- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de septiembre de 2020, a la hora 15 y 15:
- 1 -
Sr. Presidente (Massa).- Con la presencia de 178 señores diputados y señoras diputadas de manera presencial y remota queda abierta la sesión especial conforme requerimiento efectuado por los diputados y diputadas en número reglamentario.
Invito al señor diputado nacional por el distrito electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Facundo Suárez Lastra, a izar la bandera en el mástil del recinto, y a los diputados y diputadas a ponerse de pie.
- Puestos de pie los señores diputados y el público presente, el señor diputado don Facundo Suárez Lastra procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
- 2 -
Sr. Presidente (Massa).- Invito a los señores y señoras legisladores y al público presente a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Orquesta Escuela Municipal de la ciudad de General San Martín, provincia de Mendoza, dirigida por Hugo Arcidiácono, por propuesta del señor diputado don Luis Petri.
- Puestos de pie, los señores diputados y el público presente entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos.)
- 3 -
Sr. Presidente (Massa).- Por Secretaría se dará lectura a la resolución dispuesta por esta Presidencia convocando a la sesión especial.
Sr. Secretario (Cergnul).- Dice así: “Buenos Aires, 22 de septiembre de 2020.
“Visto la presentación efectuada por el diputado Máximo Carlos Kirchner y otras diputadas y diputados, por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día 24 de septiembre de 2020 a las 15 horas, a fin de considerar varios expedientes y,
“Considerando los artículos 14, 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara,
“El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
“Resuelve:
“Artículo 1°.- Citar a las diputadas y a los diputados para el día 24 de septiembre de 2020 a las 15 horas, a fin de considerar los siguientes expedientes:
“1) Orden del Día N° 91. Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Modificación.
2) Orden del Día N° 94. Proyecto de ley sobre prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal.
3) Orden del Día N° 93. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú ‑República de Costa Rica‑, el 4 de marzo de 2018. Aprobación.
4) Orden del Día N° 85. Ejercicio profesional de la fonoaudiología. Establecimiento.”
El artículo 2° es de forma.
Sr. Presidente (Massa).- Quiero hacer una pequeña aclaración. En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, el tema que figura como punto 2 había quedado como punto 3, y el punto 3 como punto 2. Para que quede claro el orden es: Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Acuerdo de Escazú, el tema de las empresas offshore y el régimen de la fonoaudiología.
- 4 -
Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia informa que obra en Secretaría la renuncia presentada por el señor diputado Darío Martínez, a partir del día 28 de agosto del corriente año.
Se va a votar si se acepta la renuncia.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Queda aceptada la renuncia a partir del día 28 de agosto de 2020.
- 5 -
Sr. Presidente (Massa).- Obra en Secretaría el informe de la Junta Electoral del distrito electoral de Neuquén en el que se determina que el señor diputado electo don Guillermo Oscar Carnaghi ocupará la vacante producida por el señor diputado Darío Martínez.
Si hay asentimiento, se lo invitará a prestar juramento.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Massa).- Se invita a los señores diputados y diputadas a ponerse de pie, y a don Guillermo Oscar Carnaghi, diputado electo por el distrito electoral de Neuquén, a prestar juramento.
- Puestos de pie los señores diputados y el público presente, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, el señor diputado Carnaghi jura por la Patria, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Queda habilitado para incorporarse a su banca.
- 6 -
Sr. Presidente (Massa).- A fin de complementar la mesa directiva, corresponde proceder a la designación del prosecretario de Coordinación Operativa.
Si hay asentimiento, la Presidencia propone seguir el procedimiento adoptado en las sesiones preparatorias a efectos de dar por cumplido el artículo 190 del reglamento, entendiéndose efectuada la votación nominal mediante la propuesta y aceptación de la misma por signos.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Para hacer la propuesta, tiene la palabra el señor diputado Ritondo, por Buenos Aires.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- No se encuentra presente el diputado Ritondo.
Pido que avisen al diputado Ritondo que, para las
cosas que solicita, por lo menos esté presente.
Tiene la palabra la señora
diputada Lospennato, por Buenos Aires.
Sra. Lospennato.- Señor presidente: en nombre de nuestro
interbloque, y especialmente del bloque del PRO, queremos proponer al
exdiputado Pedro Javier Pretto, un dirigente de una larga trayectoria política
en la provincia de Córdoba. Ha sido compañero nuestro durante los últimos
cuatro años y tiene una probada trayectoria, tanto en la defensa de los intereses
de su provincia como también en el trabajo parlamentario, por lo cual estamos
seguros de que completará esa mesa directiva honrando el cargo para el que lo
estamos proponiendo.
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar la propuesta
realizada.
-
Resulta
afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- En consecuencia, queda
designado prosecretario de Coordinación Operativa de la Honorable Cámara don
Pedro Javier Pretto.
Invito al señor
prosecretario a aproximarse al estrado a prestar juramento.
-
Puestos
de pie los señores diputados y el público presente, y requerido por el
presidente el juramento de acuerdo con el artículo 44 del reglamento, jura por
Dios y la Patria desempeñar fiel y debidamente el cargo para el que ha sido
designado el señor prosecretario de Coordinación Operativa, don Pedro Javier
Pretto, y toma posesión de su cargo. (Aplausos.)
- 7 -
Sr. Presidente (Massa).- Conforme la nota remitida por
la señora ministra de Justicia, doctora Marcela Losardo, y de acuerdo con lo
dispuesto en la ley 26.364 y su modificatoria, de prevención y sanción de la
trata y explotación de personas y de protección y asistencia a las víctimas, en
su artículo 18, corresponde que la Honorable Cámara designe a un diputado
titular y a otro suplente a fin de integrar el Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas.
Tiene la palabra la señora
diputada Moreau, por Buenos Aires.
Sra. Moreau.- Señor presidente: en nombre del bloque
del Frente de Todos, quiero proponer al señor diputado Ramiro Gutiérrez, como
titular, y a la señora diputada Paula Andrea Penacca, como suplente.
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar la propuesta
formulada.
-
Resulta
afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- En consecuencia, quedan
designados el señor diputado Ramiro Gutiérrez, como titular, y la señora
diputada Paula Andrea Penacca, como suplente, en el Consejo Federal para la
Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas, de acuerdo con la solicitud de la señora ministra de
Justicia.
Se harán las comunicaciones
pertinentes.
- 8 -
I
Sr. Presidente (Massa).- De acuerdo con lo establecido
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, para rendir un homenaje
tiene la palabra el señor diputado Correa, por Buenos Aires.
Sr. Correa.- Señor presidente: como trabajador
industrial, a quien transitoriamente le toca la tarea de ser diputado de la
Nación por el Frente de Todos, quiero leer algunas líneas en homenaje a la
memoria del compañero Rucci.
Este 25 de septiembre se
conmemoran 47 años del asesinato del compañero José Ignacio Rucci, destacado
dirigente metalúrgico y secretario general de la Confederación General del
Trabajo, quien como tantos otros compañeros y compañeras, sufrió la persecución
del gobierno cívico-militar de la Fusiladora y los casi 18 años de proscripción
que pesaron sobre el peronismo desde 1955 a 1973, año en que finalmente se
recuperó la democracia en su plenitud, con el retorno de Perón y sin ningún
sector que sufriera proscripciones. Esto ocurrió hasta 1976, momento en que
comenzó la noche más oscura y criminal de la reciente historia nacional.
No pretendo plantear un
revisionismo ni generar un debate sobre el desarrollo político de la década del
70. Simplemente quiero decir que la propia dinámica que se vivió en aquellos
años, de tanta opresión a nuestro pueblo y de proscripción a la referencia
política de las mayorías populares -como lo fue y lo sigue siendo al día de hoy
el peronismo-, atravesó tristes momentos de violencia, que el propio Juan Perón
se encargó de rechazar en pos de un anhelo superior, expresado en la síntesis
“Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”.
En este 2020, donde una de
las principales batallas la damos contra la pandemia del coronavirus, que aún
no finalizó y lleva cobrada la vida de más de 13.000 compatriotas, desde el
Frente de Todos volvemos a priorizar la unidad nacional, esa misma que
pregonaron Perón y Balbín, y que siempre fue bandera del movimiento obrero
organizado.
Esto lo expresó muy bien
Rucci al momento de ser elegido secretario general de la CGT, en 1970. Entre
otras apreciaciones, dijo con claridad en su discurso que una de las grandes
responsabilidades sería la de hacer de la unidad del movimiento obrero un
símbolo y ofrecer esa unidad al país como un aporte de los trabajadores.
Al igual que Rucci y que
otros miles de argentinos y argentinas, nosotros hoy tenemos los objetivos muy
claros: la grandeza de la Nación y la felicidad de nuestro pueblo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Para el mismo homenaje tiene la
palabra el señor diputado Francisco Sánchez, por Neuquén.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: este homenaje a la
memoria de José Ignacio Rucci se vincula con un proyecto que en estos días
hemos presentado en la Cámara junto con otros señores diputados como Ritondo, Juez,
García De Luca, Grande, Cáceres y Hein.
En principio, quiero aclarar
que no soy peronista ni sindicalista, como era Rucci, pero como argentino
quiero homenajearlo. Y quiero hacerlo hoy, ya que mañana se cumplen 47 años de
su cobarde asesinato.
En efecto, Rucci fue un
gremialista, no un sindicalista ideologizado, que procuró desde el peronismo
contribuir a la obtención del bien común.
Sus asesinos, que atentaron
varias veces contra su vida antes de lograr su cometido, querían imponer una
ideología extranjerizante mediante la lucha armada.
No es un dato menor señalar
que el atentado que terminó con la vida del secretario general de la CGT se
produjo en el marco del gobierno constitucional de Lastiri y no bajo un
gobierno de facto. Señalo esto sobre todo para los cínicos que dicen haber
luchado contra la dictadura.
En ese contexto de violencia
revolucionaria, en 1973, Rucci decía algo que me permitiré leer, con el permiso
de la Presidencia: “Los que nos sentimos peronistas, los que nos sentimos
argentinos, los que estamos dispuestos a ofrecer nuestra dignidad como hombres
al servicio de la causa del pueblo, jamás delegaremos nuestro profundo
sentimiento de nacionalidad para enrolarnos en esquemas extranjerizantes”.
Expresiones como esa le
zanjaron gran cantidad de enemigos; entre ellos, del recientemente creado –para
ese momento- Ejército Montonero y las filas de la guerrilla de corte
marxista-trotskista del Ejército Revolucionario del Pueblo o ERP.
Por esos días, el líder de
Montoneros, Mario Firmenich, había afirmado que “Quienes incurran en traiciones
y desviaciones serán pasibles de las medidas punitivas que les establezca la
justicia popular”, y la herramienta de esa justicia, como ya sabemos, no era
otra cosa que el Ejército Montonero.
Durante algún tiempo se
desconoció la identidad del grupo atacante. Se pensó que podían haber sido las
FAR o Descamisados, un grupo que después perteneció a Montoneros.
Fue ni más ni menos que Montoneros la organización que, en 1975, en el número 5 de la revista Evita Montonera ‑su órgano oficial‑, bajo el título “Justicia popular” se adjudica el hecho expresando que el sindicalista fue ajusticiado.
Rucci, líder nacional y popular, fue un trabajador entre los trabajadores, un patriota convencido de cuál era el camino para lograr la felicidad de los argentinos.
Desde muy joven comprendió el valor de los grupos intermedios, del gremio ‑al que terminó conduciendo‑, en la prosecución del bien común que es, ni más ni menos, que el bien de todos los argentinos.
Queremos una historia auténtica, objetiva y verdadera. Una historia que señale nuestros errores y, sobre todo, subraye nuestras glorias. Una historia que hable de nuestros grandes hombres, de aquellos que supieron dar su vida por la Argentina, y enseñe sobre ellos. En fin, una historia que posibilite una justicia auténtica y no el derecho como un instrumento de venganza.
Por todo lo expuesto, recordamos y homenajeamos a José Ignacio Rucci, un trabajador por la concordia y la justicia de nuestro país.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Asseff, por Buenos Aires.
Sr. Asseff.- Señor presidente: rindo este homenaje a José Ignacio Rucci, santafesino de la emblemática Alcorta que entró en la galería de la memoria de los argentinos asociada a la agricultura, también tan nuestra.
Rucci fue, por encima de todo, un argentino, un trabajador, un militante, un hombre leal y austero.
Por encima de cualquier bandería, quiero referirme a las condiciones que acabo de señalar.
Porque fue argentino enfrentó a los clasistas que azuzaban la dialéctica de la división y enarboló firmemente la unión nacional. Porque fue trabajador se alineó con la cultura de la laboriosidad, esa que dignifica de verdad a los hombres y a los pueblos. Porque fue militante estuvo en las maduras y en las duras. Porque fue austero y probo, hoy lo homenajeamos todas las vertientes políticas; incluso nuestras fuerzas republicanas, a las que pertenecemos y que tienen diversos orígenes. Finalmente, porque fue leal, Rucci recibió un castigo brutal que constituye una de las páginas más oscuras de nuestra historia contemporánea.
Asesinado vilmente y en forma brutal por la violencia armada de Montoneros, su crimen continúa impune. No obstante, ello no impide que rindamos un sentido homenaje muy argentino a un gran argentino, a un gran militante, a un hombre probo, austero y leal.
Este es nuestro homenaje a José Ignacio Rucci a cuarenta y siete años de su vil asesinato.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Quetglas, por Buenos Aires.
Sr. Quetglas.- Señor presidente: como es sabido, un homenaje es una referencia histórica que cobra sentido en el presente.
El que estamos rindiendo es un homenaje muy sentido, particularmente porque el vil asesinato de José Ignacio Rucci abrió en la Argentina una etapa de sangre muy dolorosa cuyas consecuencias seguimos padeciendo hasta hoy, no solo por lo ocurrido en términos de muerte y desaparición, sino también porque esa herida que nos lastima aún significa mucho en nuestra conversación pública.
En este caso, justamente lo que está en discusión es la legitimidad o no de la violencia para hacer política. La organización que se autoatribuyó aquel atentado, aquel vil asesinato ‑Montoneros‑, días atrás apareció públicamente a través de un artículo en el que trató de hacer una especie de revisionismo de su recorrido histórico.
Esa organización, asesina confesa de José Ignacio Rucci, a cincuenta años vista no demostró gesto de arrepentimiento alguno. Por el contrario, ha reivindicado su rol histórico.
Como es sabido, la democracia argentina se funda sobre una base ética que tiene dos pilares: primero, renunciar a la violencia para imponer nuestras ideas; segundo, que hayan merecido un juicio aquellos que la ejercieron. Lamentablemente, los meandros de la historia han hecho que nuestro comportamiento sea sinuoso y no pudiésemos juzgar con la caladura intelectual y moral correspondiente lo que ocurrió.
Creo que debemos aprovechar estos homenajes, estas referencias históricas, para hacer un juramento político de base ética: nunca más la violencia puede ser esbozada para hacer política; nunca más el adversario político puede ser considerado un enemigo; nunca más nuestro lenguaje debe significar que el otro constituye la quintaesencia de los males de la patria.
El pluralismo, el diálogo, la convivencia y la defensa de los intereses ‑que, aunque diversos, pueden ser legítimos‑ deben darse en un marco legal razonable. Tenemos que construir una nueva civilización de cuidado y cultura política ajena al atropello, a la violencia y al desconocimiento de los derechos de los demás.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: como recordará, hace muy pocos años este homenaje estuvo a cargo de una compañera de nuestro bloque: la entonces diputada Claudia Rucci.
En aquel mensaje de la querida Claudia, yo entendí que lo que reivindicaba ‑y reivindicó durante tanto tiempo junto con Aníbal y Coca- no era si se trataba de tal o cual agrupación. Fue un delito de lesa humanidad, un delito del Estado contra un dirigente sindical.
Quien en aquel entonces presidía los destinos de nuestro país, el general Perón, dijo: “Me cortaron las piernas”. Vemos así cuál era el nivel de lealtad del dirigente gremial y político José Ignacio Rucci hacia quien conducía los destinos de su partido y lideraba su propia ideología.
Lamentablemente, no es usual que en esta Cámara se rindan homenajes a dirigentes sindicales; menos en los últimos tiempos. Por eso, me alegra muchísimo que ahora se lo haga, sobre todo por mucha gente que conozco y amo, y que año tras año rinde homenaje a José Ignacio Rucci. A escasas cuadras de mi casa se ha erigido un monumento en su memoria.
Como aquí se dijo, fue un dirigente sindical que hizo honor a la clase social a la que pertenecía. Si algo tuvo “el petiso” es que no fue un desclasado.
En tiempos en que tantos se desclasan, que tan fácil es el discurso y que tanto uso utilitario se hace de las vidas y de las muertes de las personas, José Ignacio Rucci es una luz que nos tiene que dejar otra mirada, una mirada próxima a los hombres de bien, a los hombres íntegros, a los hombres que lucharon, pelearon y sabían que estaban dispuestos hasta dar su vida por aquello en lo que creían.
En los tiempos de la fragilidad democrática y, fundamentalmente, de la fragilidad de la dirigencia política, gremial y empresaria, José Ignacio Rucci se erige como un faro para señalar que no solamente debemos tener en cuenta al hablar para acomodar nuestros propios discursos, sino que debemos tomarlo como un ejemplo de vida.
Como se dijo acá, santafesino, “alcortense” de los tiempos del Grito de Alcorta. Fue un dirigente sindical que, sin lugar a dudas, a muchos dirigentes sindicales, delegados y trabajadores les ha dejado una huella enorme en el corazón. Y no le quepa la menor duda que al peronismo le ha dejado una herida tremenda.
Lo de José Ignacio Rucci fue un delito de lesa humanidad, y lo que se pretende es que así se lo juzgue.
Sr. Presidente (Massa).- Corresponde ahora en el listado de homenajes, la solicitud de la diputada Aguirre por el aniversario del voto femenino, al que adhieren las diputadas Lospennato y Matzen, que también están anotadas para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra la señora diputada Aguirre, por La Rioja.
Sra. Aguirre.- Señor presidente: el 23 de septiembre de 1947 se promulgó la ley 13.010 de sufragio femenino, también conocida como ley Evita, que reconoció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres. Desde ese momento, nos fue reconocido a las mujeres el derecho a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales, y se estableció en nuestro país el sufragio universal.
Ese día histórico para la democracia argentina, Evita exclamó: “Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas”. Esto se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados por las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
Ella, que había tenido una influencia determinante en la gestación de esta ley, agregó: “El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste, esencialmente, en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional.” Con esas palabras, Evita entregaba a las generaciones venideras su legado de lucha y militancia.
Al formar el Partido Feminista Femenino, Evita nos enseñó cómo debíamos organizarnos las mujeres, y al calor de su impulso arrollador, el peronismo incluyó el tercio de mujeres entre sus cuadros de manera obligatoria. Por eso, en 1951 nuestro partido fue el primero y único en contar con dieciséis diputadas y seis senadoras nacionales entre su filas.
Hoy me honra contarles que en este momento, en la Cámara de Diputados de mi provincia, La Rioja, se está aprobando la ley de paridad de género para la representación política, ley que viene a subsanar las desigualdades de derecho.
Hemos honrado la memoria de nuestra quería Evita con este avance concreto hacia la igualdad de derechos y oportunidades. En La Rioja es realidad, gracias a la militancia incansable de todas las mujeres de distintas edades que alzaron la bandera y la defendieron desde distintos lugares. También ha sido factor fundamental la voluntad política del compañero gobernador Ricardo Quintela.
La paridad es un logro colectivo. No es el final del camino. Nos queda mucho por reconocer y recorrer, y la igualdad de género es la forma para seguir en busca de nuevas conquistas porque todavía hay muchas compañeras que son invisibilizadas, discriminadas y desvalorizadas.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos Aires.
Sra. Lospennato.- Señor presidente: quiero adherir a este que, en realidad, es un homenaje a una larga tradición de lucha que se inicia en los albores mismos de la Revolución Francesa cuando, en solitario, Olypme de Gouges ya escribía la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, una lucha por la ciudadanía, por la igualdad y, sobre todo, por el derecho a decidir; una lucha de varios siglos por el reconocimiento que merecemos las mujeres en nuestra dignidad íntegra como personas.
Los argumentos que se esgrimieron durante el debate por el voto de las mujeres acá y en el mundo incluyeron todo tipo de valoraciones: biológicas, filosóficas, educativas, religiosas. Esas valoraciones tenían dos aspectos en común. El primero es que resaltaba la incapacidad de las mujeres, expresada en una innumerable cantidad de prejuicios. El segundo, y tal vez más fuerte, tenía que ver con la reafirmación de una asignación de roles que determinaba que el lugar de la mujer estaba en la esfera privada ‑el hogar, la familia, la casa‑, pero no en los asuntos públicos.
Por eso, el derecho al voto de las mujeres fue la lucha por el reconocimiento a nuestra capacidad, a la capacidad de las mujeres de atender los asuntos públicos. Fue una lucha por tener voz, por poder expresar nuestra opinión, por defender nuestra propia agenda; por liberarnos de la tutela política de quienes creían que podían elegir por nosotras mejor que nosotras mismas.
Mi homenaje hoy es para todas aquellas mujeres, desde las sufragistas en el mundo hasta las sufragistas argentinas; para Julieta Lanteri, que buscó cualquier resquicio que le daba la ley para conquistar un derecho porque tenía conciencia de que nadie se lo iba regalar; para las mujeres sanjuaninas; para Alicia Moreau de Justo; para Elvira Rawson y, por supuesto, para Evita Perón. Una tras otra fueron sembrando un camino hacia la igualdad política, camino que muchas otras mujeres siguieron y fueron completando.
También mi homenaje es para las mujeres del cupo y para los varones y mujeres de la paridad. Y me uno a la celebración de que en La Rioja estén avanzando ‑como contó recién la diputada preopinante‑ con la ley de paridad, y ojalá que no quede una sola provincia que no tenga esta igualada derechos reconocida.
Las mujeres pasamos siglos especializándonos y multiplicando nuestros talentos en algunas áreas a las que fuimos relegadas, áreas de las que también fueron privados ‑lamentablemente‑ los varones. Por eso, nuestra experiencia no es igual. Y en esto radica la diferencia de la voz que todos tenemos que tener en la política, tanto varones como mujeres, porque es una voz diversa que aporta y enriquece la esfera pública.
Por eso, celebramos este aniversario de esta gran inclusión política del siglo XX que fue el voto femenino. Y lo vamos a seguir honrando usando nuestro voto como instrumento para luchar contra todas las desigualdades que nos quedan pero, sobre todo, para derribar cada rémora de tutela sobre nuestra plena capacidad de decidir en cualquier aspecto de nuestras vidas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Matzen, por Río Negro.
Sra. Matzen.- Señor presidente: adhiero a las palabras de las diputadas preopinantes y quiero sumar lo que se consolidó con la ley 13.010 del permiso para votar a nosotras, las mujeres, que tiene antecedentes en persistentes luchas de grupos feministas, de hombres y mujeres de partidos progresistas, como el socialismo y el radicalismo.
Quiero rendir un especial homenaje al doctor Rogelio Araya, un diputado radical de la provincia de Santa Fe, que fue el primero que presentó un proyecto buscando que las mujeres pudiéramos votar, en la escucha de aquellas luchadoras, como Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson de Dellepiane y Alfonsina Storni.
El doctor Araya escuchó a esas mujeres y fue el primero que presentó un proyecto que, lamentablemente, no tuvo tratamiento en el recinto.
Si bien la historia señala al doctor Alfredo Palacios como el primero en presentar una iniciativa de estas características, quiero rendir un especial homenaje al doctor Rogelio Araya, quien en 1919 enarboló la bandera para que las mujeres pudiéramos decidir.
Entre 1911 y 1939 se presentaron veintidós proyectos. Obviamente, esas iniciativas no fueron tratadas en el recinto, pero sí se llevó a cabo un debate interno en los partidos políticos. Por eso empezó a emerger cada vez más la lucha de las mujeres, por ejemplo, a partir de la creación del Comité Pro-Sufragio Femenino por parte de Alicia Moreau de Justo, que permitió que en 1910 se llevara
a cabo en Buenos Aires el Primer Congreso Femenino Internacional, al que asistieron mujeres de distintos países para reclamar el voto femenino.
Los antecedentes fueron muchos y la verdad es que lo que dijo la señora diputada Lospennato en relación con la figura de Julieta Lanteri es resonante, ya que fue la primera mujer de Sudamérica que pudo emitir su voto, debiendo presentar un amparo para hacerlo.
La lucha fue incansable e inclaudicable. La verdad es que en mi partido hay ejemplos sobrados de mujeres que enarbolaron la bandera para que otras, luego de un largo trayecto, llegáramos a poder elegir y, sobre todo, hacer oír nuestra voz.
Quiero destacar que la ley sancionada y promulgada en septiembre de 1947, durante el primer gobierno del general Perón, establecía en su artículo 1° lo siguiente: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”.
Más allá de las reivindicaciones partidarias que nos encanta hacer a los argentinos, alimentando muchas veces las diferencias, hay que decir que el acto de promulgación de esa ley reivindicó una lucha de muchísimo tiempo no solo en nuestro país, sino también en el resto del mundo.
Para nosotras, las mujeres, participar, elegir y decidir no son solamente palabras. Tuvimos que luchar –y aún debemos hacerlo- por nuestros derechos, y todavía tenemos que recorrer un largo camino para lograr la plenitud en materia de igualdad y de paridad, sobre todo en los espacios de decisión.
Este homenaje a aquellas sufragistas que lucharon por el voto femenino en la Argentina y en el resto del mundo tiene que dejarnos el compromiso y la responsabilidad de seguir luchando mano a mano, todas unidas y transversamente a las ideologías políticas, para que en alguna oportunidad logremos un mundo más justo y en el que las mujeres y los hombres realmente tengan la misma igualdad de oportunidades y, sobre todo, importancia en cuanto a su voz y a la posibilidad de ser escuchadas y de decidir.
Por lo expuesto, reivindico a todos aquellos hombres y mujeres, reiterando mi especial homenaje al diputado radical Rogelio Araya, quien realmente fue muy valiente cuando esta lucha parecía una ridiculez para algunos y algo insólito para otros. Fue este diputado radical por Santa Fe el que verdaderamente dio el primer paso de una lucha que llevó mucho tiempo y que finalmente nos permitió gozar de los derechos que actualmente tenemos.
Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia ruega a los señores diputados que sean respetuosos del tiempo asignado para hacer uso de la palabra, pues de lo contrario se verá obligada a cortarles el micrófono, lo que generará la consiguiente ofensa por parte de los señores legisladores.
Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires, quien con su intervención cerrará los homenajes relacionados con el voto femenino. Al respecto, la Presidencia consulta a la señora diputada si solicitará el uso de la palabra para referirse a todos los homenajes.
Sra. Camaño.- Señor presidente: si me permite la expresión, quiero decir que hoy estoy “homenajera”. Realmente esta discusión acerca de si ha sido Evita u otras mujeres las que lograron el voto femenino amerita que solicite el uso de la palabra.
Lo cierto es que fueron y somos todas y todos, como se dice ahora. Sin duda hubo enormes mujeres que participaron en esta lucha, algunas de las cuales tuvieron finales trágicos. ¿Cómo no voy a recordar a Julieta Lanteri, quien presentó un recurso y los jueces le dijeron que no podía votar porque no tenía libreta de enrolamiento? Los enrolados eran los varones, quienes de esa forma se incorporaban al ejército. Por esa razón, Julieta Lanteri no podía votar. No obstante, ella, empecinadamente, logró lo que quiso y murió trágicamente.
Pero permítaseme recordar a Evita, porque la verdad es que fue una mujer que no ocupó ningún cargo político pero que indudablemente tuvo una enorme influencia en nuestro país durante los escasos siete años en los que participó en la vida pública argentina. Este es un dato de la realidad reconocido por todos. Fue esa mujer perseverante la que sentada en el Salón Rosa apuró a los hombres -los discursos que se pronunciaron ese día por parte de algunos honorables diputados y senadores fueron algo digno de ver y de no creer-, exhibiendo su garra y empuje.
A nosotras, las mujeres, todo nos cuesta mucho siempre. La verdad es que obtuvimos un cupo porque en una sesión nos levantamos y dejamos sin número para votar a nuestros colegas varones, en oportunidad del tratamiento de un proyecto de ley de presupuesto.
Posteriormente, como se recordará, logramos la paridad porque una noche, en forma arrebatada, una diputada planteó el tema, otra lo gritó y otras se fueron. Pero lo cierto es que de esa forma logramos la paridad.
Reitero que todas las cosas siempre nos costaron mucho. Por eso son importantes las mujeres que en esos momentos están presentes y levantan su voz.
Sin dudas la voz de Evita aquella noche fue absolutamente importante y necesaria para lograr la sanción y promulgación de esa ley. Esto no fue lo único que hizo Evita, ya que en los anales históricos también hay algunas cuestiones que no se visualizan. Pero en realidad fue la autora intelectual de muchas leyes vinculadas con los sectores más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad. En ese momento las mujeres éramos vulnerables y estábamos desprotegidas. Asimismo, no éramos consideradas ciudadanas, sino simplemente personas. Y como no nos enrolábamos, no votábamos.
De manera tal que este es un homenaje a todas las mujeres luchadoras de antes, de ahora y de siempre. También es un homenaje a Eva Perón, con cuyo concurso y voluntad inquebrantable pudimos tener este y muchos otros legados legislativos históricos.
III
Sr. Presidente (Massa).- Para rendir homenaje al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.
Sra. Del Plá.- Señor presidente: justamente ayer, 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Por eso quiero rendir homenaje a las madres y los familiares de todas las víctimas de trata de personas y a quienes se organizan y luchan contra este flagelo, que actualmente afecta a cuarenta millones de personas por año.
Obviamente, esto involucra una enorme red internacional destinada al tráfico de personas, cuyo objetivo principal es la explotación sexual de mujeres, de niñas y de niños, como así también la explotación laboral en condiciones de servidumbre en muchos países y en relación con una gran cantidad de actividades.
Lo que importa balancear es el completo fracaso de las políticas y herramientas jurídicas que los estados vienen desarrollando contra este tráfico. Esto no se puede obviar porque resulta claro que la corrupción y la participación policial y de las fuerzas de seguridad, como así también la impunidad judicial y política, son parte de esa protección que se brinda al secuestro y cooptación de mujeres, de niñas y de niños con estos oprobiosos fines.
Aquí precisamente debemos ver –y esta no es una frase hecha- que la trata de personas es uno de los negocios que mayores ganancias obtiene a nivel internacional, superando incluso al narcotráfico y al tráfico de armas.
Esta es la magnitud del problema que estamos enfrentando.
Justamente ese tráfico, ese negocio, genera movimiento de capitales a nivel internacional y luego un día distintos sectores dicen: “es hora de blanquear” y entonces aparecen los blanqueos; todo gobierno tiene algo que ver y se blanquea el dinero proveniente, por ejemplo, de la trata de personas.
Quiero ser muy clara expresando dos ideas. La primera de ellas es que acá, en el marco de esta crisis internacional agudizada incluso por el COVID-19 y la pandemia, donde se calcula que 1.500.000 personas van a quedar sin empleo, efectivamente hay un caldo de cultivo muy profundo para la trata de personas. Por lo tanto, urge redoblar los esfuerzos para combatirla.
En este sentido, en el país tenemos una ley que se aprobó en 2008, pero que justamente fue muy cuestionada. Se aprobó en su momento con el impulso de Cristina Kirchner y de Aníbal Fernández. Fue muy cuestionada porque planteaba el hecho de que aquella persona víctima de trata, mayor de 18 años, debía demostrar que no había dado su consentimiento. Por lo tanto, esta ley tuvo que ser modificada en 2012, luego del oprobioso fallo de impunidad en el caso de Marita Verón.
Por eso, importa tener claro que la lucha contra este flagelo implica no solamente desmantelar las redes de trata, sino saber qué ha pasado una vez que se rescata a las personas. Por ejemplo, se informa que entre 2016 y 2018 se rescataron 2.797 personas en el país, pero lo que no se dice es qué ha pasado luego y si esas personas no han sido nuevamente víctimas de esas redes. Si no hay un acompañamiento y este Congreso tiene pendiente la aprobación de la norma que se ha presentado en varias oportunidades ‑incluso obtuvo sanción en alguna de las cámaras‑, sobre resarcimiento a las víctimas de trata, efectivamente no hay solución real.
Cierro diciendo lo siguiente: terminar con esta situación de comercialización y deshumanización de las personas implica una organización independiente, implica luchar contra los estados capitalistas que son la protección de este negocio.
Desde ya mi homenaje a todas las personas que, contra viento y marea, y en condiciones de enorme desigualdad, pelean para terminar con todas las formas de trata de personas.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Ramiro Gutiérrez, por Buenos Aires.
Sr. Gutiérrez (R.).- Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer a todos mis colegas que han permitido que represente a este Congreso y al Ministerio de Justicia en temas tan esenciales y vitales como la trata de personas.
Básicamente, quiero detenerme en tres concepciones muy importantes para la construcción de una política certera en materia de trata y tráfico de personas: el perfil de país, la cultura de país y, por último, las acciones de país.
El perfil de país lo marca haber sido el primer Estado que se dio cuenta de la necesidad de trazar una política legislativa ‑la Ley Palacios, de 1913-, un faro que iluminó la conciencia a nivel mundial.
Como decía la colega preopinante, ha habido una serie de modificaciones legislativas y hemos terminado en una ley que produjo esta casa, que realmente es una norma muy importante y que además protege a las víctimas, con un artículo 6° muy completo, donde realmente hemos fijado doctrina y estamos estableciendo lineamientos para toda la región.
También quiero decir que la Argentina ha sido signataria de todos los tratados de derechos humanos que nos marcan nuevamente como un país pionero, que quiere liderar la región en materia de legislación y preservación de derechos.
En cuanto a la cultura como país, nuestra primera opinión al mundo sobre la esclavitud fue en la Asamblea del Año XIII, allí se dispuso la libertad de vientres y que toda persona esclavizada extranjera que pisara el suelo argentino iba a abandonar esa condición. La Argentina es un suelo de libertad, señor presidente, nosotros nos hemos preocupado por garantizar la vida, la integridad física, la identidad del ciclo vital de una persona con su derecho a saber quién es, su identidad, la solidaridad. Estos son todos valores del pueblo y del Estado argentino que marcan una cultura.
Es muy difícil que nosotros asimilemos que pueda haber hoy personas que venden, que lucran, que explotan a otras. La totalidad del pueblo argentino, o gran parte, tiene la cultura de libertad.
Por último, las acciones de país. Nosotros tenemos recientemente anunciadas por el director del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia y Protección a las Víctimas, Gustavo Vera, las cien acciones que van a ser para el Estado argentino el camino que señala la lucha de este país y la disconformidad contra la trata de personas.
Por acciones de Gustavo Vera, del señor presidente y también del trabajo de la diputada Paula Penacca, hemos podido presentar a esta Casa de Leyes una norma que estaba faltando y que va a completar todo este ciclo de protección, que es la ley que protege contra la compraventa de niñas, niños y adolescentes. Parecía mentira, pero la República Argentina, pese a haber sido intimada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tenía una tipificación específica en su legislación penal que pudiese contribuir y tratar de penalizar y poner tras las rejas a todas las organizaciones que compran niños, niñas y adolescentes.
Esta es una página muy extensa de la historia de la humanidad, es un mercado de 32 millones de dólares y de organizaciones mafiosas. Ahora estamos llegando a esa página y les agradezco a todos ustedes por su preocupación y acción.
IV
Sr. Presidente (Massa).- Para realizar un homenaje a la batalla de Tucumán, en cumplimiento de una fecha histórica, tiene la palabra el señor diputado Yedlin, por Tucumán.
Sr. Yedlin.- Señor presidente: hoy nos reunimos en esta nueva sesión de la Cámara de Diputados en una fecha que tiene un enorme significado para las tucumanas y los tucumanos. El 24 de septiembre es una jornada histórica para mi provincia, que hoy está inclusive de feriado, y de gran valor para todo el país.
Un 24 de septiembre como hoy, pero del año 1812, el pueblo tucumano fue protagonista de una de las grandes gestas de nuestra historia, una epopeya que resultó clave en el proceso que derivó posteriormente en nuestra independencia y que fijó seguramente parte de los límites de la actual Argentina.
Un día como hoy se vivió la batalla de Tucumán en la que las tropas del Ejército del Norte, comandado por Manuel Belgrano y hombres como José María Paz y Manuel Dorrego, entre sus filas, dieron pelea ante las tropas españolas y triunfaron, cambiando el curso de nuestro destino como Nación. Luego de varias derrotas y retrocesos del Ejército del Norte estas valientes tropas llegaron a Tucumán con la idea y la orden de seguir retrocediendo hacia Córdoba, pero el pueblo tucumano dijo basta. El pueblo tucumano, liderado por hombres como Bernabé Aráoz y Gregorio Aráoz de Lamadrid, le planteó a Belgrano la necesidad de enfrentar a los españoles. El enfrentamiento se produjo y devino en uno de los grandes éxitos militares de la guerra de la independencia; fue la fuerza, el coraje y la voluntad de los tucumanos lo que permitió que Belgrano comandara a sus tropas hacia la victoria. Grande fue el orgullo y el cariño de Belgrano por el pueblo tucumano. Su fe lo llevó a nombrar a la Virgen de la Merced como generala del Ejército y a regalarle el bastón de mando, que aún hoy luce en nuestra provincia.
Por todo esto, señor presidente, hoy rendimos homenaje en esta fecha a estos valientes y decididos hombres tucumanos y a esta batalla tan importante para nuestra historia. Ojalá que sepamos encontrar en esta gesta la fuerza y la fe para unirnos todos los argentinos y sacar a nuestro país adelante.
Sr. Presidente (Massa).- Para el mismo homenaje, tiene la palabra el señor diputado Cano, por Tucumán.
Sr. Cano.- Señor presidente: deseo adherir a las palabras de mi comprovinciano, el diputado Yedlin. Solamente agregaría a lo que él planteó que se trató de un acto de desobediencia al poder central. En ese encuentro a pocos kilómetros de la Capital, en el departamento de Burruyacú, a tres kilómetros de la localidad denominada La Encrucijada, Bernabé Aráoz se encuentra con Belgrano y le pide desobedecer la orden del poder central. Belgrano venía del Norte de Jujuy, con el éxodo jujeño.
La verdad es que es un homenaje al pueblo tucumano, a los pueblos de Chuquisaca, de Jujuy, de Salta, a los hombres de Santiago del Estero, de Catamarca y zonas aledañas, que fueron parte de una de las cien batallas más importantes de la historia de la humanidad y que, sin lugar a duda, fue el preludio de nuestra anhelada independencia.
Quiero hacer una propuesta para que la considere posteriormente el cuerpo, y la podríamos presentar junto a los diputados de Tucumán. Es decir, así como existe simbólicamente el Sillón de Bernardino Rivadavia o el de Lucas Córdoba, propongo que se denomine “Manuel Belgrano” al sillón donde está sentado el presidente de esta Cámara. Estimo que sería un enorme homenaje a la batalla de Tucumán y a los pueblos del norte, que fueron partícipes fundamentales de la historia de nuestra Patria.
Sr. Presidente (Massa).- Muchas gracias, diputado. No sé cómo se trata reglamentariamente una moción formulada dentro de un homenaje, pero, en todo caso, lo agendo como tema para tratar en la próxima reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
V
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Ponce, por San Luis.
Sr. Ponce.- Señor presidente: en primer lugar, quiero adherir a todos los homenajes que
han hecho mis compañeros y compañeras diputadas en el día de la fecha.
Ahora sí, paso a rendir un sentido
homenaje a quien fuera nuestra viceintendenta de Villa Mercedes -la segunda
ciudad de la provincia de San Luis‑, Verónica Bailone, que hace muy pocos
días nos dejara físicamente. Se trataba de una joven de 37 años, mamá de
Lisandrito -un niño de tan solo 3 años-, y hermana de Matías, un prestigioso
abogado. Su mamá era Luisa, y su papá, Abel Celestino Bailone, era reconocido
boxeador, campeón argentino y sudamericano.
Ella era abogada y escribana. Se
especializó en derecho empresarial, penal y social -en niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, entre otros tantos‑. Ocupó diversos cargos en el Ejecutivo
provincial, como así también en el Senado de la Nación, y asumió el pasado 10
de diciembre ‑hace muy poco tiempo‑ como viceintendenta de la
ciudad de Villa Mercedes.
“Verito”, como le decíamos nosotros
cariñosamente, fue una mujer extraordinaria, militante del movimiento nacional
y popular y de nuestro peronismo de San Luis. “Vero” provocaba en la
sociedad una mística tan especial que inspiraba cariño y respeto en todos.
Tan honda fue su huella que el mismo
Papa Francisco llamó a la familia para darle fuerza, bendiciones y
solidaridad.
“Vero” enfrentó con coraje su enfermedad
de cáncer de pulmón y, a pesar de ello, luchó hasta su último momento.
Siguió adelante sin dejar de trabajar y nos dio fuerza y esperanza a
todos nosotros en este difícil momento que vive hoy este mundo por la pandemia.
Ella fue un ejemplo que hoy tomo como un enorme aprendizaje.
Se trataba de una mujer luchadora,
defensora de los derechos de la mujer e incansable trabajadora social, que
siempre estuvo en la barriada ayudando a los más humildes, a quienes más lo
necesitan, y en especial a las mujeres desprotegidas.
Captó la admiración de nuestro propio
gobernador. Siempre dijo: “Vero lleva su militancia como su bandera”
Para terminar, voy a utilizar alguna
frase que ella utilizaba siempre en su militancia: “En paz, con respeto y
humildad”.
Con los brazos abiertos, en el día de
la Virgen de la Merced, patrona de nuestra ciudad, desde mi pueblo de San Luis
-y, en especial, desde la ciudad de la calle angosta, Villa Mercedes‑ y
desde este Honorable recinto, “Verito”, te rendimos este especial homenaje.
VI
Sr.
Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora
diputada Ginocchio, por Catamarca.
Sra.
Ginocchio.- Señor presidente y señores
diputados que me precedieron en el uso de la palabra: tengo que adherir a las
palabras vertidas, principalmente, en relación con la ley del voto femenino, es
decir, esa intensa lucha que ha tenido en Eva Duarte de Perón una gran
impulsora. Se trata de una lucha que seguramente continúa y, por los cambios
que implica, hace a una revolución vigente del siglo XXI.
Pero hoy en este recinto quiero rendir
homenaje a la radio y al universo que en ella cabe por cuanto celebra el
centenario de la primera emisión radial de la República Argentina, que tuvo
lugar un 27 de agosto de 1920 desde el teatro Coliseo de la capital del país,
hecho en el que ‑como todos sabemos‑ participaron los “locos de la azotea”:
Susini, Mujica, Guerrico y Romero Carranza, hecho que constituyó una hazaña
para la época.
En este sentido, he presentado un
proyecto -me acompañan los diputados Lucía Corpacci y Dante López Rodríguez, de
Catamarca, y también distintos legisladores del resto del país‑ para
adherir a las celebraciones públicas y privadas que se han realizado por este
centenario.
La radio sin duda es el gran invento
que se ha desarrollado en el siglo XX y que se mantiene hasta nuestros días con
un gran potencial y nuevos desafíos.
Desde sus inicios forma parte de una
memoria colectiva histórica de los argentinos y argentinas y nos transporta
seguramente a otros tiempos. Nos emociona pensar en esos programas en vivo, en la
música, en el teatro, en esa verdadera extensión de los escenarios al micrófono
y en las publicidades.
Todo esto nos transporta a las décadas
de crecimiento, a aquel 1920 donde se establecía por primera vez en el país esa
conexión a través del éter que, sin duda, significó una manifestación de
modernidad que rápidamente se convirtió en popular.
Formaron parte de ella una legión de
entusiastas que iban quedándose atrapados por la magia y que año tras año iban
sumando audiencia, profesionales, emisoras públicas del Estado y privadas a lo
largo y ancho del país, convirtiéndose claramente en un instrumento de
desarrollo sociocultural, de diversidad y de inclusión con capacidad en los más
remotos lugares y comunidades del país a lo largo de estos años en los que ha
ido afrontando cambios.
Hago mías las palabras de la ONU, ya
que considera a la radio como un medio de comunicación único que sirve para
celebrar la diversidad humana, y que constituye una plataforma para el discurso
democrático y el desarrollo inclusivo.
Se conecta como puente con los
objetivos de desarrollo sostenible de los que tanto hoy hablamos -se está
cumpliendo un quinto aniversario de su adopción‑ en cuanto a los
objetivos y metas que están presentes en este plan de acción que busca alcanzar
a esas sociedades más equitativas, inclusiva y sostenibles que tanto
necesitamos, máxime frente a las circunstancias de la pandemia que transitamos.
Vienen a mi mente muchos nombres de personas
que le dieron vida y pusieron su fuerza de trabajo y creatividad frente al
micrófono y también fuera de ellos.
La presencia de la mujer en la radio argentina
es muy importante, y hay que decirlo, porque sus nombres están impresos en la
construcción de esa historia y merecen ser visibles.
Como nieta de un inmigrante italiano -Emilio
Giovanni Batista Ginocchio‑ que ha formado parte de esa legión de
entusiastas, es para mí un honor rendir homenaje a la radio y a tantas personas
que han formado parte de ella.
Susini dijo alguna vez que ellos
estaban empeñados en desarrollar una fuente de cultura y de cordialidad para
que la paz lleve a mejores caminos. Esto que todavía queda aún en el éter
tiene gran actualidad por cuanto el diálogo, la solidaridad y la cooperación es
esencial para lograr una Argentina unida.
Podría agregarse muchísimo, pero el
tiempo del que dispongo no lo permite. No quiero extenderme, pero finalmente
señalo que, en este centenario aniversario de la radio, desde la casa del pueblo
de la Nación, hago este justo reconocimiento a sus pioneros por el aporte a la
comunidad argentina y al universo del que forma parte la radio argentina, que
tiene el gran desafío de unir y de fomentar el diálogo positivo, la diversidad y
la inclusión con una perspectiva de género.
VII
Sr. Presidente (Massa).- Para rendir homenaje a los bomberos que están en este momento en distintos puntos del país realizando acciones de combate contra los focos de incendio, tiene la palabra la señora diputada El Sukaria, de Córdoba.
Aclaro que también la Presidencia recibió adhesiones al homenaje.
Sra. El Sukaría.- Señor presidente: pensé que iba a recordar que mi apellido es Sukaría, pero no importa, ya le va a salir.
Sr. Presidente (Massa).- Ya lo voy a aprender, diputada. Quédese tranquila.
Sra. El Sukaría.- Gracias, señor presidente. El esfuerzo lo vale por el apellido.
Rendimos homenaje y reconocimiento a los bomberos voluntarios de todo el país que están luchando contra, lamentablemente, tantos focos de incendio, ayudados por el clima y la sequía que atraviesa principalmente la provincia de Córdoba. No dejamos de reconocer que, según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, hay catorce provincias argentinas que están atravesando esta situación y son muchísimos los voluntarios que están trabajando denodadamente, con compromiso y vocación, para ayudar a paralizar los avances del fuego, que está avasallando el bosque nativo y poniendo en peligro a muchos de los hogares, donde la situación es más difícil.
Además de homenajear a todos estos jóvenes y a todos estos hombres y mujeres que están dando de sí todo, solicito al gobierno nacional una ayuda equitativa para todas las personas que la necesitan y los municipios que están solventando gastos necesarios.
Quiero reconocer la tarea realizada por Diego Concha, responsable de la repartición de la provincia de Córdoba, quien está coordinando en el lugar las acciones realizadas por los cuatrocientos bomberos voluntarios y los once aviones que están tratando de mitigar los daños que el fuego está ocasionando.
Justamente, hoy en la ciudad de Villa Giardino, provincia de Córdoba, se encuentra Carlos Pérez, quien es un bombero voluntario que habitualmente se dedica a ejercer como agente de turismo, trasladando personas a la ciudad de Punilla y a nuestro departamento, que recibe a turistas de todo el país.
Sin embargo, hoy está impedido de trabajar de lo que más le gusta. Así, entiendo que como Estado deberíamos darle una solución a toda la gente del turismo que lo está necesitando. La vida de Carlos Pérez hoy corrió peligro porque estuvo en medio del fuego con otros cuatro bomberos; ellos salvaron sus vidas de milagro.
Consecuentemente, en reconocimiento a Carlos Pérez y a Agustina Pavón, que una joven de 20 años que también decidió hacer esta cruzada junto con muchos jóvenes voluntarios de toda la provincia y seguramente de todo el país, no podemos dejar de hacer entender que el ambiente debe ser cuidado, que la protección es necesaria y que la ayuda debe llegar a todos por igual.
Sr.
Presidente (Massa).- Tiene la palabra
el señor diputado Negri, por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente: adhiero y acompaño las manifestaciones de la diputada que me precedió en el uso de la palabra.
Además, quiero visualizar el problema de las catorce provincias porque los tiempos de pandemia son tiempos de coraje. El reconocimiento a los bomberos va junto con el que se viene haciendo desde hace varios meses a los médicos, las enfermeras y los trabajadores de la salud que de modo incansable luchan cuerpo a cuerpo, arriesgando sus vidas adentro de un hospital, asistiendo a los enfermos.
Desde 2013 no hay un incendio similar en Córdoba. Tenemos prácticamente 65.000 hectáreas perdidas porque están bajo el fuego. Además de la situación que acarreará la economía en esta zona turística, el fuego se ensañó con los valles turísticos, esencialmente con las laderas de las montañas, como bien referenció la señora diputada El Sukaría.
Solicito desde la Cámara, porque en realidad acá nuestra voz puede levantarse un poco más, que además del reconocimiento al esfuerzo realizado por el director de Defensa Civil, Diego Concha, y los voluntarios, se reconozca la tarea colectiva descomunal que desde años se realiza en Córdoba peleando contra el fuego. Siempre que llega el verano ocurre lo mismo, aunque nunca con estas características.
Pido, por favor, al gobierno nacional –aunque a lo mejor ya lo está haciendo‑ que no solamente tenga presente a las catorce provincias, sino que también establezca un orden de prioridades en la asistencia de Defensa Civil, porque es absolutamente inalcanzable el esfuerzo que se viene haciendo a raíz de la pandemia y la situación económica. Tenemos que considerar los graves daños de estos incendios sobre el turismo porque hoy tenemos 65.000 hectáreas bajo fuego y, debido a las temperaturas, pueden a extenderse en 10.000 o 15.000 hectáreas más.
Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia informa que como el temario de hoy comprende el tratamiento del Acuerdo de Escazú, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el director de Defensa Civil y el jefe del Plan Nacional de Manejo del Fuego están en la provincia de Córdoba con el gobierno de la provincia.
Tiene la palabra el señor diputado Carlos Gutiérrez, por Córdoba.
Sr. Gutiérrez (C.M.).- Señor presidente: nunca más oportuno este homenaje.
Como señalaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, en la historia de Córdoba no ha habido registro ‑al menos que se tenga alguno‑ de condiciones meteorológicas tan propicias para favorecer los incendios. En este momento hace exactamente 32 grados en los lugares donde están transcurriendo los incendios que producen los efectos catastróficos que aquí se han mencionado.
Para que tengan idea quienes no viven en estas zonas ‑como decía el diputado Negri‑, todos los años lidiamos con esta realidad e integramos el ranking mundial de regiones donde permanentemente hay incendios, como sucede en California, en Australia, en Galicia y en Cataluña. Específicamente, hace pocas semanas Galicia sufrió eventos sumamente importantes y desastrosos en este sentido.
En Córdoba, solamente Pampa de Olaen tiene una extensión de 32 kilómetros sufriendo incendios ininterrumpidos. A ello se suma Carlos Paz, Santa María de Punilla, Las Jarillas y tantos otros. Córdoba tiene doscientos cuarteles de bomberos, y cinco mil bomberos y bomberas. Hay muchas bomberas y en buena hora que una vez más en esta sesión se haya rendido homenaje al rol de la mujer.
Aclaro que de los cinco mil bomberos voluntarios que hay en mi provincia, muchas son mujeres. Ese personal no solamente tiene una vocación que se manifiesta ‑que algunos la vemos por televisión, por suerte, a muchos kilómetros de distancia de donde ocurren los hechos‑, sino que también tiene una formación de vanguardia ya que muchos lo hicieron en el exterior y ahora enseñan a otros gracias a la experiencia que adquieren año tras año.
En este momento hay alrededor de cuatrocientos bomberos luchando contra el fuego. Además de reconocer lo mencionado por el presidente acerca de que el ministro Cabandié está trabajando en Córdoba con las máximas autoridades de la provincia y, fundamentalmente, con el comando estratégico enclavado en la zona más caliente de los frentes de incendio, la Nación nos ha provisto de seis aviones hidrantes, que se han sumado a los cuatro que ya tiene la provincia y a los dos helicópteros debidamente provistos en todo lo que significa la tecnología hidrante.
Me parece bien que no hablemos ni pensemos solo en Córdoba, sino de que este flagelo que hoy nos está aquejando, lamentablemente, en muchas provincias.
Sr. Presidente (Massa).- Por favor, vaya redondeando, señor diputado.
Sr. Gutiérrez.- Para terminar, la actitud es un ejemplo a seguir sobre cómo debemos encarar los grandes temas los argentinos y, en este caso, como lo estamos haciendo los cordobeses.
En la lucha contra el fuego no hay diferencias ideológicas ni políticas. El trabajo en conjunto de esos bomberos que destacaba con antelación junto a los intendentes, al gobernador, al vicegobernador a la cabeza y a los vecinos que con baldes en la mano y un voluntarismo a toda prueba combaten el fuego, muestra realmente la actitud que un pueblo debe tener cuando quiere y debe enfrentar con éxito un flagelo.
Por eso hoy rindo mi más sentido homenaje a los bomberos frente al contexto que estamos viviendo.
VIII
Sr. Presidente (Massa).- A fin de rendir el último homenaje, tiene la palabra el señor diputado Carro, por Córdoba.
Sr. Carro.- Señor presidente: al comienzo de los homenajes se recordó la figura de Ignacio Rucci. Así como la historia argentina es una moneda de dos caras también lo es la historia del sindicalismo que, si en una cara tiene a Ignacio Rucci, de la otra está otro dirigente sindical peronista, que fue “El Negro” Atilio López.
Atilio López fue asesinado en 1974, hace 46 años, por la Triple A. El perito forense contabilizó más de 130 balazos en su informe. El compañero Atilio López fue uno de los héroes y mártires del movimiento obrero.
En 1956 y con 27 años fue elegido secretario general de la UTA; al año siguiente, en 1957 y con 28 años, fue elegido secretario general de la CGT Regional Córdoba, la primer CGT que se normalizó en tiempos de la dictadura. Fue uno de los impulsores de los documentos claves de la historia del movimiento obrero, como los documentos de La Falda y de Huerta Grande.
Junto a Elpidio Torres y Agustín Tosco fue uno de los artífices del Cordobazo, que dio inicio al final de la dictadura de Onganía. En 1973 estuvo en la fórmula junto al compañero Obregón Cano y fue elegido vicegobernador de la provincia. Al año siguiente el jefe de la policía, Antonio Navarro, en un hecho conocido como el “Navarrazo”, dio un golpe de Estado en la provincia y destituyó a Atilio López junto con Obregón Cano.
Atilio López viajó a Buenos Aires para reclamar por su lugar institucional y allí fue asesinado con más de 130 balazos a manos de la Triple A de López Rega, como bien recordamos.
Quería hacer mención a esto porque me parece que la historia del movimiento obrero es muy rica y en el interior profundo del país tenemos héroes y mártires que han dado su vida.
Atilio López viene de una familia muy humilde, pobre y no logró terminar la primaria. Atilio López vivió pobre y murió pobre. El primer nombre de Atilio López era Hipólito, porque su padre recordaba a Yrigoyen y quería homenajearlo, pero su hijo le salió peronista.
Atilio López: un gran compañero, uno de nuestros máximos líderes de la resistencia peronista y de los derechos de los trabajadores. Por eso hoy quiero dejar planteado este sentido homenaje. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- En las palabras vertidas por los señores diputados, quedan rendidos los homenajes de la Honorable Cámara.
- 5 -
Sr. Presidente (Massa).- Para
una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Moreau, por
Buenos Aires.
Sr.
Moreau.- Señor presidente: trataré de contribuir a la brevedad
utilizando un gambito que hacen los periodistas en las conferencias de prensa,
porque en una cuestión de privilegio voy a plantear dos.
En
primer lugar, hace pocas horas atrás nada más y nada menos que en el ámbito de
la Asamblea General de las Naciones Unidas una señora que se encaramó al poder
en la República de Bolivia a través de un hecho de fuerza, concretamente lo que
caracterizamos nosotros como un golpe de Estado, agravió no solo al gobierno
argentino, sino a la tradición de nuestro pueblo vinculada al instituto del
asilo.
Las
expresiones sonaban como una desfachatez porque provenían de alguien que
provocó en Bolivia una situación de persecución inédita en el continente
americano. Hubo muertos, asilados, persecuciones y desaparecidos que en pocas
horas llenaron las páginas de todos los diarios del continente y del mundo.
Todos se vieron asombrados por este manotazo de las Fuerzas Armadas y de las
fuerzas policiales que junto con grupos parapoliciales, como el encabezado por
Camacho en Santa Cruz de la Sierra, dieron por tierra con la democracia en ese
país.
- - Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Legislación General, doña Cecilia Moreau.
Sr. Moreau.- Podría hacer una larga enumeración pero en función de la brevedad, simplemente quiero recordar que esto no ocurrió hace tanto tiempo. Incluso fue motivo de debate en el seno de este Congreso.
El gobierno argentino de aquel momento, que no era el nuestro, a pesar de que no tuvo la valentía de condenar el golpe de Estado, igual tuvo que afrontar las situaciones y las consecuencias que esto significó para muchos argentinos, además de los hermanos bolivianos.
Nuestro gobierno tuvo que sacar de Bolivia a periodistas argentinos que no podían llevar adelante su labor porque eran hostigados por las fuerzas golpistas que encabezaba esta señora. No quiero hacer una particularización, pero entre ellos recuerdo a Rolando Graña y a tantos otros que estuvieron allí tratando de cubrir esa información que debieron salir protegidos por la Cancillería argentina. Esto también ocurrió con otros ciudadanos argentinos.
Lo más grave es lo que ocurrió con los propios bolivianos, a los cuales, obviamente, esta mujer no representa ni habla en su nombre. Se cometieron tropelías que hacía tiempo que no se cometían, como la invasión de embajadas.
Esta señora, que no sabe que tiene por atrás una historia que revela su carácter dictatorial, ayer tuvo el tupé de condenar en la Asamblea General de las Naciones Unidas al gobierno argentino. Durante el gobierno de esa señora se violaron inmunidades diplomáticas porque dos ministros del gobierno de Evo Morales asilados en la embajada de México y con salvoconducto fueron detenidos en el Aeropuerto de la Paz cuando salían del país.
Podemos hacer relatos de toda naturaleza. Insisto, sabemos que ella no habla en nombre del pueblo boliviano, pero agravió al gobierno argentino y, sobre todo, a las fuerzas democráticas del país que, cada vez que gobernaron el país, dieron asilo a todos aquellos que eran perseguidos por regímenes autoritarios o dictaduras militares.
Podría ir al fondo de la historia de la Argentina para demostrar la importancia que siempre le dimos a este instituto en el país. Pero hablaré solo de algunos hechos de la historia más reciente. Recuerdo, por ejemplo, que el gobierno popular de 1973 le dio refugio a miles de hermanos chilenos, que venían perseguidos por la dictadura de Pinochet. O la que se dio muchos años después en el gobierno de Alfonsín a uruguayos y bolivianos que venían a asilarse perseguidos por sus dictaduras.
Tengo en mi retina la salida de Ferreira Aldunate del puerto de Buenos Aires en el Vapor de la Carrera hacia Montevideo. Apenas llegó a Uruguay y después de ser despedido aquí por una multitud de argentinos y el presidente Alfonsín, fue detenido, encarcelado y no pudo participar de las elecciones porque fue proscripto por el régimen de su país. Del mismo modo, hoy se le niega a Evo Morales y a Correa la posibilidad de participar de las elecciones en Bolivia y Ecuador, respectivamente. Con distintas caras la historia se repite.
Resulta absolutamente necesario e imprescindible que rechacemos estas expresiones que, reitero, agravian al pueblo argentino, la tradición que tenemos en esta materia y a los cientos de miles de bolivianos con quienes compartimos nuestra vida cotidiana en distintos lugares de la República y que también aportan laboriosamente a la grandeza de esta Patria. Me resulta absolutamente imprescindible que hagamos este repudio.
En ese marco, y habida cuenta de todo lo que se dijo en este último tramo de la sesión en relación con los homenajes, quiero decir otra cosa. Me parece que para que no desemboquemos en situaciones como estas, en las que una persona se atribuye, en nombre del pueblo boliviano, facultades que no tiene porque no fue elegida por nadie, sino impuesta por la fuerza, los argentinos debemos tener cuidado cuando abrimos la boca en relación con algunos temas esenciales y sensibles de la política argentina.
Hoy leí una declaración de un senador de la Nación, del senador Esteban Bullrich, en la que dijo que hubo fraude en la última elección. Además de parecerme ridículo, porque la última elección fue controlada por su propio gobierno, me parece peligroso que intentemos deslegitimar la democracia argentina.
