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En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre de 2019, a la hora 11 y
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Sr. Presidente (Monzó).- No habiéndose conformado el quórum
reglamentario, declaro fracasada la sesión especial.
Conforme al artículo 36 bis del
reglamento, para formular manifestaciones en minoría tiene la palabra el señor
diputado Olmedo, por Salta.
Sr. Olmedo.- Señor
presidente: habiendo pasado ya 33 minutos del llamado a sesión veo que,
lamentablemente, no se ha conformado el quórum necesario para tratar este tema
que es tan importante para la democracia, como es el tema de la ficha limpia.
En mi última sesión como diputado de
la Nación, me hubiera sentido muy honrado de que se hubiese sancionado este
proyecto para darle una respuesta a todo el pueblo argentino que está esperando
que las buenas prácticas políticas estén por arriba de las viejas y malas
prácticas políticas, pero lamentablemente hoy en día la política le dio la
espalda a ese pueblo argentino.
Quiero agradecerle personalmente a
usted, señor presidente, por su hombría de bien, señor, por lo que ha
significado no solamente en la Cámara de Diputados sino en mi persona, ya que
siempre tuve el respaldo y el respeto no solamente de un presidente de la Cámara,
sino de un señor, como es usted. Mi familia le reconoce lo de señor Monzó, más
allá de diputado y más allá de presidente de la Cámara de Diputados.
Me despido emocionado. He trabajado.
He confrontado. He planteado mis razones y me las han respetado. Me voy con 760
proyectos de ley y con muchas leyes aprobadas.
Pero, sobre todo, he dejado este camino en la Cámara de Diputados dando
todo de mí, poniendo todo lo que tenía y, por sobre todas las cosas, llevando ‑y
los llevaré siempre‑ los propósitos de Dios por arriba de todo. Gracias a
todos por el respeto. Gracias, señor presidente.
Lamentablemente, lo que hoy tendría
que ser una fiesta de la democracia con la ficha limpia, terminó con 101
diputados presentes y 156 diputados ausentes para que las nuevas prácticas sean
lo que corresponde. Que Dios lo bendiga.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra del señor diputado
Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Tonelli.- Señor
presidente: al igual que el diputado preopinante, lamento la falta de quórum en
esta sesión.
Quisiera aprovechar estos minutos para
explicar brevemente por qué nuestro interbloque le asigna tanta importancia y
tanta trascendencia a este proyecto de ley, que, en términos simplificados, se
ha popularizado como proyecto de ficha limpia, que es el nombre que recibe en Brasil
una ley similar.
El proyecto, que ya había sido
dictaminado favorablemente hace dos años, en 2017, persigue un propósito, un
objetivo muy sencillo, muy simple, y es que aquellas personas condenadas por cierto
tipo de delitos, que son esencialmente los delitos de corrupción y los delitos
contra el Estado y la administración pública, y que tengan una condena
confirmada en segunda instancia, queden inhabilitadas para ser candidatos a
cargos públicos, cosa que hoy en día claramente no ocurre.
Hoy en día para que alguien condenado
penalmente por cualquier delito no pueda ser candidato es necesario aguardar a
que la sentencia quede firme, lo cual, normalmente, requiere una sentencia de
la Corte Suprema y un trámite que suele durar décadas. De modo que si
lográramos aprobar el proyecto de ficha limpia, y lográramos que antes de que
la Corte Suprema intervenga y antes de que el proceso llegue a su conclusión
final se produzca la inhabilitación, creo que daríamos un gran paso en la lucha
contra la corrupción y en la lucha contra el delito.
En el país hay antecedentes. Hay una
norma sancionada a instancias del anterior gobierno ‑que casualmente será
el próximo gobierno‑ que inclusive prohíbe ser candidatos a quienes estén
procesados ‑ni siquiera condenados‑ por delitos de lesa humanidad y
crímenes de genocidio. Es decir, que está claro, está probado que la presunción
de inocencia que suele invocarse para objetar ese tipo de iniciativas no es
absoluta, no es definitivamente rígida, sino que admite excepciones, y una de
las excepciones que admiten la presunción de inocencia es precisamente que haya
una condena no sólo de primera instancia sino además confirmada en segunda
instancia.
Inclusive la exigencia es bastante
menor que la que rige para ingresar a la administración pública. A la
administración pública no se puede ingresar como empleado en el cargo más bajo
del escalafón si se está procesado por un delito doloso ‑no condenado,
sino procesado por un delito doloso‑, según lo establece la ley 25.164.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que es una constitución moderna, prohíbe en su artículo 57, ser
candidato a cargos electivos a quienes estén procesados por ciertos delitos y
la Justicia electoral ha admitido esta prohibición. Por ejemplo, el conocido
caso Partido Nuevo en el que el candidato a senador era el dirigente de
Corrientes Romero Feris, que, debido a una condena no firme, fue impedido de
ser candidato a senador nacional.
Por otra parte, no hay que perder de
vista el artículo 36 de la Constitución Nacional introducido por la reforma de
1994. Este artículo dice que atentan contra el sistema democrático y fíjese,
señor presidente, la gravedad que esto implica. Establece lo siguiente:
“Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave
delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando
inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen…” Es decir que estamos
hablando de aquellos delitos a los cuales nuestra Constitución califica como
atentados a la democracia.
En definitiva, en síntesis, lo que
proponemos y propiciamos es que quienes atenten contra el sistema democrático,
de acuerdo con lo que prescribe el artículo 36 de la Constitución Nacional, no
puedan ser candidatos a cargos electivos. Es decir, no pueden desempeñar ese
cargo tan honorable y honroso que implica ser elegido por los electores, ser
elegido por el pueblo del país, nada más y nada menos que para representarlo.
Esto además tiene fundamento en
convenciones internacionales, no solo en nuestra Constitución sino en la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; la Convención
Interamericana contra la Corrupción; la Convención Americana de Derechos Humanos,
es decir, todas convenciones ratificadas por la Argentina y que, de acuerdo con
la Constitución nacional, tienen una jerarquía equivalente a la de la
Constitución y superior a la de las leyes.
Para no extenderme, dado que se trata
de hacer manifestaciones en minoría y no tenemos posibilidades de que el
proyecto sea aprobado, simplemente quiero destacar que en nuestra región hay
sobrados ejemplos de países que han adoptado disposiciones similares. Está el
caso de Brasil, que ya mencioné, con su ley de ficha limpia y donde se origina
el nombre que se le ha dado a este proyecto. Lo mismo ocurre en Chile y está
previsto en el artículo 16 de su Constitución. En Uruguay también lo prevé la
Constitución y de igual manera sucede en México, Perú, El Salvador y Honduras.
Son todos países que en su Constitución han previsto la imposibilidad de
aspirar a cargos electivos por una condena, aunque no esté definitivamente
firme, por cierto, el tipo de delito. Quiero agregar que también esto ocurre en
España.
Lamentamos la ausencia de los demás
bloques y no tener la posibilidad de discutir a fondo el proyecto ‑por
supuesto de aprobarlo, que es lo que deseamos- porque consideramos que sería un
gran avance en la lucha contra la corrupción y un gran avance para que el Estado
y la administración pública en la Argentina funcionen cada vez de manera más
decente.
Repito: lamento esa ausencia, señor presidente,
y le agradezco los minutos dispensados. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos Aires.
Sra. Lospennato.- Señor presidente: también tengo que comenzar mi exposición
lamentando que no hayamos reunido el quórum necesario como para poder tratar
este proyecto, pero no debo dejar pasar que por lo menos llegamos al recinto.
Este es el segundo intento, al menos
en mi producción legislativa. Habíamos logrado un dictamen en el año 2017; no
pudimos traerlo al recinto y hoy, si bien no nos alcanzó la cantidad de
legisladores, estuvimos un poco más cerca en la Argentina de aprobar esta
iniciativa.
Creo que este es el camino que
tendremos que seguir recorriendo y deberemos seguir insistiendo para que, de
una vez por todas, desarrollemos normativamente esa manda constitucional
contenida en el artículo 36 a la que se refería el diputado Tonelli, que hace a
algo muy central.
Los constituyentes nos dijeron a los
legisladores que con ese artículo 36 querían dar una señal muy clara a todos
los ciudadanos argentinos, y esa señal era que la corrupción es un delito
gravísimo, tan grave como el delito de sedición. Se trata de un delito que pone
en riesgo el funcionamiento del sistema democrático. Entonces no estamos hablando de un desarrollo
menor; estamos hablando de una deuda con esa Constitución del 94, con esa
decisión colectiva de poner en el texto constitucional al delito de corrupción
de grave enriquecimiento patrimonial, a costa del Estado, como un atentado a la
democracia.
Así que para no repetir los argumentos que
señaló el miembro informante, y que ya sobradamente expuse cuando traté dos
veces este proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, me voy a
permitir recordarnos a todos nosotros y a todos los ciudadanos lo que dijeron
dos constituyentes al tratarse este artículo 36.
Tenemos que hacernos cargo de que se
cuida la democracia todos los días y se cuida la democracia principalmente a
través de la ética pública, tratando de evitar los delitos de corrupción.
El constituyente Cafiero, en
oportunidad de tratar este artículo en la Convención, decía lo siguiente: “Por
último, quiero agregar que probablemente el artículo sobre ética pública no
tenga precedentes en el constitucionalismo comparado, pero si queremos
conservar esta forma de gobierno, uno de los males de la democracia que debemos
atacar es el de la corrupción, que es lo que un autor moderno denomina como la
cleptocracia. Justamente en este mal ‑que se extiende por las democracias
más avanzadas, por las menos avanzadas y por las más subdesarrolladas- los
enemigos de la democracia encuentran el elemento en el que basar sus críticas a
un sistema en el que no creen psicológica, social o políticamente.
“Por esta razón, considero que la
inclusión de esta cláusula constituirá una señal que los constituyentes del 94
le enviamos a toda la sociedad argentina. Nosotros somos los primeros en asumir
este reto de la lucha contra la corrupción; nosotros somos quienes queremos que
en el documento máximo que estamos reformando se inscriba el principio de que sin
ética no hay democracia y que con corrupción vuelve el totalitarismo.”
