- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo de 2020, a la hora 10 y 34:
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Sr. Presidente (Massa).- Señor diputado Negri: han pasado varios minutos más de la media hora de espera que corresponde. No sé si quieren realizar alguna petición al respecto.
Sr. Negri.- Señor presidente: solicito que se continúe llamando diez minutos más.
Sr. Presidente (Massa).- Tengo todo el tiempo del mundo para usted, diputado Negri.
Sr. Negri.- En otras ocasiones hemos llegado a llamar hasta por una hora. Solicito diez minutos. Es probable que nos cueste llegar al quórum y somos conscientes de eso, pero sabemos de nuestra responsabilidad política; además, hay otros bloques opositores.
Sr. Presidente (Massa).- Si les parece, señores diputados, antes de declarar fracasada la sesión, vamos a esperar hasta las 10 y 45.
Sr. Negri.- Por otro lado, si no llegamos al número reglamentario le pedimos que nos acompañe como presidente para realizar las manifestaciones en minoría.
Sr. Presidente (Massa).- Por supuesto, señor diputado. Voy a presidir el inicio y la finalización de la reunión, quédese tranquilo. Durante el desarrollo de las manifestaciones en minoría tendré que atender un compromiso con los presidentes de Cámaras de Diputados de América Latina, por lo que me voy a ausentarme un rato del recinto, pero presidirá el señor diputado Álvaro González.
Sr. Negri.- Gracias, señor presidente.
- Se continúa llamando.
- A la hora 10 y 49:
Sr. Presidente (Massa).- Con la presencia de 124 diputados, no habiéndose conformado el quórum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial.[1]
Para realizar las manifestaciones en minoría, conforme al artículo 36 bis del reglamento, tiene la palabra el señor diputado Tonelli, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Tonelli.- Señor presidente: voy a reiterar lo que ya expusimos la semana pasada en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo a la hora de considerar la validez del decreto 457/2020.
Este decreto 457/2020 dispone una modificación presupuestaria muy importante, de muchos miles de millones de pesos, que hasta allí no constituiría mayor novedad, dado que hay muchos antecedentes. Pero sí hay algo que no tiene antecedentes y es el artículo 4° del decreto, que dispuso suspender para este ejercicio 2020 el límite impuesto por el artículo 37 de la ley 24.156 al jefe de Gabinete para reestructurar partidas del presupuesto nacional.
Ese límite, desde diciembre del año pasado, cuando se sancionó la ley de emergencia actualmente vigente, era del 7 y medio por ciento del monto total del presupuesto. Pero ese límite ha desaparecido ahora, en virtud del artículo 4° del decreto 457. Ya no hay límite, lo cual significa, en términos concretos, que el jefe de Gabinete puede disponer de la totalidad del presupuesto nacional, puede reestructurar la totalidad del presupuesto nacional. Aunque confiamos en que esto no va a ocurrir, a modo de ejemplo señalo que sí podría suceder, al menos en términos legales, que el jefe de Gabinete eliminara todas las partidas de educación del presupuesto de la Nación o eliminara las partidas de salud o eliminara las partidas del presupuesto destinadas a la justicia. Podría perfectamente hacer esto, de acuerdo con los términos en los que ha quedado redactado el artículo 37 de la ley 24.156.
Entendemos que esto es algo que le está vedado al presidente de la Nación. Es cierto que esta modificación a la ley 24.156 no está entre las materias expresamente vedadas para que el presidente ejerza su atribución de dictar decretos de necesidad y urgencia, conforme al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Pero hay otras materias que no están incluidas en ese artículo que sin la menor duda no pueden ser objeto del ejercicio de esa excepcional atribución del presidente de la Nación.
A nadie se le ocurriría seguramente que el presidente pueda declarar la necesidad de la reforma constitucional mediante un decreto de necesidad y urgencia o aprobar un tratado con una potencia extranjera o declarar la guerra a otro país, por más que sean materias que no están expresamente mencionadas en el artículo 99 inciso 3.
Hay materias para las cuales la Constitución ha fijado determinadas mayorías especiales o mayorías agravadas, o también ha fijado determinados trámites especiales. Y el presupuesto es uno de esos casos.
El presupuesto es un caso de atribución exclusiva y excluyente del Congreso Nacional. Tiene su trámite previsto: la iniciativa le corresponde a la Cámara de Diputados, que es por donde ingresa el presupuesto; después los artículos 75 incisos 2 y 8 establecen claramente que es el Congreso el que fija el presupuesto y el que impone las contribuciones. El rol del Poder Ejecutivo es preparar el presupuesto.
Por el contrario, lo que se pretende mediante el decreto 457 es ni más ni menos que alterar de manera sustancial el sistema de división de poderes o de reparto de poderes que establece nuestra Constitución Nacional. Es transferirle al Poder Ejecutivo una atribución que es del Congreso. Esto por supuesto está reñido con la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, y con nuestro sistema institucional.
Esta es la razón esencial por la cual nos oponemos e impugnamos el artículo 4º del decreto 457/20, porque viola el sistema de división de poderes.
Para terminar y no extenderme demasiado quiero destacar además otra cuestión, y es que esta reforma dispuesta por el artículo 4º del decreto 457/20 no solo es inconstitucional, no solo viola nuestro sistema de división de poderes, no solo implica transferir al Poder Ejecutivo una atribución propia y exclusiva del Congreso, sino que era absolutamente innecesaria, señor presidente.
Era innecesaria porque dos artículos más allá, en la ley 24.156, está el artículo 39, actualmente vigente, el cual leeré para que se entienda la insensatez cometida por el Poder Ejecutivo.
Ese artículo 39, en su texto vigente, dice así: “El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la ley de presupuesto general para atender el socorro inmediato por parte del gobierno en casos de…” -y escuche, señor presidente- “…epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor.
“Estas autorizaciones…” –sigue diciendo el artículo- “…deberán ser comunicadas al Congreso Nacional en el mismo acto que las disponga, acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron”.
Es decir que ante cualquier dificultad generada por la pandemia del coronavirus, la solución está en el artículo 39 de la ley 24.156; no hay necesidad de cometer la exorbitancia, la exageración, el disparate que implica alterar sustancialmente nuestro sistema institucional porque el propio sistema tiene previstas las soluciones.
Entonces, lo que corresponde es derogar el decreto 457/20, o al menos su artículo 4º, y que el Poder Ejecutivo se quede absolutamente tranquilo, pues no solo nosotros vamos a estar dispuestos a sesionar cada vez que haya que modificar el presupuesto, sino que el artículo 39 de la ley 24.156 le da la solución.
Entonces, por inconstitucional y por innecesario, impugnamos y rechazamos el artículo 4º y solicitamos la inmediata derogación por parte del Poder Ejecutivo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Quiero recordar a los señores diputados anotados en la lista de oradores que las manifestaciones en minoría tienen un tiempo. Como los bloques comparten el tiempo, si el discurso de un diputado se extiende mucho, ello va en perjuicio de sus compañeros de bloque.
Tiene la palabra el diputado Wolff, por Buenos Aires.
Sr. Wolff.- Señor presidente: después de las precisiones técnicas que ha dado el señor diputado Tonelli no tengo mucho más que agregar porque, en un trabajo en equipo, en nuestro espacio -y sin duda en el país- tal vez sea él la persona que más sepa de estos temas.
Vamos a referirnos entonces a lo que está pasando en el país, porque esta reunión hoy nos deja un sabor agridulce, ya que más allá de la pandemia, la mitad del recinto está vacío. En efecto, la mitad del recinto está vacío y con ausencias notables, porque cuando los diputados se avienen a recortar las funciones que nos da por antonomasia una república, casi le diría que es un autoatentado a un sistema de gobierno establecido en nuestro estilo de vida.