No hubo fraude ni hay fraude; tuvimos la elección más limpia y transparente de los últimos tiempos, tal como fueron las anteriores. No dejemos que estas voces de desestabilización de la democracia nos enfrenten un día a situaciones oprobiosas como la de Bolivia. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Moreau).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 9 -
Sra. Presidenta (Moreau).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.
Sra. Del Plá.- Señora presidenta: pedí formular una cuestión de privilegio porque quiero llamar la atención sobre una serie de sucesos que se vienen desenvolviendo y que representan un agravio al conjunto de la población trabajadora, especialmente de la juventud, y a los familiares de los casos de gatillo fácil que venimos denunciando gobierno tras gobierno, especialmente en este último período, durante la cuarentena, en el que ya se han contabilizado más de 102 casos.
Uno de esos sucesos es la ratificación de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires luego del alzamiento y esa suerte de rebelión policial que reclamó, y obtuvo, un aumento en sus ingresos.
Pero, además, en este caso la negociación indudablemente implicó también la impunidad para la Policía Bonaerense, no solo en relación con los hechos de represión en los que es protagonista clara, sino también y especialmente en el caso de Facundo Astudillo Castro, cuya desaparición seguida de muerte tiene claramente el sello de responsabilidad de la Bonaerense.
Esto es muy grave porque no es un rayo en cielo sereno ni un tema que solamente se reduce a la presencia de Berni. Hemos visto a la Policía de la Ciudad atacando a las enfermeras que reclamaban por sus derechos y tenemos al jefe del Ejército recorriendo las unidades militares, reivindicando a sus muertos, luego de haber tenido que borrar el tuit en el que reivindicaban el mal llamado Operativo Independencia; revindicaban una acción brutal contra la población civil en la provincia de Tucumán.
En este sentido, tampoco es un rayo en cielo sereno el hecho de que ayer, en el juicio que se está siguiendo por los crímenes de lesa humanidad en el caso conocido como Brigada de San justo, el abogado defensor de los genocidas haya amenazado a las querellas con un acto claramente intimidatorio.
Todo esto tiene una relación: la de los que preparan las fuerzas de seguridad, si falla todo el resto del operativo de contención frente a los reclamos populares.
Esto es importante porque estamos en el marco de una devaluación en curso, estamos en el marco de una inflación que se sigue desenvolviendo, y de paritarias suspendidas o con oferta cero para la mayoría de las trabajadoras y trabajadores. Estamos en el marco de un proyecto de presupuesto en el que, por supuesto, se toman indicadores que no tienen nada que ver con la realidad. Y a la pregunta sobre qué va a pasar con los salarios, la respuesta es “bueno, veremos”.
El problema es que, a la desvalorización de los salarios, la suspensión de las paritarias o el freno a las resoluciones y negociaciones paritarias, como acaba de ocurrir con los universitarios nacionales o con la oferta cero en la provincia de Buenos Aires, acompaña también la situación cada vez más gravosa de los jubilados y de los desocupados.
Para cerrar esta cuestión de privilegio quiero plantear que más que nunca reclamamos juicio y castigo a todos los responsables de la represión y de los agravios contra el pueblo, y defendemos la organización y la intervención independiente de las y los trabajadores para defender cada uno de nuestros derechos.
Sra. Presidenta (Moreau).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 10 -
Sra. Presidenta (Moreau).- Tiene la palabra el señor diputado Wolff, por Buenos Aires.
Sr. Wolff.- Señora presidenta: hace unos minutos acaba de ocurrir un hecho trascendente para nuestro país y, sobre todo, para nuestro espacio. Por esta razón me tomo el atrevimiento, en nombre de nuestro interbloque, de resaltar que hace unos minutos la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas contra los exfuncionarios y empresarios condenados por la tragedia de Once.
Habida cuenta de que una compañera nuestra es familiar de una víctima de la tragedia de Once y que, junto a tantos familiares que representan tanto orgullo para nosotros, sufrió este flagelo que vivió la Argentina, es intención de nuestro bloque manifestar nuestro beneplácito, porque se ha hecho justicia, y brindar un afectuoso aplauso y reconocimiento. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Moreau).- Tenía entendido que haría uso de la palabra para formular una cuestión de privilegio, señor diputado.
- 11 -
Sra. Presidenta (Moreau).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr. del Caño.- Señora presidenta: quiero plantear una cuestión de privilegio porque es muy grave la situación por la que están atravesando muchas familias en nuestro país, que se ven obligadas a reclamar su derecho a la vivienda.
Frente a lo que todos conocemos que está sucediendo en Guernica y en otras localidades del conurbano y diversas provincias del país, no solamente en la provincia de Buenos Aires, es muy grave que en una de las reuniones de Labor Parlamentaria se haya desechado mi propuesta de que la Cámara rechace la posibilidad de desalojo. En esa ocasión me dijeron que no hacía falta.
¿No hace falta un pronunciamiento político claro? Si bien se pospuso el desalojo ordenado para esta semana, sigue en marcha el desalojo de las 3.000 familias que en Guernica se encuentran reclamando su derecho a la vivienda.
Digo esto porque no solamente los bloques mayoritarios se negaron al rechazo del desalojo y la represión, sino que también en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de la oposición de la banca del Frente de Izquierda, hoy ocupada por nuestro compañero Claudio Dellecarbonara ‑que además de diputado es miembro del sindicato de trabajadores del subte, histórico delegado de la Línea B‑, el resto de los bloques plantearon excluir de la prohibición de desalojo las actuales ocupaciones de tierras en reclamo de vivienda.
Escuchamos que desde la oposición de Cambiemos, y desde el oficialismo también, con Sergio Berni, el propio presidente esta Cámara, el gobernador Axel Kiciloff y el propio presidente Alberto Fernández, se plantea la ilegalidad de quienes están allí reclamando su derecho a la vivienda. Fíjense qué hipocresía: el 50 por ciento de los barrios privados y countries de la provincia de Buenos Aires iniciaron las construcciones en los terrenos sin tener la habilitación legal. Nadie dijo nada ni nadie se quejó de la ilegalidad cuando avanzaban los especuladores inmobiliarios en la construcción de los barrios privados.
¿Para eso gobiernan, para desarrollar las ganancias y negocios de los
especuladores y no garantizar el derecho a la vivienda? Por eso, gobierno tras
gobierno, se ha negado el derecho de acceso a la vivienda a millones de
familias en la Argentina. El déficit habitacional es de 3.500.000 de viviendas,
si contamos aquellas que son deficientes y necesitan una refacción y aquellas
que directamente faltan, que son aproximadamente 1.300.000 en todo el país.
Entonces, señor presidente, me
parece muy grave que acá no se plantee una condena contundente y que los
bloques mayoritarios de esta Cámara se hayan negado. ¿Cuál es el mensaje que se
está dando? Se está habilitando a los Berni a que azucen permanentemente, con
autoritarismo y represión, a los más humildes. Berni siempre saca chapa de
haber desalojado 2.500 piquetes y barrios populares, inclusive con topadoras; y
lo dice orgulloso. Ese es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos
Aires del Frente de Todos. Por eso se niegan a votar un rechazo.
Quiero decir también que
nosotros estuvimos con esas valientes mujeres en la movilización que se hizo la
semana pasada en el Obelisco. Estuvimos esta semana con las organizaciones de
desocupados movilizándonos junto con esas familias que nos venían a plantear
todos sus padecimientos, ya que están pasando frío y hambre. Lo mismo ocurre en
muchos otros distritos. Inclusive, vimos la represión que hubo con balas de
plomo de la Policía Bonaerense. Y de eso no se habla, no se dice nada.
Prefieren acusar permanentemente por ilegalidad a esas familias.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Álvaro Gustavo González.
Sr. del Caño.- Tampoco dijeron nada de que,
según la información de una ONG muy conocida y dedicada al tema de la evasión y
la elusión de impuestos, las empresas multinacionales en la Argentina eludieron
impuestos por más de 21.000 millones de dólares en el año 2016. Esto significa
el equivalente a urbanizar todos los barrios populares de la Argentina.
Quería dejar planteado en
esta moción de privilegio que vamos a estar allí, acompañando a las familias
hasta las últimas consecuencias, con el objetivo de que se expropien esos
terrenos, se declaren de utilidad pública y se garantice el derecho a la
vivienda. Por supuesto que eso no va a poder hacerse con la orientación social
que plantea el gobierno.
El otro día en la reunión de
Presupuesto y Hacienda, Guzmán nos dijo que se van a construir 30.000 viviendas.
¿Y lo que se va a pagar de deuda? Equivale a construir 160.000 viviendas.
Imaginemos 30.000 viviendas por año, cuando el déficit habitacional, solo de
las viviendas que hay que construir, es de 1.300.000.
Consideramos que es
necesario cambiar el rumbo. Las trabajadoras y los trabajadores, los más
humildes, son los que hoy están reclamando y haciendo valer sus derechos
mediante la acción directa. Son los que tienen que gestionar el país para salir
de la ruina en la que nos han metido los gobiernos capitalistas. Estos
gobiernos, en cambio, son los que, frente a esta pandemia, siguen actuando para
defender los intereses de los capitalistas y de los sectores concentrados.
Sr. Presidente (González).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 12 -
Sr.
Presidente (González).- Para una cuestión de
privilegio, tiene la palabra la señora diputada Siley, por Buenos Aires.
Sra. Siley.- Señor presidente: solicité esta cuestión de privilegio para dar, en primer
lugar, una breve explicación de una situación que se intenta confundir,
principalmente a través de varios medios de comunicación.
Se trata de una cuestión de
privilegio contra los tres jueces federales Bruglia, Bertuzzi y Castelli. ¿Por
qué? Porque en el entendimiento de que no han acudido a la audiencia pública
del Senado de la Nación, han agraviado no solamente al Congreso, sino el
procedimiento constitucional claramente establecido en el segundo párrafo del
artículo 99, inciso 4), segundo párrafo, de la Constitución.
Esto no lo digo solamente yo. Lo
pueden googlear. Pueden buscar el texto de la Constitución y leer el artículo.
Pero sobre todo lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que ha dejado en
claro cuál es el procedimiento adecuado para que un magistrado de la Nación sea
correctamente designado. Ese procedimiento adecuado es un acto federal complejo
que involucra a los tres poderes del Estado a través de tres órganos distintos:
el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación.
¿Por qué el Senado de la Nación?
¿Por qué una audiencia pública en el Senado de la Nación? Como ustedes saben,
los jueces y las juezas son funcionarios públicos de alto rango del Estado, en
este caso del Poder Judicial. Pero son los únicos funcionarios públicos de alto
rango que no son electos de manera directa, ya que la Constitución establece
que dicha función se ejerce a partir del involucramiento de tres poderes del Estado.
Por eso es un acto complejo. Precisamente, ese es el mecanismo de designación.
¿Por qué? Porque se trata de un mecanismo de designación distinto al voto
directo. Por ese motivo, resulta gravoso y nos agravia a nosotros el hecho de
que esos tres magistrados no hayan concurrido, ya que no han cumplido con dar
el paso en el que participa el pueblo, que es la audiencia pública del Senado.
Este tema se comenzó a discutir en marzo en el Consejo de la Magistratura. Se hizo un análisis importante de todos los traslados que se habían realizado a la largo de la historia del Consejo de la Magistratura y se llegó a la conclusión de que había diez traslados mal realizados.
Se notificó de esto al presidente de la Nación, diciendo: “Supla la omisión que ha habido con estos diez jueces que no han pasado por la audiencia pública del Senado”. Luego se instó a presenciar la audiencia pública del Senado a esos diez jueces. Siete concurrieron, dieron explicaciones, se dieron a conocer a la gente y se sometieron a la interpelación de los senadores y senadoras. Les conocimos la cara, por lo menos. Se les pudo hacer preguntas. Ahora sabemos cómo piensan y qué idea tienen del Estado de derecho. Sin embargo, hay tres jueces que no fueron. Tres jueces que conocen y deben aplicar la Constitución, pero la incumplieron, ya que no acudieron al mismo acto por el cual se los designaba, es decir, el acto que le daba origen al ejercicio de su función.
Dicho esto, el Senado rechazó que esos jueces ocuparan los lugares adonde habían sido trasladados en 2018 a dedo, por decreto, sin pasar por el Senado. Los tres jueces debieron volver a sus tribunales de origen. Hoy siguen siendo jueces. No dejaron de ser jueces. Pero actúan en donde fueron designados correctamente.
¿Qué sucedió después? Vino la ratificación de la Cámara Federal y de la Cámara de Apelaciones, donde esos jueces estaban trasladados indebidamente. Así y todo, nos pasamos escuchando, desde esa audiencia pública hasta ahora, que la república, que se cargan a tres jueces, que estamos violando la Constitución, mientras que lo que está pasando es todo lo contrario: se está cumpliendo con la Constitución.
Salvo que pretendamos que el actual presidente de la Nación continúe con la práctica de designar jueces a dedo, por decreto. Yo creo que eso no lo debe querer nadie: ningún miembro de esta casa, ningún miembro del Congreso de la Nación y ningún ciudadano argentino. Para eso se ha establecido el acto complejo de la Constitución. Por eso, además, a la República no se la puede enarbolar en las palabras y después pisotearla en los hechos.
Nosotros creemos en la igualdad: en la igualdad de oportunidades, en la igualdad social y también en la igualdad ante la ley, que es necesaria para que el Estado democrático y el Estado de derecho estén plenamente vigentes y vivos en nuestro país. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 13 -
Sr. Presidente (González).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alderete, por Buenos Aires.
Sr. López.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (González).- Después del señor diputado Alderete, le otorgaré la palabra, señor diputado López.
Sra. Moreau.- Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la
palabra la señora diputada Cecilia Moreau, por Buenos Aires.
Sra. Moreau.- Señor presidente: no estaba acordado en la reunión de
Labor Parlamentaria. Si bien todos los
diputados tenemos derecho a hacer uso de la palabra para las cuestiones de privilegio,
me parece importante que respetemos lo que se acuerda en las reuniones de la
Comisión de Labor Parlamentaria para que no se abra indefinidamente la lista de
oradores.
Sr. Presidente (González).- Voy a tener en cuenta su
opinión, señora diputada. Me parece que escucharnos dos o tres minutos más no
va a cambiar absolutamente nada en la sesión.
Tiene la palabra el señor
diputado Juan Carlos Alderete, por Buenos Aires.
Sr. Alderete.- Señor presidente: quiero agradecer
profundamente a todos mis compañeros y compañeras del bloque del Frente de
Todos y a todos mis compañeros y compañeras diputados y diputadas; quiero
agradecer el acompañamiento que tuve en una organización de fuerzas políticas,
sociales, católicas, evangelistas, en los peores momentos cuando me agarró el COVID.
Ellos me dieron la fuerza para combatir esta enfermedad y no entregarme porque
quiero seguir luchando por mi patria, por mi país, por la educación y por el
trabajo para todas y todas.
Siento un profundo
agradecimiento por los profesionales de la salud. Ustedes ven cómo fueron
tratados los médicos, enfermeros, camilleros, que fueron discriminados y
maltratados por estar -a veces, contagiándose- en la primera línea de lucha
contra la pandemia y por reclamar por mejores condiciones de trabajo.
Muchísimas gracias a todo el país.
También quiero agradecer
Alejandro Rodríguez de Consenso Federal y a José Luis Ramón de Unidad y Equidad
Federal, quienes me acompañaron en los peores momentos.
También sentí una
contradicción dentro de mí porque por pertenecer al bloque del Frente de Todos,
por ser diputado nacional, tenía privilegios. La Cámara, el Congreso y el
cuerpo médico del Congreso me atendieron en forma inmediata, me hicieron el
hisopado en forma inmediata y mis compañeros y compañeras no tienen esa posibilidad.
Para eso también vamos a luchar, para que la salud sea accesible para todo el
pueblo argentino.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de
la Honorable Cámara, doctor Sergio Tomás Massa.
Sr. Alderete.- Por eso no puedo entender que algunos
sectores políticos convoquen irresponsablemente semana tras semana a marchar en
contra de las medidas sanitarias, el aislamiento social, la cuarentena y el uso
de barbijo, que fueron la mejor estrategia que pudo implementar el gobierno, todo
esto para ganar tiempo, para reforzar el sistema de salud y evitar la muerte de
miles de compatriotas.
Parece que estos sectores
políticos juegan peligrosamente a que colapse el sistema de salud y ensucian la
cancha para desestabilizar al gobierno. Vamos a defender en la calle si
desestabilizan y quieren voltear a nuestro gobierno democráticamente elegido y
que costó muchísimo conseguir. No vamos a perder lo que hemos ganado en tanta
lucha y con tanto sacrificio del pueblo argentino.
Es muy doloroso, según el
organismo de cada una de las personas, pero en mi caso sentía que me estaba
muriendo, por eso quiero agradecer públicamente lo que han hecho mis compañeras
y compañeros diputados y diputadas y las organizaciones sociales y sindicales
que me acompañaron en los peores momentos de mi vida.
Sr. Presidente (Massa).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 14 -
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor
diputado Juan Manuel López, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
plantear una cuestión de privilegio.
Sr. López.- Señor presidente: quiero plantear una
cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación por haberse arrogado
facultades judiciales y por haber violado la inamovilidad de los magistrados,
en el caso de los magistrados Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
No quiero generar ningún
debate; en todo caso se debatirá oportunamente en la comisión de Asuntos
Constitucionales, pero, como el tema fue traído a este recinto, me parece que
tiene que darse la visión y analizarse también la actitud del presidente de la
Nación.
Coincido en dos cosas con
la diputada Siley. La primera es en que los magistrados se designan mediante un
acto federal complejo. Esta Cámara y yo, como diputado, me siento agraviado
porque después del acto federal complejo en el que nosotros, de alguna manera,
participamos a través de nuestros representantes, los consejeros que designa
esta Cámara, y habiendo cumplido con lo previsto por el reglamento de traslados
que estaba vigente en ese momento, habiendo cumplido con la Acordada 4 de la
Corte Suprema y habiendo una acordaba posterior que en uno de los casos, y en
los demás casos que son análogos, ratificó la legalidad de los traslados, el
presidente de la Nación y el Senado de la Nación -su presidenta, la
vicepresidenta de la Nación- anularon ‑arrogándose facultades
jurisdiccionales, cosa que le prohíbe el artículo 109 de la Constitución
nacional‑ el traslado de estos magistrados, los revisaron, y los actos
federales complejos, cuando generan derechos subjetivos, sólo pueden ser
revisados por el Poder Judicial.
Esos decretos del
presidente Mauricio Macri, que anuló la semana pasada el presidente Alberto
Fernández, que habían generado derechos subjetivos, sólo pueden ser revisados
en sede judicial y nunca por el Poder Ejecutivo y por el Senado de la Nación.
Una cosa más en la que
acuerdo con la diputada Siley, que es consejera del Consejo de la Magistratura,
es en que se trata de un órgano contramayoritario y tenemos que cuidarlo. Tiene esa garantía, una garantía especial de
inamovilidad e intangibilidad en sus remuneraciones, precisamente, para que ese
órgano contramayoritario, que no se vota, según nuestro diseño constitucional,
nos controle a los órganos políticos.
No es ni más ni menos que eso: un diseño
institucional que prevén nuestra Constitución y muchas otras constituciones de
un mundo virtuoso que, ojalá, siga funcionando a lo largo de los años, a fin de
que no se termine de tergiversar o violar por el poder político de turno que,
de alguna manera, intenta subvertir ese régimen y ese orden de ideas y de cosas
que prevé nuestra Constitución.
Sr. Presidente
(Massa).- Quiero recordarle a los señores
diputados y diputadas que las cuestiones de privilegio que expone un diputado
son para ser giradas a la Comisión de Asuntos Constitucionales y no para ser
respondidas, de manera tal que cuando un diputado plantea una cuestión no es
para que otros diputados se anoten para responderle, es simplemente, en todo
caso, para que después en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales
se debata. Digo esto por el planteo que me realizó por el chat de la Cámara la
diputada Graciela Camaño respecto de que no está permitido responder las cuestiones
de privilegio. Le agradezco, señora diputada, el recordatorio.
Tiene la palabra el señor
diputado Menna, por Chubut. Después le doy la palabra a la diputada Camaño.
Sr. Menna.- Señor presidente: no es mi
intención contestar una cuestión de privilegio, pero acá se han hecho
afirmaciones que, en realidad, motivan estas
reflexiones.
Estamos en presencia de
una situación inédita. Nunca en un gobierno constitucional se removió a un juez
de los órganos judiciales que titularizan. Acá ha ocurrido esto. Esos
precedentes habían ocurrido únicamente en gobiernos que usurparon el poder, en
situaciones de golpe de Estado y aquí estamos ante esta situación.
En realidad, no es
posible aceptar que se diga que un juez que ha sido titularizado en un órgano
judicial, de acuerdo con una normativa ‑que podrá gustar o no, que
podremos discutir o no‑ sea sometido a un nuevo acuerdo del Senado. Eso
es un absurdo, señor presidente, que nos pone al margen del ordenamiento
constitucional y mucho menos que por un decreto del Poder Ejecutivo nacional se
produzca ese desplazamiento.
Creo que estamos ante un
hecho de una gravedad institucional sin precedentes, que obliga a que sin más
se pronuncie el máximo tribunal de la República. Esto es así porque ha sido
puesto el tema en conocimiento de la Corte Suprema por los afectados directos,
pero la situación trasciende absolutamente el derecho de los propios afectados,
afecta a toda la sociedad, porque esto implica terminar con la idea de un Poder
Judicial independiente. La inamovilidad de los jueces está ligada a la idea de
inamovilidad en sus cargos, no sólo en su condición de juez, sino también en la
titularización del órgano en el cual ha sido designado.
Así que creo que la
cuestión que se ha traído a este recinto no puede ser pasada como si tal cosa,
porque, en realidad, estamos hablando de la base misma, de la noción misma de
lo que es una República, de la división de poderes y de la garantía de inamovilidad
de los jueces que hace a la esencia de la independencia del Poder Judicial.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: como quiero ser respetuosa del reglamento ‑que acá ha sido vulnerado‑, voy a hacer una moción de orden, y la voy a sustanciar rápidamente.
Lamento muchísimo que quienes se expresan hoy defendiendo a la República no hayan advertido las irregularidades que se cometían en el Consejo de la Magistratura en el mientras tanto.
Mi moción de orden se vincula con la imperiosa necesidad de que la cuestión de privilegio, planteada correctamente por la diputada Siley, sea puesta en consideración en la Comisión de Asuntos Constitucionales, algo que no ocurre en el Parlamento.
Fíjese usted, señor presidente, que hemos tenido en el pasado ‑durante los últimos cuatro años, concretamente‑ algunas cuestiones muy interesantes, como pedidos de juicio político formulados por algunos diputados preopinantes. Sin ir más lejos, recuerdo el pedido de juicio político que solicitara ‑más o menos para la misma fecha de los traslados‑ el bloque de un diputado preopinante al ministro de Justicia, donde, claramente, en el segundo acápite se hace referencia a concursos que están mal hechos.
Mi moción se vincula con el tratamiento efectivo en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la moción correctamente realizada por la primera diputada que hizo uso de la palabra respecto a este tema.
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar la moción de orden formulada por la señora diputada Camaño para poner en tratamiento la moción de la diputada Siley en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sírvanse indicar el sentido de su voto.
- -Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Resulta aprobada. Por lo tanto, diputada Siley, se girará a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que cite para este debate y para su tratamiento.
Damos por concluida la lista de oradores debido a la moción de orden.
- 15 -
Sr. Presidente (Massa).- Corresponde poner en consideración los
dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y
Seguridad Social recaídos en el proyecto de ley de Defensa de los Activos del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino. (Orden del Día N° 91).
aquí ORDEN DEL DIA N° 91
Sr. Presidente (Massa).- Antes de comenzar con el tratamiento, quiero comunicarles a los señores diputados presentes en el recinto, así como a aquellos que están en su gran mayoría conectados de manera remota, que contamos con la presencia en el recinto de la Directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y del presidente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Lisandro Cleri. En nombre del cuerpo, les agradezco a ambos su presencia, dada la trascendencia que tiene esta iniciativa.
Tiene la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Heller.- Señor presidente: efectivamente, vamos a exponer el dictamen de mayoría, luego de haber debatido intensamente el tema en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, tal como corresponde dadas las características del tema en cuestión.
El título del proyecto, “Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, es una definición en sí misma.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se origina en el momento en que el Estado nacional decide recuperar para la gestión pública el manejo del sistema previsional argentino, que había sido privatizado a través de las AFJP.
En ese momento, entre los activos que recibe el Estado nacional hay participaciones significativas en el capital accionario de un conjunto de empresas, muchas de ellas líderes en sus respectivos ramos. Entonces, creo que con un muy buen criterio político, se adopta en aquel momento la decisión de proteger esos activos con dos finalidades: para generar ese fondo de garantía de sustentabilidad del sistema previsional y, al mismo tiempo, para mantener la participación efectiva que el Estado nacional podía tener ‑a través de la magnitud de esas participaciones‑ en el funcionamiento de empresas que son fundamentales para el desarrollo de la actividad económica, productiva y financiera de la República Argentina.
Como lo indica su nombre, ese fondo de garantía de sustentabilidad tenía originalmente un objetivo: ser un garante, un sustento ante la posibilidad de una contingencia que motivara que los recursos regulares de la seguridad social no fueran suficientes.
En función de ello, también se planteó la intangibilidad del fondo, que fue modificada durante la gestión del gobierno anterior, estableciendo, entre otras cosas, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad podría llegar a utilizarse para atender las situaciones derivadas de la llamada “reparación histórica de los jubilados”.
En este proyecto venimos a restituir la situación original, partiendo de un criterio que ‑con bastante claridad‑ enunció la directora de la ANSES cuando nos acompañó en el debate: volver a poner este activo, este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto del sistema previsional y no de una pequeña porción en términos relativos, como es el de ‑con todos sus derechos‑ aquellas personas que están incluidas en la llamada “reparación histórica”.
Por consiguiente, la iniciativa, entre otras cosas, establece con absoluta claridad esto que acabamos de decir y, al mismo tiempo, en su artículo 1°, plantea que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo, por un lado, la sostenibilidad del sistema previsional y, por otro lado, la economía argentina en general.
En el debate que tuvimos en el plenario de comisiones se plantearon algunas cuestiones o dudas que podían surgir según el texto original enviado por el Poder Ejecutivo para su consideración; ello, sobre la base del supuesto de que el Estado podría no proveer la totalidad de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de los acuerdos homologados judicialmente con la Administración Nacional de la Seguridad Social bajo el programa de reparación histórica.
Por eso, una de las modificaciones ‑que voy a comentar a lo largo de mi intervención‑ que se introdujeron en el artículo 2°, que sustituye el artículo 28 de la ley 27.260, es el agregado de que deberá ser cubierto en su totalidad el programa establecido por la presente ley, sin poder fijarse límites a los pagos. Es decir, si no alcanzaran los recursos ordinarios, el Estado, el Tesoro deberá proveer los recursos necesarios para que se cumpla en tiempo y forma con la reparación en la medida en que se vayan resolviendo los casos allí planteados.
El artículo, además, elimina la posibilidad de la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que, de esta manera, como dijimos, no se destruya ese patrimonio que entendemos debe ser un garante permanente para las situaciones fundamentales que puedan producirse en el conjunto del sistema previsional. Me refiero a lo que, en este mismo proyecto, se plantea cuando se tiene en cuenta una situación de excepción como es la generada por la pandemia. Por ello, en el artículo 4° se señala lo siguiente: “El Fondo de Garantía de Sustentabilidad asistirá financieramente para el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino con el fin de compensar el impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia de COVID-19 durante el ejercicio 2020”.
Esto fue motivo de debate y logramos un acuerdo que está reflejado en el dictamen respecto del significado de compensar el impacto eventual en los recursos previsionales. Allí acordamos agregar esta frase: “A los efectos de determinar este impacto, se considerarán los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la recaudación de los recursos impositivos que forman parte de los ingresos de la Administración Nacional de la Seguridad Social”. De esa manera, queda absolutamente saldada cualquier duda que pueda plantearse en la materia.
Por otro lado, hay un capítulo del proyecto que estamos tratando que tiene que ver con las inversiones. Precisamente, se sustituye el artículo 8° de la ley 26.425 y sus modificatorias, quedando redactado de otra manera y diciendo con absoluta claridad esto que enunciábamos recién. Dice así: “Los recursos podrán ser utilizados únicamente para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino y para las operaciones permitidas por el artículo 77 segundo párrafo de la ley 24.241 y sus modificatorias”. Básicamente, a través de este artículo y el 6°, se establece para qué fines podrán ser utilizados estos recursos, que son los mismos que existían, excepto que se elimina su asignación al programa de la Reparación Histórica.
Asimismo, un capítulo importante de este proyecto tiene que ver con la negociación de los contratos entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las deudas que mantienen con la administración federal. Allí también se discutió profundamente este tema y se llegó a un consenso que tiene amplia mayoría entre los integrantes de esta Cámara. El objetivo es el de establecer las condiciones y las características de las negociaciones que la ANSES deberá llevar adelante y los plazos que están perfectamente determinados en el proyecto para la renegociación. Asimismo, se establece la tasa de interés y el tipo de interés que deberán aplicarse en estas refinanciaciones. Se establece que la ANSES negociará con cada una de las provincias -dentro de esos plazos- las condiciones de las refinanciaciones, incluyendo opciones de conversión del capital a bonos con vencimientos a mediano plazo sujetos a términos y condiciones a definir oportunamente por parte del Poder Ejecutivo en su relación con las provincias.
Señor presidente: este punto nos llevó un buen tiempo de discusión que fue razonable. Los diputados y diputadas tienen la representación de los distintos distritos y legítimamente han planteado este debate que lo hemos zanjado con un acuerdo que está reflejado en la redacción del dictamen que estamos poniendo en consideración de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Otra cuestión destacable del proyecto es la creación del Fondo Fiduciario Público. El artículo 12 señala expresamente: “Constitúyese el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas cuyo objeto será invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”. Hay una cantidad de artículos que explican en detalle las características de este Fondo Fiduciario, qué rol tiene el Estado y cómo será controlado a través de un comité ejecutivo. Dicho comité estará integrado por el señor ministro de Economía -que lo presidirá-, el ministro de Desarrollo Productivo, la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, dos diputados o diputadas en representación de los dos bloques con mayor cantidad de integrantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y dos senadores o senadoras en representación de los dos bloques con mayor cantidad de integrantes del Honorable Senado de la Nación. Está claro que ese comité ejecutivo plural, entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, será el responsable de establecer las prioridades que tendrá este Fondo Fiduciario Público, el destino de los fondos y de qué manera se irán integrando los aportes. Concretamente, comienzan con un aporte de la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que invertirá hasta la suma de 100 mil millones de pesos en la constitución de este Fondo Fiduciario Público.
Quiero destacar que hay una cláusula que señala que los valores fiduciarios de deuda que se integren como recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional no podrán tener un rendimiento menor al resultante de aplicar una tasa nominal anual del uno por ciento sobre el capital ajustado por el Coeficiente de Estabilidad de Referencia -CER- que elabora el Banco Central de la República Argentina. Es decir que la responsabilidad de ese comité ejecutivo es que las inversiones que realicen nunca pueden significar un deterioro o detrimento del patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya que deben hacerse operaciones que, como mínimo, garanticen el ajuste por inflación más un uno por ciento de interés.
Se trata de una iniciativa atractiva desde el punto de vista de darle utilidad a estos fondos con la idea de la construcción de trabajo, generar empleo y un crecimiento de la economía.
Otra cuestión que me parece interesante destacar está incluida en el artículo 24, que dice así: “Créase el Fondo de Afectación Específica para la recuperación, la producción y el desarrollo argentino, bajo la administración de la Administración Nacional de la Seguridad Social el cual estará integrado con la transferencia de los honorarios que perciban los funcionarios públicos designados o las funcionarias públicas designadas como Directores o Directoras en las sociedades, Fideicomisos o Fondos Comunes de Inversión donde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenga participación accionaria, como así toda otra transferencia que disponga dicha administración.”
En el artículo que acabo de leer hay algo novedoso y que debemos destacar. Además, me parece que es un acto de transparencia importantísima que ha dado lugar a interpretaciones enojosas en algún momento. Pero acá nos estamos refiriendo a los funcionarios que, como tales, tienen su remuneración por sus cargos específicos y que van a asumir -en representación de la ANSES o del Estado nacional- la representación en los directorios de empresas privadas en las cuales la ANSES tiene participaciones. Esos honorarios no les pertenecen a ellos porque forman parte de la función que están realizando. Por lo tanto, tendrán que ir a contribuir a ese fondo de afectación específica para la recuperación de la producción y el desarrollo argentino. Me parece que esas iniciativas son positivas, de transparencia, y también han sido consensuadas por una amplísima mayoría en el debate que hemos tenido.
Iré redondeando para no abusar del tiempo, ya que el diputado Casaretto tomará luego otros aspectos de esta presentación en su carácter de presidente de la otra comisión con competencia en este tema, la de Previsión y Seguridad Social.
Creemos que este proyecto viene a resolver varias cuestiones -tendría que decir un poquito más, para lo cual voy a robar un minuto-, como desendeudar a los beneficiarios de créditos de la ANSES, cosa que está contemplada en el articulado de la iniciativa. Todos sabemos que ha habido un proceso de enorme endeudamiento de los jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones familiares y demás, que han llegado a niveles insostenibles.
El nuevo gobierno tomó una serie de medidas. Entre ellas, la suspensión del cobro de cuotas desde enero de 2020. Es decir que se han acumulado una cantidad de cuotas que han permanecido suspendidas, aumentando de hecho el ingreso disponible de las familias en el contexto de esta crisis. Todos sabemos que una cuota que teníamos que pagar y dejamos de abonar representa un ingreso que liberamos y que nos permite atender otras necesidades.
Otra de las medidas fue la reducción de las tasas de interés para todos aquellos que tuvieron créditos con tasas por encima de lo razonable, además de una serie de medidas que se complementan con lo que estamos incorporando en esta norma. Podemos mencionar una condonación de los intereses por estos meses, por los cuales se ha suspendido el cobro de los créditos, lo cual es un beneficio directo para este segmento de la población fuertemente endeudado y, en la práctica, implica un aumento en sus ingresos.
Se habla, por ejemplo, de que el 84 por ciento de los titulares de la AUH eran tomadores de estos préstamos. En este sentido, cuando se les condonan los intereses, de hecho significa que la AUH ha tenido un aumento real desde el punto de vista de su valor adquisitivo.
De esta manera, creo que el gobierno contribuye y promueve un alivio adicional importante, con una cantidad de meses de financiamiento a tasa cero que en la práctica, frente a la reducida inflación comparada con períodos anteriores -pero inflación al fin-, significa una licuación real de los términos de esa deuda. Eso también ocupa un capítulo de este proyecto que creemos que debe ser adecuadamente valorado.
- - Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Álvaro Gustavo González.
Sr. Heller.- Por consiguiente, y para no abusar del espacio que me corresponde, proponemos la aprobación de este dictamen tal cual ha sido aprobado, insisto, por amplísima mayoría en la reunión conjunta de ambas comisiones con competencia en el tema. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr. Del Caño.- Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que nuestra opinión alrededor de la administración de la ANSES -y por supuesto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad- siempre ha sido que tiene que ser administrada por los trabajadores y trabajadoras, y también por los jubilados. Es decir, por organizaciones de trabajadoras, trabajadores y jubilados que ni siquiera en esta ocasión, como tantas otras veces, fueron convocados para una consulta.
Este proyecto se plantea bajo la apariencia de un título protector de los activos de los jubilados y las jubiladas, pero pretende ocultar la política que han tenido todos los gobiernos durante muchísimos años de saqueo de los recursos de la ANSES.
Recordemos que desde la constitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en 2007, en ningún momento se tuvo como beneficiarios justamente a los siete millones de jubilados y jubiladas que son parte del sistema previsional.
Recordemos también que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad llegó a rondar los 67.000 millones de dólares, y que en la actualidad apenas está en torno de los 32.000 millones de dólares. Es decir que producto de las sucesivas devaluaciones y de este saqueo de los recursos de los jubilados y las jubiladas, dicho fondo hoy ha quedado muy menguado en sus recursos.
También se pretende desconocer el vaciamiento de recursos de la ANSES, del cual han sido parte de manera directa e indirecta en distintos momentos, unos en el gobierno y otros en la oposición, la mayoría de los bloques mayoritarios que componen esta Cámara.
Recuerdo también el debate de la reforma previsional de 2017, por la que se ajustó a los jubilados y las jubiladas. Fue una sesión escandalosa, y fuera del Congreso hubo una brutal represión. En realidad, se trató de dos sesiones. Una de ellas, la fallida del 14 de diciembre, fecha en la que hubo mil gendarmes rodeando el Congreso, represión incluida también a diputadas y diputados.
Por un lado, hubo una muy fuerte pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y las jubiladas en los años de gobierno de Macri. Por otra parte, cuando llega este gobierno, hace el falso planteo de la solidaridad con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, suspendiendo la movilidad.
Lo que sucedió fue que esa movilidad macrista, que nosotros rechazamos, había hecho perder a los jubilados y las jubiladas porque a Macri se le disparó la inflación, lo que no estaba en su plan original; llegó al 53 por ciento en 2019. Entonces, por primera vez los jubilados iban a tener un aumento un poquito mayor o por encima de la inflación. Eso es lo que llamaron desindexar la economía. ¿Cómo lo hicieron? Ajustando a jubiladas y jubilados, dándoles menos de lo que les correspondía por esa ley.
La pandemia no modificó el hecho de que jubiladas, jubilados y adultos mayores son el principal grupo de riesgo frente a la pandemia. Pero recordemos que el oficialismo presentó en su momento la ley de solidaridad diciendo: “Bueno, el que cobra un poquito más…” -o sea, 20.000 pesos de jubilación, una miseria para quienes trabajaron toda su vida-, “…tiene que ser solidario con el que cobra 16.000.” Eso nos decían, y no que debían pagar los grandes grupos económicos, etcétera, sino el jubilado y la jubilada que cobraban un poquito más -20.000, 25.000, 30.000 o 35.000 pesos, que sabemos que es insuficiente.
Ahora el oficialismo plantea una nueva ley de movilidad jubilatoria, que se está debatiendo, respecto de la cual tampoco se ha consultado a jubilados y jubiladas. En ese sentido, se plantea nuevamente un ajuste para los haberes.
Señor presidente: el proyecto es contradictorio porque, por un lado, dice que es un blindaje al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, dice que la responsabilidad de atender los pagos vinculados a la Reparación Histórica se van a transferir con financiamiento corriente del SIPA mediante el Tesoro nacional. Pero, por otro lado, dice que se va a asignar la atribución de asistir financieramente al SIPA para cumplir con el pago de los beneficios ordinarios debido al impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia.
Ahora bien, cuando nosotros consultamos en la comisión a la directora de ANSES sobre si nos podía responder cuánto de esta pérdida se refería a la caída de la actividad económica y cuánto se refería a las políticas de este gobierno que beneficiaron a las grandes empresas y patronales -por ejemplo, la propia moratoria que se aprobó, que incluye hasta un beneficio de reducción del pago del 95 por ciento de contribuciones patronales, que justamente tienen destino al SIPA-, no recibimos respuesta.
Acá se está diciendo que se va a blindar. Pero, por otro lado, ¿se van a financiar con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad los beneficios que tuvieron las patronales con la rebaja de contribuciones? Esa respuesta no la obtuvimos. Recordemos también la moratoria que llegó a beneficiar hasta a empresas como Vicentin y muchas otras empresas estafadoras. Entonces, digo que acá hay una prueba muy clara.
Otra de las pruebas es que
acá se mencionó el problema de la reparación histórica. Quiero decir, de paso,
que esta ley de Macri fue apoyada por gran parte del peronismo, gobernadores
peronistas, las fuerzas de Sergio Massa. Esa ley consistía prácticamente en
ponerle un revolver en la cabeza a los jubilados diciéndoles: “Miren, les damos
esto, aunque no es lo que les corresponde”. Imagínense que quienes no saben si
alguna vez en su vida van a cobrar algo, aceptaron lo que les estaban
ofreciendo. En esa ley metieron el blanqueo para salvar a los evasores y
también el blanqueo para los amigos de Macri. Por supuesto, nosotros la
rechazamos en aquel momento.
Acá se dice que es por el
tema de la reparación histórica, para blindar el Fondo de Garantía. También se
está planteando que este proyecto tiene que ver con la deuda de las provincias
y se preguntó si estaban financiándolas de alguna forma. Tengamos en cuenta que
no es un financiamiento para beneficiar a las jubiladas y a los jubilados, por
ejemplo, de la caja jubilatoria de la provincia de Córdoba donde hubo un ajuste
de parte del gobierno. Cabe mencionar que esas provincias también fueron parte
del festival de endeudamiento por el que se benefició a los especuladores bajo
el gobierno de Macri.
Tampoco tuvimos respuesta
sobre el tema del Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, le voy a leer
una parte del acuerdo que firmó el gobierno de Macri, porque está en relación
con lo que se dijo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Dice así: “Por el momento,
el valor de los activos de los fondos de pensiones transferidos en 2008 se
distribuirá a lo largo del tiempo como ingreso para compensar parcialmente el
gasto futuro en pensiones. En particular, el monto se dividirá por la
expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es
decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingresos será del 0,4
del PIB por año”. Esto está establecido en las exigencias del Fondo Monetario
Internacional.
Tampoco tuvimos una
respuesta respecto de qué se estaba negociando con el Fondo Monetario
Internacional, si esto iba a ser parte o si este mismo fondo fiduciario
público, con vigencia de veinte años, va a tener que ver con esto, o si es una
readecuación que se pretende negociar con el Fondo Monetario Internacional.
Para ir finalizando mi
exposición, quiero decir que para defender la cuantía de los haberes
previsionales ‑que es lo que supuestamente debería hacer el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad y, reitero, nunca fue destinado a los jubilados y a
las jubiladas-, lo que hay que hacer es restituir los aportes patronales que
fueron reducidos por Cavallo en los 90. El gobierno de Macri volvió a reducir
las contribuciones patronales, otorgó beneficios permanentes a las empresas,
produjo un vaciamiento de los fondos de jubiladas y de jubilados, y el blanqueo
de millones de trabajadoras y trabajadores.
Esto sabemos que no va a
ser con fuerzas políticas, porque uno nos llevó al Fondo Monetario
Internacional, y el otro dice que hay que seguir ese camino y el del pago de la
deuda. ¡No! ¡Hay que hacer un desconocimiento soberano del pago de la deuda,
por supuesto, excluyendo la deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y
la ANSES! Sin un planteo que empiece por ese desconocimiento y que rompa con todas
esas exigencias, nada será favorable para los jubilados y las jubiladas.
En realidad, este blindaje
es para liberar fondos que después exigirá el Fondo Monetario Internacional
para utilizarlos en gastos corrientes. Nadie nos supo responder en la comisión,
señor presidente.
Nosotros planteamos que la
jubilación mínima tiene que ser de 45.000 pesos, como dice la Defensoría de la
Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Se discuten las fórmulas de
movilidad. Nosotros tenemos nuestra opinión, pero partamos de la base de considerar
que con 18.129 pesos, que es la jubilación mínima, no se puede vivir.
Justamente, hay que elevar la jubilación mínima al nivel de la canasta básica
que establecen para la tercera edad y también al 82 por ciento móvil.
Para todo esto, hay que
cambiar en conjunto el rumbo que plantea el gobierno, y ese es el planteo que
queremos hacer, señor presidente. Por eso, por supuesto, no estamos de acuerdo
con este proyecto que se ha planteado, parecido al proyecto del presupuesto. El
ministro Guzmán presentó un proyecto diciendo que aumentan las partidas de
gastos, pero en realidad se están reduciendo porque la comparación es con 2019.
Consideramos que están
haciendo un ajuste en los gastos primarios y -de la mano de las exigencias que
seguramente vendrán del Fondo Monetario y las políticas de ajuste que lleva
adelante este gobierno- creo que el planteo que se hace no es de blindaje de
los recursos del Fondo.
Sr. Presidente (González).-
Tiene la palabra la señora diputada Del Pla, por Buenos Aires.
Sra. Del Plá.- Señor
presidente: me toca complementar la fundamentación de este dictamen de minoría
que hemos presentado desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Justamente el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad tiene su origen en aquellas acciones, en aquellos
bonos que eran parte de las AFJP y, en ese sentido, es parte de todo un proceso
de privatización de las jubilaciones. Poco se habla de qué ha ocurrido con
aquellas trabajadoras y aquellos trabajadores que han tenido la desgracia de
jubilarse o de tener que cobrar una pensión cuando todavía regía ese sistema de
privatización jubilatoria. Dicho sistema no cayó del cielo, sino que tenemos
que decir que fue aprobado por los bloques políticos que integraban las Cámaras
de Diputados y de Senadores bajo el gobierno de Menem y Cavallo.
Menem sigue integrando
este Congreso Nacional y se le rinde honores sentándolo en la primera fila en
los actos de esta Cámara. Digo esto para que nadie se haga el distraído, porque
esa privatización fue un capítulo importante en ese proceso de robo a las
jubiladas y a los jubilados.
Quiero decir que aquellas
jubiladas y jubilados, o pensionadas y pensionados, que están bajo el régimen
de las AFJP no cobran ingresos de indigencia, como es hoy la jubilación de
18.130 pesos -que debería avergonzar a la mayoría de los funcionarios de este
país que tuvieran vergüenza-. ¡No! ¡Cobran ingresos de algunos cientos de pesos
o, a lo sumo, de algunos miles, y están reclamando!
¡Tenemos el proyecto
presentado, y reclamamos que se trate, para equiparar las rentas vitalicias con
el sistema jubilatorio general porque no podemos seguir teniendo a esas
personas en la completa y más absoluta indigencia! Este es un tema del que poco
se habla y queremos traerlo aquí porque viene absolutamente a cuenta. Ahora sí voy a reforzar algunos conceptos.
El tema del blindaje del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad es notable. Como ya dijo Nicolás, hay un
tema muy claro. Primero dicen que van a blindar los recursos y por eso tiran el
cobro de la reparación histórica al sistema general, o sea, al menguado sistema
de recaudación de este país en medio de esta crisis pavorosa. Es decir que no
va a cobrar nadie nada o, por lo menos, muy a los premios. A renglón seguido, dicen
que con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se van a garantizar una
cantidad de inversiones y de subsidios a distintos sectores patronales.
¡Impresionante! Y, a renglón seguido, señalan que se van a refinanciar en
cómodas cuotas las deudas de las provincias. ¡No! ¡A costa de los jubilados, de
ninguna manera, porque ellos cobran 18.130 pesos con el último aumento de la
suspendida ley de movilidad jubilatoria! ¡Un escándalo!
Entonces, a costilla de
los jubilados: todo. Cada vez que se dice que van a proteger a los jubilados con
alguna medida, le meten la mano en el bolsillo. Es una situación verdaderamente
grave la que están viviendo las jubiladas y los jubilados.
Por eso, el día de ayer
hubo una jornada nacional de lucha en defensa de las jubilaciones, por el
reclamo del 82 por ciento móvil y del derecho a la movilidad jubilatoria. Se
están anticipando y rechazan lo que se está discutiendo en la Comisión Mixta, que
es llevar adelante aquello que se votó en la mal llamada Ley de Solidaridad,
sancionada en diciembre, que reclama el FMI. Se trata de armonizar todo el
régimen jubilatorio para aumentar la edad, para modificar las formas de cálculo
de las jubilaciones y escindirlo cada vez más del salario del activo, por
supuesto, viene a cuenta y orden de utilizar esos recursos para pagar la deuda
externa.
Justamente,
todas las cuentas oficiales que han sido saludadas por los banqueros y por el
Fondo Monetario dan cuenta de una reducción del gasto público en los últimos
meses, si sacamos los gastos de la pandemia. ¿De dónde viene esa reducción? Viene
de la suspensión de la movilidad jubilatoria: se ha sacado a los jubilados que
cobraban un poquito más ‑pero que tampoco llegaban siquiera a la canasta
básica del jubilado, que hoy se calcula en 44.000 pesos‑ para darles a los
que están en el último escalón. Hay que aclarar que no es una suma que les vaya
a permitir desarrollarse plenamente, sino que se trata de una cifra
absolutamente misérrima: 18.130 pesos. Repito la cifra porque realmente debería
avergonzar. El único defecto es que la mayoría no tiene vergüenza, sino que son
efectivamente “lobistas” del FMI, de los bancos y de los especuladores.
Entonces,
acá tenemos un tema que es muy claro: una vez más utilizan los recursos de los
jubilados para sostener distintos subsidios a los capitalistas y para
garantizar el pago de la deuda mientras se hace una presión brutal para
liquidar gran parte de los derechos de los jubilados de las cajas provinciales.
Tenemos casos gravísimos, por ejemplo el de Chubut, que a mí me gusta citar en
esta Cámara. Ayer hubo movilizaciones multitudinarias en esa provincia porque
los jubilados están cobrando sus haberes con un atraso de tres meses. ¡Tres
meses! Es una situación realmente grave.
También
en Misiones ayer hubo cortes de seis mil personas en esta jornada de defensa de
las jubilaciones, porque la jubilación no es un subsidio, no es una dádiva. La
jubilación es un derecho de las trabajadoras y los trabajadores a percibir un
salario diferido al momento de retirarse de la actividad laboral y, por lo
tanto, no es una dádiva de los gobiernos.
Entonces, vamos a rechazar el análisis que
se ha presentado en algunos diarios en este último período, donde se pretende
decir que los jubilados viven a costillas del Estado. ¡Mentira! ¡Los jubilados
son los que han sostenido su jubilación con su riguroso aporte! ¡Los jubilados
y los trabajadores activos son los que padecen la reducción salarial indirecta
devenida de la rebaja de los aportes patronales! ¡Los trabajadores activos y
los jubilados son los que padecen la reducción salarial indirecta que significa
mantener más del 30 por ciento de la fuerza laboral de este país en negro y no
registrada! Por lo tanto, la única defensa real ‑no solo del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad, sino del conjunto del régimen jubilatorio‑
es la reposición de los aportes patronales, es el establecimiento del 82 por
ciento móvil.
Como no hay distingo, pasa un gobierno y privatiza,
pasa otro gobierno y hace otro zarpazo, pasa otro gobierno y deroga, anula o
veta el 82 por ciento móvil aprobado en la Cámara, pasa otro gobierno que
introduce otra reforma, y viene el gobierno actual y establece la suspensión de
la movilidad. Para que quede claro: es todo el conjunto del régimen político, y
por eso no restituyen los aportes patronales.
En esta Cámara se votó hace pocos días la exención del 95 por ciento de los aportes patronales en el caso del turismo. ¡Impresionante! ¡Es lo único que se les ocurre! Siguen vaciando los aportes y las cajas por parte de las patronales.
Por eso, planteamos medidas muy claras para esto. En primer lugar, ninguna armonización para las cajas. Cada uno con los derechos que tiene y que ha logrado defender. En segundo lugar, que los gobiernos que han sacado la plata de las cajas la devuelvan íntegramente. Es fácil hacer la cuenta porque en general todos han dejado la huella digital. Tercero, que se restituyan íntegramente los aportes patronales a los niveles previos a la privatización de Menem y Cavallo. Cuarto, que se blanquee al conjunto de la fuerza laboral: con la simple denuncia del trabajador afectado por el empleo en negro, que el Ministerio de Trabajo tenga que aceptarlo como trabajador en blanco y se pase a la obligación de abonar el conjunto de los aportes patronales, por supuesto, con el correspondiente descuento a los trabajadores.
Para todo esto hay que darle la administración de la ANSES y de las cajas a cada uno de los beneficiarios: trabajadores activos y jubilados. Además, hay que dejar de atacar el derecho a la jubilación con este intento de asimilación a una suerte de dádiva estatal ‑por supuesto, de miseria, porque ni siquiera se trata de una dádiva para estar en condiciones de supervivencia, como correspondería‑ y reconocer que la jubilación ha sido conquistada, luego de décadas de lucha del movimiento obrero en nuestro país, como el derecho al salario diferido y al retiro bien merecido luego de décadas de estar sometidos a la explotación capitalista.
Sr. Presidente (González).-
Comienzan los tiempos destinados a los bloques. Cuatro oradores, cinco minutos
cada uno.
Tiene la palabra la señora diputada
Aparicio, por Buenos Aires.
Sra. Aparicio.- Señor presidente:
una vez en el gobierno, el Estado nos brinda herramientas para desarrollar
políticas públicas que beneficien a los ciudadanos. Por ello, después de tantas
crisis vividas es interesante reflexionar sobre qué Estado queremos para
nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. El Estado no solo debe
estar presente, sino que debe manejar estas herramientas de manera inteligente,
equitativa y responsable.
La ley de
reparación histórica determinó que el financiamiento del ajuste de haberes para
aquellos jubilados que ingresaron en el programa fuera en primera instancia con
los recursos obtenidos por el blanqueo realizado en ese mismo año 2016, que
supuestamente alcanzaría para financiar estas erogaciones por los próximos diez
años. En el caso de que los fondos del blanqueo no alcanzaran, se estableció
utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Señor presidente: se estimó financiar el flujo variable, es decir, un gasto corriente, con dos variables de stock: el dinero que entró por el blanqueo y los fondos de garantía de sustentabilidad. Se puede graficar de la siguiente manera: sería como vender la casa familiar para pagar la luz, el gas y la tarjeta de crédito. Se estima, además, que el dinero del blanqueo para pagar la reparación histórica alcance para el mes de octubre de este año, aproximadamente.
Este proyecto de ley viene a reparar este error de cálculo y a cuidar que no se malvendan los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo que actúa como rueda de auxilio de todo el sistema previsional. Además, aun liquidando el Fondo de Garantía por completo solo se alcanzaría a cubrir una parte menor de la reparación histórica. Entonces, este proyecto viene a garantizar el pago de la reparación histórica, es decir, viene a garantizar y dar certeza de este pago.
Es responsabilidad de este Congreso velar por la sostenibilidad del Fondo de Garantía, y es una obligación del Estado usar estas herramientas de forma inteligente, realizando inversiones que protejan los aportes de nuestros trabajadores y los fondos de nuestros jubilados.
En el gobierno anterior, el Estado no trabajó en tal sentido. Por ejemplo, las inversiones en proyectos productivos o de infraestructura bajaron a menos de la mitad, mientras crecieron las inversiones en negocios financieros. Además, en 2016 se suscribió un memorándum de entendimiento con el fondo de Qatar que pretendió transferir 300 millones de dólares del Fondo de Garantía a una off shore para ser administrados por un financista privado, lo que violaba todas las normas legales.
El reperfilamiento también le dio un duro golpe al Fondo de Garantía, que en ese momento tenía el 20 por ciento de su cartera en letras del Tesoro. Los desmanejos más la variaciones del mercado hicieron perder el 50 por ciento de esa cartera.
Veíamos,
atónitos, que luego de cada reunión del presidente Macri con CEOs de empresas,
el Fondo de Garantía salía a invertir en ellas. Existieron operaciones, por ejemplo, como los fondos de garantías que
permitieron a Pampa Energía hacerse de acciones de Petrobras Argentina en medio
de una fusión. El comité de inversiones pagaba comisiones, compraba o vendía
acciones de empresas de las cuales sus integrantes habían sido sus directores
antes de asumir la representación del Estado.
El resultado, señor
presidente, es que el Fondo de Garantía perdió el 34,3 por ciento de su valor
en dólares entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019. Desde su pico más
alto, en noviembre de 2017, acumuló una baja del 49,1 por ciento; pasó de
65.000 millones de dólares en el 2015 a aproximadamente 33.500 millones, a
fines de 2019. Hoy estamos recuperando esa caída con un valor aproximado de 46.000
millones de dólares.
Señor Presidente, para ir
terminando, este es el Estado que no queremos: el que usa estas herramientas
financieras para beneficio de unos pocos. La inversión debe ser productiva en
beneficio de todos.
Este proyecto que hoy estamos
debatiendo busca establecer mecanismos de control que motiven la inversión
inteligente, responsable y equitativa, fundamentalmente resguardando los fondos
de los jubilados y de los trabajadores, respetando el círculo virtuoso entre el
accionar del Fondo de Garantía, el nivel de la actividad económica y los
recursos del sistema previsional.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el diputado
Rauschenberger, por La Pampa.
Sr. Rauschenberger.- Señor presidente: estamos considerando un
proyecto muy importante para la vida de los argentinos. Se trata de un proyecto
que viene a defender al Fondo de Garantía...
-
Se
interrumpe el audio.
-
Luego
de unos instantes:
Sr. Rauschenberger.- ...incluso a los de la reparación histórica,
porque con este proyecto aseguramos a esos jubilados que van a seguir cobrando
sus haberes sin afectar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Ese fondo, cuando fue creado
en 2007 ‑reforzando las expresiones de la compañera que me precedió en el
uso de la palabra‑, con esa decisión estratégica e histórica que
significó estatizar las AFJP, contaba con 30.000 millones...
-
Se
interrumpe el audio.
-
Luego
de unos instantes:
Sr. Presidente (González).- Discúlpeme, señor diputado.
Se entrecorta el audio; intentemos mejorarlo sin imagen, si le parece. Apague
la cámara, señor diputado, a ver si mejora el audio. Muchas gracias.
Sr. Rauschenberger.- No sé en qué parte se interrumpió el audio,
señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe en el uso de la
palabra en la última idea que expresó, señor diputado.
Sr. Rauschenberger.- En relación con cómo evolucionó este fondo,
decía que arrancó con 30.000 millones de dólares y en diciembre de 2015 terminó
con 65.000 millones de dólares. Como dijo la señora diputada Aparicio, lo estuvimos
reforzando ya que, aun en situación de pandemia, habiendo recibido en 2019 el
fondo con un 47 por ciento menos, es decir, con 35.000 millones de dólares, hoy
a menos de un año de gobierno estamos en el orden de 46.000 millones de
dólares.
La ley de reparación
histórica introdujo cambios en el FGS, además de generar una brecha de las
jubilaciones más altas respecto de las más bajas, pero el problema de fondo es
que se sobrestimó el costo que implicaría financiarla y se planteó pagarla con
recursos del blanqueo, que fueron de única vez y que se están agotando ya que
los pagos mensuales que el programa genera continúan.
La realidad es que solo
permitió financiar 4 años y aún restan más de 15 años por pagar. En caso de
que, como dijo la diputada preopinante, los fondos del blanqueo no alcanzaran
se sancionó una ley para utilizar los activos del FGS, lo cual supone un error,
porque no solo choca con la finalidad para lo cual el fondo fue creado, sino
también contrapone nociones de flujo con stock.
Por tal motivo, es
importante que se apruebe este proyecto de ley, porque si continuamos con el
financiamiento basado en la actual ley 27.260 el fondo tendría que salir a
vender activos para hacer frente a un pago de más de 10.000 millones de pesos
mensuales, lo cual llevaría a su vaciamiento.
El gobierno con este
proyecto de ley decide que ese monto se abone con los recursos del SIPA,
del Tesoro Nacional, reservado al FGS y a su vez garantizar los pagos
mensuales.
La ley 27.260 tuvo como
objetivo también reducir la litigiosidad previsional, y esto no sucedió. No
obstante, no solo la litigiosidad no se redujo, sino que los números que expuso
la directora ejecutiva de la ANSES en la comisión fueron contundentes.
Este proyecto busca algo más
que defender los activos del FGS. No solo venimos a defender eso, sino también
a preservar los derechos de las provincias; sesionamos para que hoy veintiuna
provincias argentinas puedan renegociar sus deudas con la ANSES. Estas
provincias, durante esta pandemia, junto al gobierno nacional están haciendo un
gran esfuerzo para cuidar la salud y la economía. Con este proyecto le damos el
alivio tan necesario en este momento para que puedan volcar esos recursos al
desarrollo local.
También estamos defendiendo
a las familias que tuvieron que endeudarse para pagar alimentos, medicamentos o
servicios porque durante el gobierno anterior no funcionaba el programa que
brinda ciento setenta medicamentos gratis a los jubilados que puso en marcha
nuestro presidente cumpliendo con su promesa electoral.
Por eso, estamos sesionando
para que 5.200.000 argentinos y argentinas no paguen intereses. Les cobraron
intereses muy altos; no solo endeudaron al país, sino también a las familias.
Por lo tanto, ni bien asumió nuestro gobierno se suspendió el cobro de esos
créditos para aliviarles los bolsillos, y ahora lo complementamos con este
proyecto condonando esos intereses.
También venimos a defender
los derechos societarios que ANSES tiene en las empresas en las cuales tiene
participación, lo cual también queremos poner en valor. Además, con este
proyecto venimos a defender y recuperar el rol estratégico que tuvo el FGS en
el desarrollo de la economía argentina, ese rol que nunca debió perder y que
vuelva a ser, como se dijo, la rueda de auxilio del sistema jubilatorio.
Por eso el proyecto plantea
establecer la libertad necesaria para que el fondo invierta en el largo plazo
en proyectos productivos bajo criterios de seguridad y rentabilidad adecuados,
y seguir siendo el garante del sistema jubilatorio ante eventuales
desequilibrios transitorios como los que hoy nos impone esta pandemia.
