-   En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre de 2020, a la hora 12 y 18:

 

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mANIFESTACIONES EN MINORÍA

 

Sr. Presidente (Massa).-  Tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos Aires.

 

Sra. Lospennato.- Señor presidente: en virtud de que el horario ya está cumplido y no hemos conseguido la cantidad suficiente de diputados para formar quórum, le solicito que nos permita hacer uso de la palabra en minoría.

 

Sr. Presidente (Massa).- Con la presencia de 85 señores diputados y señoras diputadas, en forma presencial y remota, y no habiéndose conformado el quórum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial convocada para el día de la fecha solicitada por el interbloque de Juntos por el Cambio.[1]

          A fin de realizar manifestaciones en minoría conforme al artículo 36 bis del reglamento, tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos Aires.

 

Sra. Lospennato.-  Señor presidente: los diputados y las diputadas harán uso de la palabra de acuerdo con el listado que hemos acercado a Secretaría. Las intervenciones serán de tres minutos como máximo por orador.  Muchas gracias.

 

Sr. Presidente (Massa).-  Entonces, bajaremos a tres minutos el tiempo asignado para hacer uso de la palabra, de acuerdo con lo solicitado.  

          Tiene la palabra el señor diputado Maquieyra, por La Pampa.

 

Sr. Maquieyra.- Señor presidente: quiero referirme a un proyecto que hemos presentado con la señora diputada Joury con respecto a las restricciones a la libre circulación que existen en nuestro país.

           Fuimos los primeros en acompañar al gobierno cuando se tomaron estas restricciones en marzo; fuimos los primeros en entender que restringir la libertad en forma momentánea era posiblemente una buena solución al problema generado por el coronavirus, una buena idea para frenar su avance.  

          Con el tiempo, ocho meses después, nos hemos dado cuenta de que el virus se sigue expandiendo, que lamentablemente hemos tenido miles de muertes y que, al igual que el resto de los países, lamentablemente en el fondo no hemos podido controlar el virus.  Lo llamativo es que no hemos cambiado la estrategia pese a tener los resultados pésimos que hemos tenido.  Seguimos con las restricciones a la libertad, seguimos con distintos protocolos por provincia y la verdad es que el resultado no ha sido el adecuado.  

          La Pampa ha hecho esfuerzos para evitar la propagación y circulación del virus. Todos los trabajadores de la salud y de la seguridad han hecho enormes esfuerzos. Hemos trabajando con un montón de protocolos. Hemos tenido un estatus sanitario muy bueno en la primera parte de este año cuando se inició la propagación del virus. Pero lamentablemente el virus circuló. Pese a todas las restricciones, el virus está circulando.  No hemos tenido un mal resultado en general, pero no hemos podido evitar que circulara el virus. Esto no responde simplemente a que el gobierno haya hecho bien o mal las cosas, sino a cómo se propaga el virus.

          Me gustaría dar algunos ejemplos de las dificultades que tienen los pampeanos hoy para volver a su provincia, pero también un montón de argentinos debido a que encontramos distintos protocolos en cada provincia. En algunas provincias exigen PCR; en otras, cuarenta o hay restricciones incluso para los trabajadores esenciales, como transportistas o camioneros que han pasado horas y horas a la vera de las rutas.

          Aun así, luego de ocho meses de iniciadas estas limitaciones, no tenemos un protocolo unificado con testeos en todo el país, sino que prima que cada provincia haga lo que le parece mejor.

          Por eso, solicitamos que convoque a los gobernadores y a la ciudad de Buenos Aires para que se establezca un protocolo de circulación en todo el país, con protocolos y, si hace falta, con testeos. No podemos tener fronteras provinciales.  

          Antes de enfrentar esta situación sanitaria venía a la ciudad de Buenos Aires en colectivo y veía a un montón de pampeanos –padres con sus hijos, entre otros‑ concurrir al Hospital Garrahan.  Hoy esas personas no pueden hacer esto; algunos se atienden vía telemedicina, otros han viajado en auto. Pero en general no pueden concurrir porque no hay colectivos para venir a la ciudad y porque los protocolos son muy estrictos.  

          Hemos tenido ejemplos de muertes incluso, como un hombre de 71 años que no lo dejaron pasar a La Pampa cuando estaba en una ambulancia.  Eso hizo que el gobierno abriera los ojos y cambie los protocolos, y esto lo respetamos.

           Más allá del reclamo que hemos hecho a través de cartas junto a distintos legisladores, cuando la ciudadanía es la que reclama creo que es lo más válido. Quiero dar dos ejemplos para cerrar mi alocución.  El primero, se refiere a los estudiantes quienes durante cuarenta y cinco días no podían entrar a La Pampa por un brote que hubo.  Los estudiantes han hecho el reclamo y el gobierno los ha escuchado.  Simplemente hemos sido sus voceros y han cambiado los protocolos.  Ahora, tenemos un grupo que pide que abran La Pampa, con protocolos y con todo lo necesario, y que le permitan volver, transitar y, básicamente, que se respete la libertad.  

          Por eso pedimos que establezcan un protocolo nacional de libre circulación, con protocolos y testeos para que se impida, obviamente, la propagación del virus. Tratemos que eso no perjudique la seguridad y la salud de todos los ciudadanos, pero tenemos que volver a circular.

          Señor presidente: terminemos con las fronteras provinciales, respetemos la Constitución y dejemos de restringir la libertad de una buena vez.  Muchas gracias.

 

Sr. Presidente (Massa).-  Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Joury, por Buenos Aires.

 

Sra. Joury.- Señor presidente: quiero confesar que durante la cuarentena, cuando veíamos los cortes en las rutas de las provincias y las ciudades amuralladas, sinceramente pensé que habíamos vuelto a la Edad Media.  De repente parecía que estábamos en presencia de un sistema donde los Estados reescribían las reglas a su antojo y según la voluntad de los señores feudales.

          Mientras tanto, el gobierno nacional, absolutamente superado en el manejo de la crisis sanitaria, era un simple espectador de la violación de derechos y garantías constitucionales, y eso obviamente provocó un caos interprovincial. Esta no es una opinión. Voy a sumar algunos hechos concretos que sucedieron, aparte de los que mencionó el diputado preopinante.

          Solange tenía 35 años. Estaba internada en Córdoba por un cáncer terminal. Murió sin poder ver a su padre, que viajó desde Neuquén para verla pero no pudo porque no lo dejaron ingresar, a pesar de que había cumplido con el protocolo requerido. 

          Mauro tenía 23 años y era de Formosa. Estaba trabajando en Córdoba. Fue uno de los tantos que perdieron el trabajo durante la cuarentena. Cuando quiso volver a su provincia para reencontrarse con su familia le denegaron el acceso formal. Estaba a pocos metros de su hogar. Decidió llegar nadando, pero murió en el intento.  

          Hoy la Argentina está partida. No podemos seguir con esta disparidad de criterios para el ingreso y la circulación entre las provincias. Esto además atenta contra la reactivación económica, impidiendo el traslado de nuestra producción.  

          Necesitamos que el gobierno nacional y las provincias acuerden un protocolo único de circulación en todo el país, que respete el federalismo, pero que también garantice a todos los argentinos, independientemente de la provincia en la que vivan, el derecho constitucional a la libre circulación.

          Pero nuestro país también está partido entre el sacrificio y la toma de lo ajeno, entre el derecho y el delito, y seguimos encontrando caos en el caos. Estoy hablando de las reiteradas usurpaciones de tierras en todo el país y, en particular, en mi provincia. La Matanza, La Plata, Merlo, Guernica, etcétera: son veintiocho los municipios y 43 kilómetros cuadrados de tierras usurpadas. El oficialismo también se niega a tratar este tema.

          El gobierno vuelve a ser un espectador pero también vacila entre proteger a los delincuentes y proteger a las víctimas. Confunde delitos con necesidades y alienta la usurpación. En mi provincia, por ejemplo, premian y subsidian el delito hasta con 300.000 pesos. Eso es complicidad.

          Necesitamos ordenar este caos. Aunque nos impongan el número, nosotros no vamos a mirar para otro lado. La defensa de los derechos y de las libertades es la esencia de nuestro espacio. Sigamos luchando contra esta pandemia, pero hagámoslo con la Constitución en la mano.

 

Sr. Presidente (Massa).- Quiero aprovechar para notificar a los diputados y las diputadas que va a implementarse un candado digital para evitar el desmuteo automático.

          Tiene la palabra el señor diputado Riccardo, por San Luis.

 

Sr. Riccardo.- Señor presidente: lamento que no esté el oficialismo presente para discutir estos temas.  

          Como ya se dijo, Solange murió en Córdoba rogando ver a sus padres, por una decisión irracional del gobierno de Córdoba. Las hermanas Garay no pudieron ver a su padre muriéndose en la provincia de San Luis, por una decisión irracional del gobernador de esa provincia. Con Mauro Ledesma ocurrió algo parecido: murió tratando de ver a su hija, por una decisión irracional del gobierno de Formosa.

          Hay miles de transportistas, de trabajadores, de familias, que están queriendo acceder al derecho constitucional que consagra el artículo 14 de la Constitución, de transitar en el territorio nacional. No es que quieran contagiar a alguien. Eso está ocurriendo y ocurrió desde el inicio de la pandemia. Allí se les ocurrió cavar zanjas, como lamentablemente sucedió en mi provincia, reeditando aquella trágica historia de Alsina hace casi ciento cincuenta años. Se trata de trabajadores que tienen problemas de salud o de estudiantes que necesitan acceder a sus estudios. Cada vez hay más y más casos que rayan en lo absurdo, lo grotesco o lo trágico.  

          Esto es lo que nos está pasando. Lo hemos visto todos. No sé dónde está el ministro del Interior, si lee los diarios, si escucha la televisión. El 17 de abril presentamos nuestro primer proyecto denunciando estas arbitrariedades, estas atribuciones ilegales que las constituciones de las provincias no otorgan a ningún gobernador, incluyendo encarcelamientos y enjuiciamientos a personas. Pero no pasó nada.

          El 26 de agosto elevamos el segundo proyecto ‑cuyo expediente es el 4.422‑D.-2020‑ pidiendo un protocolo humanitario, cuando ya era público. Tampoco pasó nada. El 2 de septiembre volvimos a elevar un proyecto a esta Cámara con el fin de establecer una garantía de libre circulación, con reglas específicas para armar un protocolo común y seguro. Lo he escuchado al ministro de Salud de la Nación decir que en algunas provincias se toman medidas ridículas de aislamiento a partir de las cuales se confina a la gente sana. Este ha sido el caso de la provincia de San Luis, donde se ha obligado a ciudadanos sanos a estar confinados en hoteles. Lo ha dicho el ministro de Salud de la Nación y, sin embargo, no pasó nada.  

-   Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Álvaro Gustavo González.

Sr. Riccardo.- Le pedimos un protocolo al Ministerio a través de un proyecto de resolución del 10 de septiembre, cuyo expediente es el 4.732‑D.-2020. Ya estamos en noviembre. Empezamos hace seis meses. El objetivo de ese proyecto era que estableciera un protocolo específico, como ya explicaron los diputados y las diputadas preopinantes. No pasó nada.  

          Apelamos a la sensibilidad del Ministerio del Interior. Se están reuniendo con los gobernadores todas las semanas en forma virtual. ¿No se les ocurrió hablar de que esto necesita una resolución consensuada de nivel nacional? Parece que no. ¿Dónde está el ministro del Interior? ¿Cuántas muertes tiene que haber? ¿Cuántos casos tiene que haber? ¿Cuántos miles de transportistas tiene que haber varados en el país para que el Ministerio del Interior crea que este es un tema a solucionar?  

          Está claro que hicimos el esfuerzo y que propusimos proyectos, pero no: no le dan atención a nada. O, por lo menos, parece eso. No creo que, como argentinos, este tema no les interese. La Argentina es una sola. No es la suma de veinticinco gobernadores haciendo lo que quieren por encima de la Constitución Nacional.

          Acá no hablamos de desconocer la pandemia ni de violentar cualquier protocolo sanitario, sino al contrario: pretendemos establecer un protocolo sanitario que concilie la Constitución con el inteligente, concienzudo y riguroso cuidado como para que la pandemia no se extienda, pero no a cualquier precio.

          Es por eso que ‑por último‑ en septiembre volvimos a presentar un proyecto de ley para establecer que ninguna provincia argentina puede tomar medidas que violenten las de los propios decretos de necesidad y urgencia del gobierno nacional. Si algo se ha tenido que ceder ha sido aquello que tocan los decretos, con las restricciones. Pero no puede ser que por encima de eso las provincias puedan disponer de lo suyo como si no pasara nada. Para eso elevamos un proyecto de ley. Es el que hemos presentado en esta sesión. Esto lo hacemos porque no vemos reacción del gobierno nacional. Los instamos a que este sea un tema de Estado.  

