-
- En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los quince días del mes de mayo de 2019, a la hora 11 y 48:
- 1 -
Sr. Presidente (Monzó).- Con la
presencia de 129 señores diputados queda abierta la sesión especial convocada
conforme al requerimiento efectuado por varios señores diputados en número
reglamentario.
Invito a la señora diputada por
el distrito electoral de Santa Fe doña Astrid Carolina Hummel y al señor
diputado por el distrito electoral de Tucumán don Pablo Raúl Yedlin a izar la
bandera nacional a media asta en el mástil del recinto.
-
- Puestos de pie los señores diputados y el público presente, la señora
diputada doña Astrid Carolina Hummel y el señor diputado don Pablo Raúl Yedlin
proceden a izar la bandera nacional a media asta en el mástil del recinto. (Aplausos.)
- 2 -
Sr.
Presidente (Monzó).-
Invito a los señores diputados y al público presente a entonar las estrofas
del Himno Nacional Argentino, que será interpretado por un cuarteto de la
Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación.
-
- Puestos de pie, los señores diputados y el público presente entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos.)
- 3 -
Sr.
Presidente (Monzó).-
Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia
mediante la cual se convoca a sesión especial.
Sr. Secretario (Inchausti).-
Dice así: “Visto la presentación efectuada por el
señor diputado Mario Raúl Negri y otros señores diputados y señoras diputadas,
y la posterior solicitud de ampliación de temario por la que se solicita la
realización de una sesión especial para el día 15 de mayo de 2019 a las 11
horas, y considerando los artículos 35 y 36 del Reglamento de la Honorable Cámara,
el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve: artículo
1°.- Citar a los señores diputados y
a las señoras diputadas para el día 15 de mayo de 2019, a las 11 horas, a fin
de considerar los siguientes expedientes: expediente 12-S.-2019, ley 26.215, de Financiamiento de los Partidos Políticos, y
ley 19.945, de Código Electoral Nacional, modificación, Orden del Día N° 1056;
expediente 6.234-D.-2018, Ley
Nacional de Acceso a la Justicia Colectiva, Orden del Día N° 552.
“El
artículo 2° es de forma.”
- 4 -
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia informa que obra en Secretaría el informe de la
Junta Electoral del distrito de La Rioja en el que se determina quién sigue en
el orden de lista para ocupar la vacante del señor diputado don Héctor Enrique
Olivares, fallecido el 12 de mayo de 2019.
La
Presidencia informa que se encuentra en antesalas el señor diputado electo por
el distrito de La Rioja, don José Luis Moretti.
Si
hubiere asentimiento de la Honorable Cámara, se lo invitará a aproximarse al
estrado para prestar juramento.
-
- Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Invito al señor diputado electo por el distrito de La Rioja a
prestar juramento.
-
- Puestos de pie los señores
diputados y el público presente, y requerido por el señor presidente el
juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por
Dios y la Patria el señor diputado don José Luis Moretti, y se incorpora a la
Honorable Cámara. (Aplausos.)
Sr. Moretti.- Si me permite, señor presidente: simplemente quisiera decir unas breves
palabras. Me toca asumir en esta lamentable situación que todos…
Sr.
Presidente (Monzó).- Diputado: desde la banca tendrá oportunidad de expresarse.
Sr. Moretti.- Muy bien, señor presidente. (Aplausos.)
- 5 -
I
Sr.
Presidente (Monzó).- Para un homenaje por el fallecimiento del exdiputado Héctor
Olivares, tiene la palabra el diputado Mario Negri, por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: en pocas palabras
quiero, más que rendir un homenaje, recordar la memoria de Héctor Olivares,
quien además de pertenecer a mi partido, a nuestro bloque y a nuestro
interbloque, era un colega de la Cámara.
Por
encima de ser un dirigente político era primero una persona ejemplar, de la que
se va a poder dar testimonio, cargado de solidaridad, de diálogo franco,
cargado de amigos, obstinado por la política de cercanía, como se hace en esas
provincias –como la de La Rioja‑. Lo pudimos comprobar por televisión en
ocasión de la despedida en su pueblo, donde hubo casi tres kilómetros de cola
de automóviles y donde la gente andaba a pie, caminando en esos pueblos
polvorientos, entendiendo a la política como siempre él la entendió, ya que en
esos lugares no hay otra manera de hacerlo que no sea tratando de ser la voz y
la solución de problemas que a lo mejor nunca en la vida se solucionarán para
miles de familias.
Héctor
Olivares estudió en Córdoba. Seguía viviendo espiritualmente en esa provincia,
y en La Rioja lo hacía personal y políticamente.
Sus
hijos estudiaban en Córdoba, así que los que somos de esa provincia y fuimos
colegas del interbloque lo veíamos seguido. Era un productor olivícola, como se
definía él, y arauqueño. Sentía pasión por lo que producía en su pequeña
fábrica, por lo que vendía, y no se le caía de su boca la discusión sobre las
economías regionales y cómo mantenerlas en pie.
Héctor Olivares además era presidente de
nuestro partido, y hay más descripciones de dirigentes políticos en relación
con los gestos que ha tenido, que no son de circunstancia frente al hecho
trágico.
Si
el fallecido no hubiese sido diputado a lo mejor no se hubiese puesto en
evidencia lo grotesco de la violencia de una sociedad que se mueve con toda
impunidad detrás de la muerte. Desgraciadamente la muerte de Héctor Olivares en
esa mañana trágica, cuando lo balearon junto a su compañero caminando en las
puertas del Congreso, es como una conjunción fatídica ocurrida en la calle que
cruza el lugar de su trabajo, del que no se alejaba.
Pero
debo decir que, al verlo arrastrándose en el piso durante la sobrevida, donde
un solo tiro lo hizo padecer más que los diez disparados a la persona que
mataron en forma inmediata, sentí estupor. Vi ese video que se repetía a lo
largo de la Argentina y que mostraba cómo se puede matar y mirar al costado,
dejarlo caer en el piso, esperar más de dos minutos y medio –tal como conté en
el video- hasta que se abrieron las puertas del auto, se cerraron y se fueron,
dejando de manifiesto lo que vale la vida: prácticamente nada.
A
nosotros nos conmovió por ser un colega, por ser la persona que era, y el país
se enteró porque era un diputado de la Nación.
Héctor
Olivares puso en evidencia lo que sucede en la Argentina en muchos puntos de
nuestro país sin que ocupen ese lugar en las pantallas de la televisión ni en
los diarios.
¿Cómo
hay un sector de gente de la sociedad donde la decisión de matar o vivir es
solamente una circunstancia, aunque sea lo más injusto y lo más absurdo? Se
conjugó en su muerte lo absurdo, se conjugó en su muerte la fatalidad y se
conjugó en su muerte, creo yo, un tema sobre el que debemos reflexionar muchas
veces, y más los que estamos en la política.
En
la política se combate por ideas y se exponen pasiones, pero fíjense lo que
vale una vida en una sociedad donde la violencia tiende a moverse con toda
tranquilidad por las calles de una ciudad.
No
se le puede agradecer a un muerto, pero Héctor Olivares ha hecho un gran
servicio tras la fatalidad de su fallecimiento al mostrar el rostro de un
Argentina que también padece esta situación en nuestra sociedad. Se trata de un
mal que debemos erradicar, un cambio cultural, una política en la que nos
debemos comprometer todos, porque si se mueven de esa manera es porque hay
espacio para hacerlo. Si se puede actuar, matar, esperar y ver cómo se termina
de desangrar una persona es porque hay un espacio en la sociedad que lo tolera.
La
tecnología trajo las cámaras que muestran el absurdo. Muestran cómo te matan
pero no evitan la muerte.
En
el cariño y en el recuerdo tendremos presente siempre a Héctor Olivares como un
dialogador que se pasaba horas conversando, como un gran amigo, como un
dirigente político comprometido con sus convicciones y con nuestro partido, y con
una enorme lealtad en nuestro interbloque en los momentos no de aplausos, sino
en los difíciles.
La
política lo debe recordar como un hombre que tuvo una conducta ejemplar, no
porque lo reconozcamos los dirigentes sino por la forma en que un pueblo, en
caminos polvorientos y sufridos lo despidió, porque sintió siempre que se ocupó
de ellos y era su voz.
Por
lo tanto, dejo rendido mi homenaje –nuestro homenaje‑ a la ausencia y a
la desaparición de Héctor Olivares. Debemos tener presente su conducta. Hay
muchos Olivares en la Argentina, pero había uno que, por el cargo que ocupaba,
pudo mostrar a la Argentina lo que es el país y el rostro de lo que era una
persona que representaba al pueblo. (Puestos
de pie, los señores diputados prorrumpen en aplausos prolongados.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Agustín
Rossi, por Santa Fe.
Sr.
Rossi.- Señor presidente: estamos aquí para
rendir homenaje a nuestro compañero, nuestro colega, que absurdamente encontró
el final de su vida en un hecho por el cual todos nos consternamos.
No
es fácil despedir a un colega, más aún cuando su muerte es de forma inesperada.
Todo
lo que sucedió alrededor del fallecimiento de Héctor Olivares tiene varios aspectos.
Es imposible hablar como lo hizo el señor diputado Negri, que es del mismo
partido y por ello hay afectos que son entrañables y de muchos años. En nuestro
caso, sentimos respeto, reconocimiento y consideración por él y su familia.
Cuando
nos enteramos de este hecho, todos nos consternamos, tanto porque se trataba de
un colega como porque su muerte se produjo a escasos 200 o 300 metros de esta
casa.
Luego
se empezaron a tejer una cantidad de especulaciones imprudentes y en este
sentido quiero destacar el proceder de esta Cámara, con usted a la cabeza,
señor presidente. En ningún momento los diputados del oficialismo ni los
diputados del mismo partido que Olivares se sumaron a aquellas especulaciones
que daban vueltas por los medios de comunicación.
Cabe
destacar que siempre hubo una mirada de responsabilidad, de preocupación, de
consternación por todo lo que había pasado y, sobre todo, siempre hubo una
mirada de mucha serenidad. Creo que esto habla bien del cuerpo como
institución, porque si hubo un lugar en el que no se especuló, fue en esta
Cámara de Diputados; si hubo quienes no especularon, fueron quizás los
diputados más amigos o más cercanos a Héctor Olivares.
Nosotros
estuvimos donde debíamos estar, junto a usted y otros diputados de la oposición,
acompañando a los familiares y a quienes estuvieron durante los primeros
momentos en el sanatorio. Nos pusimos a disposición y tratamos de evitar
cualquier tipo de consideración que no sirviese a las instituciones ni a la
política. Sentí que en esto estábamos todos del mismo lado y en el mismo lugar.
Queremos
expresar el acompañamiento de todo nuestro bloque a la familia Olivares, al
interbloque Cambiemos y al bloque de la Unión Cívica Radical. Sabemos el dolor
que significa la pérdida de un compañero, de un compañero en ejercicio de sus
funciones, y el dolor que provoca una muerte tan absurda e inesperada. Nos
sumamos a ese dolor.
Por
último, quisiera reflexionar sobre algo que me parece que vale la pena
destacar. Hubo mucha carroña dando vueltas durante las primeras horas del
hecho. Nosotros, como institución y como cuerpo, no nos sumamos a esa carroña. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Para el mismo homenaje, tiene la palabra el señor diputado
Selva, por Buenos Aires.
Sr.
Selva.- Señor presidente: hago propias las
palabras de los dos presidentes de bloque que me antecedieron. En lo personal,
mi bloque me ha delegado el honor de poder expresarme en este momento en su
representación en esta Cámara. Junto a algunos otros legisladores de distintos
partidos nos encontrábamos en el exterior cuando se produjo este hecho. La
consternación y la preocupación nos cubrió a todos por igual.
En
lo que a mí respecta, asumí una relación personal con Héctor en la Comisión de
Economías y Desarrollo Regional, junto a varios de quienes estamos aquí
presentes. Allí pudimos ahondar en una de las cosas más importantes a las que
nos conduce la labor legislativa que es conocernos y dimensionar el valor de
los seres humanos. Héctor se brindaba con mucha simpatía, nos hacía sentir bien
en todo momento y nunca perdió su responsabilidad en la representación de su
partido y de su bloque. Siempre tuvo amplitud de criterio para recibir
opiniones disidentes, como en mi caso, y pudimos crear un verdadero vínculo de
amistad que les consta a los diputados de Cambiemos.
Héctor
tenía, en esta bonanza de persona, una actitud de desprendimiento de presentes.
A todos nos gustan las cosas materiales, pero no por lo material propiamente
dicho, sino por el reconocimiento de la labor. Hemos sido varios en esta Cámara
los destinatarios de su producción y de su demostración de que nos tenía
presente.
En
lo personal, si hay algo que puedo agregar a todo esto es que cuando uno
visualizaba esa terrible filmación, veía un hecho que había pasado pero que uno
no podía abstraerse de llevarlo al presente, sintiendo una gran impotencia.
Veíamos a un amigo herido, que se estaba desangrando, y la desaprensión de los
autores materiales del hecho, que no mostraron ningún grado de valor por la
persona que estaba suplicando. La palabra que vino a mi mente fue impotencia.
Por
último, quiero decir que valoré mucho a la persona de Héctor Olivares, al
diputado Héctor Olivares, y en tal sentido van mis condolencias a su bloque, a
sus familiares y amigos. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Para el mismo homenaje, tiene la palabra el señor diputado
Herrera, por La Rioja.
Sr.
Herrera (L.B.).- Señor presidente: si hay una
muerte injusta y absurda es la que tuvo el amigo Héctor Olivares. Hablo en mi
condición de riojano, comprovinciano de Héctor, en mi condición de político
–que tuvo a Héctor como un digno adversario‑ y hablo en nombre del
peronismo de La Rioja, que se quedó consternado. Francamente, toda la
dirigencia institucional de La Rioja, desde su gobernador hasta los senadores y
diputados nacionales, intendentes, concejales, diputados provinciales, vivió
esta muerte como la tragedia que fue y acompaña a su familia con este sentido
homenaje.
Héctor
fue un amigo, un hombre que tenía una característica muy especial: era una
persona trabajadora y guapa. Increíblemente, todos los días se levantaba a las
6 de la mañana, iba a caminar y luego a trabajar. Estaba siempre presente en el
Congreso, cumplía con su labor en las comisiones, y el día jueves de cada semana
ya estaba en algún pueblo de La Rioja haciendo campaña, con una lealtad
inclaudicable a su partido, la Unión Cívica Racial, y a Cambiemos.
Esto
hizo que todos nosotros lo respetemos y podamos brindarle hoy un homenaje al
entrañable amigo y correligionario Héctor Olivares.
En
lo que a mí respecta, nunca vengo los lunes a Buenos Aires, pero este lunes lo
hice para saludarlo acá, en el Congreso, y justo coincidí con el presidente
Macri, que estaba despidiéndolo también.
Me
abracé con su señora y con sus hijos y ahí sentí su agradecimiento. Todos
llorábamos y estábamos quebrados. Fue muy importante para toda la dirigencia
opositora de La Rioja sentirlo, despedirlo y abrazar a su familia. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Para el mismo homenaje, tiene la palabra el señor diputado Solá,
por Buenos Aires.
Sr.
Solá.- Señor presidente: es increíble que estemos
en sesión y que no esté en su banca el colega diputado Héctor Olivares. Cuando
trajeron sus restos al Congreso, el señor diputado Borsani –su compañero de
banca‑ me decía que no podía creer que no iba a estar más sentado a su
lado.
Decir
que su muerte es inexplicable no basta; decir que le arrancaron a su familia
una persona de la manera más injusta e infortunada no basta. La locura asesina,
muchas veces está escondida en las calles; en ocasiones se deja ver, mientras
que en otras aparece de esta manera, temprano a la mañana, cuando dos personas
van caminando. Recordemos, aunque no lo hayamos conocido, que con Héctor
Olivares iba Miguel Yadón.
Podemos
decir mucho, pero a veces las palabras no son la mejor expresión.
Frente
a la muerte de una persona como Héctor Olivares, alguien indudablemente
querido, prudente, trabajador y buen diputado, en nombre de mi bloque hago
llegar el pésame a su familia –ya lo hice personalmente‑, a sus
compañeros y a sus correligionarios de Cambiemos.
También
este cuerpo ha quedado golpeado. Me parece atinado lo que dijo el presidente
del bloque del Frente para la Victoria, diputado Agustín Rossi, acerca de la
sobriedad y la discreción de la Cámara ante este crimen insólito y absurdo.
Desde
el punto de vista personal me pregunto, como lo he hecho otras veces, por qué
una persona que trabaja con uno durante tantos años no es alguien conocido y
cercano. Lamento mucho no haberlo conocido un poco más, más allá del saludo.
Finalmente,
quiero recordar algunas palabras que he pronunciado en otras ocasiones y que me
parecen insustituibles para reflexionar frente a la muerte. Me refiero a
aquellas que escribiera Miguel Hernández, poeta que murió en la cárcel, ante la
muerte de un amigo: “No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida
desatenta,…” Cuando alguien así muere, uno piensa en que estuvo desatento y no
reparó en él. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Para el mismo homenaje, tiene la palabra el señor diputado
Lousteau, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lousteau.- Señor presidente: en representación de
mi bloque quiero sumarme a este homenaje al señor diputado Héctor Olivares y a
su asesor Miguel Yadón, y expresar nuestro dolor, nuestra consternación y
nuestra solidaridad a sus familias y amigos.
Las
imágenes de lo ocurrido nos producen consternación, impotencia –como alguien
dijo‑, bronca e incluso incredulidad.
Ante
la pérdida de una vida, cegada tan tempranamente y, sobre todo, de forma tan
inesperada y absurda, quiero hacer dos reflexiones.
La
primera tiene que ver con el estado de ánimo de la sociedad en que vivimos y
las capacidades –mejor dicho, las incapacidades‑ del Estado que fuimos
creando con el correr del tiempo.
Sabemos
que estos hechos ocurren; pero como dijo el señor diputado Negri, en este caso
se visibilizaron de manera truculenta a pocas cuadras del Congreso luego de que
las imágenes fueran captadas por las cámaras.
El
señor diputado Solá habló de locura. Yo agrego desidia por la vida de otra
persona, desdén y sensación de impunidad. Todo esto refleja no solo que la
sociedad ha perdido un montón de valores absolutamente imprescindibles para
vivir con el otro, sino también la propia impotencia del Estado para determinar
cómo debemos convivir.
Mi
segunda reflexión se vincula con la calidad humana y política del señor
diputado Héctor Olivares. A nuestro entender, una manera adicional de
homenajear su memoria consiste en rescatar tanto los valores humanos que vimos
en las imágenes de la despedida que tuvo en su pueblo como su decencia
política. Reinterpretando y privilegiando esos valores podremos contribuir,
entre todos, a curar nuestro cuerpo social. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Para el mismo homenaje, tiene la palabra la señora diputada
Sapag, por Neuquén.
Sra.
Sapag.- Señor presidente: estamos en este recinto
despidiendo con profundo dolor al señor diputado Héctor Olivares.
No
ahondaré en sus virtudes como legislador y como persona, que por cierto eran
muchas y ya han sido descriptas por sus compañeros más cercanos. Sin duda es
una gran pérdida para esta casa, y una pérdida aún mayor para su familia y
amigos.
El
jueves, muy temprano, cuando todavía no alcanzaba a comprender qué había
ocurrido, empezaron a circular versiones de todo tipo; una más espantosa que la
otra. Una posibilidad era que se tratara de un asesinato por cuestiones
políticas, un atentado contra la propia democracia. Se repasaron los temas en
los que el diputado estaba trabajando, buscando allí los motivos de tal
atrocidad.
Este
asesinato atroz, cobarde y artero no solo no debe quedar impune; la Justicia
debe caer con su máximo peso sobre quienes lo perpetraron, independientemente
de cuál haya sido la razón. No desviemos la atención con el análisis de los
posibles móviles ni perdamos el foco. Lo grave, lo tremendo, es que se ha
perdido una vida útil para la República.
¿A
qué punto hemos llegado, que somos capaces de pensar que a un ciudadano pueden
matarlo por sus ideas o por su trabajo como legislador? ¿Qué nos pasa como
sociedad? ¿Qué valor damos a la vida del otro?
Hago
mías las palabras de la esposa del señor diputado Héctor Olivares: necesitamos
el urgente esclarecimiento de estos hechos.
Desde
el bloque Movimiento Popular Neuquino vaya nuestra solidaridad y todo nuestro
apoyo a su familia, sus amigos y su equipo de trabajo. Esperamos que el peso de
la Justicia caiga sobre los culpables. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Moretti, por La Rioja.
Sr.
Moretti.- Señor presidente: me toca asumir esta
función en las circunstancias ya descriptas. Por lo tanto, no utilizaré
calificativos al respecto.
Con
el querido amigo Héctor teníamos muchas diferencias. Primero, el origen
político: el venía de su querida Unión Cívica Radical y yo, del justicialismo.
Segundo, él era empresario y yo soy sindicalista. Sin embargo, eso no nos
impidió trabajar juntos y congeniar en la búsqueda de objetivos comunes para el
pueblo de La Rioja. Pese a ser él de la Unión Cívica Radical y yo del Frente
Renovador, pudimos desarrollar tareas en conjunto.
Esto
me ha quedado grabado. Espero poder cumplir con esta función y estar a la
altura de lo que él fue, para honrar su ejemplo y seguir trabajando unidos en
la Cámara de Diputados o el lugar que corresponda, por los argentinos y, en mi
caso, particularmente por mis comprovincianos de La Rioja. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Mendoza, por Buenos Aires.
Sra.
Mendoza (J.).- Señor presidente: es difícil no
emocionarse.
Quiero
recordar a Héctor como un gran amigo de la juventud radical y de Franja Morada.
Para muchos de nosotros fue un
referente y un amigo. Para mí particularmente fue como un padre en esta Cámara,
me ayudó desde el primer día y siempre, siempre, estaba a mi lado.
De hecho, acabo de hablar con las
autoridades de Franja Morada y de la Juventud Radical para preguntarles si me
daban la posibilidad de exponer en nombre de las dos organizaciones a las
cuales él siempre acompañó, y me dijeron que también era importante recordarlo
como un tipo que no te preguntaba de dónde venías.
Me acuerdo que cuando estaba dejando
de ser presidenta de la Federación Universitaria Argentina e hicimos un
encuentro en La Rioja, él me pidió por favor que acomodara los horarios para
que pudiera estar presente y saludar a todos los pibes que desde distintos
lugares del país habían ido a La Rioja a acompañar el campamento de la Juventud
Radical.
Quiero recordarlo como lo que era: un
buen tipo, compañero, siempre pendiente de lo que necesitábamos. Y también
quiero hacer una reflexión. Creo que lo que se lo llevó a Héctor es la
violencia de la sociedad, y muchas veces esa violencia la vemos reflejada en
este espacio también.
Como se dijo antes, quiero reconocer
la actitud que tuvieron todos los bloques políticos de esta Cámara ante
semejante tragedia, y que como dirigencia política reflexionemos sobre el
mensaje que estamos dando a la sociedad. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Para el mismo homenaje tiene la palabra el señor diputado Goicoechea, por
Chaco.
Sr. Goicoechea.- Señor presidente: no quería quedar afuera de
este homenaje al diputado Héctor Olivares y expresar el gran dolor que causó su
absurda muerte.
Ingresó conmigo a esta Cámara en 2015,
como diputado nacional. En 2016 fuimos al acto del bicentenario que se celebró
en la provincia de Tucumán. Ahí él ya se mostró distinto: mientras todos
arribábamos en nuestro vuelo a San Miguel de Tucumán, él llegó en su camioneta
personal, cargada de sus aceitunas verdes, sus aceitunas negras, su aceite de
oliva, que regaló a todo el mundo. Todos volvimos en nuestros vuelos y al pasar
por los escáneres del aeropuerto, el personal nos preguntaba qué eran esos
productos que llevábamos en los bolsos.
Héctor Olivares fue un diputado
distinto, un diputado cuyo motivo y razón de ser siempre fue el otro. Hoy, en
una Argentina en la que tenemos problemas con el otro ‑ese otro puede ser
una persona física, una persona jurídica, un colectivo‑, ocuparse del
otro, como lo hacía Héctor Olivares, es lo que finalmente queda como su gran
recuerdo en esta Cámara. Puedo contarles varias anécdotas de él, como en un
ascensor ocuparse de quitarle a un asesor las pelotitas apelmazadas de la lana
de un pulóver, o cebarles mate a las mujeres de limpieza mientras aseaban su
despacho.
Héctor Olivares era afable, de risa
franca y mano abierta. He compartido asados con él en el Círculo de Legisladores,
y en marzo me tocó compartir el homenaje a las mujeres argentinas que se
realizó en el Senado de la Nación, organizado por los senadores riojanos Inés
Brizuela y Doria y Julio Martínez, donde se entregó la mención “General José de
San Martín” a la obra poética musical de Ariel Ramírez y Félix Luna, y también
se homenajeó a mujeres de la ciencia, del arte, y a mujeres riojanas
importantes, a quienes Héctor entregó los premios.
Para consuelo de su familia y orgullo
de sus hijos, quiero decirles que Héctor Olivares forma parte de esos grandes
hombres argentinos, grandes hombres riojanos, tal vez de la dimensión del
Chacho Peñaloza, de Facundo Quiroga y de Joaquín V. González; ese gran hombre
riojano constructor de los grandes, y también pequeños, gestos diarios que
suman a aspirar a una Argentina donde nos ocupemos de ese otro.
Él cultivó la amistad social, fue un
gran mensajero del amor. Su espíritu pacífico y conciliador ni siquiera se vio
quebrado con esa herida mortal; pacíficamente cayó y se reincorporó.
Seguramente a su victimario le habrá dicho en esas palabras que cruzó: “¿Qué
estás haciendo, hermano?”
Sencillamente, rindo mi homenaje y
expreso mis más sentidas condolencias a su familia. Finalmente, Héctor
Olivares, en este hecho oscuro, termina iluminando a esa Argentina del
despertar, llena de virtudes, contra esa Argentina de la noche, desquiciada,
noctámbula, seguramente adicta al alcohol y las drogas, que cobró su vida.
Las personas como Héctor Olivares no
mueren. Tienen asegurada la vida eterna. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Para el mismo homenaje tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos
Aires.
Sr. del Caño.- Señor presidente: como ya hemos dicho
públicamente, junto a mis compañeras diputadas del Frente de Izquierda enviamos
nuestras condolencias a la familia del diputado Olivares, a sus amigos y a su
bloque.
En nuestro caso lo conocimos muy poco,
en la Comisión de Transporte que integro y que él presidía. Más allá de las
distintas posiciones y divergencias, había un trato respetuoso.
Queríamos sumar estas condolencias
ante un hecho lamentable como este asesinato del diputado Olivares y de su
asesor Yadón, y expresar nuestro respeto a sus familias y todos sus allegados. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Para el mismo homenaje tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos
Aires.
Sra. Del Plá.- Señor presidente: no había pedido la palabra,
pero lógicamente me sumo a las condolencias que ya expresó el diputado del Caño
a la familia y amigos del diputado Héctor Olivares. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Para el mismo homenaje tiene la palabra el señor diputado Pereyra, por Córdoba.
Sr. Pereyra.- Señor presidente: en nombre de Concertación Forja también quiero
realizar un homenaje al diputado Héctor Olivares.
Trabajamos juntos en la Comisión de
Economías y Desarrollo Regional. Viajamos por varias provincias en estos años y
conocí su preocupación por los sectores productivos, por los actores que
desarrollan nuestra economía a escala regional y que son necesarios para el
crecimiento de nuestras provincias. Siendo él mismo productor de olivos,
conocía muy bien las inquietudes de los agentes productivos.
Lo despido como un radical preocupado
fundamentalmente por los intereses de su querida provincia. Fue un hombre
afable, con el que se podía dialogar y arribar a los necesarios acuerdos para
el bien de todos los argentinos.
Por último, quiero solidarizarme en el
dolor con el bloque de la Unión Cívica Radical y su familia. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Para el mismo homenaje tiene la palabra la señora diputada Molina, por La
Rioja.
Sra.
Molina.- Señor presidente: por supuesto, me sumo
a este homenaje y adhiero a cada una de las palabras expresadas por los
diputados de la Nación que me precedieron en el uso de la palabra. Sobre todo,
quiero recordar con mucho respeto y cariño a mi compañero de fórmula, con el
cual hicimos esa gran hazaña allá por 2015. El pueblo de La Rioja y la
Argentina han perdido a un gran diputado de la Nación; que en esto no haya
ninguna duda.
Quiero
hacer llegar mis condolencias a su familia, a sus amigos y a toda la Unión
Cívica Radical de La Rioja, y pienso especialmente en su grupo de trabajo. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Para el mismo homenaje, tiene la palabra el señor diputado
Wechsler, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Wechsler.- Señor presidente: Héctor era el dueño
de los mejores abrazos en esta Cámara de Diputados, esos abrazos grandes de
manos que palmean y transmiten tranquilidad. En este dilema existencial que es
la muerte, sabiendo que la única verdad es que una vez que nacemos vamos a
morir, cuando nos toca de cerca o nos toca mirarla a los ojos, nos damos cuenta
de que la vida no dura nada.
A
Héctor le tocó partir antes del tiempo en que debió hacerlo. Lo único que
podemos hacer por él, que era un amigo, un incansable laburante y sobre todo
una buena persona ‑más allá de sus aptitudes, y de sus aptitudes
legislativas‑, es regalarle la eternidad de la memoria y recordarlo
siempre con esa sonrisa campechana y esa alegría de vivir y compartir sus
eternos ratos para poder charlar del bien común y la otredad. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Para el mismo homenaje, tiene la palabra la señora diputada
Pastoriza, por Santiago del Estero.
Sra.
Pastoriza.- Señor presidente: en nombre del
bloque Frente Cívico por Santiago y en el mío propio como correligionaria del
diputado Héctor Olivares, quiero hacer llegar nuestras condolencias a su
familia, al bloque de Cambiemos y, en especial, a la Unión Cívica Radical de La
Rioja, por su incruenta muerte.
Realmente
hemos quedado muy consternados con su asesinato, y creo que la sociedad ha
quedado totalmente horrorizada por la impunidad con que han actuado los
delincuentes. Esperamos, especialmente la sociedad, que la Justicia caiga con
todo el peso de la ley sobre los asesinos. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Contigiani, por Santa Fe.
Sr.
Contigiani.- Señor presidente: como monobloque,
quiero expresar mis condolencias –como lo hice rápidamente cuando ocurrió el
lamentable hecho de su muerte‑ a la familia de Héctor Olivares, a sus
amigos, al bloque de la Unión Cívica Radical y al interbloque de Cambiemos.