Señor presidente: porque el
proyecto resuelve el problema del financiamiento de la reparación histórica,
porque alivia financieramente a las provincias, porque mejora la situación de
los endeudados con la ANSES, y porque estamos restableciendo el rol vital del
FGS, tanto en desarrollar la economía como en ser garante del SIPA, adelanto mi
voto afirmativo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la diputada
Lampreabe, por Buenos Aires.
Sra. Lampreabe.- Señor presidente: hoy la ocasión nos encuentra debatiendo el proyecto de ley de defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para asegurar su supervivencia y sustentabilidad, para que este fondo vuelva a quedar al servicio del conjunto de los jubilados y jubiladas, retomando de esa manera el mandato histórico de atenuar el impacto financiero en situaciones de eventuales déficits por crisis económicas y sociales como la que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia.
Se dice en este sentido que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es como la rueda de auxilio del sistema previsional porque tiene como objetivo primario asegurar el pago de las prestaciones justamente en contextos críticos. Y atendiendo la metáfora de la rueda de auxilio, pensaba hoy que el proyecto que estamos defendiendo sería la reparación de la reparación.
Hoy estamos empezando a reparar la mal llamada “reparación histórica” del macrismo. Si el sistema previsional fuese un auto, podríamos decir que nos habían recomendado un mecánico estafador, de esos que te dicen que te cobran por arreglarte un problema y te generan otro peor para que tengas que volver a llevar el auto una y otra vez: pagar y pagar, y nunca solucionar verdaderamente el problema.
- - Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Sergio Tomás Massa.
Sra. Lampreabe.- Volvamos a mayo de 2016 para recordar algunos de los problemas que nos habían dicho que venía a reparar la ley 27.260. No era el único, pero alguno de los objetivos manifiestos y fundamentales era por ejemplo el de reducir la litigiosidad previsional y el costo en el pago de sentencias ofreciendo acuerdos voluntarios de reajustes de haberes.
A tres años de la reparación, ¿qué pasó con la litigiosidad previsional? No solamente no disminuyó, sino que aumentó.
Como bien dio cuenta la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, en la comisión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social en la que debatimos este proyecto de ley, en 2015 el número de sentencias era de 29.000 y hoy llegan a 87.000. Es decir que la litigiosidad prácticamente se triplicó en estos tres años de vigencia de la ley de reparación histórica.
Por otra parte ‑este es otro de los problemas‑, el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, también había prometido que la reparación histórica beneficiaría a 2.400.000 personas con aumentos en sus haberes de entre un 30 y un 50 por ciento. Pero en 2018 ya se observaba que solamente alcanzaba al 37 por ciento de ese universo y con un porcentaje de aumento del 25 por ciento; es decir, un promedio mucho más bajo que el piso pronosticado.
Por otra parte, el promedio de aumentos en números totales fue de 2.000 pesos. También recordemos que en ese momento las facturas de servicios públicos y los medicamentos aumentaban por encima de la vertiginosa inflación, que crecía de manera desenfrenada mes a mes.
Además, esta misma reparación histórica fue anunciada por el expresidente Mauricio Macri junto con la creación de la PUAM, la Pensión Universal para el Adulto Mayor ‑que vino a reemplazar a la moratoria previsional, creando así dos categorías diferentes de jubilados‑, que equivalía al 80 por ciento de la jubilación mínima. En consecuencia, con el resultado general del gobierno, eso terminó profundizando las desigualdades.
Podríamos decir que tal vez cumplieron con lo que venían a hacer, porque la desigualdad se incrementó: en diciembre de 2015 el haber medio era un 40 por ciento mayor al haber mínimo, y en junio de 2019 el haber medio pasó a ser un 57 por ciento mayor al mínimo, aumentando entonces el 17 por ciento de diferencia en la ratio.
Por la crisis que dejaron, los jubilados y jubiladas se vieron obligados a solicitar créditos que luego no pudieron afrontar. El 52 por ciento de las y los jubilados y el 85 por ciento de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo cuentan con créditos de la ANSES.
Este gobierno decidió postergar el cobro de esos créditos y esta iniciativa establece que no se cobrarán los intereses, volviendo los créditos a la situación anterior, es decir, a diciembre de 2019.
El incremento acumulado ‑incluyendo el último aumento‑ permite además que las jubilaciones crezcan un 27,4 por ciento, mientras que la inflación acumulada hasta agosto fue del 18,9 por ciento ‑es decir que las jubilaciones permiten que estén un 8,5 por ciento por encima o que le ganen al porcentaje de inflación‑, mientras que durante la gestión anterior los jubilados y jubiladas perdieron el 26 por ciento de los ingresos en términos reales.
Hace poco, además ‑y ahora voy a decir por qué traigo esto a colación…
Sr. Presidente (Massa).- Señora diputada: vaya redondeando.
Sra. Lampreabe.- Ya termino, señor presidente.
Además, hace poco se difundió un video de Zoom donde Patricia Bullrich decía que el exministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay se enteraba por los diarios de que el 2 por ciento del PBI iba a una reparación histórica que nadie supo bien qué era. Me imagino qué diario leería el exministro, pero quiero decir que nosotros y nosotras sí sabíamos de qué se trataba y de qué se trató lo que hicieron con nuestros y nuestras jubiladas.
Recientemente también nos enteramos -¡oh casualidad!- que los camaristas Bertuzzi y Bruglia revocaron el procesamiento del exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Luis María Blaquier, quien fuera acusado por irregularidades en el manejo de los fondos de la ANSES y negociaciones incompatibles con la función pública por favorecer a empresas como Arcor y Cablevisión, de las que había sido director inmediatamente antes. Esto es algo que elegantemente se dio en llamar conflicto de intereses pero que todos y todas entendemos como la práctica de sentarse de los dos lados del mostrador, que fue un común denominador del gobierno anterior.
¿Por qué traigo esto a colación en este momento? Por una cuestión de memoria reciente y de aprendizaje.
Esta norma viene a solucionar el problema de la insustentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que dejó el gobierno anterior y vuelve a posicionarlo como actor en el crecimiento y desarrollo de la actividad económica local.
Para cerrar, quiero decir que estamos orgullosos de formar parte de un espacio político que, cuando gobierna, verdaderamente repara y arregla los problemas. Pero también es importante un aprendizaje para no partir de un mismo lugar: necesitamos fortalecer el sistema de defensa ciudadana para no caer en engaños, detectar los ingredientes de la fórmulas fallidas y no volver a caer en el taller mecánico de quienes con palabras pomposas te venden arreglos que te terminan dejando tirado, a pata, al costado de la ruta.
- 16 -
Quiero plantearles con mucha claridad que a lo largo de estos meses, en el marco de la pandemia y del funcionamiento de la Cámara de manera remota, hemos convivido con situaciones tales como que algún diputado a lo mejor se quedaba dormido o se tapaba mientras estaba en su casa. Pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y del normal funcionamiento de esta casa.
Por lo tanto, quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento y disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri, disponer la conformación de una comisión de cinco miembros de esta casa para que determine la sanción ‑tal como lo prevé el reglamento‑ e invitar a los distintos bloques a que aporten los nombres para la conformación de dicha comisión.
Esta es la casa del pueblo. Vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero, como cuerpo de representantes en democracia, no podemos admitir que se den este tipo de situaciones.
Por lo tanto, les pido que en el marco del artículo 188 del reglamento procedamos a la suspensión inmediata del señor diputado Ameri y a la constitución de la comisión de cinco miembros que prevé el reglamento para que determine si corresponde la expulsión.
Tiene la palabra la señora diputada Moreau, por Buenos Aires.
Sra. Moreau.- Señor presidente: desde el bloque del Frente de Todos, queremos acompañar la moción que usted acaba de hacer explícita. Nos comprometemos a pasarle en el día de la fecha los nombres correspondientes para la conformación de esa comisión.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente: independientemente de apoyar a la Presidencia, porque entendemos que lo debe haber ameritado, nos gustaría saber de qué se trata. ¿De una exposición? No pido detalles, pero le pregunto…
Sr. Presidente (Massa).- Señor diputado: se dio una situación, que ya casi es de público conocimiento y está circulando en redes, de un diputado manteniendo una conducta inapropiada en relación con el decoro que debe tener una sesión, en momentos en que los representantes del pueblo estamos sesionando y discutiendo temas que tienen que ver con el fortalecimiento del fondo de nuestros trabajadores y con el tratado de Escazú.
Por lo tanto, situaciones como estas no las podemos dejar pasar.
Sr. Negri.- Descuéntelo, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado González, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. González (A.G.).- Señor presidente: a lo que usted está proponiendo le agregaría que fijemos un plazo ‑muy breve‑ para que la comisión resuelva si corresponde que el diputado sea declarado inocente o si la situación indecorosa hace que el cuerpo haya resultado agraviado.
Sr. Presidente (Massa).- Señor diputado: el reglamento prevé la conformación de una comisión especial de cinco miembros, ad hoc, y un plazo. Pero, desde ya, podemos poner un plazo en la resolución.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr. Ramón.- Señor presidente: desde nuestro interbloque también vamos a acompañar la moción hecha por la Presidencia y enviaremos los nombres de los diputados que formarán parte de la comisión.
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar, por signos, la suspensión del diputado Juan Ameri y la constitución de una comisión que determine si su conducta merece la expulsión.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- La votación ha resultado afirmativa. En consecuencia, este cuerpo considera al diputado Ameri suspendido y habrá dictamen de la comisión en los próximos sesenta días.
Para continuar con el debate, tiene la palabra…
Sr. Negri.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.
Sr. Negri.- Con el ánimo de ayudar, atento a la gravedad del caso y a que no es algo que suceda comúnmente, me parece que, no sé si por vía de rectificación, la votación debería ser nominal o por el VPN.
Sr. Presidente (Massa).- Creo que la votación fue unánime.
Sr. Negri.- Así queda constancia. Lo digo para la Presidencia de la Cámara.
Sr. Presidente (Massa).- Queda constancia de que fue por unanimidad.
Tiene la palabra la señora diputada Moreau, por Buenos Aires.
Sra. Moreau.- Señor presidente: descuento que la decisión fue por unanimidad. En todo caso, si algún diputado no acompaña, que lo explicite, pero me parece que es unánime.
Sr. Presidente (Massa).- Si algún diputado no va a acompañar la suspensión y remoción del cuerpo del diputado Ameri, por favor que pida la palabra.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Vuelvo a poner en votación la suspensión y la constitución de la comisión respecto de la conducta del diputado.
Sra. Camaño.- Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: por favor, tengamos un poco de calma, porque muchos de nosotros no sabemos lo que ha sucedido. Honestamente, para proceder a una suspensión ipso facto de un señor representante, me parece que lo correcto, señor presidente, es formar la comisión y evaluar la conducta con el conocimiento de todos. Honestamente no sé por qué estamos suspendiendo a un diputado. No lo conozco, no sé de qué bloque es, no tengo idea de quién es ni de qué hizo. Entonces, hacer esto de esta manera me parece que no es procedente. Deberíamos conformar la comisión ‑por su enojo, señor presidente, advierto que debe ser algo sumamente grave- y que la comisión nos haga una sugerencia de dictamen, que votaremos inmediatamente en una sesión la próxima semana. Pero mínimamente, por favor, tomemos conocimiento todos de lo que pasa.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Moreau, por Buenos Aires.
Sra. Moreau.- Señora diputada Camaño: se trata de una situación íntima del diputado Ameri con su pareja, que fue expuesta en el sistema. La vimos casi todos y ya está en las redes y en la televisión. Estábamos acá en la Cámara y, mientras estábamos sesionando, el diputado Ameri estaba en una situación muy íntima con su pareja. Con lo cual, desde el bloque del Frente de Todos volvemos a ratificar la decisión de pedir la expulsión del diputado, la suspensión del diputado, y que la Cámara, de acuerdo con el artículo 188, evalúe ‑en el plazo que establece el reglamento‑ si la conducta fue inapropiada. A nuestro entender, fue inapropiada.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos Aires.
Sra. Lospennato.- Señor presidente: ratificamos los términos en que usted hizo la propuesta. Nuestro interbloque considera que como fue una situación a la vista de todos nosotros, en el recinto virtual pero que es el recinto de esta Cámara, tiene que operar inmediatamente la suspensión y la creación de la comisión en los términos que la Presidencia propuso.
Sr. Presidente (Massa).- Reitero: la propuesta de resolución de esta Presidencia es suspender al diputado, aplicar el reglamento y constituir la comisión.
Se va a votar por signos.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Desde este momento se considera suspendido el diputado Ameri y en cinco días se constituirá la comisión. Muchísimas gracias.
- 17 -
Sr. Presidente (Massa).- Continúa la consideración en general del dictamen sobre modificación de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, Orden del Día N° 91.
Tiene la palabra el señor diputado Soria, por Río Negro.
Sr. Soria.- Señor presidente: creo que nadie puede dudar de que este proyecto que hoy estamos debatiendo, después de esta breve interrupción -importante por cierto-, nos va a mostrar una vez más las diferentes perspectivas y visiones, casi antagónicas diría yo, que se plantearon en los últimos años como modelos de desarrollo de nuestra Nación.
Hoy estamos aquí buscando los consensos necesarios para proteger y defender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino. Eso es porque durante los últimos cuatro años, señor presidente, durante el gobierno de Mauricio Macri, se llevó adelante un modelo que procuró precisamente desmantelar ese rol fundamental del Estado como reparador de las asimetrías, ese rol del Estado para garantizar los equilibrios de las relaciones sociales, culturales y económicas en pos del bien común, que es el paradigma que defendemos con profunda convicción desde el peronismo.
Es el paradigma que en definitiva desarrollamos con Néstor y Cristina, y que hoy estamos reconstruyendo con nuestro presidente Alberto Fernández, después de cuatro años de catástrofe neoliberal en la Argentina.
Señor presidente: durante el gobierno anterior, el Fondo de Garantía de la ANSES perdió casi el 70 por ciento de su patrimonio ‑escucharon bien: el 70 por ciento‑, por pésimas decisiones y ruinosas maniobras que lo dejaron prácticamente al borde del quebranto, como fue la denominada “reparación histórica para los jubilados”.
Todo el esquema de financiamiento para la tan pero tan publicitada reparación histórica fue una operación propagandística, una operación de prensa para ocultar en definitiva la verdadera finalidad, que no era otra que avanzar en el desguace del sistema de reaseguro que tiene nuestro sistema jubilatorio previsional para consolidar, en definitiva, el retorno de las AFJP.
No hace falta recordar aquí lo que nos pasó a los argentinos con aquel sistema previsional. Pero de lo que sí estoy convencido es de que hace falta comparar el discurso de la reparación propuesto por Macri con los resultados efectivos que se alcanzaron. Fíjense que, como decía recién una señora diputada, la litigiosidad que se proponía no bajó; por el contrario, se duplicó. El dinero que ingresó con el tan anhelado blanqueo -récord en el mundo y hecho a la medida de amigos y parientes del presidente- no alcanzó siquiera para cubrir la tan publicitada reparación histórica de nuestros abuelos. Por ello, la liquidación de los activos del Fondo de Garantía del sistema previsional era el paso siguiente al desguace que se preveía de seguir en vigencia la ley sancionada durante el gobierno anterior, allá en 2016.
Quedan claras las diferencias, señor presidente: mientras nosotros construimos las bases y seguimos demostrando permanentemente la voluntad política de avanzar hacia un sistema de seguridad previsional inclusivo y sustentable, durante el gobierno anterior precisamente no tuvieron reparos, no tuvieron vergüenza en tratar de imponer al fin y al cabo su visión neoliberal para directamente hacer quebrar el sistema previsional y dejarlo servido en bandeja para los amigos.
Los números son elocuentes, señor presidente. A fines de 2015, los activos del Fondo de Garantía de la ANSES llegaban a 70.000 millones de dólares, y en tan solo cuatro años, de esos 70.000 millones solamente quedaron 22.000 millones.
Por eso hoy estamos en este recinto tratando este proyecto para defender y resguardar el sistema previsional argentino.
Nuestro proyecto de ley impone que ese programa de reparación histórica sea soportado con los recursos del SIPA y con partidas específicas, como deben ser las partidas que se establecen año a año en el presupuesto nacional.
Además, este proyecto de ley atiende un gran problema para todas las provincias argentinas, que es el refinanciamiento de los préstamos que las provincias tienen con la Nación, que hoy suman en total más de 100.000 millones de pesos.
Mi provincia, Río Negro, tiene
comprometido un capital de casi 3.000 millones de pesos, de los cuales más de
700 millones de pesos vencen en este año 2020.
Para tener una idea del
brutal endeudamiento que hoy sufre la provincia de Río Negro, fruto
precisamente de las “relaciones carnales” del anterior gobierno provincial con
el macrismo, en este año 2020 tenemos obligaciones para pagar que hacen que su
deuda pública se haya multiplicado por seis. Por eso, en los últimos tres años
la provincia gastó más plata en pagar servicios de la deuda que en invertir en
el sistema de salud provincial.
Por este tipo de situaciones
es que el proyecto que hoy estamos tratando es importante, para poder dar un
respiro también a las ahogadas provincias y sus finanzas mediante la
renegociación de las condiciones que tiene su endeudamiento.
-
Ocupa
la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Legislación General, doña
Cecilia Moreau.
Sr. Soria.- Además, este proyecto jerarquiza la finalidad del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, vinculada con el fomento de la economía
real, y establece un programa de inversiones estratégicas como herramienta
dinamizadora de la economía.
Mediante la iniciativa que
se está considerando, el Fondo de Garantía deberá invertir entre un 5 y un 50
por ciento de su cartera en proyectos productivos. Esto había caído enormemente
en los últimos cuatro años, es decir, durante la gestión de Mauricio Macri.
Señor presidente: para
nosotros esta es una oportunidad más para reordenar el sistema previsional
argentino, a efectos de que, en última instancia, se sigan recomponiendo los
haberes de todas y todos los jubilados y pensionados del país. Ello de la misma
manera en que hoy ocho de cada diez jubilados ya le ganan a la inflación,
gracias a la clara voluntad política de nuestro gobierno, que decretó que los
haberes previsionales se incrementen, en estos nueve meses -con más de cinco en
plena pandemia‑, casi un 29 por ciento. Esto es lo contrario de lo que
nos pasó en los últimos cuatro años, en que no solo hicieron que los jubilados
perdieran más de un 20 por ciento de su poder adquisitivo, sino que, además,
como si no hubiera resultado suficiente con ello, pusieron en jaque a todo el
sistema previsional y dejaron fundido el Fondo de Garantía.
Hoy nuestro gobierno se
propone una vez más engrandecer el sistema previsional argentino en beneficio
de todas y todos nuestros abuelos.
Sra. Presidenta (Moreau).- Tiene la palabra el señor
diputado Pastori, por Misiones.
Sr. Pastori.- Señora presidenta: estamos tratando un
proyecto de ley por el que se modifica el uso del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, lo que, como se
encargó de destacar hoy en su exposición el señor miembro informante del
dictamen de comisión, diputado Heller, tiene varias aristas vinculadas con
cuestiones previsionales.
Aquí se ha hablado mucho del
Fondo de Reparación Histórica. Yo no me voy a ocupar del tema, ya que lo harán
otros colegas de mi interbloque, como el diputado Laspina y el diputado Cacace,
quien también ha trabajado mucho en la redacción final de este proyecto.
Solamente quisiera decir dos
palabras respecto del Fondo de Reparación Histórica, que ha sido atacado de una
manera absolutamente injusta por parte de los expositores del oficialismo. No
lo digo yo; lo dicen el millón de jubilados y pensionados que, a lo largo y
ancho del país, en cada provincia de la Argentina, hoy están percibiendo un
haber previsional como el que siempre debieron haber recibido, pero el Estado
los venía estafando mes a mes pagándoles mucho menos de lo que realmente les
correspondía.
Además, el acceso a dicho
fondo fue voluntario, no obligatorio. En efecto, aquellos que accedieron al
programa lo hicieron de una manera absolutamente voluntaria, con homologación
de la Justicia. Por eso, me parece que lo que se ha dicho resulta hasta de mal
gusto, si se quiere, porque es una afrenta a algo más de un millón de personas
que hoy están percibiendo estos montos.
Entonces, yo quisiera
reivindicar ese Programa de Reparación Histórica. Lo que hoy se hace es cambiar
el esquema de financiamiento, sobre la base de lo que luego expondrán algunos
colegas de mi interbloque.
En mi participación en
representación de mi interbloque –durante los minutos que me tocan- me centraré
en un artículo del proyecto que corresponde al capítulo vinculado con la
reestructuración de las deudas que mantienen las provincias con el FGS.
-
Ocupa
la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Álvaro
Gustavo González.
Sr. Pastori.- Tengo a la vista el acuerdo Nación-provincias
suscrito el 18 de mayo de 2016 en la ciudad de Córdoba, entre el expresidente
Mauricio Macri y veintiún jefes de Estado provinciales, incluyendo la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, excepto las provincias de San Luis, Santa Fe y
Córdoba. Estas tres provincias habían iniciado un juicio contra la Nación y,
habiendo obtenido sentencia favorable, pudieron recuperar la totalidad del 15
por ciento que desde 1992, en aquel famoso Pacto Fiscal de Menem-Cavallo, la
Nación detrajo a las provincias sobre la masa coparticipable para destinarlo
íntegramente al financiamiento del sistema previsional público. Tengamos en
cuenta que durante aquel gobierno se había privatizado el sistema previsional,
creando las AFJP. No fue nuestro gobierno.
Por eso, vuelvo a
reivindicar ese Programa de Reparación Histórica. Ese mismo acuerdo también
otorgó a las provincias, en 2016, un crédito equivalente al 6 por ciento de la
recaudación; en 2017, del 3 por ciento; en 2018, del 3 por ciento, y en 2019,
del 3 por ciento. El capital de ese préstamo vencía íntegramente a los cuatro
años. De modo que en 2020 ha vencido el capital de ese préstamo obtenido por
las provincias en 2016.
En números redondos, esto
significa unos 25.000 millones de pesos, que vencieron en su gran mayoría en el
mes de agosto. En cumplimiento de ello, la ANSES detrajo esa suma de dinero de
la coparticipación que les corresponde a las provincias, causándoles un grave
perjuicio financiero.
A partir de las gestiones
que se hicieron, la ANSES reintegró el dinero detraído y suspendió el plazo de
vencimiento por cuarenta y cinco días, por lo que estaría venciendo
aproximadamente en la primera quincena de octubre; en la mayoría de las provincias,
entre el 8 y el 15 de ese mes.
De manera que también
tenemos urgencia en sancionar esta norma para que no vuelva a vencer este plazo
y la ANSES saque nuevamente esos recursos a las provincias.
Según informó el presidente
Massa al comenzar la sesión, entiendo que aquí está presente la titular de la
ANSES, Fernanda Raverta, por lo que de paso le hago el pedido para que por
favor tenga en cuenta que, si se llega a vencer el plazo estando en tratamiento
esta ley –ya que aún falta la sanción del Senado, la promulgación y la
publicación-, no vuelva a sacarles los recursos a las provincias, porque les
genera un perjuicio muy grande, sobre todo sabiendo que esta norma ya se está
por aprobar.
¿Qué es lo que finalmente se
ha resuelto? Se ha resuelto que, durante noventa días, a partir de la sanción
de esta ley, se renegocien los contratos entre Nación y provincias.
El monto del acuerdo será la suma de las amortizaciones del principal, del capital, y los intereses devengados proporcionales a la fecha de refinanciación de cada amortización correspondientes a los años 2020 y 2021. Quiere decir que quedan comprendidos los préstamos de 2016 y 2017.
Cada amortización será refinanciada a partir de su fecha de vencimiento por ocho meses, plazo que podrá ser ampliado -esto último fue acordado durante el debate en comisión- por otros ocho. El proyecto establecía una tasa de interés del 1 por ciento calculada sobre el capital ajustado por el CER. Con la modificación introducida con la anuencia de los funcionarios presentes en la reunión de comisión, la tasa aplicable será la Badlar. Generalmente, ya que no siempre es así, dicha tasa suele ser inferior a la aplicada sobre el CER, ya que éste último sigue a la inflación y la Badlar es la tasa aplicable a los depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos que los clientes tienen en los bancos. En este caso, los bancos privados.
En este sentido, se ha logrado una mejora sobre el proyecto original. No obstante, como pretendemos que la mejora sea aún mayor, pedimos que sigan las condiciones que existen actualmente. Me refiero al tope del 15 por ciento de tasa a las provincias, siendo el resto cubierto por el Tesoro nacional, hasta llegar a la Badlar, con una tasa subsidiada.
Continuaremos insistiendo; sabemos que, en esta oportunidad, el oficialismo insistirá con la redacción respecto de la tasa Badlar, pero anticipo que mediante otros proyectos seguiremos pidiendo que se fije ese tope del 15 por ciento. Si bien, como decía, la tasa Badlar es más conveniente, no deja de significar un sacrificio importante para las finanzas provinciales; sobre todo, teniendo en cuenta que este préstamo compensaba, de alguna manera, lo que se ha sacado a las provincias durante tanto tiempo. Concretamente, desde 1992. Fíjense los señores diputados que recién en 2016, gracias a la gestión del presidente Macri, en acuerdo con los gobernadores se realizó uno de los actos tal vez más federales e importantes de las últimas décadas.
Respecto de ese dinero, que originariamente era de las provincias, que después la Nación les prestó y que finalmente éstas deben devolver con intereses, la idea es que, al menos, se considere esa tasa de interés para que la situación no sea tan gravosa. Sobre todo, en tiempos tan complicados donde todas ellas, al igual que la Nación, sufren los efectos de la cuarentena provocada por el COVID-19.
Por las razones expuestas, acompañaremos el dictamen de mayoría. En su momento firmamos en disidencia, justamente por el motivo que acabo de explicar. Concretamente, habíamos pedido que se agregue un párrafo, ya que se daba la opción de que todo el capital, el principal, de los cuatro años de préstamos pudiesen ser consolidados en un título a mediano plazo; se habló en su momento de siete años. Pienso que convendrá a las provincias esta opción, ya que el pago del principal se estira a siete años, y tendrán que negociar el tipo de interés y la forma de pago. Concretamente, pedíamos que se sustraiga a las provincias de la obligación de ser autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional.
Creo que esto quedó resuelto, ya que la opinión del oficialismo -de la que tomé conocimiento a través del señor presidente de la comisión, a quien agradezco- es que no hace falta dicha autorización porque se trata de una reestructuración de deuda con la Nación. Por lo tanto, no haría falta su autorización previa.
Quiero dejar asentado esto en la versión taquigráfica para que quede constancia de por qué aceptamos ese criterio. Acompañaremos el dictamen de mayoría, pero seguiremos insistiendo para que, en lo sucesivo, las provincias obtengan mejores condiciones -especialmente, respecto de la tasa de interés- para cumplir con esta obligación.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Laspina, por Santa Fe.
Sr. Laspina.- Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer algunas consideraciones respecto del proyecto de ley en tratamiento.
Creo que es una norma necesaria, en tanto aclara el funcionamiento entre el Tesoro y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para el manejo de los activos, que, en su gran mayoría, son títulos públicos. Hablamos de una modificación que tiene mucho de tipo contable y que, de alguna manera, comienza a desdibujar la ficción de un sistema, supuestamente mixto, de reparto con un fondo de capitalización. Es un híbrido que arrastramos desde la estatización de las AFJP.
En verdad, la relación entre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el sistema previsional -que obviamente es controlado por la ANSES- se parece mucho a una ficción jurídica. Desde hace muchos años, una porción muy importante del Fondo de Garantía de Sustentabilidad está constituida por títulos públicos del Tesoro; es decir que el Tesoro debe a la ANSES, organismo que, a su vez, administra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En otras palabras, el Estado debe al Estado. Es lo que se denomina “deuda intrasector público”.
Otra parte está conformada por las acciones de empresas; pero, como se mencionó, esto es de muy difícil realización porque se trata de empresas privadas con cotización de mercado. Además, el Estado ha colocado directores en esas compañías.
La prueba de esta ficción jurídica es que la norma en tratamiento se titula: Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, de los fondos de los jubilados. Pero, al mismo tiempo, el gobierno decide suspender la fórmula de actualización de los haberes de los actuales jubilados. ¿Cómo se explica esta paradoja jurídica donde, por un lado, se quieren proteger los fondos de los jubilados y, por el otro, se “defaultea” a quienes actualmente perciben una jubilación mediante la suspensión de una fórmula que, de haber sido aplicada, habría sido mejor que los ajustes efectuados por decreto por el gobierno nacional?
Mientras se proclama la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se castiga a los actuales jubilados. Esto genera una noción falsa, a mi entender, de que el Estado -o sea, nosotros, los legisladores- estamos más preocupados por los jubilados futuros que por los actuales; es decir que estamos dando cierta preeminencia al futuro jubilado sobre el actual. En otras palabras, a los actuales sí se los puede “defaultear” para preservar los activos y no incumplir los compromisos con los futuros jubilados.
Obviamente, se trata de una ficción jurídica porque no es esto lo que estamos legislando. No es que preferimos a los futuros jubilados -a nuestra generación activa- en vez de a los actuales pasivos. En verdad, no es así. Ocurre que no está la plata para pagar a los actuales jubilados porque, en gran medida, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está conformado por títulos que equivalen a deuda con el propio Estado.
Esta es la verdad. Debemos tener en cuenta que, cuando respecto de este proyecto de ley, se habla de hacer un aporte de manera contracíclica como consecuencia de la pandemia, en realidad se trata de un “neteo” de títulos públicos. Para que la gente entienda, digamos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un montón de títulos públicos que transferirá a su alter ego, el Tesoro, con títulos públicos. Es decir que aquí no ha pasado nada.
En el medio, cae la deuda bruta y el gobierno hasta podría decir que está bajando. Pero, en realidad, se dará vuelta y tendrá que emitir deuda o pesos -como está haciendo ahora de manera masiva- para financiar el déficit previsional. Así podríamos llegar a la ficción contable de que baja la deuda del sector público, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad dará al Tesoro los títulos públicos y éste, a su vez, entregará al Banco Central un bono y se llevará los pesos. Entonces, parecerá que se hizo magia y que bajó la deuda del gobierno nacional.
También habrán bajado los activos del FGS, pero esos nadie los mira, más allá de alguna chicana que se ha hecho en el debate.
Entonces, hoy debe haber ‑me podrá corregir el director del fondo de garantía, a quien respeto‑ unos 200.000 millones de recursos líquidos disponibles. Esa es una fracción ínfima del déficit previsional total que tiene la Argentina, que es la principal explicación del déficit de los últimos años. Cuando uno mira el déficit fiscal en la era Macri, todo el déficit fiscal estaba explicado por la ANSES. El Tesoro tenía superávit. El déficit venía del lado de la ANSES.
Y habrá que preguntarse quién generó ese déficit de la ANSES que heredó el presidente Macri. Obviamente, hubo una combinación de factores. En gran medida, tuvo que ver con las sucesivas moratorias que aplicó el kirchnerismo, dándole jubilaciones a quienes no habían hecho aportes, y también con la reparación histórica, que ‑como dijo el diputado Pastori‑ exige una reivindicación histórica de lo que se hizo. Entonces, ese fondo, de alguna manera, está constituido –como dije‑ con títulos públicos y tiene una parte muy ínfima de liquidez.
Esto viene desde hace mucho; incluso cuando se transfirieron los fondos de las AFJP al Tesoro, ya había una parte importante ‑creo que alrededor del 70 por ciento‑ que eran títulos del propio sector público. De modo tal que esto se fue agravando con el déficit estructural del sistema previsional, que se fue acrecentando con el paso de los años, hasta llegar hoy a una porción ínfima.
Recién escuchaba a otros diputados hablar del monto del fondo. Se habla del monto del fondo cuando el gobierno acaba de aplicarle la misma reestructuración de deuda que aplicó a los acreedores y a los supuestos fondos buitre. Entonces, cuando hablamos del monto del fondo, nos olvidamos de que el gobierno acaba de recortar intereses, capital, tiempo. ¿Cómo se explica eso? Se explica en que el fondo, en definitiva, no es más que un espejo de la Argentina: tiene títulos públicos y acciones argentinas. Si a la Argentina le va bien, el fondo sube, y si le va mal, el fondo cae. En definitiva, lo que hay ahí ‑que en gran medida son títulos públicos‑ es la propia deuda del gobierno con su propio alter ego, que es el sistema previsional de reparto público, tal como dice la palabra.
Por eso, diría que aflojemos un poquito con la “sarasa” porque no hace nada bien al debate democrático. Sirve para la confusión generalizada, pero sinceramente no aporta a las soluciones. En los tres minutos que me quedan, trataré de decir cuáles son esas ideas de posibles soluciones.
El blanqueo vino a hacer una doble reparación histórica, tal como dijo el diputado Pastori. Por un lado, la reparación histórica a los jubilados, cuyas jubilaciones habían sido achatadas en los dos primeros gobiernos kirchneristas con la no actualización. Eso generó una bola de nieve de juicios y de injusticias con los jubilados, que se iban muriendo sin recibir las actualizaciones, por lo cual hubo que hacer ese blanqueo. Además, en esa misma ley se devolvió el 15 por ciento a las provincias; se hizo por ley el pacto de devolución del 15 por ciento. Esa sola ley probablemente haya costado al gobierno casi dos puntos del PBI por año, o sea que explica gran parte del déficit fiscal en los cuatro años de Macri. Y probablemente haya sido una ingenuidad política haber cumplido con el fallo de la Corte Suprema que ordenaba devolver la plata a las provincias, que hoy tienen la participación más alta en la historia después de los cuatro años de gobierno de Macri. Por el otro lado, se cumplió con los jubilados, que se estaban muriendo sin cobrar sus actualizaciones.
Entonces, cuidado cuando hablamos de que se malgastaron los recursos, porque gran parte del FGS por primera vez fue capitalizado con los montos del blanqueo. Obviamente, no alcanzaron para la reparación histórica. Pero la culpa no es del que hizo la reparación histórica sino del que no pagó a los jubilados durante quince años lo que debía pagarles.
Entonces, con la reparación histórica reparamos el achatamiento de la pirámide previsional, que es lo mismo que se está haciendo ahora. Hoy parece repetirse esa estrategia que llevó a la quiebra del sistema previsional en algún punto, que es, por un lado, la suspensión de la fórmula de ajuste previsional para todos los jubilados, pero, fundamentalmente, un menoscabo a los que están por arriba de la mínima, a los que contribuyeron.
Esto es como si hubiera jubilados de primera y jubilados de segunda: los jubilados de la moratoria son votos míos y entonces los protejo, pero castigo a los que aportaron durante cuarenta años y tienen una jubilación un poco mejor ‑arriba de 16.000 pesos‑ porque no me votaron; a estos últimos los castigo porque con ellos no me saqué la foto regalándoles la moratoria previsional. Es una lógica binaria, muy típica del kirchnerismo, que le ha dado mucho resultado; me saco el sombrero.
Hoy se repite esa estrategia: se acaba de anunciar una nueva moratoria previsional, como si los recursos sobraran, cuando estamos incumpliendo con los actuales jubilados, cuando además existe la PUAM ‑la Pensión Universal para Adultos Mayores‑, que sí es un subsidio o una pensión para el adulto que no pudo aportar y al que el Estado debe dar una garantía. Pero no castigando al que aportó, porque eso promueve un incentivo perverso que anula el sistema contributivo.
Entonces, genera lo que los economistas denominan moral hazard o riesgo moral, que es que nadie va a querer aportar a un sistema que después le va a retribuir lo mismo, aporte o no aporte. Así, la combinación de informalidad laboral más los incentivos perversos que genera este gobierno, anunciando que regala jubilaciones a quien no hizo aportes y castigando a quien sí los hizo, genera precisamente las semillas para la destrucción del sistema previsional de reparto.
Recuperar el rol de rueda de auxilio del FGS implica, de alguna manera, convertirlo en un verdadero fondo anticíclico, lo cual sería una enorme contribución para la macroeconomía argentina. Para eso se necesita un gran acuerdo político que implique que en épocas de bonanza vamos a ahorrar –como hace Chile con el fondo del cobre, por ejemplo‑ para poder gastar en épocas de vacas flacas, y no tener que ajustar las jubilaciones, como estamos haciendo este año.
¿Qué pasó? Cuando tuvimos los mejores precios internacionales de la historia, gastamos como si fuesen permanentes, no ahorramos, y cuando bajaron los precios, hubo que hacer el ajuste. Y ahí están nuestros jubilados penando por sus jubilaciones porque no les respetan la fórmula que se votó en 2017, que ahora los diputados de izquierda parecen defender, lo cual celebro; más vale tarde que nunca.
Lo que se necesita es un blanqueo laboral urgente. El 35 por ciento de los trabajadores no aportan porque no pueden formalizarse, porque las condiciones legales, tributarias y fiscales y la economía no lo permiten.
En el gobierno del presidente Macri presentamos una ley de blanqueo laboral ‑que lamentablemente no prosperó, a pesar de que había un gran acuerdo al principio‑, con mayores incentivos para premiar a los que aportan y sostener un sistema solidario de pensión básica universal para los que quedan fuera del sistema, que en este modelo con 35 por ciento de informalidad van a ser muchos argentinos. Ahora, seguir con las mismas políticas que llevaron a este resultado generará, precisamente, los mismos resultados.
Me parece que esa es la peor contribución que podemos hacer para preservar el famoso FGS ‑que no es más que los ahorros o activos que deberían defender las presentes y futuras jubilaciones‑, pero, fundamentalmente, para asegurar las prestaciones de los jubilados presentes y futuros. Repitiendo la misma receta, como ahora se insinúa, lamentablemente tendremos los mismos resultados.
Sr. Presidente (González). Tiene la palabra el señor diputado Sarghini, por Buenos Aires.
Sr. Sarghini.- Señor presidente: nuestro interbloque apoya este proyecto de ley y lo hace, fundamentalmente, por tres razones. Primero, porque refinancia deudas de beneficiarios del sistema con el fondo. En segundo lugar, porque refinancia deudas de provincias con el fondo. En tercer lugar ‑y muy importante, a nuestro criterio‑, porque lo hace sin quitar garantías a los jubilados que ingresaron al fondo de reparación histórica, garantías que no estaban en el proyecto original que ingresó para ser tratado y que con el debate en comisión pudimos corregir.
Nos habrán escuchado decir en privado en las discusiones con los diputados, y también en público, que si esa garantía no se daba, nosotros no votábamos este proyecto.
Como esa garantía se ha logrado en el momento en que se obligó a cubrir la totalidad de estos compromisos sin límites, entonces la conjunción de estos elementos que acabo de enunciar nos lleva a acompañar esta iniciativa.
Finalmente señalo que no nos llena de entusiasmo la creación del Fondo Fiduciario Público. Es uno más. Hemos visto y conocemos la historia de todos, pero allí está. Hay una cierta inclinación de quienes nos gobiernan y legítimamente llevan adelante sus ideas, en el sentido de crear fondos fiduciarios sin poder demostrar con mucha claridad cuáles son sus beneficios.
Puede resultar paradójico que las razones que enumero y por las que acompañamos el proyecto de ley en consideración no son las de la defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La verdad es que salvo el enunciado de buena voluntad establecido en el artículo 1° del proyecto de ley y el título, no tenemos ninguna garantía y elemento cierto que nos haga creer que esta iniciativa defiende por sí sola el patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Aquí es válida una reflexión que hizo el señor diputado preopinante: es un fondo extraño, en el sentido de que nosotros estamos bajo un sistema de jubilación estatal o de reparto y ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha sido extraído de un sistema privado o de capitalización. Entonces, el hecho de haberlo extraído de allí genera una cierta rareza, pero está muy bien que lo cuidemos.
Ahora bien, en nombre de los jubilados y en defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que les pertenece se ha prestado dinero al Estado, se hicieron inversiones y se tomaron decisiones con él. Pero la verdad es que lo único que podemos mostrar es que dicho fondo no se ha fortalecido, sino debilitado. Al respecto, cabe preguntarse cuáles son sus activos. Ellos son los títulos públicos y las acciones de empresas, y tanto unos como otras se han derrumbado como consecuencia de una política económica equivocada de muchos años en la Argentina.
La caída de los títulos ha sido de tal magnitud que se ha llegado al default y a una refinanciación. Si bien debo destacar que ella ha sido hecha correctamente, no dejó de ser una refinanciación, con una quita importante respecto de la cual, si celebramos que se la hicimos a los tenedores, no podemos menos que reconocer que también se la hemos hecho a los jubilados, no de manera directa pero sí a través de este fondo que tanto defendemos en nombre de ellos.
Quiero expresar con todo respeto que no deben tirarse piedras unos a otros; me refiero a la primera y a la segunda minoría. Hubo responsabilidad de los gobiernos que ambas han representado oportunamente y que han traído esas políticas económicas que hicieron, por un lado, que el valor de nuestras empresas que cotizan en bolsa sea hoy muy inferior al de hace algunos años, y por el otro, que a los títulos públicos les haya pasado lo que en definitiva les ocurrió. Esto sucedió por un exceso en la toma de deuda y en los compromisos de pago que se generaban en lo inmediato, como así también por las refinanciaciones necesarias que hubo que hacer con eso.
Entonces, yo diría a la primera y a la segunda minoría que paren un poco con eso de echarse las culpas por la cabeza. Porque además quiero decir una cosa: detrás de esta discusión se observa esa lógica que está tiñendo a la agenda política y que inclusive ha llegado a las instituciones y a esta Honorable Cámara hace dos sesiones, en el sentido de que se está efectuando la polarización de esa agenda. De esta forma, en esta discusión se trasunta si estoy de acuerdo con el fondo de reparación histórica o si no me gusta. Entonces, los que hoy gobiernan y no están de acuerdo con dicho fondo dejan trascender que allí hay una parte del problema, mientras que aquellos que ejercieron el poder anteriormente lo defienden como si hubiese sido la solución de todos los problemas.
Al Estado hay que mirarlo con un sentido de continuidad. Cuando se toman compromisos, es el Estado el que lo hace y no los gobiernos. Salgamos de esta tentación de querer refundar el Estado cada vez que venimos, diciendo que todo lo que hizo el gobierno anterior está mal y que si nosotros hacemos todo lo contrario tenemos grandes posibilidades de éxito. Ello no es así, y por eso debemos salir de esta lógica que nos lleva a la confrontación continua y a echarnos la culpa en forma permanente.
En realidad, lo que hoy dispara, motiva y hace que este proyecto de ley sea necesario es básicamente el hecho de que se deben refinanciar las deudas de aquellos que no pueden pagar. Por eso deberíamos preguntarnos si el diseño que se llevó a cabo cuando se hicieron los préstamos fue bueno. En la Argentina es tan difícil predecir el futuro y son tantos los cambios que tenemos que nada resulta claro.
De ninguna manera ignoro –los señores diputados lo saben porque lo he reconocido en todas las exposiciones de nuestro bloque- que ha venido una pandemia que en modo alguno podía preverse y que tiene consecuencias que han agravado la situación de los deudores del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por lo que había que dar una solución a este problema. Este proyecto es una solución y por eso lo estamos acompañando. Pero no lo hacemos con la convicción de que estamos defendiendo los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
También se observa, detrás de las decisiones pasadas y de las actuales, que el gobierno anterior, por su visión ideológica -que respeto pero no comparto-, tenía un cierto desapego por tener acciones de las empresas privadas. Consideraba que el rol del Estado no justificaba el hecho de tenerlas.
Del mismo modo, en el caso del actual gobierno debemos reconocer, a partir de la redacción inicial del artículo 2° del proyecto, que felizmente fue modificado, que más que defender los activos había algo de lo que no quería desprenderse y que precisamente eran esas acciones.
Se trata de posiciones ideológicas que uno comprende y respecto de las cuales no hay por qué no blanquearlas. Pero esto no debe hacerse en nombre de los jubilados. Todas las decisiones que se tomaron dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que trajeron como consecuencia su debilitamiento en lugar de su fortalecimiento fueron en nombre de los jubilados, que nunca dejan de ser la parte más fina del hilo.
Finalmente quiero efectuar una reflexión basada en la idea de que la primera y la segunda minoría no deben tirarse culpas por la cabeza en relación con el pasado. En este sentido, quiero señalar que nosotros no tenemos compromisos con el gobierno anterior y tampoco con el actual, con excepción del de la gobernabilidad, que vamos a mantener a rajatabla.
Por eso, en nombre de ese compromiso con la gobernabilidad y de la necesidad de fortalecer las instituciones que debemos llevar a cabo -por la que tenemos que soportar demasiados papelones-, como así también del mensaje que debemos dar a la sociedad, pongámonos definitivamente en la cabeza que nuestra responsabilidad como políticos es la de construir futuro. En la medida en que volquemos nuestras energías en la tarea de tirarnos culpas por la cabeza respecto del pasado estaremos renunciando a ese desafío esencial que tiene la política, que es el de construir futuro.
Por lo tanto, vamos a acompañar el proyecto de ley en consideración asumiendo un compromiso con la gobernabilidad, porque si bien creemos que son necesarias las cosas que enuncié en un principio, no pensamos en la idea rimbombante de que estamos salvando los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como así tampoco en aquella reparación histórica que llegó después de fallos de la Corte Suprema de Justicia ‑e inclusive de tribunales internacionales‑ y que llevó a cabo el gobierno anterior, respecto del cual también hemos marcado clarísimas diferencias.
Por esa sola razón hay que tratar de alejarse lo más posible de las condiciones que ese fondo genera.
Para finalizar, señor presidente, una vez más digo que la crisis es demasiado grande para que perdamos tiempo y energías en el pasado y que no pongamos todas ellas en la construcción de un futuro mejor, que nos va a costar mucho construir.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr. Ramón.- Señor presidente: vamos a ingresar en el tratamiento de este proyecto de ley desde dos aspectos de análisis, sobre todo para llegar a la conclusión de por qué apoyamos que al final del día, desde nuestro interbloque podamos votarlo favorablemente, tal como espero que lo haga el resto de los integrantes de la Cámara.
¿Por qué digo que hay dos aspectos? Hay uno que es político y se basa en que los dos bloques mayoritarios ‑no quiero que esto se tome como una idea de rechazo a la manera de hacer política en la Argentina-, han generado durante muchos años una polarización que ha alejado al Estado y a la toma de decisiones del Estado de la agenda que tiene cada una de las familias a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina.
No voy a entrar en todos los aspectos del proyecto porque creo que todos lo vamos a acompañar, pero hay que destacar el reenfoque que se quiere hacer sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en donde creo que la base está ‑como bien lo dice su título- en la defensa de los activos del fondo.
El proyecto en consideración tiene un sentido, tiene lógica, sobre todo porque logra en los dos frentes mayoritarios un consenso cuando las arcas de los Estados provinciales se encuentran en una profunda crisis. Lo he venido diciendo a lo largo de varias sesiones durante el tratamiento de los diferentes proyectos. El presupuesto de la Nación está en crisis; en consecuencia, los presupuestos de cada una de las provincias de la Argentina, que son aquellas que en definitiva terminan haciendo el aporte para la creación del Estado nacional, están en una profunda crisis.
Por lo tanto, la reestructuración de la deuda que tienen las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad amerita el tratamiento de este proyecto.
El único punto en el que también veo que tenemos un acuerdo es el que está relacionado ‑la semana que viene se inicia su trámite- con la ley de presupuesto, es decir, con la asignación de las partidas que van a atender a este proyecto de ley. Ya hay un compromiso, lo manifestaron el presidente de la comisión, el ministro de Economía y los funcionarios que fueron a exponer sobre el tema.
Entonces, pasado este tema político, me quiero referir a aquella obligación que tenemos en nuestra función como diputados que representamos el pueblo. Resulta que en este tema de nuestra función me quiero abocar a un punto que no ha tenido relevancia en la discusión, cuando estuvimos en la Comisión de Presupuesto discutiéndolo, que es el relacionado con los créditos de la ANSES. Nosotros celebramos que el Poder Ejecutivo lo haya puesto en consideración, porque los créditos de la ANSES fueron estimados y creados como un sistema que servía para paliar determinadas situaciones.
Recordemos que en su momento, en el año 2017, se dictó una resolución que establecía los créditos Argenta, que hoy son los créditos para los jubilados. Y cuando hablamos de créditos quiero incorporar un tema que no se discutió en profundidad que tiene que ver con el sobreendeudamiento de cada una de las familias que viven a lo largo y a lo ancho de la Argentina, con todos los usuarios bancarios y no bancarios y con el tipo de crédito que asume cada familia, en especial la de los jubilados y pensionados, de aquellos que cobran la Asignación Universal por Hijo y todos los que tienen un beneficio relacionado con el crédito que otorga la ANSES.
El sobreendeudamiento, justamente cuando se trata de jubilados y pensionados, es doblemente vulnerado porque muchas veces el Estado, como en este caso la ANSES allá por el año 2017, es el que favorece estas prácticas que tienen los privados y que vulneran los derechos de los consumidores, en especial de los consumidores jubilados y pensionados.
Fíjense que lo repetí dos o tres veces porque quiero darle la importancia que tiene. En la Argentina los créditos que otorgan las entidades financieras formales y no formales son un problema, y no estoy hablando del problema de las arcas del Estado provincial que le está debiendo al Fondo de Garantía, estoy hablando de las economías de cada una de las familias, el sobreendeudamiento. Los préstamos en la Argentina, los otorgue quien los otorgue, son un problema grave. De ello se deviene esto que yo dije al principio, el sobreendeudamiento de cada familia, que también es un tema grave.
Entonces, nos encontramos con que el Estado incentiva la falta de solución para el sobreendeudamiento y dice: “Hay que tomar crédito.” Fíjense que hay muchas situaciones. Yo enseguida voy a dar tres ejemplos claros. Incentiva a los privados a que otorguen créditos, y cuando hablamos de los privados ‑repito- son las entidades financieras, que son legítimas y públicas, y las entidades no financieras, que no regula el Banco Central.
Cuando incentiva el Estado, la responsabilidad tiene que ser muy grande. Fíjense que en el proyecto original no estaba todo el planteo que nosotros venimos haciendo en relación con la protección del interés económico del usuario bancario, en este caso del usuario que toma un crédito de la ANSES.
¿Saben de quién estoy hablando cuando me refiero a sobreendeudamiento? Hace muy poquito hubo un problema muy serio con la Policía de la provincia de Buenos Aires, con las personas que trabajan como policías en todas las provincias, empleados públicos que tienen un bono de sueldo y que para poder llegar con sus cuentas a fin de mes terminan pidiéndole un préstamo, un crédito, a las entidades financieras formales o informales, que dependen del sistema o no. Sucede que el Estado no toma las previsiones para la protección del interés económico del usuario financiero, del usuario bancario o del usuario jubilado que recurre a las arcas de la ANSES para pedir un préstamo, que generalmente se destina a la subsistencia.
Entonces este trabajador, que tiene un bono de sueldo formal, que tiene un bono de jubilación, se transforma en un esclavo. Conozco casos ‑seguro recuerdan- de la época del gobierno anterior donde las Fintech tenían una manera de establecer la esclavitud del salario del empleado o del jubilado porque les hacían el depósito en su caja de ahorro y los descuentos los realizaban directamente de la misma caja de ahorro. Entonces, cobraban sus salarios o sus haberes jubilatorios y estos señores les sacaban el dinero, violentando todos los reglamentos y leyes que lo impiden, embargando por encima del 20 por ciento del salario. Esto es grave; estamos hablando ‑repito- de sobreendeudamiento, de abuso de aquellos que utilizan el poder del dinero para aprovecharse de los que están más desprotegidos.
Quiero dar dos o tres ejemplos más. El primero es el de las Fintech, lo acabo de decir. El segundo es el de los jubilados que se endeudan porque el Estado les dice que vayan y compren en doce, en dieciséis o en treinta y dos cuotas. ¿Saben qué significa esto? Treinta y dos meses para comprar un bien que probablemente no necesiten porque el consumo de las cosas y de los servicios son los que necesitamos y los que queremos, que generalmente son bienes inducidos por la publicidad; las personas comienzan a tener un sobreendeudamiento de la economía de su familia. Hay que hablar de esto, y fíjense que el proyecto de ley habla del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y estoy hablando de la protección que queremos brindarles los diputados, que defendemos el pueblo y la familia frente a este tema de sobreendeudamiento. El Estado nacional lo permite, la ANSES lo permite.
Hay una disposición última del Ministerio de Educación de la Nación en la que propone a los maestros de la Argentina que vayan al Banco Nación y saquen un préstamo para comprar computadoras. Les está diciendo: “Señores maestros, vayan y endéudense para hacer su trabajo en su casa, como establece la ley de teletrabajo que sancionamos hace muy poco.”
Pero
por esa ley es el empleador el que tiene que proveer
las herramientas para que el trabajador pueda cumplir con su función. El Estado
no está cuidando el interés económico de los docentes.
A principio de año pedimos al
presidente del Banco Central que informara cómo funciona este tema de los
intereses que se cobra, a través de las tarjetas de crédito de las entidades financieras
formales y no formales.
Hace muy poquito -dos meses‑ volvimos
a pedir la información al presidente del Banco Central, ¿y saben cuál fue la
respuesta? Ninguna. ¿Por qué? Porque el Estado se comporta
incentivando el crédito y el sobreendeudamiento, no tomando medidas o dando herramientas
para que una familia pueda salir del paso.
Hace muy poco desde nuestro
interbloque hemos presentado un proyecto de ley para que se regule la quiebra
del consumidor. Podrán decir: “¿De qué está hablando Ramón?” Sí, porque el
proceso de quiebra, el proceso concursal no es solamente para las empresas. El
proceso concursal en favor de una persona física constituye la posibilidad de
barajar las cartas y dar de nuevo para poder tener una visión de la vida fuera
de este proceso de sobreendeudamiento.
¿Por qué fui tan extenso en todo esto?
Porque creo que el problema de sobreendeudamiento en la Argentina es enorme y
es grave, muy grave. Entonces, le quiero agradecer al presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, diputado Heller, y a los funcionarios que vinieron
de la ANSES, porque nosotros propusimos que no puede haber capitalización de
los intereses, y no solamente cuando se dejaron de cobrar las cuotas sino tampoco
a partir de que se publique esta ley.
Se tiene que proteger el interés
económico desde el Estado, pero no actuando como una entidad financiera formal o
no formal, que puede notificar por medio de un correo electrónico.
Quiero hacer saber a la presidenta del
ANSES que el 50 por ciento de los jubilados de la Argentina no tiene acceso a
la red. Es la número 155 de 2017. ¿Y saben lo que dice esa resolución? Que se
puede notificar en un correo electrónico, y si no recibe el correo electrónico
porque no lo tiene se procede con una carta documento, y si no la retira del correo
queda notificado igual.
Y se hacen las ejecuciones. Limitan el
derecho de defensa de aquella persona que está endeudada, perdón, que está sobreendeudada.
Entonces, nosotros pedimos una
modificación en este sentido, y es necesario que esto lo tenga en cuenta la
presidenta de la ANSES, que está presente en el recinto.
Durante la discusión en particular vamos
a pedir un agregado a ese artículo 11, que específicamente contiene aquellos
elementos que hacen a que los consumidores, usuarios de los préstamos de la
ANSES vía bancaria, no tengan que correr la misma suerte que la de aquellos empleados
públicos, policías o maestros que tienen un bono de sueldo, porque por mi experiencia como abogado les comento que
solo el diez por ciento del salario les llega a su bolsillo, ya que a través de
las cajas de ahorro las Fintech
y todos aquellos que hacen un acuerdo con códigos de descuento -que
ya no existen en los bonos de sueldo pero sí en las cajas de ahorro‑ les
sacan el patrimonio que representan los salarios de las personas más
vulnerables y sobreendeudadas en la Argentina.
Quería hacer hincapié en este punto.
Sé que hay otros temas que dan vuelta sobre el proyecto y voy a dejar que lo
exprese uno de los integrantes de nuestro interbloque, en relación con los beneficios
para las provincias, porque ellas también tienen sobreendeudamiento.
Para terminar, quiero decir desde lo
político que el tema de la grieta, de los consensos y de los acuerdos tienen
que estar apoyados en una agenda que no sea solamente la de tratar de vivir en
esta paz que tenemos en el recinto. Se logró el consenso cuando los
gobernadores pidieron que les demos una mano para que se sancione este proyecto
porque las arcas de las provincias no funcionan.
Necesitamos una agenda por la cual se
traten estos temas de sobreendeudamiento, de los servicios y de todo aquello
que hace a la extracción, a la exacción y a la salida de los ingresos que tiene
una familia que está sobreendeudada.
Durante la consideración en particular
vamos a hacer estos planteos que he señalado. Desde ya adelantamos que nuestro
interbloque va a apoyar en general este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Corresponde pasar al segmento de expositores en forma individual. Todos los diputados tienen cinco minutos de tiempo para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra la señora diputada Aguirre, por La Rioja.
Sra. Aguirre.- Señor presidente: hoy estamos frente a la enorme responsabilidad histórica de
salvar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, de
reaseguro del sistema jubilatorio estatal, de reparto y de solidaridad
intergeneracional.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
nació de la eliminación del espectacular negocio financiero que las AFJP hicieron
con el aporte previsional de los trabajadores.
Se creó por el decreto 897 en julio de
2007, previo a la reestatización del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, otro hecho histórico concretado en diciembre de 2008 por Cristina
Fernández durante su primer período presidencial.
Hoy después de doce años volvemos a
reivindicarlo y a salvarlo, porque en menos de cuatro años la economía macrista
devaluó los activos del Fondo, modificó sus funciones y lo descapitalizó para
finalmente entregarle papeles de deuda de corto plazo defaulteados.
Esa plaga que asoló al país produjo un
fuerte deterioro del Fondo de Garantía. Macri los recibió con un monto equivalente
a 65.800 millones de dólares para dejarlo en el año 2019 con un capital de 34.800
millones de dólares. Es decir que los del gobierno de Cambiemos se
fumaron 31.000 millones de dólares.
Es así, señor presidente. La plaga
macrista destruyó la caja principal de garantía del sistema previsional licuando
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Además de la devaluación de los activos,
el gobierno de Macri modificó la esencia del Fondo de Garantía cuya finalidad
era atenuar el impacto que pudieran ejercer evoluciones negativas de la
economía sobre el sistema previsional, atender eventuales insuficiencias en su
financiamiento, preservar el valor de los recursos y contribuir con la aplicación
de estos al desarrollo sustentable de la economía.
Claramente la economía macrista no lo
hizo. Por el contrario; lo descapitalizó a la vez que liquidó activos
para el pago de retroactivos con el programa de reparación histórica. Violentando
el objetivo principal del Fondo prácticamente desplumó el saldo real de la caja,
de la plata de los jubilados. Es decir, destruyó el activo público
estratégico.
Hoy, a nueve meses de nuestra gestión,
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se incrementó a 46.000 millones de
dólares producto de la buena administración, mientras el macrismo utilizó la
caja de garantía previsional con criterio político electoral como fuente de
oscuros negocios, licuándolo en pleno desastre financiero cambiario provocado
por su plan económico y por la ley de reparación histórica que promovió en
2016.
Hoy, con el proyecto de defensa de los
activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el gobierno nacional y
popular de Alberto y Cristina viene a rescatar a miles de argentinos y argentinas
dejados de lado por el neoliberalismo macrista.
Hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
no está para liquidarse sino para priorizar aquellas inversiones que tengan
impacto directo en la economía real por medio de proyectos productivos e
inversiones estratégicas, fomentando la generación de empleo y el desarrollo
económico -energía, vivienda e infraestructura, entre otros‑ con el
objeto de disminuir su exposición a eventos de inestabilidad financiera y canalizando
recursos de forma ágil para apuntalar los efectos de la postpandemia con una
mirada federal.
Dentro de los múltiples beneficios del proyecto de ley en tratamiento, como legisladora proveniente de una provincia del interior del país, quiero rescatar los acuerdos de refinanciación de los préstamos que se suscribirán con las jurisdicciones provinciales en condiciones que oxigenarán nuestras finanzas, así como también las inversiones productivas que permitirán fomentar la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y la economía en general.
Al igual que en los años 2007 y 2008, estamos frente a un hecho histórico impulsado nuevamente por un gobierno peronista que proyecta y trabaja para todos los argentinos y todas las argentinas que tienen a la justicia social como su eje primario, y a la seguridad social y jurídica como parámetros fundamentales para cada acto de gobierno. Por ello, con enorme emoción reivindico la esencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad originario.
Por mi compromiso histórico, por mi convicción ideológica y por todo lo que hicimos, hacemos y haremos en favor de nuestros trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, orgullosa digo ¡Sí, salvemos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad!
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Cacace, por San Luis.
Sr. Cacace.- Señor presidente: he escuchado algunas declaraciones buscando minimizar los efectos de la reparación histórica y la importancia de este programa para los jubilados.
Entiendo que la reparación histórica instrumentada por el gobierno anterior provocó que 1.300.000 jubilados vieran actualizados sus haberes, recibiendo un aumento promedio del 38 por ciento. Específicamente, los jubilados mayores de 60 años tuvieron un aumento del 64 por ciento y más de medio millón dejó de percibir la jubilación mínima para cobrar haberes más altos. Me parece que no corresponde minimizar este punto, sino tener la grandeza de reconocer un importante programa de gobierno.
