- En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero de 2020, a la hora 12 y
45:
- 1 -
Sr.
Presidente (Massa).- Tiene la palabra la
señora diputada Moreau, por Buenos Aires.
Sra.
Moreau.- Señor presidente: de acuerdo con los usos y costumbres de la Honorable
Cámara, solicito media hora más de tolerancia para alcanzar el quórum. Hemos
hablado con distintos diputados, que están viniendo al recinto.
En consecuencia, si la Cámara presta su asentimiento, pido
que esperemos media hora más para reunir el número reglamentario e iniciar la
sesión.
Sr.
Presidente (Massa).- El asentimiento
tiene que darlo la Presidencia. Es simbólico y, reitero, corresponde que esta
Presidencia lo determine.
Sr. Buryaile.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Buryaile, por Formosa.
Sr. Buryaile.- Señor presidente: habiendo transcurrido
media hora, solicito que el pedido de continuar llamando sea por 15 minutos,
que es el tiempo prudencial que establece el reglamento.
Sr. Presidente (Massa).- El reglamento no establece un tiempo prudencial, señor diputado.
El tiempo prudencial queda a consideración de la Presidencia, pero voy a
conceder 15 minutos, entendiendo que los señores diputados están en la Casa.
Si de
paso el señor diputado se quiere quedar a trabajar, va a ser bienvenido. (Risas y aplausos.)
- Se continúa llamando.
- A la hora 12 y 59:
- 2 -
Sr. Presidente (Massa).-
Con la presencia de 129 señoras y señores diputados en el recinto queda abierta
la sesión especial conforme al requerimiento efectuado en número reglamentario.
(Aplausos.)
Invito a la señora diputada por el distrito electoral de Misiones doña María
Cristina Brítez y al señor diputado por el distrito electoral de Córdoba don
Paulo Cassinerio a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores diputados y el
público presente, la señora diputada doña María Cristina Brítez y el señor
diputado don Paulo Leonardo Cassinerio proceden a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
- 3 -
Sr. Presidente (Massa).-
Invito a los señores diputados y al público presente a entonar las estrofas del
Himno Nacional Argentino.
- Puestos de pie, los señores diputados y
el público presente entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos
en las bancas y en las galerías.)
- 4 -
Sr. Presidente (Massa).-
Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia
mediante la que se convoca a sesión especial.
Sr. Secretario (Cergnul).-
“Buenos Aires, 21 de febrero de 2020.
“Vista
la presentación efectuada por el señor Diputado Máximo Carlos Kirchner y otras
diputadas y diputados, por la que se solicita la realización de una Sesión
Especial para el día 27 de febrero de 2020 a las 12:15 horas, a fin de
considerar el expediente 21-PE-19, proyecto de ley sobre modificación de las
leyes 24.018 –Régimen Previsional Especial de los Magistrados y Funcionarios
del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Nación y de la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y 22.731 – Régimen
Previsional Especial para Funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, y
“Considerando
los artículos 35 y 36 del Reglamento de la H. Cámara,
El Presidente de la H. Cámara de
Diputados de la Nación
RESUELVE:
“Artículo 1°.-
Citar a las diputadas y a los diputados para el día 27 de febrero de 2020 a las
12:15 horas, a fin de considerar el expediente 21-PE-19, proyecto de ley sobre
modificación de las leyes 24.018 – Régimen Previsional Especial de los
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio
Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas, y 22.731 – Régimen Previsional Especial para Funcionarios del
Servicio Exterior de la Nación.
“Artículo 2°.-
Comuníquese y archívese.”
- 5 -
Sr. Presidente (Massa).-
La Presidencia informa que, ante las renuncias de los señores diputados don
Daniel Arroyo y don Guillermo Montenegro, y de acuerdo con los informes de la
Junta Electoral de Buenos Aires, corresponde incorporar a este cuerpo a las
señores diputadas electas doña María Liliana Schwindt y doña Adriana Cintia
Cáceres.
La
Presidencia informa que se encuentran en antesalas las señoras diputadas
electas.
Si
hubiere asentimiento de la Honorable Cámara, se las invitará a aproximarse al
estrado para prestar juramento.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Massa).-
Invito a la señora diputada electa por el distrito electoral de Buenos Aires
Liliana Schwindt a prestar juramento.
- Puestos de pie los señores diputados y
el público presente, y requerido por el señor presidente el juramento de
acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, la señora diputada
Schwindt jura por Dios y la Patria, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
- Al requerírsele el juramento:
Sra. Schwindt.- Y por alcanzar una igualdad más
sustantiva, sin discriminación y libre de toda violencia de género, y por
nosotras las mujeres, sí, juro. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Invito a la señora diputada electa por el distrito electoral de
Buenos Aires Adriana Cintia Cáceres a prestar juramento.
- Puestos de pie los señores diputados y
el público presente, y requerido por el señor presidente el juramento de
acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, la señora diputada
Cáceres jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, y se incorpora a la
Honorable Cámara. (Aplausos
en las bancas y en las galerías.)
- Al requerírsele el juramento:
Sra. Cáceres.- Por los pilarenses, por los referentes
sociales y por las mujeres, y gracias a ellas, sí, juro. (Aplausos.)
- 6 -
Sr. Presidente
(Massa).- Para plantear una cuestión de
privilegio tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente: hemos podido corroborar en
este instante que se ha alcanzado el quórum con un miembro de este cuerpo que
ya no pertenece más a él, sino al Poder Ejecutivo. Este es el caso del
exdiputado Scioli, quien mediante la Orden del Día N° 540 del Senado fue
designado embajador en Brasil.
Así fue como llegaron a 129 señores diputados presentes y
usted dio por iniciada la sesión con el quórum necesario, pero con la presencia
de una persona, de un colega que fue diputado y que dejó sus funciones por el
acuerdo alcanzado en la comisión respectiva del Senado para ocupar el cargo
anteriormente mencionado.
Esta es una
situación de anormalidad y no hubiese querido estar en esta circunstancia para
plantearla. No es un hecho normal, ni es un hecho que pueda pasarse por alto,
ni es un hecho que se resuelva peleándonos o a los gritos. Este es un hecho de
absoluta anormalidad que torna inválido el quórum con el que se dio comienzo a
la sesión. (Aplausos.)
Sr. Presidente
(Massa).- Esta Presidencia informa
al señor diputado Negri, quien claramente conoce mucho más que yo el reglamento
de esta Cámara debido a la cantidad de años en los que se ha desempeñado como
diputado nacional, que hasta que no se haya aceptación la renuncia del señor
diputado Scioli por parte de este cuerpo, el diputado continúa siendo diputado.
(Aplausos.) Esta Cámara no ha tratado
aún la renuncia del señor diputado Scioli.
Tiene la palabra el señor diputado
Scioli, por Buenos Aires.
Sr. Scioli.- Señor presidente: tal como ya he manifestado
a las autoridades de mi bloque y a la Presidencia de la Cámara, a partir del 3
de marzo me haré cargo formalmente de la Embajada en Brasil. Quiero aclarar que
el decreto por el cual se propone el cargo para el que fui elegido todavía no
ha sido emitido ni publicado en el Boletín Oficial.
-
Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente
(Massa).- Por
favor, señores diputados, no seamos maleducados.
- 7 -
Sr. Presidente
(Massa).- Corresponde considerar los
dictámenes de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y
Hacienda recaídos en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 24.018,
sobre Régimen Previsional Especial de los Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas, y la ley 22.731, sobre Régimen
Previsional Especial para Funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.
(Expediente 21-P.E.-2019).
Aquí
orden del Día N° 5
Sr. Presidente
(Massa).- En consideración.
Tiene la palabra el señor diputado
Casaretto, por Entre Ríos.
Sr. Casaretto.-
Señor presidente...
Sr. Presidente (Massa).- Perdón, señor diputado. El señor
diputado Suárez Lastra le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Casaretto.-
Sí, señor presidente.
Sr.
Suárez Lastra.- Es para plantear una cuestión de privilegio.
- 8 -
Sr.
Presidente (Massa).- Para una cuestión
de privilegio tiene la palabra el señor diputado Suárez Lastra, por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Suárez Lastra.- Señor presidente: aquí están siendo vulneradas las prerrogativas que
la Constitución Nacional y el reglamento de esta Cámara otorgan a los diputados
de la Nación Argentina.
Esta situación se ve agravada por la forma anómala con la
que estamos encarando el debate de una ley que es de fundamental importancia.
Como sucede con el tratamiento de todas las normas, el Congreso de la Nación
existe para que en el debate, en el intercambio de ideas, en la confrontación
de opiniones y en la posibilidad de acceder a la información, se vaya formando
un cuerpo legal que tenga sustento y consistencia, y que en la medida de lo
posible, al margen de lograr mayorías, genere el consenso suficiente y
favorezca el acatamiento de las normas.
El problema que tenemos en esta Cámara es que naturalizamos
anormalidades, como la que acaba de plantear el diputado Negri. Usted, señor
presidente, y el señor diputado Casaretto, presidente de la Comisión de
Previsión y Seguridad Social, son gente de muy buenos modales, pero nos
confunden, porque la cordialidad y los buenos modales vienen acompañados de un
rigor absoluto, de un uso de las mayorías que impide a este Congreso su
desarrollo normal.
Estamos abocados a tratar un proyecto de ley que importa el
tratamiento de uno de los regímenes especiales más importantes, como es el de
la Justicia y el del Servicio Exterior de la Nación. Frente a la importancia de
estos temas, no se nos ha garantizado el ejercicio normal de nuestras
funciones, tal como lo establece la Constitución Nacional. Ningún diputado de la
Nación puede ejercer sus funciones con normalidad cuando un proyecto se
presenta el día 14 de febrero y las autoridades mayoritarias de la Cámara no
son capaces de llamar a las comisiones para que estas se constituyan a fin de
tratar los temas en cuestión. Desde el día que se presentó el proyecto de ley
hasta que ayer se conformó la comisión pertinente pasaron catorce días sin
siquiera convocar a las comisiones para trabajar sobre el tema. Solo tuvimos un
día para su discusión en comisión y hoy en el recinto.
Me pregunto qué normalidad es esta. Estamos naturalizando
la anormalidad parlamentaria; estamos tratando uno de los problemas más
difíciles que sufre todo el mundo, como lo es el sostenimiento y la
sustentabilidad del sistema previsional.
Estamos tratando una ley que involucra
el desarrollo de la carrera de actividades estatales fundamentales como la
Justicia y el Servicio Exterior de la Nación. De ninguna manera puede tener
este tratamiento y, frente a lo que ha pasado con el diputado Scioli, deberíamos
suspender esta sesión en forma inmediata.
Señor presidente: estamos a 48 horas
hábiles de que inicie el período de sesiones ordinarias. ¿Qué problema hay en
convocar a las comisiones para seguir trabajando el día martes y la semana que
viene tratarlo? Estamos para derogar los privilegios; no estamos para que se
atropelle al Congreso de la Nación. (Aplausos.)
Permítame decirle que lo hacemos con
vehemencia porque, cuando vemos que el Senado con mayoría de un partido
político retira los pliegos que debían ser aprobados, cuando se cambia el
régimen de testigos protegidos, cuando se pide la intervención del Poder
Judicial en la provincia de Jujuy y cuando se pretende cambiar la ley de
subrogancias frente a una norma que apunta a vaciar al Poder Judicial, estamos
preocupados de que haya intenciones perversas detrás de esta ley.
Cuando al presidente de la Nación le
tocó comentar la reforma de la justicia democrática dijo que era un mamarracho,
dijo que era patética, dijo que era lo peor que se había hecho con el sistema
judicial argentino, y ustedes quieren hacer reformas del sistema judicial en 24
horas y sin el suficiente debate.
Por eso planteamos que está afectada
nuestra condición de diputados y nuestra capacidad de discernimiento de
escuchar y de convencernos entre nosotros mismos con esto que se está haciendo.
Señor presidente: hace un par de años
lo vi a usted en una cancha de fútbol llena, en un estadio, con su dedo
plantado de este modo, diciendo: “Voy a limpiar de corruptos la Argentina”. Ayúdenos,
señor presidente, a que este Congreso pueda hacerlo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Diputado: a pesar de haber
hecho una alusión personal, me voy a permitir contestarle después personalmente
para no seguir contribuyendo al mal clima de esta sesión.
Quiero reiterar que, sin renuncia
obrante en el Senado -y recién fue consultada la Cámara Alta-, los senadores de
Juntos por el Cambio votaron el pliego del diputado Scioli, que es embajador
desde el momento en que se designa y se publica en el Boletín Oficial. Por lo
tanto, los propios senadores de Cambiemos reconocen que en la condición de
diputado se puede tratar el pliego.
La cuestión pasa a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
- 9 -
Sr. Presidente (Massa).- Continúa la consideración
del asunto en tratamiento.
Tiene la palabra el señor diputado Casaretto,
por Entre Ríos.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Casaretto.-
Señor presidente: el día 10 de diciembre
asumió el presidente Alberto Fernández y dentro de los primeros días tratamos
el proyecto de ley de solidaridad social.
En la sesión del día 19 de diciembre
se planteó abordar aspectos previsionales dentro de lo cual se…
Sr. Presidente (Massa).- Perdón, diputado Casaretto: ¿usted
concede una interrupción para que se pueda plantear una cuestión de privilegio?
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Massa).- Cuando termine el diputado
Casaretto, concederé la palabra para que se pueda plantear la cuestión de
privilegio.
Siga, diputado, por favor.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Casaretto.-
En consecuencia, el día 20 de diciembre el señor presidente de la Nación
anunció que dentro del temario previsto para las sesiones extraordinarias iba a
incluir el tratamiento de estos regímenes especiales del sector judicial y del
servicio diplomático.
Sobre la base de eso, el 20 de
diciembre –lo dijo el presidente‑ se firmó el decreto anunciando la
ampliación del temario y, luego del análisis en el ámbito del Poder Ejecutivo
-en consulta con miembros de este Congreso‑ finalmente el día 14 de
febrero ingresó el proyecto.
A partir de dicho ingreso, el señor
presidente de la Cámara giró esta iniciativa al presidente de la Comisión -en
ese caso, de Presupuesto y Hacienda, que ya estaba constituida‑ y desde
los bloques se empezaron a nominar las autoridades de quiénes íbamos a ser
miembros de la comisión de Previsión y Seguridad Social.
Así, durante la semana pasada y en el
transcurso de ésta, la Presidencia del cuerpo y los miembros de las comisiones
que estamos nominados comenzamos a analizar puntualmente el proyecto de ley y
empezamos a recibir a funcionarios del Poder Ejecutivo y a distintos sectores
que tienen vinculación con el Poder Judicial y con el Servicio Exterior de la
Nación.
En función de ese diálogo fuimos
armando una agenda amplia para constituir la comisión, lo que ocurrió el día de
ayer, y a partir de las 14 horas llevamos a cabo una sesión plenaria conjunta
que presidimos el diputado Heller y quien les habla.