Por
lo poco que conocí al diputado Olivares en el ámbito de las comisiones –como la
de Economías y Desarrollo Regional‑, puedo decir que era una persona
espiritualmente mansa, con toda la virtud que esto acarrea. En él prevalecía el
hombre de campo, el pequeño y mediano productor del interior del país. En lo
personal, me ha tocado conocer a muchos pequeños y medianos productores de La
Rioja ‑especialmente los que integran la cooperativa La Riojana, que son
olivícolas y vitivinícolas‑, y les puedo asegurar que la mayoría de ellos
respira y transmite toda esa cultura rural; y en el caso de Héctor, también
respiraba y transmitía la cultura radical, porque era un bastión del
radicalismo. Existe una identidad conformada por esos pequeños y medianos
productores y el radicalismo históricamente.
Estamos
ante dos muertes absurdas, ante un capricho inexplicable de la historia y del
destino que le tocara a Héctor y a su amigo, ante una trampa de la historia.
Pero también quiero decir que este absurdo, que pudo habernos ocurrido a
cualquiera de nosotros o de la sociedad, también expresa una crisis y una
violencia del pacto social que debe llamar la atención a los argentinos.
Nuestro
país vive una crisis del pacto social, de los fundamentos del pacto social. La
violencia expresa eso. De allí la necesidad de la política, del diálogo
político, del respeto, de los consensos y de los límites. Esa crisis del pacto
social es preideológico. Ahí es donde debemos saturar ese nivel de violencia
entre todos, porque está antes que el plano de las ideologías. Está en juego la
misma convivencia de la sociedad argentina. Creo que este absurdo expresa esa
situación que debemos analizar entre todos y reflexionar.
Por
último, quiero expresar –como dijo el diputado Horacio Goicoechea‑ que
las muertes siempre abren ventanas, y esta muerte absurda y tempranera es para
nacer. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Para el mismo homenaje, tiene la palabra el señor diputado
Ramón, por Mendoza.
Sr.
Ramón.- Señor presidente: desde el bloque
Protectora queremos expresar nuestro pésame a la esposa e hijos de Héctor
Olivares, al resto de su familia, a sus amigos y a todos sus correligionarios.
Si
bien tuve una experiencia muy corta en la relación personal con él, Héctor
tenía algo que me gustaba y me llamaba la atención: su característica de ser un
provinciano, un productor que cuando estrechaba la mano lo hacía con la firmeza
de una persona que tiene firmes sus convicciones.
Hago
este reconocimiento para que llegue a sus familiares y sepan que han tenido en
su vida a una persona íntegra que merece el respeto de todos los miembros de
esta Cámara, lo cual no es un tema menor, sobre todo cuando uno se desempeña en
la función pública.
También
quiero expresar mi reconocimiento hacia usted, señor presidente, por la manera
en que la Cámara se expresó en relación con los temas mediáticos que
rápidamente empezaron a surgir el día en que se produjo esa tremenda situación.
Eso habla de su liderazgo y de la madurez que tiene nuestra Cámara ante una
situación como esa.
Por
último, quiero hacer mías las palabras de los señores diputados Negri y Rossi,
y de todos aquellos que conocían a Héctor Olivares en profundidad, y nuevamente
reiterar nuestra más profunda consternación por su violento fallecimiento. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Para el mismo homenaje, tiene la palabra el señor diputado
Saadi, por Catamarca.
Sr.
Saadi.- Señor presidente: desde este bloque,
adherimos a cada una de las palabras vertidas en este homenaje a Héctor
Olivares. La verdad es que no salimos de nuestra consternación por estas dos
muertes absurdas. Como ya lo hiciéramos públicamente, quiero enviar nuestras
condolencias a su familia, a sus amigos, al bloque de la Unión Cívica Radical y
al interbloque de Cambiemos, y especialmente a todo el pueblo de la provincia
de La Rioja, porque creo que es una cuestión de todo el pueblo de La Rioja.
A
los catamarqueños nos pegó muy duro este hecho cobarde, este asesinato brutal,
porque en él también ha fallecido un comprovinciano nuestro, como era el señor
Miguel Yadón, miembro de una familia tradicional de la provincia de Catamarca;
más precisamente, del departamento Pomán. Miguel era una excelente persona y un
excelente profesional. No queríamos dejar pasar esta oportunidad para enviar
las condolencias a su familia. Conozco a su hijo, y les puedo asegurar que son
gente de excelente madera. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Ramos, por Santa Fe.
Sr. Ramos.- Señor presidente: quiero aprovechar este momento para hacer llegar mis
condolencias a la familia del señor diputado Olivares, a sus amigos y a sus
compañeros. Desde su conocimiento, creo que sus compañeros y correligionarios
han hablado mucho mejor que lo que yo puedo decir al respecto.
Por lo expuesto, reitero mis
condolencias a su familia y a sus amigos.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado Borsani, por Mendoza.
Sr. Borsani.- Señor presidente: hoy homenajeamos a un gran hombre al que tuve el
privilegio de llamar “mi amigo”. El jueves pasado amanecimos con una noticia
conmocionante: habían baleado a Héctor Olivares y a Miguel Yadón.
Lamentablemente Miguel falleció en
forma casi inmediata. Héctor la peleó hasta el domingo a las 19 y 30 en el
Hospital Ramos Mejía, con la tenacidad que siempre lo caracterizó.
Desgraciadamente su fuerza y los enormes esfuerzos del cuerpo médico no
alcanzaron y la peor de las noticias llegó.
La barbarie nos arrebató a Héctor
Olivares, un hombre de una calidad humana que las palabras no alcanzan a
describir. Héctor era un colega, un ingeniero agrónomo apasionado de su
profesión y un calificado productor olivícola. Su generosidad hizo que todos
–legisladores, funcionarios y empleados de esta casa‑ pudiéramos apreciar
la calidad de sus productos.
Presidía la Comisión de Transportes.
Siempre tuvo la convicción de defender las economías regionales. Conocía la
importancia que ellas tienen para la economía argentina y el enorme valor que
posee cada pequeño productor.
Era un militante por convicción, fiel
representante de su pueblo y de las banderas de la Unión Cívica Radical.
Fue un gran diputado, respetuoso de
sus colegas, tanto de quienes integraban su bloque como de aquellos que
representaban otras expresiones políticas. Nunca permitió que una idea distinta
justificara una falta de respeto; ese comportamiento corría para todos.
Héctor Olivares fue un gran luchador
de los intereses del pueblo riojano y estuvo siempre involucrado en las causas
de los más postergados.
No toleraba las injusticias y recorría
incansablemente su provincia, por lo que conocía a fondo las necesidades de La
Rioja y lo que necesitaba para crecer.
Impulsó muchísimas cosas. Entre las
últimas que pueden recordarse como de gran importancia institucional no quiero
dejar de mencionar el recurso de inconstitucionalidad que presentó a raíz de la
elección indefinida del gobernador de su provincia.
Héctor fue una persona excelente, un
buen padre de familia, trabajador, detallista, sencillo, optimista, cálido,
involucrado, solidario y querido por todos. Testimonio de ello son las
manifestaciones que nos han hecho llegar sus colaboradores, quienes nos
expresaron que respondían a él más por su calidad humana que por su función de
diputado nacional. Esto constituye un verdadero ejemplo.
Todos los integrantes de esta
Honorable Cámara tuvimos el honor de compartir nuestra labor con él.
Hoy, con el profundo dolor de su
ausencia, podemos decir que su paso por nuestras vidas ha dejado huellas.
Mantendremos viva su memoria en la convicción compartida de que la política es
la herramienta de cambio más efectiva para consagrar el derecho de la inclusión
social de los más postergados.
Héctor Olivares: honraremos con
militancia siempre tu memoria. Te abrazo en tu banca. Hasta siempre, querido
amigo. (Aplausos.)
Si me permite, señor presidente,
quiero anticipar que una vez finalizados los homenajes al señor diputado
Olivares voy a formular una moción de apartamiento del reglamento a fin de que
la Honorable Cámara considere un proyecto de ley de su autoría, que se ajusta a
la situación que actualmente vivimos y que vendrá muy bien a los jóvenes
argentinos y las futuras generaciones.
Sr. Presidente (Monzó).-
Señor diputado: teniendo en cuenta que usted es el último orador, le pido que
formule su moción en este momento.
- 6 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Borsani, por Mendoza.
Sr.
Borsani.- Señor presidente: solicito que la
Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento con el objeto de
considerar sobre tablas el proyecto de ley del señor diputado Olivares
contenido en el expediente 855-D.-2019.
Esta iniciativa es una reproducción del proyecto de ley del señor diputado
Olivares y otros señores diputados contenido en el expediente 2.170-D.-2017, que tuvo dictamen unánime de la
Comisión de Educación pero que finalmente no pudo ser tratado por esta
Honorable Cámara.
La
iniciativa establece la inclusión en el calendario escolar de la ceremonia por
la cual, el primer día hábil posterior al 1º de mayo, día de la Constitución
Nacional, los alumnos de tercer año de todas las escuelas medias del país juren
promesa y lealtad a nuestra Carta Magna.
Entendemos
que frente a los hechos que han sucedido, que justamente tienen que ver con la
barbarie que parecería constituir el funcionamiento de una sociedad que se
encuentra en estado de naturaleza y que más que nunca requiere el
funcionamiento del Estado de derecho con el pleno conocimiento y goce de las
garantías constitucionales que ello supone, es necesario reafirmar el contrato
social que nos propone nuestra Carta Magna.
Por
lo expuesto, consideramos que esto es indicado y valioso, al tiempo que
constituye un gran homenaje que también podemos rendir al señor diputado
Olivares si en la presente sesión consideramos este proyecto de ley.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración.
Se
va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor
diputado por Mendoza. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se
emitan.
-
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada
por el señor diputado por Mendoza.
Se
va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
-
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda incluida la consideración del asunto en el orden del día
de la presente sesión.
- 7 -
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el proyecto
de ley del señor diputado Olivares contenido en el expediente 855-D.-2019, por el que se instituye la
ceremonia escolar de promesa de lealtad a la Constitución de la Nación
Argentina el primer día hábil siguiente al 1º de mayo de cada año.
Aquí expediente
855-D.-2019
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración.
Se va a votar nominalmente en general
y en particular.
-
- Se practica la votación
nominal.
-
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 187 señores diputados presentes, 186 han votado por la afirmativa.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 186 señores diputados por la afirmativa, no hubo
abstenciones.(Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el
proyecto de ley.
Se
comunicará al Honorable Senado.
- 8 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio, tiene la
palabra el señor diputado Pérez, por Tierra del Fuego.
Sr. Pérez (M. A.).- Señor presidente: quiero plantear
una cuestión de privilegio contra el presidente Macri por violar la Cláusula
Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
Se acerca el final del gobierno de
Cambiemos y el proceso de desmalvinización se acelera. La crisis económica
imperante sirve para ocultar lo que están haciendo desde este gobierno con las
islas Malvinas.
Las empresas Tool Old Oil, de origen
británico, y Equinor, de origen noruego, están a punto de recibir la
adjudicación de permisos de explotación de recursos hidrocarburíferos en
nuestra plataforma marítima.
Algunas de las áreas que se van a
adjudicar a la petrolera británica están a solo 100 kilómetros al oeste de las
islas Malvinas. Todos sabemos que esta zona geopolíticamente es estratégica.
El Observatorio de la Energía y
Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo –OETEC- ha comprobado que ambas
empresas tienen una estrecha vinculación con el gobierno ilegítimo de las islas
Malvinas. Una de las asesoras del área de petróleo y pesca de las islas
Malvinas integró el directorio de Tool Old Oil hasta 2017 y ahora ocupa el
mismo cargo en la empresa Equinor.
¿Qué significa eso? La misma persona
que elaboró el plan para el desarrollo ilegal de nuestra actividad
hidrocarburífera en la zona de las islas Malvinas es quien formó parte del
directorio de las empresas a las que Mauricio Macri le quiere entregar la
licencia para explotar nuestro petróleo. Mañana debe formalizarse esta
adjudicación de manera inmediata.
El planteo que estoy formulando es una
exigencia del bloque al que pertenezco y también en función de la Constitución
Nacional.
Pero esto no es todo. El 10 de mayo
hubo una reunión interministerial en la Cancillería argentina donde se evaluó
conformar una comisión de reordenamiento pesquero. Eso puede llegar a
significar el reconocimiento a Gran Bretaña como estado ribereño. Esto es
grave, porque significaría avanzar con un golpe letal a nuestra reivindicación
soberana sobre las islas Malvinas. Inglaterra no es un estado vecino, sino que
está ocupando nuestro territorio por la fuerza.
- - Ocupa la Presidencia el señor
vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, doctor Luis Alfonso Petri.
Sr. Pérez (M. A.).- Por esto, uno se pregunta: ¿este
gobierno al que solo le faltan seis meses para finalizar su mandato, puede
tomar semejantes decisiones, tan trascendentes para el futuro de nuestro país y
de nuestra soberanía, a espaldas del pueblo y violando atribuciones del
Congreso?
La Secretaría de Representación
Oficial para la Cuestión Malvinas del gobierno de la provincia de Tierra del
Fuego ha presentado una nota a la Cancillería para clarificar esta situación que
esperamos que sea contestada a la brevedad. Sería muy grave que Gran Bretaña
sea considerada como estado ribereño por las acciones impertinentes que lleva
adelante nuestro país en materia diplomática.
Estos actos son de extrema gravedad.
Seguiremos denunciando este proceso de desmalvinización que se viene dando en
estos últimos tres años y medio a nivel nacional producto de la política
diplomática de este gobierno.
El bloque al que pertenezco reafirma
los derechos soberanos de la Argentina sobre las islas Malvinas, defiende los
recursos naturales del Atlántico Sur, rechaza el acuerdo Foradori-Duncan desde
hace tres años y medio y tiene memoria de nuestros héroes. Estamos convencidos
de que tenemos que dar una batalla muy fuerte e importante para que se clarifique
esta situación que está llevando adelante el gobierno nacional, y sobre todo
poner en evidencia que se están desarrollando acciones completamente ilegítimas
en materia de soberanía.
Queremos decir al presidente Macri que
las islas Malvinas son argentinas. (Aplausos.)
- 9 -
Sr. Presidente (Petri).- Para una cuestión de privilegio, tiene la
palabra el señor diputado Ruiz Aragón, por Corrientes.
Sr. Ruiz Aragón.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión
de privilegio dirigida al presidente Mauricio Macri y a algunos funcionarios de
mi provincia.
En esta ocasión vengo a contar y
visibilizar una cuestión referida a la memoria, la verdad y la Justicia. Quiero
contar a todos y a todas que a través del decreto 345/19, firmado el 10 de
mayo, el Poder Ejecutivo dispuso de un inmueble –el RI 9-
que es sitio de memoria en la provincia de Corrientes. Este lugar ha sido
objeto de una causa emblemática en nuestra provincia en lo que ha sido la lucha
por los derechos humanos.
La enajenación del inmueble mencionado
tiene por objeto el desarrollo de negocios inmobiliarios y un desarrollo
urbanístico. Este es un hecho más que demuestra que la alineación que existe
entre la Nación, la provincia y el municipio, ha generado grandes negocios para
el intendente de la ciudad, Eduardo Tassano, el gobernador de la provincia,
Gustavo Valdés, y por supuesto el presidente Macri. El presidente de la Nación
se quiere quedar con toda la costanera para seguir guareciendo sus cuentas y
para seguir haciendo de los correntinos su negocio, un lugar de donde va a
seguir sacando dinero para nutrir sus cuentas. Yo
vengo, como correntino, a decirle acá al presidente Mauricio Macri que no vamos
a permitir que se siga manchando la memoria, la verdad y la justicia. Por los
treinta mil compañeros desaparecidos vamos a defender ese sitio. (Aplausos.)
- 10 -
Sr.
Presidente (Petri).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor
diputado Pietragalla Corti, por Buenos Aires.
Sr.
Pietragalla Corti.- Señor presidente: voy a
presentar una cuestión de privilegio dirigida al señor Marcos Peña, a la
gobernadora María Eugenia Vidal y a la ministra Patricia Bullrich.
En
primer lugar, quiero aclarar que hoy se cumplen seis meses de la masacre más
grande ocurrida en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, que es la
masacre de Esteban Echeverría. El libro No
fue un motín trata sobre la masacre más grande que había tenido lugar en la
provincia de Buenos Aires hasta que sucedió la de Esteban Echeverría, que fue
la masacre de Pergamino siete meses antes, donde murieron calcinadas siete
personas, mientras que en la de Esteban Echeverría murieron diez personas.
Voy
a leer una frase de este libro que dice: “’Ahora se van a quemar como las ratas
que son’ dijo
uno de los policías que observaba el fuego que arrasaba las vidas en los
calabozos de la Comisaría Tercera de Transradio, en el partido bonaerense de
Esteban Echeverría. El fuego, desatado por alguno de los detenidos como única
forma de protesta, se enroscaba en los cuerpos. Ni los gritos ni los pedidos
desesperados de auxilio eran escuchados por los uniformados que, como sucedió
hace casi dos años en la Comisaría
Primera de la ciudad de Pergamino, se limitaron a cortar el agua de
los calabozos, a observar y disfrutar de la masacre.”
Quiero
aclarar que había pasado un año de la masacre cuando la Justicia le hizo el
pedido a la gobernadora María Eugenia Vidal y a otras autoridades de la
provincia para que no alojen personas en esa comisaría porque no estaban dadas
las condiciones edilicias y no eran lugares aptos para mantener detenidos. Hubo
diez muertes. Todavía seguimos exigiendo justicia, exigimos que la Justicia de
lugar y aclare en qué estado está la denuncia que nosotros presentamos en el
juzgado de Lomas de Zamora.
La
misión y objetivos citados en la ley de creación del servicio penitenciario
dice que “La finalidad de los programas de tratamiento es lograr que las
personas privadas de la libertad adquieran pautas de conducta y herramientas
para su reinserción en la sociedad.”
El
señor ministro Marcos Peña dijo aquí que estábamos en una emergencia
carcelaria. Aclaró que se inauguraba en el penal de Marcos Paz un pabellón
nuevo, donde iban a alojar a más de 800 personas, y en el día de ayer nos
llegaron denuncias de distintos familiares de detenidos en Marcos Paz en las
que nos decían que los detenidos de ese lugar no tienen calefacción hace varios
días y están tomando el agua de las cisternas de reserva que contienen agua por
si hay emergencias.
Uno
todo esto porque creo que no puedo esperar de un gobierno neoliberal como el
actual, políticas en defensa de los derechos humanos. Sabemos que las personas
que están privadas de su libertad son responsabilidad del Estado y los
familiares están reclamando que hoy en el penal de Marcos Paz no hay agua
potable para el consumo, no hay calefacción y se está consumiendo el agua que
sirve para el caso de incendio.
A
seis meses de una masacre como la que vivimos en Esteban Echeverría entendemos
a dónde va dirigida la política de Cambiemos con los pibes de nuestros barrios.
Son diez pibes de nuestros barrios que murieron. Aquí hay complicidad de la
Justicia, porque no había sentencia, eran detenidos por las dudas, eran
detenciones preventivas. Para que se dé una idea, había un pibe detenido por
intentar robar una cortadora de césped y murió calcinado en la comisaría de
Esteban Echeverría.
La
cuestión de privilegio a la ministra Patricia Bullrich es porque vemos con
agrado que la Cámara Federal de General Roca haya dictaminado la detención por
homicidio agravado del prefecto que asesinó a Rafael Nahuel. No había comunidad
mapuche armada, no había enfrentamiento, había habilitación de la ministra a
las fuerzas de seguridad para que generaran ese asesinato que se llevó la vida
de Rafael Nahuel. Hoy celebramos que la Cámara Federal de General Roca
dictamine la prisión preventiva y haya cambiado la carátula de esa causa en la
que murió Rafael Nahuel por la de homicidio agravado.
Creemos
que estamos ante hechos de violencia. Creemos que las armas no las puede tener
cualquier ciudadano argentino y creemos que el homenaje que hoy rendimos a un
integrante de esta Cámara contradice los dichos de Patricia Bullrich, que dijo
que cualquier argentino puede tener armas en nuestra patria. (Aplausos.)
- 11 -
Sr.
Presidente (Petri).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora
diputada Del Plá, por Buenos Aires.
Sra.
Del Plá.- Señor presidente: quiero presentar una
cuestión de privilegio contra el presidente Mauricio Macri y su gabinete porque
realmente estamos como diputados, y también como trabajadores, siendo víctimas
de una enorme estafa política.
La
semana pasada se acaba de presentar una serie de puntos para un supuesto
diálogo nacional, donde se trata de fundamentar que serían acuerdos en los que
todos coincidiríamos, porque eso serviría para sacar al país adelante y sacarlo
de la crisis.
Yo
creo que importa colocar esta cuestión de privilegio porque justamente tenemos
que desmontar esa estafa que se le está presentando a la población. Los diez
puntos son un ataque en regla a cada uno de los trabajadores, de los jubilados,
a la juventud, porque es un decálogo de ataque a los derechos de la población.
¿Por qué? En primer lugar, porque se vuelve a hablar de la reforma laboral en
nombre de un Estado, o de un funcionamiento moderno de las normas laborales.
-
- Ocupa la Presidencia, el
señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sra.
Del Plá.- Acá estamos siendo arreciados por
suspensiones y despidos, en Arcor, en la Campagnola, en Electrolux, en Clarín, en Loma Negra. Esa es la
verdadera situación que atravesamos los trabajadores.
Cuando
se habla de modernizar el sistema de trabajo se está hablando de avanzar en la
reforma laboral, con la que no pudieron avanzar como resultado del enorme
proceso de movilización popular contra la reforma previsional, y justamente por
eso no están pudiendo colocarlo de forma directa, pero las patronales sí lo
están colocando en forma indirecta, y por eso todas las cámaras empresariales
han salido rápidamente a apoyar los diez puntos que plantea el gobierno.
Vuelve
sobre la reforma previsional porque quieren reformar el sistema de un modo que
las jubilaciones sean de aun más subsistencia. El próximo aumento que los
jubilados van a cobrar, recién a partir de julio, llevará la jubilación mínima
a 11.500 pesos cuando la canasta de pobreza supera los 29.000 pesos. Es una
verdadera afrenta a la población de la tercera edad, pero también para todos
los trabajadores, porque está claro que nos quieren quitar ese derecho al
salario diferido que ha sido conquistado con tantos procesos de lucha.
Cada
uno de los puntos es un ataque: mantener el equilibrio fiscal, que en realidad
es más ajuste; mantener el respeto a los contratos y la seguridad jurídica;
para los empresarios, porque para los trabajadores no. Por eso vemos cómo la
Secretaria de Trabajo deja pasar los recursos preventivos de crisis, que son
absolutamente fraudulentos, y para los trabajadores no hay ninguna seguridad
jurídica. Por eso se modifica el régimen de higiene y de seguridad y se mueren
los trabajadores, como ha ocurrido recientemente en Vaca Muerta, donde dos
trabajadores petroleros han perdido la vida como resultado de que se han
flexibilizado las condiciones de trabajo. Para el trabajador no hay seguridad
jurídica, no se respetan sus convenios, pero para las patronales se garantiza
cada uno de los subsidios, cada uno de los enormes beneficios que se han
planteado en Vaca Muerta, tanto por el gobierno anterior como por el actual.
Por último, el planteo de honrar las
deudas. ¿Qué significa que pidan que se honren deudas fraudulentas e
ilegítimas? Significa que reclaman el compromiso ‑ya ha ido gran parte de
la oposición, completamente funcional y que defiende estratégicamente el mismo
programa‑ de acordar con el pago y la defensa del pago de esa deuda
usuraria y fraudulenta.
Esto quiere decir que lo que vamos a
tener a futuro es más ajuste -puede estar disfrazado con algún cosmético-
porque el pago de la deuda significa que debe seguir realizándose una brutal
transferencia de los ingresos de los trabajadores, de los jubilados y de la
juventud a las arcas de los especuladores de la gran banca internacional y del
Fondo Monetario Internacional.
Por eso desde el partido obrero del
Frente de Izquierda rechazamos esta estafa a la población y le oponemos los
diez puntos de los trabajadores, que es la verdadera salida para tener un
futuro. Esto implica romper con el FMI, desconocer la deuda usuaria y abrir una
reorganización integral de la economía sobre otras bases sociales, ya que de
otra manera los trabajadores, la juventud y las mujeres no tenemos futuro.
- 12 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada Macha, por Buenos Aires.
Sra. Macha.- Señor presidente: quería plantear una cuestión de privilegio contra el
diputado Amadeo en su rol de presidente de la Comisión de Finanzas.
En la sesión anterior habíamos pedido
una moción de preferencia para el tratamiento de varios proyectos vinculados
con la situación de los tomadores de crédito UVA. A esto se suman los pedidos
de distintos diputados y diputadas, de todos los bloques, y pedidos de las
mismas personas que han tomado dichos créditos. Es tremenda la indiferencia que
existe para tratar ‑como parte de nuestra tarea fundamental en esta
Cámara‑ estos temas en comisión; y ni siquiera estamos hablando de cuál
sería la línea del o los proyectos que podrían tener una instancia de llegada
al recinto.
Interpreto que esta decisión del
diputado Amadeo no es unipersonal sino que tiene que ver con una definición del
oficialismo, tanto en el espacio legislativo como en el ejecutivo, que evita
dar lugar a una discusión que afecta a muchísimas familias de la Argentina. Se
las pone en el riesgo de quedar en la calle o de tener que dejar las casas que
supuestamente iban a poder comprar, situación que además comparten muchas
personas -7 millones en la Argentina- que alquilan. Se trata de situaciones de
extrema vulnerabilidad.
Más allá de pensar que esto es un
instante, unos pocos minutos en estas discusiones y que luego pasa, creo que
siempre es importante visibilizar estas cuestiones, tomar la palabra por esas
familias. Los costos se verán seguramente cuando las familias tengan que volver
a decidir cuál es el destino de la patria. (Aplausos.)
- 13 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor
diputado Filmus, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Filmus.- Señor presidente: esta cuestión de
privilegio es hacia el presidente Macri y su gabinete. Se relaciona con
proyectos de resolución elevados por el diputado Carmona y reviste una gravedad
sin precedentes. La verdad es que jamás imaginamos tener que plantear una
cuestión de privilegio por un tema tan importante.
El
Poder Ejecutivo Nacional ha denunciado el tratado del Mercosur y, al mismo
tiempo, en su participación en el Consejo del Mercado Común tomó la decisión de
impedir la votación directa de los representantes del Parlasur.
Hay
que decir que esto viola claramente la Constitución Nacional. Es inimaginable
que se pueda tomar una decisión desde el Ejecutivo sin que el Congreso de la
Nación tome parte en el asunto, sin que decida.
La
Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 24) dice: “Aprobar tratados de
integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones
supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el
orden democrático y los derechos humanos.” Y agrega: “La aprobación de estos
tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara. […] La denuncia de los tratados
referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de
la totalidad da los miembros de cada Cámara.”
Más
claro, imposible. No puede avanzar el Ejecutivo en estas decisiones sin que
pasen por el Congreso de la Nación. La incorporación de la Argentina a la
Unasur, por ejemplo, ha sido votada por unanimidad. Me tocó a mí hacerlo en su
momento como senador, y también en esta Cámara como diputado, y la decisión se
tomó por unanimidad. No puede el Ejecutivo decidir denunciar un tratado si no
es discutido aquí. Es realmente increíble. Por eso hacemos este planteo.
Debemos
decir que la Unasur tuvo un papel preponderante en la integración de nuestros
países a nivel regional; ha tenido un rol decisivo en la defensa de las
democracias ‑por las cláusulas democráticas‑ en los casos como el
de Ecuador o de Bolivia, y una capacidad enorme en la ayuda para la resolución
pacífica de los conflictos entre las naciones de la Unasur, como fue el de
Colombia y Venezuela y el de Colombia y Ecuador. Avanzó en las políticas de
defensa común de la región y también en darle una personalidad propia en el
concierto de las naciones.
Por
otro lado, junto con el diputado Agustín Rossi y otros hemos sido
representantes y diputados del Parlasur. Es imposible que no se considere la
necesidad de que haya normativas comunes para los países del Mercosur. No es
concebible que el Estado Nacional, que el gobierno nacional, defina que no habrá
elecciones directas. Esto, por un lado, por la cuestión constitucional de la
que hablábamos; por otro lado, porque son votaciones que han hecho estas
cámaras, por lo que requieren votaciones en el sentido contrario en caso de
querer modificarlo; y, fundamentalmente, por el papel que juegan.
Hoy
en día los principales problemas que tienen los países del Mercosur no se
terminan en sus fronteras. Necesitamos avanzar en la integración.
Como
hicieron otras regiones del mundo, es necesario avanzar en una legislación
común, y para eso la representación en el Parlasur y el orgullo que tenemos del
papel que están jugando hoy en día nuestros diputados y diputadas en el
Parlasur es fundamental. Dicho sea de paso, eso no le cuesta al Estado Nacional
absolutamente nada, ya que esos diputados no reciben ‑contrariamente a lo
que marca la ley‑ ningún tipo de retribución.
Por
todo ello, quiero plantear la gravedad de la situación. Se viola la
Constitución y no se pone a la consideración de este Congreso de la Nación, cuando
en su momento la votación de estas cuestiones por parte de ambas cámaras ha
sido por unanimidad.
Y
tan grave como todo esto es la subestimación que existe por parte del Gobierno
Nacional sobre la capacidad de integración de nuestros países, que es la
política que tiene este gobierno de seguir a pie juntillas las decisiones que
toman las potencias del norte.
Por
eso nos parece importante que esta Cámara se defina en torno a estos temas; que
se discutan, debatan y aprueben los proyectos presentados por el diputado
Carmona y que se vuelva atrás respecto de estas decisiones.
Hoy
el señor diputado Pérez planteó con mucha propiedad el tema de las Malvinas
como central para nuestra soberanía. La Argentina puede seguir encabezando ese
reclamo territorial que está en nuestra Constitución porque la apoyan los
países de la región. La mirada hacia otro lado nos aísla, nos somete de
rodillas a seguir los designios de los países centrales. Por eso creemos
importante hacer este planteo y que se pueda considerar. (Aplausos.)
- 14 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor
diputado Asencio, por Buenos Aires.
Sr.