El constitucionalista Rosatti,
actualmente miembro de la Corte Suprema de Justicia también se manifestó y dijo
lo siguiente: “En cuanto esta cláusula sobre la ética, considero que es un
avance. Por supuesto que podríamos ver la parte vacía del vaso, pero preferimos
ver la parte que está cubierta y señalar que es un verdadero avance respecto a
la situación actual. Digo esto porque entiendo ‑aquí ya se ha dicho- que
al sistema democrático se lo agravia tanto cuando se procura asumir los cargos
públicos por mecanismos diferentes…” ‑claramente se refería a los
establecidos en la Constitución- “…como cuando desde el mismo sistema se
incurre en actos de corrupción que violan la forma republicana de gobierno.”
Vivimos momentos en que nuestra región
y nuestro país nos están pidiendo que redoblemos los esfuerzos para conservar y
consolidar nuestro sistema democrático. Nos costó muchísimos años, tenemos una
enorme responsabilidad de cuidarlo y fortalecerlo.
Esta norma que nosotros proponemos creemos que
va claramente en ese sentido de fortalecer la democracia, de cuidarla. Así que
espero ‑no fue esta la oportunidad- que no abandonemos el debate. Estoy
segura de que algún día tendremos una ley que deje afuera de los cargos de
representación política a quienes hayan cometido delitos de corrupción y, por
lo tanto, hayan atentado contra el sistema democrático y la confianza de los
ciudadanos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
Menna, por Chubut.
Sr. Menna.- Señor
presidente: es realmente una pena que hoy no podamos estar sesionando
regularmente para tratar este proyecto de ley, pero tenemos que dar testimonio
de nuestro compromiso y sobre todo con un grupo importante de ciudadanos
argentinos que motorizaron una petición a través de la plataforma Change, con más de 313.000 firmas que
dan cuenta de que hay un reclamo sobre esta cuestión.
Como bien se dijo acá este proyecto
tiene un fundamento constitucional, el artículo 36 de la Constitución Nacional
que repudia a la misma escala los atentados contra el sistema democrático y los
actos de corrupción.
La norma parte de un criterio muy
simple y es el siguiente: aquellos condenados por delitos dolosos, por tipos
penales de corrupción, quedarán inhabilitados temporalmente para ser candidatos
a cargos electivos mientras dure esa situación o cuando la condena quede
cumplida, en la medida que esa sentencia haya sido confirmada en una segunda
instancia. De manera tal que no hay motivos para oponerse a una solución de
estas características.
Como se ha dicho ‑y lo señalaba
el recordado maestro del derecho constitucional Germán Bidart Campos‑ la
Constitución no quiere en los cargos de representación a funcionarios en
conflicto con la ley penal. No lo quiere porque para tales casos está prevista
la solución del juicio político. Entonces, ¿por qué llegar a esta situación si
la ley electoral o la ley de partidos políticos perfectamente pueden conjurar
esa situación mediante esta inhabilitación?
Como argumento o excusa para no tratar
y apoyar este proyecto de ley se ha sostenido la presunción de inocencia. En
este sentido, sostenemos que no es esta una norma de carácter penal sino de
carácter electoral que debe proteger a la comunidad de funcionarios venales, de
quienes tienen una cuestión que resolver con la ley penal y que en un cargo de
estas características pueden dificultar el accionar de la justicia penal. Pero
también, como se dijo acá, se trata de un mandato de tipo ético.
Además del mandato del artículo 36 hay
que descartar la cuestión del conflicto con la presunción de inocencia que la
Convención Americana sobre Derechos Humanos ‑que tiene jerarquía
constitucional, según lo dispone el artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución‑
expresamente contempla en su artículo 23, inciso 2. Establece como una de las
causales de inhabilitación legítima de una candidatura del derecho político para
acceder a un cargo de representación el tener una situación de condena penal.
Quienes objetan esta solución han
manifestado que la condena debe ser firme. Sin embargo, la Convención Americana
no exige esa característica y así lo ha expresado cuando ha querido hacer
referencia a sentencia condenatoria firme. Es el caso de los artículos 8 y 10.
Por otra parte, como también se señaló
acá, hay precedentes judiciales en esta materia, muy especialmente la Cámara Nacional
Electoral, que desde hace ya casi veinte años se encargó de diferenciar muy
claramente el derecho político de elegir y de ser elegido, poniendo una vara
distinta. Para ser elector, obviamente la exclusión requiere de una condena
firme, y por eso en su momento tanto la Cámara Electoral como la Corte Suprema
declararon inconstitucional esa disposición del Código Electoral Nacional. Esto
es para el elector.
En cambio, para quien debe ejercer un
cargo de representación, el requisito es el que estamos proponiendo en este
proyecto de ley.
Como se dijo acá, es una lucha a la
que no hay que renunciar, que hay que sostener. Más allá de que ante la
imposibilidad de reunir quórum para esta sesión este proyecto de ley no va a
poder alumbrar como tal, seguiremos proponiendo e insistiremos en el
tratamiento de esta cuestión porque creemos que es una deuda de las
instituciones de la democracia para con una comunidad que lo está exigiendo.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
Campagnoli, por Buenos Aires.
Sra. Campagnoli.-
Señor presidente: al igual que los colegas, lamento la imposibilidad de sesionar
con quórum suficiente para tratar esta iniciativa. Es interesante que pensemos
por qué hoy estamos hablando de ficha limpia en este recinto. Es claro que esta
Argentina que amamos necesita un cambio cultural y moral, un nuevo contrato
moral. Necesita volver a creer en sus instituciones y en sus representantes. Un
congresista representa al pueblo, el cual, en su mayoría, no es corrupto ni
tiene cuentas pendientes con la ley. Por eso es que los congresistas deben
tener una idoneidad moral que buscamos concretar con este proyecto.
El artículo 16, como ya lo han mencionado
los diputados preopinantes, exige que todos los habitantes sean iguales ante la
ley y admisibles en los empleos, sin otra condición que la idoneidad. Desde la Coalición
Cívica creemos que esa idoneidad no debe exigirse solamente como un requisito de
conocimientos técnicos, sino también de aquellos conocimientos que hacen al
compromiso institucional. Por eso es que hablamos de idoneidad moral para los
cargos.
El artículo 36 de la Constitución
Nacional, reformada en 1994 ‑como ya se hizo mención‑, vincula de
manera específica la idoneidad a la protección del sistema democrático y al afianzamiento
de la ética pública para el ejercicio de la función.
Si buscamos antecedentes
jurisprudenciales, como decía el diputado Menna, en el año 2003 la diputada Araceli
Ferreyra apeló una resolución de la Cámara Nacional Electoral. Ella pretendía impedir
que Romero Feris fuera candidato porque tenía dos condenas en su contra, pero
la Cámara lo rechazó. Ella misma hizo hincapié en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que no exige que la condena penal deba a estar firme. Ella
misma sostiene que estas condenas recaídas inhabilitan moralmente al pretendido
candidato a senador Romero Feris porque estaríamos permitiéndole ser candidato
y, amparándose luego en fueros, habilitándole un camino hacia la impunidad.
La Cámara Nacional electoral, en
distintos fallos, manifiesta que no debe confundirse la relación entre el
derecho a elegir y el derecho a ser elegido. El derecho a elegir tiene que ver
con los derechos humanos, mientras que el otro es propio de la organización del
poder. El derecho a la elegibilidad no es absoluto y está sometido a
excepciones de carácter jurídico. Esto está ligado a la impronta que se quiere
dar a la representación, como se establece en el artículo 16 de la Constitución
Nacional, ya mencionado, pero también en su artículo 55, que establece la edad
de 30 años, la necesidad de residencia en la provincia para poder ser candidato,
entre otros requisitos. Es decir, hay limitaciones al derecho a ser elegido.
Con estas modificaciones a la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos y al Código Nacional Electoral nosotros
estamos intentando incorporar la idoneidad moral como requisito para ser
precandidato a cargos nacionales electivos.
Decimos entonces que cuando una
condena no está firme, una condena en segunda instancia tiene un sustento
suficiente para hacer caer esa idoneidad moral.
Asimismo, en su dictamen de minoría,
la Bancada del Frente para la Victoria sostiene que la condena debe estar firme.
Es decir, no se opone a la sanción de esta norma. Lástima que sus integrantes no
estén hoy acá para debatirlo. Sería buenísimo discutir si tiene que ser doble
condena o condena firme. Pero hay que debatir, demostrar que estamos
interesados en mejorar las instituciones de nuestro país y la representatividad,
que hoy está en crisis no solamente en la Argentina sino en todo el mundo.
También es importante no confundir la
exigencia del derecho penal con la del derecho electoral porque la libertad que
hoy ha conseguido el ex presidente Lula en Brasil se debe a que la Corte
entendió que no debía esperar la sentencia firme de detenido. Pero esa decisión
no invalida la ley de ficha limpia, ya que aun en libertad no podrá postularse
a cargo electoral alguno.
Es hora entonces de que quienes
ejercemos cargos políticos demostremos que somos capaces de autoexigirnos
ciertos parámetros de conducta que impidan transformar a esta casa en un
refugio de aquellos que, debiendo dar cuenta de sus actos ante la Justicia, la utilizan
para ampararse en fueros.
Señor presidente: si queremos vivir en
armonía tenemos que sentirnos responsables de esta Argentina libre y plural. Como
ciudadanos todos somos dueños de esta Nación. Como ciudadanos somos hacedores
de esta República. Como ciudadanos debemos ser guardianes de un estado
obediente solo a la Constitución y a las leyes.
Debemos generar ese cambio de
conciencia donde la verdad sea un valor; la Justicia, un fin y la idoneidad
técnica y moral para los cargos públicos, un requisito habitual. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
Iglesias, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Iglesias.- Señor
presidente: hoy es un día raro. Mientras venía para acá escuchaba la radio y en
todas las estaciones el tema era la falta de unidad de Cambiemos por este tema
del protocolo. Sin embargo, me doy vuelta y veo que en el recinto está todo Cambiemos.
(Aplausos.) No quiero ser injusto con la oposición, pues veo que varios señores
diputados que pertenecen a ella se encuentran presentes en este recinto. No sé
si corresponde que agradezca la presencia de esos señores legisladores en este
momento, pero sí me parece importante reconocerlo.
Observo muy claramente un mapa de esta
Honorable Cámara. De este lado, el del oficialismo, veo una presencia compacta,
mientras que en el otro, el de la oposición, puedo apreciar una ausencia
compacta.