 

Sr. Presidente (González).- Diputado: le pido que vaya redondeando, por favor. Son tres minutos por orador.

 

Sr. Riccardo.- El inciso 23) del artículo 75 de la Constitución pone en nuestras cabezas, como legisladores, legislar y promover las medidas de acción positivas para garantizar los derechos de los argentinos. Es por eso que estamos hablando aquí, conscientes de la necesidad que nos impone la pandemia, de establecer protocolos, pero protocolos para todos los argentinos, con el objetivo de defender el derecho de ver a un familiar, de ir a trabajar, de llevar los insumos necesarios para que el país se abastezca, etcétera, siempre y cuando estas posibilidades estén conciliadas con la Constitución.  

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado López, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. López.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve por el poco tiempo que tenemos y para respetar a todos los compañeros.

          Quiero intentar dar un debate que en algún momento creo que vamos a tener que dar. Nosotros, sin necesidad de ser estas personas que saben hacer ‑no sé cómo se llama la profesión‑ la carta astral, no hace falta tener esa virtud, supimos el año pasado que uno de los roles que iba a tener el presidente de la Nación era el de resolver ‑y perdón el eufemismo que le molesta mucho a la vicepresidenta‑ la situación judicial de la vicepresidenta de la Nación. Es una persona encausada en tantos expedientes, tiene efectivamente una situación judicial grave, que todos entendemos que uno de los roles del presidente de la Nación iba a ser resolvérsela, y ése seguramente habrá sido el acuerdo.

          Así fue que ya el año pasado el bloque de la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley ‑que sigue teniendo estado parlamentario‑, contenido en el expediente 4.717‑D.‑2019, para que se regule el rol de querellante del Estado. Brevemente, ¿qué es el rol de querellante del Estado? Es sostener la acción penal, que a veces no sostienen los fiscales ‑en el pasado hay sobrados ejemplos de casos de fiscales que no acusaron a funcionarios públicos‑, apelar los sobreseimientos, apelar las medidas que van dejando que las personas dejen de ser investigadas, sobre todo los funcionarios. En todo caso, si hay razones muy legítimas para hacerlo, que sea el ministro del área el que ponga la firma, el nombre y el apellido y la cara en los expedientes cuando hay que desistir.

          Lo que ocurrió es bastante sabido. Fuimos haciendo pedidos de acceso a la información ‑es muy importante esa herramienta para nosotros, para la ciudadanía y para el periodismo, en nuestro rol de control del Poder Ejecutivo‑ y nos fuimos enterando de algunas cosas.

          En algún momento queremos interpelar al titular de la Oficina Anticorrupción, que tiene rango de ministro porque así lo dispuso un decreto del presidente de la Nación ni bien asumió sus funciones, para que explique varias cosas. Tiene que explicar no sólo por qué ya en mayo desistía de las causas Los Sauces y Hotesur, sino por qué, tergiversando informes de la OCDE, decidió cerrar la oficina de litigios y no investigar más a nadie en ninguna causa de corrupción, de ningún gobierno. Hay varias causas, por supuesto, la mayoría de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, es decir, de tres administraciones.

          Como queda poco tiempo, señor presidente, voy a hacer una pregunta retórica. No se la hago a usted, por supuesto, pero quiero saber si para Alberto Fernández y para Cristina Kirchner, Félix Crous es uno de los funcionarios que funcionan o que no funcionan.

          Me tocó sugerirle que le pidiera al presidente de la Nación la declaración jurada de intereses. Se la pidió y el presidente no cumplió. Me tocó pedirle que se la pida a Nissen, exapoderado de Máximo y de Florencia Kirchner, y no se la pidió. Me tocó pedirle que se la pida a los abogados de Cristina Kirchner; no se las pidió y nos va contestando distintas cosas. Tal vez funcione ese funcionario para Cristina –seguramente‑, pero no sé si funcionará para el presidente. No me quiero meter en la interna de la fórmula de gobierno.

          Tenemos que saber que estas cosas existen y que alguna vez venga acá el señor Crous, titular de la OA, a dar las explicaciones de por qué funciona para garantizar impunidad. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Berisso, por Buenos Aires.

 

Sr. Berisso.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve.

          Cuando en febrero de 2018 se realizó el primer vuelo de cabotaje de una aerolínea low cost desde el aeropuerto de El Palomar, quedaba inaugurada una nueva era aerocomercial en la República Argentina, impulsando así la actividad turística y comercial en lugares marginados, llegando así a nuevos destinos, que en ese momento no eran cubiertos por Aerolíneas Argentinas, generando mayor conectividad y centenares de nuevas fuentes de trabajo, y por sobre todas las cosas transportando a miles de argentinos que jamás lo habían hecho alrededor del país, achicando las distancias.

          Más de un millón y medio de argentinos fueron transportados el primer año, siendo así que El Palomar pasó a ser el cuarto aeropuerto con mayor flujo de pasajeros de cabotaje de la República Argentina, algo que era una novedad para nosotros. Ya en la región hacía diez años que venían funcionando las líneas aéreas low cost, que habían triplicado la cantidad de pasajeros de cabotaje. Esto es así a raíz del costo de los pasajes y de la conectividad que tenían estas aerolíneas en países como Brasil, Chile, Colombia y Perú.

          En el año 2019, en nuestro país las aerolíneas low cost transportaron más de dos millones y medio de pasajeros de cabotaje, generando así también nuevas fuentes de trabajo; se iba agrandando la actividad e iban surgiendo más inversiones, pero también es verdad que en el año 2019 comienza la crónica de un cierre anunciado. Los gobernadores ‑en su mayoría justicialistas‑ venían apoyando a las líneas low cost, que en sus provincias habían generado empuje económico, tanto a nivel comercial como a nivel turístico; ni hablar de las cámaras de turismo de las provincias, que estaban felices con la actividad de estas aerolíneas.

          En su momento, le consultan al entonces candidato a presidente, Alberto Fernández, qué iba a pasar con las aerolíneas low cost cuando llegara a la Presidencia ‑esto fue después de las PASO y antes de las elecciones generales‑, a lo cual el actual presidente les contestó que se quedaran tranquilos, que Aerolíneas Argentinas se iba a recomponer y que iba a haber una política de cielos abiertos para Aerolíneas Argentinas; que las low cost habían desmantelado, habían desvalijado Aerolíneas Argentinas. Eso era decir “vamos a volver al monopolio”.

          Siendo así, en enero de este año, a título personal, el ministro de Transporte, Mario Meoni, dijo que él estaba a favor de que el aeropuerto de El Palomar siguiera operando. Como ya sabemos, en marzo quedan anuladas las actividades aerocomerciales en nuestro país, producto de la pandemia, ni siquiera con un pequeño protocolo, como hubo en otros países de la región donde los aviones pudieron volar.

          En la República Argentina, en el mes de septiembre se iban a regularizar los vuelos. Ya en ese entonces, diputados del interbloque habíamos hecho pedidos de informes, habíamos pedido la interpelación al ministro Meoni para saber qué iba a pasar con el aeropuerto de El Palomar, qué iba a pasar con la operación de las líneas aéreas low cost en la Argentina, a lo cual el ministro respondió que el aeropuerto de El Palomar iba a seguir operando y que se iba a buscar la forma de defender esos puestos de trabajo, pero que había que realizar estudios en cuanto a la rentabilidad del aeropuerto de El Palomar.

          Quiero aclarar, señor presidente, que solamente tenemos dos aeropuertos rentables en la República Argentina, uno es Ezeiza y el otro es Aeroparque, y gracias a esa rentabilidad se puede subsidiar al resto de los aeropuertos del consorcio Aeropuertos Argentina 2000.

          El ministro Meoni, al día de la fecha, no ha respondido, no ha acusado recibo de nuestra interpelación. Nosotros, los diputados del bloque, vamos a seguir apoyando la apertura del aeropuerto de El Palomar, vamos a seguir defendiendo a los cientos de trabajadores y trabajadoras, tanto de las aerolíneas como de los distintos aeropuertos de las provincias, y también a los comerciantes que, directa e indirectamente, estaban beneficiados por esta actividad.

          Estamos esperando también saber por qué ahora están callados los distintos gobernadores que hasta el año pasado apoyaban a estas aerolíneas. Los diputados oficialistas,…

 

Sr. Presidente (González).- Le pido si puede ir redondeando, señor diputado.

 

Sr. Berisso.- Voy terminando y le voy a decir que nosotros vamos a seguir apoyando que miles y miles de argentinos puedan volver a viajar en nuestro país, ya que este gobierno lo único que busca es que nuevamente sean unos pocos los que puedan conectarse vía aérea en nuestro país.

          Con esto vamos a seguir insistiendo en una respuesta por parte del gobierno, que claramente no le interesa la defensa de los trabajadores de El Palomar, el cuidado de las líneas aéreas low cost, ni la defensa de las inversiones que tan necesarias son en este momento.

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Cano, por Tucumán.

 

Sr. Cano.- Señor presidente: a partir de que se emitió el primer decreto de aislamiento obligatorio, desde nuestro bloque y desde nuestro interbloque venimos realizando distintas presentaciones y alternativas, básicamente para garantizar el cumplimiento del artículo 14 de la Constitución Nacional.

          El 16 de abril, junto con la diputada Brenda Austin y otros señores diputados, enviamos una nota al Ministerio de Transporte de la Nación. Junto con el diputado Riccardo y otros diputados del interbloque hemos presentado un pedido de interpelación al ministro del Interior y hemos presentado una cuestión de privilegio al jefe de Gabinete. Ya ha transcurrido mucho tiempo y a esta altura de los acontecimientos uno tiene la convicción de que como Congreso de la Nación estuvimos absolutamente ausentes en temas que tienen que ver con ponerse en la piel del otro, con tener empatía, con entender que es una enorme contradicción dictar un decreto para actividades esenciales y que en la circulación interjurisdiccional se someta a quienes las realizan a todo tipo de vejámenes, con medidas que nada tienen que ver con cuestiones sanitarias o epidemiológicas.

          Cuando uno circula por rutas nacionales y cruza Santiago del Estero o Catamarca, puede observar que fajaron los autos para que la gente no pueda bajarse de sus vehículos o camiones. En Tucumán presentamos dos amparos ante la Justicia Federal porque los productores no podían levantar su cosecha gruesa en provincias como Santiago del Estero o Catamarca.

          Como acá bien se dijo, es necesario ponerse en el cuero del otro. Hay personas que fallecieron en absoluta soledad porque no pudieron ver a sus familiares que estaban en otras provincias. Hace pocos días emitimos dictamen en la Comisión de Acción Social y Salud Pública para que, en el marco de los derechos del paciente, sus familiares puedan verlos en el último momento de su vida, pero eso nada garantiza que quien hoy esté en otra provincia pueda llegar efectivamente a poder hacerlo. Hay cientos de argentinos que todavía hoy, después de siete meses, no pueden volver a sus provincias.

          Estamos discutiendo de qué manera abrimos el turismo o las escuelas y, como Congreso de la Nación, no hemos dado respuestas a los derechos conculcados de miles de ciudadanos argentinos a quienes ‑por actitudes dictatoriales que nada tienen que ver con el respeto a la Constitución‑ no dejan ingresar a sus provincias, cuando actualmente contamos con mucha más información sobre cómo cumplir con los protocolos y evitar el contagio.

          Por ejemplo, en la provincia de Formosa no dejan ingresar a los formoseños cuando, con un test de antígenos, en quince minutos se podría determinar si están en condiciones de hacerlo o no.

          Cuando uno habla con diputados y personas que viven en La Pampa, como acá bien se dijo, le cuentan que deben hacer catorce días de aislamiento, cuando hay circulación viral.

          Existe un Consejo Federal de Salud y un Ministerio del Interior que deberían racionalmente hacer cumplir el decreto que emitió el presidente. A esta altura de las circunstancias, uno ya no sabe si a esos gobernadores los asesoran chamanes o curanderos o si, efectivamente, tienen una falta de respeto y empatía absoluta para con nuestros conciudadanos.

          Señor presidente: es lamentable que los diputados del oficialismo no estén hoy en este recinto discutiendo estos temas que transversalmente interpelan a la dirigencia política. No tiene que ver con que uno sea radical, del PRO o peronista, sino con garantizar el regreso a sus hogares de miles de argentinos que la están pasando mal y que, después de tanto tiempo de haber comenzado la pandemia, todavía no pueden volver.

          Sin embargo, el oficialismo es muy presto a convocar, entre gallos y medianoche, a una Comisión de Presupuesto y Hacienda para crear ‑una vez más‑ una comisión bicameral para devolver favores o garantizarse el quórum o los votos en el recinto. Es inadmisible. De la misma manera, crearon una comisión para fijar una nueva fórmula previsional y, entre gallos y medianoche ‑faltándole el respeto a los diputados, pero, básicamente, a quienes fueron a exponer en el Congreso‑, desde el Ejecutivo se envió una nueva fórmula que nada tiene que ver con defender el derecho de los jubilados.