Asencio.- Señor presidente: esta cuestión de
privilegio se dirige al jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Hoy
a la mañana estuve en la Casa de Gobierno para hacerle llegar una nota en la
que le solicito que ponga día y hora para recorrer las obras imaginarias ‑por
lo menos ante los ojos de los matanceros‑ que, durante ocho minutos, él
enumeró como ya finalizadas en la última sesión informativa. En esa sesión el
jefe de Gabinete tuvo un entredicho muy fuerte conmigo cuando mencionó durante
varios minutos obras que nosotros, los matanceros, no vemos.
He
hecho varios intentos tratando de ubicarlo a fin de concretar una cita para ir
juntos a visitar las obras. Él mismo se comprometió en esta Cámara a
acompañarme. Textualmente dijo: “Lo acompaño, diputado, a recorrer las obras de
La Matanza”, pero no tuve suerte durante todos estos días.
Es
por ello que le he dejado un petitorio –cuya copia haré llegar por Secretaría‑,
en el que solicito al señor jefe de Gabinete de Ministros que ponga fecha y
hora para concurrir a recorrer estas obras.
Esto
es grave porque no solo miente a los ciudadanos de La Matanza sino también a la
Cámara. Aquí no se trata de quién tiene o no razón sino de la búsqueda de la
verdad. Debemos saber si las obras se hicieron o no. Los matanceros no somos
ciudadanos de segunda. Los matanceros nos sentimos discriminados por el
gobierno nacional y provincial.
Por ello pido por favor al jefe de
Gabinete de Ministros que, si quiere hoy mismo, mañana o el fin de semana, me
acompañe a recorrer las obras. (Aplausos.)
- 15 -
I
Sr. Presidente (Monzó).-
Para rendir homenaje a la memoria del ex diputado nacional Juan Carlos Dante
Gullo, tiene la palabra el señor diputado Filmus, por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr. Filmus.- Señor presidente: con dolor y con pesar, el 3
de mayo hemos recibido la noticia de que nos ha dejado el compañero y colega ‑incluso
un colega como profesional sociólogo-, el ex legislador de la Ciudad de Buenos
Aires y ex diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo.
Principalmente, el dolor que tenemos
es porque nos ha dejado un gran militante, un compañero que ha dedicado su vida
a la transformación de nuestro país, a la lucha por la justicia social y por la
soberanía política. Se trata de un compañero que desde los 60 ha militado
fuertemente, que tuvo una enorme participación en la vuelta de Perón y en el
retorno a la democracia en 1973.
Fue protagonista de la CGT de los
argentinos, un luchador incansable y, como todos sabemos, tuvo que soportar la
prisión entre 1975 y 1983. Todo el tiempo que duró la dictadura estuvo en
prisión, donde tuvo que soportar la desaparición de su madre y de su hermano
menor. Realmente, lo que ha sufrido el compañero Juan Carlos Dante Gullo en su
vida es difícil de imaginar.
Entre las cualidades que queremos
resaltar del “Canca” -como lo conocemos sus amigos- es la valentía, que ha
expresado en todas las oportunidades en que ha podido. El “Canca” ha tenido una
coherencia, una honestidad militante e intelectual que lo ha llevado a defender
siempre las mismas banderas.
Realmente parecía mentira que el
“Canca” hubiera llegado los 71 años porque para nosotros seguía teniendo 30.
Nunca vimos un militante tan joven, porque sabemos que la juventud tiene que
ver con la voluntad de acariciar ideales y utopías, y él los mantuvo siempre.
Quiero finalizar agradeciéndoles
sinceramente que se haya incorporado la posibilidad de rendir este homenaje.
Todos seguimos a un poeta y escritor alemán, Bertolt Brecht, a quien me gusta
mucho citar porque plantea la diferencia que hay entre lo necesario que son
aquellos que luchan algunas veces, y aquellos que luchan toda la vida, que son
los imprescindibles.
Claramente, hoy estamos despidiendo a
un militante imprescindible. No se trata simplemente de una despedida formal;
no son solo palabras. En esta despedida, nos comprometemos a llevar a la
victoria los ideales y las utopías del “Canca” Gullo.
Compañero Juan Carlos “Canca” Gullo:
te llevaremos siempre con nosotros. Tus ideales, tu seguimiento a la
transformación, el cambio, la soberanía, la independencia y la soberanía social
es nuestra lucha. Estarás con nosotros siempre. (Aplausos.)
- 16 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los dictámenes de mayoría y de minoría de
la Comisión de Asuntos Constitucionales y otras –Orden del Día N° 1056‑
recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Senado por el cual se
modifica la ley 26.215, de financiamiento de los partidos políticos, y la ley 19.945, de Código Electoral Nacional.
(expediente 12-S.-2019).
ORDEN DEL DÍA n° 1056
Sr. Presidente (Monzó).-
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado
Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Tonelli.- Señor presidente: efectivamente, como anunció el señor presidente, se
trata de un proyecto que nos llega en revisión del Honorable Senado, que
modifica sustancialmente la ley de financiamiento de los partidos políticos y
de las campañas electorales.
El proyecto ha tenido un derrotero un
tanto curioso porque originariamente, en julio del año pasado, había ingresado
a la Cámara de Diputados un proyecto del Poder Ejecutivo que proponía
precisamente importantes y trascendentes reformas a la ley de financiamiento
electoral.
Sin perjuicio de que mantuvimos
algunas reuniones en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a las cuales
concurrieron funcionarios del gobierno a explicar y fundamentar la iniciativa,
no logramos avanzar.
Luego, el Senado tomó la posta y
avanzó con el tratamiento del proyecto. Se lo discutió de manera muy abierta y
participativa con los apoderados de los partidos políticos y organizaciones no
gubernamentales interesadas en este tema, y así se llegó a la sanción del
proyecto de ley que hoy tenemos en consideración.
El tema del financiamiento electoral
es de preocupación relativamente nueva en nuestra democracia recuperada en
1983. Tanto es así que recién en 2002 el Congreso dictó una primera ley de
financiamiento de los partidos políticos y de las campañas, que fue la ley
25.600.
Poco tiempo después, en 2006, fue
sustituida por la ley 26.215, y finalmente modificada por la ley 26.571, que
estableció las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO).
Este proyecto, en definitiva, y de
acuerdo con esta breve reseña, propone la reforma de cinco leyes: la ley
26.215, que es la originaria ley de financiamiento de los partidos políticos;
el Código Electoral Nacional, ley 19.945; la ley 19.108, Orgánica de la Cámara
Nacional Electoral; la Ley de Impuesto a las Ganancias muy brevemente en lo
referido al tratamiento impositivo de las contribuciones a los partidos, y
finalmente, la ley 26.571, que reguló las elecciones primarias abiertas y
modificó de manera importante el régimen de financiamiento de los partidos y de
las campañas.
Los propósitos de este proyecto de ley
son muy claros y están a la vista: básicamente, mejorar e incrementar la
transparencia en el financiamiento electoral, es decir, en el dinero que los
partidos políticos reciben tanto para su desenvolvimiento institucional -como
lo llama la ley- como para las campañas. Además, permite que se identifique
perfectamente quiénes contribuyen con los partidos políticos y que, a su vez,
se sepa de manera fehaciente y transparente qué destino le dan los partidos
políticos a ese dinero.
Se busca también morigerar las
diferencias generadas por la desigualdad financiera que ostentan los partidos
políticos a la hora de acometer las campañas electorales, es decir, lo que en
general en política se llama “nivelar la cancha”, de manera tal que todas las
agrupaciones que participan de la contienda electoral lo hagan de manera
igualitaria o con igualdad de oportunidades, sin
perder de vista que contribuir al desenvolvimiento de los partidos políticos y
al financiamiento de las campañas, más allá de que sea una necesidad de los
partidos políticos, es también el derecho de los ciudadanos.
Los
ciudadanos, con todo el derecho que tienen a participar de la vida política del
país, es decir, como conocemos habitualmente a los derechos políticos, tienen
también el derecho de contribuir al desenvolvimiento y al financiamiento
electoral del partido o la agrupación política de su preferencia.
Por
supuesto, otro de los objetivos fundamentales del proyecto es evitar la
informalidad, es decir, que no haya donaciones anónimas o que no se sabe de
dónde vienen. Tampoco se debe ignorar el destino o en qué se gasta el dinero.
Estos
son los objetivos básicos del proyecto que, por supuesto, compartimos y que son
los mismos que estaban en el proyecto originario del Poder Ejecutivo que
ingresó a la Cámara a mediados del año pasado.
Ahora
bien, me parece importante destacar las principales y más importantes
innovaciones que el proyecto contiene. En primer lugar, se restablece el
financiamiento mixto de los partidos políticos tanto para su desenvolvimiento
institucional, o lo que serían las actividades normales de los partidos, como
para las campañas electorales.
Actualmente
el financiamiento mixto solo está previsto en la ley para las actividades
ordinarias de los partidos políticos, para el desenvolvimiento institucional,
pero no así para las campañas electorales. La ley vigente prohíbe que las
personas jurídicas contribuyan al financiamiento electoral de los partidos y
las agrupaciones políticas y esto no nos parece adecuado. Creemos que en el
fondo, y más allá del espíritu o de la idea con la que se lo haya propuesto y
aprobado en la Cámara en su momento, esconde una hipocresía. Las empresas en
general terminan contribuyendo a las campañas de los partidos políticos solo
que en vez de hacerlo a nombre de la persona jurídica lo hacen a nombre de
quince o veinte de sus gerentes o funcionarios. Nos parece que es mucho más
transparente e importante para el financiamiento de las campañas que sepamos
que la empresa tal o cual contribuye al financiamiento de un partido político y
no que lo hagan personas cuyos nombres no sabemos. De modo que esta es una
primera innovación muy importante.
A
su vez, se unifica el máximo que pueden aportar a las campañas electorales
tanto las personas humanas como las personas jurídicas. Ese máximo de aporte se
unifica en el 2 por ciento del aporte máximo que la ley prevé, que es el mismo
que ya estaba previsto y que surge de multiplicar el valor del módulo
electoral, que todos los años la Cámara establece en la ley de presupuesto, por
el número de electores del distrito del que se trate, y de todo el país en el
caso de la campaña presidencial.
Con
el mismo objetivo, otra de las modificaciones esenciales y que le da mucho
sentido a la ley es el de la bancarización total y absoluta de los aportes. No
puede haber más aportes en efectivo. Los aportes tienen que concretarse
mediante cheque, transferencia bancaria, débito, tarjeta de crédito, etcétera,
con alguna característica adicional sumamente importante. En primer lugar, que
el aportante tiene que identificarse en el portal de la Cámara Nacional
Electoral y manifestar allí su libre voluntad y determinación de contribuir al
financiamiento de un determinado partido político. Es decir que no puede haber
más aportantes sorprendidos por serlo sin haber tomado previamente la decisión.
También
en el proyecto está prevista la posibilidad de reversión del aporte, es decir
que si un partido político recibe un aporte de una persona humana o jurídica de
la que no quiere recibir aportes, por la razón que fuera, la ley autoriza a que
lo devuelva y exige el funcionamiento de ese mecanismo a las entidades
financieras a través de las cuales se hace esa contribución.
Se
contempla por primera vez, porque no estaban previstos en la ley anterior, los
aportes en especie, es decir, mediante trabajo, tareas y suministros de
determinados bienes o servicios con un límite en cuanto al monto que esos aportes
pueden representar, que es el de 5.000 módulos electorales, al día de hoy
67.500 pesos.
También
se incrementa fuertemente el aporte para la impresión de boletas que los
partidos políticos reciben del Estado. Se lleva el 1,5 boleta por elector a 2,5
boleta por elector.
-
- Ocupa la Presidencia el
señor Vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, doctor Luis Alfonso Petri.
Sr.
Tonelli.- Como voy a compartir mi tiempo
destinado a hacer uso de la palabra con el presidente de la Comisión de
Justicia, hago un escorzo muy rápido de algunos otros puntos a los que
seguramente él también se referirá.
Hay
una nueva regulación más estricta de las campañas publicitarias, sobre todo en
lo referido a las redes sociales, un modo de hacer campaña que no estaba
contemplado en la ley anterior; todos sabemos de la importancia decisiva que va
cobrando en las campañas electorales. Así se exige también a los partidos
políticos una rendición de cuentas respecto de lo que se invierte en las
plataformas digitales y en la publicidad digital.
Asimismo,
se prevé que la Cámara Nacional Electoral realice campañas de concientización y
formación cívica en esos mismos entornos digitales. Se regula de manera más
detallada y adecuada la actividad de las encuestadoras. Se aumentan las atribuciones
de auditoría de la Cámara Nacional Electoral y se aumenta a la Cámara Electoral
de manera sustancial el presupuesto electoral para contratar a auditores que
realicen esa tarea de auditoría.
Por
otra parte, se incrementan las penas y se prevén nuevas sanciones por el
incumplimiento de la ley y se regula de una manera mucho más precisa todo el
procedimiento que debe aplicar la Justicia electoral para concluir en las
eventuales o posibles sanciones a quienes violen la ley.
Por
último, en esta suerte de resumen que estoy haciendo, quiero referirme a un
aspecto muy importante, la posibilidad de que aquellas provincias que realicen
sus elecciones en simultáneo con la Nación, de acuerdo con lo que prevé la
vieja ley 15.262, adhieran al régimen y entonces los controles, los límites y
toda la regulación vinculada con la campaña sean las de esta ley que estamos a
punto de aprobar.
En
definitiva, se trata de un gran paso para aumentar la transparencia de las
campañas electorales, para mejorar las obligaciones de los partidos políticos
en orden a esas campañas y, lo que es muy importante y tal vez más que todo lo
anterior, un notorio incremento en las atribuciones y competencias de la Cámara
Nacional Electoral a fin de ejercer un control efectivo, rápido y eficaz sobre
las obligaciones de los partidos políticos.
En
consecuencia, este proyecto es un buen combo en pro de mayor transparencia y
mejor acceso a la información por parte de los ciudadanos y tiene por objetivo
evitar irregularidades en las campañas electorales.
Dejo
en uso de la palabra al presidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias,
señor presidente.
Sr.
Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Mestre, por Córdoba.
Sr. Mestre.- Señor presidente: para este Congreso la defensa de la democracia
siempre debe ser una prioridad y hoy vamos a aprobar este proyecto que es muy
importante para fortalecer las instituciones y los partidos políticos pues en
los tiempos que corren hay cierta desconfianza.
Estoy convencido de que echar luz y
dejar el oscurantismo atrás será realmente muy importante para la ciudadanía y
para el Estado. Creo, en definitiva, que se trata de un verdadero salto de
calidad en una democracia que se vuelve cada vez más completa.
A lo largo del debate de esta
importante iniciativa escucharemos hablar de un concepto muy importante: la
trazabilidad. En definitiva, creo que es uno de los
principales objetivos que se buscan con esta ley, y permite saber quién aporta,
cuánto aporta, cómo lo aporta, hacia dónde van esos fondos y cómo se usan. Es
un nuevo marco legal más sólido y transparente de financiamiento de los
partidos políticos.
Tenemos
que destacar que en la Cámara de origen se ha avanzado y muy bien, consensuando
con distintos proyectos de distintos partidos políticos, y se ha llegado a un dictamen
de mayoría muy consensuado; en el recinto, de setenta senadores solamente dos
votaron en contra.
Es
importante mencionar que también participaron en el tratamiento del proyecto de
ley organizaciones de reconocida trascendencia, como por ejemplo CIPEC,
Transparencia Internacional, RAP, Poder Ciudadano y el Conicet, además de
investigadores científicos, juristas reconocidos en el ámbito del derecho
electoral, jueces con competencia electoral y, lo más importante aún, la Cámara
Nacional Electoral.
Creemos
que esto trae dignidad a los ciudadanos porque éstos tienen el derecho de
reconocer quién financia a los partidos políticos y cómo y cuánto aportan,
además de cómo se usan esos fondos.
Hay
que poner en valor que también se está operativizando el artículo 38 de la
Constitución Nacional, porque en la reforma del año 1994 se incorporó en su
última parte que son los partidos políticos los que deben dar publicidad del
origen y destino de esos fondos. Con estas modificaciones estamos dando
cumplimiento, ni más ni menos, a un artículo de nuestra Carta Magna, que hace
veinticinco años está en vigencia.
Consideramos
que es el Estado el que debe regular el acceso igualitario al financiamiento,
su trazabilidad, sin vicios ni monopolios que deslegitimen la democracia.
Resumiendo,
como lo ha hecho el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
quiero destacar algunas herramientas que incorpora este proyecto. En primer
lugar, como ya se ha dicho, el modelo mixto de fondos públicos y privados,
resaltando que solamente un 22 por ciento de 180 países tienen un sistema
puramente estatal.
Otro
de los puntos muy importantes es que no se admiten aportes en efectivo. Quienes
hemos participado en distintas campañas políticas sabemos que esto se debe
evitar, porque evitando el aporte en efectivo va a haber mucho más control y se
evitará que dinero negro, sucio, proveniente muchas veces del narcotráfico y
del terrorismo, termine siendo el que financie a los partidos políticos.
Otro
punto importante es que se pone un límite a esos aportes privados, y me parece
muy importante que se redujo en la Cámara de Senadores del cinco al dos por
ciento, ya sea de personas humanas como jurídicas.
Además,
se establece que no se admiten aportes anónimos. Muchas veces veíamos que esto
sucedía en distintas campañas políticas. También se prohíben aportes de
organismos públicos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, como así
también de concesionarios y proveedores del Estado.
Se
aumentan los controles del cuerpo de auditores. Esto es algo que los jueces de
la Cámara Nacional Electoral lo venían reclamando desde hace mucho tiempo; yo
los he escuchado y la verdad es que no daban abasto con los auditores que
tenían, y ahora aumentan en ocho. También, la plataforma on line va a permitir un mayor control.
Por
otra parte, se operativiza otro de los artículos de la Constitución Nacional,
que es el artículo 37, que habla de la igualdad de oportunidades para el acceso
a cargos públicos y partidarios de hombres y mujeres. Con esta modificación de
la ley se garantiza que esos fondos tengan un cupo para la capacitación y
formación de las mujeres en un 30 por ciento, y en el caso de los jóvenes, de
un 20 por ciento.
También
me pareció muy importante el aporte que se hizo en relación con la publicidad
digital, estableciendo un 60 por ciento de esos fondos para la producción de
contenidos digitales, 35 por ciento para los que son de producción nacional y
25 por ciento para los que son de producción provincial, haciendo que de una u
otra manera los fondos lleguen a los provincias y también se fomente y aliente
el federalismo.
Es
dable destacar que la Cámara Nacional Electoral va a llevar un registro de
empresas encuestadoras, porque es conocido por la sociedad que cuando se
avecinan las elecciones empieza a haber operaciones para exhibir encuestas de
dudosa legitimidad. Ahora van a tener que estar registradas en la Cámara
Nacional Electoral.
Más
allá de estos avances de llenar estos vacíos legales que había en relación con
las leyes electorales, nos queda como desafío seguir muy de cerca el avance de
algunas empresas tecnológicas que con la virtualidad y el avance de la
tecnología pueden afectar a las distintas democracias, como Google y Facebook
que, con las distintas herramientas de big
data, machine learning y de
inteligencia artificial, pueden afectar a las democracias si no están muy
sólidas en sus bases.
Para
aportar un dato a esto que estoy expresando, digo que solamente el año pasado
Google facturó 100.000 millones de dólares, que es lo equivalente al PBI de
cien países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Fíjense la influencia que
pueden tener la tecnología y estas empresas tecnológicas en las democracias de
nuestros países.
Cuando
tuvimos la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Justicia, hubo un consenso importante y pude escuchar algunas críticas al
proyecto, sobre todo de los diputados que presentaron un dictamen en minoría,
referidas a que esta iniciativa era inoportuna. Yo creo que no hay una ley más
oportuna que esta. Primero, porque estamos muy cerca de elegir al próximo
presidente de la Nación, y segundo, porque se tiene que tener muy en cuenta lo
que se ha ventilado en la Justicia en los últimos años: en uso de la figura del
arrepentido –que hemos sancionado aquí en esta Cámara-, un altísimo funcionario
del gobierno anterior ha reconocido fehacientemente que él había recaudado
dinero sucio y negro para las campañas electorales del gobierno anterior.
En
definitiva, creo que están dadas todas las condiciones para que podamos avanzar
con esta ley, que echa luz, trae transparencia y va a ser una herramienta muy
positiva para los ciudadanos. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada Soria, por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: sin duda, el proyecto
de modificación del régimen de financiación de los partidos políticos es uno de
los más trascendentales que hemos tratado en este recinto en los últimos años.
Es un proyecto que nos obliga a pensar qué tipo de democracia y qué tipo de
país queremos los argentinos, qué lugar les damos a las minorías y qué
injerencia le damos al poder económico de decidir sobre nuestro destino.
Hemos
aprendido mucho sobre el oficialismo desde el 20 de julio de 2018, fecha en que
el Poder Ejecutivo ingresó el proyecto original de financiamiento a esta
Cámara. Para empezar, hemos aprendido la precaria noción de consenso que tiene
Cambiemos sobre el trabajo de este Congreso.
He
escuchado atentamente a senadores y diputados preopinantes, sobre todo al
presidente de la Comisión de Justicia, utilizar términos como negociaciones,
acuerdos o consensos, que supuestamente antecedieron a esta discusión.
Lamentablemente, nosotros no fuimos parte de ella. Lo lamentamos sobre todo
porque la Constitución ordena una mayoría especial para la sanción de este tipo
de leyes. No se trata solamente de un tema numérico, no son 129 votos
afirmativos; es un esfuerzo más, es un intento más. Son leyes de tanta
trascendencia institucional que realmente nos invita a estar de acuerdo sobre
las reglas de juego.
Y
ni hablar de la importancia de estas modificaciones en un año electoral con
elecciones presidenciales y con todo lo que hay en juego.
La
segunda cuestión que aprendimos es que el oficialismo no solamente no escucha a
la oposición sino que también ha aprendido a distraerse. Ha perdido el
termómetro ‑creo que esa es la expresión‑ para medir a la gente, para
preguntarle precisamente qué tipo de país quiere y qué rol pretende que jueguen
las empresas.
Estoy
convencida de que si a la gente le preguntamos si prefiere que las empresas
gasten sus recursos y patrimonio en comprar voluntades de los políticos o bien
que inviertan, generen trabajo o que por lo menos mantengan los puestos de
trabajo -que últimamente están siendo amenazados-, seguramente elegirán esto
último.
Creo
que fallan en consultar con la ciudadanía si prefieren a las empresas
invirtiendo en ejércitos de trolls y fake news o si su rol social apunta a
velar por generar condiciones más dignas, agregar valor a nuestras economías o
generar divisas mediante la exportación. Hoy tenemos esto en juego, señor
presidente: nuestro modelo de país. Es decir, empresas comprando voluntades a
cambio de obtener favores políticos, concesiones, contrataciones directas,
información privilegiada, o empresas haciendo lo que hay que hacer con
políticos que entiendan las necesidades de la sociedad.
En
épocas de crisis –crisis autoconvocada por Cambiemos, por supuesto‑ la
gente reclama austeridad, no en cuanto al consumo de electricidad, como nos
pide el presidente Macri, sino sencillamente frente al gasto grotesco durante
las campañas políticas.
La
gente quiere volver a ver a los políticos tomando mate, charlando con el
vecino, y no poniendo millonadas en las redes sociales para destruir al
oponente.
Además,
no podemos dejar de soslayar que el proyecto tuvo su nacimiento mientras los
principales líderes de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires estaban siendo
sindicados como autores de graves delitos penales por manipular los datos de
miles de aportantes en la campaña de 2017.
Hubo
4.800 aportantes privados en la campaña de Cambiemos que pusieron entre 300 y
2.000 pesos cada uno, lo que contribuyó a una recaudación total de más de 42
millones de pesos, casi todo en efectivo. A raíz de esto, me resuenan las
palabras del diputado Tonelli cuando hablaba de la plata en efectivo donde
lógicamente se desconoce el origen real de esos aportes, porque muchos de los
supuestos aportantes luego se presentaron a la Justicia para desconocerse como
tales. Entonces, nos preguntamos cuál es el origen de esos fondos, y ahora aquí
estamos tratando este proyecto de ley.
Frente
a tal brutalidad, la inventiva del Poder Ejecutivo hizo que se envíe este
proyecto a la Cámara para modificar la ley de financiamiento de los partidos
políticos bajo el pretexto de que delinquimos porque la ley es vetusta y por
eso queremos aportar transparencia. Bien, lo que estamos haciendo aquí es
solucionarle los problemas legales a Cambiemos mientras privatizamos la
democracia.
Lo
que sucedió posteriormente con el proyecto ingresado a esta Cámara, y su
posterior tratamiento por el Senado, resulta claramente vergonzoso y pocas
veces visto en este Congreso. Es decir, ponen, sacan y meten sencillamente para
que pase.
Sin
embargo a nuestro espacio lo mueve la agenda de la gente, las necesidades y la
conquista de derechos. No compramos la
transparencia cuando en realidad se pretende vender esa impunidad. Pero no
solamente es la falsa transparencia lo que está en juego sino también la
equidad y la igualdad de oportunidades que tiene que haber entre todos aquellos
que pretendan participar en una contienda electoral.
El
proyecto elimina a los partidos jóvenes o, mejor dicho, de estructuras pequeñas
porque, como adelantamos, se trata de un proyecto hecho a medida de Cambiemos,
un partido que nació rico. Entonces poco importa construir democracia con
representación de las minorías.
De
esto se trata nuestro dictamen, que lo voy a sintetizar en algunos puntos.
Repudiamos
la inclusión de las personas jurídicas como aportantes de las campañas
políticas. Consideramos que financiar partidos políticos es ajeno al objeto
social de las personas jurídicas.
En
cuanto a las personas jurídicas comerciales su finalidad es el lucro y, como
tal, de aportar al financiamiento de la vida política, es lógico que pretendan
una contraprestación a cambio. Incluso el capital de figuras tales como las
ONGs muchas veces está conformado por aportantes prohibidos o gobiernos
extranjeros, es decir, nada ilógico en un mundo en el que hoy se están
analizando injerencias de países extranjeros en las elecciones de potencias
mundiales.
Son
numerosos los esfuerzos y las recomendaciones internacionales que sugieren la
prohibición de los aportes de personas jurídicas en campañas electorales. Voy a
citar solamente algunas: el código de buenas prácticas en materia electoral, la
Comisión de Venecia, la recomendación del comité de ministros del Consejo de
Europa sobre reglas comunes contra la corrupción en los partidos políticos y en
las campañas políticas, entre muchas más –no los quiero aburrir.
También
creemos que la reducción de los espacios de la publicidad audiovisual cedidos
por los servicios de comunicación va en detrimento de la equidad e igualdad de
oportunidades que deben tener las distintas fuerzas que pretenden competir en
una contienda electoral.
Cambiemos
dice sin ningún tipo de sustento fáctico que la razón de ello es que la
publicidad audiovisual generó confusión y hartazgo en gran parte del
electorado.
Sin
embargo la verdadera razón es eliminar a uno de los pocos recursos que promueve
la equidad en el sistema ya que el reparto es absolutamente uniforme entre los
competidores. Ello es así porque Cambiemos suele poner todos los huevos en una
sola canasta, y los puso todos en Internet y en las redes sociales. Esto lo
digo en base a los números de la Cámara Electoral.
En
la elección de 2017 Cambiemos gastó en publicidad más de 41 millones. El
partido que le siguió, el Frente Justicialista, gastó 7 millones de pesos, es
decir, menos de una cuarta parte. Además, puntualmente en Internet Cambiemos
gastó más de 24 millones de pesos en la campaña de senadores y diputados
mientras que Unidad Ciudadana gastó 3 millones de pesos. Me parece que los
números hablan por sí solos.
No
tenemos que recurrir a eufemismos como hartazgo o confusión. En realidad, no
les conviene, no les interesa igualar fuerzas. Es decir, pretenden una
democracia de a pocos y bien polarizada. De eso se trata la grieta que ustedes
generaron.
Hay
otras modificaciones que rechazamos, como la del aumento de los montos de las
multas por presentaciones tardías. La verdad es que esto resulta grotesco y
sobre todo desmesurado.
Pero
también hay otro tema que nos preocupa. Me refiero al régimen sancionador,
porque claramente viene a resolver el “problemita” de Cambiemos, que incurre en
varios absurdos bastante patentes, porque es poderoso que un juez electoral
pueda resultar quien termina investigando, por ejemplo, una red de
narcotráfico.
Pero,
además de los rechazos de los espacio, también tenemos propuestas concretas, y
no son de ahora ‑no son oportunas por un “problemita” legal, como tiene
Cambiemos- sino que vienen de unos cuantos años atrás.
Se
trata de un proyecto del diputado Máximo Kirchner, que no nació -como el de
ustedes- para apagar un incendio, sino para reconocer las falencias que tiene
nuestro actual sistema, que también obviamente esperamos que se abra al diálogo
o por lo menos que puedan aceptar algunas modificaciones, si no están muy
apurados para llegar a las elecciones de octubre.
Nuestro
dictamen propone la regulación completa de la propaganda electoral en Internet,
y no a medias como hicieron en el Senado. También pretendemos contar con un
presupuesto mínimo asignado por el Estado y, a su vez, lógicamente contar con
un límite en los gastos. De lo contrario sucede lo que pasó en la última
elección donde gastaron millonadas en Internet y es imposible equiparar
fuerzas.
Por
supuesto, vemos con buenos ojos el aumento de la impresión de boletas a 2,5 por
elector, pero también queríamos un poco más.
Queremos
regular una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Normas Electorales
para que el Congreso monitoree también las cuestiones relacionadas al
financiamiento.
Proponemos
que el día del acto eleccionario, como ocurre en muchas ciudades de distintas
provincias –como sucede en mi ciudad, por ejemplo‑, el transporte público
sea gratuito para evitar lo que ya todos conocen, es decir, el acarreo.
Nuestro
dictamen también niega la participación de las personas jurídicas –esto ya lo
dije antes‑ en el financiamiento de la política y también de la vida
institucional porque sencillamente rechazamos la privatización de la
democracia.
Queremos
que haya batallas justas y dirigentes con compromisos con el pueblo y no con el
poder económico. Por sobre todo, repudiamos las leyes hechas a medida para
salvar las papas al gobernante de turno.
De
eso se trata nuestro rechazo y esperamos que a lo largo de este día acepten
modificaciones para mejorar este proyecto de ley porque, de lo contrario,
estaremos retrocediendo hacia legislaciones que son repudiadas en todo el mundo
sencillamente porque las banca el lobby.
(Aplausos.)
Sr.
Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos
Aires, quien compartirá el tiempo de su interbloque con los señores diputados
Gustavo Menna y Juan Manuel López.
Sra.