Entonces, quiero hablar del tema de la
unidad, es decir, de lo que nos une y de lo que nos desune. En este sentido
creo que en este país hay un sesgo permanente y una vara diferente para medir
las cosas, tanto por parte del periodismo como de otros sectores. Al respecto,
daría la sensación de que una disidencia sobre un protocolo es un símbolo absoluto
de falta de unidad. Pero cuando algunos futuros miembros del gobierno que
próximamente va a asumir le dicen a alguien “no te tengo miedo”, “te voy a
meter preso” o “vos sos responsable del pacto de impunidad con Irán”, no hay
ningún problema de unidad. En ese caso está todo perdonado y vale la vara de
África. En cambio, para nosotros siempre rige la vara de Noruega.
Aceptamos el reto y por eso estamos
acá todos unidos. Eso es así porque es lo que nos une. De un lado está la lucha
contra la corrupción, mientras que del otro está el pacto de impunidad o de
ausencia.
El mapa que hoy presenta esta
Honorable Cámara es, con muy pocas diferencias, el mismo de la votación de
ayer, cuando propuse que los delitos de corrupción no puedan ser objeto de
indultos. Me permito señalar, porque es algo que ha sido comentado, que los
tratados internacionales establecen que los delitos de corrupción tienen la
misma jerarquía que los atentados perpetrados contra el sistema democrático. Al
respecto, el artículo 99 de la Constitución Nacional no reconoce como pasibles
de indultos a los delitos perpetrados contra el sistema democrático. Digo esto
al pasar porque no quiero abrir una polémica sobre este tema. Estamos en un
momento de unidad para decir claramente quiénes estamos de un lado y quiénes se
encuentran del otro.
Deseo aprovechar esta oportunidad, que
quizá sea la última que tenga, para saludar la presencia y despedir a una
persona a la que admiro y con la que he tenido muchísimas diferencias, no
obstante lo cual le reconozco el enorme mérito de haber puesto el tema de la
lucha contra la corrupción en la agenda de una Argentina que en los años 90
estaba anestesiada. Estoy hablando de la señora diputada Elisa Carrió. (Aplausos.)
Quiero recordar que hace más de diez años fuimos juntos a los
tribunales de Comodoro Py a presentar una denuncia contra lo que después se
demostró que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: una asociación
ilícita, como bien se describió en la causa de los cuadernos.
Nuevamente debo hablar del tema de la
unidad porque en ese grupo de diputados que acompañamos a la doctora Carrió
había gente como Patricia Bullrich y yo, que hoy estamos en el PRO, como el
señor diputado “Toti” Flores, que pertenece a la Coalición Cívica, y muchos otros
legisladores cuyo origen, en la mayoría de los casos, era radical. Todos fuimos
encabezados por la doctora Carrió. Es decir que hace diez años estábamos juntos
los radicales, los de la Coalición Cívica y los del PRO.
Hoy también estamos juntos aquí, reiterando
nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y los pactos de impunidad. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor
presidente: esta sesión que ha fracasado y en la que estamos efectuando
manifestaciones en minoría es como el “ring-raje” o timbreo. ¿Recuerdan que las
fotos de los timbreos se tomaban desde adentro de las casas y todos, hasta el
más neófito de los argentinos, podíamos comprobar que se trataba de algo preparado?
Esto es lo mismo.
Lo lamento mucho por los ciudadanos
que se han preocupado y ocupado de este tema porque trataron de que todos los
diputados estuvieran presentes en el recinto. En ese sentido, llamaron a los
despachos, enviaron correos electrónicos e hicieron todas aquellas cosas que
llevamos a cabo cuando queremos que una sesión se celebre, es decir, esmerarnos
para lograr el quórum.
También hubiéramos tenido la
posibilidad de incluir este proyecto en el temario de la sesión de ayer y
aguantárnosla, o sea, debatir con aquellos diputados que quizá no estén tan
convencidos en cuanto al tratamiento de esta cuestión. A lo mejor hubiésemos
llegado a un resultado porque uno observa que los diputados que no están aquí
tienen proyectos y posturas distintas.
Asimismo, hubiéramos podido hacer algo
mucho más interesante. Me refiero a la posibilidad de que un gobierno que se va
después de cuatro años de acción pública hubiera tomado en serio la agenda de
la corrupción, generando una legislación institucional que hoy permitiría a los
señores legisladores del oficialismo estar aquí con una mayor autoridad moral.
El tema de la corrupción no es menor;
no es una cuestión de aspiraciones, de testimonios o de cuidado en cuanto a las
palabras. Por el contrario, es un tema en el que hay que involucrarse. Aquí se
mencionó a un diputado que se metió en la cuestión de la corrupción y sabe muy
bien que es un asunto pesado, ya que el poder tiende a proteger al poder. Esto
es lo que descubrimos cuando algunos decimos que debemos tener una agenda
anticorrupción.
Lamentablemente, el gobierno que se va
lo hace con una Oficina Anticorrupción totalmente cuestionada. Se retira con un
funcionario importante que hace dos o tres días fue citado a indagatoria. Se va
con muchos funcionarios que han sido cuestionados jurídicamente. En definitiva,
se retira sin esa expectativa que generó en muchas personas que hace cuatro
años lo votaron y en otros que, si bien no lo hicimos, durante mucho tiempo lo
acompañamos. Todos quedamos totalmente decepcionados.
En algún momento entraron a jugar los
propios intereses. Entonces, había que proteger a algún diputado propio que
tenía problemas con la ley de fueros y una causa penal. En algún momento no
había que avanzar tanto en cuanto a la legislación anticorrupción porque en una
de esas el sayo nos encontraba.
No se trata de que los buenos están de
un lado y los corruptos del otro. Por el contrario, la corrupción es un tema
humano, es decir, está en uno y otro lugar. Del mismo modo, de un lado hay
gente honorable y del otro también.
La dirigencia política no emprendió
seriamente la institucionalización de la lucha contra la corrupción mediante la
sanción de la legislación pertinente.
Sería perfectamente posible sancionar
definitivamente este proyecto y convertirlo en ley si la totalidad de la
dirigencia política tuviera una seria vocación de generar normas legales e
instituciones para poder efectuar un control. Señalo esto porque el quid de la
cuestión radica en el control. La condición humana es algo muy jodido y por eso
hay que controlar. Nosotros, desde el peronismo y en una simplificación de la
política, decidimos que el hombre es bueno, pero es más bueno cuando se lo
controla. Lamentablemente, en la Argentina
hace rato que se perdieron los límites, y aquellos que somos elegidos por el
pueblo para cuidar de sus bienes y de su vida, y que creemos que el
empoderamiento nos da la posibilidad de hacer todo sin límites, no estamos
teniendo la capacidad de volver a colocarlos. No hay buenos y malos; hay
hombres, y lo que tiene que cercar la conducta humana es la ley.
Lamento que estemos acá,
en esta última sesión, en la que todos sabíamos que veníamos nada más que a hacer
discursos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente: voy a hablar cinco minutos.
Acá no hay voto; hay voz, nada más, y la voz en el lugar donde trabajamos. Si
hay quórum, puede o no haber ley; y si no lo hay, hablamos entre nosotros. Unos dicen que para escucharse, otros para
que queden grabados.
Ayer fue una sesión
especial, y para hacer una sesión especial de las características de fin de año
se necesita un número y un acuerdo sobre los temas que se incorporan. No había
acuerdo -precisamente, por eso es que hoy no están todos presentes ni tenemos quórum-
para que ayer se hubiese podido incorporar este asunto. Lo que podía haber
ocurrido ayer, sí, era pedir un apartamiento del reglamento, algo que dura
cinco minutos, para que se votara, pero no hubiéramos logrado los tres cuartos
necesarios para incorporarlo. No importa quién podría haberlo hecho; cualquiera
de nosotros. Lo que sucede es que el día antes se trabajó en buscar un acuerdo
para hacer una sesión.
En segundo lugar, las
palabras que estamos vertiendo no son para reprocharnos. Tampoco lo que buscamos
nosotros, o lo que buscan todos, es una ley en contra de alguien, sino en favor
de algo. Se trata de una lucha permanente, que lleva mucho tiempo; a veces se acelera
y a veces se frena. Esa lucha es para que la moral administrativa, en
democracia, sea absolutamente incompatible con la corrupción, e igualmente en
el ejercicio de los cargos públicos.
No quiero reiterar cosas
que se han dicho, no solo de la legislación comparada, a la que hicieron
referencia los señores diputados Tonelli y Menna junto con todos los que ya hablaron.
Tampoco voy a mencionar los países de la región que tienen incorporado este
sistema en la Constitución; ni el caso de España, que lo tiene solamente hace un
año. Hay países donde solo funciona cuando existe procesamiento, y nosotros lo
adecuamos al artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, con el
doble conforme, para dar por terminada aquella vieja discusión que hubo, con
doble sentencia, en la época del expresidente Menem, cuando la Corte lo terminó
habilitando.
Obviamente que estos
cuatro años estuvieron llenos de errores y de aciertos. Pero hay algo que se ha
procurado desde este recinto, sin que nadie se haya sentido su dueño. En
efecto, reconozco que, en algunas iniciativas, tuvo más fuerza la oposición que
nosotros, que la acompañamos, y en cambio en otras fue a la inversa.
Entonces, podrán decir
que se gobernó mal, pero ahora hay arrepentidos porque hubo una ley del
arrepentido y ese fue un avance de la democracia que tiene responsables en
quienes la impulsaron. No importa de qué color político. Se votó y por eso no
discutimos por fotocopias de los cuadernos: hay arrepentidos. Buscarán ahora cien
pericias más. Esa es una lucha de demora -o no- en la Justicia, que lleva el
calendario electoral de acuerdo al ritmo que quiere; no lo lleva la política. Pero
sobre eso no se puede retroceder; hay un avance en la calidad democrática.
También hubo un avance en
estos cuatro años en materia de acceso a la información pública. En doce años,
desde distintos bloques buscábamos acceso a la información pública. No importa
quién habló más o quien habló menos; ahora hay acceso a la información pública.
En estos cuatro años,
muchas iniciativas fueron, en el propio Parlamento, de los propios legisladores,
y otras del propio gobierno. Las de los legisladores las tomó el gobierno, y las
del gobierno inclusive las votamos con opositores, como fue la ley sobre responsabilidad
penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la
administración pública y el cohecho transnacional, una figura de avanzada que
muy pocos países de la región la tienen tipificada. Y acá fue ley.