          Para finalizar, quiero decir que me parece fundamental que el Congreso de la Nación, a esta altura de las circunstancias ‑porque ya llegamos tarde‑, se aboque definitivamente a definir un protocolo único de circulación interjurisdiccional y se ponga en la piel de los miles de argentinos que todavía no han podido volver a sus provincias, que están varados en otras provincias o en la Capital Federal y que no pueden pagar un alquiler porque han perdido su trabajo.

 

Sr. Presidente (González).- Diputado: por favor, le pido que vaya redondeando.

 

Sr. Cano.- Ya termino.

          El rol de este Congreso, como defensor y representante del pueblo, es terminar con este tipo de arbitrariedades. Muchas gracias.

 

Sr. Presidente (González).- Les quiero transmitir a los señores diputados que cada uno tiene tres minutos para hacer uso de la palabra. Tengo una larga lista de diputados anotados y el tiempo es acotado.

          Estamos sesionando en minoría; solo teníamos quince minutos y nos extenderemos por dos horas. Cada minuto que se pasan se lo sacan a un compañero del interbloque. Los invito a que, por favor, cumplamos con los tiempos.

          Tiene la palabra la diputada Cornejo, por Salta.

 

Sra. Cornejo.- Señor presidente: agradezco a las autoridades de mí bloque este espacio para expresar lo que sentimos y que tanto nos preocupa.

          La verdadera preocupación está en el pueblo argentino por cómo van cercenando sus derechos en el día a día ante situaciones que son prácticamente inconcebibles.

          En este momento, voy a defender los distintos proyectos que hemos venido presentando sobre la problemática que implica El Palomar.

          “El Palomar” no son palabras sueltas, están ligadas a una enorme cantidad de situaciones difíciles que debemos atravesar los argentinos. Y haré un breve recuento de cómo vienen tratando desde el Ejecutivo nacional esta temática. La verdad es que nos asombran las idas y vueltas y las contradicciones que se evidencian sobre distintos temas, especialmente con respecto a El Palomar.

          El 10 de agosto se decía que era irracional tener tres aeropuertos en la zona del Gran Buenos Aires. Diez días después de estas declaraciones, el 20 de agosto, solicitamos una explicación sobre lo que se estaba manifestando.

          El 8 de septiembre hay buenas noticias para El Palomar: Meoni anuncia que volvería a operar.

          El 6 de octubre, Meoni les comunica a los intendentes de la zona oeste que no cerraría la actividad aerocomercial de El Palomar, que cuando se retomaran los vuelos funcionarían las líneas low cost.

          Al confirmar Meoni que El Palomar seguiría operativo ‑tomando en valor su palabra‑, se comienzan a armar los protocolos, a vender los pasajes, y nuestras líneas low cost consideran que van a poder seguir viviendo de una actividad digna que tantos beneficios traía a la Argentina.

          El 24 de octubre, Meoni vuelve a afirmar que El Palomar permanecerá abierto y que regresarían los vuelos.

          ¿Qué pasó ahora? ¿El ministro no vio venir que la ANAC le haría una jugada en contra, que le clavaría un puñal por la espalda? La ANAC sostiene que la terminal no está habilitada porque el operador del aeropuerto no tiene aprobado los protocolos.

          Perdón, pero esto es mentira. Nada valió la palabra del señor ministro.

          ¿Por qué digo que es una mentira que no haya protocolos aprobados? Porque el operador aeroportuario de Aeropuertos Argentina 2000 es el mismo para todos los aeropuertos de la Argentina, y aplica el mismo protocolo para El Palomar, para Ezeiza o para Aeroparque. En el Aeroparque, cerrado hoy, nos cuesta más de 5.000 millones de pesos una pista para que aterrice un solo avión de Aerolíneas Argentinas. La verdad, tenemos que hacernos muchas preguntas sobre este tema.

          ¿El problema que tienen para no habilitar El Palomar es ideológico? ¿El problema es que están protegiendo a estos gremios corruptos que sabemos que son ultrakirchneristas y que pretenden manejar nuestra política aerocomercial, lo que ni más ni menos implica decidir sobre los cielos argentinos solamente protegiendo a empresarios como Eurnekian, dueño de Aeropuertos Argentina 2000?

 

Sr. Presidente (González).- Les pido por favor a todos que respeten el tiempo asignado; de lo contrario, van a quedar sin poder hablar compañeros del interbloque.

 

Sra. Cornejo.- Tiene toda la razón, señor presidente.

          Para finalizar, quiero decirle al señor presidente de la Nación que necesitamos que cumpla la función para la que lo hemos elegido. Necesitamos que defina la situación de los argentinos.

          Basta de jugar con el destino del trabajo, con el destino de la conectividad de nuestro país, con el destino que necesitamos y que valoramos todos los argentinos.

          Quiero invitarlos a todos, a las diferentes provincias, a acompañar a los comerciantes que el viernes 13 se manifestarán por la defensa de sus puestos de trabajo. Ellos necesitan que las provincias también se comprometan en estos temas porque los beneficios serán para todos: para las provincias, para la Nación, para los que circundan a la vuelta de lo que ha sido nada más y nada menos que la conectividad argentina. Muchas gracias.

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Bazze, por Buenos Aires.

 

Sr. Bazze.- Señor presidente: voy a expresarme en el mismo sentido que lo han hecho la señora diputada Cornejo y los señores diputados Berisso y Cano.

          Considero que estamos atravesando una situación muy compleja. No sabemos muy bien quién decide sobre la política aerocomercial en la República Argentina. Nos parece que en definitiva hay presiones de determinados sectores. Pareciera ser que el gobierno está cediendo a algunas actitudes corporativas. Todo esto tiene que ver con el cierre del aeropuerto de El Palomar.

          Hago míos todos los argumentos que aquí se vertieron en defensa de ese aeropuerto. Para la provincia de Buenos Aires, la existencia de dicho aeropuerto es muy importante. Todos sabemos que el Gran Buenos Aires es una zona que necesita trabajo y desarrollo. Por ello, la existencia y funcionamiento de ese aeropuerto es muy importante. En tal sentido, las cámaras de comercio de los distintos distritos y los intendentes de la región han hecho claras manifestaciones respecto de la reapertura de ese aeropuerto. Desde mi punto de vista, el gobierno nacional ha tenido una actitud bastante irresponsable porque no tiene un mensaje claro en ese sentido. En todo caso, lo que hay que hacer es trabajar y dejar al aeropuerto en funciones para que desarrolle su tarea como corresponde.

          Creemos que esto está absolutamente vinculado con la existencia de las low cost, es decir, las líneas que, como bien dijo el señor diputado Berisso, facilitaron el traslado de millones de argentinos a lo largo de los últimos años. Esto ha significado un beneficio muy importante para esos argentinos, para el conjunto de nuestra sociedad, para las provincias y, en particular, para Buenos Aires.

          Desde este recinto reclamo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se haga cargo de expresar al gobierno nacional la necesidad de la reapertura de este aeropuerto. No hay ningún derecho a que, porque en la Argentina estemos dispuestos a seguir cediendo frente a intereses corporativos, terminemos atentando contra el desarrollo y crecimiento del país. La existencia de este tipo de líneas, de un aeropuerto más y de la posibilidad de facilitar el transporte, tal como se está planteando, hace a que se genere crecimiento económico y desarrollo del país.

          Por ello, queremos manifestar la necesidad de reabrir el aeropuerto de El Palomar. Desde este recinto acompañamos a todas las organizaciones, a las cámaras de comercio de la zona y a las cámaras de turismo de todo el país, que se están pronunciando en favor de esta reapertura. Le pedimos al gobierno nacional que actúe rápidamente, en consecuencia y con responsabilidad, para resolver esta cuestión. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (González).- Le agradezco, señor diputado Bazze, por la exactitud en el uso del tiempo.

          Tiene la palabra el señor diputado Angelini, por Santa Fe.

 

Sr. Angelini.- Señor presidente: es increíble que estemos en esta sesión tratando la emergencia nacional en educación teniendo en cuenta que desde hace ocho meses nuestros niños  no están yendo a la escuela. Concretamente, el oficialismo, es decir el bloque del Frente de Todos, no solamente decidió no acompañar esta emergencia nacional en la educación, sino que tampoco se prestó al debate sobre la enorme problemática que tenemos en nuestro país en este tema.

          Lamentablemente, resulta muy preocupante que el gobierno no haya tenido ningún tipo de prioridad en esta pandemia. Claramente, las soluciones que se dieron en cuestiones sanitarias no han dado resultado. Hoy somos uno de los países con mayor cantidad de casos y de muertes por millón de habitantes. Tampoco han dado resultado las cuestiones económicas que, en ningún momento, fueron prioridad para este gobierno. Lamentablemente, nuestro país va a caer muchísimo más que cualquier otra nación en el mundo, con lo cual se generará un incremento en los niveles de pobreza y un mayor desempleo.

          La educación no fue prioridad. Resulta muy preocupante que, luego de ocho meses, los chicos de quinto año o de séptimo grado tengan que cerrar ese ciclo tan importante conectándose a una aplicación. Me refiero a aquellos que tienen la suerte de tenerla. También se puede dar el caso de que al apagar la computadora terminen cerrando una etapa tan importante en sus vidas.

          Le pido al señor presidente de la Nación, al ministro de Educación de la Nación y al gobernador de mi provincia, Omar Perotti -así como al resto de los gobernadores- que brinden la oportunidad a esos chicos de cerrar este importante momento como corresponde y se merecen. También está el caso de los chicos de primer grado que están en pleno proceso de lectoescritura. El máximo acercamiento que tuvieron a la escuela fue a través de una aplicación virtual y del mail. Es imposible que en este proceso tan importante, los chicos que tienen seis años puedan lograr de esta forma el aprendizaje que les corresponde. También es difícil que tengan un proceso de aprendizaje de lectoescritura que les dé la garantía de poder contar con una correcta educación de cara al futuro. Por eso también les pido que les den un refuerzo de cara al próximo año lectivo porque las consecuencias van a ser muy graves.

          La verdad es que claramente para el oficialismo no fue una prioridad la educación. En mi provincia -Santa Fe- ha habido meses en que en distintas ciudades no hubo un solo caso de COVID-19. Ha habido meses donde no hubo circulación comunitaria en mi provincia, pero los chicos seguían encerrados y sin ir a la escuela. Lamentablemente, en ningún momento se priorizó generar los protocolos necesarios para que se cuide tanto a los chicos como al personal educativo.

          Como dije al inicio de mi exposición, vuelvo a mencionar que este gobierno nunca tuvo en su agenda a la educación. Hay un gobierno que se siente cómodo sin que los chicos vayan a la escuela. Hay un gobierno que se siente cómodo con una generación sin educación. Por eso es que le pido al señor presidente de la Nación y al señor gobernador de mi provincia, Omar Perotti -en mi reclamo seguramente me acompañan cientos de miles de familias-, que por favor abran las escuelas.  (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Zamarbide, por Mendoza.

 

Sr. Zamarbide.- Señor presidente: junto a la señora diputada Carla Carrizo y otros legisladores de nuestro interbloque  hemos presentado distintos proyectos de ley a mediados de año en respuesta a la difícil situación que están atravesando los jardines maternales de todo el país a partir de la cuarentena estricta decretada por el gobierno nacional. Conocí de primera mano la situación de los trece jardines maternales de San Rafael con los que hemos venido trabajando. Hoy estamos casi finalizando el año y lamentablemente tenemos que decir que la condición que atraviesan estas instituciones -que son parte de nuestro sistema educativo- es gravísima. Esto va más allá, incluso, del reclamo sectorial, porque involucra a cientos de miles de familias que dependen de este servicio que es indispensable.

          En la provincia de Mendoza, y gracias a la decisión de su gobernador Rodolfo Suárez de priorizar la salud y la economía, a partir del lunes se ha permitido la apertura de nuestros jardines maternales. Esta es una excelente noticia y esperamos que pronto el resto del país siga este ejemplo. La misma situación se da en Buenos Aires, en Córdoba, en ciudades intermedias y en las capitales de las provincias argentinas.

          La Asociación Civil Coherencia, que es de alcance nacional, informó sobre el cierre de quinientas instituciones de nivel inicial. Sería importante contar con datos oficiales del gobierno para pensar estrategias de abordaje integral del problema. Ya no se trata solamente de asistir económicamente a los jardines que hoy lograron sobrevivir con deudas enormes para pagar sueldos, alquileres y gastos, sino también de restablecer esa red que quedó en el camino por no contar con los fondos necesarios. Muchos de ellos no pudieron acceder al ATP, o la ayuda no fue suficiente y tuvieron que cerrar.