Lospennato.- Señor presidente: en primer lugar,
solicito autorización para insertar parte de mi discurso en el Diario de
Sesiones a fin de ocupar ahora solo unos pocos minutos.
La
verdad es que no vale la pena repasar mucho los distintos aspectos técnicos de
este proyecto de ley porque los dos miembros informantes dieron cuenta
profusamente de cuáles son las modificaciones que trae aparejadas.
Permítame
simplemente unos minutos para explicar qué estamos tratando y que para mí es
muy claro: si estamos dispuestos o no a que la sociedad conozca de dónde viene
y hacia dónde va el dinero que reciben los partidos políticos. De esto se trata
este proyecto, de ser claros, de ser transparentes y mostrar quién financia las
campañas, cómo se financian y en qué gastan los partidos durante dichas
campañas.
Esto
es central porque define algo que nosotros venimos sosteniendo y cuya
legislación venimos modificando desde hace muchísimos años: entender que el
ciudadano tiene derecho al acceso a la información pública. Esta información
debe ser parte de aquello con lo que los ciudadanos cuenten para poder ejercer
el voto informado, cosa que también garantiza nuestra Constitución.
Por
otro lado, no estamos implantando ninguna novedad en nuestro sistema electoral
porque, como bien dijo el señor diputado Tonelli, hasta el año 2009 el
financiamiento era mixto tanto durante la campaña como en los períodos por
fuera de ella. A partir de ese año solamente se prohibió el financiamiento por
parte de las personas jurídicas, pero no de las personas físicas, con lo cual
el financiamiento continuó siendo mixto antes y después de las campañas, con la
diferencia de que las personas jurídicas solo podían hacer aportes en los
períodos que no fueran de campaña electoral. Por ende, no estamos inventando
algo nuevo, sino que estamos volviendo a nuestro tradicional sistema electoral
–que ya admitía a las personas jurídicas‑, con un sistema mixto, que
siempre lo fue porque nunca cambió.
Cabe
señalar que con esta iniciativa no se admite a las personas jurídicas de
cualquier manera, sino que se lo hace a través de algo que para mí es el buque
insignia de este proyecto, lo más importante, que es la bancarización
obligatoria de todos los ingresos y gastos de los partidos políticos. Además,
esta bancarización obligatoria presenta una novedad que introdujo el Senado de
la Nación y que celebro, que es esta plataforma ‑en cabeza de la Cámara
Nacional Electoral‑ en la que los donantes también tendrán que registrar
sus donaciones. Esto permitirá un doble chequeo a fin de que el trabajo que
realicen los auditores sea más sencillo y despeje cualquier tipo de duda
existente en relación con lo que declaran los propios partidos políticos. Es
decir que tanto el donante como quien recibe la donación tendrán la obligación
–impuesta por este proyecto de ley‑ de registrar el ingreso en una
plataforma que será administrada por la Justicia Federal y que además estará
disponible on line para los
ciudadanos.
Por
otra parte, también se establece la bancarización completa de los gastos. Esto
es muy importante. Como sabemos, en la Argentina durante las campañas
electorales más del 90 por ciento de los gastos declarados por todos los
partidos políticos –al igual que los ingresos‑ se realizan en efectivo.
Esto trae aparejado enormes problemas de trazabilidad. En consecuencia, la
bancarización como centro y eje de este proyecto es lo más importante.
Un
tercer aspecto que quiero señalar tiene que ver con la introducción de un
procedimiento electoral sancionador. Quienes seguimos estos temas recordamos
una innumerable cantidad de acordadas de la Cámara Nacional Electoral
solicitándonos la sanción de un sistema electoral sancionador, es decir, de un
mecanismo que la propia Cámara tuvo que ir determinando para ordenar la
jurisprudencia dispar que se generaba en los juzgados electorales a lo largo y
a lo ancho del país. Claramente, los jueces electorales empleaban cada uno de
ellos su criterio, sin garantizar una administración de Justicia igual, que es
regla de nuestra Constitución. Este capítulo que se dedica al procedimiento
electoral sancionador tampoco es novedoso, sino que recoge la jurisprudencia
que a lo largo de los años ha dictado la Cámara Nacional Electoral y que ha
plasmado en sus acordadas, sobre la necesidad de este sistema. Este es uno de
los aportes más importantes de este proyecto de ley.
Finalmente,
creo que esta iniciativa cumple realmente con una manda constitucional. La
introducción de los partidos políticos como instituciones centrales del sistema
democrático en el año 1994 en nuestra Constitución también tenía una exigencia
para con los particos políticos y para con todos nosotros, porque el artículo
38 exige que los partidos políticos den publicidad del origen y del destino de
sus fondos y de su patrimonio.
Aquí
lo que estamos haciendo es establecer un mecanismo para que ese origen y ese
destino sean absolutamente transparentes, accesibles a los ciudadanos y que
nadie tenga que preguntarse quién financió las campañas o enterarse por las
cosas que se ventilan en los juzgados penales. Esta información debe estar
disponible a fin de que cada ciudadano pueda ejercer su voto informado, es
decir, sabiendo cómo se financia el partido político por el que opta en cada
elección. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Menna, por Chubut.
Sr.
Menna.- Señor presidente: concordamos con los
postulados centrales de este proyecto, como es el caso de regularizar los
aportes de personas jurídicas para el financiamiento de las campañas
electorales, incorporar la bancarización obligatoria, garantizar la
trazabilidad de aportes y aportantes, mejorar la regulación de la publicidad
audiovisual, crear un registro de empresas de encuestas y sondeos de opinión en
el ámbito de la Cámara Nacional Electoral y fortalecer la capacidad de
fiscalización de la legalidad y regularidad de los aportes partidarios y de
campaña del Tribunal mencionado mediante la creación de nuevos cargos de
auditores.
Este
proyecto implica una mejora sustancial del sistema de financiamiento de
partidos políticos y campañas electorales, supone mayor transparencia e
incorpora opiniones y sugerencias de importantes organizaciones de la sociedad
civil, como CIPPEC, RAP, Poder Ciudadano, Transparencia Internacional, entre
otras.
Más
allá de esto, quiero detenerme en dos cuestiones que deberían ser motivo de
análisis en el tratamiento en particular o, eventualmente, en una revisión
posterior de este proyecto de ley. Una de ellas tiene que ver con un error de
orden conceptual en el artículo 5° de esta iniciativa, mediante el que se
incorpora un inciso i) en el artículo 15 de la ley 26.215, de financiamiento de
los partidos políticos. Dicho inciso i) establece que los partidos políticos no
podrán recibir aportes provenientes de personas humanas o jurídicas que se
encuentren imputadas en un proceso penal en trámite por cualquiera de las
conductas previstas en la ley penal tributaria vigente o –y acá es donde está
el problema‑ que sean sujetos demandados de un proceso en trámite ante el
Tribunal Fiscal de la Nación por reclamo de deuda impositiva.
Es
patente y notorio que el propósito de la norma es inhibir como aportantes a dos
clases de personas en conflicto judicial con el Fisco: aquellas que tienen un
proceso penal por evasión o por cualquier otra de las conductas típicas de la
ley penal tributaria, y aquellas que son deudoras del Fisco y están sometidas a
un proceso por vía de apremio o de ejecución fiscal por tributos adeudados.
Coincidimos con ambos objetivos; sin embargo, la segunda parte de este inciso
–por la forma en que quedó redactado‑ no imposibilita a una persona
humana o jurídica que adeude impuestos, y que por tal motivo es demandada en un
proceso de ejecución fiscal, de ser aportante.
Digo
esto porque este inciso no establece que no pueden ser aportantes los sujetos
demandados en un juicio de ejecución fiscal o de apremio –como debería decir‑,
sino que inhibe a los sujetos demandados ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Como usted sabe, señor presidente, no existen personas humanas ni jurídicas
demandadas por deudas impositivas ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ni las
puede haber. Esto es por la sencilla razón de que el Tribunal Fiscal de la
Nación es un órgano de apelación solo disponible para aquellas personas a las
cuales la AFIP les determinó una deuda o les aplicó una multa. Así lo establece
con claridad meridiana la ley 15.265, de creación del Tribunal Fiscal de la
Nación, y lo reafirma la ley 11.683, de procedimientos administrativos.
Es
decir que en el Tribunal Fiscal de la Nación no hay personas demandadas por
deudas tributarias, sino todo lo contrario: hay contribuyentes que plantean
recursivamente la reversión de deudas determinadas o de multas aplicadas por la
AFIP. Además de un error conceptual notorio, lo cierto es que con esta
formulación la norma deja habilitados como aportantes a quienes son demandados
judicialmente por el pago de un impuesto.
El
proyecto, si bien impide que pueda aportar a una campaña quien es perseguido
penalmente por un delito tributario, no hace lo propio con aquel que afronta la
ejecución de una deuda fiscal firme. Entiendo que esta cuestión merece ser
revisada, dado que no es aceptable que una persona –humana o jurídica‑
que debe impuestos y además afronta un juicio de ejecución fiscal, sea
aportante de un partido o de una campaña. Sería un contrasentido que deba el
pago de un tributo al fisco y aporte a una campaña.
Otro
aspecto que considero mal resuelto es propiciar estándares uniformes en materia
de financiamiento de partidos y, sobre todo, de campañas electorales. Es cierto
que lograr este objetivo a través de una norma nacional no es tarea sencilla,
habida cuenta de que tenemos una organización federal y cada provincia es
autónoma para disponer en materia electoral en su jurisdicción.
No
obstante, están en juego principios vinculados con la igualdad ante la ley, la
participación en la cosa pública, y el derecho político a elegir y ser elegido.
Todos ellos son, de por sí, de orden federal; por lo tanto, son de observancia
obligatoria para las provincias de acuerdo con lo dispuesto por los artículos
5° y 123 de la Constitución Nacional.
En
muchas provincias no hay normas sobre el financiamiento de las campañas o, si
las hay, son lábiles y con estándares muy alejados de la transparencia y de la
búsqueda de igualdad entre competidores que propicia este proyecto de ley.
Es
sabido qué significa el peso del aparato del Estado en la mayoría de las
provincias, y de qué forma son utilizados recursos, bienes y medios públicos
para inclinar la cancha en favor del gobernante. Es sabido cómo son copados
espacios de publicidad audiovisual formales o no tradicionales, cómo son
monopolizados los espacios de publicidad en la vía pública y cómo se aprovechan
las obras públicas para llevar el favor político hacia el gobierno de turno.
En
la provincia del Chubut, por ejemplo, se desplegaron carteles en la vía pública
con la imagen del gobernador y el logo del gobierno local con la única
finalidad de exaltar esa figura, pese a que el tribunal electoral provincial
había ordenado su remoción. Es más: el eslogan del gobierno provincial y del
partido de gobierno es el mismo: “Chubut gana si ganamos todos”.
Ni
siquiera existe un esfuerzo para solapar el empleo de todos los medios
oficiales para favorecer al partido gobernante.
La
necesaria uniformidad de estándares no está bien resuelta en el proyecto de ley
en consideración. Además, en caso de simultaneidad entre una elección nacional
y otra provincial, la falta de una normativa homogénea provocará que todas las
prevenciones y regulaciones que hoy estamos tratando caigan en saco roto, ya
que los aportes irregulares no podrán entrar por el orden nacional pero sí por
la vía no regulada. Es decir, por las contribuciones a los candidatos de las
categorías provincial o municipal en el caso de aquellas jurisdicciones sin ley
o con una normativa flexible.
La
solución que ofrece el artículo 32 del proyecto con la incorporación del
artículo 75 ter a la ley 26.215 es insuficiente, ya que aquellas provincias que
dispongan realizar sus elecciones de acuerdo con el régimen de simultaneidad de
la ley 15.262 podrán adherir o no al régimen de financiamiento. Debemos tener
presente que la potestad de fijar la fecha de las elecciones provinciales se
enmarca en la esfera autónoma de cada jurisdicción, al igual que la adhesión al
sistema de simultaneidad.
A
fin de asegurar la aplicación de este régimen legal cuando las elecciones se
desarrollan en forma simultánea, cuanto menos la norma debería establecer con
carácter imperativo que la adhesión a la simultaneidad supone la adhesión a
este régimen de financiamiento.
En
nada afecta esta solución al régimen federal, ya que la potestad de adherir o
no al sistema de simultaneidad es un resorte provincial. La simultaneidad
importa, entre otras cuestiones, la aplicación de los comicios a las reglas del
Código Electoral Nacional en lo que respecta a las autoridades de la elección,
el escrutinio, los padrones, etcétera.
Luego,
debería suponer las mismas reglas en materia de financiamiento de las campañas
electorales, máxime cuando en caso contrario quedarían abiertas las puertas a
que, por causa de lagunas o deficiencias en la legislación provincial –o
incluso su carencia‑, se alteren las reglas de juego claras, limpias y
transparentes que persigue este proyecto de ley. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado López, por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Sr.
López.- Señor presidente: antes de comenzar mi
exposición quiero rescatar las consideraciones de los señores diputados
Tonelli, Lospennato, Mestre y Menna respecto de los avances en materia de
transparencia que trae aparejados esta iniciativa. Sobre todo, bancarizar los
aportes a los partidos políticos, no solo en época de campaña sino también
durante su desenvolvimiento institucional.
Hablaré
en nombre de un grupo de diputados del interbloque y en representación de un
partido que siempre ha debatido sobre las cuestiones vinculadas con el
financiamiento. En dieciocho años de vida parlamentaria ha sentado su posición
al respecto.
No
solo siempre hablamos sobre la autonomía que debe tener la política de otros
factores de poder, sino que además votamos en consecuencia durante los debates
de las leyes 25.600 en 2002, 26.215 en 2006 y 26.571 en 2009.
Además
de hablar en aquellas oportunidades sobre la autonomía de la política, hemos
tratado de ejercerla, en la medida de nuestras posibilidades, en cada elección
a la que nos presentamos. Participamos de cuatro elecciones presidenciales y en
todas las elecciones legislativas desde 2001.
En
2003, en nuestra primera elección presidencial, para ejercer esa autonomía e
igualar una cancha que estaba muy despareja desde hacía veinte años y que las
sucesivas leyes de financiamiento de los partidos políticos habían empezado a
nivelar –creo que esta iniciativa va en el mismo sentido‑, tuvimos que
presentar un recurso de amparo ante la Justicia nacional electoral para tener
un aporte partidario que nos permitiera imprimir las boletas. Obtuvimos
sentencia favorable en primera instancia y en la Cámara Nacional Electoral, lo
que generó un precedente para que las leyes sucesivas –es decir, desde 2006‑
incorporaran el aporte para las boletas entre aquellos que el Estado realiza en
el marco del sistema de financiamiento mixto que rige en nuestro país.
No
es mi intención abundar en argumentos, pero me parece importante hacer un racconto de las iniciativas presentadas
durante estos años para lograr una cancha más pareja. Sobre todo para los
partidos chicos y medianos, que hemos hecho alianzas electorales con casi todo
el arco político, menos el peronismo y la izquierda, que conoce la manera como
nos financiamos en todas nuestras campañas.
Hicimos
planteos ante la Dirección Nacional Electoral, en la Justicia nacional
electoral y en esta Cámara. En su momento solicitamos que se prohíba el aporte
de personas jurídicas, algo que seguimos haciendo. En 2002 suscribimos un
dictamen de minoría donde pedíamos que el Estado pagara espacios para
radiodifusión; en el debate de la ley sancionada en 2009, esto se incorporó. En
ese mismo dictamen, acompañado por la señora diputada Carrió, también
solicitábamos que el Estado haga el aporte para la impresión de boletas.
Asimismo, planteamos la prohibición de contratar espacios de radiodifusión por
parte de los partidos políticos, algo que también fue incorporado a la ley
sancionada en 2009. Todo esto contribuyó a que haya reglas más claras para
todos.
En
muchas oportunidades, en dictámenes y en proyectos de ley, mencionamos la
necesidad de contar con una boleta única.
Por
otro lado, hemos hablado de los límites a la discrecionalidad del aporte
extraordinario. Tal vez algunos no lo recuerden porque ahora no funciona así,
pero en el pasado se daba dicho aporte a los partidos políticos con una
discrecionalidad absoluta. En su momento judicializamos el tema y obtuvimos
fallos favorables. Por eso, no desde esta gestión sino de hace muchos años, hay
que fundar las razones por las que se hace un aporte extraordinario, además de
especificar el monto y rendirlo.
En
varias elecciones y campañas impulsamos el “microaporte” a través de medios
electrónicos y digitales. Hubo veces que tuvimos más suerte que otras; por
ejemplo, durante la campaña de la alianza UNEN, logramos ponerlo en práctica,
pero fue poco lo aportado.
Intentamos
de todas las maneras posibles llevar adelante políticas de transparencia
dirigidas a, insisto, igualar la cancha para todos los partidos: el gobernante,
el que recibe aportes de empresas grandes o pequeñas y el que, como nosotros,
decide tener otras reglas.
Tal
vez, solo seamos un testimonio en la política argentina; pero ese testimonio,
que es una realidad y no una declamación, logró presentarse en todas las elecciones,
participar de los debates trascendentes que tuvo la Argentina de 2001 a la
fecha, y siempre vamos a estar para discutir el financiamiento de los partidos
políticos, las reglas más claras posibles y la autonomía que debe tener la
política de cualquier otro factor.
En
esta oportunidad, no vamos a acompañar algunos artículos, pero celebramos el
avance de esta ley, que creo que sirve para tener una política más sana, más
transparente y más de cara a la sociedad. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada Cerruti, por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Cerruti.- Señor presidente: no es un debate menor
el que hoy estamos dando en esta Cámara, sino que es un debate crucial y
transcendental para la política argentina, para las instituciones y la
República. A veces puede pasar desapercibido porque tiene un título que parece
ajeno a la realidad de la gente porque hablamos de financiamiento de los
partidos políticos y entonces pareciera que estamos refiriéndonos a cómo se
financia algo que es ajeno a la realidad de la gente.
Nosotros,
como fuerza política, creemos fervientemente que la política, y por lo tanto
los partidos políticos, son la principal herramienta de transformación de la
sociedad, y que esa transformación de la sociedad se lleva adelante desde el
Estado. Entonces, creemos que hay un círculo virtuoso entre la política y el
Estado, que es lo que realmente puede modificar la vida de la gente.
Por
eso, lo que estamos discutiendo hoy en esta Cámara es si vamos a transparentar
un círculo vicioso o si vamos a tratar de construir un círculo virtuoso. Porque
la idea de la transparencia, la verdad ‑permítanme decirlo, colegas del
oficialismo-, es por lo menos polémica. Si nosotros creemos que cualquier cosa
que está mal, con transparentarla pasa a estar bien, deberíamos plantearnos
entonces que no hay nada que transformar en la sociedad y sencillamente hay que
poner una cámara, una iluminación sobre todo y transmitir en vivo y directo
para poner transparencia a todos los delitos o a las cosas con que no estamos
de acuerdo en la sociedad, y con eso ya tenemos el tema saldado.
La
verdad es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de si la política ‑como
acaba de decir el diputado preopinante- va a ser gobernada, manejada, tomadas
sus decisiones o transcurrido su camino a través de lo que quieren, lo que
desean, lo que eligen los ciudadanos, o si eso lo van a hacer las grandes
empresas. Esa es la discusión central hoy en la Argentina.
Lo
que hoy se está discutiendo en la Argentina es si el gobierno es parte del
sistema empresario, si el gobierno es parte del mercado, si las grandes
decisiones de este país y las grandes decisiones de este gobierno las van a
tomar las empresas y el mercado, o si las van a tomar los ciudadanos.
Hablaba
el diputado Tonelli de la necesidad de que sean los ciudadanos quienes de
alguna manera aporten al sostenimiento de los partidos políticos, algo
completamente contradictorio con poner a las empresas a sostener a los partidos
políticos.
Hay
un fallo del Tribunal Superior de Brasil, del año 2015, que claramente dice que
los ciudadanos tienen derechos políticos, que son tres: el derecho a votar y
elegir, el derecho a presentarse a elecciones y ser elegido, y el derecho a la
democracia directa a través de diferentes instrumentos. Ninguno de estos tres
derechos es de las empresas. Lo que tienen las empresas son intereses. ¿Las
empresas tienen ideología? Por supuesto que tienen ideología. No es lo mismo
ideología que derechos políticos.
Lo
que hace la ideología es permitir a las empresas subirse, sumarse, acoplarse a
un gobierno para hacer que ese gobierno tome las decisiones que mejor les
conviene. Y eso es lo que hoy está transparentando el PRO y Cambiemos con esta
decisión que están tomando de incluir a las empresas, a las personas jurídicas ‑no
solamente a las empresas argentinas, porque no controlan de ninguna manera a
las empresas offshore ni a los fondos de inversión‑ para que sean quienes
controlen, financien y manejen la política.
Y
esto claramente tiene que ver con la vida cotidiana de los argentinos y las
argentinas. Si una empresa petrolera decide de repente participar en la
política apoyando a Cambiemos o a cualquier otro partido político para que
llegue al gobierno, cuando ese partido gana las elecciones y está en el
gobierno, ¿cómo creemos que cualquier decisión que se dé sobre extracción de
petróleo, venta de petróleo, venta de nuestros recursos naturales, sobre las
empresas petroleras, no va a estar influenciada por esa empresa que decidió
manejar el gobierno poniendo su dinero para que ese partido político ganara las
elecciones?
Lo
mismo ocurre con cualquier otro caso, por ejemplo, un laboratorio. Si un
laboratorio quiere ser generoso, que done medicamentos. Si un laboratorio
quiere ser altruista, que vea de qué manera puede participar del drama social
que vive hoy la Argentina poniendo a disposición medicamentos más baratos para
todos y todas. Pero no, un laboratorio de repente decide ser altruista y
generoso solo en el momento de la campaña electoral, solo para poner su dinero
a favor de un partido que sabe que cuando llegue al gobierno le va a garantizar
votar las leyes y tomar las medidas que hagan mejorar sus negocios, sus
intereses, su lucro, que es lo que en definitiva buscan las empresas en el
capitalismo.
Las
empresas en el capitalismo tienen intereses y buscan el lucro. Ese es el leitmotiv de las empresas. ¿Está mal?
Por supuesto que no está mal. En este sistema en que vivimos, esto se maneja de
esa manera. Ahora, poner a esas mismas empresas a manejar el gobierno, es
sencillamente transparentar lo que hoy está sucediendo en la Argentina: estamos
todo el tiempo mirando la tablita del mercado, si sube o baja el dólar, si
suben o bajan las acciones de las empresas, porque el destino de los argentinos
y las argentinas está atado al destino de los fondos de inversión y de lo que
suceda en el Fondo Monetario y Wall Street.
Entonces,
hoy vienen a transparentar eso. Ya sabemos que son eso; ya sabemos que son el
gobierno de las empresas; ya sabemos que tienen loteado el gobierno entre las
diferentes empresas, las que llevan adelante el control de cada uno de sus
intereses.
Lo
que nosotros venimos hoy a discutir es que la política es la mejor herramienta
que tenemos en este momento. Es perfectible, es modificable, tiene una cantidad
de errores, pero sigue siendo la herramienta que tenemos para transformar la
vida de la gente y hacer, entre todos y todas, un mundo mejor.
Esa
herramienta tiene que ser independiente; esa herramienta tiene que ser
fundamentalmente sostenida por el Estado, porque el Estado es el lugar donde la
comunidad organizada hace su pacto de ciudadanía para llevar adelante un
proyecto de país, y es el Estado el que tiene que sostener la política y los
partidos políticos.
Pero
no alcanza con el sostén del Estado; se tiene que hacer desde los ciudadanos y
las ciudadanas, que sí hacen su elección política, que sí hacen su elección
vocacional, que sí hacen su elección pasional, de amor, de compromiso y todo lo
que ello significa. Y lo hacen de diferentes maneras: como voluntarios, como
militantes, o aquellos que pueden, haciendo su aporte económico. Cuando un
ciudadano hace un aporte económico a un partido, como cuando lo vota, como
cuando milita para él, sí, claro que tiene derecho a exigirle a ese partido que
cumpla con lo que prometió.
¿Es
lo mismo lo que le puede exigir un ciudadano a su partido político cuando llega
al gobierno que lo que le puede exigir una empresa? Un ciudadano, cuando su
partido político llega al gobierno, le exige que cumpla sus promesas de
campaña, que modifique la vida de la gente para que viva mejor, que cumpla con
aquello que dijo que iba a hacer, que lleve adelante un pacto de ciudadanía
para realmente transformar la sociedad. Una empresa, cuando el partido político
al cual aportó llega al gobierno, le exige que le vote las leyes para quedarse
con todo, que le dé los negocios que quiere tener para poder manejar sus
intereses. Es la privatización de la política, son los mercados puestos a
gobernar la Argentina.
¡Es
cierto que están transparentando algo! Están transparentado lo que ha venido
sucediendo en estos tres años. Bueno, ¡no queremos eso! No queremos
transparentar este círculo vicioso; no queremos transparentar que sea desde el
Fondo Monetario, desde Wall Street o desde las empresas que se decida la
política energética, económica, financiera, la deuda de los próximos cien años.
Queremos que sean los ciudadanos; queremos que sean los partidos políticos, y
eso es lo que estamos discutiendo hoy: es el centro, es el corazón de la
democracia.
Esto
no se empezó a discutir tarde. No se empezó a discutir en el 2000, cuando ya
era tarde. Tenemos democracia desde 1983 y se dieron una cantidad de
discusiones, y en los años 80 fuimos parte del proceso de consolidación de la
democracia, paso a paso, a medida que se iba pudiendo. También es cierto que
las campañas electorales no gastaban los dinerales y fortunas que empezaron a
demandar muchos años después. La cantidad de dinero que se movía en la política
no tenía la dimensión que tiene ahora, porque no había tantos medios
audiovisuales ni se gastaba tanto en política.
Entonces,
la discusión llegó en el momento en que había que regular este tema, y se fue
dando de diferentes maneras, como todas las discusiones en democracia, con
avances y retrocesos.
Ahora
estamos en el mundo en un momento en que se avanza a prohibir el aporte de
empresas a las campañas políticas. Lo prohibió Brasil por un fallo del Tribunal
Superior en 2015; lo prohibió Chile en 2016; lo prohibió Uruguay en 2017; Perú
hizo ahora una prohibición lateral porque no pueden aportar empresas
extranjeras; la Unión Europea dice que hay que recordar el fallo de 2001 que
establece que las empresas no son entes jurídicos con derechos políticos y por
lo tanto no pueden participar del financiamiento de las campañas políticas.
Una
vez más, la Argentina va a contramano del mundo, a favor solamente de aquello
que le dicen los mercados, de aquello que le piden las empresas. Una vez más,
la Argentina está colgada de lo que hace o deja de hacer Estados Unidos, donde
por otra parte el financiamiento de las empresas a la política ha hecho que el lobby allá sea una política paralela y
que los intereses de la gente queden a merced del lobby de las empresas. Todo
eso es lo que estamos discutiendo hoy.
Y cuando me vienen a hablar de la
bancarización, por supuesto que estamos de acuerdo, como con la mayoría de los
puntos del proyecto. No estamos votando en contra de un proyecto. Estamos
sosteniendo el proyecto que hemos presentado, que es el del diputado Máximo
Kirchner, que contiene una cantidad de cosas que había que mejorar de los
proyectos anteriores, una cantidad de cosas que están en este dictamen de
mayoría con las que estamos de acuerdo, pero que marca algunas diferencias
fundamentales.
Una de ellas, que para mí es el punto
central, tiene que ver con si las empresas van a entrar o no a financiar la
política y hacerse cargo ‑transparentemente, como ustedes dicen‑ de
las decisiones del gobierno.
La segunda cuestión de la que se ha
hablado acá, además de la transparencia, es la hipocresía. Señor presidente:
hipocresía es venir a este recinto a decir que lo que estamos discutiendo es
cómo transparentar el financiamiento de la política cuando en realidad estamos
dando carta libre a las grandes empresas de este país para seguir quedándose
con los negocios, con las tarifas, con las empresas de energía y con los
recursos naturales.
Hipocresía es venir a hablar de
feminismo cuando están por dar de baja la posibilidad de jubilación de las amas
de casa. Hipocresía es venir a decir que están cambiando y haciendo una
república más sólida cuando todos los días vemos en los tribunales cómo se
inventan operaciones de prensa, judiciales o jurídicas ‑que ahora mismo
la Corte ha tenido que detener‑ para perseguir a la oposición. Hipocresía
es venir a decir que este gobierno vino a solidificar la república cuando hemos
transcurrido tres años y medio –que por suerte ya se acaban‑ de persecución
a la principal fuerza de la oposición.
Sr. Presidente (Petri).-
Vaya concluyendo, señora diputada.
Sra. Cerruti.- Ya termino, señor presidente.
Queremos transparentar la política, y
esto consiste en hacer lo que los ciudadanos quieren. Queremos una política
gobernada por los ciudadanos y las ciudadanas, porque queremos un gobierno
llevado adelante a través de un pacto de ciudadanía que siente a los ciudadanos
y a las ciudadanas, no para hacer lo que el gobierno quiere, sino para discutir
con el gobierno cuál es la mejor manera de transformarle la vida a la gente. Y
para eso los partidos políticos siguen siendo la herramienta fundamental. Por
eso no queremos ni a las empresas ni al mercado gobernando la política. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Petri).-
Tiene la palabra el señor diputado Bossio, por Buenos Aires.
Sr. Bossio.- Señor presidente: me parece que está bueno dar un debate que tiene que
ver con una cuestión mucho más profunda en la Argentina. Recién escuchaba con
atención a la diputada preopinante, que hablaba del concepto “hipocresía”. Yo
también me voy a referir a este tema.
Pero lo primero que quiero decir es
que la Argentina está viviendo una crisis económica, social y política muy
profunda. Posiblemente lo que estamos debatiendo hoy tiene que ver con la
política, pero no podemos dejar de mencionar la crisis económica que está
viviendo la Argentina: la inflación supera el 50 por ciento anual y los
salarios están por debajo del índice inflacionario, lo que genera que miles de
argentinos terminen cayendo en la pobreza o en la indigencia.
La situación económica también es
compleja desde el punto de vista de la deuda. En algún momento nos habían
planteado la necesidad del crecimiento institucional para resolver algunas
cuestiones, pero no era para vivir de prestado, no era para generar una
situación que nos termine llevando a la última instancia, que es el Fondo
Monetario Internacional.
Hoy la sustentabilidad y
sostenibilidad de la deuda hoy está siendo puesta en tela de juicio, no solo
por el arco político sino fundamentalmente por quienes invierten en la
Argentina. Además, las exportaciones no muestran el dinamismo que deberían
mostrar, y ante la primera situación en la que el gobierno necesita recursos
manotea en las cuestiones vinculadas con las exportaciones y éstas se ven
debilitadas.