En esta oportunidad estamos defendiendo esa reparación histórica porque el artículo 2° del proyecto de ley del FGS no garantizaba esos pagos. Si bien el gobierno tenía la intención de cambiar la fuente de pago –como bien lo dijo‑ por una cuestión más bien contable, creímos fundamental resguardar los pagos en su totalidad, sin poner límites a los beneficiarios de la reparación histórica. Me refiero específicamente a quienes no tenían acceso a la Justicia o que hubieran tenido que esperar años para lograr el reajuste de sus haberes, pero que lo consiguieron a partir de la ley sancionada durante el gobierno del expresidente Macri. Entonces, sepamos valorar esa medida.
Acompañamos el proyecto de ley porque a partir de la modificación del artículo 2° logramos esa garantía. Sin embargo, debo advertir que los artículos 36 y 37 del proyecto de ley de presupuesto ingresado en la Cámara, sobre el que expuso el ministro Guzmán, contempla otra óptica del Programa Nacional de Reparación Histórica porque siempre está presente la carga ideológica del actual gobierno. Por eso, si hoy sancionamos este proyecto de ley en general y el artículo 2° en particular tal como fue redactado, el proyecto de ley de presupuesto tendrá que cumplir con las previsiones señaladas en los artículos 36 y 37.
Por otro lado, he escuchado muchas cifras sobre el FGS. Lo cierto y publicado en la página del propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad sobre la transparencia, es que a diciembre de 2019 el patrimonio del Fondo era de 40.000 millones de dólares y al 23 de abril de 2020, cuatro meses más tarde, pasó a ser de 38.000 millones de dólares. A partir de ahí no hubo más publicaciones del organismo sobre el segundo trimestre, ni creo que lo tendremos cuando se complete el tercer trimestre.
Es cierto que el mecanismo establecido en el artículo 4° ya estaba previsto en la normativa. Cuando existe un problema en el financiamiento de las jubilaciones debido a la evolución de las variables económicas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que asistir al Tesoro para el pago de las jubilaciones. Esto es lo que señala el artículo; sin embargo, al comienzo lo cuestionamos porque su reglamentación no precisaba a qué fondos se refería, la cuantía ni el criterio para establecerlos. Por ello, hicimos la propuesta.
Escuché a algunos diputados hablar sobre las contribuciones patronales y los aportes, pero me parece que debemos prestar atención al texto acordado en comisión, el que es muy preciso al establecer un mecanismo relativo a los recursos impositivos. Es decir, la asistencia financiera se calculará sobre la base de la disminución de los recursos impositivos provenientes del IVA, del impuesto a las ganancias y de los impuestos internos que forman parte de los ingresos de la ANSES. Además, obviamente la recaudación disminuyó debido a la pandemia. Esos recursos compensarán el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no los aportes y contribuciones.
Con estas mejoras sustantivas acompañamos el proyecto de ley porque creemos que es en resguardo de los jubilados, siempre con la convicción de que las políticas sostenidas para los jubilados, particularmente la reparación histórica, son beneficiosas y debemos preservarlas.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Estévez, por Santa Fe.
Sr. Estévez.- Señor presidente: como expresara mi compañero de interbloque el diputado Sarghini, vamos a acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
Sin embargo, quiero hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, porque soy santafesino, y en el tratamiento de estas renegociaciones con las provincias, la nuestra no es beneficiada, porque en este caso la deuda es al revés: el Estado nacional le debe a la provincia de Santa Fe más de 100.000 millones de pesos. Esa deuda se originó durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En aquel momento, el exgobernador de Santa Fe, en un importante gesto institucional, recurrió a la Corte Suprema para reclamar por ese porcentaje que indebidamente la Nación le estaba reteniendo. La Corte le dio la razón justo cuando terminaba el gobierno de la doctora Kirchner y comenzaba el del ingeniero Macri, que pasó cuatro años sin siquiera demostrar interés por pagar esa deuda, así fuera en cómodas cuotas. Queremos remarcar que no tuvimos ninguna posibilidad y que volveremos a pelear por la devolución de esa deuda de la Nación con mi provincia cuando debatamos el proyecto de ley de presupuesto nacional.
A veces me sorprendo, aunque creo que ya es difícil sorprenderse en esta sesión. Igualmente, me sorprendo porque algunos diputados y diputadas del oficialismo hacen planteos como si estuviéramos por votar una medida revolucionaria.
Siento que estamos votando una iniciativa que tiene un sabor amargo, como expresó el diputado Sarghini. Además, el debate nos convoca todo el tiempo al pasado.
Cambiar la difícil
realidad del sistema previsional de nuestro país no es una cuestión de
voluntarismo, porque es un problema que se da en muchísimos lugares del mundo.
Estamos votando una reducción de daños, y lo hacemos con una responsabilidad
por las finanzas de la Nación y de las provincias. No es una medida
revolucionaria.
Creo que esto arreglará o
más bien pondrá un parche sobre los problemas ocasionados por lo menos en los
últimos dos gobiernos nacionales. En este sentido, creo que como dirigentes
políticos y diputadas y diputados de la Nación debemos tener ubicación sobre el
momento en que estamos viviendo, ubicación de cuánto cobran nuestros jubilados
y jubiladas y por eso tenemos que ser responsables, menos soberbios y aceptar
que en treinta y siete años de democracia, con muchas idas y vueltas, no le
pudimos encontrar una solución de fondo a este problema.
Por eso, desde el bloque
Socialista presentamos un proyecto de ley –tal como lo venimos haciendo por lo
menos hace treinta años‑ para que se constituya un Consejo Económico,
Social y Político donde abordemos los problemas estructurales de nuestro país,
como es la miseria que cobran nuestros jubilados y jubiladas.
Señor presidente: para
terminar quiero destacar la necesidad de encontrar acuerdos que nos permitan
lograr una solución de fondo. Los parches sirven por un tiempo, pero la gente
se da cuenta y sabe que venimos de parche en parche desde hace muchos años.
Como dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias para
mínimamente establecer un camino que nos permita construir acuerdos en torno a
estos temas que, evidentemente, ningún gobierno nacional sea del signo político
que sea, ha podido resolver.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor
diputado Vivero, por Neuquén.
Sr. Vivero.- Señor presidente: saludo esta iniciativa
y la construcción mayoritaria de un consenso en torno a la propuesta que
enviara el Poder Ejecutivo.
Es una medida que nos permite
devolverle la sostenibilidad, la sustentabilidad y la previsibilidad al Fondo
de Garantía de Sustentabilidad y a los recursos de trabajadoras, trabajadores y
jubilados de la Argentina en un camino de reordenamiento general de la política
económica que nuestro gobierno viene llevando adelante. Lógicamente esto ha
tenido su principal hito en el ordenamiento de la renegociación y
reestructuración ventajosa de la deuda externa contraída en la etapa de
gobierno anterior. Seguramente ese camino de reordenamiento económico se va a
profundizar a partir del futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y
de la renegociación de las deudas que las provincias fueron contrayendo en ese
sistema construido en torno a una mirada financiera, alejada de cualquier
perspectiva industrialista o productivista de nuestro país.
En ese sentido, es
absolutamente importante y necesario llevar adelante el reordenamiento del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué estaríamos discutiendo si el 10 de
diciembre hubiese mantenido la conducción del país el expresidente Macri? En
función de las medidas y las acciones que llevaron adelante en materia de
política económica, creo que hubiésemos estado discutiendo la privatización del
sistema previsional y la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Este giro en la
perspectiva económica nos aleja de esa política ‑en absoluto perjuicio de
los términos financieros‑ y nos lleva hacia una política sostenida sobre
la base de la producción, de la industria y del incentivo al consumo. Me parece
que así se afianza esta nueva lógica que debe tener el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad.
Debemos apostar a la
inversión, al consumo y a recuperar esa retroalimentación permanente que tenía
el FGS, cualidades que obviamente se fueron perdiendo. Vale mencionar aquí las
políticas orientadas a la vivienda y a la inversión productiva en el país.
Nuestro presidente hoy
entregó alrededor de 11.000 viviendas del plan Procrear que habían sido
paralizadas durante la gestión anterior y que estaban en marcha desde 2015 con
financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Me parece que éste es
el proceso que nos va a llevar a recuperarnos y a ponernos de pie.
Algunos diputados
preopinantes planteaban algunas cuestiones respecto a la demonización
permanente sobre determinados sectores que pudieran acceder a un sistema de
inclusión previsional a través de las moratorias previsionales. Las moratorias
no fueron gratuitas y se establecieron con un criterio por el cual el que
accedía a ella justamente tenía que pagar el monto de su hipotético aporte
previsional en cuotas.
Muchas veces se enojan
cuando digo que hay un sector de la política Argentina que defiende a los
privilegiados y a los que están en mejores condiciones. La verdad, los aportes
jubilatorios no solamente se constituyen con los aportes que hacen justamente
los jubilados, sino también con los aportes patronales. Decenas de miles de
jubilados accedieron a las moratorias previsionales durante la etapa de los
gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner a raíz de que
tuvieron patrones inescrupulosos que nunca les hicieron un aporte, porque si no
pareciera que siempre demonizamos al más desprotegido y desvalido.
En la gestión anterior se
han llevado adelante políticas impulsadas por el macrismo como la reducción de
aportes patronales o el blanqueo de capitales.
Nosotros no discutimos
sino que por el contrario ratificamos el financiamiento de los pagos de la
reparación histórica. Juntos por el Cambio impulsó y sancionó la reparación
histórica para justificar el blanqueo escandaloso de capitales con el argumento
de que los fondos alcanzaban para financiar durante diez o quince años la
reparación histórica. Esto no fue así y
se puso en serio riesgo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La medida que estamos
adoptando es justa, tiene un impacto importante y necesario en todo el
territorio. En mi provincia el impacto de la medida será doble. Primero, como
la provincia de Neuquén está en una situación bastante complicada ya que fue
parte de ese proceso de endeudamiento que llevó adelante el expresidente Macri,
esta medida le permitirá tener previsibilidad en una parte de su deuda que hoy
no puede atender. Segundo, el impacto que tiene en la condonación de intereses
tanto para la asignación universal por hijos como para jubilados, jubiladas y
pensionados y pensionadas provocará un incentivo al consumo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora
diputada Terada, por Chaco.
Sra. Terada.- Señor presidente: en primer lugar, el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado por el decreto 897 en 2007 por
el entonces presidente Néstor Kirchner. En 2008, cuando pasamos del sistema de
AFJP al de reparto asistido, creándose el Sistema Integral Previsional Argentino
–SIPA‑, se mantuvo este fondo.
¿Para qué sirve ese
fondo? Este fondo puede ser utilizado para pagar los beneficios del SIPA y, en
su caso, a través de la ley 27.260, el de la reparación histórica. A través del
proyecto de ley en consideración se saca todo lo que se refiere a la reparación
histórica del pago del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pasarlo al
Tesoro nacional. Por eso me parece importante lo que ha recalcado el diputado
Cacace, que fue en realidad un aporte de Juntos por el Cambio con relación a
que se garantice efectivamente el pago de la reparación histórica a cerca de un
millón cien mil personas que aceptaron esto y que tienen los convenios
homologados.
Quiero reivindicar la ley
27.260, porque hoy ha sido denostada durante toda la tarde. El trabajo fue
votado, a su vez, por casi todos los bloques legislativos, con excepción del
Frente para la Victoria –hoy Frente de Todos‑ y el Frente de
Izquierda. En definitiva, esa ley significó una justa reivindicación a miles y
miles de jubilados. En 2016 había cerca de 500.000 juicios de jubilados en
ronda. Por otro lado, convengamos en que esta es una situación que lleva
décadas de arrastre de gobiernos de un signo similar al que preside nuestra
Nación.
En consecuencia creo que tenemos que ser justos. En su momento, fue importante declarar la emergencia previsional porque 1.350.000 jubilados pudieron ver reajustados sus haberes entre un 38 y un 64 por ciento, en el caso de los mayores de 80 años. Asimismo, gracias al sinceramiento fiscal o blanqueo se produjo un ingreso de 104.000 millones de pesos, con lo que se alcanza a pagar hasta el mes de octubre ‑esto fue reconocido hoy por la propia titular de la ANSES‑ todo lo que refiere a la reparación histórica.
No es cierto que se haya desfinanciado o que la gestión anterior haya producido una disminución en el valor de los activos del fondo de garantía. Ya dijo perfectamente bien el diputado Cacace ‑y lo recalco‑ que en diciembre el fondo contaba con 40.000 millones de dólares y hoy, según el último índice con el que se cuenta, que es de abril de 2020, se ha visto disminuido a 38.000 millones.
La verdad es que celebro que el oficialismo haya aceptado la incorporación, en el artículo 2°, de la posibilidad de garantizar el pago de todos los juicios de reparación histórica sin ninguna limitación. De lo contrario, si se recurría solo al presupuesto y se fijaba una limitación nos íbamos a encontrar con que muchas veces no alcanzaría el dinero para pagar todos los juicios, muchos de ellos homologados judicialmente, y a aquellos jubilados que se acogieron a la reparación histórica y que no iniciaron ninguna acción.
Me gustaría detenerme también en el artículo 12, mediante el cual se constituye el fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas. Nadie puede estar en contra de la inversión en obras públicas, pero, ¿sabe qué, señor presidente? Eso ya está en el artículo 74, inciso l), de la ley 24.241. Entonces, uno se pregunta por qué se quiere crear un fondo fiduciario, si el FGS ya tiene la facultad de invertir en obras estratégicas o en obras públicas. ¿Será porque se quiere escapar del control?
Hemos tenido antecedentes muy recientes acerca de cómo esos fondos fiduciarios, al no tener ningún tipo de control, constituyeron una suerte de caja negra del gobierno que en ese momento constituyó esos fondos fiduciarios.
Por otro lado, si bien se crea todo un articulado referido a los distintos órganos, como el Comité Ejecutivo y demás, y a cuáles son las funciones de este fondo fiduciario, en ningún momento se habla de la garantía de mantener o incrementar los 100.000 millones de pesos que se van a invertir o a afectar a esos fondos.
Sinceramente, sería bueno que estas obras públicas o estas inversiones estratégicas se apliquen con el criterio de un federalismo real, que vayan para todas las provincias y no solamente para aquellas cuyos gobiernos son afines al gobierno central de la Nación.
Por último, quiero referirme al artículo 24, referido a la creación del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino. El título es realmente grandilocuente y me parece genial, no me parece mal que se constituya este fondo, pero hay varias cosas para resaltar. En primer lugar, no se fija cuál será el monto que se va aplicar para esto, no se establece la garantía de mantención o incremento de este monto y tampoco se establece a qué se lo afectará puntualmente, dentro de lo que significa recuperación, producción y desarrollo argentino.
Por último, ojalá se cumplan los loables objetivos de este proyecto y no pase lo que sucedió ya con la ley de emergencia, y más precisamente con la ley de solidaridad previsional, que suspendió la movilidad jubilatoria y nuestros jubilados terminaron siendo la variable de ajuste. Ojalá no tengamos luego que lamentar que se pierdan los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que pertenecen a todos los jubilados y a todos quienes estamos aportando al sistema.
Por lo expuesto, señor presidente, desde el bloque de la Coalición Cívica vamos a acompañar en general este proyecto, pero durante el tratamiento en particular del artículo 12 vamos a abstenernos de votar por las consideraciones que acabo de verter.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el diputado Enríquez, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Enríquez.- Señor presidente: fiel a su costumbre, el bloque hoy oficialista vive permanentemente denostando todo lo que se hizo en la etapa anterior, como si en los cuatro años en los que nuestra fuerza política gobernó el país se hubiera producido una destrucción con tal grado de brutalidad y ensañamiento que manifiestan. Claro, quien no tiene nada que proponer para el futuro obviamente queda anclado en el pasado; le resulta cómodo porque el pasado es inmodificable.
Esta ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA es una ley necesaria, pero es uno de los tantos atajos, como los de las emergencias, que empleamos los argentinos para no resolver el asunto y quedarnos siempre en el medio, sin ir al hueso en la solución de los problemas. En la Argentina tenemos tres leyes de este tipo: la de reforma laboral, la de reforma tributaria y la de reforma previsional. Y, claro, seguimos con estos parches que hacemos permanentemente.
El artículo 14 bis de la Constitución Federal, modificado en el año 1957, establece claramente que uno de los beneficios de la seguridad nacional que debe garantizar el Estado es el de asegurar las jubilaciones y pensiones móviles. Hubo que esperar muchos años para que la Corte Suprema fuera precisando el concepto de movilidad, y en el año 2007, a partir del virtual congelamiento que se produjo en las postrimerías del gobierno de Eduardo Duhalde y en el comienzo y posterior desenvolvimiento del gobierno de Néstor Carlos Kirchner, ese congelamiento obligó a que no pudiera mantenerse el nivel de vida del jubilado.
La Corte fue muy clara al establecer que la movilidad implica acompañar las prestaciones en el transcurso del tiempo, para reforzarlas a medida que decaiga el valor de la jubilación en relación con los salarios de la actividad. ¿Qué provoca esto? Mantener una proporción razonable entre los ingresos de los trabajadores y el monto de las pensiones y jubilaciones.
Luego del famoso fallo Badaro, el Congreso dispuso un aumento de los haberes, pero claro, facultó al Poder Ejecutivo a que estableciera otro, cuando la situación económica lo permitiera. En ese momento, Badaro cuestionó por insuficiente ese incremento que se la había dado y hubo un segundo fallo, Badaro II, mediante el cual se dispuso que se tomara como base el índice de variación salarial.
No quiero seguir haciendo historia, pero después empezaron a aparecer decretos y otras cuestiones que recién evocaron muy bien los dos diputados de mi bancada que me precedieron en el uso de la palabra, el diputado Cacace y la diputada Terada. Para evitar demonizar a nuestro gobierno, se habló de la ley 27.260.
Justamente, hablan tanto del gobierno de Mauricio Macri porque realmente no tienen nada que ofrecer hacia adelante. Ayer el jefe de Gabinete habló todo el tiempo de Macri y del macrismo. Realmente, vi a un jefe de Gabinete con una gran chatura intelectual, con una forma de expresarse rudimentaria, y que no dijo nada para el futuro. Incluso, nos aconsejó que ahorremos en dólares. ¡Qué defensa de la moneda nacional! ¡La pucha! Defensa de nuestra soberanía monetaria, caramba. Después dijo que se había equivocado. Claro, cuando no se piensa lo que se está diciendo, o el subconsciente traiciona, ocurren estos hechos.
Pero vayamos más acá en el tiempo. La ley que se sancionó posteriormente fue para que la actualización periódica de los haberes fuera en forma automática. El gobierno de Mauricio Macri ‑tanto que lo critican‑ en diciembre de 2017 impulsó una ley por la que se modificó parcialmente la fórmula de ajuste. El cambio, a la postre resultó tremendamente beneficioso. Y acá, dato mata relato: vayan y vean la diferencia de los haberes jubilatorios que se cobraban en aquel momento y los que se cobraban a partir de aquella fórmula jubilatoria. Sin embargo, había protestas de grupos kirchneristas y de izquierda, y la famosa historia que siempre contamos de las 14 toneladas de piedra.
Apenas asumido el gobierno de Alberto Fernández, se estableció la emergencia previsional. ¿Para qué? Para sustentar la movilidad automática de la ley concediéndole al Poder Ejecutivo la facultad de otorgarla a su entera discreción. El acto del príncipe; la concesión graciosa.
¿La
concesión graciosa a los que aportamos durante años? No digo que sea mi caso
concreto porque no estoy jubilado, aunque tengo aportes para tirar hacia
arriba. ¿Pero la concesión graciosa para el jubilado que aportó por más de
cincuenta años? ¿Eso es una concesión graciosa?
Dicha
facultad obviamente se ejerció en ese momento en perjuicio de la clase
pasiva. Acá hablaron algunos diputados de los aportes que la patronal no
había hecho. Más de tres millones de jubilados aparecieron en el sistema sin
haber realizado un solo aporte. Por eso se desfinancia el sistema. Pero, en
verdad, cuando se otorgó el aumento durante el gobierno de Alberto Fernández,
solo correspondía a los haberes mínimos. El resto recibió incrementos muy por debajo
de la inflación, que estaba subiendo en ese momento. Alberto Fernández ratificó
de ese modo su condición de kirchnerista, porque justamente fue durante el
gobierno de Néstor Kirchner que se produjo el achatamiento de los haberes
previsionales que condujo a los fallos “Badaro I” y “Badaro II”.
No
hay duda de que el sistema previsional requiere de reformas. Esto está fuera de
toda discusión. Me refiero a reformas que aseguren su sustentabilidad. Hoy
eso se discute en todos los parlamentos el mundo, sobre todo por el aumento de
la expectativa de vida. Pero acá en la Argentina seguimos con el atajo. Vemos cómo
solucionar estos temas con un parche de acá y otro de allá.
No
les mintamos más a los argentinos: el severo ajuste recae sobre los jubilados.
Esa es la única verdad. Tampoco es positivo seguir achicando los haberes. Discutamos
estas cosas. Quienes más y por más tiempo aportaron deben necesariamente tener
haberes superiores. ¿Para qué aportar si en definitiva todos recibimos lo
mismo? Los que aportamos mucho, los que no aportaron nada y los que aportan
poco. La única solución permanente va a ser sentar las bases de una
Argentina que alcance un desarrollo sustentable, sostenible, pero justamente no
es la que impulsan los Fernández, que han conducido a nuestro país a un
descalabro manifiesto en todos los órdenes.
Pandemia
hay en todo el mundo; “cuareterna” solo en la Argentina. Dificultades hay
en todo el mundo; desastre económico y acelerado ritmo hacia el abismo, solo
entre nosotros.
Sr.
Presidente (González).- Diputado: vaya redondeando, por favor.
Sr.
Enríquez.- Ya termino.
Este
escenario perjudica a los adultos mayores, que son justamente los que se
sacrificaron, los que trabajaron y aportaron durante toda su vida. Fíjense qué
perversidad. En este caso también el gobierno está alimentando las usurpaciones.
¿Por qué digo esto? Porque está usurpando a los jubilados la posibilidad de
tener haberes dignos. ¿Saben por qué? Porque el gobierno no necesita jubilados
dignos sino que necesita clientes. Siempre se castiga el trabajo, el esfuerzo,
el ahorro, el respeto de la ley; en otras palabras, el mérito, esa palabra que
les resulta tan despreciable.
Sr.
Presidente (González).- Diputado, por favor, le pido que vaya redondeando.
Sr.
Enríquez.- Sí, ya termino.
El
mérito es la igualdad de oportunidades y es la condición de los ciudadanos
libres. La impunidad del rebaño requiere siempre de lacayos. En eso es en lo
que se nos pretende convertir.
Sr.
Presidente (González).- Tiene la palabra la diputada Estela Hernández, por
Chubut.
Sra. Hernández.- Señor presidente: muchas
gracias.
Considero
que este proyecto defiende el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por más que
a muchos les pueda molestar, voy a mencionar la experiencia vivida durante
cuatro años por culpa de un gobierno neoliberal que cambió la fórmula de
movilidad, disminuyó el poder de compra de la prestación, bajó los
contribuciones patronales, incrementó las tarifas públicas y destruyó en cierta
medida el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, liberando precios de los
medicamentos y disminuyendo de esa forma los servicios del PAMI.
El
Fondo de Garantía de Sustentabilidad está conformado por los excedentes
financieros del Sistema de Seguridad Social, que tiene varios objetivos. Uno de
ellos es dar garantía de cobertura y de inclusión social. El sistema previsional
no debe constituirse en una variable permanente de ajuste de la economía, en
momentos en que el ciclo económico se encuentra en fases desfavorables.
Por
esta razón es que venimos a debatir sobre un proyecto que tiene varios puntos
importantes y varios problemas a resolver. Uno de ellos es el financiamiento
del Programa de Reparación Histórica, que es el préstamo a las provincias. Esto
es realmente muy importante. Hay muchas provincias, como la mía, que están endeudadas
y necesitan este préstamo. Me refiero a las inversiones productivas del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad, a la regulación de los créditos Argenta y a los
derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad.
Por
otra parte, las deudas de casi todas las provincias con la ANSES, exceptuando
creo que tres distritos, se van a poder refinanciar. Esto va a dar una gran
facilidad a las provincias para poder financiar sus deudas, muchas de las
cuales son casi imposibles de solventar o de pagar.
Señor presidente: hoy estamos debatiendo un proyecto que considero
superador porque defiende el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que va a
proteger a jubilados y jubiladas en momentos difíciles, como lo es este. Estamos
atravesando por el que quizás sea el momento más difícil en muchísimos años. En
este sentido, pienso que es muy importante que podamos estar ayudando,
reparando y defendiendo este fondo para nuestros jubilados y jubiladas.
Asimismo,
considero que estos fondos van a proteger a estas jubiladas y jubilados que
durante tantos años han venido siendo la variable de ajuste, por diferentes
motivos. Por eso creo que en la construcción de una sociedad más
equitativa, más igualitaria, que piensa en el que menos tiene o en el más desprotegido,
es un logro haber trabajado y debatido en estas reuniones de comisión para
aprobar este fondo que va a favorecer a los actuales jubilados, pero también a los
futuros. Quizás no se sea todo lo que necesitan, como dijeron otros diputados,
ya que hay otras cuestiones que tenemos que debatir, pero pienso que es un gran
puntapié como para reparar algo que era necesario.
Sr. Presidente (González).- Tiene la
palabra el señor diputado Andrés Zottos, por Salta.
Sr.
Zottos.- Señor presidente: el proyecto de ley que hoy estamos tratando,
que tiene que ver con la defensa de los activos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, permite
reprogramar todas las deudas que existen contra la ANSES. Como bien
dijeron varios legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, este
proyecto de ley plantea darle a las provincias un plazo de noventa días a
partir de su sanción, con el fin de que pueda renegociar esos préstamos. Se
tendrán en cuenta también las sumas del capital adeudado más los intereses
devengados.
En
el caso de mi provincia, nosotros ya llevamos descontados 1.700 millones de
pesos, que se descuentan de la coparticipación, de un monto total de casi 4.700
millones de pesos. Este monto total fue devuelto a los Estados provinciales en
el mes de agosto porque el Ejecutivo nacional dictó un decreto por el que se
suspendía por cuarenta y cinco días el cobro de capitales e intereses a las
provincias. Esto fue devuelto hasta que se apruebe este proyecto de ley.
Por otro lado, esto va a oxigenar mucho a las provincias.
En
relación con otro tema que se ha tocado, que es el del Fondo de Reparación Histórica,
según estuvimos escuchando en las reuniones de comisión el gobierno
nacional establece que se hará cargo de una asignación específica que estará contemplada
en el presupuesto, que es la ley de leyes. Así
que nosotros, como legisladores, vamos a tener ese compromiso de velar para que
esto realmente…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (González).- Solicito a los señores
diputados que anulen los micrófonos para poder escuchar al señor diputado
Zottos.
Sr. Zottos.- Respecto del Fondo de Reparación
Histórica decía que el gobierno nacional se comprometió a asignar partidas
específicas en el presupuesto ‑que es la ley de leyes‑, con lo cual
vamos a tener que velar que esto realmente se lleve a cabo en defensa de
nuestros jubilados.
Asimismo, es muy
importante que, como premisa de aquí en adelante, los recursos de este fondo se
utilicen en inversiones orientadas a estimular la economía real, promover la
estabilidad y, sobre todas las cosas, la sostenibilidad del sistema
previsional.
Por eso también se crea
el Programa de Inversiones Estratégico –denominado PIE‑, integrado por recursos
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo fiduciario por 100.000
millones de pesos, que tendrá un interés del 1 por ciento sobre el capital ajustado
por CER.
En definitiva, se
posterga por ocho meses los compromisos de las provincias, contemplando el
capital y los intereses exigibles, hasta el momento en que se firme el acuerdo de
renegociación entre la ANSES y las provincias. Este plazo adicional tendrá una
tasa de interés del 1 por ciento anual actualizado por el CER; las
amortizaciones se pagarán en forma integral al vencimiento, o sea, capital más
los intereses, y las provincias cederán en garantía ‑esto hay que decirlo‑,
en función de lo que establecen las leyes 25.570 y 23.548, las sumas que les
correspondan recibir por el régimen de coparticipación. Además, las provincias
deberán ratificar el acuerdo a través de sus legislaturas.
Por último, tal como lo
manifestó el presidente de la comisión, las provincias tienen la posibilidad de
convenir para emitir un bono a mediano plazo por el capital adeudado.
Por todo eso, anticipo,
como lo hicieron los diputados Sarghini y Estévez, el voto afirmativo de
nuestro interbloque.
Por último, como
legislador salteño solicito autorización al cuerpo para expresar mi repudio absoluto
a un hecho tan lamentable que nos avergüenza a todos, no solamente a los
legisladores sino también a los argentinos ‑lo digo como salteño, que
daña esta institución. Como salteño pido disculpas; no todos somos así. Hoy los
salteños nos sentimos avergonzados, pero por uno no tenemos que pagar todos.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor
diputado Romero, por Córdoba.
Sr. Romero (V.H.).-
Señor presidente: seguramente todos los presentes compartimos la necesidad de
defender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En función de ello quiero
traer a este recinto la verdadera función en la que se pensó cuando se creó este
fondo, a efectos de preservar y garantizar la sustentabilidad futura del
régimen previsional público. Así, en varios incisos se hace referencia a la
necesidad de atenuar el impacto financiero que se produce ante la evolución
negativa las variables económicas, a la constitución de un fondo de reserva con
el fin de preservar estos recursos, a la necesidad de atender eventuales
insuficiencias en el financiamiento del sistema previsional público y
con la aplicación de esos recursos contribuir a la aplicación de criterios de
seguridad y rentabilidad adecuados al desarrollo sustentable de la economía
nacional. Pero la base de este fondo
es preservar el sistema previsional.
En ese sentido, en lo que
hace a la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, quiero ser sincero:
el artículo 1° me genera una gran preocupación, ya que establece que deberán
priorizarse aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real,
promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía
argentina en general.
Es cierto que la economía
argentina necesita que todos contribuyan a su desarrollo, pero la verdadera
finalidad de este fondo es patrimonio de los jubilados. Esto lo quiero dejar en
claro, porque me hace mucho ruido en el artículo 1°.
Lo mismo debo decir
respecto del artículo 2°. Si bien entiendo que por la visión que tiene el
gobierno este fondo, que garantizaba el pago a aquellos jubilados que
adhirieron a la reparación histórica, de ahora en más se va a financiar con los
recursos que genera el sistema previsional o con lo que establezca el
presupuesto. Esto es algo que también me preocupa. Cabe recordar que al régimen
de reparación histórica se incorporaron más de un millón de jubilados que
tenían sentencia, lo que generaba un gran problema de litigiosidad. Así se
encontró un camino de solución a ese problema.
Como bien dijo el
diputado Cacace, desde nuestro bloque hemos trabajado para que la redacción garantice
el pago. Pero cuando vemos el presupuesto nacional para el ejercicio 2021, nos
encontramos con que el artículo 36 establece que para estos fondos se van a destinar
91.277 millones, mientras que el proyecto que nos envió el Poder Ejecutivo indica
que esto va a demandar 10.000 millones por mes, es decir, 120.000 millones por
año. Por lo tanto, nos estamos quedando cortos; y eso quye estamos hablando de los
fondos de los jubilados.
Por último, aquí se han
dado diversas cifras. Se ha dicho también de qué manera invirtieron estos
recursos los distintos gobiernos. Pero la única forma de zanjar esta discusión,
sin entrar en una grieta ideológica –debemos trabajar sobre la verdad‑, es
defendiendo el fondo de garantía de los jubilados, trabajando en la
transparencia de la información pública.
Cualquiera de nosotros o cualquier argentino puede ingresar a la página de Fondo de Garantía de Sustentabilidad y encontrarse con el acta 179 del Comité Ejecutivo ‑es la última‑, del 30 de junio de 2020, y con el acta 58 del Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad –que también es la última‑, del 22 de mayo de 2019. Lo digo porque en este recinto nadie aclaró que al 23 de abril del 2020 –tal como surge de esa página‑, el fondo ascendía a la suma de 2,5 billones de pesos. Es decir que hasta ese momento el patrimonio de los de los jubilados era de 2,5 billones de pesos, que equivalía a 38.000 millones de dólares. ¿Sabe qué? Era casi el 86 por ciento de las reservas que en ese momento tenía la Argentina en el Banco Central, con la única diferencia de que el Banco Central tiene la obligación de informar día a día a los argentinos y al mundo en general cómo se cómo se contabilizan esas cuentas.
Mientras acá se dice que se protege y que se impulsa esta norma para dar un salto de calidad en este Fondo, la información que manejamos está totalmente atrasada.
Por eso, le propongo al señor presidente de la comisión ‑por quien tengo un gran respeto‑ que agreguemos un artículo por el que se garantice que el Consejo Ejecutivo de este Fondo informará mensualmente cuáles son las inversiones y qué estado de inversión tiene. Esto, como dije al principio, porque es un fondo que pertenece al patrimonio de los jubilados, y todos los argentinos tenemos el derecho a contar con la información necesaria para defenderlo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Leito, por Tucumán.
Sr. Leito.- Señor presidente: ante todo, quiero decir que hoy se conmemoran 208 años de la Batalla de Tucumán, que tuvo lugar aquel 24 de septiembre de 1812. También se celebra el día de la Virgen Patrona del Ejército, Nuestra Señora de la Merced.
Hoy nos ocupa un proyecto que trata sobre la defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Si bien contempla cinco temas que son muy importantes, por una cuestión de tiempo solamente me referiré a algunos de ellos.
El primero, que a mi entender es de suma importancia, es el referido al financiamiento del programa de reparación histórica. En 2016, con la sanción de la ley, fundamentalmente se intentó poner fin a los litigios existentes entre el Estado nacional y los jubilados, y abarcaba a todos los jubilados que hubieran hecho algún reclamo judicial y que tuvieran o no sentencia firme.
Los fondos que conformaban el programa provenían de los recursos generados por el blanqueo de capitales, las rentas producidas por los fondos de garantías y la venta de activos. Por último, se tenían también en cuenta los recursos del SIPA.
El proyecto es costoso, tiene una duración de entre 15 y 20 años y, principalmente, presenta un problema: los fondos de ese blanqueo se agotaron ‑o se agotarán ahora en octubre‑, por lo cual hay que buscar nuevos financiamientos para cumplir con las obligaciones contraídas con relación a la puesta en marcha del programa. Y es esta normativa la que, de alguna manera, viene a subsanar ese problema.
Ese programa se llevará adelante, en definitiva, con la renta del Tesoro nacional. Muchos pensábamos que la suma del blanqueo de aquel momento duraría aproximadamente diez años; sin embargo, cuatro años después nos damos cuenta de que fue insuficiente para cumplir con estas obligaciones.
Otro tema que creo que es importante señalar es el relativo a las provincias que han tomado préstamos de la ANSES. En el caso de Tucumán, tomó un crédito superior a los 5.500 millones de pesos y, como sabemos, después de cuatro años, debía comenzar a cumplir con esas obligaciones. El mes pasado tendría que haber pagado una suma superior a 1.200 millones de pesos pero, por la situación económica que estamos atravesando, profundizada por la pandemia, dicha obligación fue de imposible cumplimiento.
En este caso, la norma viene a posponer esa obligación de la provincia para que dicho cumplimiento se realice en el mediano plazo y da la posibilidad a las provincias para que, en un lapso de ocho meses, acuerden con la ANSES por medio de convenios y según las disposiciones establecidas en las normativas vigentes.
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Ocupa la Presidencia el señor presidente de la
Honorable Cámara, doctor Sergio Tomás Massa.
Sr. Leito.- En este caso, lo que viene a hacer, en definitiva, es ayudar a la gobernabilidad de las provincias y posponer el pago de esas obligaciones para otro momento.
El tercer tema que creo que es importante mencionar tiene que ver con la regularización de los créditos contraídos con la ANSES, y esto se relaciona fundamentalmente con los préstamos que sacaron los jubilados y pensionados, que fueron de imposible cumplimiento debido a la situación económica de 2018 y 2019. Los jubilados atravesaron una situación bastante compleja y no pudieron cumplir esas obligaciones.
Por ese motivo, en diciembre pasado el gobierno nacional dispuso suspender el pago de las cuotas de esos créditos, dio un plazo de 60 días y, luego, extendió ese plazo por seis meses. Ya pasaron entre ocho y nueve meses y se están acumulando los intereses. Esta norma también busca evitar la capitalización de esos intereses y volver al capital que cada uno de esos créditos establecía al momento de tomarlos.
En síntesis, creo que esta norma viene a corregir y a garantizar el cumplimiento de este proyecto de reparación histórica con los fondos del Tesoro nacional.
Por su parte, da la posibilidad a las provincias de gobernar sin los sobresaltos que hemos tenido últimamente al posponer el cumplimiento de estas obligaciones y, también, blindar los activos del fondo de garantía. Todos sabemos que era necesario utilizar esos fondos para los proyectos que tuvieran un fuerte impacto económico que garanticen trabajo y producción.
Anticipamos que vamos a acompañar esta norma y que trataremos de que sea aprobada. Creemos que será un beneficio para los jubilados y que garantizará el funcionamiento de las provincias argentinas.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el diputado Stefani, por Tierra del Fuego.
Sr. Stefani.- Señor presidente: hace tiempo que vengo comparando a la Argentina con un barco; quizá porque me gusta el mar, los barcos y la política, cuestiones a las que se dedicaron los griegos desde el Siglo V antes de Cristo.
Cuenta una historia que había una vez un capitán un poco tímido, un poco sordo y competente; sin embargo, las decisiones sobre el rumbo que debía tomar el barco se adoptaban según el voto de la tripulación. El capitán, entonces, no era demasiado popular. Un día, tienen un problema y deciden confiar ciegamente en un miembro de la tripulación que hablaba bien, que tenía carisma y que se mofaba de las advertencias del capitán.
Hago acá un paréntesis para hacer una comparación con la historia porque la otra vez dije que estábamos en un barco, en un mar de incertidumbres. Seguimos en ese barco, complicados, en un mar que cada vez presenta mayor incertidumbre.
Hemos perdido muchas cosas: hemos perdido capacidad de ahorro, recursos y seguridad jurídica. También disminuimos la tasa de alfabetización; éramos uno de los países con la tasa de alfabetización más alta del mundo. Hablando de barcos, nuestra Marina Mercante ocupaba el cuarto lugar del mundo por cantidad de buques; hoy nuestra marina mercante es insignificante.
Sin embargo, lo que no hemos perdido los argentinos es la capacidad de asombro. Cuando nos empiezan a parecer normales las cosas que nos debieran asombrar, debemos comenzar a preocuparnos.
Me preocupan, sobre todo, los cambios sistemáticos y constantes en las reglas de juego.
Esta iniciativa se denomina Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino. Cuando empezamos a leer su articulado nos encontramos con una discrecionalidad hacia el Ministerio de Economía para que, juntamente con la Directora Ejecutiva de la ANSES puedan manejar esos fondos y, de esa forma, asistir a la pandemia.
Sabemos que la Argentina está viviendo una situación delicada. Pero esos son los fondos de todos los argentinos que aportaron cumpliendo lo que dice la ley y el Estado. Y justamente, quienes sancionamos las leyes somos nosotros.
Hace dos años y unos meses estaba sentado en aquella banca y en ese momento votamos una ley que le reconocía a los jubilados el 82 por ciento móvil y, además, les permitía contar con un salario que iba a estar por encima de la inflación. Eso era cambiar las reglas de juego. Hoy, a dos años y algunos meses, nada de eso está pasando. Entonces, es un tema que nos tiene que preocupar.
- -Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Álvaro Gustavo González.
Sr. Stefani.- A veces es muy fácil mirar los errores en los otros poderes. Podemos decir que el Poder Ejecutivo no tiene políticas de Estado o que no vemos un plan económico o de gobierno. Con el Poder Judicial ocurre lo mismo: vemos una Justicia que aparentemente está paralizada. Tenemos hechos y pruebas de delitos que son producto de la corrupción, pero los políticos involucrados, en vez de estar presos o tener sentencia, ocupan cargos públicos. Esta vez la responsabilidad es nuestra. Lo digo porque como cuerpo somos nosotros los que hoy estamos desconociendo una ley que votamos hace dos años y algunos meses. Estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano.
Ahora voy a cerrar la historia que comencé a relatar al principio de mi exposición. Lamentablemente, el barco se perdió en el medio del mar y todos se murieron de hambre.
En los tiempos de crisis y de temporal en el mar, el capitán es el primero que está en el puente de mando y se vale de tres cosas: conocimientos técnicos, experiencia y, sobre todo, sabe que hay leyes que son inmutables y que no se pueden tocar. La democracia descansa, prevalece y nos permite desarrollarnos sólo si tiene y pone límites.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra el señor diputado Di Giácomo, por Río Negro.
Sr. Di Giácomo.- Señor presidente: si no fuera porque estamos en situaciones tan serias, diría que hay algunas disquisiciones de colegas preopinantes que, cuando acuden a las metáforas marítimas, me hacen recordar que decían tener el mejor piloto de tormentas. Pero como aquí se dijo, el barco se hundió.
En primer lugar, voy a fundamentar las razones por las cuales tenemos que apoyar esta iniciativa.
Quiero analizar el texto del artículo 1° cuando dice que se deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía argentina en general.
Asistimos a una crisis sin precedentes desde hace mucho tiempo agravada por la pandemia. Estos fondos de ahorro institucionales constituyen una herramienta atípica que se puede utilizar para apuntalar a la economía, pero que debe ser protegida mediante una correcta administración. Este es un punto que voy a retomar en unos instantes.
Una buena gestión de estos activos que apoyen el arranque de la economía le va a aportar en su conjunto -a través de inversiones y trabajo- un mantenimiento de la recaudación corriente de las cargas sociales que pagan las empresas y que se financia a través de la seguridad social.
En definitiva, sostener una economía golpeada como nunca nos pone, en el momento de impulsarla, con todos los recursos disponibles. Esta es una herramienta que se vuelve muy útil, pero que debemos utilizar con prudencia y responsabilidad para que no pierda su valor financiero y pueda cumplir con la función específica.
Al considerar los aspectos más relevantes del proyecto quisiera decir que forman parte del mismo la manda de renegociación de los préstamos a las provincias. En nuestro caso -en la provincia de Río Negro- podemos mostrar una administración responsable. Las deudas que hemos tomado han tenido que ver con obra pública y no con gastos corrientes. Pero es verdad que el financiamiento de cualquier deuda ha sufrido un golpe similar al que sufrió la Nación. Esto se dio tanto por el impacto en la caída de la actividad económica y su consecuente baja en la recaudación.
Entonces, es natural pensar en estos mecanismos de renegociación que el proyecto establece y que nos da, en el caso de las provincias, el plazo de ocho meses en el cual las jurisdicciones pueden establecer acuerdos razonables y previsibles de financiamiento con la Nación.
En segundo lugar, nos parece importante destacar el impulso a la inversión en proyectos productivos. Este es uno de los aspectos centrales de este proyecto. Me refiero a la creación del denominado Programa de Inversiones Estratégicas. Según uno de los artículos de la norma, se indica que este programa va a contar con hasta 100.000 millones de pesos y su objeto será invertir en sectores estratégicos, por lo cual fomentará la generación de empleo en pos de la sostenibilidad de la economía real.
La iniciativa cumple con un mandato que ya tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero que no se venía cumpliendo. Por esa razón apoyamos la creación del fideicomiso. La idea es que sea un canal de aumento de la inversión en la economía real y no en la financiera, tal como sucedió en el pasado.
En ese sentido, queremos señalar que en el artículo 21 se expresa que las inversiones deberán garantizar un rendimiento no menor al uno por ciento. Pensamos que, respecto de las inversiones no siempre se puede tener certeza de cuánto pueden garantizar. Lo importante es que la protección de este fondo -como sucede con cualquier fondo público o privado- se debe hacer a través de las normas de administración, tal como señalábamos en un principio. La clave para cumplir con el resguardo necesario es la implementación de una reglamentación rigurosa que debe establecer y hacer cumplir el Poder Ejecutivo, además de contar con la pericia necesaria de los administradores.
Quiero destacar que este proyecto involucra al federalismo. Es un compromiso de pago de obligaciones para con todos los jubilados y pensionados de la Nación. Entonces, la herramienta de la que hablamos no puede utilizarse para beneficiar a alguna región en particular en forma inequitativa, sino que tiene que ser federal. Esta es una práctica que, lamentablemente, conocemos en varias instancias. Digo esto porque el Comité Ejecutivo del cual se ha hablado, responsable de la gestión del fideicomiso, tendrá cinco representantes del oficialismo y sólo dos ‑un senador y un diputado‑ por la oposición. Es un comité que en vez de propender a sostener la economía de todo el país pase a hacerlo respecto de una parte. La grieta está zanjada: esto es centralismo versus interior. No es el problema de un sector u otro que esté gobernando y al que se le eche la culpa.
Nuestro mandato es velar para que esto no suceda. Solicitamos la implementación de mecanismos instrumentales de decisión que, fundamentalmente, equilibren la economía de todas las regiones.
Señor presidente: hechas estas salvedades, adelantamos nuestro apoyo al proyecto en discusión.
Sr. Presidente (González).- Les informo a los señores diputados que quedan cuatro oradores para hacer uso de la palabra y no habrá discursos de cierre. Por ello, les pido que estén atentos porque en veinte minutos procederemos a la votación.
Tiene la palabra la señora diputada Ruarte, por Córdoba.
Sra. Ruarte.- Señor presidente: en primer lugar, quiero solidarizarme con el señor diputado Andrés Zottos. No vamos a poner a todos los diputados en la misma bolsa. No creemos que todos sean iguales. Mi solidaridad con él por todo lo que ha sucedido y, sobre todo, por lo mal que se sienten todos los salteños. Por ello, acompaño el repudio a lo que hoy hemos visto, porque lamentablemente ha dañado a la institución del Congreso.
No solo estamos en boca de toda la Argentina, sino que ya con estas sesiones telemáticas que venimos teniendo, la gente no ve que le solucionemos ningún tipo de problema ante esta terrible pandemia que estamos viviendo. Si a eso sumamos esto que ha ocurrido hoy, creo que se reafirma que ya podemos dar por finalizadas este tipo de sesiones.
Aparentemente, el uso de las cámaras no es el fuerte de los señores diputados. De manera que quiero expresar mi repudio ante lo sucedido y mi solidaridad con el diputado Miguel Zottos, de la provincia de Salta.
Para referirme al proyecto que hoy nos aboca, realmente quiero agradecer al señor diputado Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, quien ha tenido muchísima deferencia, diálogo y la grandeza de aceptar nuestras sugerencias. Es una gran verdad que ha permitido modificaciones que se fueron introduciendo a este proyecto, porque realmente la prioridad son nuestros jubilados.
También quiero tomar las palabras del diputado Estévez, quien dijo otra gran verdad: hace treinta y siete años que estamos en democracia, y aún no hemos podido encontrar una fórmula que realmente satisfaga a nuestros jubilados. Esto es lamentable, porque se trata de la franja etaria de mayor vulnerabilidad.
Que en tantos años de democracia todavía no hayamos podido encontrar juntos una fórmula que realmente reivindique a los jubilados para que no tengan que vivir en las condiciones de miseria en que se encuentran en este momento, es suficiente para decir “basta”. Basta de estar echando culpas; basta de hablar de estos últimos cuatro años -como hicieron diputados preopinantes-, señalando qué se hizo y qué no se hizo.
Señores: ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta ni ha alcanzado la perfección, porque somos humanos y nos equivocamos. Entonces, si ustedes tienen que gobernar, háganlo. Nosotros vamos a acompañarlos. Pero basta de estar echando culpas. Aquí las cosas no se solucionan de esa forma. La Argentina nos necesita unidos. Hoy mucha gente muere en la pobreza porque no tiene acceso a los medicamentos o porque no recibe atención médica. La gente está cansada de escuchar a diputados queriendo lucirse marcando los errores del otro y los de un gobierno que ya pasó.
Si vamos a remarcar los errores -como hicieron legisladores preopinantes-, entonces les digo que de los treinta y siete años de democracia, ustedes gobernaron veinte. Por eso, pido que nos pongamos manos a la obra y que propongamos soluciones.
Quiero citar otra frase: la vida no se construye con protestas, sino con propuestas. Entonces, tal como se hizo en la comisión presidida por Carlos Heller, en la que fuimos haciendo los arreglos que creíamos convenientes, pido a los señores diputados que hagamos aquí lo mismo: gobiernen, que nosotros los vamos a acompañar.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Torres, por Chubut.
Sr. Torres.- Señor presidente: seré breve al referirme a este proyecto en particular, ya que quiero aprovechar el tiempo para dar otra mirada sobre lo que manifestaba una diputada preopinante, colega de mi provincia, respecto de la situación de los jubilados, de la Argentina y también de mi provincia, Chubut.
En relación con este proyecto, obviamente existe un amplio consenso y estamos de acuerdo con el espíritu de la norma. Lo que no puedo dejar de decir es que me hubiese gustado que tuvieran esa misma vocación por cuidar el dinero de uno de los segmentos más vulnerables de la República Argentina, como es el de los jubilados, antes de quitarles discrecionalmente la previsibilidad.
Esto lo hicieron bajo títulos decorados o maquillados, hablando de solidaridad, de equidad o de justicia social. Pero el tiempo nos dio la razón, dándonos muestra de que los jubilados son una de las principales variables de ajuste de este gobierno nacional.
Tampoco puedo hacerme el distraído y no hacerme eco del reclamo de miles de jubilados de mi provincia que el día de ayer decidieron salir a la calle y manifestarse, tratándose de uno de los segmentos etarios que mayor riesgo corren en esta pandemia. Sin embargo, decidieron reclamar algo tan básico y esencial como es el cobro de sus haberes. En Chubut a los jubilados se les debe más de dos meses.
En simultáneo a ese reclamo, el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, estaba reunido con funcionarios del Ministerio de Economía gestionando un anuncio que había hecho hace algunos días como parte de un paquete de ayuda a la provincia de más de 15.000 millones de pesos. Eso apareció en la tapa de todos los diarios y fue anunciado con bombos y platillos, y consistía en un aporte del Tesoro nacional de más de 2.000 millones de pesos.
Obviamente que todos lo celebramos, porque estamos hablando de una provincia colapsada económica, financiera e institucionalmente. Ese dinero iba a cubrir parte del déficit corriente que tiene la provincia para poder hacer frente a las obligaciones salariales y, en particular, también al pago de los haberes jubilatorios.
Lamentablemente, y parafraseando un poco al propio ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, desde el Ministerio de Economía a los chubutenses nos “zaracearon”. Primero, eran más de 2.000 millones de pesos; después, eran 1.500; más tarde, resultaron ser 1.000; luego, menos de 1.000, y así, sistemáticamente, la “zaraza”.
Me preocupa que haya funcionarios de este gobierno que crean que mentirle a la ciudadanía es ser pícaro y se rían de eso, cuando el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace algunos meses en su discurso inaugural en este recinto fue contundente al decir que el peor acto de corrupción de un gobierno es mentir a los argentinos.
En Chubut estamos hartos de la “zaraza”. No podemos permitir que el gobierno provincial, emulando al gobierno nacional, haga de la demagogia, de la mentira y del relato una forma de gobierno.
Sin ir más lejos, hace pocos días el propio gobernador anunciaba obras faraónicas, de cientos de millones de pesos, como el Corredor Bioceánico -una obra muy importante para la provincia de Chubut- que supuestamente era parte de un acuerdo con el gobierno nacional y que se iba a comenzar este año. Otra vez, “zaraza”: ninguna de esas obras está contemplada en el presupuesto que el propio Poder Ejecutivo envió a este Congreso.
Aunque algunos quieran hacerse los distraídos y elijan creerse su propio relato, escuchando las radios que les dicen que tienen razón o leyendo los diarios amigos, somos muchos los chubutenses que vamos a seguir reclamando, insistiendo y peleando por que el gobierno nacional intervenga económicamente en nuestra provincia.
Queremos que los trabajadores de la salud puedan contar con los insumos y la infraestructura necesarios, y cobren sus salarios en tiempo y forma; que quienes educan a nuestros chicos, puedan volver a las aulas, cuenten con los insumos y la infraestructura necesarios y cobren en tiempo y forma, y que quienes aportaron toda su vida para tener una jubilación digna, también cobren en tiempo y forma y puedan tener previsibilidad. Esa, mal que les pese, es la realidad de la República Argentina y también la de la provincia de Chubut. El resto, es todo “zaraza”.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Martínez, por Santa Fe.
Sr. Martínez (G.P.).- Señor presidente: ante todo, buenas noches.
La primera pregunta que me hago es cuál es el verdadero Juntos por el Cambio, porque en las últimas dos exposiciones notamos discursos absolutamente distintos. Por un lado, una diputada preopinante pidiéndonos mirar hacia adelante e instándonos a que no caigamos en provocaciones ni descalificaciones. Por otro, el diputado que acaba de hacer uso de la palabra, no hizo otra cosa que descalificarnos, tratándonos de demagogos y mentirosos. Realmente me parece que el camino no va por ahí. Podrán congraciarse con algún grupo de seguidores en Twitter, pero por ahí no va.
Me parece que hay que valorar la tarea que realizó la Comisión de Presupuesto y Hacienda en relación con este proyecto, encabezada por su presidente, el señor diputado Carlos Heller, en comunicación permanente con las autoridades de la ANSES.
También quiero destacar la predisposición de la licenciada Fernanda Raverta, directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, quien permitió este ida y vuelta. Por ello, a un buen proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados, le haciendo determinadas modificaciones y lo convirtió en un mejor proyecto aún.
Nosotros no vinimos a dar este debate planteando que esto es un proyecto revolucionario -como dijo alguno- ni vinimos con ningún sentido épico fundamental, sino que venimos a impulsar esta iniciativa con un sentido ético. Nos estamos haciendo cargo, ni más ni menos, que de solucionar problemas. Se trata de problemas que ya existían, por lo que no podemos mirar hacia un costado, tal como dice siempre nuestro presidente. Nosotros no somos “plateístas” que vemos cómo pasan los problemas sin intervenir; por el contrario, tratamos de dar, con nuestra verdad relativa, la mejor solución posible.
Es cierto, y tenemos que asumir, que este proyecto le da perspectiva de futuro al financiamiento del Programa de Reparación Histórica, porque los fondos del blanqueo se agotaron. También es cierto que este proyecto desahoga, en el corto plazo, la situación financiera de las provincias que tomaron deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Además, busca ordenar la situación de sobreendeudamiento de las familias, como bien la definió el señor diputado Ramón.
Voy a mencionar algunas cifras, porque de lo contrario parece que estamos hablando de cuestiones abstractas. El 31,6 por ciento de los beneficiarios del SIPA está endeudado con la ANSES, al igual que el 51 por ciento de los beneficiarios de pensiones no contributivas y el 84,6 por ciento de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Es decir que 2,6 millones de argentinos y de argentinas están endeudados con la ANSES.
Es cierto que cuando tomaron ese endeudamiento, la mayoría fue a mitad de 2017 -recuerdo que fue entre las elecciones primarias y las elecciones generales-, no lo hicieron para invertir sino básicamente para pagar otras deudas. Es decir, deudas que esas mismas familias venían generando con las tarjetas de créditos, con financieras no bancarias o, en muchos casos, con créditos tomados en el barrio, en determinados circuitos que todos sabemos que rozan y, en muchos casos, entran, en la ilegalidad.
A todo esto, le intentamos agregar un elemento más que trata de posicionar mejor al Fondo de Garantía alrededor de inversiones productivas, tratando de salir de un perfil de inversiones netamente financieras.
Quiero mencionar una cuestión que es en lo único que coincido con un diputado preopinante, quien -entre muchas críticas- dijo que si, en general, a la Argentina le va bien sube el Fondo de Garantía, y baja si a la Argentina le va mal. Eso fue lo que pasó. Por algo, entre 2009 y 2015, se multiplicó por dos; y, por algo, de 2015 al 2019 bajó a la mitad en dólares. Esto tiene que ver con un perfil de la Argentina.
Considero que, a esta altura, deberíamos terminar este debate. Tenemos que tratar de llegar a tres consensos. En primer lugar, en nuestro sistema previsional nunca es positivo liquidar stock para financiar flujos corrientes. Esa reflexión estuvo presente en el debate de 2008, porque esa discusión ya existió, la hemos dado y la seguimos dando.
En segundo término, es una demanda de justicia social que nosotros tengamos la cobertura previsional más alta. Cabe precisar que con los adultos mayores alcanzamos el nivel de cobertura más alto de nuestra historia. Actualmente, más del 98 por ciento de las personas con más de 65 años cuenta con alguna cobertura previsional. Esto lo dijo el expresidente Mauricio Macri, por cadena nacional, cuatro días antes de irse.
Por último, me parece que es muy importante que tengamos un Fondo de Garantía mucho más posicionado sobre inversiones productivas que sobre inversiones financieras. En este sentido, recuerdo cuando en junio de 2009 la expresidenta, hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a partir de la ANSES, otorgó un crédito a General Motors en mi provincia que fue el que terminó produciendo el modelo Agile. Hubo muchísimas críticas, inclusive del gobernador de mi provincia en aquel tiempo.
Lo cierto es que, al 17 de noviembre de 2010, un año y cuatro meses después, aquella empresa ya había cancelado ese crédito en forma adelantada, pues vencía en 2013. De esa manera, sostuvimos numerosos puestos de trabajo a partir de ese tipo de intervenciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Me parece que estamos haciendo lo correcto: estamos resolviendo problemas; para eso nos eligieron los argentinos y para eso tenemos que seguir trabajando.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Cano, por Tucumán.
Sr. Cano.- Señor presidente: a fin de encontrar coincidencias, quiero resaltar la tarea de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en cabeza de su presidente, quien ha tenido una muy buena exposición del proyecto.
Además, quiero resaltar el trabajo de nuestro interbloque para buscar consensos. Quiero mencionar la labor de los señores diputados Pastori, Cacace, Víctor Hugo Romero, quienes presentaron propuestas que fueron tenidas en cuenta, y nos van a llevar a acompañar el dictamen en general.
Ha habido intervenciones que han aportado al debate, tal como la del señor diputado Estévez, cuando planteó y puso en valor el reclamo de la provincia de Santa Fe que fue a la Corte, junto con las provincias de Córdoba y San Luis. Recuerdo que, en ese momento, yo era senador. Un 21 de diciembre de 2009 casi cuarenta senadores nacionales acompañamos a estos tres gobernadores. Ellos, en el ejercicio del federalismo -que no es una bandera que se guarda cuando soy oficialista y la levanto cuando soy oposición-, reclamaron los recursos que efectivamente le correspondían. El resto de las provincias, en el esquema del látigo y la billetera nunca reclamaron esos recursos y -para contestarle a uno de los diputados que habló previamente- en la refinanciación de la provincia tiene que quedar muy claro que estos son fondos de ellas.
En ese marco me parece un poco irracional plantear que a partir de la reparación histórica aumentó la litigiosidad. Lo que el Estado nacional dejó de hacer fue apelar en forma recurrente, lo cual había provocado en la gestión que nos antecedió que más de 70.000 jubilados se murieran sin tener los beneficios de sus actualizaciones jubilatorias.
En definitiva, la Ley de Reparación Histórica garantizó derechos -que estaban conculcados- a los jubilados que estaban en proceso judicial con sentencia firme, que los jubilados que no habían tenido ni habían recurrido a la Justicia y a los jubilados que estaban en proceso judicial.
De
hecho, hubo un millón de jubilados que entraron en la reparación histórica. El
incremento promedio fue de 6.500 pesos y el 58 por ciento de los jubilados dejó
de cobrar la mínima.
Esto hay que decirlo, sobre todo a quienes ahora hablan de los jubilados, ya que en el año 2010 la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley del 82 por ciento móvil y en el año 2013 trató de “caranchos” a los jubilados que recurrían a la Justicia. Se olvidó de que su propia madre en 2011 tuvo un fallo favorable al defender los derechos de actualización de sus haberes jubilatorios ‑que obviamente le correspondían‑, y de que ella misma hace muy poco recurrió a la Justicia para que le reactualizaran sus haberes jubilatorios, porque no quiere que le descuenten ganancias, y aparte reclama un 40 por ciento de actualización de sus haberes por pertenecer al área austral.
-
Ocupa la Presidencia el señor presidente de la
Honorable Cámara, doctor Sergio Tomás Massa.
Sr. Cano.- Hay que
decir estas cosas porque de ninguna manera, como acá se dijo, aumentó la
litigiosidad. Lo que se hizo en los últimos tres años de la gestión de Cambiemos
fue liquidar seis veces más juicios de lo que había hecho la gestión anterior
en los últimos cuatro años.
Entonces,
hay que poner las cosas en su justo término. Hablan de valores y hablan de los
jubilados quienes llenaron de cascotes y de piedras el Congreso. La suspensión
de la aplicación de la fórmula de actualización de los haberes previsionales
significó la quita de 34.000 millones de pesos del bolsillo de los jubilados.
Esto sucede desde que se dejaron de actualizar los haberes jubilatorios con la
fórmula. Estos son recursos que genuinamente corresponden a los jubilados. En
algún momento el Estado nacional, cuando la Justicia actúe, deberá hacerse cargo
de esa deuda con todos los jubilados.