En primer lugar, la agenda incluía el
proyecto de ley que ya había sido anunciado por el presidente el 20 de
diciembre. El 14 de febrero había tenido ingreso a esta Cámara y todos los
diputados contábamos con copia. Pero no obstante eso, a que hubiera un
desarrollo de sus fundamentos dentro del mensaje adjunto al proyecto de ley,
decidimos convocar a funcionarios del Poder Ejecutivo para que lo expliquen en
el ámbito de la Comisión. Por lo tanto, asistieron el ministro de Trabajo, el
señor secretario de Seguridad Social y el director ejecutivo de la ANSES. Ellos
expusieron ampliando los fundamentos e inclusive aportando los informes
técnicos realizados por las direcciones y las gerencias de la ANSES, es decir,
por el personal de carrera que viene trabajando desde hace muchísimos años.
Dichos informes incluyen los cálculos actuariales en relación con estos dos
sistemas especiales.
A partir de allí, permitimos las
preguntas de los señores diputados de todos los bloques. Efectivamente ayer
hicieron uso de la palabra dieciocho diputados de distintos bloques. En algunos
casos hicieron preguntas en forma directa y, en otros casos, argumentaron en
favor o en contra de la ley o de los proyectos que se habían presentado.
Además, invitamos a distintas organizaciones que tienen una actuación directa
en el ámbito de estos dos sistemas.
Sr. Presidente (Massa).- Diputado Casaretto: ¿me
disculpa?
El diputado Negri le solicita una
interrupción. ¿La autoriza, por favor?
Sr. Casaretto.-
Concedida.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Massa).- Gracias.
Para
una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.
Sr. Negri.- Por
favor, pido un minuto de silencio.
Señor presidente: quiero decir dos
cosas. A nosotros nos animó y nos anima el mismo interés respecto de que no
haya privilegios y que, aún en los regímenes especiales ‑algunos
justificables o no‑, haya que trabajar para derogarlos.
Estuvimos trabajando para buscar consenso
sobre un tema que era crucial y que, a nuestro entender, si no se lo atendía
expresamente -a pesar de que un funcionario lo había expresado en la Comisión‑
daba lugar a interpretaciones de vacíos en el ejercicio de la justicia que iban
a ser bastante irreparables.
Llegamos a esta sesión con dictamen de
minoría, estuvimos los 30 minutos de espera y 15 más, margen del que no fuimos
beneficiarios nosotros durante mucho tiempo. No importa; a nosotros nos
levantaban a los 30 minutos. Esperamos.
Por lo tanto, quiero hablar con el
mayor de los respetos a todos, porque involucra a propios y extraños y tiene
que ver con el cuerpo, con la honorabilidad y con el respeto institucional. No es un problema de hora o de
minutos a ver quién corre a quién. Se ha producido una absoluta anormalidad;
disfrácenla como quieran. Acá no se le dio licencia para ser embajador por un
rato. Como todos sabemos, viajó, se hizo felicitar, le prestaron acuerdo, juró
en la comisión, se sacó fotos con el presidente de Brasil y quiere que lo
condecoren por las gestiones que hizo. Y resulta que, de la noche a la mañana,
porque les falta un diputado para lograr el quórum, lo sientan en la banca.
¡Es una
vergüenza que le han metido al Congreso nuevamente! (Aplausos.) Y lamento decírselo a usted, señor presidente. Lamento
que iniciemos esta sesión así, pero esto nos trae el recuerdo ‑y no lo
van a poder levantar‑ de lo peor de los 90, algo que todos creíamos
superado.
- Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr. Negri.- Es decir que bajo ningún
aspecto nosotros estábamos eludiendo debatir este tema. Además, lamentamos que
los demás colegas de la oposición sean cómplices de esta anomalía o anormalidad
que se ha producido en el funcionamiento del Congreso. (Aplausos.)
Por lo
tanto, señor presidente, si usted no levanta la sesión y la convoca como
corresponde, nosotros nos vamos a retirar del recinto y vamos a judicializar
esta situación. No era lo que queríamos, pero ustedes lo buscaron. (Aplausos.)
- Varios señores diputados se
retiran del recinto.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Casaretto.
Sr. Casaretto.- Señor presidente: solicito
que se modifique el cómputo de mi tiempo ya que se consumieron unos cuantos
minutos en la interrupción.
Continúo
con lo que estaba diciendo. En el día de ayer tuvimos un trabajo en comisión
muy fructífero. Como dije, se hicieron presentes funcionarios del Poder
Ejecutivo, que además de reiterar los conceptos que estaban en el mensaje de
elevación del proyecto de ley, incorporaron los cálculos actuariales de la
evolución de los dos sistemas a lo largo del tiempo. Cabe aclarar que estos
cálculos fueron realizados por el personal técnico de la ANSES con muchísimos
años de experiencia, es decir que atravesaron distintos períodos de gobierno.
También
invitamos a distintas organizaciones interesadas en opinar sobre el tema. Les
dimos la posibilidad de expresarse más allá de que ya lo habían hecho en los
medios, por notas o en reuniones privadas.
- Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr. Presidente (Massa).- Disculpe la interrupción, diputado Casaretto.
Diputado
Valdés: le pido por favor que se siente en su banca.
Continúa
en el uso de la palabra el señor diputado Casaretto.
Sr. Casaretto.- Invitamos al ámbito de la
comisión a la Asociación de Magistrados, a la Asociación de Fiscales, a la
Federación Argentina de Magistrados y a la Asociación del Personal del Servicio
Exterior de la Nación. También fueron invitados representantes de los sindicatos:
hablaron representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales ‑Sitraju‑
y de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.
También
invitamos a centros y federaciones de jubilados que tienen sus beneficios a
través de la ANSES y, por supuesto, estaban interesados en opinar y saber de
qué manera se va a financiar la ANSES, de qué manera se van a pagar las
prestaciones y cuál será el futuro del sistema. De manera que eran partes
directamente interesadas en conocer el presente y la evolución del sistema
previsional argentino.
También
hicieron uso de la palabra algunos diputados que habían presentado proyectos.
Como sabemos, en las sesiones extraordinarias solamente se tratan los temas que
habilita el Poder Ejecutivo, vía decreto de convocatoria o de ampliación de
esta última. Pero habida cuenta de que había cuatro proyectos presentados,
también hicieron uso de la palabra los diputados que los presentaron, en
algunos casos coincidiendo con la posición del Poder Ejecutivo o de la mayoría
y, en otros, modificando esos criterios.
Quiero
decir, señor presidente, que en el análisis de nuestro bloque –durante esta
semana y la anterior‑ surgió, por un lado, la decisión de acompañar la
iniciativa del presidente o del Poder Ejecutivo en el sentido de avanzar en el
cambio de estos sistemas. Pero, como siempre ocurre, este bloque también se va
nutriendo de las opiniones de sus miembros y hace propuestas y aporta criterios
y convicciones políticas, lo que permitió ir enriqueciendo el proyecto que vino
del Poder Ejecutivo.
Así que
ya cuando tratamos el tema en la comisión, los propios funcionarios del Poder
Ejecutivo hicieron referencia a las inquietudes que nosotros les habíamos hecho
llegar, e incluso algunos diputados y diputadas de nuestro bloque propusieron
textos alternativos o propuestas que modificaban cuestiones que se habían
planteado en el texto original. Esos textos alternativos o propuestas ampliaban
conceptos y daban claridad acerca de algunos temas.
En
primer lugar, quiero hacer referencia a los informes técnicos sobre el sistema.
Por un lado, estamos modificando la ley de régimen previsional para magistrados
y funcionarios del Poder Judicial. Según esos informes, en este momento tenemos
17.622 activos, que aportan en promedio 32.609 pesos por mes, y 6.983 pasivos ‑beneficios,
entre jubilaciones y pensiones‑ que reciben un haber promedio de 272.099
pesos. O sea que los activos que están aportando lo hacen por un monto de
32.609 pesos por mes, y los pasivos, que están cobrando los beneficios, aportan
272.099 pesos por mes.
Además,
si miramos cuáles son los haberes máximos dentro del sistema, vemos que algunos
beneficios alcanzan los 770.000 pesos por mes: hay cuatro beneficios por encima
de los 750.000 pesos mensuales, ocho beneficios por encima de los 700.000 pesos
mensuales, y ‑para no citar tantos datos‑ 2.265 beneficios por
encima de los 300.000 pesos mensuales.
En los
informes actuariales que se distribuyeron entre los diputados de todos los
bloques está el desarrollo de los que pertenecen al régimen nacional
propiamente dicho y también el de los que pertenecen a los once sistemas
provinciales transferidos a partir de la reforma de 1994. O sea que se puede
analizar en detalle, provincia por provincia, cada uno de estos beneficios.
Estamos
hablando de importes muy altos que, naturalmente, tenemos que limitar. Miremos,
por ejemplo, qué pasó durante el último ‑2019‑ en cuanto a la
movilidad.
En el
régimen general el año pasado hubo una movilidad de 51 por ciento. ¿Saben
cuánto se incrementó el monto de los beneficios de quienes están en el Poder
Judicial? El 67,8 por ciento. O sea que en una situación de emergencia de la
Argentina el sistema judicial aumentó 18 puntos por encima del sistema general.
Si
analizamos los últimos cuatro años nos encontramos con que en el sistema
general hubo una movilidad de 227 por ciento y en el sistema judicial una
movilidad del 295 por ciento. O sea que el sistema judicial, por determinar sus
propias retribuciones en actividad, generó una movilidad para los que están en
el sistema de pasividad y durante los cuatro años anteriores de casi 70 puntos
por encima de lo que fue la movilidad del sistema general.
Es
decir que hay una situación de desigualdad que no es nueva, que viene a lo
largo de los años, se va profundizando año a año y se profundizó en el último
año. En consecuencia, es una decisión de nuestro gobierno tratar este tema y
abordarlo desde un concepto de solidaridad y de redistribución del ingreso,
pero naturalmente se debe priorizar a aquellos beneficiarios que están cobrando
16.000 o 17.000 pesos y no a aquellos que están percibiendo más de 330.000
pesos o por encima de los 770.000 pesos.
Sobre
la base de lo expuesto quiero ilustrarlos en cuanto a cuál sería el
desfinanciamiento que tiene el sistema. Los actuarios tomaron en consideración
dos formas de cálculo. Por una de ellas el déficit del sistema judicial, entre
el total de lo que aportan frente a los beneficios que cobran en el año, daría
8.296 millones de pesos de desfinanciamiento. Esto significa que los recursos
de la ANSES del régimen general deben destinarse para atender el
desfinanciamiento de este sistema especial.
Como
usted sabe, señor presidente, una parte de los recursos de la ANSES provienen
de aportes y contribuciones y otra parte son derivados de impuestos, tal como
ha creado este Congreso para atender la emergencia reiterada del sistema
previsional. En definitiva, todos los argentinos están aportando al
financiamiento de este sistema que tiene retribuciones altas.
De
acuerdo con otra forma de cálculo que hacen los actuarios esto puede llegar a
ascender a 11.000 millones de pesos en el año 2019. Este es un problema, señor
presidente, pero creciente. El cálculo actuarial refleja esta situación al año
2020 y, por ejemplo, dentro de 14 años, en 2034, el déficit, a valores
actuales, se multiplicaría por dos y se elevaría a 18.000 millones. Si
proyectamos el cálculo actuarial un poco más ‑hacia 2049- el déficit
ascendería a 27.000 millones de pesos a valor actual, o sea que se
multiplicaría por tres.
Entonces,
hoy hay que destinar recursos, pero con el correr de los años habrá que
destinar cada vez más recursos del conjunto de los jubilados y de los
ciudadanos.
Quiero
ampliar el análisis hacia el otro régimen especial que está en consideración,
que es el que beneficia a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.
En la actualidad en el sistema hay 1.071 activos que en promedio aportan 38.972
pesos por mes. Dentro de los beneficiarios pasivos, sea por jubilaciones o sea
por pensiones, tenemos 706 beneficios que están cobrando actualmente 335.933
pesos. O sea que los aportes de 1.071 son 38.000 pesos y los beneficios a 706
son 335.000 pesos por mes. Naturalmente es un sistema que tiene un
desfinanciamiento importante, como en el caso de sistema judicial.
Hay
algunos beneficiarios que están por encima de los 600.000 pesos y otros entre
550.000 y 600.000 pesos, pero para tomar la misma referencia aquellos que están
por encima de los 300.000 pesos mensuales son 426 beneficiarios. De la misma
manera, como analizamos recién, hay un déficit importante y creciente. También
la movilidad ha beneficiado especialmente a los beneficiarios de este sistema.
Dentro
del análisis de la información histórica, por ejemplo, en este caso tomado de
2010 a 2019 ‑los últimos 10 años-, en el régimen general hubo una
movilidad de 1.601 por ciento y en el del servicio exterior, de 2.504 por
ciento. O sea que el régimen vigente para el servicio exterior de la Nación
llevó a que sus beneficios aumentaran un 53 por ciento por encima de los
beneficiarios del régimen general.
Entonces,
hay una desigualdad creciente que año a año se va ampliando y cuando el señor
presidente de la Nación y su equipo analizan de qué manera aumentar la
jubilación mínima, cómo financiar un bono como el que se pagó en diciembre,
cómo financiar un bono como el que se pagó en enero, cómo producir un aumento
tal cual se vio a partir de marzo, que sea de un monto fijo más un porcentaje
priorizando a los sectores que están en la base de la pirámide, aquellos
jubilados que menos ganan, naturalmente tenemos que tomar cartas en el asunto y
tenemos que tomar decisiones.
Visto
este análisis actuarial que está a disposición de todos los diputados, los que
están presentes ‑los que ya se fueron ya lo tienen porque se lo
entregamos en el día de ayer-, y de todos los argentinos, tenemos que entender
cuál es el aporte adicional que los otros jubilados van a tener que hacer si
estos sistemas no se cambian. Esto es, cuánto es el aporte adicional en
términos de pago de impuestos que el común de los ciudadanos de la Argentina
tiene que hacer para que continúen estos sistemas sin cambios.
Naturalmente
nosotros creemos que hay que limitar estos regímenes especiales poniéndoles un
techo. Estimamos que las reformas propuestas y los cambios introducidos
bajarían este desfinanciamiento en un 40 por ciento y eso es lo que nos
permitiría tener más recursos para el resto de los sectores.
Señor
presidente: en cuanto al texto de la ley claramente nosotros coincidimos en el
aumento de la edad jubilatoria para beneficiar a este sistema. Hemos recibido
la inquietud de las compañeras diputadas del Frente de Todos planteando la edad
de las mujeres, así que frente al texto original se introduce un cambio y pasa
de 60 a 65 años la edad jubilatoria para los hombres, pero permanece en 60 años
para las mujeres que están dentro del sistema judicial. Esto ya quedó
consagrado en el dictamen de comisión que firmamos en el día de ayer. También hemos
decidido el cambio de tomar la remuneración más alta para el salario inicial,
es decir que se considera el promedio de los últimos diez años. Hemos
introducido cambios dentro de las cláusulas transitorias a efectos de brindar
claridad al promedio de las remuneraciones actualizadas de los últimos diez
años; o sea que si alguien cumplió durante cinco años la función de juez y
después fue camarista por diez años, el promedio de las remuneraciones actuales
será el de esos últimos diez años.
Por lo
tanto, avanzamos en otros cambios. Ayer firmamos el despacho, pero también hoy
seguimos introduciendo algunas modificaciones sobre la base de lo que
escuchamos en la comisión. Así que por pedido de los trabajadores judiciales
que hablaron en la reunión de ayer, hemos cambiado el Anexo I incorporando primero
la categoría de secretario de la Procuración General de la Nación. Eso ya está
en el despacho. En el día de hoy introduciremos el cambio con la incorporación
de la categoría de prosecretario y de jefe de despacho, reitero, tal como
pidieran los trabajadores del Poder Judicial de la Nación. (Aplausos.)
