- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de enero de 2020, a la hora 12 y 41:
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Sr. Presidente (Massa).- Con la presencia de 129 señores diputados queda abierta la sesión.
Invito a la señora diputada por el distrito electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doña Dina Rezinovsky y al señor diputado por el distrito electoral de Córdoba, don Pablo Carro a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores diputados y el público presente, la señora diputada doña Dina Rezinovsky y el señor diputado don Pablo Carro proceden a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
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Sr. Presidente (Massa).- Invito a los señores diputados y al público presente a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
- Puestos de pie, los señores diputados y el público presente entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
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Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia pone formalmente en conocimiento de la Honorable Cámara el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se prorrogan las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero de 2020, y se amplía el temario.
aquí mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se prorrogan las sesiones extraordinarias y se amplía el temario
- 4 -
Sr. Presidente (Massa).- Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia mediante la que se convoca a sesión especial.
Sr. Secretario (Cergnul).- “Buenos Aires, 28 de enero de 2020.
“Visto la presentación efectuada por el señor diputado Máximo Carlos Kirchner y otras diputadas y diputados, y considerando los artículos 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve:
“Artículo 1°.- Citar a las diputadas y a los diputados para el día 29 de enero de 2020, a las 12 y 15 horas, a fin de considerar los siguientes expedientes:
“1) Dictamen del expediente 20-PE.-2019. De ley. Se declara prioritario para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa.
2) Orden del Día N° 3. Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el acuerdo consenso fiscal 2019, suscripto el 17 de diciembre de 2019 por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Expediente 74-S-2019).
3) Expediente 73-S-2019. Proyecto de ley en revisión por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020.
4) Expediente 5.592-D-2019 Proyecto de resolución sobre creación Mesa de Trabajo de sostenibilidad de deudas provinciales.
Sr. Presidente (Massa).- Para considerar el proyecto de ley contenido en el expediente 0073-S-2019, por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020, y el proyecto de resolución contenido en el expediente 5.592-D-19, sobre creación Mesa de Trabajo de sostenibilidad de deudas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se requiere el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros presentes, dado que se trata de expedientes que no cuentan con dictamen de comisión.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Quedan incorporados al temario de la sesión.
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Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia informa que obra en Secretaría la renuncia a su banca presentada por el señor diputado don Daniel Filmus, a partir del 23 de diciembre de 2019.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Cergnul).- Dice así:
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2019
Al señor presidente de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
Sr. Sergio Massa
Estimado presidente: por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar mi renuncia a la banca de Diputado de la Nación a partir del 23 de diciembre, fecha en la que he sido designado Secretario de las Islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Aprovecho la oportunidad para agradecer todo el apoyo recibido como Diputado Nacional en el tiempo que me tocó compartir la tarea legislativa.
Cordialmente,
Daniel Filmus
Sr. Presidente (Massa).- En consideración.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Queda aceptada la renuncia presentada.
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Sr. Presidente (Massa).- Obra en Secretaría el informe de la Junta Electoral del distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las elecciones del 22 de octubre de 2019, en el que se determina, según el orden de lista, que la vacante producida a raíz de la renuncia del señor diputado Daniel Filmus debe ser ocupado por la señora diputada electa doña María Gisela Marziotta.
La Presidencia informa que se encuentra en antesalas la señora diputada electa por el distrito electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires doña María Gisela Marziotta.
Si hubiere asentimiento de la Honorable Cámara, se la invitará a aproximarse al estrado para prestar juramento.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Massa).- Invito a la señora diputada electa por el distrito electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a prestar juramento.
- Puestos de pie los señores diputados y el público presente, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, la señora diputada María Gisela Marziotta jura por la Patria, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
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Sr. Presidente (Massa).- En consideración la solicitud de autorización de esta Honorable Cámara presentada por el señor diputado don José Ignacio De Mendiguren para cumplir funciones encomendadas por el Poder Ejecutivo en el Banco de Inversión y Comercio Exterior, y su correspondiente licencia sin goce de dieta para el presente y próximo período legislativo
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Queda aceptada la licencia solicitada.
Invito al diputado De Mendiguren a retirarse del recinto. (Aplausos prolongados.)
- 8 -
Sr. Presidente (Massa).- Invito a la Honorable Cámara y al público presente a guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del 75° aniversario de la liberación los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz, ya que el 27 de enero se celebra Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
- Puestos de pie, los señores diputados y el público presente guardan un minuto de silencio.
- 9 -
Sr. Presidente (Massa).- Para plantear una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Wolff, por Buenos Aires.
Sr. Wolff.- Señor presidente: el 29 de diciembre, en un portal se publicó una fake news: inventaron que al asistir al vecino país de Uruguay ‑donde había viajado invitado por la embajada de ese país para ser orador en un acto por el 25° aniversario del atentado a la AMIA‑, había gastado 1.046.000 pesos en dos días.
Solicité un pedido de informes a la Presidencia, que rápidamente informó que habían pifiado por unos cuantos ceros el viático correspondiente a ese viaje que había autorizado la Cámara. La cifra real es 253 dólares. El 29 de diciembre, la diputada Vallejos tuiteó diciendo que era una vergüenza los gastos que yo había hecho.
No pretendo hacer de esto una cuestión personal ni tampoco administrativa. Entiendo que no debemos fomentar las fake news; con un pedido de disculpas y el retiro del tuit me daría por satisfecho. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.
Sra. Del Plá.- Señor presidente: la razón por la cual solicité la cuestión de privilegio es porque estamos dando inicio a una sesión en la que entiendo que nuestro rol debería ser debatir algunos de los temas gravísimos que está atravesando la población argentina.
Lejos de esto, vemos cómo se están privilegiando los acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición, pero no para debatir los temas de fondo.
Hemos presentado proyectos para la investigación y el desconocimiento de la deuda externa que, por supuesto, no han tenido ningún tratamiento en esta Cámara. Justamente, existe una contraposición entre las necesidades urgentes de la población y los temas que se tratarán en el recinto, que colocan en un lugar de privilegio absoluto a los acreedores, los especuladores, los bonistas y el Fondo Monetario Internacional.
La contraparte de esta situación es la muerte de niños wichi por malnutrición en el norte salteño. Por supuesto, estos problemas no son de ahora; de ninguna manera. Llevan muchos años. Sin embargo, las soluciones no llegan y todo es más de lo mismo.
La Cámara de Diputados no ha tratado algunos proyectos que presentamos. Cuando la malnutrición en el norte de Salta fue puesta en evidencia años atrás, fue abordada por el gobierno de Urtubey mediante la tercerización y el armado de un negociado con ciertos sectores y fundaciones. La mayoría de ellas, ligadas a la Iglesia que, lejos de resolver la cuestión, la agravó. Me refiero a la Fundación MABRA, a una de las iglesias evangélicas y también a la Fundación CONIN, de Albino. Como decía, presentamos una serie de proyectos para que terminen, de una buena vez, todos los convenios entre los gobiernos nacional, provinciales y municipales, y esas fundaciones que solo contribuyen a saquear los recursos del Estado y reforzar las causas de la pobreza y la malnutrición.
Si bien he citado como ejemplo el norte de Salta, no hace falta ir tan lejos. Aquí hemos visto cómo, pese a que se hizo campaña electoral planteando que el dinero debía ir al bolsillo no de los bancos sino de los jubilados, se sancionaron normas que suspenden la actualización de sus haberes. Además, hemos escuchado anuncios en el sentido de que quienes ganan menos de 28.000 pesos no recibirán incremento alguno en sus haberes.
A esto debemos agregar el incumplimiento de los acuerdos salariales, y antecedentes tenemos en varias provincias. En Tucumán, por ejemplo, el gobernador Manzur acaba de anunciar que no cumplirá con la actualización, mediante la llamada “cláusula gatillo”, de los salarios del último trimestre de los empleados estatales. Entre ellos se encuentran los docentes, y esto me toca particularmente porque soy uno de ellos y conozco la situación que atraviesa la docencia en todo el país.
En Santa Fe, el gobernador Perotti acaba de decir exactamente lo mismo, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se amenaza con proceder de igual forma, ya que Rodríguez Larreta tampoco cumpliría con los compromisos salariales firmados.
¿Qué nos plantean a los trabajadores frente a una inflación que sigue incrementándose en forma pavorosa? Que seamos moderados, que no reclamemos sumas excesivas en las paritarias y que es necesario reemplazar todos los mecanismos existentes por sumas fijas que achatan la escala salarial; ello, a cuenta de una paritaria que no sabemos cuándo llegará.
Por las razones expuestas, considero que el debate que estamos dando en este recinto está amañado, ya que no podemos fijar libremente los temas. Incluso, hemos tenido que discutir para poder incluir nuestras intervenciones en un tiempo razonable, ya que los miembros del Frente de Izquierda tampoco hemos tenido la posibilidad de emitir un dictamen en razón de que no fuimos incluidos en las comisiones pertinentes.
Se está debatiendo sobre el sometimiento nacional al Fondo Monetario Internacional, a los banqueros y a los especuladores, y hundiendo a los trabajadores y al conjunto de la población. Esta situación es doblemente grave, dado que el presupuesto de la administración pública nacional aún no fue aprobado y ha quedado sometido a lo que ocurra cuando se resuelva esta cuestión. Es decir, cuando los acreedores tengan la garantía de que van a cobrar.
Por todo lo expuesto, dado que desde su inicio esta sesión es extremadamente grave, como legisladores debemos interpelar; además, en nuestro caso, como miembros del Frente de Izquierda y del Partido Obrero, queremos dar claramente la señal de que defenderemos incondicionalmente los derechos de los trabajadores, reclamando no solo la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, sino también la investigación y el desconocimiento de esta deuda usuraria y fraudulenta.
Sr. Presidente (Massa).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Buryaile, por Formosa.
Sr. Buryaile.- Señor presidente: planteo esta cuestión de privilegio contra la presidenta del Concejo Deliberante de El Colorado, Formosa.
En junio de 2019 se celebraron en mi provincia elecciones provinciales y municipales, en las que resultó electo un concejal de nuestro espacio. Cuando debía asumir, se entera de que tiene deudas con el municipio; entonces, no lo dejan asumir, violando así el principio esencial de la representación consagrada a través del voto popular.
Tampoco se permitió que asumiera quien ocupaba el siguiente lugar en la lista. Finalmente, asumió una concejala cooptada por el oficialismo local.
Como integrantes de este cuerpo tenemos la obligación de defender la Constitución Nacional, que dice que a los legisladores nos corresponde la representación de la sociedad. En este caso, dicha representación está viciada.
Esta situación me recuerda cuando la Asamblea Nacional de Venezuela no dejaba asumir a las autoridades, situación que motivó expresiones por parte de la Cancillería y de todo el mundo. De la misma manera, lo que existe en el caso de mi provincia es una falta de representación y espero que el Congreso de la Nación se expida al respecto.
Sr. Presidente (Massa).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 12 -
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr. del Caño.- Señor presidente: planteo esta cuestión de privilegio en contra del Poder Ejecutivo nacional, que nos ha convocado a discutir un proyecto de ley que, según manifestó ayer el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es un mero trámite, cuando en verdad es fundamental para el presente y el futuro de millones de argentinos y de argentinas: trabajadores, trabajadoras, jóvenes, mujeres, etcétera.
Año tras año y gobierno tras gobierno, este mecanismo de endeudamiento se ha transformado en un sometimiento que ha profundizado la decadencia del país, la dependencia y el atraso.
Se ha traído al recinto un proyecto sin siquiera haber convocado a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación. Todas las atribuciones del Poder Legislativo respecto del endeudamiento del país, consagradas en el artículo 75 de nuestra Constitución, no han sido tenidas en cuenta.
El gobierno anterior, directamente endeudaba al país a un ritmo acelerado, más acelerado inclusive que durante la dictadura genocida de Videla, sin pasar por el Congreso. De la misma manera procedió con el acuerdo escandaloso con el Fondo Monetario Internacional.
El gobierno actual recurre al Congreso, supuestamente con un mecanismo distinto. Pero, en verdad, lo que nos pide es que otorguemos nuestras facultades al Poder Ejecutivo; concretamente, al ministro Guzmán. Ayer se reunió con el Fondo Monetario Internacional y nos enteramos, de acuerdo con su comunicado, que hay una negociación constructiva. ¡Hablan de negociar de buena fe con los “fondos buitre”, con aquellos que tomaron esta deuda que es completamente ilegítima, ilegal y fraudulenta!
Esta situación tiene una particularidad: muchos de quienes conforman el Poder Ejecutivo, esta coalición de gobierno, cuestionaban la deuda contraída durante la gestión de Macri señalando que era ilegítima e ilegal. Asimismo, muchos contribuyeron con su voto a la sanción de leyes fundamentales para la entrega y el ajuste; entre ellos, los diputados que responden a los gobernadores.
¿Qué decían, por ejemplo, el señor diputado Gioja y el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof? En el proyecto de resolución registrado bajo el expediente 3.442‑D.‑2017, por el que solicitaban la constitución de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, afirmaban: “…no debe soslayarse que la Comisión Bicameral anterior de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, prevista por la ley 26.984 (derogada por el art. 1° de la ley 27.249), tenía entre otras funciones las siguientes: ‘investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes…” Luego agregaban: “Funciones que consideramos que deben ser incluidas en el reglamento de la comisión…”
Recuerdo cuando vino a la comisión Luis Caputo; aquel bono que se había tomado a cien años, bono que favorecía al grupo inversor Noctua, que él había integrado, y que deberán pagar generaciones y generaciones, motivó que catorce legisladores del ex Frente para la Victoria presentaran una denuncia.
No hay duda de que ese bono fue escandaloso y de que el mecanismo que se siguió para favorecer a esos acreedores fue ilegítimo e ilegal. Algunos dicen que tenían bonos a delivery. Los bonistas llamaban a Caputo diciéndole: “Mirá, tenemos tanta plata, necesitamos un bono con tanto interés.” Consiguieron ese bono a cien años al 8 por ciento de interés cuando en la región se conseguía al 4 por ciento en promedio y en los países centrales al 2 por ciento. O sea que hicieron un negocio fabuloso y sabían que no se iba a poder pagar. Además, el presidente Macri dijo que él también sabía que el endeudamiento llevaba a esto. ¡Un escándalo! Entonces, ¿este endeudamiento de Macri lo tiene que pagar el pueblo trabajador así, a libro cerrado, sin investigar absolutamente nada?
Las denuncias y proyectos que presentaban, ahora los rompen en mil pedacitos, no existen más, no se investiga absolutamente nada y se aprueba este pago que a pesar de que pueda tener algún tipo de quita –insisto en que no conocemos nada‑, va a ser muy superior a lo que esos bonos están cotizando hoy. Es decir que es un negocio enorme para los bonitas.
Insisto con esto: mientras no se garantiza por ejemplo la sostenibilidad de los trabajadores, de los jubilados, de los hipotecados UVA, por ejemplo, hoy se dictó una resolución del Banco Central a favor de los bancos, en contra de los hipotecados, en contra de los que están reclamando hace tiempo una resolución a su favor. Es decir que a los bancos se les sigue garantizando los negocios.
Entonces, la cuestión de privilegio tiene que ver con esto, con que se le quitan al Congreso las facultades de discutir, investigar y dar cuenta de la ilegitimidad y de la ilegalidad no solo de este endeudamiento con los bonistas privados sino del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyo rechazo ‑como lo dijo mi compañera Romina Del Plá‑, históricamente ha planteado el Frente de Izquierda, así como el desconocimiento de la deuda externa como un mecanismo de sometimiento y estafa al pueblo argentino como la que hizo el gobierno de Macri.
Sr. Presidente (Massa).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada Carrió, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Carrió.- Señor presidente: solo quiero aclarar que el 17 de noviembre de 2001, cuando se expidió la comisión sobre asociación ilícita y lavado de dinero, se presentó un informe completo sobre la deuda que elaboramos junto con el señor diputado Mario Cafiero. Eso consta en los archivos de esta Cámara de Diputados. Es decir que junto con el diputado Cafiero también hicimos la denuncia del megacanje, y también hay un fallo judicial. En ese caso, era del que se quedó con la casa en Figueroa Alcorta, Ballestero.
Hay un fallo de Ballestero donde se da por prescripta la causa sobre todos los bonos Brady, etcétera, que fueron un blanqueo escandaloso de la deuda anterior, que ni siquiera estaba registrada.
Es decir que hay períodos que aun en la jurisdicción argentina están prescriptos. Lo que tendría que determinar esa comisión es analizar todos los antecedentes. Pero lo cierto es que no fue la izquierda la que investigó la deuda sino que fue un grupo de gente que venía del radicalismo, de otros que estábamos fuera del radicalismo, del peronismo, o sea que fue trasversal. Pero no había ninguno de la izquierda.
- 13 -
Sr. Presidente (Massa).- Para un homenaje, tiene la palabra el señor diputado Sartori, por Misiones.
Sr. Sartori.- Señor presidente: hace pocos días partió de este mundo una exdiputada destacada de esta casa. Me refiero a Stella Maris Leverberg, conocida como Marilú. Fue diputada de la Nación en los períodos 2007-2011 y 2011-2015.
Fue una diputada notoria en este Congreso por su presidencia en la Comisión de Educación, pero como ser humano fue una luchadora incansable por los derechos de los docentes, no solo a nivel provincial sino nacional. En un lamentable accidente de tránsito en mi provincia, Misiones, ha dejado de existir.
Esta señora destacada, compañera nuestra, militante y defensora de los derechos, no debe pasar desapercibida en esta casa, donde ha dado todo de sí para la defensa de los derechos nada más y nada menos de quienes tienen la misión de educar. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Alvarez Rodríguez, por Buenos Aires.
Sra. Alvarez Rodríguez.- Señor presidente: desde el Frente de “Todes” adherimos al homenaje a Marilú que ha hecho el diputado por Misiones. (Aplausos.)
- 14 -
Sr. Presidente (Massa).- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y otra recaído en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se declara prioritario para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. (Orden del Día N° 4, Expediente 20-PE.-19).
Aquí orden del día N° 4
Sr. Presidente (Massa).- En consideración en general.
Tiene la palabra el diputado Carlos Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Heller.- Señor presidente: efectivamente, vamos a tratar un proyecto que, en su propio título, declara prioritaria para el interés del país la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera.
Formulo esta primera consideración porque aquí no está incluida toda la deuda, ni siquiera está incluida toda la deuda emitida en moneda extranjera, sino que está referido exclusivamente al tramo de deuda emitido bajo legislación extranjera.
Como bien se dijo ayer en el debate en comisión, en este caso lo que hay es una condición que tiene que ver con bonos que originalmente fueron emitidos bajo ley extranjera. El artículo 65 establece que “se planteará una reestructuración que por lo menos deba tener dos de tres condiciones a favor de la Nación…” Cabe recordar que las tres condiciones son: plazo, monto y tasa de interés. Dos de ellas tendrán que ser resueltas para que esa negociación sea aceptable en mejores condiciones que las actuales. Parecía que ir además con el planteo de que un bono emitido bajo ley extranjera fuera sustituido por un bono emitido bajo ley nacional tendría muy poca chance de tener éxito en el proceso de negociación.
Estamos frente a una situación compleja, que podríamos llamarla incluso dramática, que nos llevó a aprobar hace muy poco la ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. En esa misma ley se autorizó al Poder Ejecutivo a crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que –dice la norma‑ deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos, que es el objetivo de fondo que persigue este proyecto.
Este proyecto que estamos comenzando a considerar hoy cumple también otra función que ayer quedó bastante bien explicada en el debate. En algún momento se mencionó que era innecesario contar con esta ley. Efectivamente, el subprocurador del Tesoro nos dijo con toda claridad que desde el punto de vista legal no hace falta esta ley para poder llevar adelante la negociación. Pero sí podemos decir que la fuerza negociadora, la capacidad negociadora que tendrá el Poder Ejecutivo en cabeza del ministro de Economía, es distinta si esta gestión se hace en el marco de una decisión del Poder Ejecutivo o si se hace con el apoyo del arco político que empodera a ese funcionario para que defienda los intereses del país con la representación de todo el arco político. Ese es el sentido de lo que estamos hoy discutiendo. Creo que ese espíritu estuvo ayer y por eso nosotros confiamos en que finalmente esta iniciativa saldrá de esta Cámara con un amplísimo consenso. Ese será el paso para que el Senado luego también la apruebe y así el Poder Ejecutivo tenga un instrumento que dé fortaleza a la negociación.
Estamos en una encrucijada, en un momento complejo. Hace unos días, el señor ministro Guzmán, cuando presentó el tema, dijo que el país se enfrenta a una profunda crisis de deuda, que en dos años se cerró completamente el acceso a los mercados de crédito internacionales, que el endeudamiento aumentó brutalmente y que la Argentina –esto es lo peor- no experimentó un incremento de su capacidad productiva, lo que le impidió generar los dólares necesarios para hacer frente a los compromisos que se habían tomado.
Esto justamente ha dado lugar a una carga de deuda respecto de la cual consideramos que, tal como está diagramada, es insostenible, ha hipotecado el futuro de los argentinos y las argentinas y ha contribuido efectivamente a aumentar la pobreza, la indigencia y el desempleo, registrando además indicadores que arrojan una caída de la actividad económica en cualquier rubro que deseemos tomar.
Voy a suministrar algunos datos para tener en cuenta la magnitud del problema que estamos enfrentando.
Entre 2015 y 2019 la relación entre la deuda externa y el producto bruto interno pasó del 48,6 por ciento al 90,9 por ciento.
Los servicios totales de la deuda externa –esto es, los intereses y las amortizaciones- pagados anualmente se cuadruplicaron, pasando del 10 por ciento del producto bruto interno al 40 por ciento de ese indicador.
Se incrementó la porción emitida bajo la legislación extranjera, ya que en 2015 era del 24,5 por ciento y en 2019 fue del 45,5 por ciento.
Aumentó la tasa de interés promedio ponderada, ya que en 2015 era del 5,5 por ciento y en 2019 ascendió al 7,26 por ciento.
Se deterioró la relación entre los intereses y los recursos tributarios. En ese sentido, el pago de los primeros aumentó un 280 por ciento en relación con los segundos.
Estos son unos pocos datos que permiten tener una idea acerca de la situación de emergencia, de la insustentabilidad de la deuda externa tal como está y de las razones por las cuales es imperioso llevar adelante un proceso de reestructuración de ella.
Por otra parte, cuando el señor ministro Guzmán presentó el tema dijo algo que también es muy importante: la voluntad de pago está y eso es algo que siempre se ha dicho, pero para poder pagar el país necesita generar capacidad, para lo cual hay que crecer, por lo que es fundamental que exista un alivio de la carga de deuda que enfrentamos y se están dando pasos firmes para lograr ese objetivo.
Quiero dedicar una parte de los tres minutos que me quedan para hacer uso de la palabra a una cuestión fundamental contenida en nuestra propuesta. Me refiero al principio de la buena fe, del que insistentemente ha hablado el gobierno. Además, deseo dejar en claro qué es esto de la buena fe. En este sentido, si bien ayer se ha expresado en la reunión plenaria de las comisiones, es necesario reiterar en la presente sesión que la buena fe está basada en los principios fundamentales de los procesos de reestructuración de deuda soberana aprobados por la Organización de las Naciones Unidas y declarados de orden público en nuestro país mediante la ley 27.207.
Dicha norma establece una serie de principios. Uno de ellos determina que el deudor soberano y todos sus acreedores deben actuar de buena fe. Ello implica su participación en negociaciones constructivas de la reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del proceso con el propósito de reestablecer la sostenibilidad de la deuda y de su servicio en forma rápida y duradera, como así también de obtener el apoyo de una masa crítica de acreedores mediante un diálogo positivo acerca de las condiciones de la reestructuración. A esto le agregaría la posibilidad de que el país recupere íntegramente el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica.
Por otra parte, dicho principio establece que un Estado soberano, en el ejercicio de su facultad discrecional, tiene derecho a elaborar sus políticas macroeconómicas. Voy a reiterarlo porque es fundamental: un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana. Ese derecho no debe verse frustrado u obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración es un último recurso, pero llegado el caso es una herramienta que un Estado soberano tiene pleno derecho a poner en práctica.
En función de otras cosas que se han venido manifestando, quiero destacar algo que también estuvo en el mensaje del señor ministro Guzmán. En ese sentido, he escuchado decir aquí que el señor ministro se reunió con los representantes del Fondo Monetario Internacional. Quiero señalar que no hay manera de negociar sin reunirse. El problema es qué se dice y qué se negocia en esas reuniones.
El señor ministro, al referirse a sus reuniones con los representantes del Fondo Monetario Internacional, dijo lo siguiente: iremos con nuestros propios planes, diseñando nuestras propias políticas de crecimiento y distribución del ingreso, enfocados a generar el crecimiento necesario no solo para cumplir con la deuda, sino principalmente para mejorar la situación de las mayorías y comenzar a poner el país de pie, como sostiene nuestro presidente Alberto Fernández.
Por último, deseo señalar que en mi opinión estamos frente a un proyecto hecho por la Argentina para los argentinos y las argentinas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Para completar el informe del dictamen de mayoría, tiene la palabra la señora diputada Vallejos, por Buenos Aires.
Sra. Vallejos.- Señor presidente: voy a complementar lo expresado por el señor diputado preopinante porque me parece que en esta instancia de nuestro país es muy importante que los argentinos y las argentinas podamos apreciar cabalmente la dimensión de la crisis por la que atraviesa la Nación.
Se trata de una profunda crisis de la deuda externa que, en definitiva, nos ubica aquí para dar un primer paso en pos de la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública de nuestro país.
Asistimos a este debate muñidos de una gran responsabilidad que tiene que ver con el mandato popular que el pueblo argentino ha dado a nuestro gobierno. En dicho mandato se inscriben los esfuerzos del gobierno nacional y del señor ministro de Economía, en quien estamos delegando o subdelegando la potestad de llevar a cabo esta negociación.
Se deben realizar esfuerzos que permitan resolver la crisis de la deuda externa y, fundamentalmente, avanzar a partir de allí hacia el desarrollo nacional que soñamos y merecemos los argentinos y las argentinas.
Esta crisis, que como dije, debe ser dimensionada cabalmente, tiene la característica de que en el breve período comprendido entre 2015 y 2019 se ha registrado un problema que es estructural en nuestra economía, que tiene que ver con la restricción externa y que fue llevado al límite.
En aquellos años se restauró un modelo que privilegió la valorización financiera del capital en detrimento de la producción, el trabajo y la economía real. A partir de la liberalización cambiaria, financiera y comercial también fue posible un histórico drenaje de la riqueza del país hacia el exterior. Esto implicó que solo por la formación de activos externos –esto es lo que popularmente se conoce como fuga- se fueran del circuito productivo de la Nación aproximadamente 90.000 millones de dólares, sin contar otros canales de salida.
Además, desde el punto de vista comercial la apertura de las importaciones no solamente privó a nuestra economía de la posibilidad de contar con las divisas genuinas necesarias no solo para financiar el propio crecimiento, sino también para sostener los compromisos de la deuda que se iba contrayendo. Al mismo tiempo esto provocó una acumulación de déficit comerciales persistentes, lo que sumó otra salida de dólares, que ya escaseaban. Esa situación de déficit comercial solo halló fin en el último año como consecuencia de la recesión que deprimió las importaciones.
Los años 2018 y 2019 van a quedar en los anales de la historia argentina por haber sido récord en materia de fuga de capitales. Durante ese bienio salieron del país 55.000 millones de dólares. Para tener una idea, estamos hablando de 10.000 millones de dólares más que el desembolso total surgido del acuerdo firmado entre la anterior administración y el Fondo Monetario Internacional.
Como señalé anteriormente, sin excedente comercial y con las exportaciones prácticamente estancadas, todo el proceso de drenaje de divisas se sostiene sobre la base de un proceso de profundo sobreendeudamiento externo que hoy nos coloca frente a la necesidad de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública argentina. Esta deuda se torna lisa y llanamente en impagable no solo por el importante crecimiento de su volumen, sino también por la condensación de los vencimientos en un período de tiempo muy corto que se extiende desde el año en curso hasta 2023.
A continuación agregaré algunos datos a lo señalado por el diputado Heller respecto de la evolución de la deuda pública argentina durante los últimos cuatro años. No me refiero solamente a la expansión de la deuda en términos de producto bruto interno, que la ha ubicado en torno del 92 por ciento del PBI, sino también a que el 80 por ciento de la deuda argentina está nominada en moneda extranjera. Entonces, contabilizando la deuda pendiente de reestructuración, la deuda externa pública pasó de representar menos del 14 por ciento de nuestro producto bruto interno en 2015 a superar el 45 por ciento en 2019. El porcentaje de deuda emitida bajo legislación extranjera ‑asunto que estamos discutiendo a partir de este proyecto de ley‑ pasó del 24,5 por ciento de la deuda bruta total en 2015 al 44,2 por ciento en 2019.
Asimismo, la deuda con los organismos multilaterales y bilaterales, que representaba menos del 6 por ciento del PBI en 2015, se multiplicó producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llegando a superar el 20 por ciento en 2019.
Paralelamente, la deuda con tenedores privados, equivalente al 12 por ciento del producto en 2015, trepó hasta el 42 por ciento en 2019.
Señor presidente, solamente en concepto de intereses de la deuda el año pasado nuestro país se vio obligado a destinar el 20 por ciento de la totalidad de sus recursos presupuestarios, mientras que en 2015 esa porción no llegaba al 8 por ciento. Y podría dar algunos detalles más con los números sobre la mesa. Pero lo dicho por el diputado Carlos Heller y esta explicación son suficientes para ilustrar la gravedad de la crisis de la deuda. Entiendo que no amerita mayores discusiones la necesidad de encarar esta negociación para restaurar la sostenibilidad.
Ciertamente mediante la sanción de este proyecto de ley brindaremos los instrumentos necesarios al Poder Ejecutivo para comenzar la negociación. Insisto en que mediante este proyecto se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las operaciones necesarias para negociar la deuda en el marco de un universo puntual de la deuda pública argentina emitida bajo la legislación extranjera.
La sanción de hoy en esta Cámara, que estoy segura construiremos con la responsabilidad de todas las fuerzas políticas, no solamente fortalecerá la posición del gobierno y del ministro de Economía que tiene la responsabilidad puntual de encarar esta negociación, sino también la de la República Argentina en su conjunto en un momento de verdadera gravedad económica y financiera.
También quiero decir que hoy, 29 de enero, estamos sesionando en esta Cámara, y esto habla del pulso y la dimensión de la crisis. Esto no sucedía desde enero de 2002 cuando se vivía otro momento de crisis en nuestro país. Esta crisis no se limita a la insustentabilidad y a la insostenibilidad de nuestra deuda externa.
Como dijo el diputado Heller, en los últimos cuatro años, mientras vivíamos este proceso de endeudamiento, muchos dólares ingresados por la vía de la deuda no se destinaron a fines productivos ni a expandir la capacidad de pago de la economía argentina para asumir los compromisos asumidos. Además, al mismo tiempo hubo un profundo deterioro en materia productiva, laboral y sobre todo social.
Señor presidente: no tengo dudas, y así lo entiende nuestro gobierno, que la reinstalación del hambre en nuestro país es la herida y la deuda más dolorosa que nos atraviesa como argentinos y argentinas. Esta es la primera y más importante deuda cuya herida tenemos que restañar y a la que nuestro gobierno empezó a dar respuesta con la implementación del plan Argentina contra el Hambre.
Recordemos que en ese período de cuatro años el PBI per cápita de nuestro país retrocedió un 34 por ciento a raíz de la desaparición de más de 20.000 empresas nacionales de nuestra economía. El mercado de trabajo se deterioró fuertemente y la tasa de desocupación nuevamente llegó a tener dos dígitos. Asimismo, se duplicó la inflación, se multiplicó la pobreza y dolorosamente volvió a ampliarse la desigualdad entre los argentinos, siendo millones los expulsados de los márgenes de la dignidad humana.
Este cuadro de situación habla por sí solo de la profunda crisis de la deuda, como así también de la enorme deuda que el Estado argentino, todas y todos, tenemos con nuestro pueblo y particularmente con los que más sufren. Este cuadro habla por sí solo de la pertinencia y de la necesidad de dar este paso que estoy absolutamente segura nos permitirá encarar un proceso virtuoso que restañe los enormes daños y le dé a nuestro pueblo la reparación que tanto necesita y merece. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Martínez, por Neuquén.
Sr. Martínez (D.).- Señor presidente: claramente la deuda externa argentina se ha tornado impagable en los actuales términos y condiciones. El actual estado y el funcionamiento de la economía se vieron muy perjudicados ya que la Argentina no puede producir dólares genuinos para afrontar ni las cuotas a vencer, ni sus multimillonarios intereses.
Como sabemos, la deuda ascendió a 323.000 millones de dólares, lo que significa que cada argentino o argentina debe 7.340 dólares.
Hace pocos días el ex presidente Mauricio Macri visitó mi provincia e hizo pública la delicada situación surgida a partir de haber tomado deuda de manera desmedida e irresponsable. Él mismo confesó que cuando estaba al frente del gobierno esa situación lo alertaba sobre el destino del país a partir de la aplicación de este mecanismo de endeudamiento continuo.
Por otro lado, entre diciembre de 2015 y mayo de 2018, la Argentina emitió deuda por 140.000 millones de dólares, incrementando la deuda en 100.000 millones.
Posteriormente, cuando los acreedores señalaron que era imposible para la Argentina hacer frente a esta situación, los miembros de la gestión anterior decidieron acudir al Fondo Monetario Internacional y solicitar 50.000 millones de dólares más. Sostengo que ese proceso de endeudamiento no resolvió los problemas estructurales de la Argentina, ni apostó a un aumento de la capacidad de producción ni de generación de dólares genuinos. Las divisas mayoritariamente se fugaron y no aportaron al crecimiento de la economía argentina. Podemos mencionar algunos casos particulares para demostrar cómo se utilizaron los fondos; por ejemplo, el de la empresa Vicentín, que tenía una deuda de 8.000 millones de pesos, lo que equivale al presupuesto de la ciudad de Neuquén. Lo que se le dio a la firma Vicentín duplica el presupuesto de funcionamiento de una ciudad tan importante como la de Neuquén.
Otro ejemplo, que también tiene que ver con mi provincia, es lo ocurrido con la represa Chihuido. El gobierno anterior consideró que la tasa de financiamiento del 5,5 por ciento era alta y por eso desestimó la obra de esa represa, que ya estaba adjudicada y daba trabajo a la zona centro de mi provincia, y además daba energía a los porteños que la demandaban.
Para el gobierno anterior, la tasa del 5,5 por ciento de financiamiento era alta y por eso decidió desestimar la obra de la represa. Sin embargo, meses después ese mismo gobierno decidió endeudarnos por cien años a una tasa del 7,9 por ciento. O sea que una tasa del 7,9 por ciento para una deuda sin sentido estaba bien –y nos endeudaron por cien años‑ y una tasa del 5,5 por ciento para construir una represa que daba trabajo y energía a la Argentina no tenía sentido, pese a que era más conveniente.
Todo eso generó una gran paralización. Ya hemos hablado acá de los niveles de desocupación, pobreza e indigencia que tiene nuestra Nación y que en definitiva han paralizado la economía.
Como todos sabemos, este año la Argentina tiene vencimientos por 67.200 millones de dólares, 52 mil millones de capital y 15.200 de intereses. Para tener una magnitud de lo que esto significa, deberíamos achicar los gastos del presupuesto en un 80 por ciento. Para hacer frente a esos vencimientos, deberíamos dejar de pagar todas las jubilaciones, todas las asignaciones universales, todas las pensiones y prestaciones sociales y anular todos los presupuestos ‑de salud, educación, ciencia y técnica, trabajo, vivienda, agua, saneamiento, promoción y asistencia social‑; es decir, eliminar por completo los servicios sociales.
Pero, aun así, tampoco alcanzaría para hacer frente a los vencimientos de este año, por lo que además deberíamos borrar por completo del presupuesto toda la obra pública. Por supuesto que este camino no es el que está promocionando nuestro espacio político; creo que nadie en la Argentina aconsejaría esta opción.
Lo que acabo de mencionar nos ayuda a tener una idea de la magnitud de la deuda que tenemos. Por supuesto, necesitamos que la economía empiece a generar dólares genuinos. Las exportaciones previstas para esto año ascienden a 65.500 millones pero demandan una importación de 48.500 millones. Nos queda una balanza de 17.000. A eso hay que descontarle los 4.000 millones que demanda remitir utilidades. Con estos datos nos damos cuenta de que no solo no podríamos hacer frente a los vencimientos de capital sino que ni siquiera podríamos pagar los multimillonarios intereses. Pero esto no ocurre solo este año, señor presidente, ya que en 2021 vencerán 42.000 millones; en 2022, 48.900 millones; en 2023, 45.000 millones, y así sucesivamente. Esta es la crítica situación de la deuda argentina, que en estas condiciones no podemos afrontar.
Nosotros debemos diseñar nuestro propio plan, señor presidente. Con la autonomía o soberanía que tenemos, debemos definir cuáles son las condiciones, sincerarnos y planteárselas claramente a los acreedores, con la mayor voluntad de pago pero también trazando un sendero que podamos cumplir.
Por eso, estamos convencidos de que es una buena decisión del Ejecutivo enviar a este Congreso este proyecto de ley para que sean tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo los que encaren este tema, definiendo claramente nuestras prioridades; esto es, con la gente adentro, con metas de crecimiento, con una economía que empiece a generar más divisas y a producir más, y con un mercado interno que se fortalezca. Todo esto generará mayor recaudación y así podremos honrar mejor nuestra deuda porque tendremos mayor capacidad de pago.
Por lo expuesto, señor presidente, pedimos a todos los señores diputados que acompañen este proyecto que nos ha enviado el Ejecutivo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Casaretto, por Entre Ríos.
Sr. Casaretto.- Señor presidente: el 10 de diciembre de 2019 prestaron juramento el presidente de la Nación y la vicepresidenta electos por los argentinos. Dentro de los conceptos fundamentales, el presidente electo habló de los desafíos que la Argentina tiene por delante y planteó el tema de la deuda externa, a la que se refirió en trece oportunidades en ese mensaje.
Posteriormente, a través del Ministerio de Economía se hizo una conferencia de prensa para presentar el primer proyecto de solidaridad, en la cual el ministro del área explicó los condicionamientos en materia de deuda, que ya fueron incluidos en el proyecto de ley que tratamos en diciembre. Luego, en la conferencia de prensa realizada al momento de elevar este proyecto, el ministro nuevamente explicó la situación.
La situación es de una gravedad importante, ya que estaríamos con un stock de deuda de 313.000 millones de dólares, según los datos provisorios al cierre de diciembre. Como ya se ha dicho, esto representa una porción muy importante del presupuesto nacional.
Podríamos analizar lo que pasó en los últimos cuatro años, en los que la deuda tuvo un crecimiento del orden del 30 por ciento. Pero lo cierto es que esta deuda la tiene que asumir nuestro gobierno.
Si nos remitimos al proyecto de presupuesto presentado por la administración anterior, vemos que el capital más los intereses de la deuda argentina representan prácticamente la totalidad de los recursos tributarios de la Nación, incluyendo los recursos tributarios propiamente dichos y todo lo que son recursos y contribuciones de la seguridad social. De manera que, más allá de lo que el presidente o este gobierno se plantee, hay una imposibilidad práctica de pagar.
Debemos discutir la deuda considerando básicamente tres aspectos fundamentales: el capital, los intereses y los plazos de vencimiento. Ojalá pudiéramos tener resultados positivos en los tres aspectos; pero en caso de no ser así, por lo menos deberíamos tener resultados positivos en dos de esos tres aspectos. Esto es central para la Argentina ‑ya no para nuestro gobierno‑, porque las múltiples demandas de reactivación de la economía y de inversión para que se generen nuevos puestos de trabajo y mejores condiciones en materia de educación, de salud, etcétera, dependen absolutamente de esta negociación que se está llevando adelante.
Por eso, el concepto central de este proyecto es presentar una Argentina unida que plantee una negociación ante los mercados financieros globales. Seguramente esta sesión –al igual que la reunión de comisión de ayer‑ está siendo seguida por muchos argentinos y por muchos otros alrededor del mundo que tienen intereses en la Argentina. Resulta central plantear que los argentinos necesitamos plantear condiciones diferentes.