          Hoy miles de padres y madres de todo el país que han vuelto a sus trabajos no tienen dónde llevar a sus hijos menores de 4 años. Se trata de padres y madres que en muchos casos se encuentran con dificultades concretas para seguir dejándolos al cuidado de familiares o personas de su entorno más cercano.                       

          Cabe destacar que los jardines maternales, además de constituir importantes herramientas para la socialización de la primera infancia, son un ejemplo de emprendedurismo, cuyas protagonistas principales son generalmente mujeres. Prácticamente todos los jardines maternales surgieron por iniciativa de alguna docente de nivel inicial que soñaba con tener su propio emprendimiento. Entonces, contrata colegas y personal no docente, alquila una casa y así empieza con su trabajo.  

          Por eso insistimos con este proyecto, para que el gobierno acompañe a los jardines maternales en este momento tan difícil para la Argentina.

          Apostamos a que lentamente la economía del país se vaya restableciendo y, lógicamente, a que todas estas instituciones puedan volver a mantenerse a partir del cobro de cuotas.

          De hecho, quiero mencionar que ingresó una nota de Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, por medio de la cual solicita a la presidenta de la Comisión de Educación que trate nuestro proyecto. Por eso, lamento hoy la ausencia de diputados del Frente de Todos.

          Para finalizar, quiero señalar que nos parece que esto puede hacerse rápidamente. Brindar esta asistencia significa para muchos jardines maternales la oportunidad de seguir trabajando.

          Por lo tanto, proponemos un aporte mensual no reintegrable durante tres meses, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, por cada empleado docente y no docente, y la eximición de los aportes patronales de los jardines.

          Esto, además, sería una solución concreta para miles de familias que necesitan seguir desarrollando esta importante tarea: el servicio educativo en beneficio de todos los argentinos.

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Enríquez, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-   Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (González).- ¿Lo han silenciado, señor diputado?

 

Sr. Enríquez.- Señor presidente: no creo que eso tenga nada que ver con el hecho de que me he excedido en algún momento en la última sesión. Le pido disculpas si en algún momento excedí largamente el plazo. Hoy seré muy breve, por cierto.

          Aquí estoy refiriéndome a un proyecto que han presentado diputados de la Coalición Cívica, que considero de gran importancia. Se trata de prohibir el desistimiento en los casos de delitos de trascendencia pública, crimen organizado o en los que hayan intervenido funcionarios públicos y hubiera entidades del sector público interviniendo como querellantes en el proceso. El proyecto indica que estas no podrán desistir expresa ni tácitamente de dicha intervención, con la excepción que prevé una norma que establece que solamente, y por razones fundadas profusamente y en forma razonable, las máximas autoridades del organismo pueden disponerlo así.

          ¿Qué es lo que ocurre? Hemos contemplado en este último tiempo que algunas denuncias que hemos hecho algunos diputados del interbloque -como en el caso de los diputados Iglesias, Wolff, de Lamadrid, Piccolomini, Stefani, Sahad, etcétera- han caído en agua de borrajas.

          ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos hemos presentado a denunciar esa monumental máquina que se montó desde el Estado para generar el más grande latrocinio sobre los bienes públicos que se produjo en la Argentina. ¿Con qué nos encontramos? Con que después de haber hecho las gestiones ante la UIF y la OA, durante el gobierno de Juntos por el Cambio, y de haber llevado en algunos casos a juicio oral estos temas, alegremente el titular de la OA, Félix Crous, y el titular de la UIF, Carlos Cruz, desistieron de esas querellas.

          Nosotros no estamos de acuerdo con que haya una multiplicidad de querellas. Sin embargo, tampoco se puede alegremente desistir de ellas, porque claramente estaríamos violando convenciones internacionales que nos obligan a combatir, prevenir, erradicar y sancionar la corrupción, ese flagelo que esmerila y dinamita el tejido social y que hace perder la confianza en las instituciones. Me refiero a convenciones como la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la ley 24.759, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la ley 26.097, que obligan -como decía- a proveer y fortalecer mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.     

          Hemos visto esta defección estratégica -como bien llama una destacada jurista americana, Gretchen Helmke-, la que consiste en una Justicia oportunista, una Justicia que revela algunas expresiones muy claras.

          El último fallo de la Corte Suprema -hecha la salvedad del excelente y luminoso fallo del doctor Carlos Rosenkrantz- realmente nos obliga a pensar que tenemos una Justicia oportunista, una Justicia de dos tiempos, una Justicia que acelera el hecho de mirar las causas de acuerdo con el color político del gobierno de turno.

 

Sr. Presidente (González).- Señor diputado: vaya redondeando, por favor.

 

Sr. Enríquez.- Sí, señor presidente, pero me falta todavía.

 

Sr. Presidente (González).- Señor diputado: lo que sucede es que un montón de compañeros suyos se van a quedar sin la posibilidad de hablar. Ya ha excedido su tiempo en treinta segundos, cuarenta y cinco segundos… (Aplausos.)

 

Sr. Enríquez.- Ya termino, señor presidente. No sé a quién habrán sido dirigidos esos aplausos.

          Simplemente, y para finalizar, quiero decir que este proyecto obliga a que funcionarios negligentes -en definitiva, cómplices- desistan de querellas cuando existe una sólida prueba sustentada. Como dije, se ha demostrado claramente este mecanismo de corrupción instalado desde las más altas esferas del gobierno kirchnerista. Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Mestre, por Córdoba.

 

Sr. Mestre.- Señor presidente: soy hijo y defensor de la educación pública y gratuita. He ido a un colegio público provincial, me formé en la Universidad Nacional de Córdoba y presenté esta iniciativa hace más de dos años, que casualmente busca reformar la ley de impuesto a las ganancias para permitir las deducciones de las cuotas pagadas en instituciones privadas.

          Hoy estamos viviendo una catástrofe en cuanto a la educación. Partimos de una realidad que es incuestionable, que es que la educación publica debiera ser una prioridad, pero en muchísimos casos estamos viendo que hay una muy baja calidad educativa.

          Además, hay dos situaciones que debemos tener en cuenta: por un lado, un sistema educativo público que se encuentra exigido al máximo, con la consiguiente necesidad de crear políticas para aliviarlo; por otro lado, la necesidad de que el Estado tienda una mano a quienes deciden invertir el fruto de su trabajo en el sistema privado de educación.

          Sin lugar a dudas, la deducción de la cuota de la educación privada de la base imponible del impuesto a las ganancias es una manera de empatizar con quienes hacen ese gran esfuerzo.

          Al utilizar o recurrir a una institución privada, los ciudadanos contribuyen a la creación de fuentes de trabajo relacionadas con el ámbito educativo. Por eso, esta propuesta representa una compensación para todos aquellos que pagan sus impuestos y, además, pagan la educación para sus hijos.

          La ley de impuesto a las ganancias permite que los contribuyentes deduzcan los montos erogados en cuanto a la cobertura médica privada de su elección. ¿Por qué entonces no abordar de manera similar lo relativo a la educación? Esto también sería muy bueno en materia de equidad, porque se podrían ver los beneficios, sobre todo en lo progresivo del tributo, que debe gravar la función de la capacidad contributiva de cada ciudadano de igual manera, tanto para gastos de salud como de educación; es decir, no por el destino de la erogación, sino por la capacidad contributiva de ese ciudadano. Se sabe que el impacto directo de este tributo se determina en función de dos variables muy concretas: las alícuotas y las deducciones admitidas.

          Si bien la Argentina se encuentra en una situación normal con respecto a las alícuotas de otros países del mundo, el componente del tributo que nos ocupa es el de los gastos y las deducciones pasibles de ser realizadas.

          En ese sentido, en nuestro país solo se admiten como gastos y deducciones para los asalariados los descuentos obligatorios por jubilación y obra social, los gastos médicos con un tope del 5 por ciento de la ganancia neta, las donaciones a ciertas instituciones hasta el 5 por ciento, y los intereses de préstamos hipotecarios que deberíamos revisar, por cierto.

          La Argentina no permite la deducción de gastos por educación y esto resulta inexplicable, teniendo en cuenta la alta incidencia de la educación en el presupuesto familiar y lo esencial que resulta para el desarrollo de los seres humanos. En España, por ejemplo, las deducciones difieren en cada región. En la comuna de Madrid pueden deducirse los gastos de escolaridad hasta un tope de 900 euros con cada hijo. Por otro lado, en Portugal o México los pagos por servicios de enseñanza son deducibles hasta 1.800 dólares por cada integrante del grupo familiar.

 

Sr. Presidente (González).- Señor diputado: le solicito que redondee su exposición.

 

Sr. Mestre.- Ya concluyo, señor presidente.

          Considero que el proyecto constituye un respiro y es una reparación para los contribuyentes que, en la actualidad -muchas veces con sus ingresos vulnerados por la pandemia- deben gastar mucho más en dichos rubros de lo que la norma vigente establece.

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Morales Gorleri, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Morales Gorleri.- Señor presidente: la Ley Nacional de Educación y todo nuestro marco normativo en el sistema educativo cuida a nuestros niños y jóvenes, a la Nación entera, en relación con la defensa de la democracia y su pensamiento crítico.

           Hoy estamos tratando distintos proyectos que apuntan a prescindir de la política partidaria en el sistema educativo a través de la creación de un consejo que evalúe los contenidos pedagógicos que se entregan desde el Ministerio de Educación de la Nación.

          En los últimos tiempos hemos visto distintas expresiones de política partidaria en nuestro sistema educativo que claramente atentan y menosprecian la libertad de los niños y los jóvenes y, sobre todo, la democracia de nuestro país.

          El artículo 8° de la Ley Nacional de Educación establece que “La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”. Asimismo, en distintos incisos del artículo 11 de esta norma se establecen distintas cuestiones en relación con los objetivos de la educación.

          El estatuto del docente en las distintas jurisdicciones nos deja en claro el rol del docente, pues esto surge del artículo 5° del Estatuto Nacional del Personal Docente que se refiere a los deberes y a la función de ellos. Dicho artículo establece que se debe “Educar a los alumnos en los principios democráticos y en la forma de gobierno instituida en nuestra Constitución Nacional y en las leyes dictadas en su consecuencia, con absoluta prescindencia partidista”.

          Los docentes, de un modo individual y colectivo, a partir de una reflexión consciente sobre su práctica, pueden escoger el camino de la reproducción de los mandatos basados en la dominación o, por el contrario, la implementación de discursos, acciones y relaciones que conduzcan a prácticas pedagógicas emancipadoras.

          En cambio, si pensamos que el diálogo debe ser el fundamento de toda pedagogía, que la didáctica y la práctica deben ser cotidianas en el aula y fuera de ella, entonces, la educación se construye en un vínculo donde nada se impone, porque el hombre dialógico, activo, tolerante y asertivo es el que mejor está alistado para reconstruir el dañado tejido social argentino.

          Se trata de caminar hacia la cultura del encuentro por la vía dialógica, en la búsqueda de consensos y el respeto por las diferencias, fundando acuerdos en valores compartidos en todos los niveles y campos de la vida pública.

          En este sentido, queremos dejar claras algunas cuestiones, porque pensar la neutralidad de las instituciones sociales es una afrenta a la inteligencia humana, más aún cuando las escuelas tienen un proyecto educativo institucional, PEI, que estructura el tipo de sujeto que queremos educar.

 

Sr. Presidente (González).- Señora diputada: le solicito que redondee su exposición.

 

Sra. Morales Gorleri.- Señor presidente: cobra importancia el rol del docente en cuanto a dar impulso al verdadero pensamiento crítico, la libertad de nuestros niños y jóvenes de construir su proyecto de vida y, de esta manera, fortalecer una sociedad democrática.

          El libre pensamiento es la principal diferencia entre el adoctrinamiento y la educación. El resultado del adoctrinamiento es la fe ciega y la ausencia del pensamiento crítico. Cabe precisar que existe otra forma más sutil de adoctrinamiento, que es la que practicaban los sofistas en la antigua Grecia. Ellos eran maestros de la oratoria, daban vuelta argumentos evidentes y su finalidad consistía en ganar la discusión; por cierto, cabe mencionar que también ganaban bastante dinero.

 

Sr. Presidente (González).- Señora diputada: le solicito que redondee su exposición.

 

Sra. Morales Gorleri.- Ya finalizo, señor presidente. A ellos se les enfrentaron los filósofos: Platón -con la creación de la Academia- y Aristóteles -con el Liceo-, cuya finalidad era la búsqueda de la verdad y no ganar la discusión. Los echaron de Grecia trescientos años antes de Cristo y ahora pareciera que los tenemos todos acá, señor presidente.

          Como señaló Fernando Savater, “La convivencia democrática se defiende o se pierde en las escuelas”. Invito al tratamiento y sanción de esta iniciativa. Si el Frente de Todos estuviera aquí nos podría dar su opinión, pero de todas formas esperamos que pronto comience el tratamiento de este tema.