Estamos ante una crisis –para decirlo
con todas las letras‑ que afecta a todas las empresas, fundamentalmente a
las pequeñas. Cuando uno habla con cualquier empresario ‑pequeño, grande
o mediano‑, advierte que hay un proceso de desánimo y de decadencia, no
solo porque no producen más y tienen problemas con los costos y los impuestos
sino porque fundamentalmente tienen problemas con el desenvolvimiento
cotidiano.
Ni hablar de la crisis social.
Anteriormente mencioné los niveles de pobreza, y pareciera que van a crecer,
porque nada indica que la pobreza se vaya a reducir, como dijo en este recinto
el presidente de la Nación cuando afirmó que íbamos hacia un proceso de pobreza
cero. Si para llegar a la pobreza cero había que ir para un lado, fueron para
el otro. Si en el proceso de pobreza cero y reducción estructural de la pobreza
había que tomar una serie de medidas, se fue hacia otro lado.
¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué
estoy hablando de los graves problemas económicos y sociales que tiene la
Argentina? Porque la profunda decepción que generan en la sociedad recae sobre
la clase dirigente, sobre la política, es decir, la sociedad no está creyendo
que la política sea capaz de resolver los problemas de los argentinos.
Estaba leyendo una encuesta de
Ibarómetro, una consultora internacional con sede en Chile que desde hace
veinte años pregunta todos los años lo mismo. Cuando preguntó a los argentinos
“¿Usted cree que el Poder Ejecutivo puede resolver los problemas?”, solo
contestó afirmativamente el 22 por ciento. Cuando preguntó si se cree que es el
Congreso el que puede resolver los problemas, respondió afirmativamente el 24
por ciento. Cuando preguntó si se cree que es la Justicia, respondió
afirmativamente el 21 por ciento. Y cuando preguntó si se cree que son los
partidos políticos los que pueden dar soluciones a los problemas cotidianos que
tienen los argentinos, solo el 14 por ciento respondió afirmativamente. De
manera que la desvalorización de la política es moneda corriente. ¿Por qué?
Porque no encontramos soluciones y no planteamos los temas que hay que
plantear.
Desde que arrancó el año legislativo
solo hemos tratado dos leyes: la que estamos debatiendo y otra. Solamente hubo
dos sesiones del Congreso de la Nación. En 1983, el Congreso trató veinticinco
leyes. Luego, siempre se sentó y dialogó.
Entonces, la primera conclusión que
saco es que claramente hay un descontento de la sociedad con la política porque
los temas que son urgentes –no para la política sino para la sociedad, para los
argentinos‑ no están siendo tratados por este Congreso.
¿No les parece que deberíamos tratar
el tema inflacionario en el Congreso? ¿No les parece que deberíamos tratar la
ley de emergencia pyme en el Congreso de la Nación? ¿No les parece que hay que
tratar el tema de las tarifas? Hace dos años discutimos el tema de las tarifas
y dijimos que era insostenible el marco tarifario del gobierno. En ese momento
el presidente de la Nación, con nombre y apellido, trató de irresponsables a
Marcos Lavagna y a mí. Sin embargo, hace pocos días tomó una decisión similar.
Y después todos nos preguntamos por
qué la sociedad está enojada con la política. ¿O a usted no le pasa, señor
presidente, cuando va a algún lugar en San Martín –en Mendoza‑ y habla
con los vecinos y los centros de jubilados? Por ejemplo, ¿por qué no se trata
el tema de los créditos hipotecarios o el de las exportaciones? No se tratan
porque hay un gobierno que quiso y quiere cerrar el Congreso de la Nación; esto
hay que decirlo con todas las letras. No hay debate. Y no digo que sean los
dirigentes de su espacio, señor presidente, porque yo los veo trabajar. Pero
hay alguien que les dice que no bajen a las comisiones, y ese alguien tiene
nombre y apellido: Marcos Peña. Lo dice con todas las letras: no quiere que
haya debate. Y después convocan al debate por whatsapp. Es puro marketing.
Convocan a firmar, no a debatir.
¿Cómo es un debate serio en
democracia? El punto de partida debe ser coincidir en el diagnóstico. Si el
gobierno no entiende que fracasó –fracasó Macri, no los argentinos‑, si
no salimos de ese punto de partida, es imposible cualquier diálogo; y nadie de
esta Cámara se rehúsa al diálogo.
Por eso creo, señor presidente, que la
política está desvalorizada. Pero también lo está porque quienes conducen el
Poder Ejecutivo hablan permanentemente del gasto y el costo de la política.
Hace pocos días veía en un programa de televisión –y esto lo hemos hablado
muchas veces con Emilio Monzó, titular de esta Cámara de Diputados‑ cómo
el Poder Ejecutivo desprestigiaba a los senadores y a esta Cámara de Diputados.
Sin embargo, nunca escuché hablar de otros gastos. Todos acá hemos tratado el
presupuesto y sabemos que el primer ítem de erogaciones que tiene el Estado es el
de la seguridad social ‑las jubilaciones y pensiones‑ y que el
segundo ítem es el de los intereses de la deuda. Si tanto les preocupa el costo
de la política, empecemos a hablar de los intereses de la deuda. Empecemos a
hablar realmente de la sustentabilidad o no sustentabilidad, porque ese es el
segundo principal gasto que tiene el Estado. Sin embargo, el costo de la
política es el problema para muchos.
Creo
que esto no se soluciona con menos política, sino con más política. Además, la
política es una profunda vocación y no un puesto de trabajo. Escuché al señor
presidente de la Nación decir “Tengo el peor trabajo”. Pero lo cierto es que él
quiso ser presidente y la gente lo eligió. Esto es más que un trabajo: es una
profunda vocación que no es para cualquiera. Se trata de una vocación para
aquellos que quieren y pretenden transformar la realidad, porque les duele. Entonces, porque les duele
la realidad, están dispuestos a dar el debate. Seguramente lo harán con
matices, diferencias y antinomias, pero están dispuestos a hacerlo.
Lo
cierto es que aquí hay un gobierno que tiene la primera minoría parlamentaria y
no están dispuesto a brindar el debate. Reitero que no se trata de sus
diputados y senadores, sino de alguien que les dice que no concurran a las
reuniones de las comisiones y no discutan los temas que hay que debatir en la
Argentina.
Estoy
convencido de que hay que dar este debate. Tengo treinta y nueve años y no
estoy con ganas de que solamente se debatan las cuestiones que le interesan a
la política. Por el contrario, tengo
ganas de debatir los temas que realmente interesan a los argentinos. Pero
debemos decirlo con todas las letras: Marcos Peña y Mauricio Macri no quieren
que eso ocurra.
Señor
presidente: ¿usted cree que no hay que discutir los temas relacionados con los
impuestos? ¿Usted cree que la crisis que afecta al sector productivo no es una
cuestión que tiene que debatirse en el Congreso nacional? ¿Usted cree que el
tema de los créditos UVA que se otorgaron en un contexto en el que se suponía
que el índice de inflación iba a disminuir –en realidad hoy es del 54 por
ciento anual‑ no se tiene que debatir en este Parlamento?
Me
parece que revalorizar la política significa hablar sin hipocresía. Lo primero
que debemos hacer es lo que corresponde en el momento que está viviendo la
Argentina. Las oportunidades y coyunturas son las que marcan los debates
políticos. En este sentido, la política requiere hombres de acción que no estén
debatiendo las cuestiones propias de esa materia, sino aquellas que deben
discutirse en nuestro país.
Por
eso pido a mis compañeros de esta Honorable Cámara no solamente que debatamos
estos temas, sino que además ampliemos la agenda. No vamos a entrar en el juego
del presidente Macri, en el sentido de dividir a la oposición. Por el
contrario, esto debe hacerse con la participación de todos. Hace pocos días
escuché decir al señor diputado Massot cómo se excluye al 30 o 35 por ciento de
los argentinos. Lo cierto es que no se puede excluir; el diálogo es entre
todos, incluso con los que piensan distinto.
Claramente
la política requiere transparencia y plantear las cosas que han ocurrido en
materia partidaria. Si la gente no cree en los partidos políticos es porque no
ve en ellos al vehículo necesario para resolver y transformar la realidad. Los
partidos políticos se encuentran consagrados por la Constitución Nacional, pero
no han dado la respuesta suficiente para que la gente tenga la expectativa de
que en la Argentina se puede vivir mejor. Por el contrario, la gente cree que
las cosas van a estar peor. La gente está desesperada por su trabajo. También
lo están los jubilados y aquellos que saben que tienen que jubilarse, pues son
conscientes de que nos les va a alcanzar lo que perciban de jubilación.
Frente
a esto se requiere una respuesta de la clase dirigente. Está claro que se debe
discutir la forma en que se financian los partidos políticos. Nadie que forme
parte de la política desconoce que los privados están involucrados permanentemente
en el financiamiento de los partidos políticos. Recientemente hubo fallos de la
Cámara relacionados con hechos de público conocimiento y por los cuales el
Tribunal intervino fallando favorablemente, detallando la existencia de aportes
que tenían que ver con la vida partidaria y política.
Sr.
Presidente (Petri).- La Presidencia informa al señor diputado que ha finalizado el
tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra, por lo que le solicita
que redondee su exposición.
Sr.
Bossio.- Está bien que haya una mayor
transparencia en materia de bancarización y de trazabilidad de los recursos,
como así también que el Congreso Nacional debata en algún momento el tema de
las fake news, que evidentemente ha
tenido consecuencias en la vida democrática del resto de los países. En ese
sentido, también esperamos una respuesta del señor jefe de Gabinete de
Ministros. Dudo que no utilicen las bases del Estado, es decir, el accionar y
la capacidad que él tiene en sus bases de información.
Siempre
es bueno debatir aspectos que tienen que ver con la vida política; siempre es
bueno dar pasos relacionados con la transparencia y la trazabilidad; siempre es
bueno dar esa discusión. Pero esta última cae en la nada si no se resuelven en
forma urgente los problemas que tiene la Argentina. Ese debate es para la
política, que tiene que brindar respuestas porque esto se resuelve con más
política, diálogo y soluciones.
Solicito
al resto de mis compañeros de esta Honorable Cámara que empecemos a hacer lo
que tengamos que hacer, tratando los temas que interesan a los argentinos. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Petri).- Tiene la palabra el señor diputado Brügge, por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: el proyecto en
consideración establece, por un lado, nuevos paradigmas, y por el otro, un poco
de orden en lo que se refiere al proceso de cumplimiento de la garantía
constitucional prevista en el artículo 38 de nuestra Carta Magna, que determina
la obligatoriedad de la publicidad de los fondos y los patrimonios de los partidos
políticos.
Al
mismo tiempo esta iniciativa ha tomado algunos antecedentes relativos a la
forma en que se han venido desarrollando, en el ámbito de la competencia
federal en materia electoral, todos los mecanismos de control llevados
adelante, tanto en los informes partidarios anuales –me refiero a los balances‑
como en aquellos relativos a los fondos utilizados en las campañas electorales.
También
es cierto que al ponerse en marcha este mecanismo de control, que es monopolio
exclusivo del Poder Judicial porque no interviene ningún otro órgano
administrativo, vemos que falta una adecuada complementación con el
ordenamiento jurídico que deben aplicar los jueces federales con competencia
electoral.
Concretamente,
me refiero a que si bien el proyecto en consideración establece las
obligaciones que tienen los partidos políticos y las alianzas en el sentido de
efectuar las respectivas presentaciones y publicidades, también determina
criterios en cuanto al modo de receptar los fondos, como así también mecanismos
y límites a la cantidad de los aportes expresados, tanto por parte del Estado
como de los particulares. No obstante, observamos que todo concluye, en algunos
aspectos, en la discrecionalidad de los jueces con competencia electoral. En
esto incluyo al órgano de apelación a nivel federal, que es la Cámara Nacional
Electoral.
¿Por
qué digo esto? Porque en el proyecto en consideración, que compartimos y
acompañaremos, no se hace referencia a normas contables específicas y tampoco
se establece una remisión a ellas. Sin embargo, se exige que los informes
anuales sean acompañados por la firma de un contador público matriculado en el
respectivo distrito, como así también de un informe elaborado por él.
Muchas
veces ha ocurrido que esos informes del técnico o especialista no se condicen
con los que luego elaboran los auditores de la Cámara Nacional Electoral, que
son los encargados de revisar eso. ¿Por qué no se condicen? Porque a veces
faltan reglas claras de contabilidad y criterios concretos que determinen la forma
en que eso debe llevarse adelante.
Allí
comienza la discusión. En este sentido, esta hubiera sido una fabulosa
oportunidad para trabajar sobre esos aspectos a fin de incluirlos en el
proyecto en tratamiento.
Para
que quede claro, quiero decir que las normas contables que debemos tener en
cuenta existen para otras órbitas de la vida de la sociedad argentina. También
tienen vigencia a nivel internacional. Consecuentemente, creo que deben ser
tomadas como parámetros a fin de que haya claridad y puedan ser interpretadas
por el ciudadano común, ya que precisamente de eso se trata. En otras palabras,
el ciudadano común podrá determinar si el origen de los fondos de una campaña o
partido político para su funcionamiento habitual cumple o no con estos requisitos
en materia de contabilidad, que tienen una finalidad precisa, que es la
transparencia.
Por
eso creemos que deben tenerse en cuenta criterios tales como los esgrimidos por
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Por
ello, le exigimos a los partidos
políticos y a las alianzas que presenten sus informes al Consejo respectivo,
quien certificará que un contador ha firmado los balances. De esta manera los
consejos cumplirán un rol importante.
Además, a nivel internacional hay
organismos que aplican políticas contables sobre criterios generales para
homogeneizar aspectos de transferencias de patrimonios que también tienen que
ser aplicables. La International Accounting Standards Board, una de las instituciones
más prestigiosas a nivel mundial, establece criterios contables que no están
siendo aplicados por los auditores o los consejos respectivos. Entendemos que
también se deben aplicar las normas del Comité de Normas Internacionales de
Contabilidad.
Si bien el proyecto en análisis avanza
sobre la posibilidad de que las alianzas y los partidos políticos puedan
cuestionar los informes de los auditores, los jueces también tienen que
resolver sobre el asunto. Aquí aparece la práctica tribunalicia, porque los
balances pueden contar con dictamen favorable del auditor contable y del
Ministerio Público, pero los jueces pueden rechazar su aprobación. Creo que
deben primar los principios de evaluación de pruebas. En este caso se trata de
pruebas e informes periciales en lo que respecta al Código de Procedimientos
Civil y Comercial de la Nación. Allí, específicamente se determina cómo tienen
que evaluar los jueces las pericias, en este caso, los informes técnicos.
Esto generará certeza, transparencia y
los criterios adecuados para que las fuerzas políticas sepan cómo y de qué
manera pueden recibir los aportes privados y cómo y de qué manera destinarán
los fondos públicos que reciben.
Contar con reglas claras de
contabilidad es parte del cumplimiento del artículo 38 de la Constitución
Nacional en lo referente a la publicidad. Consideramos que esto hoy es
responsabilidad de la Cámara Nacional Electoral y de los jueces con competencia
electoral a los fines de que los partidos políticos puedan brindar información
certera, veraz y amplia a la ciudadanía.
Sr. Presidente (Petri).-
Tiene la palabra el señor diputado Martiarena, por Jujuy.
Sr. Martiarena.- Señor presidente: la Argentina vive una
profunda crisis nacional. Evidentemente, el gobierno perdió el rumbo, porque en
la agenda oficial no figuran los problemas que afligen y padecen todos los días
los argentinos.
El oficialismo habilitó el tratamiento
parlamentario del financiamiento de los partidos políticos, lo cual si bien es
importante, no es urgente ni de interés ciudadano.
Desde la oposición solicito a todos
mis pares que recuperemos la iniciativa legislativa. No podemos permitir que el
gobierno manipule esta institución tan importante que hace a la vida nacional.
Debemos considerar temas como la inflación, la emergencia alimentaria, la
necesidad de retrotraer las tarifas públicas, el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional y el quebranto de las pymes y de los comercios.
En nombre de la transparencia y de la
equidad e l Poder Ejecutivo pretende sancionar un proyecto de ley para
solucionar el escándalo judicial de los aportantes truchos que involucra a su
sector político y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Con esta
norma se pretende lisa y llanamente subordinar los partidos políticos al poder
económico, permitiendo que reciban aportes para financiar las campañas
políticas.
El artículo 38 de la Constitución
Nacional es muy claro porque garantiza la organización y el funcionamiento
democrático. Para que la competencia política y electoral sea pareja se deben
asegurar las condiciones de igualdad entre distintas fuerzas políticas.
Habilitar el aporte de empresas, que
por lo general están siempre bajo el calor del poder, desestabilizaría la
balanza, porque tendrían más posibilidades electorales los partidos
gobernantes. Por lo tanto, aquí se rompe el principio de igualdad y sana
competencia que consagra la norma constitucional.
La democracia participativa y
transparente debe colocar a todas las fuerzas políticas en un plano de
igualdad, a fin de que acceda al poder aquella fuerza que sepa ganarse la
confianza mayoritaria de la ciudadanía.
La intromisión del poder económico en
la vida interna de los partidos políticos es muy peligrosa. Un empresario o una
empresa que efectúa un aporte económico a un partido político, no tiene un fin
altruista, porque tiene un interés claro y concreto. En este caso, el partido o
candidato que acceda al gobierno estará condicionado porque se sentirá en la
obligación de devolver con creces los favores recibidos.
Estoy de acuerdo con que el sistema de
financiamiento debe ser mixto, el Estado debe contribuir fundamentalmente al
sostenimiento de los partidos políticos y las personas, los afiliados o
adherentes también deben colaborar en forma voluntaria.
En relación con las personas
jurídicas, puntualmente las empresas, sería muy bueno que hagan aportes, que
demuestren su voluntad de contribuir al sistema democrático y colaboren y
aporten al fondo partidario permanente y que de aquí se distribuyan
equitativamente los fondos entre todas las fuerzas políticas actuantes.
El Justicialismo se sustenta en
banderas históricas como la independencia económica, la soberanía política y la
justicia social. Los partidos políticos son los pilares del sistema democrático
y deben preservar su independencia económica y su soberanía política. Los
partidos políticos constituyen el ámbito en el que las ideas en su amplia
diversidad se deben imponer en la búsqueda del bien común y del interés general
por encima de los mezquinos intereses sectoriales o económicos.
Con estos fundamentos adelanto mi
rechazo al dictamen de mayoría en tratamiento.
Sr. Presidente (Petri).-
Tiene la palabra el señor diputado Yedlin, por Tucumán.
Sr. Yedlin.- Señor presidente: agradezco al diputado Negri por citar a esta sesión
especial que hoy nos permite trabajar. También quiero felicitar a los
cordobeses por la gran elección democrática del último domingo, al electo
gobernador Schiaretti y al futuro intendente de la ciudad de Córdoba, nuestro
compañero de bancada Matías Llaryora, que demostró que la unidad vence a la
brecha y que ésta pierde.
Adelanto el voto afirmativo al
proyecto enviado por el Honorable Senado. Así como la política y el sistema
electoral han encontrado un lugar hoy en este recinto, solicito al gobierno
nacional que abra las comisiones y los recintos de ambas Cámaras para que
podamos trabajar sobre aquellos temas que preocupan a los argentinos, como la
imposibilidad de pagar los créditos UVA, la falta de vacunas, el precio
inalcanzable de los medicamentos y la insoportable ausencia de un Ministerio de
Salud que debe cuidar a los argentinos.
En la única sesión ordinaria de este
año declaramos al 1° de abril como día nacional del donante de médula ósea.
Hace más de un año que todos los donantes de médula ósea de la Argentina no son
estudiados y, por lo tanto, no tienen la posibilidad de donar aquello que han
decidido dar a través de un acto altruista. Hay gente que seguramente se está
perdiendo la posibilidad de recibir la donación por esta situación.
Los argentinos necesitamos que el
Congreso y sus comisiones trabajen para dar las respuestas que necesita el
país.
Los
argentinos venimos mostrando provincia por provincia, que hay otra Argentina;
no es la Argentina de la grieta sino de la unidad. Esa Argentina debe encontrar
su voz en este Congreso, y es nuestra responsabilidad que esto suceda.
Sr.
Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada Pitiot, por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Pitiot.- Señor presidente: desde hace más de
treinta años en la Argentina el sistema democrático de gobierno funciona como
un consenso social básico.
En
nuestro país convivimos quienes hemos nacido en el sistema democrático con
quienes no tuvieron esa posibilidad o padecieron la vida nacional sin
democracia, pero ambas generaciones tenemos un desafío común ‑por lo
menos hacemos el intento, y quienes tenemos un rol institucional tratamos de
asumirlo con mayor responsabilidad‑ que es consolidar esta democracia,
profundizar los derechos y mejorar las reglas del juego democrático. En otras
palabras, tenemos que seguir ejercitando y extendiendo la práctica democrática
modificando a veces leyes que no cumplen con estos parámetros.
En
ese sentido, en reiteradas oportunidades la Argentina se ha encontrado con la
posibilidad de hacer modificaciones; pero las crisis políticas y de
representación también han puesto obstáculos en este proceso. Tenemos un
antecedente muy reciente: de hecho yo ya era diputada nacional cuando en 2016
esta Cámara le dio sanción a un proyecto de reforma política. ¿Qué pasó con
eso? Se intentó introducirle reformas en el sistema de votación y después de
discutirlo quedó a medio camino.
En
esta sesión discutimos otra cosa; es algo que era muy demandado. Cuando discutimos
la reforma electoral muchos diputados dijeron –y dijimos‑ que el proyecto
era incompleto si no hablábamos del
financiamiento de los partidos políticos. Justamente, hoy estamos acá
discutiendo eso, y discutir el financiamiento de los partidos políticos es
debatir sobre el funcionamiento de la vida democrática de los partidos.
En
ese sentido, una palabra que se ha utilizado mucho es “trasparencia”. Y la
trasparencia en materia de financiamiento más que una palabra declamativa tiene
que ser una herramienta para la calidad de la democracia que todos buscamos. No
se trata con este proyecto de ley de responder a la curiosidad de los
ciudadanos ni de los medios públicos o privados, sino de mecanismos que
faciliten un voto informado. Y el voto informado implica que los ciudadanos y
ciudadanas argentinos sepan de qué se trata cuando votan, cuando hacen la
elección de un candidato o de un partido político. Es nada más ni nada menos
que el derecho al acceso a la información, y este proyecto de ley inicia ese camino.
Merecen
una mención especial algunos artículos que justamente tienen que ver con la
trasparencia. Quiero destacar por su importancia los artículos 7° y 8°, dado
que se refieren a la bancarización de los aportes. Esto implica eliminar los
aportes en efectivo para favorecer su trazabilidad, incorporando la
bancarización y la identificación de los aportantes, incluyendo también la
posibilidad de revertir algunos aportes. Esto favorece un mayor control sobre
la identidad de los aportantes.
Lo
propio hace el artículo 8° cuando habla del seguimiento de los aportes. Me
refiero a la plataforma de seguimiento de los aportes con obligación de
presentar las declaraciones juradas en las que el aportante tiene que declarar
que no se encuentra alcanzado por ninguna prohibición y que, además, lo ha
hecho con libre consentimiento.
No
quiero pasar por alto un artículo que tiene que ver con la referencia a la
capacitación y al destino que deben darle los partidos políticos a los aportes
que reciben. Puntualmente, quiero hacer especial mención a algo que muchos
declaman, de lo que muchos hablan y que se menciona en la Agenda 2030 entre los
Objetivos del Desarrollo Sostenible ‑fundamentalmente en el objetivo
quinto-: me refiero al tema de la equidad de género. Hacia adentro de los
partidos también se deberá plantear claramente la cuestión de las
capacitaciones para los líderes. En este sentido, los partidos políticos
deberían destinar un 30 por ciento a la formación y al desarrollo de líderes
mujeres.
Hay
otros artículos con los que no estamos tan de acuerdo. Los vamos a mencionar
porque luego vamos a plantear algunas disidencias parciales.
Lo
cierto –esto lo quiero puntualizar- es que en la actualidad el régimen de
financiamiento de la política no está funcionando. El dinero circula en
efectivo; las campañas se financian con fuentes no muy claras y cuestionadas, y
los oficialismos –acá ningún oficialismo queda afuera‑ usan los recursos
públicos para sus propias campañas. Además, las rendiciones de cuentas de los
partidos políticos también han sido inconsistentes.
Entonces,
¿qué necesitamos? Necesitamos reglas claras para que la cancha se nivele para
todas las fuerzas políticas. La informalidad vulnera los derechos de los
votantes que no pueden conocer a quién están apoyando cuando votan, es decir,
quién apoya a los candidatos en las campañas y a quién yo estoy apoyando como
ciudadano con mi voto. Este proyecto inicia el proceso que permite trasparentar
toda esa información.
Por
otro lado, también es importante no encubrir al poder económico que busca
influenciar la política pública. De esta manera vamos a saber en tiempo real
quién está aportando y cuánto está aportando. Esto le hace muy bien a la
democracia.
Los
partidos políticos cumplen un rol fundamental en el desarrollo del juego
democrático, debiendo canalizar y ordenar las preferencias individuales. De
este modo, las modificaciones que estamos intentando al régimen de
financiamiento de los partidos políticos van a ser provechosas si –y solo si‑
contribuyen a la estabilidad democrática, a la representación y al ejercicio de
la participación ciudadana; de lo contrario, los pasos que estemos dando serán
en falso. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: en el año 2009 me tocó
llevar adelante, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
todo lo atinente a la reforma política de ese momento.
El
miembro informante de esa reforma fue el diputado Landau, que sin lugar a dudas
es una de las personas que en materia de derecho electoral tiene mayor
conocimiento práctico y profesional.
Personalmente
creo que está pasando lo mismo que en 2009. Digo esto porque cuando aparece un
proyecto de reforma política, habitualmente viene de la mano del oficialismo.
Además, habitualmente todos los partidos políticos se acercan a la mesa de la
negociación con sus inquietudes. De hecho, en 2009 habíamos acordado con la
izquierda algunos artículos del proyecto de ley ‑que incluso luego fue
ley‑, pero el Ejecutivo nos vetó el acuerdo que habíamos hecho con los
partidos de izquierda.
En
este caso, esa mesa también estuvo presente. La verdad es que no puedo hacer
como si no hubiera existido ningún tipo de acuerdo porque he sido testigo de
él. Incluso, voy a relatar cómo fue la sucesión de reuniones que hemos tenido
para llegar al día de hoy.
Este
proyecto nace como una iniciativa del Poder Ejecutivo e ingresa por el Senado,
donde se comienzan a hacer distintas audiencias públicas; el proyecto no vino
de rondón, estuvo todo el año pasado en el Senado.
Si
recurren a la versión taquigráfica para ver los antecedentes de las opiniones
de la sociedad civil en el debate, se van a encontrar con la sorpresa de que,
mayoritariamente, la sociedad civil se inclina positivamente por la posibilidad
de que modifiquemos –voy a pronunciar una palabra que me gustaría que escuchen‑
el “método” de financiamiento de las campañas políticas. Justamente, de eso
estamos hablando. Y pido que me escuchen porque a veces en el fragor del
discurso decimos cosas que no tienen sentido.
Suponer
que el electorado va a votar al más rico mínimamente implica agredir la
inteligencia de los ciudadanos argentinos. Caso contrario debiéramos tener al
menos una mirada retrospectiva sobre lo que hemos hecho con nuestra sociedad en
materia de aplicación presupuestaria desde 1983 a la fecha, por cuanto
estaríamos suponiendo que tenemos ciudadanos que pueden ser altamente
influenciables, lo que podría determinar un resultado electoral.
Honestamente
creo que sí existe el manipuleo comunicacional y que existe ventaja cuando
alguien tiene más dinero que el otro, pero no pienso que los ciudadanos sean
confundidos o voten solamente por ese motivo. A las pruebas me remito.
Les
pido que hagamos un ejercicio. Repasemos todos los gobiernos que hubo desde
1983 a la fecha, consideremos las posiciones de poder de unos y otros y cómo
los ciudadanos de este país, inteligentemente, han buscado con desesperación
salir adelante.
El
Senado hizo ese trabajo de consulta. Muchos de nosotros en ese momento nos
comunicamos con los senadores y advertimos que podía ser imposible que
finalmente aprobaran el proyecto durante el período ordinario del año pasado.
Entonces, decimos enfrentar el desafío de ver si en esta Cámara lográbamos los
consensos necesarios para su aprobación. Al respecto, cabe señalar que salvo
los muchachos que se sientan atrás –como algunas veces digo en referencia a los
diputados que pertenecen a los bloques de izquierda‑, todos en algún
momento recibieron aporte privado, a pesar de que la ley lo prohíbe –es cierto
que no desde hace mucho‑ desde 2009.
Lamentablemente,
no pudimos considerar el tema en sesiones ordinarias porque, como bien dijo el
diputado Bossio, el gobierno cierra el Congreso. Por eso es legítimo el reclamo
de muchos diputados respecto de la elección de los temas, aunque en mi opinión
éste es importante; pero esto es subjetivo.
El
hecho es que el Ejecutivo, en su estrategia de cerrar el Congreso, no envió
nada para considerar en sesiones extraordinarias. Recién al comenzar el período
de sesiones ordinarias empezamos a ver nuevamente la posibilidad de considerar
este proyecto. Entones, los senadores empezaron a trabajar con mayor fruición e
intentaron consultar, ya que les planteamos que no podían hacer un proyecto que
conformara solamente al Senado porque después no tendríamos la mayoría de la
Cámara de Diputados. De hecho, si observamos el dictamen inicial de la Comisión
de Asuntos Constitucionales del Senado y el proyecto finalmente aprobado,
veremos que se trata de una iniciativa en la que participamos todos los
partidos políticos.
A
nosotros no nos conforma. De hecho, hemos planteado nuestras disidencias. Pero
tampoco vengamos acá a hacer el discurso de la locura o a hacernos los
asustados o decir que ponemos en juego la democracia simplemente porque estamos
cambiando el método de financiamiento e incorporando la posibilidad –como
estaba antes‑ de financiar las campañas y ampliar esa posibilidad a las
personas jurídicas. Y financiarlas no de cualquier manera, no de costado o por
debajo de la mesa, como ocurría hasta ahora, sino con una ley que establece con
claridad muchas cuestiones que se han incorporado también desde el bloque del
Frente para la Victoria para asegurar la trazabilidad del financiamiento.