Recuerden ustedes lo que
significó la ley de extinción del dominio. Fue una pena que no pudiese terminar
sancionada en el Senado con el criterio unánime que fue aprobada en la Cámara
de Diputados. Aunque había algunas pequeñas diferencias -o no-, aquí la terminamos
sancionando. Y el gobierno terminó dictando un decreto de necesidad y urgencia que
tomó como base la sanción de esta Cámara, porque una de las cuestiones
esenciales de la discusión era si resultaba posible la acción civil, como lo
proponían quienes llevaron adelante la iniciativa, mientras que en el Senado
planteaban que la acción civil era la subsidiaria de la acción penal que debía
incoarse primero. Para nosotros no era incompatible una cosa con la otra.
Es decir que hemos
avanzado, aunque todavía nos falta mucho. Porque ética pública y política son
inescindibles; es absolutamente incompatible imaginar que, en una democracia,
la legitimidad popular da mandato no solo para mandar leyes sino para robar. Es
incompatible. Eso no es una república; eso no es tener poderes independientes;
eso no es ley. Y la Argentina está avanzando. A lo mejor lleve más tiempo, pero
va a ser imposible retroceder en este aspecto, inclusive con el resultado
electoral, fruto de la soberanía popular en esta última elección, que en buena
hora va a terminar equilibrando fuerzas en este Parlamento y nos obligará a
dialogar.
Además, y si bien no
tiene nada que ver la comparación que voy a hacer, más allá de la legitimidad o
no del reclamo sobre la situación del expresidente Lula en Brasil, se juntaron
200.000 firmas de todo el mundo de gente que pedía que lo dejaran en libertad porque
creían que era injusto que estuviera detenido. Sin hacer un juicio de valor,
acá hubo ciudadanos que juntaron 360.000 firmas, que trabajaron, que llevaron esperanza
y que soñaron que era posible que esto pudiera suceder en el Congreso. Así
seamos pocos, ya merecen un reconocimiento por ello, aunque sea en la voz, y
algún día lo merecerán si es ley.
Pero también quiero
recordar -y con esto finalizo- algo que decía en la Convención Nacional
Constituyente el expresidente Alfonsín, de quien ahora todos hablan. Él
sostenía que “la lucha contra los corruptos, contra la inmoralidad y la
decadencia es el reaseguro del protagonismo popular. Las dos cosas en realidad
van juntas. No se puede luchar contra la corrupción que está las entrañas del
régimen sino a través del protagonismo popular…” -¡360.000 firmas de la sociedad
civil, que no está sentada en las bancas!-… “pero no se puede preservar el
protagonismo popular sin sostener una política de principios, una ética que
asegure la perduración”. ¿Saben por qué? Porque la democracia requiere
moralidad administrativa, y también la conducta de los gobernantes. Es
necesario ser, más que una ideología, una ética para sostener la República. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada Carrió, por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Sra. Carrió.- Señor presidente: salvo que haya sesiones
extraordinarias, creo que este es mi último día en la Cámara de Diputados,
donde está en tratamiento el proyecto sobre ficha limpia.
Me interesa hablar de
este tema de la corrupción, pero no se puede hablar solo con un discurso
demagógico o de simple oportunismo. Para hablar de corrupción se debe haber
enfrentado la corrupción, y es necesario haberlo hecho en todos los gobiernos,
no solo cuando se es opositor, sino también cuando se es gobierno. En estos veinticinco años de historia argentina, tanto la
Coalición Cívica como el ARI han tenido –guste o no‑ una función.
Primero me fui de un partido por problemas
de corrupción; no de todos, pero sí de algunos. La corrupción tiene nombre y
apellido; es cierto que no son todos, pero sí que es necesario poner nombre y
apellido. Nos costó mucho hacerlo; en marzo de 2004, cuando nadie de la clase
política lo hacía y se pedía mi detención, nos costó mucho poner nombre y
apellido a de Vido.
Ahora bien, lo que se ha visto es un
gran avance en materia de lucha contra la corrupción. Recuerdo que, cuando
llegué a esta Cámara, ningún diputado podía ser siquiera llevado a juicio
penal. Inmediatamente después de abierta una causa, era derivada a la Comisión
de Asuntos Constitucionales y ahí se frenaba, con lo cual había total impunidad
para diputados y senadores.
Cuando en el Senado surgió aquel
problema –en el que estaban todos metidos‑ con los famosos fondos
reservados que eran derivados a las Cámaras y las coimas, que existieron, fui
testigo en la causa y dije: lo que afirma Pontaquarto, es cierto.
Ahora bien, cuando Carlos Soria pidió
que se iniciara juicio político a Alberto Flamarique, todos lo rechazaron. Solo
Soria, Alfredo Bravo y yo quisimos habilitarlo. Todos los demás, reitero, lo
rechazaron porque la clase política había decidido proteger al entonces
ministro Flamarique. Recordemos además que llegamos al día de hoy sin un juicio
a de la Rúa.
En ese momento, sancionamos la mejor
ley: cuando se dicta prisión preventiva, corresponde el desafuero. Pero ocurre
que acá no se aplica el derecho. Cuando hay una orden de detención o se dicta
prisión preventiva, corresponde de derecho proceder a la detención. Esto quiere
decir que hay personas que no tendrían que haber sido electas, porque al
habérseles dictado prisión preventiva no podrían ejercer la función. Me estoy
refiriendo a la vicepresidenta. Esa es la ley que ella y yo escribimos, y que
ella no votó por oponerse a todo.
No obstante, fue un gran avance en un
momento muy difícil. Ese día terminó la impunidad para diputados y senadores,
quienes podemos ser condenados.
Hablemos ahora de las jubilaciones de
privilegio: los legisladores no tenemos jubilaciones de privilegio. Yo, cuando
me jubile en marzo, tendré un tope; esto también debe saberlo la sociedad. En
cambio, los jueces, que nunca juzgan a alguien –esta es la verdad‑, se
jubilan en otras condiciones. Si yo tuviera el cargo que tenía a los 30 años,
me jubilaría con 300.000 pesos más; no con 80.000 pesos.
Entonces, cuando hablemos de sistema
de corrupción en la Argentina, primero pongamos nombre y apellido, y después
recordemos a quienes pusieron el cuerpo.
Después, el tema empezó a formar parte
de la agenda nacional, y en este punto quiero reivindicar la actitud de
Cambiemos. Hicimos un acuerdo con el actual presidente de la Nación, Mauricio
Macri. Creo que usted, señor presidente, se encontraba afuera con Maricel
Etchecoin; sí estaba el señor diputado Javier Campos, a quien veo por ahí
atrás. Fue un hecho histórico; nos reunimos un día de enero en una casa, donde
tuvimos una conversación con Mauricio Macri a la que yo llamo “sincericidio”.
Cada uno dijo todo lo que tenía que decir. Como es sabido, yo nunca hablé con
el padre de Mauricio Macri; tampoco lo había hecho alguna vez con el señor
presidente hasta ese día. Pero el resto de la clase política sí se sentó a la
mesa del padre de Mauricio Macri; entonces, que nadie se haga el inocente. Yo
no lo hice; además, ese mamotreto que tiene en Punta del Este nunca me lo
banqué.
El pacto que hicimos establecía
claramente que no habría impunidad para nadie, ni fuera de Cambiemos ni
adentro. Esto se cumplió, porque el señor presidente de la Nación está siendo
investigado en varias causas judiciales y hay ministros que también tienen
procesos en trámite. Por primera vez en la Argentina, alguien es investigado
mientras forma parte del gobierno. En consecuencia, las instituciones
funcionan.
Es más, mi renuncia tiene que ver con
lo siguiente. En este momento no tengo una sola causa judicial. Llegué a tener
cuarenta y siete, de todos los poderes del Estado, y nunca me hice la víctima,
como hacen algunos. Cuando tuve que ir a juicio oral por la muerte de aquel
hombre de Santa Cruz –o de Chubut, no recuerdo‑, renuncié a mi banca para
que no tuvieran que pedir el desafuero. Finalmente, fui absuelta; pero perdí
tres años de mandato.
Si ahora renuncio a mi banca es para que,
a partir de marzo, si los señores del Partido Justicialista o del Frente para
la Victoria quieren venganza, no necesiten perturbar al Parlamento. Solo
tendrán que ir a buscarme; yo estaré con mi valija lista, con todos los
camisones rayados, para ir a una cárcel común.
Este lugar no puede ser un antro de
impunidad; cada diputado y cada senador con prisión preventiva deberían tener
vergüenza y respeto por el Parlamento, y quedar fuera. Sin embargo, la
Argentina habilita a los condenados a ser candidatos. Por eso tendremos a una
procesada y condenada como vicepresidenta de la República.
La lucha es larga; muy larga. Recuerdo
que de Vido quiso meterme presa en 2004 porque era una persona honorable.
¡Honorable, de Vido! Fue de lo más gracioso. Miren los señores diputados dónde
está de Vido y dónde estamos nosotros.
Pienso que los avances fueron muchos y
que lo seguirán siendo, porque si algo ha logrado Cambiemos es vencer el
maleficio de los golpes de Estado civiles y del establishment. ¿O no saben acaso que los laboratorios intentaron
voltearnos cuando se lo llevaron a Mario Quintana? Yo vi esos golpes, como
también vi los perpetrados contra Cristina Kirchner por algunos sectores del
campo, y los repudié.
Se terminó el maleficio de Marcelo T.
de Alvear. ¡Acá hay un gobierno que no pertenece al PJ, que termina su mandato
y entrega un Banco Central de la República Argentina con 40.000 millones de
dólares de reservas! No pudieron hacernos caer; hay república y transparencia,
y estamos siendo juzgados.
Yo, como miembro fundadora de
Cambiemos, estoy dando un ejemplo porque creo que se trata de conductas.
Renuncio a mi banca para que nadie tenga que pedir el desafuero. Ahora bien,
que se animen a pedir mi detención, porque en ese caso creo que seremos detenidos
el juez y yo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
Austin, por Córdoba.
Sra. Austin.- Señor
presidente: para que no nos perdamos en el repaso de anécdotas personales e
historias de vida, quiero volver al foco de esta sesión.
Hemos sido convocados para tratar el
proyecto de ley sobre ficha limpia, que en dos oportunidades logró dictamen de
las comisiones. En poco tiempo perderá estado parlamentario, lo cual es una
vergüenza no solo para el Congreso sino también para la democracia.
Antes de referirme al fondo de la
cuestión, quiero reflexionar sobre algunas expresiones de la diputada
preopinante.