Me llama la atención, lo digo siempre, la ausencia de los diputados Ávila, Carambia y Ansaloni, tres diputados que fueron votados por nuestro espacio político y hoy están jugando en otro lado de una manera muy particular. Siempre aprovecho para mandarles saludos y exhibir lo que no debe ser hecho de manera gratuita, por lo menos desde lo cívico.
Quiero decir que ver la mitad de este recinto vacío es triste, pero más triste sería quedarse callado. Por eso, lo que nosotros hacemos hoy, si bien es declamativo, no es un tema menor, porque en el silencio, dejar establecido nuestro posicionamiento es lo que nos permitirá dar nuestra identidad, no solo como espacio político sino como república.
Dicen que este es el socialismo del siglo XXI. Yo creo que se parece más al feudalismo del siglo XVII. En el siglo XVII, cuando se establece la república y comienzan los parlamentos, el pueblo empieza a representarse a través de los legisladores y estos son los que le empiezan a poner control al soberano. Aquí, el soberano, con consentimiento de la mitad más alguno del cuerpo, es el que le saca poder al pueblo.
Pero no se lo saca solamente para tener poder, sino para ir por la impunidad, porque mientras el presidente de la Nación le pide a una periodista, cuando ella le pregunta por la angustia que está sufriendo toda la Argentina -y los argentinos somos todos-, que no siembre angustia y ordena un estado de ánimo, Pietragalla Corti pide la liberación de Jaime y Juan Martín Mena firma el pacto de Devoto para que salgan los presos mientras metemos a la gente adentro de los barrios y no la dejamos salir.
Mientras se firma el pacto de Devoto, aparece la abogada de la vicepresidenta de la Nación, como le gusta que le digan, y le dice a la Corte Suprema que, si no entiende por la razón, entenderá por la sangre.
También aparece el senador Parrilli y pide la anulación de las causas de Hotesur y Los Sauces; aparece Zannini y pide la anulación de la causa del memorándum, y aparece Alberto Fernández y firma por decreto un aumento de la jubilación por debajo de lo que este Congreso sancionó el 14 y el 18 de diciembre de 2017 mientras nos tiraban 30 toneladas de piedras para avasallar el sistema republicano.
Después aparece el presidente de la Nación, y mientras pide que no nos angustiemos y que no sembremos la angustia, por decreto hace una reasignación de partidas dando el ciento por ciento de la discrecionalidad al jefe de Gabinete de Ministros que fue elegido por él.
Pasaron 250 años de republicanismo en el mundo para que hoy volvamos a tratar de establecer en nuestro país un sistema feudal llamado socialismo del siglo XXI, que es feudalismo del siglo XVII.
Por eso quiero decir, señor presidente, para no extenderme –viendo su cara de que tiene ganas de administrar el tiempo, y qué bien lo hace- que solamente con elecciones no hay democracia republicana. Sin elecciones no hay democracia; pero con elecciones solamente no hay democracia republicana.
Terminando
la Semana de Mayo, quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los
argentinos a los que se aplaudió el otro día, como recordará el señor
presidente: a los policías, a los médicos, a los que están poniendo el cuerpo;
a los más postergados, a quienes hoy se los encierra después de 60 días de no
haberlos testeado, pero también a los argentinos que son la producción del país;
a los argentinos que producen cada día, que ponen el cuerpo; a los contadores -quienes
ayer fueron maltratados por el presidente de la Nación-, a los independientes,
a los que hacen que cada uno de nosotros que está acá sentado pueda cobrar su
dieta y son maltratados por el Poder Ejecutivo. ¡Que viva la Patria! (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Gracias, señor diputado.
Tal como fue acordado con los presidentes de bloque, le voy a pedir al diputado González que presida la sesión para poder atender el encuentro de presidentes de Parlamentos de América Latina.
Tiene la palabra el diputado Menna, por Chubut.
Sr. Menna.- Señor presidente: la Presidencia manifestó hace unos minutos que la sesión había fracasado. En realidad, con esta falta de quórum lo que está fracasando es la institucionalidad, la república, porque aquí ha ocurrido un hecho grave.
- Ocupa la Presidencia
el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Álvaro Gustavo González.
Sr. Menna.- El Poder Ejecutivo le ha arrebatado una función exclusiva al
Congreso, una función que le asigna la Constitución. Hoy había una chance para
enmendar ese atropello institucional, para revertirlo y ejercer la función de
fiscalización frente a ese atropello. Sin embargo, los diputados y diputadas
del oficialismo han decidido aquí claudicar en ese rol de control, en recuperar
una competencia esencial del Congreso. Porque en definitiva, los
superpoderes no hacen más que bajarle la persiana al Congreso.
El presupuesto nacional es la ley más
importante que tiene a su cargo el Poder Legislativo; es la que define el
destino, la finalidad de los recursos públicos, que se forman con la
contribución de millones de argentinos que trabajan todos los días.
Con los superpoderes estamos
convalidando que esta atribución de decidir el destino de los fondos, por
ejemplo obras públicas, programas de asistencia social, jubilados y distintas
actividades que lleva adelante el Estado, quede en manos de un burócrata, de un
funcionario al que prácticamente no le conocemos la voz, y que hasta este
momento se caracteriza porque en estos casi seis meses de gobierno ha incumplido con su obligación constitucional de venir a
rendir un informe mensual a este Congreso. De esta manera, en la soledad
de su despacho va a poder cambiar el destino del ciento por ciento de las
partidas presupuestarias.
Así
se vacía absolutamente de contenido la labor de este Congreso, pierde el
sentido toda la labor de representación. Yo me pregunto qué explicación
van a dar quienes están hoy ausentes a sus comunidades, a sus pueblos, a sus
provincias, que en general están pasando severas dificultades pero tienen como
expectativa que desde aquí se les dé una solución.
Esta
actitud que han tenido hoy es un acto de absoluta deserción de obligaciones y competencias
esenciales, e implica poner en manos ya no del Poder Ejecutivo sino de un
funcionario que ni siquiera es elegido por el pueblo, la facultad para que haga
y deshaga a su antojo. Encima eso se lo hace en un contexto inédito en la
República Argentina: caída estrepitosa del PBI, de la actividad económica, y
abusos de poder, porque a los jubilados se los ha perjudicado.
Se
pretende continuar con una delegación de facultades cuando venimos de la mayor
delegación de atribuciones de toda la historia con la ley de las nueve
emergencias. Vamos a profundizar esto en un contexto de una gran brecha
cambiaria, y a esta altura ya estamos en un camino muy parecido al que tomó
Venezuela. Es necesario que este Congreso tenga definiciones en políticas
sociales y jubilatorias, sobre todo cuando no tenemos presupuesto.
Con
esta admisión se busca en definitiva concentrar absolutamente el poder, retroceder,
desandar un camino que se había comenzado en el 2016 cuando se dejó sin efecto la
delegación del artículo 37 de la ley de administración financiera. Se lo hace
además en un marco de absoluto desprecio por la constitucionalidad y por
la doctrina de la Corte. De esta manera estamos convalidando el ejercicio de decretos
de necesidad y urgencia sobre atribuciones que además ya han sido delegadas en
la ley 27.541.
Por
eso creo que hay que insistir en el tratamiento de estos temas, y hoy no hemos
podido hacerlo por falta de quórum. No hay que permitir esta claudicación,
y quienes tienen que dar respuesta por su ausencia, que lo hagan. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el diputado
Petri, por Mendoza.
Sr. Petri.- Gracias,
señor presidente.
La
verdad es que habiendo reunido 123 señores diputados y habiendo estado tan
cerca de obtener el quórum para realizar esta sesión a fin de derogar el
artículo 4° del decreto 457, no puedo hacer otra cosa que comenzar lamentando
la ausencia de muchos legisladores opositores que deberían al menos estar
sentados en sus bancas dando quórum y propiciando el debate de un decreto que arrebata
facultades que son propias del Congreso de la Nación.