No
veo el escándalo que se planteó en varios discursos porque, honestamente, si
algunas de las empresas eléctricas financiaran la campaña de Cambiemos, lo
quisiera saber, porque eso explicaría, por ejemplo, los “tarifazos”. Y no
solamente se va a saber porque lo tienen que decir en la Justicia, sino porque
también se incorporan las declaraciones juradas del que da y del que recibe y
hay un mecanismo de trazabilidad y control.
Además,
como tuvimos en cuenta que la Cámara no tiene la posibilidad de controlar, en
la misma norma se incorporan los auditores que ella solicitó.
Es
una propuesta elaborada entre diversos partidos políticos ‑menos los
muchachos que están en el fondo‑, que se buscó encuadrarla en el marco de
lo correcto.
Comprendo
que pueda haber diputados que estén en contra. Ahora, cuando apelan al derecho
constitucional internacional, por favor verifiquen los datos. Acá se habló de
Brasil, pero ese país legalizó los aportes en 1995. Lo que pasó en Brasil en
2015 fue el Lava Jato, e incluso con el Lava Jato los legisladores brasileños
incluyeron en la ley el aporte de las personas jurídicas y de los privados para
las campañas. Fue el Poder Ejecutivo de ese momento el que lo vetó. Entonces,
digamos todo cuando hablamos de derecho comparado.
Reniego
de la posibilidad de dejar la situación como está cuando en cada elección de
los últimos años –no voy a decir desde 1983‑ ha habido un escándalo en
torno a los aportes.
Acá
se citó desafortunadamente al sector farmacéutico, a los laboratorios. En 2007
tuvimos un escándalo con los laboratorios, y ahora tenemos otro escándalo que
está vinculado a algo mucho más miserable ‑lo menos en mi mirada política‑,
como es el hecho de tomar el padrón de los pobres y hacerlos aportar.
Entonces,
me parece que el hombre es bueno, pero es mejor cuando se lo controla, y lo que
estamos considerando hoy es una iniciativa que cubre todos los flancos. No me
voy a detener en dar precisiones porque creo que los colegas que hablaron
tienen medianamente en cuenta todas las cuestiones que esta norma prevé.
A
través de nuestro proyecto pretendíamos que un porcentaje de los aportes
privados fuera destinado al fondo común para que los partidos chicos tuvieran
posibilidad -ya que no quieren tener compromiso de este tipo‑ de que el
Estado, al administrar esos fondos, los hiciera partícipes de mayor cantidad de
recursos.
El
Senado consideró que tampoco se podía vulnerar la voluntad del aportante -eso
creo que fue lo que argumentaron- y por eso nos negaron la posibilidad.
Reitero
que creo que sería importante que hubiera una cuota que, manejada por el
Estado, tuviera en cuenta a los partidos chicos.
Sr.
Presidente (Petri).- La Presidencia solicita que vaya concluyendo su discurso, señora
diputada.
Sra.
Camaño.- Como creo que es intención votar en
general y en particular, no puedo dejar de decir que la otra cuestión en la que
tampoco estamos de acuerdo es la redacción que el Senado ha dado al artículo
28, cuando habla de los incumplimientos de presentación de los estados
contables e informes de campaña. Porque lo que estamos haciendo con este
artículo es redondear en un 10 por ciento la multa, cuando la ley anterior nos
hablaba de un 0,2 por ciento diario, y me parece que eso tenía más sentido de
justicia.
Con
esta modificación, el partido político que no presente los estados contables
tendrá el mismo problema si los presenta el primer día o si no los presenta por
20 días; la multa será la misma. Me parece que ahí hay una injusticia muy
grande, fundamentalmente con respecto a los partidos más chicos.
La
otra cuestión con la que tampoco estoy de acuerdo es la referida a la redacción
que ha dado el Senado al artículo 37, que es el que establece el procedimiento
electoral sancionador o lo que comúnmente se llama el fuero de atracción.
Esto
lo conversé muchísimo con el doctor Landau y habíamos presentado una redacción
que era mucho más apropiada que la que actualmente tiene el proyecto de ley.
Al
respecto quiero señalar que la redacción del proyecto de ley favorece la causa
penal que tiene Cambiemos en el fuero electoral y penal; ya está resuelta la
controversia y está en el fuero electoral.
-
- Ocupa la Presidencia el
señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sra.
Camaño.- Es decir que la escandalosa causa de los
aportantes por padrón de los programas sociales se verá beneficiada por este
artículo 37. En este sentido, nosotros pretendemos acompañar con nuestro voto
la redacción que en el Senado propuso el doctor Landau, que la puedo acercar,
si es que quieren abrir el debate y modificar ese artículo.
Digo
esto también porque hay otras rendiciones de partidos políticos que están
siendo visualizadas por la Justicia. Entonces, acá salvaron los trapos los
oficialistas, y dejaron al descampado al resto de los partidos políticos.
No
tengo nada más para decir y, aunque lo tuviera, usted me dirá que se agotó el
tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra. Nuestro bloque votará
afirmativamente este proyecto. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Solá, por Buenos Aires.
Sr.
Solá.- Señor presidente: nuestro bloque no cree
en la esencia de este proyecto. Más allá de algunas cuestiones que pueden ser
discutibles de su articulado, y otras que pueden ser positivas, no cree en la
esencia que significa que el financiamiento privado ‑sobre todo el de
empresas- pueda actuar de una manera neutra sobre el votante sino que
absolutamente siempre estará ligado a un interés posterior que tenga relación
con lo que podríamos llamar la captura de las decisiones de algunos lugares
estratégicos del Estado.
Siempre
la mayor fuente de corrupción naturalizada a esta altura, y más aún por este
gobierno, ha sido esa: no tanto corromper a un funcionario que se sabe que
puede ser corrupto y que lo pueden comprar -que ocurre y vaya si ocurre-, sino
sobre todo capturar de una manera progresiva, sutil, ideológica y
financieramente, el lugar que necesita cada sector donde está la decisión. Capturar
la decisión y, con el tiempo, hacer que esa captura sea naturalizada.
Por
ejemplo, la alianza Cambiemos ‑que se dice republicana, defensora de lo
ético, lo moral, etcétera‑ hace años que naturaliza que el Ente Nacional
Regulador de la Electricidad esté absolutamente colonizado por Edenor y Edesur.
¿Eso tiene o no relación con el financiamiento de las campañas electorales? No
podemos chuparnos el dedo.
Esta
iniciativa quiere blanquear la naturalización de lo que ocurre. La idea es que
como ocurre, como no se lo puede evitar, como siempre será así, entonces
bajemos las barreras, abramos el juego y démosle una cierta normalidad a lo que
es absolutamente anormal.
Adicionalmente,
con la idea errónea ‑aunque respeto mucho a quien la acaba de manifestar,
porque respeto mucho su experiencia y su profundidad en estos temas‑ de
que finalmente la gente siempre vota inteligentemente y, entonces, la
publicidad no tiene mucha importancia.
No
estoy de acuerdo con eso. Creo que sí podemos pensar que la gente no es menos
inteligente que ninguno de nosotros. Actuando en conjunto, suele ser igual o
más inteligente. Ahora bien, pensar que la capacidad de difusión, de argumentar
mejor, de tener más claridad de llegada, de captar lenguaje y que toda la
ciencia del marketing político no
tiene alguna relación con resultados, también me parece un sofisma; es exagerar
la capacidad del pueblo para discernir.
Esa
capacidad de discernir está ciertamente limitada por la profesionalización del marketing de las campañas, que es una de
las cosas más caras del mundo. Nadie mide después si erran o no. Primero,
cobran muchísimo. Después le erraron el palo al gato y vaya usted, señor
presidente, a cantarle a Gardel, que, por cierto, no es lo que le deseo.
La
verdad es que tiene una enorme relación quién financia, cómo financia, qué pasa
después, y quiénes son los funcionarios.
Entonces,
¿cuál es la idea? ¿Blanquearlo? ¿Ordenarlo? ¿Que estemos todos contentos,
porque la gente es muy inteligente?
No
estoy de acuerdo. Para nosotros, la prohibición debe ser absoluta. ¿Prohibición
de qué? Si hiciéramos un referéndum, creo que ganaría esta posición: el
financiamiento de la política, que debe ser bajo, debe estar absolutamente a
cargo del Estado. Estamos absolutamente en contra del financiamiento
empresario. Lo hicimos saber en la observación que presentamos.
Se
exige la bancarización, pero ésta también se podría hacer sin la exigencia.
Podría ser un requisito ético de un partido decir: “Un momento; la ley no lo
dice pero bancaricemos todo.” Sin embargo, no es así. El 90 por ciento de los
aportes de Cambiemos en 2017 en la provincia de Buenos Aires ‑además de
que había muchos truchos, aunque no en esa proporción‑ fue no
bancarizado. Entonces, ¿cuál es la idea de la ética acá? ¿La ética interna de
cada uno o lo que manda la ley después?
Se
pone 2 por ciento como tope para cada empresa. ¿Y los holdings? ¿Cuántas empresas pueden tener? ¡Muchísimas! Para ser más
concretos, siempre será un múltiplo de 2, pero pueden pagar el 20 por ciento de
una campaña.
¿Y
quién va a controlar? ¿Quién sabe cuánto gastó cada uno en las últimas
campañas? ¿Es un dato conocido, como conocemos las cifras de las exportaciones
y de las importaciones? Antes sabíamos cuánta guita le regalaba el Banco
Central a los bolsillos de los particulares más poderosos para defender el
dólar, que en estos momentos quiere decir defender a Macri. Ese no es un dato.
No hay cálculos. Nunca se supo, no está en ningún lugar. ¿Cuánto se gastó en
2015? Parece que mucho. ¿Cuánto se gastó en 2017? Parece que más. Ahora estamos
seguros de que se va a gastar menos. ¿Por qué? Por el ambiente.
¿Dónde
están los cálculos? Si llegaran y fueran publicables, los mostrarían cuando el
que ganó ya tiene más bancas, la Presidencia de la República o las
gobernaciones. Es decir, ex post,
después. O sea, que llegan tarde, mal y nunca.
Fíjense
la demora de la Cámara Electoral y el tiempo que le dan a cada partido –no me
saco el sayo porque estoy seguro de que entro en el juego de alguna manera- para
cerrar sus cuentas. Nos dicen: “No tienen cerradas las cuentas desde hace tres
elecciones.” Y sigue el baile. Entonces, esta ley naturaliza el baile. De
acuerdo, naturalicemos el baile. La verdad es que dadas las circunstancias es
preferible la ruptura del contrato social que se sospecha o que estamos casi
seguros de que existe. La situación del país es de emergencia
Hay
una mirada negativísima sobre los políticos, a la que contribuye Cambiemos de
una manera excepcional, porque primero critica a la política y después cierra
el espacio del que dispone la política, que es este el Congreso, que es el
lugar que tenemos para trabajar, para mostrar nuestro trabajo, para hacer que
las cosas caminen, para aprobar leyes, para
presionar y para todo lo que debe hacer un legislador. Sin embargo, cierran
este espacio y luego critican a los políticos en televisión.
Se
presentaron como lo no político, lo antipolítico; lo empresario, diría yo. Se
presentaron como la naturalidad del conflicto de intereses. ¿A quién hay que
poner en cada ministerio? Al que más sabe. ¿Quién es el que más sabe? El que
más guita tiene, el ligado al más grande. Eso se quiere naturalizar. ¿Quién
tiene que ir allí? Un tipo que sepa. ¿Quiénes saben? Los que pertenecen a los
bancos, a Shell, los que vienen de consultorías. ¡Esos muchachos saben! ¡Cómo
no van a estar ahí! Ese es el razonamiento de Cambiemos. Ese es el razonamiento
que nos lleva a ver que lo que quiere esta ley ya no es naturalizar, porque eso
es cultural, sino regular y dejarlo expresado acá.
Recordemos
el libro La raíz de todos los males, de
Hugo Alconada Mon, respetado por todos, en principio. Allí él prueba que el
presidente Mauricio Macri pidió el 1 por ciento del patrimonio a varios
empresarios muy fuertes para su candidatura. Les dijo: “¿Saben por qué se los
pido? Porque el 99 por ciento restante va a crecer muchísimo con mi gobierno”.
Por supuesto que lo que ocurrió fue exactamente al revés: la mayoría perdió
patrimonio. El hecho es que lo dijo, y estaba tan naturalizado que creyó que lo
podía decir en voz alta. No es una denuncia que hizo alguien que es totalmente
opositor; lo dijo Alconada Mon y está escrito en un libro. Además, hizo la
denuncia en el juzgado federal del doctor Ernesto Kreplak, en La Plata. Allí
también se investigaba –en esto estoy de acuerdo con la posición del Frente
Renovador- la conexión negativa de la Justicia federal respecto de la Justicia
federal electoral.
Entonces,
sospechamos que no habiendo cerrado las cuentas de Cambiemos sobre la elección 2017
en la provincia de Buenos Aires –me refiero a la causa de los aportantes
truchos-, por el principio de la ley más benigna esto va a beneficiar a
Cambiemos. Ya lo hicieron con el juez Ziulu y ahora lo hacen ley.
Los
contratistas y los concesionarios no pueden. ¿Y los futuros contratistas y
concesionarios tampoco pueden? Porque hoy pueden no serlo pero después de
aportar, pueden serlo, aunque la ley no lo dice.
Se
prohíbe participar a los sindicalistas y a las asociaciones profesionales,
incluso a las asociaciones empresariales, por supuesto que con un prejuicio:
las empresas son buenas pero los sindicatos son sospechosos. Un prejuicio
increíble a esta altura de la situación para ambos; tenemos juicios sobre ambos
o tenemos prejuicios sobre ambos. Pero acá hay un prejuicio solamente sobre uno
de los dos.
Por
otra parte, en cuanto a la duración, somos partidarios de que se respete y no
se disminuya el 10 por ciento del tiempo de la programación y del espacio
gráfico de cada medio. También somos partidarios de que se mantengan algunas
cuestiones que la ley vigente prevé.
En
cuanto al ingreso de capitales espurios, este proyecto no lo va a evitar porque
vamos a seguir con investigaciones posteriores o con denuncias espectaculares
en medio de una campaña –como sucedió en 2009 cuando yo era candidato de la
oposición al espacio que en ese momento gobernaba y sufrí una denuncia
espectacular que no fue cierta-, pero no vamos a tener nunca la constatación
real hasta mucho tiempo después de si intervino o no un capital espurio.
Deben
cambiar las reglas y todo debe estar online.
Las cuentas de los partidos, las cuentas de las campañas y las cuentas de los
candidatos deben estar online. El
patrimonio y las cuentas deben estar online.
Si tienen problemas, que no sean candidatos. Si nos piden una vez por año una
declaración jurada, es un trámite, pero no nos dicen si hay que evaluar con
valor fiscal, con valor venal, con valor de referencia o con qué valor. ¡No nos
dicen! Entonces, alguno declaró sus bienes a valor fiscal, tiene seis casas y
declara un millón y medio de pesos, lo cual es una barbaridad, y otro declaró
el valor venal. No hay norma para eso. ¿Por qué no lo hacen una vez por mes?
Los
cambios patrimoniales de corto plazo se pueden registrar. Si se quiere, con la
tecnología todo se puede. Nos va a molestar muchísimo, pero les aseguro que le
va a dar mucha más tranquilidad a la gente. El control es mínimo, señor
presidente. Esta ley no sirve si no hay un control ex ante y si no hay una sanción fortísima ex post. De otro modo, ¿para qué? ¿Qué hacemos con un partido que
aceptó plata del narcotráfico o del crimen organizado? ¿Le decimos que se queda
sin postre? ¿O le decimos que se queda sin elecciones?
Entonces,
¿cuál es la realidad? La realidad hoy es muy mala. Por un tiempo, aunque sea,
seamos capaces de prohibir los aportes privados. Una ley se cambia con otra
ley. Veremos qué pasa, pero animémonos. Porque a los partidos populares, a los
partidos verdaderamente democráticos, a los partidos que enfrentan al gran
capital y a la “financiarización” del mundo, a los que enfrentan la
concentración natural –entre comillas- de la economía, no les van a dar un
mango nunca y a los otros sí. Ahora, ¿eso no va a influir en los votantes? Yo
creo que sí, señor presidente.
Por
las razones expuestas y por varias más, estamos absolutamente en contra del
proyecto en consideración. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Arroyo, por Buenos Aires.
Sr.
Arroyo.- Señor presidente: claramente estamos
discutiendo un tema central de la democracia. Es evidente que hay otros
problemas más graves en la vida cotidiana de los argentinos, pero debatir cómo
se financian los partidos políticos y las campañas electorales es un tema
central en un país donde los partidos políticos tienen el monopolio de la
representación electoral. Si alguien quiere ser presidente, gobernador,
intendente o diputado tiene que hacerlo a través de un partido político.
En
un país donde de verdad se está rompiendo el contrato social, donde se quebró
la relación de la sociedad con la política, una parte de la sociedad dejó de
creerle al gobierno pero no le cree nada a la política. En el medio de la
ruptura del contrato social, la Argentina necesita una nueva ley de
financiamiento.
La
verdad es que estamos ante un proyecto que queda a mitad de camino. Rescato la
bancarización de los aportes ‑un aspecto positivo‑ y el avance de
la trazabilidad. Que exista una planilla única de aportantes indudablemente
constituye un avance.
También
representa un avance poner un tope de 2 por ciento, es decir, que nadie pueda
aportar más de 2 por ciento del total de lo que recibe un partido. Además,
considero positivo que el 30 por ciento de lo que recibe ese partido vaya a
capacitación, en especial de dirigentes más jóvenes. Tengo claro que varios
partidos lo hacen y es uno de los aspectos significativos que tiene este
proyecto. Lo mismo pienso en cuanto a la posibilidad de invertir en redes
sociales y en especial en lo que tiene que ver con los medios nacionales.
Ahora
bien, hay aspectos realmente negativos en este proyecto. Cuando hablamos del
tema social y público más relevante de la Argentina, que es el debate
electoral, la posibilidad de que un partido abra una cuenta en un banco privado
no parece lo más adecuado. Hay bancos públicos en los que se pueden abrir
cuentas a la hora de establecer los montos y las características de la
competencia electoral.
Realmente
creo negativa la reducción de la progresiva participación de la pauta
publicitaria en los medios: ir achicando la participación de la publicidad de
los partidos en el medio de la campaña no parece lo más adecuado. Entiendo que
alguien puede sentirse cansado a la hora de ver varios candidatos planteando sus
propuestas, pero la verdad es que en la Argentina tenemos una cancha inclinada:
hay algunos partidos que tienen mucho y otros que tienen poco. En 2015 recorrí
la provincia de Buenos Aires y lo volví a hacer en 2017 como candidato a
diputado, y me quedó claro la cantidad de publicidad y de presencia que tiene
el partido de gobierno y lo desenganchados que estamos todo el resto. Es
evidente que ir achicando la pauta de participación en los medios de
comunicación va a hacer que lo que es una cancha inclinada se trasforme en una
cancha vertical, donde algunos tendrán muchísimo y el resto no tendrá nada.
Finalmente,
acá se ha mencionado un problema serio, que es la participación del sector
privado; permitir los aportes de empresas no parece una buena idea en este
esquema, en este contexto social, en esta situación de la Argentina. Va a
generar que esa cancha inclinada se desacomode mucho de verdad en un país donde
es muy evidente que hay un partido que tiene mucha más capacidad de captar
financiamiento de las empresas que el resto de los partidos que existen en la
Argentina.
Tal
como recién lo ha dicho Felipe Solá, nuestro bloque va a votar en contra. El
proyecto tiene algunos puntos rescatables, como la bancarización y la
trazabilidad, pero acá hay un punto crítico: se está habilitando la
participación de las empresas en un esquema que es totalmente desigual a la
hora de participar de la competencia electoral.
Quisiera cerrar estableciendo un criterio
claro. De verdad hoy la Argentina tiene una cancha vertical; no es que unos
tienen mucho más que otros, sino que hay algunos que tienen casi todo. El que
tiene el Estado tiene más o menos casi todo: hace publicidad de lo que es y de
lo que no es también, tiene más presencia en todos lados y tiene una capacidad de
incidir mucho más que el resto.
Habilitar
los aportes de las empresas...
-
- Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Perdón, señor diputado.
Solicito
a los señores diputados que guarden silencio y escuchen al orador.
Sr.
Arroyo.- Habilitar los aportes de las empresas en
este contexto, sin duda lo que va a hacer es desacomodar más las cosas. La
Argentina necesita una ley que defina con claridad y modernice el
financiamiento de los partidos y de la campaña. Soy de los que cree que este es
un tema central en serio, más allá de entender que la vida cotidiana se está
desacomodando brutalmente en nuestro país.
No
es el camino habilitar el financiamiento de las empresas, y por eso vamos a
votar en contra. Se está perdiendo una oportunidad. Tenemos una oportunidad en
serio de tomar un tema central de la democracia argentina y se lo está haciendo
de manera tal de aprovechar que hay algunos que tienen mucha más capacidad que
el resto de captar aportes privados. Una cancha que hoy está desequilibrada,
despareja e inclinada, la vamos a hacer una cancha vertical: el que tenga el Estado va a tener muchísimo más que el
resto en un país donde todas las ideas, todas las propuestas y todos los
partidos tendrían que tener condiciones similares para la competencia. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Ginocchio, por Catamarca.
Sra.
Ginocchio.- Señor presidente: los partidos son
una institución fundamental y básica de la democracia representativa conforme
lo indica el artículo 38 de la Constitución Nacional, con una función
trascendental como instrumentos de representación y participación política.
Entendemos
que son vehículos de la manifestación de la voluntad del electorado, necesarios
para el desenvolvimiento democrático, vinculados al desarrollo, al funcionamiento de las
instituciones y al bienestar de la sociedad.
Para
cumplir su función necesitan recursos económicos, sin perder independencia y
eficacia en el cumplimiento de sus fines. Esto nos conecta con el tema que
estamos debatiendo hoy, que no es una novedad porque en distintos momentos se
ha debatido y se alcanzaron acuerdos: los límites, quiénes pueden aportar,
aportantes mixtos o solo el Estado, la trasparencia, el uso de los fondos y la
rendición de cuentas.
Sin
duda, eso es clave. Es verdad que tenemos que debatir mecanismos de
financiamiento y que estos sean transparentes, pero también deben ser
proporcionales, equitativos y que no afecten la igualdad que necesitamos. No
debemos perder de vista que el sistema democrático debe asegurar la participación conforme al marco
constitucional.
Una
deficiente regulación atenta contra la calidad de las democracias y afecta la
confianza pública en sus instituciones, y una distribución desigual de los recursos
afecta las oportunidades de partidos y candidatos.
Entonces,
tenemos el deber de avanzar cada vez más hacia una mayor transparencia. Este es
un tema que no solo lo estamos debatiendo nosotros sino que se debate a nivel
mundial: un uso eficiente y responsable de fondos, pero también evitando los
conflictos de intereses, que nos preocupan a todos, las presiones, las
interferencias y la infiltración de dinero proveniente del ilícito.
También
tenemos los nuevos paradigmas como es
abordar el uso de las nuevas herramientas de la comunicación, asegurando una efectiva capacitación para la
participación política, con especial cuidado en resguardar la participación de
mujeres y jóvenes. Este es un punto interesante y muy actual.
Sin
embargo, hay aspectos del proyecto de ley con los que no estamos acuerdo.
Consideramos que esta es una propuesta que puede ser mejorada, siempre y cuando
exista voluntad y este Congreso funcione con la regularidad que los argentinos
necesitamos.
Remarcamos
la necesidad de trasparencia y equilibrio, propendiendo legislativamente hacia
una efectiva participación en igualdad de condiciones, con directrices
obligatorias, límites, rendiciones de cuentas y mecanismos de control.
Para
nosotros es central en este tema de financiamiento de los partidos políticos,
garantizar el pluralismo y dotar de condiciones de equidad, dando posibilidades
reales a todos los partidos, fomentando la participación.
Se
trata de dar confianza a los ciudadanos en el sistema democrático con el
funcionamiento de los partidos, lo cual es ineludible para fortalecer la
participación y la confianza de todos en las instituciones y los procesos
electorales.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr.
del Caño.- Señor presidente: como ya se lo han
señalado aquí varios diputados y diputadas, en esta Cámara no se está
discutiendo ni legislando en el día de hoy sobre las principales
preocupaciones, padecimientos y sufrimientos de la mayoría trabajadora del
pueblo.
Estamos
a minutos de que se conozcan los datos de inflación del último mes, que va a
marcar lo que sufren millones de trabajadores que ven pulverizados sus salarios
y sus jubilaciones.
Hace
algunos días cerraba la empresa La Campagnola, en San Martín, provincia de
Mendoza, dejando familias en la calle, y vemos ahora que las localidades de
Barker y Villa Cacique están movilizadas por los despidos en la cementera Loma
Negra. Miles de trabajadoras y trabajadores sufren despidos en todo el país.
Además,
en pocas semanas se va a terminar la posibilidad de que millones de
trabajadoras y trabajadores –sobre
todo trabajadoras‑ puedan ingresar en la moratoria para poder jubilarse.
Me refiero a aquellos que trabajaron durante toda su vida -o gran parte de
ella- en una situación no registrada o en negro, como se dice comúnmente.
Nada
de eso se discute en este recinto, señor presidente. ¿Qué se discute? ¿Qué se
viene a discutir acá? ¿Para qué le van a dar quórum a aquellos que hablan
mucho? Hoy los escuchamos hablar de los problemas que tiene el pueblo, pero
votaron todas las leyes de ajuste y entrega de este gobierno, y van a votar
esta también. Lo que se busca justamente es blanquear el financiamiento por
parte de las empresas ‑para las que después gobiernan‑ de las
campañas electorales.
Es
como decía la diputada Camaño: los que estamos sentados acá atrás, el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores, somos los únicos que no recibimos –porque
estamos en contra, y así está establecido en nuestros principios y nuestra
plataforma‑ ningún aporte de las empresas privadas.
Justamente,
esta norma es contra las fuerzas políticas como las nuestras, porque buscan
limitar y acallar nuestra voz para beneficiar a los partidos que siempre
gobiernan para los grandes empresarios. Entonces, esto es lo que se viene a
discutir acá. No hay ningún interés popular; solamente se viene a discutir cómo
van a financiar sus campañas con la guita que le van a dar los empresarios
amigos.
Quiero
leer algo sobre lo que dijo anteriormente el diputado Solá, quien hizo mención
a un texto que escribió Alconada Mon, pero me parece muy importante que le dé
lectura para que escuchen aquellos que se la pasan hablando de la
transparencia.
Dice
así: “Lo que hacía Macri eran reuniones con empresarios muy grosos, uno a uno,
en encuentros individuales y con el resto de los empresarios, pero de a 25
personas. A todos Macri le pedía el uno por ciento del patrimonio de ellos y,
ante el asombro, les argumentaba que él exigía el uno por ciento porque el 99
por ciento restante iba a valer mucho más con él como presidente de la Nación”.
Esto
después lo ratificó en sede judicial. No se publicó en “La Izquierda Diario”,
es decir, no lo dijo alguien de izquierda sino que está en un libro de Alconada
Mon, periodista del diario “La Nación”.
No
quiero decir una verdad de Perogrullo, pero justamente los empresarios y los
banqueros lo que buscan en este sistema social claramente es el lucro.
Entonces,
¿qué están buscando acá cuando financian una campaña estos empresarios? Sabemos
que lo han hecho porque hay múltiples denuncias. Como hay muchas denuncias y se
hace por atrás, como dijo algún diputado, ahora dicen que hay que blanquear y
hacerlo claro, es decir, que todos reciben la plata de los empresarios que
bancan las campañas. Justamente eso es lo que buscan: lucrar ganancias en
función de los partidos que después gobiernan para sus intereses.
Aquí
se está develando el carácter de este sistema social y político, y no es como
se dijo anteriormente que no tiene ninguna importancia para los 30 millones de
personas que están habilitadas para votar.
Por
supuesto que existe una enorme desigualdad a la hora de difundir planteos y
propuestas. Es decir, las distintas fuerzas políticas no tienen la misma
posibilidad. De esta manera, los propios ciudadanos, la propia población que
está habilitada para votar no va a conocer de manera igualitaria las distintas
propuestas que se plantean.
Entonces,
¿qué pasa? Viene el JP Morgan, responsable de las operaciones de fuga de
capitales, catástrofe que hoy está padeciendo el pueblo trabajador, y dice:
“Voy a aportar a la campaña de los distintos partidos”, porque no solamente
aportan a una sino que ponen en varias canastas.
También
puede venir Barrick Gold. Por lo tanto, quienes llevan adelante la explotación
de nuestros recursos naturales con las terribles consecuencias socioambientales
que causan son los que financian esas campañas, al igual que Monsanto y Bayer.
Pensemos
en los amigos de Macri: en los Lewis, en los Caputo y en los Midlin, que se
beneficiaron con los brutales tarifazos que padece la población. A todos ellos
le van a entregar las campañas electorales y los candidatos.
En
la última sesión vimos cómo se lleva adelante este mecanismo. Todas las fuerzas
políticas, a excepción del Frente de Izquierda y de los Trabajadores,
sancionaron una ley ‑aclaro que fue una de las pocas que se votó‑
pero tampoco fue para beneficiar a los trabajadores sino a Marcos Galperín, de
Mercado Libre. ¡La votaron todos los bloques! Se trata de una de las personas
más ricas del mundo que se benefició con esa ley mediante la cual se lo exime
de impuestos. Siempre viven de los privilegios y de los beneficios del Estado.
Quiero
recordar otra cosa muy importante que dijo Alconada Mon, ahora sí entrevistado
por “La Izquierda Diario”. Sostuvo: “Una verdad que es un secreto a voces entre
los políticos y los empresarios, e incluso los organismos de control, es que
una campaña presidencial cuesta 100 millones de dólares. Guste o no, eso es lo
que vale. Mientras vos estás andando en un desvencijado autito por la
Patagonia, tu candidato rival –que sí tiene el dinero para un avión privado‑
puede en el mismo día pegar tres o cuatro provincias distintas. En ese contexto
de los 100 millones de dólares necesarios que tanto Macri como Scioli, los
principales dos contendientes, salieron a pasar la gorra. De hecho, me contaban
algunos empresarios que el equipo de Scioli a menudo te tarifaba el ida y
vuelta. Supongamos: vos ponías 100 mil dólares, gracias; 300.000 dólares, cena
con otros doce o quince empresarios; 500.000 dólares, cena a solas”. Esto era
así, a excepción –obviamente- del Frente de Izquierda, insisto.