Primero, en efecto, el Parlamento
avanzó muchísimo. Si gobiernos anteriores hubiesen puesto el mismo empeño
enviando iniciativas o habilitando el tratamiento de ciertos asuntos, sin lugar
a dudas hoy tendríamos un andamiaje institucional distinto para luchar contra
la corrupción.
Aquí se mencionaron la ley del
arrepentido, la ley sobre responsabilidad penal empresaria y la Ley de Derecho
de Acceso a la Información Pública, una herramienta fundamental. A esto debemos
agregar la transformación de las prácticas en los procesos licitatorios de obra
pública, algo de lo que nos sentimos orgullosos en este gobierno.
Quiero desarmar un argumento que empezó a circular –del
que algunos diputados se hicieron eco‑, en el sentido que los que están del
otro lado de este recinto, los que hoy no están sentados en esas bancas, los
que no han dado quorum, podrían haber venido si hubiésemos entablado puentes de
diálogo, porque tenían proyectos presentados.
El
dictamen del proyecto que impulsaron en la Comisión de Asuntos Constitucionales
días antes de las elecciones es una verdadera vergüenza; es tomarle el pelo a
este Congreso. ¿Qué hicieron? Querían ocultar la vergüenza antes de las
elecciones porque estaban con la idea de tratar de demostrar que volvían siendo
mejores y que no tenían un compromiso con la impunidad, como lo tuvieron
durante doce años.
Entonces,
salieron a decir que en realidad querían ampliar el marco de los delitos. Sin
embargo, en ese dictamen escondieron la verdadera trampa, que era exigir
sentencia con condena firme. Es lo mismo que tenemos hoy.
Por eso
es que verdaderamente digo que no nos falten el respeto, no nos tomen el pelo a
quienes estamos acá sentados y pongamos la discusión en el foco en el que tiene
que estar.
¿Qué es
lo que estamos discutiendo? Las condiciones de elegibilidad de un candidato. Si
una persona que quiere entrar en la administración pública no puede tener
antecedentes penales, ni puede estar procesado, ¿cómo puede ser que permitamos
que quienes van a ingresar a este Congreso, que van a tomar decisiones sobre la
cosa pública, la res pública, puedan
tener condenas en primera y en segunda instancia, como nuestro viejo senador
que todavía sigue sentado en su banca haciendo uso de todos los recursos
procesales a su alcance para evitar una condena firme.
Entonces,
hablamos de que podamos tener una herramienta que permita evitar la impunidad y
que este Congreso sea un refugio para esa impunidad.
Una de
las cuestiones centrales tiene con el contexto en el que se analiza esta
decisión. Básicamente en el del artículo 36 de la Constitución Nacional.
Estamos hablando de lo que la doctrina denominó “delitos constitucionales”, con
lo cual no estamos considerando cualquier tipo de situación que pueda merituar
la restricción del derecho político a ser elegido, sino aquellas a las que
nuestra Constitución ha dado una jerarquía especial, que son los delitos contra
la corrupción. ¿Por qué? Porque lesionan y atentan contra la democracia.
Lo
segundo que quiero mencionar es el Pacto de San José de Costa Rica, que es una
restricción que nosotros tenemos para poder avanzar porque tiene jerarquía
constitucional.
¿Qué
dice el Pacto de San José de Costa Rica? Que es posible admitir restricciones a
los derechos políticos por ciertas razones, y una es la condena por juez
competente; no exige condena firme como sí lo hace para otro conjunto de
delitos. Me parece que esto también es importante ponerlo de relieve.
Se ha
mencionado mucho el artículo 16 de la Constitución, que habla de la igualdad,
que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos
sin otra condición que la idoneidad. Acá me parece importante volver a poner de
relieve la idea de la igualdad. Si un ciudadano no puede entrar a la
administración pública, no puede ser bombero ni puede ocupar muchísimos
empleos, con más razón –como decía el doctor Sagüés‑ no puede ocupar un
empleo de mayor jerarquía. Él sostenía que cuanto mayor fuera la jerarquía del
empleo o de la función, mayor debía ser el grado de moralidad a exigirse. Eso
es lo que queremos, simplemente que podamos dar el ejemplo.
Hay
sectores del kirchnerismo que se niegan a discutir este proyecto porque
sostienen que se trata de una persecución política, pero en realidad pretenden
esconder detrás de esta idea delitos de corrupción.
En el
año 2009 el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, no sé si
porque creían que iban a tener el control sobre el Poder Judicial o porque no
se imaginaban que iban a terminar con tantas causas penales por los delitos
cometidos, presentó un proyecto de ley sobre la democratización de los
partidos. Se trataba de una serie de modificaciones a la ley orgánica de los
partidos políticos.
La
primera se refería a algo que hoy está vigente, y es que aquellos que han sido
condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser candidatos, aun con un
auto de procesamiento. Esto está firme, ha pasado el filtro de la
constitucionalidad y es algo que celebramos.
Pero el
proyecto también tenía otro capítulo, que decía que aquellos que hubiesen sido
condenados por delitos de corrupción tampoco podían ser candidatos, y de nuevo
establecían el auto de procesamiento. Así llegó el proyecto a este Congreso,
con lo cual lo que queremos es simplemente que recuerden sus mejores
tradiciones, cuando quisieron construir las herramientas para luchar contra la
corrupción, y no las que hoy están honrando, que son las de la impunidad y la
lesión a los derechos humanos, porque también recordemos que la corrupción
violenta la democracia y también los derechos humanos.
Ojalá
que algún día este Congreso pueda hacer de estas iniciativas una ley y
verdaderamente podamos dar el ejemplo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada Carrizo, por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Carrizo (A.C.).- Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer enormemente
toda la movilización ciudadana, a Gastón Marra y a todo ese grupo, ya que por
ella hoy estamos debatiendo aquí. (Aplausos.)
Esto se viene difundiendo día y noche por todas las redes, es una gran
coalición cívica, por lo que el mérito de que las puertas del Congreso se hayan
abierto es de ellos, por su insistencia.
Por supuesto que eso tiene un valor;
siempre necesitamos el poder social para avanzar con la legitimidad necesaria.
Pero también me parece que tenemos que hacer una autocrítica. Es verdad que
avanzamos un montón, marcando agenda los primeros dos años de gestión, pero nos
quedamos cortos. Me pregunto cuándo es que dejamos de ser ambiciosos. Habíamos
generado una subcomisión en la Comisión de Asuntos Constitucionales para un
montón de cosas de estructura institucional de la corrupción.
Coincidimos con ficha limpia, nosotros
éramos ambiciosos, y creemos que no alcanza con regular los delitos contra la
corrupción o de la administración pública. El artículo 36 de la Constitución
Nacional habilita a que podamos construir en forma positiva.
¿A qué nos estamos refiriendo cuando
hablamos de idoneidad política? Porque uno puede ser honesto y ser violento.
Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a idoneidad pública? Este es el
desafío. Por supuesto que avanzamos, pero nos quedamos cortos. No se trata de
polarizar y decir quién es bueno o malo, corrupto u honesto, porque durante los
dos primeros años de nuestro gobierno, el peronismo no kirchnerista nos dio las
mejores leyes en este Congreso Nacional. Habíamos empezado con la extinción de
dominio. ¿Por qué hoy no están acá?
Todo el mérito es de los ciudadanos,
pero hemos fracasado en la estrategia parlamentaria que nos permitiera avanzar
con los temas sustanciales en los dos primeros años de gobierno. Avanzamos,
pero nos quedamos cortos. No fuimos ambiciosos y esto es una carga nuestra. No
la tenemos que trasladar a los ciudadanos. Es fantástico que se hayan
movilizado, pero nos faltó liderazgo para poder aprovechar todo ese potencial
social y esa confianza que nos trajeron.
Nos quedamos cortos con las reformas a
la Auditoría General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción; también con
muchas de las leyes de la agenda sobre la que podíamos haber avanzado en los
dos primeros años de gobierno.
Entonces, sobre el cierre de este año
tenemos que interpelarnos. Nos quedamos cortos con la reforma a la ley de
fueros. En el 2001 se sancionó esa ley. Este es el único país que dio inmunidad
parlamentaria a los magistrados y también a los integrantes del Poder Ejecutivo.
Es el único caso en las democracias del mundo.
No nos animamos, estaban los proyectos.
Entonces, creo que el mejor aprendizaje colectivo es que la democracia la
construimos entre todos y con polarización. No hay grandes leyes que nos
pertenezcan a todos. Tenemos pocas leyes, corrupción estructural e impotencia,
y no es lo que se merece la coalición de ciudadanos que viene todo el tiempo
creando poder social para que avancemos. Si no aprendemos, va a ser difícil que
podamos avanzar. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Contigiani.- Señor
presidente: quiero expresar los motivos por los que estoy aquí. En primer
lugar, porque el proyecto de ley que estamos analizando lo vale en sí mismo, y,
en segundo término, porque todo el movimiento ciudadano que lo acompaña lo
legitima.
Ahora bien, es una herida de
corrupción que no solo abarca una mirada individual, política. La Argentina
tiene un problema estructural de corrupción, porque también podríamos
incorporar en esta visión la corrupción estructural que viene sufriendo nuestro
país. ¿Acaso no es corrupción estructural la fuga de capitales? ¿No es
corrupción que en veinte días millonarios se hagan multimillonarios en la timba
financiera y dejemos un 40 por ciento de pobres e indigentes en el país? ¿Quién
puede tirar la primera piedra en la Argentina acerca de la corrupción
estructural?
El 27 de octubre la Argentina se
encontraba dividida en dos grandes coaliciones, que yo llamo coaliciones
bipartidistas no homogéneas. No hay homogeneidad en una coalición hacia dentro;
tampoco la hay en la otra. Pero reflexiono junto a ustedes: ¿alguna coalición
puede tirar la primera piedra frente a los problemas de la corrupción
estructural e individual de la Argentina de los últimos cuarenta o cincuenta
años? Nadie, señores; ni de un lado ni del otro de la coalición.
Por eso pido humildad. Debemos debatir
y trabajar en serio para enfrentar la corrupción individual, robustecer
institucionalmente a la República y a la democracia de mecanismos para
enfrentar a la corrupción política, pero también a la corrupción estructural.
En eso estamos todos en deuda y nadie puede tirar la primera piedra.
Lo peor que le puede pasar a la lucha
contra la corrupción en la Argentina es que nos sintamos dueños o propietarios
de esa lucha.