Todos
sabemos cómo arrancan estas historias. Las crisis económicas parieron
emergencias en la República Argentina y las emergencias nos embarazaron de
nuevas crisis, no ya económicas sino institucionales. Lo que viene sucediendo a
partir del mes de diciembre de 2019 es una formidable concentración de poder en
manos del Poder Ejecutivo nacional.
Eso
comenzó cuando el presidente de la Nación se negó a tratar el presupuesto
nacional y avanzó con una declaración de emergencia por la que nos arrebataban
más de once facultades que son propias del Congreso. Se disponían más de nueve
declaraciones de emergencia en el ámbito de la administración pública nacional,
y eso termina de coronarse con este decreto por el que prácticamente concedemos
poderes ilimitados al jefe de Gabinete para que haga cuanto quiera con los
recursos del Estado nacional.
Lo
cierto es que a partir del mes de diciembre el mensaje del presidente de la
Nación fue claro, fue decirle al Congreso que lo iba a suspender por falta o
disminución del trabajo, y hoy con este decreto el Poder Ejecutivo nos está
enviando el telegrama de retiro voluntario.
Está
claro que con tanta concentración de facultades, con tanta concentración de
poder, el rol del Congreso de la Nación ha pasado a ser secundario, periférico,
prácticamente de entretenimiento con sesiones telemáticas, pero que no incide
en la vida cotidiana de los miles de millones de argentinos trabajadores,
empresarios, amas de casa, etcétera, que están sufriendo las consecuencias
sanitarias de la pandemia pero también sus consecuencias económicas.
¿Por
qué digo esto? El 12 de marzo se dictaba el decreto 260, que ampliaba la
emergencia. Fíjense cuánto tiempo pasó para que el Congreso de la Nación
volviera a sesionar y en definitiva dictara normas imprescindibles para la vida
de los argentinos. Muchísimo tiempo, más de sesenta días.
Mientras
en otros países los Parlamentos aprobaban fondos que representaban no menos del
15 o 20 por ciento del producto bruto interno, en la República Argentina, producto
de la emergencia, de la delegación de facultades y de esta reasignación de
partidas, prácticamente el Congreso quedaba en un rol secundario, periférico y
marginal.
¿Qué
ocurre con este decreto 457? Estamos concediendo poderes ilimitados, pero
lo curioso es que nos los están arrebatando, porque no es el Congreso de la
Nación, como ocurrió en diciembre, el que está diciendo al Poder Ejecutivo que
le delega facultades, sino que es el propio Poder Ejecutivo mediante el dictado
de un decreto de necesidad y urgencia que los arrebata; se autoconcede
facultades, algo que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Provincia
de San Luis” ‑invito a todos los presentes a que lean el considerando 30,
y a los ausentes también‑, dice que está expresamente prohibida la delegación
de facultades mediante decretos de necesidad y urgencia.
Sr. Presidente (González).- Le pido señor diputado si puede
ir redondeando.
Sr. Petri.- Voy
terminando, señor presidente.
Esta
pandemia del coronavirus ha colocado en crisis a la gente, a los trabajadores y
a las empresas, ha puesto en emergencia sanitaria a todos los ciudadanos, pero
también a la salud de la República, porque ha desdibujado la división de
poderes que necesariamente tiene que existir.
Pero
quien no está en emergencia, en crisis, es el Poder Ejecutivo nacional. Fíjense
qué ha ocurrido desde el dictado del decreto 260, de emergencia pública. ¿Saben
cuántas designaciones ha habido de funcionarios políticos conforme el Boletín
Oficial? Cuatrocientas noventa y nueve designaciones. No hay crisis
para el gobierno nacional. En esta última semana ha habido cincuenta y nueve
designaciones, y no estamos hablando de directores de hospitales, sino del
director del Museo Histórico, de coordinadores de departamentos jurídicos…
Sr. Presidente (Massa).- Le pido, señor diputado, que vaya
redondeando.
Sr. Petri.- Es tal la
acumulación de poder que tiene el Poder Ejecutivo nacional que hasta Rosas se
pondría colorado.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor diputado.
Tiene
la palabra la señora diputada Oliveto Lago, por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Sra. Oliveto Lago.- Muchas
gracias, señor presidente.
En sus casas algunos se preguntaran qué
estamos haciendo hoy acá, por qué estamos hablando en minoría. A esas personas, incluso a las que creen que no
tenemos derecho, les respondemos con nuestra presencia. Estamos representando a
los que nos votaron. Somos oposición al gobierno de Alberto Fernández. Estamos
representando a millones de argentinos que nos dicen “pongan voz, pongan cuerpo
y pongan alma” en la lucha por las instituciones y por la República.
Señor
presidente: acá no hay oposiciones buenas u oposiciones malas. El sistema
democrático es perfecto. La oposición limita, la oposición controla. Cuando no
hay oposición, la democracia pierde más república y nos vamos directo al
autoritarismo.
El
sistema constitucional es perfecto. Bien decía “El Federalista” que si las
personas fueran ángeles, no necesitaríamos gobernantes, y si los gobernantes
fueran ángeles, no se necesitarían controles. Alberto Fernández es un ser
humano, no es un ángel. Por lo tanto, este Congreso tiene la obligación ética e
institucional de controlarlo. Eso no es poner palos en la rueda. Es el juego de
la democracia, donde la oposición controla y genera la alternancia como un
proyecto alternativo de poder.
¿Por
qué digo esto? Porque desde la época de Montesquieu, Locke y Alberdi los
poderes se controlan entre sí. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué es el Congreso el
que establece los impuestos y la distribución de las partidas? Para evitar que
una persona o una mayoría circunstancial avance sobre tus bienes, avance sobre
tus libertades, avance sobre tu vida. Es tan perfecto el sistema que, cuando se
intenta avasallar, contiene los remedios institucionales para que eso no pase.
¿Cómo
actúa el Congreso en su plenitud? Con todas las representaciones políticas
discutiendo. Porque si eso no pasara, si alguien usara el miedo a morir o a
enfermarse, que es lo que tienen los argentinos en sus casas, para perpetuarse
en el poder o para generar un proyecto hegemónico de poder, no solo hablaría de
la condición humana de los que nos gobiernan sino que hablaría de la condición
humana de esta clase política que hoy representamos acá.
Digo
esto porque corremos el riesgo de la hegemonía política, señor presidente.
Alguien nos puede decir que algunos son la vida y otros son la muerte, que un
pensamiento es el sano y el otro el enfermo. ¿Cómo se construyen las
instituciones si el que piensa distinto es un enemigo, y no alguien que tiene
un pensamiento distinto que hay que respetar?
También
corremos riesgo cuando es una sola persona la que define dónde va la plata de
nuestros impuestos, la plata de los argentinos. Evaluamos como sistema de
látigo y billetera la dominación de los gobernadores, las políticas públicas
determinadas por una sola persona y no por el conjunto de los representantes
del pueblo. Esto es peligroso, como también que una sola persona, que ni
siquiera fue votada, pueda decidir a qué gobierno provincial beneficia o
perjudica, a quién le llega la política pública y a quién no le llega.
También
desde lo institucional, señor presidente, existe el riesgo de hegemonía. ¿Por
qué? No está funcionando la Justicia, y mientras estamos encerrados quieren
sancionar un proyecto de reforma judicial. No está funcionando en pleno el
Congreso. Hacemos lo que podemos, con mucha voluntad. Pero tenemos
limitaciones. Y hay diputados que entraron por la oposición y son funcionales
al oficialismo. Eso también degrada la democracia.