En
consecuencia esta es una ley de autoamnistía para esos partidos que se han
beneficiado con el aporte de los empresarios, porque esto después los va a
favorecer en las causas existentes, como la de los aportantes truchos en la
campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires durante la elección
anterior.
Como
ya se dijo acá, si vamos a la letra de la ley, encontramos una trampa. Parece
que nos trataran de estúpidos. El 2 por ciento es el máximo que podría aportar
una empresa del total de lo que se va a gastar en la campaña una fuerza
política. La misma Socma, ¿cuántas empresas en cuántos rubros tiene? Se dice
que aquellos que están vinculados a los servicios públicos no van a poder
aportar.
Otro
ejemplo: Eurnekián, que tiene la concesión de los aeropuertos de todo el país,
también tiene otros negocios. Entonces, sí va a poder aportar con sus otras
empresas. Si uno suma dos más dos, cada una de esas empresas puede aportar el
10, el 20 y el 30 por ciento del total del gasto de campaña de esa fuerza
política.
Como
si todo esto fuera poco, se reducen del 10 al 5 por ciento los espacios en
radio y televisión, lo que claramente afecta a fuerzas políticas como la
nuestra y, como dije anteriormente, a la ciudadanía, porque no va a tener el
derecho democrático elemental de conocer de manera igualitaria lo que dice cada
una de las fuerzas políticas.
Por
eso, presentamos un proyecto que plantea el financiamiento cien por ciento
estatal no solamente en radio y televisión sino también en redes sociales,
diarios, etcétera.
Quienes
se van a beneficiar con esta ley son los grandes empresarios de los medios,
porque parte de los espacios cedidos se los van a contar a cuenta de pago de
impuestos.
Esto
es un escándalo y queda muy claro que quienes financian las campañas o quienes
reciben aportes de estas empresas después gobiernan para esas fuerzas
políticas.
Nosotros
nos financiamos con el aporte de los trabajadores y de la juventud, y apostamos
a un gobierno de las trabajadoras, de los trabajadores y de todo el pueblo que
termine con este régimen del Fondo Monetario Internacional, de los banqueros,
de los terratenientes y de los grandes empresarios.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada del Plá, por Buenos Aires.
Sra.
del Plá.- Señor presidente: a esta altura del
debate creo que ha quedado claro que estamos frente a un pacto bastante espurio
entre Cambiemos y diversas alas del PJ para terminar de institucionalizar que
la política sea un instrumento del capital. Esto no ha empezado ahora y no
terminará con este proyecto de ley. Se quiere legitimar que en lugar de vivir
de escándalo ilegal en escándalo ilegal, todo el aporte y el sometimiento de
los partidos políticos mayoritarios patronales, como los definimos nosotros,
sean claramente legales.
El
argumento del 2 por ciento es una patraña. Hace un momento, una diputada que no
se encuentra ahora en el recinto planteó la aceptación de los aportes
individuales, pero no así de aquellos provenientes de personas jurídicas.
Sabemos perfectamente que ese 2 por ciento es una trampa, ya que los consorcios
de empresas, que tienen varias razones sociales, pueden poner ese porcentaje de
a tajadas a través de cincuenta entidades fantasma, cubriendo así el ciento por
ciento necesario. Lo mismo sucede con los aportes individuales; si no completa
el aporte la razón jurídica de Techint, vienen Paolo Rocca y sus gerentes a
poner todo lo que falta. No existe ninguna dificultad para ello.
Aquí
de lo que se trata es de dar carácter legal a algo que a todas luces es
producto del funcionamiento de esta democracia de capitalistas, ya que en lugar
de defender los intereses de la población, claramente funciona para garantizar
los derechos, negocios y ganancias de empresas y bancos a costillas de la
población trabajadora, de los jubilados y de la juventud. En definitiva, una
vez más se trata de disimular cuál es el régimen social imperante, pero está
claro que esto hace agua por todos lados.
¡Miren
el apuro! Es lógico, porque quieren que esta ley sea aplicada durante la
próxima campaña electoral.
Este
Congreso no ha discutido ninguno de los problemas esenciales por los que el
país está atravesando. Ojo, no tengo la ilusión de que si se discuten estos
conflictos habrá soluciones para los trabajadores, porque tengo perfectamente
claro el carácter de clase de esta institución. Ahora bien, esto es doblemente
serio porque no se discuten los despidos en Alba, Electrolux, La Campagnola y
Arcor, ni las suspensiones producidas en las empresas mecánicas y en Clarín. De
eso no se puede discutir nada; tampoco del sometimiento al FMI y del ajuste
brutal que se está cobrando los ingresos de la mayoría de la población. Sin
embargo, hay apuro por aprobar este proyecto.
Esto
es muy interesante. Tienen que seguir armando el operativo de distracción
frente a la crisis, para un gobierno que se cae y que está tratando de apelar
al rescate por parte de los bloques opositores para tener un respiro más. Es
por ello que se sientan a discutir los famosos diez puntos y dicen que
integralmente están de acuerdo. Todos fueron a sentarse frente al FMI para
garantizarle que no hay problemas y que se va a pagar absolutamente todo. Por
supuesto, a quienes no citaron a discutir son las muchachas y muchachos que nos
sentamos acá en el fondo, al Frente de Izquierda. ¡Lo bien que hacen! Saben
perfectamente que vamos a rechazar cualquier acuerdo que implique garantizar el
pago de la deuda fraudulenta y usuraria, que significa avanzar en el debate de
la reforma previsional, de la reforma laboral, del equilibrio fiscal como
argumento para seguir garantizando subsidios a las empresas, el ajuste a la
población trabajadora y el vaciamiento de la salud y de la educación.
¡Es
fantástico! Acá tenemos todas las denuncias de Odebrecht, Panamá Papers, los
cuadernos. Se sabe que todos los empresarios del rubro son parte de haber
corrompido a funcionarios de todos los gobiernos para obtener a cambio las
concesiones de la obra pública y cada una de las políticas que se han votado
acá. ¿O alguno supone que necesitan esta ley para que los CEO vengan a aplicar
políticas a su servicio? ¿No hemos discutido acá reiteradamente la función de
Aranguren como CEO de Shell para que se voten los tarifazos sobre los
combustibles y demás medidas acordes a esas empresas?
Acá
no hay nada respecto de lo cual sorprenderse. Este es un nuevo negociado. Como
ya se dijo, entre otras cosas, esta ley permitirá a las empresas de los medios
de comunicación –que cada vez más concentran toda la difusión y producción de
contenidos, etcétera, mientras ahogan a los medios públicos, donde tampoco hay
libertad de expresión‑ la libertad de empresa, pero de ninguna manera la
libertad de prensa. Y lo hacen además con un negociado porque se reducen los
espacios cedidos para que los partidos participen y otra parte se las dan a
cuenta de impuestos.
Estamos
frente a un blanqueo fenomenal de capitales, de intereses y de sometimiento.
Entonces, después que nadie se sorprenda –no hace falta que aprueben esta ley
para ello, aunque las profundiza‑ si luego se autorizan fumigaciones
sobre escuelas, viviendas y pueblos porque uno de los que pone el dinero para
el financiamiento de las campañas es Monsanto. Nadie puede sorprenderse por el
pasado, por el presente ni por el futuro.
Es
por ello que ahora no se discute cómo democratizar el sistema político. Por
ejemplo, terminemos con las PASO, que es un sistema absolutamente proscriptivo
para los partidos que defienden un programa al servicio de la población
trabajadora y que, por supuesto, no van a ser financiados por ninguna empresa.
No somos financiados por ninguna empresa porque difícilmente haya alguna que
ponga aportes en contra de sus intereses. Y si quisiera hacerlo, nosotros los
rechazamos porque nuestros partidos están construidos por militantes que los
sostienen con sus propios aportes. Probablemente por ello la Izquierda tenga
muchos más militantes reales que defienden un programa, que aquellos partidos
que acá mencionamos erróneamente como mayoritarios. La capacidad económica para
dominar los medios de comunicación, la opinión pública y la voluntad popular no
resuelven ni garantizan siquiera sostener y defender un programa.
Nosotros
defendemos que el financiamiento sea ciento por ciento estatal y que exista
acceso igualitario. Por supuesto, también defendemos medidas transicionales
porque entendemos que tal vez no sea este régimen el que verdaderamente pueda
democratizarse. La única democracia y participación real de la población estará
dada por un gobierno de trabajadores. En este sentido, planteamos una serie de
medidas transicionales para prohibir cualquier tipo de aporte privado.
En
este punto, miren qué llamativo. El Senado ha planteado la prohibición de que
aporten los sindicatos, en principio para no generar desconfianza –como se
mencionó‑, pero también porque habría que ver qué opinan los afiliados.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señora diputada: está excedida en el tiempo del que dispone para
su intervención.
Sra.
del Plá.- Ya termino, señor presidente.
Es
notable que no se preocupen de los sindicatos cuando se trata de burocracias
sindicales que difícilmente realizan una asamblea general para votar alguna
resolución. Solo se preocupan cuando se trata de ver cómo se protege el control
burocrático.
En
contraposición a ello, debo decirles que los intereses de la población y de los
trabajadores empiezan a abrirse curso. Por eso, a cincuenta años del Cordobazo,
el próximo 29 de mayo los trabajadores vamos a tomar en nuestras manos el paro
convocado para descomprimir, para imponer un verdadero programa al servicio de
una salida de la crisis para los trabajadores, para romper con el FMI, para
desconocer el pago de la deuda, para parar los despidos y las suspensiones.
Solo podremos hacerlo luchando organizados en las calles contra este régimen de
opresión por parte del gobierno y de la oposición que lo sostiene. Están defendiendo
un régimen político para hacerles pagar la crisis a los trabajadores. No lo
vamos a permitir. Vamos a hacer que la crisis la paguen los capitalistas.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra.
Sapag.- Señor presidente: me referiré
estrictamente al proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos
políticos.
Neuquén
es una provincia de avanzada en lo que a legislación electoral respecta. La
mayor parte de los aspectos que estamos debatiendo, ya se encuentran legislados
en nuestro Código Electoral Provincial sancionado en diciembre de 2016. En esa
oportunidad, como legisladora provincial, defendí la propuesta.
Adelanto
mi voto afirmativo al proyecto en consideración, porque como neuquina mi
experiencia me indica que es un avance hacia la transparencia del
funcionamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Esto
nos llevará hacia una mayor calidad democrática.
La
bancarización de los aportes y la posibilidad de que las personas jurídicas
contribuyan a las campañas constituyen un claro avance, dado que forman parte
de una realidad que debe ser reglamentada por ley.
El
artículo 148 de nuestro Código Electoral Provincial habilita el financiamiento
de las personas jurídicas a las campañas electorales. Entonces, sería
incoherente de nuestra parte negar esa posibilidad al sistema electoral
nacional.
Nos
parece positivo que los medios de comunicación deban ceder el 5 por ciento del
tiempo total de programación para publicidad electoral porque, de esa manera,
se evita la saturación de los ciudadanos. Esta medida también se encuentra en
línea con el código electoral neuquino, que dispone que será el Poder Ejecutivo
quien adquiera y distribuya esos espacios publicitarios que deberán estar
disponibles durante los últimos diez días de campaña.
Celebro
que se haya incluido la actividad proselitista que se realiza a través de
Internet y las redes sociales, adaptando la legislación a las nuevas
tecnologías, como ya han hecho otros países.
Estamos
de acuerdo con la inclusión de mayores responsabilidades y sanciones para los
responsables económicos y financieros de cada agrupación, y con la limitación
en los aportes para los gastos de campaña por parte de personas humanas o jurídicas.
La
extensión del plazo para la campaña electoral propuesta en el proyecto de ley
también se acerca a lo normado en Neuquén, donde el tiempo de campaña fue
fijado en sesenta días.
Considero
que la redacción del artículo 27 de la iniciativa en tratamiento, por la que se
modifica el artículo 66 de la ley 26.215, debería incluir un párrafo que
exprese: “Las personas humanas que incurran en las conductas establecidas en el
presente artículo serán pasibles de una pena accesoria de inhabilitación de seis
(6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser
elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de
autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y
partidarios.”
Por
otra parte, propongo que se extienda la responsabilidad a las alianzas; es
decir, que no esté limitada a los partidos. Se podría disponer, por ejemplo,
que las alianzas no se disolverán hasta que no se haya aprobado su rendición de
campaña. De esa manera, si las rendiciones no están en orden, los partidos que
las integran no podrán pensar en formular nuevos acuerdos.
Asimismo,
podría ampliarse el plazo para la presentación de los balances tomando como
referencia el que rige para las sociedades comerciales. O sea, ciento veinte
días.
Por
último, desde el bloque Movimiento Popular Neuquino quiero expresar mi
satisfacción porque estamos por sancionar una norma que propicia un marco de
claridad, transparencia, accesibilidad e información para nuestro sistema
político. Espero que sea el primer paso en un camino que contribuya a dar
fortaleza, credibilidad y legitimidad al ejercicio de nuestra vida democrática.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.
Sr.
Rossi.- Señor presidente: en verdad, no pensaba
hablar; pero me parece importante no clarificar, sino aseverar la posición de
nuestro bloque y recordar cómo ha sido el debate de este tema, que siempre
estuvo presente en el Parlamento.
La
reforma anterior del sistema electoral tuvo lugar en 2009. Es decir que
exactamente diez años después volvemos a modificarlo. En aquel entonces yo era
presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados; recuerdo que se
debatió mucho y que hubo gran participación de los bloques opositores.
No
era un momento fácil para nosotros; veníamos de no hacer una buena elección de
medio término y se estaba incubando lo que después fue el grupo “A”. Por lo
tanto, alcanzar la mayoría absoluta no fue tarea fácil; por el contrario, fue
muy ardua.
En
general, había consenso con los bloques opositores; pero ese consenso no se
expresaba en los votos. Recuerdo que la actual ministra Bullrich era diputada;
se sentaba por allí adelante e introdujo una cantidad de modificaciones al
proyecto de ley en tratamiento. Nosotros las aceptamos; sin embargo, su voto
fue negativo.
En
cuanto a la referencia que hizo la señora diputada Camaño de que después hubo
un veto parcial –si mal no recuerdo, tenía que ver con el piso electoral‑,
es cierto que se llegó a un acuerdo con algunos espacios políticos; pero ni con
ese acuerdo logramos que votaran afirmativamente. Recuerdo que lo hicieron en
forma negativa.
En
suma, no es la primera vez que un bloque político participa activamente en la
construcción de una ley. De hecho, durante la discusión en particular,
propondremos algunas modificaciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden
silencio para que podamos escuchar al orador.
Continúa
en el uso de la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.
Sr.
Rossi.- Señor presidente: como decía,
propondremos algunas modificaciones porque, en términos generales, cuando al
legislador el texto de la norma no lo satisface, termina votando en forma
negativa.
Después
de tantos años en la Cámara de Diputados, uno aprende que a las leyes no se les
puede pedir todo. A veces, dan una parte; pero uno puede sentir si esa norma es
un avance o un retroceso respecto de lo que piensa.
A
mi entender, el proyecto de ley sancionado en 2009 fue un avance importante y
no solo porque cambió el método de selección de los candidatos. Antes estaba en
manos de los partidos políticos; a partir de la incorporación de las PASO,
comenzó a estar en manos de la sociedad. Los partidos políticos proponen
candidatos y la sociedad selecciona a quienes se presentarán en los comicios.
Aquella
iniciativa sancionada en 2009 también significó un gran avance porque propició
una mayor participación del Estado en materia de financiamiento político y
electoral. Con ella quedó consagrado que todos los partidos políticos tengan
acceso a los medios de comunicación radiales y televisivos. Luego de las
elecciones de aquel año, un montón de partidos políticos minoritarios y con
candidatos poco conocidos tuvieron la posibilidad de acceder a la parte,
quizás, más cara de las campañas electorales: los medios de comunicación.
El
proyecto de ley en consideración reduce en un 50 por ciento ese aporte del
Estado. En realidad, no es del Estado, sino que este es el poder concedente
ante los medios de comunicación. Lo cierto es que quienes se verán perjudicados
son los partidos políticos, que tendrán menos tiempo en los medios de
comunicación audiovisual para comunicar sus ideas y su plataforma.
Aquella
iniciativa prohibía –no taxativamente, sino habilitando solo el aporte de
personas físicas‑ el aporte de personas jurídicas. No se eliminó el
aporte privado, dado que estaba permitido el de las personas físicas, pero
claramente se prohibía el de las personas jurídicas porque, de esa manera, se
lograba una situación más equilibrada y equitativa para el conjunto de los
partidos políticos. Lo hicimos siendo oficialistas. Es decir que siendo
oficialistas pusimos el sistema de medios de comunicación audiovisual al
servicio de todos los partidos políticos, según la mayor o menor importancia
que tenían, y siendo oficialistas también tomamos la decisión de prohibir el
aporte de las personas jurídicas.
Nosotros
pensamos, y lo he dicho en reuniones públicas y privadas, que tenemos que ir
hacia un financiamiento 100 por ciento estatal de la política y alrededor de
las campañas electorales. Creemos que cuanto menor injerencia de las empresas
exista en el financiamiento de la política, mejor es para el conjunto de la transparencia
y la actividad de los partidos políticos.
Pareciera
que hay dos planos de discusión: uno sobre financiamiento privado o público, y
otro que dice que, ya que existe el financiamiento privado, legalicémoslo.
Nosotros creemos que eso es absolutamente inconveniente. Abrir la puerta al
financiamiento privado me parece que, contrariamente a transparentar, va a
complicar muchísimo más.
Fíjense
que, en Europa, un presidente de centroderecha, como Sarkozy, tuvo problemas
por una denuncia por financiamiento presentada por la viuda del dueño de
L’Oreal. El presidente del gobierno de España, del Partido Popular, también de
centroderecha ‑Mariano Rajoy‑, tuvo que renunciar por el
financiamiento ilegal a su partido político.
Entonces,
me parece que las experiencias que hay en el mundo van en sentido contrario a
lo que nosotros queremos hacer. Acá se cree que porque legalizamos el
financiamiento de las empresas no va a haber financiamiento ilegal. Yo creo que
es exactamente al revés. Es como decir: “Votemos a este, que, como es rico, no
va a robar”. Mentira. Es más o menos como decir, con todo respeto: “Pongamos a
alguien que tenga algún problema de obesidad a cuidar diez porciones de
milanesas que no se las va a comer porque está obeso”. Es mentira, no es así.
En general funciona exactamente al revés.
Entonces,
la sensación que tenemos ‑y no solamente es una sensación‑ es que
esta reforma que se impulsa hoy no avanza en el sentido con que se había hecho
la modificación hace diez años, sino que es un retroceso en lo que respecta a
la participación del Estado, ya que hace al sistema menos igualitario, menos
equitativo y habilita claramente la participación de las empresas.
Las
empresas tienen una hoja de ruta: aportan más a los oficialismos, a los
partidos que tienen mayores posibilidades electorales y a aquellos partidos que
tienen líneas argumentales proempresa. Eso claramente genera un desequilibrio a
favor de los oficialismos, de los partidos que tienen mayores posibilidades de
recolección de votos y de aquellos partidos que tienen una mirada más en
defensa de las empresas o de sus actividades.
El
financiamiento estatal genera claramente una mayor igualdad y equidad; no
diferencia entre partidos más grandes o más chicos, o las diferencias son mucho
menores, porque el Estado está obligado a garantizar un piso de financiamiento
y, obviamente, tampoco hace diferencias entre partidos proobreros ‑por
decirlo de alguna manera- o partidos que defienden a las empresas.
Entonces,
independientemente de que rescatamos ‑como dijo la miembro informante de
nuestro despacho de minoría‑ la bancarización y el aumento de la cantidad
de pesos por voto que va a pagar el Estado para impresión de boletas, en
términos generales creemos que esta ley va a ser un retroceso sobre lo que
nosotros pensamos para el financiamiento de la política. Cuanto más lejos esté
la política de las empresas, del aporte de los sectores empresarios, más
transparente, igualitario y equitativo va a ser el sistema. En este tema, como
en otros, el Estado es el gran distribuidor.
Destaco,
fundamentalmente, la reforma que hicimos en 2009. Esta reforma que se quiere
hacer ahora es un retroceso frente a aquellos avances que consideramos que
hicimos en 2009. Frente a un hecho que todos dicen que hoy sucede, no creo que
querer legalizarlo vaya a resolver absolutamente nada. Va a seguir ‑en mi
opinión- existiendo financiamiento ilegal, en tanto y en cuanto no prohibamos
claramente todo lo que significa el financiamiento privado de la política y que
la política pase a ser financiada en un 100 por ciento por el Estado. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Contigiani, por Santa Fe.
Sr.
Contigiani.- Señor presidente: a finales de 1999
o 2000 ‑si no me falla la memoria‑ el cientista político José Nun
publicó un libro extraordinario, titulado La
democracia, gobierno del pueblo o de los políticos, donde evidenciaba el
peligro de profesionalizar la política y alejarse del pueblo como gobierno.
Digo
esto porque es cierto que estamos dando una señal narcisista a la sociedad.
Estamos discutiendo en círculos cerrados de intereses de la política y no
conectamos con los problemas reales de nuestra sociedad. Sigo apelando a que
los sectores del oficialismo que creen en la política ‑que los respeto‑
se puedan imponer a los que le tienen miedo y podamos ir hacia una agenda que
nos acerque al concepto de democracia como gobierno de los pueblos, y no de
políticos profesionalizados.
Ahora,
decir esto, señor presidente, no es ningunear o desacreditar el debate que
estamos teniendo ahora sobre esta ley de financiamiento político, que es muy
importante. Tal vez es la madre de todas las grandes irregularidades políticas
y de la corrupción política en estos tiempos. La relación entre dinero y
democracia se juega en este tipo de debate y en estos marcos legales. Tiene su
importancia y por eso también nos hacemos cargo.
Señor
presidente: yo respeto mucho algunos argumentos que he escuchado del
oficialismo y de dirigentes de la oposición ‑a los que respeto y creo en
su honestidad intelectual‑ de que están dando este paso para
transparentar una situación que en la realidad está mal. Creo en sus argumentos
y en la honestidad.
Pero
quiero decirles a la vez que desde muy joven me anima una idea ‑tal vez
ingenua, pero me hago cargo‑ de que el dinero de la empresa no tiene nada
que hacer en la política y la democracia; que la política no tiene que perder
terreno frente a los intereses privados y económicos, que son de otro
andarivel.
Desde
siempre tengo este principio, respetando este proyecto de ley, que tiene cosas
muy buenas, y respetando algunas voces del oficialismo que centralmente han
hecho un aporte positivo. Pero tengo esta vieja idea: no tiene nada que hacer
el dinero de las empresas.
En
el mundo, los pensadores políticos estudian en forma permanente estos temas y
nos aconsejan limitar la influencia del dinero privado en la política, en la
militancia y en los partidos políticos, porque es el elemento distorsionador de
la política y las democracias, en esa relación tan difícil y desafiante por
estos tiempos. Entonces, buscan marcos jurídicos, estudian, regulan, etcétera.
Así
como rescato otros, que son favorables, en este punto tengo diferencias. Está
claro que con esta reforma la Argentina se aleja del modelo europeo, de
centralidad de partidos políticos fuertes y de institucionalidad política
fuerte. Se aleja de algunas tradiciones de partidos latinoamericanos, o de
sistemas jurídicos latinoamericanos, y se acerca mucho más al modelo
norteamericano, aunque no es igual. Esta es la realidad.
En
lo que respecta al financiamiento de la política, el modelo norteamericano
privilegia al candidato y no al partido político, pero creo que tenemos que ir
al revés, es decir, levantar la política y fortalecerla. Lo dice el artículo 38
de la Constitución Nacional, que habla de partidos fuertes, sostenidos por el
presupuesto público, controlados y auditados. Pero pareciera que en la
Argentina algunos sectores quieren democracias de baja intensidad, débiles.
Por
otra parte, escuché el argumento de la transparencia. Atentamente escuché los
argumentos del oficialismo y de algunos dirigentes de la oposición, y los
respeto, así como respeto su trayectoria. Pero transparentar una situación que
está mal no implica que esa legalización nos ponga en un estado superador. Por
el contrario, nos llevará a situaciones más complejas.
Esa
legalización de los aportes de empresas a la política no nos asegura que no
haya condicionamientos a la autonomía que debe tener un funcionario público a
la hora de decidir desde un Estado nación o un gobierno. Esa legalización y
transparencia no nos asegura que podamos tener, frente a los sectores económico‑empresariales,
partidos políticos fuertes que no estén condicionados por intereses
corporativos; no nos asegura que el poder político no sea el reflejo de esos
intereses corporativos, cuando debería ser el reflejo de gobiernos del pueblo,
para el pueblo y por el pueblo.
Ese
es el punto filosófico fundamental que me anima desde siempre, respetando
–insisto‑ los argumentos y muchas cuestiones positivas que se están
proponiendo en este importante y trascendente debate.
Creo
que en este punto –y en otros‑ estamos dando un paso hacia atrás. No
estamos abordando la cuestión federal. El diputado Tonelli explicó muy bien que
esta norma podrá regir para las provincias que tengan elecciones junto con el
gobierno nacional, y creo que es un avance. Pero la mayoría de las provincias
tienen elecciones separadas y en ellas no hay ningún tipo de control, y la
cancha inclinada a favor de la oposición es notoria; y me hago cargo en lo que
respecta a mi condición de político de mi provincia. Entonces, no estamos
abordando ese tema de manera integral.
La
Argentina tiene un sistema mixto desde 1957. El primer proyecto integral sobre
este tema lo planteó el ex presidente Marcelo Torcuato de Alvear durante la
década de 1920, y el antecedente de 1957 –de sistema mixto‑ fue planteado
por un diputado radical de la Capital Federal, de apellido Amuchástegui, si no
me equivoco.
Desde
entonces, tenemos un sistema mixto, al cual defiendo. ¿Qué busca un sistema
mixto con preponderancia pública? Busca que la política no dependa del Estado
en un ciento por ciento y les permita a los ciudadanos aportes privados, en
calidad de persona humana y no de persona jurídica. La tradición política
pensante no recomienda esta opción.
Ese
es el sistema mixto. Tanto en el proyecto de ley de reforma integral que he
presentado como en la observación que estoy haciendo restrinjo el donante
privado a la condición de afiliado con dos años de antigüedad, pero doy
preponderancia al sistema público porque es más barato para el Estado financiar
el principio de la representación política y dar garantía real al artículo 38
que andar legalizando situaciones que están mal, porque después cuando un
funcionario toma decisiones condicionadas por esos intereses económicos nos
cuesta el doble o el triple.
Asimismo,
propongo crear una comisión bicameral permanente, como han propuesto otros diputados
y diputadas. También propongo un sistema de organismo de control diferente.
Creo que podríamos haber encarado la transparencia a partir de un sistema de
control permanente. Tenemos el ejemplo de Chile o de Méjico, con organismos
profesionalizados y autónomos. Es más, creo que el control de la cuestión
electoral no debe estar en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda. Pero todo esto se puede discutir.
Por
último, señor presidente, quiero decir que creo en la honestidad intelectual de
los que sostienen este proyecto. Como dije, hay algunas cuestiones positivas,
pero no lo puedo acompañar por esta profunda convicción que me acompaña
siempre, en el sentido de que el dinero privado o empresario no debe estar
cerca de la política –mucho menos para financiarla‑ y que la política en
general debe tener una conducta diferente frente al mal de estos tiempos, que
es la idolatría del dinero. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Pereyra, por Córdoba.
Sr.
Pereyra.- Señor presidente: el sufragio
universal, secreto y obligatorio fue la razón de ser de Leandro Alem y de
Hipólito Yrigoyen, ya que las oligarquías gobernantes asentaban su poder en la
exclusión del pueblo de las decisiones políticas.
Se
produjeron tres revoluciones y la abstención revolucionaria del yrigoyenismo
para que en 1912 se consagrara la ley que permitió, en 1916, la elección por la
voluntad popular del primer presidente. Hace 107 años este Congreso trataba una
ley de Código Electoral Nacional.
Sabemos
que el voto no alcanza para definir al sistema democrático, pero no hay
democracia sin sufragio.
En
1994, frente al avance del neoliberalismo, la Convención Constituyente consagró
en el texto constitucional el voto universal, igual, secreto y obligatorio para
evitar que las nuevas elites neoliberales pretendieran gobernar sin el voto
popular. Ahora, después del escándalo de los aportantes truchos del PRO en la
provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional envía al Congreso un proyecto
de ley que desnaturaliza la transparencia del sufragio al permitir el aporte de
las personas jurídicas, que pueden condicionar el accionar de un gobierno a
cambio de favores económicos de campaña. Esto también es anular la calidad del
sufragio.
La
Constitución Nacional reconoce a los partidos políticos como instituciones
fundamentales de la República y se compromete a su financiamiento, en aras de
la igualdad de oportunidades y la preservación del espíritu de nuestra
democracia.
Abrir
la puerta a la legalización de los lobbies
empresariales es subordinar la democracia a los grandes intereses económicos,
vaciándola de contenido, fundamentalmente, de la soberanía popular.
Por
eso, desde FORJA pedimos el rechazo del proyecto de mayoría y votamos el
presentado por la minoría en esta Cámara. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Schlotthauer, por Buenos
Aires.
Sra.
Schlotthauer.- Señor presidente: en primer lugar,
quiero aclarar que como militante de izquierda, y también como trabajadora, me
resulta incómodo que estemos discutiendo una ley para financiar a los políticos
y sus partidos en un país que está pidiendo médicos, enfermeras, docentes.
Solicito que se financien los servicios públicos para garantizar los derechos
de la población, que se están desintegrando con este plan de ajuste.
Ha
sido la propia Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires la que
ha decretado la emergencia para los institutos de menores de La Plata, Ensenada
y Berisso, con lo cual también quisiéramos estar discutiendo la financiación
para resolver esos problemas.
Dicho
esto, quiero anunciar que para resolver la financiación de estos problemas
hemos presentado un proyecto que esperamos se pueda discutir en algún momento.
En el artículo 1° de esa iniciativa solicitamos que se anulen todos los
acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho el presidente
Macri, y en el artículo 2° solicitamos que se suspendan todos los pagos de la
deuda externa, para que tengamos plata para solucionar los problemas del país.
De
todos modos, no minimizo este debate, sobre todo porque en él se habla de la
injerencia que deben tener las empresas –como se dijo acá‑ en la
política. Resulta preocupante que una empresa de este país, Correo Argentino,
haya logrado impedir que una jueza investigue sus cuentas en medio de denuncias
de vaciamiento y demás. Por ende, no me parece que este sea un debate
secundario.
