familias han tomado créditos
UVA, de las cuales 7 mil están en Tucumán. El otro día se acercaron a hablar
conmigo Romina y Verónica porque han tomado estos créditos; forman parte del
grupo de autoconvocados de crédito UVA que se vienen reuniendo e intentando
contar con datos que no son claros, en parte porque no les brindan la
información sobre todos los que se endeudaron bajo esta modalidad. Cuando
tomaron el préstamo, la cuota no podía superar el 30 por ciento del salario,
había una promesa de una inflación descendente calculada del 15 por ciento.
Estamos muy lejos de esa situación, porque hoy la cuota llega en muchos casos
al 100 por ciento del salario y no sabemos cuánto terminará siendo la inflación
de este año, aunque sí sabemos que el año pasado estuvo muy por encima del 15
por ciento.
Debemos
encontrar alguna solución a este conflicto. No podemos permitir que la gente
pierda las casas, el sueño y su inversión. Muchas personas invirtieron recursos
ahorrados durante toda una vida de trabajo para acceder a la vivienda. Hemos
prometido a esta gente que nos ocuparíamos de su situación en el Congreso.
Debemos considerar estos asuntos en comisión y debatirlos en el recinto para
encontrar una solución a los argentinos.
Hoy,
Romina, Verónica, las 7 mil familias tucumanas y las 130 mil familias
argentinas han sido estafadas por el gobierno nacional y tenemos que
resolverles la situación. Toda la oposición está de acuerdo en esto y le
solicitamos al oficialismo que se sume a nuestro pedido.
A
fin del año pasado votamos el calendario de vacunas. Actualmente las vacunas
siguen sin llegar a las provincias, pero hoy hay un claro responsable que es el
Ministerio de Salud de la Nación. Tampoco se ha comenzado a distribuir la
vacuna antigripal en el país. Habrá responsables si se mueren grupos de riesgo
por gripe en el país.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la
señora diputada De Ponti, por Santa Fe.
Sra.
De Ponti.- Señor presidente: hemos venido a esta
fallida sesión para trabajar y brindar respuestas a algunas de las muchísimas
problemáticas que está viviendo nuestro pueblo. La sesión no se ha realizado a
causa de la voluntad del oficialismo de obturar el pedido de que se sancione
cualquier tipo de proyecto.
Las
iniciativas presentadas son sumamente importantes. Hoy venimos a hablar ‑al
igual que lo hicieron nuestros compañeros y compañeras‑ por aquellos
sectores de nuestro pueblo que son absolutamente vulnerados por las políticas
del gobierno. Si nos ponemos a pensar, estamos hablando de la gran mayoría de
nuestro pueblo: niños, empresarios pyme, jubilados, familias, tenedores de
créditos UVA, tenedores de planes de ahorro de autos y por supuesto mujeres.
En
general, tal como lo demuestran las cifras distribuidas por el INDEC, las
mujeres somos las más perjudicadas en aquellos momentos, situaciones y
contextos de crisis económicas. Las mujeres tienen un índice de desempleo
superior al 20 por ciento y una situación de pobreza absolutamente lacerante
para sus condiciones de vida.
Muchos
de los ochenta proyectos contenidos en el temario del día de hoy se referían a
la problemática específica que sufrimos las mujeres por la violencia y la
desigualdad que enfrentamos todos los días en cada uno de nuestros barrios, de
nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Por medio de algunos de los proyectos
presentados se pretendía declarar la emergencia de género y se creaba un
programa de promotoras territoriales a fin de generar una red de refugios. Esta
discusión se da a más de diez años de la sanción de la ley 26.485, para
prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres.
Quiero
llamar la atención sobre eso, porque como representantes de nuestro pueblo,
debemos dar el paso de trascender el discurso y llevar a la práctica políticas
efectivas y reales que cuiden y protejan los derechos de las mujeres y que
tengan efectos reales a la hora de disminuir los altísimos índices de
femicidios del país. En la Argentina hablamos de una mujer muerta por día y el
índice no desciende a través de los años y que nunca va a descender si tenemos
un presupuesto de 11 pesos por mujer por año, que está subejecutado porque
realmente se invierten 7 pesos por mujer.
De
esta manera, creo que es casi absolutamente imposible revertir estos altos
índices de feminicidios. Este no es un tema menor porque para nosotros se
refiere a la posibilidad de construir igualdad de oportunidades para todas las
mujeres argentinas y de construir igualdad en los proyectos de vida de las
mujeres de nuestro país. Este es un sector que hoy merece recibir alguna
respuesta desde la política.
Tomando
las palabras de la diputada Camaño del día de hoy, es realmente vergonzoso el
rol de espectadores o cómplices de algunos de los que se sientan en estas
bancas y miran pasar las políticas que generan un daño irreversible en nuestro
pueblo. No queremos ser parte de esto, sino de una política que transforme la
realidad, y seguiremos trabajando en pos de ello.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado Grosso, por Buenos Aires.
Sr.
Grosso.- Señor presidente: yo también seré muy
breve. En primer lugar quiero celebrar la unidad opositora que logró que hoy
estemos acá, haciendo funcionar a este Congreso más allá del freezer de Marcos
Peña y del oficialismo, que pretende que este Congreso le dé la espalda una vez
más ‑como tantas otras en estos cuatro años, lamentablemente‑ a la
seria cantidad de problemas que tiene nuestro pueblo.
También
quiero celebrar la inmensa manifestación popular que hoy hubo en las calles,
con la unidad de todos los sindicatos ‑como la CGT y la CTA‑ y los
movimientos sociales. Hasta los empresarios se manifestaron. Este gobierno ha
logrado que los empresarios marchen por las calles reclamando la posibilidad de
poder producir.
Por
otro lado, como recién decía mi compañera Lucila De Ponti, quiero decir que
lamentablemente una vez más siento vergüenza; no de la oposición, que nos
quedamos acá hasta estas altas horas de la tarde intentando que el oficialismo
reflexione sobre la necesidad de tomar aunque sea uno de los planteos que ha
hecho la oposición en esta sesión y no lo hemos logrado. Digo que siento
vergüenza porque recién ahora ‑cuando ya casi está terminando esta
sesión, porque somos los últimos oradores‑, con la diputada preopinante
Raverta, se empezó a hablar de la emergencia alimentaria y de la necesidad de
resolver el problema del hambre en este país, que produce alimentos para 400
millones de seres humanos y sin embargo no garantiza los alimentos adecuados a
la mitad de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Argentina.
Nosotros
trajimos a esta sesión una propuesta que ya planteamos a ustedes, al
oficialismo, el año pasado durante la Marcha Federal. Marchamos desde todo el
país hacia Plaza de Mayo y hacia este Congreso planteando cinco propuestas de
las organizaciones sociales. No es una iniciativa mía sino de las
organizaciones sociales, es decir, de la Corriente Clasista y Combativa, de la
CTEP, del movimiento Barrios de Pie y de una infinidad de organizaciones que se
movilizaron por todo el país.
También
se lo volvimos a plantear a ustedes, al oficialismo, el año pasado durante el
debate del presupuesto, pero tenían orden cerrada del Fondo Monetario
Internacional de recortar y ajustar todo lo que se podía y entonces el hambre
de nuestro pueblo volvía a esperar.
Ahora
lo volvemos a plantear y lo seguiremos planteando, porque si desde la política
no hay conciencia de que este es un problema que se puede resolver, nosotros
desde las organizaciones trataremos de conquistarlo en la calle, como lo
hicimos con la emergencia alimentaria.
¿Cuál
es la propuesta? Concretamente, venimos planteando un Consejo y un programa de
seguridad alimentaria. Ustedes saben que no solo hay un problema con la
desnutrición de algunos sectores sino un problema grande con la malnutrición.
En el país de la vaca atada pretendemos que los pobres solo coman fideos. Esto
es algo que la política debe resolver, ahora, antes, hace muchos años o cuando
quieran.
Lo
cierto es que ahora han empeorado los índices. Esto lo dicen la UCA ‑el
barómetro social de la UCA‑ y el propio INDEC, que este gobierno tanto
saca a relucir porque ahora publica los números. El propio INDEC da cuenta de
que aumentó la pobreza en la Argentina. La semana pasada, cuando se publicaron
los datos de la UCA, fue un escándalo; pero parece que esta semana ya nos
olvidamos. Ya está; que los pobres sigan comiendo arroz, si pueden.
La
inflación no se resolvió, y todos sabemos que eso también afecta el bolsillo de
los compañeros.
El
otro eje que tiene esta propuesta es crear un registro. Nadie ‑ni el
gobierno nacional ni los gobiernos provinciales o municipales‑, ni
siquiera las organizaciones sociales, tiene la información completa de cuántos
comedores y merenderos hay en la Argentina. Lo que puedo decir, señor
presidente, es que hay miles y se siguen abriendo nuevos todos los días. Para
información de todos ustedes, ahora ya no solo van a comer los niños y las
niñas –que son los que primero concurren a los comedores en todos los barrios‑
sino que también se quedan las madres, que piden una ración de alimentos para
mejorar después la distribución de la olla que hacen después en sus casas. Pero
esto a la política no le preocupa, lo cual me da mucha vergüenza.
Queremos
hacer un registro sencillo y fácil para poder unificar esa información y
desarrollar, desde ese Consejo, un programa que nos permita alimentar como
corresponde a nuestro pueblo y a los que más necesitan.
También
queremos georreferenciar los comedores y los merenderos, es decir, que se vean,
que la información sea pública, para todos. Pero tenemos un problema con el
Estado cada vez que se quiere desarrollar una obra o hacer alguna articulación
política entre el Estado nacional, provincial o municipal y un comedor o un
merendero. ¿Qué dice el Estado? Que ese es un lugar privado. ¿Saben por qué?
Porque los primeros que ponen el pecho para resolver el hambre en la Argentina
son las doñas o las señoras de los barrios más populares; ellas abren el patio
de sus casas para que los pibes coman. Las mujeres pobres se hacen cargo de una
responsabilidad de la política.
De
manera que no podía dejar pasar este día sin plantear esto, sin volver a apelar
a la responsabilidad del conjunto de la clase política en la Argentina para que
podamos resolver este problema.
Cuando
empezó esta sesión pedimos varios minutos de silencio en memoria de los
compañeros que ya no están. Pienso que también deberíamos pedir algunos minutos
de silencio para ver si escuchamos lo que está pasando afuera, porque acá se
escucha más al Fondo Monetario Internacional y a los grupos económicos
concentrados que a la gente que sale a la calle para hacer saber lo que le
pasa. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Arroyo, por Buenos Aires.
Sr.
Arroyo.- Señor presidente: quiero hacer hincapié
en la emergencia. El INDEC acaba de marcar que, al 31 de diciembre, en la
Argentina la pobreza llegó al 32 por ciento. Está claro que ahora, en abril,
hay más pobreza que en diciembre, porque siguieron subiendo los precios de los
alimentos.
Asimismo,
hace un rato el INDEC acaba de marcar que aumentó la desigualdad en Argentina.
Es evidente que el gobierno termina con más pobreza, con más desocupación y con
más desigualdad que cuando asumió.
Quiero
poner el acento en dos puntos en este contexto y en el proyecto de ley que
estoy presentando. En primer lugar quiero poner el acento en el precio de los
alimentos. No se trata de la pobreza de siempre en la Argentina sino de una
pobreza estructural, que viene de larga data, más los precios de los alimentos,
que están por las nubes. Nadie sabe en la Argentina qué se compra con 100 pesos
o con 500 pesos. Nadie sabe con cuánta plata tiene que ir a la verdulería. Hay
hambre, malnutrición y nadie tiene referencia de cuáles son los precios.
Un
mínimo sentido común para la emergencia es tomar los once productos de la
canasta básica y regular o establecer un criterio para fijar el precio de esos
productos. No se trata de control de precios ni de regular la economía sino de
puro sentido común. Los once productos de la canasta básica tienen que ser
accesibles. Comer tiene que ser barato en la Argentina porque nosotros
producimos alimentos. Alguien podrá discutir si sabemos o no producir
celulares, o si un plasma tiene que costar caro o barato en la Argentina, pero
comer tiene que ser barato. Y lo primero para la emergencia es tomar los once
productos de la canasta básica ‑leche, harina, arroz, huevos, fideos,
yerba, galletitas dulces, distintos tipos de carne, etcétera‑ y
regularlos.
El
segundo punto en el que quiero poner el acento es en el sobreendeudamiento de
las familias, porque hoy no solo hay pobreza sino que los sectores pobres, las
clases medias y los que hacen changas deben plata; es decir, no solo no les
alcanza sino que deben plata, porque subieron los costos fijos y tienen que
pagar un montón de electricidad, agua, alimentos, transporte, combustibles,
etcétera. Al mes le sobran varios días. Entonces, ¿qué hace una persona en esa
situación? Paga el mínimo de la tarjeta y patea el resto para adelante, va a la
financiera de la esquina y saca un préstamo aceptando que le cobren un 180 por
ciento de interés anual, va al financista del barrio o va al que vende droga,
que tiene billetes y le termina dando crédito.
Vuelvo
a intentar que el Congreso trate un proyecto básico: tomar 12.500 millones de
pesos ‑muy poco de la política social en general‑ y llegar ya a 500
mil personas con un sistema de crédito no bancario, es decir, por fuera de los
bancos –esto lo tienen Chile, Ecuador, Brasil y todos los países de América
latina‑, con tasas bajas del 2 o 3 por ciento anual, para desendeudar a
las familias y lograr que tengan máquinas y herramientas. Así, el carpintero
podrá tener una sierra circular, el que cose ropa en su casa podrá tener una
máquina de coser, etcétera. Es puro sentido común: si alguien tiene máquinas,
va a poder trabajar más; si se desendeuda, podrá mover la actividad económica;
si un pibe pone un taller mecánico delante de la casa y de golpe le vienen tres
autos, va a ir a buscar a un pibe de la esquina sin laburo y ese día ese pibe
va a trabajar y aprender un oficio.
Concluyo,
señor presidente. Propongo lo mínimo de lo mínimo: regular el precio de los
once productos de la canasta básica y establecer un sistema de crédito no
bancario. Con toda humildad, creo que el gobierno juega con fuego de verdad.
Digo esto porque, en mi opinión, el conflicto social va a venir por el nivel de
endeudamiento que tienen las familias. Seguramente hay mucho para discutir
sobre la pobreza y el modelo de desarrollo en la Argentina.
Por
todo lo expuesto, señor presidente, sugiero dos cosas ya: tomar los once
productos de la canasta básica y regular su precio y establecer un sistema de
crédito no bancario a tasas bajas para que al menos las familias puedan llegar
al fin de semana.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Ginocchio, por Catamarca.
Sra.
Ginocchio.- Señor presidente: me voy a referir a
uno de los tantos proyectos incluidos en el temario de la presente sesión,
relacionado con la cuestión de la violencia contra las mujeres y las
situaciones de emergencia derivadas de esas circunstancias. En este sentido,
haré alusión en particular a una iniciativa contemplada en el temario, que es
el proyecto de ley por el que se crea, en el ámbito del Instituto Nacional de
las Mujeres, la Red Federal de Hogares de Protección Integral para Mujeres en
Situación de Violencia.
El
objetivo de esta iniciativa es la articulación de una efectiva implementación,
gestión y funcionamiento de los refugios para aquellas mujeres que se
encuentren en situación de violencia, creando de esta manera una red federal
que facilite su construcción, equipamiento y trabajo, como así también la
aplicación de un protocolo marco de actuación.
Fundamentalmente
se pretende generar mecanismos eficientes, relación entre las jurisdicciones,
trabajo coordinado, asistencia especializada y, sobre todo, la posibilidad de
que el Estado brinde protección integral a las mujeres que se encuentren en
esta tremenda situación de violencia, ofreciéndoles una estadía temporal y
protección, superando también las desigualdades que existen en nuestro amplio
territorio.
La
realidad muestra que estos refugios y hogares son espacios trascendentes y
necesarios. Los existentes no alcanzan a cubrir las necesidades graves y
urgentes que se generan día a día. Esto lo podemos constatar en los medios de
comunicación con las noticias que tenemos a diario.
Estos
hogares no solo protegen, sino que además permiten a la mujer encaminarse hacia
una vida independiente, algo necesario luego de atravesar una situación
tremenda como la que estamos describiendo, que a veces la deja paralizada y le
impide alejarse de esa familia de la que está siendo víctima.
Es
una situación angustiosa y peligrosa que muchas veces viven las mujeres y que
según las estadísticas terminan en la más grave y extrema de todas, que es el
femicidio. Hay un dato que nos duele a todos: solo durante el período
comprendido entre 2014 y 2017 hubo 969 casos de femicidio, y al menos de 793
niños y niñas quedaron sin madre. Asimismo, según informes que tenemos,
mayoritariamente mueren en manos de sus parejas o ex parejas.
La
violencia contra las mujeres es un problema social. Se trata de un flagelo que
responde a una construcción histórica y social que asigna roles jerárquicos o
de dominación al hombre y de sumisión a la mujer. La única forma de revertir
esta situación es mediante la implementación de políticas públicas y la
aplicación de normas transformadoras que deben cumplirse. A esto deben
agregarse los recursos necesarios para poder alcanzar estos objetivos.
La
situación afecta a muchísimas mujeres de nuestro país y de todos los niveles
sociales, al tiempo que viola el derecho a la vida en un estado de bienestar.
En la provincia de Catamarca, a la que represento, en solo 48 horas se
registraron recientemente tres muertes violentas de mujeres. Esto nos conmueve
y determina a luchar con más firmeza.
Sin
embargo, puedo asegurar que desde 2016 tenemos en funcionamiento el Hogar
Warmi, que es un centro de asistencia y contención para las mujeres creado en
el marco de la ley sobre violencia familiar y de género.
Además,
este centro recibe permanentemente a mujeres que se encuentran en esta
situación. Asimismo se han llevado a cabo campañas, talleres, capacitaciones y
equipamientos de casas de mujeres en el interior de la provincia. Todo esto se
realizó con fondos provinciales.
También
se llevan a cabo encuentros de formación de género y se brinda atención desde
las distintas áreas de la mujer durante los 365 días del año.
Sin
embargo, queda mucho por hacer y necesitamos el apoyo del gobierno nacional.
Hay que avanzar con eficientes registros, capacitación y recursos para revertir
y terminar con la violencia.
Es
necesario y urgente debatir proyectos y trabajar con una perspectiva federal
sobre políticas públicas eficientes en materia de prevención, protección,
educación y de asignación de recursos, todo ello en el marco constitucional y
convencional, como así también en el de la Ley de Protección Integral a las
Mujeres.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr.
Ramón.- Señor presidente: en la Argentina tenemos
un déficit habitacional de siete millones de viviendas. No es un tema menor y
constituye una preocupación de todos los gobiernos tratar que cada uno de los
argentinos que tiene dificultades para acceder a una vivienda de manera digna
pueda hacerlo. Para ello hay que buscar las soluciones e instrumentos que
permitan lograr ese objetivo.
El
Congreso Nacional sancionó hace muy poco tiempo la ley correspondiente a los
créditos UVI. Es importante destacar esto por el problema que existe en
relación con lo que nosotros pretendemos solicitar mediante el proyecto que
hemos presentado, es decir, declarar la emergencia de todos aquellos que tienen
un crédito UVA solicitado ante un banco estatal o privado.
Aquí
hay dos elementos que juegan fuertemente y nos llevan a concluir que
efectivamente tanto el Estado como los bancos se deben hacer cargo de esta
situación, porque aquellos que propusieron que los ciudadanos se metieran en el
brete de adquirir un préstamo UVA o UVI lo hicieron porque existían condiciones
de estabilidad en nuestro país.
Pero
esas condiciones de estabilidad cambiaron a partir del grave proceso
inflacionario por el que estamos atravesando y el serio retroceso experimentado
por los ingresos que en general perciben las familias. Todo eso constituye nada
más y nada menos que un tsunami que pasa y lima cualquier posibilidad de seguir
pagando un crédito a los bancos que tienen el apoyo del Estado.
Cuando
hablamos de los créditos UVA debe tenerse en cuenta que en el caso de ellos los
bancos tienen una responsabilidad aún mayor porque esos préstamos no han sido
establecidos mediante una ley sancionada por este Parlamento, sino por una
resolución del Banco Central de la República Argentina. Consecuentemente, no
gozan de la protección de una norma legal sancionada por el Congreso Nacional,
con todas las garantías que ello implica.
Prueba
de esto es que la manera en que opera un crédito UVA es a partir de un sistema
de actualización en función del índice de inflación. En cambio, el crédito UVI
utiliza un sistema por el que el índice de actualización es un 10 por ciento
menor.
De
manera tal que las implicancias sociales que tiene el hecho de seguir
soportando esta relación entre los bajos ingresos que percibe una familia y el
creciente proceso inflacionario hacen que sea imposible sostener el pago de
estos préstamos, aun extendiendo el plazo en cinco años como lo resolvió el
Banco Central de la República Argentina para los créditos UVA o en forma indefinida
para los créditos UVI.
En
ese sentido, lo que solicitamos mediante nuestro proyecto es la declaración de
la emergencia respecto de todas aquellas personas que han tomado un crédito UVA
en estas circunstancias por un plazo no menor a tres años. En consecuencia,
cualquier bandera de remate que pretendiera colocar un banco en una vivienda
sobre la que pese un crédito de esta naturaleza durante los próximos tres años
a partir de la sanción de este proyecto de ley tendría que suspenderse.
Hay
un tema más grave aún que quiero mencionar. Esto viene a colación de lo que
ocurre en mi provincia. En ella, el Instituto Provincial de la Vivienda obliga
a todos aquellos que adquirieron una propiedad de carácter social por medio de
esa entidad a que el crédito que tengan que pagar se ajuste por el sistema UVA.
No hay manera de que el sistema pueda sobrellevarse en el tiempo con una de las
partes más vulnerables de la sociedad, que son las personas de muy bajos
ingresos. Quien accede a una vivienda del IPV es alguien que no ha tenido la
oportunidad de disponer de los ingresos suficientes y la totalidad de la
información necesaria para prever las consecuencias de un proceso inflacionario
y de disminución de los salarios como el que hemos sufrido.
Por
lo tanto, lamento profundamente que no podamos votar este proyecto. Asimismo
espero que en las próximas reuniones que celebre la comisión respectiva esta
iniciativa obtenga dictamen favorable en el menor tiempo posible, ya que la
situación en que se encuentran estas personas es bastante desagradable en lo
relativo a la posibilidad de mantener al día los pagos de las cuotas de los
créditos que han tomado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Si hubiere asentimiento de la
Honorable Cámara, se autorizarán las inserciones solicitadas por los señores
diputados en el curso de la sesión.
-
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Monzó).-
Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.
Habiéndose
agotado la lista de oradores, queda levantada la sesión especial.
-
- Es la hora 18 y 45.