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Austin, por Córdoba.

 

Sra. Austin.- Señor presidente: lamento que hoy estemos llevando adelante esta sesión en minoría, con las bancas vacías del Frente de Todos. Hace un tiempo los invitamos a discutir con nosotros la situación crítica que atraviesa la educación en la Argentina.

-   Ocupa la presidencia la señora presidenta de la Comisión de Cultura, licenciada Gisela Scaglia.

 

Sra. Austin.- Señora presidenta: hoy hace 236 días que estamos en cuarentena, con el DISPO, el ASPO, y distintos niveles de flexibilizaciones en distintos lugares del país. Lo cierto es que en este momento solamente el uno por ciento de los estudiantes de la Argentina está yendo a sus clases. Es decir que se trata de 124.000 estudiantes sobre más de 11 millones de estudiantes.

          Algunos dirán -tal como ya nos han dicho-, por qué insistimos en esta época del año con el regreso a las clases. Justamente, porque estamos por terminar el año sin que muchos de estos estudiantes hayan tenido la oportunidad de reencontrarse con sus compañeros, de realizar los cierres de los ciclos, y sus docentes y equipos de directivos saber lo que está pasando.

          Las estadísticas oficiales mencionaban en agosto que más de un millón de chicos habían abandonado la escuela, que es un número inédito para la Argentina, pero a esta altura sabemos que ese número es mucho mayor.

          Por eso, vinimos al Congreso a pedir que se declare la emergencia educativa y que la educación sea declarada una actividad esencial. No lo hicimos a las apuradas ni para generar un título político sino con la convicción de que la educación es la única herramienta para romper el círculo de reproducción de la pobreza que vive la Argentina.

          Quienes hoy más están sufriendo este cierre de las escuelas, la imposibilidad de abrir las aulas y el reencuentro que representa la educación, son los niños y niñas de los contextos y entornos más vulnerables. A ellos son a quienes hoy el Frente de Todos está dejando sin quórum y sin respuesta.

          Por supuesto, ya hemos planteado que para empezar el año próximo necesitamos cerrar de una manera diferente este año, colocar a la educación en el centro, declarar la emergencia en infraestructura escolar y destinar los recursos para preparar las escuelas.

          En marzo entendimos que la dimensión sanitaria era prioritaria y se prepararon los hospitales. Hoy hay que hacer lo mismo con la educación. Por eso, las medidas que venimos pidiendo para los transportistas escolares, para los jardines maternales y para los docentes suplentes son absolutamente indispensables a fin de que el año próximo tengamos recursos, instituciones y actores con quienes volver a la escuela. Está claro que no hay futuro si no tenemos un presente en el que la educación esté en el centro de la escena.

          Ojalá esta sesión en minoría sirva para que el Frente de Todos recapacite y coloque de una vez estos temas en agenda.

 

Sra. Presidenta (Scaglia).- Tiene la palabra el señor diputado Manzi, por Catamarca.

 

Sr. Manzi.- Señora presidenta: en todo este tiempo de pandemia y sobre todo durante la cuarentena, notamos con alarma que aumentaron de manera exponencial los casos de violencia institucional.

          Al decir “violencia institucional” me refiero a la ejercida por alguna institución del Estado, ya sea nacional, provincial, municipal, o por alguna extensión funcional de dicho Estado, lo que implica no solo a la policía sino también a jefes políticos, gobernadores, intendentes y funcionarios.

          En agosto pasado, cuando la señora ministra Sabrina Frederic y el señor secretario Pietragalla Corti asistieron a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Seguridad Interior, reconocieron que entre diciembre y febrero hubo registros de 71 casos de violencia institucional. Sin embargo, desde el 20 de marzo -cuando comenzó la cuarentena- hasta agosto hubo 531 casos registrados; además, se registraron diecisiete asesinatos en el país, en los que en principio estarían implicadas de manera directa o indirecta las policías, once de los cuales se produjeron en la provincia de Buenos Aires.

          En el mismo sentido, Amnistía Internacional reveló 30 casos de violencia institucional grave y la Universidad de La Plata registró 107 casos desde el 20 de marzo al 25 de agosto de 2020.

          Personalmente, junto con el equipo con el que trabajo, elaboré un informe de violencia institucional en el NOA, en el contexto de la cuarentena, con fecha de inicio el 20 de marzo y fecha de corte el 17 de julio en el que analizamos 43 casos, 9 de hostigamiento y persecución, 18 de represión directa, 12 de torturas y tormentos, y 3 de muerte.

          Dicho informe fue enviado a todos los lugares que se pueda pensar, desde las autoridades provinciales hasta las máximas autoridades nacionales, a la ministra de Justicia, a la ministra de Seguridad, al secretario de Derechos Humanos, a los gobernadores del NOA, a los ministros de gobierno y eventualmente a los de Seguridad; salvo honrosas excepciones, no tuvimos respuesta. Además, lo elevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

          ¿Quiénes fueron fundamentalmente las víctimas? Jóvenes, hombres, de sectores pobres e indigentes, comunidades indígenas, pertenecientes al colectivo LGTBQ, y opositores políticos o sociales, y las prácticas utilizadas fueron: ciberpatrullaje, maltrato físico, golpes, tormentos, gatillo fácil, abusos sexuales y torturas.

-   Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Álvaro Gustavo González.

 

Sr. Manzi.- Señor presidente: un gobierno que estructura su relato en la defensa de los Derechos Humanos y de la Justicia permanece indiferente ante estos hechos y no solo el gobierno nacional, sino que también muchos de los gobernadores justicialistas miran para otro lado. Diría más, muchos incentivan la persecución política, como es el caso de algunas intendencias como la de Valle Viejo, un departamento de Catamarca, donde se está exacerbando la discriminación a partir de la filiación política.

          Por último, señor presidente, quiero recordar y homenajear a Luis Espinoza y a Walter Nadal, ambos tucumanos, y también a Walter Coronel, originario de Santiago del Estero, muertos en este contexto. Pido para ellos lo que hoy pedirían sus familias: ¡Justicia! (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Fregonese, por Entre Ríos.

          Por favor, le pido si puede desmutearse en su computadora.

 

Sra. Fregonese.- Señor presidente: la realidad es que la pandemia y el aislamiento sanitario, preventivo y obligatorio sin duda nos planteó desafíos en todos los aspectos de nuestra vida social y económica.

          En ese sentido, en materia educativa pasamos de la escolaridad presencial a la virtual ‑educación a distancia‑ con todo lo que ello implica. Por ejemplo, elaborar diagnósticos, producir materiales, acompañar a los docentes, atender los protocolos, millones de cosas para las que no estábamos preparados y que generan dificultades a la hora de garantizar las trayectorias pedagógicas.

          Quisiera detenerme para realizar algunas reflexiones sobre los contenidos educativos y la ausencia de su validación; a ello se refirió la diputada Morales Gorleri, y la idea es aportar estos conceptos.

          En el marco del Programa Seguimos Educando el gobierno nacional elaboró y distribuyó millones de cuadernillos con un fuerte contenido partidario. Esos materiales tienen como objetivo garantizar las actividades educativas de los estudiantes que no tienen acceso a las plataformas online para garantizar también la continuidad pedagógica. Sin embargo, en dichos materiales vemos que, en realidad, se hace política partidaria sin disimulo, incorporando temas de actualidad que se presentan con un claro sesgo militante, con el objetivo de hacer propaganda política mientras se educa.

          Por otra parte, mencionar algo muy cercano, me refiero al portal educativo Aprender, dependiente del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, que entre sus contenidos para jardín de infantes subió un cuento llamado El gorila gorilón, sobre el que todos escuchamos hablar. Si bien se trata de un relato pobre en su valor pedagógico, tiene una mirada clasista y de resentimiento para con diferentes sectores de la sociedad, y por, sobre todo, una vulgar caracterización solapada de quienes no comulgan con el partido gobernante. Fue necesario el repudio ciudadano para que se bajara dicho contenido y se pidiera la renuncia de la responsable del área.

          Personalmente, celebro la participación ciudadana porque es importante que el ciudadano reclame por sus derechos. Sin embargo, ese no debe ser el procedimiento habitual para tener contenidos con una validación.

          En la Argentina no existen antecedentes de normativa que regule las cuestiones relacionadas con la producción de materiales educativos. Los gobiernos tienen entre sus facultades la producción, financiamiento, adquisición y distribución de estos materiales sin ningún control ni marco legal en términos de contenido y elaboración, pero sí lo plantea la Ley Nacional de Educación, a la que hizo referencia la diputada Morales Gorleri.

          Por esa razón, presentamos proyectos para crear una comisión de validación de materiales educativos con el solo fin de garantizar que se realicen, se adquieran o se financien cumpliendo con parámetros mínimos de pluralidad, imparcialidad y abordaje apartidario, para plantear un claro límite a aquellos que sean concebidos como instrumentos de política partidaria.

          Debe existir un control previo...

 

Sr. Presidente (González).- Le pido que redondee su exposición, señora diputada.

 

Sra. Fregonese.- Ya concluyo, señor presidente.

          Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque educar es ayudar a que otra persona para que pueda pensar por sí misma, construir un pensamiento crítico y también arribar a un conjunto de conclusiones propias.

          Educar nunca puede significar pensar por el otro. Educar, en la primera infancia, no puede consistir en comenzar a instalar construcciones mentales y conceptos que tiendan a definir una identidad partidaria.

          En conclusión, nuestros niños no necesitan que le bajen línea en la escuela. La grieta no se cierra metiendo a los niños y a las niñas dentro de ella. La grieta no se cierra con prejuicios, simplificaciones maliciosas y lecturas maniqueas de la sociedad.

          En definitiva, educar, no es adoctrinar sino ayudar a que el otro piense por sí mismo.

         

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Matzen, por Río Negro.

 

Sra. Matzen.- Señor presidente: en estos pocos minutos quiero focalizarme en la agenda que tiene preocupados a los y las argentinas, que tiene que ver con vivir en paz y tener trabajo.

          En cuanto al primer punto, vivir en paz, acabo de recibir un mensaje del presidente de la junta vecinal de Villa Mascardi, Diego frutos, que me cuenta que el gobierno nacional, junto con el provincial, ha tenido una gran idea para solucionar sus problemas: generar una mesa de diálogo. Mesa de diálogo que viene anunciándose desde principios de año. La novedad, en esta oportunidad, es que dijeron quiénes van a ser parte de esa mesa de diálogo para combatir las tomas, las usurpaciones y toda la violencia que se está viviendo en el suelo argentino y en otras provincias.

          En esa mesa estarán la gobernadora, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, la ministra de Seguridad, el representante del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un representante de la Administración de Parques Nacionales, la Defensora General de la Nación, la defensora de Río Negro, autoridades del CODESI, la coordinadora del Parlamento Mapuche, el Obispado de Bariloche y representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro.

          Se olvidaron de que en esa mesa también deberían estar los vecinos damnificados que han sufrido un atropello a su derecho a la propiedad, pero también a su derecho a la integridad, a vivir en paz y tener lo que todos necesitan tener garantizado: un estado de seguridad.

          Lamento que en esta sesión tengamos que tratar estos temas en minoría y que no esté el resto de los diputados para poder dar respuestas a esa gente que está esperando una acción concreta de parte de nosotros.

          Públicamente, quiero pedir que se incorpore en esa mesa a los vecinos damnificados de todos los lugares donde fueron atropellados violentamente.

          El segundo punto de esa agenda, como decía, tiene que ver con tener trabajo. En ese sentido, quiero ratificar todo lo dicho por la señora diputada Cornejo, por el señor diputado Berisso y el señor diputado Bazze en relación con el aeropuerto El Palomar.

          Lo que está en juego ahí, principalmente son fuentes laborales de los lugares que rodean al aeropuerto El Palomar, las fuentes laborales de las empresas que operan en el aeropuerto, es decir las empresas low-cost y también las fuentes laborales de los destinos adonde llegan esas aerolíneas que, en su momento, han logrado generar empleo, porque mejoraron la cuestión del turismo que hoy también está tan avasallada.

          La respuesta del gobierno para esto siempre es un discurso ambivalente. Se dice algo en el discurso, pero en los hechos la cosa es diferente.                   

          Por eso, también abogo para que en una próxima sesión donde realmente se ponga el interés en lo que está pensando la gente y lo que está sintiendo en este contexto de tanta incertidumbre, se prevean estos temas para que realmente defendamos las fuentes de trabajo y no sigamos tomando decisiones que hagan que las empresas se sigan yendo.

          Por último, quiero pedir que especialmente no dejemos de acompañar a la gente que está peleando por la apertura del aeropuerto El Palomar y por la libre circulación en todo el territorio nacional, como también se ha expresado aquí en esta sesión en minoría.