Trabajemos, caminemos, luchemos, pero
no sobreactuemos. Busquemos consensos. En los dos lados de la coalición hay
hombres de buena voluntad que están dispuestos a trabajar.
Esta es la circunstancia que nos toca;
bienvenida sea. Estamos aquí, dimos el debate, estamos hablando, pero no
sobreactuemos. No nos sintamos propietarios. No hay puros ni impuros, ni
blancos ni negros; esto es más complejo.
La Argentina necesita que estas dos
coaliciones dialoguen; que transiten por un camino moderado, de alta política y
que se puedan aislar a los elementos más extremos. Esto es lo que necesita la
Argentina, a partir de entender que debemos ser más humildes; que la principal
herida de la Argentina es la corrupción individual, la corrupción estructural,
y que esa corrupción no lleva a una tremenda deuda social que todos debemos
abordar.
Pido humildad; pido ese compromiso, y
ojalá que podamos seguir en este debate sincero, sin sobreactuaciones
políticas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
Reyes, por Santa Cruz.
Sra. Reyes.- Señor
presidente: lamento las ausencias en este recinto. Se trata de representantes
de muchos argentinos que quisieran que hoy estuviéramos debatiendo un proyecto
de ley de ficha limpia.
Es una norma que no implica más que la
aplicación de principios de nuestra Constitución Nacional, particularmente sus
artículos 16 y 36. Además, significa ratificar la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción a la que la Argentina ha adherido a través de la ley
26.097.
Sabemos que lo que se pretende
establecer a través del proyecto de ley de ficha limpia es una condición de
idoneidad. Como bien se ha dicho en este recinto, si para acceder a un empleo
público cualquier ciudadano necesita reunir determinadas condiciones y no tiene
que estar condenado por delito doloso contra la administración pública, ¿cuál
es la razón por la cual a funcionarios de mayor jerarquía y responsabilidad les
creemos prerrogativas que no tiene cualquier otro ciudadano para acceder a un
cargo público? Entonces, debemos
hacernos eco, no solo del derecho de fondo, del derecho constitucional y de los
tratados internacionales, sino que debemos escuchar lo que dice la ciudadanía.
La ciudadanía claramente no quiere ser
gobernada por corruptos y delincuentes. Y esa ciudadanía es la que hizo el
trabajo mediante el cual nos entregaron un petitorio con más de 300.000 firmas
solicitándonos que mejoráramos, ofreciéramos alternativas, pero que
debatiéramos y habláramos de este proyecto de ley de ficha limpia, porque no
podía ser que quienes toman decisiones fundamentales fueran personas condenadas
en segunda instancia. Y no podemos utilizar el artilugio de tratar de hablar de
una condena de Corte para evitar aplicar los tratados internacionales y estos
requisitos.
Por otra parte, no existe
contraposición de intereses con el principio de inocencia. No hay una ley de
ficha limpia contra un principio de inocencia. Porque lo que establece esta
iniciativa son requisitos para acceder a la función pública y electiva. En
cambio, el principio de inocencia es un principio individual procesal que hace
referencia a la libertad del imputado o del procesado, y al derecho de defensa.
Por lo tanto, no existe la contraposición de intereses esgrimida.
Entonces, si el artículo 36 de la
Constitución Nacional señala a los delitos de corrupción como un atentado
contra el sistema democrático, somos nosotros quienes tenemos la
responsabilidad institucional de defender ese sistema democrático. ¿Cómo debemos
hacerlo? Evitando que los corruptos, los delincuentes, los que ya no están
sospechados sino que están condenados por un tribunal colegiado, manejen los
recursos y las decisiones públicas.
Recuerdo una sentencia particular que
surgió en estos días, donde inéditamente se condena a funcionarios públicos a
devolver los recursos que le robaron al Estado. En mi provincia, más
precisamente en Río Turbio, se robaron una ruta. Eso funcionarios hoy ocuparán
una banca en la Legislatura de mi provincia amparados en que nosotros no
tratamos proyectos como la ley de ficha limpia.
Esa sentencia que condenaba a devolver
los recursos que habían robado a todos los ciudadanos argentinos decía
expresamente que la falta de esa ruta que se robaron causó accidentes, algunos
de ellos fatales.
Por ello, cuando hablamos de
corrupción, no estamos hablando de algo tan lejano al ciudadano. Porque esos
funcionarios corruptos son los que dejan sin gasas a los hospitales, sin
vacunas o sin medicamentos oncológicos a los enfermos. Son aquellos que evitan
que haya ruta y, en consecuencia, se generen muertes por falta de seguridad
vial. Es algo cercano.
Entonces, es claro que cuando hablamos
de ficha limpia nos referimos al cumplimiento de tratados internacionales, de
nuestra Constitución pero, sobre todo, estamos hablando de cumplir con los que
nos votaron para que los representemos.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
Zamarbide, por Mendoza.
Sr. Zamarbide.- Señor
presidente: en primer lugar, al final de su gestión quiero felicitarlo por su
gestión al frente de esta Casa.
Tuve el gusto de estar en la
presentación del balance de su gestión. Consecuentemente, ya que hablamos de
estos temas, agrego que cuidar los recursos de esta Casa, que en definitiva son
los recursos de todos los argentinos, también es un símbolo de responsabilidad
en el ejercicio de la función pública y un símbolo de la lucha contra la
corrupción. También felicito a la secretaria administrativa, la señora
Florencia Romano, por el excelente trabajo realizado. (Aplausos.)
Coincido con las palabras de
reconocimiento del señor diputado Iglesias hacia todos los diputados presentes
de Juntos por el Cambio. Hago un especial agradecimiento y reconocimiento a
quienes probablemente estén presentes en una de las últimas sesiones de sus
mandatos.
En esta sesión se habló de las ausencias
del kirchnerismo. De todos modos, valoro las presencias de los diputados de la
oposición y de los diputados Karim Alume Sbodio, Contigiani y Pablo Kosiner,
quienes ya se fueron, pero tuvieron el gesto de contribuir al intento de
conseguir el número necesario para sesionar. También valoro la presencia del
diputado Brügge y de la diputada Camaño.
Hace un rato también se fue el señor
diputado Lavagna, a quien seguramente esta casa extrañará. Con él trabajamos
juntos los temas económicos y entiendo que con el paso de los años uno también
valora a las buenas personas con las que termina construyendo vínculos. Creo
que esta Casa pierde a un gran diputado.
Una pregunta básica es por qué alguien
que no tiene un certificado de buena conducta porque posee antecedentes, no
solamente no puede acceder a un empleo en la gestión pública, sino ni siquiera
a un empleo en blanco en el sector privado. Sin embargo, esa persona puede
ocupar el cargo de senador nacional.
Hoy me tomé el trabajo de buscar
hechos icónicos de la corrupción en la Argentina. En este sentido, si bien se
habló mucho de la década pasada, quiero remitirme a un par de anécdotas de la
década del 90. Por ejemplo, la mayoría automática de la Corte Suprema fue
votada en este Congreso y producto de ello el presidente de la Corte, Julio
Nazareno, ex socio de Menem en un estudio jurídico de La Rioja, acumuló
trescientos pedidos de juicio político. Sin embargo, Carlos Menem sigue siendo
senador nacional.
También tenemos el caso del pasaporte
de Al Kassar. Algunos recordarán al traficante de armas sirio que fue procesado
por falsificación de certificados y que de todos modos en 1990 obtuvo la
ciudadanía argentina sin hablar una palabra de español.
Asimismo, puedo remitirme a los
guardapolvos de Bauzá, caso que también data de 1990. El Tribunal de Cuentas
denunció a la firma Herrera Hermanos por cobrar el importe correspondiente a
1.300.000 guardapolvos antes de entregarlos. Lo curioso –esto es imperdible‑
es que de la declaración jurada de la propia empresa surgía que estaba inactiva
desde hacía dos años y su capital no alcanzaba al precio de un solo
guardapolvo. Además, no había presentado balance ni certificación de su
existencia y era presidida por un indigente.
A pesar de todo ello, Carlos Menem
sigue siendo senador nacional. Después nos quejamos del desprestigio y el
divorcio entre la política y la sociedad y de que tanto la Cámara de Diputados
como la de Senadores estén desprestigiadas ante la gente.
Reconozco el trabajo de las
organizaciones que nos acercaron más de 300.000 firmas; especialmente a Gastón
Marra.
Hoy fuimos poco más de cien diputados y
no tengo dudas de que si seguimos trabajando en estos temas y hacemos de esto
una agenda y una bandera propia ‑como lo ha hecho mi partido, la Unión Cívica
Radical, que ha hecho de la ética y la decencia en el ejercicio de la función
pública una bandera que sin duda defendemos‑, lograremos el quórum y
sancionaremos el proyecto de ley. Así, tendremos mejor República, más
representatividad y, sobre todo, una política más cercana a los ciudadanos.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
López, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. López.- Señor
presidente: pensaba hacer un análisis más técnico de los motivos y el alcance
del proyecto de ley. Además, quería reflexionar con todos si se trata de un
debate de derecho político, de derecho electoral o de derecho constitucional.
Pero debemos considerar el aspecto político.
Me pregunto cuántas veces hablamos de
política y qué significan las decisiones políticas. Creo que el contenido de
esta iniciativa significa en parte, y sólo en parte, analizar si queremos
reconciliar esta institución, el Parlamento, con la sociedad. Perdón que sea tan
coloquial, pero debemos analizar si queremos que las dos Cámaras de esta Casa
se conviertan o no en un aguantadero para delincuentes que encima ahora aducen
una teoría norteamericana denominada lawfare.
Quienes recurren a esa teoría sostienen que hay causas judiciales amañadas,
preestablecidas o armadas por distintos personajes de la vida institucional de
la Argentina para que ellos no accedan a cargos políticos.
Eso puede pasar en algunos países y es
válido ese debate. Hasta el Papa da ese debate y no tenemos ningún problema en
darlo. Sin embargo, dudo que ese debate sea plausible hoy en la Argentina
cuando cualquier persona que llega a juicio oral ‑el caso del
expresidente Menem es un paradigma‑ recién es condenada después de veinte
años.
Para ponerle nombre y apellido,
tenemos el caso de la actual vicepresidenta electa que pudo ser candidata a ocupar
distintos cargos públicos en innumerables oportunidades, porque hoy no hay
ningún lawfare que le impida a ella
ni a nadie ser candidatos.