Para
cerrar, señor presidente, quiero decir que el germen autoritario está en
nuestra historia. Eso es muy malo, porque primero acallan las voces de los
opositores, y después la de los aliados. Porque el poder de los autoritarismos
no se comparte. El poder se ejerce casi monárquicamente. Eso es lo que tenemos
que evitar. ¿Saben cuál es el final de la historia? Que todas las instituciones
de la Argentina se doblegan a los intereses de una sola persona. Eso es lo que
queremos evitar.
Para
eso, en representación de los que nos votaron, de las instituciones de la
Argentina y del pueblo de la Nación, nosotros vamos a estar defendiendo la
democracia. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el
señor diputado Enríquez, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Enríquez.- Señor presidente: no voy a ahondar en los aspectos constitucionales
que tan bien esbozaron los diputados Menna y Tonelli. Simplemente, quiero decir
que los DNU previstos por el artículo 99, inciso 3, consagran disposiciones de
contenido legislativo como excepción, cuando no se ha podido prever o resulta
imposible seguir el trámite ordinario para aprobar las leyes.
Por
cierto que ese no era el caso porque estaba sesionando el Congreso, y porque el
mismo día que imponíamos las sesiones remotas mixtas recibimos como un
cachetazo el decreto 457. El Congreso estaba sesionando. Evidentemente, no
había ninguna necesidad, porque no se impedía el trámite ordinario de las
leyes.
El
artículo 76 de nuestra Constitución federal prohíbe totalmente la delegación de
facultades legislativas, así como el artículo 29 establece que no se le puede
otorgar la suma del poder público al Poder Ejecutivo. Acá se habló de Rosas.
Justamente, cuando este artículo se inserta en la Constitución es para evitar
el peligro que pueden acarrear las dictaduras. Por esta razón, debemos
solicitar la derogación inmediata del decreto 457, porque si no estaríamos
incumpliendo la norma del artículo 29, que prevé sanciones gravísimas, no solo
de nulidad de las resoluciones, sino de imputación del delito de traición a la
patria.
Hoy
acá estamos presenciando un recinto vacío. Me hace acordar a un artículo que
escribió hace un tiempo el actual presidente de la República titulado “Un
silencio que aturde”. El silencio que aturde acá parecería indicar que un grupo
de diputados es cómplice de que se le quiera extender el certificado de
defunción al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Pero acá estamos los
diputados de la oposición ‑quienes, como bien dijo la diputada Oliveto,
queremos honrar el 41 por ciento de los que nos votaron‑ para dar todos
los debates que sean necesarios. Porque además, señor presidente, el jefe de
Gabinete hoy habla de un Estado activo. El Estado no es ni activo ni pasivo. El
Estado tiene que ser un Estado vigoroso, no un Estado bobo, amorfo o
paquidérmico que no permita solucionar los problemas de las personas. Cuando
hablamos de un Estado activo nos referimos a un Estado que cumpla con las
normas de la Constitución.
Fíjese,
señor presidente, que todas las delegaciones anteriores de facultades al Poder
Ejecutivo fueron acordadas por este Congreso. Esta es la primera que se hace
por decreto de necesidad y urgencia. Esta es la primera que se hace en donde el
propio presidente de la República le otorga funciones a un funcionario que no
es electivo: el jefe de Gabinete de Ministros. O sea que Alberto Fernández se
está otorgando a sí mismo la facultad de reasignar las partidas
presupuestarias, y en definitiva de dictar el presupuesto, porque estamos en el
mes de mayo y todavía no tenemos presupuesto, señor presidente.
Voy
a terminar diciendo que acá hay diputados de la provincia de Santa Cruz, como
la diputada Reyes, que bien podrían afirmar que estamos repitiendo el mismo
esquema que existió en esa provincia. Un mandamás que no tolera el pluralismo,
que sofoca la independencia del Poder Judicial y que trata de vaciar de
contenido al Poder Legislativo.
Señor
presidente: la pandemia puede justificar la restricción temporal de algunos
derechos. Desde el fallo “Ercolano” hasta hoy se han justificado las
emergencias. Lo que no se puede justificar es la delegación de facultades que
consagra la suma del poder público que, como ya dije, está prohibida por el
artículo 21 de nuestra Constitución.
Sr. Presidente (González).- Diputado: le pido que vaya redondeando.
Sr. Enríquez.- Redondeo.
La pandemia puede justificar la restricción temporal de algunos derechos, pero no puede poner en cuarentena al Congreso ni tampoco a la Constitución. El Congreso no se evaporó, aunque parezca ser ése el sueño o el desiderátum que hoy tiene el oficialismo.
El Estado activo, que tanto postula Santiago Cafiero ‑cuya voz todavía no conocemos porque no ha venido a este recinto en cumplimiento del artículo 101 de nuestra Carta Magna‑, parecería necesitar una Constitución pasiva. No podemos permitirlo, ya que están en juego la libertad y la democracia; para eso nos votó aquel 41 por ciento, al que queremos honrar en este acto. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Estévez, por Santa Fe.
Sr. Estévez.- Señor presidente: quiero dar a conocer la posición del bloque Socialista respecto de esta citación a sesión especial.
Vamos a defender, sobre la base de nuestra coherencia, las facultades del Congreso Nacional, gobierne quien gobierne. Asimismo, participaremos de instancias como ésta, independientemente de quién las convoque, porque estamos convencidos de que necesitamos que el Congreso tenga un rol activo y no solo en esta situación excepcional marcada por la pandemia; ése debería ser siempre su funcionamiento normal.
El decreto de necesidad y urgencia claramente otorga libertad absoluta para la reasignación de partidas. Nunca estuvimos de acuerdo con eso; estamos dispuestos a colaborar con el Poder Ejecutivo, pero manteniendo las facultades del Congreso. Sabemos que hay necesidades excepcionales, pero nadie puede ampararse en eso para violar o pretender evadir los postulados de nuestra Constitución.
Hay una gran responsabilidad, respecto del estado de situación de la República ‑como han dicho algunos diputados y algunas diputadas preopinantes‑, en las dos principales fuerzas políticas presentes en este recinto. Esta no es una reunión de una cátedra libre de derecho constitucional; estamos en el Congreso de la Nación y todos, en mayor o en menor medida, somos responsables de la situación que vive el país.
No sé qué concepto de república tienen algunos diputados preopinantes, porque no he escuchado una sola palabra sobre el gobierno anterior cuando designó ministros de la Corte Suprema por decreto. No hubo mención alguna ‑tampoco leí algo al respecto‑ sobre una república donde se ordenen escuchas ilegales y tal situación sea desapercibida.
Pido a los diputados y a las diputadas de Juntos por el Cambio que sean responsables y coherentes. Esta grieta patética a la que nos quiere someter tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio hace mal al país. Nosotros creemos que el mejor antídoto contra esa grieta es la coherencia; por eso estamos presentes en esta sesión, porque entendemos que el decreto de necesidad y urgencia no es correcto, y también porque estamos convencidos de que el funcionamiento del Congreso es fundamental para colaborar con el Poder Ejecutivo, algo que venimos haciendo desde diciembre.
Finalmente, es importante saber que todos los gobiernos pidieron al Poder Legislativo la delegación de sus facultades. Incluso, en el último presupuesto enviado al Congreso de la Nación por el expresidente Macri, se establecía un porcentaje mayor para la reasignación de partidas por parte del Poder Ejecutivo. Evidentemente, esto habla de la fragilidad que tienen los presupuestos en nuestro país.
El bloque Socialista está dispuesto a colaborar con el gobierno nacional en lo que necesite en el marco de esta pandemia, pero siempre sobre la base de acuerdos, porque de esta situación nadie sale solo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Contigiani, por Santa Fe.