          Pido por la paz y que no perdamos más fuentes laborales. La pomposa ley que se llamó de Reactivación Turística no ha servido. Sigo pidiendo que trabajemos y tratemos la emergencia turística.

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Torres, por Chubut.

 

Sr. Torres.- Señor presidente: me hubiese gustado que estén todas las voces en este recinto, sobre todo cuando estamos discutiendo la educación, porque en definitiva, se trata de  discutir el futuro de nuestro país. La educación es la herramienta por excelencia para poder forjar los cimientos de una sociedad pujante.

          Lamentablemente, hay muchos argentinos que hoy están privados de ese derecho. Probablemente, no alcance con declarar la emergencia educativa para poder recuperar el tiempo perdido.

          Lo que sí es cierto es que no podemos resolver ningún problema si no partimos de la base de reconocer que efectivamente ese problema existe.  De lo contrario, que algún diputado del oficialismo que no quiso venir a esta sesión nos explique a los docentes, a los alumnos y a las familias chubutenses que no hay una emergencia educativa, cuando en mi provincia hace más de dos años y medio que no hay clases de manera regular.

           Algunos creen que es de pícaro desviar los temas sensibles buscando chivos expiatorios para evitar un costo político.  Yo no creo que sea de pícaro, sino que es cínico y peligroso.

          Pongo que ejemplo a Chubut cuando a nadie le gusta ser el ejemplo de lo que está mal. Me da mucha bronca hacer referencia a Chubut para hablar de lo que está mal.

          Sin embargo, sinceramente, no quiero que mi país vaya por el mismo camino que está yendo mi provincia, donde la demagogia, la mentira y la corrupción hipotecó el futuro de los más chicos, privándolos del derecho a estudiar, a soñar y a tener una herramienta esencial para el día de mañana poder defenderse en la vida ante cualquier injusticia. Esa herramienta es la educación.

          Quiero aprovechar el poco tiempo que me queda para hacer referencia a lo que está pasando en este recinto, porque es la preocupación de muchos argentinos que tienen derecho a ser escuchados; entiendo que no necesariamente el que grita más fuerte tiene la razón y que si hacemos uso de la memoria selectiva, conveniente, escuchando la radio o leyendo los diarios que dicen que tenemos la razón, no es necesario interactuar, no es necesario generar consensos, no es necesario debatir ni dialogar.  En definitiva, no es necesario que la Argentina se una.

          Lo que necesitamos los argentinos en este momento, donde estamos atravesando una crisis sin precedentes, es que por lo menos, quienes circunstancialmente estamos ocupando estas bancas, tengamos una comprensión común de la realidad.  De lo contrario, no hay un Congreso; hay dos Congresos, como lamentablemente hoy estamos viendo.  No hay una Argentina, sino que hay dos argentinas totalmente distintas.

          Esa pelea tenemos que darla en este recinto. Es una pelea contra la estupidez, los dogmas que nos fanatizan y nos llevan a pelearnos entre nosotros dando discusiones que muchas veces son inconducentes sobre proyectos tribuneros que no dan lugar a discutir lo importante con seriedad, como es la educación.

           Yo me tomo el tiempo de escuchar a todos, a los kirchneristas, a la izquierda, a los peronistas, a mis compañeros de Juntos por el Cambio por respeto, pero también para intentar enriquecer el debate incluso en las diferencias.

          Lamentablemente, lo preocupante es que evidentemente hay muchos que no entienden o no dimensionan que bajo este esquema pendular y mezquino no gana ni pierde algún partido político.  Los que perdemos somos todos los argentinos.

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Salvador, por Buenos Aires.

 

Sr. Salvador.- Señor presidente: realmente es muy importante que hoy tratemos estos temas, aunque sea en minoría.

          A mí no me llama la atención la falta de presencia del oficialismo en este recinto, ya que como decíamos en la sesión anterior, la agenda del oficialismo no es la agenda de la gente.

          Hoy lo podemos ver con temas tan importantes como la educación que se ha mencionado aquí, como el tema del aeropuerto El Palomar que le da a la provincia de Buenos Aires un desarrollo importante y fuentes de trabajo. Sin embargo, no vemos a los diputados del Frente de Todos tratando estos temas. Realmente están preocupados por la agenda judicial de la vicepresidenta.

          A mí me toca hablar de los derechos humanos, tema del cual han hecho una cuestión retórica, un relato, pero vemos cómo hoy no se han hecho presentes para tratar estos asuntos tan importantes.

          A lo largo de esta extensa cuarentena hemos visto cómo han ocurrido hechos aberrantes en la sociedad, como muertes, desapariciones y abusos. Es importante que sepamos cuáles son las acciones del gobierno y, en particular, de la Secretaría de Derechos Humanos ante esos hechos, pero sobre todo debemos saber que hay familiares que esperan una respuesta.

          Desde la comisión presentamos varios pedidos de informes y citaciones, pero lamentablemente solo pudimos contar una sola vez con la presencia del secretario de Derechos Humanos, quien vino junto con la ministra Frederic a presentar un proyecto. Mucho Powerpoint y título pomposo, pero realmente no nos llevamos ninguna respuesta a lo que necesitábamos saber.

          En los últimos ocho meses, advertimos un importante retroceso en materia de derechos humanos. No voy a enumerar todos, pero sí algunos casos concretos: el 5 de abril, en la provincia de San Luis, Florencia Morales fue detenida por no haber cumplido el aislamiento preventivo; el 25 de abril, Franco Maranguello, de 16 años, fue encontrado ahorcado en la provincia de San Luis, luego de haber sido detenido; Mauro Coronel, en Santiago del Estero, falleció por su grave estado de salud causado por golpes provocados por la fuerza policial; el 10 de mayo –como aquí se mencionó-, en la ciudad de Fontana, provincia del Chaco, la policía ingresó a una casa, donde fueron detenidos unos jóvenes qom, muchos de los cuales denunciaron a la policía por abusos sexuales; el 24 de mayo, Alan Maidana, recibió un tiro en la espalda por parte de la policía, en Berazategui; el 22 de mayo, Luis Espinoza fue encontrado muerto en Tucumán; el 23 de junio, en Lomas de Zamora, un joven sufrió la pérdida de un ojo por un tiro de la policía; el 6 de agosto, Blas Correa fue encontrado muerto en un auto, en la ciudad de Córdoba, y todo indica que fue por un tiro disparado por la policía.

          Finalmente, podemos recordar la desaparición de Facundo Astudillo, cuya causa fue caratulada como desaparición forzada y los fiscales decidieron mantener esa carátula tras la autopsia. Por este caso también se expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

          Por otra parte, no podemos dejar de mencionar algo que aquí se ha comentado, en cuanto a las restricciones a las libertades en los límites de las provincias, donde se ha dejado a las familias tiradas a la vera de una ruta, lo que también constituye una vulneración a los derechos humanos.

 

Sr. Presidente (González).- La Presidencia solicita al señor diputado que vaya redondeando su discurso.

 

Sr. Salvador.- También es inexplicable la posición de la Argentina en relación con Venezuela, donde todos sabemos que se vulneran permanentemente los derechos humanos, registrándose miles de exiliados y de muertos.

          A nosotros no nos verán haciendo relatos sobre derechos humanos ni sobreactuación sobre alguno de los hechos mencionados, y así como tratamos un expediente ‑con el que estuvimos de acuerdo y lo impulsamos- que tiene que ver con la continuidad de políticas de derechos humanos, como fue el vinculado con el reconocimiento del legajo de trabajadores desaparecidos del sector privado, también es necesario tratar de manera inmediata los derechos humanos que son vulnerados en el presente, es decir, lo que está sucediendo ahora y lo que fuimos enumerando en esta sesión.

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada El Sukaria, por Córdoba.

 

Sra. El Sukaria.- Señor presidente: sumándome a lo dicho por muchos diputados preopinantes, lamentamos estar sesionando en estas condiciones, básicamente porque el tema que traigo es la preocupación por los hechos delictivos que se suceden, en las condicionadas más inesperadas, en todo lo que es base agropecuaria de nuestro país.

          Se trata de un proyecto en cuyo tratamiento insistimos muchas veces, que firmamos con la diputada Ruarte y que cuenta con el acompañamiento de muchos diputados que vemos con preocupación los hechos delictivos, el vandalismo y la agresión que han ocasionado ni más ni menos que la muerte de dos productores agropecuarios, uno en Misiones y otro en Tucumán. A ello debemos agregar la rotura de 169 silobolsas vandalizadas en nuestro país, la destrucción y el robo de maquinarias agrícolas, y el robo de muchas herramientas que hacen al trabajo que se necesita para algo que este año representará para nuestro país ni más ni menos que el 82 por ciento de los ingresos en carácter de exportación.

          Pero lo más preocupante es que no hay una política desde el Estado nacional tendiente a desnaturalizar estos hechos para entenderlos como delictivos. No la hay. En efecto, los naturalizamos de tal manera que prácticamente ya no pedimos que se aplique el Código Penal ni que se sancione a aquellos que incitan, colaboran o tapan estos hechos.

          Lo que pedimos es educación, señor presidente, porque según estadísticas de CRA, la rotura de estos silobolsas -que representan la producción agrícola argentina- equivale a 1.750 jubilaciones mínimas, a 3.000 salarios IFE, a 673.000 platos de comidas de un comedor comunitario, a 700.000 paquetes de fideos o de polenta, a 600.000 paquetes de arroz, a 750.000 litros de leche o ‑para citar otra promesa de este gobierno, que era que todos los domingos comeríamos asado- a 110.000 kilos de asado.

          Lamentamos este boicoteo permanente hacia la matriz productiva y la cultura del trabajo. El mismo presidente de la Nación dice que la meritocracia no es un valor. ¿Hasta dónde vamos a autoboicotearnos como Estado? ¿Hasta dónde vamos a seguir asfixiando a la gente con usurpaciones, intervención a empresas privadas, aplicación de más impuestos a las empresas e intentos de cooptar la Justicia para buscar la impunidad de la vicepresidenta? Esta no puede ser la agenda del Estado. La agenda del Estado nacional tiene que consistir en colaborar con los sectores productivos para salir de esta crisis, que es sanitaria, pero cuyos efectos económicos ya son mucho más graves que los sanitarios.

          Los problemas de la salud serán mucho más graves que la simple pandemia del Covid. Así y todo, si no hay una política de Estado que nos ayude a salir y a recuperar la matriz productiva, estamos destinados a más vandalismo en todo sentido.

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Buryaile, por Formosa.

 

Sr. Buryaile.- Señor presidente: relacionado con el mismo tema del que hablaba la diputada preopinante, en la Argentina se han producido este año muchos hechos vandálicos, no solamente con silobolsas, sino también con incendios de campos y ataques a la propiedad privada, como son las usurpaciones.

          En ese sentido, lo que nosotros hicimos, con un grupo de diputados, fue llevar adelante dos acciones: por un lado, presentar un proyecto de repudio a estos hechos vandálicos, para dar un mensaje a la ciudadanía, como manifestación política y para que la sociedad entienda que lo que se puede hacer es disentir en las ideas, pero que la violencia es intolerable. ¡Nunca más la violencia en la Argentina!

          Por otra parte, hemos presentado un proyecto para declarar y repudiar la violencia, que tiene giro a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Pese a nuestro pedido, ni siquiera hemos conseguido que se tratara en reunión de asesores.

          De la misma manera, hemos presentado proyectos para modificar el Código Penal y sancionar a quienes violen la propiedad privada y a quienes destruyan la producción. Por supuesto que tampoco hemos conseguido que fueran tratados.

          ¿Sabe cuál es el origen de todo esto, señor presidente? La enorme ignorancia y mala fe que reside en muchos de los actores políticos.

          Durante muchísimo tiempo, uno de los problemas centrales que tenía la producción agropecuaria en la Argentina era el almacenamiento de cereales y oleaginosas. La aparición del silobolsa ha permitido que las grandes exportadoras no se quedaran con las ganancias de quienes, al momento de la zafra o de la cosecha, debían entregar todo porque no tenían la capacidad de almacenamiento.

          La aparición del silobolsa es lo que hoy nos permite llegar a casi 150 millones de toneladas. Y cuando hablo de “casi 150 millones de toneladas”, quiero poner en contexto qué significa esto en términos económicos. De los casi 65.000 millones de dólares que significan las exportaciones argentinas, 40.000 millones corresponden al complejo agroindustrial; de estos últimos, aproximadamente 30.000 millones a cereales y oleaginosas. Miren usted, señor presidente, si no es importante.

          Entonces, llama mucho mi atención que el señor presidente de la República diga que el complejo agroindustrial no aporta trabajo. Creo que es un hombre bien formado, aunque quizás, esté mal asesorado; no quiero pensar que tenga mala fe para dar la razón a alguno.