El esquema que rigió hasta este momento claramente llevó a una recesión económica. En los últimos cuatro años, cayó el PBI, cayó el PBI per cápita; hubo problemas de empleo, de desocupación abierta y de subocupación demandante y no demandante; hubo problemas de criterios para medir la pobreza estructural, ya sea por las condiciones de vida –como puede ser la falta de una vivienda‑ o por los niveles de ingresos; etcétera. En definitiva, las consecuencias fueron negativas para el conjunto de los argentinos. Por eso es que decidieron otro modelo diferente, que es este modelo de crecimiento y desarrollo, con inclusión social, que es lo que planteamos para el conjunto de los argentinos.
Por lo expuesto, aspiramos a que todos los bloques, con otra diversidad de políticas y otras representaciones, acompañen a la Argentina en esta negociación. Se trata de afrontar las deudas de la Nación argentina emitidas en dólares y bajo legislación extranjera. En este sentido, esta es solo una etapa, ya que naturalmente habrá luego otras etapas en las que discutiremos las deudas en dólares bajo la legislación nacional, las deudas en pesos emitidas en moneda nacional y las deudas de las provincias y de los municipios.
Es necesario restaurar la capacidad de crédito de la Nación, tanto de parte del gobierno nacional como de las provincias y de los municipios.
Señor presidente: esperamos que esta declaración que tanto usted como los funcionarios del Ejecutivo nacional han hecho respecto de la necesidad de contemplar toda esta diversidad permita sumar consenso para que dejemos de lado algunas diferencias y pensemos en el interés de todos los argentinos, ya que esa debe ser la preocupación de todos.
Esperamos que esta vocación de nuestro gobierno de tratar el tema en este Congreso Nacional –tal como se ha planteado ya en las dos iniciativas que hemos discutido‑ se repita en las etapas siguientes. Seguramente volverán los funcionarios del Ejecutivo a la comisión, tal como lo han hecho, ya que esta negociación contempla el interés de todos los argentinos.
Nuestro gobierno negociará con total trasparencia y dará la información que corresponda.
Quizá algunos están muy ansiosos y quieren mostrar todas las cartas ahora. Sin embargo, el gobierno hoy encara una etapa de negociación, por lo que le damos la facultad para hacerlo. En el devenir de las semanas se irán mostrando el resto de las cartas sobre la negociación global de la Argentina ante el mercado financiero.
Nuestro bloque va a acompañar esta iniciativa que presenta el Poder Ejecutivo, la que contribuirá seguramente a que nuestro país vuelva a encontrar el camino de crecimiento, desarrollo e inclusión social. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Siley, por Buenos Aires.
Sra. Siley.- Señor presidente: en esta oportunidad estamos tratando un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo cuya finalidad es dotar a la autoridad de aplicación ‑el Ministerio de Economía‑ de las herramientas necesarias para llevar adelante la negociación sobre la reestructuración de la deuda externa en moneda extranjera y bajo la ley extranjera.
Quisiera referirme no tanto ya a los números, que han mencionado con claridad mis compañeros y compañeras, sino al principio rector que rige este proyecto: la sostenibilidad. Estamos considerando un proyecto denominado Ley de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.
¿De dónde nace este principio? De una resolución de las Naciones Unidas, votada en septiembre de 2015 e impulsada por la República Argentina en un hecho que quedará en la historia de la humanidad, ya que en esa resolución ‑cuyos votos fueron gestionados por el canciller Héctor Timmerman en su momento‑ se establecieron nueve principios rectores para las reestructuraciones de las deudas de los países miembros.
Dicha resolución fue votada por 136 países y luego fue incorporada a la legislación nacional a través de la Ley N° 27.207. Este principio de sostenibilidad se encuentra entonces contenido en dicha resolución de las Naciones Unidas y debe ser fruto de orgullo nacional, ya que fuimos nosotros, los argentinos, quienes regulamos el capital especulativo internacional a través de estos principios.
Este principio sostiene que se debe pagar, obviamente, pero aclara que debe ser “…promoviendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos”. Este es el principio de sostenibilidad que guía y es la matriz de este proyecto que estamos discutiendo hoy aquí.
¿Cómo traemos a la mesa este principio para la negociación que le encomendamos al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía?
Quiero relacionar esto con el trabajo. Fíjense la relación asimétrica que existe: siempre que en nuestro país se contrajo deuda externa en niveles exuberantes, tal como hizo el gobierno anterior, bajó el trabajo y la producción. En 2015 teníamos una tasa de desocupación de 5,9 por ciento en el último trimestre; hoy esa tasa tiene dos dígitos; se ubica entre el 10,3 y el 10,4 por ciento. Es decir, sube la deuda y baja el trabajo. ¿Por qué? Porque en estos últimos cuatro años se ha tomado deuda externa no para fomentar la producción, el trabajo y la industria sino para financiar más deuda y el capital especulativo, que después se iba básicamente a través de la fuga de divisas.
Entonces, esa sostenibilidad ‑que pasa por recuperar la capacidad productiva‑ la debemos lograr al gernerar trabajo. Solo si recuperamos el trabajo, la industria y la producción nacional podremos tener la sostenibilidad necesaria para generar esta reestructuración de deuda que estamos tratando por medio de este proyecto para autorizar a negociar al Ministerio de Economía en esta oportunidad.
Se ha dejado un país destrozado, no solo en los números que hacen a las relaciones económicas o macroeconómicas sino también en la capacidad productiva, ociosa en un 60 por ciento; se ha dejado a miles de personas desocupadas y con una pérdida del poder adquisitivo de más de un 25 por ciento. Los trabajadores han perdido algo tan importante como es la dignidad de volver a sus casas después de todo un día de trabajo y poder llevar el pan a la mesa. Es nuestro gobierno el que tiene la obligación de recuperar lo perdido y hacer frente con dignidad soberana y nacional a los intereses de la deuda.
Finalmente, cabe remarcar que este proyecto de ley cumple además con un derecho constitucional: las atribuciones de este Congreso, establecidas en los artículos 75 ‑incisos 4 y 7‑ y 76 de la Constitución Nacional.
Cabe resaltar y valorar que este gobierno envía un proyecto para reestructurar una deuda que no contrajo y que el anterior solo lo hizo por decreto. Este gobierno es el que cumple con el pueblo argentino, al plantear que se paga con crecimiento y con inclusión, y con el principio constitucional de que sea el Congreso de la Nación el ámbito de discusión.
Ojalá esto sirva como precedente, tanto para la gestión económica como para la gestión institucional, actual y futura. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Menna, por Chubut.
Sr. Menna.- Señor presidente: en primer lugar, es importante enmarcar el proyecto en tratamiento. Se trata de un proyecto de ley para autorizar al Poder Ejecutivo a reestructurar, renegociar y acordar con los acreedores de la deuda pública argentina emitida bajo legislación extranjera; es decir, se trata de una parte de la deuda pública argentina.
En realidad, lo que se trató ayer en el plenario de las comisiones de Presupuesto, de Hacienda y de Finanzas, por cierto fue totalmente distinto de las expresiones que se han escuchado hoy aquí. Se trata de un proyecto que tal vez es superfluo o superabundante desde lo jurídico, porque consiste solo en una autorización o delegación. No es cierto que esta sea una norma que dé cumplimiento al artículo 75 inciso 4 de la Constitución. No estamos tratando acá la aprobación de los términos de la restructuración de la deuda; lo que estamos haciendo es dar un mandato, una autorización o delegación al Poder Ejecutivo. El resultado es lo que después, en todo caso, tiene que aprobar el Congreso para cumplir así con esos artículos que se acaban de citar en la exposición que me precedió.
Ayer se dejó claramente expuesto ‑sobre todo, en las palabras del subprocurador del Tesoro de la Nación, doctor Soler- que los títulos públicos de deuda involucrados en esta renegociación son los emitidos en 2005, 2010 y después de 2015. Es decir, no es cierto que estemos hablando de deuda externa contraída durante la gestión del gobierno de Cambiemos. Es deuda pública que, como toda la deuda externa, ha signado toda la historia argentina y conlleva la responsabilidad de la actuación de prácticamente todos los gobiernos que se han sucedido en nuestra historia. De hecho, nuestra primera cesación de pagos data de 1890, y lamentablemente muchas se han venido sucediendo desde entonces.
Nosotros hemos venido aquí con el espíritu de contribuir a solucionar o empezar a encauzar un problema que aqueja a la Argentina y que es responsabilidad de absolutamente todos cuantos han pasado por la gestión de gobierno nacional, sin olvidar también la de los Estados provinciales, que tienen crisis recurrentes de deuda pública. La provincia del Chubut, sin ir más lejos, está acosada en este momento por su endeudamiento, también emitido en moneda extranjera, y al día de hoy ni siquiera puede pagar los sueldos del mes de diciembre, cuando estamos terminando el mes de enero.
El origen de la deuda en realidad tiene una causa, que es el déficit fiscal crónico y creciente que ha registrado nuestro país por la irresponsabilidad fiscal, por gastar más de lo que se dispone, generalmente en gasto improductivo, en gasto superfluo, y en gasto clientelar también. Es por eso que es necesario acudir al financiamiento.
Entonces, si nosotros queremos tener sostenibilidad en la deuda, en realidad de lo que tenemos que hablar también es del déficit; de ese déficit primario, que cuando cierra el año 2015 era de casi 5 puntos del producto bruto interno y explica en buena medida el porqué del aumento del stock de deuda posterior, porque si no era con endeudamiento, ¿de qué otra manera habría sido posible sostener los compromisos del Estado nacional incluidos en sus sucesivas leyes de presupuesto aprobadas a partir del año 2015?
Por eso creo que no se trata de una competencia de atribuciones de responsabilidad sino de decidir si vamos a hablar sobre este tema en serio, con respeto, con responsabilidad y sin que nadie se haga el distraído ni se saque las culpas que tiene encima. Así que creo que no son auspiciosas las palabras que se han escuchado hasta acá.
Creo también que los términos en que están formulados muchos pasajes de este proyecto de ley apuntan, no a la solución del problema de forma mancomunada sino a enrostrar responsabilidades y además a hacerlo de un modo incorrecto. Por ejemplo, esa declaración que tiene como un preámbulo el artículo 3° del proyecto de ley que estamos tratando habla de restaurar la sostenibilidad bajo los principios de autodeterminación económica y financiera, lo que no se compadece con lo que después expresa ese mismo artículo, por el que se prorroga la jurisdicción a favor de los tribunales extranjeros y se renuncia nada más ni nada menos que a oponer la defensa de inmunidad soberana que tiene la República Argentina. Es cierto que esas cláusulas están incluidas en todos los compromisos de deuda que asumió la Argentina en los últimos años. No es una novedad. Pero lo que sí creo es que hay que ser sinceros y responsables. No pueden utilizarse las leyes para proclamas políticas. No se puede reeditar lo que se hizo con la ley de emergencia, en donde bajo el eufemismo de solidaridad se congelaron las jubilaciones. Y ahora, bajo un eufemismo de autodeterminación soberana, terminamos planteando todo lo contrario al renunciar a la defensa de inmunidad soberana y a la jurisdicción. Digamos las cosas como son, no las ocultemos, no las solapemos bajo los discursos, porque si no difícilmente vamos a poder tener una solución coherente y sustentable a este problema.
Se ha dicho que en realidad todas las facultades que se le otorgan al Poder Ejecutivo por este proyecto ya están contenidas en la Ley de Administración Financiera y en la ley de emergencia que aprobamos a fines de diciembre. Está bien que el Congreso haga una manifestación de tipo declarativo ‑como lo hace esta ley‑ para que el Poder Ejecutivo tenga en la renegociación con los acreedores todas las fortalezas que debe tener, pues en definitiva está comprometida la defensa de los intereses del país. Pero creemos que debe ser hecho con solvencia técnica, porque las leyes deben tener una buena factura.
Por eso, concretamente, dejamos dicho que, si estamos hablando de buena fe ‑como dijimos ayer en el plenario de comisiones‑, ese párrafo con el que comienza el artículo 3° del proyecto de ley debe ser eliminado. No es veraz, no convoca a la verdad y además es contradictorio con lo que dice después ese mismo artículo.
También quiero decir que deben ser sinceros los compromisos de rendir cuenta al Congreso. La facultad de arreglar la deuda pública es del Congreso. Reitero: acá no estamos estableciendo los términos de la renegociación con los acreedores; simplemente estamos dando un mandato. Y este mandato ya se había dado en la ley que se aprobó a fines de diciembre, mediante la delegación al Poder Ejecutivo para que inicie el proceso de restructuración. Pero también, en el artículo 4° de esa ley, se estableció que el Poder Ejecutivo debía rendir cuentas de esas actuaciones a una comisión conformada por funcionarios del Ministerio de Hacienda y las distintas representaciones de los bloques de este Congreso. Al día de hoy, transcurrido más de un mes de la aprobación de esa ley, no se ha conformado esa comisión ni se ha rendido absolutamente ninguna cuenta. Creo que es algo que hay que tener en cuenta para ver si, además de la buena fe a la que se convoca para renegociar con los acreedores, hay buena fe en el plano interno para rendir cuentas de lo que se hace en uso de estas delegaciones.
Esa ley de las nueve emergencias, de la multiplicidad de delegaciones, también suspendió la fórmula de actualización de las jubilaciones, y en su artículo 55 prevé la creación de una comisión para replantear la fórmula. A cinco meses de que finalice la suspensión, tampoco hay noticias de la conformación de esa comisión. Creo que es necesario dejar señalado el punto porque tampoco en esto se puede faltar a la verdad.
No es esta la ley que reclama el artículo 75 inciso 4 de la Constitución. Es una simple delegación, un simple mandato al Poder Ejecutivo nacional. Y desde ese punto de vista también me llama la atención que distintas expresiones que hemos escuchado recién hablen de la declaración de la Asamblea de Naciones Unidas de septiembre de 2015, aprobada en el plano interno por la ley 27.207. Digo que me llama la atención porque esos principios no están mencionados en el proyecto de ley, e incluso éste los contradice. La alusión a esta declaración de Naciones Unidas sobre los procesos de reestructuración, que es cierto que se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas a instancias de la República Argentina ‑concretamente, los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana‑, fue toda una novedad para los funcionarios del Poder Ejecutivo que visitaron ayer el plenario de comisiones. Debo decir que no pudieron dar explicaciones acerca de por qué no está mencionada dicha resolución de las Naciones Unidas ni tampoco la ley 27.207 aprobada a fines del año 2015 que, en forma tardía, se acaba de citar en este debate como para justificar la omisión.
El artículo 3°, con la una fórmula abierta que presenta en sus diversos incisos con la idea de preservar los bienes de la República Argentina en torno a las ejecuciones por parte de tribunales extranjeros –como ya sucedió en nuestro país en ocasión del intento de embargo de la Fragata Libertad‑o, contradice el principio 6° de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Por ello, hago un llamado al oficialismo para que revisemos los términos bajo los cuales está elaborado un artículo tan clave de esta ley mediante el cual se resigna la jurisdicción de los tribunales argentinos y la defensa de inmunidad de jurisdicción. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Felipe Alvarez, por la provincia de La Rioja –a quien le vamos a dar un minuto menos para que exponga- y el señor diputado Alejandro Cacace, por la provincia de San Luis, quien tendrá treinta segundos menos para exponer. El tiempo de los bloques es uno determinado, más allá de la forma en que se reparta.
Sr. Alvarez.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve y, en última instancia, le voy a pedir que me devuelva el minuto.
En el día de la fecha se están analizando en este Parlamento dos temas importantes que tienen que ver con la reestructuración de la deuda y con el consenso fiscal. Todo ello está enmarcado en el federalismo y en la realidad que nos toca vivir en nuestras provincias.
Tenemos que acompañar estos dos proyectos porque se trata de una herramienta necesaria del gobierno nacional. La idea es brindar cierto margen de gobernabilidad a una gestión que recién se inicia.
En cuanto al consenso fiscal, esto representa para la provincia de La Rioja la posibilidad de recaudar más de 120 millones de pesos para este año. No puedo negar –sería necio de mi parte y con una falta de sentido común- la posibilidad de que la provincia pueda recaudar más recursos.
Asimismo, tenemos que animarnos a hablar de muchos temas que varios legisladores no quieren escuchar en Buenos Aires. Se trata de la realidad que nos toca vivir en nuestras provincias. Debemos hablar de verdad de lo que significa el federalismo.
Provengo de una provincia en la que viene gobernando el mismo oficialismo desde hace más de cuarenta años y se van pasando el bastón de mando para que nada cambie. La historia se repite una y otra vez. Aunque muchos amigos y compañeros se puedan enojar –lo digo como peronista- duele mucho ver el oficialismo de nuestra provincia, duele mucho ver la realidad en la que vivimos.
Cuando hablamos de federalismo no lo podemos limitar a una transferencia de recursos. Los gobernadores vienen desde hace décadas a Buenos Aires a gritar y alabar al federalismo pero, cuando vuelven a sus provincias, miran para abajo y callan la realidad.
La provincia de La Rioja fue la última provincia que dictó una ley de coparticipación y eso se dio hace cinco años. La fórmula de reparto consignada en dicha ley la entiende solamente el gobernador de turno y distribuye lo que se les antoja a los municipios. El gobierno provincial liquida y abona los sueldos de todos los empleados municipales pertenecientes a las 18 comunas. Eso es una vergüenza.
En cuanto a la deuda, la provincia de La Rioja tiene un rojo de 334 millones de dólares, lo que representa un 83,3 por ciento del total de la deuda provincial. Estamos hablando de una de las provincias más endeudadas en porcentaje en dólares junto con Santa Fe, Córdoba y Chubut. La provincia de Buenos Aires –que tiene una deuda con un porcentaje menor- tuvo que declarar la emergencia.
La provincia de La Rioja va a tener que pagar este año más de 1.400 millones de pesos a raíz del préstamo que contrajo hace tres años por un monto de 300 millones de pesos destinados al Parque Eólico. Nadie sabe en la provincia cómo se gastó esa plata, cómo se invirtió y de qué forma fue a parar al Parque Eólico. A eso debemos mencionar unos 40 millones en concepto de comisiones, honorarios o gastos que vaya a saber a qué bolsillo fueron a parar.
Esta es la realidad que tenemos en la provincia de La Rioja. Cuando alguien se anima a plantear esto –o siquiera preguntar- es perseguido, censurado, con riesgo a perder su trabajo y hasta es denunciado penalmente.
En mi provincia no hay ley, normas ni códigos y cada gobernador interpreta la constitución provincial y las leyes a su gusto y antojo. No existe una igualdad ante la ley.
El gobierno nacional que recién comienza su gestión tiene que poner la mirada en nuestras provincias. El federalismo no es simplemente una transferencia de recursos. También representa control y rendición de cuentas. Hay que fijar una serie de pautas mínimas de cómo se va a gastar la plata de la gente.
Señor presidente: no me niego a que mi provincia reciba más recursos. Sí me niego a que se sigan emitiendo cheques en blanco a gobiernos locales que vienen a Buenos Aires a golpearse el pecho reivindicando la justicia social y el federalismo, pero administran sus territorios como verdaderos tiranos convirtiéndose en los más centralistas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Cacace, por la provincia de San Luis.
Sr. Cacace.- Señor presidente: entiendo que a partir de la discusión que se dio ayer en comisión vamos a tener una modificación en el título de la ley –concretamente en el artículo 1°- para precisar el concepto de deuda externa.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara diputado Álvaro González.
Sr. Cacace.- A partir de ello, vamos a tratar el universo de los títulos emitidos bajo ley extranjera, sea en poder de residentes o no residentes. Este punto lo deberá confirmar el bloque mayoritario.
En esta oportunidad quiero llamar la atención sobre un tema que fue planteado en la reunión de comisión y respecto del cual no se tuvo respuesta. Me refiero al referido a los fondos en manos de los organismos de la seguridad social.
Hay que tener en cuenta que, bajo la publicación de la propia oficina nacional de crédito público sobre el stock de deuda al tercer trimestre de 2019, el 21,1 por ciento de la deuda que está en manos del sector público ha sido emitida bajo ley extranjera.
Esta reestructuración –así como las que se efectúen de los títulos emitidos bajo ley nacional, sean ellos en moneda local o extranjera- tienen una afectación profunda sobre los fondos de la seguridad social y los que se utilizan para pagar las prestaciones previsionales a nuestros jubilados y pensionados. Este punto debe considerarse en torno de la ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si bien el informe del segundo trimestre del año 2019 no detalla los títulos bajo ley extranjera o local sí lo hace por moneda, señalando que el 41 por ciento de los títulos están en dólares y el 0,03 por ciento en euros. Allí se hace referencia entre las tenencias al bono discount 2033 regido por ley de Nueva York.
El propio director de la ANSES en referencia a la petición que hacíamos desde el bloque opositor en torno a la deuda de las provincias decía que no se podía afectar la composición del Fondo de Garantía de Sustentabilidad licuando la deuda en poder de la ANSES ni con la Nación ni con las provincias. Consideramos que como en tal sentido no hay una aceptación respecto de las deudas provinciales, la reestructuración de la deuda nacional tampoco debe afectar el dinero de nuestros jubilados y la composición que los organismos del sector público tienen bajo ley extranjera.
A esto se agrega la situación de las cajas previsionales provinciales para servidores públicos y también para profesionales. Tenemos 79 cajas profesionales en distintas provincias que están establecidas por ley y reguladas por el propio Estado. Los instrumentos legislativos de las provincias establecen la posibilidad de inversión en títulos públicos. Estamos hablando de un subsistema dentro de nuestro sistema previsional que cuenta con más de 600 mil afiliados. La gran mayoría de estos afiliados –arriba del medio millón- son activos que hacen su aporte a la espera de sus beneficios previsionales. Una parte de ellos –más de 50 mil jubilados y pensionados- están cobrando sus haberes a partir de esas cajas. Considero que la reestructuración de la deuda los afectaría, pues ellos poseen en esas cajas tenencias en títulos bajo ley extranjera, así como la tienen bajo ley local. En el tratamiento en particular vamos a proponer la inclusión de un artículo sobre el particular.
Existen antecedentes al respecto; me refiero el proyecto de reestructuración de la deuda que fue enviado el año pasado por el Poder Ejecutivo a esta Cámara. Asimismo, contamos con el antecedente normativo del decreto conocido como reperfilamiento de deuda dictado el año pasado. En esas ocasiones hubo una exclusión por parte del Poder Ejecutivo de la reestructuración de los organismos de la seguridad social, y lo mismo perseguimos en este tratamiento. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Zottos, por Salta.
Sr. Zottos.- Señor presidente: en la reunión plenaria de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda realizada en el día de ayer, el titular de esta última comisión fue muy claro al decir que esta es una ley que ratifica la facultad que tiene el Poder Ejecutivo nacional. Es así, porque cuando esta Cámara sancionó la ley de emergencia facultamos al Ejecutivo a renegociar la deuda que tiene nuestro país.
En ese momento, en representación del Interbloque Federal –como bien lo dice la palabra “federal” que denomina a nuestro interbloque- planteamos la situación de las provincias. Hay que entender que la deuda es una sola. Acá no hay dos países sino una sola Argentina; la deuda de las provincias forma parte de la deuda nacional, ya que ellas forman parte de la Nación. Por eso es que en ese momento pedíamos que se incorporaran las deudas de los gobiernos provinciales.
Si bien conozco situaciones que ocurren en otras provincias -porque uno habla con colegas y compañeros de distintas partes del país y entonces sabe la situación en que se encuentra la mayoría de ellas, donde algunas están mejor que otras-, voy a hablar de lo que sucede en la mía.
En Salta tenemos una deuda con el gobierno nacional, más precisamente con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que asciende a más de 2.000 millones de pesos. Este mes nos descontaron cerca de 175 millones de pesos de lo que nos corresponde por coparticipación, por lo que sería bueno renegociar esa deuda.
Además, tenemos otra deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, por más de 4.400 millones de pesos, y el servicio de esa deuda, correspondiente a este año, es de más de 1.669 millones de pesos. Esto además de otras obligaciones que tenemos, como los 350 millones de dólares que adeudamos al sector privado.
Por lo tanto, es importante para nosotros renegociar estas deudas con la Nación. ¿Sabe por qué, señor presidente? Como bien dijeron los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra, todos recordamos la reestructuración de la deuda que se llevó a cabo en el año 2005 y cómo se hizo el canje.
Desde ya le digo, señor presidente, que estoy de acuerdo con la iniciativa en tratamiento, pero recuerdo que en esa época, durante el gobierno de Néstor Kirchner, siendo Lavagna el ministro de Economía, este Congreso había recibido la propuesta de lo que se iba a hacer con los acreedores internacionales. Además, en ese momento el gobierno envió al Congreso el proyecto de canje de la deuda y qué quita se le iba a hacer, y luego también pidió autorización para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional con reservas del Banco Central.
Entonces, no es que nos opongamos, pero creo que eso es lo que le está faltando al gobierno nacional. Me refiero al hecho de que tendría que haber enviado al Congreso una propuesta. No sé por qué nos estamos demorando en este sentido. Como dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aquí estamos ratificando una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, pero ya tendríamos que haber presentado una propuesta. Se nos va el tiempo. Me hubiera gustado tener hoy esa propuesta para acompañarla, porque como bien se ha dicho aquí, este es un proyecto de decisión política, y si es así, es necesario que estén las provincias.
Para que algo sea sustentable debe ser integral; tiene que estar todo. Me parece muy bien que renegociemos la deuda de la Nación, porque no se puede pagar la deuda con la pobreza, pero si no incorporamos las deudas de las provincias, aquellos que quieran invertir en nuestro país no podrán hacerlo si no renegociamos todo y si las provincias se mantienen en situación crítica. Por eso las debemos incorporar, señor presidente.
En estos últimos meses, en el Congreso hemos venido tratando temas como la emergencia y la renegociación de la deuda. Espero que pronto empecemos a tratar –y cuenten con nosotros- leyes que reactiven las industrias, las pequeñas y medianas empresas y la producción, porque eso es lo que están esperando los argentinos.
Ciertamente puede haber algún proyecto de resolución que permita empezar a hablar de las deudas de las provincias, pero el Ejecutivo nacional está facultado para sentarse con ellas a renegociarlas.
Por eso, como es un proyecto de decisión política, una vez más voy a insistir en que debe incorporarse a las provincias. Como ejemplifiqué ayer en el plenario de comisiones, podemos tener la mejor mesa, la más hermosa, pero si le falta una de las patas, esa mesa no es firme.
Es por ello que desde el Interbloque Federal vamos a insistir en que se incorpore la renegociación de la deuda de las provincias.
También quiero destacar que nuestro interbloque apoyará el proyecto en tratamiento, remitido por el Poder Ejecutivo, porque es necesario, pero insisto una vez más en la necesidad de incorporar las deudas de las provincias.
Sra. Carrió.- Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente (González).- Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada Carrió, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Carrió.- Señor presidente: lo único que quiero advertir a la Cámara –quizás por la vejez o por los años de experiencia, pues hemos vivido de todo- es que hay momentos en la vida de un país donde todos los argentinos deben estar unidos.
Como se ha dicho aquí, el presidente está facultado. Lo que nosotros debemos hacer es darle una fuerza conjunta nacional al ministro de Economía, que hoy está en Washington.
Tengan cuidado, porque los abogados de los bonistas anotan cada palabra que se dice y luego eso sale en las sentencias en contra de la Argentina.
Es así que yo les rogué, les pedí, les supliqué a los presidentes de los bloques que se vote en general. Washington cierra a las 4, y después no hay nadie. A nadie le importa la Argentina en Washington, porque somos el país del fin del mundo. Si nosotros sacamos hoy una conclusión de respaldo ‑que es un respaldo a Kulfas, a Guzmán o al funcionario del gobierno que esté negociando-, esto tiene que ser cerrado; después que voten por no o por sí y después discutamos en particular. Pero tengamos cuidado con lo que decimos, porque podríamos decir muchísimas cosas. Pero hoy, en esta sesión, estamos acá para darle el respaldo a nuestros negociadores que están en Estados Unidos.
Yo he ido por 26 años, con lo cual conozco perfectamente cómo son las cosas. No les importa la Argentina. Nosotros somos el país del fin del mundo. Los únicos que creemos que somos primer mundo somos nosotros. Después de Colombia no les interesa nada.
Nosotros estamos unidos acá para darle fuerza a ese negociador. Si estamos de acuerdo en darle fuerza, votemos, y si es posible que sea por unanimidad. Si no estamos de acuerdo, hagamos toda la discusión, que nadie la graba, que nadie la pasa. Pero hoy, los que necesitan el apoyo son los que están en Washington, que están solos.
Al Consejo de las Américas, señor presidente, nos vamos a reunir todos. Yo ya fui como quince veces y siempre van 50 personas, siempre las mismas. Eso no es apoyo.
Lo que es apoyo es que se vea al Poder Ejecutivo Nacional del gobierno electo, con el apoyo de toda la oposición y del gobierno que perdió, que hoy es oposición, para darle poder político en nombre de la Argentina al negociador. En esto no se puede ser mezquino y no se puede hablar de más. Ya tenemos demasiados juicios de los bonistas, de los fondos buitres, contra la Argentina.
Yo podría decir muchas cosas pero no las voy a decir porque no es el momento. Por eso les pido encarecidamente a los señores diputados que cuiden las palabras, porque todo va a ser escrito por algún abogado de algún fondo buitre en contra de la Argentina. Después, discutan todo lo que quieran, griten todo lo que quieran, hablen en la televisión, etcétera. Pero sepan que todo lo escrito y transcrito está los juicios. Por eso hemos perdido varios juicios.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr. Ramón.- Señor presidente:
Sr. Zottos.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?
Sr. Ramón.- Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (González).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Zottos, por Salta.
Sr. Zottos.- Muchas gracias.
Señor presidente: voy a ser muy breve. Estoy de acuerdo con que todos tenemos que apoyar, pero no estoy de acuerdo con la diputada Carrió en cuanto a que no nos tienen en cuenta ni con que los argentinos nos menospreciamos nosotros mismos.
Nosotros sí servimos y somos importantes.
Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Ramón.- Señor presidente: estamos nuevamente tratando un proyecto para solucionar los graves problemas de la deuda pública de la Argentina. La última vez que se trató la restructuración fue hace nada más que cuatro años.
La situación de hoy no es la misma que la del 2015. En aquel momento el problema era menor y hoy es muy grave. Sin embargo, las causas que hace que tengamos que volver a discutir este tema, son muy similares.
En las provincias los gobernadores pasan, y en la Nación los presidentes pasan. Y desde el Congreso de la Nación y desde las legislaturas se vienen efectuando delegaciones. En el caso nuestro, del Congreso de la Nación, efectuamos delegaciones en favor de los presidentes para que negocien y tengan todas las facultades para tomar deuda pública y meternos en problemas como en el que hoy está la Argentina.
¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo un proceso de inestabilidad política, económica y social fruto de aquellos gobernantes que, con el talero de la cantidad de votos y las mayorías legislativas, han logrado proponer políticas que no han sido precisamente política de Estado y que no han logrado los consensos que se necesitan para tener estabilidad política, social y económica.
Mal que le pese, quiero hacer una referencia a lo que recién dijo la diputada Carrió. Tiene razón la diputada, hoy todos tenemos la responsabilidad de votar en general a favor de entregar esta herramienta al presidente actual de la Nación y a su ministro de Economía.
Sin embargo, tengo dos ejemplos que me hacen mucho ruido en la cabeza. En los últimos cuatro años, el presidente Macri, con este aval y esta delegación legislativa –nos enteramos por los medios de comunicación- tomó 50 mil millones de dólares para un crédito que nos tiene sometido de una manera aberrante hoy. Esto lo hizo el gobierno anterior.
Pero fíjense que, utilizando facultades que son propias de nuestro Congreso, el ministro de Economía está negociando en Nueva York sin la participación de ninguno de nosotros los legisladores.
La deuda pública tiene consecuencias tremendas puertas adentro de nuestro país, de nuestra provincia y de los bolsillos de nuestra familia. De hecho, hay dos problemas muy graves, diputada Carrió. Hay 16 millones de argentinos que están a nuestro lado y que padecen por debajo de la línea de pobreza. Esto tiene mucho que ver con el tema de la toma de la deuda pública y externa.
Sr. Presidente (González).- Señor diputado Ramón, me está pidiendo una interrupción el señor diputado Cano. ¿Se la otorga?
Sr. Ramón.- No, señor presidente. Voy a seguir hablando porque voy a terminar rápidamente. Además, seguramente es para contestar algo de lo que estoy diciendo. Después, con todo gusto, señor diputado Cano.
Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Ramón.- Por otro lado, la gravedad de la deuda pública, tomada en su gran mayoría por el presidente que se fue, hace que hoy tengamos que pagar 60 mil millones de dólares y no hay manera que podamos asumir ese pago.
Señor presidente: le voy a pedir a mi colega, la diputada Carrió, que está parada delante de mí, que me permita continuar con el discurso.
Sra. Carrió.- Estás hablando y te estoy escuchando.
Sr. Ramón.- Cuando hablamos de la deuda pública de la Argentina, hay dos cosas…
Sr. Presidente (González).- Diputada Carrió. Le pido que deje hablar al diputado.
Ha cambiado de opinión el diputado Ramón.
Sr. Ramón.- Por esta vez he cambiado de opinión.
No me gusta tener este disgusto con usted, señora diputada.
Lo que quiero tratar es algo técnico. Estamos hablando de la deuda externa de la Argentina, de la que usted es muy responsable porque participó de ese gobierno que permitió este tremendo endeudamiento por el cual hoy tenemos que sentarnos a votar una ley que es muy difícil de poder aprobar en esta circunstancia.
La verdad es que la diputada Carrió tiene un problema de irresponsabilidad y de mala educación, porque cuando está hablando un diputado, que es su colega, no se puede parar de esa forma.
- Varios diputados hablan a la vez.
Sr. Ramón.- La perdono, señora diputada.
Sr. Presidente (González).- Señores diputados, la Presidencia solicita que no dialoguen.
Sr. Ramón.- Recién hablaba de la falta de consensos. Hay una manera de dirigir la política en nuestro país que es recurrente gobierno tras gobierno, que es a través del talero, del poder que tiene el presidente y de las delegaciones que hacemos de nuestro Congreso.
Hay un proyecto y eso me anima con este nuevo presidente que tenemos. Me refiero a poner en marcha el Consejo Económico Social. Eso sería una manera de tener una política de Estado en la que participemos todos, sobre todo en el lugar donde se generan los consensos, que es en el Congreso de la Nación. Ojalá eso ocurriera.
En cuanto al tema de no perder todas nuestras facultades, en las comisiones, le hicimos saber a los funcionarios del Ministerio de Economía que tenemos algunas preocupaciones y la necesidad de que se incorporen algunas reformas a este proyecto de ley.
Una de ellas tiene que ver con algo que no es necesario que esté en el texto, pero sí es necesario que se ponga en funcionamiento. Me refiero a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa de la Argentina.
¿Por qué? Porque es la única herramienta que tenemos en el Congreso de la Nación que nos da la posibilidad de saber de qué manera se negoció la deuda externa, ya que por ejemplo cuando el Estado argentino negoció un crédito por 50.000 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional todos los diputados nos enteramos por los medios de comunicación; no se puede minimizar eso. Esos funcionarios del Poder Ejecutivo, ese presidente de la Nación, tiene que responder porque lo que está atravesando nuestra República Argentina es un verdadero problema.
También proponemos algo que es parte de las facultades del Congreso que no podemos seguir delegando. Hace muy poquito votamos con este argumento de que es necesario tomar y reasignar partidas para asistir a 16 millones de argentinos que están pasando por debajo de la línea de pobreza, que el jefe de Gabinete de Ministros tenga una limitación ‑y en este proyecto no está‑ en la posibilidad de reasignar partidas que son contempladas por la ley de emergencia económica. Por eso hemos votado esa ley de emergencia económica en el mes de diciembre.
¿Qué nos trae esto como consecuencia? Que con estas dos leyes ‑y yo espero que así lo sea ya que queremos tener un voto de confianza con el actual partido oficialista‑ necesitamos tener una ley de presupuesto, porque durante este año 2020 se está gobernando con la continuidad de un presupuesto que se votó en años anteriores, y eso permite discrecionalidad en la asignación de las partidas presupuestarias.
Este no es un tema menor porque en este Congreso durante muchos períodos hemos habilitado la toma de deuda, pero necesitamos tener un control. Ese control se tiene con una ley de presupuesto, no dejando librado al azar toda la discrecionalidad que puede tener el presidente de la Nación y la Jefatura de Gabinete de Ministros para reasignar partidas a gusto y piacere en la medida que no hay un presupuesto de la Nación.
Se necesitan tres reformas entonces y la primera de ellas consiste en la existencia de la Comisión Bicameral. En segundo término, necesitamos que el jefe de Gabinete de Ministros tenga una limitación en la reasignación de las partidas, especialmente cuando se trate de quitar alguna partida relacionada con la ley de solidaridad que votamos hace poco. Finalmente debemos contar con una ley de presupuesto.
Un último tema que tiene que ver con las provincias, y a lo que hacía referencia recién el diputado Zottos, es que ellas también deben tener participación en la renegociación de la deuda interna de la Argentina. Sé que hoy estamos discutiendo la deuda externa y tenemos que dar esta herramienta al Poder Ejecutivo para que termine de resolver el problema de la restructuración de la deuda externa, pero también ‑y este es un aviso‑ es necesario que las provincias podamos participar de una mesa de diálogo. Se necesita eso para ver de qué manera se reestructura la deuda interna, que en mucho se relaciona con este tremendo endeudamiento que hemos tenido en la Argentina a consecuencia de la deuda externa. Hoy le estamos entregando esta herramienta al Poder Ejecutivo para que lo resuelva.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra. Sapag.- Señor presidente:...
Sr. Presidente (González).- Señora diputada: el señor diputado Cano le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Sapag.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Cano.
Sr. Cano.- Gracias, señora diputada.
Señor presidente: en el ánimo de seguir en línea de lo que aconteció ayer en la reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, en el tenor de la exposición del subprocurador de la Nación, en el tenor de la explicación del proyecto que hizo el miembro informante, el señor diputado González, y en lo que planteó la diputada Carrió, me parece que hay que hacer algunas aclaraciones para no caer en la tentación que todos tenemos de hablar de lo que hicimos, de lo que no hicimos o de lo que hicieron.
Conceptualmente me parece que el señor diputado Ramón tiene alguna equivocación, no leyó el proyecto o no escuchó al subprocurador en el día de ayer. Lo que están por renegociar en Washington es deuda contraída en el 2005, en el 2010 y vencimiento del 2016. Entonces, no creo que el oficialismo le exija tanto al diputado Ramón, y no puede pedir que el jefe Gabinete tenga restricciones en la redistribución de partidas porque la tiene por ley hasta el 5 por ciento. Así que, estoy seguro de que el oficialismo no le exige tanto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra. Sapag.- Señor presidente: ¿Usted también va a decir algo, diputado Ramón?
Sr. Presidente (González).- Diputada: se va a quedar sin tiempo.
Sra. Sapag.- Señor presidente: el país acumula un stock de deuda externa de una gran magnitud. No nos olvidemos que algunos estiman que podría alcanzar el valor de un PBI.
Esto sin duda representa un compromiso enorme y con el nivel de actividad actual del país es muy difícil que podamos afrontarlo ante nuestros acreedores. La situación es crítica y compleja y nos obliga a actuar con celeridad, seriedad y con un alto nivel de responsabilidad. Esto requiere que todos nos unamos detrás de objetivos comunes y brindemos una señal positiva y de compromiso institucional hacia el exterior.
Más allá de las facultades delegadas del artículo 3º de la ley de emergencia económica sancionada hace pocas semanas destaco que vuelva a presentarse un proyecto sobre este tema en este Congreso respetando la competencia que le da el artículo 75 de la Constitución Nacional en lo referido a temas de endeudamiento.