Sr. Contigiani.- Señor presidente: desde el Frente Progresista Cívico y Social quiero explicar por qué estoy participando en esta sesión especial en minoría.
Soy de los que creen que, si todavía algunas categorías políticas tienen sentido en estos tiempos, pensemos como pensemos ‑más a la izquierda, más a la derecha o más hacia el centro‑ hay conceptos en los que no podemos fallar bajo ningún punto de vista: el Estado de derecho, la república y la división de poderes.
Como se ha explicado hasta el cansancio, este decreto ‑como tantos otros que forman parte de la historia política reciente‑ va contra competencias indelegables del Poder Legislativo establecidas en la Constitución Nacional. Es en este punto que, pensemos como pensemos, debemos reconocernos en el valor institucional y de la república. Si no lo hacemos, corremos el peligro de caer en cooptaciones políticas respecto de cuestiones institucionales y reglas de juego de una democracia.
Ahora bien, cuando se avanza sobre esas reglas, todo está perdido. Entonces, hay un valor institucional que nos compromete: las reglas de juego de la democracia. Por eso, es en ese valor institucional democrático donde tenemos que reconocernos como argentinos, independientemente de cómo pensemos y del lugar en que nos encontremos.
Por otro lado, debo mencionar la coherencia y la humildad. ¿Puede la actual oposición política ‑lo digo con todo el respeto que tengo por muchos de sus miembros‑ pedir esta sesión especial y levantar su voz cuando recientemente ocurrieron ciertos hechos en nuestra democracia? Creo que no, que tienen que ser más humildes.
Me quedo con las palabras técnicas y políticas del señor diputado Tonelli, y no con algunas otras expresiones, porque mientras defienden la república y las reglas de juego ‑como lo estoy haciendo yo‑, no pueden olvidar que delegaron facultades extraordinarias vía endeudamiento y fuga de capitales que hoy estamos pagando.
Claramente, no fue el único gobierno que lo hizo; hubo otros que también lo hicieron. El endeudamiento y la fuga de capitales, que son maneras de delegar facultades o de debilitar una república, fueron llevados adelante bajo distintas formas. A esto debemos agregar los nombramientos, vía decreto, en la Corte Suprema ‑luego volvieron hacia atrás‑ y las situaciones de las que tomamos conocimiento estos días respecto de las escuchas a opositores políticos.
Entonces, no perdamos la coherencia y seamos humildes. Demos a la cuestión la envergadura que tiene y punto; no hagamos oposicionismo político buscando una finalidad en sí misma.
Al oficialismo, digo lo siguiente: no hay posibilidad de desarrollo ni de justicia social si se pierde la coherencia de alcanzar tales objetivos a partir de más república. No olviden algunos sectores del oficialismo lo que decían tiempo atrás.
De este diputado no tendrán nunca la conformidad si avanzan con esquemas hegemónicos, nada republicanos y nada democráticos. Nunca contarán con la adhesión de este diputado cuando quieran romper las reglas de juego de un Estado probo, honesto y transparente.
Por eso pido respeto a las instituciones. Cuidado con avanzar sobre las reglas del debate de la democracia argentina, que es el punto de encuentro para todo. Y a ciertas voces de la posición -no a todas- les pido humildad, en base a lo que hemos construido recientemente en la Argentina.
Demos al tema la envergadura que tiene. En un contexto excepcional y extraordinario de la Argentina, no transformemos esto en una situación de extremismo, como plantean algunos.
El artículo 4° de este decreto merece ser derogado. Por eso estoy aquí, pero pido coherencia y humildad.
Sr.
Presidente (González).-
Tiene la palabra el diputado Ramón, por Mendoza. Tiene cinco minutos para hacer
uso de la palabra.
Sr. Ramón.- Señor presidente: el proyecto que hemos presentado para su tratamiento dispone en su único artículo la derogación del artículo 4° del decreto de necesidad y urgencia 457/2020.
Me gustaría centrar la discusión en minoría que estamos teniendo sobre la base de tres aspectos. El primero es el jurídico. El diputado Tonelli habló de este aspecto de una manera muy precisa. Por lo tanto, adhiero a esa explicación técnico-jurídica acerca de cómo debe funcionar un decreto de necesidad y urgencia.
El segundo es un aspecto político, que implica fijar una posición en relación con qué conducta queremos seguir como diputados o como bloque político, en relación con las decisiones que toma el Poder Ejecutivo.
El tercero es el aspecto que está relacionado directamente con las instituciones de la Argentina. Desde la creación del Estado nacional, nuestra Constitución establece que vivimos en una república con un sistema democrático, representativo y federal. En consecuencia, lo primero que debemos resolver es cómo vivimos en esta república.
Desde la Constitución, al Congreso y a quienes formamos parte de él se nos otorga la facultad de resolver, por un lado, la iniciativa de tener un presupuesto para el año en que se van a administrar las cuentas.
Otro punto se relaciona con la capacidad que tenemos en la Cámara de Diputados para decidir sobre aquellos temas que tienen que ver con la representación del pueblo, mientras que en la Cámara de Senadores están representadas las provincias.
Pareciera ser que hay que recalcar esto permanentemente porque desde que estoy en esta Cámara, vengo siguiendo una línea desde la República.
Hoy y en otras ocasiones, en otros períodos legislativos y con otros presidentes, he escuchado a muchos oradores que se llenan la boca hablando de la República. Pero la República es eso: división de poderes.
Una de las cuestiones que habilitó la Reforma de la Constitución de 1994 fue que el presidente, en una situación muy especial pudiera dictar un decreto de necesidad y urgencia. Sin embargo, esa medida fue abusada no solo por parte de este jefe de Gabinete y el actual presidente –razón por la cual hoy estamos discutiendo- sino también por parte del anterior gobierno y el anterior.
La ley que permite dictar decretos de necesidad y urgencia es inconstitucional. La ley a través de la cual nosotros como Congreso delegamos al jefe de Gabinete, al ministro Economía y al presidente de la Nación las facultades para discutir la deuda pública de la Argentina es inconstitucional, porque las decisiones políticas son legítimas a partir de tener en cuenta cómo se construyen las mayorías para tomar las decisiones. Porque en esas mayorías también contamos aquellos que vivimos en las provincias.
¿Por qué presenté este proyecto para derogar ese artículo 4° del decreto de necesidad urgencia 457/2020? Porque soy uno de los diez diputados que representan al pueblo de Mendoza, no pertenezco a ninguno de los dos grandes bloques que forman parte de esta Cámara, y llego aquí para representar el derecho de aquellos ciudadanos comunes que constituyen el pueblo, no las arcas de la provincia ni la defensa de un presidente u otro, como sucede ahora.
Esta explicación es tan básica como para brindar a un chico en la secundaria o en una clase de la universidad. Porque cuando nosotros resolvemos plantarnos ante una situación como esta, no lo hacemos porque pertenecemos a un bloque afín o aliado de quien está gobernando, o aquel al que pertenecen muchos de los que oraron en este recinto hace un rato.
Desde nuestro bloque, hemos apoyado decisiones importantísima del actual gobierno. En mi caso particular, en dos oportunidades he apoyado los presupuestos que presentó el presidente Macri porque no se pueden administrar las cuentas de la Nación sin un presupuesto. De lo contrario, el presidente puede abusar utilizando el anterior. Le pasó el Presidente Macri; le está pasando ahora al presidente Fernández.
Nosotros tenemos un problema como diputados. Entonces, cuando escucho a algún diputado de esa oposición extrema que pretende involucrar a esto como un tema Estado grave, le digo lo siguiente.