          No me extenderé mucho más. Simplemente, hubiésemos querido algún mensaje de amistad entre los sectores de la producción y aquellos que piensan distinto. Hubiéramos querido un mensaje contra la violencia que sufren quienes producen en el campo a cielo abierto y guardan su producción a la intemperie.

          En suma, espero y deseo que antes de fin de año la Cámara se expida en ese sentido y transmita un mensaje a la sociedad: que la violencia, nunca más es bienvenida a la Argentina.

 

Sr. Presidente (González).- Correspondería que a continuación haga uso de la palabra la señora diputada Campagnoli; pero, como tiene un problema con su micrófono y no es posible escucharla, la Presidencia continuará con la lista de oradores. Una vez solucionado el problema, le concederá el uso de la palabra.

          Tiene la palabra la señora diputada Cáceres, por Buenos Aires.

 

Sra. Cáceres.- Señor presidente: quiero hablar sobre una cuestión que preocupa mucho a los argentinos y, sobre todo, a los bonaerenses; me refiero a las usurpaciones.

           Es preocupante que, en pleno siglo XXI, la toma de viviendas y terrenos siga siendo tema de debate, y que en nuestro país continúe poniéndose en tela de juicio la propiedad privada.

          Hace cinco meses, el propio oficialismo advirtió que se venía una ola de usurpaciones. Sin embargo, lejos de tomar una decisión y medidas contundentes para dar un mensaje claro, fue y sigue siendo cómplice de esa ola de violencia y de delitos que vivimos en todos los rincones de nuestro país. Vemos cómo funcionarios no solo alientan, sino que además participan de las tomas. Vemos cómo el gobernador de la provincia de Buenos Aires entrega dinero a quienes comenten estas actividades delictivas. Vemos cómo una funcionaria, una ministra del gobierno nacional, no ejecuta la partida destinada a brindar soluciones habitacionales. Además de todo esto, escuchamos a otra ministra decir que las usurpaciones no son un problema vinculado con la seguridad.

          ¿De qué estamos hablando? Con este tipo de actividades, lo único que hacen es acrecentar y profundizar el problema habitacional que, claramente, es histórico en nuestro país. Lo único que hacen es multiplicar la ola de usurpaciones en distintos puntos del territorio nacional.

          Desde Juntos por el Cambio caminamos las calles; estamos junto a las víctimas de las usurpaciones y vemos cómo estas actividades delictivas afectan muchísimo a las familias que vienen peleando desde hace años, familias a las que cuesta muchísimo conseguir o construir su propia vivienda.

-   Se interrumpe el audio.

 

Sr. Presidente (González).- A la señora diputada Cáceres se le presenta el mismo problema que tenía la señora diputada Campagnoli con su micrófono. Por lo tanto, la llamarán desde la mesa técnica para solucionarlo.

          Mientras tanto, tiene la palabra la señora diputada Campagnoli, por Buenos Aires.

 

Sra. Campagnoli.- Señor presidente: no puedo más que adherir a lo que decía la señora diputada Cáceres y a lo que antes manifestaron el señor diputado por Formosa y la señora diputada Matzen, por Río Negro.

          Los argentinos estamos muy preocupados por todo lo que está pasando con la propiedad privada. Pareciera ser que hay un Estado ausente, un Estado que mira hacia otro lado y que recién se hace cargo de los problemas cuando los hermanos se enfrentan y llegan a la violencia. Es preocupante que se ocupe cuando ya se cometió el delito.

          Por eso es importante que esté presente, que se respete la propiedad privada de los argentinos y de los bienes públicos del Estado.

            Lo que pasa en el lago Mascardi es muy preocupante, sobre todo porque una funcionaria ‑la doctora María Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas‑ ha colaborado con los usurpadores que tomaron bienes en El Foyel. Es muy preocupante que funcionarios del instituto hayan facilitado a estas personas la logística para poder actuar.

          Los forjadores de la Argentina, los padres de la patria lucharon por ese Sur tan hermoso que tenemos. Entonces, me pregunto cómo podemos permitir que indígenas ajenos a nuestro país usurpen y violenten a los argentinos. A los mapuches, al igual que a los integrantes de otros pueblos originarios, que han cumplido con los pasos que exige la ley, se les ha reconocido la propiedad de la tierra. Pero, estas personas que están usurpando, no son de aquí; no están registradas y, por lo tanto, no tienen derecho a actuar de esta manera.

          Por las razones expuestas, exhorto a la ministra Frederic ‑a quien citamos, pero no concurrió‑, a la directora Odarda ‑quien mira hacia otro lado‑ y a otros funcionarios de los Poderes Ejecutivos nacional y provincial que se hagan cargo de la situación. Los parques nacionales, la propiedad privada, los bienes públicos del Estado e incluso los templos que la semana pasada fueron desmantelados y vandalizados merecen una mirada. No podemos permitir un Estado ausente ni que los argentinos nos enfrentemos entre nosotros; el Estado de derecho debe tener lugar.

          Esperamos que en la Argentina vuelva a restablecerse el orden y que no continúe esta anomia que observamos en muchos lugares del país.

 

Sr. Presidente (González).- Ante la imposibilidad de que la señora diputada Cáceres termine su alocución, la Presidencia la invita a que inserte el final de su discurso en el Diario de Sesiones.

          Tiene la palabra la señora diputada Banfi, por Buenos Aires.

 

Sra. Banfi.- Señor presidente: me gustaría que en este Congreso hablemos, de una vez por todas, de Venezuela. Creo que debemos hacerlo, que debemos instar al régimen de Maduro a que cese la violencia institucional.

          Es necesario que repudiemos la violencia sistemática a los derechos humanos, y me parece increíble que lo hagamos en una sesión en minoría.

          El viernes pasado íbamos a tratar en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto un proyecto acordado entre todos los sectores que la integran. Sin embargo, a raíz de un artilugio reglamentario, el tema fue pospuesto para otra oportunidad; y así sucesivamente.

          No puedo concebir que los miembros del oficialismo que se emocionan hasta las lágrimas cuando ven bajar ciertos cuadros o escuchan hablar sobre derechos humanos, no se sientan conmovidos ante los números presentados en el llamado informe Bachelet. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos viene llevando, justamente, el informe que determina la violación de delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Maduro, que va a llevar a la Corte Penal Internacional.

          No debemos dejar de mencionar algunos datos: agresiones a periodistas; operativos de seguridad, razias, milicias, persecuciones a jóvenes. Desde enero se contabilizan 2.000 muertes. Desde julio al 25 de septiembre ‑fecha del último informe de Bachelet‑, 711 muertes en manos de la policía, de las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro. Desde 2014 hay más de 400 presos políticos y más de 14.000 muertes registradas por organismos de derechos humanos y elevadas por el informe de Bachelet.

          En cuanto a violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, el informe de Bachelet dice que el 15 por ciento de las familias elige a quién le toca comer en la mesa. Yo no puedo creer que eso no los conmueva. No puedo creer que al oficialismo no le interese este tema. No puedo creer que piensen que es un tema exclusivo de Juntos por el Cambio.

          Esta es una agenda de Estado, la agenda de los derechos humanos. La única manera de lograr un cambio para que vuelva la democracia en Venezuela es con elecciones presidenciales, parlamentarias libres y transparentes.

          Nos conmovíamos la semana pasada celebrando que un 31 de octubre la Argentina había podido recuperar la democracia. Queremos para todos los venezolanos que ellos también puedan tener su 31 de octubre. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Villa, por Buenos Aires.

 

Sra. Villa.- Señor presidente: desde que tengo uso de razón, en política he escuchado infinidad de discursos, todos llenos de palabras, llenos de promesas, pero en muy pocos casos he escuchado discursos que hablen del hacer y del cómo hacer.

          Hoy los argentinos estamos transitando una situación de mucha tristeza y angustia. Nos encontramos frente a un gobierno que no presenta un rumbo claro, que está lleno de marchas y contramarchas. Eso se expresa en la falta de respuesta a los problemas de los argentinos. Ni hablar de la falta de respuesta a los problemas de los bonaerenses. Es ahí adonde quiero ir.

          Muchos de nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires que tenían sus pequeñas y medianas empresas, frente a esta pandemia se vieron obligados a bajar sus persianas. Todos sabemos que los comerciantes han batallado y han sorteado infinidad de crisis económicas a lo largo de nuestra historia, pero ¿que por cuatro meses no los dejen trabajar? ¡No los dejaron ni siquiera a dar la batalla! ¡Ni siquiera los dejaron pelearla! Nuestros comerciantes han visto cómo las inversiones y todo el esfuerzo de toda una vida se les escapaba de las manos en el comedor de sus casas. ¿Pero sabe qué es peor, señor presidente? Que cuando prendieron la tele vieron cómo subsidiaban a los que usurpaban y no ayudaban a los trabajadores.

          Otra de las cuestiones que parece que al gobernador de la provincia mucho no le interesa es la vuelta a las aulas. Los bonaerenses podemos ir a los bares con nuestros amigos, podemos ir a las plazas con nuestros hijos, pero pareciera que no tenemos un protocolo serio para la vuelta a las escuelas. Se ve que en la provincia no creen que las escuelas son un ámbito de socialización, de vinculación, de contención emocional de nuestros chicos. No sé quién le contó al gobernador que la educación no es esencial, pero sí tengo en claro que lo que debemos hacer es trabajar fuertemente para que los chicos vuelvan a las aulas, esos lugares y espacios de contención.

          Otras de las cuestiones que parece que Kicillof no tiene en la agenda es la seguridad. Casi nunca nos habla de la seguridad de los bonaerenses. Poco nos habla de cuidar a quienes nos cuidan. Y la verdad es que en estos últimos meses hemos visto un avance ‑no solo en la provincia de Buenos Aires sino en todo el territorio‑ en las tomas de tierra. Estas usurpaciones han ido de la mano de organizaciones sociales y funcionarios que son muy funcionales a la política; y lo que preocupa mucho es que no ha sido muy claro qué es lo que piensa el gobierno. Lo que sí sabemos es que no pondera la propiedad privada ni tampoco repudia los dichos de Grabois y sus amenazas a seguir tomando tierras. El gobernador Kicillof, por supuesto, siempre es muy claro en su accionar: acá el que tiene premio siempre es el que usurpa.

          Por último, en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos problemas estructurales desde hace muchísimo tiempo, y todos sabemos que a la provincia hay que defenderla, pero tenemos un problema central: nuestro gobernador no nació en la provincia de Buenos Aires. Nunca vivió en la provincia de Buenos Aires, no la conoce, no conoce sus barrios, su idiosincrasia, sus problemas. Lo único que tiene de bonaerense es el cambio de domicilio que se hizo cuando vio la oportunidad de ocupar un cargo en la provincia. Esa es la única idea de por qué él dice que gobernar es un despelote. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Scaglia, por Santa Fe.

 

Sra. Scaglia.- Señor presidente: siguiendo en la línea de mis compañeros que me antecedieron al hablar de silobolsas, quiero traer la voz del interior productivo de la Argentina. Hoy quienes somos parte del campo argentino, quienes vivimos en el interior de las provincias, sabemos lo que significa cada rotura de silobolsa. Es un daño a la economía local, a nuestras regiones, pero también es un aumento de la grieta política con la que todos acá, en el Congreso, muchas veces decimos que hay que terminar.

          Romper un silobolsa hoy es un signo de ataque al campo, de odio, de desprecio, de no considerar que el productor agropecuario se levanta todos los días a las cinco o seis de la mañana y va a trabajar, a pesar de que le ponen impuestos, que le aumentan las retenciones o que el clima es duro. Lo que hacen es romper los silobolsas.

          Lo que hoy necesita ese productor es seguridad, acompañamiento. No está pidiendo más que eso. Está pidiendo que los gobernadores y el presidente de la República, con la ministra de Seguridad de la Nación, tomen medidas en función de la seguridad de nuestro campo argentino.

          En ese sentido, convoco a que el Congreso trate los temas que hoy debemos tratar: aumento de penas, mejoras para que el campo pueda tener más tecnología en la seguridad y, sobre todo, equipar a las policías provinciales para que el patrullaje en nuestros campos sea una realidad.

          Cortemos con la grieta. No ataquemos al campo.  La Argentina se hace grande realmente si acompañamos al sector más importante que tiene nuestro país y que en esta pandemia y en esta crisis aportó el 89 por ciento de los dólares que hoy tiene la Nación para poder responder a gran parte de las demandas que tenemos como país. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Iglesias, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Iglesias.- Señor presidente: diciendo que nos iban a salvar de un desastre sanitario, nos metieron en una catástrofe económica. Hoy tenemos la catástrofe económica y el desastre sanitario. La Argentina está en el top ten de los países en cantidad de muertos por millón de habitantes; creo que en este momento estamos octavos. La Argentina está perdiendo 12 puntos del PBI, más o menos el doble que el resto de los países vecinos, y está aumentando su pobreza en 10 puntos porcentuales, prácticamente el doble también. Desastre sanitario y catástrofe económica.