Además,
para terminar, incorporamos dos cambios más en los artículos. En primer lugar,
derogamos el artículo 16 que se refiere a la convocatoria al servicio activo de
aquellos jueces que ya estuvieran jubilados. Eso se elimina del sistema actual.
Asimismo, incorporamos un artículo que abroga un decreto de 1976 que otorgaba a
los beneficiarios del Poder Judicial la posibilidad de realizar el trámite ante
el Poder Judicial o el Consejo de la Magistratura. A partir de este cambio van
a tener que hacer el trámite ante la UDAI de la ANSES que corresponda, como
cualquier hijo de vecino que inicia el trámite para jubilarse. Eso ya estaba
contemplado dentro del despacho.
Por
último, señor presidente, respetamos los derechos adquiridos de aquellos que
están jubilados actualmente. En segundo lugar, aquellos jueces que están en
actividad y ya tienen el beneficio acordado también tienen el derecho
adquirido, no se los afecta con este proyecto.
En
tercer lugar, aquellos jueces que están en actividad pero que presentaron la
nota y no tienen el beneficio acordado, tampoco ven afectados sus
derechos. Por su parte, aquellos jueces
que ya reunieron los requisitos de edad y de años de aporte y todavía no
iniciaron el trámite, ya tienen el derecho adquirido porque así lo establecen
las leyes y la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El
sentido de este proyecto de ley es limitar el desfinanciamiento de estos
sistemas. El objetivo no es liberar cargos en la Justicia. Por lo tanto, señor
presidente, estamos en condiciones de pedir a este Honorable Cuerpo el
acompañamiento del despacho de la mayoría, con las modificaciones a las que
recién hice referencia. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Cacace, por San Luis.
No está
presente el señor diputado, que era el encargado de defender un dictamen de la
minoría.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr. del Caño.- Señor presidente: en primer lugar, cabe
señalar que hoy estamos en esta sesión discutiendo este tema no porque se
pretenda eliminar las jubilaciones de privilegio sino justamente por el
escándalo que significó el ajuste a millones de jubiladas y jubilados que
cobran un poco más de la mínima.
En
diciembre pasado, cuando se votó la ley de emergencia, nosotros anticipamos que
habría un ajuste. Nos dijeron que eso no iba a suceder y sin embargo existió
ese ajuste a jubiladas y jubilados.
No hay
que engañarse. Aquí no se plantea eliminar los privilegios. Fíjense que los
jueces son vitalicios y seguirán siéndolo. Fíjense que los jueces son nombrados
por las componendas de los partidos mayoritarios, y eso continuará así. Fíjense
que los jueces cobran dietas abultadísimas, y eso no cambia. Fíjense que los
jueces van a seguir siendo eximidos de pagar el impuesto a las ganancias,
mientras que se lo cobran a las trabajadoras y a los trabajadores. Fíjense que
van a tener el 82 por ciento móvil que se niega a la gran mayoría de los que
trabajaron toda su vida. Entonces, acá se están manteniendo los privilegios más
importantes que tienen.
Por lo
tanto, venimos a plantear justamente eso: no solamente la eliminación de los
privilegios de los jueces y fiscales sino también la supresión de las
jubilaciones de privilegio de expresidentes, vicepresidentes y ministros de la
Corte. Esto es algo que ni se menciona en el proyecto del oficialismo.
Tengamos
en cuenta que los ministros de la Corte, que cobran un básico de alrededor de
370.000 pesos, van a seguir teniendo el beneficio de jubilarse al ciento por
ciento. Ese también es el básico que cobran expresidentes y vicepresidentes.
- Ocupa la presidencia el señor
vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.
Sr. del Caño.- Esa ley del menemismo se preserva y ni
se los toca. Por ejemplo, los miembros de la jerarquía de la Iglesia como
arzobispos, exarzobispos y obispos, perciben un haber de entre 103.000 y
119.700 pesos por mes. Eso lo paga el Estado porque así está establecido en un
decreto de la dictadura de Jorge Rafael Videla que ningún gobierno ‑este
tampoco‑ modificó.
Quisiera
saber por qué este gobierno mantiene los privilegios de la jerarquía de la
Iglesia y este decreto de Jorge Rafael Videla. Esto lo pregunté ayer en la
reunión de comisión pero no me contestaron. En realidad, no me respondieron
muchas cosas y sería bueno que lo hagan desde la bancada oficialista.
Además,
sabemos qué hace la jerarquía de la Iglesia: son los que impidieron el derecho
al aborto legal seguro y gratuito y ahora también están militando en contra de
los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales.
Hemos
insistido no solamente con nuestro proyecto que propone la eliminación de todos
estos privilegios, sino también con otro que plantea que todos los funcionarios
políticos cobren lo mismo que un docente. Es decir, que cobren lo mismo que una
trabajadora o un trabajador, que se terminen los privilegios de la casta
política.
Hay que
aclarar que ningún gobierno quiso discutir este proyecto. Me refiero a los
privilegios que gozan diputadas, diputados, senadores, senadoras y funcionarios
políticos. Ningún gobierno lo quiso discutir porque necesitan un funcionariado
político y judicial que legisle e imparta Justicia en función de los intereses
de los grandes grupos económicos, de los grandes banqueros, de los grandes
terratenientes, de las petroleras. Por eso, no quieren tocar los privilegios
que también tienen la Cámara de Diputados y la de Senadores.
Hay que
dejar en claro que este proyecto es una cortina de humo para ocultar ese ajuste
a la gran mayoría de los jubilados que cobran por encima de la mínima. Creo que
esto es muy importante. Ese ajuste es lo que está pidiendo el Fondo Monetario
Internacional. No es casualidad la suspensión de la movilidad: tiene que ver
con las exigencias de los acreedores -que son esos especuladores que se
beneficiaron con el megaendeudamiento de Macri- y del Fondo Monetario
Internacional. Son ellos quienes imponen esas condiciones aunque digan que es
una decisión soberana.
Se está
robando al jubilado y a la jubilada que cobra 20.000 pesos, lo que equivale a
menos de la mitad de lo que cuesta la canasta básica que se calcula en
alrededor de 42.000 pesos. El 90 por ciento de las jubiladas y de los jubilados
cobran menos de ese monto y por debajo del límite de la pobreza. Por esto, han
inaugurado una nueva modalidad que es el ajuste solidario a los pobres, porque
no pueden decirnos que un jubilado que cobra veinte o veinticinco mil pesos por
mes no es pobre. También nos indican que con esta iniciativa en realidad están
beneficiando a los más vulnerables, lo cual es imposible porque aplican un
ajuste a millones de jubilados mientras mantienen los privilegios de los
expresidentes, obispos y arzobispos. ¿No les parece que son más vulnerables los
que cobran 20.000 pesos? La verdad es que escuchamos un doble discurso
constante de parte del oficialismo.
Ayer se
discutió y se modificó, por supuesto, el aumento de la edad jubilatoria de las
mujeres; algo que nosotros cuestionábamos. El ministro Moroni parecía que lo
dijo en chiste porque después se desdijo. El ministro dijo que en realidad no
había querido decir que el gobierno estaba estudiando el aumento de la edad
jubilatoria como un proyecto actual, pero que habría que estudiar si no
correspondía hacerlo. Dicen esto permanentemente porque son las exigencias del
Fondo Monetario Internacional y las políticas que están aplicando los gobiernos
en distintos países.
A su
vez, tal como lo dice en los fundamentos el mensaje del Poder Ejecutivo, este
proyecto busca ser la antesala del ataque a los regímenes especiales que han
conquistado los colectivos de trabajadoras y de trabajadores con su
movilización y sus años de lucha. Esos regímenes especiales otorgan el 82 por
ciento móvil o una jubilación anticipada por insalubridad, por las
consecuencias sobre la salud que tienen determinados trabajos que se realizan
durante años. Desde el bloque Cambiemos permanentemente dicen –incluso lo oímos
ayer y hoy‑ que hay que eliminar la jubilación de privilegio y los
regímenes especiales. Lo que hacen es igualar las jubilaciones de privilegio de
jueces y del cuerpo diplomático –entre otros‑ con los regímenes
especiales que son, en realidad, conquistas de las trabajadoras y los
trabajadores logradas por una pelea de muchísimos años.
Los
regímenes especiales comprenden a sectores de trabajadores de la salud,
ferroviarios, mineros, docentes, Luz y Fuerza, la construcción, entre otros.
En los
fundamentos del mensaje se dice textualmente que el proyecto “.... persigue el
fin de reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena
parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y
determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de
privilegio dentro del régimen público de reparto.” Es decir, claramente es la
antesala del ataque a los regímenes especiales de trabajadoras y trabajadores.
Hemos visto en Francia la embestida que Macron está haciendo a cuarenta y dos
regímenes especiales de sindicatos poderosísimos, como el del transporte, que
se han revelado, han hecho una huelga histórica y aún resisten ese ataque a las
conquistas históricas de trabajadoras y trabajadores. En Brasil, también vemos
el ataque al régimen previsional de parte del ultraderechista Bolsonaro que
aplicó esta reforma previsional para elevar la edad jubilatoria. Entonces, el
ministro Moroni debería considerar que no se trata de un chiste.
No
estamos analizando aquí un tema que solamente hace a la Argentina sino que es
discutido a nivel internacional. El capital tiene la política de atacar los
sistemas previsionales.
Los que
atacan al sistema de reparto toman como modelo a Chile, donde cada uno tiene la
jubilación en función del aporte que hace a una administradora de fondos de pensiones.
Este país enfrenta una rebelión popular que tiene como una de sus causas
profundas que quienes se jubilan reciben pensiones miserables. Es uno de los
países con la tasa más alta de suicidio de personas adultas mayores que no
quieren ser una carga para sus familias. Esta es una de las motivaciones por
las cuales la juventud y las trabajadoras y los trabajadores de Chile se han
levantado por los treinta años de neoliberalismo. Esta realidad también se
expresa en la precarización de la vida de los adultos mayores.
Constantemente,
se repite el argumento del desfinanciamiento del sistema previsional, lo cual
acá se plantea como algo natural. Ayer escuchábamos a los funcionarios
presentes en la comisión hablar del desfinanciamiento del sistema como si fuera
un fenómeno natural y no producto de las políticas que han aplicado los
gobiernos a lo largo de todos estos años. El desfinanciamiento tiene que ver
con la rebaja de las contribuciones patronales y el fraude laboral que hacen
las patronales en la Argentina, donde más del 35 por ciento de la clase
trabajadora se encuentra en una situación no registrada. Entonces, ¿cuál es
realmente la razón por la cual el sistema previsional está desfinanciado? En
realidad, se niega el 82 por ciento móvil para todos los trabajadores y
trabajadoras a fin de justificar la rebaja de las contribuciones patronales.
Entonces, dan por hecho que hay que ajustar al jubilado que cobra 20.000 pesos.
De
ninguna manera hay que hacer eso. Por esto, nuestro proyecto plantea otorgar el
82 por ciento móvil a las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial y
a todos los trabajadores y las trabajadoras del país, restituyendo las
contribuciones patronales al 33 por ciento ‑como estaban antes de que
Cavallo las redujera en la década del 90‑ y reponiendo el exiguo impuesto
a la renta financiera eliminado por este gobierno. Asimismo, habría que agregar
todos los impuestos a las grandes fortunas que fueran necesarios para lograr el
objetivo.
Nuestro
bloque cuenta con una multitud de proyectos como la registración para el
blanqueo de los trabajadores y las trabajadoras. Se trata de un proyecto muy
sencillo que también hemos presentado como parte de un programa que nosotros
hemos planteado en defensa de los intereses de las grandes mayorías del pueblo
trabajador.
Insisto
en que no solo hay que eliminar la jubilación de privilegio para los jueces
sino que además ellos tienen que ser elegidos por el voto popular, por sufragio
universal; tienen que aplicarse los juicios por jurados y los mandatos deben
ser revocables. Los jueces no pueden tener un cargo vitalicio y deben cobrar lo
mismo que un trabajador o una trabajadora.
A
través de nuestro dictamen defendemos los proyectos del Frente de Izquierda que
hemos presentado junto a mi compañera Romina Del Pla, a fin de terminar con
todos los privilegios de la casta política judicial, así como también el 82 por
ciento móvil para todas las jubiladas y los jubilados.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Del Pla, por Buenos Aires.
Sra. Del Pla.- Señor presidente: tal como dijo mi
compañero de bloque, hemos presentado el dictamen de minoría donde justamente
denunciamos integralmente el régimen que acá se está defendiendo.
Hemos
asistido al escándalo que hizo el macrismo, como si defendieran realmente los
derechos de algún sector de los trabajadores. Nosotros cuestionamos
integralmente a unos y a otros. Además de defender el poder especial del estado
de los jueces ‑ayer Moroni dijo que hay que discutir cuál es la
diferencia que estamos dispuestos a sostener‑, lo mismo pasa con los
privilegios de la Cámara de Diputados y de Senadores.
Consideramos
que los cargos deben ser revocables. Ningún funcionario debe cobrar más de
cuatro salarios mínimos. En definitiva, todo el andamiaje de esta diferenciación ‑por eso,
el proyecto del oficialismo no toca a la Corte Suprema, ni a los presidentes,
vicepresidentes y obispos‑ es porque se defiende a aquellos que
justamente tienen la función de ser custodios de la explotación capitalista en
nuestro país.
Se
habla de atacar los privilegios de los jueces, los magistrados y el personal
del servicio exterior, pero leyendo el proyecto notamos que la limitación es
mínima. Detrás de ella, está el ataque integral a los regímenes especiales. En
la reunión de comisión de ayer denunciamos que se estaban igualando las
jubilaciones de privilegio y los regímenes especiales conquistados por los
distintos sectores de trabajadores tras años de lucha; por ejemplo, aquellos
vinculados con la insalubridad de ciertas actividades desarrolladas que
justifican una jubilación a una edad más temprana que el resto. Recordemos que
en todos estos casos el porcentaje salarial debería ser mayor.
Desde
el Partido Obrero, el Frente de Izquierda y las demás fuerzas que lo integran,
defendemos el derecho a la jubilación con un salario diferido y el 82 por
ciento móvil. También defendemos al único sector de la Justicia, integrado por
los trabajadores judiciales, que verdaderamente pone el hombro para resguardar
los reclamos de cualquier ciudadano de a pie.
En la
reunión de comisión de ayer escuchamos al doctor Piumato, y más tarde al
diputado Ramón, decir que consideraba los reclamos de los trabajadores. Sin
embargo, no es así, ya que solamente fueron incluidos con privilegios los
secretarios y prosecretarios.
A
diferencia de ello, nuestro proyecto contempla que reciban el 82 por ciento
móvil los secretarios y los prosecretarios de carrera, cargos con el máximo
escalafón judicial. También defendemos el derecho de los trabajadores
judiciales a acceder al 82 por ciento móvil, porque ellos están contemplados en
el régimen general y acá no se dice absolutamente nada al respecto.
Esos trabajadores sufrieron la confiscación de las
jubilaciones como resultado de la suspensión de la movilidad jubilatoria
aprobada en diciembre en esta Cámara, bajo el pomposo título de Ley de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aunque en realidad se trataba de
una ley de emergencia para confiscar las jubilaciones.