Entonces,
hay que ser prudentes a la hora de hablar. Seguramente, nosotros como gobierno
hemos cometido errores, pero de ninguna manera se pueden hacer acá
aseveraciones que son falsas. Más del 50 por ciento de los que hoy tienen una
jubilación o pensión ingresaron por la moratoria previsional. Es falso decir
que nosotros estamos en contra de que un ama de casa reciba una pensión
universal o una jubilación. Cuando el gobierno lanzó la moratoria previsional permitió
el acceso a ese beneficio tanto a una mujer muy pobre del norte argentino como
a otra de un barrio acomodado, como Puerto Madero, porque no hubo ningún tipo
de restricción.
En
el año 2013, cuando se refirió a los jubilados que acudían a la Justicia para
reclamar la actualización de sus haberes, la propia expresidenta dijo que era
muy fácil hacer socialismo con la plata del Estado.
Entonces,
me parece que hemos logrado consensos importantes. La reparación histórica no
es una concesión graciable de la política ni del Estado para miles de jubilados
que aportaron durante toda su vida. La gestión de Cristina Fernández de Kirchner
negó la actualización de esos haberes. Nosotros pagamos seis veces más juicios
y dejamos de apelar las sentencias firmes que pusieron blanco sobre negro en la
actualización de quienes aportaron toda su vida.
Sr.
Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Casaretto, por
Entre Ríos.
Sr.
Casaretto.- Señor presidente: …
Sr.
Presidente (Massa).- Permítame que lo interrumpa, señor diputado. No se asusten, lo que voy a decir no
tiene que ver con ningún tema como el de esta tarde.
Quiero
recordar a los diputados y diputadas que, al no haber discurso de cierre,
revisen el “logueo” por el VPN, porque la votación de este proyecto será
nominal y usted, diputado Casaretto, es el último orador.
Ahora
sí, tiene la palabra, señor diputado.
Sr.
Casaretto.- Muchas gracias, señor presidente.
Venimos
a tratar esta iniciativa tan importante para el futuro del sistema previsional
argentino. Ya ha sido muy claro el miembro informante cuando se refirió a los
conceptos incluidos en este proyecto, y todos mis colegas que me precedieron
han hecho un desarrollo de los artículos relacionados con el tema.
Creo
que debemos considerar el sistema previsional en el contexto de la Argentina. Todos
aspiramos a una Argentina con más inversión y crecimiento, donde se genere
empleo y haya mejor salario real. Naturalmente, en ese contexto se facilitan
las cuestiones relacionadas con el sistema jubilatorio.
Cuando
tenemos años negativos desde el punto de vista económico, se dispara la
inflación, hay inestabilidad laboral o se vive una pandemia, hay que hacer un
esfuerzo especial por atender al sistema previsional. O sea que hay que tener
en cuenta el contexto.
Hace
unos años, cuando salíamos de la crisis de 2001, el sistema previsional
argentino tenía alrededor de 3.200.000 jubilados. Me refiero a los años 2003 y 2004.
En ese entonces la Argentina tenía una cobertura de los adultos mayores de
alrededor del 65 por ciento ‑las personas que cumplían 65 años con algún
tipo de prestación‑, mientras que el resto no tenía ningún tipo de cobertura.
Fue así que sucesivamente en el Congreso de la Nación se fueron tomando
decisiones –las denominadas moratorias‑ para que pudieran regularizar los
aportes. En definitiva, eso permitió que miles, decenas de miles, cientos de
miles, millones de argentinas y argentinos ingresaran dentro del sistema de
seguridad social.
Si
observamos los beneficios pagados a junio de este año, vemos que son 6.800.000
beneficiarios, de los cuales 3.600.000 accedieron a regularizar su situación
por medio de moratorias. Esto significa el 53 por ciento del sistema
previsional de la Argentina. El trabajador activo no decide estar en blanco o
en negro: las circunstancias laborales lo llevaron a que no pudiera completar
sus aportes, y por eso se hizo necesario ampliar esa base de cobertura.
Entonces, de aquel escenario de 3.200.000 jubilados, primero Néstor Kirchner y
después Cristina Fernández de Kirchner permitieron la ampliación de la base jubilatoria
para llegar hoy a esta realidad de 6.800.000 beneficiarios. Por supuesto que en
la salida de esa crisis del año 2001 había que tomar decisiones en relación a las
jubilaciones cuyos valores estaban congelados desde el momento de la
convertibilidad. Primero, se tomó la decisión de otorgar aumentos por decreto,
sobre todo para la base de la pirámide, para los jubilados que menos ganaban.
Eso permitió la recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones en esos
tramos.
Posteriormente,
como ya ser relató acá, hubo situaciones judiciales, fallos de la Corte, y en
2008 se sancionó una ley de movilidad jubilatoria. Dicha norma, que se sancionó
en 2008, entró en vigencia a partir de 2009 y rigió hasta finales de 2017,
permitió que todos los años los distintos tramos de jubilados tuvieran aumentos
por encima de la inflación, excepto en 2014, cuando hubo una pequeña caída
frente a la inflación, que se recuperó en 2015. Es decir, esto fue lo que
ocurrió: ampliación de la base de beneficiarios y aumento del poder adquisitivo
de los jubilados por encima de la inflación.
Para
no polemizar, en 2017 se cambió la fórmula, con la consecuencia de que en 2018
y 2019 el poder adquisitivo de las jubilaciones cayó un 19 por ciento.
Esto es lo que pasó, esa fue la situación con la que se encuentra el presidente
Alberto Fernández al momento de asumir en el mes de diciembre. Por eso,
toma una serie de decisiones, primero en relación a la movilidad. Entonces,
dice: “vamos a ir con aumentos de suma fija, con bonos, sobre todo para
aquellos sectores de menor poder adquisitivo.” Se dieron dos bonos de 5.000
pesos y otro de 3.000, es decir, en total 13.000 pesos. En noviembre, la
jubilación mínima era de 12.900 pesos, o sea que entre esos tres aumentos se
otorgó más que una jubilación mínima como un bono adicional para la base de la
pirámide.
Cuando
se da el primer aumento trimestral, en marzo, se otorga un monto fijo, para todos
igual ‑eso beneficia a los de abajo‑ y un porcentaje también para
todos igual. Luego, en junio y en septiembre, se toma la decisión de dar un porcentaje
de aumento de la misma dimensión para todos los tramos de la escala de
jubilados. En definitiva, cuando se presentó este proyecto se hizo una
estimación de lo que podía ser la inflación hasta el mes de septiembre ‑en
que estamos tratándolo‑ y de cómo habían evolucionado las
jubilaciones.
Si
quieren, podemos comparar las jubilaciones con la fórmula de 2008 o con la 2017,
pero vamos a compararlas con el poder adquisitivo en 2020 en lo que tiene que
ver con la inflación.
La inflación acumulada que
da el INDEC hasta agosto, es decir, de los primeros ocho meses del año, es de
18,9 por ciento. Entonces, cuando consideramos los aumentos dados a partir de
marzo y junio, nos encontramos con que los que están en la base de la pirámide tuvieron
aumentos del 28 por ciento; o sea que estarían entre ocho y nueve puntos por
encima de la inflación de 2020. En general, los jubilados que ganaban hasta 50.000
pesos en diciembre han tenido en este año 2020 aumentos por encima de la
inflación.
Tengamos en cuenta que es un
contexto muy difícil porque venimos de una caída de la actividad económica en 2018
y en 2019, y ahora por el efecto de la pandemia, también hubo una caída de la
actividad económica. Por supuesto que hay problemas en el empleo que reflejaba
ayer el INDEC, y también en las pautas de aumentos salariales para los activos;
pero en ese contexto, a los jubilados se los ha puesto como prioridad, ya que
el presidente de este gobierno ha decidido destinar recursos en beneficio de ellos.
¿Cuál ha sido el
financiamiento de la ANSES, por ejemplo, hasta el año pasado, que fue el último
año completo? Más o menos para hacer una cuenta, el 50 por ciento del
financiamiento de la ANSES son los aportes y las contribuciones de los activos,
tanto del trabajador como del patrón; y el otro 50 por ciento es financiamiento
del Tesoro vía los impuestos que están afectados o los aportes extras que debe
hacer.
Entonces, en cada decisión
de aumento trimestral que ha dado el gobierno ha puesto la impronta de invertir
en el sector de los jubilados, y de esta manera ha preservado su poder
adquisitivo en el contexto de la inflación.
El día del jubilado desde la
ANSES y el PAMI se hizo un racconto
de todas las medidas que se tomaron en los últimos nueve meses. Se tomaron
veinticuatro medidas en beneficio de los jubilados: ya hablamos de los bonos y de
los aumentos, tendríamos que mencionar también los medicamentos gratis para algunos
sectores de jubilados que representa un aumento importante, el congelamiento de
las tarifas, la inversión en hospitales y los distintos programas relacionados con
su bienestar. Todas esas medidas representan una remuneración directa vía jubilación
o una remuneración indirecta vía mejoramiento de las condiciones para todos los
jubilados.
Lo que planteó el ministro
Guzmán, cuando nos acompañó en la presentación del presupuesto, fue que la idea
para 2021 iba por el mismo camino: aumentar las jubilaciones, preservando el
poder adquisitivo hacia futuro. Esperamos tener una recuperación económica, un
crecimiento del PBI y una mejora de las condiciones salariales; en definitiva,
un crecimiento de la Argentina que va a permitirnos tener un horizonte a futuro.
Párrafo aparte, también estamos
discutiendo la movilidad jubilatoria. Agradezco a todos los que han participado
en las reuniones de comisión; hasta el momento hemos hecho dieciséis, y hemos
invitado a veintisiete expositores nacionales e internacionales. Hemos tenido
la posibilidad de que participen diputados miembros de la comisión y muchos
otros que no lo son. Los integrantes de la comisión somos diecisiete y han
participado más de sesenta legisladores ‑diputadas y diputados de todos
los bloques, así como senadores‑, y cada uno ha podido proponer expositores
y formular preguntas.
En definitiva, muchos de los
problemas del sistema previsional argentino no son de hoy, no nacieron ayer ni
antes de ayer, sino que tienen que ver con una estructura económica de la
Argentina que no ha podido consolidar en los últimos años un proceso de
crecimiento. Nosotros apostamos a la inversión, a la producción, al fomento de
la iniciativa privada, y al rol del Estado regulando, promoviendo y apoyando. Esto
es lo que nos permite tener un horizonte mejor para todos los argentinos.
Puntualmente, en lo que
respecta al proyecto de ley en consideración, la cuestión de la reparación
histórica está garantizada con la redacción que acordamos, y los vencimientos
del año 2020 de los préstamos de las provincias por 100.000 millones de pesos ya
se estarían refinanciando; son 24.000 millones más los intereses, que asciende
a 26.000 millones.
Por otro lado, se ha tratado por igual a las veintiuna provincias, tanto las administradas por gobernadores del Frente de Todos como por Cambiemos o por partidos provinciales; todos han tenido el mismo trato y han hecho la refinanciación. Se incluye también lo programado para 2021. A todos se les ha dado la posibilidad de estructurar la deuda a siete u ocho años, según lo que acuerden los gobernadores con el Poder Ejecutivo.
Asimismo, la orientación de las inversiones productivas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es muy importante. Reinstalamos el hecho de que los fondos del FGS no puedan invertirse en el exterior, algo que se había eliminado en el acta de la ley de reparación histórica; se están regularizando los créditos de los jubilados y beneficiarios de programas sociales con la ANSES, y regulando la participación de este organismo en las sociedades en las cuales tiene participación accionaria.
Así que, señor presidente, en esta instancia estamos discutiendo este proyecto de ley y hemos arribado a acuerdos importantes. La mayoría de las diputadas y los diputados coinciden en el texto de este proyecto, más allá de las diferencias políticas, lo cual es muy bueno.
Seguramente, en las próximas semanas discutiremos la movilidad previsional, y esperemos que de la misma manera dialoguemos con sensatez y madurez pensando en la importancia de dar señales claras para todos los argentinos, a fin de que se preserve el poder adquisitivo de los jubilados, pero al mismo tiempo se tenga en cuenta el encuadre que la Argentina necesita.
Agradezco al señor presidente que me haya cedido el uso de la palabra. También agradezco a mis compañeros que me dieron la posibilidad de hacer el discurso de cierre, y pido a todos los colegas diputados que acompañen este proyecto de ley, ya que con ello estarán haciendo un aporte para la Argentina. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar, en general y en particular, el dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social recaído en el proyecto de ley sobre Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. (Orden del Día N°91).
Previamente a la votación, tiene la palabra el señor diputado Ferraro, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Ferraro.- Señor presidente: en virtud de que vamos a hacer una sola votación, en general y en particular, quisiera manifestar la abstención del bloque de la Coalición Cívica en el artículo 12 de la iniciativa en tratamiento.
Sr. Presidente (Massa).- Quedará asentada la abstención del bloque de la Coalición Cívica en el artículo 12.
Se va a votar en general y en particular.
- - Mientras se practica la votación nominal:
Sr. Presidente (Massa).- Se va a preguntar el sentido del voto nominalmente a los siete diputados que figuran “logueados” y, evidentemente, tuvieron dificultades para votar.
Tiene la palabra la señora diputada Corpacci.
Sra. Corpacci.- Mi voto es afirmativo, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Del Cerro, para indicar el sentido de su voto.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Fregonese, para indicar el sentido de su voto.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Moreau, para indicar el sentido de su voto.
Sra. Moreau.- Mi voto es afirmativo, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Mosqueda, para indicar el sentido de su voto
Sr. Mosqueda.- Mi voto es afirmativo, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Navarro, para indicar el sentido de su voto.
Sra. Navarro.- Mi voto es afirmativo, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Le mando un beso, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado Torello, para indicar el sentido de su voto.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Voy a reiterar por última vez la lista de los diputados que figuran “logueados”, pero no están al momento de votar.
Señor diputado Del Cerro, ¿puede expresar el sentido de su voto?
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- El señor diputado Del Cerro es considerado ausente en la votación.
Señora diputada Fregonese, ¿puede expresar el sentido de su voto?
-
Sra. Fregonese.- Mi voto es afirmativo, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Señor diputado Torello, ¿puede expresar el sentido de su voto?
Sr. Torello.- Mi voto es afirmativo, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Cerrada la votación, por Secretaría se dará lectura del resultado.
- Finalizada la votación nominal, conforme al tablero electrónico, sobre 251 señores diputados presentes, 245 han votado por la afirmativa y 3 por la negativa, registrándose además 1 abstención.
Sr. Secretario (Cergnul).- Se han registrado 245 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y 1 abstención.[1]
Sr. Presidente (Massa).- Queda sancionado el proyecto de ley.[2]
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)
- 18 -
Sr. Presidente (Massa).- Corresponde considerar el dictamen de las comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. (Orden del Día N°93)
aquí proyecto del ley por el cual se aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en america latina y el caribe. (Orden del díA N°93)
Sr. Presidente (Massa).- Antes de dar inicio al tratamiento del proyecto de ley, quiero agradecer a los jóvenes de distintas organizaciones de la sociedad civil que participaron y participan en el seguimiento del tratado, y que hoy nos acompañan en el recinto. (Aplausos.)
También agradezco al presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, diputado Grosso, al diputado Ferraro y a la diputada Vilar por haber compartido el trabajo con ellos en la tarde de hoy.
Tiene la palabra el señor diputado Valdés, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Valdés.- Señor presidente: hoy no ha sido un día fácil en cuanto a las decisiones que se toman.
Agradezco a la conducción del bloque del Frente de Todos y a la de los bloques de la oposición por haber evitado sacarnos ventajas con estas cosas que nos duelen a todos.
Creo que lo mejor que puede pasar, como dijo recién el diputado Casaretto, es votar por consensos mayoritarios amplios las leyes que estamos tratando.
Así que, es un orgullo presentar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo Escazú.
Principalmente, porque al aprobar este proyecto la Argentina está recogiendo la bandera levantada por miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho del país. Está reconociendo una demanda histórica de nuestras comunidades y grupos sociales vinculados al trabajo del suelo que reclaman mayores niveles de compromiso de los gobiernos, transparencia en la información ambiental, y más y mejores mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones que tienen impacto sobre nuestra tierra.
El presente acuerdo regional celebrado en 2018 en la ciudad de Escazú, República de Costa Rica, parte de la premisa de asegurar la protección del medioambiente y los derechos humanos en un modelo de desarrollo sostenible.
Este documento es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y su principal distintivo radica en que trata la temática ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos, estableciendo en ese sentido estándares mínimos para los países de América Latina y el Caribe.
La Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992, en la cual participaron 172 países y en cuyos principios encuentra fundamento el Acuerdo de Escazú, planteó que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales era con la participación de los ciudadanos. Basándose en ese principio, el presente acuerdo busca garantizar a la ciudadanía el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental.
En un contexto de aceleración y de intensificación de los ritmos de vida, el Acuerdo de Escazú es muy importante para concientizar sobre el deterioro del medioambiente y el cambio climático como causa y consecuencia de sequías, inundaciones, olas de frío, olas de calor, desertificación, desplazamiento de pobladores, desaparición de especies y aumento del nivel del mar.
No podemos ser indiferentes a nuestro entorno. Debemos actuar antes de que los efectos sean aún más irreversibles y comprender que si continuamos ocasionando más daño al medioambiente, tendremos consecuencias sociales, económicas y distributivas negativas.
El cuidado del medioambiente representa un desafío para la Humanidad. Para comenzar a registrar cambios debemos concebirnos en relación con el entorno y pensarnos como parte del ambiente sin dañarlo. Es nuestra casa común.
Subrayamos el vínculo entre los derechos humanos y el medioambiente para generar condiciones de vida digna, en un medioambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.
En otras palabras, los daños ambientales interfieren en el disfrute de los derechos humanos, y el ejercicio de esos derechos contribuye a proteger el medioambiente y a promover el desarrollo sostenible. El respeto de los derechos humanos y la protección del medioambiente devienen en un círculo virtuoso esencial para cuidar la vida.
Destacamos el derecho humano de todas las personas a buscar, recibir e impartir información, y allí incluiremos información sobre cuestiones ambientales, porque el acceso público a la información ambiental permite que los individuos comprendan en qué medida su deterioro y daño pueden menoscabar sus derechos, incluidos sus derechos a la vida y a la salud. De ese modo podrán peticionar y promover las medidas que tiendan a revertir el daño ambiental.
Queremos proceder a la aprobación del presente acuerdo regional para garantizar un medioambiente sano, mediante la participación pública y el acceso a la justicia, el fortalecimiento de capacidades y la cooperación, centrándonos en la inclusión social y de las distintas comunidades. En este sentido, el Acuerdo de Escazú se compromete con un desarrollo más igualitario, más justo, sostenible, con el objetivo de defender nuestra casa común.
Como exponían Nicole Becker y Andrés Nápoli en la reunión conjunta de comisiones que realizamos con el diputado Grosso, el acuerdo comprende la construcción de una democracia ambiental y un nuevo paradigma para el abordaje de una agenda que comprenda su estrecho vínculo con la justicia social, para que vivir en un ambiente sano sea un derecho y no un privilegio.
Además, se debe subrayar que América Latina y el Caribe tienen el triste récord de ser la región donde más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y de temas ambientales se producen en el mundo. En ese sentido, el de Escazú es el primer acuerdo mundial con cláusula vinculante de protección de personas comprometidas con la defensa y la lucha por los derechos ambientales, al establecer medidas para prevenir, investigar y sancionar eventuales ataques y/o amenazas, de modo de asegurar que puedan desempeñar su labor sin temor ni represalias.
El Acuerdo de Escazú es una alarma y una advertencia sobre la crisis climática y ambiental, y una invitación a dialogar con responsabilidad y solidaridad sobre el futuro del planeta, creando nuevos sentidos de pertenencia y vinculación con el entorno.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del proyecto de ley venido en revisión del Senado de la Nación.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Grosso, por Buenos Aires.
Sr. Grosso.- Señor presidente: estamos hoy tratando de sancionar definitivamente la ratificación del Acuerdo de Escazú. Es una buena noticia.
Como decía usted, recién tuvimos una reunión con muchos y muchas jóvenes, y no tan jóvenes, de distintas organizaciones ambientales, que nos plantearon diferentes temas y la importancia de este tratamiento.
Como decía el señor diputado preopinante, con la Argentina vamos a ser diez los países que ratificamos este acuerdo; se necesitan once, uno más. Hay varios países que están en proceso de ratificación.
Es muy importante que la Argentina ratifique este acuerdo. Hay que decir -y así se señaló en comisión y lo ha dicho el señor diputado Valdés recién‑ que es importante el rol de la Argentina ‑en términos del lugar que ocupa en materia de derechos humanos a nivel global‑ en la ratificación de este acuerdo y en términos de legislación ambiental.
El corazón del acuerdo es el acceso a la información ambiental, la participación pública, el acceso a la justicia y las garantías para los defensores ambientales. Todas estas son las cuestiones formales. Pero como dijo Nicole Becker -“miembra” de Jóvenes por el Clima- en la comisión y recién en la reunión, esto es un cambio de paradigma. Un nuevo paradigma de democracia ambiental se viene a establecer en América Latina a partir de este proyecto de ley.
Es el primer paso que damos en esa dirección. Hay una historia larga y triste en América Latina ‑y en el mundo también‑ de que unos pocos deciden sobre los bienes de todos. Y los bienes ambientales son bienes de todos. Este acuerdo viene a poner luz sobre esos bienes de todos, y viene a permitir la voz de los muchos sobre las decisiones de los pocos.
Andrés Nápoli, de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, decía en esa reunión hace minutos que además esta fue una ley negociada, debatida y acordada entre las organizaciones de la sociedad civil, los Estados, las ONG. Es decir que es el resultado del acuerdo de distintos actores.
¿Pero por qué importa tanto esta ley? Decía también Valdés -y disculpen que lo diga, porque me parece que hay que repetirlo‑ que en 2019 fueron asesinadas 212 personas en el contexto de la defensa de la Tierra y el medioambiente ‑212 personas‑, el número más alto de muertes que hubo hasta hoy. Y la mayoría de estas personas ‑dos cada tres‑ fueron asesinadas en nuestro continente.
El acceso a la información ambiental también es importante por esto que decíamos antes: todos necesitamos saber qué hacen con los bienes de todos.
La participación pública ha crecido en los últimos años. Por suerte creció la participación pública en los últimos años y los jóvenes y las jóvenes vienen retomando la bandera del ambientalismo en América Latina, pero lamentablemente ello es resultado de que cada vez avanza más la depredación sobre nuestro continente.
Siempre me gusta traer datos a estos debates y quiero poner un poco de contexto. ¿Por qué estamos estableciendo un acuerdo para proteger a las defensoras y defensores del medioambiente? Porque cada vez tenemos más muertos por defender el medioambiente. ¿Por qué cada vez tenemos más conflictos con resoluciones fatales en la defensa del medioambiente? Porque cada vez avanzan más y más sobre nuestros recursos naturales. Porque cada vez se depreda más y más el planeta. Porque, como dicen los especialistas del mundo, estamos al borde de un colapso ecológico.
Lo dije en este recinto y en
las comisiones, y lo venimos diciendo en muchos lugares: estamos atravesando
una pandemia de un virus de origen zoonótico, resultado de la depredación del
medio ambiente. Ese virus, que estaba muy tranquilo con los murciélagos en las
selvas y en los bosques tropicales del Sudeste asiático, llegó a la humanidad y
tomó contacto con ella después de que nosotros depredamos ese bosque tropical
del Sudeste asiático. La economía del mundo se cayó, miles de personas mueren
por día y estamos todos manteniendo distancia, con tapaboca y adaptándonos a
las nuevas tecnologías para construir encuentros remotos.
Pero hay otros datos, además
del más evidente de todos.
-
Ocupa
la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Álvaro
Gustavo González.
Sr. Grosso.- Si esta no es la evidencia del colapso
ecológico mundial, díganme qué es.
Pero, como decía, hay otros
datos. Hace poco, OXFAM presentó un informe según el cual, entre 1990 y 2015, el
1 por ciento más rico emitió más del doble de carbono que la mitad de los
pobres de todo el mundo. Además, el 10 por ciento más rico de la humanidad fue
responsable de la mitad –el 52 por ciento- de las emisiones acumuladas en el
mismo período.
El IPBES afirma que más de
un tercio de la superficie terrestre del mundo y el 75 por ciento del agua
dulce se utilizan para la producción agrícola y ganadera. También nos cuenta
que la contaminación plástica se multiplicó por diez desde el año 1980. En
veinte años se produjo más plástico que en los últimos cien años. En el
Pacífico Norte hay una isla de plástico flotando que tiene dos veces el tamaño
de Chile.
Estos son algunos datos
globales, pero veamos también los datos de la Argentina, para determinar si hay
o no colapso ecológico.
Durante la pandemia, se
deforestó o desmontó una superficie equivalente a dos veces la ciudad de Buenos
Aires. En los humedales, que tanta discusión han generado en la Comisión de
Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, se han prendido fuego
90.000 hectáreas. Hubo más de 27.000 focos de fuego en humedales.
¿Qué es todo esto sino el
avance del interés de unos pocos por sobre los beneficios que el planeta les da
a todos? Cómo se arregla esto es algo que también podríamos empezar a pensar en
medio de esta situación.
Mucho se ha hablado en el
Congreso del coronavirus y de la pandemia, lo que nos pone reflexivos a todos.
Estamos hablando de la nueva normalidad que hay que construir. ¿Quién tiene la
obligación de construir esa nueva normalidad? Yo creo que, por un lado, la
obligación es de la política, de los responsables políticos, de nosotros y
nosotras, la dirigencia política, que tiene que tomar decisiones. Por eso, este
acuerdo es importante, porque pone al Estado a dar algunas respuestas. Hay
sectores que todavía no entienden que esto es parte de un problema de
gobernanza del futuro.
Por otro lado, también es
responsabilidad de nuestro pueblo, en este caso, nuestro pueblo
latinoamericano, que logró construir este tratado internacional.
Como recién decía uno de los
pibes que hablaba en la comisión, este es el primer paso, pero de ninguna
manera es el final del camino. Yo creo que la importancia de este acuerdo, en
este contexto de crisis ecológica, de colapso ecológico global, de falta de
conciencia por parte de la dirigencia política mundial sobre las decisiones que
hace falta tomar para frenar estas tragedias que estamos viviendo hoy en día,
radica en entender que este es el primer paso, pero que hay que construir un
camino de políticas ambientales en la Argentina y en el mundo.
¡Bienvenido, entonces, el
Acuerdo de Escazú! (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- El tiempo del bloque del
Frente de Todos está dividido en tres oradores.
Tiene la palabra la señora
diputada Cerruti, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Cerruti.- Señor presidente: estamos contentos,
orgullosos y satisfechos de estar hoy aquí, luego de que esta iniciativa pasara
por el Senado, para sancionar la adhesión de la República Argentina al Acuerdo
de Escazú.
También sabemos, como decía
recién el señor diputado Grosso, que es un paso, y en este camino que estamos
dando, todos los pasos son bienvenidos.
Pero la verdad es que la
situación de la crisis climática es tan radical que todo el tiempo nos
preguntamos si no hacen falta soluciones más radicales, si sencillamente vamos
a seguir pensando como lo hacíamos cuando había que emparchar algunas
situaciones. En este momento estamos frente a un grito, que es el grito de los
pibes, de las pibas y “les pibes”, que mañana se va a reproducir en todo el
mundo con una nueva huelga global contra la crisis climática. Porque no es el
cambio climático sino la crisis climática.
Pero al mismo tiempo también
nos encontramos con que la sesión de hoy, por ejemplo, empezó con una cantidad
de homenajes a los bomberos y a los voluntarios que están apagando catorce
fotos de incendio en la Argentina. En efecto, hoy en nuestro país existen
catorce focos de incendio.
Yo me sumo al homenaje a los
bomberos y a los voluntarios, y me pregunto si no vamos a hacer nada para parar
el fuego. ¿Vamos a homenajear a los bomberos y a los voluntarios y no vamos a
preguntarnos por qué ocurre la sequía en Córdoba o quiénes son los que prenden
fuego los humedales en Entre Ríos y en Rosario? ¿Vamos a seguir sintiéndonos
felices por hacer algunas cosas políticamente correctas, por hacer un lavado de
cara verde, con poner algunos tachos en algunas esquinas o con poner la
responsabilidad en si los pibes reciclan o no, y no vamos a cuestionar
seriamente si lo que está en crisis no es un modelo productivo? Ese modelo
productivo se basó -por lo menos durante los últimos cincuenta años, y sin duda
durante el siglo XX- en llevar la producción, el consumo y la generación de
desechos a ritmos acelerados, de manera tal que incluso llevó adelante guerras
para quedarse con los recursos naturales de otros países.
Efectivamente, en los
últimos años hubo muchísimos conflictos disfrazados de guerras por la religión
cuando en realidad fueron guerras por el petróleo. Muchísimas de las disputas
entre países son en realidad disputas por los recursos naturales. Las disputas
en Latinoamérica tienen que ver con quién se queda con más tierra para plantar
más soja o para llevar adelante un modelo agroexportador, que lo único que hace
es secar cada vez más la tierra de la Argentina y llevarnos cada vez más a ese
modelo. (Aplausos.)
La crisis climática siempre
repercute más en los que menos tienen. Como ocurre en todas las crisis y en
todas las injusticias, quienes más las sufren son las clases populares. Porque,
así como en la pandemia los ricos se refugian en sus countries, en las
inundaciones los ricos se refugian en sus casas, y en cambio, son los que viven
al lado de los arroyos quienes tienen que pagar con su vida, con su educación y
con su crecimiento lo que está sucediendo.
Lo que hoy está en crisis es
un modelo que en los últimos cien años se basó en sacar todo lo que se pueda de
la tierra, y con ese modelo no se puede negociar. Esto es como si el feminismo
empezara a tratar de ponerse de acuerdo con los varones a ver cuánto nos pueden
pegar: “Un poquito, sin dejar marcas”. Vamos negociando a ver si nos pueden
pegar un poquito o no. No; no nos pueden pegar. Estamos en contra de la
violencia contra las mujeres y estamos en contra de la violencia contra la
tierra y contra los recursos naturales. Estamos en contra de la tiranía que
todos los días, desde hace varias décadas, lo único que hace es ver de qué
manera se le saca más al suelo, se le saca más a la tierra, para que esos
pocos, como decía recién el diputado Grosso, que son los que generan más
huellas de carbono, que son los que generan más contribución a la crisis
climática, se queden además con las riquezas.
¿Cuándo será el momento de
discutir de verdad si no tienen que devolver por lo menos en impuestos, si no
tienen que ser más controlados aquellos que explotan la tierra y el resto de la
naturaleza dejándonos en esta situación? Ya no es que lo dicen un grupo de
pibes, las asociaciones ambientalistas o las asociaciones verdes. No estamos
discutiendo si vamos a salvar o no a los osos panda o a las ballenas; estamos
discutiendo si este mundo tiene futuro o no lo tiene; si en este mundo va a
haber posibilidad de que todos y todas coman o eso va a ser solo para unos
pocos.
Entonces, hay muchas cosas
que discutir. Tenemos que discutir la Ley de Humedales, pero también tenemos
que hacer que se cumplan las leyes que ya existen. Porque parte de los
incendios tienen que ver con la deforestación. ¿No vamos a cumplir la Ley de
Bosques? ¿Vamos a dejar que se siga talando y deforestando como está ocurriendo
en las provincias en este momento?
Según el organismo
internacional encargado de controlar el cambio climático, la Argentina está
entre los diez países que más deforestaron en los últimos veinte años. Ese es
un dato que, como Congreso, debería llevarnos a sancionar lo que sea necesario
para que la Ley de Bosques funcione mejor, pero también todos, como sociedad,
como gobierno, como jóvenes, debemos ver de qué manera hacemos que se cumplan
las leyes.
Queremos debatir y sancionar
la ley de educación ambiental. Ahora bien, no lo queremos hacer solamente para
que se den clases en las escuelas y con eso quedarnos tranquilos, porque los
primeros que tienen que aprender educación ambiental son los gobiernos y las
corporaciones. Los pibes tienen mucha más educación ambiental que todos
nosotros. Entonces, veamos de qué manera nos ponemos de acuerdo en que lo que
está en discusión es si habrá vida en este planeta para todos, todas y “todes”.
Para eso, necesitamos que haya soluciones radicales ya; que este acuerdo sea
aprobado y se cumpla; que no se siga matando a quienes luchan por el ambiente
en Latinoamérica; y, sobre todo, necesitamos discutir ya mismo acerca del
modelo de producción y consumo que nos llevó a esta situación. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Godoy, por Salta.
Sr. Godoy.- Señor presidente: también yo celebro que podamos tratar el acuerdo suscripto en Escazú, cuya aprobación es necesaria. En esta jornada en la que han ocurrido algunos hechos lamentables, me parece que podemos concentrarnos en medidas que son importantes para el futuro de la Argentina, de América Latina y del mundo.
Con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros de las Naciones Unidas trazaron el camino hacia una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad para las personas y el planeta todo, y se comprometieron a no dejar a nadie atrás.
Como se ha dicho, esta iniciativa multilateral es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y también el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos.
Este acuerdo regional, suscripto por nuestro país, tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Luego me referiré a la participación pública y contaré algunas anécdotas sobre lo que sucedió con las comunidades aborígenes en mi provincia.
Salta, como el resto del norte argentino, brinda servicios ambientales a nuestro país, de la misma manera que Latinoamérica lo hace respecto del mundo. En estas regiones de atraso histórico y estructural, la idea es lograr un desarrollo sostenible y equitativo que permita a todas las personas crecer y vivir con dignidad. Justamente, el acuerdo firmado en Escazú tiende a eso; es decir, al desarrollo sostenible.
No hace mucho tiempo -concretamente, a principios de año- la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en el caso de la Asociación de Comunidades Aborígenes “Lhaka Honhat” referido a una disputa de los lotes 55 y 14, donde viven muchísimas comunidades de los pueblos wichi, chorote, mataco, toba, etcétera. La Corte analizó, a partir del artículo 26 de la Convención, el derecho de las comunidades a un ambiente sano, a una alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma.
El acuerdo firmado en Escazú va en el mismo sentido porque está dirigido, sobre todo, a los sectores vulnerables, a aquellos que suelen no ser escuchados y registran mayores índices de marginalidad.
Dado
que el término del que dispongo para hacer uso de la palabra se está agotando,
simplemente quiero agregar que hace un tiempo, allá por 2010, se permitió a una
comunidad de Nazareno, un pueblo de Santa
Victoria, al norte de Salta, ubicado a muchos metros sobre el nivel del mar, la
toma de decisión respecto de una hostería que quería hacer el gobierno de la
provincia en dicha localidad. Recuerdo que se utilizó el voto electrónico.
Las comunidades se oponían a ese proyecto; argumentaban que iba a invadir, que iba a generar condiciones que pondrían en peligro sus tierras, que se iba a extranjerizar. Todo giraba en torno del cuidado del ambiente y la forma como las comunidades se relacionan con él.
Como decía, hubo un plebiscito, un referéndum, y se utilizó el voto electrónico; si no me equivoco, por primera vez en la Argentina. Se pensaba que la utilización de un método electrónico iba a impedir que las comunidades se expresaran; sin embargo, aprendieron a hacerlo.
Hubo encuestas que hicieron pensar a quienes gobernaban que ganarían la votación; es decir, que iban a poder hacer la hostería. Como dije antes, se permitió participar a las comunidades y su voto fue negativo. Finalmente, se construyó un albergue para los estudiantes de las distintas comunidades.
En suma, la participación es central porque todos y todas vivimos en este ambiente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Martínez, por Buenos Aires.
Sra. Martínez (M.R.).- Señor presidente: estamos próximos a aprobar este acuerdo, el primero avalado por la CEPAL para la región, que trata sobre el cuidado del ambiente y de las personas, y los derechos humanos.
La participación se convierte en un hecho esencial. Nosotros y nosotras tenemos, como país, una tradición enorme en la proclamación del cuidado del medio ambiente. Quiero recordar que en 1972, antes de ser presidente, en su Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo, el general Perón decía: “Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología,...”
Por su parte, en su carta Laudato Si, el papa Francisco sostiene: “Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo.”
Los jóvenes que nos acompañaron en los debates en la Cámara de Diputados, que alientan y llevan adelante una lucha muy importante en este sentido, reclaman un cambio. Se preguntan cómo es posible construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente, y en el sufrimiento de los pueblos y de los más pobres.
Este acuerdo se refiere a garantizar la vida y el acceso a la Justicia de los activistas por los derechos y la soberanía ambientales. Esto nos parece central, ya que Latinoamérica es la región en la que más muertes de ambientalistas ha habido.
Quiero recordar principalmente a Berta Cáceres, una feminista que luchó por la mejora del medio ambiente y fue asesinada, y a Yolanda Ortiz, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el gobierno de 1973. Perseguida por la dictadura, volvió a ser centro de nuestra atención a partir de los homenajes y el título honoris causa por su lucha.
Creo que la pandemia es un desafío enorme por la preocupación y ocupación de los gobiernos, pero también de la ciudadanía activa. Sobre todo, para que nos preguntemos por las causas que provocan la degradación del ambiente y que tienen que ver no solo con el desarrollo de tecnología, sino también con una sociedad de consumo que solo piensa en acceder a lo superfluo.
No hay justicia social que pueda ser relatada si no se considera que el ambiente es de todos, que la naturaleza no nos pertenece como seres humanos, sino que simplemente es la casa donde habitamos en igualdad y sin soberbia. La posibilidad de vivir mejor y ser felices tiene que ver centralmente con que haya más justicia social para todos y todas.
Sr. presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Austin, por Córdoba.
Sra. Austin.- Señor presidente: espero que podamos dar vuelta la página de esta sesión que nos hizo sentir mucha bronca, mucha indignación por momentos, y que podamos darnos y darles a las personas que nos están mirando un motivo de orgullo para nuestro país y para la región también. Celebro que estemos discutiendo finalmente la ratificación del acuerdo de Escazú, como bien se ha dicho, el primer acuerdo vinculante de la región, y me voy a tomar unos minutos para explicar de qué se trata.
Es un acuerdo que, como se dijo, viene a defender los derechos ambientales pero, en particular, lo que tiene que ver con el acceso a la información ambiental, a la participación pública, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Los tres son pilares esenciales e indispensables para fortalecer la gobernanza ambiental; de eso estamos hablando.
Asimismo, uno de los objetivos centrales de Escazú es luchar contra la persecución que sufren los defensores ambientales. Efectivamente, América Latina ostenta el triste récord de haber sido la región del planeta donde en 2019 se produjo la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientalistas. Es indudable que nuestra región merece un acuerdo que corte esta realidad.
Decía, entonces, que este acuerdo es una propuesta para nivelar el acceso a los derechos que implica para algunos Estados el rediseño institucional de sus leyes y para otros, como el nuestro, la necesidad de reforzar y tomarnos en serio todos los marcos normativos que ya tiene nuestro país.
La historia es larga, comienza cuanto menos allá por 2012, en un debate sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río +20, donde los países se comprometieron a avanzar en un acuerdo regional en la materia. Allí se dijo que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados. Esta es, de alguna manera, la columna vertebral de este acuerdo tan importante que hoy la Argentina está ratificando.
La discusión del cuerpo normativo avanzó. En 2014 la Argentina integró el Comité de Negociación y se convirtió en un actor regional clave. Fue líder de las negociaciones y por eso nos parece tan importante que hoy demos el paso que estamos dando.
Escazú se adopta en 2018, y se abren dos años para la firma de los países. La Argentina firmó el mismo día en que se hizo esa apertura, en aquel entonces con el mandato del ex presidente Macri. Al momento hay veintidós países que han firmado, pero solo nueve que han ratificado. Queremos que la Argentina sea la décima nación que firma, para que estemos a un paso de que el tratado entre en vigor.
Es indudable que hay un montón de aspectos que son relevantes. Me voy a referir brevemente a algunos, pero creo que, en el contexto en que estamos viviendo, también es importante resaltar y destacar la capacidad de ponernos de acuerdo; que los partidos y los bloques de distintos espacios políticos podamos encontrar ejes en común, así como en el Senado y en las comisiones que dictaminamos este tema pudimos por unanimidad estar contestes con la decisión de acompañar este acuerdo.
Quiero también destacar algo que ya se ha dicho: el esfuerzo enorme de las organizaciones de la sociedad civil que fueron protagonistas, no solo de la realización del acuerdo, sino también de que la Argentina esté hoy avanzando en la ratificación.
Quiero tomarme la licencia de agradecer y saludar a los guardianes y las guardianas del patrimonio natural de la provincia de Córdoba. Son pequeños de entre 10 y 12 años que han estado haciendo fuerza para que escuchemos su reclamo y la voz de una generación que no quiere esperar a ser protagonista de un futuro incierto, sino que pide que se le reconozca el derecho a incidir hoy en los asuntos públicos.
Para ellos es también esta sesión. Se trata de una generación que pide que cuidemos la casa común, que entendamos ese mandato constitucional del artículo 41 que con tanta sabiduría se incluyó en nuestra última Reforma Constitucional, que nos ordena, nos mandata cuidar el ambiente para las generaciones presentes y futuras.
No hay duda ‑y se torna más imperioso que nunca‑ de que la única perspectiva posible que tenemos por delante es la del desarrollo sostenible y sustentable. Lo estamos discutiendo, con muchísima intensidad, mientras tratamos de avanzar en la construcción de consensos en la ley de humedales.
Hablamos hoy de los incendios en Córdoba, que amenazan ecosistemas, que dañan cultivos, que ponen en riesgo la vida de las personas, de los animales, en definitiva, la vida de los ecosistemas donde se desarrolla la biodiversidad.
Debemos abrir los ojos y empezar a actuar. Es tiempo ‑y coincido con la vehemencia de algunas de las diputadas preopinantes‑, de que hagamos algo más que discursos. Es tiempo de que sancionemos leyes. Es tiempo de que revisemos nuestros marcos normativos y que los hagamos cumplir. Para eso hay organismos de control; para eso necesitamos también fortalecer la Justicia.
Ratificar Escazú es señalar una vez más el camino, porque Escazú tiene una premisa, que es abrir el juego a los asuntos que involucran el ambiente, esto es, sumar, escuchar a profesionales, instituciones, referentes ambientales y ciudadanos. Es entender que, así como este acuerdo se construyó de abajo hacia arriba es como debemos lograr construir las decisiones de políticas públicas.
Escazú también tiene un método, que es la democracia ambiental, un mecanismo para que podamos abordar las discusiones conflictivas, esas tantas situaciones que hemos visto a lo largo y a lo ancho de la Argentina en las últimas décadas. Necesitamos encontrar un modo de legitimar la toma de decisiones. Esto se logra escuchando a los protagonistas, abriendo espacios de diálogo e intercambio donde encontremos una voluntad recíproca de cooperación. No es unos contra otros: es entre todos, entendiendo que el único modo de revertir el estado de crisis que recién bien se describía es con la articulación de los actores que componen nuestra sociedad.
No me quiero extender, pero es indudable que hay muchos aspectos para resaltar. Quiero poner el foco en dos de ellos. El primero, el acceso a la información pública, que debe ser accesible y asequible, es decir, entendible.
Y quiero traer aquí las palabras de Octorina Zamora, una referente whichi de Salta, quien nos dijo en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano: “Es necesario que la gente que ama la tierra, que ama el monte, que ama el ambiente, que pide por la vida, nos convide un poco de su conocimiento, porque si no, nosotros no podemos hablar el mismo idioma. Muchas veces cortamos las vías para frenar el robo maderero. Incluso nos mandaron a la Infantería y nos apuntaron, y nuestras denuncias parecen que no sirven. A nosotros se nos termina el argumento cuando no tenemos las cifras sobre las hectáreas deforestadas, o sea, el conocimiento técnico”.
Esto es Escazú. Es poner en las manos de los ciudadanos las herramientas, la información y el derecho, sobre todas las cosas, a que sus voces sean escuchadas.
Por último, es una invitación a trabajar sobre la Justicia. Escazú refuerza algunas cuestiones que ya tenemos desde nuestro marco constitucional –los artículos 41 y 43‑, pero nos invita a que los funcionarios públicos, judiciales, administrativos, los juristas, las organizaciones sociales y los actores de la sociedad civil desarrollen instancias de formación y capacitación para realmente entender que Escazú es un cambio de paradigma para esa democracia ambiental que recién se señalaba.
No tengo dudas de que estamos en un momento crucial. Hemos entendido que en el mundo hay bienes globales. Hemos entendido que habitamos un mundo absolutamente interdependiente, y que lo que hacemos en un rincón del planeta impacta rápidamente en todo el globo. Es tiempo de que entendamos que el bien más importante que tenemos que proteger es el ambiente, es nuestra casa común.
Debemos hacer caso al mandato, al compromiso constitucional, pero también a este cambio de paradigma al que nos invitó la Corte días atrás en un fallo: a tener una visión ecocéntrica, no tan antropocéntrica; a entender que el único modo de preservar el ambiente para las generaciones presentes y futuras es a través del desarrollo sostenible y sustentable, y de este paradigma de democracia ambiental.
Ojalá que hoy podamos sentir orgullo del trabajo de esta Cámara, y que la ratificación de la Argentina le dé impulso a la región para que Escazú esté vigente cuanto antes.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Crescimbeni, por Buenos aires. Por favor, le pido que hable bajo, para no despertar a la nena.
Sra. Crescimbeni.- Señor presidente: justamente quiero decirle que para poder intervenir en este debate puse a dormir a mi hija Juanita, que acaba de nacer hace once días.
Este es un momento muy especial para nuestra generación. Particularmente me gustaría agradecer en clave generacional a todas las organizaciones que son parte de la lucha contra el cambio climático y de todo el desarrollo sostenible en general. Me refiero a Jóvenes por el Clima Argentina, a Alianza por el Clima y a todos aquellos que no están agrupados o se encuentran iniciando su camino de militancia y participación política o directamente ambiental.
Creo que es un día muy importante para nosotros, que desde hace varios años venimos militando, defendiendo y pidiendo la ratificación del Acuerdo de Escazú. Por eso hoy es un día de celebración, más allá del momento complejo que estamos viviendo.
También he querido estar presente para agradecer a todos los señores diputados por el paso que estamos por dar. Como dijeron varios colegas que me precedieron en el uso de la palabra -entre ellos la señora diputada Austin-, sabemos que el Acuerdo de Escazú es un primer paso en este camino hacia una reactivación verde que tenga en cuenta el desarrollo sostenible en el centro, pero que no es, definitivamente, el final y la consolidación de un trabajo que debemos seguir haciendo a través de los distintos gobiernos y espacios políticos, ya que la defensa del medio ambiente es una política de Estado.
Entonces, en ese sentido también nuevamente quiero recordar que el Acuerdo de Escazú es una oportunidad que estamos emprendiendo y no podemos desaprovechar, para seguir consolidando no solamente la defensa de los derechos humanos y la democracia ambiental –de hecho, el medio ambiente también es un derecho humano-, sino también el acceso a la información pública, para que sea cada vez más habitual y una costumbre, es decir, que podamos acceder y tener información disponible que sea fidedigna y no se oculten esos datos, que para nosotros son importantes a fin de saber dónde estamos parados, justamente porque las políticas ambientales requieren un trabajo que debe pasar de un gobierno a otro.
Por eso también quiero recordar que el tema del medio ambiente fue una política de estado central durante el gobierno de Mauricio Macri, ya que no solamente expandimos las áreas protegidas y creamos el Gabinete de Cambio Climático, sino que además trabajamos con las energías sostenibles y con las renovables. Creo que todos estos han sido los primeros pasos que fuimos dando para acercar el desarrollo sostenible a una verdadera política de Estado.
Hoy estamos en medio de una pandemia donde justamente este acuerdo nos da un margen de certeza en un momento de mucha inestabilidad e incertidumbre. Pero justamente creemos que tenemos otros proyectos de ley que están cerca de ser aprobados.
En este sentido, considero importante mencionar el proyecto de ley sobre educación ambiental presentado por la señora diputada Scaglia, del bloque del PRO, que constituye una deuda pendiente de nuestra generación y de las futuras; me refiero no solamente a la de mi hija, sino también a muchas otras más.
Señalo
esto porque como bien sabemos los jóvenes militamos y estamos presentes en estas causas,
pero necesitamos que cada vez seamos más quienes tengamos esa formación desde
los primeros años, a fin de entender como parte de un ecosistema a los seres
humanos y la naturaleza. Justamente esta es una buena forma de trabajar en
contra de ese individualismo que muchas veces reina. El medio ambiente es una
forma de entenderse colectivamente y de que lo que uno hace repercute sobre la
totalidad, lo que resulta imprescindible para nuestra generación.
En
este sentido también quiero recordar que en junio, en oportunidad de la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, presentamos junto con las
organizaciones que militamos por el desarrollo sostenible, la denominada Ley Yolanda,
mencionada por la señora diputada Martínez. Se trata de una ley de mi autoría
que presenté junto con varios colegas de mi interbloque.
Por
medio de esa norma legal proponemos que exista una formación en materia de desarrollo
sostenible y educación ambiental para los tres poderes del Estado, a fin de que
todos que los trabajamos en la función pública también tengamos esa concientización,
acercamiento y mirada para que respecto de cada decisión que tomamos, ya sea
pequeña o grande, consideremos cómo eso impacta, afecta y repercute sobre el medio
ambiente.
A
fin de no extenderme en mi exposición, quiero efectuar una breve consideración
sobre el impacto desigual que tiene la desigualdad ambiental sobre lo social. Justamente,
tenemos que reconocer y saber que en la gran mayoría de Latinoamérica y del
resto del mundo quienes más sufren las consecuencias del cambio climático son aquellos
que sufren la pobreza y están en los mayores márgenes de la marginalidad y la
desigualdad. En consecuencia, es imperioso trabajar sobre esto.
Por
otra parte, es falsa la disyuntiva de quienes dicen que el problema del medio ambiente
es de los ricos o para ocuparse una vez que se lo hizo respecto de otros temas.
Por el contrario, la cuestión del medio ambiente tiene que estar en el centro
de nuestras consideraciones y el desarrollo sostenible debe ser parte de la reactivación,
que es posible que sea verde y considere cómo nuestra huella, determinada por
cada una de las cosas que hacemos en el entorno, repercute sobre los demás.
Para
finalizar, agradezco la posibilidad de estar ratificando hoy este acuerdo.
Además, quiero insistir en que el cuidado del medio ambiente y el respeto de la
biodiversidad y la biodiversidad cultural sigue siendo una deuda pendiente que
en la Argentina compete a todas las fuerzas políticas. Me refiero a todas las
organizaciones que militan y participan en este tema, porque estamos
convencidos de que este mundo, que es nuestra casa y hogar, necesita
particularmente en Latinoamérica y la Argentina nuestra acción en forma
inmediata.
El Acuerdo de Escazú no podía esperar. Lamentablemente, esperó más años de los que hubiésemos querido. Hoy lo estamos aprobando. Pero debemos seguir trabajando en conjunto para que el desarrollo sostenible sea una realidad.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: Silent Spring, es decir, Primavera Silenciosa,
es un best seller de la bióloga
marina Rachel Carson que fue publicado en 1961 y evidenció científicamente los
graves efectos de la fumigación química. Es una obra considerada trascendente
porque hizo un aporte invalorable a la politización del problema ambiental y sentó las bases del
movimiento ecologista desde aquel mayo francés hasta la reforma constitucional
de 1994 en la Argentina, que incorporando el derecho ambiental cambió la
mentalidad del derecho romanístico, considerado como un derecho individualista
y economista, en tanto que el derecho ambiental es de carácter colectivo. Esto
se extendió hasta llegar a la consideración de este primer tratado ambiental de
América Latina y del Caribe, cuya aprobación hoy estamos llevando a cabo.
Con la enorme diversidad
que posee América Latina, que es una de las más imponentes del mundo y
constituye un verdadero patrimonio natural de la humanidad, hemos recorrido y
nos falta recorrer un largo camino para tener una política en materia de medio ambiente.
Voy a mencionar, porque
es necesario tomar conciencia de qué estamos hablando cuando nos referimos al tema
ambiental, doce catástrofes ambientales que están visualizadas en el mundo de
los ambientalistas. Dimensionemos las catástrofes que voy a enumerar.
En primer término, la catástrofe de Minamata, que fue un envenenamiento por
mercurio ocurrido en Japón a mediados del siglo XX.
En segundo lugar, el
hundimiento del Amoko Cadiz, que constituyó un derrame petrolero infernal
registrado hace cuarenta años.
En tercer término, la tragedia de Chernobyl.
En cuarto lugar, lo ocurrido en Love Canal, Nueva York, en 1978, que fue
otro derrame que produjo un enorme desastre ambiental.
En quinto término, el desastre de Bhopal, en la India, ocurrido en
diciembre de 1984 a raíz de una fuga en una planta pesticida.
En sexto lugar, el desastre del “Exxon Valdéz”, registrado en Alaska en 1989
como consecuencia de un terrible derrame de petróleo.
En séptimo término, el hundimiento del buque Prestige, ocurrido no hace
mucho –en 2002- en las costas de Galicia.
En octavo lugar, la Isla
de la Basura, en el Océano Pacífico, que ya triplicó el tamaño de Francia y
equivale a casi cinco provincias argentinas.
En noveno término, el cambio climático, con un retroceso en materia de
glaciares que nosotros podemos percibir porque tenemos la inmensa fortuna de
tener esa belleza natural que son los glaciares patagónicos.
En décimo lugar, el desastre minero de Brumandinho, en Brasil, que fue
una tragedia ambiental y humana terrible.
En undécimo término, el
desastre producido por el sargazo en el Caribe mexicano, en 2019.
Finalmente, el desastre
ambiental de 2020, que se llama Covid-19.
Estos son los doce desastres
ambientales ecológicos más significativos y que ocurrieron en un proceso de
tiempo demasiado corto como para no hacernos responsables de lo que estamos
haciendo.
Como se dijo aquí, el
Acuerdo de Escazú se remonta al año 2012, luego de la Conferencia de Río+20. Asimismo,
aquí se manifestó que no es un tema menor y por eso lo queremos poner de
relieve.
El Acuerdo de Escazú garantiza
el acceso a la información ambiental, la participación pública en los
procesos de toma de decisión y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales,
que es como garantizar el derecho a acceder a las justicias en asuntos
ambientales, de acuerdo con las garantías del debido proceso.
Otro de los objetivos principales del Acuerdo de Escazú que quiero resaltar es luchar contra la desigualdad y la discriminación. Garantizar los derechos de todos a un medioambiente sano y a un desarrollo sostenible, prestando atención a las personas y a los grupos vulnerables como lo son los pueblos originarios de América.
El Acuerdo de Escazú también asegura que cada parte debe tomar las medidas apropiadas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar los ataques, las amenazas y las intimidaciones en contra de los defensores de los derechos humanos en materia de asuntos ambientales.
Para garantizar el derecho de acceso a la Justicia el acuerdo le exige a los Estados parte que deben tener órganos estatales competentes y procedimientos efectivos. Es interesante acá decirnos que tenemos que revisar el proceso penal en la Argentina, que es un proceso penal de aquel código que imputa delitos de primera generación, siendo que los delitos ambientales son los de cuarta generación.
Habla también de que deben ser procedimientos que no tengan costos prohibitivos, que tiene que haber una legitimación activa amplia en defensa del ambiente. Acá nosotros tenemos antecedentes en fallos de nuestra Corte que son absolutamente efectivos en ese sentido, pero debemos dejarlo sentado. Asimismo, se refiere a que esas medidas deben facilitar la producción de la prueba de daño ambiental.
Cuando nosotros tomamos nota de que nuestros procedimientos en materia penal tienen muy pocas herramientas para poder llevarlos adelante decimos: “Cuánto camino todavía nos falta, a pesar del camino recorrido.”
Escazú, como bien se dijo acá ‑es importante que lo sepan aquellos diputados que no tuvieron el contacto que tuvimos los diputados que estamos relacionados con el ambiente-, es un compromiso en la defensa del ambiente que se lo pone en manos de los que más lo van a defender, porque este convenio pone en manos de los pueblos y los jóvenes la defensa del ambiente. Por eso nosotros vemos con inmensa alegría que son nuestros jóvenes, que por cierto son muchísimos más de los que nos imaginamos, los preocupados y ocupados para que este acuerdo realmente se convierta en ley.
Señor presidente: debo decir aquí que en materia ambiental los argentinos hemos tenido una política de Estado, aquí se habló de las zonas de exclusión marina que hemos aprobado durante el gobierno anterior, pero antes hubo un gobierno anterior que planteó la necesidad de un proyecto llamado Pampa Azul y lo que se hizo fue darle continuidad. En el Acuerdo de Escazú pasa lo mismo, el expresidente Macri fue el que presentó el convenio para su tratamiento en el Congreso de la Nación, el Senado de la doctora Cristina de Kirchner fue el que le dio media sanción y alrededor de siete diputados de diferentes bancadas fuimos los que presentamos iniciativas para que este proyecto sea tratado. El Acuerdo de Escazú es una política de Estado de los argentinos y a mí me alegra mucho decirlo en el momento de la grieta, de las ofensas y de los escándalos.
Debemos mencionar también, señor presidente, para ser leales con nosotros mismos, que nuestro país cuenta con importantes normas en materia de información ambiental, de protección ambiental y de acceso a la Justicia en los diferentes órdenes y niveles.
Dicho esto corresponde reconocer que las disposiciones que contiene el acuerdo brindarán, sin duda, mejores herramientas para la participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental, aumentarán el rol de control sobre las decisiones administrativas y judiciales y procurarán beneficiar a sectores de la población, como bien se dijo, en particular a los grupos y a las comunidades más vulnerables.
Finalmente, señor presidente, debo aseverar que este acuerdo reconoce principios democráticos fundamentales y aborda principalmente el desafío de combatir la desigualdad dentro de los cánones constitucionales y convencionales presentados por el Estado argentino.
Por eso, más allá de la enorme amargura que ha sufrido esta Cámara en este día, hoy tenemos el gusto de estar tratando algo que nos enorgullece como cuerpo, que no sana las heridas, pero que nos ayuda a seguir adelante.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr. Ramón.- Señor presidente: proviniendo de la sociedad civil y de la pelea por el derecho de los usuarios y de los consumidores, considero que este tratado y la sanción de este proyecto de ley es eminentemente un tema protectorio.
La verdad es que nuestro país ha venido avanzando desde que se terminó con el principio de la autonomía de la voluntad, cuando se sanciona la Constitución del año 1945, se empiezan a reconocer los derechos de los trabajadores, de los sindicatos y el de tener una jubilación.
Después, pasa el tiempo y en el año 1994, cuando se hace la última reforma de la Constitución Nacional, se incorpora este nuevo capítulo de los nuevos derechos que por primera vez establece un sistema protectorio de equilibrio ante la gran desigualdad que tiene un sistema económico que priva a la mayoría de las personas cuando se trata de temas de consumo, cuando se trata de derechos laborales, cuando se trata de los derechos de la protección del medioambiente, establecidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Acá todas las características de estos derechos laborales, del consumidor, administrativos y penales tratan de equilibrar la balanza y hacer que el fiel se coloque en el medio; cuesta mucho. Es una asimetría muy clara porque de un lado están los mismos de siempre, los que tienen poder, conocimiento, profesionalidad y el poder económico para lograr dar legitimidad a las acciones económicas que llevan adelante. Esta relación de la que yo hablaba recién con respecto a los aspectos constitucionales de la protección, o mejor dicho de los derechos y la legislación de tipo protectorio, tiene algunos principios que en este proyecto de ley no estamos teniendo en cuenta y lo quiero dejar marcado. Porque cuando este proyecto sea ley el Estado es quien carga con la obligación de entregar la información.
Ahora mi pregunta es qué pasa con los privados, porque en un sistema de libre comercio el problema ambiental no lo está provocando el Estado. Lo que está haciendo el Estado es habilitar a que se generen estos daños ambientales con las concesiones o con el ejercicio del poder del comercio; es un tema serio.
Nosotros vemos que cada vez que se discute un tratado de libre comercio todos quieren ingresar y tener los derechos y las responsabilidades. Ahora bien, cuando se trata de una ley como esta, acá casualmente el derecho a la información, a la obligación a dar la información, los privados no la tienen. La verdad es que no es un tema menor.
Hace muy poquito, en diciembre del año pasado, en mi provincia ‑esto es increíble- existía hasta el convencimiento del gobierno de que había unas empresas privadas que necesitaban explotar a cielo abierto la minería, y con un sistema de profesionalidad y legitimación de tipo publicitaria le hacían creer al pueblo de Mendoza que se le podía echar ácido y cianuro al agua y que eso no iba a contaminar ni iba a alterar el sistema económico.
La protección del medioambiente tiene un desequilibrio tremendo con estos poderosos. Por eso tenemos que ser ásperos y no los debemos dejar pasar, para que en el futuro se siga teniendo en cuenta que los privados no queden afuera de las obligaciones y que no sea solamente el Estado el que cargue con esta obligación.
Después,
como dicen en mi pueblo, es muy fácil que se saquen el collar del cogote.
Esta
ley es muy importante y de hecho la estamos apoyando. No la estoy criticando en
la sustancia porque constituye una herramienta más.