El decreto 457 no representa un tema de Estado grave porque, según he podido analizar, a través de decisiones administrativas, el jefe de Gabinete ha resuelto asignar partidas de la AFI para el desarrollo tecnológico de la investigación acerca del coronavirus y también para los sistemas de salud. Quiere decir que no se trata de asignación o reasignación de partidas. Eso lo vienen haciendo todos. Lo hizo el jefe de Gabinete de Macri, lo está haciendo el actual.
Por otro lado, tengo todo el respeto por el jefe de Gabinete actual, Santiago Cafiero. De hecho, está haciendo una reasignación de partidas en el marco de la razonabilidad. ¿Qué critico? Que el señor Cafiero no haya venido acá a brindar explicaciones.
Desde el mes de diciembre venimos apoyando la emergencia social, económica y todo el largo título de la ley de emergencia que acompañamos en el mes de diciembre. Apoyamos al ministro Economía, le dijimos señor ministro: usted tiene las facultades y el apoyo de todas las fuerzas políticas del Congreso para negociar la deuda externa. Es decir, estamos tratando de constituir una oposición proactiva y adecuada a la emergencia que estamos viviendo, tanto en diciembre como ahora con el coronavirus.
Si estamos sentados en estas bancas haciendo esta crítica y presentando este proyecto es porque el Senado y la Cámara de Diputados debemos recuperar las facultades que la República nos da como legisladores, según lo establece la Constitución.
No quiero estar acá pintado, y doy un ejemplo. Peleo por un valor de la tarifa de gas domiciliaria para mi provincia que se adecue al frío y al bolsillo de cada una de las personas que la habitan. Una familia que vive en el norte de la provincia de Buenos Aires paga una cifra que no tiene punto de comparación con la que se paga en mi provincia, que es tremenda. Es posible discutir eso en las comisiones y en el recinto en este Congreso. Ahora bien, tener que hacerlo ante quienquiera que fuese el jefe de Gabinete de Ministros es un problema serio para un diputado que representa los intereses del pueblo de su provincia.
Por eso vinimos a sentarnos en este recinto para discutir la derogación del artículo 4° del decreto 457.
Sr.
Presidente (González).- Tiene
la palabra el diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr. del Caño.- Señor presidente: en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional claramente expresamos nuestra oposición y la solicitud de derogación de este DNU.
Se han escuchado muchas voces del bloque de Cambiemos, hablando -como han hecho muchas veces- de la República, la defensa de las instituciones, las facultades del Congreso, etcétera. Quiero empezar por ahí porque me parece de una gran hipocresía. Fíjense que cuando asumió Mauricio Macri, después de que Carrió y otros hablaran del republicanismo, al poco tiempo designaron por decreto a los jueces de la Corte, algo no visto en años. Se enojan cuando digo esto. Después tuvieron que retroceder.
Fíjense el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Endeudaron a la Argentina por décadas con el crédito más grande del FMI. Se trata de un endeudamiento fenomenal, y eso no pasó por este Congreso. Por eso, creo que debemos decir las cosas como son.
Nosotros somos una fuerza política coherente, que siempre se ha opuesto a los decretos de necesidad y urgencia, esas facultades que se atribuye el Poder Ejecutivo, pisoteando las facultades que tiene el Congreso.
En ese sentido, la ley 26.122, que promulgó el gobierno de Néstor Kirchner en 2006, en los hechos, va en contra del espíritu de la Constitución del 94 ‑que muchos están defendiendo todo el tiempo‑ porque dice que para que un DNU sea ratificado alcanza con que lo apruebe una sola Cámara del Congreso.
Fíjense que para la sanción de una ley por parte del Congreso Nacional se requiere que el respectivo proyecto sea considerado y aprobado por las dos Cámaras. Sin embargo, en el caso de la aprobación de un decreto de necesidad y urgencia alcanza con que solo una lo haga.
Este es un recurso que no solamente ha sido utilizado por el actual oficialismo, sino también por quienes hoy están en la oposición cuando fueron gobierno.
Asimismo, han aplicado una de las facultades monárquicas que tiene la figura presidencial, que es el veto. Por eso a Mauricio Macri le decían “Capitán Veto” cuando gobernaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que tenía el récord de leyes vetadas. Fue también durante su gobierno, en 2016, cuando se vetó la ley sancionada por este Parlamento y por la que se prohibían los despidos. Del mismo modo, vetó la ley que retrotraía las tarifas de los servicios públicos, lo que significó un saqueo de millones de pesos para los bolsillos de los sectores populares que sufrieron los tarifazos. Es decir que las pocas leyes favorables a dicho sector sancionadas por el Congreso Nacional fueron vetadas.
Inclusive, al comienzo de este aislamiento dispuesto a raíz del coronavirus, nos opusimos a este funcionamiento, mientras que otros le decían al presidente Alberto Fernández “sí, mi comandante”. Junto con mi compañera, la señora diputada Romina Del Plá, presentamos una nota a la Presidencia de esta Honorable Cámara mediante la cual exigíamos el funcionamiento del Congreso Nacional. Esto lo hicimos hace más de dos meses, pero los bloques mayoritarios se negaron permanentemente a tratar este decreto de necesidad y urgencia, incluso en las sesiones remotas que tuvieron lugar últimamente. En la respectiva comisión dijimos que este decreto podría haber sido debatido en este cuerpo, ya que dos días después de haberse dictado iba a tener lugar una sesión de esta Honorable Cámara. Sin embargo, no lo trajeron para ser discutido aquí.
Los bloques mayoritarios, es decir, el de Juntos por el Cambio y el del Frente de Todos, también se negaron a debatir el proyecto de ley por el que se establece la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas. Si esa iniciativa se aprobara podría garantizarse durante todo el tiempo que dure la cuarentena un salario de 30.000 pesos a todos los trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin ingresos. Sin embargo, no quieren tratarlo, y cuando en este recinto propusimos que fuera considerado votaron en contra.
Tampoco quieren debatir proyectos relacionados con la posibilidad de terminar con las suspensiones y las rebajas salariales que las empresas están aplicando actualmente a sus trabajadores y trabajadoras. Lo hacen mientras reciben subsidios millonarios por parte del gobierno. Estoy hablando de grandes empresas, como Techint y el Grupo Clarín. Hasta les han otorgado subsidios a los CEOs. Sin embargo, a las empresas recuperadas, las cooperativas, no les dan nada. Esto significa una gran discriminación en perjuicio de esos trabajadores y trabajadoras que llevan años poniendo en pie esas empresas que fueron recuperadas.
También quiero decir que cuando hablo de la hipocresía de Cambiemos no me estoy refiriendo solamente a lo ocurrido en el gobierno anterior. Por el contrario, hace pocas semanas el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pidió el otorgamiento de superpoderes. Obviamente, ningún legislador de Cambiemos votó en contra de eso, sino que todos lo hicieron a favor del otorgamiento de superpoderes al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, rechazamos esa iniciativa. Y, ¡oh, casualidad!, el peronismo también lo hizo.
De manera tal que cuando son oficialismo están a favor del otorgamiento de superpoderes y del dictado de decretos de necesidad y urgencia, pero cuando son oposición adoptan una postura contraria. Esa es la hipocresía de la que estoy hablando.
Como nosotros somos una fuerza coherente, venimos a plantear la derogación de este decreto de necesidad y urgencia. Además, queremos que en forma inmediata se discuta en el Congreso Nacional una agenda en favor de las grandes mayorías populares, a partir de los proyectos que hemos presentado, para que verdaderamente esta situación no afecte todavía más al pueblo trabajador, que ya venía padeciendo una situación muy difícil a raíz de las políticas aplicadas por el gobierno anterior.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Sergio Tomás Massa.