No pretendo ser aguafiestas en esta
discusión, pero el debate de ficha limpia no alcanza en absoluto ‑esto es
una opinión personal con la que creo coinciden las diputadas Campagnoli, Oliveto
Lago y otros más que firmamos en disidencia parcial‑, porque se necesita
una condena revisada por una cámara federal, lo que lleva demasiado tiempo. De
todos modos, estamos avanzando.
Uno tiene innumerable cantidad de
oportunidades para presentarse a cargos públicos y adquirir fueros. Entonces,
siguiendo ese proceso, nunca vamos a llegar.
Me quedé pensando en qué nos quedamos
cortos. No creo que nos hayamos quedado cortos en el Parlamento. Estoy seguro
de que en Diputados no nos quedamos cortos en el tema de la transparencia; tal
vez sí nos quedamos cortos en el Senado. Tampoco nos quedamos cortos en el Poder
Ejecutivo, porque se modificó la SIGEN y la ley de acceso a la información. Hay
muchas cuestiones que hacen a la transparencia del régimen de contrataciones en
los registros de obra pública.
Sin embargo, nos quedamos cortos en el
Poder Judicial. En serio nos quedamos cortos en el Poder Judicial. Nos quedamos
cortos en Cambiemos. Nos quedamos cortos en la oposición. El Judicial es un
poder sin transparencia y por más ficha limpia que haya, si no hay como mínimo juicios
orales –ni siquiera hablo de procesamientos‑, todos podremos seguir
siendo candidatos, seamos decentes o indecentes. Entonces, tratemos este tema y
pensemos qué hacer con el Poder Judicial.
Al respecto hago una autocrítica
porque en estos dos años como diputados presenté dos o tres pedidos de juicio
político. Con eso no me arrogo ningún patrimonio en la lucha contra la
corrupción porque el número es bastante bajo.
Hay una auditoría al Poder Judicial
que no se conoce y es bastante acotada. Sin embargo, lo que se conoce es
bastante elocuente. Tenemos que ver los porcentajes de las causas elevadas a
juicio oral, que les aseguro que son escandalosos. También tenemos que ver lo
que tarda un proceso y una instrucción de una causa penal en el fuero federal. Es
escandaloso porque lleva años y años. Entonces, creo que tenemos que hacer algo
como clase política. Tenemos que hacer no solo el trabajo de los fiscales que
cobran un sueldo y denuncian e instruyen bastante poco, sino también el trabajo
de los jueces, además de empezar a controlarlos más. De no ser así, no hay ficha
limpia ni desafuero que alcance. Digo esto porque hace dos años desaforamos al
diputado De Vido y, aunque podemos desaforar a otros más, con eso no alcanzará.
Si no tenemos un Poder Judicial decente, no podremos alcanzarlo. Esta es una
cuenta pendiente de nuestro gobierno, de los gobiernos anteriores y también de
este Parlamento porque, en definitiva, somos los que podemos legislar sobre el
Consejo de la Magistratura, los que podemos integrarlo en más o en menos y los
que tenemos legitimidad de control constitucional sobre todos los poderes del
Estado.
Esa es mi reflexión más allá de si
este es un proyecto que tiene que sostenerse sobre la base del criterio de
idoneidad y del artículo 36. La discusión sobre la cantidad de delitos a
considerar la dimos en la comisión y la seguiremos dando; como dijo la diputada
Lospennato, esa es una discusión que no vamos a abandonar.
-
Ocupa la Presidencia el señor
vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, doctor Luis Alfonso Petri.
Sr. López.- Por lo
tanto, daremos todas las batallas necesarias para reconciliar esta institución
con la sociedad y para que de una buena vez por todas el país cuente con un
Poder Judicial mínimamente decente que nos dé orgullo, seguridad jurídica y
que, en definitiva, nos permita transitar por la senda del desarrollo económico
e institucional con más seguridad. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Petri).- Tiene la palabra la señora diputada
Najul, por Mendoza.
Sra. Najul.- Señor
presidente: una democracia sólida fomenta y procesa satisfactoriamente los disensos.
Está bien que pensemos distinto. Está
bien que actuemos distinto. Hay instituciones y reglas que así lo garantizan.
Ahora bien, para que los mecanismos
que nos permiten manifestarnos con libertad e igualdad en cualquier ámbito
funcionen, tiene que haber bases firmes que los sostengan.
En otras palabras, unos cuantos consensos son imprescindibles para
que esta maquinaria de la democracia funcione. Y es ahí precisamente donde toma
cabal dimensión el proyecto que pretendíamos tratar hoy. Se trata de que el
Congreso sancione una ley que nos muestre que la corrupción no es un mal menor,
que no nos tenemos que acostumbrar y que no vino para quedarse. Necesitamos que
todo el arco político coincida explícitamente en que una persona condenada en
segunda instancia ‑con lo cual ha tenido todas las garantías
constitucionales‑ por delitos vinculados a corrupción, no puede optar por
un cargo público. No lo estamos pidiendo un par de locos; la ciudadanía lo está
solicitando.
Una plataforma como Change.org, con el
señor Gastón Marra a la cabeza, nos exige ese compromiso en una lucha que nos
debe comprometer a todos. No podemos mirar para otro lado. Más de trescientas
mil personas de todo el país –a las cuales se siguen sumando otras permanentemente‑
piden que avancemos con este proyecto. La sanción de esta iniciativa no sería el
logro de un legislador ni de un partido, sino que sería el logro de la democracia.
-
Ocupa la Presidencia el señor
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Pablo Gabriel
Tonelli.
Sra. Najul.- No estoy acá para hacer campaña de cotillón;
no la hice nunca, ni la voy a hacer ahora. Todos los que estamos aquí sentados
sabemos quiénes se amparan en los fueros para eludir a la Justicia, que en
ocasiones peca de lenta, cíclica y connivente. Tenemos que avanzar mucho en la
Justicia. Coincido en que hace falta contar con más leyes y más precisiones en
los procesos judiciales.
También quiero creer que llegará el
momento en que la abrumadora mayoría de este Congreso coincida en que la
corrupción y la impunidad son mucho más que caballitos de batalla para una
campaña. No son muchos los momentos de la vida política que nos definen y
marcan a fuego, pero estoy segura que hoy es uno de esos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado
Petri, por Mendoza.
Sr. Petri.- Señor
presidente: la verdad es que uno no puede empezar a hablar en esta sesión sin
reconocer el esfuerzo que ha hecho la sociedad civil promocionando e intentando
que el Congreso de la Nación debata este proyecto.
Mucho tiene que ver con que hoy
estemos acá la firmeza y las convicciones de muchísimos ciudadanos, que a lo
largo y a lo ancho del país se volcaron a peticionar a las autoridades de
manera pacífica y que le reclamaron a uno de los poderes del Estado ‑el
Congreso de la Nación‑ que sancionará una ley de ficha limpia. Más de trescientos
mil ciudadanos, de la mano de Gustavo Marra y otras personas autoconvocadas,
exhortaron e interpelaron a este Congreso para que hoy estemos acá.
También me quiero referir a las
ausencias. Esta mañana dijeron por ahí que los miembros de otros bloques podían
bajar al recinto si ampliábamos el número de delitos incluidos en el proyecto como
impedimentos para acceder a cargos públicos electivos. No tenemos ningún
problema en discutir esto ahora, pero este es el momento y la oportunidad de
hacerlo. Así lo hacíamos cuando nos tocó ser oposición. Porque enarbolábamos
las mismas banderas y teníamos las mismas luchas contra la corrupción siendo
gobierno u oposición. No borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Siendo
oposición le reclamábamos al kirchnerismo leyes por la transparencia y que
lucharan contra la corrupción. Fuimos gobierno, y todas y cada una de esas leyes
que les exigíamos a quienes nos gobernaban, porque nos parece intolerable los
niveles de opacidad del Estado, las pusimos en práctica o en la agenda pública.
Cuando comenzamos este gobierno los
ciudadanos estaban desapoderados porque no tenían la posibilidad de reclamar al
Estado el derecho de acceso a la información pública; hoy ya tenemos un piso en
el cual ningún futuro gobierno se podrá hacer el desentendido, dado que tendrá
que respetar el derecho al acceso a la información pública sin necesidad de que
manifieste un interés subjetivo. Es el logro de velar por el interés colectivo
lo que permite que esa persona pueda acceder a información pública.
Había un manto de impunidad respecto
de aquellos que cometían la mayor cantidad de vdelitos económicos en el país, porque
en la República Argentina no existía una ley que condenara a las personas
jurídicas por los hechos de corrupción.
Fuimos nosotros los que dijimos que
era necesario que la República Argentina pudiera sentar en el banquillo a las
empresas y no solamente a los ciudadanos individuales. Como entendíamos que no
alcanzaba con las penas establecidas por el Código Penal, posteriormente
planteamos uno nuevo. Llamativa y misteriosamente los delitos contra la
Administración Pública tienen un máximo de pena de 10 años y no tienen condenas
en su mínimo de cumplimiento efectivo.
Además, dijimos que no alcanzaba con
la pena si en definitiva no lográbamos el desbaratamiento y la desfinanciación
de la organización delictiva. En ese momento ya no considerábamos al hecho de
corrupción como un hecho aislado, porque cuando hay un hecho de corrupción no
solamente hay un funcionario corrupto que pide una dádiva, sino que hay un
sistema que lo protege, apaña y encubre; hay detrás una organización criminal
que le garantiza impunidad. No es un hecho aislado, sino que es un sistema que
funciona sistemáticamente por lo general y de manera muy aceitada.
Por eso era necesario, por ejemplo,
implementar la figura del arrepentido para romper los pactos de impunidad que
existían dentro de esas organizaciones criminales, como las que penetran en el
Estado. Esa ley ha dado muchos réditos a la Justicia para investigar los hechos
de corrupción.
Quiero detenerme un segundo en lo que
tiene que ver con ficha limpia y la corrupción. Tenemos que entender que cuando
se comenten hechos de corrupción, como bien se ha dicho aquí –aunque es
necesario reafirmalo cuantas veces sea posible porque parece que algunos no lo
entienden‑, se atenta contra el sistema democrático.