En esta
oportunidad también denunciamos que el trabajador que obtuvo una jubilación un
poquito superior ahora es el que debe aportar no para pagar los 200 pesos de
diferencia al jubilado que menos cobra, sino para pagar los 5.185 millones de
pesos mensuales de la deuda usuraria y fraudulenta. Por todo ello, presentamos
un proyecto de ley para anular los artículos 23, 55 y 56 de ese proyecto mal
llamado de solidaridad, porque mediante ellos se exime de realizar aportes
patronales extra a toda una categoría de empresas y, a la vez, se suspende por
180 días la movilidad jubilatoria. Este es el asunto que verdaderamente tenemos
que discutir porque, como denunció el diputado del Caño, acá no se está
pretendiendo eliminar privilegios.
Solicitamos
la anulación de todas las leyes de privilegio que incluyan a la Corte, los
obispos, los arzobispos y el andamiaje del aparato del Estado para garantizar
la dominación y el disciplinamiento de los trabajadores.
El
debate de ayer fue muy instructivo porque cuando el ministro Moroni trató de
disimular que no se viene un ataque integral a los regímenes especiales, tuvo
que desmentir a los otros funcionarios que estaban presentes. Finalmente, él
terminó explicando hacia dónde van con la reforma jubilatoria, aclarando que se
deben impulsar las cajas complementarias, las cajas compensadoras y los aportes
extraordinarios para aquellos que perciban ingresos superiores. Esta es la
forma en que confesaron que van hacia una privatización encubierta del sistema
jubilatorio. Ellos convertirán la jubilación en una de carácter asistencial de
conjunto. Por eso, cada vez se achatan más las jubilaciones del sistema y más
jubilados cobran la mínima.
También
ocurre que quien tiene un ingreso superior, debe pagar un seguro de retiro al
igual que sucede en Europa.
Denunciamos
que el reclamo de la reforma integral de los sistemas jubilatorios no tiene
nada que ver con el aumento de la expectativa de vida, porque también tenemos
adultos mayores en situación de indigencia. Esto no tiene nada que ver con el
desarrollo de las fuerzas productivas que nos permitirían trabajar menos horas.
Tampoco tiene que ver con la voracidad capitalista, el saqueo de las cajas
jubilatorias, y el reclamo del FMI y del Banco Mundial para convertir
conjuntamente a las jubilaciones en asistenciales y abrir el negocio de la
jubilación privada, vía seguros de retiro. Justamente, ese fue el motivo de la
enorme huelga celebrada por los trabajadores franceses contra la reforma
previsional.
Nos
hablan de las tendencias mundiales y nosotros también las consideramos al
referirnos a la lucha de los trabajadores contra las reformas previsionales.
Sabemos
que los trabajadores franceses que se oponen a las reformas de este tipo lo
hacen porque miran a los trabajadores alemanes que están del otro lado de la frontera.
Ellos tienen una tasa de sustitución entre el salario del trabajador activo y
el jubilado, que oscila entre 40 y 45 por ciento; es decir que esa es la
diferencia de haberes.
Paralelamente,
no cuentan la tendencia mundial de los seguros de retiro. Está claro que hablan
de la privatización y de la imposición a los trabajadores, que son cada vez más
explotados, lo cual generará que se acreciente el problema de la desocupación y
se agrave la crisis capitalista a nivel mundial.
En la
reunión de ayer afirmamos que podemos restablecer el 82 por ciento móvil a
todos los trabajadores, aunque este no es un número mágico, como dijeron los
funcionarios. El 82 por ciento móvil es el reclamo histórico de los
trabajadores del país. Es la conquista que algunos sectores mantienen y otros
defendemos con nuestra lucha. Es un beneficio que podría mantenerse si se
restableciera el conjunto de los aportes patronales anulados a partir de la
reforma de Menem y Cavallo. Me refiero al famoso 33 por ciento que ningún gobierno
posterior restituyó. Esto podríamos lograrlo si procedemos al blanqueo
inmediato del conjunto de los trabajadores, tema sobre el cual presentamos
diversos proyectos.
Lamentablemente,
se trata de la voluntad política que no tiene este gobierno ni el anterior, y
de atacar los intereses patronales. Esto podría revertirse si se terminara con
el tramposo monotributo que encubre la relación laboral de millones de personas
‑ya que solamente el trabajador aporta y no hay aportes patronales‑,
y la precarización de los contratos laborales, las locaciones de servicio y
toda la parafernalia del fraude laboral que, empezando por el Estado, abarca a
millones de trabajadoras y trabajadores.
A la
vez, podría lograrse si la ANSES y las cajas jubilatorias provinciales dejaran
de estar en manos de los gobiernos que las saquean para pagar a los bancos y al
FMI; podría lograrse si las cajas pasan a ser dirigidas por los trabajadores
activos y pasivos.
Por
supuesto que se puede, pero para atacar los privilegios y defender los
intereses de los trabajadores hace falta que sean los trabajadores quienes
defiendan los propios intereses de su clase. Por eso, solo los trabajadores
organizados, luchando y defendiendo nuestros derechos, impondremos un curso de
reformas y de derechos contra los intereses patronales, que una y otra vez, con el disfraz que
sea, nos quieren imponer para garantizar el pago de una deuda usuraria y
fraudulenta, y los negocios de las patronales y los capitalistas.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada Bertone, por Tierra del
Fuego.
Sra. Bertone.- Señor presidente: el objetivo del
proyecto en tratamiento, al decir del Poder Ejecutivo, es fortalecer el
carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales, considerando
los distintos regímenes que lo integran como sistema único, asegurando al mismo
tiempo la sustentabilidad económica, financiera y actuarial del mismo a largo plazo.
Advierte
las iniquidades existentes en el sistema previsional que terminan consagrando
verdaderos sectores de privilegio.
Es
oportuno señalar que el proyecto cuida especialmente que no se afecten derechos
adquiridos, al tiempo que garantiza que las modificaciones no afecten la
razonabilidad de los haberes futuros.
Seguramente
usted recordará, señor presidente, que tuvimos oportunidad en 2001 o 2002 de
abordar esta misma situación en este recinto. Únicamente se enfrentó el
contexto de las jubilaciones de los diputados y los senadores, con una
situación muy grave en la calle, muy difícil, quizás mucho más difícil de lo
que sucede en estos días, y no fue posible porque estos sectores que tienen y
conservan estos privilegios hicieron lo imposible para que no se lograra el
objetivo. Hoy vivimos una realidad similar en el recinto. En definitiva, el fondo
de la cuestión no es la presencia del diputado Scioli para llegar al número
129, quien tiene derecho a estar en el recinto, ya que no está en uso de dos
cargos sino únicamente en el de diputado de la Nación. Entonces, advertimos
cómo, para sostener ciertos privilegios, se achacan algunas situaciones. Puedo
dar fe, como gobernadora de Tierra del Fuego, de que cuando modifiqué estas
situaciones de privilegio en la Legislatura provincial se pretendió hacer lo
mismo.
No
quiero volverme autorreferencial, pero cuando se abordan estas situaciones que
son muy visibles al resto de la sociedad, que no tiene estos privilegios ni
beneficios, como aquí se dijo casi de por vida, es necesario que intentemos
entre todos abordar este tema, rescatando lo esencial; y eso es lo que
simplemente vengo a hacer.
Creo
que lo importante es interrogarnos acerca de si existe un problema que debemos
resolver, y si la herramienta propuesta por el Poder Ejecutivo es válida.
La
respuesta a eso despejará lo esencial de lo especulativo. Si reconocemos que
existe ese problema y, sin embargo, nos empeñamos en sostenerlo, no será lo
principal, sino lo anecdótico o coyuntural lo que se habrá impuesto. Creo que
la Argentina, de una vez y para siempre, necesita acuerdos esenciales, principales
y sólidos, y en este proyecto en debate existen tres valores que marcan
sustancialmente dicha discusión, a saber: el principio de solidaridad, el
principio de sustentabilidad y el principio republicano.
Me voy
a permitir sintetizarlos brevemente. El principio de solidaridad, que está
definido en mucha legislación internacional y en la jurisprudencia comparada,
es un valor constitucional que, en cuanto fundamento de la organización
política, presenta una triple dimensión, a saber, como una pauta de comportamiento
conforme la cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones; como un
criterio de interpretación en el análisis de las acciones y como límite de los
derechos y de las potestades.
Es muy
interesante también la definición que se da por parte de la OIT y cómo se va
definiendo cuando nuestro sistema previsional, de tipo contributivo, tiene como
sustento conceptual el sistema de reparto. El sistema de reparto implica una
solidaridad intergeneracional en la que los trabajadores en actividad soportan
el pago de los beneficios previsionales de las generaciones anteriores, al
tiempo que generan su derecho a percibirlas cuando llegue su momento a cargo de
las generaciones siguientes.
Este
sistema en su estructuración pura requiere una determinada cantidad de
aportantes para cada beneficiario, de manera tal que equilibrados sus ingresos
y beneficios pueda garantizar su sustentabilidad. Dicha alternativa, como lo ha
informado claramente el Poder Ejecutivo a través del ministro Moroni y el
titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, en la reunión de comisión, no es
factible. Hoy el Sistema Integrado de la Seguridad Social, en lo que respecta a
sus sistemas contributivos, no depende exclusivamente de los aportes, sino que
exige contribuciones generales de tipo presupuestario o impositivo. Como lo
explicó también el Poder Ejecutivo en los fundamentos del proyecto, los
colectivos comprendidos en la ley 24.018 y en la ley 22.731 están absolutamente
financiados por el resto de la sociedad, al menos parte de estos subsistemas.
En
otras palabras, lo que quiero expresar es que aquellos que se encuentran
protegidos con sistemas no contributivos, por encontrarse quizás desempleados o
carecer completamente de asistencia, junto con el resto de los beneficiarios
del sistema contributivo, con haberes promedio sustancialmente menores, deben
contribuir a sostener las jubilaciones de magistrados y funcionarios del
servicio exterior
Es
decir, estamos ante un supuesto de solidaridad vertical inversa, en los
términos de cómo considera la OIT dicho concepto. Los de menores recursos
contribuyen proporcionalmente más, a través de sus impuestos o de partidas
presupuestarias, que aquellos que se encuentran en la cima de la pirámide.
Pasado
este punto, a la luz del principio de solidaridad, parece entonces lógico que
exista un cambio que, manteniendo la razonabilidad de las prestaciones, adecue
el sistema a la regla de la sustentabilidad.
El
principio de sustentabilidad, que está definido también por el Comité de
Derechos Económicos y Sociales, en el artículo 11 de la Observación General N°
19 en relación al artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, dice que los planes deben ser sostenibles a fin de
asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan ejercer ese derecho.
Este
aspecto es uno de los principales puestos a consideración por parte del Poder
Ejecutivo y es desde esta perspectiva que se reclama este compromiso con el
debate.
¿Es
posible mantener en el tiempo un sistema que inexorablemente entrará en un
colapso financiero, o se requiere del esfuerzo de los que menos tienen para
mantenerlo, en una situación tan aguda o de emergencia económica, como la que
en este momento transitamos y ha sido votada por este Parlamento?
Valga
considerar que la seguridad social, además de ser un derecho humano, constituye
una de las piezas fundamentales del Estado de bienestar. Es una institución
utilizada para mejorar la redistribución y suavizar las desigualdades que lleva
consigo la cohesión social. Su forma de financiación varía de país en país, y
esa variabilidad tiene como origen diversos factores. En la búsqueda de
garantizar la sustentabilidad, hace años que tanto en países desarrollados como
en vías de desarrollo se ha venido buscando y llevando adelante una serie de
reformas para garantizar las prestaciones a largo plazo.
Voy a
mencionar estos procesos, porque es importante la legislación comparada, ya que
algunos quizá pensamos que esto está sucediendo solamente en la República
Argentina o en determinadas provincias, cuando en realidad hay algunos países
que han hecho reformas paramétricas. La primera y más escuchada de las medidas
vinculadas con las reformas paramétricas es elevar la edad del acceso a las
prestaciones. Algunos de los países que han tomado este camino son Austria, que
para 2033 planea llevar la edad mínima de la jubilación de la mujer a los 60
años equiparándola a los 65 con la de los hombres; Japón, que va a llevar la
edad jubilatoria hasta los 65 años, para los hombres en 2025 y las mujeres en
2030, y Holanda que de 65 años en 2015 la estará elevando para todos los
trabajadores a 67 años para 2021.
Cabe
mencionar también el caso de Portugal, que sujetó por ley la edad jubilatoria
al aumento de la expectativa de vida.
La
segunda de las medidas paramétricas que se destacan entre aquellas elegidas por
los países en la búsqueda de soluciones para la sustentabilidad del sistema fue
la de limitar o desalentar el acceso a las jubilaciones anticipadas y promover
la extensión de la vida laboral. La medida tiene como base restringir las
erogaciones, conservar recursos y continuar recibiendo cotizaciones que ayuden
a financiar el sistema; y tenemos algunos ejemplos, como el de Dinamarca,
Corea, Israel y Grecia.
Hubo
también otros países, como Suecia, Finlandia y España, que modificaron el
cálculo del haber inicial, la forma de actualizarlo.
Con
esto quiero decir que todos los países han exigido la razonabilidad de la
adecuación de las prestaciones, y esto va inescindiblemente unido a la
sustentabilidad del sistema, lo que está reconocido por la totalidad del
sistema internacional.
También
quiero referirme brevemente al principio republicano, ya que en estos días he
escuchado muchas opiniones –tanto en los medios de comunicación como en la
comisión en el día de ayer, y hoy‑ que han vinculado esta modificación
con objetivos políticos indirectos relativos a la composición y a los
eventuales cambios que se producirían en el Poder Judicial. La perspectiva de
plantear este tema desde el principio republicano no modifica lo esencial del
debate. Si algo roza este debate es el principio republicano, lo que se refiere
a la igualdad, concretamente, hasta dónde debe extenderse su alcance.
¿Es
posible que los integrantes del Poder Judicial puedan separarse de la suerte
del resto de los ciudadanos? Los debates en torno al presente proyecto se
extienden también al ámbito de la seguridad social, lo que en su momento
discutimos respecto del sistema impositivo.
Soy de
la idea y de la convicción vivenciada en los hechos y en la práctica política
de que el principio de igualdad se impone a todos los funcionarios -cualquiera
sea el poder que integren- que tengan que atravesar, sin excepciones ni
privilegios, las contingencias que todos transitamos como sociedad.
Solicito
realizar una inserción para sustentar el principio republicano en varios fallos
de la Corte Suprema que creo que evidencian que tenemos un problema que
erosiona el sistema solidario de reparto, que afecta su sustentabilidad en general
y que muestra que la Argentina ha expandido su desigualdad, incluso en los
sistemas de protección social.
Es
tiempo de que la Argentina comience a ponerse de pie y de que la solidaridad
sea uno de los valores en los que se asiente la construcción de nuestra vida
política. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Heller.- Señor presidente: quiero
referirme a lo que ha sucedido en este recinto hace unos momentos.
Como
dice el refrán, el pez por la boca muere. Claramente, el diputado Negri ‑creo
que en su última intervención‑, al anunciar que se iban a retirar, dejó
en claro que su objetivo era judicializar el resultado del debate de este
Parlamento.