Como representante del Movimiento Popular Neuquino sé lo complejo que es gobernar. Por este motivo considero importante que pongamos a disposición del gobierno nacional las herramientas para llevar adelante gestiones con gran impacto en el futuro del país, desde luego siempre en el marco de la ley de administración financiera del Estado en cuanto a un mejoramiento de los montos, plazos o intereses de la deuda actual. Por este motivo acompañaré este proyecto.
Sin embargo, también es importante, señor presidente, que luego de resolver las cuestiones de la deuda pública nos ocupemos de la deuda interna, la deuda que tenemos con muchos ciudadanos de nuestro país. Es necesario que seamos capaces de crear las condiciones que nos permitan afrontar el hambre, la pobreza y la falta de empleo. Debemos poner al país en movimiento y para esto es clave definir reglas claras.
La incertidumbre paraliza la inversión, el crecimiento y la creación de empleo. Vaca Muerta es una muestra cabal de esto. Debemos salir rápido de esta parálisis, debemos ir hacia adelante, debemos ser previsibles. Para lograr estos objetivos el gobierno debe hacer público su plan económico y plasmarlo en el presupuesto nacional para su revisión y aprobación en esta casa.
El presupuesto es una herramienta clave para la vida en democracia. Tener un presupuesto aprobado nos va a permitir dejar de aumentar la discrecionalidad del jefe de Gabinete para la reasignación de partidas presupuestarias vulnerando el espíritu de la división de poderes.
También quiero agregar que apoyo al Interbloque Federal, al diputado Zottos y a su bloque, en cuanto al acompañamiento de las provincias y la incorporación de sus deudas en este proyecto ya que creo que no pueden estar fuera de él.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr. del Caño.- Señor presidente: como ya lo hemos señalado estamos hoy ante una sesión muy importante porque con el voto de los bloques mayoritarios hoy en esta Cámara se aprestan a legitimar y legalizar una de las mayores estafas al pueblo argentino: la deuda que se contrajo durante el gobierno de Mauricio Macri y los canjes del 2005 y del 2010, como están mencionados en el proyecto, que fueron el salvataje de los bonos de una deuda que históricamente tiene su ilegitimidad y su ilegalidad en la dictadura genocida de Videla.
La diputada Carrió mencionó el fallo del juez Ballestero a partir de la denuncia de Alejandro Olmos que detectó 477 maniobras ilegales cuando la dictadura estatizó la deuda de los grandes empresarios, entre ellas, las de la familia Macri. Dice que ella denunció el megacanje. Bueno, eso explica las volteretas de Carrió: lo que antes denunciaba ahora lo practica, porque no me va a decir que por ejemplo el bono a 100 años emitido por Caputo a favor de Noctua no es tan escandaloso como lo fue el megacanje.
Como dije anteriormente, cuando nos respondió la diputada Carrió, la izquierda es la única fuerza que de manera consecuente viene planteando su rechazo a este mecanismo de sometimiento de todo el pueblo argentino.
Desde el año 1983 a esta parte, todos los gobiernos han aceptado pagar la deuda utilizando un mecanismo por el cual pagamos cada vez más y seguimos debiendo más. Debemos aproximadamente 350.000 millones de dólares y hemos pagado más de 600.000 millones de dólares en las últimas décadas.
Por otro lado, respecto de la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda, hay un concepto que ha acuñado el derecho internacional que es el de deuda odiosa, para referirse a las deudas ilegítimas ‑no solamente a las contraídas por gobiernos de facto o por dictaduras sino también por gobiernos constitucionales‑, que hace referencia a que quienes son beneficiados –los bonistas‑ saben que esa deuda no es a favor del pueblo y que no va a beneficiarlo. Además, se usan mecanismos escandalosos, como los utilizados en el endeudamiento asumido por el gobierno de Macri. Me refiero –y lo hemos mencionado‑ no solo al bono a cien años sino también al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está íntimamente relacionado con lo que estamos discutiendo hoy, porque justamente por ese endeudamiento se celebró un pacto a espaldas del pueblo que ni siquiera se discutió en el Congreso.
Como ya dijimos, muchos de quienes hoy forman parte del oficialismo antes presentaron denuncias penales, pero hoy se callan la boca y dicen que hay que pagar, recurriendo a la buena fe. Parece que la moda ahora es la buena fe que tienen estos grandes fondos, que realmente son buitres y los principales tenedores de la deuda Argentina, como BlackRock, que es uno de ellos.
Acá estamos discutiendo la prioridad que tiene este gobierno y esta es la segunda vez en un mes que nos trae un proyecto cuyo objetivo principal es la sostenibilidad de la deuda. Se trata de un proyecto que propone cumplir con los acreedores, mientras se plantea, por ejemplo, algo que hemos escuchado muchas veces de parte del oficialismo en el sentido de que ahora el jubilado que gana 20.000, 30.000 o 40.000 pesos, que gana un poquito más que la mínima, es un privilegiado que tiene que ser solidario con aquel que está aún peor, o que los trabajadores que ganan un poco más tienen que ser solidarios con los que ganan menos. Asimismo, se dice que no habrá más cláusula gatillo, pero se ha aumentado fenomenalmente el monotributo, afectando de este modo a muchos trabajadores que son víctimas del fraude laboral. Y así podríamos seguir mencionando la caída del salario, el ajuste en las jubilaciones, etcétera.
Cuando escucho todo esto de parte del oficialismo me acuerdo de un vecino peronista que siempre me decía “venite con nosotros que somos los que les sacamos a los ricos para darle al trabajador”. Me pregunto qué dirá ahora, cuando el peronismo del siglo XXI nos plantea que hay que sacarle al laburante, al jubilado que gana un poquito más, para darle a otro que está aún peor, sin tocar los intereses de los grandes empresarios a los que se continúa beneficiando. En este sentido, no se tocaron los bancos, se bajaron las retenciones a las mineras y a las petroleras y se eliminó el impuesto a la renta financiera. Ese parece ser el modelo del peronismo del siglo XXI.
Fíjense cómo está ordenada la política del nuevo gobierno en función de garantizar el pago a los especuladores de esta deuda fraudulenta, ilegal e ilegítima, que la política internacional también está condicionada. Esto lo hemos comprobado, por ejemplo, a través de los gestos complacientes que ha tenido el nuevo gobierno hacia los Estados Unidos en lo que se refiere al conflicto con Irán y con Venezuela, a la reciente visita a Israel por parte del presidente Alberto Fernández. Hasta Mike Pompeo elogió la política internacional del gobierno argentino. Miren si no hay un cipayismo detrás de esta política.
Uno de los temas principales que se nos plantean en este proyecto es seguir por el mismo camino de todos los gobiernos, es decir, por el camino de la prórroga de jurisdicción, que significa ni más ni menos que entrar a jugar el partido que ellos quieren: el reconocimiento de esta deuda ilegítima y la negociación con los acreedores, en la que cualquier litigio será resuelto en Nueva York o en Londres, con jueces como Griesa, que ya sabemos para quiénes juegan. Ya lo hemos visto con la medida escandalosa adoptada en 2016 en relación con los fondos buitre, que la gran mayoría de los bloques de este Parlamento votó a favor, pero que el Frente de Izquierda rechazó.
Esta prórroga de jurisdicción y la renuncia a oponer la inmunidad soberana, es escandalosa, pero nos hablan de soberanía, de recuperar el sostenimiento del pago de la deuda, etcétera. Antes decían “patria o buitres” y ahora nos dicen que tenemos que confiar en la buena fe de los buitres y, además, que vamos a jugar con el árbitro comprado directamente por estos buitres, que son los tribunales extranjeros.
Acá hay un acuerdo muy claro entre los bloques mayoritarios y por eso uno de los líderes de la oposición, como el diputado Cornejo, dijo que era prácticamente imposible no votar a favor de esta iniciativa. A confesión de parte, relevos de prueba; acá lo vemos muy claro, por si a alguien le queda alguna duda de por qué esto es una estafa. Los que llevaron adelante este endeudamiento, esta gran estafa...
Sr. Presidente (González).- Señor diputado: le pido que vaya terminando.
Sr. del Caño.- Ya finalizo, señor presidente.
Decía que quienes llevaron adelante este endeudamiento, esta gran estafa, son los que van a votar junto a los que se precian de ser los pagadores seriales de las estafas.
Nuestro planteo, siempre consecuente con la posición de la izquierda, es el rechazo a este proyecto de ley, a esta deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Esos recursos deben destinarse a la educación pública, a la salud pública, a generar empleo, a aumentar los salarios y las jubilaciones. En fin, esto sería parte de un conjunto adecuado de medidas para que esta crisis la paguen los que la generaron, es decir, los grandes grupos económicos y no la clase trabajadora y el pueblo, como nos quiere imponer este gobierno.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada del Plá, por Buenos Aires.
Sra. del Plá.- Señor presidente: a esta altura de la sesión ya podemos ir sacando algunas conclusiones. Efectivamente, no estamos frente a un debate del Congreso para involucrarnos en el tema de la deuda, sino que estamos frente a un pacto político entre el oficialismo y la oposición para darles garantías a los bonistas, a los bancos y al FMI, como acá reclamó la diputada Carrió. Su fervorosa intervención nos ahorra muchas palabras sobre la magnitud de ese acuerdo político y su objetivo: tranquilizar al Fondo, tranquilizar a los acreedores y decirles que no hay problema, que en cualquier condición esta deuda se va a pagar.
En consecuencia, aquí se está tratando de introducir un concepto que hay que erradicar de plano; me refiero al concepto de que para salir de la pobreza hay que pagar la deuda. Este es un planteo completamente absurdo y mentiroso; es una estafa como la propia deuda. El pago de la deuda, su renegociación, inexorablemente nos lleva a una nueva quiebra nacional. Sin embargo, en el camino se van a intentar todo tipo de ajustes, como ya se han empezado a considerar. De todas maneras, ese sacrificio nacional no nos va a evitar el quebranto, porque la deuda es impagable.
Es mentira que acá se está votando un mandato, tal como trataron de presentar algunos diputados del oficialismo. De ninguna manera. Acá se está votando un cheque en blanco, y eso es lo que dicen todos los proyectos. Algunos quieren que les traigan el plan, pero no lo van a lograr porque la cuestión consiste en ver hasta qué punto convencen a los acreedores y logran un acuerdo para, en función de eso, ordenar todo lo demás.
¿A quién quieren convencer de que se va a recuperar la soberanía de las cuentas nacionales? Cabe señalar que ni siquiera pudieron presentar un presupuesto, porque lo harán después de negociar con los buitres. Es un escándalo y, como tal, lo presentan en boca de los que alguna vez han revistado en el progresismo, para tratar de que la estafa y la distracción sean todavía mayores. No cuenten con el Partido Obrero ni con el Frente de Izquierda; por el contrario, vamos a reforzar la campaña de denuncias respecto de lo que significa este nuevo sometimiento nacional, este canje que legaliza una deuda ilegal, fraudulenta y usuraria, que va de la mano de la suspensión de la actualización jubilatoria, de esta idea de que los jubilados que apenas superan la mínima se la tienen que bancar y de que los trabajadores no nos excedamos al pedir que los salarios superen no digamos ya la canasta básica familiar sino la canasta de pobreza, porque serían reclamos desmedidos.
Es un escándalo lo que se pretende presentar a la población, porque claro, los trabajadores sí pagamos nuestras deudas; los que no las pagan son los capitalistas, que luego con los amigos del gobierno obtienen exenciones impositivas y perdones en sus deudas. Esto vale para todos los gobiernos que han pasado por las distintas instancias.
Los trabajadores pagamos nuestras deudas y nos vienen haciendo pagar década tras década las deudas que contraen las patronales y todos los amigos que luego ocupan cargos en los gobiernos.
Esto hay que decirlo muy claro: ni mandato ni recuperación de la soberanía; sometimiento nacional a fondo. Y acá quiero mencionar dos temas. Uno es que esto es un fenómeno mundial, tal como lo dije ayer en la comisión. El mecanismo de sometimiento y de exacción de los pueblos no es solo de la Argentina, es un fenómeno mundial. Cada uno de los 7.700 millones de habitantes del mundo deberíamos 32.500 dólares, dado que el negociado de los bancos y de los especuladores tiene un carácter internacional.
Digo “deberíamos” porque quieren introducir un nuevo concepto de capitalismo. Según ellos el capital no es una cosa sino una relación social. Por lo tanto, el reclamo de pago de la deuda vale en tanto la reconozcamos. ¿Por qué cuando empieza el riesgo de default baja el precio de los bonos? Porque los propios bonistas saben que si un pueblo se levanta para defender sus recursos, sus derechos, su presente y su futuro, no hay buitre ni fondo ni banco que pueda con él.
Eso es lo que acá tenemos que discutir: el sometimiento nacional por las próximas décadas o romper definitivamente con ese concepto. Lo que acá se está haciendo, y muy bien lo dijo mi compañero Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, es delinear toda la intervención en este sentido que se ve en el plano internacional.
Luego vamos a discutir el tema de las tropas. Que acá no existe ninguna soberanía lo demuestra no solo que la diputada Carrió no quiere que se diga nada porque teme no sé qué juicio, sino que los propios funcionarios, el canciller Solá y otros, han obligado a modificar incluso algunas medidas de política internacional que se querían tomar, como quitar a Hezbollah de la lista de agrupaciones terroristas, que había sido incluida por reclamo del imperialismo norteamericano y de Trump. Y resulta que retrocedieron por la sencilla razón de que no quieren generarse problemas innecesarios. ¿Y la soberanía dónde está?
¿Dónde quedó la independencia nacional? Quedó en las oficinas del FMI y del gobierno norteamericano, como así ha quedado la Justicia argentina, porque como muy bien dijo ayer el subprocurador del Tesoro, muy instructiva su intervención, “los bonos del 2005, los del 2010, los del 2016 y estos de ahora, todos son bajo jurisdicción extranjera”. O sea, el kirchnerismo, el macrismo y ahora el Frente de Todos fijaron la sede de la Justicia en los Tribunales de Nueva York.
Esta es la expresión más cabal del cipayismo, y el Frente de Izquierda plantea que hay que investigar la deuda, desconocer todo lo que de ella es ilegítima, ilegal, usuraria y fraudulenta, que es la enorme mayoría, y proceder a utilizar esos recursos para el desarrollo de un programa integral al servicio de los trabajadores y las trabajadoras de este país, que somos los que ponemos en pie la verdadera riqueza, y no los banqueros y las patronales, que son los que viven a costilla de todos los demás.
Sr. Presidente (González).- Hemos terminado el segmento correspondiente a los bloques políticos y damos comienzo al segmento de los oradores individuales.
Tiene la palabra la señora diputada Aparicio, por Buenos Aires.
Sra. Aparicio.- Señor presidente: la crisis económica y financiera que estamos viviendo es compleja y el endeudamiento ha sido absolutamente vertiginoso producto del endeudamiento abultado asumido durante el gobierno del presidente Macri, fundamentalmente durante los primeros dos años, en que se emitieron bonos en dólares bajo legislación extranjera. Tal como hemos estado diciendo, la deuda externa creció un 50 por ciento desde el 2015. La tasa de interés fue mayor y además la deuda se tomó a corto plazo.
Debido a eso se alentó el ingreso de capitales golondrinas que entraban y salían rápidamente del país. El endeudamiento ha sido tan desaforado que se llegó a emitir un bono a cien años.
Durante 2018 la incertidumbre del mercado respecto al modelo económico del macrismo se transformó en convicción. Entonces comenzaron a salir los capitales, se produjo una gran devaluación del tipo de cambio, y además el gobierno de Macri sin poder mostrar ningún índice positivo tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, y lo hizo sin pasar por este Congreso.
Dentro del reglamento con el que se maneja el Fondo Monetario Internacional se dispone que la deuda de un país emergente se torna riesgosa cuando supera el 50 por ciento de su PBI, y cuando tiene que refinanciar más del 15 por ciento de su deuda ya es considerado de riesgo.
¿Por qué entonces el Fondo Monetario nos prestó ese dinero cuando en ese momento, en 2018, el ratio era del 86 por ciento respecto del PBI? Además, nos prestó el 61 por ciento de su cartera, un crédito nunca visto a nivel mundial, excepto con González Fraga en el Banco Nación, que dio un préstamo de hasta el 20 por ciento de la cartera.
En ese contexto el presidente Macri se presentó nuevamente a elecciones. Yo me pregunto cómo pensaba pagar la deuda que acababa de “defaultear” en ese momento, siendo que además tenía acumulados vencimientos a corto plazo. ¿Qué es lo que prometió al Fondo Monetario Internacional?
La deuda pública externa en el año 2015 era del 52 por ciento del PBI. En el 2019 pasó a ser del 92 por ciento. O sea, no había forma de hacer repagos en divisas. Es evidente que el organismo internacional jugó fuertemente a favor de los inversores internacionales a sabiendas de que ya en el año 2018 el país era insolvente para pagar la deuda.
Esto significa que hay una responsabilidad del organismo internacional que debe contemplarse en la negociación.
El Fondo otorgó un crédito de 57.000 millones. El primer tramo comenzó a entregarse en junio de 2018. Para agosto de 2019, apenas un año después, ya se había fugado del país el 50 por ciento de la deuda privada externa.
Cuando un país soberano pierde la capacidad de libre determinación, generalmente necesita cómplices adentro. Para ello los intereses internacionales usan dos métodos: uno es la guerra y el otro es el endeudamiento por encima de la capacidad de pago de un país. De los 103.000 millones de dólares que se deben de deuda nueva, en cuatro años se fugaron 93.000 millones, es decir, más del doble de las reservas que recibió el presidente Alberto Fernández.
La administración anterior gobernó para beneficio de unos pocos, a espaldas del Congreso y en contra de los argentinos, y sostuvo una política económica a base de un endeudamiento brutal. No dejaron nada, no invirtieron, no compraron una máquina. Además, recuerdo que el exjefe de Gabinete venía a este Congreso y nos decía “Háganse cargo”.
Bueno, nos estamos haciendo cargo de esa deuda, como siempre lo hizo el justicialismo después de que gobernó el neoliberalismo destruyendo y condenando a millones de argentinos a la pobreza.
En resumen, apoyaremos el proyecto de ley que refuerza la ley de administración financiera, y esperamos que el resto de la oposición acompañe, en esta situación tan delicada en la que se necesita sostenibilidad para poder pagar la deuda, para crecer, para poder exportar y terminar este círculo de endeudamiento y default que lo único que hace es sacar fuera los excedentes de la Argentina.
Sr. Ferraro.- Pido la palabra para hacer una aclaración.
Sr. Presidente (González).- Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Ferraro.- Señor presidente: sin pretender entrometernos en las alocuciones de diputados o diputadas preopinantes, quiero plantear que aquí estamos frente a una continuidad jurídica del Estado; que la reestructuración de deuda que hoy estamos debatiendo tiene que ver no solo con los cuatro años correspondientes al gobierno del expresidente Mauricio Macri sino que es una deuda externa que viene desde el año 2005.
En el marco de esa continuidad jurídica, como todos queremos que a la Argentina le vaya bien en las negociaciones que está emprendiendo el ministro de Economía y su equipo en el exterior, pido responsabilidad a la hora de ciertas alocuciones con respecto a lo que estamos discutiendo en esta materia, producto de lo que cada uno de nosotros vamos a sostener.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra. Jetter.- Señor presidente: quiero tocar un tema del cual no se habló. En realidad, ayer un diputado preguntó al respecto, pero nadie le respondió. Me refiero al texto del artículo 4° del proyecto de ley que estamos debatiendo.
Me parece importante que el pueblo, al cual representamos, sepa lo que dice dicho artículo: “Autorízase a la autoridad de aplicación a realizar todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, incluyendo sin limitación:”. Y, dentro de los diferentes incisos que se enumeran, quiero detenerme el c), que dice: “Designar instituciones y/o asesores financieros para que actúen como coordinadores en la estructuración;”. Me gustaría que fueran los bancos públicos y los propios funcionarios públicos los que lleven adelante esta negociación y esta reestructuración.
En el inciso e) dice que estamos delegando a la autoridad competente “aprobar y suscribir contratos con entidades y/o asesores financieros para que presten los servicios enumerados en los incisos precedentes, previéndose para ello el pago de comisiones en condiciones de mercado…”. Si bien ponen un tope, que es del 0,1 por ciento; si bien se dice que se va a dar participación a la SIGEN, la verdad es que me duele que hace un mes hayamos votado una ley de solidaridad, de emergencia, y hoy estemos abriendo la jugada para pagar fortunas a gente que se va a dedicar a renegociar nuestra deuda.
Asimismo, estamos delegando la facultad de “aprobar y suscribir contratos con agentes fiduciarios, agentes de pago, agentes de información, agentes de custodia, agentes de registración y agencias calificadoras de riesgo y/o aquellos agentes que resulten necesarios tanto para las operaciones de administración de pasivos como de emisión y colocación de nuevos títulos públicos, previéndose el pago de los correspondientes honorarios y gastos en condiciones de mercado”.
Hago esta lectura para que la gente lo sepa. He consultado con los asesores y todos me han dicho que esto se puede hacer desde el Ejecutivo incluso sin esta norma. También me han dicho que siempre se hizo, pero confieso que esto me huele a curro. Si somos un país que está en emergencia, que pide solidaridad, que congela los haberes a los jubilados, no podemos darnos estos lujos. Me parece que debemos cambiar esta modalidad. Si no tenemos funcionarios públicos competentes para llevar adelante todas estas negociaciones y reestructuraciones, hagamos una convocatoria solidaria y estoy segura de que habrá entidades y asesores financieros que se prestarán a brindar este servicio a la Nación.
También quiero hacer hincapié en el artículo 5°, que dice: “Exímese a las operaciones comprendidas en la presente ley del pago de todos los impuestos, incluido el impuesto al valor agregado, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, que puedan aplicarse a las operaciones contempladas en la presente ley.” Siempre nosotros nos excluimos. Esto es como saber que, en realidad, los impuestos son impagables, pero al privado no lo eximimos.
Realmente, estos dos artículos me parecen muy difíciles de aceptar. De todas maneras, acompañaremos el proyecto en general, pero sentí la obligación de hacer conocer al pueblo de la Nación Argentina que el Congreso está votando un proyecto de ley que incluye estas disposiciones. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Hagman.- Señor presidente: obviamente, no es una buena noticia que estemos discutiendo la situación de la deuda externa argentina de esta manera; que tengamos que enfrentar un proceso de reestructuración de deuda, de renegociación, sobre todo considerando los antecedentes históricos de nuestro país, con las sucesivas crisis de deuda que hemos atravesado. Uno creía que podíamos haber aprendido una lección en relación con el rol que juega el endeudamiento externo y la manera de utilizar esta herramienta para que sea conveniente a los intereses nacionales. Pero a nadie escapa que si estamos discutiendo esto acá no es por un capricho del Poder Ejecutivo nacional. Esto es una situación derivada de una tremenda crisis económica y social, y también de deuda. En rigor histórico, la necesidad de redefinición del pago de compromisos externos comenzó en el gobierno anterior con el famoso reperfilamiento. Por ello, creo que la situación de crisis de deuda debe ser abordada con mucha seriedad.
Se dijo recién que estamos tratando sobre deuda emitida en 2005, 2010, etcétera. Cuando el stock de deuda de un país se torna impagable, la crisis de deuda no es el problema del pago de un bono en particular sino del conjunto de la deuda. Si uno toma los vencimientos de capital e intereses del período 2019-2023 ‑es decir, estos cuatro años‑, el 85 por ciento corresponden a bonos emitidos bajo el gobierno de Macri. No hace falta ser experto en economía para saber que si no podemos pagar la deuda, no es responsabilidad del 15 por ciento restante. Obviamente, hay responsabilidades diferenciadas.
Pero no es necesario que me crean a mí. El propio expresidente de la Nación lo reconoció hace poco en un famoso video en el que dijo que tomamos deuda de manera descontrolada. Y también lo reconoció el exministro de economía, Nicolás Dujovne, en otro video ‑que seguramente muchos y muchas habrán visto‑, cuando dijo que, en 2015, la Argentina partió de una situación de bajo nivel de endeudamiento que, justamente, posibilitaba tomar deuda de manera descontrolada, como se hizo en estos últimos cuatro años. Es decir, en 2015 la Argentina tenía un bajo nivel de endeudamiento y ahora tenemos una deuda imposible de pagar.
No hace falta que me crean a mí; no hace falta que le crean al actual presidente de la Nación o al actual ministro de Economía: lo dijeron Dujovne y Macri; créanles a ellos. Entonces, hay responsabilidades diferenciadas.
Reitero que el problema no es solamente el tamaño de la deuda, sino también su composición. Estamos frente a un exorbitante e irresponsable endeudamiento, fundamentalmente en moneda extranjera. Se contrajo con el argumento de que era más barato endeudarse en dólares que en pesos, pero hoy es para todos evidente que no es lo mismo.
Además del tamaño y la composición de la deuda, el problema radica en el aislamiento de la Argentina respecto de los mercados financieros internacionales, situación que le impide renegociar la deuda. Nos decían que nos iban a reinsertar en el mundo, pero nos dejaron en un aislamiento absoluto.
Ahora bien, además del tamaño y la composición de la deuda, y el aislamiento respecto de los mercados financieros internacionales, el problema es la funcionalidad del endeudamiento externo. ¿Para qué se usaron los dólares que ingresaron a la Argentina en concepto de deuda? ¿Para inversiones que permitiesen mejorar la capacidad productiva y exportadora, a fin de conseguir divisas para pagar aquella deuda? No. ¿Se utilizaron en inversiones públicas tendientes a mejorar los bienes y servicios que necesita la población, como por ejemplo hospitales y escuelas? No.
Nueve de cada diez dólares que ingresaron por deuda externa tuvieron como destino el financiamiento de uno de los procesos más intensos de fuga de capitales que vivió la historia argentina.
Nosotros, como Congreso Nacional, debemos empezar a discutir sobre estas cuestiones. Necesitamos saber cómo fue ese proceso escandaloso de fuga de capitales y por qué el Banco Central lo avaló.
¿Existen grupos económicos aliados al gobierno anterior que, durante los dos primeros años, hicieron negocios con bonos con altas tasas de interés y luego fugaron dólares baratos de la Argentina? Es preciso que investiguemos.
El proyecto en consideración, obviamente es mucho más acotado ya que permite iniciar un proceso de renegociación con un sector de los acreedores privados: los bonistas con títulos emitidos bajo jurisdicción extranjera.
Todos estamos de acuerdo en que la Argentina necesita llevar adelante la mejor negociación posible. La sostenibilidad de la deuda, como dice el proyecto de ley en tratamiento, no es un fin en sí mismo. Una deuda sostenible no es solo aquella que se puede pagar; es la que resulta ser compatible con la reactivación productiva, el mejoramiento de los indicadores sociales básicos y la autodeterminación económica y financiera de la Argentina.
En otras palabras, la sostenibilidad de la deuda es un medio para reactivar la economía, atender las necesidades sociales de los sectores más postergados y recuperar la soberanía económica de nuestro país. Por eso este proyecto es tan importante: porque muestra con qué orientación política el gobierno negociará la deuda.
Estas son las razones y los postulados que nos llevan a acompañar la iniciativa en consideración. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Casas, por La Rioja.
Sr. Casas.- Señor presidente: por supuesto, hablar sobre la deuda nos retrotrae en la historia hasta la conformación de nuestra República, cuando Bernardino Rivadavia, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, tomó aquel empréstito de la Baring Brothers. A partir de ahí, se fueron sucediendo los hechos.
Ahora bien, contraer una deuda con un fin razonable y que, según los costos y la oportunidad, significa crecimiento y desarrollo para un país, es una cuestión. Pero tomar una deuda para destinarla a la fuga de capitales y a la especulación financiera, como se hizo en los últimos cuatro años, lógicamente nos lleva a la conclusión de que es necesario sancionar este proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública y también la firma de un nuevo consenso fiscal, en el marco del cual muchas veces fuimos sometidos.
Por supuesto, adherimos a esta iniciativa porque es necesario que el señor presidente, Alberto Fernández, cuente con las herramientas que le permitan sentar las bases para el desarrollo, el crecimiento y la recuperación de los dólares genuinos que posibiliten que la Argentina incursione en el mundo y sufran menos nuestros trabajadores.
En el transcurso de la sesión se aludió a la provincia de La Rioja. Me tocó gobernarla durante los últimos cuatro años y puedo afirmar que el conjunto de las provincias, muchas veces se vio sometido.
La provincia de La Rioja emitió un “bono verde” para desarrollar un parque eólico. Es decir que ese bono se tradujo transparentemente en esa obra que se convirtió en una de las principales generadoras, por ser una empresa del Estado.
Por otro lado, la provincia de La Rioja también predica el federalismo con sus departamentos, ya que es la primera vez que tiene una ley de coparticipación municipal. Entiendo que en este recinto se puedan decir tantas otras cosas, pero no puedo dejar de señalar que los sucesivos gobiernos de mi provincia han procedido con total transparencia y honestidad.
Invito a los diputados y senadores de La Rioja a que luchemos por aquello que le fue arrebatado hace más de treinta y un años: ese punto de la coparticipación federal que la obliga a andar peregrinando una y otra vez. Como me pasó a mí, el nuevo gobernador debe ir de un despacho a otro para recuperar esos fondos. No en vano la provincia de La Rioja tiene que luchar por ese punto de la coparticipación federal.
Como comenté anteriormente, en este recinto se aludió a mi provincia y se cuestionaron algunos dichos. Por eso, reitero, quiero aclarar con profundo respeto que se ha procedido de manera totalmente transparente y que La Rioja no renunciará al federalismo ni a esos recursos que le son propios porque de ahí come su gente, sus jubilados y se atienden los servicios esenciales.
Una vez más digo que el bono emitido por la provincia de La Rioja tuvo como destino una obra que será un orgullo no ya para los riojanos sino para todo el país, como el presidente Macri hizo alusión en varias propagandas.
Venimos a este recinto a propiciar una herramienta fundamental para que todos los argentinos, a través de la unidad y el federalismo, podamos forjar un destino mejor no solo para mi provincia sino para todo el país. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado De Lamadrid, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. De Lamadrid.- Señor presidente: es claro que el país debe renegociar la deuda del mejor modo posible, pero la participación del Congreso de la Nación no debe estar limitada a otorgar una autorización para que se lleven adelante las negociaciones.
Cuando discutimos la ley de emergencia económica, sostuve que el gobierno debía presentar un presupuesto, un plan económico y una proyección.
Ahora bien, con esta segunda iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se produce una situación paradojal. En virtud de aquel primer proyecto, quitó facultades al Poder Legislativo; ahora, envía otro que no es necesario ni imprescindible y tampoco hace falta para llevar adelante la negociación de la deuda. Es una paradoja muy grande.
En realidad, lo que persigue el gobierno con la sanción de este proyecto de ley es una fortaleza política que no tiene frente a la desconfianza externa que él mismo generó desde su triunfo en las PASO.
Resulta claro que los mercados, los acreedores y los inversores no confían en el gobierno. Ahonda esta situación la improvisada gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires y la incertidumbre que le ha agregado acerca de si el país y la provincia pagarán la deuda. Lo único que ha logrado todo esto es minar la credibilidad y la confianza del gobierno; ha logrado de alguna manera espiralizar la desconfianza. La desconfianza es política. Está claro que para 2020 hay que aliviar la carga financiera del Estado, la carga financiera a corto plazo. ¿Pero cómo se intenta lograr? ¿De qué manera? Con un feroz ajuste impositivo, con un gran ajuste jubilatorio, pero sin presentar un presupuesto y ningún plan económico.
Entonces, más allá de la colaboración, de la disposición y de estar en una situación de responsabilidad frente a este tema que abarca a todo el arco político y a todos los gobiernos, nos planteamos algunas preguntas: ¿quién maneja la estrategia del país en la renegociación de la deuda? Nos preguntamos esto porque existe una gran discordancia entre lo que plantea el presidente, su vicepresidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Por un lado hay gestos moderados y por otro lado hay endurecimiento, lo cual realmente confunde al mercado. El mundo mira todas estas discordancias y realmente se pregunta si lo que se viene en el gobierno es una puja interna que se va a dar entre dos andariveles: el de la ineptocracia y el ya conocido de la cleptocracia.
La deuda pública externa exige responsabilidad de todos; es una deuda con bonistas de títulos de 2005, de 2010 y luego de 2016 en adelante con el Fondo Monetario. Realmente tenemos malos antecedentes en las negociaciones de la deuda. No nos olvidemos del pago indebido de 9.600 millones al Club de París, del pago por la expropiación de Repsol YPF y del pago que se hizo de más por Aerolíneas. Repito que no es una deuda de un solo gobierno.
Debemos tener responsabilidad, porque hoy en la política se plantea una situación entre querer ser popular y querer ser responsable, y la verdad que querer ser popular de manera irresponsable es ser populista.
Debemos tener en cuenta que la deuda no es solo lo que tenemos que pagar: también es lo que dejamos de tener como país durante todos estos años y lo que tenemos que reponer. Ya nos pasó en el año 2015 al tener que reponer el stock de infraestructura, el stock ganadero y las reservas energéticas. Todo eso costó cerca de 79.000 millones de dólares. Y ni hablar de la deuda oculta de ese gobierno cuando el presidente Macri llegó al poder en 2015.
Entonces, para cerrar, debemos realizar la mejor negociación posible. Pero si el Congreso participa y de alguna manera brinda esta autorización, también es necesario que podamos participar en el seguimiento de las negociaciones y en el control, porque eso le dará más transparencia y de alguna manera será algo importante para este tema tan sensible como es el de la deuda pública externa. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Rauschenberger, por La Pampa.
Sr. Rauschenberger.- Señor presidente: a fines del año pasado estábamos en este recinto tratando en sesiones extraordinarias un proyecto de ley de emergencia, uno de cuyos puntos fue la recuperación de la sostenibilidad de la deuda pública.
Ese día se dijo que el Congreso se cerraba, que a partir de esa ley no habría más discusión parlamentaria en la Argentina. Pero hoy, a pocos días de esa sesión, estamos tratando nuevamente en sesiones extraordinarias un proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública argentina.
Es necesario valorar el gesto de nuestro presidente de traer esta discusión al Parlamento, pero también cabe señalar que desde enero de 2002 –como aquí se manifestó‑ el Congreso no se reunió para tratar este tema, lo cual es un síntoma de la gravedad de la situación en la que se encuentra hoy nuestro país.
Ese gesto político del presidente no solamente es hacia el Congreso sino particularmente hacia la oposición. Creo que amerita que tengamos racionalidad y que tomemos una decisión que fortalezca no solo al presidente sino a toda la Argentina para llevar adelante la negociación.
Estamos hablando de una norma necesaria porque no es suficiente la ley de solidaridad social por la cual facultamos al gobierno a hacer las gestiones necesarias e informar al Congreso, porque hay que fijar los lineamientos, los parámetros bajo los cuales se debe desarrollar esa negociación, y esto es lo que establece el presente proyecto de ley.
Quiero destacar un aspecto que tiene que ver con las comisiones que autoriza el proyecto, donde establecemos un límite del 0,1 por ciento, cuando en el año 2016 fue del 0,2 por ciento, o sea el doble, y en el caso del megacanje, del 1,5 por ciento.
Tal como lo dijo nuestro presidente, tenemos voluntad de pago, pero para eso debemos tener capacidad de pago, la cual se genera a partir del crecimiento y de la posibilidad de generación de divisas.
Como aquí se ha dicho –y quiero reforzarlo‑ el tema de la sostenibilidad lo planteamos en el marco de los principios fijados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su punto 9 se hace referencia a la sostenibilidad de la deuda pública y en su último párrafo dice “respetando los derechos humanos”. Los derechos humanos son al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, es decir, esos derechos que deben ser tenidos en cuenta para que no solo tengamos sostenibilidad en la deuda sino sustentabilidad social, sustentabilidad interna, o sea con los argentinos adentro, como lo dice nuestro presidente.
¿Por qué decimos que hoy hay insostenibilidad de la deuda? Escuchaba aquí que el proyecto contempla el canje de 2005, de 2010 –es cierto‑ y que también contempla los vencimientos a partir del año 2016. Pero en la Argentina sucedieron cosas, y fueron particularmente los últimos cuatro años los que desencadenaron que hoy nos encontremos en la situación crítica actual.
Voy a reflejar esto con algunos datos para que el argentino de a pie lo entienda. En septiembre de 2019 los tenedores de deuda en moneda extranjera tenían 154.000 millones de dólares, o sea, el 50 por ciento de la deuda. En 2015 esta cifra era del 28,5 por ciento, o sea que prácticamente se duplicó. Hemos vuelto a que el peso de la deuda externa sea el mismo que el del año 2005, antes del canje de deuda.
Como se dijo acá, en 2015 el peso de la deuda ascendía al 52 por ciento del producto bruto, mientras que hoy estamos en el 91 por ciento. ¿Por qué? Producto del brutal aumento que tuvo esa deuda, cuya composición también cambió y creció en dólares. Todos sabemos lo que sucede cuando en la Argentina hay una devaluación: eso repercute directamente en el aumento de la deuda.
También cambió la composición en cuanto a los tenedores: cada vez hay más tenedores extranjeros. Hubo un aumento del 227 por ciento en los tenedores extranjeros.
Por otro lado, quiero también resaltar que este es un tema de responsabilidad de todos, del oficialismo y de la oposición, respecto del cual creo que debemos tomar la mejor decisión para tener la mejor norma posible a fin de lograr la mejor negociación posible.
En ese sentido, creo que estamos votando un proyecto que tiene congruencia constitucional, que respeta la facultad del Congreso Nacional, que contempla la defensa del patrimonio nacional y que también contempla los lineamientos que fija el derecho público internacional. Esos serán ser los pilares para lograr una negociación exitosa que nos permita iniciar un sendero de crecimiento con inclusión para todos los argentinos y argentinas.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Contigiani, por Santa Fe.
Sr. Contigiani.- Señor presidente: estamos ante un tema en el que creo que nadie puede tirar la primera piedra en la Argentina, como he dicho en otra oportunidad.
A unos y a otros espacios políticos nos toca la responsabilidad de haber conducido los destinos del país ‑el tema de la deuda así lo refleja‑ en una dinámica que tiene cuatro o cinco eslabones negativos, que trajo consecuencias económicas y sociales muy duras en la Argentina.
El primer eslabón está determinado por el déficit. El segundo, por el endeudamiento encadenado a él. El tercero, por la fuga de capitales atada a ese déficit y al endeudamiento de la Argentina. Y el último, por el ajuste que recae sobre la mayoría de nuestro pueblo.
Esta es la dinámica negativa y frustrante en la que el debate sobre el tema de la deuda externa y el endeudamiento argentino refleja a la clase política de nuestro país. Lógicamente, no me hago el desentendido. Sé muy bien que en esta historia algunos han sido cómplices y se han visto beneficiados, mientras que otros no.
Todos debemos asumir que lo que ha estado ausente en la Argentina en los últimos cincuenta años –siempre digo que esto ocurrió desde la década del setenta hasta el presente- ha sido un proceso de desarrollo industrial de nuestro país. Señalo esto porque precisamente en esa década culminó el último gran proyecto industrial de la Argentina y desde entonces no se ha formulado un nuevo proceso de desarrollo nacional.
Asimismo no se tuvo la capacidad de establecer políticas de Estado que nos pudieran conducir, mediante la determinación de acuerdos sociales y sectoriales, al sendero del desarrollo.
Por otra parte, se debe entender que a contramano del endeudamiento, de la fuga de capitales y de los déficit de cuenta exterior crónicos, en la historia del capitalismo no hay un solo ejemplo que no se haya forzado a partir de un excedente en la acumulación de un proceso interno.
Por ello, esto refleja la necesidad de dar un salto cualitativo hacia adelante en términos de políticas de Estado y de desarrollo.
Por otra parte, el proyecto en consideración no tiene, desde el punto de vista legal, un fundamento o razón de ser. Al respecto, deseo señalar que el artículo 65 de la ley 24.156, sancionada en 1992, establecía una delegación de las facultades del Congreso Nacional en relación con el tema de la deuda externa. Dicha norma fue utilizada por Domingo Felipe Cavallo para llevar a cabo los grandes megacanjes de deuda en los años 90, entre otras iniciativas.
También tenemos la Ley de Emergencia sancionada hace pocas semanas por este Parlamento, que hubiera permitido al gobierno nacional disponer de todas las facultades necesarias para reestructurar o iniciar un proceso de negociación de la deuda externa o de los presupuestos prorrogados.