          Sin embargo, no fue solo eso. En medio de esta situación, sucedió de todo: las filminas mal hechas, los datos falsos, los ciberpatrullajes y la payasa Filomena anunciando el número de muertos.

          Llevamos 236 días de cuarentena. Entre sus costos, hay uno más que quiero traer a colación ahora. Me refiero a las violaciones de las garantías constitucionales y las violaciones a los derechos humanos más graves desde la vuelta a la democracia. Estamos hablando de casi veinte muertos en todo el país, la mayoría en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de todo tipo de casos, que han sido ya mencionados por nuestros diputados: desapariciones; desapariciones seguidas de muerte; gente que fue arrestada por violar la cuarentena, que fue llevada a una comisaría y que murió allí; mujeres sometidas a abusos que terminaron ahorcadas, y personas que no pudieron visitar a sus familiares que estaban muriendo. Se trata de un verdadero desastre y compendio de lo que no debe hacerse en materia de derechos humanos y garantías constitucionales.

          Por eso estoy proponiendo la creación de una Comisión Bicameral Nacional de Investigación de los Crímenes Cometidos por el Estado durante la Cuarentena. Una CONADEC que, como aquella,  sirva no sólo para fijar las responsabilidades y castigar a los responsables, sino para decir también “nunca más a estos atropellos”.

          Lamentablemente, el oficialismo y los que se dicen opositores no están presentes. Ahí están las bancas vacías. Me pregunto dónde están. Están militando el ministerio de la venganza, la reforma judicial y el ajuste a los jubilados. Acá no están.

          Cierro diciendo que los derechos humanos no son para declarar desapariciones falsas, no son para dar fueros, no son para hacer negocios ni se pueden utilizar para cubrir a dictaduras como la de Venezuela. Los derechos humanos son aquí y ahora.

          Ojalá el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, el diputado Yasky, dé lugar al tratamiento de este proyecto.

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Fernández Langan, por Buenos Aires.

          Posteriormente, cerrará la lista de oradores el diputado Ritondo.

 

Sr. Fernández Langan.- Señor presidente: hoy me hubiera gustado que en temas tan importantes como los que estamos debatiendo estuvieran sentados todos los bloques de esta Cámara, pero mucho más me hubiera gustado que estuvieran sentados los diputados del oficialismo que se vienen rehusando sistemáticamente -siguiendo la línea del Poder Ejecutivo nacional- a discutir un tema que se ha mencionado en distintas oportunidades. Me refiero a la situación de los derechos humanos en la república hermana de Venezuela.

          No podemos dejar de mencionar este tema. Lo vamos a manifestar en este Congreso Nacional, en organismos internacionales y en cualquier otro lugar donde tengamos un espacio para poder hablar. No nos podemos quedar callados ante la flagrante violación de los derechos políticos, económicos y sociales en la república hermana de Venezuela.

          Y tampoco se quedan callados los organismos internacionales: no se queda callado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó hace muy poquito el segundo informe de Bachelet, en donde se manifiesta la sistemática violación de los derechos humanos que Nicolás Maduro comete todos los días.

          Tampoco se quedan callados organismos internacionales como la OEA, Amnistía Internacional o Human Right Watch. Y mucho menos se callan, y eso lo podemos ver todos los días, los 6 millones de venezolanos que tuvieron que escaparse de su país y están hoy aquí en Argentina.

          Por eso, hoy en esta sesión teníamos la oportunidad de que el oficialismo se sentara y pudiera discutir un tema que le es esquivo y que no lo quiere discutir nunca. Cuando puede escapar, siempre tira la pelota afuera. No se sienta en este recinto y dice claramente cuál es su visión en relación con la Venezuela de Nicolás Maduro.

          Desde la Argentina no podemos seguir desconociendo lo que pasa en Venezuela. Tenemos que ser taxativos y muy claros en la condena al régimen de Nicolás Maduro.

 

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Ritondo, por Buenos Aires.

 

Sr. Ritondo.- Señor presidente: creo que la democracia ha ingresado en un terreno peligroso. Es la agenda del conflicto la que comienza a imponerse y eso nos debe llamar la atención justamente en momentos donde oficialistas y opositores tendríamos que estar reunidos pensando cuál es la Argentina que viene, cómo salimos de esta pandemia, cómo se vuelve a invertir, cómo volvemos a abrir la pyme del empresario que tuvo que cerrarla, cómo recuperamos esos 4 millones de puestos de trabajo y cómo hacemos para que los jubilados no cobren menos de lo que tendrían que percibir.

          Creo que uno de los puntos más notorios que tiene esta agenda del conflicto es la inseguridad legal que se está dando en la Argentina debido a las usurpaciones de tierras, de viviendas, de monasterios, de iglesias, etcétera.

          A nadie se le podría ocurrir que mientras delincuentes disfrazados de mapuches o patotas en el Gran Buenos Aires o en Misiones -como nos decía ayer nuestro diputado Alfredo Schiavoni- toman tierras, se esté discutiendo la propiedad privada, tal como la garantiza el artículo 17 de nuestra Constitución.

          Desde 1853 los argentinos, después de muchas diferencias, encontramos un camino en común, que es la Constitución que nos da libertad, derechos y obligaciones. Se trata de una Constitución moderna para un país que llamaba a una inmigración.

          La mayoría de los que estamos en este recinto descendemos de inmigrantes que, después de muchos días de navegar en barco, llegaron a la Argentina con un baúl con pocas pertenencias y sin nada en los bolsillos. Esas personas compraban terrenos en cuotas. El mango lo ahorraban en ladrillos y construían su casa. La verdad es que estoy absolutamente orgulloso de esa Argentina de la que desciendo, en donde se igualaba al brindar una educación pública de calidad.

          Esa es la Argentina que quiere recuperar, pero no se recupera si los funcionarios de gobierno o quienes pertenecen a sus agrupaciones son los que están en el medio de estas tomas.

          No se recupera si una funcionaria duerme en un campo tomado y al otro día vuelve a estar en funciones como si nada hubiera pasado. No se recupera si hay que esperar cinco meses para devolver la tierra de privados. No se recupera cuando un ministro de Seguridad le echa la culpa a un secretario de Estado, que está detrás de las tomas, y no pasa nada.

          Todos los que estamos aquí sentados pertenecemos a una oposición constructiva. Desde el primer día dijimos que íbamos a acompañar, que entendíamos que está pandemia no la había creado ni la oposición ni el oficialismo y que constituía un desafío, porque el mundo no conocía a dónde íbamos.

          Pero recién lo decía un compañero: los viernes nos decían con filminas que íbamos por el buen camino. Ahora nos enteramos de que tomamos el mal camino, ya que los desafíos que se tomaron nos están mostrando que tenemos una gran cantidad de muertos por millón de habitantes, y eso no nos alegra.

          Tenemos una cantidad de contagiados que está por encima de la que íbamos a promediar, y eso no nos alegra. Pero mucho menos nos alegra que no se hayan hecho todos los testeos necesarios, y mucho menos nos alegra que el mundo nos haya contestado luego de las barbaridades que se decían los viernes.

          Quiero que en la Argentina vuelve a reinar el Estado de derecho, y quiero hacer un pedido a este gobierno: que dejen de usurparnos el futuro. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (González).- Con las palabras pronunciadas por las señoras y señores diputados se dan por concluidas las manifestaciones.

-   Es la hora 14 y 24.



[1] La convocatoria de la Honorable Cámara a sesión especial se ha originado en un pedido formulado por varios señores diputados, en número reglamentario, con el objeto de abocarse al tratamiento de los siguientes asuntos: proyecto de resolución por el que se solicita que se convoque a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a elaborar un “protocolo único de circulación en el territorio nacional” (5.759-D.-2020); proyecto de ley de prohibición de restricciones al derecho constitucional de libre circulación interprovincial (4.647-D.-2020); proyecto de  declaración por el que se expresa preocupación por las restricciones al ejercicio de los ciudadanos del derecho a la libre circulación entre provincias (4.485-D.-2020); proyecto de resolución por el que se solicita que se permita ingresar a la provincia de Formosa a las familias que se encuentran varadas (5.780-D.-2020); proyecto de ley por el que se declara la emergencia educativa nacional (5.287-D.-2020); proyecto de ley por el que se modifica el artículo 119 de la ley de Educación Nacional (3.452-D.-2020); proyecto de ley por el que se crea la Comisión de Validación de Materiales Educativos Producidos, Financiados y Distribuidos por el Gobierno Nacional (2.792-D.-2020); proyecto de ley por el que se modifica el artículo 85 de la ley de impuesto a la ganancias (4.253-D.-2020); proyecto de ley por el que se crea el Programa Nacional de Protección en la Emergencia para Instituciones de Educación y Cuidado a la Primera Infancia (3.377-D-2020); proyecto de ley por el que se crea el Fondo de Asistencia Financiera a los Jardines Maternales no Incluidos en la Enseñanza Oficial de Gestión Privada, Social y Cooperativa que brindan educación y cuidado a la primera infancia (3.369-D.-2020); proyecto de ley por el que se modifica el artículo 81 de la ley del impuesto a las ganancias (5.996-D.-2020); proyecto de ley sobre la modificación de los códigos Procesal Penal Federal y Procesal Penal de la Nación y de la ley 17.516 (4.717-D.-2019); proyecto  de resolución por el que se solicitan informes al titular de la Oficina Anticorrupción (5.642-D.-2020); proyecto  de declaración por el que se expresa preocupación por la falta de apertura del Aeropuerto de El Palomar (5.722-D.-2020); proyecto de declaración por el que se expresa rechazo por dejar inoperativo el Aeropuerto de El Palomar (5.710-D.-2020); proyecto  de resolución por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la política aeroportuaria (5.692-D.-2020); proyecto  de declaración por el que se expresa preocupación por la no reapertura del Aeropuerto de El Palomar (5.803-D.-2020); proyecto  de resolución por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre el Aeropuerto de El Palomar (1.860-D.-2020); proyecto  de declaración por el que se expresa preocupación por el cierre definitivo de la terminal del Aeropuerto de El Palomar (2.327-D.-2020); proyecto  de resolución por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo por usurpaciones en inmuebles de dominio público y privado de todo el territorio nacional (4.587-D.-2020); proyecto  de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que solucione la toma y usurpación de campos en la Patagonia (4.696-D.-2020); proyecto  de resolución por el que se expresa preocupación por las usurpaciones de terrenos fiscales y privados en la provincia de Buenos Aires (3.847-D.-2020); proyecto  de resolución por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre toma y ocupación de tierras federales en la Reserva Forestal Loma del Medio – Río Azul, El Bolsón, Río Negro (4.463-D.-2020); proyecto de resolución por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre ocupación ilegal de inmuebles en la provincia de Buenos Aires (4.482-D.-2020); proyecto  de resolución sobre pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre conflictos en inmediaciones de Lago Mascardi por hechos de violencia y vulneraciones a terrenos de propiedad privada y pública (4.768-D.-2020); proyecto de ley por el que se crea en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Nacional Bicameral de Investigación de los Delitos Cometidos por el Estado Nacional durante la Cuarentena (4.611-D.-2020); proyecto  de resolución por el que se piden informes al Poder Ejecutivo sobre los casos de violencia institucional con participación de fuerzas policiales (3.567-D.-2020); proyecto  de declaración por el que se expresa preocupación por los casos de violencia institucional desde que fuera dictado el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (6.021-D.-2020); proyecto  de declaración por el que se expresa preocupación por los delitos sufridos por productores agropecuarios y la rotura de silobolsas (3.151-D.-2020); proyecto  de declaración por el que se expresa preocupación por los hecho vandálicos en establecimientos rurales (3.281-D.-2020); proyecto  de declaración por el que se expresa repudio por los actos vandálicos de destrucción de silobolsas (3.186.D.-2020); proyecto  de declaración por el que se expresa repudio por los actos vandálicos de destrucción de silobolsas (3.168-D-2020); proyecto  de declaración por el que se expresa repudio por los ataques contra diversos productores agropecuarios  en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos en abril y Mayo de 2020 (2.359-D.-2020); proyecto de ley por el que se modifica el Código Penal de la Nación a fin de incorporar el delito de daño a la producción agropecuaria y fraude de la actividad agropecuaria (3.425-D.-2020); proyecto  de declaración por el que se expresa preocupación por las violaciones a los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela (5.754-D.-2020); proyecto de declaración por el que se expresa preocupación por la sistemática violación de los derechos humanos en la República de Venezuela (5.083-D.-2020); proyecto  de declaración por el que se expresa preocupación por los resultados de la investigación de la misión internacional independiente de las Naciones Unidas sobre violación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela (4.908-D.-2020); proyecto  de declaración por el que se adhiere al informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela (3.748-D.-2020).