Cuando ocurren hechos de corrupción se
vulneran todos y cada uno de los derechos contemplados en la Constitución
Nacional y en los tratados internacionales: se restringe, lesiona y menoscaba
el derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad sexual, a la vivienda,
a la salud, a la seguridad personal. Digo esto porque seguramente los fondos
que estaban destinados a proteger y garantizar el pleno ejercicio de esos
derechos, terminaron en bolsillos de funcionarios inescrupulosos. Por eso, en
la reforma constitucional de 1994 se regularon esos derechos poniéndolos al
mismo nivel que el delito de sedición, o sea, los delitos que ocurrían en las
peores épocas de la República Argentina, que supusieron un quiebre
institucional y que tanta sangre y vidas le costó al país. Por eso, con mucha
sabiduría el artículo 36 de la Constitución de 1994 puso en el mismo nivel a
ambos delitos. Los constitucionales sabían que si la corrupción se prolongaba
en el tiempo y era sistémica, volvería a costar vidas. Esto es lo que ocurrió,
por ejemplo, en la tragedia de Once y en las inundaciones de La Plata. ¡La
corrupción se llevó la vida de argentinos inocentes!
Por eso es necesario que establezcamos
todos los remedios ‑no solamente penales‑ que estén a nuestra
disposición para atacar el flagelo de la corrupción. Esto debe ser una política
de Estado.
Así como pudimos sostener la
democracia y establecerla como política de Estado ‑donde todos los
partidos concertábamos que era el modo de vida y que no podíamos volver atrás,
ni retroceder‑, es necesario que todos los partidos políticos de este
Parlamento piensen que la lucha contra la corrupción no tiene retorno y que
necesitamos establecer los acuerdos mínimos que impidan que volvamos a cometer
los errores del pasado. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado
Alume Sbodio, por San Luis.
Sr. Alume Sbodio.-
Señor presidente: la verdad que lamento que haya diputados que lamenten que no
haya quórum, porque si desde el oficialismo lamentan que no haya quórum y no
hicieron nada para conseguirlo ‑como lo han hecho en otras oportunidades
y como saben hacerlo‑, evidentemente querían llamar a una sesión especial
para que fracasara.
Creo que parte de los discursos que
hemos escuchado nos demuestra que era más importante el titular de que esta sesión
no tuvo quórum que debatir el tema o ver cuál es en la realidad la problemática.
También me molesta mucho que se haya
intentado vender este fracaso de convocatoria a sesión especial como que hay una
parte del Congreso que tiene una posición sobre la corrupción y otra parte que es
la que lleva la batuta.
Del trabajo que hemos llevado adelante
en la comisión que usted preside consta ‑y consta también en los
diferentes dictámenes‑ que ambas partes del Congreso, los que hoy no
están sentados y los que sí están sentados, piensan que no se puede acceder a
un cargo político cuando una persona ha cometido determinados delitos. La
diferencia de criterios ‑creo yo, o lo que se ha zanjado en esta
discusión‑ tiene que ver con el tiempo procesal en que se considera que
ese delito ha sido juzgado con todas las garantías. Unos consideran que es la
segunda instancia, otros que la sentencia debe estar firme. Por eso no me
convence, no me gusta y me parece que es una discusión cobarde plantear que la
parte que hoy no está sentada ‑que seguramente debería estar en este
recinto‑ tiene una posición en contra de la ficha limpia, cuando se ha
expresado inclusive por escrito pidiendo la ampliación de la cantidad de
delitos que tendrían que estar incluidos.
-
Ocupa la Presidencia el señor
presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr. Alume Sbodio.- Lo
digo desde el punto de vista de que creo que el mismo artículo 33 que estamos
intentando modificar, técnicamente resuelve la cuestión. Dicho artículo plantea
en algunos casos que el auto de procesamiento es condición suficiente. Yo creo
que esa es la solución técnica en una interpretación armónica de la ley.
Pero creo que lo que vamos a sacar de
este fracaso de sesión y de lo que fue la discusión en la comisión, es que ha
quedado un poco más expuesta o más transparentada la situación de la Justicia
en la Argentina. Del debate en esta sesión y en la reunión de comisión ha
quedado expresado ‑como en los distintos dictámenes‑ lo que opina
el Congreso con respecto al Poder Judicial de la Argentina. Y se resume en que la
gente dice que no confía en el Poder Judicial en el país, y el Congreso, con el
tratamiento de este proyecto, le contesta que nosotros tampoco, porque la
diferencia sustancial entre una postura y otra con respecto a la ley de ficha
limpia tiene que ver con que ambas partes en el contenido de sus dictámenes demuestran
que no confían en los procesos judiciales y en la actuación del Poder Judicial
en la Argentina.
Eso tiene que ver con el Consejo de la
Magistratura y su funcionamiento, sobre el cual estamos discutiendo un proyecto
de ley en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La reforma constitucional de 1994 ‑citada
por varios legisladores preopinantes‑ ha tenido una serie de fracasos
rotundos. Uno de los primeros fracasos fue la intención de atenuar el
presidencialismo. Después de 1994 los presidentes en la Argentina han tenido
más poder que en ningún otro momento de la historia. Otro de los grandes
fracasos ha sido la intención de la Constitución del 94 de fortalecer el
federalismo. Las provincias son más débiles que nunca frente al Poder Ejecutivo
nacional; inclusive prácticamente ha desaparecido la idea de la
representatividad de los senadores de cada una de las provincias. Y otro de los
grandes fracasos es el Consejo de la Magistratura, esta institución del derecho
parlamentario europeo que pretendía venir a modernizar y hacer de la Justicia argentina
un ejemplo de los tres poderes. Eso no ha pasado y la demostración más
importante de que eso no ha pasado es que si no hubiera tanta diferencia entre
la condena, la confirmación de segunda instancia y la sentencia firme, por el
nivel de deficiencia que tiene el Poder Judicial en Argentina -que todos conocemos
y nadie hace nada-, no estaríamos discutiendo en estos términos este proyecto y
estaríamos viendo cuáles son los delitos que deberían incorporarse en la ficha
limpia.
Creo que la discusión real sobre la
ficha limpia en Argentina debe ser el funcionamiento concreto de la Justicia en
nuestro país. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde darle el uso de la
palabra a la señora diputada Ocaña, a quien le pido que sea breve ya que es la
última oradora y tenemos que levantar la sesión porque estamos excedidos en el
tiempo de las manifestaciones en minoría y además los presidentes de los
bloques nos están esperando desde hace una hora para un reunión por el tema del
Parlasur.
Tiene la palabra la señora diputada
Ocaña, por Buenos Aires.
Sra. Ocaña.- Señor
presidente: voy a ser sintética.
Lamento mucho que los diputados de la
oposición no se hayan presentado a esta sesión, que creo que es muy importante.
Y lo lamento porque tuvimos la oportunidad de recibir más de 300.000 firmas que
un grupo de ciudadanos, desde la acción civil y desde las redes, han conseguido
en apoyo de este proyecto. Creo que esos ciudadanos ‑está aquí presente
el señor Gastón Marra y algunos de los otros integrantes de este grupo que
tanto ha trabajado en los últimos años‑ merecían que por lo menos el tema
se discutiera en este recinto y que cada uno fijara su posición.
Como aquí bien se dijo, existen varios
dictámenes sobre el tema. Creo que todos hemos hecho un esfuerzo para llegar a
un consenso y estoy segura de que todos queremos seguir poniendo ese empeño
para que ficha limpia sea una realidad y una ley en la Argentina.
Como se ha dicho en este recinto, esta
propuesta no limita ningún derecho político sino que requiere condiciones
mínimas para ser candidatos, como la honestidad.
En esta sesión en minoría quiero
expresar mi compromiso personal de seguir en esta pelea junto a la sociedad
civil. Quiero reconocer a la diputada Lospennato, que ha impulsado desde hace
cuatro años este proyecto, que fue un faro para este Congreso, junto a otras
diputadas y diputados, para impulsar esta iniciativa, que voy a seguir
acompañando.
También quería reflexionar sobre el
tema de la corrupción que aquí se planteó. No hay lugares donde la corrupción
no exista; la corrupción es atinente al ser humano. La mejor forma de evitarla
es justamente controlando, llevando adelante medidas que la impidan. El
gobierno de Cambiemos ha avanzado mucho en ese sentido. Pero como ciudadanos,
todos tenemos siempre la sensación de que falta, básicamente porque en la
Argentina a la corrupción ‑que existe en el mundo‑ se le ha sumado
un fenómeno que tiene que ver con la impunidad, en donde la sociedad percibe
que si el corrupto o el delincuente es un político, no pasa nada, de alguna forma
u otra va a tener una barrera de contención. Yo soy una militante política, señor
presidente, como lo es usted, y la verdad que me molesta mucho porque no creo
que todos seamos lo mismo y que todos tengamos que estar mezclados en esta
Cámara de Diputados o en el Senado o en cualquier institución de la República.
Creo que todos sentimos esa enorme
frustración que tiene que ver con la Justicia, como expresó el diputado López.
Allí hay mucho para hacer. Pero también quiero decirle que tenemos que trabajar
mucho en los procesos penales.
Yo soy una de las denunciantes de la
mafia de los medicamentos, que fue una organización criminal integrada por
empresarios, políticos y también sindicalistas, que para ganar dinero no trepidó
en darle basura a la gente, darles medicamentos “truchos” a personas que tenían
enfermedades graves y que quizás las llevaron a su muerte. No digo que podían
salvarse pero tenían una esperanza, que fue malograda por esta banda de
delincuentes. Hace diez años que yo hice esa denuncia, donde hubo muchas personas
procesadas y detenidas por varios años. ¿Sabe qué, señor presidente? Aún nadie
tiene una condena en primera instancia, y es muy frustrante. Esto pasa en la
mayor parte de las causas de corrupción.
Ningún partido tiene el sellito de la
anticorrupción. Todos tenemos que trabajar para evitarla, y sancionar leyes que
mejoren el marco legal de control, puede contribuir a ese objetivo. Cambiemos ha
avanzado, como también avanzó el otro gobierno. Pero tenemos que hacer mucho
más. Mi compromiso y el de mi espacio es impulsarla.
Por eso hemos presentado una ley de
ficha limpia en la ciudad de Buenos Aires y pretendemos que la ciudad de Buenos
Aires sea el primer distrito del país ‑si aquí no se puede aprobar, como hemos
visto hoy‑ que sancione una norma de este tipo, para evitar que los
corruptos nos manchen a todos.
Nosotros somos militantes de la
política; no somos ladrones.
Sr. Presidente (Monzó).-
Con las palabras pronunciadas por los señores diputados, se dan por concluidas
las manifestaciones en minoría.
-
Es la hora
13 y 21.