Creo que lo que el oficialismo está tratando de hacer es buscar un respaldo institucional y político. En este sentido quiero establecer una diferenciación que para mí define mi voto como diputado nacional en este momento. La diferenciación radica entre dar un respaldo institucional y político o una continuidad jurídica a la hora de la negociación con los bonistas y otros organismos que se presentarán en el futuro, por un lado, y determinar el juicio de valor -del que hago expresa reserva- de este proceso que se iniciará a partir de la sanción del proyecto de ley en consideración.
Una cosa es brindar a la República Argentina el apoyo político y la fortaleza necesaria para encarar un proceso de negociación –creo que este es el único móvil de la iniciativa en tratamiento- y otra el juicio de valor de lo que se va a hacer. Me reservo ese derecho.
Quiero decir a algunos colegas y amigos del oficialismo que no canten victoria de antemano y que tienen la posibilidad de ser coherentes en la etapa de negociación que se va a iniciar. Cuando hablo de la posibilidad de ser coherentes estoy diciendo que en esa negociación se debe procurar que por primera vez el ajuste que se lleve a cabo en nuestro país recaiga sobre los sectores en los que tiene que recaer y no sobre los jubilados, los productores agropecuarios, las economías regionales, la clase media y los trabajadores.
En otras palabras, existe la posibilidad de ir a una negociación en la que se pueda preservar la soberanía nacional y reservar el mayor margen posible de política económica y monetaria para el corto, mediano y largo plazo.
Por eso digo que me reservo el juicio de valor, que expondré en el ámbito de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior de la Nación, cuando las cosas se estén decantando y desarrollando en ese proceso de negociación.
Estoy hablando de una facultad que el Congreso Nacional solo delega en el Poder Ejecutivo Nacional en el caso de los actos preparatorios de la negociación de la deuda externa. Pero el Parlamento nunca delegó la atribución de arreglar, como lo establece el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional, el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.
Sr. Presidente (González).- La Presidencia informa al señor diputado que ha finalizado el tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra, por lo que le solicita que redondee su exposición.
Sr. Contigiani.- Por eso digo que me reservo el juicio de valor para el futuro. Asimismo hay que estar muy atento en cuanto al tipo de negociación que se va a llevar a cabo.
Por último, deseo señalar que mi respaldo es a la República Argentina y constituye, al mismo tiempo, un llamado de atención a la totalidad del arco político, a fin de que de una vez por todas nos hagamos cargo de terminar con esta dinámica negativa y frustrante de déficit, endeudamiento, fuga de capitales y ajuste.
Sr. Presidente (González).- Le ruego que redondee su exposición, señor diputado.
Sr. Contigiani.- Ojalá seamos coherentes y nunca más volvamos a debatir una reestructuración de la deuda externa argentina, porque eso significará que nuestro país habrá transitado en serio por un modelo de desarrollo nacional que nos permita establecer las bases para el crecimiento de la Nación y la felicidad de nuestro pueblo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Víctor Hugo Romero, por Córdoba.
Sr. Romero (V.H.).- Señor presidente: sobre la base del análisis del proyecto de ley en consideración y comprendiendo la responsabilidad que debemos asumir, entiendo que tenemos que acompañar esta autorización para generar una negociación, a pesar de que, como se ha dicho, hay instrumentos legales que lo habilitan.
Quiero señalar algo que expresé en la reunión plenaria de comisiones celebrada ayer y que en mi opinión es positivo dejar establecido en la presente sesión: es bueno que como integrantes de la dirigencia política demos un mensaje en cuanto a las responsabilidades que hemos tenido respecto del tema de la deuda externa en cada uno de los diferentes gobiernos. Ello es así porque se trata de algo que también hace a la imagen y a la posibilidad de llevar a cabo una mejor negociación.
En la presente sesión he escuchado hablar de la responsabilidad del gobierno anterior. Al respecto quiero decir que soy miembro del radicalismo y no he compartido algunas cosas. No obstante, necesitamos que la totalidad de la dirigencia política asuma la responsabilidad correspondiente.
Si bien la deuda ha experimentado un incremento en los últimos tiempos, es producto de un déficit fiscal que los argentinos en general y la dirigencia política en particular no han podido solucionar. Ese déficit se ha visto incrementado en forma consecutiva, con excepción de la época correspondiente al gobierno de Néstor Kirchner, en la que tuvo la posibilidad de disminuir al registrarse un crecimiento del producto bruto interno como consecuencia de un incremento de los precios de los productos agropecuarios de la Argentina. En esa oportunidad el producto bruto de la deuda bajó al 35 por ciento, pero en 2016 subió al 53 por ciento.
De todos modos, nuestra responsabilidad consiste en que todos nos hagamos cargo de este tema y en el día de hoy demos una imagen en el sentido de que queremos modificar esta situación. Para ello hubiera sido positivo que el Congreso Nacional considerara previamente el proyecto de ley de presupuesto para el corriente año. Al respecto, entiendo que bajo ningún concepto nos podemos anticipar a la estrategia de negociación de la deuda externa. No obstante, sería bueno decir qué vamos a hacer con el dinero de los argentinos en el futuro. Me refiero a trabajar en el mejoramiento del déficit fiscal primario para lograr uno de carácter superavitario. Eso podría lograrse después del esfuerzo que están haciendo los argentinos a partir de la sanción de la ley de solidaridad, que generó un incremento de la presión tributaria equivalente al 2 por ciento del producto bruto interno.
Con esto y un trabajo tendiente a disminuir el gasto público se estaría dando una señal en el sentido de que la Argentina va a mejorar su política fiscal. Por supuesto que para ello necesitamos prorrogar los vencimientos de la deuda, pero el hecho de manifestar nuestra vocación de pago representaría un gesto de fortaleza importante. Comparto que hay que pagar, pero no con el esfuerzo de los argentinos sino con el crecimiento de la actividad económica. De todos modos, la solución no es incrementar los impuestos.
Antes de terminar, hay un tema que me preocupa, ya que estamos hablando del proyecto de ley de la restauración de la sostenibilidad de la deuda externa, al que no nos referimos: el seguimiento de la deuda nacional que representa el 55 por ciento del total. Ahí está el ahorro de los argentinos.
En este último tiempo hay vencimientos importantísimos y a partir de la sanción de esta ley tendremos la posibilidad de dar el mensaje de que vamos a renegociar para la defensa y la previsión del ahorro de los habitantes de nuestro país.
Lamentablemente, hoy estamos tratando un proyecto de ley bajo legislación extranjera, sin contemplar la de los argentinos. Sin embargo, es importante señalar que más del 76 por ciento de esa deuda, bajo legislación argentina, es con el sector público que está integrado por nuestros jubilados. Ahí están comprendidas muchas cajas previsionales que invierten en estos títulos para preservar su capital. Hoy no les estamos dando el mensaje a los jubilados de que vamos a pensar en ellos.
Por otra parte, el 31 de marzo tenemos vencimientos importantes de bonos atados al dólar y al CER. Asimismo, existe la deuda con el Club de París, de la que tampoco estamos hablando, como ocurre con tantas otras cosas. Reitero que el 31 de marzo, es decir dentro de unos pocos días, tendremos que pagar, y no sé si se redactará un nuevo decreto para prorrogar, de manera arbitraria, ese pago con el ahorro de los argentinos.
Entiendo que existe una situación de desequilibrio o inequidad con respecto a la ley extranjera que fija beneficios que la ley nacional no contempla. Entonces, cuando llegue ese vencimiento, redactaremos una ley o emitiremos billetes. Ese es el problema que tenemos los argentinos, ya que en diciembre se emitieron 250.000 millones de pesos de la base monetaria, lo que deriva en inflación.
En el marco de la deuda nacional que vence el 31 de marzo, si decidimos renovar el 80 por ciento y pagar el 20 restante, ello significará un crecimiento del 6 por ciento de la base imponible; en cambio, si renovamos el 30 y pagamos el 70, tendremos inflación, ya que habrá un 16 por ciento de incremento de la base monetaria.
Hoy hubiera sido bueno dar un mensaje a los bonistas sobre cuál va a ser la renegociación de esa deuda, pensando en el ahorro y el bolsillo de los argentinos, porque más emisión implica más inflación. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Osuna, por Entre Ríos.
Sra. Osuna.- Señor presidente: si bien se hicieron ciertas afirmaciones colateralmente, es necesario formular algunos planteos, ya que el paso que estamos dando en este abordaje distinto a lo que es la gran deuda externa de los argentinos tiene que ver con una forma, un enfoque y un trabajo a realizar, en el que el Congreso tendrá una participación activa.
No quiero dejar de referirme a que participé en el Congreso del año 2001. La verdad es que uno tiene en la memoria diversas situaciones, avances y retrocesos. En ese marco, quiero reivindicar a Néstor Kirchner, la reestructuración de la deuda y la trama de leyes que, empezando en 2003 y culminando en 2015 con Cristina Fernández, pudieron sostenerse y pusieron a la Argentina como referencia insoslayable en materia de abordaje y tratamiento del endeudamiento externo.
Asimismo, quiero revindicar las leyes sancionadas durante esa etapa, entre ellas, las relativas a los canjes de deuda 2005, 2010, la creación de la comisión respectiva y los principios de reestructuración de la deuda soberana que son ejemplo en el mundo, y al que honraremos con la sanción del proyecto de ley en tratamiento. Justamente, esta iniciativa hace referencia al principio número 9 de la sostenibilidad.
Paralelamente, me parece necesario referirme a tres cuestiones. La primera tiene que ver con el valor de la política y honrar el contrato electoral. Tengo muy presente, como seguramente todos ustedes y quienes seguirán estos debates, todo lo dicho sobre pobreza cero, bajar la inflación, “no voy a devaluar” y “no nos vamos a endeudar con el Fondo Monetario Internacional”. Es necesario que haya conciencia social y política que se acreciente en nuestro pueblo, para estar advertidos de estos traspiés que no honran a la política y nos exponen a las situaciones que estamos viviendo.
En segundo término, como representante de la provincia de Entre Ríos, por supuesto vamos a trabajar y comprometernos con la defensa de los intereses de nuestra provincia y el federalismo. Creo que vale tener en cuenta que el presupuesto para 2020, que no se trató pero sí fue presentado, tenía previsto un total de 62 billones de pesos, de los cuales 1,2 billones estaban destinados al pago de la deuda. Ese gasto es justamente el que está atrás de la buena negociación que nuestro gobierno va a encarar en esta etapa.
Afirmamos que viviendo este federalismo vamos a trabajar con nuestras provincias, las que se endeudaron y también las que son ejemplo por haber manejado de manera buena y ventajosa la situación. Quiero agregar que cuando hablamos de federalismo y defensa de las provincias, estamos planteando, por ejemplo, que no se cumplió con el plan Belgrano y que desapareció el fondo solidario.
Por último, entiendo que este tratamiento debe considerar los derechos humanos en materia de deuda pública. La violación de los derechos humanos para el desarrollo tiene que formar parte del debate y de la consideración de esta deuda.
Con referencia a este último punto, reivindico la creación de la comisión bicameral de seguimiento a partir de la sanción de la ley 26.984, que fue modificada y cuyos principios, letra y espíritu debemos restituir. Esto debe acompañar la negociación.
Hoy estamos presentes porque, como legisladores de diferentes bloques, somos conscientes de la importancia de la correlación de fuerzas en esta materia.
Tenemos memoria y dignidad. Por eso, apostamos a que efectivamente nuestro gobierno se enfoque y trabaje por una renegociación digna que favorezca y priorice los intereses de cada uno de los argentinos, sobre todo, de los que más perdieron. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Angelini, por Santa Fe.
Sr. Angelini.- Señor presidente: hoy el gobierno está solicitando un aval político a la Cámara para renegociar la deuda, porque el resguardo jurídico ya lo tiene con la ley de administración financiera. Nosotros asumimos nuestras responsabilidades y nos hacemos cargo de no haber podido solucionar los problemas estructurales que la Argentina viene teniendo desde hace muchos años. Por eso, vamos a dar ese aval político para que haya una buena negociación de la deuda, porque es bueno para nuestro país.
Respecto de los problemas estructurales que nuestro país tiene desde hace mucho tiempo, quiero resaltar algo que se viene diciendo en esta Cámara y en los distintos medios: el peronismo y el kirchnerismo han gobernado veinticuatro años de los últimos treinta, y claramente han sido grandes generadores de esos problemas estructurales.
También quiero dejar establecido que cuando asumió el kirchnerismo ‑allá por 2003, luego de salir de una crisis muy profunda que vivimos los argentinos‑ nuestro país ya venía creciendo: la economía tenía un superávit fiscal de 2,5 puntos del PBI, la deuda externa era de alrededor de 150 mil millones de dólares y los commodities tenían valores récord.
Sin embargo, cuando el kirchnerismo se fue del gobierno nos encontramos con una deuda de más de 250 mil millones de dólares, una deuda cara, ya que las tasas promediaban el 10 por ciento, sin olvidarnos del préstamo de Venezuela a una tasa del 15 por ciento. También nos encontramos con un déficit fiscal de 7 puntos del PBI –que es algo muy grave‑ y una economía estancada que no crecía desde hacía más de seis o siete años.
La situación de nuestro país era realmente muy grave: había una falta total de energía –se había perdido totalmente la autonomía energética‑, existían muchísimos problemas de infraestructura, el país estaba en default, había una carga tributaria altísima y se registraba un peso del sector público récord en la historia de la Argentina.
El gobierno de Mauricio Macri claramente se endeudó a tasas de interés mucho menores, que promediaron entre un 5 y un 6 por ciento. Además, luego de cuatro años logró bajar el déficit total y el déficit primario de nuestro país, recuperó la soberanía energética –que no es algo menor para un país‑ y construyó una mejor infraestructura para que nuestra producción y los argentinos podamos trasladarnos mejor.
Obviamente, tenemos un problema estructural, que es seguir aplicando fórmulas que no han dado resultado en ningún país del mundo.
Lo que nos permitirá dejar de emitir deuda, bajar los impuestos y frenar la emisión monetaria es ir hacia el equilibro fiscal, hacia el superávit fiscal, y lograr que el peso del Estado sea mucho menor para que dejemos de cargar toda la mochila en el sector productivo.
Todos hemos fracasado en reiterar estas fórmulas que –insisto‑ no han dado resultado en ningún país. Debemos avanzar hacia el déficit fiscal cero, hacia el superávit fiscal, y fundamentalmente sacar el peso al sector productivo. De esa forma podremos resolver los problemas estructurales de nuestro país, como el de la pobreza –que desde hace más de cuarenta años está en un promedio del 30 por ciento‑, el de la falta de empleo y todos aquellos problemas que hacen que la Argentina lamentablemente no sea un país en el que podamos vivir tranquilos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Estévez, por Santa Fe.
Sr. Estévez.- Señor presidente: una vez más desde el bloque Socialista venimos a expresar nuestra preocupación por la forma en que en nuestro país se trata el tema de las deudas y sus pagos.
Una vez más un nuevo gobierno viene al Congreso Nacional a pedir la delegación de facultades para poder contraer o renegociar –como en este caso‑ una deuda. Podríamos decir que en la Argentina ya es casi una tradición este pedido de delegación de facultades.
Una vez más se simula dar participación al Congreso ‑como lo establece la Constitución‑ en la toma de deudas y el pago de las mismas.
Una vez más el tratamiento de esta clase de proyectos es urgente, es decir, debe hacerse en forma exprés; y una vez más el oficialismo de turno viene a decirnos que es esto o el abismo.
Está claro que hoy estamos frente a la renegociación de una renegociación, y también está claro que cada gobierno tiene su cuota parte de responsabilidad en todo este gran embrollo que es la deuda de nuestro país, que en algunos casos debería ser investigada también por la Justicia.
El problema no es de los gobiernos que pasan y se van sino del pueblo argentino, que se tiene que hacer cargo de estas deudas. Además, nunca queda bien en claro para qué fueron tomadas.
Señor presidente: como dijeron ayer algunos funcionarios, esta autorización no es legalmente necesaria, porque la delegación de facultades está contemplada en un artículo de la ley de emergencia, que el bloque Socialista votó en contra.
Como se dijo acá, esta iniciativa es una señal para los acreedores y para el capitalismo financiero internacional. ¿Pero habrá alguna vez –y esto es lo que preocupa a varios diputados y diputadas‑ alguna señal de participación real del Congreso Nacional en el tema de la deuda, como lo establece nuestra Constitución? ¿Servirá para algo ese informe tan serio e interesante que elaboró Alejandro Olmos?
¿Habrá alguna vez una señal de funcionamiento de la comisión bicameral que se creó para hacer un seguimiento de la deuda? ¿Habrá alguna vez una señal para investigar cómo se tomaron y cómo se pagaron esas deudas, quiénes se beneficiaron y a dónde se fugó todo ese dinero? Porque si de algo está convencido el pueblo argentino es de que todo ese dinero no fue a escuelas ni a hospitales ni a rutas. Tampoco fue para nuestros jubilados ni para las familias que en estos días están siendo víctimas de los créditos UVA.
Ese dinero tampoco fue para pagar las deudas que el Estado nacional tiene con las provincias, que también deberían ser honradas. Por ejemplo, se debería honrar la deuda que el Estado nacional tiene con Santa Fe, mi provincia. Ya que el gobernador actual está tan preocupado por la emergencia económica, debería exigir al Estado nacional el pago de la deuda de más de 100 mil millones de pesos, que fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con respecto a todo lo que acabo de mencionar no hay señales, pero para los acreedores sí las hay.
Acá nadie puede hacerse el distraído porque, como se dijo en reiteradas oportunidades, también estamos tratando negociaciones de bonos de años en los que había gobiernos de otros signos políticos. Pareciera que la única política de Estado que hay en la Argentina –y digo esto con mucho dolor‑ es el mal manejo para contraer y pagar deudas. Lamentablemente, en esto hay una continuidad histórica.
Para terminar, señor presidente, quiero llevar tranquilidad a los diputados, sobre todo a la diputada que está muy preocupada porque los acreedores están viendo lo que está pasando en el Congreso. Los acreedores saben muy bien cuál es la historia de este país en cuanto al desmanejo de las deudas.
Quiero aclarar que no estamos en contra de contraer deuda como herramienta de gobierno, pero ¿para qué?, ¿cómo? y ¿para quién?
No estamos en contra de honrar las deudas, al contrario, pero las deudas legítimas, que no perjudiquen al pueblo argentino y no sean a espaldas del Congreso de la Nación.
Queremos desear el mayor de los éxitos al gobierno en la renegociación de esta deuda, en particular al ministro Guzmán, a quien respetamos. Pero creemos que este camino es más de lo mismo y que es una oportunidad perdida para comenzar a transitar un futuro distinto y echar luz sobre esta oscura historia que tiene nuestro país en el tratamiento de la deuda.
Por todos estos motivos, pedimos autorización a la Cámara para abstenernos en la votación del proyecto en consideración.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Ameri, por Salta.
Sr. Ameri.- Señor presidente: celebro la decisión del Poder Ejecutivo de enviar este proyecto a la Cámara para ser tratado por los representantes del pueblo de la Nación.
También celebro la decisión del Poder Ejecutivo y del presidente Alberto Fernández de haber abierto la Casa del Pueblo en el mes de enero. Desde 2002 este cuerpo legislativo no sesionaba en enero, lo que demuestra a las claras la voluntad política de este gobierno de hacer partícipe al pueblo argentino ‑a través de nosotros, sus representantes‑ de la toma de decisiones.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Sergio Tomás Massa.
Sr. Ameri.- Voy a votar por la afirmativa esta iniciativa porque apoyo a nuestro gobierno, porque confío en nuestro gobierno, como ha confiado el pueblo argentino cuando eligió a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner para regir su destino.
Sin embargo, debo decir también que es muy triste estar tratando este proyecto hoy aquí. Es muy triste tener que autorizar una vez más al gobierno para renegociar deuda externa, una deuda que este gobierno no contrajo y que, sin embargo ‑como siempre han hecho los gobiernos peronistas‑, está dispuesto a honrar.
Queremos presentarnos ante el mundo como un Estado, como un país fuerte, con capacidad de solucionar la problemática de la deuda externa.
Como he dicho, vengo a apoyar este proyecto, a dar la autorización para que el Poder Ejecutivo renegocie de la mejor manera posible esta deuda, pero quiero dejar en claro una posición que comparto con muchos compañeros, incluso de mi bloque: una vez que el gobierno termine la renegociación de la deuda, los representantes del pueblo queremos saber quiénes fueron los responsables de este estado calamitoso en el que ha quedado nuestra patria. Represento a la provincia de Salta, provincia que tristemente ha sido noticia en los últimos días por la muerte de seis niños por desnutrición.
Quiero también pedir a nuestro gobierno ‑como parte del mismo, porque así me considero‑ que esta renegociación de la deuda no sea perjudicial para los intereses del pueblo.
Coincido con lo que dijo el legislador por Santa Fe y creo que es tiempo de que la deuda argentina sea revisada. Queremos encontrar a los responsables para que, dentro de cuatro años, no estén golpeando las puertas electorales para volver a ser gobierno y llevarnos a un ciclo de endeudamiento de nunca terminar.
Queremos a los responsables de la fuga de la deuda tomada, a los responsables del hambre de nuestros hijos, a los responsables de la destrucción del trabajo, a los responsables de todo el daño causado a nuestra patria.
Adelanto que vamos a votar por la afirmativa y apoyaremos este proyecto.
Desde esta tribuna, solicito encarecidamente al presidente Alberto Fernández que, cuando haya que pagar la renegociación de la deuda, se ajuste a lo que corresponda, se toquen los intereses de quienes corresponda y vayamos a buscar la plata donde está: en los paraísos fiscales. La plata de la deuda está en algún lado, es evidente; el pueblo no la tiene.
Nunca más vamos a honrar nuestras deudas a costa del hambre y de la salud de nuestro pueblo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Nanni, por Salta.
Sr. Nanni.- Pensaba referirme a la deuda, pero, ante la alocución de nuestro coterráneo y amigo, voy a tener que hacer algunas consideraciones al margen del proyecto que nos convoca.
En primer lugar, cabe decir que estamos frente a una iniciativa que requiere el compromiso unánime de todos. No estamos considerando un proyecto en el que se afecta a un solo sector de la sociedad y podemos darnos el lujo de votar en forma dividida. Esta vez el mundo, nuestros acreedores, necesita vernos unidos.
Este proyecto nos ha convocado y es necesario este gesto político para demostrar a los acreedores del mundo que todo el arco político de la Argentina va por el bien colectivo, porque está comprometido todo nuestro destino, no una parte de la sociedad.
En esa buena fe nosotros vamos a acompañar este proyecto y daremos este espaldarazo político que necesita este gobierno, pero también en esa buena fe debemos aclarar algunas cosas que se dicen y, si no se aclaran, quedan flotando en la nebulosa y son dadas por ciertas. Creo que en estos momentos cruciales tenemos que buscar soluciones, no culpables; pero, ya que tanto insisten, debo decir que no es cierto que esta deuda haya comenzado hace cuatro años.
Se dijo en las comisiones y también en este ámbito que en el último gobierno nuestra deuda ha sufrido un incremento estrepitoso. En el ciclo del kirchnerismo, desde que comenzó hasta que terminó, la deuda ascendió de 144 mil millones a 240 mil millones, casi se duplicó; esto, teniendo viento de cola, precio récord de la soja y habiendo echado mano a las cajas estatales, como las jubilatorias, o a los fondos de las AFJP.
Es cierto que el gobierno del expresidente Macri tomó deuda, y también lo es que, si consideramos los últimos cien años, la Argentina ha vivido ochenta y dos con déficit fiscal. Lo doloroso y triste no es explicar qué gobierno tomó deuda ‑porque todos tenemos que mirar hacia atrás‑, sino qué se hizo con la deuda.
Para responder al diputado salteño que ha hecho uso de la palabra, quisiera decirle que la Argentina no termina de salir de este círculo vicioso: cobra impuestos carísimos ‑quizá los más caros del mundo‑ y, como no le alcanza, sale a pedir prestado y hace ajustes, lo que genera pobreza. Si pudiéramos decir que el país tiene este famoso déficit fiscal, que gastamos mucho más de lo que recaudamos, pero la Argentina ha venido exhibiendo año a año, desde que se recuperó la democracia, buenos índices en salud, una educación ejemplar y una disminución de los índices de pobreza, en todo caso podríamos justificar ese despilfarro. Pero la Argentina no puede salir de este círculo vicioso. Vivimos en un viejo paradigma.
Hoy es necesario aprobar esta ley, que es un puntapié inicial. Esta ley no va a garantizar de ninguna manera el éxito de un programa financiero. Quizá sea el inicio. Estoy convencido de que no va a haber programa financiero exitoso si la Argentina no cuenta con tres cosas fundamentales: inversión -tanto en el sector público como en el sector privado, porque las empresas requieren créditos-, producción y mercado. Lo que estamos discutiendo hoy es cómo vamos a pagar; el marco de esta ley nos indica los plazos, los intereses, el capital, pero otra cosa muy distinta es con qué vamos a pagar. La capacidad de pago vamos a determinarla, en primer lugar, hablando con sensatez, no echándonos la culpa, y poniendo en marcha, de una buena vez por todas, todo el aparato productivo de la Argentina. Necesita producir el quiosquero, sin impuestos que lo asfixien; necesita producir la pequeña empresa, la mediana empresa y también la gran empresa.
Por último, quiero hacer un pedido muy especial. Así como este paraguas va a contener a la deuda pública que tenemos con el extranjero, también necesitamos que se cobije a nuestras provincias. Hoy los gobernadores son mendigos del presidente. Así no hay sistema que aguante. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Soria, por Río Negro.
Sr. Soria.- Señor presidente: venimos hoy al recinto a tratar este proyecto de sostenibilidad de la deuda pública externa, la descomunal deuda pública contraída irresponsablemente a lo largo de estos últimos cuatro años.
Venimos hoy a reafirmar lo que prometimos una y otra vez: nuestra voluntad de asumir los compromisos y cancelar las deudas que otros contrajeron.
Venimos también a dar muestra, una vez más, del rumbo hacia los objetivos iniciales de nuestro gobierno.
Por eso, a nadie escapa que la primera ley que sancionó el Honorable Congreso en este recinto, hace tan solo un mes, fue la Ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva, para empezar a salir de la tremenda emergencia social y alimentaria en la que sumergieron a todo el pueblo argentino.
Fíjese, señor presidente, qué diferencia: una de las primeras leyes que se aprobó durante el gobierno anterior fue la del pago a los fondos buitres, privilegiando a los usureros de afuera. Esa es la diferencia: nosotros una vez más, y como siempre, privilegiamos a los de adentro, privilegiamos al pueblo argentino.
Por eso, hoy venimos a tratar esta ley para hacer sostenible y sustentable esta deuda impagable que nos dejaron; y tenemos que decirlo en este recinto. ¿Cómo no vamos a decirlo, si lo reconoce incluso quien fuera presidente hasta hace tan solo un mes y medio? ¿Qué argentino no se asombró con las imágenes de Macri con dirigentes ‑casualmente de mi provincia, Río Negro‑, reconociendo que no era bueno endeudarse tanto y que incluso él mismo se lo advertía a sus propios asesores y economistas? Eso muestra nada más ni nada menos que el nivel de irresponsabilidad con el que gobernaron la Argentina en estos últimos cuatro años.
Debe ser duro -claro que sí- y difícil para quienes defendieron a capa y espada en este recinto durante los últimos cuatro años cada una de las medidas económicas del entonces presidente Macri enterarse ‑mediante un videíto casero en medio de las vacaciones‑ de que pusieron la cara y defendieron algo de lo que ni siquiera él estaba convencido. Reitero: debe ser duro y difícil. Sería bueno saber quién era el que le decía “tranquilo, tranquilo, que venís bárbaro”.
Esa es la diferencia, señor presidente. Nosotros venimos hoy con esta ley a dar una muestra más de responsabilidad política e institucional, haciendo un ejercicio de tolerancia y también de mucha paciencia, frente a muchos que hoy no quieren hacerse cargo de un gobierno que nos endeudó más rápido que la última dictadura militar, a razón de 33.000 millones de dólares por año, cuando la última dictadura iniciada en 1976 nos endeudó en 10.000 millones de dólares por año. ¡Qué ironía! Triplicaron el ritmo de endeudamiento de la época más oscura de nuestra patria, y en tan sólo cuatro años tomaron más de 104.000 millones de dólares de deuda externa. Pero lo más grave es que la pedían por un lado, y por el otro la fugaban. Casi 90.000 millones de dólares se fueron en cuatro años.
Hoy escuchamos a algunos diputados en esta sesión decir que no era necesaria esta ley. Claro que lo es, no solo desde lo jurídico sino también desde lo político, para poder distinguir un gobierno que sobreendeuda y fuga, un gobierno irresponsable, de otro que viene a dar la cara, que debate de cara a la sociedad, que debate de día. Los que tienen que debatir de noche, a oscuras, entre gallos y medianoche, son aquellos que endeudan y fugan. Por eso, mantuvieron cerradas las comisiones durante cuatro años, como las de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas.
Fíjese lo que pasó en mi provincia: de 5.000 millones de pesos de deuda pública, por la connivencia del gobierno provincial con el de Macri se generó que hoy Río Negro sea una de las más endeudadas, superando los 24.000 millones. En el próximo mes de abril tenemos vencimientos de intereses por 4.000 millones de pesos, y antes de que termine el año 2020 todos los rionegrinos tendremos que pagar 11.000 millones de pesos en intereses.
Una vez más el peronismo viene a hacerse cargo, como lo hemos hecho siempre, como en 1989 cuando dejaron incendiada la Argentina, como en el año 2001 y como el 10 de diciembre pasado. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado De Marchi, por Mendoza.
Sr. De Marchi.- Señor presidente: no iba a hacer uso de la palabra ‑como a usted le consta-, a los efectos de agilizar el debate, pero la verdad es que estamos acá intentando hacer un aporte a la institucionalidad para fortalecer la posición de la Argentina en la renegociación de la deuda externa. El gobierno, como también se ha dicho, no tenía necesidad de venir al Congreso, ya que la Ley de Administración Financiera perfectamente lo faculta a avanzar en esa renegociación sin necesidad de venir aquí. Viene para intentar conseguir indemnidad en los negociadores, argumento que está oculto en el proyecto, y a su vez también viene para lo que dije recién: conseguir respaldo.
Entonces, lo mínimo a lo que uno aspiraba era que no hubiera expresiones descalificadoras, que fueran expresiones respetuosas y sinceras con el correlato histórico real de la deuda externa argentina, que viene de hace muchas décadas. Y la verdad es que nos sometemos aquí a escuchar mentiras permanentes, descalificaciones constantes que nada ayudan al objetivo que ustedes mismos se plantearon cuando trajeron este tema a la Cámara. En el año 2015 la deuda alcanzaba los 250.000 millones de dólares. Hoy, dicha deuda se aproxima a los 340.000 millones. Hay que explicar el contenido total de esa deuda.
En los últimos cuatro años ha habido dos ejes centrales que pueden ser explicados. El primero se refiere a renegociar la deuda que ustedes contrajeron durante muchísimas décadas gobernando este bendito país. El segundo busca dar sustentabilidad operativa al manejo de un Estado que, como hoy existe, es inviable. Todos los años le faltan a la Argentina 35.000 millones para ser operativa. Resulta que escuchamos frescamente decir que el presidente Fernández tendrá que explicar cuál es el origen de la deuda. Sin embargo, dicho origen lo podemos encontrar rápidamente. ¿Saben dónde lo pueden encontrar? En los bolsos de los conventos, queridos diputados; en los miles de kilómetros de autopistas licitadas, pagadas y no construidas; en la infraestructura ferroviaria que no se hizo y que mató gente. (Aplausos.) Allí pueden encontrar parte del déficit permanente que la Argentina tuvo que sostener durante muchos años. También lo podemos hallar en las miles de hectáreas de Lázaro Baez y sus socios. Se pueden seguir mencionando más causas del endeudamiento. Sin embargo, nos están llevando en esta sesión a una ingenuidad extrema. A esta altura, necesitamos seriedad y madurez en lugar de someternos, casi como muñecos silenciosos, a escuchar una sarta de mentiras, alocución tras alocución, salvo algunas pocas excepciones sensatas y serias.
Hace unos instantes un señor diputado dijo que se han muerto en la provincia de Salta algunos niños por desnutrición. ¡Gobiernan esa provincia desde hace dos o tres décadas! Entonces, ¿quién tiene la culpa de los niños muertos? Esto es realmente un planteo muy cínico. (Aplausos.)
También pueden encontrar la responsabilidad en el pacto macabro con Irán. Eso significó plata oculta de la Argentina. Se trata de un pacto denunciado –no bancado- por el actual presidente de la Nación. Tenemos una colección de videos que circulan en las redes en los que se ve al señor presidente de la Nación hablando de todo lo que sucedió en esta década macabra que vivió la Argentina. ¿De qué estamos hablando?
Pido sensatez, madurez y responsabilidad para no derivar en pequeñas chicanas que no hacen bien al prestigio interno e internacional que la Argentina necesita en este momento. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Fernández, por la provincia de Córdoba.
Sr. Fernández (E.).- Señor presidente: se espera de nosotros
-representantes del pueblo de la Nación- un análisis responsable respecto de este aval político. Los representantes de la Nación Argentina tenemos que saber lo importante que es este tema. Los inversores extranjeros desconfían. Entonces, hay que elegir entre la posibilidad de poner a la Argentina de pie entre todos o hacer el juego a los que especulan. Esa es la gran división que podría existir.
De ninguna forma hemos venido a analizar las culpas, porque el pueblo ya lo dictaminó cuando votó en las últimas elecciones. No estamos dando un cheque en blanco al Poder Ejecutivo nacional. Este gobierno se comprometió con el pueblo. La idea es terminar con el hambre, poner a nuestra industria de pie, no endeudarnos bajo condiciones indignas y por eso se rechazó la última parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional.
Muchos ciudadanos nos están viendo por televisión en estos momentos y esperan un acto de madurez de parte nuestra. Podemos debatir, pues son razonables las diferencias y los argumentos. Pero, en los últimos años, han cerrado 24.500 empresas y se registraron más de 200.000 desocupados. Debemos crear condiciones adecuadas con el fin de que la producción y el trabajo nos devuelvan la dignidad. Para eso, necesitamos un Estado fortalecido en su poder de decisión. Esto es lo que estamos tratando de discutir. Hablamos de un Estado que pueda elaborar un presupuesto. Nadie desconoce que en este año hay obligaciones de vencimiento por un valor de 67.200 millones de dólares en concepto de servicios de deuda y planificación de capital e intereses. Esto equivale a dieciséis veces el presupuesto de mi provincia de Córdoba, 4.200 millones de dólares. Si lo trasladamos al drama del hambre, equivale a sesenta y siete veces de lo que se invierte en la tarjeta alimentaria.
Podemos disentir en la forma de abordar la política. Los ciudadanos y ciudadanas esperan que podamos tener un Estado que atienda a los sectores productivos con el fin de devolverles el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones, a partir de todo lo que iremos debatiendo en este Parlamento. Hay que poner de pie a nuestro país. Debemos tener un sistema financiero y no permitir que existan otros condicionantes que no nos dejen discutir, con madurez, todo lo que tenemos que afrontar.
Por otro lado, debemos contar con programas de apoyo a las exportaciones con el objetivo de generar recursos genuinos. Hay que salvar a las empresas utilizando fondos que permitan una reactivación de las economías regionales. A esto se agrega la espada de Damocles que representan los vencimientos de la deuda, sin un Poder Ejecutivo avalado políticamente.
Todo el pueblo nos está pidiendo que pensemos en aquellos que están en las calles, los que sufren hambre, los que no tienen trabajo, los que no pueden poner sus empresas en funcionamiento. Esto debemos hacerlo entre todos, y ese es el llamado que formulo en este momento. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Schlereth, por Neuquén.
Sr. Schlereth.- Señor presidente: existen muchos problemas en nuestro país. Me refiero a los niveles de endeudamiento que condicionan la vida nacional, el funcionamiento del Estado, el de los sectores productivos y de los ciudadanos en general.
El problema de endeudamiento es recurrente y cíclico. Se puede referenciar en la historia reciente de nuestro país. Percibo que desde algunos sectores del oficialismo hay una intencionalidad evidente de hacer cargo de esta situación de endeudamiento del Estado argentino al anterior gobierno de Cambiemos. Esto es como si la deuda fuera un problema de los últimos cuatro años, y la verdad es que no es así. La historia reciente nos demuestra con absoluta claridad que, en la secuencia de los últimos gobiernos, el problema de la deuda siempre estuvo presente; en mayor o menor medida esto es así: gobiernos radicales, gobiernos peronistas, gobiernos peronistas neoliberales, gobiernos kirchneristas y, por supuesto, también el gobierno de Cambiemos, que finalizó en el mes de diciembre.
Basta señalar, como ejemplo, lo que ayer mencionó uno de los funcionarios del gobierno nacional, en la reunión plenaria de comisiones, cuando dijo que una parte importante de los vencimientos que el país tiene que afrontar en el presente año corresponde a empréstitos tomados en 2005 y también en 2010, y posiblemente gran parte de eso tenía que ver con la refinanciación de empréstitos anteriores. O como se señaló en algunas oportunidades durante este debate, a diciembre de 2015 el endeudamiento del país superaba los 250.000 millones de dólares.
Entonces, reitero que no es honesto ni coherente con la historia de nuestro país ni con lo que los gobiernos han hecho en las últimas décadas decir que el problema del endeudamiento responde a la gestión del último gobierno.
Del repaso que hemos hecho podemos señalar varias causas de estos endeudamientos, pero en verdad la más importante tiene que ver con un hilo conductor que es el déficit fiscal en los tres niveles del Estado.
Como lo hemos anticipado, nosotros acompañaremos la sanción del proyecto en consideración y lo haremos porque queremos ser coherentes con nuestro mensaje a la sociedad y a nuestros acreedores. Queremos colaborar en la solución de los problemas que tiene la Argentina, y uno de los más delicados en la actualidad es el del endeudamiento.
Como queremos seguir siendo serios y responsables también hemos planteado al proyecto que envió el Ejecutivo algunas apreciaciones que esperamos sean consideradas e incluidas en el texto que hoy aprobaremos, como una clara señal que esta Cámara puede dar en este día.
Hoy vamos a sancionar este proyecto, lo que constituye una muy buena señal para este proceso de renegociación que el gobierno ha comenzado en estos días.
Reitero que, para no volver a caer en este debate de acá a unos años, creo que de una vez por todas debemos plantear desde el Estado la necesidad imperiosa de tener una mayor responsabilidad en el uso de los recursos públicos y definitivamente entrar en un proceso de equilibrio fiscal permanente y duradero. Se trata de un equilibrio que necesariamente tiene que restablecerse en el país.
También es fundamental dar claras señales de certidumbre y de previsibilidad para generar confianza, y en este aspecto, lo cierto es que tenemos una gran incertidumbre porque el gobierno todavía no ha presentado un plan económico acabado, completo e integral. Tampoco ha presentado a este Congreso un proyecto de presupuesto que refleje las metas fiscales, el tipo de cambio al que se aspira, las metas de inflación, etcétera.
Por último, quiero señalar que los problemas delicados que tiene la Argentina demandan una clase dirigente, en este caso, de diputados nacionales que, sin importar el sector o el partido al que pertenezcan, con seriedad, con responsabilidad, con actitud madura y con construcción positiva podamos dar solución a los problemas que tiene la Argentina y particularmente al del endeudamiento. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Leiva, por el Chaco.
Sr. Leiva.- Señor presidente: en primer lugar quiero destacar la actitud de la oposición de venir a acompañar este debate. En realidad, ellos, como nosotros, como la gran mayoría del pueblo argentino, también son víctimas de esta tierra arrasada que nos dejó Mauricio Macri; son víctimas de los Caputo, de los Prat-Gay, de los Sturzenegger, de los Dujovne.