Sr. del Caño.- Entonces, aprovechando que en este momento se encuentra presente el señor presidente de esta Honorable Cámara, insisto en la necesidad de discutir, en las sesiones que en lo sucesivo se celebren, iniciativas relacionadas con las dificultades que están padeciendo los sectores populares. Me refiero, por ejemplo, al proyecto de ley por el que se establece un impuesto sobre las grandes fortunas, al que propicia la adopción de medidas para terminar con las rebajas salariales que afectan a los trabajadores y las trabajadoras de distintos sectores, a aquellas iniciativas tendientes a favorecer a las empresas recuperadas y a muchas otras que hemos presentado para ser tratadas en esta Honorable Cámara y respecto de las cuales –insisto- los bloques mayoritarios se vienen negando a hacerlo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.
Sra. Del Plá.- Señor presidente: en línea con lo expresado por mi compañero del bloque del Frente de Izquierda, el señor diputado Del Caño, quiero señalar que estamos aquí presentes porque tenemos la obligación de denunciar todo el régimen político de los superpoderes y los decretazos. Esto de ninguna manera ha comenzado ahora, con el dictado del decreto 457/2020, sino que registra una enorme continuidad por parte de los gobiernos de Alberto Fernández y de Mauricio Macri, como así también de los anteriores.
Somos una fuerza política que desde la reforma constitucional de 1994 ha denunciado este régimen y su armado. Precisamente hemos criticado mucho dicha reforma y en su momento pusimos estos problemas sobre la mesa.
Por eso, retomando el concepto de la hipocresía, quiero hacer un llamado de atención señalando que aquellos que han convocado a esta sesión y hoy se rasgan las vestiduras por una reasignación de partidas del 5 por ciento, en realidad han gobernado a decretazo limpio, comprometiendo la totalidad de los recursos del país.
En ese sentido, no dudaron en otorgarle superpoderes a Horacio Rodríguez Larreta y en reasignar partidas en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias en las que gobiernan.
Entonces, como seguimos con mucho rigor la forma en que los decretos en su conjunto son tratados en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, quiero decir que cada vez que la actual oposición rechaza un DNU del oficialismo lo hace sobre la base del componente pro patronal que considera que le falta. De ninguna manera lo hace porque impugne el concepto. Por ejemplo, si el decreto referido a las tarifas hubiera contemplado todos los subsidios mayores que reclamaban para las empresas, lo hubiesen avalado sin ningún problema.
Es aquí donde vemos que hay una enorme hipocresía, porque tanto el oficialismo como la oposición defienden el mismo régimen de funcionamiento y permitieron que el Congreso Nacional no trabajara. Esto no lo digo porque tenga la expectativa de que este Parlamento sancione leyes maravillosas, sino todo lo contrario. En otras palabras, sé que cada vez que se reúnen se ponen de acuerdo para sancionar, en general, leyes contra la población.
Por eso en la sesión anterior los únicos que pusimos el grito en el cielo en relación con el tema de la suspensión de la movilidad jubilatoria y el escándalo que significa el otorgamiento de un aumento de los haberes previsionales de solamente el 6 por ciento, fuimos nosotros. El resto de los diputados no mencionó el problema. ¿Por qué? Porque comparten la orientación de dar una señal a los bonistas y a los acreedores, en el sentido de que hay capacidad de repago. No tienen ninguna diferencia respecto de este tema, ya que consideran que hay que pagar. Todos han sido parte en lo relativo a la legalización de una deuda ilegítima y al otorgamiento de los avales necesarios para que ella se incrementara.
Cuando en diciembre del año pasado se sancionó aquí la mal llamada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, fuimos nosotros los que denunciamos el carácter de esa norma.
Por otra parte, cuando en enero del corriente año nos opusimos al proyecto de ley sobre renegociación de la deuda externa, que otorgaba superpoderes al Poder Ejecutivo para efectuar negociaciones –que están finalizando en estos días- respecto de ella a espaldas de todos, el voto por la afirmativa de los diputados del bloque de Juntos por el Cambio tuvo que ver con el hecho de que esa renegociación era la legalización de la deuda ilegal que esa fuerza política contrajo cuando fue gobierno. Además, fue la forma de salvar la ropa de la totalidad de los funcionarios, que cometieron todo tipo de tropelías.
¿Por qué lo hace también el oficialismo actual, es decir, el Frente de Todos y el peronismo? Porque efectivamente también tienen que salvar su ropa en lo relativo a la legalización de la deuda anterior.
Entonces, estamos frente a una situación completamente escandalosa. Nosotros reclamamos que hay que discutir los problemas de fondo. Hay que discutir el acuerdo que se está haciendo sobre la deuda, hay que discutir el impuesto a las grandes fortunas, que unos y otros se negaron a tratar. Hay que discutir la prohibición de suspensiones y despidos y hay que discutir cómo se termina con el saqueo a los jubilados y se instaura, de una buena vez, el 82 por ciento móvil.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Ritondo, por Buenos Aires.
Sr. Ritondo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero aclarar que el único patrón que tiene este interbloque es el 41 por ciento de los votos que nos acompañaron en la última elección; es al único que le tenemos que responder con nuestro voto dentro del Parlamento y con nuestras acciones. Lo hacemos con responsabilidad.
Este bloque no votó la eliminación de la movilidad sino que se opuso, y otros bloques de la oposición acompañaron. Seguro vamos a estar acá discutiendo la movilidad, para restituirla, defendiendo lo que le corresponde a los jubilados y no vamos a andar tirando piedras en ninguna plaza; vamos a estar acá, discutiendo como la democracia lo marca. (Aplausos.)
Hoy dejaron sin quorum a la democracia. Hoy al Congreso le sacaron con una firma uno de los principales derechos y potestades que tiene que ‑como decía la diputada Oliveto Lago- es el control que este Parlamento nos da y que es defender que cada peso que se paga en impuestos en el país, que ingresa a las arcas del Estado, sepamos dónde va y en qué se gasta. Ese control que nos da la Constitución es parte del trabajo que tenemos que realizar los diputados. Hoy esta falta de equilibrio hace, sin duda, que este Congreso -y el Estado democrático- quede rengo, quede de una forma en que millones de argentinos no sepa dónde van las partidas y qué se hace con ellas.
Hemos presentado proyectos que tienen que ver con un control de este dinero. Hemos pedido, y a usted también, señor presidente ‑ya se había comprometido para junio-, que venga el jefe de Gabinete a esta Cámara. Tenemos muchas preguntas para hacer; ya hace seis meses que este gobierno asumió y en este tiempo no tenemos presupuesto, no tenemos la hoja de ruta de nuestro país.
Además de no tener presupuesto, más allá que acompañamos firmemente la renegociación de la deuda, no sabemos qué es lo que está pasando con la deuda, si realmente estamos en default o no, cuándo va a ingresar el proyecto en tal sentido o qué van a hacer con las partidas. Además, un señor que no es elegido, el jefe de Gabinete, puede disponer de lo que tendrían que votar 257 diputados.
Siento tristeza por no haber logrado quórum, no tanto por el oficialismo porque tiene su compromiso, pero aquí debería haber 138 diputados que ingresamos a esta Cámara como miembros de la oposición. (Aplausos.)
Cada uno que hizo propuestas y contó en la campaña que era la alternativa de las dos fuerzas mayoritarias que se presentaron debe dar respuesta a sus votantes. Además, que les diga por qué no está acá, por qué no está defendiendo los derechos, que son de los ciudadanos y no de los diputados, controlando el presupuesto. Entonces, a ellos les digo que construyamos el equilibrio los que nos sometimos a una votación en octubre del año pasado y que defiendan a los votantes, porque no hay nada peor que traicionar al pueblo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).-Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente: no queda mucho por decir. Se me ocurre pensar dos cosas: que el oficialismo no esté presente, como dijo recién el diputado Ritondo, es parte del juego, controla la mayoría. Pero si la oposición, cuyo único capital que tiene es no ceder sus facultades las entrega con ausencia, no queda nada, salvo extorsión de por medio, que obviamente cobra relevancia cuando se pasa a un Estado de excepción.