En
primer lugar, diría que llama un poco la atención que, tratándose del sistema
previsional vinculado al sistema judicial, se intente buscar el camino de
llevarlo justamente al tratamiento judicial. Por eso digo que el pez por la
boca muere y que la intención está demostrada en esa expresión.
Pero
esto no es sorprendente, porque antes estuvieron escondidos detrás de las
cortinas tratando por todos los medios de hacer que la sesión fracasara, por lo
que esto no es tampoco un hecho aislado. Hubo una manifiesta actitud del bloque
de Juntos por el Cambio de hacer fracasar esta sesión, y yo diría que eso
seguramente tendrá que ver con los compromisos que ha tenido con la corporación
judicial ‑a lo largo de todo el tiempo‑ ese sector político y que,
una vez más ‑como también ha sido una característica de su actuación en
los cuatro años que le tocó gobernar‑, actúa por la defensa de los
privilegios; todo lo que apunte a afectar esos privilegios los tendrá a ellos
siempre del lado contrario, sea lo que sea. Acaban de hacer una demostración
concreta de cuál es su compromiso, con quién lo tienen, y actúan de manera
consecuente.
Quiero
hacer una serie de reflexiones para que también quede absolutamente en claro lo
inconsistente, absurdo y rebuscado del planteo de querer hacer caer esta sesión
cuestionando la legitimidad de la presencia del diputado Scioli en la
conformación del quórum.
La
cuestión a discutir sería cuándo realmente comienza a ejercer un diputado un
cargo que sería incompatible con el ejercicio de su función. En este sentido,
he tratado de buscar antecedentes.
El
plácet por el que fue nombrado Scioli lo otorgó Brasil en diciembre, y el
respectivo acuerdo fue presentado por el Honorable Senado el 20 de febrero.
Según he podido averiguar, todavía el Senado no envió, o no le llegó al Poder
Ejecutivo, la pertinente resolución. Por ello, hasta que el presidente de la
Nación no lo designe por decreto ‑según lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y de conformidad con el artículo 5° de
la ley 20.957‑, no comienza a ejercer como embajador. Mientras esto
último no ocurra ‑que el Poder Ejecutivo lo designe por decreto‑,
no hay nombramiento, por cuanto el diputado Scioli no está formalmente nombrado
como embajador y no ejerce un cargo que sea incompatible con el de diputado.
Por su
parte, cabe destacar que un diputado no deja de tener el cargo ni siquiera por
el hecho de presentar su renuncia, ya que, según el artículo 66 de la
Constitución Nacional, un diputado conserva su condición hasta que este cuerpo
no le acepte por mayoría simple la renuncia presentada. Entonces, si bien un
diputado puede presentar su renuncia, esta no es efectiva hasta tanto no sea
aceptada.
Tal vez
podríamos hacer alguna comparación con la renuncia que oportunamente de manera
pública hizo la diputada Carrió, quien anunció que, con fecha 1° de marzo,
cesaría en sus funciones. Ello no le impidió que siguiera concurriendo y
haciendo uso de la palabra; no sé si alguna vez votó, porque es un poco
itinerante su presencia en la Cámara, pero sin duda estuvo aquí y nadie
cuestionó su presencia.
Para
concluir, cabe decir que el diputado Scioli tiene todos los atributos para
seguir en el cargo y su presencia es absolutamente legítima.
Quiero
decir además que, según el artículo 64 de la Constitución Nacional, cada Cámara
es juez de sus integrantes y es la única que puede aceptar la renuncia de sus
miembros.
Es
decir, cuando uno es elegido, acepta el cargo y jura en la Cámara, asume una
responsabilidad de la que no puede desprenderse hasta que no es relevado de la
misma por el propio cuerpo; ni siquiera la voluntad de renunciar es suficiente.
Eso tiene que ver con la carga pública que implica aceptar el cargo de
diputado.
De la
misma manera puede suceder con otros cargos; por ejemplo, cuando un ministro
presenta su renuncia en el Poder Ejecutivo, se hace efectiva el día que dicho
poder se la acepta. Mientras tanto, tiene la obligación de continuar prestando
el servicio. Esto tiene una lógica, porque de lo contrario se produciría un
vacío en la gestión.
Insisto:
estamos frente a una maniobra burda de querer utilizar cuestiones formales,
como el hecho de que el diputado Scioli haya viajado a Brasil y tenido
relaciones protocolares -cosa que nada tiene que ver con los pasos legales-,
para tratar de invalidar la legitimidad de una sesión que se ha constituido de
pleno derecho.
Lo que
ha hecho el bloque de Juntos por el Cambio es un grosero ataque a la calidad
institucional, porque de una manera absolutamente rebuscada intenta cuestionar
la validez de la presencia de un diputado que, citando normas expresas de
nuestra Constitución Nacional, estaba aquí en pleno derecho y ejercicio de su
función.
Digo
esto porque me imagino que en este momento los diputados que se han retirado
estarán instalando en los medios de comunicación la idea de la ilegitimidad de
esta reunión que nosotros estamos llevando a cabo.
Quiero
reiterar una vez más que lo que hacen es una burda maniobra para tratar de
impedir que se pueda votar una reforma al sistema previsional tanto del
Servicio Exterior de la Nación como del Poder Judicial de la Nación. Una
reforma que, según los compañeros han explicado, es prudente, moderada, tiene
en cuenta toda la complejidad de las situaciones, no afecta derechos
adquiridos, etcétera.
Es tan
grande la obsecuencia que reiteradamente este sector político ha prestado a
ciertos miembros del Poder Judicial con el que ha actuado -digo ciertos
miembros para ser justo, porque sería absolutamente injusta la generalización‑,
que quiere rendir un acto más de fe y pleitesía, haciendo esta burda maniobra y
tratando de descolocar esta sesión.
Sin
embargo, hay que decirles que están afectando gravemente la calidad
institucional de nuestro país, el respeto del funcionamiento de las instituciones
y el legítimo derecho de este Parlamento de sesionar y tomar las decisiones que
le competen con los números que corresponde. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr. Ramón.- Señor presidente: en honor a la brevedad
quiero decir que me sorprende las pasiones que ha despertado esta sesión en
algunos integrantes de la Cámara que raudamente abandonaron el recinto.
Espero
que el ciudadano común y de a pie que nos está mirando se dé cuenta del doble discurso
de determinados diputados y diputadas que vienen rasgándose las vestiduras por
el tema de lograr una reforma del sistema judicial, terminar con los
privilegios y la cantidad de mensajes que hemos escuchado en los últimos cuatro
años del gobierno del expresidente Macri.
La
verdad es que me da vergüenza el papelón que acabamos de vivir en el recinto de
la Honorable Cámara de Diputados debido a ese grupo de diputados y
diputadas.
Yo
quería tomar este tiempo para hablar del proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo y de la iniciativa alternativa que desde nuestro bloque ‑Unidad
y Equidad Federal‑ hemos intentado poner en debate. Pero no puedo dejar
de hablar, en este breve tiempo, de esta pasión que tienen estos diputados y
diputadas, que lo único que han logrado es deshonrar la honorabilidad de la
Cámara de Diputados (Aplausos).
Lo que
pedíamos al presidente de la Cámara es que se abriera el debate con las llaves
que tenían las comisiones de los últimos dos años y el recinto, para discutir
los proyectos de ley que sirven sobre todo al bolsillo de cada una de las
familias que viven en nuestras provincias y en cada rincón de la Argentina.
Nosotros
tenemos serias críticas al proyecto, a las que también me quiero referir. La
primera es que en este proyecto de ley que trae el Poder Ejecutivo para
discutir en este recinto ‑y que la fuerza mayoritaria de enfrente
abandonó la discusión‑, hay privilegiados que no están alcanzados. Me
refiero a los expresidentes, los exvicepresidentes y los miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Pero nadie habla de ese verdadero régimen
espantoso de privilegio que va a contramano de aquello que está pidiendo a
gritos toda la sociedad.
Nuestra
principal oposición al proyecto del Poder Ejecutivo es por qué se está
analizando una iniciativa en la que se trata de modificar dos regímenes que se
previeron cambiar en el artículo 56 de la ley que votamos en el mes de
diciembre. Esa es nuestra principal objeción.
El
Poder Ejecutivo tiene la obligación, por esa ley que se votó en este recinto y
en la Cámara de Senadores, de constituir la comisión que va a verificar la
sustentabilidad y la sostenibilidad de todos y cada uno de los regímenes
especiales que existen en nuestra Nación.
¿Por
qué habló de esto? Hasta hace muy poco, antes de asumir como diputado de la
Nación, era docente en una escuela de Arroyito, que está ubicada en el desierto
de Lavalle, a 150 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Esos docentes tienen un
régimen especial, que no es de privilegio. La verdad es que hay muchos otros
regímenes especiales, que no son de privilegio.
¿Cuál
es nuestro objetivo al plantear un proyecto alternativo al girado por el Poder
Ejecutivo? La defensa de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial.
El 80
por ciento de la estructura del funcionamiento del Poder Judicial está
integrado por trabajadoras y trabajadores que no son ni jueces ni magistrados,
y tienen un régimen de privilegios o un régimen especial.
Cuando
advertimos esta anormalidad en el proyecto de ley, propugnamos que todos los
trabajadores y trabajadoras sean considerados en un régimen que no quede
separado del de los magistrados, funcionarios o fiscalías de investigaciones
administrativas. Ese personal está calificado para hacer el 80 por ciento del
funcionamiento del Poder Judicial.
Cuando
se trate el proyecto en particular vamos a hacer referencia específicamente a
que no puede dejarse de incorporar en el proyecto del Poder Ejecutivo a todos
aquellos que son prosecretarios o jefes de despacho, por dar un ejemplo de
personal que presta servicios en la Justicia y que hace el trabajo de muchos de
los magistrados y fiscales.
¿Quiénes
son? Aquellos que haciendo la carrera judicial han tenido la oportunidad de ir
escalando en el escalafón; son aquellos que redactan escritos. Estos
prosecretarios, estos jefes de despacho, son las personas que hacen la
redacción que después el juez solamente suscribe; y permítanme decirlo, pero
por el ejercicio de mi profesión sé que es así.
La
responsabilidad es enorme. Por eso, pedimos la incorporación de esta
modificación en el dictamen que firmamos en disidencia, en la discusión de la
comisión de ayer.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Honorable Cámara, doctor Sergio Tomás Massa.
Sr. Ramón.- Quiero atar esto a la conducta que han
asumido los colegas diputados y diputadas de la oposición, con quienes tratamos
de dilucidar aquellos proyectos que vienen del Poder Ejecutivo que hoy nos
gobierna.
¿Por
qué me da vergüenza? Quiero volver sobre este punto: porque la única manera de
lograr que un proyecto de ley, provenga del Poder Ejecutivo, de cualquiera de
nosotros o de algún bloque político, pretenda modificar la condición de un
derecho, necesita de una discusión. Por eso hay que ir a la comisión, venir al recinto y ponerse
a discutir esta cuestión. ¿Por qué? Porque es lo que está esperando la
ciudadanía: que funcionemos como un cuerpo, pero no en defensa de nuestros
propios derechos, sino en defensa de aquellos que se están discutiendo en un
proyecto de ley tan importante como este, que modifica el régimen jubilatorio
especial de los magistrados, de los jueces y del personal que integra el
Servicio Exterior de la Nación.
Es por
eso que nosotros insistimos en este punto. No puede haber un doble mensaje.
Debemos terminar con esa idea de buscar la manera de judicializar el proceso de
esta sesión. No es parándose, yéndose del recinto y dando argumentos -que a
nuestro entender no son válidos- como se resuelve esta cuestión.
Por
otra parte, durante el debate en comisión hubo una incorporación en el dictamen
de mayoría respecto del derecho de las mujeres. Cabe aclarar que la base
laboral más grande del Poder Judicial está integrada por mujeres.
En este
sentido, se hablaba de una edad jubilatoria para las mujeres de 65 años, pero
debe ser de 60 años. De lo contrario, se estaría tomando una decisión sobre
algo que genera desigualdad. Digo esto porque el principio de no regresividad
que establece nuestra Constitución no nos permite dictar una ley que detraiga
un derecho, sobre todo para nuestras mujeres. Según la oficina de estadísticas
de la Corte Suprema, como decía, el mayor porcentaje de personas que trabajan
en el Poder Judicial son mujeres. Entonces, no podemos sancionar una ley que
atrase en cuanto a sus derechos.
Por último
–esto lo vamos a ampliar durante la discusión en particular-, nosotros queremos
que necesariamente queden incorporados en el dictamen de la mayoría –tal como
lo hemos planteado en el plenario de comisiones de ayer-, los prosecretarios y
los jefes de despacho.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra. Sapag.- Señor presidente: sin duda el país está
en crisis. A las pruebas me remito.
Las
cuentas públicas son sistemáticamente deficitarias y eso nos lleva a tener
constantes dificultades para honrar nuestros compromisos externos e internos.
Un sector privado ahogado por la presión tributaria y la inflación termina de
ilustrar una situación de enorme fragilidad y gravedad. En este marco, no hay
lugar para privilegios.
El
sistema previsional está quebrado; eso debemos reconocerlo. Dos puntos del PBI
faltan todos los años en las arcas previsionales, un número muy cercano a lo
que recauda el Estado en concepto de retenciones. Los regímenes que hoy estamos
modificando no se autofinancian. Es decir que un sistema previsional quebrado,
además, tiene que financiar estos beneficios.
Es duro
decirlo, pero no hay espacio para esto en la realidad que nos toca vivir. Son
muy caras para la sociedad las consecuencias de financiar este sistema.
Debemos
ser responsables, y por esto desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino
vamos a acompañar este proyecto. Es de público conocimiento que la sanción de
esta iniciativa puede generar consecuencias no buscadas, como un aumento de
vacantes a cubrir en el Poder Judicial. Esto otorga al Poder Ejecutivo un
altísimo grado de responsabilidad al momento de nominar reemplazos.
Desearía
que las modificaciones a los regímenes especiales que resulten de esta sesión
no sean vistas como una oportunidad para continuar con los avances del Poder
Ejecutivo sobre la independencia de los otros poderes, y que esto no sea visto
como otra vulneración de la tan desgastada división de poderes que vivimos.
No se
entiende la negativa a incluir la cláusula transitoria que prevé el artículo 15
del dictamen de minoría. Esta cláusula quitaría dudas y otorgaría la
transparencia que un proyecto de estas características necesita.
Por
otro lado, también debemos hacernos cargo de la informalidad del empleo.
Señor
presidente: el principal flagelo del sistema previsional es que no hay forma de
que las cuentas cierren con dos trabajadores activos por cada pasivo. Es
urgente que podamos revisar el sistema previsional como un todo. Debemos
hacerlo sustentable en el tiempo; debemos dejar de tratar parches año tras año
y abordar esta cuestión de manera integral para terminar con el déficit, y
hacer que ingresos y egresos se equilibren de una vez por todas.
También
debemos ser conscientes de que el país está paralizado. Lo paralizan la
incertidumbre y la inacción del gobierno.
Al
respecto, me pregunto lo siguiente: ¿de dónde van a sacar los recursos para
afrontar la pobreza, la crisis de las pymes, del empleo, de sueldos dignos, el
quebranto del sistema previsional, los planes sociales y otros gastos urgentes?
La producción agropecuaria y la industria hidrocarburífera son los pilares para
el ingreso de los recursos que el país necesita para enfrentar la crisis.
Señores
diputados: Vaca Muerta es una fuente de ingresos para todo el país, como lo es
la producción del campo. Aumenta la masa coparticipable y, con ello, los
presupuestos de las provincias que cada uno de ustedes representa.
Basta de lamentos, culpas y de hablar
del pasado. Necesitamos hablar de acciones; necesitamos hablar de hoy. No son
tiempos de palabras huecas, discursos vacíos ni de promesas incumplidas. No son
tiempos de facilismos ni de voluntarismos: son días cruciales para la
Argentina, son días para gobernar, y hacerlo implica tomar decisiones ágiles.
Quiero
cerrar mi intervención citando al senador Elías Sapag, mi padre, quien decía:
“Los argentinos necesitamos una conducción con acciones concretas, juicios
claros y determinación en las decisiones.” (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia solicita a los señores diputados que hagan
silencio cuando algún legislador está en uso de la palabra.
Por
otra parte, les recordamos que aproximadamente en veinte minutos procederemos a
la votación.
Tiene
la palabra la señora diputada Morales, por Misiones.
Sra. Morales.- Señor presidente: hablaré en nombre del
bloque del Frente de la Concordia Misionero.
Quiero
recordar que históricamente fue siempre la clase media, la clase obrera, la que
estuvo en cada oportunidad para ofrecer su asistencia a la patria cada vez que
necesitó ayuda. Es decir que el esfuerzo a lo largo de la historia siempre lo
realizaron los mismos: los trabajadores y los jubilados. También es cierto que
en los últimos años fue ésta una de las clases más castigadas de la historia
argentina.
Por
otra parte, si se nos ha convocado en sesiones extraordinarias para considerar
este proyecto, creo que es porque se trata de un tema importante y que merece
la atención de todos nosotros.
Hoy el
esfuerzo debe ser colectivo y mancomunado por parte de toda la amalgama
colectiva que integra la Argentina. Se debe realizar un esfuerzo único y en
conjunto. Por eso, deben ser eliminados los sistemas de privilegio para jueces
y funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, quienes gozan de un régimen
y un sistema jubilatorio que es extremadamente disímil al del resto de la
población. Las jubilaciones de estas personas no coinciden con el resto y
existe una gran disparidad con relación a las jubilaciones mínimas.
Hoy los
que poseen un sistema de privilegios no se verán perjudicados, pues su sistema
pasaría directamente al régimen general, el mismo sistema por el que se jubilan
los ministros del gobierno y del Poder Legislativo, lo que haría justo el
sistema jubilatorio.
Lo que
torna injusto a este sistema de privilegios es que estos jubilados no hacen
ningún aporte al sistema, y ahora con las modificaciones que se van a
introducir sería un aporte solidario para lo que la República necesita.
Como
decía la señora diputada preopinante, debemos demostrar al pueblo de la Nación
Argentina con hechos, con acciones, que todos estamos contribuyendo ante esta
situación de emergencia. Es decir que ese esfuerzo no deben hacerlo los mismos
de siempre: todos, absolutamente todos, estamos comprometidos con la República.
Este sacrificio nos parece totalmente justo, consideramos que está a tono con
la igualdad tributaria y en línea con lo que dispone el artículo 16 de la
Constitución Nacional.
Tal
como está concebido, este nefasto sistema resulta violatorio de la igualdad
ante la ley, pues no existe la protección de este interés público que ampara
los fueros especiales de determinados sistemas. Sabemos que aún faltan, como decía el diputado
preopinante cuando hablaba de los empleados judiciales. Pero creemos que es un
paso enorme, y que hoy la patria necesita del esfuerzo y del aporte de todos,
incluyendo al Poder Judicial. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Tundis, por Buenos Aires.
Sra. Tundis.- Señor presidente: en primer
lugar, quiero hacer un pequeño comentario respecto de lo que planteó la
oposición cuando dijo que estábamos ante un trámite exprés, que la comisión se
conformó de la noche a la mañana y que el proyecto se envió directamente al
recinto. Quiero recordar que hay un precedente. En diciembre de 2017 ellos
fueron los que conformaron de la noche a la mañana la Comisión de Previsión y
Seguridad Social, donde asumió Eduardo Amadeo como presidente y el diputado
Laspina como presidente de Presupuesto y Hacienda. Allí se trató el proyecto de
movilidad, y automáticamente fue al recinto. Vale decir que el antecedente lo
tenemos. No es un mecanismo propio de esta Cámara ni de este espacio político.
Dicho
esto, mucho se habla de las jubilaciones de privilegio, de los diferenciales,
de los especiales, y de qué se va a hacer. En realidad, son regímenes
especiales. Ayer en la comisión conjunta escuchaba decir a una diputada de la
oposición que quería el listado de esas jubilaciones especiales, a lo cual el
secretario de Seguridad Social respondió que se lo iba a enviar. Y yo quiero
decir que hay diferenciales que, como dijo el secretario de Seguridad Social,
existen porque corresponden a tareas riesgosas, penosas, de envejecimiento
prematuro, etcétera. Se trata de aquellos trabajadores que no gozan de un
privilegio, sino de un régimen especial, precisamente por estas cuestiones que
acabo de mencionar. Es el caso de los que trabajan en frigoríficos, en
calderas, con la electricidad...
Sr. Presidente (Massa).- Les pido silencio, señores diputados.
Continúa
en el uso de la palabra la señora diputada Tundis.
Sra. Tundis.- Como les decía, es el caso de
los que trabajan en frigoríficos, en calderas, con la electricidad, debajo de
la tierra, en el subte, en montañas, en la minería. Estos trabajadores hacen un
aporte superior, tanto como sus empleadores. ¿Para qué? Para jubilarse con
anterioridad; pero esto no significa que tengan un beneficio en su haber
jubilatorio.
Los
regímenes especiales tienen que ver precisamente con eso. Y me extraña también,
porque cuando se trató la emergencia solidaria en este recinto estaban muy
preocupados porque les dijéramos cuáles eran esas leyes especiales a las
cuales, según ellos, nosotros estábamos protegiendo, que eran las jubilaciones
de privilegio. Estaban los números. Ni siquiera tienen la capacidad de buscar a
través de Google para saber, por ejemplo, que la ley 24.018 es la de los
jueces, que la ley 22.731 es la de los diplomáticos, que la ley 24.016 es la de
los docentes, y así sucesivamente.
Lo
cierto es que ahora quieren cuestionar estas jubilaciones que tienen que ver
con los jueces. Yo no tengo ningún compromiso con los jueces ni con el Poder
Judicial, y quiero decir que realmente gozan de un privilegio respecto de las
jubilaciones especiales, porque hacen un aporte común como cualquier trabajador
y cobran el 82 por ciento del sueldo. Obviamente que lo hacen sobre la
totalidad del haber, pero más de un trabajador quisiera tener el 82 por ciento
del sueldo.
Yo
entiendo que se han tomado medidas que no nos gustan. Me refiero a la movilidad
que fue suspendida; pero no es que se rebajó el haber jubilatorio, sino que no
se dio el aumento que correspondía. Yo entiendo que hay rentas vitalicias que
están cobrando 500, 1.000 y 2000 pesos, a las que no se les da solución.
Además, que un juez cobre 500.000 o 700.000 pesos la verdad que suena un poco
antipático. Cuando uno investiga un sistema como el de España, al cual nos
parecemos, observa que los jueces no gozan de un privilegio o de un régimen
especial. El haber máximo para todo ciudadano español es de 2.600 euros. Son
regímenes de jueces que no gozan ni diplomáticos ni diputados de un régimen
especial. Aquí sí gozan.
Sinceramente,
cuando uno lee el proyecto se da cuenta de que no les cambia tanto la vida a
los jueces. ¿La preocupación de los jueces es perder el derecho adquirido? Yo
voy a decir algo. Ayer un diputado dijo que hay que dejar asentado en el
proyecto que se respete el derecho adquirido. No, hay que leer las leyes; hay
que instruirse en las leyes. Les voy a leer un artículo que está vigente y es
el 161 de la ley 26.222. Dice así: “El derecho a las prestaciones se rige en lo
sustancial, salvo disposición expresa en contrario: a) para las jubilaciones,
por la ley vigente a la fecha de cese en la actividad o a la de solicitud, lo
que ocurra primero, siempre que esa fecha el peticionario fuera acreedor a la
prestación, y b) para las pensiones, por la ley vigente a la fecha de la muerte
del causante.
“Sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, si a lo largo de la vida
laboral el solicitante cumpliera con los extremos necesarios para la obtención
del beneficio por un régimen diferente, podrá solicitar el amparo de dicha
norma, en los términos del primer párrafo del artículo 82 de la ley 18.037”.
¿Qué
quiere decir esto? Que cualquier juez que a la fecha anterior a la vigencia de
esta ley reúna los requisitos para poder acceder a su jubilación especial, no
hace falta que renuncie. Porque, además, lo que los jueces han presentado es
una renuncia condicionada.
Simplemente,
para terminar ‑pido insertar mi discurso, señor presidente‑, quiero
señalar que los 450 puestos que dicen que están en riesgo, en realidad no lo
están. Es una mentira total. Los jueces que tengan reunidos los requisitos van
a tener derecho a cobrar su jubilación más allá de que salga esta ley. (Aplausos.)
- 10 -
Sr. Presidente (Massa).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor
diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr. del Caño.- Señor presidente: quiero
decir algo muy grave que acaba de suceder, que es la represión contra los
trabajadores de Cresta Roja.
Muchos
conocen, sobre todo quienes somos diputados por la provincia de Buenos Aires,
la lucha que vienen dando desde hace muchos años. Ya venía inclusive de antes
del macrismo la pelea que estaban dando las trabajadoras y trabajadores de
Cresta Roja. Ahora los reprime la Policía de la provincia de Buenos Aires a
cargo del ministro Berni, el mismo ministro de Seguridad que tiene un claro
prontuario como represor de los trabajadores y las trabajadoras en general. Lo
he sufrido en carne propia con los balazos de goma que recibí en 2014, un hecho
que esta misma Cámara repudió.
En este
momento están siendo reprimidos con gases y balas de goma. Los trabajadores de
Cresta Roja habían ido al portón de la empresa a reclamar porque ésta incumple
los acuerdos. Están reclamando por sus fuentes de trabajo. Pero sabemos que la
situación va más allá de los trabajadores de Cresta Roja. Hay muchísimos
sectores de trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo en los cuatro
años del gobierno de Macri y que están reclamando. Lo van a seguir haciendo,
así como van a salir a la calle frente a las medidas del gobierno de quitar las
cláusulas gatillo, y los aumentos a la baja que están planteando en las
paritarias.
Nosotros
queremos plantear nuestro enérgico repudio a la represión contra los
trabajadores de Cresta Roja y los vecinos del barrio, que también están siendo
reprimidos. Los vecinos los defienden como los han defendido en muchas otras
veces que la policía bonaerense u otras fuerzas represivas los han reprimido.
De
manera que queríamos dejar de manifiesto nuestro repudio a la represión mandada
por el represor Sergio Berni.
Sr. Presidente (Massa).- La cuestión de privilegio pasará a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
- 11 -
Sr. Presidente (Massa).- Continúa la consideración
del asunto en tratamiento.
Tiene la palabra la señora diputada Ávila, por
Tucumán.
Sra. Ávila.- Señor presidente: quiero
volver a recordar lo central en este debate que nos convoca y que no tenemos
que perder de vista. Básicamente, radica en tratar de que aquellos que perciben
y percibirán sumas importantes con el concepto actual de las jubilaciones
acompañen el esfuerzo que el pueblo argentino en su conjunto viene realizando
hace mucho tiempo para superar la grave crisis económica y social en que está
sumido.
Esto
requiere que todos volquemos nuestras mayores responsabilidades, esfuerzos y
compromisos. Sin lugar a dudas, hay un gran reclamo del conjunto de la sociedad
por que haya equilibrio y equidad en el sistema previsional. Esta búsqueda no
es nueva, ya que desde 1992 se vienen sancionando leyes que paulatinamente
fueron eliminando regímenes de privilegio. Sin embargo, esas medidas
justicieras tomadas en el transcurso de estos años no han sido suficientes.
Permítaseme
recordar que la Mesa del Diálogo Argentino, constituida en 2001 por el entonces
presidente Eduardo Duhalde –quien para tal fin convocó a las principales
fuerzas políticas, empresarias, sociales, religiosas y de los trabajadores‑,
en su momento se expidió recomendando la abolición de las jubilaciones de privilegio;
es decir, de aquellas que causan desigualdades respecto de las que percibe el
resto de la sociedad. Así fue como en 2002 se eliminaron los regímenes
especiales de funcionarios y legisladores nacionales.
De esta
manera, he querido demostrar cómo, en el transcurso de las últimas décadas, ha
habido un pedido recurrente de los distintos gobiernos.
Por
otro lado, debemos recordar que nuestra Constitución Nacional se basa en el
principio de igualdad. A mi entender, constituye un privilegio cualquier régimen
que permita a una persona acceder al beneficio jubilatorio anticipadamente, es
decir, con una cantidad de años menor a la establecida para el resto de los
ciudadanos. Asimismo, constituye un privilegio que, al computarse los aportes,
se contabilice un período especial en las últimas remuneraciones.
Entiendo
que el principal “desigualador” social en materia salarial es el propio Estado.
Por eso, con este proyecto de ley intentamos comenzar a revertir, poco a poco,
las situaciones de privilegio que se vienen dando.
¿Cómo
es posible que varios miembros del Poder Judicial cobren, en promedio, 600.000
pesos mensuales, cuando la media de un haber jubilatorio se ubica entre los
15.000 y los 25.000 pesos? Si consideramos el contexto económico en el que vivimos,
estas desigualdades deben terminar.
¿Cómo
era posible que muchos magistrados no pagaran el impuesto a las ganancias?
¿Cómo podía ser, cuando hay tanta gente que sí lo hace? Obviamente, estábamos
ante un régimen de privilegio.
Hoy, la
ciudadanía pide gestos a toda la clase política, sin distinción de banderías.
Hemos pedido a las clases media y baja, y a distintos sectores, que hagan un
gran esfuerzo. Pero ese esfuerzo debe ser acompañado por los distintos sectores
del gobierno nacional.
Creo
que hoy, con la eliminación de estos regímenes de privilegio, haremos un gran
avance. No obstante, debemos seguir revisando el sistema previsional argentino
íntegramente, tarea que sin duda tendrá lugar en los próximos meses.
Para
finalizar mi exposición, quiero hacer mías las palabras de un senador nacional:
no estoy de acuerdo con regímenes diferenciales con claros privilegios, en
especial en la situación de emergencia que vive el país. Tenemos que ser
conscientes de la situación que estamos pasando y estar a la altura de las
circunstancias. Esto lo dijo el senador Humberto Schiavoni, titular del PRO.
Por las
razones expuestas, acompañaremos la iniciativa en tratamiento con la mirada ya
expuesta por el presidente de nuestro interbloque. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Tailhade, por Buenos Aires.
Sr. Tailhade.- Señor presidente: quiero
hacer algún aporte a la discusión respecto de ciertos temas que no han formado
parte de las argumentaciones que hemos escuchado tanto en el recinto como en el
plenario de las comisiones.
En
primer lugar, me referiré al manejo de los recursos destinados al Poder
Judicial. Ya que hablamos de los fondos públicos y del esfuerzo notable que
hace la ciudadanía argentina para mantener, entre otras cosas, sistemas de
privilegio como el que hoy tratamos de reformar, me parece adecuado que la
gente sepa cómo se manejan los recursos del Poder Judicial.
Creo
que, fundamentalmente, cabe utilizar el siguiente adjetivo: escandaloso. Es
escandaloso lo que hace el Poder Judicial con los fondos públicos, es decir,
con la plata de todos nosotros. Este año, cuando comience la discusión del
proyecto de ley de presupuesto, nos encontraremos no solo con que el Consejo de
la Magistratura pidió más de 60.000 millones de pesos para su funcionamiento,
sino también con que la Corte Suprema de Justicia estimó que necesitará 16.000
millones de pesos. A propósito de la Corte, al mismo tiempo que solicitó 16.000
millones de pesos para funcionar, llevó su planta de trabajadores y
funcionarios a más de cuatro mil seiscientas personas.
El
Consejo de la Magistratura es un jubileo de designaciones, recategorizaciones,
premios y beneficios. Durante los dos años y medio que formé parte, me tocó
atender expedientes insólitos; por ejemplo, de jueces que pedían una
rectificación porque se habían liquidado mal dos o tres días de vacaciones de
hacía cuatro años. Situaciones de este tipo he visto permanentemente.
Ese es
el nivel en que defienden sus privilegios algunos de los jueces que ayer
estuvieron presentes en el plenario de las comisiones.
El
manejo de los recursos es, reitero, escandaloso. Llegaron a contratar un
sistema informático, llamado Lex 100, por el que pagamos millones y millones de
euros, y que no sirve absolutamente para nada. Es un hecho de corrupción que
debería avergonzarnos a todos. Aun durante la feria judicial, cuando no hay
actividad, cayó el sistema. Imaginemos entonces lo que nos depara el año 2020
en esta materia.
Ayer
escuchaba al señor Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional, decir que debíamos manejarnos con
prudencia. En ese sentido fue ayer su discurso al significar que estábamos
avanzando sobre derechos. Recuerdo que el señor Gallo Tagle fue quien presidió
la comisión que aprobó la contratación del Lex 100 y de distintos servicios de
mantenimiento para dicho sistema que es, desde todo punto de vista, un
bochorno. Es incontable la cantidad de dinero que se destinó, sin que nadie
pusiera el ojo sobre eso.
Por
otro lado, quiero recordar que el Poder Judicial no se financia solamente con
fondos públicos. El Estado nacional –el presidente de la Nación, sus ministros,
nosotros, que somos los malos de la película‑, junta el dinero para que
ellos después lo gasten. Como dije antes, son 60.000 millones de pesos los que
pidió el Consejo de la Magistratura para el año 2020 y 16.000 millones la cifra
estimada por la Corte Suprema de Justicia para su funcionamiento. De estos
últimos, alrededor de 3.000 millones serán destinados a la oficina que realiza
las escuchas. O sea, nos sacan plata y además nos espían; con bastante
sofisticación, diría.
Ahora
bien, no solo los fondos públicos financian los gastos del sistema judicial;
también lo hace el sector privado. Cada vez que un particular o una persona
jurídica inician un juicio tienen que pagar, en concepto de tasa de justicia,
el 3 por ciento de lo que están pidiendo en la demanda. ¿Adónde van a parar
esos recursos? Ese 3 por ciento va a parar a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. ¿Por qué? Porque se les ocurrió a ellos juntar la plata.
En
efecto, la ley de autarquía financiera -que aquí tengo- establece que, además
de los recursos del Tesoro nacional, el Poder Judicial se financia con recursos
específicos, y entre ellos nombra la tasa de justicia y el spread bancario.
Esto último significa que, cuando los jueces ordenan hacer plazos fijos, se
quedan con la mitad de la ganancia. Esto es del Poder Judicial pero lo maneja
la Corte; ni un peso va a las estructuras inferiores. No se sabe por qué lo
tiene la Corte.
¿Qué es
lo que la Corte ha hecho con ese dinero? Ha hecho plazos fijos que hoy están
orillando los 50.000 millones de pesos. Por lo menos es el cálculo que hice ‑bastante
generoso- a partir de la última información pública de que se dispone, porque
entre otras cosas, al Poder Judicial, y específicamente a la Corte Suprema, no
los audita nadie.
No
sabemos dónde están esos 50.000 millones de pesos en plazos fijos, en qué
banco, con qué intereses ni cuáles son los acuerdos comerciales que han hecho
con las entidades financieras. Lo cierto es que tranquilamente esos fondos
podrían ser destinados a financiar la caja de jubilaciones de este sistema
privilegiado que tienen los jueces. Si estamos hablando de que existe un
déficit anual de cerca de 10.000 millones de pesos, los 50.000 millones de
pesos que tiene la Corte resultan suficientes para armar la caja complementaria
y definir un fondo compensatorio o de afectación fija, o lo que se quiera
hacer.
De modo
que esa es la plata de ellos. Los recursos provienen de lo que en derecho
previsional se denomina la comunidad vinculada. Quienes utilizamos el servicio
de Justicia también financiamos su funcionamiento, pero resulta que esos
recursos no van ni a un lápiz ni a una computadora ni a una silla ni a una sala
para ampliar un juzgado, sino que van a plazos fijos, cuya oscuridad ya resulta
a esta altura indisimulable.
Entonces,
estamos hablando de que el Poder Judicial puede financiar por sí mismo su sistema
de jubilaciones. Espero que los jueces que ayer vinieron a decir que esto
afectaba su independencia tengan la capacidad y la creatividad de ponerse a
pensar un sistema en el que ellos mismos pueden ser los que conduzcan. En
efecto, los trabajadores, los jubilados y los jueces en actividad pueden formar
parte del directorio que maneje esos fondos. Pero dejen de chuparle la sangre
al Estado y de sacarles plata a los privados. Uno pone el 3 por ciento del
valor demandado en juicio para que salga rápido una sentencia, pero resulta que
esta gente está veinte años para resolverlo; entonces, no sirve de nada que
estemos financiando la nada misma.
Por
último, señor presidente –y pido disculpas por extenderme en mi tiempo-, nos
están corriendo con que se va a vaciar el Poder Judicial porque esto generará
un sinnúmero de renuncias. Yo afirmo que esta es la calidad de los jueces que
tenemos en la Argentina o al menos de un sector representativo de ellos, que
quieren renunciar porque les tocan el bolsillo. Ahora bien, resulta que cuando
prácticamente secuestraron a un senador de la Nación en la Corte Suprema para
poder “cargarse” a un camarista federal en el Consejo de la Magistratura nadie
se espantó; no vinieron aquí las asociaciones de magistrados a cuestionar, no pidieron
ser escuchados ni amenazaron con renunciar.
Además,
cuando le inventaron una causa penal a Gils Carbó para “cargarse” a una
procuradora porque no les alcanzaban los votos en el Senado de la Nación
tampoco escuché que los fiscales salieran en masa a reclamar por la seguridad
jurídica o los derechos constitucionales. Y resulta que ayer vi a Raúl Pleé
–una persona que está muy bien que represente a ese sector-, uno de los actores
fundamentales en la ofensiva contra Gils Carbó, defendiendo los privilegios de
cuatro o cinco.
Le
agradezco su consideración, señor presidente, y les pido a los señores jueces
que se pongan a trabajar. Plata tienen; deben pedir a la Corte que se ponga a
pensar en un sistema que sea superavitario para ellos y no deficitario para el
pueblo argentino. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Valdés, por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Valdés.- Señor presidente: hoy
escuchaba al diputado Mario Negri pontificar sobre la ética de terceros respecto
de las intenciones que tendríamos al sancionar esta norma. En ese sentido, me
acordaba de que, al sancionarse la ley de solidaridad, se retiró de aquel
proyecto el tema de los regímenes especiales. Durante todo ese día anduvo
recorriendo los canales de televisión diciendo que nosotros los retirábamos
porque, entre otras cosas, queríamos esconder la basura debajo de la alfombra,
dando a entender que los sacábamos porque estaríamos negociando sentencias para
exfuncionarios.
En
aquel momento me dolió mucho, pero seguí las demás declaraciones que se
hicieron en esos días. Llegaron a publicar cosas tales como que “la oposición
le exigía a Alberto Fernández congelar las jubilaciones de los jueces”. Así
reza La política online del 20 de
diciembre de 2019. Allí, cuando estaban haciendo otra cosa de la que hacen
ahora, el problema era que nosotros le teníamos miedo a la corporación
judicial. Esto ocurrió hace menos de sesenta días.
“‘No
quieren decir si salvan a los jueces o no, pero vamos a saberlo antes de que
cante el gallo’, bromeó el radical Mario Negri.” “‘La ley del kirchnerismo
suspende la fórmula de movilidad por 180 días para todos los jubilados
superiores a la mínima, pero exceptúa a casi todos los regímenes especiales, y
está tan mal redactado que es imposible saberlo con precisión’, dijo Laspina”.
Petri habló en el mismo sentido, y así sucesivamente.
Cuando
el presidente Alberto Fernández cumplió con su palabra y en el mes de enero
remitió a este Congreso el proyecto de ley de modificación de estos regímenes,
empezaron a plantear que nosotros queríamos vaciar el Poder Judicial porque,
producto de esta decisión, los jueces se iban a ir en masa.
Entonces
-¡oh, sorpresa!-, encontré que el 21 de noviembre de 2018, ante un proyecto
mucho más duro de Garavano, los medios titulaban “Renuncia masiva de jueces
para evitar la reforma del gobierno que reduce sus jubilaciones”. Gobernaba
Mauricio Macri. ¿Qué querían hacer ellos con la Justicia en aquel tiempo? Esto
no prosperó porque seguramente desde una mesa judicial, que se vanagloriaban de
tener, salieron a negociar condenas para gente a la que tenían detenida
ilegalmente.
Nosotros
tenemos un solo concepto de justicia. Cuando nos convoca la Justicia, nosotros
nos presentamos, y de paso quiero decir que veo que se están autoconvocando en
Jujuy, porque el presidente del Superior Tribunal confesó que tienen detenida a
Milagro Sala por orden del gobernador Morales. Frente a la reacción que hemos
tenido, los mismos que hoy se han negado a discutir en este recinto -por un
concepto de justicia que tienen ellos y no que tenemos nosotros- se han
autoconvocado. ¿Acaso les parece bien? ¿Van a avalar lo que dijo el presidente
del Superior Tribunal?
A mí me
da mucho dolor que hoy no podamos debatir. Quizá es porque no tienen resuelta
la interna. Fíjense lo que dijo Elisa Carrió. El 22 de diciembre señaló: “Me jubilo en marzo y voy a
cobrar la cuarta parte de lo que cobraría si me jubilara por el Poder
Judicial.” No les cuento lo que continúa diciendo más adelante.
Creo
que hubiera sido muy bueno debatir esta cuestión cara a cara y sin imputarnos
cosas unos a otros.
Por
otro lado, quisiera decir –aprovechando que tengo el uso de la palabra‑
que hace dos días se cumplió un año de la mayor ignominia que he visto en
democracia en el Poder Judicial. Me refiero a la convocatoria a ocho audiencias
indagatorias a una expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta, y que de
esas audiencias indagatorias, convalidadas por los tribunales superiores, hayan
surgido tres juicios orales y públicos. (Aplausos.)
Es una vergüenza, un bochorno. A nadie le pueden tomar más de una declaración
indagatoria, ya no digo en un día, tampoco en una semana, porque no
corresponde. Sin embargo, le tomaron ocho y los medios lo naturalizaron como si
fuera algo normal. Lo peor de todo es que los tribunales superiores
convalidaron esa decisión ilegal del juez.
¿De qué
justicia estamos hablando? Quiero una justicia digna, que sea para todos y no
para quienes les toca ejercer el poder. (Aplausos.)
Sr. Presidente
(Massa).- En el entendimiento de que
no habrá discurso de cierre
por parte del interbloque minoritario, ya que se ha retirado del recinto,
corresponde que haga uso de la palabra como último orador del interbloque
mayoritario el diputado Moreau.
Sr. Yedlin.- Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente
(Massa).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado
Yedlin, por Tucumán.
Sr. Yedlin.- Señor presidente: solicito permiso para
insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente
(Massa).- De acuerdo, señor
diputado. Por supuesto que todos aquellos que deseen insertar su discurso en el
Diario de Sesiones, pueden hacerlo presentándolo por Secretaría.
Tiene
la palabra el señor diputado Moreau, por Buenos Aires.
Sr. Moreau.- Señor presidente: en primer lugar,
agradezco a los integrantes de los diversos bloques, que probablemente sin
compartir nuestro proyecto, se han quedado en el recinto ‑como se ha dicho acá‑ para
honrar el funcionamiento de la Cámara de Diputados.
En
realidad, es una lástima que no podamos debatir, no solamente porque sabemos
que tenemos argumentos sólidos para defender este proyecto, sino porque además
hubiera sido una gran oportunidad para que de cara a la sociedad argentina
pudiéramos dilucidar un aspecto que siempre se ha movido en los márgenes de la
oscuridad. Me refiero a esta cuestión genérica de las llamadas jubilaciones de
privilegio.
Los
diputados y senadores de la Nación Argentina todavía cargamos sobre nuestras
espaldas la falsa idea de que cobramos jubilaciones de privilegio. Quiero decir
–por mi antigüedad en esta función‑ que cuando ingresé a la Cámara en el
año 1983 efectivamente había jubilaciones de privilegio, que se habían
consagrado unos años antes, en 1975. En ese entonces, un diputado nacional, con
sólo ejercitar un día su mandato, ya estaba en condiciones de cobrar su
jubilación. Pero desde 1983 hasta el sistema político argentino, que ha sido
tan vapuleado por quienes quieren implantar en la Argentina los gobiernos
despolitizados, fue transitando un camino en el que de apoco fue despojando a
los legisladores de esos privilegios. Así es que hoy los legisladores nos
jubilamos en las mismas condiciones que cualquier ciudadano común, tanto en
materia de años de aporte como de edad. Además, en el camino también fuimos
abandonando otros privilegios, como por ejemplo los que se tenían para
distribuir pensiones graciables o becas estudiantiles. ¿Por qué? Porque el
sistema político, con sus aciertos, errores y defectos, fue comprendiendo la
necesidad de interpretar que el sistema de la seguridad social debía ser
democratizado.
Sin
embargo, no ocurrió lo mismo con el Poder Judicial. Hubo infinitos intentos
–que acá ya han sido enumerados‑ a fin de lograr que el sistema judicial
argentino renuncie a estos privilegios, no ya a la totalidad sino a una parte
de ellos. En este sentido, podría mencionar una larga lista de intentos
frustrados para que esto ocurra, tanto en el ámbito del Parlamento como fuera
de él. No obstante, me voy a remitir solamente a un ejemplo que es contundente.
El 10
de abril de 2001 ‑retengan la fecha porque ya estábamos pisando una de
las crisis más graves de la Argentina‑, la Corte Suprema hace lugar a un
amparo de diferentes jueces, en un fallo denominado “Gaibisso, César y otros”,
debido al intento de modificar los regímenes de privilegio de la Justicia.
¿Qué
dice el fallo de aquella Corte? Indica que el régimen previsional de
magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación fue establecido por
la ley 18.464. Escuchen bien porque en la exposición de motivos de ese plexo
normativo, el legislador señaló que era necesario, etcétera. ¿Saben de cuándo
es esa ley? Del 10 de diciembre de 1969. ¿Saben quién era “el legislador”? El
dictador Onganía, que encabezó la represión en el Cordobazo, y firmó la ley
junto con Guillermo Borda, que era ministro.
En ese
mismo fallo, la Corte dice que posteriormente se promulgó una ley ‑la
22.940‑ para ordenar el texto que fue aprobado por el decreto 2.700 del
83. ¿De qué fecha es el decreto? Del 6 de octubre de 1983, cuatro días antes de
que asumiera el gobierno democrático. ¿Quién firmó el decreto? En este caso, el
dictador Bignone.
En esto
se apoyan estos privilegios. Por eso es indignante que ayer hayan venido al
Parlamento ‑como ocurrió en la comisión‑ algunos representantes del
Poder Judicial a decir que venían a defender el artículo 110 de la Constitución
Nacional, la institucionalidad, la intangibilidad, etcétera, cuando apoyan
todos estos privilegios en los regímenes de facto.
Posteriormente,
cuando viene la democracia se intenta avanzar –porque esta no es la primera vez
que se lleva a cabo esta discusión en el Parlamento‑ sobre estos
privilegios. En 2002, si la memoria no me falla, en plena crisis se hizo un
intento que acá ya fue recordado. El expresidente Duhalde y la exministra de
Trabajo, Graciela Camaño, vetaron los artículos que hacían referencia a la
desaparición de estos privilegios.
Yo no
voy a emitir un juicio de valor porque era un momento difícil de la Argentina.
Seguramente aquel gobierno estaba ‑como lo han estado muchos otros‑
extorsionado por la Corte, que después el presidente Kirchner tuvo que
modificar. Lo cierto es que en aquel momento esos privilegios fueron vetados.
Hoy
traemos nuevamente esta cuestión para su debate en el Parlamento, pero creo que
es muy pernicioso para el sistema político argentino pretender bastardear una
discusión de esta naturaleza, como se lo ha venido haciendo desde las voces de
la oposición de Juntos por el Cambio y, obviamente, desde algunos medios. Ya se dijo acá: nosotros no venimos a tomarnos la revancha
política con la corporación judicial. No nos anima ningún espíritu de venganza.
Lo que venimos a plantear es un debate
para mejorar el sistema previsional argentino y, es más, el sistema de la
seguridad social de la Argentina.
Ahora, no podemos dejar pasar por alto
algunas suspicacias, si de suspicacias se trata. Se ha intentado instalar la
idea de que queremos vaciar el Poder Judicial para generar impunidad en la investigación
de causas del pasado. Eso es una canallada, porque del mismo modo yo podría
creer que el bloque Juntos por el Cambio está intentando salvar a sus amigotes
para que no avance la investigación del Correo, para que no avance la
investigación del peaje y para que no avance la investigación de los espionajes
de la AFI. (Aplausos.)
Ahora, tienen una dificultad, porque
esos mercenarios, por ser mercenarios, no quieren perder un peso y se quieren
ir del Poder Judicial porque no es gente de convicciones. Contrataron
mercenarios en la justicia, fiscales y jueces que ahora dicen: “No, si voy a
perder un peso, yo no me quedo”. Si son mercenarios, que haga un fondo de
compensación “Nicky” Caputo, que mucha plata ganó, y que lo siga pagando él
pero no la sociedad argentina, y mucho menos dañando el sistema de la seguridad
social, que es lo que nosotros vinimos a discutir aquí; no estas suspicacias
que ellos han querido instalar.
Ayer, como dijo Rodolfo Tailhade,
hemos tenido que escuchar con indignación a representantes de los fiscales y de
los jueces que venían a decirnos que con esta decisión íbamos a desalentar la
carrera judicial. ¡Pero ellos desalentaron la carrera judicial! Ellos han
sembrado descreimiento en los chicos que en las facultades de Derecho estudian
exactamente lo contrario a lo que ellos hacen en los tribunales. Son ellos los
que han sembrado esa desazón entre los que quieren hacer una carrera judicial
con honestidad.
¿Cómo no van a tener desazón cuando
ven que un fiscal estuvo casi un año fugándose y eludiendo la responsabilidad
de ir a una indagatoria cuando fue convocado por un juez de la Constitución? (Aplausos.)
¿Cómo no va a haber frustración cuando
vieron que el presidente de la Nación Argentina salía por radio y televisión
diciendo que había que echar al juez Ramos Padilla apenas se inició la
investigación sobre la red de espionaje que se descubrió en la Argentina
paralela a la actividad de la AFI?
¿Cómo no se van a desilusionar esos
chicos que ven que ese Poder Ejecutivo, apenas asumió, quiso poner por decreto
dos jueces en la Corte?
Podría seguir: ¿cómo no se van a
desilusionar cuando vieron que echaron jueces que, entre otras cosas, habían
procesado a Macri, como es el caso de Ballestero, Freiler y Farah, que fueron
expulsados de las cámaras por el hecho de que en el pasado habían llevado
adelante el procesamiento del presidente Macri?
Esa es la frustración; no es una
frustración económica. Yo entiendo que ellos siempre tengan una mirada
vinculada a cuánto entra y cuánto sale, sobre todo a cuánto entra en los
bolsillos de ellos. Es una frustración moral, pero tampoco es cierto que esto
esté generando que los chicos se alejen de la posibilidad de la carrera
judicial.
Fíjese usted, señor presidente, cómo
se contradicen al señalar: “Si modificamos este régimen, no va haber atractivo
económico y la gente se va a alejar de la carrera judicial”. ¡Mentira! Digo
esto porque en 2017, después de muchas idas y vueltas, los nuevos jueces
renunciaron al beneficio de no pagar el impuesto a las ganancias. ¿Alguien dejó
de presentarse en los concursos? A los concursos se presentaron todos,
principalmente las nuevas generaciones. Entonces, no es cierto. Están mintiendo
descaradamente.
Y otra cosa que también hay que
subrayar. Ellos dicen: “Estas jubilaciones nos dan garantía de independencia
porque no somos extorsionados por el Poder Ejecutivo de turno”. Pero se da la
paradoja de que ellos han utilizado precisamente el monto de esas jubilaciones
para extorsionar, alinear y disciplinar a los jueces.
Iba a traer a este recinto, y no lo
hice por un problema de pudor -porque me parece bochornoso para el propio Poder
Judicial-, la grabación de la reunión que tuvo el ministro Garavano y un juez
de apellido Cabral, que representaba a los jueces en el Consejo de la
Magistratura, con el juez Rozanski, donde lo apretaron precisamente diciéndole
que, si no renunciaba, lo dejaban sin la jubilación. Es al revés: han reunido
tanta plata en esas jubilaciones que ahora eso es lo que impide la
independencia de los jueces, porque los extorsionan con dejarlos sin jubilación
si no se alinean con las instrucciones del Poder Ejecutivo. Por supuesto, ellos
creen que esa grabación no la escuchó nadie porque no se pasó en TN. Se han
equivocado tantas veces. El rating de
TN empezó a caer mucho antes de que el pueblo argentino los aplastara en las
elecciones. Eso ya les debería haber servido de síntoma para saber que algo
estaba pasando en la sociedad argentina.
Lo que venimos a hacer hoy en realidad
es a tratar de poner en orden -y todas las decisiones que se han ido tomando-
el sistema de la seguridad social, porque esto es lo que está en debate. Esta
es una discusión que está íntimamente vinculada a la discusión sobre la
renegociación de la deuda, pero no en el sentido que plantean algunos de
nuestros compañeros de izquierda -por quienes tengo un gran respeto‑; es
exactamente al revés. Nosotros queremos recomponer el sistema público de
reparto para que no se lo lleven puesto.
El gobierno de Macri llevó adelante
decisiones para vaciar el sistema. Por eso creció exponencialmente el déficit
de la ANSES y por eso cayó brutalmente el fondo de garantías.
¿Ustedes escucharon alguna vez a algún
sector poderoso de la economía o a los fondos de inversión diciendo que están
preocupados por las jubilaciones de privilegio? ¡No, qué les va a preocupar!
Cuanto más rápido se vacía el sistema, es más fácil para ellos acceder a la
posibilidad de la privatización.
Entonces, lo que queremos hacer con
las decisiones que tomamos es recomponer el sistema, porque muchos de los
fondos de inversión, casi todos ellos, administran fondos de pensiones
privados.
En México, por ejemplo, BlackRock
administra 160.000 millones de dólares que provienen de los fondos de pensión.
¿De dónde creen que sacan la plata? Ese único fondo de inversión administra en
el mundo 7 billones de dólares, y la mayor parte de ese dinero proviene de los
fondos de pensión y jubilación.
Nosotros queremos evitar que nos
ocurra lo mismo. Queremos reforzar nuestro sistema, y eso es lo que está en
discusión. El debate sobre la reforma del Poder Judicial es otra discusión, de
otro momento. Que se hagan cargo de ellos de las suspicacias.
Hoy lo que queremos hacer es mejorar
el sistema de reparto en Argentina, hacerlo más equitativo y democratizarlo.
Queremos tomar la idea de reforzar derechos ciudadanos, y no derechos
individuales para que se consagre el “sálvese quien pueda”. Entonces, en ese
camino, queremos decir con toda claridad que tienen que ceder algo.
Quiero elogiar públicamente las
palabras del ex ministro Lavagna, vertidas unas horas atrás, cuando dijo:
“Nadie quiere ceder nada”. Es cierto: nadie quiere ceder nada.
Ahora nosotros tenemos un compromiso
con los que nos votaron. Que nadie se equivoque: para nosotros la elección no
es un cheque en blanco que nos dio la sociedad para que lo llenen las
corporaciones judiciales, las corporaciones mediáticas ni las corporaciones de
exportadores. Para nosotros este es un contrato electoral. Tampoco dejaremos llenar ese cheque a
los fondos de inversión. ¡No vamos a entregar el sistema público solidario y de
reparto! ¡No lo vamos a entregar! ¡Lo vamos a recomponer! (Aplausos.)
Además,
que “no se hagan los rulos” ‑como dice la expresidenta, ahora
vicepresidenta‑, como algunos lo están haciendo. Vamos a defender el
bolsillo de los argentinos.
Ellos
con nosotros se equivocan. Creyeron que veníamos a incumplir el contrato
electoral, pero venimos a cumplirlo. No habrá aumentos indiscriminados de
tarifas. Van a tener que discutir, y mucho, y deberán demostrar cuánta plata se
llevaron los dueños de esas empresas con la fuga de capitales, cuánto dejaron
de invertir y cuánto puso el pueblo argentino. (Aplausos.)
Dentro
de pocas horas vendrá a este recinto el presidente Fernández. ¿A qué viene? A
ratificar ese compromiso electoral. Lo que pasa es que ellos no creían que
nosotros íbamos a cumplir ese compromiso electoral. Ellos pensaron que
presionando un poquito de acá y otro poquito de allá íbamos a ceder. La
situación es muy crítica, como dijo Lavagna. Es tremendamente crítica.
Todavía
no tienen una conducción política, y se corren todos por derecha para ver quién
es más Bolsonaro. Pero tienen que saber que la sabiduría del pueblo argentino
en las elecciones de agosto y octubre salvó a la Argentina de ser Chile, o
quizás de algo peor. Y esa sabiduría la vamos a defender, señor presidente.
Nosotros
no vamos a poner en riesgo la democracia para que la lleven puesta los
indignados. En todo caso, a los indignados los representamos nosotros, que son
los que durante cuatro años tuvieron que sufrir la política de tierra arrasada
en la Argentina. ¡Tampoco vamos a entregar la democracia!
O sea
que no vamos a entregar la democracia, ni los fondos del sistema público de
reparto, ni los ingresos de los argentinos. ¡Vamos a cumplir nuestro contrato
electoral! (¡Muy bien! ¡Muy bien!
Aplausos prolongados.)
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de
la Comisión de Previsión y Seguridad Social y otra recaído en el proyecto de
ley por el cual se modifica la ley 24.018 y sus modificatorias, Régimen
Previsional Especial de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas, y la ley 22.731, de Régimen Previsional Especial para
Funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al
tablero electrónico, sobre 131 señores diputados presentes, 128 han votado por
la afirmativa, registrándose además 2 abstenciones.
Sr. Secretario (Cergnul).-
Se han registrado 128 votos afirmativos y 2 abstenciones.
Sr. Presidente (Massa).- Queda sancionado en general. (Aplausos.)
En
consideración en particular el Título I, Régimen Jubilatorio para Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación.
Tiene
la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr. Ramón.-
Señor presidente: propongo un agregado en el artículo 1°. De acuerdo con
la fundamentación que hicimos durante el tratamiento en general, solicito que
en el artículo 1°, por el que se sustituye el artículo 8° de la ley 24.018 y
sus modificatorias y su Anexo I, se incluya a los prosecretarios y a los jefes
de despacho.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Siley, por Buenos Aires.
Sra. Siley.- Señor presidente: en el mismo sentido
que lo expresado por el diputado preopinante, y cumpliendo con lo expresado por
las organizaciones sindicales en el plenario de comisiones realizado en el día
de ayer, solicito la incorporación de esos dos cargos, es decir, el de
prosecretario administrativo y el de jefe de despacho. Quiero aclarar que
también deben incorporarse en cada uno de los incisos del Anexo I ‑es
decir, en los incisos a), b) y c)‑ para que estén comprendidos en todas
las jurisdicciones.
Señor
presidente: quiero agradecer a nuestro bloque, el Frente de Todos –y de todas‑,
por haber escuchado la demanda de los trabajadores y haber respetado la carrera
judicial en un momento de crisis. Agradezco haber respetado que no sean los de
abajo los que deban pagar la crisis que heredamos del macrismo y que siempre
estemos del lado de los humildes y trabajando para ellos.
De
manera que, orgullosamente, adhiero a esta petición que hiciera también mi
organización sindical. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- ¿La comisión acepta la modificación propuesta?
Sr. Casaretto.- Señor presidente: de acuerdo con lo
expresado al referirnos al dictamen de mayoría, en el Anexo inicialmente
remitido ya habíamos incorporado el cargo de secretario de la Procuración
General de la Nación. Y ahora aceptamos la incorporación de estos cargos
propuesta por el diputado Ramón y la diputada Siley.
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar el artículo 1°, con las modificaciones propuestas
y aceptadas por la comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr. Casaretto.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Casaretto.
Sr. Casaretto.- Señor presidente: dado que para el resto
de los artículos no se propondrán modificaciones, hago moción de que votemos en
forma conjunta los artículos 2° a 20 inclusive, siendo el artículo 21 de forma.
Sr. Presidente (Massa).- En consideración la moción formulada por el señor diputado
Casaretto.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Se procederá en la forma indicada.
En
consecuencia, se van a votar los artículos 2° al 20 en una sola votación.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 21 es de forma.
Sr. Presidente (Massa).-Queda sancionado el proyecto de ley. (Aplausos.)
Se
comunicará al Honorable Senado.
La
Presidencia requiere el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las
inserciones solicitadas por los señores diputados.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Massa).- Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.
Habiéndose
cumplido con el objeto de esta convocatoria, queda levantada la sesión.
- Es la hora 15 y 56.