Sería bueno que los amigos de la oposición nos pudieran decir dónde están algunos de estos personajes que tanto sabían, que manejaban la economía “de taquito”, que nos vinieron a hablar de tantas cosas que iban a hacer por nuestro país, y hoy nos encontramos con que estamos debatiendo, todos preocupados, para ver cómo damos sustentabilidad a este tema que nos inquieta a todos.
También escuchaba a algunos diputados hablar de las investigaciones y, en verdad, yo particularmente soy muy pesimista al respecto. No conozco a ningún funcionario que haya pagado las consecuencias por endeudar al país.
Por eso, hoy estamos aquí para hacer este planteo, para acompañar a nuestro gobierno, para darle las herramientas que necesita, pero también para hacer el planteo político. En efecto, nos hablaban de los bolsos, pero claro, hay bolsos que no se ven porque están en las offshore, hay bolsos que no se ven porque están en el Correo Argentino, hay bolsos que no se ven porque, en definitiva, también fueron a parar a los autopistas de quien hasta hace poco tiempo era presidente. (Aplausos.)
Entonces, yo vengo hoy a plantear también que es bueno que digamos las cosas, porque esto forma parte de la responsabilidad institucional. Tener responsabilidad institucional significa decir las cosas como son y decir al pueblo argentino que estamos debatiendo esto por la herencia que nos dejaron; de lo contrario, hoy el Congreso no estaría sesionando. Pero sucede que se dieron este tipo de situaciones que ameritan que estemos dando este debate.
También es importante que recordemos a los argentinos que quien presidía el Banco Nación, que preguntaba a quién se le puede ocurrir que un pobre pueda tener un celular o un plasma, fue el mismo que le dio a Vicentín 18.000 millones de pesos.
Entonces, es bueno que podamos venir a hacer los planteos y que la oposición pueda acompañar, porque en definitiva también son hombres y mujeres de la política que deben dar la cara y a quienes seguramente les debe costar mucho explicar a sus propios electores por qué estamos en esta situación.
Lamentablemente, como ha ocurrido en muchas etapas de la historia de nuestro país, venimos, debatimos y aprobamos algo, pero no puedo dejar de mencionar lo que alguna vez dijo Atahualpa Yupanqui: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Esas vaquitas son las que se llevaron en estos cuatro años para engrosar el patrimonio de los especuladores, de quienes lamentablemente hicieron todo este desastre en nuestro país. (Aplausos.)
Por eso es que hoy el peronismo, como lo ha hecho a lo largo de la historia, ha venido a recomponer el tejido social, a corregir tantas injusticias y, en definitiva, a cumplir lo que prometimos a nuestro electorado.
No puedo dejar de mencionar la manera despectiva con la que alguna vez se manifestó el exministro Prat-Gay, cuando hablaba de “la grasa militante”. ¡Yo quiero decir a Prat-Gay que esa grasa militante es la que va a poner al país de pie! ¡Esa grasa militante es la que va a dar las herramientas a nuestro presidente para sacar al país adelante! (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez, por Buenos Aires.
Sr. Rodríguez.- Señor presidente: si fuesen situaciones normales, esta tarde habríamos asistido a algo llamativo, pero, en este contexto, debemos catalogarlo como paradójico. En más de una oportunidad se nos ha llamado la atención, se nos ha formulado algún reproche acerca de la prudencia y de la responsabilidad con que nos estamos refiriendo a la situación vinculada con el tratamiento de un proyecto que apunta a lograr la sostenibilidad de la deuda externa Argentina.
Digo que es paradójico porque viene de quienes han demostrado el mayor grado de irresponsabilidad y de imprudencia en la gestión de una deuda externa, que ha multiplicado sus montos como nunca antes en la historia de la democracia Argentina, y se han achicado o acotado los plazos de devolución como nunca en la historia de la democracia Argentina.
Creo que no ha habido ni habrá en este recinto diputada ni diputado que atente contra el interés nacional con su fundada y prudente opinión. Pero me parece que hay cierta tendencia a actuar como el tero, es decir, gritar en un lado para disimular que está poniendo el huevo en el otro.
En segundo lugar, señor presidente, se ha sostenido también en innumerables oportunidades el argumento de que la historia de la deuda Argentina y que el ciclo del endeudamiento es toda igual, donde todos tienen o tenemos la misma responsabilidad.
No es así. No hay que meter a todos los hombres y mujeres de la democracia en la misma bolsa. Hay que tener la honestidad de reconocer a hombres y mujeres como Roberto Lavagna, que logró decisiones, posiciones y realidades de desendeudamiento como uno de los vectores fundantes y fundamentales de la política económica que comenzó el presidente Duhalde, con Jorge Sarghini en ese equipo económico como secretario de Hacienda y continuó el presidente Kirchner. Entonces, no es todo lo mismo y no todo tiene que entrar en una misma bolsa.
Seré muy breve. Ya terminó.
Sr. Presidente (Massa).- Le restan dos minutos más para hacer uso de la palabra, señor diputado.
Sr. Rodríguez.- Gracias, señor presidente.
La sostenibilidad de la gestión del endeudamiento externo argentino es imprescindible por tres razones.
La primera razón es porque una deuda sostenible es aquella que puede ser honrada, y la Argentina y los argentinos queremos y vamos a honrar nuestras deudas.
La segunda razón es que una deuda sostenible es aquella que puede honrarse sobre la base del crecimiento económico y el avance en grados crecientes de justicia social. No por la vía o por el camino del ajuste. Está demostrado que el ajuste no solo no sirve para el crecimiento sino que no sirve para honrar nuestras deudas.
Finalmente, es necesario no para apoyar a un funcionario en particular que hoy o mañana esté enfrentando una gestión frente a alguien, sino porque asigna mayores grados y márgenes de maniobra para decidir no a un gobierno sino al Estado Nacional.
Eso significa ampliar y respetar la soberanía Argentina. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Iglesias, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Iglesias.- Me alegro de la reconciliación del peronismo con Atahualpa Yupanqui. Según testimonios del propio Atahualpa lo torturaron en una comisaría durante el gobierno de Perón y le rompieron la mano derecha. Como sabían tan poco y él era zurdo, pudo seguir tocando la guitarra. De manera que me alegra mucho este acto de reconciliación nacional.
Pero hablemos de lo que venimos a hablar, que es de la deuda.
Yo estoy estupefacto. Kicillof se indigna por la deuda que tomó Scioli. Ahora nos piden que nosotros votemos esto, y lo vamos a hacer por un acto de responsabilidad, con deudas que mayoritariamente tomaron ellos en el 2005 y en el 2010. O sea, ¿de qué estamos hablando?
El dato mata al relato. Por eso les voy a dar los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina.
La deuda al año 2010: 181.621 millones de dólares. Deuda al 2015: 240.665 millones de dólares.
Último período de Cristina, aumento de la deuda, 59.000 millones de dólares. A eso se le suman las pérdidas de las reservas del Banco Central que fueron de 27.518 millones de dólares. Estos son datos del Banco Central.
Entre lo que nos endeudamos con el banco y la que reventamos que teníamos en el colchón, suman 86.518 millones de dólares. Datos del Banco Central.
Veamos cómo lo hizo el gobierno cipayo, oligárquico, etcétera. La deuda aumento hasta 311.251 millones de dólares. Es decir que bajó en los dos últimos años. Lean los balances. Dato mata relato.
La diferencia es de 70.586 millones de dólares, pero aumentamos las reservas en 19.124 millones de dólares.
¿Cuál es la diferencia entre lo que por un lado le pedimos de más al banco y la que guardamos en el colchón? 51.462 millones de dólares.
Yo no sé a qué escuela fueron ustedes. En la mía, que era una escuela pública de Avellaneda -de antes de que destruyeran la educación-, 51.462 millones de dólares, que es el balance negativo del gobierno de Macri, es menos que los 86.518 millones de dólares del balance negativo del último gobierno de Cristina.
¡¿Cómo es que lo de ustedes es un acto patriótico y lo nuestro es una entrega del país?! Nadie lo sabe.
Hablan de fuga. La fuga es el récord de este mes de millones de argentinos retirando depósitos de los bancos. Récord en este mes, porque nadie les cree.
¿Eso cuánto es? Está reflejado también en los activos del Banco Central como formación de activos externos. Ustedes lo llaman fuga. Llámenlo como quieran.
Les aviso que empezó en un país que en 1945 promediaba el 1 por ciento de inflación y que en 1949 llegó al 40 por ciento.
¿De cuánto fue la famosa fuga durante el período 2007 a 2011? De 57.473 millones de dólares. En el siguiente período, 2011 a 2015, fue de 64.734 millones de dólares. Se trata de un aumento horroroso del 12 por ciento.
Entonces, ¿nos están cargando? ¿De qué están hablando cuando hablan de fuga? ¿¡Cuando ustedes tienen gente que retira dólares de los depósitos es por el FMI, porque somos todos cipayos, etcétera, y cuando la sacamos nosotros resulta que la culpa es nuestra!?
Por último, hubo un aumento sí de 70.000 millones de dólares en la deuda. ¿A dónde se fue? Gracias al heroico “pagadios” del señor Lavagna tuvimos que pagar 15.736 millones de dólares de los holdouts. Y eso que renegociamos con un juicio pago, con una disminución del 44 por ciento. Mientras que el ministro “vení, chiquito”, que no está acá, le pagó al Club de París hasta los punitorios.
Después, entre Gas Plus, Cammesa y el CIADI hubo casi 20.000 millones de dólares que ustedes tomaron y tuvimos que pagar nosotros entre el 15 por ciento que les robaron a las provincias, las cajas provinciales de jubilación, el plan gas y las deudas con Bolivia y Paraguay -otros 25.551 millones de dólares- por un total de 45.000 millones de dólares. Además, tuvimos que enfrentar un déficit fiscal que a pesar de que lo redujimos fuertemente fue mayor a 60.000 millones de dólares. Datos de IARAF, que es la mejor consultora en temas fiscales.
Ahí está: 20.000 de un lado, 25.000 del otro, 60.000 de déficit fiscal y aumento de 20.000 millones de dólares en el Banco Central.
Sr. Presidente (Massa).- Señor diputado.
Sr. Iglesias.- Ahí es donde está la plata. Ahí es donde se fue. Agarren, miren los datos, porque el dato mata al relato. Voy a cerrar, señor presidente.
Somos responsables. Por eso vamos a votar a favor, mientras ustedes votaron en contra cuando nosotros vinimos acá en el 2016 a pedir lo mismo. Ustedes, que ahora piden responsabilidad, votaron en contra.
Sr. Presidente (Massa).- Señor diputado.
Sr. Iglesias.- Nosotros les vamos a votar a favor. Pero no nos olvidamos de eso. No nos olvidamos de que fueron por cuatro años el “club del helicóptero” y fracasaron. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Heller.- Señor presidente: no quiero complicar la discusión, pero quiero decir muy brevemente un par de cosas.
Recurrentemente se está hablando de la deuda del 2005 y 2010, y quiero decirles que no hubo tales deudas. La deuda del 2005 y 2010 es producto de la reestructuración de los canjes de lo que estaba en default en ese momento, a la que se le aplicó una quita del 70 por ciento y se convirtió en deuda reestructurada que se siguió pagando con normalidad. (Aplausos.)
Cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri efectivamente le pagó el 7 por ciento que no se había arreglado a valor nominal con lo que incrementó la deuda, y de ahí en más la siguió incrementando para llegar a duplicar su valor en relación al producto bruto.
Así que, solo para que no sigan hablando, les comento que no hubo toma de deuda en el 2005 y 2010, sino que hubo restructuración de la herencia recibida. Eso es lo que ahora se está volviendo a plantear para restructurar. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Yedlin, por Tucumán.
Sr. Yedlin.- Señor presidente: estamos considerando un proyecto para restaurar la sostenibilidad de la deuda. La pregunta quizá sería por qué se perdió la sostenibilidad de la deuda.
Obviamente que nadie dice que la deuda argentina se inició en estos últimos cuatro años; eso está fuera de discusión. Nos lo ha recordado repetidamente la oposición durante esta sesión, y estamos de acuerdo con eso. El tema es que la deuda se ha hecho insostenible para pagar. En ese sentido creo que los últimos años del gobierno anterior han tenido que ver con eso, no solamente en cuanto al crecimiento nominal de la deuda, sino a algunas características particulares que esta deuda tiene. Por un lado, se trata de una deuda que mayoritariamente se tomó en moneda extranjera y, por otro, es una deuda cuyos vencimientos están acotados en el cortísimo plazo.
Por otra parte, también es cierto que esa deuda se tomó para pagar deuda anterior y para pagar el déficit estructural externo que tiene la Argentina, pero también es verdad que nada de esa deuda se usó para mejorar la capacidad productiva del país.
Entonces, en cuatro años en donde la deuda empeoraba nominalmente, empeoraban sus características y se acercaba en sus vencimientos, el país entró en una situación de recesión progresiva, con falta de producción, con desempleo y con aumento de la pobreza. Esa es la situación que hoy hace insostenible a la Argentina.
Agradezco a la oposición la buena voluntad de acompañar la aprobación de este proyecto, porque definitivamente lo que necesitamos para hacerla sostenible es sin duda tener consenso entre los argentinos.
Me parece que hemos llegado a un consenso; tenemos el consenso de darle al equipo de Economía las herramientas para discutir cómo los argentinos podemos honrar esta deuda sin seguir en este camino progresivo de empobrecimiento y desintegración de la estructura social de la Argentina. Así que quiero agradecerle a la oposición por eso. Este es un paso. Debemos tener muchas reuniones más, debemos tener mucho más consenso para hacer sostenible a este país, pero este es un paso en la dirección correcta. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Muñoz, por Chubut.
Sra. Muñoz.- Señor presidente: pido autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Massa).- Queda autorizada.
Tiene la palabra la señora diputada Ginocchio, por Catamarca.
Sra. Ginocchio.- Señor presidente: el proyecto de ley que hoy tratamos en este recinto sobre Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa dice exactamente que es la restauración prioritaria para el interés de la República.
Esto se sustenta en la deteriorada economía y en el alto endeudamiento al que todos sabemos que asistimos en nuestro país, que es insostenible y excesivo. Este no es un dato caprichoso si se considera que entre el año 2015 y 2019 el aumento en la relación de la deuda-PBI fue del 87 por ciento. Esta situación hace imperiosa la restructuración para restablecer la sostenibilidad, la capacidad de pago, y sentar las bases para que la deuda pueda ser pagada respetando el mandato constitucional de desarrollo humano y progreso económico.
El alto endeudamiento no pasa desapercibido para nadie y los que venimos del interior sabemos cuánto socava y condiciona el crecimiento armónico del país y de sus regiones. Es entonces que estamos frente a un reto mayúsculo, por cuanto tiene incidencia directa en la vida de las personas y el bienestar de muchos de quienes habitamos este vasto suelo generando mayores asimetrías y desigualdades.
Existe un interés general prioritario, y valoramos que este proyecto venga del Poder Ejecutivo, porque da muestra de una respuesta adecuada y oportuna para fortalecer la convivencia democrática y el equilibrio social, el reconocimiento y el respeto a la dignidad y los derechos humanos que hacen a la esencia de la democracia de manera permanente. Los argentinos debemos integrarnos y cohesionarnos en este interés común y general que tenemos frente a nosotros para que la Argentina vuelva a crecer.
Como se dijo ya en este recinto, la capacidad negociadora del Poder Ejecutivo es distinta si cuenta con el apoyo del arco político. En momentos de crisis como el que estamos atravesando el Parlamento tiene un rol y debe cumplirlo, y es el de empoderar al Poder Ejecutivo en la negociación que es imprescindible para dar paso al proceso de desarrollo inclusivo con bienestar y justicia social.
Por los argumentos expuestos, los legisladores de la provincia de Catamarca que integramos el Frente de Todos vamos a brindar el apoyo a este proyecto porque comulgamos con la cultura política de este espacio y estamos convencidos de que es el camino para recuperar a la Argentina y ponerla de pie. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Para completar la lista de oradores individuales, tiene la palabra la señora diputada Caparrós, por Tierra del Fuego.
Sra. Caparrós.- Señor presidente: vengo de una provincia que tiene los índices más altos de desocupación, con un 23 por ciento de caída del empleo industrial y con gente bajo la línea de pobreza e indigencia, y hoy nuevamente la historia me sienta en esta banca para discutir la deuda externa. Esta es una deuda que se paga o bien con un ajuste salvaje o no se puede pagar.
Yo creo que el gesto que ha tenido el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de venir a esta casa y pedir el acompañamiento de los hombres y mujeres de la política y de someter a este debate el tema del pago de la deuda externa, nos habla claramente de la intención de pago que tiene la Argentina en la figura de nuestro presidente de honrar las deudas, que no son ilegítimas porque las tomó un gobierno elegido legítimamente, pero que pudieron haber sido tomadas, instrumentadas o aplicadas de manera errónea o no según la decisión política.
A modo de ejemplo les comento que vengo de una provincia que en el año 97 se endeudó en 55 millones de dólares, con un menú de inversiones que incluía escuelas, hospitales, el puerto de la ciudad de Río Grande y un centro invernal. Lo único que se hizo con esos 55 millones de dólares fue el centro invernal -que indudablemente hoy disfrutan muchos turistas-, que se construyó y se entregó a manos privadas. Ese es un mal uso de la toma de deuda externa.
Hoy hablamos de legitimidad, y escuchaba a mis colegas diputados de todas las bancadas hablar sobre legitimidad e ilegitimidad, pero no estamos hablando de lo que es fundamental: no está mal que un país tome deuda, siempre y cuando se destine a obras vinculadas al desarrollo y al crecimiento.
¿Qué nos pasó en estos últimos cuatro años? Sin ofender al bloque de Cambiemos, el país cayó estrepitosamente, y mucha gente cayó en situación de desocupación y bajo la línea de pobreza. Tomamos endeudamiento, pero ese endeudamiento no se vio volcado sobre ningún aspecto del desarrollo de las necesidades que tenía la Argentina.
Hace un rato se hablaba de la necesidad de agua potable para la comunidad wichi; sin embargo, en la toma de esa deuda externa no formó parte la posibilidad de llevar agua potable, no solo a las comunidades aborígenes de Salta, sino también a las tantas comunidades aborígenes que la están pasando mal en nuestro país. Esto es lo que nos faltó, es decir, nos faltó ver el menú de inversiones, para qué nos endeudamos en la Argentina. Y repetimos los errores, porque mi provincia, que se desendeudó en 2001, cuando caíamos en default, con un ajuste durísimo para los habitantes de Tierra del Fuego que implicó la disminución en un 30 por ciento de los salarios y el achique del Estado, hoy debe 200 millones de dólares tomados en 2017, a una tasa del 10 por ciento anual; debemos el 90 por ciento de esa deuda que tiene vencimiento en los próximos meses. Imagínense ustedes que estoy hablando de una provincia con un altísimo índice de desocupación.
Estamos viendo gestos por parte del gobierno nacional. Todas las provincias tienen que asumir su responsabilidad, tanto por parte de nuestros partidos como de los partidos opositores; tenemos que empezar a asumir responsabilidades. Cuando hablamos de deuda externa, no quisiera estar discutiendo o dando herramientas para que vayan a renegociarla porque estamos otra vez por caer en default. Es una locura. Debemos tener herramientas preventivas; los cuerpos legislativos, el Congreso de la Nación, no deben tener una comisión solo de seguimiento, sino que anticipadamente deben tomar acciones preventivas para que la deuda vaya a donde debe ir y el seguimiento posterior corrobore que así fue. En mi provincia pasó, lo vivimos, y hoy estamos endeudados nuevamente.
Agradezco la posibilidad de que los gobiernos provinciales puedan sentarse a discutir sus deudas con la Nación, sus deudas de bandera argentina, como digo yo.
La deuda que tenemos con el banco de Nueva York deberá discutirla nuestro gobernador en los próximos tiempos, pero tiene como agravante que compromete las regalías hidrocarburíferas de mi provincia. Con lo cual, si se afectan estas regalías, se afectan los municipios y la provincia toda.
Anticipo mi acompañamiento al presidente de la Nación en este pedido de que los bloques políticos le den su respaldo para tener la fortaleza política suficiente para sentarse con quien tenga que hacerlo a fin de negociar esta deuda, sin ajuste para los argentinos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Sarghini, por Buenos Aires.
Sr. Sarghini.- Señor presidente: emergencia, redistribución y restructuración son casi una misma cosa. Por eso hemos acompañado la emergencia...
Sr. Presidente (Massa).- Silencio, por favor, señores diputados.
Sr. Sarghini.- Gracias, señor presidente.
Decía que por eso hemos acompañado la emergencia y por eso vamos a acompañar la reestructuración. Una y otra son la condición necesaria, no suficiente, para contar con un plan económico integral indispensable para salir de esta decaída economía con alta inflación que en términos tendenciales lleva por lo menos una década.
Existen razones más que objetivas para declarar la emergencia. No obstante, yo diría ‑y por eso insisto en que son una misma cosa‑ que el solo hecho de estar en el límite del default ya sería en sí mismo una situación de emergencia.
El año 2019 es una foto que muestra una buena síntesis de lo que ha sido esa década de estancamiento y alta inflación. Finalizamos ese año con una caída de 3 puntos en el producto bruto, con un 55 por ciento de inflación y con un alarmante nivel de pobreza y miseria. A eso debemos agregar, como señalé recién, un déficit elevadísimo que acumulado nos ha llevado, yendo por el atajo de la deuda, a una situación de default técnico.
¿Qué ha hecho la ley de emergencia? Es cierto que ha delegado algunas facultades debido al presupuesto prorrogado –otras, seguramente cuando contemos con la discusión del presupuesto 2020, habrá que revisar‑, pero básicamente lo que hizo fue cortar una inercia fiscal y cambiaria que indudablemente ponía en absoluta duda la posibilidad de sentarse a renegociar con ningún acreedor. La inercia por la que veníamos nos llevaba a 3 puntos de déficit, sin tener en cuenta el pago de los servicios de la deuda; estos 3 puntos de déficit no le hubiesen permitido a ningún negociador oficial sentarse con ningún tenedor de bono.
Por eso, hasta me resulta un tanto extraño otorgar esta facultad y dar estos instrumentos de renegociación sin haber entregado los otros. ¡Qué fácil es decirle a un renegociador “vaya y negocie, pero vaya con el déficit del 3 por ciento que le dejo”! Claro, la reducción del déficit implica tomar medidas políticamente incorrectas. Sí, hay que decirlo con todas las letras. Galbraith la llamó asimetría política entre las decisiones en materia económica y las dificultades políticas para llevarlas adelante. Pero también nos mostró que a veces, por hacerse cargo de las asimetrías políticas, estaban agazapadas aquellas teorías económicas que traían un remedio mucho peor que la enfermedad. Y lo remonta a un momento de la historia que a nosotros no nos debe resultar muy extraño. Cuando el keynesianismo se quedó sin instrumentos para afrontar la inflación y parecía que la única manera de contraer demanda era aumentar impuestos o bajar gastos, apareció algo que era simétricamente político: había que subir la tasa de interés y con eso se resolvía todo. Bueno, el remedio fue peor que la enfermedad. A veces hay que tener coraje para tomar medidas que sean políticamente incorrectas, pero que se anticipen a otras que si se aplican como remedio agudizan la enfermedad.
Eso fue lo que hizo la ley de emergencia económica. De los 3 puntos de déficit a los que nos llevaba la inercia, llegó a cerrarlos en 0,5, aunque ya veremos. Las estimaciones de los economistas hay que ponerlas en duda, lo dice un economista que piensa que los que hacen estimaciones pierden la mitad del tiempo en hacerlas y la otra mitad en explicar por qué no se cumplieron. Lo cierto es que van en ese sentido, es decir, en generar un instrumento a quienes les estamos dando la facultad de negociar.
Llega hoy la restructuración. ¿Qué es lo que restructuramos? Probablemente, punto más punto menos, un poquito más del 20 por ciento del total de la deuda, de esa deuda que, como ya han dicho muchos acá, está en el orden de los 320.000 millones de dólares. No ha habido grieta; algunos dicen 320, otros 315, pero ahí estamos, ese es el número oficial. De ese monto, estaríamos llevando 66.000 millones a la renegociación, a la reestructuración, toda vez que se trata de la deuda externa contraída bajo ley extranjera.
A este respecto no hay mucho para tirarse los números por la cabeza. El 37 por ciento de esos 66.000 millones lo representa la restructuración 2005-2010 que, tal como ha dicho el señor diputado Heller y es absolutamente cierto, es consecuencia de situaciones previas. Lo otro fue la emisión 2016-2018, que parece bastante voluminosa, llevada a más de 41.000 millones en solo dos años. No es mucho mérito no haberse endeudado cuando después los mercados se encerraron.
Lo cierto es que estamos en esta situación: hay que dar instrumentos en materia fiscal y en materia cambiaria para que se sienten a negociar, instrumentos que plantea este proyecto de ley en su conjunto. ¿Esto garantiza la sustentabilidad de la deuda? No. La sustentabilidad la va a garantizar el resultado de esa negociación, y para eso está este Congreso. Entregamos los instrumentos y deberemos controlar, y creo que en esto va a tener un rol esencial la comisión bicameral de seguimiento de la deuda.
Hemos visto algunas señales quizás no del todo claras de la principal provincia, a la que pertenezco; si bien pareciera ser que tiene que estar en el marco de una coordinación con el gobierno nacional, no la termino de ver del todo, pero espero equivocarme.
Hemos visto que un premio Nobel quiere acompañarnos; me parece maravilloso, pero le pediría que lo haga en silencio. No obstante estas dudas, confiamos.
El ministro Guzmán escribió en su momento un artículo que establecía las mejores condiciones para una reestructuración exitosa, poniendo pautas en materia de crecimiento, de déficit fiscal, de la sustentabilidad del sistema jubilatorio y de los activos que el Estado jamás debe perder. Esto es una visión alentadora. Bueno, como diría Sartori, de la teoría a la práctica: ahora que ha dejado de escribir artículos y tiene una responsabilidad institucional, queremos que la lleve a la práctica.
Cuando el doctor Alfonsín le ganó al doctor Luder, Jorge Luis Borges perdió ese pesimismo que lo caracterizaba y dijo: “La esperanza ahora es nuestro virtuoso deber”. Seguramente no lo repetiría ante esta circunstancia política. No obstante, yo me voy a permitir modestamente hacer uso de sus palabras: “La esperanza ahora es nuestro virtuoso deber”. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente: quiero ser lo más preciso posible. Todos tenemos responsabilidad frente a lo que se está llevando adelante, que es la reprogramación de la deuda, y por las expresiones que se vierten en el Congreso.
He escuchado muchas voces, algunas explicando que este problema no nació ayer y otras cargando la cuestión en un solo lado. Quiero ser lo más objetivo posible y seguir el análisis del diputado que me precedió en el uso de la palabra.
Queremos decir que estamos al lado del gobierno para lo que necesite en materia de renegociación de la deuda, para darle fortaleza en el frente externo por las deudas contraídas que entrecruzan la historia de la Argentina. Esto lo digo para que no quepa ninguna duda.
Estamos hablando de la deuda desde el 2005 en adelante, de los canjes de ese año y del 2010, de lo que se usó para pagar a los holdouts, del CIADI y de los intereses acumulados por las deudas contraídas.
Podemos tomar en cuenta algunos puntos centrales que atraviesan la historia de los últimos 50 o 60 años, salvo algunos interregnos. Uno es no haber podido terminar de resolver el problema de la inflación debido al déficit fiscal.
Otro es la construcción de una moneda propia y fuerte, que nos saque de un sistema bimonetario, porque cuando hay desconfianza la sociedad usa los pesos para comprar cigarrillos y se refugia en otra moneda. Esto no se resuelve con una ley sino volviendo a generar confianza.
Otro punto es un diagnóstico que nos hace cambiar los marcos de institucionalidad, que significa confianza en el mundo para la deuda.
Gracias a Dios en los últimos tiempos ha habido una marcada evolución en estos temas. ¿Queremos un presidente como Alan García o aplaudir los defaults? Todo eso fue construyendo un marco más allá de quien gobierne, y frente a los organismos multilaterales y los acreedores privados el país tiene un perfil al momento de la negociación o de la búsqueda de financiamiento.
Saludo como positivo que hayamos madurado en este aspecto. En 2001 la deuda pública sumaba 144.000 millones de dólares. En 2015 más o menos 240.000 millones, o sea que se había elevado en unos 97.000 millones de dólares, sin contar los 2.500 millones que después se tenían que pagar por el crecimiento del PBI, que además no lo podíamos mostrar con toda claridad.
Por supuesto que en el 2015 la Argentina tuvo el problema de los fondos que quedaban en el Banco Central. En los cuatro años del anterior gobierno, desde el 2015, al que llaman “maldito” porque “vino a destruir a la Argentina”, la deuda trepó a unos 315.000 millones. Tenemos que ser precisos y no hay que enojarse. De los 75.000 millones de dólares que subió la deuda bajo la administración anterior, pesos más pesos menos, hubo que emitir bonos por casi 40.000 millones de dólares para el pago de intereses. Además de eso hubo que pagar casi 10.000 millones a los holdouts, que es de lo que en parte estamos hablando hoy en esta renegociación.
Más de 20.000 millones de dólares se fueron en el financiamiento externo del gobierno, que puede merecer objeciones por los errores que cometió, como el gradualismo o la incompatibilidad entre la política monetaria y la política fiscal. No había plata en la casa y se buscaba afuera para financiarse, como ocurrió tantas veces en la Argentina, aunque después digamos que son malos los de afuera que nos prestan.
Nuestra conversación hoy no debe ser esconder un pedazo de uno o del otro, sino ubicar el problema central y ver cómo podemos salir de él.
Valoro que el presidente haya enviado este proyecto al Congreso y es por eso que estamos todos sentados acá. En el 85 el diputado mandato cumplido Vanossi estableció con mucha claridad lo que significaba una autorización que ya estaba en el presupuesto por la ley de administración financiera.
¿Se quiere un paraguas político? Estamos dispuestos no a hacer 250 sino 500, si se nos permite multiplicar, si eso da legitimidad y fortaleza política al gobierno para la renegociación. Porque el problema no es cuánto cede uno u otro, sino cuánto cedemos los distintos sectores para que el resultado pueda llegar a ser mejor para todos.
Ahora bien, tenemos un problema de confianza. No es la cantidad del PBI con la que uno se endeuda o no. Japón se puede endeudar, tiene el 115 por ciento del PBI endeudado, pero va y pide 30.000 millones de euros y se los dan en dos minutos, porque hay un tema de confianza. Lo mismo le puede pasar a cualquier otro país del mundo. Sin embargo, a nosotros nos miden el aceite, porque miran el boletín, para ver si vamos a cumplir o no.
Quiero decir que depende de nosotros recuperar ese marco de confianza. Estamos dispuestos a colaborar en ello y, por supuesto, ver si salimos de este sistema bimonetario, porque así es absolutamente imposible.
Brasil tiene un endeudamiento cinco veces superior, pero el 85 por ciento del endeudamiento lo tiene en reales, es decir, en su moneda; no depende de los desequilibrios del mercado mundial en materia de financiamiento.
Habiendo transcurrido apenas 20 años de este nuevo siglo, tuvimos default en 2001 y en 2014, después de los fondos buitre, ¿se acuerdan? No importa, no es para echar culpas; lo tuvimos, y eso es una marca. Eso genera problemas institucionales y políticos que se miden en la política internacional. No es un tema de debate ideológico, sino que se trata de resolver un inconveniente que el propio país genera a través de lo que sucede en el tiempo.
Eso no es para jugar a la asamblea estudiantil ni para correr por la izquierda. Se trata de asumir la responsabilidad pública como corresponde y en el turno que a cada uno le toca. Creo que nos faltan acuerdos políticos en esos cuatro temas centrales que superan a los gobiernos.
Lo digo con el mayor de los respetos, pero no me gustó lo que el presidente manifestó la otra noche en un programa de televisión. Dijo que el gobierno anterior era tan malo, tan dañino, que obligó a los gobernadores a endeudarse.
Muchachos, ¡por favor! debemos pedir un cuarto intermedio. Tenemos cinco o seis provincias que están endeudadas en dólares. Podría enojarme con el gobierno anterior, que fue tan ingenuo y no aprendió de Kirchner, que no le daba la firma a nadie. Les daba una anchoa a cambio de la firma. Acá le dimos el 15 por ciento a todos los que nos demandaron, y además les firmamos autorización de endeudamiento. No es que el gobierno iba a las provincias a ofrecer endeudamiento en dólares; eran las provincias las que venían. Todos sabemos lo que es, porque no solo les gusta comer dulce de leche sino además venderlo, y después decir que no es de ellos.
Entonces, hay una responsabilidad. Debemos ubicar a los actores, y no todos administran de la misma manera, pero decir que el gobierno obligó a endeudarse, ¡por favor! Se llevaron más del 15 por ciento, que no lo tenían y ni siquiera lo habían reclamado.
Sr. Presidente (Massa).- Diputado Negri: vaya redondeando su discurso, por favor.
Sr. Negri.- Hay que redondear el tema de la deuda, que es más grande.
Necesitamos un acuerdo para encontrar una moneda sana. No estoy diciendo que sea superior. No lo vamos a lograr con medidas legales en el país. No vamos a obligarlos a que vayan al peso.
Fíjense ustedes que ahora tenemos el cepo, a raíz de la falta de dólares, que obviamente se tuvo que extremar más. Así y todo, en el último mes se compraron 330 millones de dólares. Es decir que cuando no hay confianza en la moneda, se van hasta por encima del techo a buscar el dólar. Los argentinos imaginan, inventan, pero lo logran.
Por ello, generar la confianza es absolutamente necesario. No alcanza con decir que vamos a pagar solo si crecemos. Lo que deberíamos definir entre todos -si pudiéramos- es cómo vamos a crecer, cuál será nuestra política de exportación, cuáles los motores en los que basamos el desarrollo económico.
Me alegra que hayan retirado el proyecto de ley del conocimiento de los temas a tratar en las sesiones extraordinarias. Me alegra que el gobierno se haya dado cuenta que había sido una macana lo que habían hecho con ese anuncio. Se trataba de 6.000 millones de dólares, y eso generaba mano de obra, y es hacia dónde va el mundo.
Por eso, es importante que nos podamos poner de acuerdo sobre una lectura correcta de hacia dónde debemos ir para crecer, para poder exportar y tener un saldo a favor en la balanza comercial. Por supuesto hay recesión, pero ya la padecemos desde hace diez años, y ahora terminaremos con un saldo a favor de 15.000 millones. No es mucho, pero peor es terminar al revés. Debemos ver cómo no se nos cae eso, cómo encontramos un acuerdo. Lo hacemos con la mayor de las responsabilidades y sin énfasis.
Todavía no tenemos presupuesto. Es cierto que falta renegociar la deuda, pero el presupuesto se podría haber armado; en agosto ya se pensaba quién iba a ser gobierno después de las PASO; ha pasado un tiempo.
Pero en 1985, -con esto concluyo- además de lo que Vanossi estableció, se creó por primera vez una comisión bicameral de seguimiento de la deuda externa. En ese momento, los amigos del justicialismo decidieron no integrarla. No obstante, legisladores del justicialismo, en forma individual -y anoté los nombres- decidieron hacer una comisión ad hoc a la que ya estaba integrada por Matzkin, el exgobernador Verna, Baglini, del radicalismo, y otros legisladores más. Eran seis: tres senadores y tres diputados.
¿Sabe qué hicieron? Todo el tiempo que duró la renegociación de la deuda viajaban con el ministro. Porque nosotros estamos otorgando prórroga de jurisdicción, de soberanía. No es que nos cortemos las venas, son las reglas de juego que tenemos.
Una muestra de confianza fue que viajaron con el ministro; estuvieron en todas las reuniones del Banco Mundial, en las del BID, en todos lados. Y el ministro les iba comentando e informando cuáles eran las pautas que se iban negociando.
¿Quién inventó esa teoría de que en la negociación de la deuda externa hay que jugar a las escondidas y no contar nada porque, de lo contrario, se pierde la estrategia? ¡¿Si lo que tenemos en juego es un bien público de todos?! Lo que debemos tener es responsabilidad y confianza.
Por eso, una vez finalizada, debemos poner en marcha nuevamente en forma urgente la comisión de seguimiento de la negociación de la deuda. Además –lo digo en nombre propio, pero creo que lo hago en nombre de todos‑, el presidente no debe sentir debilidad si queremos acompañar a resolver un problema del cual nunca negamos que somos parte a lo largo de la historia argentina, pero tampoco lo deben negar ustedes. Y si quieren que viajemos juntos, si les sirve de fortaleza, toquen pito que estamos ahí en el acto. Después, nos pelearemos por la Argentina que queremos construir entre todos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Pido a los diputados que se vayan identificando para el momento de la votación.
Tiene la palabra el señor diputado Kirchner, por Santa Cruz.
Sr. Kirchner.- Señor presidente: si me autoriza, comenzaré mi intervención leyendo partes de un libro muy interesante para poder entender la economía. El libro se llama Economistas contra la democracia y es de un francés, Jacques Sapir, escrito en 2004.
El libro analiza el default en Rusia y la Argentina, y explica cómo las políticas que se acaban de aplicar en la Argentina ya habían fallado a fines de la década de los noventa.
Dice el escritor, refiriéndose al caso argentino: “Que nadie espere, sin embargo, nada parecido. Cuando las emociones se hayan calmado, cuando se olviden las terribles imágenes de padres con sus hijos en brazos desafiando a la policía para hacerse con unos pocos alimentos en una tienda desvalijada, los mismos economistas volverán a perorar con idéntica suficiencia.” Esto es, en parte, lo que pasó en la Argentina.
Cuando uno mira de dónde salió la Argentina a partir del 25 de mayo de 2003 y tiene que reestructurar una deuda “defaulteada” -2005-2010, 93 por ciento de los acreedores, 7 por ciento de los buitres fuera-, se da cuenta de que una parte de nuestra sociedad se olvidó de esto. Así fue como Sturzenegger volvió a perorar con idéntica suficiencia y obtuvimos los mismos resultados.
La situación en que nos encontramos no debería haberse dado; no tendría que haber ocurrido. Cuando discutimos sobre los fondos “buitre”, pedimos que negociaran mejor; era un 7 por ciento lo que faltaba. Aquella no fue una postura dogmática, cómoda y opositora porque sí; la Argentina tenía un problema, ya descripto por el diputado preopinante, y nosotros queríamos que actuaran en consecuencia para que no pasara lo que el presidente dijo el otro día.
El expresidente de todos los argentinos –me confundí, ya que ahora es presidente de la Fundación FIFA‑, en una reunión con amigos, compañeros y militantes de la ex fuerza de gobierno comentó lo siguiente: “Yo siempre les decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda”. A eso le contestaban que se quedara tranquilo.
Sinceramente, habría que ver quién le pedía que se quedara tranquilo; deberíamos conocerlo, porque pudo haber sido “Toto” Caputo, el Messi de las finanzas, Sturzenegger o algún otro.
Sra. Carrió.- Cavallo.
Sr. Kirchner.- También.
En otra parte dijo: “No sobreviví ni al radicalismo. El radicalismo mandó un proyecto al Congreso para, por ley, decir que no se podía tocar eso. A mí me parecía que era lo lógico, que un chico de La Matanza tiene que cobrar lo mismo que un chico del sur de La Pampa…” Antes hace la misma comparación con la Patagonia.
Esto es desconocer lo que se gobierna; por eso ahora tenemos estos resultados. Obviamente, La Pampa y otras provincias patagónicas presentan diferencias y por eso en ellas se cobraba una AUH mayor que en el resto del país, ya que los costos son distintos. Si el expresidente hubiera conocido su país, habría entendido la situación.
De la misma manera, tampoco se hizo cargo del tema de la deuda. Pareciera ser que nada sucedió. Quizás, entre quienes le pedían que se quedara tranquilo estaba el abogado Eugenio Bruno. Los bonistas acreedores de la Argentina contrataron a un ex funcionario de Macri para que negocie con el gobierno. Es decir que la persona que tuvo la responsabilidad de armar la discusión con los holdouts ‑recordemos el esquema PPP y demás‑ y que venía del sector privado, ahora termina defendiendo a los bonistas.
Estas son las situaciones en las que debemos pensar…
Sr. Iglesias.- El presidente es abogado de Repsol.
Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia solicita guardar silencio para que podamos escuchar al orador.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Kirchner, por Buenos Aires.
Sr. Kirchner.- Pueden hablar, señor presidente; no hay problema. Los resultados, son resultados.
Lo cierto es que en la Argentina muchas veces se actuó de esa manera durante los últimos cuatro años. El país fue endeudado de una manera irresponsable; tomaron deuda a más de 30.000 millones de dólares todos los años y coronaron esa situación con los 44.000 millones de dólares pedidos al Fondo Monetario Internacional.
Por otro lado, tendríamos que ver quién elaboró la curva de vencimientos de la deuda contraída por el gobierno, porque pareciera que quien la hizo sabía que no iban a ganar las elecciones. Si observamos la cantidad de vencimientos entre los años 2019 y 2023, nos daremos cuenta de que eso es lo que la torna insustentable. Entonces, los argentinos tenemos que ver cómo reestructuramos la deuda.
Está muy bien que aquí lleguemos a acuerdos, pero es preciso trazar políticas económicas internas que permitan llevar a cabo esta sustentabilidad y que el país desarrolle un aparato productivo, dando valor agregado a nuestra economía a través del conocimiento y otros factores.
No es con más desocupación, como ocurrió en los últimos cuatro años, como podremos alcanzar aquella sustentabilidad. Necesitamos que la Argentina trabaje y se desarrolle, pero no solo en un sentido “extractivista”; es importante que también pueda dar valor agregado a los recursos naturales que posee.
La discusión que sobrevendrá en el Congreso sobre estos temas requerirá que tengamos la suficiente madurez para otorgar a la Argentina el volumen económico que necesita.
Aquellas políticas económicas siempre fracasaron. Independientemente del partido político al que se pertenezca, lo cierto es que las dirigencias políticas se entregan a los economistas. No sé si no quieren aprender o no saben, pero lo cierto es que no discuten. Ahora bien, cuando se renuncia a la acción política, cuando el político es reducido a un personaje de televisión por su capacidad de denuncia o, si se quiere, por su belleza, empiezan los problemas.
La política tiene que volver a estar en la Argentina y debemos darnos la oportunidad de pensar en un país que realmente incluya a todos.
Sería muy fácil para uno apelar a la ironía; pero hay datos que realmente merece que les prestemos atención. En 2001, previo al estallido final de la Alianza, el PBI argentino era de 291.000 millones de dólares; en 2003, de 138.755 millones, obviamente producto de la devaluación que había sufrido nuestro país al salir del régimen de convertibilidad.
En 2015, el PBI era de 642.000 millones de dólares. O sea que entre 2003 y 2015, creció 500.000 millones de dólares. Repito: 500.000 millones de dólares. ¿En cuánto lo dejaron en 2019? En 451.000 millones de dólares. Esto es, 200.000 millones menos…
Sr. Iglesias.- ¿Puedo hacer una aclaración, como la que hizo Heller?
Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia pide al señor diputado Iglesias que sea respetuoso, como los demás lo fueron con él.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Kirchner, por Buenos Aires.
Sr. Kirchner.- Señor presidente: tenemos que sacar a la Argentina de esa situación y dar esperanzas a la gente.
Podríamos venir y hacernos fácilmente los graciosos, reírnos, agarrar una bolsa, llenarla de estiércol y revolearla para todos lados e incluso con mucha autoridad, porque fuimos quienes desendeudamos a la Argentina en 2005 y en 2010: quita del 70 por ciento con el Fondo Monetario Internacional y 11.000 millones de dólares. Pero resulta que algunos, en vez de discutir en forma madura, pretenden hablar por encima de las voces de los otros. Ese es el problema: vivimos escuchando muchas voces y hace tiempo que aquí no se oye una palabra en serio para defender los intereses de la sociedad argentina fuera del país. ¡Eso es lo que vamos a hacer! (Aplausos.)
Este proyecto no significa dar un cheque en blanco o una patente de corso al presidente, a la vicepresidenta o al ministro de Economía. Puedo asegurar que, cuando conozcamos la oferta que se haga en el exterior –porque ahí nos metieron, ahí nos llevaron de vuelta‑, no votaremos nada que no signifique una buena negociación para el pueblo argentino.
Estoy muy de acuerdo con que la comisión bicameral de seguimiento de la deuda externa comience a funcionar. Cuando quieran la ponemos en marcha y empezamos a analizar el proceso de endeudamiento y su trazabilidad; ello será muy sano para entender cómo funciona nuestra economía. (Aplausos.)
La lógica de la negociación que lleve adelante la Argentina tendrá que ser muy simple. Lo dijimos hace mucho tiempo y quedó demostrado: ni siquiera pudieron hacer cerrar los números con la gente afuera. Entonces, lo que deben lograr los representantes de nuestro país en esta negociación es que los números cierren con la gente adentro. No se trata más que de eso; no es tan difícil.
Saludo la actitud de gran parte de la oposición de acompañar esta iniciativa; me parece correctísimo. Pero no se trata solo de acompañar hoy; también es importante diagramar un país real que pueda producir y hacer frente a los compromisos externos asumidos para que, de una buena vez, en el Congreso ya no tengamos que debatir cada tanto sobre la deuda. La sociedad debe estar harta de este tipo de situaciones. Entonces, pongámosla de pie y no busquemos una síntesis solo hoy; busquemos también una síntesis respecto de las políticas económicas que nuestro país necesita.
Cuando uno adopta la pose de decir, por ejemplo, “el cepo, no”, pero después termina poniendo uno, se da cuenta de que aquella medida política era para cuidar la divisa extranjera, no un capricho ideológico. La Argentina realmente necesitaba esas divisas para cumplir con sus compromisos externos. Veamos cómo fueron los últimos meses de los dos gobiernos: nosotros afrontamos un vencimiento de los BODEN 2015 por 6.800 millones de dólares en agosto u octubre de ese año y ofrecimos pagar en febrero o marzo. Pocos acreedores lo rechazaron porque confiaban en el país. Por el otro lado, terminamos con un ministro “reperfilando” una deuda en pesos.
Esto también habla a las claras de las responsabilidades. Es verdad que los hay más y los hay menos, pero que hay responsabilidades en el endeudamiento argentino, no hay duda. En este sentido, si hay un nombre y apellido para mencionar a alguien que realmente actuó con desparpajo ‑y cuando uno escucha las declaraciones que hizo hace unos días no puede más que indignarse porque ni siquiera asume la culpa y se la echa a su propio partido político‑ es el de Mauricio Macri. (Aplausos.)
Entonces, creo que aquí lo que debemos hacer es decirle nunca más a la deuda externa y empezar a elaborar entre todos una política económica que elimine de plano y hacia adelante este tipo de problemas de la sociedad. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar nominalmente en general el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y otra ‑Orden del día N° 4‑ recaído en el proyecto de ley por el cual se declara prioritario para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa.
El señor diputado Estévez solicitó a este cuerpo autorización para abstenerse.
- Asentimiento.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 228 señores diputados presentes, 224 han votado por la afirmativa y 2 por la negativa, registrándose además 1 abstención.
Sr. Secretario (Cergnul).- Se han registrado 224 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstención. [1] (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- En consideración en particular.
Tiene la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Heller.- Señor presidente: recogiendo sugerencias que surgieron en el debate en comisión durante el día de ayer, y teniendo en cuenta respuestas que brindó el subprocurador del Tesoro, proponemos cambiar el título del proyecto por el siguiente: “Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”. Esto es algo que se había solicitado y con lo que estábamos de acuerdo.
En el mismo sentido, para el artículo 1° proponemos la siguiente redacción: “Declárase prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera, en los términos del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones, y a tal fin, autorízase al Poder Ejecutivo nacional a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera.
“El Poder Ejecutivo nacional determinará los montos nominales alcanzados por la presente ley especial.”
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Cacace, por San Luis.
Sr. Cacace.- Señor presidente: además de lo anunciado por el señor diputado Heller, con lo que coincidimos a partir de la discusión en comisión en el día de ayer, proponemos modificar este artículo 1°.
A continuación del primer párrafo leído por el señor diputado Heller sugerimos un segundo párrafo que diga: “Exclúyase de las operaciones previstas en el párrafo precedente a los títulos públicos de la República Argentina cuya titularidad a la fecha de sanción del presente proyecto corresponda a los organismos de la seguridad social, entendiéndose por ellos a la administración nacional de la seguridad social, los organismos previsionales provinciales para servidores públicos y para profesionales.”
Proponemos este texto a raíz de lo que expusimos en la consideración en general, en cuanto a que la tenencia de bonos en poder de los organismos de seguridad social, tanto nacionales como provinciales, también está afectando la reestructuración.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Heller.- Señor presidente: no vamos a aceptar ese segundo párrafo porque entendemos que la discriminación de la deuda por titulares y demás significaría una complejidad para el proceso de negociación. En todo caso, serán consideraciones posteriores al proceso de renegociación.
Por lo tanto, mantenemos la redacción que acabamos de proponer.
Sr. Presidente (Massa).- Con las modificaciones introducidas en el título del proyecto y en el artículo en consideración, se va a votar en particular el artículo 1°.
- Resulta afirmativa.
- Sin modificaciones, se vota y aprueba el artículo 2°.
Sr. Presidente (Massa).- En consideración el artículo 3°.
Tiene la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Heller.- Señor presidente: teniendo también en cuenta lo que ayer se trató en comisión, vamos a aceptar la eliminación de la primera parte del artículo 3° hasta donde dice: “A tal fin, autorízase a la autoridad…” Es decir, se elimina del texto el siguiente párrafo: “Declárase que las políticas de endeudamiento inconsistentes con la capacidad de repago en divisas y que priorizaron los instrumentos bajo legislación extranjera tornan indispensable la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa para recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica de la República Argentina.”
También se elimina la expresión “A tal fin”. Entonces, el artículo 3° comenzaría directamente: “Autorízase a la autoridad de aplicación a contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen.
“La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación:” Y allí sigue un conjunto de incisos. Ese es el cambio que se sugiere.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Cacace, por San Luis.
Sr. Cacace.- Señor presidente: íbamos a hacer exactamente esa solicitud respecto del artículo 3°, o sea la supresión del primer párrafo y también de la frase “A tal fin” para que rija directamente la autorización. De manera que coincidimos con lo propuesto por el señor diputado Heller.
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar el artículo 3° con las modificaciones propuestas y leídas por los señores diputados Heller y Cacace.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- En consideración el artículo 4°.
Tiene la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Heller.- Señor presidente: proponemos una modificación, que es simplemente de metodología, producto de ese cambio que hemos introducido en el título y en el artículo 1°.
En este sentido, el apartado a) del artículo 4° quedaría redactado de la siguiente manera: “Emitir nuevos títulos públicos a efectos de modificar el perfil de vencimientos de intereses y amortizaciones de capital para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa, en los términos del artículo 1° de la presente ley”
Sr. Presidente (Massa).- En consideración el artículo 4° con las modificaciones propuestas.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- En consideración el artículo 5°.
Tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos Aires.
Sra. Lospennato.- Señor presidente: cuando el señor diputado Heller leyó este artículo lo hizo tal como estaba, sin considerar justamente la modificación en el sentido de cambiar la expresión “deuda pública externa” por “deuda bajo legislación extranjera”.
Por lo expuesto, solicito la reconsideración del artículo a fin de votarlo nuevamente en forma correcta.
Sr. Presidente (Massa).- En consideración la moción de reconsideración del artículo 4° formulada por la señora diputada por Buenos Aires. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Queda aprobada la moción.
En consideración el artículo 4°.
Tiene la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien la Presidencia ruega que lea correctamente la redacción del artículo 4°.
Sr. Heller.- Señor presidente: pido perdón por mi error y efectivamente asumo que he dado lectura del texto anterior del artículo y no del que ha sido modificado.
El inciso a) del artículo 4° quedaría redactado de la siguiente manera: “Emitir nuevos títulos públicos a efectos de modificar el perfil de vencimientos de intereses y amortizaciones de capital para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera, en los términos del artículo 1° de la presente ley”.
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar nuevamente el artículo 4° con la modificación de la que ha dado lectura el señor miembro informante.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 5° a 8°.
- El artículo 9° es de forma.
Sr. Presidente (Massa).- Queda sancionado el proyecto de ley.[2]
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)
Tiene la palabra la señora diputada Ocaña, por Buenos Aires.
Sra. Ocaña.- Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones. Asimismo, pido que se autorice a hacer lo propio con todos aquellos señores diputados que lo soliciten.
Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia informa a la señora diputada que al final de la sesión se autorizará a todos los señores diputados a efectuar las inserciones pertinentes.
- 15 -
Sr. Presidente (Massa).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley en revisión contenido en el expediente 74-S.-2019, por el que se aprueba el Consenso Fiscal 2019, suscripto el 17 de diciembre de 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las provincias y de la mencionada ciudad. (Orden del Día N° 3).
aquí orden del día n° 3
Sr. Presidente (Massa).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado Pablo Gerardo González, por Santa Cruz.
Sr. González (P.G.).- Señor presidente: este proyecto de ley aprobado por el Honorable Senado fue objeto de tratamiento, en el día de ayer, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Venimos a presentar esta iniciativa luego de haberla analizado con el señor diputado Heller y debatido en el ámbito de la citada comisión.
Este proyecto de ley de Consenso Fiscal 2019 no pretende resolver los problemas y la compleja relación que las provincias han tenido con el Estado Nacional durante los últimos cuatro años.
Por el contrario, rápidamente, siete días después, se arribó a un acuerdo con el señor presidente de la Nación. Dicho acuerdo fue suscripto por las veinticuatro jurisdicciones y hoy estamos considerando su aprobación.
Oportunamente el Honorable Senado aprobó esta iniciativa. Lo hizo prácticamente por unanimidad, ya que 63 señores senadores votaron por la afirmativa y uno por la negativa, al tiempo que se registró una abstención.
Llegamos a este proyecto de ley de Consenso Fiscal 2019 luego de otros tres instrumentos suscriptos por las provincias y el Estado nacional en 2016, 2017 y 2018.
El primero fue el Acuerdo para el Nuevo Federalismo, aprobado por la ley 27.469, que estableció una serie de cosas importantes. Una de ellas fue el Programa para el Desendeudamiento de las Provincias, que determinó un esquema de desendeudamiento que no tuvo los resultados deseados en ese momento. Se analizó el tema de los Aportes del Tesoro Nacional y se aprobó un esquema gradual de disminución del quince por ciento de la masa de impuestos coparticipables con destino a la ANSES.
Deseo aclarar que el acuerdo aprobado mediante el Consenso Fiscal 2016 no significó un acto de liberalidad por parte del Poder Ejecutivo, sino un acuerdo al que arribaron los gobernadores y el entonces presidente de la Nación en relación con una deuda que iba a tener el Estado nacional como consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que todo el mundo conoce.
En otras palabras, allí hubo, en mi opinión, un acto de absoluta responsabilidad por parte de los gobernadores y un acuerdo que después fue firmado y aprobado por esta Honorable Cámara, más allá de que –insisto- el problema del desendeudamiento que allí se estaba tratando no logró los resultados deseados.
En 2017 se suscribió el Consenso Fiscal correspondiente a ese año. Cada gobernador sabe por qué lo firmó: algunos lo hicieron porque estaban de acuerdo, otros porque no tenían otra posibilidad y otros porque solicitaban el Fondo Federal Solidario o no podían ingresar al régimen establecido para las cajas previsionales de las provincias. Pero lo cierto es que fue aprobado por las legislaturas provinciales y por esta Honorable Cámara.
Se estableció un esquema de disminución gradual de algunos impuestos provinciales, que hoy son suspendidos por este proyecto de ley de Consenso Fiscal 2019. En relación con este último, llega en un momento en que las provincias se encuentran en una situación apremiante. Como se dijo en la presente sesión durante la consideración del proyecto de ley referido al tema de la deuda externa, la mayoría de las provincias argentinas están fuertemente comprometidas en lo relativo a sus recursos fiscales como consecuencia de su sector externo.
En este período hubo cinco provincias que no emitieron bonos, otras dos que disminuyeron su deuda en dichos títulos, cinco que lo hicieron por debajo del promedio y otras doce que lo llevaron a cabo por encima de él. Es decir que doce provincias argentinas aumentaron significativamente su deuda en dólares, sobre todo entre 2016 y 2017, aspecto que hoy las está condicionando fuertemente y que constituyó otro de los temas sobre los que se ha conversado con el señor presidente de la Nación.
En 2017 el Consenso Fiscal se venía cayendo, mientras que en el correspondiente a 2018 se suspendieron algunos de los compromisos asumidos por las partes en el del año mencionado en primer término, respecto del cual muchas cosas se cumplieron y otras no. En otras palabras, los gobernadores y el Estado nacional cumplieron muchas cosas, mientras que otras no se pudieron llevar adelante.
Fundamentalmente hay algo que constituye un problema para las provincias y debe ser tenido en cuenta. Me refiero a la existencia de un compromiso respecto de las cajas previsionales provinciales no transferidas, lo que trató de resolverse mediante el dictado del decreto 691. Pero en realidad dicha norma no solucionó ninguno de los problemas de las provincias en materia de déficit.
Sobre el final del año pasado el Estado nacional dictó tres decretos luego de las PASO: el 561, el 566 y el 567. El primero establecía una reducción del Impuesto a las Ganancias, el segundo congelaba los precios de los combustibles y el último determinaba una disminución del IVA aplicable a los alimentos.
Esto originó un rechazo por parte de los gobernadores y una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se expidió el 1° de octubre del año pasado, haciendo lugar a las medidas cautelares interpuestas en primer término por Entre Ríos y posteriormente por otras quince provincias. Este es un tema que aborda el proyecto de ley de Consenso Fiscal 2019.
Por medio de la iniciativa en consideración el Estado nacional y las provincias acordaron la suspensión de la ejecución de esos procesos y la creación de una mesa de trabajo. Al mismo tiempo, se invita a aquellas provincias que no habían iniciado acciones a raíz de esos dos decretos a abstenerse de hacerlo y pasar a integrar esa mesa de trabajo.
El decreto 566 queda pendiente para un análisis posterior debido a que hay un reclamo por parte de las provincias. Al respecto, quiero señalar que las provincias productoras han perdido muchos fondos a raíz de esa norma, que a fines del año pasado agravó fuertemente las finanzas provinciales.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Álvaro González.
Sr. González (P.G.).- El punto II establece la suspensión de algunos de los incisos del Consenso Fiscal 2017. Voy a mencionarlos rápidamente, ya que fueron analizados en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda celebrada en el día de ayer.
El inciso b) establecía la desgravación inmediata de los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios.
El c) establecía la desgravación de los ingresos provenientes de las prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país.
El inciso d) establecía exenciones y la aplicación de alícuotas del impuesto no superiores a las que para cada actividad y período se detallaban en el Anexo I del citado Consenso.
El inciso j) establecía no incrementar las alícuotas del Impuesto a los Sellos correspondientes a la transferencia de inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburiferas y sus servicios complementarios.
El inciso k) establecía un sistema gradual de reducción del Impuesto a los Sellos. Aclaro que lo que se había efectivizado en los años anteriores, es decir, en 2017, 2018 y 2019, está vigente.
Por su parte, los incisos l) y m) se refieren a los tributos sobre las nóminas salariales en relación con sus tratamientos diferenciales.
Y el inciso s) que trata la derogación de tributos específicos que graven la transferencia de combustibles, gas, energía eléctrica –incluso la autogenerada‑, y servicios sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a consumidores finales.
Este tema ayer se debatió en la Comisión de Presupuesto y aclaro que lo resuelto no significa un aumento de la presión fiscal de las provincias ante sus contribuyentes ni que las provincias estén por decretar un impuestazo. Acá solamente se trata de dar aire a los gobernadores. Insisto en que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pusieron de acuerdo con el presidente de la Nación solamente en tres días para firmar el Consenso Fiscal 2019.
Asimismo, ayer hablábamos de que quedaban pendientes varios temas. Una de las razones por las cuales los Estados provinciales firmaron el Consenso Fiscal 2017 fue, entre otras, el Fondo Federal Solidario. Habiendo asumido ese compromiso, el Estado nacional seis meses después de haber aprobado el Consenso Fiscal 2017, lo derogó por decreto a mediados de 2018. Entiendo que ese tema también debe ser analizado.
Además, como antes señalé, otra cuestión sensible son las cajas provinciales no transferidas y el freno de las transferencias a los Estados provinciales como consecuencia de la emisión del decreto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación de este proyecto de ley que, insisto, no viene a resolver ningún problema de fondo ni la compleja relación que tuvimos las provincias con el Estado nacional –tema del que podríamos hablar y sé que algunos diputados lo harán a continuación. Necesitamos la aprobación de un acuerdo que le dé aire a las provincias para sostener obligaciones tales como la salud, la seguridad, la educación y la justicia. Los gobernadores son los que están en la primera línea, son los primeros que se sientan con la gente para satisfacer sus necesidades. Hago esta aclaración porque ayer cuando pedíamos el acompañamiento de este proyecto de ley, algunos diputados decían que el hecho de que lo hubieran aprobado los senadores, representantes las provincias, no significa que los diputados, representantes de la Nación, también deban hacerlo.
Insisto: los gobernadores son los primeros que se juntan para satisfacer las necesidades urgentes de la gente que la está pasando mal. Por lo tanto, más allá de la deuda emitida por los gobernadores, estos acuerdos, los porqués de la firma o no durante estos años de cada uno de estos acuerdos y las relaciones complejas que tuvimos los humildes funcionarios provinciales con el mejor equipo de los últimos cincuenta años, creo que tenemos que acompañar a nuestros gobernadores. Entiendo que vamos por el buen camino. Ayer trabajamos seriamente con el presidente de la Cámara y los jefes de bloque de todos los partidos en la búsqueda de un sendero consensuado para atacar el otro problema que está condicionando a las provincias: la deuda interna. Efectivamente el proyecto de resolución surgió del trabajo y de un consenso que es para aplaudir. Además, viene de la mano de este proyecto de ley que otorga una herramienta a los gobernadores para que puedan cumplir con sus compromisos fiscales. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Araujo, por La Pampa.
Sr. Pérez Araujo.- Señor presidente: en principio como legislador nacional por La Pampa quiero hacer una aclaración porque en el Orden del Día número 3, se transcribió el nombre del gobernador de la provincia de la Pampa, Sergio Ziliotto, como firmante del dictamen en consideración. Vale aclarar que el gobernador de la provincia de La Pampa estuvo presente en dicha reunión, pero no suscribió el consenso.
Voy a hacer un racconto de los motivos por los cuales no lo suscribió. La provincia de la Pampa firmó el Consenso Fiscal 2016 por el cual se devolvía anualmente el 3 por ciento a las provincias. Esto no ocurría por antojo del gobierno anterior sino, también vale aclararlo, por lo resuelto en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo manifestó el miembro informante de la comisión. La Pampa no ratificó el consenso siguiente, el de 2017, porque quien era gobernador de la provincia en aquel entonces, el ingeniero Carlos Berna, entendió que la suscripción y ratificación de ese consenso implicaba la pérdida de la soberanía política y la independencia económica de la provincia. Además, el gobernador manifestó al presidente de la Nación que ese no era el camino para salir de la crisis a la que nos íbamos aventurando a raíz de las medidas llevadas adelante por el gobierno nacional. Como dijo el compañero exgobernador de La Rioja anteriormente, ese consenso nos exigía y nos sometía a desistir de una serie de acciones judiciales que desde las provincias habíamos llevado adelante.
En el convencimiento de sostener los derechos de los pampeanos y las pampeanas, y defender los intereses de nuestra provincia, debíamos seguir el curso de esas acciones judiciales que nos conminaban a desistir. Incluso, por no haber ratificado el consenso, La Pampa obtuvo sentencias ‑que hoy están firmes‑ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvían que somos acreedores del gobierno nacional por montos equivalentes a casi el 10 por ciento de nuestro presupuesto. Esa era la gravedad de la ratificación de ese consenso para los pampeanos y las pampeanas. Por el mismo motivo tampoco fue suscripto el consenso de 2018, ni el gobernador Sergio Ziliotto lo hizo con el de diciembre pasado.
Efectivamente todo esto no fue gratis para la provincia de La Pampa. Hoy un diputado de la oposición dijo: nos miden el aceite afuera; sin embargo, entiendo que a los pampeanos no midieron el aceite durante cuatro años cada vez que veníamos a pedir fondos. Nos dejaron en la última posición de las provincias argentinas en lo relativo a la asignación de aportes del Tesoro nacional. Perdimos el 8 por ciento de recursos provenientes del Estado nacional.
Por otra parte, nos quitaron los programas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, las viviendas sociales, y todas las rutas nacionales de nuestra provincia están en un estado deplorable. Asimismo, desde el Estado nacional se paralizaron todas y cada una de las obras públicas en la provincia de La Pampa. Reitero que esto no fue gratis, aun cuando en La Pampa ‑y esto también lo manifestó el gobernador en su momento‑ tenemos una de las presiones fiscales más bajas de la Argentina.
Paralelamente la aprobación de ese consenso nos permitía aumentar la carga tributaria, el impuesto a los sellos y a los ingresos brutos, porque estamos muy por debajo de otras provincias. Así pudimos sostener todos esos programas.
Actualmente esos procesos judiciales están en marcha. Por ello, La Pampa junto a otras provincias acudió a la Corte por el dictado intempestivo, unilateral e inconsulto de los decretos 561, 566 y 567 del año pasado. La provincia de La Pampa, como no suscriptor de este convenio, seguramente seguirá con esos juicios.
Reitero que esto no fue gratis para los pampeanos y este consenso es inviable. Esto lo veníamos hablando desde nuestro humilde lugar durante estos cuatro años que pasaron quienes representamos a nuestra provincia con los fiscales de Estado de las otras provincias en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Seguramente el 31 de diciembre, cuando pretendamos ponerlo en vigencia, nuevamente vamos a tener que suspenderlo o derogarlo. Como pampeanos, entendíamos que la posición adecuada desde la técnica legislativa era abstenernos en el tratamiento de este consenso fiscal. Pero desde nuestra postura, de ser acreedores del Estado Nacional y no deber un peso ni un dólar, vamos a acompañar esta iniciativa por solidaridad con todas las provincias argentinas que se han endeudado. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Ponce, por San Luis.
Sr. Ponce.- Señor presidente: desde ya, adelanto el voto afirmativo a esta iniciativa en solidaridad con las provincias y entendiendo que la coyuntura ha cambiado y se han suspendido muchos incisos del consenso fiscal de 2017.
Quiero recordar que la única provincia que no estuvo de acuerdo y no firmó el consenso de 2017 fue justamente la de San Luis. En ese momento yo era vicegobernador de la provincia, por lo que me tocó representar circunstancialmente al Poder Ejecutivo y presenciar todo lo que se vivió en cuanto a ese consenso. La verdad es que fue muy lastimoso haber participado –diría que fue hasta doloroso‑ por la forma en que se llevó adelante ese consenso.
Los fundamentos por los cuales mi provincia no firmó ese consenso fiscal fueron expuestos en el Senado por nuestro actual gobernador, Alberto Rodríguez Saá, antes de su ratificación, quien en ese entonces sostuvo: “El consenso fiscal quiere disminuir o anular el potencial stock de deudas que el gobierno nacional tiene con las veinticuatro jurisdicciones, lo que lo habilitaría a seguir endeudándose a nivel internacional”.
Además de ceder autonomía y jurisdicción, como decía recién el diputado por La Pampa, queda claro que esa era la antesala o la puerta de entrada para el endeudamiento que después la Argentina tuvo que soportar. Precisamente acabamos de debatir durante varias horas cómo resolver la problemática de la deuda.
Por otro lado, quiero aclarar que la provincia de San Luis nunca ha tomado deuda; por ley no lo puede hacer.
Pese a haber sido discriminados y haber recibido hasta destratos por no firmar ese consenso fiscal de 2017, hemos seguido batallando –lo decimos con gran orgullo‑ por muchísimas obras de infraestructura y muchísimos adelantos dentro de nuestra provincia, que me llevaría un largo rato enumerar.
Entiendo que aquellas provincias que no tienen déficit fiscal ni endeudamiento y en las cuales sus gobernadores realmente están velando por su pueblo deben ser premiadas por esa buena administración y se debe salvaguardar cualquier situación.
Celebro que estén abiertas las puertas de este nuevo gobierno. Por supuesto, somos parte de este bloque y estamos muy contentos de poder avanzar en esta sintonía.
Por último, señor presidente, reitero que votaremos por la afirmativa y estamos a disposición para lo que se pueda ir construyendo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Romero, por Córdoba.
Sr. Romero (V.H.).- Señor presidente: en primer lugar me gustaría comentar cuál fue el espíritu del consenso fiscal que se firmó en 2017. Como se dijo acá, fue firmado por la mayoría de los gobiernos provinciales.
El espíritu de ese consenso era trabajar para fortalecer una política fiscal tendiente a lograr un equilibrio, en primer término, pero también fortalecer la autonomía y el federalismo en la Argentina. Justamente a través de ese consenso se restablecían garantías en algunos temas.
Hasta el momento de la firma había aproximadamente cincuenta juicios entre las provincias y la Nación por reclamos por la ley de coparticipación, y esto no lo digo yo sino que lo expresa el mismo consenso. Por eso se llegó a un acuerdo. En primer término, se acordó trabajar sobre políticas fiscales; por ejemplo, aprobar la modificación de la ley de responsabilidad fiscal para que de esa forma las provincias y los municipios –que tenían la obligación de adherir‑ establezcan una política del gasto público y que el déficit no sea cubierto aumentando los impuestos, tasas y contribuciones sino trabajando en la estructura del gasto, que es lo que nos está pidiendo la sociedad argentina.
Yo decía que daba seguridad jurídica a las provincias porque también tuvieron la oportunidad de tener seguridad sobre la distribución del excedente del conurbano bonaerense, tema al que se refiere el artículo 104 de la ley del impuesto a las ganancias. La Corte Suprema estaba a punto de resolver un reclamo del gobierno de la provincia de Buenos Aires y esta última iba a perder la coparticipación por ese concepto. Para solucionar este problema, el gobierno nacional garantizó la eliminación de ese artículo 104 y le dio mayor coparticipación.
Lo mismo ocurrió con otros beneficios –no quiero extenderme mucho porque ya todos los conocen‑, tales como la garantía por ley de financiar el déficit de la caja de jubilación en aquellas provincias donde no estaba transferida y de esa forma eliminar el amiguismo en la financiación y poder garantizar la solvencia de la provincia. Las provincias se comprometieron a trabajar en una estructura de reducción de gastos y de impuestos a lo largo del tiempo, básicamente en algunas actividades, donde tenían la obligación de hacerlo año tras año.
Otro tema importante en ese consenso que firmaron en 2017 fue la recuperación definitiva de la extracción del 15 por ciento de la masa coparticipable que era para la ANSeS, que algunas provincias ya habían logrado por medio de los juicios, pero otras no. Por eso se garantizaba la distribución. Es decir, se fortaleció el federalismo y la distribución automática en la coparticipación. Pero, además de los impuestos, había obligaciones por parte de la provincia: cumplir la ley de responsabilidad fiscal e ir bajando los ingresos brutos, las alícuotas y el impuesto a los sellos ‑esto afecta el bolsillo de los argentinos, sobre todo de quienes menos tienen, y también el de quienes tienen tarjetas de crédito. Por su parte, se debían eliminar los tributos sobre el salario. Si tenemos en cuenta que necesitamos que la Argentina crezca, es una locura que se grave el salario con impuestos provinciales.
Lamentablemente hoy pretendemos derogar el compromiso que tomó la provincia; es decir, incrementamos la presión fiscal, los ingresos brutos y el impuesto inmobiliario. Este último es un impuesto directo que debieran pagar menos quienes menos tienen, y tendríamos que trabajar en la valuación fiscal, que era lo que se había comprometido y no se hizo; sin embargo, hoy autorizamos un incremento de las alícuotas. El verdadero sentido del impuesto que grava la riqueza debiera basarse en una correcta valuación, de modo que paguen más los que más tienen.
He sido intendente de una municipalidad chica y he participado en el gobierno de una municipalidad grande, como es la de la ciudad de Córdoba, por lo que sé del compromiso de los gobernadores de trabajar en la coparticipación municipal, que acá debemos defender.
Se ha dicho que los gobernadores son los que atienden las necesidades de los argentinos y de los provincianos. Los municipios son el primer mostrador, el que tiene que brindar los servicios y dar la cara. Muchas provincias –de los distintos partidos políticos‑ no tienen hoy un régimen de coparticipación municipal.
Debemos dar la discusión de una nueva ley de coparticipación, garantizar la coparticipación a los municipios como una forma de disminuir la presión fiscal y garantizar los servicios municipales y, sobre todo, dejar de lado esta política que estamos implementando de que el gasto público se solventa con más impuestos. No es el camino. El camino es acompañar a la producción con menos presión fiscal para lograr una Argentina en crecimiento. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el diputado Buryaile, por Formosa.
Sr. Buryaile.- Señor presidente: esta iniciativa que viene en revisión del Senado se origina en 2016, cuando esta Cámara ratifica un acuerdo de federalismo suscrito entre dieciocho provincias, el jefe de Gobierno de la Ciudad y el Estado nacional.
Luego, en 2017, se avanza hacia un pacto fiscal donde el objetivo era bajar 1,5 puntos del PIB en el término de cinco años para darle competitividad a la economía argentina, y eso lo firmaron 22 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad.
Entonces, para abordar este tema creo que tenemos que mirar dos facetas. La primera es la institucional; no es bueno ni serio que una Cámara esté dando marchas y contramarchas en los proyectos cada dos años. Este proyecto fue aprobado por la Cámara y fue firmado por los gobernadores, por cuanto creo que lo que le estamos quitando es el propio valor que tiene la fuerza de ley que damos nosotros.
Vaya como muestra de esto lo que pasó con la Ley de Economía del Conocimiento; ahora me entero de que el Poder Ejecutivo retiró la iniciativa, pero aún persiste la imposibilidad de que las empresas tecnológicas se inscriban. Yo pensaba que si los mismos que hace seis meses ‑o menos‑ aprobaron la Ley de Economía del Conocimiento ‑otorgando exenciones, prerrogativas para generar inversión, agregar valor, exportaciones por más de 6 mil millones‑ son los que luego de seis meses modifican las reglas de juego, es muy difícil que nos consideren creíbles y previsibles.
En primer lugar, este Congreso, antes de desandar los pasos, debiera mirar hacia dónde ir, más allá del partido que gobierne.
En segundo lugar, de los últimos 59 años, la Argentina ha tenido déficit fiscal en 52 de ellos. Esto corta transversalmente a todos los gobiernos.
Podemos discutir si se refinancia una deuda o la otra, pero el modo en que se financia un Estado es simple: con impuestos, con reservas, con endeudamiento o con emisión monetaria. Si es de otro modo, nos salimos de la realidad. Algunos se financian con más impuestos.
Tengo algunos números. El gasto público consolidado en 2003 era de 25 puntos y 2015 terminó con más de 42 puntos, más de diez puntos por encima de los países de la región.
Obviamente, financiamos esto con presión impositiva, que sufre el sector privado, que es el que paga impuestos. La presión impositiva consolidada pasó de 23 puntos en 2003 a casi 34 en 2015; lo hemos logrado bajar dos puntos en el gobierno de Cambiemos, lo que fue absolutamente insuficiente en una economía que no reaccionaba.
El nivel de presión tributaria que tenemos nos coloca por encima de los países de la región y muy cerca de los países de la OCDE. Para todo esto que nos piden, la suspensión de este compromiso asumido, no tenemos presupuesto.
¿Sabe lo que le acaba de decir el Fondo Monetario Internacional al ministro? Que quiere conocer el plan económico para poderlo ayudar a resolver el problema.
Hace veinte o treinta días este Congreso sancionó –lo aprobó el oficialismo con nuestro voto en contra‑ un impuestazo de dos puntos, denominado de “reactivación productiva”. Yo no conozco ningún caso en que una mayor presión fiscal reactive, sino todo lo contrario.
El sector que genera la riqueza es el privado, y el Estado es quien la distribuye. Bienvenido sea, nadie niega esto, pero en la Argentina la presión fiscal es asfixiante.
Entiendo que la situación de la provincia de Buenos Aires es complicada, pero nosotros somos legisladores nacionales y debemos mirar la integridad del país. Estamos haciendo lo mismo que hicimos durante sesenta años. ¿Cómo queremos tener un resultado distinto si lo que hacemos es decidir un gasto, aumentar un impuesto y, si no alcanza con el impuesto, monetizamos la economía, nos endeudamos o emitimos a riesgo de tener una hiperinflación?
Los invito a reflexionar si este es el camino correcto para la Argentina, si vamos a seguir asfixiando al sector que genera trabajo, porque nadie debe pensar que al frenar la Ley de Economía del Conocimiento se perjudica Galperín, IBM, Globant o Accenture. ¿Saben quiénes se perjudican? Los trabajadores, y el país. Esto es lo que no tenemos en cuenta.
Creo que en la Argentina debe haber una política de Estado que defina hacia dónde ir. Ojalá el presidente convoque al Consejo Económico Social para poder tener un rumbo y no estar dando barquinazo tras barquinazo, sancionando leyes para desandarlas a los seis meses.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el diputado Cassinerio, por Córdoba.
Sr. Cassinerio.- Señor presidente: al tratar el Consenso Fiscal 2019 suscrito por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos tratando una modificación o una adenda sobre las condiciones pautadas en el Consenso Fiscal 2017. En ese documento, la Nación y las provincias se comprometían a una armonización tributaria con el claro objetivo de evitar las distorsiones que las políticas fiscales heterogéneas provocan sobre el sistema productivo.
Es bueno aclarar también que ya en 2018, ante un escenario económico adverso, fue necesario realizar modificaciones que derivaron en un nuevo documento, el Consenso Fiscal 2018, que mantenía el criterio de la consolidación fiscal en todos los niveles de gobierno.
Evidentemente, si estamos considerando hoy esta iniciativa, es porque las proyecciones que había en la macroeconomía argentina no se cumplieron.
Las decisiones económicas del anterior gobierno nacional llevaron a que hoy estemos en esta situación, tratando este tema, ya que lamentablemente el impacto que ha tenido esta crisis económica nacional sobre las economías regionales y provinciales ha sido fuerte, producto no solamente de que durante el 2019 la inflación alcanzó casi un 54 por ciento, sino también porque el peso se devaluó en un 59 por ciento y la producción fue recesiva durante 20 meses.
Cuatro de cada diez compatriotas hoy están bajo el límite de la pobreza. La tasa de desempleo y subempleo llega casi al 25 por ciento de nuestra población.
A esto agregamos el análisis del feroz endeudamiento externo que ha tenido nuestro país, que fue posterior a la firma del Consenso Fiscal 2017; un endeudamiento que además no se vio reflejado en inversión en el sistema productivo nacional ni en educación, salud, seguridad ni en la obra pública que tanto se necesita en nuestra Argentina. A ello se suman los inminentes ‑y de imposible cumplimiento‑ vencimientos de deuda de los próximos años. Es claro que estamos ante una enorme crisis económica.
Entonces, las condiciones económicas en que se encuentra nuestro país hoy son totalmente diferentes a las vigentes a la firma del Consenso Fiscal 2017.
Frente a este panorama crítico hay que brindar al nuevo gobierno nacional las herramientas necesarias para afrontar la crisis; herramientas que deben tener la flexibilidad que requieren las decisiones de exige el manejo institucional de la emergencia. Así como surge la necesidad de afrontar esta crisis, de mantener la viabilidad de las economías provinciales, se acuerdan modificaciones impositivas que implican la suspensión al 31 de diciembre 2020 de las pautas previstas para este año.
Me parece muy importante recalcar que durante el año pasado mi provincia de Córdoba disminuyó considerablemente el impuesto sobre los ingresos brutos.
Por estos motivos, señor presidente, consideramos como un servicio de responsabilidad institucional y de federalismo apoyar esta iniciativa. Así lo ha expresado, entre otros, nuestro señor gobernador con su firma al Consenso Fiscal 2019, e igual criterio utilizó la Legislatura de la provincia de Córdoba, siendo la primera que adhirió por ley a la firma del Consenso Fiscal 2019, en consonancia con el espíritu de respaldo a la gobernabilidad y sumándonos a las medidas que aspiran a la recuperación de la economía nacional y de los actores productivos locales.