Dicho
esto, desde la bancada Izquierda Socialista-Frente de Izquierda rechazamos este
proyecto. En primer término, porque es mentira que se nos diga que lo que se
pretende es fortalecer la democracia, cuando en realidad se trata de una
iniciativa que implica un retroceso, al tiempo que es antidemocrática. En ese
sentido deseo señalar la reducción a la mitad de los tiempos disponibles para
los partidos políticos en materia de espacios de comunicación pública. Esto es
algo que no afectará a los partidos mayoritarios, en los que aportarán dinero
las empresas, ya que ellos son los partidos patronales.
En
cambio, esto sí afectará a los partidos de los trabajadores y de la izquierda,
pues se va a reducir el tiempo del que vamos a disponer para dar a conocer
nuestras propuestas. Conjuntamente se nos dice que esto será por el término de
cinco años, pero no se sabe lo que ocurrirá después, ya que el Estado es el que
decidirá.
Desde
ese punto de vista, un proyecto de ley que recorta a los partidos de los
trabajadores y de la izquierda el derecho de anunciar sus propuestas durante la
campaña electoral y le abre la canilla al empresariado para comprar las
campañas de los partidos, a fin de hacer lo propio con sus candidatos y llevar
a cabo campañas megamillonarias, cada vez más huecas y de más colores para
aturdirnos y llenarnos de mentiras, resulta en verdad absolutamente
antidemocrático.
En
segundo lugar, rechazamos este proyecto porque es mentira que la ley que en
consecuencia se sancione va a aportar transparencia. En verdad, la
transparencia de esta iniciativa huele a Riachuelo. Este es un proyecto que
está siendo considerado pocos días después de que se están anunciando e
investigando todas las denuncias efectuadas al empresariado por el tema de los
cuadernos. Así, por ejemplo, tanto Calcaterra como Odebrecht dijeron que
pusieron dinero en las campañas electorales de Macri y del kirchnerismo, lo que
se encuentra absolutamente prohibido por la ley. Sin embargo, estos empresarios
han dicho que lo hicieron.
Por
medio de este proyecto de ley se pretende perdonar a todos los empresarios y coimeros
políticos que han aceptado eso. Lo que se quiere hacer es frenar esas
investigaciones para que todos queden impunes. En ese sentido, hay denuncias
que se vienen formulando desde 2016.
Por
su parte, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos quiere
denunciar también otras maniobras realizadas por el Pro y la por gente del
Partido Justicialista y del kirchnerismo. Todo eso, que se encuentra en una
etapa de investigación y que constituye un ilícito por el que deberían haber
sido castigados tantos los empresarios como los políticos que los llevaron a
cabo, es lo que este proyecto de ley pretende perdonar.
Es
decir que se trata de una iniciativa que busca lograr la impunidad, razón por
la cual la debemos rechazar. En este sentido, el Frente de Izquierda, junto con
todos los argentinos que en este país quieren justicia, reclama que vayan
presos todos aquellos que cometieron actos de corrupción. Me refiero a todos
los que han vendido sus bancas para que puedan tener lugar las privatizaciones,
a los que nos llevaron al “corralito” y al reconocimiento de la deuda externa
de la última dictadura militar y a todos los que han cometido una gran cantidad
de ilícitos. Se trata de todos los funcionarios que actualmente están en el
gobierno haciendo una gran cantidad de negocios con los bonos, las tasas de
interés y demás.
Reclamamos
–y por eso rechazamos el proyecto en consideración‑ que no haya leyes de
impunidad, que aquellos que han cometido actos de corrupción vayan presos y que
recuperemos todo ese dinero a fin de poder invertirlo en la satisfacción de las
necesidades del pueblo trabajador y de nuestros compañeros.
Paralelamente
rechazamos –esto es algo que todos saben‑ la posibilidad de que haya un
enriquecimiento a partir de la actividad política. Por eso integramos un
partido de trabajadores que siempre se opone a los intentos de aumentar las
dietas de los legisladores, pues estamos en contra de que los diputados, que
supuestamente son los representantes del pueblo, ganen entre diez y veinte
veces más que un jubilado o un trabajador. Es posible que algunas personas se
tomen el rostro por lo que estoy diciendo, debido a que es algo que les
molesta, pero la verdad es que al pueblo le molesta muchísimo más, sobre todo
en un país en el cual cada día los trabajadores golpean las puertas de las
casas de los habitantes dos o tres veces a fin de ofrecerse para realizar
alguna changa, para ver si pueden llevar algo de comer a sus hogares debido a
que ya no hay trabajo.
Reitero
que vamos a rechazar este proyecto y conjuntamente seguiremos trabajando en
este tema de la manera en que lo hemos venido haciendo. No tenemos ningún miedo
a la bancarización, pero no vengan a decirnos que los bancos son los que van a
brindarnos transparencia, ya que son los mismos que en oportunidad del
“corralito” les dijeron a sus
clientes más importantes, que son los empresarios, que se llevaran el dinero,
quedándose así con los ahorros de la totalidad de la clase media y los
trabajadores.
Tampoco
son los bancos los que nos aportan transparencia cuando se trata de los mismos
que aumentan o disminuyen la cotización del dólar y nos revientan con cualquier
plan económico.
Por
otra parte, el Frente de Izquierda es la única organización política que tiene
balances presentados y aprobados en 2015 respecto de todos sus gastos. Vamos a
seguir financiándonos con el dinero proveniente de los trabajadores y de las
colectas que hacemos en los lugares de trabajo y en las puertas de las fábricas
cuando presentamos nuestras propuestas.
Por
último, por si lo que se ha puesto aquí es malintencionado, queremos formular
una advertencia en cuanto al recorte de los derechos democráticos de los
partidos de los trabajadores y de la izquierda en relación con los medios
masivos de comunicación. En ese sentido, se dice que el problema es que la
gente tiene un hartazgo. Pues bien, si quieren terminar con ese hartazgo
recorten todo el dinero que van a invertir los empresarios en las campañas
electorales, ya que los partidos de origen obrero no tenemos la posibilidad de
comprar tanto, sino que solamente contamos con lo que nos otorga el Estado.
En
realidad, la gente no está harta de la propaganda de los partidos políticos,
sino de que estos le mientan. Está harta de las campañas vacías, de los que
hablaron de la pobreza cero, de los que dijeron que con la democracia se comía,
se curaba y se trabajaba y de los que dijeron que iban a venir el salariazo y
la revolución productiva.
En
definitiva, de lo que la gente está cada vez más cansada es de las mentiras de
los partidos políticos que han gobernado la Argentina. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de
la Comisión de Asuntos Constitucionales y otras, recaído en el proyecto de ley
venido en revisión del Honorable Senado, por el que se modifican las leyes
26.215 y 19.945, de Financiamiento de los Partidos Políticos y de Código
Electoral Nacional, respectivamente (Orden del Día N° 1056).
De
acuerdo con lo establecido por el artículo 77, segundo párrafo, de la
Constitución Nacional, para su aprobación se requiere la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros del cuerpo; es decir, 129 votos por la afirmativa.
-
Se practica la votación
nominal.-
-
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 218 señores diputados presentes, 147 han votado por la
afirmativa y 69 por la negativa. No se ha computado el voto de un señor
diputado.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 147 señores diputados por la afirmativa, 69 por la
negativa y no hubo abstenciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Resulta afirmativa.
En
consideración en particular.
La
Presidencia informa que el Título I lo votaremos artículo por artículo, y el
resto de los artículos de manera conjunta dentro de cada Título.
En
consideración los artículos 1° a 3°.
Se
van a votar.
-
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 4°.
Tiene
la palabra la señora diputada Soria, por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: ya manifestamos nuestra
postura con relación a este artículo. Reprochamos la inclusión de las personas
jurídicas en la norma. Para no reiterar las palabras que utilicé y no alargar
la votación, me remito a una breve historia. Cuando era muy pequeña mi padre me
traía a esta Cámara y había una diputada que me llamaba mucho la atención y a
la que admiraba. Reitero que era muy chica, luego uno va creciendo y puede
cambiar su postura. Era la época donde gobernaban Manzano y Corach –capaz
alguno los recuerda-, entre otros. Ella sostenía que el aporte de empresas a
los partidos políticos, en definitiva, los condenaba, los ataba de pies y
manos. En ese momento ella enunciaba que rechazar el aporte de empresas a los
partidos políticos es lo que permitía mantener la independencia para defender
al pueblo. Espero que esa legisladora no se haya olvidado de sus palabras.
Por
todo esto, solicito votación nominal del artículo en tratamiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar
nominalmente el artículo 4°.
-
- Se practica la votación
nominal.
-
- Conforme al tablero electrónico, sobre 217
señores diputados presentes, 135 han votado por la afirmativa y 81 por la
negativa.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 135 señores diputados por la afirmativa, 81 por la
negativa y no hubo abstenciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración los
artículos 5° al 9°.
Se
va a votar.
-
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el
artículo 10.
Sra.
Soria.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la
señora diputada Soria, por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: hay varios artículos
sobre los que queremos hacer uso de la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia informa
que la diputada dejó constancia de los artículos en los que quería hacer uso de
la palabra y allí figura el 10.
Sra.
Soria.- Señor presidente: fue una equivocación,
en vez del artículo 10, debía referirme a los artículos 5° y 6°.
Sr.
Presidente (Monzó).- Esos artículos ya fueron votados; ahora estamos considerando el
artículo 10.
Tiene
la palabra la señora diputada Carrió, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Carrió.- Señor presidente: estuvimos con la
consideración del artículo 4°, y queríamos votar nominalmente los artículos 5°
y 6°. Por ello solicito la reconsideración de la votación de los artículos 5° a
9°, a fin de que se puedan votar
nominalmente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señora diputada: a fin de que la Presidencia conozca qué
artículos se quieren votar en forma nominal,
alguien de su bloque debe acercar la información.
Sr.
Carrió.- Señor presidente: pregúntele a quien
está a cargo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Es necesario que se anote
en forma previa.
De
todos modos, a fin de ordenarnos, primero se va a votar la reconsideración de
la votación de los artículos 5° a 9°. Se necesitan los dos tercios de los votos
que se emitan.
-
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobada la moción.
En
consideración el artículo 5°.
Tiene
la palabra el señor diputado Franco, por Misiones.
Sr.
Franco.- Señor presidente: solicito autorización
para abstenerme en este artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia desea
saber si la diputada Soria solicita votación nominal del artículo 5°.
Sra.
Soria.- Señor presidente: sí, solicito votación
nominal del artículo 5°.
Sr.
Presidente (Monzó).- Entonces, la votación del
artículo 5° se realizará en forma nominal.
Tiene
la palabra la señora diputada Soria, por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: tomando las palabras de
la diputada Carrió, hay muchos artículos que queremos que se voten en forma
nominal, al margen de los que indiqué. Por lo tanto, así como le permite a la
diputada Elisa Carrió incorporar más artículos a la votación nominal, nosotros
queremos hacer lo mismo.
Sr.
Presidente (Monzó).- No hay ningún inconveniente. Simplemente trataba de ser
práctico, teniendo en cuenta que la Presidencia no tiene ningún requerimiento
de votación nominal para los artículos mencionados.
Por
lo tanto, votaremos artículo por artículo y los diputados indicarán cuáles
quieren que se voten de manera nominal.
Se
va a votar nominalmente el artículo 5°.
Sr.
Castagneto.- Señor presidente: queremos
incorporar algunas modificaciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- No se aceptan modificaciones.
Sr.
Castagneto.- ¿Vamos a votar uno por uno?
Sr.
Presidente (Monzó).- Sí.
Sr.
Castagneto.- Es la primera vez que me pasa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Siempre hay una primera vez. (Risas.)
Sr.
Castagneto.- Quiero hacer una aclaración. Más
allá de la sonrisa de algunos colegas, siempre que hemos debatido leyes, y en
esta ley tan importante también lo queremos hacer, hicimos acotaciones sobre
determinados artículos durante el debate en particular. Creo que siempre lo hemos hecho a lo largo
de estos últimos tres años y cuatro meses.
Los
aportes los puede aceptar o no el miembro informante, como pasó el otro día con
Lipovetzky o Marco Lavagna. Entonces, pedimos al cuerpo que nos dé la
posibilidad de incorporar nuestras apreciaciones, más allá de que se tomen o
no.
Usted
nos quiere hacer votar sin permitirnos manifestar nuestras apreciaciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Todas las apreciaciones que quieran hacer las van a poder
efectuar artículo por artículo. Lo que estoy diciendo es que el miembro
informante dejó constancia de que no va a aceptar modificaciones.
Sr.
Castagneto.- Entonces, no hay debate. Tomemos lo
que dice el miembro informante y se terminó. Siempre hemos debatido. Por lo
menos, que quede constancia de por qué no estamos de acuerdo. Queremos que
quede constancia de nuestras apreciaciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Va a quedar constancia.
Sr.
Castagneto.- La diputada Soria quiere hacer
algunas apreciaciones sobre algunos incisos de este artículo y yo también. No entiendo por qué no nos da la posibilidad
de exponer dentro del recinto. Yo quiero
proponer modificaciones a los incisos h) e i).
Sr.
Presidente (Monzó).- Va a tener la posibilidad de hablar.
Sr.
Castagneto.- Pero si de entrada se dice que no,
¿qué diálogo puede haber? Es risueño.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el artículo 5°.
-
- Se practica la votación
nominal.
-
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 215 señores diputados presentes, 136 han votado por la
afirmativa y 73 por la negativa, registrándose además 5 abstenciones.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 136 señores diputados por la afirmativa y 73, por la
negativa. Además, se registraron 5 abstenciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 6°.
Tiene
la palabra la señora diputada Soria, por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: en este artículo
queremos proponer una modificación relativa a la eliminación de las personas
jurídicas. En la segunda oración, donde dice: “Los partidos políticos no podrán
recibir por año calendario donaciones de personas humanas…” y ahí viene la
parte que proponemos eliminar: “…o jurídicas”, que es lo que incorpora el
oficialismo, porque sencillamente estamos convencidos de que la trasparencia se
logra no incorporando a las personas jurídicas en todos los ordenamientos de
financiamiento de la política, sino, por el contrario, mediante la eliminación
de toda participación, por ser ajeno al objeto social.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el artículo 6°.
-
- Se practica la votación
nominal.
-
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 217 señores diputados presentes, 138 han votado por la
afirmativa y 78 por la negativa.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 138 señores diputados por la afirmativa y 78 por la
negativa.
- 17 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora
diputada Carrió, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Carrió.- Señor presidente: voy a plantear una
cuestión de privilegio en nombre de los derechos de los representantes de la
Cámara de Diputados de la Nación.
Nosotros
hemos pasado doce años sin poder discutir los artículos porque el bloque
kirchnerista cerraba todo trato y toda modificación. Yo no voy a comportarme
como ellos. Creo que el presidente de la comisión debe atender cada uno de los
artículos y reformarlos a su criterio si es necesario. Pero yo no voy a hacer
lo que hizo el kirchnerismo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Rossi, por Santa Fe.
Sr.
Rossi.- Señor presidente: sé que las cuestiones
de privilegio no se discuten, pero quiere decir simplemente que miente, como
nos tiene acostumbrados. Nosotros discutimos cada una de las leyes mientras
fuimos gobierno. (Aplausos.)
Hemos
discutido cada uno de los artículos. La ley de medios tuvo más de cien
modificaciones y la ley de reforma electoral del año 2009, sesenta y siete. Así
que, simplemente, miente. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el artículo 7°.
-
- Se practica la votación
nominal.
-
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 216 señores diputados presentes, 151 han votado por la
afirmativa y 63 por la negativa, registrándose además una abstención.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 151 señores diputados por la afirmativa y 63 por la
negativa. Además, se registró una abstención.
Sra.
Sapag.- Señor presidente: tanto en este artículo
como en el anterior mi voto es positivo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 8°.
-
- Resulta afirmativa.
-
- Sin observaciones se votan
y aprueban los artículos 9° y 10.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el artículo 11.
-
- Se practica la votación
nominal.
-
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 215 señores diputados presentes, 145 han votado por la
afirmativa y 69 por la negativa.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 145 señores diputados por la afirmativa y 69 por la
negativa. No hubo abstenciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 11.
-
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 12 y 13.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 14.
Tiene
la palabra la señora diputada Soria, por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: va a fundamentar este
artículo el diputado Castagneto.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Castagneto, por Buenos Aires.
Sr.
Castagneto.- Señor presidente: quiero hacer una
acotación de forma.
Ya
se han votado los otros artículos, pero quería aclarar que, al aplicar la ley,
habrá muchas cuestiones que no se podrán llevar a la práctica. De aquí la
acotación que quería hacerle al señor miembro informante, diputado Tonelli, por
ejemplo, en el caso de las personas imputadas y no procesadas.
Al
buscar la lista de los aportantes, si la persona está imputada no aparece; sí,
los procesados. Entonces, en la práctica, quienes sean apoderados de las listas
o presidentes de los partidos se verán muy comprometidos al momento de la
rendición de cuentas.
En
cuanto a este artículo, propongo que diga: “Todo gasto de los contemplados en
el artículo 30 que se efectúe con motivo de la campaña electoral deberá contar
con la autorización expresa por escrito o por medios electrónicos de algunos de
los responsables económico-financieros.”
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿Solicita que la votación sea nominal?
Sr.
Castagneto.- Así es.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente
-
- Se practica la votación
nominal.
-
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 213 señores diputados presentes, 145 han votado por la
afirmativa y 66 por la negativa, registrándose además una abstención.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 145 señores diputados por la afirmativa y 66 por la
negativa. Además, se registró una abstención.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 14.
-
- Sin observaciones, se votan
y aprueban los artículos 15 a 17.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 18.
Tiene
la palabra el señor diputado Castagneto, por Buenos Aires.
Sr.
Castagneto.- Señor presidente: el proyecto reduce
al 50 por ciento el tiempo que los servicios de comunicación están obligados a
ceder para fines electorales a las agrupaciones políticas. Los fundamentos
esgrimidos en el proyecto sostienen: “…se mostró excesivo, resultando muchas
veces abrumador al punto de generar confusión y hartazgo en gran parte del
electorado.” No nos queda claro de dónde se nutrió el Poder Ejecutivo para
afirmar que los ciudadanos se encontrarían confundidos y hartos por las
campañas electorales. Claramente no estamos de acuerdo en recortar un mecanismo
absolutamente equitativo y que tiene que ser una herramienta vital para los
partidos de menores recursos.
Por
otra parte, no entendemos por qué se determina que, a partir de 2020, la mitad
del porcentaje será considerado pago a cuenta de impuestos nacionales, tal como
dijo el presidente de nuestro bloque, si se trata de servicios concesionados.
Más
allá de que no lo acepten, proponemos que diga: “A partir del año 2020, del
porcentaje mencionado en el párrafo anterior, la mitad será cedida a título
gratuito y la otra mitad será considerada pago a cuenta de impuestos
nacionales.”
-
- Sin observaciones, se votan
y aprueban los artículos 18 y 19.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 20.
Se
va a votar nominalmente.
-
- Se practica la votación
nominal.
-
- Conforme al tablero
electrónico, sobre 215 señores diputados presentes, 137 han votado por la
afirmativa y 77 por la negativa.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 137 señores diputados por la afirmativa y 77 por la
negativa. No hubo abstenciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 20.
En
consideración el artículo 21.
Tiene
la palabra el señor diputado Castagneto, por Buenos Aires.
Sr.
Castagneto.- Señor presidente: como antes también
se referenció, el proyecto considera los aportes para el desenvolvimiento
institucional y los de campaña electoral como dos cuestiones independientes y
diferentes, cada uno con un límite del 2 por ciento. Esto implica que en un año
electoral una misma persona podría aportar legalmente un 4 por ciento.
Con
respecto a las contribuciones de personas humanas, no compartimos que puedan
financiar hasta un 4 por ciento. Además, no queda claro del texto del proyecto
ningún límite temporal. Es decir, en un año electoral estarían habilitadas a
aportar hasta un 2 por ciento para el desenvolvimiento de los partidos y hasta
un 2 por ciento para la campaña electoral. Nos preguntamos entonces a partir de
qué fecha se cuenta el aporte para el desenvolvimiento de los partidos y a
partir de qué fecha el aporte para la campaña.
En
este orden de ideas, proponemos eliminar el segundo párrafo del artículo, que
dice: “Para cada campaña electoral, las agrupaciones políticas no podrán
recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al dos por
ciento (2 %) de los gastos permitidos para esa campaña”, y agregar en el último
párrafo lo siguiente: “Queda prohibida toda donación o contribución a una
agrupación política por personas jurídicas.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Saadi, por Catamarca.
Sr.
Saadi.- Señor presidente: quiero aclarar que el
voto de la diputada Ginocchio y el mío fueron por la negativa en el artículo
20.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda registrado, señor diputado.
Se
va a votar nominalmente el artículo 21.
- Se
practica la votación nominal.
-
Conforme al tablero electrónico, sobre 217 señores diputados presentes, 136 han
votado por la afirmativa y 80 por la negativa.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 136 señores diputados por la afirmativa, 80 por la
negativa, y no hubo abstenciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 21.
En
consideración el artículo 22.
Se
va a votar.
-
- Resulta afirmativa.
-
- Sin observaciones, se votan
y aprueban los artículos 23 y 24.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 25.
Tiene
la palabra el señor diputado Castagneto, por Buenos Aires.
Sr.
Castagneto.- Señor presidente: conforme surge del
artículo 58 de la ley 26.215, el presidente del partido no suscribe el informe
final de recursos y gastos, sino que lo hace el tesorero y los responsables
económico-financieros, en el caso de las alianzas.
En
segundo lugar, el proyecto establece, en el caso de las alianzas, que las
presentaciones sean firmadas por sus responsables económico-financieros.
El
primer obstáculo es cómo harán los partidos integrantes de una alianza para
contestar los traslados que la Justicia les haga al respecto.
La
redacción es confusa. Por eso proponemos que se dé traslado a los partidos y a
los responsables, y legitimar para responder al traslado, tanto a los partidos,
a través de sus apoderados, como a los responsables económico-financieros de la
alianza, siendo válidas ambas posibilidades, de forma tal de que se asegure el
estado de defensa de las partes.
Recordemos
que, en este plazo, la alianza se encuentra disuelta de pleno derecho. Por
ello, es importante habilitar a los partidos integrantes para que efectúen las
aclaraciones pertinentes, sin perjuicio de notificar a los responsables
económico-financieros, que deben ser parte del proceso de rendición, una vez
disuelta la alianza.
Acá
ocurre que, si se comunica a los partidos y no a los verdaderos responsables,
que son los económico-financieros, los que tienen responsabilidad patrimonial
no se enteran, cuando se disuelve la alianza, si los partidos no le notifican a
los que realmente ponen la firma y la responsabilidad.
Por
eso proponemos modificar el final del primer párrafo, agregando: “En caso de
alianzas, asimismo, se dará traslado a los partidos políticos que la integren y
a sus responsables económico-financieros”. Y en el último párrafo, proponemos
eliminar la firma del presidente del partido y agregar a “los apoderados de los
partidos que integran la alianza”. Así
quedaría: “Las presentaciones que realice la agrupación política en el marco de
las causas de control patrimonial deberán encontrarse suscritas por el tesorero
y los responsables económico-financieros del partido político, y en el caso de
la alianza, por los apoderados de los partidos que la conforman y/o sus
representantes económico-financieros.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el artículo 25.
- Se
practica la votación nominal.
-
Conforme al tablero electrónico, sobre 217 señores diputados presentes, 147 han
votado por la afirmativa y 69 por la negativa.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Han votado 147 señores diputados por la afirmativa y 69 por la
negativa. No hubo abstenciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 25.
Se
va a votar el artículo 26.
-
- Resulta afirmativa.
-
- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 27.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 28.
Tiene
la palabra la señora diputada Soria, por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: voy a fundamentar mi
propuesta con respecto a los artículos 28 y 29 simultáneamente.
Propongo
el rechazo del artículo 28 y mantener la redacción actual del artículo 29,
sencillamente porque las sanciones actuales ya son suficientes. Las que se
proponen son de una severidad que resulta desproporcionada con los fines que se
persiguen, además de que perjudican en especial a las estructuras de los
partidos chicos, que no tienen recursos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Castagneto, por Buenos Aires.
Sr.
Castagneto.- Señor presidente: en ninguno de los
casos el miembro informante dijo que no aceptaba las modificaciones. Me
gustaría que lo hiciera en conjunto, por lo menos con respecto a lo que hemos
votado hasta ahora. De lo contrario, parecería que estamos votando en contra de
lo que nosotros mismos estamos proponiendo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Tonelli.- Señor presidente: quiero explicar la
razón por la cual no aceptamos modificaciones.
Tenemos la decisión tomada y sumo interés en que el proyecto quede hoy
convertido en ley y no vuelva al Senado, en cuyo caso no sabemos si podría
tener vigencia para la próxima campaña electoral.
Más
allá de que algunas modificaciones nos parezcan sensatas o razonables, no las
aceptamos porque queremos que el proyecto quede hoy convertido en ley.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
28.
-
- Resulta afirmativa.
-
- Sin modificaciones, se
votan y aprueban los artículos 29 al 36.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 37.
Tiene
la palabra la señora diputada Soria, por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: aquí se da una
situación muy peligrosa, porque se está poniendo al fuero electoral como fuero
de atracción.
Entendemos
la necesidad de reglas claras, de un procedimiento sancionador, que por
supuesto acompaño, pero, sin embargo, el artículo 146 duovicies es el que resulta excesivo e inconstitucional. El fuero
de atracción es desmedido en cuanto a los bienes jurídicos a proteger.
Con
la redacción del proyecto sancionado por el Senado se produce un absurdo en el
que, por ejemplo, una investigación de varios años para desbaratar una banda de
narcotráfico termina siendo juzgada por un juez de competencia electoral.
Tenemos
unos cuantos ejemplos. Supongamos que los fondos de los aportantes truchos
provienen de lavado de dinero, de narcotráfico o lo que sea, sencillamente con
decir que es plata para la campaña política salta al fuero electoral, cuando en
realidad son delitos graves, que deben tener el doble conforme que se establece
en el régimen penal.
Por
eso, en este caso proponemos otra redacción con respecto a delitos previstos en
el Código Penal y otras leyes especiales. Dice así: “Si en el marco de un
proceso previsto en las leyes electorales se evidenciara o fuese denunciada la
existencia de un delito tipificado por el Código Penal o sus leyes
complementarias cuya pena en expectativa no supere los 6 años, su investigación
estará a cargo del juez federal con competencia electoral correspondiente. El
ejercicio de la acción penal se suspenderá hasta que recaiga sentencia firme
sobre la cuestión electoral. Los juicios de las distintas materias serán
tramitados en causas separadas, según el procedimiento y las instancias
recursivas correspondientes. En todos los casos, cualquiera sea la sentencia
posterior en materia penal, la resolución pasada en autoridad de cosa juzgada
en el juicio electoral conservará todos sus efectos.”
Esta
es la propuesta que nosotros hacemos porque advertimos que se pueden dar
situaciones de mucha irregularidad, sobre todo cuando se trata de fondos de
dudosa procedencia o cuando no sabemos quién es el aportante, sobre todo cuando
son empresas offshore ‑al
oficialismo le encanta esa figura- de países en los que no tenemos antecedentes
de registración de los aportes. Esto es peligrosísimo y por ese motivo queremos
poner el límite de los seis años.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el artículo 37.
-
- Se
practica la votación nominal.
-
- Conforme
al tablero electrónico, sobre 212 señores diputados presentes, 145 han votado
por la afirmativa y 66 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).-
Han votado 145 señores diputados por la afirmativa y 66 por la negativa.
Sr. Presidente (Monzó).-
Queda aprobado el artículo 37.
En consideración el artículo 38.
Se va a votar.
-
- Resulta
afirmativa.
-
- Sin
observaciones, se votan y aprueban los artículos 39 a 49.
-
- El
artículo 50 es de forma.
Sr. Presidente (Monzó).-
Queda
definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Tiene la palabra la señora diputada
Moreau, por Buenos Aires.
Sra. Moreau.- Señor presidente: antes de finalizar la votación levanté la mano debido
a que, si mal no entendí, la diputada Carrió tenía algunas propuestas para
realizar y había pedido que se abriera el debate. No la veo y no sé finalmente
cuáles son las propuestas. Nosotros nos mantuvimos aquí y ella se fue.
Sr. Presidente (Monzó).-
Gracias, señora diputada.
- 18 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Justicia
–Orden del Día 552-, recaído en el proyecto de ley de los señores diputados
Ramón y Miranda, por el que se establece
un régimen de Acceso a la Justicia Colectiva ( expediente 6.234-D.-2018).
aquí orden del día 552
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr.
Ramón.- Señor presidente: han pasado 25 años
desde la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 y la incorporación
del capítulo sobre los nuevos derechos, celebro que por primera vez en la
Cámara de Diputados se pueda tratar…
Sr. Presidente (Monzó).-
Señor diputado Ramón: la Presidencia entiende que
usted iba a formular una moción.
Sr.
Ramón.- Así es, señor presidente, pero antes
deseo hacer una aclaración.
Por
primera vez luego de 25 años pudimos traer al recinto la reglamentación de la
ley de acciones colectivas. Como el proyecto de ley tiene dictamen de la
Comisión de Justicia creímos que era importante traerlo al recinto, pero los
distintos bloques han efectuado una serie de peticiones y de modificaciones
específicas por lo que creemos necesario ampliarlo en una reunión de comisión,
convocando a todas las asociaciones e instituciones que pretenden hacer un aporte
positivo para la aprobación de esta importante iniciativa que regula las
acciones colectivas para cada uno de esos procesos en la forma en que propuso
la Constitución Nacional del año 1994.
En
la actualidad existe una actividad pretoriana establecida desde el año 2009 por
un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‑la causa Halabi-,
que impuso al Congreso de la Nación que se sancionara esta ley.
Como
nosotros pretendemos que la cantidad de observaciones no modifiquen el espíritu
que el proyecto persigue, solicito a la Presidencia de la Cámara que el
dictamen vuelva a la Comisión de Justicia para que podamos mantener una reunión
informativa con todos aquellos interesados en impulsarlo, pero para que tenga
el mayor consenso posible y no se le hagan tanta cantidad de modificaciones
como las que hoy se proponen.
Sr. Presidente (Monzó).-
Se va a votar la moción de que el proyecto vuelva a
comisión.
-
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).-
La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable
Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados.
-
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Quedan
autorizadas las inserciones solicitadas.
Habiendo
concluido el temario, queda levantada la sesión.
- - Es la hora 17 y 44.