Quiero recordar dos renglones de algo que fue muy importante para los que inspiraron a los ausentes y que decían lo siguiente: “Yo no quiero dejar más mi vida y mi patrimonio y el del resto de los argentinos en manos de un funcionario que decida sobre estas cosas, porque ya sabemos cómo ha sido la historia. También podría decir que no colocar en manos de un funcionario los intereses que nosotros tenemos que representar y por los que tenemos que velar va a hacer también a la legitimidad de las instituciones.” Esto fue dicho por Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora en el año 2002 y debe haber inspirado muchas otras cosas, pero esta vez se ve que la desobedecen.
Aquí lo que está en discusión no es si hay una facultad del Poder Ejecutivo o no, como bien se ha señalado y no voy a reiterar todos los argumentos constitucionales sobre dictar decretos de necesidad y urgencia. Existen y hay legitimidad. Es más, nosotros hemos acompañado, teniendo mayoría del oficialismo en ambas Cámaras, sin necesidad tal vez de acudir, pero en el concepto de la emergencia que nos tomó de sorpresa, en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en 16 o 17 decretos de necesidad y urgencia vinculados a la pandemia y a la lucha contra el virus. Dos o tres nos hemos opuesto porque se han excedido, pero lo que está en discusión es una cosa ‑nosotros estamos acá sentados por eso-, el pecado de gula, el exceso, la idea de que se puede entrar de rondón en nombre de la emergencia a quedarse con la facultad de manejar la plata de todos los argentinos discrecionalmente.
¿Por qué llamamos la atención? ¿Por qué buscamos darle visibilidad en una sesión especial, en minoría aunque sea, con un número muy alto e importante, más allá que tengamos diferencia con nuestros opositores? Por una cuestión muy sencilla: retrocedimos trece años y no hacía falta. Llevaron la memoria y las decisiones trece años atrás, a 2006, cuando Cristina Fernández de Kirchner ‑que dijo lo que leí- gobernó todos los años de su gestión con todas las facultades que el Congreso le había concedido. Entonces, como habíamos recuperado en 2006 y 2007, habíamos limitado el juego de las partidas y a fin de año se llevaron las emergencias, que de pronto y de rondón vengan por esto, obviamente que nos hace poner en evidencia, prender los semáforos y preocuparnos.
¿Qué se está discutiendo hoy en el mundo entero? La incertidumbre de cómo combatir el virus, pero la otra incertidumbre que se está debatiendo en el mundo es qué pasa en los regímenes de representación cuando el Estado entra en excepción. ¿Qué estado de excepción le hemos dado nosotros, como dice el filósofo italiano Agamben? Nosotros le hemos dado la excepción del manejo de la libertad. En manos de Alberto Fernández, que representa como presidente de la Nación al Estado, le hemos dado la libertad de restricción de movimiento de los argentinos; él tiene esa facultad, pero es temporaria. La emergencia no puede confundirse con pandemia y la pandemia no puede vivir de emergencia. Porque si a la incertidumbre de que la pandemia no irá a concluir hasta que no encontremos una vacuna, si uno sigue así tendríamos que creer en la filosofía del jefe de Gabinete, que dice que va en busca de estos superpoderes porque hay que tener agilidad pues la pandemia va a permanecer, es decir, convertir al Estado en gacela y sacar la naturalidad de las funciones que tienen las instituciones.
¿Puede
coexistir la lucha contra la pandemia con las instituciones cumpliendo sus
funciones? No solo que puede, sino que debe, porque eso da más fortaleza. En un
estado de excepción, en un combate de estos, ¿qué es lo que sucede? El Estado
tiene que comprar rápido, empieza a analizar las ofertas, viene con la
carestía, tiene que licitar internacionalmente, entonces no hay controles. Si
no hay controles, todos sabemos dónde termina. Terminamos en los problemas que
tuvimos a los 40 o 50 días. Entonces, a cinco meses de gobierno, no
imaginábamos armar una escena de esta naturaleza. No quiero
imaginar cuántas sesiones más tendremos que hacer, y usted tendrá que estar allí,
en el estrado, presidiendo. Llevamos cinco. Tal vez algunos de los opositores
que no estuvieron hoy presentes, con el tiempo se convencerán de que es mejor
controlar que fagocitar, que regalar o que entregarse.
Lo mejor que le podemos hacer a la
lucha contra la pandemia es tener instituciones funcionando en plenitud. Pero
acá ‑como lo repito en todos lados‑ hay dos carriles. Estamos
nosotros hoy en la Capital, en el AMBA, botón rojo, botón verde, 400, 500. Pero
en nombre de la pandemia hay un canal libre con DNU y pasan.
La
justicia está cerrada hasta que alguien se queja y le abre la ventana para salir
o para resolver lentamente alguna causa de corrupción.
Entonces,
señor presidente, los del gobierno que no vinieron, con el tiempo tendrán que
acostumbrarse a que van a tener que venir porque no van a poder neutralizar. Digo
esto porque si hay pandemia sin límite de tiempo van a querer seguir gobernando
con excepción, y un estado de excepción se convierte en emergencia permanente,
lo que constituye un peligro para la democracia.
Eso
es lo que se está discutiendo hoy no solo en la Argentina sino en todo el mundo.
En este país la tentación por concentrar el poder tiene muchos antecedentes. No
se trata de votar DNU. Es más, en sus últimos seis años del gobierno la actual
vicepresidenta lo hozo con mayoría absoluta en el Senado, en la Cámara de Diputados
y en el Consejo de la Magistratura, y además con todas las facultades durante doce
años en nombre de la emergencia económica. No volverá a suceder. Seremos pocas
voces, pero estaremos presentes siempre.
Sr. Presidente (Massa).- Gracias,
señor diputado Negri.
En primer
lugar, quiero saludar por su cumpleaños al diputado demócrata de Mendoza, Omar De
Marchi.
Asimismo,
agradezco a todos los diputados, que hoy no tuvieron ningún problema para
conectarse y utilizar este sistema, aun aquellos que eran muy críticos.
Con
las palabras pronunciadas por los señores diputados y diputadas, se dan por
concluidas las manifestaciones en minoría.
- Es la hora 12 y 8.
[1] La convocatoria de la Honorable Cámara a sesión especial se ha
originado en un pedido formulado por varios señores diputados, en número
reglamentario, con el objeto de abocarse al tratamiento de los siguientes
asuntos: expedientes 46-JGM-2020, Mensaje N° 40/2020 de fecha 15/5/2020, que
comunica el dictado del DNU N° 457 del 10 de mayo del 2020, mediante el cual se
modifica el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio
2020. Orden del día en impresión; 1.956-D-2020, proyecto de ley por el que se
deroga el artículo 4° del decreto de necesidad y urgencia N° 457/2020, sobre
delegación de facultades al jefe de Gabinete de Ministros; 1.947-D.-2020,
proyecto de ley por el que se derogan los artículos 4°, 5° y 6° del decreto de
necesidad y urgencia N° 457/2020, sobre delegación de facultades al jefe de
Gabinete de Ministros; 1.962-D.-2020, proyecto de ley por el que se deroga el
decreto de necesidad y urgencia N° 457/2020, publicado en el Boletín Oficial el
12 de mayo de 2020; 1.931-D.-2020, proyecto de ley sobre derogación de los
artículos 4° y 6° del DNU 457/2020, sobre límites a las reestructuraciones
presupuestarias y facultad al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las
reasignaciones que impliquen una reducción de los gastos reservados y de
inteligencia, respetivamente, y 2.084-D.-2020, proyecto de ley por el que se
deroga el DNU 457/2020 por el cual se modifica el presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2020.