Por lo expuesto, señor presidente, señaladas estas características en las que hoy nos encontramos en la discusión de este tema relativo al Consenso Fiscal, es que avalamos esta iniciativa y adelanto mi voto positivo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr. Ramón.- Señor presidente: venido este proyecto desde el Senado, tiene un amplio acuerdo para ser aprobado por nuestra Cámara legislativa.
Estamos otra vez frente a un tipo de decisiones políticas donde se produce un borrón y cuenta nueva. Me tocó ser candidato a la gobernación de mi provincia y hablé de estos acuerdos donde la pretensión es bajar la carga impositiva que tienen todos nuestros productores, pymes y empresas en general. Pero cuando hablamos de hacer borrón y cuenta nueva, ello no es algo que dé la previsibilidad y seriedad que deben tener las políticas de nuestro país para que se pueda planificar una Argentina hacia fines del siglo XXI, si gobierno tras gobierno, cada cuatro años o después de una renovación, se produce un cambio absoluto en la postura que toma un gobierno u otro, fruto de que los presidentes que se van sucediendo ‑o los gobernadores en las provincias- toman decisiones con el talero de la cantidad de votos que se obtienen para llegar a la presidencia o a la gobernación y obviando totalmente la posibilidad de llegar a tomar decisiones que se configuren en políticas de Estado.
Quiero hacer referencia a alguien que yo admiro, que fue ministro de Economía y a quien le tocó llevar adelante la economía de nuestro país cuando se produjo el desastre del 2001: hablo específicamente del doctor Roberto Lavagna, quien decía: “Tenemos que lograr consensos”. Los únicos consensos posibles se logran en el Congreso y en las legislaturas de las provincias.
Hablando de consenso, hay una idea que rondó en la campaña electoral del hoy oficialismo, que era poner en funcionamiento el Consejo Económico y Social, por mencionar uno de estos instrumentos que podrían permitir tener una política de Estado sobre temas sociales, económicos y por qué no, cuestiones tan serias como el establecimiento de impuestos, sobre todo en las provincias.
Entonces, nos encontramos hoy aquí, donde hay legisladores nacionales que fueron gobernadores y firmaron este acuerdo para bajar los impuestos en las provincias. Y quiero dar un ejemplo, no hablando en nombre de mi bloque sino como legislador de la provincia de Mendoza. Ese exgobernador, hoy legislador y que va a apoyar la aprobación de este proyecto de ley, decía que vivíamos en una provincia ordenada, donde lo que había que hacer era reducir los impuestos provinciales, mientras había 350 barrios populares sin acceso al agua, a cloacas, a electricidad, a gas y a todo aquello que configura para una familia un hábitat para vivir dignamente. ¿Se pueden bajar los impuestos cuando existen estas situaciones, cuando se incrementa el valor de las tarifas de la electricidad, del gas y del agua y saneamiento? Cuando hay un descontrol de las empresas grandes, que se apoderan de distintos mercados, ¿es posible bajar impuestos frente a esa realidad de una provincia?
El año pasado se aprobó en este Congreso la Ley de Economía del Conocimiento. Yo formaba parte de la Comisión de Comunicaciones y decíamos que lo que se estaba produciendo era una reforma integral de los impuestos y aportes que hacían las grandes empresas que se apoderaron de la economía en la Argentina, es decir, los laboratorios medicinales, las empresas mineras y las grandes empresas. Hoy creo que el Poder Ejecutivo está intentando no reglamentar esa ley. Claro, si la Ley de Economía del Conocimiento se lleva tres puntos del PBI otorgando beneficios a favor de esas grandes empresas que se han apoderado de la economía argentina.
En oportunidad de ser candidato a gobernador de mi provincia dije en una reunión de la UCIM -una organización que nuclea a todos los pequeños, medianos y grandes empresarios de la provincia de Mendoza-, que en una provincia con la realidad que tiene Mendoza, los impuestos no se pueden bajar. Está presente un legislador del partido radical que decía que yo estaba loco por decir eso.
Si me permite, señor presidente, quiero leer un párrafo de las expresiones de nuestro expresidente Macri, pocos días antes de irse del gobierno: “La situación fiscal de las provincias es significativamente más saludable. A diferencia de 2015, la mayoría de ellas puede pagar sueldos y aguinaldos. La nueva Ley de Responsabilidad Fiscal y el aumento de las transferencias automáticas a las provincias permitieron que, aun con baja de impuestos provinciales, las provincias ordenaran sus cuentas públicas. Los resultados ya se están viendo. Mientras en 2015 solo seis jurisdicciones tuvieron resultados primarios superavitarios, en 2018 la cifra aumentó a diecisiete.” Eso decía el presidente Macri en 2019. Mentira, mi amigo. No se puede sostener eso. Hoy, el actual gobernador de la provincia de Mendoza está de rodillas pidiendo asistencia financiera al gobierno de la Nación.
Hoy, el gobernador de la provincia de Mendoza ‑que firmo esta baja de impuestos en coincidencia con la campaña electoral- está pidiendo al Partido Justicialista de dicho distrito que le apruebe el roll over porque, de lo contrario, se entraría en default.
Mi propuesta –esto lo digo como diputado que representa al pueblo de una provincia, en este caso la de Mendoza- es que la suspensión del consenso fiscal hay que votarla a favor. No podemos seguir con la idea de que se tienen que bajar los impuestos cuando vemos que existen 16 millones de pobres y una situación social de presión sobre aquellos que no pueden comenzar a desarrollarse en nuestra provincia.
Por estas consideraciones, desde nuestro bloque vamos a acompañar la sanción del proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra. Sapag.- Señor presidente: pasaron 430 días entre la última adenda al Pacto Fiscal y la nueva que estamos debatiendo hoy, es decir, un año y un par de meses. Es algo muy difícil de explicar a quien no conoce la inmadurez de nuestra economía. La coyuntura cambió y nos exige volver a cambiar las reglas una vez más.
Es importante que seamos conscientes de que un aumento de la carga impositiva apunta directamente contra la inversión y la calidad de empleo. Más costos son menos oportunidades. Los recursos son finitos: si están en un lado no están en el otro. Esto también genera impacto; no es gratis para nada ni para nadie.
Adelanto que voy a acompañar este proyecto reconociendo la coyuntura macroeconómica, respetando la voluntad federal de los gobernadores que lo firmaron y, sobre todo, respaldando y acompañando la decisión del gobernador de mi provincia.
Sin embargo, debemos entender que la presión impositiva tiene un límite y que la disciplina fiscal es una de las piezas centrales para volver a crear las condiciones de desarrollo que nuestro país y, fundamentalmente nuestra gente, necesitan.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada del Plá, por Buenos Aires.
Sra. Del Plá.- Señor presidente: durante toda la sesión se viene hablando de las provincias. Esta adenda del pacto fiscal o del Consenso Fiscal no puede ser tomada independientemente del punto que discutimos con anterioridad. Allí se dio el debate de que debían ingresar también las deudas en dólares de las provincias. Finalmente, se va a analizar la creación de una mesa de negociación para ver qué se hará con las deudas existentes con el Estado nacional tomadas en pesos.
En ese recinto, se escucha a muchos oradores que hablan en nombre de tal gobernador, de los gobernadores o que vienen de tal o cual provincia. Salvo que alguien haya fijado domicilio en el exterior o en una estación espacial, todos venimos de alguna provincia. Acá se están defendiendo los intereses de los gobernadores y del sector económico específico al que ese gobernador responde. Pero nadie habla de la población de las provincias. Cuando son gobierno no se hacen cargo. Cuando no están en el Ejecutivo hablan como si las cosas se dieran mágicamente, pero igual acompañan las políticas de ajuste.
Tenemos que ser muy claros: nosotros votamos en contra de la adenda anterior y lo mismo haremos respecto de la actual, porque entendemos que forma parte de todo este “paquetazo”. ¿Dónde va a parar esta eliminación de la rebaja de impuestos a los Ingresos Brutos? Va a parar a los precios, porque las patronales que lo tienen que pagar inmediatamente lo descargan sobre los consumidores de sus provincias. ¿Ustedes creen que se hacen cargo del impuesto? De ninguna manera. Esto forma parte del mismo proceso, es decir, de un mecanismo impositivo completamente regresivo.
Por lo tanto, en esta Cámara tendríamos que estar discutiendo una reorganización integral de la economía donde, entre otras cosas, terminemos con los impuestos al consumo como el IVA y otros y coloquemos los impuestos a las grandes fortunas. De este debate han quedado afuera algunos actores económicos que se han beneficiado mucho. Me refiero a las privatizadas de energía, las mineras y otras a las que prácticamente no se las ha mencionado cuando en realidad son grandes beneficiarias de muchos de los negocios de los últimos gobiernos.
No voy a reiterar la intervención respecto del punto vinculado con la mesa de negociación, pero quiero formular una advertencia. Aquí hay una historia respecto de la renegociación de las deudas provinciales con el Estado nacional. Por eso, debe quedar en claro que se está hablando de no pagar las deudas que las provincias tienen en su gran mayoría –más precisamente un 78,8 por ciento- con el ANSES. Si seguimos hablando de desfinanciando el ANSES que luego no nos digan que no alcanzan los recursos para pagar a los jubilados y que, por lo tanto, hay que congelar la movilidad jubilatoria o dar un aumento a los haberes más bajos. De esta forma, el que cobra dos jubilaciones mínimas parece que es un privilegiado, cuando en realidad se encuentra más de 10.000 pesos por abajo de la canasta básica. Estamos en contra de todo esto. Hay que revisar qué es lo que ha hecho cada gobierno provincial con los recursos.
Hace unos instantes escuché a una señora diputada quejándose de lo que había hecho el gobierno de su provincia mientras la exgobernadora estaba sentada en su banca a pocos metros de ella. Esto es un escándalo. Son del mismo partido y no se hacen cargo de lo que ha hecho uno y el otro. Es realmente llamativo.
Me gustaría referirme, por ejemplo, a lo que sucede con la provincia de Chubut porque es un caso que me gusta citar. Todos han salido presurosos -incluido el presidente Alberto Fernández y el presidente de esta Cámara- a sostener al gobernador Arcioni quien decidió pagarles cuando se le ocurra a los trabajadores estatales. Esto generó una paralización del funcionamiento de toda la provincia. Ahora señaló que va a congelar los sueldos por seis meses. ¿Dónde fue a parar el dinero de las deudas que contrajo esa provincia? Las causas judiciales que pesan sobre esas deudas no las quiere tocar nadie porque va a terminar cayendo todo el establishment político de Chubut, de uno y otro lado de la grieta. Concretamente, no quieren investigar absolutamente nada y así terminan pagando los trabajadores.
Asimismo, Santa Cruz es otra provincia emblemática. ¿Cómo ha saneado sus cuentas la provincia de Santa Cruz? Lo hizo congelado los salarios de los trabajadores estatales. Es impresionante.
Por ello, hay que investigar claramente qué ha pasado con las economías de cada una de las provincias. Ahora resulta que el gobernador Manzur no quiere cumplir el acuerdo salarial firmado. Así podríamos seguir detallando lo que sucede en cada provincia.
Los trabajadores no tenemos que pagar esta crisis, ni en las provincias ni en los municipios ni a nivel nacional.
Por ello, consideramos que esta modificación que se está discutiendo y que se va a votar forma parte de este “paquetazo”, a fin de garantizar sus negocios a los acreedores en su conjunto. También le seguimos garantizando a las patronales el saqueo de los recursos de las provincias, ya sean mineras, petroleras, empresas privatizadas de energía.
Vamos a rechazar este nuevo saqueo y reclamamos un debate integral de las cuentas nacionales y provinciales que tiene que empezar por la investigación de cada una de las deudas y el desconocimiento de todo aquello que es ilegítimo, ilegal y fraudulento. Esto lo deben pagar los que lo generaron, que son los verdaderos responsables.
Sr. Presidente (González).- Damos por finalizado la instancia de los oradores por bloque, para pasar a los oradores individuales. Hay once diputados anotados a quienes les pido que, en la medida de sus posibilidades, cumplan con el tiempo asignado a cada uno.
Tiene la palabra el señor diputado Alume Sbodio, por San Luis.
Sr. Alume Sbodio.- Señor presidente: tal como lo hizo otro colega al comienzo de esta sesión, voy a recordar que desde 2002 a la fecha no se habían celebrado sesiones extraordinarias en el mes de enero. Es importante señalar esto pues da por tierra con alguna de las predicciones que se hicieron en la última sesión acerca de que este gobierno venía a cerrar el Congreso.
Después de dieciocho años no sólo que no se cierra el Parlamento sino que se abre por primera vez en enero para la realización de una sesión extraordinaria. En contraposición con lo que sucedió el año pasado -período legislativo en que el Congreso estuvo prácticamente cerrado-, creo que es una impronta distinta que el Congreso adopta ante una realidad argentina que apremia.
Por supuesto que este nuevo Consenso Fiscal es una pieza de análisis de lo que es el federalismo en la Argentina. El objetivo general que tiene esta modificación en sí misma es el de poder dotar a los gobiernos provinciales de mayores recursos para afrontar la crisis. Recordemos que, como decían varios de los legisladores preopinantes, son los gobiernos provinciales y municipales lo que tienen la mayor cercanía hacia los sectores sociales que en este momento están necesitando de la asistencia del Estado. Eso se logra, por supuesto, mediante la suspensión de los compromisos de reducción de impuestos que impone este nuevo Consenso Fiscal.
Pero este Consenso Fiscal permite traer nuevamente a este recinto el Consenso Fiscal original y el análisis de sus consecuencias. Guadalupe Nogués, en un libro que se llama Pensar con otros, dice que en cada oportunidad en que podamos combatir la posverdad debemos trabajar en ello.
Por eso, en estos tiempos donde la desmemoria, las mitomanías y la posverdad son causas comunes es importante traer nuevamente el Consenso Fiscal de 2017 y analizar no solamente cuáles fueron las consecuencias sino quiénes fueron los protagonistas para impulsarlo. Digo esto porque muchas de las consecuencias que tuvo ese Consenso Fiscal inclusive no tienen la posibilidad de ser reparadas en el tiempo.
La defensa de federalismo no debe cambiar según que estemos en la oposición o en el oficialismo, y creo que en esta sesión eso se ha visto mucho. Por ello considero muy bueno que, levantando la bandera de la defensa del federalismo como un valor fundamental de nuestro constitucionalismo, podamos recordar alguna de las consecuencias de ese Consenso Fiscal.
Hace unos días, la Unión Cívica Radical daba a conocer un documento titulado Adiós al federalismo, con un análisis de los primeros treinta días o de alguna de las medidas económicas de este nuevo gobierno. Es una piecita de posverdad pura; tiene un análisis particular sobre determinadas cuestiones de la Argentina.
¿Por qué decimos que es una pieza de posverdad? Porque si bien hace un reconocimiento con respecto a la crisis que vive la Argentina, también plantea una crítica al congelamiento de las tarifas. Dentro de la desmemoria absoluta que contiene esta nota, plantea una crítica al congelamiento de las tarifas del transporte y establece que solo favorece al conurbano bonaerense y a la ciudad de Buenos Aires, cosa que compartimos y que creemos que hay que solucionar en un futuro. Pero lo compartimos desde hace un tiempo porque nosotros nos opusimos cuando, en su momento, el gobierno de Cambiemos, con el apoyo absoluto de la Unión Cívica Radical, modificó el criterio de subsidios transformando a algunos argentinos en usuarios del transporte de primera, aquellos que merecían el subsidio del gobierno nacional, y en usuarios del transporte de segunda, aquellos que usaban el transporte para estudiar, para trabajar o para ir a atenderse al hospital, que eran los del interior de la Argentina. Nosotros nos opusimos y por eso ahora mantenemos nuestro criterio con respecto a la defensa del federalismo.
Esta visión particular debemos recordarla a los efectos del Pacto Fiscal, porque los que le reclaman a un gobierno de treinta o cuarenta días la solución de las asimetrías respecto del federalismo argentino son los mismos que apoyaron ese Pacto Fiscal.
A modo de ayuda memoria, el Pacto Fiscal contiene varios elementos que nos permiten determinar en una clase qué es atacar el federalismo en la Argentina como un valor constitucional. Me refiero a ese Pacto Fiscal que se llamaba Consenso Fiscal, que fue conocido como tal y que en el Congreso decidimos llamarlo “del apriete fiscal”, porque lo que se vendía como un consenso era el aprovechamiento de un Poder Ejecutivo nacional de los desequilibrios económicos que tenían varias provincias argentinas para hacerles elegir entre conservar su autonomía o conservar la paz social y brindarles los recursos que necesitaban. Por eso obligaron a varios gobernadores y a algunas Legislaturas provinciales a acompañar un documento que no solamente limitaba su autonomía sino también sus competencias originales.
Ese fue el instrumento que permitió al gobierno nacional ejercer la presión necesaria para obtener la reforma previsional de 2017. Fue además un instrumento que establecía dos categorías de provincias distintas: una, como la provincia de Buenos Aires, en donde el propio gobierno nacional ejercía la procuración para solucionar la composición del Fondo del Conurbano Bonaerense, y otra, como las provincias de San Luis, Córdoba y Mendoza, que después de litigar durante quince años ante la Corte miraban cómo a la provincia de Buenos Aires se le pagaba este fondo, a través del Consenso, a prácticamente menos de un año de iniciada su demanda ante la Corte.
Fue también un apriete cuando se cambió la distribución del Fondo Federal Solidario, porque en este mismo Consenso Fiscal se estableció que aquellas provincias que no lo firmaran lo perdían, y que el resultado de ese acrecentamiento se dividiría entre las que sí lo hicieran.
Por eso, señor presidente, creo que es importante y sano para el federalismo argentino que recordemos no solamente cuáles fueron los efectos de este Consenso Fiscal sino también quiénes participaron en su consagración porque, como decíamos recién, la defensa de federalismo no debe cambiar según que uno esté en la oposición o en el oficialismo.
Es por ello que reafirmamos nuestra vocación de que este Congreso se transforme, dentro de la división de poderes, en una herramienta de defensa del federalismo y de la Constitución Nacional. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Torres, por Chubut.
Sr. Torres.- Señor presidente: trataré de ser lo más breve posible para cumplir con el tiempo establecido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
No puedo dejar de destacar y de felicitar la capacidad que, desde la retórica, han tenido los integrantes del bloque oficialista para “vender” en su momento un ajuste, un impuestazo, y ahora la derogación del Pacto Fiscal, como algo solidario, como algo federal, como algo equitativo que apunta a la reactivación productiva. La realidad es que, en lo personal -y creo que muchos diputados preopinantes sienten lo mismo-, nos quedan muchísimas dudas.
Creo que un verdadero estadista está dispuesto a asumir un costo político en una determinada coyuntura, aunque sea una medida antipática, para que realmente haya un modelo de país, un horizonte, una agenda de desarrollo inteligente a mediano y largo plazo que realmente nos permita entender hacia dónde vamos.
Yo me tomé el trabajo de escuchar a cada uno de los diputados de la bancada oficialista y la verdad es que hay muchísimas cosas que no me supieron explicar. Muchos hablaron de la generación de empleo y de la defensa de los trabajadores. A mí me gustaría que realmente nos explicaran cómo vamos a generar más trabajo si tenemos la segunda tasa más alta de presión fiscal del mundo; cómo vamos a generar más trabajo si cualquier comerciante o cualquier emprendedor en nuestro país tiene que trabajar de lunes a jueves solamente para pagar impuestos y el resto de los días de la semana para cubrir los costos operativos. ¿Por qué nos dicen que la derogación del Pacto Fiscal apunta a la reactivación productiva cuando en realidad no hace falta ser un economista eximio para entender que el objeto básicamente era la reducción progresiva de uno de los impuestos más regresivos y más distorsivos que existe, como lo es ingresos brutos, y básicamente aliviar así un poco al sector que genera empleo y que en definitiva financia todo esto?
En verdad, me duele y me avergüenza un poco ejemplificar con mi provincia, pero un diputado preopinante dijo que tenemos que aprender de nuestros errores. Siguiendo la línea de otra diputada preopinante, de izquierda, con la cual coincido plenamente en el análisis conceptual de esta medida, creo que Chubut, donde ustedes son oficialismo desde hace más de diez años, es el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer, y tenemos que aprender de eso.
Somos una de las provincias más ricas, con uno de los presupuestos per cápita más altos de todo el país. Sin embargo, lamentablemente hay miles de chubutenses, miles de familias, que la están pasando muy mal porque al día de hoy no podemos pagar sueldos en tiempo y forma. No sabemos si los chicos van a poder empezar las clases, habiendo perdido ya un año lectivo.
Estamos hipotecando el futuro de muchísimos chubutenses bajo una concepción de gobierno que entiende al Estado como la primera empresa. Esto nos tiene que hacer pensar sobre cuál es el modelo de país que profesa el Frente de Todos, es decir, si concibe al Estado como la primera empresa que asfixia al sector privado o si tiene sobre él una mirada federal, en pos de corregir asimetrías, como decía el presidente de la bancada oficialista. Digo esto porque seguimos viviendo en un país macrocefálico en su centro y con gravísimos problemas de competitividad en el interior profundo.
Celebro que en mi interbloque haya voluntad de acompañar estas medidas. Creo que es sano para la democracia en pos de la gobernabilidad. Pero creo que tenemos que dar estos debates sin subestimar a la ciudadanía. Es decir, diciendo la verdad y poniéndole nombre a lo que es un ajuste y a lo que es un impuestazo.
Estoy plenamente de acuerdo con descentralizar las arcas del gobierno, pero no para avalar la ineptitud de algún gobernador amigo que dilapida los recursos, como hoy pasa en Chubut, que teniendo un gran presupuesto no puede cubrir lo básico indispensable que un Estado benefactor tiene que brindar a sus ciudadanos y, paralelamente, tiene una de las deudas en dólares más altas del país.
Hay que desmitificar esas cuestiones, porque en definitiva endeudarse no está ni bien ni mal. El tema es para qué me endeudo y en qué condiciones. Si el apalancamiento es positivo y me endeudo para generar políticas desarrollistas que mejoren la calidad de vida de la gente, sería absurdo no hacerlo.
En Chubut esa deuda se utilizó para cubrir gastos corrientes, que durante 10 años sistemáticamente se duplicaron en términos reales y, además, se triplicó la planta política.
¿Cuál es la respuesta que el gobierno nacional le da a los chubutenses que hoy la están pasando mal? Muchachos, gobernador –puntualmente-, si tiene problemas de caja siga apretando a los que generan empleos y al sector privado.
Por eso creo que si de ahora en más hay vocación de trabajar en una agenda de desarrollo seria, federal, solidaria y equitativa, tenemos que empezar a conocer la realidad de los distritos a lo largo y ancho de nuestro país y entender que es necesario corregir estas asimetrías a las que hacían referencia los diputados preopinantes.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Oliveto Lago, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Oliveto Lago.- Señor presidente: al asumir el cargo de diputado nacional, siento que muchos de nosotros tenemos sobre nuestras espaldas la representación de la sociedad, es decir, de los hombres y mujeres de a pie que todas las mañanas se levantan para ir a trabajar, de los empresarios que apuestan por la Argentina y de los estudiantes que en este país diverso, difícil y muchas veces doliente, hacen el esfuerzo de seguir estudiando y contribuir a la Nación.
Lo que hoy se está planteando en esta Cámara es lo que sienten los gobernadores- esto es entendible, porque están administrando una situación difícil‑ y lo que sienten los intendentes, pero nadie plantea lo que siente el pueblo de la Nación, que está cansado de pagar impuestos y más impuestos. (Aplausos.)
Esto nos interpela a todos. La Argentina no da más con su carga tributaria. La realidad es que el consenso fiscal que han firmado todos los gobernadores sin que nadie les haya puesto un arma en la cabeza para hacerlo, era una respuesta a la necesidad de la sociedad que nos exige a nosotros que le demos respuesta porque no pueden cumplir con sus obligaciones tributarias.
Ese acuerdo fiscal daba previsibilidad, lo cual va de la mano de la seguridad jurídica.
Si quien tiene un kiosco supiera que al año siguiente te van a bajar los ingresos brutos, tal vez piense en comprar más mercadería, contratar una persona más o comprar o alquilar un local más grande. No estamos hablando de grandes cosas, porque cuando aumentamos la tasa de ingresos brutos les estamos aumentando al comerciante, al trabajador precarizado. Cuando aumentamos el impuesto inmobiliario, le estamos aumentando la presión fiscal a la persona que tiene su casita y que vive en Carapachay, en Mataderos o en las distintas localidades del interior profundo de la Argentina.
Dejemos de hablar de los grandes temas nacionales y hablemos de lo que le pasa a la gente. Les puedo asegurar que la representación de esa gente no la tiene una fuerza política. La tenemos todos los que tenemos una banca porque para eso nos votaron.
En Argentina coexisten 163 impuestos: alrededor de 80 son municipales, 41 son provinciales y 40 nacionales. Tenemos la segunda carga impositiva mundial para las empresas.
Díganme cómo podemos resolver esto si no lo charlamos entre todos en una mesa que cambie la estructura tributaria de este país.
Con esto lo que estamos haciendo es abrir la puerta para que les suban los impuestos a los que desarrollan una actividad productiva y comercial, que son quienes tenían la posibilidad de ver reducido el impuesto a los ingresos brutos, al inmobiliario, a los sellos, a la nómina salarial, al combustible, al gas y a la energía eléctrica.
Si estos impuestos suben no solo vamos a perjudicar al ciudadano de a pie, sino que también vamos a seguir generando inflación. Y ese es un impuesto que lo pagamos todos, pero más aun los que menos tienen en este país.
Nosotros no vamos a acompañar el proyecto, porque lo que se firma se cumple. Y cuando no se cumple, se explica por qué no se puede cumplir. Además, no hay que explicarlo entre gallos y medianoche en una sesión convocada hace dos días. Lo que hay que hacer es explicarle a la sociedad por qué tenemos que seguir subiendo la carga tributaria.
Lo que pedimos es que en algún momento este Congreso, que representa a todos y a cada uno de los argentinos, se siente a rever la estructura tributaria. Digo esto porque lo que vamos a conseguir con esta medida es subir los impuestos, pero no vamos a lograr equilibrar las cuentas fiscales. Se van a subir los impuestos, pero la gente no los podrá pagar. De esta manera vamos a seguir malogrando las cuentas públicas que hoy, en muchos casos, no pueden dar respuesta al cumplimiento de los servicios sociales que tenemos la obligación de brindar.
Señor presidente, interpelo a esta Cámara para que nos reunamos y empecemos a trabajar en esto, porque la política tiene necesidades, pero muchas más tienen los ciudadanos de a pie. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Cano, por Tucumán.
Sr. Cano.- Señor presidente: en el análisis del tema que hoy estamos tratando desde las distintas bancadas surgió recurrentemente la palabra “federalismo”. Inclusive, cuando se inició el debate el miembro informante planteó como traumática relación que tuvieron los gobernadores con el gobierno nacional que terminó su mandato el 10 de diciembre.
Me parece que eso no es veraz o, por lo menos, es injusto plantearlo en esos términos. Lo digo porque una de las primeras fotos del expresidente ‑que generó revuelo en todos los medios, producto de la falta de costumbre en ese sentido- fue la convocatoria a todos los gobernadores de la Argentina. Creo que fue una de las primeras reuniones que hubo en Olivos.
Al respecto debo señalar que al poco tiempo de haber asumido el actual presidente, también convocó a los gobernadores radicales, al jefe de Gobierno y, finalmente, a todos los gobernadores. Esto debería formar parte de lo cotidiano y normal, en términos de abonar relaciones que no tengan que ver con el color político sino q con resolver las asimetrías que existen y que, evidentemente, tenemos como país.
Por eso, yo no la calificaría como traumática. Es más, escuché al diputado de San Luis hablar del histórico reclamo de su provincia por la deuda que se generó a partir del famoso 15 por ciento, y la verdad es que tengo que reconocer que las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba fueron las únicas tres cuyos gobernadores cumplieron con el rol de representar a sus estado al recurrir a la Corte a reclamar por el 15 por ciento que efectivamente les correspondía y que el kirchnerismo les negó sistemáticamente hasta el año 2015.
Yo era senador de la Nación y en diciembre del año 2015 ‑creo que fue el 22 de diciembre‑ acompañé a los gobernadores de esas tres provincias como amigo de la Corte, junto con algunos senadores, a reclamar ese 15 por ciento. También solicitamos al Poder Legislativo de Tucumán que obligue al entonces gobernador, José Alperovich, a ejercer el derecho de reclamar esos fondos que legítimamente le correspondían a la provincia.
Incluso, creo que en la provincia de Mendoza se perdió la votación en la Cámara que había propuesto el radicalismo por el voto de quien era vicegobernador en ese entonces, porque el resultado había sido un empate.
Entonces, el hecho de que el expresidente le haya devuelto a las provincias ese 15 por ciento, que cuando asumió se encontró con el fallo de la Corte y que al fin del mandato los gobernadores fueron a reclamar el IVA a la Justicia, me parece que no se puede calificar como relación traumática. Relación traumática era la de Daniel Peralta cuando gobernaba la provincia de Santa Cruz, que fue al Senado a plantear que hacía un año que la expresidenta no le daba audiencia.
Entonces, ¿de qué se trata el consenso fiscal? ¿De qué estamos hablando? El consenso fiscal establece que los compromisos asumidos en este convenio incluyen acuerdos tendientes a adoptar medidas de saneamiento de las cuentas públicas, coordinación de potestades tributarias entre las distintas jurisdicciones y la eliminación de distorsiones inadmisibles, situación que existe en nuestras provincias y que de una manera u otra tenemos que abordarla.
Podría mencionar también el caso de las aduanas internas, que es un impuesto que se cobra en algunas provincias, como la mía, que después fue declarado inconstitucional.
En virtud de ese vínculo –esto hay que decirlo‑, entre el 2015 y el 2018 el resultado primario mejoró en casi todas las provincias y las transferencias de la Nación a las provincias ganaron sobre la recaudación nacional: se pasó del 33 por ciento de coparticipación y de transferencia automática al 38 por ciento. Este no es un tema discutible, sino que son datos objetivos que forman parte del vaso medio lleno de los aciertos que tuvo la gestión de Cambiemos.
El consenso fiscal plantea la necesidad que tenemos de bajar impuestos y la necesidad que también tenemos de discutir el federalismo en serio, el federalismo responsable, porque una cosa es la transferencia de la Nación a las provincias de manera automática, pero hay otro capítulo que en algún momento el Congreso también tendrá que tratar porque es muy dispar las transferencias de los gobiernos locales a los municipios. No estoy hablando de la pertenencia al bloque radical o al justicialismo, esto es variopinto y forma parte del mapa político en la Argentina. Hay provincias que coparticipan el ciento por ciento y hay otras provincias ‑como la mía‑ que coparticipan el 20 por ciento ‑solamente coparticipan lo que se recauda a través del impuesto inmobiliario y automotor‑, mientras que del 80 por ciento restante –entre lo que está lo que ingresa en concepto de ingresos brutos‑ no se coparticipa nada. Esto provoca un sometimiento absoluto de los municipios con el gobierno de turno.
Por otro lado, existen otras cuestiones que también debemos mencionar. Yo reivindico absolutamente la política, banco el rol que tenemos los senadores y los diputados nacionales cuando hay voces que plantean que los responsables de la crisis económica tienen que ver con la política, pero la verdad es que hay algunas distorsiones que debemos atender.
En mi provincia hay una figura de dudosa constitucionalidad que se llama “excedente financiero”. Así, presupuesto del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Tribunal de Cuentas que no se ejecuta es un ahorro que se destina a esa partida. Mientras tanto el gobernador tiene que salir a pedir 3.000 millones de pesos al actual gobierno para atender urgencias financieras, y tenemos un Poder Legislativo cuyo presupuesto asciende a casi 6.400 millones de pesos.
Entonces, el federalismo responsable también tiene que ver con la forma en la que se ejecutan los fondos que las provincias reclaman a la Nación. Esos fondos tienen que volcarse a mejorar la vida de la gente, a infraestructura básica y a las obras que se necesitan en muchas provincias de la Argentina.
Así que de ninguna manera vamos a demonizar este consenso fiscal, que no fue firmado por gobernadores por presión. Me parece que eso es subestimar y fundamentalmente faltarles el respeto a los gobernadores. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Menna, por Chubut.
Sr. Menna.- Señor presidente: se ha dicho acá, con toda razón, que lo que implica este consenso fiscal es desandar un camino de baja de la presión tributaria.
El consenso fiscal de 2017, que muchos votamos aquí y que luego fue ratificado por las distintas legislaturas, establecía una senda gradual que iba a terminar en 2022 con la rebaja de impuestos de competencia provincial y a veces incluso de competencia municipal ‑de acuerdo con la organización constitucional de cada provincia‑, la eliminación incluso de algunos como el impuesto de sellos, y lo que se ha comprometido en este consenso que se somete hoy a votación es paralizar esa senda. En concreto, esto se traduce en volver a aumentar la presión fiscal sobre las personas en nuestro país.
En la provincia del Chubut, por ejemplo, esto ya ha surtido efecto, porque la Legislatura aumentó y creó nuevos impuestos. O sea que esta es la consecuencia de algo que marca una incongruencia sobre algo que convinimos hace dos años y que se ha reiterado en otros aspectos como ha sido lo acontecido con la ley de economía del conocimiento.
Sobre esto se ha hablado mucho, pero quiero poner el acento en otro de los aspectos del consenso fiscal que se contempla en la cláusula II. En esa cláusula los gobernadores que promovieron acciones judiciales hace tres meses en la Corte Suprema contra los decretos 561/2019 y 567/2019, que eran los decretos por los cuales el gobierno anterior había eliminado el IVA a los productos de la canasta básica y había bajado el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, es decir, para los trabajadores, lejos de una mirada solidaria de las provincias administradas por el peronismo, provocó una estampida; esos gobernadores salieron en tropel a plantear acciones judiciales contra esos decretos que beneficiaban a muchísima gente. Fue una actitud muy distinta que la observada entre 2007 y 2015 cuando a las provincias se las despojaba del 15 por ciento de manera ilegal reteniéndoles ese porcentaje de coparticipación, ante lo cual solo tres gobernadores de tres provincias –Córdoba, Santa Fe y San Luis‑ se atrevieron a plantear demandas.
Pues bien, en aquel momento los gobernadores que plantearon una medida cautelar dijeron que era un despojo, que estaban en compromiso 35.000 millones de pesos de reducción de coparticipación por los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y ahora, cuando cambia el signo político de la gestión nacional, de repente todos estos problemas desaparecen, esos recursos ya no son necesarios y en este acuerdo se contempla todo lo contrario: suspender estas acciones judiciales durante un año.
No voy a opinar sobre las demás provincias, pero lo que sí quiero decir es que este acuerdo lo ha afirmado la provincia de Chubut, una provincia que como dije, al día de hoy no ha terminado de cancelar los salarios del mes de diciembre, que va a terminar de pagar los sueldos del mes de diciembre en el mes de febrero, que está viviendo una calamidad financiera, que está aumentando la presión fiscal sobre sus habitantes y a la par se permite renunciar a una acción judicial que le estaba reportando ingresos todos los meses. Debe ser la primera vez en la historia que un ente con dificultades financieras se permite renunciar a un juicio que tiene ganado.
Esto demuestra también una actitud política de aquellos que todos estos años se embanderaron en la supuesta defensa del interés de las provincias y que esto demuestra una actitud que no es coherente, porque cuando el que está al frente del Poder Ejecutivo nacional es de su mismo signo político toleran y aceptan cualquier tipo de despojo contra las provincias, como el que surge de esta cláusula II de este consenso fiscal y solo se atreven a plantear las cuestiones y llevarlas a los tribunales cuando el que gobierna a nivel nacional no es de su mismo signo político .
Por estas razones, entiendo que de ninguna manera este consenso fiscal ‑que en realidad es un contraconsenso fiscal‑ puede ser acompañado. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Casas, por La Rioja.
Sr. Casas.- Señor presidente: quien les habla, actual diputado de la Nación por la provincia de La Rioja, terminó su mandato como gobernador de dicha provincia el 10 de diciembre del año 2019.
Lógicamente, fui firmante de los diferentes consensos fiscales y he sido convocado ‑como se ha dicho en este recinto- por el expresidente de la Nación. En aquella oportunidad nos sacamos la foto y hablamos de federalismo y de la convivencia política que tenemos que asumir todos los argentinos.
Hoy debemos votar este nuevo pacto, lo que es muy bueno, porque quien me ha sucedido en el cargo, el compañero Ricardo Quintella, es firmante de este consenso junto a la mayoría de los gobernadores de las provincias.
Desde mi punto de vista, el consenso fiscal propende a la convivencia, pero no debemos olvidar que las provincias son anteriores a la Nación. En este sentido, sí tenemos que hablar de federalismo, pero de un federalismo que debe ser llevado a la práctica no solo mediante palabras.
Se han dicho muchas cosas. Por supuesto, algunos diputados colegas de la oposición cuestionan hoy a quienes hemos firmado el consenso en su momento. Pero debo aclarar que muchas veces se llega a la firma de estos consensos para evitar que las provincias sigan sufriendo las consecuencias de llevar adelante la normalización de la administración de sus recursos. Es cierto que nadie anda a punta de pistola, pero cuando a uno le toca administrar una provincia en la que todos los meses tiene que pagar los sueldos, en la que tiene que intervenir en la manutención del Estado y en la asistencia, lógicamente a veces tiene que priorizar y convivir con el Estado nacional.
No le quito ni me quito la responsabilidad, pero también es necesario decir que desde acá es muy fácil hablar cuando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le ha duplicado la coparticipación. A aquellas provincias que estamos a más de 3.300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires nada nos compensa. No se nos compensó el transporte sino que se le quitó el subsidio, nos paralizaron las obras y nos han quitado el fondo federal sojero, incluso afectando a los municipios.
En consecuencia, me pregunto por qué negar la posibilidad de esta suspensión. La provincia de La Rioja va a seguir bregando por ese punto de coparticipación, cuestión que también ha elevado a juicio ante la Corte Suprema de la Nación. Asimismo, en estos últimos tiempos la provincia de La Rioja ha hacho una presentación en relación con la reducción del IVA, porque son fondos que legítimamente le corresponden.
En lo personal quiero decir que es necesario poner el énfasis para que estos pactos entre las provincias y la Nación se cumplan, para que en las provincias ‑sobre todo en las más alejadas de la Capital Federal‑ también tengamos posibilidad de desarrollarnos.
Así como los trenes conducían todos en abanico hacia el puerto de Buenos Aires, quiero decirles que hoy ni siquiera los vuelos se cumplen con regularidad en nuestras provincias. Esos son los recursos y las asistencias necesarias. Nos han quitado el Fondo Compensador Docente y también lo que nos corresponde en materia de coparticipación. Estos son, reitero, recursos fundamentales con los que debemos contar en las provincias.
Recordemos que las provincias son preexistentes a la Nación. Pero hoy tenemos que votar con responsabilidad para que una vez cumplido el plazo de suspensión las provincias vuelvan a tener la autonomía que les corresponde. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Lehmann, por Santa Fe.
Sra. Lehmann.- Señor presidente: quisiera dejar asentada mi posición en relación con este proyecto de suspensión del consenso fiscal que estamos tratando.
Más allá de que mi voto será negativo, al igual que el del resto de mis compañeros de bloque, no puedo dejar de señalar algunas cuestiones fundamentales que hacen a mi posición.
Nosotros estamos convencidos de que la única forma de que una Nación salga adelante es con producción e inversión. Poner cada vez más impuestos va totalmente en contra de este incentivo.
La Argentina es uno de los países con mayor carga impositiva del mundo. Tenemos un Estado que gasta mucho, que cada vez gasta más y, en vez de replantearnos de qué manera achicamos su gasto, estamos pensando cada vez más de qué lugar y de qué bolsillo podemos sacar más plata con impuestos. La realidad es que la gente ya no da abasto. Aquí se habla de federalismo, pero me gustaría que recorran el interior de las provincias de nuestro país, donde la gente ya no da más. Hoy estuvimos reunidos con productores del NEA y del NOA y advertimos que la presión impositiva que tiene este país hace que la situación sea insostenible.