Recién escuchaba
que la diputada preopinante hablaba del derecho penal y del derecho de la
justicia colectiva. En el año 2018 discutimos la ley de las acciones
colectivas. ¿Qué es esto? Aquella que permite la representación de un colectivo
afectado por el interés económico de unos poquitos que pretenden abusarse.
Si hablamos de
los trabajadores, una acción colectiva para hacer valer un convenio colectivo.
Si hablamos de los consumidores, para hacer valer el derecho de los
consumidores al cuidado de su interés económico.
En el caso del
medioambiente la acción colectiva permite que un representante de todo ese
interés afectado pueda accionar judicialmente. Para eso es la información. Por
eso es importante este convenio y la aprobación de este cuestión.
Por eso, cuando
estudiábamos este tema, sabíamos que el elefante que nos estaban poniendo
enfrente no tenía que taparnos el objetivo que tenemos que lograr. Si queremos
realmente la protección del medioambiente no puede pasar lo que hace muy poco
sucedió en esta capital cuando estaban instalando una línea de subterráneo pero
no habían cumplido con los requisitos ambientales pertinentes.
¿Saben lo que
ocurrió? El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demandó a la ONG que
estaba pidiendo que se cumpliera con la ley de protección ambiental.
Los problemas
ambientales no son un tema anecdótico. Necesitan de la fortaleza que estamos
proponiendo hoy en esta ley porque, cuando se sanciona una iniciativa como esta,
lo que se propone es tocar el corazón de la economía moderna.
Por ejemplo, en
los temas de consumo ‑en los que me especializo‑ no hay manera de que
exista un tribunal de defensa de la competencia para que el grupito de los
grandes deje de apoderarse de las actividades económicas. En esto pasa
exactamente lo mismo: si no tenemos acciones colectivas que permitan la
legitimación sin caer en que sean más responsables las víctimas que los
victimarios, vamos a seguir teniendo un sistema que no es completo.
Por eso creo que
este paso que estamos dando hoy es importante, pero no podemos sacar el pie del
acelerador. Hay que seguir en la lucha.
Señor presidente:
anticipo que vamos a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente (González).-
Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra. Sapag.- Señor
presidente: América Latina y el Caribe poseen alrededor del 50 por ciento de la
biodiversidad del planeta. Esto sin dudas representa un gran desafío para los
estados que, ante la crisis climática global, deben llevar adelante políticas
públicas que garanticen su conservación y aprovechamiento sustentable.
A
lo lago de los últimos 20 años nuestra región se ha convertido en una de las más
valiosas en términos de recursos naturales y bienes comunes y han impulsado el
despliegue de proyectos de aprovechamiento de ellos a gran escala.
Estas
iniciativas muchas veces requieren de la construcción de consensos con las
poblaciones locales para acceder a los recursos naturales sobre la base del
desarrollo sostenible.
Si
bien existen instrumentos jurídicos y administrativos que garantizan a la
ciudadanía el libre consentimiento previo e informado, como es el caso de las
audiencias públicas, los informes ambientales y las consultas populares que se
han llevado adelante en mi provincia en reiteradas ocasiones, estos mecanismos
resultan insuficientes para garantizar el acceso a la información ambiental y
así lograr una verdadera participación social en los proyectos de desarrollo.
Por eso el principio 10 de la Convención sobre Ambiente y Desarrollo de Río+20 estableció para todos los estados que suscriben el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, y se aplican en América Latina y el Caribe mediante el acuerdo de Escazú, al que los países miembros suscriben mediante ley nacional.
A través de la ratificación del acuerdo Escazú nuestro país entra a la historia ambiental global porque se ocupa de la problemática desde la perspectiva de los derechos humanos, y sin dudas este es un atributo jurídico que contribuye a la protección del ambiente y la biodiversidad.
Con la sanción de la presente ley estamos ratificando lo que establece nuestra Constitución Nacional.
En el caso de Neuquén el acceso a un ambiente sano está presente en nuestra Constitución provincial en el artículo 54, que dice: "Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas o de cualquier índole satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras así como el deber de preservarlo. Todo habitante de la provincia tiene derecho a solo pedido a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pudieren causar sobre el ambiente de actividades públicas o privadas."
Señor presidente: sin dudas voy a acompañar con mi voto la presente iniciativa que brindará garantías a nuestro patrimonio natural y su sostenibilidad para las generaciones futuras.
Sr. Presidente (González).-
Tiene la palabra el señor diputado del Caño, por Buenos Aires.
Sr. del Caño.- Señor presidente: brevemente, porque tenemos poco tiempo, quiero señalar que vamos
a acompañar el presente proyecto porque, aunque tenga importantes límites, constituye
un reclamo de las distintas organizaciones socioambientales.
Lo
que se plantea en este tratado sabemos que solo se puede garantizar con la
organización y la movilización de los distintos pueblos.
Después
de escuchar lo que se dijo en esta sesión, no puedo más que señalar que esta
ratificación encuentra a la Argentina bajo un gobierno y una oposición como la
de Cambiemos, que gobernó hasta el año pasado, que tiene una política muy clara
que expresa la continuidad de la apuesta a un modelo de saqueo, de
contaminación y de pobreza, tal como representa el extractivismo en América
Latina.
Podemos
mencionar varios ejemplos de actividades que amenazan los bienes comunes y la
vida en el país, a las que los gobiernos
han decidido seguir dándoles vía libre. Por ejemplo, el memorándum de entendimiento
con China para instalar decenas de factorías porcinas contaminantes y con
potencial pandémico. Esto se hizo nada más y nada menos que a través de la
Cancillería donde está Felipe Solá, que fue quien introdujo en la Argentina la
soja transgénica.
También
podemos mencionar la continuidad del fracking petrolero, la expansión
del monocultivo y la fumigación por obra del agronegocio contaminante. Asimismo,
cabe señalar la megaminería como actividad esencial, pese a ser resistida, en
provincias como Mendoza, Chubut, Catamarca o Jujuy.
Estuvimos en diciembre del año pasado en las movilizaciones masivas del pueblo de Mendoza contra el pacto del gobierno de Suárez, de la UCR, que a pocos días de asumir pactó con el PJ voltear la ley 7.722, obviamente con el rechazo y repudio del Frente de Izquierda y de decenas de miles que se movilizaron en las calles de Mendoza defendiendo el agua y la 7.722 en contra de la megaminería.
Acá se habla mucho de la defensa del medioambiente, ¿pero quién gobierna en San Juan donde se avanzó terriblemente con la megaminería? ¿Quién gobierna hace años? Hay que terminar con esa hipocresía.
En estos meses tenemos el verdadero drama que se vive en gran parte del país con la destrucción y la quema de humedales y de bosques nativos. Hay incendios en 14 provincias.
El drama que se vive en Córdoba y lo que viene repitiéndose desde hace meses en las islas del Delta del Paraná realmente tiene que ver con esta política.
Para finalizar, la derrota de la política del extractivismo, la protección y el cuidado del medioambiente no se puede hacer desligando la lucha contra los grandes monopolios capitalistas, los gobiernos y las fuerzas políticas que, justamente, gobiernan para ellos. Por supuesto, esta tarea la vienen desarrollando cientos de miles de jóvenes a nivel mundial y nacional.
Cabe mencionar que este viernes acompañaremos la acción global contra la crisis climática ‑oportunidad en la que se denunciará fuertemente el extractivismo‑, movilizándonos en Buenos Aires desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.
Sra. Del Plá.- Señor presidente: descontando la aprobación del proyecto de ley, usaré mi voto como un llamado de atención y una alerta para todo el movimiento que lucha contra la depredación ambiental. Mañana participaremos masivamente en la huelga mundial por el clima, lucha que contará con nuestro absoluto respaldo y compromiso.
El tratamiento en la jornada de hoy en parte tiene el objetivo de contener ese movimiento de lucha que, en la pandemia, viene desenvolviéndose con mucha fuerza durante los últimos meses, y especialmente durante las últimas semanas.
Acá se hace una alabanza a este acuerdo, pero no se plantea que la megaminería está haciendo estragos en el país. La megaminería contaminante no se ha detenido ni un segundo durante la cuarentena. Es más, la extracción de oro y de otros minerales fue declarada tarea esencial, sin tener ninguna esencialidad. A la vez, nos dicen que están preocupados por el ambiente. Es una hipocresía completa.
¿Qué ocurre con el acuerdo con China? Para que fuera real lo que se está diciendo, el tratamiento de este proyecto tendría que estar acompañado del anuncio de que la Cancillería cancelará el acuerdo para la producción de cerdos en megafactorías, las que van a contaminar absolutamente todo.
Asimismo, tendría que estar acompañado del tratamiento sobre tablas del proyecto de ley que presentamos para suspender los desmontes durante dos años y del proyecto de ley de protección de los humedales. Sin embargo, no se abordan estos temas concretos que tienen un efecto real en nuestro país.
Estamos en medio de una brutal crisis ambiental. Aquí ya se habló de los incendios. Pero algunos lo hacen como si fueran ajenos y vivieran en un satélite. A pesar de que hace décadas están gobernando la mayoría de las provincias, se escandalizan con la situación de los desmontes. ¡Por favor!
Paso a comentarles que en Mendoza hubo una pueblada para frenar el acuerdo de megaminería entre el radicalismo, el PRO y el PJ. En Chubut, la población está encarando la segunda iniciativa popular para frenar los intentos de introducir la megaminería. Y, en las islas del Delta, la población salió a cortar los puentes que unen la ciudad de Rosario con la provincia de Entre Ríos para denunciar la complicidad y la inacción de los gobiernos en el avance de la frontera del agronegocio de los agrotóxicos, objetivo de los incendios que se despliegan sin control.
No es verdad que exista una preocupación, porque la mayoría de las leyes argentinas que plantean esta medida ya están aprobadas y no se aplican ni controlan. Entonces, ¿nos van a venir a contar que los países responsables de dejar que las empresas hagan y deshagan como quieren en los temas relativos a depredación ambiental ahora están preocupados? No, nosotros no vamos a ser parte de este proceso porque, efectivamente, queremos llamar la atención sobre cosas muy concretas.
Se dice que se garantiza el acceso a la información. El acuerdo textualmente dice que podrá denegarse, por ejemplo, “cuando hacer pública la información ambiental afecte negativamente la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”. Entonces, eso que queda al arbitrio del Estado. O sea que el Estado puede determinar que alguna actividad vulnera la seguridad nacional y, consecuentemente, no brindar ninguna información. Eso no es la participación popular.
El acuerdo no plantea, por ejemplo, que la participación de las organizaciones que defienden el ambiente tiene un efectivo poder de veto para evitar el desarrollo de las actividades contaminantes. Como de ninguna manera dice eso, tenemos que reclamar que efectivamente se apliquen los acuerdos y las normas aprobadas, y se resuelva el procedimiento sobre aquellas que tendrán un efecto real sobre nuestra población.
Sobre el último punto, agrego que no sólo hay un intento de contener el proceso de lucha ambiental, sino que efectivamente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié ‑responsable de todo lo que viene ocurriendo, de mirar para otro lado y de no frenar los desmontes y demás‑ dice que con este acuerdo tenemos la megasolución.
En resumen, no acompañamos la iniciativa ni la acordamos. Mi abstención tiene el objetivo de llamar la atención porque con la aprobación de este acuerdo no se avanzará ni un milímetro en la real protección del ambiente. Entiendo que para lograrlo debemos reforzar la organización y la movilización independiente de los Estados y de las empresas que con la producción capitalista liquidan el ambiente que efectivamente es propiedad de los que lo habitamos. Se trata de la famosa idea de los bienes comunes, pero que bajo este modo de producción va a seguir siendo completamente depredado. No hay forma de frenar la depredación ambiental si no es combatiendo a los Estados que son cómplices de la producción capitalista depredadora del ambiente.
Sr. Presidente (González).- Comenzamos con el segmento de los oradores individuales. Hay once señores diputados anotados.
Tiene la palabra el señor diputado Zamarbide, por Mendoza.
Sr. Zamarbide.- Señor presidente: en primer lugar, quiero reconocer la tarea realizada por las organizaciones de la sociedad civil que trabajaron mucho para que hoy la Argentina ratifique este acuerdo.
Un gran número de expositores nos acompañó en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente; la mayoría eran jóvenes comprometidos con la protección del ambiente y la conservación de nuestros recursos naturales.
Por otra parte, quiero destacar la importancia de este acuerdo para América Latina y el Caribe, que también implica valorar el enorme aporte ambiental que hace nuestra región a todo el planeta en medio de una situación crítica a nivel mundial, motivada por la pandemia y el cambio climático.
Considero que aún tenemos un enorme capital con nuestros recursos naturales, con nuestros bosques y con nuestras fuentes de agua dulce. Y, a pesar de que el ambiente enfrenta grandes riesgos, el Acuerdo de Escazú nos da las herramientas para protegerlo.
Creo que el acuerdo representa una confluencia indispensable entre la protección ambiental y los derechos humanos. Sus pilares son demandas cada día más vigentes en nuestra sociedad ‑sobre todas en las nuevas generaciones‑ que brega por el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia.
Nuestro país cuenta con una buena cantidad de leyes que protegen el ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, en muchos casos no se implementan como corresponden o directamente se incumplen, como ocurre con la Ley de Bosques. Entonces, el acceso a la Justicia muchas veces es la última herramienta que tiene la ciudadanía para reclamar por el derecho a un ambiente sano, y entiendo que este acuerdo establece garantías y condiciones para el pleno ejercicio de este derecho. Por eso, hay que valorar lo que estamos haciendo hoy.
Si bien todavía tenemos que mejorar mucho nuestra legislación en materia ambiental, el principal problema que se presenta para conservar los recursos naturales en la Argentina es la gestión. Se está hablando de modificar la Ley de Bosques y, en principio, habría una propuesta del gobierno para concretarla. Por supuesto estamos abiertos a ese proceso y vamos a mejorar la ley en lo que haga falta, pero pedimos que no nos distraigan.
Según el informe anual de Greenpeace, en el primer semestre de 2020 se desmontaron 38.800 hectáreas de bosque nativo en la Argentina.
Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de los desmontes del país. El problema no se resuelve con la modificación de la ley porque el inconveniente es la gestión. Casi todos los gobernadores de las provincias citadas pertenecen a la coalición del gobierno nacional, al Frente de Todos. Entonces, el principal problema de los bosques y desmontes en la Argentina no está en el Congreso. Si tienen la verdadera intención de frenar los desmontes, gestionen ante los gobernadores. Si no, demuestran que no cacarean en un lado y ponen los huevos en otro.
Desde nuestro bloque ya hemos realizado pedidos de informes y reitero nuestra voluntad de tratar este proyecto de ley y todo lo que haga falta, pero aquí no está el foco del problema.
Los problemas de gestión también se resuelven con acceso a la información por parte de la ciudadanía y este es un de los derechos que el Acuerdo de Escazú busca garantizar, es uno de los requisitos para la transparencia en la gestión del Estado sobre todo al momento de evaluar la implementación de las normas, si se están cumpliendo los objetivos y cuál es el impacto real de determinadas actividades sobre la naturaleza.
Sabemos que siempre es mejor en materia ambiental prevenir que recomponer. Recordemos aquí que nuestra juventud dice que no hay planeta B.
Honestamente creo que no somos conscientes de la gravedad del cambio climático y de las consecuencias que tienen para la Argentina. En mi provincia –Mendoza‑ el retroceso de glaciares y la disminución de las precipitaciones de nieve ponen en jaque la vida en los oasis y las producciones agrícolas. Tenemos que diseñar mecanismos de adaptación en forma urgente. Insistiremos en que el Estado nacional colabore con las provincias afectadas.
El futuro ya llegó. Cada vez nos quedamos sin agua con más frecuencia en el oeste argentino. La crisis hídrica en los oasis cordilleranos es grave. La zona central del país tiene incendios cada vez más frecuentes, veamos lo que está ocurriendo en Córdoba. Esto también nos lo recuerdan las inundaciones en el país y las sequías prolongadas.
Pensemos lo que implica esto para un país tan fuerte en la agricultura como la Argentina. Hace tres años en Mendoza tuvimos los incendios más graves de nuestra historia registrada. Lógicamente con el cambio de clima no tenemos menos precipitaciones al año, pero tampoco tenemos un régimen hídrico. Entonces, tenemos grandes precipitaciones seguidas de grandes períodos de sequías que generan un polvorín en el monte que luego es muy difícil de combatir.
Tenemos que mitigar nuestra emisión de gases de efecto invernadero, pero también necesitamos un Estado inteligente que pueda adaptarse y generar ciudades más resilientes a cambios climáticos.
Acá viene nuestra responsabilidad como ciudadanos: ¿estamos dispuestos a cambiar nuestros patrones de producción y consumo y reemplazarlos por otros más sostenibles? ¿Estamos dispuestos a disminuir nuestra huella hídrica y nuestra huella de carbono como ciudadanos y que también desde el Estado lo gestionen nuestras ciudades?
Para esto es fundamental la participación pública, que es otro de los pilares del Acuerdo de Escazú. Es un pilar clave tanto para la emisión de proyectos como para los procesos de ordenamiento territorial y toda actividad que tenga impacto sobre el ambiente.
El acuerdo también promueve medidas activas por parte del Estado para lograr esa participación efectiva, consciente e informada de los distintos sectores de la sociedad.
- - Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Legislación General, doña Cecilia Moreau.
Sr. Zamarbide.- Por último y a fin de no abusar del tiempo, quiero destacar la inclusión para todas las disposiciones del acuerdo de dos principios de suma importancia en materia ambiental: el de no regresión y el de progresividad.
Ambos ratifican la necesidad de ir avanzando paso a paso en materia de protección de derechos sin la posibilidad de volver atrás. Nuestro país aportó mucho, tal como dijeron muchas diputadas preopinantes, para la concreción de este acuerdo desde sus inicios hace varios años.
Seremos el décimo país en ratificar el acuerdo habilitando que muy pronto se alcancen las once firmas necesarias para su entrada en vigencia. Es un honor para mí acompañar con mi voto afirmativo esta iniciativa.
Sra. Presidenta (Moreau).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Araujo, por La Pampa.
Sr. Pérez Araujo.- Señor presidente: durante el tratamiento del convenio que viene del Senado han hablado de hipocresía.
Creo que esa palabra en esta jornada en la que entendíamos que podíamos dar un gesto, viene a cuenta de una señal desde esta Cámara hacia la sociedad. Acabamos de sancionar parcialmente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema integrado previsional.
Este punto también debía ser relevante y tal vez marcar un mojón en una nueva forma de entender la política y la cosa pública.
Con el episodio sucedido, esa luz de esperanza que teníamos nos hace sentir ciertamente derrotados. Tratemos de que estos temas que verdaderamente son trascendentales nos permitan al menos arañar un empate e ir a lo positivo.
El Acuerdo de Escazú cuenta con veintidós firmas de estados latinoamericanos y del Caribe y con nueve ratificaciones. Seguramente hoy llegaremos a la décima ratificación que si no es por unanimidad estaremos cerca de ello.
Este acuerdo avanza, como dijeron los diputados y diputadas preopinantes, en tres pilares que son fundamentales para la defensa del medio ambiente que son: el acceso a la información, el acceso a la Justicia ambiental y la participación en la toma de decisiones.
Estos tres pilares están ciertamente contemplados en la vasta legislación argentina y desde 1994 con la reforma constitucional y la instauración del nuevo paradigma ambiental están incluidos en la Constitución.
Todos aquellos que hemos tenido a veces la dicha y a veces la pena de “pasillear” los tribunales nacionales argentinos en defensa de causas ambientales, en defensa de los intereses de nuestras provincias, sabemos que no alcanza con eso. Necesitamos que ese cambio de paradigma constitucional, que ese cambio de paradigma legislativo en favor del que estamos trabajando llegue a los operadores, a los que tienen que tomar las decisiones para que el verdadero acceso a la Justicia sea plasmado y puesto en práctica.
Tal como dijo alguno de los diputados preopinantes, un punto claro a resaltar es que este acuerdo defiende a los activistas, a los particulares y a las organizaciones que son quienes más deben defender nuestro ambiente.
En este nuevo camino hemos entendido que la política ambiental no consta de disfrazarse de árbol ni de pintarse de verde, sino que se trata de caminar con un norte que es el de eliminar la falsa dicotomía entre la defensa del medio ambiente y el desarrollo económico. Ambos, evidentemente, deben ir de la mano en esta nueva democracia ambiental que todos queremos.
Por eso, en esta Cámara debemos debatir y lograr consensos para sancionar una ley de humedales. El año pasado en esta Cámara –no era miembro del cuerpo‑ por fortuna se sancionaron parcialmente normas que contemplan el in dubio pro aqua, del in dubio pro natura. Espero que estos proyectos sean sancionados prontamente en el Senado de la Nación.
La idea tiene que ser efectivamente la de eliminar esta dicotomía; si no, verdaderamente estaremos en una disyuntiva y nos meteremos en una camisa de once varas de la que no vamos a poder salir.
Una de las diputadas preopinantes se refirió a las doce catástrofes ambientales a nivel mundial. Recién hablábamos de la crisis hídrica en alguna provincia. En la provincia de La Pampa por acción antrópica se han desertificado un millón y medio de hectáreas en los últimos setenta años, por el corte, por la interrupción de los escurrimientos de un río interprovincial por parte de los distintos y sucesivos gobiernos de la provincia de Mendoza.
Lamento, y lo digo con cierta pena, que ninguno de los diputados preopinantes haya mencionado esto. Tal vez sea porque somos una provincia chica y no podemos nacionalizar la causa de una manera mediática; entonces, uso este espacio para hacerlo.
Tenemos un millón y medio de hectáreas desertificadas por la acción antrópica, insisto, de una provincia ribereña que se ha apropiado del recurso. La lucha del pueblo mendocino por la mantención de la ley 7.722 fue una lucha a la cual los pampeanos y pampeanas también nos plegamos, pero debemos entender que no hay que defender el agua para apropiarse de ella. Debemos dejar de lado esta visión antropocéntrica de los recursos naturales, sobre todo del agua.
Debemos entender, sobre todo los que somos peronistas, que vamos a tener que comenzar a transitar este camino de la nueva democracia, de la democracia ambiental, y que sin la defensa de nuestros recursos naturales y del ambiente no vamos a poder ejercer en ningún momento el resto de nuestros derechos constitucionales. En el futuro, que ya llegó ‑como recién decía uno de los diputados que me precedió‑, hablar de justicia social sin hablar del recurso ambiental va a ser una gran paradoja y un contrasentido.
Sra. Presidenta (Moreau).- Tiene la palabra la señora diputada Mendoza, por Buenos Aires.
Sra. Mendoza.- Señora presidenta: en primer lugar, después del lamentable hecho que acabamos de vivir en este recinto, quiero dirigirme principalmente a mi generación y a la gente que hoy volvió a hablar del Congreso de la Nación y de la política. Supongo que todos habrán recibido algún mensaje, así que ya sabemos qué es lo que está pensando la gente y qué es lo que se está hablando de esta casa, la casa de las leyes.
Lamentablemente, no podemos dejar pasar lo que ocurrió hoy; debemos condenar los hechos y actitudes que desprestigian, nada más ni nada menos, que a esta casa, pero que además le faltan el respeto no solo al cuerpo en su totalidad, a los diputados y diputadas, sino también a la sociedad en su conjunto.
¿Por qué traigo esto a colación? Porque en este momento en el que la sociedad de nuestro país vive tanta incertidumbre, tanta desazón y desesperanza, y en el que continúa aumentando la pobreza y seguimos teniendo grieta, es cuando la política y toda la dirigencia tienen que despertar; tenemos que despertar.
Lamentablemente, todo lo que demostramos hasta acá ha sido ineptitud en muchísimos sentidos, y esto toca muy de cerca mi generación. Pertenezco a una generación que desafortunadamente no encuentra una respuesta en la dirigencia en general y mucho menos en la política. Lamentablemente, todos los días escucho que alguien se quiere ir de nuestro país, y últimamente es tema de conversación todos los días.
Por supuesto, creo que esto no es culpa solamente de un gobierno, sino de la dirigencia política en general, que a lo largo del tiempo no ha podido resolver un montón de cuestiones.
Traigo esto a colación por lo que decía el otro día en la comisión en la que dictaminamos sobre el Acuerdo de Escazú. Necesitamos más Escazú porque Escazú es consenso y no es grieta; porque Escazú es acceso a la Justicia, a la información pública, y la información pública es un derecho humano; Escazú es presente y futuro.
Cuando hablamos de participación ciudadana, de la participación de la sociedad en cuestiones ambientales, tenemos ejemplos muy claros en la Argentina. Uno es la movilización de la sociedad y de las organizaciones con respecto al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo; a raíz de esa movilización de la sociedad civil se logró un fallo favorable de la Justicia en pos de esta política. Escazú viene a institucionalizar esta herramienta.
Cuando hablamos de acceso a la Justicia en materia ambiental, sin duda hablamos de la necesidad de las comunidades que hoy por hoy están sufriendo directamente los desmontes desmedidos, los incendios desmedidos y la no regulación. Tal como se dijo anteriormente acá, tenemos leyes, pero el problema es que en la Argentina no se cumplen y nos estamos acostumbrando a un montón de cosas, entre ellas, a que las leyes no se cumplan y a naturalizar este hecho permanentemente.
Por eso, me parece que es importante remarcar la importancia de este acuerdo que hoy seguramente estaremos ratificando en esta Cámara de Diputados.
Por último, señora presidenta, no es menor que cuando hablamos de Escazú hablamos también de la necesidad que tiene la Argentina de discutir su sistema económico productivo. Pero para eso se necesita generar consensos y los consensos se logran cuando todos ponemos un poco cada uno. Para construir consensos necesitamos de todas las partes, y la mayor responsabilidad la tiene hoy el gobierno nacional. Ojalá seamos convocados a esto; se lo debemos a quienes desde su casa esperan que de una vez por todas la política genere respuestas, sobre todo, para quienes vienen después de nosotros.
Sra. Presidenta (Moreau).- Tiene la palabra el señor diputado Frizza, por Córdoba.
Sr. Frizza.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero resaltar la importancia de la aprobación de este acuerdo regional porque contiene tres pilares fundamentales de la discusión respecto del ambiente: el acceso a la información, la participación pública y, sobre todo, el acceso a la Justicia en asuntos ambientales, que creo que nadie discute que tenemos que profundizar y reforzar.
Esta discusión se da en un momento de coyuntura especial que vive la Argentina. Obviamente, se prende una luz de alerta en nuestra relación con el medioambiente como un derecho fundamental para el desarrollo humano. Lo que estamos viviendo en Córdoba es una muestra cabal muchas veces de la impericia del ser humano y de su relación con el medioambiente.
Más allá de los esfuerzos enormes de voluntarios y profesionales ‑me consta el gran esfuerzo realizado por los distintos niveles de gobierno para paliar o mitigar en parte el inmenso daño ambiental que se está produciendo por los incendios‑, sabemos que no alcanzan y que hay que profundizar la búsqueda de consensos y de leyes que nos permitan un uso más racional de los recursos y una interrelación más importante con el medioambiente.
Es cierto que la ley general de medioambiente establece presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. También sabemos que esta ley instituyó el ordenamiento territorial y el proceso de evaluación previa con participación pública para todos aquellos desarrollos que ponen en peligro el ambiente. Asimismo, somos conscientes de que esta ley promueve la educación ambiental y el acceso a la Justicia.
Quiero detenerme en este último punto porque esta Ley General del Ambiente claramente tiene falencias en lo que es el acceso a la Justicia de índole colectiva. Establece algunas descripciones parciales en materia ambiental y dice textualmente que “no admitirá restricción de ningún tipo o especie”.
Después de esta ley hubo distintas leyes de presupuestos mínimos, como la de bosques nativos y la de residuos domiciliarios, que son todas importantes. Tal como señalaron algunos de los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, muchas veces estas normas no se aplican con el rigor necesario para que se cumplan.
No obstante, así como el acceso a la información ambiental tiene una ley específica de presupuestos mínimos que la garantizan ‑celebro que la firma de este acuerdo, tal como expresó el miembro informante, sea el puntapié inicial de muchos otros acuerdos en defensa del ambiente‑, creo que es necesario y oportuno discutir el acceso a la Justicia de manera gratuita y completa.
En ese sentido, quiero mencionar un proyecto
de ley que presenté en diciembre de 2018, cuyo expediente es el 7.489, que
habla sobre los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el
derecho de acceso a la Justicia por cuestiones ambientales. Pronto estaré
insistiendo en la comisión para que empecemos a debatirlo.
Como decía recién, este proyecto tiene
como objetivo dos cuestiones básicas. Por un lado, la Justicia gratuita. Es
cierto que ya garantizamos el acceso a la Justicia en cuestiones ambientales,
pero no siempre es viable que los derechos colectivos se puedan defender tal
como lo establece hoy la ley. La realidad ha demostrado que a pesar de las
garantías de acceso irrestricto, como dice el artículo 32 de la Ley General del
Ambiente, son muchos los casos en los que esa norma ha sido soslayada. Por
ejemplo, está el pago previo de depósitos como condición de admisibilidad en un
recurso ante tribunales superiores, el pago de caja previsional de abogado y
procuradores, la tasa de justicia como condición de admisión y el pago del
adelanto de gastos peritales como condición de diligenciamiento, por nombrar
solo algunos.
Por eso, creo que es fundamental
garantizar el acceso gratuito y total a la Justicia en acciones ambientales de
incidencia colectiva. Y digo “acceso total” porque, si bien no existen normas
específicas codificadas en los distintos órdenes de gobierno que digan cómo
debe llevarse adelante un proceso ambiental de incidencia colectiva, la
realidad nos ha demostrado que a la hora de resolver un conflicto ambiental los
magistrados aplican normas y principios de otras ramas del derecho, sobre todo
de aquellas que regulan los derechos individuales.
Por tal motivo, considero que es
importante lo que hoy estamos tratando, pero además de acompañarlo y aprobarlo,
vamos a tener que dar los debates que son impostergables en nuestro país.
Sra. Presidenta (Moreau).- Tiene la palabra la señora diputada Karina Banfi, por Buenos
Aires.
Sra.
Banfi.- Señora presidenta: hoy no voy a ser especial porque comparto
el sentimiento que muchos de los diputados preopinantes han expresado en
relación con la bochornosa situación que tuvimos que atravesar. Sin embargo,
poder llevar adelante la votación de este primer tratado regional de
medioambiente vinculante es un aliciente para el trabajo que hacemos casi todos
nosotros. Es decir que, además de estar en boca de la opinión pública por las
actitudes que toman algunos que integran esta Cámara, hoy también vamos a poder
devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos demanda, que es este
acuerdo y cuyo objetivo principal es garantizar el uso de herramientas
ciudadanas necesarias para ejercer el derecho ambiental.
De
eso se trata el Acuerdo Regional de Escazú, que cuenta con herramientas como el
acceso a la información pública y la participación ciudadana, y sin duda brinda
la posibilidad de repeler las acciones estatales o de empresas privadas en la
Justicia. El acceso a la Justicia también ha sido contemplado en este acuerdo
regional.
Cuando
hablamos de estas herramientas, nos referimos a herramientas fundamentales que
integran el aparato del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando
hablamos de derecho ambiental, nos estamos refiriendo a los derechos humanos.
Esto no es conceptual, sino de hecho. Es así como ha funcionado el Sistema
Interamericano en los últimos años. Solamente hay que recordar tres momentos.
El primero y más reconocido fue el caso Belo Monte, que es un Estado brasilero.
Cuando la comunidad de Belo Monte decidió establecer una represa
hidroeléctrica, ante las medidas cautelares que impartió la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, se generó una crisis en todo el sistema interamericano.
También está el
caso “Sarayaku versus Ecuador”, justamente por no haberse respetado el derecho
de consulta previo e informado. Este fallo fue ejemplar porque obligó a todos
los Estados a realizar procesos de consultas especiales cada vez que se
intentara afectar el ecosistema de una zona o de una región en donde hay grupos
vulnerables, como en este caso es la comunidad de Sarayaku. Otro caso fundamental que muestra
esta sinergia entre los derechos humanos y el derecho ambiental es el de
“Claude Reyes versus Chile”, de 2006. En este ejemplo Chile también fue
condenado por no haber entregado información sobre la tala de árboles. Diez
años tuvo que esperar Claude Reyes para saber qué pasaba con el medioambiente, esto
es, con el ambiente de su país.
Estos son fallos
que sin duda están determinados por el espíritu de Sarayaku. Por eso también es
muy importante entender cómo funciona un tratado regional, y por eso, aprobando
este tratado en este Congreso, le vamos a decir a la región cómo nos vamos a
comportar en relación con la protección y el respeto de nuestro ambiente. También
sabremos cómo vamos a convivir en la región con nuestro ambiente.
Pero eso no es
suficiente. Necesitamos que este tratado sea operativo al interior de nuestro
país, a nivel nacional. Es cierto que hay muchas leyes de derecho ambiental,
pero este tratado necesita dos normas para que se vuelva operativo: una ley de
acceso a la información ambiental, que en la Argentina existe desde el año 2003,
pero que está desactualizada luego de haber logrado la ley de acceso a la
información publica en 2016, y la reglamentación del derecho al ejercicio de la
participación ciudadana a través de la consulta previa informada y a saber cómo
tiene que desarrollarse.
Lamentablemente,
la historia de la Argentina dice que para hacer operativo el ejercicio de
nuestros derechos no es suficiente con la mención en nuestra Constitución. Necesitamos
también que este Congreso se comprometa a trabajar en ese marco normativo para
que no solo a nivel nacional se pueda aplicar este tratado, sino también
provincial, justamente por el carácter jurisdiccional que tienen muchas
acciones que llevan adelante los gobiernos provinciales en materia de
explotación ambiental.
Cinco fallos tuvo
que tener la Argentina en la Corte Suprema de Justicia para que se reconociera el
derecho de acceso a la información pública. Fueron doce los años que hemos
estado reclamando en este Congreso para que haya una ley de acceso a la
información pública. Con el gobierno de Cambiemos logramos esta ley, que hoy
sigue vigente, y hace tres días que salió un informe de la Agencia de Acceso a
la Información Pública en donde se puso en evidencia que la respuesta por parte
de los organismos públicos es del 83 por ciento.
Entonces, me parece
que es importante que aquellos que efectivamente queremos defender el planeta y
el ecosistema de nuestro país, que pensamos en el futuro, en el espacio que
queremos habitar y en cómo lo vamos a cuidar, contemos con esas herramientas
ciudadanas que son fundamentales.
Con esto quiero
terminar. Es muy importante este momento. Es trascendente en la historia del
derecho ambiental. No nos quedemos conformes solo con esto. Avancemos en las
normas. No hagamos activismo ambiental naif y realmente busquemos la manera de
intervenir e interferir en esa co‑creación, en ese gobierno abierto que
se nos presenta y nos da la posibilidad de gestar una nueva política ambiental
en la Argentina.
Sra. Presidenta (Moreau).- Tiene la palabra el señor
diputado Martín Berhongaray, por La Pampa.
Sr. Berhongaray.- Señora presidenta: quiero señalar
que este proyecto es muy importante, por lo que voy a empezar ratificando este
acuerdo.
Creo
que, en términos generales, es aún más importante que podamos coincidir y
mostrarle a la sociedad estas coincidencias en cuestiones centrales de política
internacional, de reglas que son
válidas y ampliamente aceptadas en todo el mundo y que todos los países tienen
que internalizar, porque de eso se trata este tratado internacional, de asumir
reglas que hablan de la necesidad de garantizar el derecho a la información en materia
ambiental, porque tener una buena información es el presupuesto para después poder
fomentar la participación ciudadana en procesos que son fundamentales, como los
de evaluación de impacto ambiental y también el control de cumplimiento de las
decisiones.
Me quiero detener en este
último concepto que para mí es central, el control ciudadano. La realidad es
que en la Argentina, desde siempre, se habilitan actividades que pueden poner
en peligro el ambiente, sin audiencias públicas y en muchos casos con estudios
de impacto ambiental que no tienen la profundidad que tendrían que tener. Esto
lo sabemos todos y en esto también nos tenemos que poner de acuerdo para que no
ocurra más. La Argentina avanzó mucho en estos últimos años en su legislación
ambiental, pero nos está faltando más contundencia en las decisiones que hacen
a la gestión para cumplir, pero también para hacer cumplir lo que está escrito.
Es inaceptable que se
sigan permitiendo entre Estados que no son soberanos, como es el caso de las
provincias, situaciones que son condenadas a nivel internacional, que todavía
haya discusiones abiertas y sin resolver sobre si los recursos naturales que
son interprovinciales hay que compartirlos. Por ejemplo, los pampeanos lo
venimos sufriendo desde hace décadas con nuestros ríos, la disputa con Mendoza,
por el Atuel y para proteger el Colorado, la disputa con San Juan y otras
provincias que están ubicadas aguas arriba, para defender el Río Desaguadero,
Salado, Chadileuvú, Curacó, y todo porque no se puede desarmar una causa
histórica que está muy arraigada y que perjudica a las provincias que estamos
ubicadas aguas abajo y que es imprescindible modificar. Los recursos naturales
interprovinciales es obvio que hay que compartirlos, porque así lo dispone la
Constitución Nacional, porque así lo disponen nuestras leyes y porque así lo
ordena la naturaleza.
Pero volviendo al tratado,
como muchos conocen, la Argentina fue
uno de los países que más se involucró en la negociación del acuerdo de Escazú.
Por eso la importancia del paso que estamos dando y a ver si de una vez por
todas nos podemos poner de acuerdo en cuestiones que son esenciales para crecer
como sociedad.
Sra. Presidenta (Moreau).- Tiene la palabra el diputado
Diego Mestre, por Córdoba.
Sr. Mestre.- Señora presidenta: en primer
lugar, quiero expresar mi repudio a lo
sucedido hoy en la sesión que estamos llevando adelante en relación al diputado
de Salta. Creo que es una falta de respeto al cuerpo que afecta a la
credibilidad de las instituciones y a una institución tan importante como el
Congreso de la Nación y más por la situación que está atravesando el país y
siendo que estábamos tratando una ley tan importante para los jubilados y para las
provincias como era el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Creo que más allá de la
decisión del diputado de renunciar o no, quiero dejar asentada mi posición en
que más que aceptar la renuncia eventual lo que debemos hacer, en los términos
del artículo 188 del Reglamento...
Sra. Presidenta (Moreau).- Señor diputado: el tema ya fue
debatido y le pido que se refiera al tema que estamos debatiendo.
Sr. Mestre.- Está bien, señora presidenta, pero me
parece importante poder expresarlo, porque el país hoy está hablando de este
tema.
También quiero, si usted
me permite, señora presidenta y ya que se hizo un homenaje a los bomberos
voluntarios del país, brevemente hacer un homenaje a los bomberos voluntarios
de este país, y creo que sería importante poner en tratamiento el proyecto 4.453‑D.‑2020
de mi autoría, ya que lo que se propone ahí casualmente es que en este
reconocimiento que hemos hecho entre todos los bloques políticos a los bomberos
voluntarios que están arriesgando su vida para paliar los incendios forestales
se les reconozca un salario mínimo, vital y móvil. Creo que sería un gran gesto
del Estado nacional hacia ellos.
Volviendo al tema que nos
ocupa, estoy convencido de que el medioambiente es nuestra casa común, que está
bajo constantes ataques y que no pasa un día sin que recibamos predicciones
devastadoras para el futuro de la humanidad. El Covid‑19, lo decía
casualmente esta semana el presidente de la Nación, nos mostró cómo el planeta rejuvenece
si se interrumpe la agresión cotidiana y de alguna manera se revitaliza a los
seres vivos. Pero sabemos que tarde o temprano volveremos al mismo ritmo de
vida y se reanudarán muchos proyectos, algunos de los cuales no son respetuosos
del medioambiente sino, como se ha dicho aquí, son violatorios y causan mucho
daño al medio ambiente.
También quiero decir que
cuidar la casa de todos es un trabajo conjunto entre el Estado, los ciudadanos,
las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las empresas del sector
privado. Tenemos la necesidad de cambiar la forma en la cual nos relacionamos
con nuestro planeta. No podemos ser indulgentes a la hora de cuidar nuestro patrimonio
natural porque se trata, ni más ni menos, de la supervivencia de la raza
humana.
Por eso creo que es
importante garantizar el acceso a la información sobre los proyectos que afectan
al medio ambiente, que es casualmente lo que vamos a proteger con la sanción de
la ley. La salud medioambiental también depende de sus defensoras y defensores,
que a menudo se encuentran en una situación de debilidad con respecto al poder
de las empresas y con este acuerdo ganan protección y también, aquí se dijo, generan
mayor igualdad.
Desde este Congreso de la
Nación estoy convencido de que debemos impulsar herramientas que permitan
conciliar lo económico, lo social, pero fundamentalmente lo ambiental.
Tal cual han dicho el
miembro informante y los diputados que me antecedieron, el acuerdo de Escazú es
un acuerdo de América Latina y el Caribe que busca garantizar el acceso a la
información, la participación pública y el acceso a la Justicia, esos tres
pilares fundamentales en asuntos que son ambientales, y que en América Latina y
el Caribe fue adoptado el 4 de marzo en Escazú en Costa Rica.
Este acuerdo, que también
es impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas, ha sido firmado por 22 países y su ratificación ya se ha dado
en 9 naciones. Para que entre en vigencia se requiere la aprobación de 11 de
ellos. Como se dijo, me parece importante volver a insistir en que el objetivo
es claro: garantizar el acceso a la información sobre proyectos que contaminan
o potencian el cambio climático. Este mejor acceso a la información evitará una
mayor cantidad de conflictos socioambientales que están creciendo año tras año.
De acuerdo con un informe
de Global Witness, en 2018 se cometieron 164 crímenes contra defensores del
medio ambiente y 83 de ellos ocurrieron en Latinoamérica.
Creo que es muy importante entonces que, de alguna manera, se dé cumplimiento al mandato constitucional del artículo 41, que casualmente estableció el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Y es eso lo que, en cierta forma, se hace a través de este acuerdo.
También quiero reconocer con total humildad, señora presidenta, que en mi labor parlamentaria he presentado numerosas propuestas que intentan dar cumplimiento a lo que los constituyentes del 94 plasmaron imperativamente en ese artículo 41.
En tal sentido, el nuevo Código de Defensa del Consumidor que hemos presentado junto al diputado Cornejo ‑cabe decir que estoy esperando que me den el soporte técnico desde hace cinco semanas para poder comenzar con las reuniones informativas‑ casualmente se basa en un principio fundamental: el principio del consumo sustentable.
Para finalizar, y solo para tener una idea de lo que sufre el planeta, quiero mencionar que la cantidad de recursos y servicios del ecosistema requeridos para abastecer nuestras necesidades equivalen al 1,6 por ciento del planeta Tierra; es decir, un 60 por ciento más de recursos de los que nuestro planeta puede volver a producir en un año.
Vivimos desde hace muchos años en un default ambiental, con una deuda ecológica que debemos empezar a saldar inmediatamente. Este acuerdo es un gran paso en esa dirección. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Moreau).- Tiene la palabra el señor diputado Petri, por Mendoza.
Sr. Petri.- Señora presidenta: muchas gracias por darme esta oportunidad.
En primer lugar, como todos, quiero repudiar lo que ha ocurrido en la sesión de hoy, un bochornoso suceso que empaña los grandes temas que estamos tratando, entre ellos, el acuerdo de Escazú.
Hoy me sentí doblemente orgulloso.
Primero, porque en esta sesión cantó el Himno Nacional un coro de mi pueblo, lo que es un orgullo no solo para mi pueblo sino para mi provincia. Está integrado por niños y personas que, al llegar al Congreso de la Nación, han llegado también a millones de ciudadanos de todo el país. Esto fue muy importante y, para mí, digno de reconocimiento.
Segundo, por la aprobación del acuerdo de Escazú. Esto, porque fui uno de los que impulsó un proyecto para su ratificación ‑entre los muchos proyectos que ya existen presentados en la Cámara de Diputados‑.
Creo que es imprescindible que hoy el Congreso sume a la República Argentina como el décimo país en ratificar dicho acuerdo.
Sinceramente, creemos que es un paso adelante que no solamente significa mucho para la República Argentina, sino también para la región. Esto, teniendo en cuenta lo que supone para el país a la hora de la defensa del medioambiente el reconocimiento de los derechos humanos y el hecho de fijar un piso mínimo de derechos que necesariamente deben respetarse hacia el interior de nuestro país, particularmente en las provincias, ya que no todas cuentan con una legislación ambiental con los mismos niveles de protección que existen a nivel nacional.
Esta tiene que ser una verdadera política de Estado que debe encontrar unidos a todos los partidos políticos de las diferentes posiciones e ideologías ‑de izquierda, de derecha o de centro‑.
Lo cierto es que, así como logramos concertar esa política de Estado y plasmarla en el artículo 41 de la Constitución Nacional allá por el 94, y así como logramos ‑nuevamente‑ las distintas fuerzas políticas, y pese a la grieta, volver a concertar una política de Estado en el Acuerdo de París, hoy estamos avanzando en este acuerdo de Escazú.
Pero no van a ver políticas de Estado en disfraces de árboles o de bomberos ni en millonarios jardines verticales. Las políticas de Estado las van a ver en este tipo de proyectos, en estas ratificaciones que establecen pisos mínimos de protección.
Yo, señora presidenta, más allá de que voy a mencionar los principales puntos del acuerdo de Escazú, no puedo dejar pasar algunas manifestaciones que hubo aquí en esta sesión, particularmente respecto a mi provincia. Y no lo puedo dejar pasar porque mi provincia no es ni pampeana ni húmeda; es desértica.
Vengo de Mendoza. Mendoza, por ser desértica, hace un culto del agua. Y ese culto del agua viene de las épocas del General San Martín, que hizo las primeras trazas de canales.
En mi provincia no llueve como ocurre en otras provincias pampeanas que tienen esa suerte. En mi provincia el río viene del deshielo de sus montañas, y por eso nosotros somos muy celosos y cuidadosos del agua. Tal es así que tenemos una de las leyes de agua que son pioneras no solamente en el país sino en la región ‑y me atrevería a decir que del mundo‑ que data de 1889.
Es más, en la provincia de Mendoza, señora presidenta, fíjese lo cuidadosos y celosos que somos del agua que tenemos un Departamento General de Irrigación, y al superintendente de ese Departamento le decimos “el gobernador del agua”; su conformación data de 1916, y no ha sido modificada. Tenemos un gobernador del agua por el respeto que le tenemos y por lo escaso que es ese recurso en nuestra provincia.
Por eso también hacemos diques y canales ‑como no hace nadie en el país‑, no solamente para aprovechar y no dilapidar un recurso escaso en nuestra provincia, sino también, necesariamente, para generar energía.
A través de la generación de diques, también producimos energías limpias. Por ahí se cuestiona a la provincia de Mendoza, pero es una provincia que ha construido diques y el 50 por ciento de las regalías que producen ‑como es el caso de Nihuil II y Nihuil III‑ se las da a una de sus provincias linderas, a La Pampa, pese a que en los 44 diques restantes las provincias se quedan con el ciento por ciento de las regalías en el lugar en el que se genera el salto de agua. Esto necesariamente lo tenemos que decir.
Y tanto nos importa el cuidado del agua que, cuando tuvimos que reclamar por los perjuicios de la promoción industrial, la provincia de Mendoza, en lugar de cobrar al contado ‑como hizo La Pampa, que cobró 500 millones de dólares al contado por esos perjuicios‑, manifestó que quería hacer un dique para aprovechar el agua y generar energía. Y ese dique es el que hoy la provincia de La Pampa cuestiona, un cuestionamiento que para nosotros es inexistente, teniendo en cuenta que se han pronunciado más de tres universidades, que están todos los estudios de impacto ambiental, que es una obra que va a permitir…
Sra. Presidenta (Moreau).- Diputado: ha concluido su tiempo.
Sr. Petri.- Ya finalizo, señora presidenta.
Creo que es importante mencionar estas cosas. Pensaba hablar del acuerdo de Escazú, del acceso a la justicia, de la protección y la información ambiental y de todas las consecuencias positivas que se generan, pero no puedo dejar pasar por alto estas cuestiones porque, si hay una provincia que ha cuidado el agua, los recursos naturales en nuestro país, es Mendoza. Y no puedo permitir que algunos legisladores pongan en tela de juicio el cuidado de los recursos naturales que hace mi provincia, la que, justamente ‑como he dicho al comienzo de mi exposición‑, ha hecho un culto de todos los recursos naturales, que son tan escasos.
Básicamente, manifiesto mi total orgullo por la aprobación de este acuerdo y, fundamentalmente, agradezco a quienes son sus artífices: las organizaciones de la sociedad civil. Fueron ellas las que gestaron este acuerdo a nivel regional y lo impulsaron, tanto en la República Argentina ‑cuando se trató en el Senado‑ como en esta Cámara de Diputados. Por ello, va para ellas mi reconocimiento esta noche a la hora de aprobar este acuerdo de Escazú.
Sra. Presidenta (Moreau).- Tiene la palabra el señor diputado Menna, por Chubut.
Sr. Menna.- Creo que se ha informado suficientemente sobre las características de este tratado que estamos aprobando hoy.
En todo caso, reivindica las políticas sostenidas a lo largo del tiempo. Se remonta a la participación argentina en la Declaración de Río de 1992, al Principio 10, que reivindica justamente el acceso a la información ambiental, a la justicia ambiental y a la participación ambiental y que retoma la Conferencia de Río+20 en 2012. Distintos gobiernos participaron en su elaboración, en la negociación.
Acá se dijo que la Argentina había formado parte del comité de negociación que se instituyó a partir de 2012 en la Decisión de Santiago y en el gobierno anterior, del presidente Macri, que fue el que dio el primer paso en lo que constituye la conformación de un acuerdo ambiental que fue firmado en 2018.
Hoy estamos en la segunda etapa, es decir, la aprobación parlamentaria. Luego, quedará la que le corresponde al Poder Ejecutivo, es decir, depositar el instrumento de ratificación de este acuerdo. Eso está muy bien porque habla de la posibilidad de sostener políticas. A través de este tratado se están garantizando los tres derechos de acceso: a la información ambiental, a la participación en políticas ambientales y a la justicia ambiental.
Argentina tiene un desarrollo legislativo a nivel federal que, en algunas provincias, es muy importante. Existe una ley de acceso a la información ambiental del año 2004. Además, contamos con una norma más amplia de acceso a la información pública aprobada en el año 2016 que fue mencionada por la señora diputada Banfi. De esa forma se saldó una vieja deuda de la legislación argentina.
Pero, sobre todo, hay que reivindicar el rol de los constituyentes del año 94 que insertaron no solo la cláusula ambiental -artículo 41- sino también el derecho de acceso a la justicia en materia de protección de derechos colectivos, entre ellos el ambiental.
Debemos reconocer el trabajo de insertar el segundo párrafo del artículo 43 que ha sido la llave para permitir el acceso a demandar la tutela ambiental y la tutela de derechos colectivos en general. Quiero reconocer a la doctora Elva Roulet, quien presidió la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías en la Convención Constituyente de 1994. Esto demuestra cómo la Argentina ha evolucionado en la materia legislativa ambiental.
El desafío es que sepamos que con esto asumimos un compromiso ante la comunidad internacional. Hoy estamos aprobando un tratado que, a partir de este momento, es exigible en el derecho interno. Pero cuando esto quede ratificado además está comprometida la responsabilidad internacional de la República Argentina. Desde este punto de vista también debemos hacernos cargo que a nivel de las provincias hay mucho por hacer. Hoy solo dos provincias cumplen los estándares en materia de acceso a la información. Se trata de los distritos de CABA y Mendoza. Hay otros diecisiete distritos que promedian los distintos indicadores y cinco, directamente, no tienen legislación.
En materia de acceso a la justicia creo que la cuestión de la legitimación -esa llave que muchas veces los tribunales no reconocen y que constituye una barrera para acceder a la información y a la tutela ambiental efectiva- debemos tenerla en cuenta. Hemos mencionado decisiones judiciales relevantes a nivel de la Corte Suprema. Me refiero al caso Mendoza. Pero también debemos tener en cuenta que acceder a la información -que no es lo mismo que la propaganda gubernamental- muchas veces es una dificultad. No nos olvidemos que hace pocos años -2013- la empresa estatal YPF presidida por Miguel Gallucio negaba la información sobre un acuerdo que se pretendía fuera secreto y que comprendía mucha materia ambiental. Me estoy refiriendo a YPF con Chevrón. Fue necesario un pronunciamiento de la Corte en el caso Giustiniani, donde se reivindica ese principio de la máxima divulgación en materia de información.
Esta iniciativa que estamos aprobando debe constituir un desafío y un compromiso para que estas cuestiones no caigan en letra muerta y no queden subidas en la anomia que, lamentablemente, muchas veces caracteriza al desenvolvimiento institucional de nuestro país.
Sra. Presidenta (Moreau).- Solamente restan tres oradores para proceder a la votación. Por ello, les voy a pedir que verifiquen sus respectivas conexiones. A continuación, vamos a comenzar con los cierres de bloque.
Tiene la palabra el señor diputado Ferraro, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Ferraro.- Señora presidenta: en primer lugar me gustaría resaltar y rescatar que hoy finalmente estemos tratando este proyecto venido en revisión del Honrable Senado de la Nación. Como ya lo han dicho diputados y diputadas preopinantes, el objeto es aprobar el acuerdo de Escazú.
Todos sabemos que este acuerdo es producto de seis años de trabajo y participación que se inicia en Río+20 y que la Argentina suscribió en el año 2018. Sus tres pilares fundamentales tienen que ver con el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental.
- - Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Sergio Tomás Massa.
Sr. Ferraro.- Es verdad -diputados preopinantes lo han manifestado- que la legislación de nuestro país cuenta con importantes avances en alguna de estas cuestiones. Por ejemplo, lo que fue la inclusión de los artículos 41 y 43 en la reforma de nuestra Constitución en el año 94. A esto debemos agregar la ley de libre acceso a la información pública ambiental del año 2003 o las propias disposiciones que nos establece la Ley General de Ambiente.
En ese sentido, este acuerdo constituye, por lo menos desde nuestro interbloque, una auspiciosa y poderosa herramienta para que podamos garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos y garantías de estos tres pilares principales establecidos en este acuerdo de Escazú.
Antes de seguir con mi alocución, señor presidente, no quiero dejar de reconocer y agradecer cómo un importante sector de la juventud de las organizaciones de la sociedad civil se ha movilizado, testimoniado y tuvieron una verdadera actitud pedagógica y de concientización para pedirnos, exigirnos y peticionar a los representantes del pueblo de la Nación una pronta aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la República Argentina.
Y esto no solamente se ha dado en nuestro país sino también en lo que fue la articulación con jóvenes de toda la región que han comprendido que estamos frente a un instrumento de política multilateral regional. Esto nos exige que aunemos esfuerzos para darlo a conocer y lograr su pronta entrada en vigencia.
El acuerdo de Escazú firmado en Costa Rica es de aquellas herramientas que se construyen de manera transversal y en alianza estratégica entre los diferentes poderes del Estado con las organizaciones de la sociedad civil. Estamos hablando de un tratado que quiere plasmar un acuerdo y un consenso dentro de América latina y el Caribe para que podamos unificar pautas y concertar acciones coordinadas respecto al acceso a la información, a la participación pública y la justicia ambiental. Ojalá que no quede en letra muerta y sea de cumplimiento efectivo y real.
Vale destacar este abordaje ya que, como bien sabemos muchos, el cuidado del ambiente y de nuestros bienes comunes requiere de todos nosotros un trabajo constante, comprometido y sin medias tintas. Debemos hacerlo especialmente con estrategias comunes a lo largo del plazo, que sean acordadas entre todos los actores involucrados.
Cuando digo “de todos los actores involucrados”, me refiero -como señalaba- a hacerlo de manera transversal y en alianza estratégica entre las organizaciones de la sociedad civil y los distintos poderes del Estado.
Decía que estas movilizaciones ciudadanas que hemos presenciado primero en el espacio público y luego en forma remota y virtual, nos hablan de una urgencia y nos interpelan.
Algunos diputados y diputadas preopinantes dijeron también que nuestra región se destaca, lamentablemente, por sus niveles de desigualdad, la que se ha potenciado y visibilizado aún más con la situación de la pandemia de COVID-19. Esa desigualdad se manifiesta en todo tipo de ámbitos.
Es por eso que Escazú es urgente. ¿Saben por qué? Porque estas desigualdades e inequidades en cuanto al acceso a la información, a la Justicia y a la participación pública ambiental que hoy con la aprobación de este proyecto intentamos atenuar o remediar, tienen consecuencias gravísimas, y muchas veces son irreversibles. ¿En qué son gravísimas e irreversibles esas consecuencias? En la calidad de vida de ciertos sectores históricamente invisibilizados y en la preservación de sus modos de vida tradicionales.
Como les decía, Escazú nos interpela a dejar de cuestionar el vínculo entre las actividades humanas y el impacto en los ecosistemas. Este engranaje es real y, como tal, debemos poder diseñar herramientas adecuadas para que, de forma informada y con participación de las comunidades locales, desde los gobiernos se puedan priorizar y promover aquellas actividades sustentables que no pongan en peligro los ecosistemas y los servicios que nos prestan para nuestra vida y nuestro desarrollo.
La verdad es que este ejercicio nos va a permitir en el mediano y en el largo plazo conocer mejor las características socioambientales de nuestro territorio y tener verdaderos planes de desarrollo sostenible.
En este sentido, quiero destacar que considero la aprobación de este acuerdo, al igual que otras leyes que son necesarias en materia ambiental y que estamos comenzando a debatir en esta Cámara de Diputados, son también parte de una agenda de desarrollo sostenible y de recuperación económica verde.
Este tipo de instrumentos, como el Acuerdo de Escazú, nos permitirán tener seguridad jurídica, previsibilidad a través de información precisa y reglas de juego claras para las actividades productivas en nuestro país, para que puedan desarrollarse sin comprometer la disponibilidad de nuestros bienes comunes para el goce y uso por parte de las generaciones futuras.
Para ir cerrando, quiero especialmente resaltar de este acuerdo la gran novedad que introduce, que tiene que ver con la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También tiene que ver con su compromiso con el cuidado y la defensa del ambiente, con la exposición que muchas veces tienen a los conflictos de intereses del mundo actual y que en numerosas ocasiones han sido la causa por la que han sufrido y siguen padeciendo ataques a su vida y a su integridad física. Por lo tanto, es urgente que los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos incorporen normas específicas para que podamos proteger y defender a estas personas.
Sin ir más lejos, la organización Global Witness concluyó en un informe publicado el año pasado que América Latina era la región más peligrosa del mundo para los defensores y las defensoras del ambiente, concentrando más de la mitad de los asesinatos por esta causa a nivel mundial.
En este sentido, el Acuerdo de Escazú que hoy estamos ratificando obliga a todos los Estados firmantes a concretar específicamente medidas adecuadas y efectivas para que podamos reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluyendo por supuesto el derecho a la vida y a la integridad personal, la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la reunión y asociación pacíficas y el derecho a circular libremente.
No solamente -y esto ya se ha dicho aquí- estamos ante un acuerdo ambiental, sino que nos encontramos frente a un tratado de derechos humanos y de democracia ambiental que contempla ambas perspectivas y las recorre de manera complementaria y con integralidad.
Hoy, por supuesto -me sumo a lo que han dicho muchos colegas-, estamos dando un paso importante. Espero que a la aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de este Congreso le siga -como ha dicho el señor diputado Menna- un pronto depósito del instrumento de ratificación por parte de la Argentina, convirtiendo a nuestro país en el décimo en suscribirlo. Ojalá que lleguemos al undécimo lugar, para que luego este Congreso pueda otorgar jerarquía constitucional a dicho acuerdo.
Señor presidente: Escazú es urgente; Escazú es ahora. Es un punto de partida -como bien decía- para una agenda de desarrollo sostenible, recuperación económica verde y una nueva gobernanza ambiental. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Kirchner, por Buenos Aires.
Sr. Kirchner.- Señor presidente: trataré de ser lo más sintético posible a fin de cederle la palabra a la compañera Vilar.
En primer lugar, celebro el hecho de que después de cinco años vuelva a haber gente en las galerías, que vengan a ver cómo funciona la Cámara y que estén realmente militando por las cosas que creen. Es decir que, incluso en pandemia, después de cinco años volvemos a tener dentro del Congreso, en este caso, a hombres y mujeres jóvenes que vinieron a ver cómo se trabaja. (Aplausos.)
Voy a ser sincero: yo estoy aprendiendo. Vi que hay mucha gente que sabe. No tenía idea de que había tantos diputados y diputadas que sabían tanto de ambiente, y en casos como este, uno trata siempre de aprender.
Creo mucho en la militancia; creo mucho en la militancia política, cultural, sindical, social y también ambiental. No soy de aquellos que estigmatizan militancias ni de los que piensan que hay militancias cool, por llamarlas de alguna manera. Creo que es muy bueno que haya pibes y pibas comprometidos con su realidad y que, además, traten de transformarla.
Provengo de una organización, quizás la más grande en materia de jóvenes de la Argentina. He visto como estos diferentes sujetos políticos ‑que se van incorporando con nuevas demandas que traen aparejadas estos tiempos‑ van creciendo y van desasnándonos a quienes provenimos de otro tipo de luchas como, por ejemplo, la Ley de Medios, que implicó una cantidad de foros por toda la Argentina y trató de ampliar la pluralidad de voces.
En este caso, por ejemplo, estamos hablando del derecho a la información ambiental y también se vincula con aquello. Los grandes anunciadores de los medios de comunicación, muchas veces, dejan ver las cuestiones ambientales cuando les conviene por algún motivo, para golpear a algún gobierno que no les guste.
Considero que este tipo de situaciones que fuimos viendo a largo del tiempo son las que realmente tenemos que observar y respetar. Así fue como, hace diez años aproximadamente, la Argentina fue un país de avanzada y se ubicó entre los diez primeros del mundo en tener una Ley de Matrimonio Igualitario. Así que nadie les puede decir que no se puede, aunque haya pocos países que vayan avanzando en esto. ¿Cuántos países más incorporaron al matrimonio igualitario después de que lo hizo la Argentina? Lo mismo ocurrió con la Ley de Identidad de Género.
Siempre hay que estar construyendo y hay que organizarse, porque realmente van a tener que dar peleas, no solo contra aquellos que impiden este tipo de transformaciones sino contra aquellas que tenemos nosotros mismos. Es muy difícil querer transformar la realidad si no nos transformamos a nosotros mismos.
En Avellaneda, hace uno o dos años, fuimos a la inauguración de un Ecopunto de reciclado que facilita el trabajo de hombres y mujeres, que se reivindican con mucho orgullo como cartoneros y cartoneras, que separan la basura que muchos tiran sin pensar en ellos. (Aplausos.) Este tipo de instrumentos y herramientas también son muy importantes.
Le pedí a la señora diputada Daniela Vilar que me dejara un espacio en el tiempo asignado porque quiero decirles a quienes están acá -y a quienes no están por diferentes motivos- que las puertas del bloque del Frente de Todos siempre están abiertas para venir a discutir. A veces, nos pondremos de acuerdo y a veces no, pero lo haremos charlando, con argumentos, y tratando de entender que la Argentina tiene desafíos muy difíciles por delante y que necesitamos de todos y todas.
Recién
escuchaba que hay gente que se identifica con una generación que se quiere ir
del país. Yo les digo que se queden en este país, porque es el de ustedes. El
25 de mayo de 2001 se habían ido cientos de miles de argentinos de la
Argentina, pero muchos científicos, científicas, argentinos y argentinas,
volvieron cuando su país volvió a crecer. ¡Quédense y ayúdennos a levantarlo en
serio y ponerlo de pie, también con una mirada ambiental! ¡Las peleas se dan
acá! ¡No se desiste nunca! (Aplausos.)
Por último, quiero leer una frase muy vieja, de junio de 1975, de Agustín Tosco. Hoy hubo muchos homenajes y yo -a mi manera- elijo hacer este. Esta reflexión la tuve mucho tiempo en mi despacho y en muchos lugares, para saber lo que significa la construcción en el tiempo y no frustrarse, porque muchas veces la velocidad de los deseos es mucho más rápida que la velocidad de la construcción de lo que se quiere lograr. Eso es lo que hay que entender y comprender muchísimas veces.
Antes de pasarle el uso de la palabra a la señora diputada Daniela Vilar, que es una de las personas que siempre me enseña, me desasna en todas estas cosas, y es una de las responsables del Frente Ambiental, voy a cerrar con estas palabras de Tosco.
Dice
así: “Nuestra experiencia nos ha enseñado que, sobre todas las cosas, debemos
ser pacientes, perseverantes y decididos. A veces, pasan meses sin que nada
aparente suceda. Pero si se trabaja con el ejercicio de estas tres cualidades,
la tarea siempre ha de fructificar, en una semana, en un mes, en un año”. Ahora
la voy a cambiar un poco. Nada debe desalentarlos, nada debe dividirlos y nada
debe desesperarlos. ¡Se trata de trabajar, militar, defender las ideas y estar
siempre dispuesto a dar la discusión! (Aplausos.)
Ahora así quiero dejar el espacio a la compañera Vilar, que es quien muchas veces me desasna en estos temas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra para el cierre la señora diputada Vilar, por Buenos Aires.
Sra. Vilar.- Señor presidente: es bueno que la primera vez que una habla en esta Cámara reciba semejante introducción, que agradezco muchísimo. Quiero celebrar, sin dudas, la ratificación de este acuerdo y la discusión en este Congreso de todos y todas para que esto suceda.
Asimismo, quiero celebrar el rol protagónico de la ciudadanía, de les pibes, en la cocreación de las políticas públicas, de los programas y las propuestas, que no solamente aborden los temas ambientales, sino que transversalicen la perspectiva ambiental a todas las áreas y ámbitos de nuestra vida.
Quiero celebrar que están aquí, compañeres, siendo parte de estas instituciones, de esta institución, de estos espacios. Recuerdo que tuve la suerte de estar en esos balcones y hacía mucho que no les permitían a les pibes habitarlos, con sus ideas y con su energía.
También quiero celebrar que el lunes, en Olivos, fueron parte protagónica del círculo en el que el presidente y el ministro anunciaron una batería de políticas públicas ambientales de manera integral, para abordar las problemáticas que hoy estamos padeciendo.
Quiero celebrar que la Argentina, efectivamente, se puso “la 10” y somos el décimo país en ratificar este acuerdo. Ahora bien, no es ni puede ser una medida aislada, inconexa, que festejemos hoy y que mañana olvidemos, y que nos permita irnos a dormir tranquilos ni nada por el estilo. Por el contrario, es una medida que tiene que ser contextualizada en un plan económico y político de inclusión social.
La salida de esta crisis y la construcción de una nueva normalidad -que tantas veces decimos que tenemos el desafío de construir- nos demanda una agenda ambiental popular que se complemente con políticas de empleo, con políticas de industria y con políticas de inclusión social.
Quiero enfatizar en que si nosotros, nosotras y nosotres entendemos a la pobreza como un indicador multidimensional, pues entonces los problemas ambientales profundizan las situaciones de desigualdad. Es decir que los problemas ambientales visibilizan y profundizan aún más las situaciones de pobreza y de injusticia.
Me refiero a la falta de acceso al agua de los pibes, les pibes, a los menores de 18 años con plomo en sangre, las enfermedades zoonóticas -como esta que estamos padeciendo hoy con la pandemia del COVID-19-, como así también el dengue. Del mismo modo, la contaminación de los acuíferos ‑muchas veces por irresponsabilidad de los grandes empresarios, que siempre tienen algún margen‑, los basurales a cielo abierto, los rellenos sanitarios, los pibes mal alimentados, los problemas de talla y peso, que repercuten en problemas cognitivos y en la imposibilidad de terminar la escuela.
Estos problemas, que profundizan las desigualdades y que generan más situaciones de vulnerabilidad, son causa directa de un modelo injusto y absolutamente depredador, que nos trajo hasta acá y nos hace tocar este fondo.
Acá
viene el desafío, porque está bien coincidir en muchas cosas, pero está mal no
comunicar, no comprometernos con la raíz y la razón de esas cosas. No podemos
hablar de problemas ambientales sin hablar de desigualdad, sin hablar de
explotación y sin hablar de concentración de la riqueza. (Aplausos.)
Este modelo absolutamente injusto
que nos trajo hasta acá tiene que ver con esos poderes concentrados que no
consideran para nada la solidaridad como un factor necesario para salvarnos
todos, todas y todes juntos, siendo parte de un ambiente en el que no
entendamos al entorno natural como ajeno a los hombres y mujeres, sino nosotros
siendo parte de él.
Entonces,
si acordamos que hay que resolver las desigualdades socioambientales, debemos
entender que solamente podremos lograrlo si hay redistribución de la riqueza.
Debemos entender que necesitamos solucionar desigualdades estructurales y
geográficas.
Me
interesa comentarles algo que hoy veíamos y que nos molesta bastante. Yo soy de
una barriada de Lomas de Zamora, un distrito cuyo intendente, Martín Insaurralde,
tomó la decisión política de elaborar estas propuestas de gobernanza ambiental
aun antes de que supiéramos de qué se trataba Escazú. Así, creamos mesas de
participación ciudadana; por ejemplo, una que se llama Mesa Local de Gestión Sustentable.
A partir de eso, cartoneros, cartoneras, ambientalistas y Estado en todos sus
estratos participamos colectivamente de la propuesta de programas para avanzar
sobre esa realidad.
Los
intendentes del conurbano tienen ese desafío de asumir la descentralización sin
los recursos y de ser absolutamente creativos. Solamente el presupuesto del
área de ambiente de la Ciudad de Buenos Aires –de 48.000 millones de pesos‑
cuadriplica el de todo el distrito de Lomas de Zamora para el millón de
habitantes que vivimos ahí. ¡Con razón hay helechos con luz! En Lomas de Zamora
tenemos un presupuesto de 12.000 millones para atender integralmente las
necesidades del millón de habitantes que convivimos y transitamos en ese
maravilloso distrito.
Señor
presidente: si me permite, quiero contarle brevemente la historia de mi abuelo,
que trabajó en La Forestal. Él nació en Villa Guillermina. Cuando era chiquito,
era boyero de La Forestal, arriaba los bueyes. Mi abuela era de Basail. O sea,
él de Villa Guillermina y ella de Basail. La Forestal los hizo encontrar. Desde
el amanecer hasta la noche trabajaban sin descanso; ni siquiera dejaban de
trabajar los domingos. Todos tenemos que saber un poco de esta historia. La Forestal
entregaba unos vales para que en sus propios almacenes los trabajadores
tuvieran que comprar los huevos y la mercadería. Yo vi esos papelitos porque mi
abuelo los guardó como una especie de recuerdo nostálgico de lo que tuvo que
atravesar.
Cuando
mencionamos La Forestal ‑y está bueno que trabajemos, entendamos y
debatamos este tema‑ siempre surgen estas cuestiones nunca saldadas: la
violencia laboral, el extractivismo, la devastación ambiental de todo un territorio,
riquezas que se llevaron y que obviamente nunca volvieron, porque mi abuelo a
los 15 años tuvo que emigrar de ese Santa Fe-Chaco natal y vino a este
conurbano. En Lomas vivió en un lugar ‑si hay algún lomense, se debe
acordar‑ que llamaban “la quema”; era un basural. Ahí, después de la
explotación de La Forestal, tuvo que crecer y sobrevivir mi abuelo, en el
conurbano bonaerense.
La
historia era la misma hasta que ese cabecita negra ‑porque literalmente
eran los cabecitas negras de Eva Perón‑ accedió a los derechos laborales,
al artículo 14 bis, a la organización política y a pensar que los pobres no solamente
tenían la posibilidad de soñar sino de cumplir sus sueños.
Miren
qué casualidad lo que me pasa en ese vínculo con mi abuelo. Pertenezco a una generación
política que, a diferencia de lo que lamentablemente escuché hoy acá, reivindica
estar sentados en este espacio que valora la discusión y la política, y cree
vehemente y absolutamente en la política como herramienta de transformación. Sabemos
que son las políticas públicas las que transforman la vida de quienes tuvieron
que vivir en la quema, de quienes tuvieron que sufrir la explotación, de los y
las que necesitan emigrar, de los que tienen plomo en sangre y necesitan el
seguimiento. ACUMAR durante cuatro años desfinanció todos los tratamientos y
sacó todos los tráilers de salud que había en el conurbano haciendo esos seguimientos
de los pibes y pibas que lamentablemente tenían alto nivel de plomo en su
sangre producto de estar en contacto con la basura, por esa vuelta que
encontraron sus viejos y sus viejas para sobrevivir, que es el “cartoneo”.
Somos
parte de una generación política que además de haber sido invitados a la
política, a transformarlo todo y a ser transgresores, tenemos la posibilidad de
decirles a les pibes que durante doce años ‑la mayor parte de sus vidas‑
vivieron en un gobierno nacional, popular, democrático, feminista y
ambientalista, que también sean parte, que sigamos construyendo, que a partir
de la ratificación del acuerdo de Escazú proponemos la construcción de una
agenda ambiental legislativa donde todos y todas podamos debatir eso,
entendiendo que tenemos que saldar una primera deuda con nuestra sociedad, que es
la de la marginalidad y la de la pobreza.
A
eso nos comprometemos. Por eso nos quedamos en este país, por eso ocupamos estas
bancas, por eso queremos que les pibes sigan en esos palcos y que en algún
momento también ocupen estos lugares, porque creemos en la política con todo
nuestro corazón, porque a los pibes del fondo, a los de los barrios, la
política nos dignificó y sabemos que vamos a crear políticas públicas para
dignificar todo lo que falta y para crear todos los derechos que faltan. Por
eso somos parte de este proyecto político. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Massa).- La
Presidencia recuerda a los señores diputados que revisen su VPN.
Se
va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de Relaciones
exteriores y Culto y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano
recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el
que se aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el
Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú ‑República de Costa Rica‑
el 4 de marzo del 2018. (Orden del día Nº 93).
- Mientras se practica la votación nominal:
Sr. Presidente (Massa).- Se va a preguntar de manera verbal el voto
de aquellos diputados que el sistema no ha podido registrar.
Señor diputado Bormioli: ¿puede expresar el sentido de su voto?
Sr. Bormioli.- Afirmativo.
Sr. Presidente (Massa).- Señor diputado Bucca: ¿puede expresar el sentido de su voto?
- -Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Señora diputada Corpacci: ¿puede expresar el sentido de su voto?
- -Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Señor diputado De Lamadrid: ¿puede expresar el sentido de su voto?
- -Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Señora diputada Gaillard: ¿puede expresar el sentido de su voto?
- -Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Señor diputado Martiarena: ¿puede expresar el sentido de su voto?
Sr. Martiarena.- Voto afirmativamente, presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Gracias, diputado.
Señor diputado Medina: ¿puede expresar el sentido de su voto?
- -Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Señora diputada Navarro: ¿puede expresar el sentido de su voto?
Sra. Navarro.- Afirmativo, presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Gracias, diputada.
Señor diputado Zottos: ¿puede expresar el sentido de su voto?
Sr. Zottos.- Afirmativo, presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Gracias, diputado.
Voy a reiterar el apellido de los diputados que mencioné y no respondieron.
Señor diputado Bucca: ¿puede expresar el sentido de su voto?
- -Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- El señor diputado Bucca es considerado ausente a la hora de votar.
Señora diputada Corpacci: ¿puede expresar el sentido de su voto?
Sra. Corpacci.- Afirmativo, presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Gracias, diputada.
Señora diputada Gaillard: ¿puede expresar el sentido de su voto?
- -Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- La señora diputada Gaillard es considerada ausente a la hora de votar.
Señor diputado Medina: ¿puede expresar el sentido de su voto?
- -Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- El señor diputado Medina es considerado ausente a la hora de votar.
Se cierra la votación.
- Finalizada la votación nominal, conforme al tablero electrónico, sobre 250 señores diputados presentes, 240 han votado por la afirmativa y 4 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.
Sr. Presidente (Massa).- Por Secretaría se dará lectura del resultado.
Sr. Secretario (Cergnul).- Se registraron 240 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones.[3]
Sr. Presidente (Massa).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.[4] (Aplausos.)
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Quiero aprovechar para agradecerles, en nombre del presidente de la comisión, Leonardo Grosso, del diputado Maximiliano Ferraro y de la diputada Vilar, a todos los diputados y diputadas que trabajaron en este proyecto, pero sobre todo a esos chicos de distintas organizaciones de la sociedad civil que hoy vinieron y estuvieron toda la tarde, con algún incidente en el medio que les interrumpió la jornada de trabajo, pero que están acá y se van con la alegría de saber que hemos dado un paso adelante y que hoy nos pusimos la camiseta 10 como país. Muchas gracias. (Aplausos.)
- 19 -
Sr. Presidente (Massa).- Corresponde considerar el dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se
prohíbe la ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o a aquellas
con probada evasión fiscal (Orden del día N° 94).
aquí Orden del día N° 94
Sr. Presidente (Massa).- En
consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Heller.- Señor presidente: voy a ser muy breve, para luego darle la palabra al
señor diputado Carro, quien ha sido el autor de este proyecto.
Quiero
destacar que hubo varios proyectos ‑uno presentado por la diputada Camaño
y, otro, por la diputada Vallejos‑ y que alrededor de este tema hemos
trabajado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y hemos logrado un consenso
en forma unánime. Es decir, hemos logrado acordar un texto único y esto me
parece un hecho importante para destacar.
Si
bien luego lo plantearemos como propuesta, quiero decir que una de las cosas
que vamos a sugerir es cambiar una palabra en el nombre del proyecto.
Concretamente, vamos a sugerir que donde dice “paraísos fiscales” diga “guaridas
fiscales”, porque nos parece lo más apropiado. El paraíso es para los que fugan,
pero en realidad para nosotros son guaridas porque es donde se escapan los que
delinquen, los que no cumplen con las leyes, los que no cumplen con sus
obligaciones impositivas.
Todos
sabemos fehacientemente que uno de los grandes problemas que hoy tiene la
humanidad está relacionado justamente con la existencia de esas guaridas
fiscales, que permiten que miles de millones de dólares que deberían ingresar
en materia de impuestos en los distintos países terminen escondidos en esos estados
en los que hay nula o mínima tributación.
Entonces,
nos parece que el hecho de haber consensuado entre todas las fuerzas que
componen...
Sr.
Presidente (Massa).- Señor diputado Heller: en el día de los incidentes, usted
siempre ha quedado en el medio. (Risas.) ¿Lo puedo interrumpir dos minutos?
Sr.
Heller.- ¡Cómo no, señor presidente! Lo que usted diga.
Sr.
Presidente (Massa).- Voy a pedir a los señores diputados y diputadas que hagamos un
cuarto intermedio en las bancas, de dos minutos, y a los presidentes de bloque les
digo si pueden venir para reunirnos atrás de la Presidencia, por favor.
- - Se pasa a un cuarto intermedio en las bancas.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Continúa la sesión.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien pido disculpas por la interrupción.
Sr. Heller.- Seguramente estará justificada, señor presidente. No hay ningún problema. Lo que ocurre es que venía embalado y se me cortó la inspiración. Así que, dado que ya es muy tarde ‑casi la una de la madrugada‑, le voy a ceder el uso de la palabra al señor diputado Carro. De todos modos, creo que la idea que yo quería volcar la alcancé a esbozar, y en realidad está contenida en el propio proyecto. Seguramente habrá señores diputados y diputadas que también quieren hacer uso de la palabra.
Reitero que hemos logrado unanimidad en el dictamen en un tema que es estratégico para la Argentina. Me parece que el hecho de que todas las fuerzas políticas visualicemos lo que significan esas guaridas fiscales para cada uno de nuestros países es un buen punto de partida para profundizar otro debate.
Si está de acuerdo, señor presidente, le cedería la palabra al diputado Carro, autor del proyecto, para que nos explique el contenido y algunas modificaciones de redacción que hemos consensuado, que no cambian el espíritu ni los contenidos del proyecto, sino que lo mejoran o le dan precisión.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Carro, por Córdoba.
Sr. Carro.- Señor presidente: agradezco al presidente de nuestro bloque la mención a otro gran dirigente sindical de Córdoba, como es Agustín Tosco, que junto con el “Negro” Atilio López están siempre vivos en el corazón del pueblo trabajador.
También retomo algo que dijo el diputado Máximo Kirchner hace un momento, en el sentido de que tenemos la actitud vital de siempre aprender de los diputados que más saben. Nunca tan apropiado el comentario, porque en verdad yo no soy tributarista ni manejo temas de finanzas internacionales. Así que agradezco a los miembros, tanto del oficialismo como de la oposición, que hicieron aportes sustanciales. En particular, quiero agradecer al diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ha hecho aportes sustantivos para hacer de un proyecto bastante tosco ‑como era el mío originalmente‑ un proyecto que se pueda votar. También agradezco al diputado Pastori, que hizo algunos aportes que lo han mejorado sustancialmente.
El proyecto es muy sencillo: prohíbe la ayuda económica a personas humanas o jurídicas que tengan cuentas en países o lugares a los que habitualmente llamamos “paraísos fiscales” ‑aunque, como bien dijo el señor diputado Heller, lo más propio es hablar de “guaridas fiscales”- y a aquellas que tengan probada evasión fiscal. Me parece muy importante que el Estado tenga una herramienta que le permita distinguir entre aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones y aportan al desarrollo del país y aquellas otras empresas que por medio de intríngulis legales y contables se dedican a evadir impuestos.
En un tiempo en el que el Estado está haciendo un tremendo esfuerzo fiscal para atender las necesidades que ha generado la pandemia es muy importante que cada peso del presupuesto vaya allí donde se necesita. Hoy se necesita en salud, en educación, en seguridad social, en la protección de los puestos de trabajo y en la reactivación económica.
Además, quiero señalar algo que me parece muy importante, porque este es un proyecto que seguramente van a acompañar todos los bloques e interbloques de esta Cámara. Creo que es una señal muy importante para el resto del mundo, porque el Foro Económico Mundial señala que los estados en el mundo dejan de recaudar 200.000 millones de dólares anuales por esta fuga de capitales que van a parar a las guaridas fiscales. Se estima que el 40 por ciento de las ganancias que obtienen las empresas transnacionales todos los años va a parar a estas guaridas fiscales y que solo el 10 por ciento de las compañías que ponen su plata en esas guaridas fiscales justifica el 98 por ciento de esas cuentas. Por eso me parece importantísimo que podamos tratar este proyecto.
Para no consumir más tiempo, porque la jornada se ha extendido…
Sr. Presidente (Massa).- Disculpe la interrupción, señor diputado Carro.
Señor diputado Suárez Lastra: hay un compañero suyo haciendo uso de la palabra. Le pido que seamos respetuosos.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Carro, por Córdoba.
Sr. Carro.- Gracias, señor presidente.
Quiero señalar las dos o tres correcciones que le estamos haciendo al proyecto en este momento. Una de ellas es la que ya mencionó el señor diputado Heller, en el sentido de que en el título del proyecto de ley se cambie la palabra “paraísos” por “guaridas”.
Luego hacemos una pequeña corrección en el artículo 2°. El que figura en el orden del día dice: “Son sujetos de la presente ley las personas humanas o jurídicas residentes en el país que tengan algún tipo de domicilio y/o registro tributario de bienes físicos y/o financieros en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación…”, y continúa.
Nosotros proponemos que donde dice “tengan algún tipo de domicilio y/o registro tributario” diga “sean titulares”. Es decir que quedaría redactado de la siguiente manera: “Son sujetos de la presente ley las personas humanas o jurídicas residentes en el país que sean titulares de bienes físicos y/o financieros en jurisdicciones no cooperantes…”, y continúa redactado tal como está.
Por otro lado, en la reunión de comisión habíamos incorporado un párrafo al final del inciso a) del artículo 3°, pero consideramos que es mejor colocarlo después del inciso b) para que valga tanto para el inciso a) como para el inciso b) del artículo 3°. Es el último párrafo, que vuelvo a leer por las dudas. Dice así: “Lo expuesto precedentemente no será de aplicación para las leyes que instrumenten regímenes de moratoria o blanqueo que permitan el acogimiento de personas jurídicas o humanas que hayan sido sancionadas con multas por infracciones dolosas en los términos de los artículos 46 y 48 de la ley 11.683 y sus modificatorias, incluso estando firmes.” Esto no produce ningún cambio, sino que mejora el sentido de la redacción.
Seguramente el diputado Pastori, como ya hizo en la reunión de comisión, propondrá la inclusión que seguramente aceptará el diputado Heller, porque así lo hemos conversado.
Dicho esto, estoy en condiciones de dejar el uso de la palabra. Me parece importantísimo que podamos aprobar este proyecto de ley, con el que vamos a estar dándole un mensaje muy importante al mundo. Sabemos que uno de los problemas centrales que tienen las democracias en todo el mundo tiene que ver con la fuga de divisas, que van a parar a estas guaridas fiscales.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Vallejos, por Buenos Aires.
Sra. Vallejos.- Señor presidente: estamos tratando un proyecto que constituye un aporte, como han dicho tanto el señor diputado Carro como el señor diputado Heller, en el marco de una batalla que consideramos realmente de enorme relevancia.
Los delitos financieros, la fuga de capitales, el fraude fiscal, que aparecen como trasfondo de este proyecto que estamos debatiendo, generan enormes daños al conjunto de la sociedad, aun cuando lo hacen de manera silenciosa gracias al ocultamiento planificado de uno de los mayores flagelos económicos que sufren las economías en la actualidad y particularmente las economías periféricas como la nuestra.
Estos delitos afectan el normal desenvolvimiento de la economía, reducen los márgenes para el desarrollo de las naciones, socavan el financiamiento estatal sustrayendo recursos para la implementación de políticas públicas. Y como son precisamente los sectores más vulnerables los que más necesitan estas políticas, resultan ser también las principales víctimas.
Paradójicamente, ese daño social, a pesar de su escala y magnitud, suele estar invisibilizado, y esto hace difícil para la mayor parte de nuestra sociedad tener una conciencia precisa de los verdaderos impactos de estos delitos. Por supuesto que el hecho de que esto ocurra así no es casualidad; muchas veces delitos menores ocupan horas de aire en los medios de comunicación. El otro día veía, por ejemplo, el caso de una mujer que había sido sorprendida robando latas de comida en un supermercado, y sin embargo esos medios nunca se ocupan de indagar si acaso los dueños de ese supermercado cumplen con sus obligaciones impositivas o si derivan sus ganancias a jurisdicciones donde circulan flujos financieros ilícitos.
La criminalidad económica, señor presidente, se sostiene sobre el poder fáctico de los sectores que la protagonizan, y muchas veces ese mismo poder determina las relaciones económicas y políticas que moldean el funcionamiento de nuestro sistema, incluso con leyes a la medida.
Nosotros queremos ir en el sentido opuesto. Queremos trabajar para robustecer un plexo normativo que haga posible controlar, limitar y castigar esas prácticas, en la medida por supuesto de la posibilidad del Estado argentino. Esta norma que estamos debatiendo va por este camino.
Estos flujos de capitales, señor presidente, constituyen una preocupación central para los países periféricos en general y también para el mundo desarrollado. Es un tema complejo pero de gran, gran importancia. Por eso creo que es absolutamente relevante este debate, que permite poner de relieve lo que significa la fuga de capitales y la evasión tributaria, su relación con la deuda externa, los impactos que genera, los mecanismos que se usan para fugar capitales y su vinculación además con otras actividades ilegales.
Las filtraciones públicas de información financiera, a las que ahora se vienen a sumar los archivos FinCEN, dejaron al descubierto el extendido abuso de complejas estructuras societarias utilizadas para la fuga de capitales y el lavado de dinero. No solo Panama Papers, que tuvo mucha visibilidad en nuestro país por la aparición del expresidente Macri como usuario de esas estructuras offshore, sino también Swiss Leaks, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Lux Leaks, o denuncias como la de Hernán Arbizu en 2008 o la de AFIP durante el segundo mandato de la expresidenta -actual vicepresidenta de la Nación- Cristina Fernández sobre las cuentas no declaradas de argentinos en el HSBC de Ginebra.
Toda esa información puso en evidencia que efectivamente existe una verdadera industria de la fuga, dedicada a montar estructuras societarias en guaridas fiscales; esas jurisdicciones opacas, muchas veces llamadas “paraísos fiscales”, un concepto que, como adelantó el diputado Heller y ratificó el diputado Carro, vamos a solicitar que sea revisado en el título de esta norma que vamos a votar, porque indudablemente no existe ninguna connotación positiva posible. Al contrario, lejos de constituir paraísos, son infiernos para los pueblos y sin dudas, señor presidente, son la cloaca de nuestro sistema económico.
También quedó al descubierto el entramado de plataformas contables y jurídicas, en muchos casos, y los más importantes, multinacionales, y la existencia de intermediarios estrechamente vinculados al mundo de las finanzas globales dedicados a facilitar la fuga y la evasión de las más grandes empresas y de las personas más ricas del mundo. Y, por supuesto, el rol absolutamente crucial de la banca global a través de su “servicio” de banca privada, de banca en las sombras, dedicado a captar las fortunas y ocultarlas.
Se calcula, señor presidente, que en el mundo existen más de doce billones de dólares en empresas offshore. La evasión asociada a esas prácticas está íntimamente ligada al lavado de dinero. La actividad ilegal puede ser la evasión, pero la existencia de mecanismos aceitados de lavado junto con la falta de controles lo suficientemente efectivos pueden permitir esconder el origen de capitales provenientes de cualquier actividad ilegal, desde narcotráfico y trata de personas hasta contrabando o desfalcos al Estado.
Según estimaciones de la Red de Justicia Fiscal, la evasión les cuesta a los gobiernos más de tres billones de dólares anuales. De más está decir que esto es determinante a la hora de entender por qué los Estados, incluso en países con gran capacidad de generación de riqueza y ahorro nacional como el nuestro, no cuentan con los recursos necesarios para generar procesos de crecimiento sostenible e inclusivo.
De acuerdo con nuestras estimaciones al comparar los datos que surgen de las declaraciones juradas ante la AFIP y la contabilidad que lleva el INDEC, nuestro instituto estadístico, en relación con la acumulación de activos externos de argentinos, el 70 por ciento de la riqueza que los argentinos y las argentinas más ricos mantienen en el exterior no se declara ante el fisco.
Es evidente que quienes participan de este tipo de prácticas que tanto lastiman a nuestra sociedad no deben de ninguna manera usufructuar las ayudas estatales, porque limitan nuestras posibilidades de desarrollo destinando a la fuga los recursos que deberían financiar inversiones productivas, sustrayendo ahorro nacional a la economía real, y niegan al Estado los recursos necesarios para brindar a nuestra sociedad las respuestas que necesita, como es tan palpable en este momento tan crítico que nos toca atravesar en el marco de la pandemia.
Sería sumamente injusto que quienes no participan de la responsabilidad que implica formar parte de la comunidad nacional a la hora de pagar los impuestos, saquen provecho de los recursos públicos que se obtienen mediante el esfuerzo de esa comunidad de la que reniegan. Precisamente es esa injusticia lo que buscamos evitar con este proyecto, que esperamos que todos los diputados y las diputadas acompañen con el objetivo de construir un país más transparente, fiscalmente más justo, económicamente más desarrollado y socialmente más igualitario.
Y si me permite solo un segundo nada más, señor presidente, quiero decir que estos temas que nos ocupan también fueron parte de la causa a la que alguien muy querido y respetado por todas y todos nosotros dedicó su vida. Me gustaría en ese sentido recordar y dejar estas palabras en homenaje a Mario Cafiero.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Fernández, por Córdoba.
Sr. Fernández (E.).- Señor presidente: estamos tratando un proyecto, como ya han dicho mis compañeros de bancada, que tiene dos objetivos fundamentales. Primero, que los escasos recursos del Estado no vayan por el drenaje a esas guaridas fiscales.
El otro objetivo consiste en
dar un paso en esta lucha contra la evasión fiscal que, como ha dicho la
diputada Vallejos, es un gran drama para la humanidad.
Hay que decir que, si bien
la Argentina lo está discutiendo, este es un tema mundial y ya en países de la
Unión Europea hay disposiciones de este tipo, que restringen la asistencia del
Estado a empresas registradas en paraísos fiscales. En efecto, ya hay normas en
Francia, Polonia y Dinamarca, y la propia Comisión Europea confirma que la
regulación regional permite a los países bloquear los paquetes de ayuda, en el
contexto de la pandemia, a empresas registradas en paraísos fiscales.
El ministro de Finanzas
danés, en una declaración, ha definido claramente el objeto de esta medida
diciendo: “Si invertimos miles de millones procedentes de los impuestos de los
contribuyentes en salvar empresas y empleos, el dinero debe emplearse con ese
propósito y no dárselo a un paraíso fiscal situado en el otro lado del mundo”.
También lo han reflejado
editoriales, como la del diario El País,
que concluye que la asistencia del Estado a las empresas se vuelve un contexto
oportuno para mayor transparencia empresarial, y en línea con las directivas de
la OCDE, al respecto se propone que las empresas hagan públicos informes de los
beneficios obtenidos en las distintas jurisdicciones para el caso de empresas
trasnacionales y en lo tributario. Por ello, también está siendo discutido en
el marco de la Comisión Europea como una iniciativa de justicia sobre los
recursos públicos y de responsabilidad fiscal y empresarial.
El caso de Dinamarca está
basado en el límite de ayuda a las empresas radicadas en paraísos fiscales,
pero también a aquellas que repartan dividendos o recompren acciones este año o
el próximo, las cuales no podrán acceder a las ayudas estatales.
En esa lucha por la erradicación
de la evasión fiscal, la Unión Europea está tomando medidas que consisten,
entre otras, en habilitar a los Estados miembros a gravar bienes expatriados a
países con menor presión fiscal en los que las empresas desarrollen
efectivamente actividades. También limita la cantidad de intereses netos que
una empresa puede deducir de sus ingresos imponibles, sobre la base de una
proporción fija de sus ganancias. Esto las desalienta y hace que las empresas
tributen en su lugar de origen.
En la Unión Europea también
se recomienda la limitación de beneficios fiscales respecto de las rentas que
provengan de una distribución de dividendos o ganancias de capital provenientes
de participaciones en filiales o establecimientos permanentes situados en
países de baja tributación.
Como ya se ha dicho, la
situación mundial de la evasión causa serios perjuicios a la política de los
Estados, pero las Naciones Unidas han establecido que en los países
latinoamericanos se recauda casi el 50 por ciento menos de lo previsto. Esto
implica porcentajes del 0,7 al 5,3 de los productos brutos internos de nuestros
países.
En contextos como el que
atravesamos, sin duda el gasto público no alcanza a cubrir las necesidades
sanitarias, sociales y productivas que se desprenden de la emergencia. Según la
CEPAL, solamente en el año 2018 la región perdió 325.000 millones de dólares a
causa de la evasión fiscal. Estamos hablando del 6,1 por ciento del producto
bruto interno del sector.
En esa evasión fiscal y fuga
de capitales radica en gran medida la deficiencia de los Estados para hacerse
cargo de las medidas que de él esperan los pueblos de estos países.
Por último, nuestro gobierno
ha establecido como meta fija la producción nacional y el desarrollo
sostenible, y como variable, el crecimiento económico de nuestro país, lo que
tiene como imprescindible contrapartida la toma de medidas destinadas a
erradicar la evasión fiscal y la fuga de capitales. Éstas son una variable
fundamental en la defensa de la producción nacional, del trabajo y del
crecimiento de pequeñas y medianas empresas que apuestan al país y a movilizar
el sector productivo.
Es por ello que recomiendo a
mis pares aprobar este proyecto, que está en el marco de una recuperación de
ejes como son la producción y el trabajo, para poner a la Argentina nuevamente
de pie.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor
diputado Pastori, por Misiones.
Sr. Pastori.- Señor presidente: comenzaré
refiriéndome a la propuesta del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
en cuanto al cambio de nombre de la ley, reemplazando la expresión “paraísos
fiscales” por “guaridas fiscales”.
En ese sentido, aceptamos la
propuesta formulada. A este tipo de jurisdicciones se las conoce como paraísos
fiscales, guaridas fiscales e incluso algunos las llaman refugios fiscales. La
expresión puede tener una concepción más o menos peyorativa, pero no cambia el
fondo del asunto. Lo importante es que en el texto del proyecto se habla como
técnicamente corresponde y como está actualmente receptado en la ley de
impuesto a las ganancias –texto ordenado en 2019-, cuando se refiere a
jurisdicciones no cooperantes. Se trata de aquellos países, Estados, etcétera,
que no tienen firmadas actas de intercambio de información o, si las tienen, no
se cumplen.
Por otro lado, están las
llamadas jurisdicciones de baja o nula tributación, que son aquellas definidas
por la AFIP. Se habla de baja tributación cuando, en el impuesto corporativo a
las ganancias, hay jurisdicciones que tienen alícuotas muy bajas; cuando esa
alícuota es al menos un 60 por ciento más baja que la alícuota que establece
nuestra ley de impuesto a las ganancias, entonces se considera a una
jurisdicción como de baja tributación.
Esto está legislado en los
artículos 19 y 20 de la ley de impuesto a las ganancias actualmente vigente
que, como dije, es el texto ordenado en 2019.
Dicho esto, quisiera pasar a
comentar dos artículos, que yo considero que son el corazón de este proyecto,
con el cual básicamente estamos de acuerdo. Creo que nadie podría estar en
desacuerdo con el espíritu de este proyecto ni aprobar que la Nación argentina
pueda suministrar asistencia económica o financiera a empresas que tengan
bienes registrados en los llamados paraísos fiscales, guaridas fiscales o como
se los quiera denominar. ¡Bueno sería que se la estuviera dando! Sería una
cuestión insólita, y en tal sentido pongo como ejemplo el ATP. Se trata de una
creación que no surge de una ley sino de un DNU firmado por el presidente
Fernández, pero que puso en cabeza del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la
potestad de decidir a qué tipo de empresas se le puede dar esta asistencia
económica y a cuáles no, a qué sectores de la economía sí y a qué sectores de
la economía no.
De manera que, si hubiera
alguna empresa que estuviera en estas condiciones y recibiera algún tipo de
ayuda en estos momentos, es decir, en este tiempo de pandemia y de cuarentena,
la responsabilidad sería exclusivamente del Poder Ejecutivo nacional. O
sea que no haría falta una ley que lo prohíba, ya que el propio Poder Ejecutivo
tendría la facultad de decir: a este sí, a este no.
Siempre es bueno que haya una norma que fije las pautas y marque el sendero por donde debe transitar el Poder Ejecutivo, que en este caso lo estuvo haciendo -y lo sigue haciendo- a través de los decretos de necesidad y urgencia.
De alguna manera, esta iniciativa viene a regular una situación importante y nosotros, reitero, estamos de acuerdo en la parte conceptual.
Hechas estas consideraciones, quiero centrarme en dos artículos: el 2° y el 3°, que se refieren respectivamente a los sujetos alcanzados por estas limitaciones y a las definiciones para precisar quiénes están comprendidos en la norma.
En cuanto al artículo 2°, nos parece correcta la propuesta del señor diputado Carro, uno de los autores del proyecto, de reemplazar la expresión: “…que tengan algún tipo de domicilio y/o registro tributario de bienes…” porque es bastante confusa. Alguien podría preguntarse qué significa tener “algún tipo de domicilio”; por eso, me parece correcto reemplazar dicha expresión por: “que sean titulares de bienes…”
No obstante, quiero proponer dos cambios más en este artículo que, luego de lo señalado, continúa diciendo: “…en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias texto ordenado 2019 y sus modificatorias, y/o aquellas con probada evasión…”
Desde nuestro punto de vista, es ahí donde debemos ser más precisos. Más adelante se menciona a la AFIP cuando, en realidad, dicho organismo no condena. Cuando supuestamente se cometió una infracción, primero se litiga en sede administrativa: el contribuyente, por un lado, y la AFIP, por el otro, para ver quién tiene la razón. Ahora bien, si la AFIP no da la razón al contribuyente y dicta una resolución condenatoria, éste puede seguir litigando mediante una apelación ante la Justicia. Entonces, quien finalmente dicta sentencia es un juez de la Justicia ordinaria; no la AFIP.
Por lo tanto, mi propuesta es que, después de la expresión “y/o probada evasión”, se agregue: “…por defraudación fiscal, con sentencia en firme basada en autoridad de cosa juzgada.” Se eliminaría lo que sigue a continuación: “…de acuerdo a la normativa establecida por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos…” y se mantendría el final del párrafo. O sea: “…en lo que concierne a las regulaciones tributarias argentinas.”
Ahí vendría el segundo agregado que proponemos en el artículo 2°. Luego de “argentinas”, se reemplazaría el punto por una coma y seguiría: “…con sanción en los últimos cinco años previos al otorgamiento de la asistencia económica o financiera.” Si no establecemos un límite, alguien que haya sido sancionado por defraudación fiscal hace diez, quince, veinte o cincuenta años podría estar alcanzado por este artículo.
Ya que hablamos de plazos, quiero hacer una aclaración; si bien se trata de un aspecto que no está en el texto de la norma, quiero dejar asentada nuestra posición para que conste en la versión taquigráfica.
Las sanciones o limitaciones que eventualmente puedan dictarse para los sujetos alcanzados por esta norma deberán estar referidas a los hechos que ocurran de ahora en adelante. Nunca para los que hayan tenido lugar antes de la sanción de la ley. Si no, casi con seguridad ésta devendrá en inconstitucional.
Entendemos que la norma regirá para los hechos que ocurran a partir de su entrada en vigor y en ese espíritu la apoyaremos con nuestro voto.
Como dije antes, también consideramos importante hacer una corrección en el artículo 3°. A nuestro criterio, el párrafo a continuación del inciso a) debería estar luego del inciso b). Este último, cuando define qué se debe entender por asistencia económica y/o financiera dice: “…subsidio y/o moratoria y/o condonación y/o préstamo con tasa subsidiada…” El último párrafo del inciso a) establece: “Lo expuesto no será de aplicación para las leyes que instrumenten regímenes de moratoria o blanqueo…” Por eso consideramos que éste debería estar a continuación del inciso b), con el siguiente agregado: “…así como también por las infracciones contempladas en la Ley Penal Tributaria.” Creo que hubo una omisión, porque en el dictamen se agregaron las sanciones por infracción a dicha ley; o sea, aquellas evasiones que superan el millón y medio de pesos por impuesto y por año -evasión simple- o bien los 15 millones de pesos, también por impuesto y por año, en el caso de la evasión agravada.
Esto se contempló en el dictamen, pero faltó aclararlo en este artículo. Por eso propongo que se agregue: “…así como también por las infracciones contempladas en la Ley Penal Tributaria.”
Estas propuestas están en poder del presidente de la comisión, quien entiendo se lo habrá pasado al señor diputado Carro. Consideramos que son importantes, para que la redacción esté completa y no quede ningún cabo suelto.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Álvaro Gustavo González.
Sr. Pastori.- Finalmente, agradezco al señor presidente su deferencia -porque creo que me he excedido en mi exposición en uno o dos minutos- y aclaro que no contestaré a ninguna chicana. Cuando se habla de paraísos fiscales, recurrentemente se trae a colación el caso Panamá Papers y se lo vincula con la familia Macri. Solo diré que una cosa son los bienes registrados y que, por lo tanto, pagan en el país los impuestos correspondientes, y otra aquellos que están rodando por el mundo y permanecen escondidos para evadir el pago de tributos en la Argentina. Es una diferencia sustancial que siempre conviene tener presente.
Hechas estas consideraciones, adelanto nuestro voto favorable.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: debido a la hora y porque, en líneas generales, la iniciativa en tratamiento -no el dictamen que se logró- contempla, de alguna manera, mi proyecto de ley registrado bajo el expediente 1.951-D.-20 ‑el primero presentado en la Cámara sobre esta temática-, solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag, por Neuquén.
Sra. Sapag.- Señor presidente: Juan Bautista Alberdi señaló: “¿Qué importa que las leyes sean brillantes, si no han de ser respetadas?” Lo que interesa es que se ejecuten; buenas o malas, pero que se ejecuten. Que se cumplan las normas, que se respete el contrato social es la base del funcionamiento de toda sociedad. No se puede beneficiar a quienes violan y evaden las normas.
Voy a acompañar con mi voto este proyecto al que se puede definir con pocas palabras: es un proyecto justo. ¿Por qué? Porque, en este momento de profunda crisis es justo que la ayuda del Estado a las empresas para que puedan seguir produciendo, generando riqueza y trabajo nacional, se destine a quienes contribuyen con la comunidad a la hora de pagar sus impuestos.
Quienes deciden llevar sus dineros a los países que son considerados paraísos o guaridas fiscales lo hacen porque se benefician con una baja tributación, por la protección con normas de secreto bancario y con barreras para cooperar con tribunales de otros Estados, carencia de controles contables y mecanismos laxos con la Constitución, funcionamiento y liquidación de una sociedad. Esta actitud se legitima desde una lectura economicista basada en estrategias racionales para maximizar beneficios y ganancias.
En este marco, una política de transferencia de recursos públicos hacia estas empresas constituye un incentivo perverso que amplifica sus efectos nocivos. Y también se termina incentivando la competencia en condiciones desiguales entre sociedades que optan por una carga tributaria menor versus otras que, de buena fe, se ajustan al régimen tributario nacional ‑bastante pesado, por cierto‑. Por eso creo que esta ley que consideramos hoy es justa.
Francia, Canadá, Dinamarca, Polonia y Austria, entre otros países, han sancionado normas con el mismo espíritu, pero considero que esta circunstancia también nos debe invitar a reflexionar en positivo sobre las condiciones que debe brindar nuestro país, no solo para evitar la fuga de capitales, sino para que estos se inviertan en el territorio nacional, para que contribuyan a la producción y el trabajo de los argentinos. Para eso debemos generar certidumbre y seguridad jurídica.
En este contexto de globalización, no es atacando al capital como se atraen inversiones. La población está esperando mensajes claros, coherentes, previsibles y que den, sobre todo –como he señalado‑, certidumbre. Esa es la principal crisis: la de la incertidumbre. La incertidumbre paraliza y, al hacerlo, es una máquina de generar pobreza y quitar calidad de vida a la gente. Necesitamos en forma urgente salir de ahí.
Certidumbre y previsibilidad deben ser los patrones que guíen los importantes debates que tenemos por delante. Debemos generar las condiciones para que el país vuelva a producir. Debemos hacernos cargo; mucha gente lo está esperando. Y las señales deben ser dadas por la política. Hoy más que nunca es necesaria la buena política, la que pone en el centro a la persona humana y al bien común, al ahorro, la inversión y la generación de trabajo.
El camino no es seguir construyendo muros y ampliando grietas que dividen, sino convocar al diálogo respetando la diversidad, buscando consensos y generando políticas de Estado. Si desde la política no damos este paso y generamos estas señales, no habremos aprendido nada de esta nueva crisis.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.
Sra. Del Pla.- Señor presidente: seré breve. En primer lugar, está claro que los capitales y las empresas que fugan sus capitales a las guaridas paradisíacas de las offshore y compañía no deben recibir asistencia del Estado. ¡Eso va de suyo! Lo que tienen que explicar es si en toda esta ayuda que se ha brindado le han dado algún tipo de asistencia a estas empresas. Esto es lo primero que hay que preguntarse. Lo segundo es si en lugar de decir que no merecen un subsidio ‑lo cual cae de maduro‑, no habría que ver si no se le confisca algún tipo de bien o propiedad en el país, justamente para evitar que la fuga de capitales se consolide y se prorrogue.
¡Es fantástico! Lo que están discutiendo es una obviedad tan notable que lo que tendrían que explicar es cómo efectivamente se va a combatir esa fuga de capitales. Pero además, ¿no hay que darle subsidio a los que fugan a las offshore y sí hay que darles a los que fugan aunque no sea a las guaridas fiscales? Porque, en definitiva, el que fuga se está llevando los recursos del país. No importa si va a un país donde le puedan cobrar algún impuesto; el problema es la fuga. Entonces, ¿por qué se va a reconocer como legal, por ejemplo, el préstamo que el Fondo Monetario Internacional le dio al anterior gobierno con el objetivo de fugar los capitales y garantizar la fuga, ya sea a guaridas o a otros países? ¿Por qué se le va a reconocer legitimidad?
El problema acá es de base. ¿Por qué se otorgan subsidios y ayudas estatales a empresas cuyos libros no se abren? ¿Por qué se ha dado ayuda estatal a los Techint, que tienen espaldas de sobra? ¿Por qué aquel dinero que no se les da a los jubilados que cobran 18.130 pesos, sí se da a empresas que vienen acumulando ganancias, subsidios y exenciones en cantidades impresionantes?
Entonces, lo que acá se presenta como una medida anticapitalista de carácter nacional es una farsa. Por eso, además, la van a votar todos: los que han tenido y tienen empresas en paraísos fiscales como parte de sus gobiernos o de los gobiernos anteriores. Por ejemplo, se ha denunciado que el ministro de Educación es socio de alguien que tiene una offshore que ha dado como domicilio la propia casa del ministro. ¡Es impresionante!
Entonces, acá hay muchas explicaciones que dar, no decir que van a defender algún interés nacional evitando dar una ayuda financiera a una empresa que está fugando los capitales a una guarida paradisíaca. ¡Es el colmo! Entonces, ¿hay que aplaudirlo? ¡No, por favor!
Acá hay que abrir los libros de todas las empresas, hay que frenar la fuga de capitales. Para eso, la única forma es nacionalizar la banca y el comercio exterior. Ese es el planteo que hacemos desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.
Sr. Presidente (González).- Comenzamos el segmento de oradores en forma individual.
Tiene la palabra el señor diputado Alderete, por Buenos Aires.
Sr. Alderete.- Señor presidente: seré breve. Este es un proyecto de ley muy importante, no por su impacto económico de fondo sino porque tenemos que avanzar en dar señales políticas como esta.
Nosotros tenemos una matriz productiva donde reina el monopolio extranjero en casi todas las ramas. El 70 por ciento de las quinientas principales empresas de nuestro país son extranjeras y giran ganancias a sus casas matrices en el exterior.
Venimos de cuatro años de una política que se podría resumir en ajuste, endeudamiento, timba financiera y fuga de capitales, un gobierno repleto de funcionarios con cuentas offshore que algún día deberán dar explicaciones sobre la complicidad con la fuga de divisas. Tenemos además empresas nacionales con domicilio fiscal en jurisdicciones offshore con el fin de pagar menos impuestos, de evadir. Es una forma de robo; digámoslo.
Los otros días decía Juan Grabois que al dólar que alguien compra en negro algunos medios lo llaman “dólar libre”, y cuando alguien vende medias en la calle la llaman “venta ilegal”. Los conceptos en nuestro país son una cuestión de clase y fuerza, no de razón y derecho. Así que, digamos con propiedad que son evasores que están perjudicando a nuestro sistema tributario.
Ahí está el caso de Vicentín y su triangulación, vía Paraguay y Uruguay, para evadir impuestos, amén de la monumental estafa a los productores agropecuarios y a los bancos estatales y extranjeros.
Por eso este proyecto de ley es necesario y constituye un paso importante, ya que no solo castiga a los evasores, sino que además prioriza a quienes han contribuido para que el Estado pueda contar con los recursos necesarios para implementar políticas públicas imprescindibles. En casos de emergencia debemos dar este paso, al igual que como ocurre con el aporte extraordinario sobre las grandes fortunas y la reforma tributaria, en virtud de la cual los que más tienen deben ser los que más aporten, a diferencia de lo que ocurre ahora, cuando proporcionalmente contribuyen más los que menos tienen. De esta forma se podrá avanzar en la construcción de una patria justa y soberana y poner de pie a la Argentina con todo su pueblo adentro, es decir, sin descartados ni descartadas.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Leiva, por Chaco.
Sr. Leiva.- Señor presidente: he escuchado al señor diputado Heller plantear el cambio de la denominación de determinados lugares. La verdad es que cuando los poderosos evaden y trafican siempre utilizan nombres generosos. “Paraíso” es el nombre de una planta noble que usamos mucho, fundamentalmente en el Norte del país, para ubicarnos a la sombra, sobre todo en el caso de la gente que trabaja en la zona rural.
Del mismo modo, cuando éramos chicos llamábamos “guarida” a un lugar en el que jugábamos.
Entonces, cuando pensamos en esta situación el término justo debería ser “cloacas” o “letrinas”, para que aquellos inescrupulosos que evaden, trafican y llevan sus capitales de dudosa procedencia a otros lugares por lo menos sientan que la sociedad, cuando se refiere a ellos, los tiene claramente identificados. Porque a veces sin duda generamos mucha confusión en las nuevas generaciones y en la gente que a lo mejor no entiende mucho de la cuestión de las denominaciones. Pero esta es la situación en que el mundo está formado.
Lo mismo ocurre cuando se habla de las sociedades offshore. La verdad es que se trata de un término elegante que justamente tiene que ver con aquello a lo que nos tuvieron acostumbrados muchos de los hombres que gobernaron nuestro país hasta el 10 de diciembre del año pasado.
Hoy nos toca a nosotros gobernar la Argentina. Por eso me parece positivo avanzar en la aprobación de este proyecto de ley, que sin duda va a generar la posibilidad de que por lo menos esas empresas no se cobijen en esos lugares y tampoco reciban esos beneficios, que deben destinarse a los sectores de menores recursos, a las pymes, al que produce y al que trabaja, y no al que especula, fuga o esconde su dinero.
Por eso, en estos tiempos de muchas dificultades que vive el país, donde estamos atravesados por una pandemia de carácter mundial, me parece que debatir estos temas y lograr el consenso de las diferentes fuerzas políticas habla muy bien de esta Cámara de Diputados, que en esta sesión ha tratado varios proyectos de ley importantes para el país.
Lamentablemente, es muy probable que por un tema que es de público conocimiento muchas cuestiones no tengan la trascendencia que merecen. Al respecto, se debe reconocer la velocidad con que ha actuado esta Honorable Cámara, como así también la decisión de su presidente en el sentido de que unánimemente los diputados hayamos tomado la decisión que hemos adoptado respecto de un miembro del cuerpo.
Finalmente, quiero decir que más allá de las dificultades que vive el país y del descrédito que a veces se trata de instalar respecto de la dirigencia política, creo que estamos en el camino correcto. Considero que el gobierno está haciendo lo imposible por mantener en funcionamiento a la economía, pero fundamentalmente cuidando a cada uno de los argentinos.
Aquellos que tienen su dinero en los paraísos o guaridas -insisto en que llamaría a esos lugares cloacas o letrinas- seguramente van sentir un mayor control a partir de ahora y por lo menos van a tener un límite por el cual no van a poder avanzar en cuanto a la obtención de beneficios que, como dije, deben ser destinados a los sectores que producen y trabajan.
Tenemos que seguir trabajando por una Argentina que nos necesita a todos, sin diferencias, pero entendiendo fundamentalmente que siempre debemos pensar en el de abajo, en el que menos tiene, en el que más sufre. En ese sentido, creo que este proyecto de ley se orienta en esa dirección.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Bernazza, por Buenos Aires.
Sra. Bernazza.- Señor presidente: quiero puntualizar varios temas referidos a este proyecto de ley. En primer término, como dijo la señora diputada Vallejos, 12 billones de dólares de la riqueza humana están escondidos en estas guaridas, que son verdaderas cloacas fiscales. Otro sería el tránsito de esta pandemia si ese dinero estuviera al servicio de los pueblos.
Este no es un tiempo de carencias en la historia humana. Por el contrario, es un tiempo de riquezas, evidentemente con problemas de distribución, de cultura y de modelos económicos, financieros y sociales. Por supuesto que nuestro país no escapa a esta cuestión. Por eso, el Estado Nacional, a través de este Parlamento, está tomando una iniciativa referida a políticas públicas que con este tipo de discriminación señalan qué tipo y modelo empresario se prefiere y elige para vivir mejor, en un modelo social y económico que nos contenga a todos y todas.
Ese modelo económico y social define que es aquí donde deben estar los domicilios fiscales y se tiene que tributar. Esa tributación tiene un sentido social y cooperativo, sobre todo en tiempos de pandemia. Ese tipo de políticas activas no son una invención de madrugada de algún diputado o diputada.
Lo que el señor diputado Carro y muchos otros legisladores plantearon como una iniciativa es el resultado de una cantidad de discusiones que se llevaron a cabo en foros políticos durante cuatro años de fuga de capitales.
En este punto quiero expresar unas palabras de homenaje y agradecimiento a los compañeros y compañeras de muchísimas agrupaciones políticas. A mí me toca agradecer a los y las militantes de mi propia fuerza, que reunidos y reunidas en las comisiones de Estado y Administración Pública y de Economía del Instituto Patria y en el Partido Justicialista formularon este tipo de propuestas que dieron lugar a estos proyectos de ley.
Posteriormente esas fuerzas políticas se reunieron en los equipos de todos y constituyeron estas fuerzas que formaron parte de nuestro programa, que aquí venimos a honrar. Señalo esto porque después se dice cualquier cosa respecto de la política; ni que hablar en el día de hoy, y con cierta razón. Pero también están estos militantes y estas fuerzas políticas generando silenciosamente estas leyes.
Valga este homenaje en un día en el que estuvieron presentes en las gradas jóvenes de todo el país, de organizaciones sociales y ambientalistas, que creen en la política y también en este Congreso que, por alguno de sus miembros, no estuvo a la altura.
Por supuesto que tenemos que pedir perdón, porque esta es la voz colectiva de este cuerpo. Por supuesto que tenemos que ir por la renuncia de algún integrante de este cuerpo, pero también tenemos que venir a traer una reivindicación de la política. Es la voz de Daniela Vilar, al aprobar el tratado ambientalista, es la voz de tantos y tantas que hoy venimos a traer las leyes que necesitamos para transitar esta verdadera tragedia planetaria, que venimos a traer leyes no solo para transitar esta pandemia sino para resolver definitivamente cuál es el modelo en el que queremos vivir, qué tipo de proyecto de país es el que queremos construir. Reivindicamos la política y reivindicamos a este cuerpo como el lugar donde lo debemos discutir.
Por supuesto que celebro ‑con esto quisiera ir cerrando mi exposición- este cambio entre hablar de paraísos fiscales y hablar de guarida fiscal. ¿Por qué lo celebro tan especialmente? Porque las palabras, sobre todo las palabras de las leyes, construyen cultura, y cuando decimos paraísos fiscales no es algo inocente, otros están pensando por nosotros, otros ponen esas palabras en nuestra boca para que parezca algo suficientemente liviano, como cuando hablamos de dólar libre. No, señoras y señores, estamos hablando de cloacas fiscales, de robo a mano armada a nuestro pueblo, de guaridas fiscales, de eso estamos hablando. Además, tienen como característica ‑me gustaría señalarla- el hecho de que son jurisdicciones de secreto. Nadie sabe los datos de esas empresas y hay verdaderos servicios jurídicos, contables y financieros para que esto sea así.
Entonces, venimos a celebrar a la política, venimos a celebrar estas iniciativas, venimos a agradecer al diputado Pablo Carro y también ‑si se me permite como palabras finales- a pedir que si hay algún reemplazo en esta Cámara, en el caso de la provincia de Salta, le corresponda a la reemplazante mujer, que además es parte de una lista de 2017, cuando no estaba todavía la paridad varón por varón y mujer por mujer. Pero venimos, sobre todo, para aclarar que no le corresponde al renunciante felicitar ni decirle a este cuerpo quién tiene que asumir.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor diputado Fagioli, por Buenos Aires.
Sr. Fagioli.- Señor presidente: me alegra muchísimo que estemos tratando este proyecto hoy en la Cámara y me alegra mucho más aún haber tratado los proyectos anteriores.
Creo que seguimos marcando la tendencia de nuestro gobierno que plantea la importancia de empezar a generar políticas redistributivas y ambientales que empiecen a repensar eso que durante cuatro años nos quisieron instalar como algo normal: que alguien se llene de plata mientras mucha gente se muere de hambre, que esa plata encima no se invierta en la Argentina, se la lleven afuera y la pongan en cuevas fiscales.
Esa plata, por cierto, como dijeron algunos diputados preopinantes, es de dudosa procedencia. Ese manejo lo único que hizo fue vaciar a la Argentina, saquearla, no generar las inversiones necesarias; por eso la encontramos en esta situación.
Entonces, celebro que empecemos por esto y que discutamos la fuga de capitales, porque estoy seguro de que muchísimos de esos dólares, o la mayoría, que están en esas cuevas fiscales fueron parte de la deuda que se tomó en la Argentina durante los últimos cuatro años. Me parece que estas cosas hay que decirlas, ese dinero no tiene que estar en el exterior, ese dinero tiene estar en el país y usarse para reactivar a la Argentina, ponerla de pie, sacarla de la pandemia, sacar a las familias de la situación de precariedad, de hambre, de miseria y seguir invirtiendo en políticas que generen un país donde todas y todos estemos incluidos.
Por supuesto que estoy de acuerdo con que el Estado no tiene que dar un solo peso para ayudar a esas empresas y a aquellas personas que tienen plata en el exterior. Creo que el Estado debería pedirles que repatrien esos dólares que tanto necesitamos para organizar los barrios populares, que tanto necesitamos para resolver la situación de trabajo de millones y millones de argentinos y argentinas, que tanto necesitamos para repensar nuestro país, replantear la producción, invertir en comunicaciones, invertir en políticas ambientales y, sobre todo, para sacar a la Argentina de esta crítica situación en la que se encuentra. Tenemos que seguir invirtiendo en salud, en encontrar la vacuna y un montón de otras políticas que nuestro gobierno viene planteando.
Por
supuesto que reafirmo nuestro acompañamiento a este proyecto, creemos que son
políticas sumamente necesarias y me alegra que nuestro gobierno siga avanzando
en este camino. (Aplausos.)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora diputada Cerruti, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Cerruti.- Señor presidente: hoy durante el tratamiento de los diferentes proyectos de ley se hizo mención a lo expresado por una diputada de uno de los bloques opositores sobre la idea de que todo el mundo quiere irse del país. Esto es algo que se está tratando de instalar hace un tiempo ya en los medios. La verdad es que no es solo en la Argentina. Cuando uno lee los medios de comunicación de otros países, donde se está discutiendo algún tipo de impuesto a la riqueza, algún tipo de control a los grandes capitales, generalmente los grandes titulares dicen: “Esto va a hacer que se vayan las empresas, esto va a hacer que se vaya la gente.” Pero uno se pregunta a dónde se van a ir todos esos que se quieren ir de todos los países en los que se está discutiendo algún tipo de control de capital, algún tipo de impuesto a los billonarios o a la riqueza.
La verdad es que cuando empezamos a pensar sobre el domicilio, en este mundo el problema que hay es que lo que cambia de domicilio es el dinero, no cambian de domicilio las personas. Cuando hablamos de quiénes se van a ir si en este país logramos ‑espero que sea pronto- avanzar con el aporte extraordinario por la pandemia a las grandes fortunas, sabemos que no son los pobres, los que se van no son de la clase media, los que se van no son los que no llegan con su salario a fin de mes. Los que se van son los que se pueden ir y, en realidad, señor presidente, tampoco se van, lo único que hacen es cambiar de domicilio fiscal.
Entonces, nos encontramos con los medios y las redes armando una suerte de dramatismo y de cataclismo que se viene porque la gente se va y la verdad es que no se va nadie. Lo único que hacen es cambiar de domicilio fiscal y llevarse afuera algunos papeles y algo de dinero para no pagar impuestos, para no contribuir a sostener, a construir, una comunidad en el mundo, en el país, en el territorio del cual forman parte.
Esto no es una novedad. Los capitales golondrina, los que van y los que vienen, las guaridas fiscales, tal como decía la diputada que me antecedió en el uso de la palabra ‑dejemos de poner nombres románticos a los delitos-, no son paraísos fiscales, son lugares de evasión de dinero, tienen que ver con este modelo que se está desarrollando en el último tiempo y que, sin duda, todos estamos viendo su crisis, la del capitalismo financiero. Es la etapa superior o última ‑ojalá- del capitalismo, donde ya no importa ni siquiera lo que se produce, donde ya no importa ni siquiera si alguien tiene su fábrica, ya no importa ni siquiera la plusvalía o la explotación de la clase obrera. En realidad, estamos hablando de cómo hacer dinero del dinero. Por eso es que los que más tienen, tienen cada vez más, y por eso, aun en medio de la pandemia, nos hemos encontrado con que algunos pocos millonarios concentran cada vez más fortuna, la duplican y la triplican cada vez más.
En
realidad todo lo que tienen que hacer es apretar algunos botones o estar
atentos a cómo se mueven las altas o las bajas en Wall Street o, casi con
modelos matemáticos, cómo hacer para lograr más dinero del dinero.
Eso
llamado dinero, que en realidad es una gran ficción mundial en este momento
-nadie lo ve porque estamos hablando de redes informáticas y de subas y bajas
en las bolsas mundiales‑, es lo que hace que un puñado muy pequeño de
gente en el mundo maneje la riqueza global y haga que la enorme mayoría se
encuentre en situaciones en las cuales no pueden llevar adelante su vida
cotidiana.
Por
eso hoy estamos acá tratando una de las tantas leyes sobre las que tenemos que
avanzar para ir dando un poco de más de racionalidad a este mundo que tiene que
empezar a pensarse más solidariamente, como una comunidad donde todos
puedan convivir y donde no podemos seguir dejando que unos pocos se lleven a
esas guaridas fiscales todo aquello que pudieron ganar dejando sus países
absolutamente a su suerte después de haber sacado y explotado todo lo que
podían, tanto en recursos naturales como humanos.
Por
eso vamos a acompañar obviamente este proyecto de ley porque nos parece que
constituye un paso más hacia el control de capitales en el mundo tendiente a
hacerlo un poco más justo y más humano. (Aplausos.)
Sr. Presidente
(González).- Tiene la palabra el señor diputado Rauschenberger, por La Pampa.
Sr. Rauschenberger.- Señor
presidente: esta es una jornada donde, más allá del hecho lamentable que
repudiamos ‑ratifico la decisión de la Presidencia de la Cámara de actuar
rápidamente para ordenar esta situación-, estamos tratando proyectos importantes
que hacen a la vida de los argentinos y que constituyen un paso adelante en lo
que hace al juego de la democracia.
Hemos
aprobado en primer lugar el proyecto que permite que se asegure el financiamiento
de la reparación histórica a los jubilados beneficiarios y que a su vez se
asegure el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
También
sancionamos el proyecto que aprobamos en segunda instancia relacionado con la
democracia ambiental, la posibilidad de información ambiental, la legislación
ambiental y el derecho a la política ambiental. En este sentido, quiero
destacar la participación de esos jóvenes que estuvieron en los palcos
acompañando este debate, que demuestra el compromiso y la militancia que tienen
las generaciones futuras.
Creo
que de esta manera se sientan las bases para poder pensar en políticas de
Estado en la República Argentina tanto en materia provisional como ambiental.
En
particular, cuando estamos tratando este proyecto puntual relacionado con la
prohibición de la asistencia económica y/o financiera que brinda el Estado
nacional en determinadas circunstancias -como puede ser una epidemia, una
pandemia, catástrofes o razones de fuerza mayor‑ a personas y empresas con
domicilio en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación -o lo mismo
como aquellas con probada evasión fiscal-, vemos que en todos estos proyectos
que venimos tratando hemos logrado tener consenso.
En
el caso puntual del proyecto en tratamiento también quiero destacar el trabajo
que llevó adelante nuestro presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda,
diputado Carlos Heller, y el que realizaron los distintos diputados de los diferentes
bloques, tanto del oficialismo como de la oposición.
Este es un proyecto que había presentado el bloque oficialista. Nuestro bloque llevó adelante un trabajo muy importante en la Comisión reflejando que podemos trabajar y tener coincidencias en la República Argentina, más allá de que cada uno mantenga sus convicciones.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Sergio Tomás Massa.
Sr. Rauschenberger.- En
cuanto a este proyecto en particular, quiero destacar que es fruto del
trabajo en conjunto que hemos hecho, ya que esos aportes que se realizaron en
la Comisión le dieron una mejor redacción y lo hicieron más preciso, sin
alterar en ningún momento su objetivo.
Como
cambio significativo, quiero destacar la definición de los organismos del
sector público involucrados, los sujetos alcanzados de acuerdo a la normativa
de la AFIP, la especificación de qué se entiende por ayuda económica y
financiera y en qué caso se considera probada de evasión fiscal.
Asimismo,
deseo destacar el tema de que esta iniciativa había sido presentada por nuestro
bloque allá por el mes de mayo. Entendemos que es necesario diferenciar la
ayuda que brinda el Estado nacional en este contexto particular teniendo en
cuenta la actual emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia.
Por
lo tanto, debemos diferenciar esas empresas y personas humanas y jurídicas que
tienen sus emprendimientos aquí, que apuestan a la Argentina y que generan
trabajo aquí, de aquellos que evaden o se llevan los dineros fuera de nuestro
país dejando de contribuir con el desarrollo nacional.
Por
eso, desde este ámbito de la Cámara de Diputados no podemos permitir que
aquellas empresas humanas o jurídicas que están domiciliadas en paraísos
fiscales o en sitios con comprobada evasión fiscal, estén recibiendo beneficios
de la misma manera que nuestras pequeñas y medianas empresas, que están
poniendo el hombro todos los días generando trabajo y dando valor a la
industria nacional.
A
partir del brote del COVID nuestro gobierno empezó a poner mucho dinero a
disposición de los ciudadanos en aras de mantener y cuidar la salud, pero
también la economía, y por eso es que una de las medidas más importantes, que
fue la del ATP, se volcó a las distintas empresas.
En
este sentido, vemos que debe ponerse un límite, y por eso comparto el espíritu
del proyecto, que tiene antecedentes en otros lugares, como la Unión Europea:
en Francia, Polonia y Dinamarca. Creo que en este punto estamos dando un
ejemplo, y esa coincidencia se da tanto en el proyecto de ley FGS como en el
tema ambiental. Por lo tanto, esto demuestra que en algunos casos nos podemos
poner de acuerdo a pesar de nuestras divergencias.
En
ese sentido, acompaño mi voto favorable.
Sr. Presidente (Massa).-
Tiene la palabra el señor diputado Iglesias, por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Sr. Iglesias.- Señor
presidente: pocas veces me he sentido tan avergonzado de formar parte de
esta Cámara como en esta sesión, y siempre por cosas que vienen del mismo
sector político y que nos manchan a todos.
Pero
además de eso -a lo que me voy a referir al final‑, quiero hablar también
del grado de irrealidad, porque no sé de qué están hablando los diputados del
oficialismo.
Muchachos:
19 por ciento de caída en el PBI, 38 por ciento de caída de la inversión, 19
puntos abajo en el presente y 38 puntos abajo en el futuro, 360.000 puestos de
trabajo perdidos antes de la cuarentena; de la cuarentena, no de la pandemia.
Repito: 360.000 puestos de trabajo perdidos en el primer trimestre y casi cuatro
millones perdidos en el segundo -con la cuarentena, no con la pandemia‑;
cuatro millones. Récord de historia nacional.
Muchachos:
van a batir los récords de pobreza, de indigencia y de desocupación de la
historia, y se los van a batir a otro gobierno peronista: el de Duhalde de
2002, que se lo batió a otro gobierno peronista, el de Isabel, de 1975. Es
bueno que nos acordemos de 1975.
Le
aviso al diputado Máximo Kirchner, que habla de Agustín Tosco, que ese
dirigente pasó a la clandestinidad durante un gobierno peronista en el año 1975
y murió un año después por deficiencias en la atención médica cuando estaba en la
clandestinidad. No conocen ni su propia historia. Lean su principio historia;
1975, no 1976. Clandestinidad. Agustín Tosco. Léalo, diputado Kirchner.
Hablan
de fuga de capitales. Les paso las cifras porque la fuga de capitales está
perfectamente documentada, ya que son los depósitos que salen del Banco
Central.
Durante el primer gobierno de Cristina Kirchner ‑del segundo no se puede hablar porque fueron cuatro años de cepo con consecuencias que ya conocemos y que veremos cómo se repiten‑, de acuerdo con el dato oficial del Banco Central se fueron 69.075 millones de dólares, mientras que durante nuestro gobierno se fueron 72.449 millones de dólares. La diferencia es del 5 por ciento. ¿Cómo puede ser una diferencia del 5 por ciento entre un gobierno revolucionario, nacional y popular y uno fugador de divisas y al servicio del imperialismo? Explíquenmelo. Esa es la diferencia no en valores nominales, sino en valores reales, descontada la inflación americana. Reitero que la diferencia es del 5 por ciento. ¡Dejen de ser tan caraduras y de repetir consignas vacías!
Por otro lado, si hablamos de Panama Papers, el único caso probado se llama Muñoz, secretario de Néstor Kirchner. Hubo más de 100 millones de dólares que pasaron por Panamá y terminaron en Miami. ¡Claro que vamos a votar a favor de la ley! ¡Claro que estamos en contra de los paraísos fiscales! ¡Háganse cargo de la realidad y dejen de sanatear! Léanlo: Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, se murió. Así como se murió otro que también sabía dónde estaba la guita y por eso le pasó lo que le pasó. Ese fue un episodio despreciable y repudiable. Googleen “Panama Papers, Muñoz, Miami”. Fueron cientos de millones de dólares.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia pide a los señores diputados que respeten el uso de la palabra y al señor diputado Iglesias que redondee porque se acabó su tiempo.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Iglesias.- Estoy brindando datos oficiales de su Banco Central, con Moreno ahí.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Massa).- No me obliguen a volver a aplicar el reglamento el día que tuve que hacerlo de la manera más dura.
Señor diputado Iglesias: redondee por favor.
Sr. Iglesias.- Concluyo diciendo que pido disculpas por escribir libros. Lo siento mucho. En dos semanas ya es best seller.
Por otro lado, no queremos enjuagues en el caso del diputado que hizo lo que hizo. No queremos renuncias ni que pase por abajo. Queremos que se reúna la comisión y su expulsión de este cuerpo. Corresponde que se reúna la comisión y que lo expulse por el grave hecho cometido.
Señor presidente: esa es su responsabilidad. Por favor, evítenos los enjuagues. No los queremos.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Massa).- La Presidencia pide a todos los señores diputados que sean respetuosos del reglamento.
Tiene la palabra el señor diputado Selva, por Buenos Aires.
Sr. Selva.- Señor presidente: es muy difícil compatibilizar una expresión después de escuchar agravios permanentes de un señor diputado que tiene la particularidad de hablar desde la generación espontánea. Ese diputado mencionó varios gobiernos y salteó algunos otros, también democráticos, para hablar de los desastres económicos de la Argentina.
Aunque me preocupa que pida explicaciones, no quiero distraerme en esto porque todos los que estamos reunidos tratando este proyecto de ley mostramos la madurez del cuerpo.
Aclaro que algunos legisladores colegas del diputado preopinante hicieron aportes positivos y reconocidos por el autor de la iniciativa.
Ahora pasaré a referirme directamente al proyecto en tratamiento porque este par no merece que le dedique más tiempo.
Debemos tener en cuenta que el diputado impulsor de este proyecto de ley pertenece al oficialismo –reitero que agradezco el aporte de algunos legisladores de otros bloques‑ y de su lectura concluimos que, cambiando el modelo económico, se consolidará y priorizará al ciudadano como el destinatario del esfuerzo del gobierno. Este es un cambio sustancial, ya que pasa de un modelo especulativo del gobierno del cual formaba parte quien me precedió en el uso de la palabra, a un modelo de desarrollo. En este sentido, creo que no es menor decir que un diputado oficialista eleva un proyecto de ley para continuar la iniciativa de un gobierno que lamentablemente desde sus inicios padece la misma pandemia que todo el mundo, con las consecuencias económicas ampliamente omitidas en algunas fundamentaciones.
Pretendemos volver a la equidad social porque todos sabemos que se trata de una cuestión de distribución. Es casi una obviedad que los recursos que se fugan son los que no se invierten en el país. Esa misma discusión ya la dimos y la diputada Cerruti se expresó con palabras muy elocuentes y claras al decir que los chicos no son los que tienen que empezar a aprender sobre el tema ambiental, sino las empresas y los gobiernos.
Acerca de la fuga de capitales, seguramente hay muchísimos recursos que no fueron destinados al saneamiento ambiental por el daño producido por las mismas empresas. Esto también integra la fuga de capitales, porque el daño ambiental se fuga en divisas a paraísos fiscales, los que algún colega también llamó “cloacas” o no me acuerdo cómo. Aunque creo que era la palabra que todos pensamos, ya que a veces se buscan términos más coloquiales.
Entonces, cuando hablamos de este asunto, volvemos a ratificar un rumbo del modelo de país.
Por otro lado, hace poco tiempo sancionamos un proyecto de ley que lo comparo con marcar un modelo de país, el que lamentablemente no contó con el acompañamiento del bloque de Juntos por el Cambio. Era una iniciativa simple, aunque los títulos se refirieron a las “multas a la pesca”. No se trataba solamente de una cuestión dineraria, sino de marcar un posicionamiento nacional con respecto a cuidar nada más ni nada menos que uno de los recursos de la Argentina. Esa fue la tercera sanción de un proyecto de ley que ratificaba el sentido nacional, ya que anteriormente habíamos sancionado el atinente a la demarcación del límite exterior de la plataforma continental y a la creación del Consejo Nacional de Asuntos relativos a las islas Malvinas. Reitero que la sanción del proyecto de ley de actualización de las multas a la pesca ilegal no solamente tenía un objetivo dinerario.
Es una satisfacción que un diputado del oficialismo haya redactado con muy pocas palabras un proyecto de ley que marca un cambio de modelo y hacia dónde pretendemos ir.
Señor presidente: orgullosamente acompañaremos este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Heller para considerar si acepta las modificaciones planteadas al proyecto de ley sobre prohibición de ayuda económica a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales.
Sr. Heller.- Señor presidente: vamos a ver si con un poco de cooperación lo logramos. Estamos tratando de conciliar las propuestas y ese trabajo a veces conlleva algunas dificultades.
En primer lugar, no hay ningún cambio en el artículo 1°.
Pasando al artículo 2°, paso a leer la redacción propuesta: “Sujetos. Son sujetos de la presente ley las personas humanas o jurídicas residentes en el país, que sean titulares de bienes físicos y/o financieros en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación o que estén vinculadas con otras que sean titulares de bienes físicos y/o financieros en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación, en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 2019 y sus modificatorias, y/o a aquellas con probada evasión por defraudación fiscal, con sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada, en lo que concierne a las regulaciones tributarias con sanción en los últimos cinco años previos al otorgamiento de la asistencia económica o financiera”.
En el artículo 3° cambiamos de lugar una frase que la sacamos del inciso a) y la pusimos a continuación del inciso b).
Para que no haya dudas el artículo 3° quedaría redactado de la siguiente manera: “a) Se consideran personas humanas o jurídicas con probada evasión fiscal, a aquellas condenadas por cualquiera de los delitos previstos por el régimen penal tributario, o a aquellas que hayan sido sancionadas con multas, por infracciones dolosas en los términos de los artículos 46 y 48 de la ley 11.683 y sus modificatorias.
“b) Se consideran asistencia económica y/o financiera a cualquier tipo de subsidio y/o moratoria y/o condonación y/o préstamo con tasa subsidiada y/o subsidio de tasa de interés en cualquiera de sus formas de instrumentación, resultante de una norma o decisión que establezca o haya establecido el Estado nacional o alguna empresa con participación estatal mayoritaria.
“Lo expuesto precedentemente no será de aplicación para las leyes que instrumenten regímenes de moratoria o blanqueo que permitan el acogimiento de personas jurídicas o humanas que hayan sido sancionadas con multas por infracciones dolosas en los términos de los artículos 46 y 48 de la ley 11.683 y sus modificatorias, incluso estando firmes, así como también por las infracciones contempladas en la ley penal tributaria.”
Los artículos 4° y 5° quedan redactados tal como estaban y el 6° es de forma.
Resta hacer una aclaración. El diputado Pastori expresó –de manera coincidente con lo que estamos diciendo‑ a fin de que quede plasmado en la versión taquigráfica que debía quedar claro que esto se aplicaría a cuestiones que se dieran hacia adelante.
Debo aclarar que no es así, porque en el propio texto que me propuso el diputado Pastori, que acepté y que se encuentra en consideración, dice “con sanciones en los últimos cinco años previos al otorgamiento de la asistencia económico-financiera”. Es decir, estamos hablando de cosas que pueden haber pasado en los últimos cinco años. Entonces, de ninguna manera se puede referir solo a situaciones que se den de aquí hacia adelante.
Si bien esto no está en el texto de lo que estamos tratando, como el diputado hizo una mención a efectos de que conste en la versión taquigráfica, hago la aclaración con el mismo fin: que quede plasmado en la versión taquigráfica.
Proponemos que se someta a votación el proyecto con los cambios mencionados.
Sr. Pastori.- Señor presidente: pido la palabra.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Pastori, por Misiones.
Sr. Pastori.- Señor presidente: en relación con la aclaración formulada por el diputado Heller en última instancia, creo que no nos hemos entendido. La previsión de que la limitación sea por acciones cometidas en los últimos cinco años tiene que ver con poner un límite temporal para que una persona no pueda estar eternamente condenada a recibir ninguna ayuda por una acción por la que pudo haber sido juzgada y condenada diez, quince o veinte años atrás.
Las acciones que serán sancionadas a través de la limitación en la ayuda necesariamente tienen que ser las cometidas a partir de la sanción de esta norma. Si no, estaríamos retrotrayendo una sanción que tiene características parecidas a la de una sanción penal. Todos sabemos que estas sanciones no se pueden aplicar en forma retroactiva.
De modo tal que a partir de ahora se otorgará la ayuda económica en la medida en que hayan pasado más de cinco años desde las sanciones que se apliquen por infracciones de defraudación fiscal y que fueran sancionadas como tal ya sea por la AFIP o por la Justicia. Esto es lo que quería aclarar. Sostenemos esta idea, de lo contrario, estaríamos incurriendo en una norma que sería fácilmente atacable en su constitucionalidad.
Por otro lado, el diputado Heller introdujo una novedad en la lectura del artículo 2° que hasta aquí no habíamos considerado. Agregó a las empresas que estén vinculadas con otras que sean titulares de bienes físicos y/o financieros en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. Ese agregado no lo habíamos analizado. Lo escuchamos ahora en boca del diputado Heller al proponer la redacción del artículo 2°. Claramente no estamos de acuerdo con esa redacción porque estamos ampliando el universo de sujetos sobre la marcha, lo que requeriría de un estudio mucho más profundo y pormenorizado.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo con el agregado propuesto por el diputado Heller, ya que comprende a las empresas vinculadas con otras empresas. Aquí se genera una situación muy compleja que desde nuestro punto de vista requeriría un análisis y un estudio mucho mejor para aprobarlo. O sea, no estamos de acuerdo con esa redacción, pero sí lo estamos con los demás cambios propuestos.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Heller.- Señor presidente: quiero comentar dos cosas.
Sr. Presidente (Massa).- Le voy a confesar que cada vez que hace uso de la palabra tengo miedo de mirar la pantalla del recinto.
Sr. Heller.- Señor presidente: espero no tener que contestarle.
Quiero hacer dos aclaraciones. Así como lo dijo el diputado Pastori, pareciera que estoy tratando de colar algo en el proyecto. Ese texto se lo envié y lo llamé por teléfono. Es una propuesta que formuló la diputada Vallejos y que me pareció correcta.
Efectivamente queremos que las empresas que tienen dineros y acciones económicas de cualquier tipo en paraísos o guaridas fiscales, en jurisdicciones no cooperantes o en jurisdicciones de baja o nula tributación, estén lo más circunscriptas posibles a recibir ayuda estatal. Lo que hemos hecho, justamente, como él dijo, es ampliar el universo a los fines de achicar el círculo de las posibles fugas. Todos sabemos que las empresas tienen abogados, contadores y especialistas que todo el tiempo están buscando por dónde eludir las normas a través de la evasión y la triangulación. Se trata de maniobras que les hacen mucho daño a los países y a quienes vivimos en ellos.
Me mantendré firme con el agregado. Lamentaría que esto impidiera que los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio no nos acompañen, porque hemos estado de acuerdo en todo. Esto no es más que una extensión de lo que hemos dicho hasta aquí, con la idea que me sugirió la diputada Vallejos, que me pareció razonable y que mejoraba el espectro de las posibilidades de limitar maniobras en contra de los intereses de los argentinos. Este es el sentido de la modificación. No hay ninguna trampa ni ninguna cosa oculta ni ninguna rareza.
Esta modificación se la envié con poco tiempo al señor diputado Pastori, porque es una sugerencia que también con poco tiempo me hizo la diputada Vallejos y que me pareció atinada. Por esto incorporé la modificación en el proyecto e inmediatamente se la envié al diputado Pastori y, como noté que no había leído mi mensaje, lo llamé telefónicamente para que le diera lectura. Cuando llegó el fin del debate tomé la decisión de leer el texto con la inclusión de esta modificación. Quiero que no quede ninguna duda sobre mi accionar, y creo que el diputado Pastori no me dejará mentir. Hice todo tal cual como lo estoy relatando a todos los diputados y diputadas.
Dicho esto…
Sr. Pastori.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?
Sr. Presidente (Massa).- Le solicito al señor diputado Pastori que espere a que el señor diputado Heller finalice su intervención.
Sr. Pastori.- Perdón, creí que había terminado.
Sr. Presidente (Massa).- Continúe, señor diputado Heller.
Sr. Heller.- Dicho esto, vamos a sostener el texto, con este agregado que nos parece pertinente.
Sr. Presidente (Massa).- Antes de cederle el uso de la palabra al señor diputado Pastori, queda claro que en el artículo 1° hay coincidencia y, por lo que entiendo, en los artículos 2° y 3° no hay coincidencia; en los artículos 4° y 5° hay coincidencia, y el artículo 6° es de forma.
Sr. Heller.- En el artículo 3° hay coincidencia, señor presidente. Solo hay discrepancia respecto del artículo 2°.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Pastori, por Misiones.
Sr. Pastori.- Señor presidente: efectivamente, la disidencia, o nuestra oposición al texto sugerido, está en el artículo 2°, que habla de los sujetos comprendidos.
Es cierto que el diputado Heller, tal como mencionó, me escribió un mensaje a las 2 y 15; en este momento son las 2 y 30. Resulta evidente que el tiempo ha sido absolutamente insuficiente para evaluar una modificación que no es intrascendente. No se trata de una mera modificación en la redacción para mejorar el texto, sino que incorpora los sujetos objeto de la limitación por parte del Estado.
Es decir, estamos de acuerdo respecto de aquellas empresas que tengan registrados bienes financieros o físicos en paraísos fiscales. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero ahora resulta que proponen agregar, según la sugerencia leída por el diputado Heller, ya no solamente las empresas que tengan bienes registrados en el exterior, sino que también puede ser que no los tengan pero que estén vinculados con alguna otra empresa que sí los tengan, y entonces liga de rebote la empresa argentina que está vinculada.
En todo caso, tenemos que definir qué se entiende por “empresa vinculada”, porque estamos entrando en un berenjenal que complica y complejiza el texto de la norma en vez de agilizarla. Me parece que no estamos en condiciones de acordar con el texto que propuso durante su lectura el diputado Heller. Tal como está redactado el artículo 2°, nosotros no estamos de acuerdo y, en consecuencia, pedimos que se vote en forma nominal, si es que el oficialismo insiste con esa reacción.
Sr. Presidente (Massa).- Entonces, para que quede claro y todos los señores diputados entiendan ‑les pido, antes que nada, que revisen si están logueados‑, primero vamos a votar en general de manera nominal y después vamos a votar el artículo 1° por signos y el artículo 2° en forma nominal.
Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente: perdón, es tarde y no quiero generar ninguna controversia, pero la verdad es que respecto de este artículo nosotros tenemos una enorme confusión. A esta hora no parto de la mala fe de nadie, pero para nosotros este tema es central. En consecuencia, hemos tomado la decisión de abstenernos en la votación.
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se prohíbe la ayuda económica a empresas domiciliadas en guaridas fiscales o aquellas con probada evasión fiscal, con las modificaciones introducidas y aceptadas por la comisión, conforme lo señalado por el miembro informante del dictamen de mayoría. (Orden del Día N° 94)
Les recuerdo a los diputados que se van abstener que el voto de abstención está dentro de la aplicación del VPN.
-
Mientras
se practica la votación nominal:
Sr. Presidente (Massa).- Voy a solicitar el voto de viva voz de aquellos diputados y diputadas que, conforme al sistema, no pudieron emitirlo por VPN.
Tiene la palabra el señor diputado
Eduardo Bucca para indicar el sentido de su voto.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra la señora diputada Graciela Camaño.
Sra. Camaño.- Señor presidente: voy a votar afirmativamente en general. Luego el
diputado Sarghini le va a pedir la palabra, porque respecto del artículo 2º
nosotros no estamos entre los privilegiados que fueron consultados, ni siquiera
unos minutos antes, sobre las reformas que se le hicieron al artículo.
Sr. Presidente (Massa).- Diputada Camaño: quiero recordarle que pusimos a votación el
texto del dictamen en general y en particular.
Sra. Camaño.- Entonces le pido por favor que le otorgue la palabra al diputado Jorge
Sarghini.
Sr. Presidente (Massa).- Me comprometo a darle la palabra cuando termine la votación.
Sra. Camaño.- No, señor presidente. No voy a votar al proyecto en general ni en
particular. Lamento muchísimo no hacerlo por el desorden que se armó a último
momento. Soy autora del primer proyecto referido a esta temática que se puso a
consideración de este recinto, y no hemos tenido ningún tipo de intervención a
la hora del cambio que se generó durante la discusión.
Sr. Presidente (Massa).- Diputada
Camaño: tiene la palabra para indicar el sentido de su voto.
Sra. Camaño.- Le acabo de decir que me voy a abstener a raíz de las irregularidades
que se cometieron en el transcurso de la sesión.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Sergio Casas.
Sr. Casas.- Mi voto es afirmativo, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Graciela Caselles.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra el señor diputado Carlos Cisneros.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra el señor diputado Luis Contigiani.
Sr. Contigiani.- Me
abstengo, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra la señora diputada Lucía Corpacci para indicar el sentido de su
voto.
Sra. Corpacci.- Mi voto es afirmativo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra el señor diputado Enrique Estévez.
Sr. Estévez.- Me abstengo, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Ana
Carolina Gaillard.
Sra. Gaillard.- Mi voto es afirmativo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Álvaro
Gustavo González.
Sr. González (A. G.).- Me abstengo, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado
Francisco Guevara.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra el señor diputado Luis Alfredo Juez.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra el señor diputado José Luis Martiarena para indicar el sentido de su
voto.
Sr. Martiarena.- Mi voto es afirmativo, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Gisela Marziotta para indicar el sentido de su voto.
Sra. Marziotta.- Afirmativo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra el señor diputado Martín Medina para indicar el sentido de su voto.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra la señora diputada Graciela Navarro.
Sra. Navarro.- Mi voto es afirmativo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra la señora diputada Graciela Ocaña.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra el señor diputado José Luis Patiño.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra el señor diputado Fabio Quetglas para indicar el sentido de su voto.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra la señora diputada Roxana Reyes para indicar el sentido de su voto.
Sra. Reyes.- Mi voto es afirmativo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Pablo Torello.
Sr. Torello.- Me abstengo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Jorge Vara para indicar el sentido de su voto.
Sr. Vara.- Me abstengo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Alejandra Vigo.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene
la palabra el señor diputado Waldo Ezequiel Wolff.
Sr. Wolff.- Me abstengo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Carolina Yutrovic para indicar el sentido de su voto.
Sra. Yutrovic.- Mi voto es afirmativo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Andrés Zottos para indicar el sentido de su voto.
Sr. Zottos.- Señor presidente: no sé por qué se está votando de esta manera. Yo votaría afirmativamente en general y me abstendría en el artículo 2º. Sería lo más lógico. Hubiéramos votado en general y después en particular.
Sr. Presidente (Massa).- Diputado Zottos: tiene la palabra para indicar el sentido de su voto.
Sr. Zottos.- Si se hace una única votación, me abstengo.
Sr. Presidente (Massa).- Señoras y señores diputados: quiero que entiendan que cuando se pide el sentido del voto es porque hay diputados que ya votaron con el sistema VPN. Por lo tanto, reitero, no se pueden hacer apreciaciones. Lo dice el protocolo.
Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Bucca para indicar el sentido de su voto.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- No
habiéndose manifestado, se lo tendrá ausente en la votación.
Tiene la palabra la señora diputada Graciela Caselles para indicar el sentido de su voto.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- No
habiéndose manifestado, se la tendrá ausente en la votación.
Sra. Reyes.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Massa).- No se preocupe que ya le
voy a dar la palabra para que cambie el sentido de su voto, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado Carlos Cisneros.
Sr. Cisneros.- Mi voto es afirmativo, señor presidente.
Sr. Sarghini.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Massa).- Diputado
Sarghini: me comprometo a darle la palabra apenas terminemos el proceso de
votación.
Sr. Sarghini.- Voy a cambiar el sentido de mi
voto por la forma en que se ha planteado la votación. Yo he votado en forma
afirmativa, pero después hemos visto lo que pasó. Por eso, mi voto es de
abstención.
Además, quiero
hacer una aclaración después del recuento de los votos.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Sapag.
Sra. Sapag.- Señor presidente: yo también quiero modificar mi voto por el de abstención.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Luis Alfredo Juez.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- No
habiéndose manifestado, se lo tendrá ausente en la votación.
Tiene la palabra el señor diputado Martín Medina para indicar el sentido de su voto.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- No
habiéndose manifestado, se lo tendrá ausente en la votación.
Tiene la palabra
la señora diputada Ocaña.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se la considerará ausente en la votación.
Señor diputado Patiño,
¿puede expresar el sentido de su voto?
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se lo considerará ausente en la votación.
Tiene la palabra el señor
diputado Quetglas.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se lo considerará ausente en la votación.
Tiene la palabra la señora
diputada Vigo.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se la considerará ausente en la votación.
Tiene la palabra la señora
diputada Reyes.
Sra. Reyes.- Señor presidente: solicito que mi voto se
registre como abstención.
Sr. Presidente (Massa).- Con la incorporación de los votos expresados a viva voz por los señores diputados, se procederá al recuento definitivo.
La Presidencia aclara que más allá de que en este momento vamos a leer el resultado de la votación, luego vamos a auditar la votación, remitiendo una copia a su bloque para que se quede tranquila sobre el sentido de su voto.
-
Finalizado
el proceso de la votación nominal:
-
Conforme
al tablero electrónico, sobre 236 señores diputados presentes, se han
registrado 131 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y 101 abstenciones.
Sr. Secretario (Cergnul).- Se han registrado 131 votos afirmativos, 3 por la negativa y 101 abstenciones.
Sr. Presidente (Massa).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Sarghini, por Buenos Aires.
Sr. Sarghini.- Señor presidente: me resulta complicado a explicar
por qué he tenido que cambiar el
sentido de mi voto, pero lo he hecho por la forma en que ustedes han planteado
la votación.
He sido sorprendido en mi
buena fe, como creo que han sido sorprendidos en su buena fe muchísimos
diputados. Incluso, entendí ‑me disculpo por haber entendido mal‑
que primero se iba a votar en general, porque lo que ha dicho el diputado
Pastori es absolutamente cierto y real. Es inconcebible que un proyecto que
contaba con unanimidad en el acompañamiento, con absoluto consenso, sin debate
por ninguna de las cosas que planteaba, sobre la hora, minutos antes de votar,
lo cambien, le realicen agregados ‑porque alguien del oficialismo lo
pidió‑ y no den lugar ni siquiera al análisis de las modificaciones.
Además, les quiero decir
que el diputado Heller se lo habrá escrito y se lo habrá comunicado
telefónicamente al diputado Pastori ‑le creo porque sé que es un hombre que
se mueve con la verdad‑, pero nosotros integramos un bloque que no ha
sido consultado; nadie nos dijo que iba a haber modificaciones. Esta es una
falta de respeto que no podemos permitir.
¿Tienen conciencia de lo
que están haciendo? ¿Tienen conciencia de que después de horas de debate y de
haber planteado un proyecto en el que había absoluto consenso y que nadie
discute en su aspecto general, cuando estamos al límite de votar, introducen
una modificación y, además, eligen a quiénes se lo comunican y a quién no?
¿Acaso creen que nosotros somos de palo? Estamos representando a alguien, somos
diputados que representamos a un sector de la sociedad y debemos ser
consultados. Podemos ponernos de acuerdo o no, pero de ninguna manera pueden
hacer lo que hicieron.
Yo no sé si tienen
conciencia de lo que están haciendo y lo están haciendo inclusive con proyectos
que tienen consenso. ¿Cómo pueden haber incorporado de esta manera, sobre el
final, minutos antes de la votación, una modificación y no habernos consultado
y haber sometido a votación el proyecto en general y en particular, sabiendo
que había una controversia y que habían incluido una modificación sobre la hora
en uno de los artículos.
Por favor, señor
presidente, reflexionen. No sé cómo decirles que estamos en una situación que
si algo necesita es fortalecimiento institucional. Hoy, que todos estamos
avergonzados por las cosas que pasaron, que estamos más obligados que nunca a
dar señales concretas de que los que trabajamos lo hacemos en serio, que tenemos
voluntad de fortalecer las instituciones, que tenemos voluntad de sesionar –más
allá de las dificultades propias de una reunión realizada en el marco de la
pandemia‑, no podemos ser llevados por delante de esta manera.
Por favor, reflexionen. Por
favor, actúen correctamente. Por favor, respeten las instituciones. Por favor,
hagan las cosas bien. Esto que han hecho es un bochorno ¿Cómo pueden incorporar
una modificación de esta manera sobre el final, minutos antes de la votación y
llevarnos puestos con una votación en general y en particular…
Sr. Heller.- Está entendido.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Massa).- Está en el uso de la palabra el
señor diputado Sarghini. Pido silencio.
Sr. Sarghini.- Realmente, están haciendo un manejo del
debate parlamentario que no se corresponde con el momento de tanta incertidumbre
que estamos viviendo. En realidad, si algo tendríamos que demostrar, es una
estatura acorde a los hechos.
Quiero decirle, señor
presidente, que la forma en la ha conducido la Cámara y la forma en la que se
ha comportado su bloque en esta votación es algo que repudiamos con todas
nuestras fuerzas.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor
diputado Amaya, por Tucumán.
Sra. Camaño.- Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Está en el uso de la palabra el
señor diputado Amaya.
Sra. Camaño.- Le pido la palabra o le solicito una
interrupción breve al señor diputado Amaya.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene el uso de la palabra el
señor diputado Amaya.
Sr. Amaya.- Señor presidente: había interpretado lo
que había propuesto el señor diputado Pastori, en el sentido de que íbamos a
votar afirmativamente en general y que luego no íbamos a apoyar el artículo 2°.
Por ese motivo, como creí que se estaba votando solo en general, mi voto fue
por la afirmativa. Por lo tanto, quiero cambiar el sentido de mi voto por una
abstención.
La verdad que a esta
altura, en la que ni siquiera estamos despiertos, no podemos analizar los
cambios que se propusieron. Por eso me
abstengo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora
diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: simplemente deseo
develar el error que han cometido.
Cuando hablan de paraíso fiscal, de cueva fiscal, etcétera, me gustaría saber sobre qué listado trabajan. No sé si saben que existen distintos listados, porque la propia definición es amplia.
Hay países como España, por ejemplo, que en algún listado aparece como paraíso fiscal, con lo cual la situación no resulta tan clara como para incluir lo que se ha resuelto a último momento.
Me gustaría saber entonces sobre qué base se fundamentan los diputados que han trabajado en este tema. Me parece que han cometido un error, y espero, honestamente, que lo resuelva el Senado cuando tenga que considerar el texto aprobado en esta Cámara.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Álvarez, por La Rioja.
- -Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Ávila, por Tucumán.
Sra. Ávila.- Señor presidente: a raíz de lo que han manifestado varios diputados que hicieron uso de la palabra, quiero modificar mi voto, que había sido afirmativo a través del VPN, por el de la abstención.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Massa).- Le pido a los señores diputados y diputadas que no hagan comentarios sobre la opinión que expresa cada uno de los legisladores.
Diputada Ávila: por Secretaría se tomará nota del sentido de su voto para computarlo correctamente en el resultado final de la votación.
Tiene la palabra el señor diputado Álvarez, por La Rioja.
Sr. Heller.- Le pido la palabra, presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Un momento, señor diputado; el diputado Álvarez, según me notificó el presidente del bloque del PRO, iba a hacer uso de la palabra.
- -Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Heller.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración que me parece imprescindible por algunas de las cosas que se han dicho y que he escuchado.
Consulté en su momento con el diputado Pastori, que es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo, ya que es integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El diputado Sarghini no integra la comisión, por eso no lo consulte con él. El diputado Sarghini sabe que lo consulto permanentemente sobre distintas cuestiones y también sabe que no tengo, no tuve ni tendré ninguna intención…
Sr. Sarghini.- Señor presidente: pido la palabra.
Sr. Presidente (Massa).- Señor diputado Sarghini: le pido que le permita al diputado Heller terminar con su exposición.
Sr. Heller.- Yo podría mostrarles que el diputado Pastori me ha hecho sugerencias de cambios que le hemos receptado pasadas las 12 de la noche. Es decir que hemos estado trabajando todo el tiempo para tratar de conciliar un texto entre todos.
Como dije antes, la diputada Vallejos me hizo una propuesta que, sinceramente, entendí que mejoraba la redacción, al igual que, en su momento, ha ocurrido con otras propuestas de distintos diputados y diputadas que consideramos que mejoraban, aclaraban y daban precisión.
De ninguna manera es mi intención ni la de nuestro bloque sorprender a nadie. Cuando la diputada Vallejos me hizo la propuesta, le escribí al diputado Pastori y le pedí una respuesta rápida; no tuve esa respuesta ‑es cierto que era poco tiempo‑, llegó el momento en que usted me pidió que lea cómo quedaba redactado el dictamen y actué como consideré que debía hacerlo: incorporé algo que, a mi juicio, estaba bien, no modificaba el sentido de lo que estábamos tratando y, en todo caso, agregaba una precisión en cuanto a los sujetos alcanzados, ya que de eso se trataba. Ese fue el motivo por el cual incorporé ese agregado al texto.
- 20 -
Sr. Presidente (Massa).- Disculpe que lo interrumpa, señor diputado Heller, pero quiero pedirles a todos los diputados y diputadas un segundo de atención.
Creo que el objetivo de esta iniciativa es dar una clara demostración de parte de este Parlamento respecto a que no se acepta que el Estado argentino ayude a empresas que evaden o eluden obligaciones con el fisco argentino, que el Estado argentino no da beneficios fiscales ni de carácter contributivo usando el patrimonio o los impuestos de aquellos argentinos que hacen el esfuerzo de pagar todos sus impuestos frente a aquellos que los eluden.
Entonces, quiero proponerle a usted, como miembro informante y presidente de la comisión, y al Cuerpo en general, que giremos el dictamen a comisión por una semana y que la semana próxima lo tratemos con un despacho que cuente con el consenso de todos los diputados y diputadas.
De ninguna manera quiero que sienta que no valoramos su trabajo. Dado lo que nos pasó en el día de hoy, creo que la hora y los detalles de este tipo de leyes requieren que todos tengamos la concentración correspondiente.
Si los bloques y las autoridades de los bloques están de acuerdo, los invito a que volvamos el proyecto a comisión y lo tratemos con o sin despacho la semana que viene.
Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.
Sr. Negri.- Estamos de acuerdo en que se trate con o sin despacho en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la diputada Moreau, por Buenos Aires.
Sra. Moreau.- Estamos de acuerdo en que se trate en la próxima sesión, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Ramón, por Mendoza.
Sr. Ramón.- También prestamos asentimiento en el mismo sentido.
Sr. Presidente (Massa).- En consideración la moción de reconsideración a efectos de que el proyecto contenido en el dictamen vuelva a comisión por el lapso de siete días, con el compromiso de tratarlo con o sin despacho.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
-
Resulta
afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Se procederá en la forma indicada.
El dictamen vuelve a comisión. Se tratará la semana que viene con o sin despacho en el recinto de esta Honorable Cámara.
- 21 -
Sr. Presidente (Massa).- Antes de pasar al tratamiento del último punto del plan de labor, producto de la bochornosa situación que nos tocó vivir como diputados y diputadas a todos los miembros de esta Cámara en el día de hoy, y entendiendo que a las 18 horas tomé la decisión en mi carácter de presidente del cuerpo de invitarlo a aplicar el artículo 188 de reglamento y hacer valer las facultades que prevé el artículo 66 de la Constitución, se dictó una resolución, que dice lo siguiente:
“La Cámara de Diputados resuelve, conforme el artículo 188 del Reglamento de la Honorable Cámara, suspender de manera inmediata al diputado Juan Ameri; conformar una comisión especial de cinco miembros para que, en el plazo máximo de 60 días, proponga la medida que el caso demande; y solicitar a los bloques políticos de esta Honorable Cámara la propuesta de diputados para la integración de la comisión mencionada.
“Dada en la sala de sesiones de Diputados de la Nación en Buenos Aires el 24 de septiembre de 2020”.
Esto fue alrededor de las 18 horas. Los bloques políticos incorporaron, aproximadamente a las 20 horas, los nombres de los integrantes de la comisión. Por ello, la Presidencia dictó una resolución que dice así:
“Visto lo resuelto por la Honorable Cámara en la sesión del día jueves 24 de septiembre de 2020; y
“Considerando:
“La facultad otorgada a esta Presidencia a fin de conformar la comisión integrada por los señores legisladores y legisladoras, conforme lo establece el artículo 188 del Reglamento de la Cámara.
“Que los distintos bloques políticos han elevado su propuesta con los nombres de los legisladores y las legisladoras para integrar la misma.
“Que esta Presidencia se encuentra reglamentariamente facultada para proceder a su constitución.
“Por ello,
“El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
“Resuelve:
“Designar a partir del día de la fecha a los señores diputados y diputadas nacionales doña Cecilia Moreau, doña María Cristina Álvarez Rodríguez, doña Silvia Gabriela Lospennato, don Miguel Ángel Bazze y doña Graciela Camaño, a fin de integrar la comisión especial creada a los efectos de evaluar la conducta del señor diputado Juan Ameri para las correspondientes sanciones durante el transcurso de la sesión que se estaba llevando a cabo el día jueves 24 de septiembre de 2020”.
Además, quiero comunicarles que, siendo las 0.30 del día de hoy, por nota 5.024-D.-20 ingresó a esta Honorable Cámara una comunicación que dice lo siguiente: “Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Sergio Massa.
“Ante el hecho de público conocimiento me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas ni al pueblo salteño que me eligió. Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie. Atentamente. Juan Emilio Ameri”.
Por lo tanto, corresponde ratificar la validez de la resolución de la comisión, tratar y aceptar la renuncia presentada por el diputado Juan Ameri.
Tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos Aires.
Sra. Lospennato.- Señor presidente: creo que estamos concluyendo un día que nos entristeció a todos. Ninguno de nosotros ni tampoco los habitantes de la Argentina mereció el bochorno al que nos sometió el diputado renunciante. Independientemente de la decisión que tome esta Cámara en los próximos minutos en relación a aceptar la renuncia del diputado, nosotros queremos manifestar que acordamos con el procedimiento que la Presidencia propuso en el día de la fecha. Creemos que es el procedimiento correcto.
Además, entendemos que los bloques políticos tienen que expedirse sobre la inconducta del diputado renunciante Ameri.
La Argentina está atravesando una situación que exige de nosotros la mayor sobriedad. Millones de argentinos están sufriendo y nosotros lo sabemos; millones perdieron el empleo y millones tienen temor a perderlo. Miles de pymes cerraron, otras están luchando y quieren de nosotros respuestas concretas. Estamos acá trabajando para encontrar esas respuestas. De hecho, hoy teníamos una sesión prevista con un altísimo nivel de acuerdo que había llevado muchas horas de debate para alcanzar los proyectos que creemos pueden ir acercando algunas de las soluciones para ir enfrentando esta crisis en la que estamos todos inmersos.
Por eso, en aras a la sobriedad, a la moderación y a la templanza que nos exige la hora, le solicito al señor presidente que la comisión ‑independientemente de que la renuncia sea aceptada‑ se expida sobre la inconducta del señor diputado como una señal de que esta Cámara no va a tolerar este tipo de conductas.
Además, debe quedar claro que mientras estamos realizando estas sesiones por este sistema que tiene presencialidad, y que a su vez incluye un recinto virtual a través de la cámara web de la que transmite, el decoro debe guardarse en todo ese espacio, es decir, en el espacio virtual y en el que habitamos en este recinto. Me parece que esa señal que todos los bloques acordamos tiene que quedar manifestada con una resolución de esa comisión. Tal vez no tenga los efectos de la expulsión que seguramente es lo que hubiera correspondido, pero tendrá los efectos de sentar un precedente para que estas inconductas no vuelvan a repetirse en este cuerpo.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Moreau, por Buenos Aires.
Sra. Moreau.- Señor presidente: vivimos un día con acontecimientos atípicos. Como Cámara hemos adoptado una decisión que estuvo a la altura de las circunstancias. Quiero felicitarlo por la celeridad con la que actuó para tomar esta decisión. También quiero reconocer a nuestra bancada, porque siendo un diputado perteneciente a nuestro bloque no dudamos un segundo en accionar ante un hecho que fue claramente de inconducta en este recinto. Es por eso que decidimos en consecuencia.
Todos sabemos que la dimisión presentada no hace más que dejar en abstracto cualquier otra sanción que esta Cámara establezca. Igual nos parece bien que la Cámara haga una declaración política como la que tuvo hoy, es decir, un gesto político de altura.
Por ello, desde nuestro bloque manifestamos la necesidad de proceder con la aceptación de la renuncia de Ameri y acompañar la declaración que la Cámara -a través de la comisión- ratifique en su momento.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor presidente: más allá de algunos comentarios insidiosos que circularon durante el día, creo que usted ha tenido hoy una conducta que no sé si nos gratificó pero que, de alguna manera, supo interpretar que estábamos en presencia de un gran escándalo.
Justamente chateaba con el diputado Martín Soria respecto a los grandes escándalos de la Cámara y le puedo asegurar que nunca viví algo como lo que sucedió en el día de hoy.
A mí me conmocionó muchísimo lo que pasó. Pensaba esta tarde que en estas bancas se sentaron personas como Oyhanarte, Hipólito Yrigoyen, José Mármol, Cafferata, Vélez Sarsfield, Nicolás Repetto, Luis Sáenz Peña, Bernardo de Irigoyen, José Hernández y Francisco “Perito” Moreno. Estoy mencionando a tantísimos prohombres de la historia de nuestra argentinidad. Esto algo que en lo personal me llena de compromiso con este recinto. Le puedo asegurar que vivir estos meses de pandemia desde la cámara de la computadora es lo peor que me ha pasado en mi vida. No tiene nada que ver trabajar de esta manera con la forma en que uno está acostumbrado a parlamentar. Para mí esto ha sido un suplicio.
En ese orden, le digo que es el escándalo más bochornoso que nos ha tocado vivir. Coincido con las apreciaciones que ha hecho la señora diputada Lospennato en el sentido de que nosotros no podemos simplemente aceptar una renuncia. Nosotros tenemos que hacer que esta cuestión, este hecho sucedido hoy, nos convoque a una introspección respecto a una suerte de código ético, porque debemos tener un comportamiento acorde con la sociedad en esta nueva realidad que tenemos de trabajar por las redes. Hasta acá resultaban graciosas algunas circunstancias. Pero, honestamente, cuando uno advierte en qué contexto a veces se hacen algunas gracias o nos descuidamos, nos tenemos que interpelar. Nosotros no podemos bajo ningún punto de vista decir que esto se resolvió por una renuncia. Creo que la obligación de todos los que vamos a continuar ocupando estos cargos tiene que ser la de una interpelación profunda que nos lleve a ser mejores, que nos lleve a que la sociedad no nos siga mirando de la manera en que hoy nos ha visto. Más allá de que ha sido una actitud individual, este hecho nos mancha como cuerpo colegiado.
Nosotros somos un cuerpo colegiado, y lo que haga uno, aunque no nos guste, sí, también conforma un prejuicio o una opinión por parte de la sociedad. Nosotros debemos tener la grandeza y la capacidad de aceptar y corregir estas cosas.
Señor presidente: en lo que a mí respecta, además de agradecerle a mi bloque por esta responsabilidad, me comprometo a trabajar intensamente para que todos quienes hoy nos hemos sentido tan abochornados podamos expresarnos en la decisión que tomemos.
No podemos seguir pensando solamente en nosotros, siendo tan egocéntricos y mirándonos el ombligo todo el tiempo. Es demasiado el sufrimiento que está padeciendo nuestra gente; sabemos de los distintos reclamos. Pero, reitero, es demasiado el sufrimiento como para que nosotros dejemos pasar este tipo de cuestiones.
Comparto el hecho de que, más allá de la renuncia -que obviamente debe ser aceptada-, tenemos que desarrollar una tarea que nos permita trabajar en las redes de manera digna.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente: quisiera pronunciar unas pocas palabras, tomando en cuenta lo manifestado por la señora diputada preopinante y por la señora diputada Lospennato.
Con toda franqueza, a esta altura del debate quiero decir que esta cuestión no ha sido sencilla para los legisladores en general. Supongo que no lo ha sido para quienes integran el bloque oficialista, como tampoco lo ha sido para los miembros de este bloque. En realidad, la proporcionalidad de la medida en relación con el agravio que se le ha proferido a la institución parlamentaria, sigue el camino que nosotros pensábamos, que era el del sentido lógico.
Como usted bien leyó, la constitución de una comisión en forma inmediata tiene como finalidad que la persona sea citada para ejercer su derecho de defensa a la brevedad, y no en sesenta días, con la intención de que lo antes posible se aplicara la máxima sanción frente a la evidencia de lo sucedido. Esto significaba la expulsión -no sé si ese es el término correcto-, o su exoneración del cargo.
Obviamente, sabemos que se producen daños colaterales sobre toda la institución. Hemos evaluado las opiniones, y estas no han sido uniformes. Pero en definitiva, con toda sinceridad, tenemos muchas expectativas en relación con la declaración que emita la comisión, que será posterior a la aceptación de la renuncia.
Cabe señalar que esto lo decidimos el mismo día en que ocurrieron los hechos; ya estamos en el día siguiente, y no hemos parado de sesionar. Es decir que hay gente que se fue a dormir sin saber lo que está pasando a esta hora, pero que reaccionó en redes y por distintos canales ante lo sucedido.
Por lo tanto, tenemos mucha expectativa en cuanto a la declaración de la comisión. Esperamos que sea contundente, ya que la presentación de la renuncia por parte del diputado Ameri impidió que la sanción tuviese la misma proporción que considerábamos, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos.
Por supuesto, entendemos que debemos aceptar la renuncia. Aquí no se trata de una pelea, de si lo demoramos dos días más o dos días menos. Pero a la declaración le adjudico una importancia muy trascendente, no por la persona que progagonizó el hecho, sino de cara a la sociedad, para que sepa que nosotros no estamos alivianando la carga, sino que resolvemos rápidamente un problema.
Que se entienda bien esto: no es que a la madrugada alivianamos la carga, sino que tratamos de recobrar el prestigio que en alguna medida fue dañado por una inconducta de un colega dentro de este recinto.
Sr. Presidente (Massa).- En consideración la creación de la comisión de acuerdo con las facultades delegadas por el artículo 188 del reglamento interno de la Honorable Cámara, para que se expida respecto de la conducta del diputado renunciante, Juan Emilio Ameri.
Se va a votar.
- -Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Massa).- Queda aprobada la creación de la comisión.
En consideración la renuncia presentada por el señor diputado Juan Emilio Ameri, por el distrito electoral de Salta, como integrante de este cuerpo, en el marco del artículo 188 del reglamento interno de la Honorable Cámara.
Sra. Moreau.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Moreau, por Buenos Aires.
Sra. Moreau.- Señor presidente: solicito que la votación de la renuncia se practique en forma nominal.
Sr. Presidente (Massa).- Se va a votar en forma nominal la renuncia presentada por el diputado Juan Emilio Ameri como integrante de este cuerpo.
-
Mientras se practica la
votación nominal:
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Sr. Presidente (Massa).-
A continuación la presidencia va a solicitar a los señores diputados que
figuran presentes pero que no han votado, que manifiestan de viva voz el
sentido de su voto.
Tiene
la palabra la señora diputada Brambilla.
Sra. Brambilla.- Mi voto
es por la afirmativa, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).-
Tiene la palabra el señor diputado Bucca.
- - Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se lo considerará ausente en la votación.
Quiero
recordar a los señores diputados y a las señoras diputadas que cuando abandonen
el recinto hagan el “deslogueo”, porque hacen perder un tiempo precioso a los
diputados que se quedaron trabajando.
Tiene
la palabra la señora diputada Corpacci.
Sra. Corpacci.- Mi voto
es por la afirmativa, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).-
Tiene la palabra la señora diputada Gaillard.
Sra. Gaillard.- Mi voto
es por la afirmativa, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).-
Tiene la palabra el señor diputado Hein.
- - Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se lo considerará ausente en la votación.
Tiene
la palabra la señora diputada Macha.
Sra. Macha.- Mi voto
es por la afirmativa, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).-
Tiene la palabra el señor diputado Martiarena.
- - Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se lo considerará ausente en la votación.
Tiene
la palabra el señor diputado Medina.
- - Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se lo considerará ausente en la votación.
Tiene
la palabra el señor diputado Mestre.
- - Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se lo considerará ausente en la votación.
Tiene
la palabra el señor diputado Moreau.
- - Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se lo considerará ausente en la votación.
Tiene
la palabra el señor diputado Moyano.
Sr. Moyano.- Mi voto
es por la afirmativa, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).-
Tiene la palabra el señor diputado Nanni.
Sr. Nanni.- Mi voto
es por la afirmativa, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).-
Tiene la palabra la señora diputada Navarro.
Sra. Navarro.- Mi voto
es por la afirmativa, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).-
Tiene la palabra la señora diputada Ocaña.
- - Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se la considerará ausente en la votación.
Tiene
la palabra el señor diputado Patiño.
- - Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se lo considerará ausente en la votación.
Tiene
la palabra el señor diputado Quetglas.
- - Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se lo considerará ausente en la votación.
Me
informan que la señora diputada Ocaña ha tenido problemas de conectividad
durante la sesión.
Sr. Presidente (Massa).-
Tiene la palabra el señor diputado Torello.
Sr. Torello.- Mi voto
es por la afirmativa, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).-
Tiene la palabra el señor diputado Vázquez.
- - Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se lo considerará ausente en la votación.
Tiene
la palabra la señora diputada Vigo.
- - Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se la considerará ausente en la votación.
Tiene
la palabra el señor diputado Wolff.
- - Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se lo considerará ausente en la votación.
Acaban
de informarme que el señor diputado Wolff ha tenido toda la noche problemas de
conectividad.
Sr. Presidente (Massa).-
Tiene la palabra la señora diputada Zuvic.
- - Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Massa).-
No habiéndose manifestado, se la considerará ausente en la votación.
¿Hay
alguno de los señores diputados mencionados que quiera manifestarse?
Sra. Delu.- Señor
presidente: quiero confirmar si se emitió mi voto, porque se interrumpió la
señal en el momento en que estaba haciéndolo. Mi voto ha sido por la
afirmativa, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).-
Señora diputada Delu: queda registrado el sentido de su voto afirmativo.
Sr. Campos.- Señor
presidente: en el mismo sentido, señor presidente. Mi voto es afirmativo. También
tuve problemas de conexión.
Sr. Presidente (Massa).-
Señor diputado Campos: se registra su voto por la afirmativa.
Sra. Ocaña.- Voto
afirmativamente, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).-
Gracias, señora diputada.
Sr. Ruiz Aragón.- Mi voto
es por la afirmativa, señor presidente.
Sr. Presidente (Massa).-
Gracias, señor diputado Ruiz Aragón.
Con
la incorporación de los votos expresados a viva voz por los señores diputados,
se procederá al recuento definitivo.
Por
Secretaría se dará lectura del resultado de la votación nominal sobre la
aceptación de la renuncia del señor diputado Juan Emilio Ameri.
- Finalizada la votación nominal, conforme al tablero electrónico, sobre 241 señores diputados presentes, 224 han votado por la afirmativa, 1 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones.
Sr. Secretario (Cergnul).- Se registraron 224 votos por la afirmativa, 1
por la negativa y 3 abstenciones.[5]
Sr. Presidente (Massa).-
Queda aceptada la renuncia solicitada. En consecuencia, el señor diputado Juan
Emilio Ameri ha dejado de pertenecer a este cuerpo.
Tiene
la palabra la señora diputada Moreau.
Sra.
Moreau.- Señor presidente: en función de lo avanzado de la hora y atento a que hemos
recibido algunas sugerencias de modificación de este proyecto que cuenta con dictamen
de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Legislación General,
quisiera saber si hay asentimiento de los bloques para poder discutir en la
próxima sesión, en general y en particular, las modificaciones que se proponen.
Asimismo, quiero felicitar al
diputado Yedlin y a la diputada Polledo por el trabajo que han realizado. Se
trata de un tema trascendental porque termina regulando la actividad de miles y
miles de fonoaudiólogos a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
Sr.
Presidente
(Massa).- Tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos Aires.
Sra.
Lospennato.- Señor presidente: estamos
de acuerdo con que este tema sea tratado en la próxima sesión.
Sr.
Presidente (Massa).- La Presidencia informa que en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria y en el pleno de hoy se ha acordado que algunos
asuntos quedaran para tratar, con o sin despacho de comisión, en la próxima
sesión. Me refiero al proyecto de ley relacionado con cítricos, venido en revisión
del Senado; el proyecto de ley sobre el ejercicio profesional de la
fonoaudiología, que cuenta con dictamen unánime de la Comisión de Asistencia
Social y Salud Pública, y la ratificación del convenio de la OIT.
Entonces,
para que quede claro: en la próxima sesión se tratarán, con o sin despacho de
comisión, de acuerdo con lo consensuado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
y en el recinto, los siguientes temas: el proyecto de ley de prohibición de ayuda
económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada
evasión fiscal, el proyecto de ley sobre cítricos, el que regula el ejercicio
profesional de la fonoaudiología y la ratificación del convenio de la OIT.
La Presidencia solicita el asentimiento
de la Honorable Cámara para realizar las inserciones solicitadas por los
señores y las señoras diputadas.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Massa).- Quiero agradecer a los señores presidentes de los bloques de
las distintas fuerzas políticas, muy en especial al del nuestro ‑porque
fue muy difícil la decisión que debimos tomar‑ por el acompañamiento en
el día de hoy para aplicar el artículo 188 del Reglamento y llevar adelante
esta sesión.
Habiéndose
cumplido el objeto para el que fuera convocada, queda levantada la sesión
especial.
- Es la
hora 3 y 43 del día 25 de septiembre.
[1] Véase el Acta N° de votación nominal en el Apéndice. (Pág. )
[2] Véase el texto de la
sanción en el Apéndice. (Pág. )
[3] Véase el Acta N° de votación nominal
en el Apéndice. (Pág. )
[4] Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág )
[5] Véase el Acta N° de
votación nominal en el Apéndice. (Pág.
)