Todos sabemos que la única forma genuina, verdadera y definitiva de terminar con la pobreza es generando empleo, trabajo real que implique a su vez más empleo. Durante el gobierno anterior de Cambiemos esto fue muy claro; la decisión fue bajar los impuestos y por eso en 2017 se sancionó el acuerdo fiscal.
Muchas cosas pasaron, claro que sí, pero nada de lo que sucedió puede hacernos cambiar el rumbo. Lamentablemente, este acuerdo fiscal va en una línea diferente, abriendo la puerta a impuestos, a una carga impositiva para las provincias que va a resultar inaceptable, y es por ello que yo no voy a votarlo. Tenemos que entender de una vez por todas que poner más impuestos en un país que tiene la mayor carga impositiva del mundo es una locura, un disparate.
En consecuencia, reitero, mi voto será por la negativa y espero que podamos trabajar sobre una propuesta real y una transformación tributaria en este país para que de una vez por todas la producción y el incentivo a la inversión sea el camino hacia la prosperidad de la Nación. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- La Presidencia pone en conocimiento de los presidentes de bloque que faltan tres oradores para hacer uso de la palabra, luego de lo cual se pasará a votar. Se solicita a los señores diputados que vayan acercándose al recinto.
Tiene la palabra el diputado Yacobitti, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Yacobitti.- Señor presidente: solicité el uso de la palabra para argumentar mi voto a favor de la suspensión del pacto fiscal por un año, pero también quisiera aprovechar este momento para referirme a algunas cosas que se han mencionado.
Mi voto a favor se debe a que creo que existe un proceso de negociación en curso para el que todos los gobernadores y el jefe de gobierno deben tener ‑por lo menos así lo es de mi parte‑ el aval para llevar adelante dicha negociación en un momento muy difícil al que se ha llegado porque no logramos tener en la Argentina los consensos necesarios para sentarnos a discutir seriamente dos cosas muy importantes. Una de ellas tiene que ver con una nueva ley de coparticipación y la otra con una reforma tributaria en serio.
Digo esto porque creo que en la Argentina proporcionalmente siguen pagando muchos más impuestos los que menos tienen. Algunos toman la suspensión de este pacto como la posibilidad de incrementar la presión tributaria en las provincias sobre los que menos tienen.
Nosotros, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, desde el bloque UCR-Evolución, vamos a garantizar que no sea así, para que se privilegie a los que menos tienen en la Ciudad, porque no solamente va a quedar en manos del jefe de Gobierno esa administración sino que por la Constitución está delegada al cuerpo legislativo.
Así como celebro el camino del acuerdo, quiero corregir a alguno de los diputados que recién habló de la ciudad de Buenos Aires, haciendo referencia a que es una ciudad privilegiada y rica que había duplicado la coparticipación. Ese no es el camino, porque ese es el camino de la mentira, de la trampa, de preparar el terreno para tomar alguna decisión sin consenso y sin justicia. Detrás de esas palabras se oculta que a la ciudad de Buenos Aires se le transfirió ni más ni menos la responsabilidad de hacerse cargo de la seguridad, que muy buenos resultados le vino dando desde que se hizo el traspaso. Si bien no llegamos a lo que queríamos, sí se fueron mejorando uno a uno los índices de seguridad.
Ese es el discurso que va en contra de lo que para mí hoy necesita la Argentina. Porque la Argentina hoy necesita acuerdo, consensos y que no haya provincias privilegiadas y relegadas, sino provincias que administren bien, sin que esto implique que después unilateralmente le saquen recursos y no puedan hacer mejoras en infraestructura o en servicios.
Quiero terminar diciendo que tenemos un gran desafío y es no chicanearnos.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Sergio Tomás Massa.
Sr. Yacobitti.- El presidente de mi bloque, la Unión Cívica Radical, lo definió como estar al lado del que gobierna. Yo lo defino como estar al lado de la Argentina en una situación tan difícil, y por eso votamos a favor de la reestructuración de la deuda.
Lo que no podemos dejar de lado en este Congreso es debatir una reforma tributaria que privilegie a los que menos tienen. Hoy estamos en un proceso de transición, de emergencia, y por eso esta suspensión es nada más que por un año. En este sentido, a través de las legislaturas provinciales debemos garantizar que durante ese año no terminen sufriendo más los que menos tienen, sino que se puedan equilibrar las cuentas. Para esto creo que vale la pena dar transitoriamente esa autonomía.
También creo que desde este Congreso debemos seguir trabajando para terminar con esas profundas inequidades que tiene nuestro sistema tributario, como por ejemplo que las rentas financieras estén exentas del impuesto a las ganancias mientras que lo que cada familia paga para educar a sus hijos no pueda ser deducible de dicho impuesto.
Esto amerita ni más ni menos una discusión global que los argentinos tenemos que dar, y me parece que este es el momento.
No era correcto no argumentar mi voto. Quería dejar esto en claro y también corregir al diputado que habló antes porque consideraba que se podía llegar a entender mal la información sobre la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Campos, por Buenos Aires.
Sr. Campos.- Señor presidente: creo que esta sesión merece una palabra médica y la que mejor se ajusta es la de “esquizofrenia”. Realmente me parece una sesión esquizofrénica.
Básicamente, esquizofrenia quiere decir que hay una alteración mental que implica la pérdida de contacto con la realidad. Hace una hora votamos una ley para reprogramar la deuda. La mayoría de los discursos en este recinto coincidieron en que la deuda no es más que el producto del déficit acumulado. O sea, toda deuda tiene que ver con déficit acumulado. Sin embargo, una hora después de que con mucho consenso se votó autorizar al gobierno nacional a reprogramar la deuda, con mucho apoyo opositor, se considera un proyecto que autoriza a las provincias a aumentar impuestos y a seguir gastando, continuando agrediendo a nuestra población con más impuestos.
Claramente, en todos los discursos está ausente la idea de meterse con el gasto estatal, que nos está consumiendo de a poco y está corroyendo las mismas estructuras del ser argentino. No podemos seguir administrándonos como lo estamos haciendo.
Acabamos de aprobar la sexta o séptima, no sé bien, reprogramación de deuda en 36 o 37 años de democracia, o sea, una cada cinco o seis años.
Ya lo dije cuando tratamos la ley de emergencia económica: de los últimos 107 años, 100 registraron déficit fiscal, y seguimos insistiendo. Nadie habla del gasto estatal para realmente encarar la reforma de fondo.
Nosotros solamente tendríamos que estar hablando de una reforma estatal de fondo, y no hay una sola persona que hable de eso y de incorporar los incentivos correctos para la buena administración en este país.
Me parece muy esquizofrénico habernos rasgado las vestiduras con la deuda e inmediatamente después autorizar aumentos de gastos.
El consenso fiscal fue una de las pocas cosas que el gobierno de Cambiemos pudo hacer para tratar de contener el gasto estatal y empezar a devolver impuestos a la población. Es casi una gota en el océano, pero ni siquiera esto se puede hacer.
No sé si nos damos cuenta de lo cansada que está la gente, y considero que estamos muy cerca de tener problemas de cobro con nuestros impuestos. No lleguemos a esas circunstancias; realmente mostremos responsabilidad y digamos lo que la gente quiere escuchar: que nos metemos con la racionalización del gasto estatal, porque es lo que estamos necesitando; esto no quiere decir echar gente ni que sufran los empleados públicos, sino mirar al Estado en su conjunto.
Para cambiar el estado de cosas en la Argentina hay que cambiar las cosas en el Estado Argentino, y de esto no estamos hablando. Por eso, propongo que en futuras sesiones y en futuros proyectos que presentemos este tema esté presente porque no tenemos futuro si no administramos este país de una manera distinta. Esto está demostrado en que estamos ante la sexta o séptima reprogramación o reperfilamiento de deuda en 37 años de democracia, es decir, una cada 5 o 6 años.
Hago votos para que realmente nos pongamos a trabajar en el Estado argentino, para que sea más eficiente y pueda financiarse con menores impuestos que los que pagan actualmente los ciudadanos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Corpacci de Mercado, por Catamarca.
Sra. Corpacci de Mercado.- Señor presidente: redundar en por qué las distintas provincias firmaron el consenso fiscal es perder el tiempo. Cada uno de nosotros, y lo digo desde mi condición de gobernadora en ese momento, supimos cuáles eran las necesidades y por qué motivo lo firmábamos o no.
Lo que sí me parece importante decir es que no es necesario que a nadie le pongan una pistola en la cabeza para presionarlo; hay muchas formas de presionar y un modo para hacerlo es afectar los recursos que llegan a las provincias. En esa ocasión, uno de los puntos del consenso fiscal, era que aquellas provincias que no lo firmaran no iban a recibir el Fondo Solidario, lo que implicaba una disminución sustancial de recursos para dichas jurisdicciones y los municipios.
Me parece importante decir que, en 2018, el gobierno nacional pidió una modificación del consenso fiscal. Lo hizo porque argumentó que las condiciones macroeconómicas y la volatilidad de los mercados obligaban a modificarlo. En ese momento, el gobierno nacional volvió a poner las retenciones y el impuesto a las ganancias.
¿Por qué marco esto? Porque, en realidad, el gobierno nacional dice que el país necesita que recaudemos más. En ese momento, el dólar estaba aproximadamente a 26 o 27 pesos. Estoy hablando de septiembre de 2018.
La verdad es que ese consenso no se cumplió. Uno de los puntos era que las provincias paulatinamente iban a ir disminuyendo la presión tributaria y las alícuotas de determinados impuestos irían descendiendo progresivamente. Pero a fines de 2018, de la noche a la mañana, el gobierno nacional decidió suspender el Fondo Solidario sin ningún tipo de comunicación, a pesar de estar incluido en el consenso fiscal. Ese es el motivo por el cual varios gobernadores fuimos a la Corte a reclamar la devolución del fondo sojero.
Luego, en 2019, y con un dólar que ya no era de 27 pesos, el gobierno nacional suspendió los subsidios al transporte y a la energía. La tarifa de energía eléctrica había llegado a aumentar 1.800 por ciento, y la del gas, más de 3.000 por ciento.
¿Por qué hago esta mención? Porque quiero proponer a los diputados que están tan preocupados por la reactivación económica, que pregunten a cualquier empresario qué le duele más: si la apertura indiscriminada de la importación, que dejó un stock enorme de producción local, o el aumento indiscriminado de las tarifas, que fue lo que hizo que muchas pymes cerraran. Heladerías, panaderías, muchísimas pymes tuvieron que cerrar, porque no tenían cómo vender y no podían pagar los servicios básicos.
En ningún momento este proyecto de ley -estoy tratando de ser lo más objetiva posible- dice que aumentaremos algún gravamen. Simplemente señala que vamos a dejar de disminuir los impuestos por un año y suspenderemos las acciones judiciales mientras las distintas provincias nos sentemos a acordar -o no- con el gobierno nacional. Esto es muy distinto a la situación del pacto fiscal de 2017, en el que las provincias nos vimos obligadas a renunciar a todos los juicios que teníamos con el Estado nacional.
Por eso, digamos las cosas como son. Las he vivido en carne propia. Nadie está pidiendo a alguien que aumente los impuestos. Aquellas jurisdicciones que están en condiciones de disminuirlos, que lo hagan, pero que también sea potestad de los gobiernos provinciales.
Repito: nadie está diciendo que vamos a aumentar impuestos; nadie nos está obligando a renunciar a algún juicio. Se trata de un gobierno que recién empieza, y lo que está pidiendo es que todos nos sentemos a conversar para ver cómo pagamos la enorme deuda que tenemos y sacamos el país adelante.
Por eso, nosotros -me refiero a los dos compañeros catamarqueños que en su momento apoyamos el consenso fiscal‑ votaremos favorablemente esta iniciativa. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en revisión por el que se aprueba el consenso fiscal 2019, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 17 de diciembre de 2019, contenido en el Orden del Día N°3 (expediente 74-S-2019).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, para su aprobación se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del cuerpo.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 219 señores diputados presentes, 157 han votado por la afirmativa, 54 por la negativa, registrándose además 7 abstenciones.
Sr. Secretario (Cergnul).- Se han registrado 157 votos por la afirmativa, 54 por la negativa y 7 abstenciones.[3]
Sr. Presidente (Massa).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.[4]
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (Aplausos.)
- 16 -
Sr. Presidente (Massa).- Corresponde considerar el Proyecto de ley venido en revisión por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020 (expediente 73-S-2019).
aquí expediente 73-S-2019
Sr. Presidente (Massa).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Martínez (G.P.).- Señor presidente: haremos la argumentación a favor de este proyecto conjuntamente con el señor diputado de la Unión Cívica Radical Carlos Fernández, integrante de la Comisión de Defensa hasta el pasado 10 de diciembre.
Este es un tema importante. Estamos tratando de recuperar la rigurosidad, principalmente en los tiempos de estos proyectos. Concretamente, esta iniciativa autoriza la entrada de tropas de fuerzas armadas extranjeras al territorio nacional y la salida de militares argentinos hacia el exterior para participar de lo que se llaman ejercicios combinados. Fuerzas armadas de nuestro país realizan, junto con fuerzas armadas de otros países, determinadas acciones de adiestramiento y trabajos en el terreno. Además, estos ejercicios combinados les permiten poner en práctica tareas que en otro momento realizaron solas pero que, articuladas con otras, brindan la posibilidad de medirse, de testearse, de saber cómo está cada una en su respectivo lugar.
Esta autorización es solicitada en el marco del artículo 75, inciso 28, de nuestra Constitución, que muy claramente se refiere al permiso que el Congreso debe dar para la entrada de tropas extranjeras en territorio argentino y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. Este artículo fue reglamentado en virtud de la ley 25.880 que, a su vez, tiene un decreto que la efectiviza.
En marzo de cada año, el Ministerio de Defensa debería poner a disposición, tanto de las comisiones de Defensa Nacional como de Relaciones Exteriores y Culto, un proyecto que contemple el programa de ejercicios combinados que se llevará adelante entre septiembre de ese año y marzo del año siguiente.
El proyecto de ley en revisión que estamos considerando, que ingresó el 14 de agosto de 2019 y lleva la firma del entonces presidente Macri, fue tratado por el Senado en sesiones extraordinarias el pasado 20 de diciembre y sancionado por unanimidad.
Obviamente, en este caso los plazos no se cumplieron. La propia dinámica hizo que en muchas ocasiones no pudieran respetarse los plazos; de hecho, la última vez que se siguió el trámite normal fue cuando se autorizó el programa de ejercicios combinados 2016‑2017. Al año siguiente, en cambio, hubo dictamen de comisión pero no se trató. Finalmente, el último año, se lo hizo fuera de los tiempos correspondientes.
Es importante cumplir con el cronograma porque ello brinda previsibilidad a las acciones de adiestramiento de nuestras fuerzas armadas. Lamentablemente, algunos ejercicios ya pasaron. No obstante, optamos por continuar con la sanción del proyecto tal cual está para que no tenga que volver al Senado con modificaciones.
Estamos hablando de una iniciativa que obviamente contribuirá a la formación de nuestras fuerzas armadas y a la generación de algo muy importante: las relaciones de confianza mutua y de cooperación entre las fuerzas armadas, incluso con aquellas con las que, en algún momento, mantuvimos hipótesis de conflicto. Al respecto, permítaseme mencionar un ejemplo.
Uno de los ejercicios combinados a cargo del Estado Mayor Conjunto es el llamado Integración 2020, del que participan nuestras fuerzas armadas y las de la República Federativa de Brasil. Se realiza en Goya, provincia de Corrientes, y tiene que ver con mecanismos de cooperación en un área cada vez es más importante: la acción en el marco de desastres de origen natural. Por decisión del presidente Alberto Fernández y del ministro Rossi, vuelve a tener jerarquía de secretaría el Área de Coordinación Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa.
Lo menciono para demostrar que con un país con el que tuvimos una hipótesis de conflicto podemos trabajar cooperativamente. Las acciones coordinadas de capacitación y de despliegue en el terreno garantizarán no solo una mayor confianza, sino también la posibilidad de tener fuerzas armadas más alistadas y adiestradas para cumplir con la misión principal que le han asignado la Constitución Nacional y las leyes de nuestro país.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Fernández, por Buenos Aires.
Sr. Fernández (C.A.).- Señor presidente: no reiteraré conceptos vertidos por el señor diputado preopinante.
Este proyecto surge de una facultad expresa del Congreso de la Nación, reconocida en nuestra Constitución Nacional y en la ley que reglamenta esta autorización solicitada por el Poder Ejecutivo para la salida de tropas nacionales fuera del país y el ingreso a nuestro territorio de tropas extranjeras.
Se trata de dieciocho ejercicios; como bien se dijo, para algunos ya pasó el tiempo. A propósito de ello, creo que todos nos debemos proponer respetar los plazos establecidos en la ley; siempre hay una demora en el envío del proyecto por parte del Poder Ejecutivo y muchas veces la propia dinámica del Parlamento –por demoras razonables en el análisis de algunos temas y las prioridades asignadas a otros‑ produce que ciertos ejercicios se pierdan porque no hay precisión respecto de la fecha de tratamiento.
A esto se suma un elemento central: el proyecto sancionado a fines del año pasado en esta Cámara sobre la creación del Fondo Nacional de Defensa, que esperamos que prontamente reciba sanción definitiva en el Senado. También en este caso se establecieron tiempos para informar a las comisiones de Defensa Nacional sobre las inversiones a realizar y sus plazos de ejecución.
Como bien se ha dicho, estos ejercicios son una oportunidad para que nuestras fuerzas armadas, conjuntamente con las fuerzas armadas de otros países, lleven adelante ejercicios que nos permitan trabajar en forma integrada frente a distintas hipótesis y situaciones. Lo que se prevén son misiones encomendadas por Naciones Unidas; recordemos que nuestras fuerzas armadas han cumplido y cumplen un rol importante, una tarea central, en misiones de paz en distintos lugares del mundo. Son capacitadas en centros de entrenamiento especializados reconocidos a nivel internacional.
Algunos de los ejercicios incluidos tienen que ver con hipótesis de actuación ante situaciones de emergencia; hay ejercicios conjuntos para realizar tareas combinadas y trabajos integrados entre buques y aeronaves, como asimismo la posibilidad de integrar capacidades diferentes entre fuerzas aéreas y armadas. Nuestras fuerzas armadas también son capacitadas para formar parte de fuerzas multinacionales y estar en condiciones de realizar operaciones convencionales como lo determine en su momento nuestra política de relaciones exteriores.
Como estamos hablando de un conjunto de ejercicios programados no solo por el Ministerio de Defensa sino también por el de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, obviamente estos forman parte indelegable de las funciones que cumplen nuestras fuerzas armadas como una herramienta del Estado en su conjunto. En otras palabras, esto tiene que ver no solo con la política de defensa sino también con aquella que, en materia de relaciones exteriores, defina el Estado nacional.
Por las razones expuestas, esto es muy importante. Es una oportunidad para que el instrumento militar de la Nación tenga acceso a elementos de alta tecnología. La relación con fuerzas armadas que cuentan con mayor desarrollo tecnológico que nuestro país, forma parte de una capacitación esencial y muchas veces genera posibilidades absolutamente centrales.
Creo que la aprobación de estos ejercicios militares para el bienio 2019‑2020 merece el acompañamiento de toda la Cámara. Esperamos que, en el futuro, la relación con el Ministerio de Defensa permita acelerar los procesos para que estas iniciativas reciban el tratamiento adecuado. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr. del Caño.- Señor presidente: estamos considerando un proyecto en el que parece que nuevamente tampoco habrá grieta, como acaba de ocurrir con el salvataje a los especuladores para garantizar el pago a los fondos “buitre” y al Fondo Monetario Internacional.
Esta situación reviste una gravedad enorme, porque se está planteando que en un par de minutos votemos a libro cerrado una iniciativa que, en realidad, es un decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri el 8 de agosto que habilita la realización de ejercicios comunes de las fuerzas armadas de nuestro país con otras fuerzas armadas. Por ejemplo, las del imperialismo norteamericano. ¿Casualidad? No lo vemos como tal, máxime si tenemos en cuenta lo que mencionamos anteriormente: las políticas del Frente de Todos, condicionadas por el acuerdo con el FMI.
Del mismo modo, este proyecto reviste una gravedad enorme porque acá se está planteando que votemos a libro cerrado y en un par de minutos algo que en realidad es un decreto firmado el 8 de agosto por el expresidente Mauricio Macri, donde se habilitan estos ejercicios comunes de las fuerzas armadas con otras fuerzas, por ejemplo con aquellas del imperialismo norteamericano. ¿Casualidad? En realidad, no lo vemos como tal si tenemos en cuenta lo que mencionábamos anteriormente, es decir, las políticas de este gobierno, del Frente de Todos, que son condicionadas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, entre otras cosas, impuso que se mantuviera la declaración de Hezbollah como una organización terrorista. Aclaro que desde el Frente de Izquierda no comulgamos con sus ideas, pero es una organización de masas que forma parte de la coalición de gobierno del Líbano. Como Trump y su amigo, el carnicero del pueblo palestino Netanyahu, quieren que así lo haga, la Argentina así lo hace y denomina terrorista a Hezbollah.
Por otro lado, la Argentina sigue perteneciendo al Grupo de Lima, que reúne a aquellos países que estuvieron de acuerdo con el golpe institucional en Brasil y con el golpe de Estado en Bolivia. El golpe en Bolivia, que se dio en el medio de este decreto y esta fecha, fue gravísimo. ¡Fue un golpe de Estado! Eso se discutió en esta Cámara de Diputados.
Podríamos seguir mencionando el viaje reciente a Israel y el abrazo con Netanyahu, que además está fuertemente acorralado por las acusaciones de corrupción. El amigo de Trump ahora, conjuntamente, presenta un plan de rendición del pueblo palestino. Entonces, no es casualidad.
Volviendo a este proyecto, quiero leer algo a toda la Cámara. Este proyecto habilita, por ejemplo, un ejercicio combinado denominado “Gringo-Gaucho” ‑vaya nombre‑ de adiestramiento aeronaval en el mar. En el anexo se explica que es un ejercicio bilateral de oportunidad. Se desarrolla cuando un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos de América realiza una navegación por aguas territoriales argentinas en proximidades de nuestras costas al producirse su cambio de apostadero desde la costa este a la costa oeste de los Estados Unidos de América o viceversa. Cabe aclarar que el portaaviones navega acompañado por un buque de escolta tipo fragata o destructor con aeronave orgánica embarcada.
¿Qué tiene que hacer la Armada Argentina con los marines norteamericanos a pocas millas de las Malvinas? Creo que nadie puede desconocer el apoyo norteamericano a los ingleses en Malvinas. Entonces, me parece que esto es un escándalo y nosotros, desde el Frente de Izquierda, de ninguna manera seremos parte de este nuevo consenso en el que ya no hay grieta, como tanto les gusta decir a todos los bloques, sino que vamos a repudiarlo porque pensamos que hay que expulsar a Estados Unidos de América Latina y a los ingleses de Malvinas.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada del Plá, por Buenos Aires.
Sra. del Plá.- Señor presidente: esto que pensaban que iba a ser un trámite, no lo es. No es la primera vez que intervengo sobre este punto; lo hice en años anteriores. Por lo tanto, volvemos al tema porque no es casual que se trate justo en esta sesión en la que se aprobó el sometimiento a los reclamos del imperialismo. No es casual que se vote acá este tema de los ejercicios militares con las fuerzas militares de otros países. Forma parte del alineamiento internacional para justificar la negociación de la deuda. Forma parte de esas señales, de ese “no meternos en problemas” que planteó Solá y por lo tanto hacer todo lo que nos reclaman. Forma parte de esto que dijimos anteriormente. ¿De qué soberanía nos hablan? La soberanía pasó a la oficina del FMI.
Entonces, esto no es casual sino que forma parte de todo un alineamiento internacional que ‑como acá ya lo ha mencionado el señor diputado Del Caño‑ tiene que ver con el primer viaje oficial de nuestro nuevo presidente nada más y nada menos que a Israel a abrazarse con Netanyahu para saludar estas medidas contra el pueblo palestino. Tiene que ver también con permanecer al Grupo Lima, cosa que no es un tema menor. Lo remarco porque intentan disimularlo; pero se quedaron en el Grupo Lima con los golpistas bolivianos. Después, a las palabras se las lleva el viento; lo que importa son los hechos: se quedaron en el Grupo Lima con los golpistas. Entonces, esto es una demostración de esa orientación.
El tema de que no exista confianza alguna con las fuerzas militares de otros países –y mucho menos con las de los países imperialistas‑ demuestra la intromisión del ejército norteamericano y la CIA en los ejércitos latinoamericanos a partir de la Escuela de las Américas. ¿Hace falta explicar acá lo que ha significado la intromisión del ejército norteamericano en las fuerzas armadas de América Latina para sostener golpe tras golpe y desarrollar la teoría del enemigo interno y la subversión? En este mismo Congreso hemos denunciado cómo se ha avanzado en reconstituir las relaciones con las fuerzas armadas mediante un conjunto de decretos que rehabilitó una serie de intervenciones en la vida interna del país. No es ninguna casualidad, como tampoco lo es la votación que mencionó uno de los diputados informantes de un nuevo fondo de financiamiento que se aprobó a instancias del expresidente de la bancada que en aquel momento se denominaba Frente para la Victoria y que ahora es el ministro de defensa Rossi. Cambiemos aprobó con entusiasmo esa nueva fuente de financiamiento. Entonces, efectivamente acá no hay ninguna confianza.
Quiero ampliar un poquito lo expresado por el diputado Nicolás Del Caño, con quien integramos el Frente de Izquierda. Es probable que acá la mayoría los señores diputados no haya leído las 122 páginas de los anexos de este proyecto. Pero como nosotros somos testarudos, sí lo hicimos.
Por eso, procederé a ampliar mi exposición. Este ejercicio Gringo‑Gaucho es muy ilustrativo. A bordo de esa nave principal vienen 5.000 efectivos con una fragata con otros 330; o sea que 5.330 militares norteamericanos recorren sin ningún tipo de control todo el litoral marítimo argentino. Es notable. ¿Qué cantidad de información se puede obtener de esos ejercicios? Control de recursos, información estratégica. ¿Saben cuántos argentinos van a participar en el evento? ¡Estamos hablando de 134 argentinos! ¿Ese es el ejercicio conjunto? No hace falta preocuparse por ningún mecanismo de espionaje, si total les abren la puerta y les dicen “vengan a ver cuánto pueden pescar, cuánto se pueden llevar del subsuelo marítimo, cómo se hace un ejercicio para defender cualquier situación para los británicos en Malvinas”. No hace falta más nada. Les abren la puerta y ya está. ¡Reitero: son 5.300 efectivos! ¡Impresionante! Esto se da en el medio de un proceso en el que nos hablan de una reconstitución de la relación con las fuerzas armadas. Quiero recordar que nosotros estamos en contra de todas esas fuerzas represivas. Hay que disolverlas, hay que reorganizarlas con otra orientación.
Sr. Presidente (Massa).- Vaya redondeando, señora diputada.
Sra. del Plá.- Ya termino, señor presidente.
Nosotros pondríamos en marcha a las fuerzas armadas para defender un gobierno de los trabajadores contra la invasión imperialista, pero de ninguna manera para defender la represión interna, como lo han hecho varias de las fuerzas represivas que han tenido intervención. Esto ha sucedido no solo durante la dictadura militar. Recordemos las últimas intervenciones: la represión de la Gendarmería que terminó con la muerte de Santiago Maldonado y los tiros por la espalda a Rafael Nahuel por parte de la Prefectura. De ninguna manera podemos avalar esto y por eso, vamos a votar en contra.
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar nominalmente, en general y en particular, el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre del 2019 hasta el 31 de agosto del 2020 (expediente 73-S.-2019).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 217 señores diputados presentes, 213 han votado por la afirmativa y 3 por la negativa.
Sr. Secretario (Cergnul).- Han votado 213 señores diputados por la afirmativa y 3 por la negativa.[5]
Sr. Buryaile.- Señor presidente: solicito que se deje constancia de mi voto por la afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Así se hará, señor diputado.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. [6]
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
- 17 -
Sr. Presidente (Massa).- Corresponde considerar el proyecto de resolución contenido en el expediente 5.592-D.-2019, por el que se crea una Mesa de Trabajo para analizar y proponer las acciones tendientes a la sostenibilidad de la deuda que mantienen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la administración pública nacional.
- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Queda sancionado el proyecto de resolución. [7]
Se harán las comunicaciones pertinentes.
- 18 -
Sr. Bucca.- Señor presidente: solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento con el objeto de considerar sobre tablas el proyecto de resolución contenido en el expediente 5.599-D.-2019, que hemos acercado a la Presidencia y ha sido suscripto tanto por nuestro interbloque como por el interbloque Unidad Federal Para el Desarrollo y el bloque del Movimiento Popular Neuquino.
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Corresponde considerar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado por Buenos Aires.
Previamente, la Presidencia solicita al señor diputado que dé lectura del proyecto de resolución, a fin de que aquellos señores diputados que no disponen de una copia puedan tomar conocimiento.
Sr. Bucca.- Señor presidente: los señores diputados conocen este proyecto, referido a la posibilidad de incorporar a las provincias al tratamiento del tema que hemos abordado a lo largo de la presente sesión. Entendemos que las provincias están atravesando una situación económica y social realmente muy complicada.
En el día de ayer el bloque de Juntos por el Cambio realizó gestiones que, a nuestro juicio, fueron incompletas porque faltó la incorporación de bloques e interbloques que integran esta Honorable Cámara, así como también contemplar la participación concreta de las provincias.
Frente a esta situación, mediante este proyecto de resolución proponemos que esa mesa de trabajo, que estará conformada por integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, de los ministerios de Economía y del Interior y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuente también con la participación de la totalidad de los bloques e interbloques de esta Honorable Cámara y de un representante de cada una de las provincias.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente: usted ha sido protagonista y testigo, al tiempo que ha tenido una responsabilidad; estoy hablando en términos políticos absolutamente prácticos. Hemos estado reunidos durante casi cuarenta y ocho horas con representantes de las gobernaciones provinciales y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contando asimismo con su predisposición, señor presidente. Por eso, esto se había precisado en esa resolución.
Tuvimos la intención de proponer la incorporación de un capítulo referido a las provincias en el proyecto que esta Honorable Cámara ha considerado en la presente sesión, referido al tema de la deuda externa. En ese sentido, hemos mantenido muchas conversaciones y a raíz de ello nos hicieron ver que, frente a una renegociación de títulos en moneda extranjera, era inconveniente incorporar un capítulo referido a la situación en pesos de la deuda que las provincias mantienen con el sector público nacional.
Comprendimos eso y agradecimos la presencia en esa reunión, que terminó muy tarde, del señor ministro del Interior, del señor jefe de Gabinete de Ministros y de los señores funcionarios de las secretarías de las provincias. Los gobiernos provinciales pertenecientes a Juntos por el Cambio trabajaron conjuntamente con nuestro interbloque. Durante cuarenta y ocho horas –casi diría que fueron cuatro días- toda la iniciativa giró alrededor nuestro, con los problemas que tenemos y los que veíamos. No íbamos a atribuirnos la representación de las provincias que tienen otro color político, más allá de que atravesaran la misma situación.
A partir del momento en que accedimos al pedido de que no haya una mala lectura al incorporarse un capítulo nacional y de la formulación de una propuesta del señor ministro del Interior, se constituyó una nueva mesa de trabajo para abordar este tema.
Si después de eso otros colegas que tienen dos bloques y que a lo mejor expresan otro color político se dieron cuenta de la situación, lo único que hemos dicho, sin faltarles el respeto, es que pueden constituir una comisión y trabajar en ese sentido. Pero quiero que quede absolutamente en claro que se trata de dos cuestiones distintas. En primer término, no conozco la totalidad del proyecto, sino solamente enunciaciones. Sin embargo, presumo que hasta nos deben haber incorporado a nosotros, respecto de lo cual les agradecemos la voluntad que han tenido. De todos modos, creo que no vamos a ayudar si mezclamos las cosas.
En mi opinión hay que hablar con mucha transparencia, respetando, por el bien de todos, los acuerdos políticos. Si después el gobierno nacional entiende, con la totalidad de las provincias, que vamos a trabajar sobre una nueva ley de responsabilidad fiscal que actualice la que fue sancionada en 2003 para ver los problemas puntuales que tienen las provincias y decide sentarse a conversar con todas ellas, nosotros también estaremos allí.
Reitero: debemos actuar con mucha claridad. Hemos facilitado la posibilidad de que se alcancen las tres cuartas partes de los votos; podríamos haber obstruido eso, pero no teníamos la intención de hacerlo, porque hay diputados que pueden expresar a un determinado gobierno y seguramente quieren conversar. Al mismo tiempo estamos dispuestos a acompañarlos.
Pido por favor que ese proyecto de resolución sea preciso, en el sentido de no incorporar aquello que no hemos consentido. Formulo esta postura con el mayor de los respetos.
Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia recuerda al señor diputado por Córdoba que el proyecto de resolución, que formaba parte del acuerdo, ya fue votado por todas las fuerzas políticas. Lo que estamos haciendo ahora es incorporar al temario de la presente sesión otra iniciativa del mismo carácter.
Por lo tanto, corresponde pasar a votarla.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia solicita al señor diputado Bucca que dé lectura del proyecto de resolución, para cuyo tratamiento sobre tablas se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.
Sr. Bucca.- Señor presidente: voy a dar lectura de la iniciativa. Dice así: “Proyecto de resolución. La Cámara de Diputados de la Nación, resuelve: crear una comisión de trabajo para formular un proyecto de ley que permita asegurar la sostenibilidad de las deudas que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantienen con el sector público nacional.
“Conformar dicha comisión de trabajo con la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, representantes de cada uno de los bloques e interbloques de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, el Ministerio del Interior de la Nación, el Ministerio de Economía del Poder Ejecutivo Nacional, así como un representante de cada uno de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Elaborar un proyecto de reforma de la ley 25.917, de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, con el objetivo de propender a la sostenibilidad de la deuda pública provincial, facilitando –en particular- el acceso de las jurisdicciones locales a mejores condiciones financieras y al endeudamiento con organismos internacionales de crédito y con programas nacionales.”
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra. Sapag.- Señor presidente: realmente no entiendo el motivo de no haber sido incluidos en el proyecto original. Hablamos de federalismo, pero la verdad es que tanto mi bloque como los interbloques quedamos fuera de la mesa.
Ni siquiera fuimos convidados de piedra. Yo represento a mi gobernador, quien integra el Movimiento Popular Neuquino. Además, Neuquén está gobernada por el Movimiento Popular Neuquino desde hace casi sesenta años. Consecuentemente, entiendo que tenemos el derecho de participar en la mesa junto con los bloques mayoritarios para tratar los problemas de nuestras provincias.
Con todo respeto pido a los partidos mayoritarios que sean solidarios para que los demás representantes elegidos por el pueblo podamos participar en la mesa de trabajo.
Espero que la próxima vez verdaderamente consideren a este monobloque y a los interbloques como parte de esta Cámara.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Di Giacomo, por Río Negro.
Sr. Di Giacomo.- Señor presidente: yo plantearía las cosas al revés. Entiendo que permanentemente hay gestiones personalizadas, ya sean de un diputado, un bloque o un partido. De hecho, uno va y viene por los distintos estamentos del gobierno nacional para obtener determinados resultados o soluciones para sus propias provincias. En ese sentido, debemos decir que las inquietudes siempre han sido canalizadas y viabilizadas. Sin embargo, la creación de una mesa de trabajo institucional contenida en el proyecto de resolución hoy analizado, no es una cuestión que se pueda arrogar determinado grupo político de modo particular.
Si bien el número de diputados que integramos estos dos interbloques y el Movimiento Popular Neuquino es menor al de los bloques que se arrogaron esa única representatividad, también representamos a los gobiernos provinciales de Neuquén, Córdoba, Misiones y Río Negro. Entonces, todos los que representamos esta Cámara en el Poder Legislativo mal podemos quedar fuera de una discusión y de una mesa de trabajo institucional. Además, entiendo que sería pertinente incluir a un representante por las provincias.
Obviamente, no estamos hablando de cuestiones a resolver frente a las cámaras, sino de mesas de trabajo. Siendo responsables, en la mesa de trabajo tendríamos que estar representados todos los legisladores, así como también las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para arribar a soluciones en beneficio de todos. Por tal motivo, solicitamos la ampliación de la representación. En todo caso, si quieren organizar reuniones privadas o con un pequeño grupo de provincias, háganlo, no tenemos problemas. Pero pido que no lo hagan institucionalmente a través de una resolución porque, en ese caso, tienen que contemplarnos a todos.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Zottos, por Salta.
Sr. Zottos.- Señor presidente: tanto el diputado preopinante como el diputado Negri fueron muy claros al hablar de un acuerdo con el presidente de la Cámara. Es decir, están sectorizando y nosotros quedamos afuera.
Quiero aclarar al señor presidente del interbloque Juntos por el Cambio que ayer estuve presente en el plenario de comisiones, situación que pueden confirmar sus pares. No es que no me preocupé; al que no vi es al señor diputado.
Dejemos claras las cosas, señor presidente. Aunque está grabado, voy a reiterar lo que dije ayer y hoy en el recinto, a pesar de que es algo que también saben sus pares. ¿Cómo podemos quedar afuera nosotros que también representamos a nuestras provincias?
Como hay dos proyectos, la cuestión se resuelve muy fácil: unifiquémoslos y agreguemos a las partes que faltan.
El proyecto presentado por Juntos por el Cambio no habla de los representantes de las provincias. ¿Dónde están los representantes de las provincias en la mesa de trabajo? El proyecto no dice nada al respecto. La Nación la conformamos las provincias. No hay Nación sin provincias y no hay provincias sin Nación. Tenemos que estar todos contemplados. No sé por qué discutimos esto.
Por lo tanto, propongo unificar los dos proyectos y hacer uno solo que nos integre, y así nos vamos todos contentos. Luego, una vez aprobado el proyecto unificado, espero que siga adelante y no se trate meramente de una expresión de deseos, porque la situación provincial es realmente grave.
Disculpen mi vehemencia, pero no puedo aceptar que se diga que ayer no estuve en la reunión. Todos los presentes saben que estuve en el plenario de comisiones en el que hice referencia a esta situación.
Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia desea hacer dos breves aclaraciones.
En primer lugar, el proyecto de resolución por el que se crea la mesa de trabajo fue notificado al presidente de su interbloque en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria celebrada esta mañana. No se trata de un acuerdo con el presidente de la Cámara, sino de algo convenido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, de la que participan todos los presidentes de bloque.
En segundo término, reitero que hay una resolución sobre este tema que ya fue sancionada. Ahora, estamos considerando una moción de tratamiento sobre tablas para habilitar un proyecto de resolución por el que se plantea la creación de una comisión de trabajo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Sarghini, por Buenos Aires.
Sr. Sarghini.- Señor presidente: solamente quiero que quede en claro que nuestro bloque considera que esto es un atropello. Esta no es la última sesión y muchos acuerdos harán falta en esta Cámara. Estas cosas no se hacen.
Sr. Negri.- Señor presidente: solicito que la votación se practique en forma nominal.
Sr. Presidente (Massa).- De acuerdo con lo solicitado por el señor diputado por Córdoba, se va votar nominalmente la moción de tratamiento sobre tablas. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 210 señores diputados presentes, 123 han votado por la afirmativa y 84, por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.
Sr. Secretario (Cergnul).- Se han registrado 123 votos afirmativos y 84 negativos.[8]
Sr. Presidente (Mazza).- Queda rechazada la moción.
Quiero transmitir a los diputados representantes de las provincias de Río Negro, Neuquén, Misiones y Córdoba que, bajo mi responsabilidad como presidente de la Cámara de Diputados, se garantizará la participación de dichas provincias en el proceso de renegociación de la deuda.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
- Es la hora 20 y 37.
[1] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )
[2] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )
[3] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )
[4] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )
[5] Véase el Acta N°… de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )
[6] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. )
[7] Véase el texto de la sanción en el Apéndice (Pág. )
[8] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )