Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de PEREZ PARDO, Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

1. Pase de lista.
2. Izamiento de la bandera nacional.
3. Asuntos entrados. Resolución respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento inmediato del cuerpo.
4. Licencias para faltar a las sesiones de la Honorable Cámara.
5. Plan de labor de la Honorable Cámara.
6. Mociones de preferencia y de tratamiento sobre tablas y peticiones de homenaje.
1. Homenaje al ex señor diputado Néstor Jorge Muriel.
2. Moción del señor diputado Estrada de preferencia para los proyectos de resolución de los que es coautor por los que se solicita al Poder Ejecutivo la ampliación, a diversas localidades de la provincia de Salta, del sistema de precios diferenciados sobre transferencias de combustibles líquidos destinados a consumo en zonas de frontera, y de los beneficios del régimen simplificado de exportaciones por aduanas de frontera,(197 y 198-D.-98). Se aprueba.
3. Moción del señor diputado Polino de que se trate sobre tablas el proyecto de ley del que es coautor por el que se derogan los aumentos previstos en el decreto 92/97, de reestructuración de tarifas telefónicas, y se ratifican las rebajas en la estructura tarifaria telefónica (7.785-D.-96). Es rechazada.
4. Mociones del señor diputado Camaño de que se traten sobre tablas los asuntos a los que se refieren los números 7 y 8 de este sumario. Se aprueban.
7. Consideración del proyecto de resolución del señor diputado Camaño y otros por el que se modifica el artículo 61 del Reglamento de la Honorable Cámara ampliándose el número de integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (3.170-D.-98). Se sanciona.
8. Consideración del proyecto de resolución del señor diputado Camaño y otros por el que se amplía el número de integrantes de la Comisión Especial de Análisis del Sistema de Concesionamiento del Peaje y Estudio del Financiamiento de Obras Viales (3.171-D.-98). Se sanciona.
9. Asuntos cuya votación conjunta dispuso la Honorable Cámara.
1. Dictamen de las comisiones de Legislación General, de Agricultura y Ganadería y de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se transfiere sin cargo a la provincia de Misiones el dominio de 6.900 hectáreas ubicadas en el campo Iguazú (10-S.-98). Se sanciona definitivamente (ley 24.962).
2. Dictamen de las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores diputados Pichetto y Ocampos por el que se crea una aduana en la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro (1.640-D.-97).
3. Proyecto de ley sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se aprueba la Cuenta de Inversión presentada por el Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio 1993 (121-S.-97). Se sanciona definitivamente (Ley 24.963).
4. Dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley del señor diputado Villalba por el que se modifica el artículo 48 de la ley 18.345, de procedimiento laboral de la Capital Federal (386-D.-98).
5. Dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley del señor diputado Villalba por el que se modifica el artículo 60 de la ley 24.635, de Conciliación Laboral Obligatoria (390-D.-98).
6. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación y Coordinación en Materia de Sanidad y Cuarentena Vegetal entre la República Argentina y la República de Panamá (186-S.-97). Se sanciona definitivamente (Ley 24.964).
7. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de ley en revisión por el que se declara lugar histórico nacional a la "Casa de Rosas", ubicada en San Andrés, provincia de Buenos Aires (110-S.-97). Se sanciona definitivamente (Ley 24.965).
8. Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se instituye el 31 de agosto como Día de la Fragata "Presidente Sarmiento" (126-S.-97). Se sanciona definitivamente (Ley 24.966).
9. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de ley de la señora diputada Melogno por el que se instituye como lugar histórico nacional a la localidad de José de San Martín, provincia del Chubut (14-D.-98).
10. Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley de la señora diputada Pereyra de Montenegro y otros por el que se modifican los artículos 4.015 y 4.016 del Código Civil, sobre prescripción adquisitiva (1.548-D.-97).
11. Dictamen de la Comisión de Legislación General en las enmiendas introducidas por el H. Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre creación de una comisión bicameral para la elaboración del digesto de las leyes nacionales vigentes (3.015-D.-95 y 3.060-D.-95).
12. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Drogadicción en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio sobre Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, entre la República Argentina y la República de Panamá (215-S.-97). Se sanciona definitivamente (ley 24.968).
13. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República del Paraguay para la Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Nacional del Paraguay (171-S.-97). Se sanciona definitivamente (ley 24.969).
14. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República del Paraguay para la Cooperación entre la Prefectura Naval Argentina y la Prefectura Naval del Paraguay (9-S.-98). Se sanciona definitivamente (ley 24.970).
15. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba al Convenio entre la República Argentina y la República de Panamá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (250-S.-97). Se sanciona definitivamente (ley 24.971).
16. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (212-S.-97). Se sanciona definitivamente (ley 24.972).
17. Dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Legislación Penal en el proyecto de ley en revisión por el que se condecora a los miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales que resultaron muertos o heridos en los hechos de violencia de Semana Santa de 1987, de Monte Caseros de enero de 1988, de Villa Martelli de diciembre de 1988, de La Tablada de enero de 1989 y del 3 de diciembre de 1990 (187-S.-96). Se sanciona definitivamente (ley 24.973).
18. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo sobre Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y otros Artefactos Bélicos, anexo a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, y el Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras (Protocolo IV) (112-S.-97). Se sanciona definitivamente (ley 24.974).
19. Dictamen de la Comisión de Cultura en las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se declara lugar histórico nacional al monumento que perpetúa la memoria del cacique Casimiro Biguá, en el municipio de José de San Martín, provincia del Chubut (6.533-D.-96). Se sanciona definitivamente (ley 24.975).
20. Dictamen de la Comisión de Cultura en las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se declara monumento histórico nacional al edificio ubicado en la Ciudad Estudiantil, actual Sede del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, en la ciudad de Buenos Aires (714-D.-97). Se sanciona definitivamente (ley 24.976).
21. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas adoptadas respecto de los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de la Administración Nacional de Seguridad Social (170-S.-96).
22. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se declara la necesidad de que la Universidad de Buenos Aires adecue los aspectos orgánicos y funcionales observados por la Auditoría General de la Nación (169-S.-96).
23. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se declara la necesidad de que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados adecue los procedimientos observados por la Auditoría General de la Nación (173-S.-96).
24. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se declara la necesidad de que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires adecue los estados contables a la normativa técnico-legal vigente (175-S.-96).
25. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas adoptadas en el ámbito del Banco de la Nación Argentina a fin de ajustar las contrataciones sobre informatización a la normativa legal, técnico-contable y de gestión aplicable (176-S.-96).
26. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de adecuar las tareas del Enargas a lo previsto por la normativa de aplicación (244-S.-96).
27. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de adecuar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en el sistema de generación de subsidios en el ámbito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (248-S.-96).
28. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de adecuar los aspectos orgánicos y funcionales de la Universidad de Buenos Aires, observados por la Auditoría General de la Nación, a lo previsto por la normativa legal, técnico-contable y de gestión (166-S.-96).
29. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de adecuar los aspectos orgánicos y funcionales de la Universidad de Buenos Aires, observados por la Auditoría General de la Nación, a lo previsto por la normativa legal, técnico-contable y de gestión (167-S.-96).
30. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de adecuar los aspectos orgánicos y funcionales de la Universidad de Buenos Aires, observados por la Auditoría General de la Nación, a lo previsto por la normativa legal, técnico-contable y de gestión (168-S.-96).
31. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración por el que se manifiesta la necesidad de que los procedimientos de ajustes del régimen tarifario de las rutas nacionales por peaje se ajusten a lo establecido en la norma legal (252-S.-97).
32. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de que se adecuen los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en el Poder Judicial, a lo previsto por la correspondiente normativa legal, técnico-contable y de gestión (256-S.-97).
33. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de que los procedimientos en el ámbito de la empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires se ajusten a lo previsto en la normativa legal, técnico-contable y de gestión aplicables (257-S.-97).
34. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de adecuar los procedimientos de ejecución de obras en jurisdicción de la Dirección Nacional de Aduanas, a lo previsto por la normativa legal, técnico-contable y de gestión correspondiente (258-S.-97).
35. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de disponer lo conducente a que la registración y archivo de las constancias relativas a las transacciones realizadas con financiación proveniente de los organismos internacionales de crédito, se realice de modo de asegurar la vigencia de las normas de control interno (259-S.-97).
36. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de ajustar el accionar del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria a las normativas técnico-contables y legales vigentes (260-S.-97).
37. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de ajustar las tareas de control sobre la empresa Aguas Argentinas S.A. del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, a lo previsto por la normativa de aplicación (261-S.-97).
38. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de adecuar los controles aplicados por la Dirección Nacional de Control de Servicios Agropecuarios respecto de las condiciones de seguridad del elevador del puerto de Buenos Aires, al cumplimiento de la normativa vigente (262-S.-97).
39. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de que se adecuen los aspectos observados por la Auditoría General de la nación en el ámbito de la Administración de Parques Nacionales, a lo previsto por la normativa legal, técnico-contable y de gestión (263-D.-97).
40. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de que se adecuen los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a lo previsto en la normativa legal, administrativa y técnico-contable (264-S.-97).
41. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de que el Poder Ejecutivo disponga las actuaciones sumariales tendientes a determinar las responsabilidades correspondientes al perjuicio patrimonial detectado por la Auditoría General de la Nación en relación con la consolidación de la deuda de OSECAC al Sanatorio Güemes por intereses moratorios (265-S.-97).
42. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de ajustar las tareas de control del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (266-S.-97).
43. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de que el Poder Ejecutivo informe las causas justificantes de las contrataciones directas, observadas por la Auditoría General de la Nación, en el ámbito de la Lotería Nacional Sociedad del Estado (267-S.-98).
44. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de adecuar los procedimientos observados por la Auditoría General de la Nación en el ámbito del ente liquidador del Banco Nacional de Desarrollo, a lo previsto por la normativa legal, técnico-contable y de gestión correspondiente (268-S.-97).
45. Proyecto de resolución sancionado por el Honorable Senado, fundado en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se manifiesta la necesidad de adecuar las operaciones de crédito público del Consejo Federal de Agua Potable (169-S.-97).
46. Dictamen de la Comisión de Justicia en el proyecto de declaración del señor diputado Cruchaga y otros por el que se solicita declarar de interés parlamentario la reunión anual del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (395-D.-98).
47. Dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de resolución de la señora diputada Pando y del señor diputado Díaz Colodrero por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre los parámetros de distribución de los fondos asignados para el programa Trabajar II (183-D.-98).
48. Dictamen de la Comisión de Población y Recursos Humanos en el proyecto de resolución del señor diputado Fernández (A.M.) por el que se declara de interés legislativo la jornada de publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos "síntesis de su producción estadística" (17-D.-9).
49. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones e Informática en el proyecto de resolución del señor diputado Corchuelo Blasco por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga instalar moderna tecnología en Sistemas de Comunicaciones de Larga Distancia (SSPLD) (62-D.-98). Se sanciona como declaración.
50. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones e Informática en el proyecto de resolución del señor diputado Herrera por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la instalación del servicio telefónico en localidades de la provincia de Tucumán (367-D.-98). Se sanciona como declaración.
51. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones e Informática en el proyecto de declaración del señor diputado Fernández (A.M.) por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga promover en los medios de comunicación la información sobre el interior del país (370-D.-98).
52. Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales en el proyecto de resolución del señor diputado Pascual y otros por el que se declaran de interés parlamentario las "Jornadas Buenos Aires sin Fronteras", "Construyendo Ciudadanía", "I Encuentro Rioplatense de Jefes de Gobierno Locales" y "Ciudades y Municipios sin Fronteras" (512-D.-98).
53. Dictamen de la Comisión de Turismo en el proyecto de resolución de la señora diputada Granados por el que se declara de interés parlamentario la Primera Exposición para la Producción, el Comercio, la Industria y el Turismo (83-D.-98).
54. Dictamen de la Comisión de Turismo en el proyecto de resolución de la señora diputada Granados por el que se declara de interés parlamentario la Tercera Edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT ’98) (84-D.-98).
55. Dictamen de la Comisión de Población y Recursos Humanos en el proyecto de resolución de la señora diputada Méndez de Medina Lareu por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga establecer la dependencia del Centro Integrado de Frontera (CIF) (424-D.-98).
56. Dictamen de la Comisión de Población y Recursos Humanos en el proyecto de resolución del señor diputado Villalba y otros por el que se declara de interés nacional y parlamentario las actividades que realiza el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen para conmemorar la Semana de los Pueblos Indígenas (704-D.-98).
57. Dictamen de la Comisión de Juicio Político en los pedidos de promoción de causa formulados contra el titular del Juzgado Federal de San Rafael, provincia de Mendoza, doctor Héctor Acosta (439-O.V.-96 y 154-O.V.-97).
58. Dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de resolución de la señora diputada Méndez de Medina Lareu por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés nacional la realización de actividades organizadas en relación con la Olimpiada Matemática Argentina de 1998 (123-D.-98). Se sanciona como declaración.
59. Dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de resolución del señor diputado Pascual por el que se declara de interés parlamentario el 80° aniversario de la Reforma Universitaria (699-D.-98).
60. Dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de declaración del señor diputado Pérez por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga gestionar ante los gobiernos provinciales el cambio de nombre de la "Semana del Discapacitado" del calendario escolar por la denominación "Semana de la Integración" (736-D.-97).
61. Dictamen de las comisiones de Población y Recursos Humanos y de Legislación del Trabajo en el proyecto de resolución del señor diputado Polino y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre el estado de aplicación de la ley 23.302, de Protección a los Indígenas y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (349-D.-98).
62. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones e Informática en el proyecto de resolución del señor diputado Vensentini y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga incluir en la edición de las guías telefónicas el organismo de control junto a cada servicio público y/o actividad de interés general (633-D.-98). Se sanciona como declaración.
63. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones e Informática en el proyecto de resolución del señor diputado Santander por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la instalación de un servicio semipúblico de larga distancia en las localidades rurales de la provincia de La Rioja. (745-D.-98) Se sanciona como declaración.
64. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones e Informática en el proyecto de declaración del señor diputado Avila por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la instalación de sistemas semipúblicos de larga distancia en localidades de la provincia de Santiago del Estero. (892-D.-98)
65. Dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Comunicaciones e Informática en los proyectos de declaración y de resolución del señor diputado Rivas y otros (302 y 303-D.-98) por los que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre el proyectado despido de personal por parte de Telecom S.A. y Telefónica de Argentina S.A. Se sanciona un proyecto de resolución.
66. Dictamen de la Comisión de Industria en el proyecto de declaración del señor diputado Villalba y otros por el que se declara de interés nacional y legislativo el Centro de Innovación Tecnológica de Avellaneda (217-D.-98). Se sanciona un proyecto de resolución y otro de declaración.
67. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de los señores diputados Maurette (122-D.-98), Camaño (G.) (200-D.-98) y Quinzio (268-D.-98) por los que se expresa pesar por el fallecimiento del cardenal Antonio Quarracino. Se sanciona un proyecto de resolución y otro de declaración.
68. Dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de resolución del señor diputado Veramendi por el que se expresa beneplácito por la decisión del presidente de River Plate, David Pintado, de negar entradas "de favor" a la "barrabrava" de esta institución (157-D.-98). Se sanciona un proyecto de resolución y otro de declaración.
69. Dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de resolución de la señora diputada Cardoso por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre las inversiones previstas por parte de la empresa adjudicataria Ferroexpreso Pampeano S.A. (298-D.-98).
70. Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el proyecto de resolución del señor diputado Zacarías por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de las normas tendientes a evitar la deforestación de los bosques de algarrobo en la provincia de Entre Ríos (160-D.-98).
71. Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el proyecto de declaración del señor diputado Giles y otros por el que se declaran de interés parlamentario las "Jornadas Internacionales sobre Sustentabilidad, Biodiversidad, Educación y Economía -Patagonia Vida y Futuro- (301-D.-98). Se sanciona como resolución.
72. Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el proyecto de resolución de la señora diputada Lissi y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre el otorgamiento de la habilitación a la planta de tratamiento de residuos tóxicos de la empresa Ingeniería de Montajes, ubicada en San Lorenzo, provincia de Santa Fe (627-D.-98).
73. Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el proyecto de resolución del señor diputado Lafferiere por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre el Parque Nacional "El Palmar", de Colón, provincia de Entre Ríos (833-D.-98).
74. Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el proyecto de resolución de la señora diputada Ceballos de Marín por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la contaminación de las napas subterráneas localizadas en la zona sur de la capital de la provincia de Salta (1024-D.-98). Se sanciona como declaración.
75. Dictamen de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad en el proyecto de declaración de las señoras diputadas Conti y otros (169-D.-98) y Roy (533-D.-98) por los que se declara de interés parlamentario el "Primer Encuentro de Mujeres hacia el Tercer Milenio".
76. Dictamen de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad en el proyecto de declaración de la señora diputada González de Duhalde por el que se adhiere al Día Internacional de la Mujer (19-D.-98).
77. Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales en el proyecto de declaración del señor diputado Pepe por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga gestionar ante el Honorable Concejo Deliberante de Tandil, provincia de Buenos Aires, la sanción de una ordenanza para designar con el nombre de Juan Carlos Pugliese a una arteria, plaza o paseo de esa ciudad (136-D.-98).
78. Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales en el proyecto de resolución del señor diputado Speratti y otros por el que se auspicia la Primera Jornada Legislativa de Reforma Municipal: Autonomía, Federalismo y Descentralización (1356-D.-98).
79. Dictamen de las comisiones de Población y Recursos Humanos y de Familia, Mujer y Minoridad en el proyecto de declaración de la señora diputada Chaya y otros por el que se declara de interés parlamentario el XI Programa Anual de Capacitación de Recursos Humanos en Prevención Integral (248-D.-98). Se sanciona como resolución.
80. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración de la señora diputada García de Cano y otros por el que se declara patrimonio cultural e histórico al Instituto "Osvaldo Magnasco" de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos (58-D.-98).
81. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución del señor diputado Olima y otros por el que se declara de interés parlamentario la Muestra Itinerante de Cine Argentino organizada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (994-D.-98).
82. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución del señor diputado Piriz por el que felicita a la Biblioteca Braille, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires, con motivo de cumplirse el 51° aniversario de su fundación. (40-D.-98).
83. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración de la señora diputada Roy y otros por el que se declara de interés parlamentario el evento y homenaje a Niní Marshall a realizarse en Capital Federal (921-D.-98). Se sanciona como resolución.
84. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración de la señora diputada Tulio por el que se expresa beneplácito por la puesta en marcha del "Proyecto Lorca" en Pergamino, provincia de Buenos Aires (238-D.-98). Se sanciona como resolución.
85. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración del señor diputado Maqueda por el que se declara de interés parlamentario la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales, organizada por la UNESCO (1.145-D.-98). Se sanciona como resolución.
86. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones e Informática en el proyecto de declaración de la señora diputada Tulio por el que se expresa beneplácito por los 25 años de la inauguración de LT 35 Radio Mon de Pergamino, provincia de Buenos Aires (792-D.-98).
87. Dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Comunicaciones e Informática en el proyecto de resolución de la señora diputada Camaño por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la existenciaa de una política de reducción de personal por parte de Telecom Argentina S.A. y de Telefónica de Argentina S.A.(835-D.-98).
88. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución del señor diputado Acevedo y otros por el que se declara de interés legislativo el Festival Nacional del Trabajador Patagónico (1.101-D.-98). Se sanciona un proyecto de resolución y otro de declaración.
89. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en los proyectos de declaración de los señores diputados Quinzio (119-D.-98) y Estévez Boero y otros (1.288-D.-98) por los que se expresa satisfacción por la gestión del secretario general de las Naciones Unidas ante el gobierno de Irak para evitar el conflicto en la región del Golfo Pérsico.
90. Dictamen de las comisiones de Turismo y de Economías y Desarrollo Regional en los proyectos de resolución de los señores diputados Piriz (433-D.-98) y Melogno y otros (528-D.-98) por los que se declara de interés parlamentario la realización de Patagonia Total - Exposición Turística Internacional de Integración Regional.
91. Dictamen de las comisiones de Legislación General, de Familia, Mujer y Minoridad y de Población y Recursos Humanos en el proyecto de resolución de la señora diputada Fernández Meijide y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la reglamentación de la ley 24.540, de régimen de inscripción e identificación de recién nacidos (54-D.-98).
92. Dictamen de las comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor diputado Aubía y otros por el que se declaran de interés parlamentario las "Jornadas Nacionales de Ciencia y Etica" (202-D.-98).
93. Dictamen de la Comisión de Legislación Penal en el proyecto de resolución del señor diputado Estrada y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la cancelación de la deuda del Estado nacional tiene con la provincia de Salta respecto de los presos federales alojados en establecimientos carcelarios provinciales (1.009-D.-98).
94. Dictamen de la Comisión de Población y Recursos Humanos en el proyecto de resolución de la señora diputada Melogno y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la situación del pueblo de Bahía Creek, provincia de Río Negro (1.611-D.-98).
95. Dictamen de la Comisión de Industria en el proyecto de resolución de los señores diputados Martínez Garbino y Zacarías (1.515-D.-98) y en el de declaración del señor diputado Bulacio y otros (1.583-D.-98) por los que se declara de interés legislativo la nueva edición de la Exposición Internacional de la Máquina-Herramiento-EMAQH ’98. Se sanciona un proyecto de resolución y otro de declaración.
96. Dictamen de la Comisión de Finanzas en el proyecto de resolución del señor diputado Piriz por el que se declara de interés parlamentario la Convención Nacional de Bancos 98 (42-D.-98).
97. Dictamen de la Comisión de Finanzas en el proyecto de resolución del señor diputado Piriz por el que se declaran de interés parlamentario las IX Jornadas Bancarias de la República Argentina (41-D.-98).
98. Dictamen de la Comisión de Economía en el proyecto de declaración del señor diputado Piriz por el que se expresa beneplácito por la creación del Polo Tecnológico Constituyente (110-D.-98).
99. Dictamen de la Comisión de Economía en el proyecto de declaración del señor diputado Estrada por el que se declara de interés parlamentario las Jornadas Internacionales de Intercambio y Actualización de PYMES (823-D.-98).
100. Dictamen de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios en el proyecto de declaración de la señora diputada Pereyra de Montenegro y otros por el que se expresa reconocimiento a las empresas Nuestra Señora del Rosario y Transporte Fluvial Zamberlan Gambiu por su inversión de riesgo en la construcción de la balsa "Rainha do Mauá" (1.471-D.-98).
101. Dictamen de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional en el proyecto de resolución del señor diputado Avila por el que se declara de interés legislativo la elaboración de queso de cabra en las provincias de Santiago del Estero y Salta (1.306-D.-98).
102. Dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de resolución del señor diputado Estévez Boero y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre los accidentes ocurridos desde el comienzo de la aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo (1.289-D.-98).
103. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de declaración de los señores diputados Abella y Negri por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la instalación de una delegación de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales en Río IV, provincia de Córdoba (61-D.-98).
104. Dictamen de las comisiones de Población y Recursos Humanos y de Legislación del Trabajo en los proyectos de resolución de los señores diputados Ceballos de Marín (1.023-D.-98), Atanasof (1.253-D.-98) y Cafiero (J.P.) y otros (1.343-D.-98), por los que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre las denuncias de la Organización Mapuche Tehuelche "11 de Octubre" relacionadas con la explotación laboral de integrantes de esa comunidad.
105. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de resolución de la señora diputada Tulio por el que se declara de interés parlamentario el I Seminario Internacional Capacitagro (239-D.-98).
106. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías en el proyecto de resolución del señor diputado Villalba por el que se declara de interés parlamentario la campaña de Amnistía Internacional para conmemorar el 50° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (760-D.-98).
107. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en los proyectos de resolución de los señores diputados Dumón y otros (931-D.-98) y Fernández Meijide (1.653-D.-98) por los que se solicitan informes al Poder Ejecutivo respecto de las actividades llevadas a cabo con organismos internacionales por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
108. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución de los señores diputados Passo y Fernández (P.D.) por el que se declara de interés parlamentario y auspicia la Fiesta Pampeana de la Doma, la Yerra y el Entretenimiento Gaucho (280-D.-98).
109. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración de la señora diputada Méndez de Medina Lareu por el que se expresa satisfacción por la designación del doctor Avelino Porto y los profesores Gilda Lamarque de Romero Brest y Alfredo Manuel van Gelderen como miembros activos de la Academia Europea de Ciencias y Artes (422-D.-98). Se sanciona como resolución.
110. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración de la señora diputada Tulio por el que se expresa beneplácito por los premios que otorgó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en España a las películas argentinas Cenizas del Paraíso y Martín (Hache) (427-D.-98). Se sanciona como resolución.
111. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución del señor diputado Bravo (A.P.) y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga retirar una placa con el nombre de Jorge Rafael Videla del templete que resguarda los restos de la casa natal del General José de San Martín (438-D.-98). Se sanciona como declaración.
112. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución del señor diputado Avila por el que se declara de interés legislativo al Museo Artesanal de Añatuya, provincia de Santiago del Estero (505-D.-98).
113. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución de la señora diputada Melogno y otros (513-D-98) y en el proyecto de declaración de los señores diputados Cambareri y Aubía (526-D-98), por los que se declara de interés parlamentario al Simposio Internacional en Antártida.
114. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración de la señora diputada Roy (532-D-98) y en el proyecto de resolución del señor diputado Piriz (1.785-D-98) por los que se declara de interés parlamentario la publicación de la colección de libros Vidas, ideas y obras de los legisladores argentinos. Se sanciona un proyecto de resolución.
115. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración del señor diputado Mondino por el que se declara de interés legislativo la I Muestra "Los cien últimos años de arquitectura y urbanismo en la ciudad de Córdoba" (711-D-98). Se sanciona como resolución
116. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración del señor diputado Fernández (A.M.) por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga otorgar los beneficios establecidos en el decreto 435/97 para la instalación de una planta de productos nitrogenados (149-D-98) .
117. Dictamen de las comisiones de Transportes, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, y de Economías y Desarrollo Regional en el proyecto de declaración del señor diputado Pepe y otros, por el que se expresa satisfacción por el proyecto de construcción del Ferrocarril Transpatagónico (497-D-98).
118. Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de declaración del señor diputado Etchevehere y otros por el que se expresa el deseo de que la celebración de los actos centrales por el Día de la Prefectura Naval Argentina se realice en Diamante, provincia de Entre Ríos (1.459-D-98).
119. Dictamen de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Familia, Mujer y Minoridad en el proyecto de declaración de la señora diputada Melogno y otras por el que se solicita a los medios gráficos la publicación gratuita de fotos de los menores desaparecidos (3-D-98).
120. Dictamen de las comisiones de Comercio y de Economía en el proyecto de resolución del señor diputado Vago y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la autorización otorgada a la empresa marítima Heinlein S.A. para importar cubiertas para bicicletas (140-D-98).
121. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración del señor diputado Giles y otros por el que se declara de interés legislativo la muestra existente en la biblioteca Nacional denominada "El duende de Federico" y las muestras en homenaje al poeta don Federico García Lorca (1.811-D-98). Se sanciona como resolución.
122. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de resolución del señor diputado Corchuelo Blasco y otros por el que se declara de interés legislativo la exposición hospitalaria IV Feria Internacional de Productos, Equipos y Servicios para el Sector de la Salud (1.463-D-98)
123. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de declaración de la señora diputada Stolbizer por el que se declara de interés parlamentario el Encuentro Nacional de Organizaciones No gubernamentales con Trabajo en el Tratamiento del Sida (1.134-D-98).
124. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de declaración del señor diputado Valdovinos y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés nacional el XXXI Congreso Mundial del International College of Surgeons (687-D-98). Se sanciona como resolución.
125. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de resolución de la señora diputada Abán y otros por el que se declara de interés parlamentario la realización del V Congreso Nacional de Hipertensión y Embarazo (567-D-978).
126. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de declaración de los señores diputados Baylac y Dumón por el que se declaran de interés parlamentario las XIV Jornadas Argentinas de Tiflología (368-D-98).
127. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en los proyectos de resolución de la señora diputada Garré y otros (4.038-D-98) y de las señoras diputadas Curletti de Wajsfeld y Carrió (257-D-98) por los que se solicitan informes al Poder Ejecutivo acerca de las razones por las cuales no se suministra la totalidad de medicamentos a la personas afectadas por el SIDA.
128. Dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Economías y desarrollo Regional en el proyecto de resolución del señor diputado Pruyas por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare la emergencia ocupacional en el ámbito de la provincia de Corrientes (782-D-98). Se sanciona como declaración.
129. Dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de resolución del señor diputado Maqueda por el que se declara de interés parlamentario el seminario destinado a tratar la reglamentación del Consejo de la Magistratura (1.988-D-98)
130. Dictamen de la Comisión de Juicio Político en el pedido de promoción de causa al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil N° 76, doctor Ricardo A. Sangiorgi (436-P-96).
131. Dictamen de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Municipales en el proyecto de declaración del señor diputado Piriz por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga realizar estudios a efectos de instrumentar la puesta en marcha de la recolección de residuos en forma diferenciada o selectiva (33-D-98).
132. Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el proyecto de resolución de la señora diputada Vázquez y otros por el que se declara de interés legislativo el taller olístico vivencial gratuito "Meditación en contacto con la naturaleza" (1.607-D-98).
133. Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el proyecto de declaración del señor diputado Baylac por el que se declara de interés parlamentario el Taller sobre "Manejo de Invasiones Biológicas en Areas Naturales" (1.454-D-98). Se sanciona como resolución.
134. Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el proyecto de resolución del señor diputado Atanasof por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre las mediciones de rayos UV-B proporcionadas por el taller "Estudiando el ozono y la radiación UV-B; logros pasados y oportunidades futuras" (1.644-D-98).
135. Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el proyecto de declaración del señor diputado Polino y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga implementar un programa de tratamiento de material de desecho altamente tóxico (582-D-98).
136. Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en los proyectos de resolución de los señores diputados Piriz (749-D-98), Bianculli (1.634-D-98) y Atanasof (1.641-D-98) y en el proyecto de declaración de la señora diputada Granados (869-D-98), por los que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la tala de bosques vírgenes en la zona de río Azul-Lago Escondido, provincia de Río Negro. Se sanciona un proyecto de resolución.
137. Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el proyecto de declaración del señor diputado Bulacio por el que se felicita al zoólogo argentino Claudio Sillero-Zubiri por haberse hecho acreedor al galardón "Whitley Award" (1.146-D-98).
138. Dictamen de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el proyecto de resolución de la señora diputada Vázquez y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la preservación ambiental de áreas naturales protegidas (1.538-D.-98).
139. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración del señor diputado Chica por el que se expresa beneplácito por la distinción otorgada a la escritora sanjuanina Marité Frau de Ignani por parte del "Club del Libro en Español de las Naciones Unidas". Se sanciona como resolución (1.084-D-98).
140. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución de la señora diputada García de Cano por el que se declara de interés parlamentario la XXIV edición de la Feria Internacional: "El Libro del Autor al Lector" (1.984-D-98)
141. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración de la señora diputada Ceballos de Marín (1.735-D.-98) y en el proyecto de resolución de la señora diputada González (M.L.) y otras (1.443-D.-98) por los que se felicita al niño Martín Ciaffaroni Castro por haber resultado ganador del concurso de cuentos organizado por el Centro de Promoción de las Artes y de las Ciencias
142. Dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de resolución del señor diputado Piriz por el que se declaran de interés parlamentario las IV Jornadas Internacionales de Excelencia en Medicina del Deporte (39-D.-98).
143. Dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de resolución de la señora diputada Melogno y otros por el que se declara de interés parlamentario el proyecto náutico deportivo "Vuelta al mundo navegando a vela en solitario, por la ruta de los Cuarenta Bramadores" (1.610-D.-98). Se sanciona como declaración.
144. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución de la señora diputada Parentella y otros por el que se declara de interés parlamentario la exposición del artista plástico Ricardo Carpani (905-D.-98).
145. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución de la señora diputada Gudiño y otros por el que se declara de interés parlamentario la Exposición Fotográfica Itinerante de obras de José Luis Cabezas (980-D.-98) Se sanciona un proyecto de resolución y otro de declaración.
146. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración de la señora diputada Méndez de Medina Lareu por el que se expresa agradecimiento al empresario y presidente del Programa Santa Clara, señor Pedro Simoncini, por su aporte a la cultura nacional al adquirir el manuscrito original de José Hernández con una primera versión del Martín Fierro, y una colección de poemas inéditos (1.106-D.-98). Se sanciona como resolución.
147. Dictamen de las comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, y de Industria en el proyecto de resolución del señor diputado Cambareri por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga declarar la emergencia pesquera y la adopción de medidas tendientes a garantizar la conservación del recurso ictícola (124-D.-98). Se sancionaa como declaración.
148. Dictamen de la Comisión de Finanzas en el proyecto de declaración de las señoras diputadas Cardoso y Melogno por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la implementación de una línea preferencial de créditos destinada a facilitar el acceso de las PYMES a la tecnología necesaria para alcanzar las normas de calidad ISO 9000 y 14000 (116-D.-98).
149. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de resolución del señor diputado Caputo y otros por el que se crea una comisión especial para el seguimiento del proceso de reforma de las Naciones Unidas (109-D.-98).
150. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en los proyectos de resolución de los señores diputados Pando y Díaz Colodrero (185 y 187-D.-98), Méndez de Medina Lareu (420-D.-98), Adaime (725-D.-98), Maurette y otros (743-D.-98), Pruyas (791-D.-98) Y Curletti de Wajsfeld y Carrió (817-D.-98), por los que se solicitan informes al Poder Ejecutivo acerca de repositorios de desechos tóxicos en la República del Paraguay.
151. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señor diputada González (M.L.) y otros por el que se expresa pesar en el 10° aniversario del fallecimiento del político uruguayo doctor Wilson Ferreira Aldunate (654-D.-98).
152. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución de los señores diputados Pinchetti de Sierra Morales y Bussi (1.494-D.-98) y en los proyectos de declaración de los señores diputados Cafiero (M.A.) y Raimundi (1.650-D.-98) y Derrico (1.716-D.-98) por los que se declara de interés parlamentario y se expresa beneplácito por la visita a nuestro país de Chiara Lubich, fundadora y presidenta del Movimiento de los Focolares. Se sanciona un proyecto de resolución.
153. Dictamen de la Comisión de la Tercera Edad en el proyecto de declaración de la señora diputada López (E.I.) y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo la implementación de los "Torneos abuelos argentinos" (1.510-D.-98).
154. Dictamen de la Comisión de la Tercera Edad en el proyecto de resolución de la señora diputada López (E.I.) y otros por el se declaran de interés parlamentario los Torneos Abuelos Bonaerenses (1.511-D.-98).
155. Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de resolución de la señora diputada Escalante Ortiz por el que se expresa beneplácito ante el proyecto argentino-chileno de prácticas militares conjuntas (1.790-D.-98).
156. Dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de declaración del señor diputado Villalba por el que se solicita a la Corte Suprema de Justicia y a la Excelentísima Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal la adopción de medidas para superar el atraso de expedientes laborales (756-D.-98)
157. Dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de resolución del señor diputado Martínez (G.A.) y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre instrucciones impartidas al SECLO para intervenir en conflictos plurindividuales o conflictos colectivos de trabajo (1.499-D.-98)
158. Dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de resolución de la señora diputada Tulio por el que se expresa repudio por los casos de discriminación laboral que se producen (1.504-D.-98). Se sanciona como declaración.
159. Dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de resolución del señor diputado Atanasof por el que se designa una representación de la Honorable Cámara para integrar la delegación argentina a la LXXXVI Asamblea Anual de la OIT (1.900-D.-98).
160. Dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de declaración de la señora diputada Pando por el que se felicita Carlos Mauricio Espínola "Camaú" por ganar el campeonato "Princesa Sofía" en la disciplina windsurf, categoría olímpica (2.021-D.-98). Se sanciona como resolución.
161. Dictamen de las comisiones de Industria y de Legislación del Trabajo en el proyecto de declaración del señor diputado Baylac y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la búsqueda de mecanismos para resolver la situación financiera y económica por la que atraviesa la empresa Tool Research Argentina (1.651-D.-98)
162. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de resolución del señor diputado Passo por el que se declara de interés parlamentario y se auspicia el "Segundo Congreso Técnico Empresarial 1998" (1.776-D.-98).
163. Dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales en el proyecto de resolución del señor diputado Rodil y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre irregularidades en materia previsional, denuncias administrativas y laborales, medidas cautelares y situación registral por ante la Inspección General de Justicia que fueron detectadas en la empresa "Productos Solmar S.A." (166-D.-98).
164. Dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales en el proyecto de resolución del señor diputado Balestra y otros por el que se declara de interés parlamentario la celebración del Centenario del Cooperativismo Argentino (2.311-D.-98).
165. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de resolución del señor diputado Piriz por el que se felicita a la Fundación Hospital de Pediatría "Profesor Doctor Juan P. Garraham" por la puesta en funcionamiento de la "Casa Garraham" (34-D.-98). Se sanciona como declaración.
166. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de resolución del señor diputado Piriz por el se felicita a las autoridades de la Facultad de Medicina de la UBA por la puesta en marcha del "Hospital Virtual Argentino" (37-D.-98). Se sanciona como declaración.
167. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de resolución de la señora diputada Alarcia (788-D.-98) y en el proyecto de declaración del señor diputado Pérez, por los que se solicita al Poder Ejecutivo la inclusión de los medicamentos "Ritonavir" y "Nelfinavir en la compra que efectúa el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
168. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de declaración de la señora diputada Escalante Ortiz por el que se solicita al Poder Ejecutivo la instrumentación de una campaña informativa sobre las consecuencias para la salud que puede ocasionar el fenómeno climatológico "El Niño" (1.098-D.-98).
169. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de declaración de los señores diputados Baylac y Guevara por el que se declara de interés parlamentario el Encuentro Nacional "Integración del Adolescente con Diabetes y el Equipo de Salud" (1.102-D.-98).
170. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de resolución del señor diputado Corchuelo Blasco por el que se declara de interés legislativo al V Curso Internacional sobre Dolor y Curso Internacional sobre Dolor para Enfermería (1.753-D.-98).
171. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de resolución del señor diputado Soñez y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo que implemente una campaña nacional informativa sobre la enfermedad del dengue (1.935-D.-098).
172. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de resolución de las señoras diputadas Curletti de Wajsfeld y Guevara por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la provisión de los medicamentos necesarios a los enfermos de HIV (2.019-D.-98).
173. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de resolución de la señora diputada Stolbizer y otras por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre el convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y Acción Social y la Fundación Luc Montagnier de Francia (1.804-D.-98).
174. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución de la señora diputada Parentella y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la entrega de un subsidio a la Asociación Civil para la Promoción del Tango Argentino (Protango) (1.278-D.-98).
175. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución de la señora diputada Parentella y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre el incumplimiento del decreto 535/92, que dispone el traslado del Archivo General de la Nación (1.277-D.-98).
176. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración del señor diputado Alvarez García por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga incluir a varias catedrales de la provincia de Jujuy en el proyecto de recuperación del patrimonio cultural (1.322-D.-98).
177. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución de la señora diputada Drisaldi y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés nacional el Festival de Teatro Santacruceño (Festesa) (2.016-D.-98). Se sanciona un proyecto de resolución y otro de declaración.
178. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución de la señora diputada Parentella y otros por el que se declara de interés parlamentario el Ciclo de Conferencias sobre Gestión Cultural (2.197-D.-98).
179. Dictamen de las comisiones de Deportes y de Cultura en el proyecto de resolución de los señores diputados Veramendi y Salto por el que se expresa satisfacción por la decisión de los dirigentes de la AFA de solventar la concurrencia a las finales de la XVI Copa del Mundo de trece jóvenes con meritorio desempeño en un concurso educativo (1.468-D.-98).
180. Dictamen de las comisiones de Industria y de Comercio en el proyecto de resolución del señor diputado Romero y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés nacional la X Feria Nacional, VII Feria Internacional y V Ronda Internacional de Negocios, Ferichaco 98 (720-D.-98). Se sanciona como declaración.
181. Dictamen de las comisiones de Industria y de Comercio en el proyecto de resolución de la señora diputada Fernández Meijide y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre los mecanismos oficiales de control tendientes a posibilitar la participación de la producción nacional en la adquisición de insumos y bienes de capital por parte del sector de servicios públicos (411-D.-98).
182. Dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de resolución de los señores diputados Natale y Caballero Martín por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la adjudicación a la Unión Ferroviaria del servicio público de transportes de cargas de la empresa Ferrocarril Belgrano Sociedad Anónima (434-D.-98).
183. Dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de resolución del señor diputado Fadel por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga modificar las reglamentaciones sobre el transporte de contenedores (524-D.-98). Se sanciona como declaración.
184. Dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de declaración del señor diputado Villalba por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga evitar el levantamiento de la escala de Los Angeles, Estados Unidos de América, de los aviones de Aerolíneas Argentinas (764-D.-98).
185. Dictamen de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional en el proyecto de declaración del señor diputado Atanasof por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga los estudios de factibilidad para la implementación de un plan de recuperación y reconversión productiva de la provincia de Santa Cruz (1.901-D.-98).
186. Dictamen de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Comercio en los proyectos de declaración de los señores diputados Galland y otros (1.668-D.-98) y Valcarcel (2.260-D.-98), por los que se solicita al Poder Ejecutivo que realice las gestiones tendientes a que las empresas concesionarias del servicio telefónico apliquen para las tarifas de llamadas a las islas Malvinas las que corresponden a las comunicaciones interurbanas.
187. Proyecto de declaración de los señores diputados Etchevehere y Lafferriere por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga contemplar dentro del programa FORESTAR, una partida especial destinada a los trabajadores forestales radicados en el departamento de Islas, provincia de Entre Ríos (203-D.-98).
188. Proyecto de resolución del señor diputado Britos y otros por el que se modifica el artículo 3° del reglamento de la Comisión Bicameral del Fondo de Compensación Resarcitoria Temporaria (2.473-D.-98). por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre el accidente ocurrido en un edificio en construcción en la Capital Federal (3.163-D.-98).
189. Proyecto de resolución del señor diputado Bussi y de la señora diputada Pinchetti de Sierra Morales por el que se declara de interés legislativo la "Expo Chacra del Norte ’98" y la "5° Expo Agrodinámica del NOA" (2.827-D.-98).
190. Proyecto de resolución de la señora diputada Amavet y otros por el que se declara de interés parlamentario el Concurso sobre el tema: "Corrupción, contracara de la ética" (2.679-D.-98).
191. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre los asuntos a los que se refieren los números 9.I al 9.CXCI de este sumario. Se sancionan, con excepción del dictamen que figura en el número CLXXV (expediente 1.098-D.-98), respecto del cual se aprueba una moción de orden de vuelta a comisión formulada por la señora diputada Parentella.
10. Consideración del proyecto de ley del señor diputado Das Neves y otros sobre régimen legal del sistema de tarjetas de crédito (6.787-D.-97).
11. Moción de orden formulada por el señor diputado Pichetto de que la Honorable Cámara se constituya en comisión para considerar el asunto al que se refiere el número 10 de este sumario. Se aprueba.
12. Consideración, por parte de la Honorable Cámara constituida en comisión, del asunto al que se refiere el número 10 de este sumario. Se aprueba un texto como despacho.
13. Consideración del dictamen producido por la Honorable Cámara constituida en comisión en el asunto al que se refiere el número 10 de este sumario. Se aprueba en general.
14. Homenaje al 25 de mayo de 1810.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Por Secretaría se procederá a pasar lista.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Con la presencia de 136 señores diputados queda abierta la sesión.

Invito al señor diputado por el distrito electoral de Santa Fe, don Guillermo Emilio Estévez Boero, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde dar cuenta de los asuntos incluidos en los boletines de Asuntos Entrados números 9 y 10, que obran en poder de los señores diputados.

Conforme con lo resuelto oportunamente por la Honorable Cámara, se prescindirá de la enunciación de tales asuntos por Secretaría, sin perjuicio de su inclusión en el Diario de Sesiones, y se dará por aprobado el giro a las respectivas comisiones.

Corresponde que la Honorable Cámara resuelva respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento inmediato del cuerpo según la enunciación que se efectuará por Secretaría.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- El señor diputado Montoya eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales de la Honorable Cámara.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- El señor diputado Gómez Diez eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Honorable Cámara.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- El señor diputado Chica eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Honorable Cámara.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- La señora diputada Stolbizer eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad de la Honorable Cámara.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- La señora diputada Piñón Avila eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Vivienda de la Honorable Cámara.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- La señora diputada María Luisa González eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Honorable Cámara.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- La señora diputada María Luisa González eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Economía de la Honorable Cámara.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- El señor diputado Neme-Scheij eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Honorable Cámara.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- El señor diputado Brandoni solicita autorización para desempeñarse como director general ad honorem en la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se concede la autorización solicitada.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- La señora diputada Banzas de Moreau eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- El señor diputado Alterach eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Seguridad Interior de la Honorable Cámara.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- El señor diputado García eleva su renuncia como integrante de las comisiones de Asuntos Municipales y de Minería de la Honorable Cámara.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aceptada la renuncia.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde resolver respecto de los pedidos de licencia presentados por los señores diputados, cuya nómina se registra en los boletines de Asuntos Entrados antes mencionados.

Se va a votar si se acuerdan las licencias solicitadas.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar si se conceden con goce de dieta.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde pasar al término reglamentario destinado a la consideración del plan de labor de la Honorable Cámara, propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria.

Por Secretaría se dará lectura del plan de labor.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- El plan de labor acordado por la Comisión de Labor Parlamentaria es el siguiente:

Asuntos que tienen acordada preferencia para su tratamiento:

Proyecto de declaración por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga contemplar dentro del Programa Forestar, una partida especial destinada a los trabajadores forestales radicados en Departamento de Islas, provincia de Entre Ríos (expediente 203-D.-98).

Dictamen en el proyecto de ley en revisión por el cual se transfiere sin cargo a la provincia de Misiones el dominio de 6.900 hectáreas del inmueble denominado fracción "A" del campo Iguazú, Puerto Península, de la mencionada provincia (expediente 10-S.-98; Orden del Día N° 304).

Dictamen en el proyecto de ley sobre creación de una aduana en la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro (expediente 1.640-D.-97; Orden del Día N° 224).

Dictámenes, sin disidencias ni observaciones, en los siguientes proyectos de ley:

Aprobación de la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio 1993 (expediente 121; Orden del Día N° 11).

Modificación de la ley 18.345, modificada por la ley 24.635, de procedimiento laboral de la Capital Federal (expediente 386-D.-98; Orden del Día N° 386).

Modificación de la ley 24.635, de instancia obligatoria de conciliación laboral (expediente 390-D.-98; Orden del Día N° 39).

Aprobación del Acuerdo de Cooperación y Coordinación en Materia de Sanidad y Cuarentena Vegetal entre la República Argentina y la República de Panamá, suscripto en Panamá, República de Panamá (expediente 186-S.-97; Orden del Día N° 55).

Declaración como lugar histórico nacional de la "Casa de Rosas", ubicada en San Andrés, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires (expediente 110-S.-97; Orden del Día N° 77).

Institución del día 31 de agosto como Día de la Fragata "Presidente Sarmiento" (expediente 126-S.-97; Orden del Día N° 83).

Declaración como lugar histórico nacional a la localidad de José de San Martín, provincia del Chubut (expediente 14-D.-98; Orden del Día N° 100).

Modificación del Código Civil, sobre prescripción adquisitiva (expediente 1548-D.-97; Orden del Día N° 110).

Aceptación de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, sobre creación de una Comisión Bicameral para la elaboración del digesto de las leyes nacionales vigentes (expedientes 3.015 y 3.060-D.-95; Orden del Día N° 111).

Aprobación del Convenio sobre la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas entre la República Argentina y la República de Panamá, suscripto en Panamá (expediente 215-S.-97; Orden del Día N° 113).

Aprobación del acuerdo entre la República Argentina y la República del Paraguay para la Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Nacional del Paraguay, suscripto en Buenos Aires (expediente 171-S.-97; Orden del Día N° 136).

Aprobación del acuerdo entre la República Argentina y la República del Paraguay para la Cooperación entre la Prefectura Naval Argentina y la Prefectura General Naval del Paraguay, suscripto en Buenos Aires (expediente 9-S.-98; Orden del Día N°137).

Aprobación del acuerdo entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscripto en Buenos Aires (expediente 212-D.-97; Orden del Día N° 139).

Condecoración a los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales que resultaron muertos o heridos en hechos de violencia acaecidos en la Semana Santa de 1987, en Monte Caseros en 1988, en Villa Martelli en 1988, en La Tablada en 1989 y el 3 de diciembre de 1990 (expediente 187-S.-96; Orden del Día N° 149).

Aprobación del Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y otros Artefactos, y el Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras (expediente 112-S.-97; Orden del Día N° 166).

Declaración como monumento histórico nacional al monumento en memoria del cacique Casimiro Biguá, emplazado en el Municipio de José de San Martín, provincia del Chubut (expediente 6433; Orden del Día N° 181).

Declaración como monumento histórico nacional al edificio ubicado en la Ciudad Estudiantil, actual sede del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, ubicado en la ciudad de Buenos Aires (expediente 714; Orden del Día N° 182).

Dictámenes, sin disidencias ni observaciones, en los proyectos de resolución y de declaración contenidos en los Ordenes del Día números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 y 195.

Proyecto de resolución sobre modificación del artículo 3° del reglamento de la Comisión Bicameral del Fondo de Compensación Resarcitoria Temporaria (expediente 2.473-D.-98).

Dictamen en el proyecto de resolución por el cual se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre el accidente ocurrido el 19 de mayo de 1998 en la calle Leandro N. Alem N° 855, Capital Federal (expediente 3.163-D.-98).

Proyecto de declaración por el cual se declara de interés legislativo la Expochacra 98 y la V Expo Agrodinámica del NOA (2.827-D.-98).

Proyecto de resolución por el cual se declara de interés parlamentario el concurso sobre el tema "Corrupción, contracara de la ética" (expediente 2.679-D.-98).

Proyecto de ley sobre régimen legal del sistema de tarjetas de crédito (expediente 6.787-D.-97).

Dictamen, con disidencias, en el proyecto de ley sobre régimen para la custodia y disposición de bienes objeto de secuestro en causas penales bajo competencia de la Justicia Nacional y Federal (expediente 3.702-D.-97; Orden del Día N° 171).

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración el plan de labor propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria.

Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobado el plan de labor.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde pasar al término previsto por el artículo 168 del Reglamento, destinado a mociones de preferencia y de sobre tablas y homenajes. Este término se extenderá por treinta minutos.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

Sr. VIAÑA.- Señor presidente: en forma breve quisiera rendir homenaje a Néstor Jorge Muriel, diputado mandato cumplido, quien fue mi compañero de bancada hasta diciembre del año pasado.

Nacido en 1950 en la provincia de Tierra del Fuego, tuvo una amplia y fructífera experiencia en materia empresaria. Se inició en la política en la década del 70 en el Movimiento de Integración y Desarrollo.

En 1983, con el advenimiento de la democracia, se incorporó con un grupo de vecinos a una conocida agrupación vecinal que luego, con la Integración Popular de Ushuaia, se incorporó al Movimiento Popular Fueguino.

Fue candidato a diputado provincial, intendente municipal de Río Grande y presidente del Instituto Provincial de la Vivienda en 1993.

En el período comprendido entre 1993 y 1997 se desempeñó como diputado nacional y se distinguió por su amplia labor en defensa de los principios federales. Las comisiones de Vivienda, Turismo, Minería e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios contaron con su infatigable aporte.

Quienes hoy integramos el bloque del Movimiento Popular Fueguino hemos tomado la posta que dejara Néstor Jorge Muriel.

Para finalizar, sólo diré que su desaparición a temprana edad nos priva del valioso aporte de un político y luchador incansable.

Propongo que esta Honorable Cámara rinda homenaje a su memoria haciendo un minuto de silencio.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. ESTRADA.- Señor presidente: formulo moción de preferencia para que en la próxima sesión se traten, con o sin dictamen de comisión, los proyectos de resolución -tengo entendido que las comisiones a las que fueron girados los convirtieron en proyectos de declaración- contenidos en los expedientes 197 y 198-D.-98.

El primero de ellos se vincula con la ampliación del sistema de precios diferenciados para la transferencia de combustibles líquidos destinados a consumo en las zonas de frontera, a las localidades de Salvador Mazza, Aguas Blancas y San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta.

En el otro proyecto se solicita que los beneficios del régimen simplificado de exportaciones por aduanas de frontera se extiendan también a esas mimas localidades fronterizas de Salvador Mazza, Aguas Blancas y San Antonio de los Cobres.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Debería poner en consideración esta moción, pero no creo que los señores diputados hayan escuchado con atención al orador, por lo cual no sé cómo van a poder votar.

Sr. ESTRADA.- Puedo repetir los fundamentos, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Le ruego que vuelva a hacerlo para información de los señores diputados.

Sr. ESTRADA.- Se trata de dos proyectos de resolución que, según tengo entendido, las comisiones a las que fueron girados convirtieron en proyectos de declaración.

En uno de ellos se le solicita a la Administración Federal de Ingresos Públicos que en el ejercicio de sus facultades amplíe para las localidades fronterizas de Salvador Mazza, Aguas Blancas y San Antonio de los Cobres, provincia de Salta, los beneficios del régimen simplificado de exportaciones por aduana de frontera.

Por medio del otro proyecto se solicita para las mismas localidades que la Administración Federal de Ingresos Públicos resuelva el sistema de precios diferenciados sobre transferencias de combustibles líquidos destinados a consumo en zonas de frontera.

En este sentido, quiero modificar la moción que efectué hace unos instantes para que la preferencia sea con dictamen de comisión.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración la moción de preferencia formulada por el señor diputado por Salta.

Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda acordada la preferencia solicitada.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. POLINO.- Señor presidente: el 21 de febrero de 1997 presentamos un proyecto de ley, contenido en el expediente 7.785-D.-95, que hemos reproducido en el curso de este año. En el artículo 1º se establece la derogación de los aumentos en la estructura tarifaria telefónica prevista a partir del 1° de febrero de 1997 por el artículo 2° del decreto 92/97 del Poder Ejecutivo nacional. Además, el artículo 2° de esa iniciativa ratifica las rebajas en la estructura tarifaria telefónica que también había sido prevista en el artículo 2° del mismo decreto con retroactividad al 1° de febrero del año pasado.

Aclaro que impulsamos esta iniciativa porque en los artículos 4° y 5° del decreto del Poder Ejecutivo se estableció que el resultado final de la reestructuración tarifaria tenía que ser neutro para las empresas del sector. Es decir que, si ganaban plata de más, deberían reducir el valor de las tarifas, y si obtenían menos dinero en relación con los niveles de ganancia registrados con el cuadro tarifario anterior, habría que ajustar el valor del abono.

Asimismo, el artículo 5° de ese decreto estableció que durante los dos primeros años de vigencia de este nuevo cuadro tarifario la autoridad de aplicación se comprometía a efectuar mediciones cada tres meses, y que a los seis meses debería dar a conocer la evaluación efectuada sobre ese cuadro tarifario.

Han transcurrido quince meses y todavía no se ha dado cumplimiento a esa obligación. Tenemos información de que la empresa Telefónica de Argentina obtuvo ganancias netas por 272 millones de pesos durante el semestre octubre de 1997 a marzo de 1998, resultado que superó en un 28,5 por ciento a lo obtenido en el mismo período del ejercicio anterior. Por efecto del rebalanceo telefónico, la empresa prestataria logró incrementos en sus ingresos por abonos de telefonía fija, del 30,7 por ciento.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia solicita al señor diputado que vaya terminando su exposición.

Sr. POLINO.- A su vez, se registró un incremento de ingresos por el servicio medido local, del 18,5 por ciento.

Ambas variaciones superan ampliamente el aumento de las líneas en servicio, que fue del orden del 8,8 por ciento.

Telecom obtuvo en el mismo período -el último semestre- un incremento de 53 millones de dólares en relación con igual lapso del ejercicio anterior.

También es necesario conocer las ganancias adicionales que tuvieron las empresas desde el 1° de febrero de 1997 hasta la actualidad como consecuencia del nuevo cuadro tarifario y del principio de elasticidad de la demanda, consistente en que, cuando disminuye el valor de un servicio, en lugar de perder plata se puede obtener un resultado positivo.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia señala al señor diputado que su tiempo se ha agotado y le solicita que concrete su moción. Luego, si ella prospera, podrá referirse extensamente a la iniciativa.

Sr. POLINO.- Mi moción consiste en el tratamiento sobre tablas de este proyecto, porque se ha producido una verdadera conmoción social en los usuarios a raíz de este tema. En consecuencia, no podemos permanecer indiferentes.

Además, solicito que la votación sea nominal a fin de que quede registrado quiénes están en contra del decreto del Poder Ejecutivo y quiénes de alguna manera están avalando estos verdaderos abusos y escándalos vinculados con las ganancias que están obteniendo estas empresas, que además prestan el servicio en forma monopólica, sin competencia, con mercados cautivos y con márgenes de rentabilidad que superan más de tres veces el máximo previsto en los pliegos, que ya era una exageración.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal se encuentra suficientemente apoyado.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. MARTINEZ GARBINO.- Señor presidente: el tema que plantea el señor diputado Polino preocupa a todos, porque puede producir un fuerte impacto económico y social, de manera que a nadie escapa la trascendencia del problema.

Sin embargo, debo señalar que hay proyectos similares presentados por integrantes de nuestra bancada, concretamente el contenido en el expediente 2.905-D.-98, por el cual puntualizamos algunos interrogantes y procuramos recabar toda la información al respecto, porque es indudable que puede haber indicios acerca de si realmente han existido transferencias de ingresos de un sector a otro, en este caso, del sector de consumidores y usuarios a las prestadoras del servicio telefónico.

Interpretamos que el decreto 92/97 brinda las herramientas necesarias al efecto, e incluso el contenido de la iniciativa que proponemos alude a la suspensión de dichos aumentos por noventa días para recabar información, dar participación a los organismos competentes y realizar las mediciones a que hace referencia el proyecto del señor diputado Polino.

Pensamos que lo más conveniente sería unificar la redacción de las iniciativas presentadas a fin de emitir un único dictamen de la comisión respectiva. Por lo tanto, propiciamos que se unifiquen los contenidos de todos los proyectos presentados y se emita un único dictamen.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. LARRABURU.- Señor presidente: en el mismo sentido expresado por el señor diputado Martínez Garbino, señalo que hay posiciones coincidentes acerca de derogar o suspender la aplicación del decreto 92/97. Pero, en honor a la brevedad y para no introducir un debate no autorizado reglamentariamente, manifiesto que la semana pasada la Comisión de Comunicaciones ha iniciado el análisis puntual de las iniciativas presentadas por los señores diputados Polino, Martínez Garbino y el suscripto. Por ello es que entendemos que deberíamos aunar criterios para emitir un único dictamen.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. POLINO.- Señor presidente: este tema lleva quince meses de discusión, la misma antigüedad que la iniciativa que hemos presentado. El problema social que se ha generado no es desconocido por nadie y las injusticias y arbitrariedades cometidas por las empresas prestadoras del servicio en los últimos tiempos tampoco son desconocidas por nadie.

Hay desobediencia a fallos de la Justicia y extorsión a los usuarios amenazándolos con el corte del servicio. La propia Comisión Nacional de Comunicaciones dictó el 12 de mayo una resolución por la cual se le otorgaba un plazo de setenta y dos horas a las empresas para que presentaran un plan de refinanciación de deudas de los morosos, mientras se les hacía saber que debían abstenerse de cortar el servicio. Sin embargo, las empresas citaban a los usuarios y los amenzaban con el corte del servicio en una actitud extorsiva.

Por ello entiendo que se trata de una cuestión que no admite más dilaciones, por lo que nuestro sector insistirá en que el tema se trate en esta sesión y en que la votación sea nominal.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. LARRABURU.- Señor presidente: quisiera saber si el señor diputado Polino acepta o no la propuesta del bloque Justicialista de unificar la redacción sobre la base de las iniciativas presentadas para emitir un único dictamen, a fin de trabajar seriamente sobre este tema.

Sr. POLINO.- No acepto, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: deseo clarificar la posición del bloque Justicialista. No se trata de que no estemos de acuerdo con la propuesta formulada por el señor diputado Polino pero, en razón de que existen distintos proyectos relativos a esta cuestión, solicitamos que se aúnen los criterios de las diferentes iniciativas que obran en la Cámara a efectos de votar un proyecto conjunto.

Sr. CAMAÑO.- Si el señor diputado no aceptara la sugerencia que estoy formulando, estaría negando la posibilidad de que la Cámara elaborara un proyecto conjunto. Esta es la verdad, y no lo que señala el señor diputado en el sentido de que el peronismo no quiere votar...

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Señor presidente: hay proyectos de diputados pertenecientes a mi bloque que coinciden con iniciativas presentadas por diputados de las bancadas opositoras. El hecho de que estos proyectos sean enviados a comisión apunta a lograr una unidad de criterio; pero los primeros que deben lograr unidad de criterio son los legisladores del bloque al que pertenece el señor diputado Polino.

Digo eso porque el 6 de noviembre de 1997 el senador Storani y la entonces senadora Fernández Meijide presentaron un proyecto de declaración, contenido en el expediente 2.210-S.-97, que dice –no lo digo yo ni mi bancada-: "Que frente a la inminente decisión propia del Poder Ejecutivo nacional de conceder o no la prórroga de la exclusividad de las empresas prestatarias del servicio básico telefónico hasta el 7 de noviembre del año 2000..." En los fundamentos se pedía que fuese hasta ese año...

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- El actual gobierno dispuso la desregulación de las comunicaciones para 1999, es decir, para un año antes. Por lo tanto, ese era el momento para plantear el tema del rebalanceo y no ahora.

Sr. ALVAREZ ECHAGüE.- Por eso pedimos coherencia; todos nosotros queremos ser coherentes.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar nominalmente la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado por la Capital.

Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- Sobre 205 señores diputados presentes votaron 97 por la afirmativa y 92 por la negativa, registrándose además 6 abstenciones. No se ha registrado el voto de 9 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consecuencia, queda rechazada la moción.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos de resolución contenidos en los expedientes 3.170-D.-98 y 3.171-D.-98, respectivamente.

Mediante esta última iniciativa se dispone aumentar en dos miembros la integración de la Comisión Especial de Estudio de Peajes y Obras Viales, al solo efecto de cumplir con los compromisos que hemos asumido. Actualmente esa comisión se halla compuesta por trece miembros, y de acuerdo con este proyecto de resolución –en el que nos acompañan los bloques radical y del Frepaso- aumentaría su número en dos vocales.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio. De lo contrario, con este desorden no podremos continuar sesionando.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: si bien ya he mencionado a qué se refiere el proyecto de resolución registrado bajo el número de expediente 3.171-D.-98, voy a reiterarlo. Se trata de ampliar en dos vocales la Comisión Especial de Análisis del Sistema de Concesionamiento del Peaje y Estudio del Financiamiento de Obras Viales.

Por otra parte, por el proyecto de resolución contenido en el expediente 3.170-D.-98 se modifica el último párrafo del artículo 61 del Reglamento, el cual quedaría redactado de la siguiente manera: "La Comisión de Presupuesto y Hacienda estará compuesta por un mínimo de 15 (quince), y un máximo de 41 (cuarentaiún) diputados." De esta manera estaríamos agregando dos vocales a dicha comisión.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado por Buenos Aires respecto del proyecto de resolución contenido en el expediente 3.170-D.-98.

Se va a votar. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción. En consecuencia, se incorpora la consideración del asunto en el orden del día de esta sesión.

En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado por Buenos Aires respecto del proyecto de resolución contenido en el expediente 3.171-D.-98.

Se va a votar. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción. En consecuencia, se incorpora la consideración del asunto en el orden del día de esta sesión.

La Presidencia informa que ha concluido el término reglamentario destinado a mociones de preferencia y de tratamiento sobre tablas y a peticiones de homenaje.

Se va a pasar al orden del día.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- De acuerdo con lo resuelto por la Honorable Cámara, corresponde considerar el proyecto de resolución del señor diputado Camaño y otros, registrado con el número de expediente 3.170-D.-98, por el que se modifica el artículo 61 del reglamento de esta Honorable Cámara ampliándose el número de integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En consideración.

Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de resolución

Se harán las comunicaciones pertinentes.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde considerar el proyecto de resolución por el que se propone ampliar en dos vocales la Comisión Especial de Análisis del Sistema de Concesionamiento del Peaje y Estudio del Financiamiento de Obras Viales (expediente 3.171-D.-98).

En consideración.

Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda sancionado el proyecto de resolución

Se harán las comunicaciones pertinentes.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Conforme a lo resuelto por la Honorable Cámara, corresponde que a continuación el cuerpo se pronuncie sobre los dictámenes sin disidencias ni observaciones y de término vencido por los que se aconseja la sanción de proyectos de ley, de resolución Y de declaración contenidos en los Órdenes del Día enunciados al informarse sobre el plan de labor de esta sesión.

Asimismo, la Honorable Cámara deberá pronunciarse sobre los siguientes asuntos incluidos en el plan de labor: dictámenes, sin disidencias ni observaciones, cuyo término no ha vencido, contenidos en los Ordenes del Día 304 (expediente 10-S.-98) y 224 (expediente 1.640-D.-97), proyecto de declaración contenido en el expediente 203-D.-98, dictamen en el proyecto de resolución contenido en el expediente 3.163-D.-98, y proyectos de resolución contenidos en los expedientes 2.827 y 2.679-D.-98.

Hago presente que la Honorable Cámara se deberá expedir mediante una sola votación respecto de esos asuntos en el entendimiento de que el pronunciamiento favorable importará la aprobación en general y en particular -cuando correspondiere- de cada uno de los proyectos, quedando por consiguiente facultada la Presidencia para efectuar las comunicaciones pertinentes.

Sr. IRRAZABAL.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra la señora diputada por Misiones.

Sr. IRRAZABAL.- Solicito la inserción de mi discurso respecto del dictamen en el proyecto de ley contenido en el expediente 10-S.-98, publicado en el Orden del Día N  304, por el cual se transfiere sin cargo a la provincia de Misiones el dominio de 6900 hectáreas ubicadas en el Campo Iguazú, Puerto Península, de la mencionada provincia.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar la inserción solicitada por la señora diputada por Misiones.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda autorizada la inserción solicitada.

Sra. PARENTELLA.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. PARENTELLA.- Señor presidente: solicito que el dictamen en el proyecto de resolución de mi autoría relacionado con el traslado del Archivo General de la Nación -Orden del Día N°184, expediente 1.277-D.-97-, vuelva a la Comisión de Cultura para ser analizado nuevamente.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar la moción de vuelta a comisión formulada por la señora diputada por la Capital.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se procederá en consecuencia.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar si se aprueban -en general y en particular- los proyectos cuya consideración conjunta ha dispuesto la Honorable Cámara, con excepción del contenido en el expediente 1.277-D.97, cuya vuelta a comisión dispuso la Honorable Cámara.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Quedan sancionados los respectivos proyectos de ley, de resolución y de declaración.

Se harán las comunicaciones correspondientes.

"Véase la enunciación de los proyectos precedentemente sancionados en el Sumario"

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Corresponde considerar el proyecto de ley del señor diputado Das Neves y otros sobre régimen legal del sistema de tarjetas de crédito. (Expediente 6.787-D.-97)

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ARIAS.- Señor presidente: en nombre del bloque Justicialista tengo el honor de informar sobre el sistema legal de tarjetas de crédito que se propone mediante este proyecto de ley. Esta última referencia tiene el objeto de aclarar que el alcance de la normativa que en la fecha vamos a considerar es de carácter general, es decir que no constituye una normativa federal sino que integra el conjunto del derecho común vigente en la República.

Se trata de un sistema en el cual confluyen distintos tipos de contratos, entre diferentes partes, que es necesario precisar y diferenciar de otras clases de contratos.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio y escuchen al orador.

Sr. VICCHI.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. ARIAS.- Si bien todavía no he enunciado ninguna idea concreta, se la concedo por una cuestión de cortesía.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. VICCHI.- Señor presidente: quisiera que la Presidencia aclare qué proyecto es el que está en consideración.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Al comenzar el tratamiento de este proyecto hice referencia a que la iniciativa en consideración es la contenida en el expediente 6.787-D.-97.

Sr. VICCHI.- Hago esta consulta porque hay varios proyectos sobre este tema.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se acordó el tratamiento contenido en el expediente mencionado.

Sr. VICCHI.- No, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia desea conocer las dudas que tiene el señor diputado por Mendoza.

Sr. VICCHI.- Señor presidente: deseo saber qué proyecto vamos a tratar, ya que han sido varias las comisiones que han considerado este tema. Por lo tanto solicito que el señor diputado Arias aclare sobre qué proyecto vamos a trabajar.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- La Presidencia aclara al señor diputado que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se acordó considerar el tema que ahora estamos tratando. Por lo tanto, lo que está sometido a la consideración de la Cámara es el proyecto contenido en el expediente que la Presidencia acaba de mencionar.

Sr. PICHETTO.- Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. PICHETTO.- Señor presidente: formulo moción de orden de que la Cámara se constituya en comisión a los efectos de considerar en tal carácter el proyecto de ley contenido en el expediente 6.787-D.-97 y, de esa forma, atender la inquietud que plantea el señor diputado por Mendoza.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Río Negro. Se requieren dos tercios de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda aprobada la moción.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- Queda abierta la conferencia.

Se va a votar si se mantiene la unidad del debate.

Sr. PRESIDENTE (PIERRI).- En consideración.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ARIAS.- Señor presidente: a fin de dar satisfacción a la inquietud formulada por el señor diputado del bloque radical, dejo constancia de que el proyecto que vamos a analizar es la resultante de cuatro años de trabajo y la síntesis de los aportes realizados por todos y cada uno de los legisladores que durante ese tiempo efectuaron propuestas tendientes a modificar los proyectos integrales elaborados por otros señores diputados.

Asimismo, hemos tomado en cuenta los dictámenes producidos por las distintas comisiones, en particular los de Legislación General, de Comercio y de Finanzas. Con esto quiero significar que hemos intentado hacer una síntesis armónica y razonable que contemple todas las iniciativas que entendimos son las que más adecuadamente solucionaban la problemática de las tarjetas de crédito.

Es de particular trascendencia tratar en el día de hoy este tema porque así lo reclaman los usuarios, los comerciantes y también las entidades emisoras y sus agentes, es decir, los bancos a través de los cuales se efectúa la operatoria del sistema de tarjetas de crédito.

No perdemos de vista que existen alrededor de ocho millones de usuarios de tarjetas de crédito. Además, para tener conciencia de la dimensión de esta cifra tomamos como referencia que en la República Argentina deben existir alrededor de ocho millones y medio de núcleos familiares, es decir, personas que se abastecen, resuelven sus problemas de subsistencia y concretan las contrataciones cotidianas por medio del sistema de tarjetas de crédito.

Es verdad que en su inicio, allá por 1969, cuando comenzó a utilizarse, el uso del "dinero plástico" era privativo de los sectores pertenecientes a la clase alta y media alta. Luego, con el transcurso de los años, su empleo se fue divulgando al extremo de que en la actualidad es de uso masivo y mueve entre 12 y 15 mil millones de pesos por año.

Esta realidad también debe ser correlacionada con otros datos y referencias, como por ejemplo el número de reclamos en los organismos oficiales encargados de receptar las quejas de los usuarios. En esos ámbitos se puede advertir que entre el 12 y el 14 por ciento de los usuarios presentan sus observaciones, quejas, pedidos de protección o reclamos tendientes a lograr una solución a los incumplimientos por parte de las entidades emisoras.

En los últimos tiempos, se ha instalado un debate referido a distintos elementos propios del sistema, y lo que aparentemente más preocupa a determinados sectores de la sociedad, y en particular a los financieros, es la eventualidad de una regulación. Sostienen que la sanción de normas de regulación de funcionamiento del sistema modificaría el modelo económico transformando a una economía que se regula en base al comportamiento del mercado en otra, con un matiz intervencionista.

Sobre el particular podemos decir que tenemos autoridad para tratar el tema, y además que no estamos adoptando un temperamento intervencionista, sino que en realidad la intención es regular este tipo de contratación en la que una de las partes es precisamente el consumidor.

El consumidor se encuentra protegido por la Constitución Nacional, que obliga al Estado a dictar las normas que posibiliten nivelar, establecer el sinalagma del que habla todo vínculo contractual, a los fines de permitir el equilibrio en el intercambio de prestaciones. Esto es válido para el contrato de tarjetas de crédito, y así se puede apreciar si se observa la interpretación jurisprudencial en la materia.

Los pleitos suscitados entre los prestadores del servicio y los usuarios se han resuelto por medio de los estándares jurídicos contenidos en nuestra legislación ordinaria, en particular en el Código Civil, y por invocación de normas de estándar jurídico como el de la causa-fin lícita del artículo 502, o del objeto del contrato que debe ser compatible con la moral y las buenas costumbres, que establece el artículo 953, o bien se aplicaron la norma del abuso del derecho contenida en el artículo 1071 y también la del artículo 1198, que trata de la buena fe y la lealtad que deben regir tanto en la preparación como en la celebración y ejecución de los contratos.

Pero estas normas resultan insuficientes. Existe una laguna legal y precisamente tendemos a cubrirla con la regulación que está contenida en el proyecto que vamos a analizar.

Dentro de los puntos de esta iniciativa que resultan cuestionados se halla la fijación de un tope a las tasas de interés, a los aranceles y a las comisiones. Es cierto, el proyecto lo contiene y hemos fijado el criterio de diferenciar tanto lo que se refiere a los intereses financieros como lo relativo a los intereses punitorios.

En tal sentido, fijamos como tasa posible a aplicar en el régimen de financiammiento de las tarjetas de crédito la que corresponde a los préstamos personales sin garantía real en el sistema bancario, con un posible incremento de hasta el 20 por ciento.

Es decir que tomamos en cuenta la realidad del mercado financiero y su funcionamiento, que se hace efectiva en los préstamos personales, porque en realidad estamos hablando de una categoría dentro del género de los préstamos personales.

Pero no puede dejarse de lado la preocupación que existe en los bancos por la acumulación de morosidad y de incumplimientos; por eso estamos fijando un plus, que en total no debe superar el 35 por ciento. Esa cifra tenemos que cotejarla con los valores que actualmente se aplican en el mercado, o por lo menos los que registra la jurisprudencia en sus pronunciamientos.

Si bien hemos hablado de las tasas por préstamos para el régimen de financiamiento, debemos señalar que en los punitorios el interés no puede exceder del 50 por ciento de lo que se cobra como tasa financiera. Tenemos que cotejar esto con la realidad, observar lo que se aplica en el mercado y tener en cuenta que no es excepcional el cobro de la tasa del 80 por ciento para préstamos, en los cuales no existe mora sino simplemente una retribución por el uso del dinero.

Por su parte, la tasa de carácter punitorio está en más de un contrato establecida en el orden del 150 por ciento. Además cotejemos la relación que tenemos entre los valores que estamos poniendo como máximos y aquellos otros que son propios de un sistema evidentemente abusivo y usurario, donde estos porcentajes afectan las bases elementales y primarias de toda relación contractual.

Aceptamos la existencia de morosidad y que dicha morosidad es consecuencia lógica de la falta de elementos judiciales que permitan agilizar los cobros.

Por ello, cuando se cumplen los requisitos previstos en la norma, se reconoce el carácter de título ejecutivo a los saldos adeudados que constan en los registros pertinentes comunicados en forma fehaciente a los usuarios.

Entre los recaudos previstos se encuentra, en primer lugar, la satisfacción del deber de información, que está contemplado en la ley de defensa del consumidor. En el artículo 4° de la ley 24.240 está dispuesta la obligación en tal sentido.

En este mecanismo de información está la revisión de los resúmenes, que trae aparejado el deber de colaboración que debe brindar el titular de la tarjeta de crédito.

Entre los requisitos que se deben satisfacer para que las deudas de las tarjetas de crédito revistan el carácter de título ejecutivo, figura también el deber de acompañar el contrato original. Se trata de un convenio que debe celebrarse partiendo de la base que es un contrato de adhesión con cláusulas preestablecidas y que deben estar escritas en el lenguaje de la gente común, en términos claros y con caracteres legibles. Con esa precaución se busca evitar sorpresas y la firma de compromisos y obligaciones desconocidos por los usuarios. De esta manera satisfacemos un requerimiento formulado por una de las partes de la relación central que se establece entre el usuario y el emisor de la tarjeta.

También queremos señalar que el reclamo de las entidades bancarias significa la aplicación de pautas y metodologías propias de regímenes intervencionistas que permanente han sido cuestionadas por la doctrina. Distintos autores han señalado la incongruencia y falta de coherencia en que se incurre cuando por un lado se solicita el pleno funcionamiento de las leyes de mercado y, por el otro, se busca la protección del Estado por medio de la concesión de determinadas ventajas como, por ejemplo, el otorgamiento de título ejecutivo con la certificación de un funcionario bancario. Me refiero a las previsiones actualmente contenidas en el artículo 193 del Código de Comercio.

Esa facultad del gerente o de los funcionarios bancarios habilitados era lógica y admisible en el sistema bancario oficial en el que la titularidad del conjunto de los bienes que manejaba el mercado financiero correspondía al Estado. El banco era un agente que actuaba en cumplimiento de las directivas impartidas por el Banco Central en su carácter de titular del patrimonio. En consecuencia, la certificación de los documentos que luego se constituían en títulos ejecutivos se compadecía con las características de un régimen económico intervencionista.

Al haberse privatizado los bancos, no es admisible que el funcionario a cargo de la respectiva institución o sucursal bancaria quede facultado para llevar a cabo las certificaciones, porque estaría actuando en su carácter de parte y también como oficial público, tal como ocurría en el sistema anterior, vigente a partir de 1946.

Por esa razón en este caso le damos a los resúmenes el carácter de títulos ejecutivos, siempre y cuando se acompañe el contrato original que deberá adecuarse al contrato tipo aprobado por la autoridad respectiva. El resumen tiene que ir acompañado de dos declaraciones juradas, en una de las cuales se deberá indicar que no se ha recibido denuncia de pérdida o extravío de la tarjeta, y en la otra que no se ha cuestionado el resumen emitido dentro de los plazos previstos por la reglamentación.

Cabe aclarar que el título ejecutivo se emite tanto a favor del emisor respecto de las obligaciones del consumidor, es decir del usuario, como del proveedor, o sea del comerciante, para poder cobrar sus créditos al emisor. En este último caso es necesario que se presenten los cupones respectivos y el contrato pertinente, porque por medio del cupón se está documentando la realización del contrato entre el comerciante y el usuario.

Entendemos que las eventuales deformaciones del sistema pueden ser perfectamente superadas, ya que prevemos la existencia de dos órganos de aplicación. Por un lado está el Banco Central que debe dar a conocer periódicamente las tasas promedio vigentes para los préstamos personales a efectos del cobro de los intereses. Por otro lado está la acción ejecutiva que, como hemos señalado, la ejerce el comerciante contra el banco.

Sr. ARIAS.- Entiendo que los legisladores estamos autorizados a efectuar estas consideraciones porque desde este Parlamento hemos acompañado -en particular los integrantes de la Cámara de Diputados y especialmente los miembros de este bloque- el proceso de transformación, de desregulación, la ley de convertibilidad y todo aquello que nos permitió alcanzar un sistema económico en el que funcionan plenamente las leyes del mercado. Además, asumimos el compromiso que tenemos para con la gente de no descuidar nuestras responsabilidades en materia de protección del usuario. Digo esto porque debemos dar cumplimiento no solamente al mandato de quienes nos han votado sino también al mandato constitucional relativo a la protección de los usuarios y de los consumidores.

Por las razones expuestas, solicito a la Honorable Cámara que adopte como despacho de comisión el proyecto que hemos elaborado, a fin de proceder oportunamente a su consideración en particular y posterior sanción.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. FAYAD.- Señor presidente: con su habitual sencillez, el representante del bloque de la mayoría ha expresado algunos criterios que me parece interesante rescatar a fin de disentir con ellos.

Estamos considerando un tema que no sólo preocupa a los legisladores que durante mucho tiempo hemos trabajado en proyectos tendientes a poner límites a los abusos que se están produciendo en el sistema actual, sino también a los millones de argentinos que están involucrados en esta situación.

Decía el señor diputado preopinante que inclusive a ellos, que pusieron en vigencia el modelo de libertad de mercado y libertad económica en el país, les resultaba casi una imposición dictar una norma de estas características, siempre en cumplimiento de la confianza otorgada por el voto popular.

Se trata de una declaración que encierra una confesión, porque hace tiempo hemos advertido desde esta bancada que la libertad de mercado debe tener límites y no puede ser absoluta. El mercado por sí mismo no regula todas las situaciones que atañen a la vida cotidiana de las personas. En este sentido, ocurre lo mismo con la salud y la educación, que en una gran parte se encuentran lastimosamente sometidas a las reglas del libre mercado.

Incluso, esta concepción parece antigua, porque aun en los países donde el libre mercado rige en su forma más ortodoxa, advertimos en su dirigentes principios que sintetizan nuestro pensamiento en las circunstancias actuales.

En algunos de estos países, por ejemplo, se dice que en el mercado debe regir toda la libertad posible y todo el control necesario. En este sentido, hace algunos años tuvimos la iniciativa de advertir las distorsiones que se estaban produciendo gracias a este principio del libre mercado.

Entonces, hoy tenemos una situación de desproporcionalidad en las contrataciones. Existen contenidos contractuales verdaderamente abusivos y situaciones de injusticia, donde no solamente una de las partes está prácticamente en indefensión, sino que tampoco tiene el amparo legal necesario para que el sistema funcione adecuadamente, en pos de buscar soluciones de equilibrio y de justicia en la aplicación de una norma que no existe.

También debo decir que en este tema la Cámara no ha funcionado con la seriedad y la responsabilidad que debió haber asumido. En caso contrario, hoy no estaríamos constituidos en comisión, tratando de dictar una norma que exige mucho estudio, discusiones pormenorizadas y un detallado análisis de todas y cada una de las situaciones que vamos a contemplar en el texto legal.

Es necesario que el Estado intervenga en estas situaciones como en tantas otras, pero especialmente cuando uno advierte que es cierto lo que indicaba el señor diputado Arias en relación con la historia de las tarjetas de crédito en la Argentina.

Comenzó siendo un instrumento de pago, no de crédito. Se circunscribía a ciertos y determinados sectores de la sociedad. Luego se transformó en un mecanismo de financiamiento que facilitó todo tipo de adquisiciones, abarcando otras franjas sociales mediante modalidades particulares en la contratación, y así como la primera tarjeta de pago comprendía a sectores minoritarios de la sociedad, las tarjetas de crédito ampliaron el espectro a otros niveles sociales, quienes entonces pudieron acceder a bienes o cubrir necesidades que por la situación económica que todos conocemos no podrían satisfacer si no fuera por el crédito.

Pero ¿qué pasa cuando el emisor de la tarjeta comienza a obtener beneficios casi usurarios? No olviden que de hecho se fijan tasas del 0,25 por ciento de interés diario, que representan el 7 por ciento mensual, al que deben agregarse los intereses punitorios que anualizados llegan en algunos casos al 90 por ciento, cuando estamos viviendo con una tasa de inflación cero.

Este ha sido el detonante que nos llevó a impulsar el tratamiento de una norma que debió haberse elaborado mucho más, y esto lo indiqué en el seno de la Comisión de Finanzas. Sin ánimo de polemizar, creo que se ha utilizado demagógicamente el tema, y es a partir de allí que se desvirtúa el principal objetivo que nos habíamos fijado quienes participamos en la redacción de algunos de los proyectos presentados.

Se dijo que hay que tener en cuenta la situación actual por la que atraviesa nuestra sociedad, circunstancia que nos hace advertir situaciones que se están dando y que no constituyen un hecho nuevo ni desconocido para todos nosotros.

Más adelante las tarjetas de crédito se utilizaron para financiar compras a través de los bancos y se dejó librado a estos últimos la fijación de tasas de interés para los créditos correspondientes, otorgándose total libertad en los contratos pertinentes. En este avance hoy se están ofreciendo tarjetas de crédito a sectores que obtienen haberes mensuales que oscilan entre los 300 y 600 pesos, quienes por medio de este dinero plástico creen poder acceder en su plenitud a la fiebre consumista que impone este modelo, sin saber que se están sometiendo de por vida al pago de tasas de interés y punitorios que no van a poder cumplir, y esto las entidades emisoras lo saben.

En mi provincia he recibido a cientos de personas, fundamentalmente empleados públicos, a quienes por ley no se les puede embargar más del 20 por ciento de su sueldo, pero con ello no alcanzan siquiera a cubrir los intereses. Es decir que durante muchísimos años permanecerán trabajando casi en exclusividad para el pago de sus compromisos.

Por supuesto, se alegará la libertad de contratación y de mercado; pero esa libertad se halla estrechamente vinculada con las posibilidades de discutir todas y cada una de las cláusulas de las relaciones contractuales. Esta situación no se da en la actualidad porque no existe un marco regulatorio.

Por eso, nuestra iniciativa tiende a establecer con seriedad un marco regulatorio de las condiciones de contratación. En el derecho civil básico y esencial se obliga a la formulación de tantas copias del contrato como partes haya en él. Estamos frente a los famosos e históricos contratos de adhesión, pero estos son los del peor tipo porque someten a una mayor cantidad de gente que no tiene certidumbre de las cláusulas del contrato, ya que ni siquiera disponen de la correspondiente copia.

Era imperioso que legisláramos en torno de este tema, pero estoy convencido de que la mejor forma de hacerlo no es mediante la constitución de la Cámara en comisión para considerar el proyecto en general y en particular.

Debemos remediar situaciones de arbitrariedad y de injusticia, sobre la base del equilibrio. ¿Se trata en definitiva del cuestionamiento de un modelo? Sin avergonzarme digo que sí, porque esto ha sido posible por las famosas leyes del libre mercado. Es el antiguo dicho del zorro libre con las gallinas libres en el gallinero; el zorro termina comiéndoselas a todas.

Existen algunas cuestiones que agravan este tratamiento y no facilitan ni contribuyen en nada a que podamos sancionar un proyecto de ley que contenga aquellos principios orientadores a los que he hecho referencia. No sé si en la Convención de ADEBA o en comentarios o declaraciones posteriores el Poder Ejecutivo ha manifestado su voluntad de no establecer topes. Nosotros estamos introduciendo normas regulatorias razonables que buscan el equilibrio y la seguridad jurídica entre las partes.

El señor miembro informante se refirió al establecimiento del título ejecutivo para los resúmenes de cuentas. Esto es realmente una aberración jurídica, pues va en contra de todos los principios generales del derecho y de todas las leyes que en esa materia ha sancionado el Congreso. Así, hace no mucho tiempo sancionamos la ley del cheque de pago diferido para terminar con los cheques voladores. ¿Y ahora vamos a dar categoría de título ejecutivo –es decir, una simple orden de pago- a un instrumento emitido por un banco, una empresa, una tienda o algunas de las entidades que en el contenido del proyecto de ley denominamos "emisoras"?

Eso realmente es una barbaridad, y en consecuencia es inaceptable. En la Comisión de Finanzas aceptábamos que el cumplimiento del resto de la ley posibilitaba preparar la vía ejecutiva. Esto no se comprendió; o por lo menos –según lo manifestado por el señor miembro informante- no se ha traslucido que la intención haya sido compatibilizar proyectos.

Ante esta situación, hago la siguiente reflexión. El Poder Ejecutivo –el señor presidente de la República- ya nos amenazó con el tema de la ley de hidrocarburos, en el sentido de que si no se sancionaba como lo pretendía, iba a vetarla. Supongamos que veta varios aspectos que se vinculan con la transparencia de la celebración y ejecución del contrato dentro de este marco regulatorio que estamos considerando en el día de hoy, y no hace lo propio con el título ejecutivo. Si esto llegara a suceder estaríamos ante una situación de verdadero caos y anarquía, y sumiendo a esos ocho millones de usuarios de las tarjetas de crédito en un sistema perverso, avalado por legisladores de esta Honorable Cámara, transformándolos en verdaderos esclavos de dicho sistema. La mayoría de las personas que hacen uso de las tarjetas de crédito la utilizan como una extensión de su salario que a penas les alcanza para llegar al día 5 del mes. Por lo tanto, les resulta de gran ayuda para poder subsistir.

Si coincidimos en la necesidad de sancionar un marco regulatorio y estudiamos el tema con sensatez en el ámbito de las comisiones...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia solicita a los señores diputados que mantengan el orden. No es posible continuar sesionando si se están desarrollando reuniones paralelas en el recinto.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. FAYAD.- Teniendo en cuenta la intención de armonizar un proyecto consensuado que refleje las ocho, nueve o catorce iniciativas existentes en materia de regulación de las tarjetas de crédito de diversos legisladores de distintas bancadas, si nosotros no quebramos dicha armonía, ¿por qué se podría querer impulsar este tema a no ser por vanidad personal o ventajismo político- en estas condiciones y con estas características?

De todas maneras, tengo el convencimiento de que es necesario avanzar con cuanta regulación haga falta para poner un coto a la injusticia en lugar de imponer un límite al mercado. Nosotros compartimos algunos criterios e incluso parte del articulado. Además, en la Comisión de Finanzas habíamos avanzado en la consideración de dieciocho artículos, de los aproximadamente cincuenta y tres que contiene la iniciativa. De manera que, si hubiera existido la voluntad política para tratarla seguramente hubiéramos avanzado aún más. Sin embargo, se pretendía hacer demagogia con un tema que involucra a millones de argentinos que hoy están angustiados, que no saben cómo resolver este problema y que están atentos a lo que sucede en el Congreso de la Nación y no a lo que pueda llegar a pensar un diputado que, con el afán de figurar, defienda a los usuarios de las tarjetas de crédito.

De ninguna manera queremos que se quiebre el sistema de tarjetas de crédito. Al contrario, en nuestro proyecto hemos tomado las precauciones necesarias para que ello no ocurra. Hemos sido racionales y razonables en la redacción de las normas, y esperamos ansiosos la discusión en particular del dictamen que la Cámara constituida en comisión produzca.

Confiamos en que a través de esta norma se dé solución a las situaciones creadas. Espero también que con esta humildad que hemos demostrado, sin hacer utilización política ni demagogia del tema podamos -con la seriedad que el problema requiere- avanzar todo lo necesario para sancionar una ley como la gente (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. VICCHI.- Señor presidente: celebro que esta Cámara se haya constituido en comisión, porque los avatares que sufrieron los despachos de las respectivas comisiones, que han desembocado en una iniciativa del oficialismo que para nosotros está jugando a las escondidas porque debe estar en algún escritorio que no es el nuestro, han generado una serie de inconvenientes sobre el tratamiento de una ley que tendría que tener un prestigio excepcional, que este Parlamento no le está dando.

También quiero decir que las actitudes demagógicas siempre terminan mal. Con sensatez y con sencillez dije que no es bueno que el Poder Ejecutivo ya esté vetando una norma que el Congreso todavía no ha sancionado. Lo dije en la sesión pasada y lo transmití a muchos señores legisladores.

¿Qué es la tarjeta de crédito? es un instituto jurídico que nació en los Estados Unidos de Norteamérica en los años sesenta...

Sé que hay mucha gente a la que no le interesa el tema; no me importa si hablan mientras expongo siempre y cuando lo hagan fuera del recinto porque tengo problemas de dicción y me cuesta seguir la ilación.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Señores diputados: seamos respetuosos con quien está haciendo uso de la palabra y tratemos de mantener el orden de la sesión.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. VICCHI.- Señor presidente: la tarjeta de crédito nació sin regulación alguna en los Estados Unidos allá por los años 60 durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, en aquella época que se conoció como la de la fiebre del consumismo.

Los hombres de derecho, los contadores y otros profesionales saben que este instrumento nació en un país que cuenta con un sistema jurídico distinto al nuestro, ya que el common law nada tiene que ver con el sistema romano, aunque, por distintas circunstancias, prefiero llamarlo grecorromano. Por lo tanto, cuando uno pretende encajar un instituto jurídico de un sistema en otro no siempre cuadra bien, tal como ocurrió con el tema del arrepentido, que terminó –perdonen la expresión- "reventado" en el Senado.

Si hablamos de la naturaleza jurídica de la tarjeta de crédito debemos definir si se trata de un título valor, contemplado como tal en el derecho romano pero no en el common law. Este es el tipo de definiciones que tenemos que encarar seriamente para poder legislar sobre esta figura. Por lo tanto, en lugar de haberse escondido a redactar los dictámenes en lugares donde el consenso pasaba sólo por el bloque oficialista, podríamos haber redactado el proyecto de ley que se merece un país serio.

Tampoco tengo empacho en decir que una norma de esta envergadura no puede legislar sólo sobre la tasa de interés, aunque sabemos que esta es la preocupación de mucha gente que está atravesando dificultades económicas.

Ante la situación difícil que viven muchas personas encontramos una salida mediática: por medio de un artículo pretendemos dar soluciones, pero ello no es así, a pesar de que fuera de este recinto muchos piensan que estamos generando una especie de condonación de deuda sobre el régimen de la tarjeta de crédito que los tiene atosigados y que no están en condiciones de pagar. Pero aquí no estamos promoviendo una condonación de deuda ni eximiendo de ningún pago; sólo estamos disponiendo una regulación jurídica, y mi amigo Arias –que es un jurista excepcional- tiene en claro este tema. Tanto es así, que nos llevó muchos años de trabajo elaborar un proyecto que fuera evolucionando y madurando con el tiempo.

Considero que este instituto jurídico es un titulo valor, pero soy consciente de que entre los presentes hay muchos que con mayor jerarquía jurídica piensan distinto. En mi opinión se trata de un título valor atípíco que debería tener una regulación tan seria y responsable como la que correspondería para el cheque, la letra de cambio, el pagaré y algunos otros institutos. Sostengo esto porque a mi juicio esta es la moneda del futuro; las monedas electrónica y plástica reemplazarán en términos de seguridad y agilidad la mayor parte del funcionamiento comercial.

En el marco de un análisis de naturaleza jurídica corresponde señalar que este es justamente un negocio jurídico. No sólo yo sostengo esto; algunos autores afirman que se trata de un título valor atípico que requiere una legislación especial. En ese sentido, me parece una aberración que por ser un título valor atípico se pretenda decir -in voce, porque no existe despacho- que genera la vía ejecutiva ipso facto. La preocupación se refiere a la cantidad de gente que podría caer en las manos de los poderosos por medio de los juicios ejecutivos -sin haber abierto la boca- y a cuánto dinero le podrían sustraer del bolsillo. Pero ese es un error gravísimo. Una cosa es generar un instrumento atípico -que prepara la vía ejecutiva para brindar la seguridad y la estabilidad que ameriten la confianza de la gente- y otra diferente darle vía ejecutiva como un cheque, por el solo hecho de que se remite un resumen que nadie sabe si se recibió o no, en particular por los problemas que existen en la República Argentina en materia de notificaciones, domicilios legales, ordinarios, reales, etcétera.

En este sentido, hubiera sido muy importante descubrir cuál es la diferencia entre la legalidad y la ilegalidad. Sostengo esto porque en la Argentina de 1998, casi a fines del siglo, tenemos una moneda dura y estable, que el oficialismo se la atribuye a su presidente, y al respecto, como opositores nosotros formulamos un reconocimiento serio y responsable. Sin embargo, desde el oficialismo no se distingue la usura de la legalidad; nunca han querido legislar sobre la usura, que es uno de los puntos prioritarios para determinar un esquema político serio en el marco comercial. También habría que haber legislado sobre las leyes antimonopolio. ¿Saben dónde se ampara fundamentalmente la legislación americana de las tarjetas de crédito? En las leyes antimonopolio y de usura.

Nosotros no tenemos una ley de usura, que es la que determina dónde finaliza la legalidad y donde comienza el delito.

Entonces me parece que aquí estamos legislando cuestiones que nos van a vetar, en algunos casos con razón y en otros sin ella.

El otro tema es el de la gente que está sufriendo por las altas tasas de interés. No nos equivoquemos: es el sistema el que pone las altas tasas de interés. Muchachos no se equivoquen: es el sistema el que pone las altas tasas de interés. ¿O ustedes vieron a los opositores diciendo que hay que levantar las tasas de interés para que no haya tanto consumo? Lo hizo el señor ministro de Economía de este gobierno, no nosotros, y cuando le dijimos que lo iba a vetar el Poder Ejecutivo porque no se ajustaba al plan que tenía, no nos prestó atención. Pero el propio presidente lo dijo en la Convención de Bancos, y por las dudas los volteó a ustedes y a nosotros.

Nos volteó, nos dejó como si fuéramos de quinta, como si en este recinto no se razonara, como si aquí no se pensara ni se estudiaran las cosas.

Entonces ahora vamos a pedir al bloque oficialista que actúe con inteligencia y que no pierda la oportunidad de producir una ley seria. Si ustedes quieren que fijemos una brecha distinta en las tasas de interés, lo podemos hacer en un día; si están dispuestos a ello. Podemos sancionar una norma que legisle en materia de usura, porque la usura no está sólo en las tarjetas de crédito, también está en la cuentas corrientes mercantiles, en las cuentas corrientes bancarias, en el descuento de documentos, en la compra de cheques y en muchas otras operaciones. Si lo hacemos seremos un Congreso mucho más serio y eficiente, no para el gobierno de turno sino para el país que necesita cosas serias.

Voy a cerrar mi exposición con un último tema. Esta no era una ley para hacerle masticar tierra a nadie; tampoco nadie se puede sentir avergonzado de querer arreglarle los problemas a la gente. Nosotros estamos dispuestos a aprobar un artículo que fije una tasa de interés razonable, más una tasa punitoria para el caso específico de las deudas, pero creemos que, tal como se anticipó, no va a ocurrir nada. Tenemos miedo de generar en la gente una esperanza que no corresponde.

No hay derecho a que a un gran supermercado le retengan una tasa ínfima y que al pequeño y mediano comerciante lo estafen con una tasa del 10 por ciento. Por eso es que dijimos que no debe haber una diferencia de más de tres puntos en la misma actividad entre aquellos a quienes más les retienen y los que sufren menores retenciones.

De esta manera no será necesario establecer topes porque a los grandes no les van a cobrar una barbaridad y, aunque no haya topes, ello nos garantiza que no le cobren cifras enormes a los pequeños y medianos comerciantes, empresarios o industriales, tan necesarios para el desarrollo de nuestro país.

Discúlpenme si me extiendo demasiado en mi exposición, pero debo señalar que no vale la pena equivocarse en demagogia. Digo esto porque la gente puede estar esperanzada en algo que no le vamos a brindar desde aquí.

Si ustedes creen que esa es una actitud política y que los va a ayudar a crecer, pues háganlo; pero también carguen con la irresponsabilidad que hacerlo implica, porque la gente no merece que se juegue con ella. La gente es el principal capital que tiene este país. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. VENSENTINI.- Señor presidente: comenzaré haciendo referencia a un tema de gran significación planteado por el señor diputado Fayad.

Me pregunto por qué la Cámara se ha constituido en Comisión para tratar este proyecto sobre el marco regulatorio del sistema de tarjetas de crédito. Posiblemente el camino tendría que haber sido otro.

Tal como expresaba el señor diputado Fayad, nadie puede explicar por qué, si había voluntad mayoritaria de los bloques en consensuar las propuestas sobre este marco regulatorio, las "ventajitas" políticas y la picardía terminaron generando un escenario en el que aparecemos discutiendo dos propuestas y tratando de encontrar las diferencias.

A pesar de que los diputados integrantes de las comisiones intervinientes trabajaron largamente sobre este tema y se produjeron dos alternativas, constituimos la Cámara en comisión, y al analizar el desarrollo de esta sesión comienzo a pensar si después de haber trabajado seriamente no terminaremos sin votar nada en concreto y habiendo utilizado el tema de las tarjetas de crédito como una herramienta de campaña política.

No le hace bien a la política este afán de recuperar temas que en los últimos tiempos han quedado absolutamente en manos de la economía. Un ejemplo de ello es la discusión de este marco regulatorio.

Sin embargo, no podemos seguir avanzando en este debate porque tengo la sensación de que hasta ahora el tema no ha aparecido. Digo esto porque no tomamos conciencia de que la deformación del sistema a la que hemos llegado es producto del famoso piloto automático al que alude cotidianamente el señor ministro de Economía.

Todos somos conscientes de que hace falta una norma que regule esta materia; ya lo hemos dicho en alguna de las tantas reuniones de comisión en las que abordamos esta cuestión. Este no es un proyecto por el que se pretenda restringir la actividad económica de nadie. Lo que se pretende es garantizar el funcionamiento del mercado, porque cuando nos hablan del mercado pareciera ser que algunos desconocen la situación de fuertes y débiles que en él se plantea. Tengamos en cuenta que es responsabilidad del poder público garantizar la existencia de un mercado realmente libre y competitivo. Y no hay mercado libre si la parte más débil en la relación de consumo está sometida por la parte más fuerte, sea éste prestador de bienes o de servicios.

Lo que estoy señalando no es materia opinable. Esto surge de la ley de defensa del consumidor, que asegura la protección a la parte más vulnerable. Como si esto fuera poco no podemos dejar de mencionar el artículo 42 de la Constitución Nacional -no lo voy a leer en este momento- del que también surge con claridad que este tema no es materia opinable, porque es responsabilidad del Estado -repito- proteger a la parte más débil en la relación de consumo que se da en el mercado. Este artículo señala: "Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos,...", es decir que lo establece en forma imperativa y como una obligación. Por eso éste no es un tema discutible.

Cuando uno empieza a analizar esta situación se pregunta qué hubiera sucedido si se hubiesen respetado las normas constitucionales, si se hubiese cumplido con lo que establece la ley de defensa del consumidor y qué hubiese sucedido si el Banco Central, como autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor en las operaciones a crédito, hubiera cumplido con el espíritu que emana de esa norma. Pero aquí no estamos discutiendo sólo un problema financiero. En mi opinión estamos engañando a la ciudadanía si planteamos esta discusión exclusivamente en términos financieros. En los últimos tiempos hemos empezado a tomar conciencia -es bueno que el legislador también lo haga- de que las nuevas formas de comercialización masiva convirtieron al contrato de adhesión en un instrumento de utilidad cotidiana. ¿Qué se hizo frente a esta realidad? Absolutamente nada.

En general es muy difícil explicar en los ámbitos internacionales del consumismo -donde hay muchos países que están peleando por implementar sus propias leyes de defensa del consumidor- que en la Argentina, donde ya tenemos una ley y donde existe una tutela constitucional, se presente tal grado de desprotección sistémica del ciudadano como consumidor.

En las audiencias públicas de las empresas telefónicas escuché a los representantes de las propias empresas y de la Secretaría de Comunicaciones señalar de qué manera beneficiaba al consumidor todo lo que ellas hacían. Por lo tanto, en este momento en el que estamos sesionando en conferencia -dado que no contamos con un dictamen de comisión- no quisiera que discutiéramos el nivel de las tasas y que luego, en el debate en particular, nos encontráramos con que en realidad habilitamos la vía ejecutiva y que ella es la prenda de negociación frente a la temática de las tasas. Nuestra propia acción como legisladores ha generado lo que era razonable que se iba a provocar. Hoy ya se habla de la autorregulación y existen convenios para que los bancos disminuyan las tasas de interés, lo que confirma la justicia de los planteos con los que se estaba discutiendo esta norma.

¿Qué se hizo frente a todo esto? Alguien dirá que el Banco Central no entiende en estas cuestiones. ¿Qué hicieron la Secretaría de Comercio o la Inspección General de Justicia, donde se encuentran registrados todos los contratos de adhesión? ¿Qué hizo frente a contratos de uso masivo que, por ejemplo, dicen: "Tenemos derecho a modificar las presentes condiciones en cualquier momento. Consideramos que ha aceptado los cambios si después de haber recibido nuestro aviso, conserva o utiliza la tarjeta."?

¿Qué hizo la Secretaría de Comercio, que debería estar protegiendo a los consumidores para evitar que estos papeles circulen en el mercado? Parecería que existe una voluntad de penalizar o castigar.

Todo esto sería mucho más sencillo con políticas preventivas y de información, que eviten los contratos de adhesión con cláusulas abusivas y en los que -en violación a la ley- nunca se observa el requisito del doble ejemplar. Circulan en el mercado y están habilitados sin una autorización previa de la Secretaría de Comercio.

Una política preventiva y dejar de lado el piloto automático habrían evitado la situación de abuso generalizado a la que hemos llegado y que se debe corregir.

No es discutible la temática de las tasas. Los propios fallos judiciales han hablado acerca de la razonabilidad de la cuestión. Uno de ellos dice: "No parece discutible que el tema de los intereses excesivos o usurarios afecta e interesa a toda la sociedad como se ha visto a través de los tiempos mediante prohibiciones o leyes regulatorias o sancionatorias. Si bien es un caso de lesión, se trata de un particular caso de lesión, que adquiere proyecciones sociales importantes, pues la proliferación de tales actos provoca perjuicios sociales generalizados y constituyen un verdadero flagelo ante el cual los órganos estatales no pueden permanecer indiferentes."

Estimo que el final de este debate en comisión tiene que materializarse en la votación de un dictamen, y para ello debe quedar absolutamente en claro cuál es éste. Luego tendríamos que continuar con la votación en particular, para no generar la trampa de que por mecanismos de un debate en particular se termine violando el propio espíritu que se ha manifestado en este recinto.

Sr. VENSENTINI.- Esto requería consenso y no un manoseo. También requería abordar esta problemática con seriedad. Si algunos de los aquí presentes queremos asegurarnos de que esta norma no permanezca en un cajón en el Senado, o si alguien aspira a que no haya elementos por los que la iniciativa termine siendo vetada por el Poder Ejecutivo, no podemos salirnos de esta sesión sin votar una norma sólida y sin precariedad, que permita confiar en el cumplimiento de las leyes y de la propia Constitución nacional, lo que no hicieron los funcionarios públicos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (SORIA C.E.).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CARDESA.- Señor presidente: se ha producido una extraordinaria expansión de las tarjetas de crédito, con millones de usuarios en nuestro país. Su uso creció ante una variada cantidad de transacciones y su efecto dinamizador en el consumo fue gestando una incidencia cada vez más notoria del instrumento. Como bien decía el señor diputado Dumón cuando comencé a concurrir a la Comisión de Legislación General, se fue haciendo cada vez más creciente la necesidad de regular este instituto. Para ello se fueron recogiendo diferentes proyectos a lo largo de tres períodos muy claros de esta última etapa económica: el del inicio de la convertibilidad, el del efecto "tequila" y el de hoy, en que asistimos a la crisis de las bolsas asiáticas.

Estos distintos períodos dejaron como consecuencia diferentes intentos de regulación de este instituto, porque junto con su proceso expansivo comenzó a manifestarse una serie de distorsiones que motivaron inquietudes de usuarios, comerciantes y otros sectores sociales afectados por aquéllas.

Vamos a mencionar brevemente en qué se sintieron perjudicados estos sectores sociales que concurrieron a las distintas comisiones y que han constituido la fuente que ha enriquecido las diferentes propuestas.

En primer lugar, los altos intereses que se pagan en concepto de financiamiento o por mora. No hay nada que justifique que se apliquen tasas que llegan al cinco por ciento mensual, mientras que las mismas entidades otorgan créditos para operaciones similares a una tasa que no excede el dos por ciento mensual.

Tampoco puede omitirse la abismal diferencia que existe entre la comisión o arancel que se cobra a los grandes hipermercados y la de los pequeños comerciantes, oscilando entre el uno por ciento para los primeros y hasta el 10 por ciento para los últimos. Sin duda esto constituye un factor que altera la libre competencia, eleva los costos e inevitablemente se traslada a los precios al consumidor.

Además, está práctica constituye un nuevo obstáculo para la pequeña y mediana empresa, generadora de fuentes de trabajo, acentuándose así el proceso de concentración económica en favor de los grandes grupos que utilizan en menor proporción mano de obra, circunstancia que trae aparejado el aumento de la desocupación, que ha llegado a niveles críticos. Sin la asistencia del Estado a través de sus programas de trabajo -más allá de las críticas que puedan recibir-, seguramente la situación sería mucho peor.

Otro elemento que quita transparencia a la operatoria de las tarjetas de crédito es la enorme desigualdad entre las partes, que obliga a proveedores y usuarios a suscribir contratos de adhesión redactados por las entidades emisoras, en los que frecuentemente se insertan cláusulas abusivas en perjuicio de aquéllos, sin que exista -como bien lo decía el señor diputado preopinante- una autoridad de control con facultades para poner límite a tales abusos.

Podrá argumentarse que en una economía de mercado éste corrige estas diferencias reasignando recursos en favor de los agentes económicos más eficientes y desplazando a aquellos que incurren en prácticas que intentan alterar la sana competencia.

Más allá de los reparos que estas concepciones puedan traer aparejados, cabe recordar que aun los economistas de orientación liberal han admitido la necesidad de la función reguladora del Estado cuando en un segmento del mercado se verifica la existencia de monopolios u oligopolios que impiden o distorsionan la competencia.

En nuestro país el mercado de tarjetas de crédito está controlado en un 90 por ciento por dos empresas, en tanto los procesos de concentración bancaria que se expresan en absorciones, fusiones y quiebras de los bancos menos poderosos es un dato de la realidad que nos exime de mayores comentarios.

Cabe preguntar si puede sostenerse entonces que no existe una suerte de oligopolio en el negocio de las tarjetas de crédito. ¿Puede ignorarse que la enorme desigualdad que hay entre los usuarios y los proveedores, por una parte, y las entidades que administran las tarjetas de crédito y los bancos que financian el sistema, por la otra, no amerita la sanción de normas que regulen el sistema?

Podríamos extendernos a los fines de detallar los vicios que en la actualidad afectan al sistema de tarjetas de crédito, pero consideramos que lo expuesto alcanza para fundamentar la necesidad de un plexo normativo en esta materia.

Es necesario reconocer una vez más a los sectores sociales que con su presencia en esta Cámara nos han ayudado a plantear regulaciones respecto del tema que nos ocupa. También es dable resaltar la labor de jueces y camaristas, quienes mediante algunos fallos han logrado poner coto en cierta manera a los abusos en los casos en que les correspondió intervenir.

Entendemos que no es este el momento de hacer un análisis exegético del proyecto de ley en tratamiento, entre otras cosas porque no lo hemos tenido a nuestra disposición. Por eso sólo me referiré a aquellos temas que ya hemos desarrollado. Sin embargo quiero detenerme en otro aspecto que merece destacarse: la regulación de la vía procesal habilitada para el cobro de los créditos provenientes de operaciones realizadas con tarjetas de crédito.

En los últimos días hemos visto a través de los medios de comunicación una profusa campaña realizada por los bancos y entidades emisoras de tarjetas de crédito, que reclaman la vía ejecutiva. Conviene recordar que la tarjeta de crédito no constituye un título incausado –como el cheque o el pagaré-, pues en este caso la obligación que se genera reconoce una causa específica: la operación que se realizó previamente con esa tarjeta. Por lo tanto, la habilitación lisa y llana de la vía ejecutiva dejaría a los usuarios sin defensas frente a errores o excesos que pudieren contener los resúmenes mensuales. Por ello la Alianza consideró idóneo el procedimiento de habilitación de la vía ejecutiva mediante el cumplimiento de algunos requisitos que garantizaren la defensa en juicio del usuario.

Los más acérrimos defensores de la ortodoxia económica neoliberal asumen hoy sin tapujos las llamadas "imperfecciones del mercado"; tácito aunque tardío reconocimiento de la conocida frase que asegura: "Gris es la teoría, verde es el árbol de la vida".

Considerar a todos los actores económicos en un pie de igualdad ante el mercado es cuanto menos una ingenuidad, cuando no lisa y llanamente una mala fe que violenta la razón, ya que son perfectamente visibles y comprobables las asimetrías de la concurrencia.

Por lo tanto resulta indispensable restablecer el equilibrio necesario entre los actores, para evitar prácticas monopólicas u oligopólicas que, como se observa, han distorsionado este instituto, que nació para beneficiar a la gente. Mediante la regulación que propone la Alianza y la posibilidad de lograr un consenso que haga viable su aprobación pretendemos superar los obstáculos que aquellas prácticas han generado.

Luego de lo expuesto queremos hacer hincapié en dos cuestiones fundamentales.

En primer lugar, la Alianza tiene una firme convicción política de avanzar hacia la búsqueda progresiva de mayor equidad social y justicia en cada medida que propicia. Nuestro objetivo es legislar a favor de la gente, del conjunto social. En segundo término, sostenemos la necesidad profunda de accionar en un marco de racionalidad que descarte el posibilismo y la actitud demagógica, que en el mejor de los casos sólo sirven para generar falsas expectativas mientras en la realidad de la vida cotidiana todo sigue igual.

En defensa de la posición de la Alianza hemos actuado despojados de todo sectarismo, respetando escrupulosamente las reglas de juego parlamentario y habiendo agotado hasta las últimas instancias la búsqueda de consensos para servir al conjunto social encarnado en millones de argentinos que reclaman justamente una respuesta urgente y fundamentalmente racional.

Por eso venimos a solicitar que luego de la aprobación en general de este proyecto de ley, en su tratamiento en particular se ponga énfasis en no distorsionar los compromisos que el conjunto de las bancadas ha asumido sin temores en la discusión llevada a cabo en las comisiones.

No reconocemos dioses ni en el mercado ni en el Estado. Por eso hacemos nuestra la frase de los alemanes que dice: "Tanto mercado como sea posible, pero también tanto Estado como sea necesario". (Aplausos)

Sr. PRESIDENTE (SORIA C.E.).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. MARTINEZ ZUCCARDI.- Señor presidente: el régimen de las tarjetas de crédito es de naturaleza compleja pues participan el titular de la tarjeta, el emisor y el comerciante proveedor de las mercaderías que son adquiridas o transadas.

En esta relación compleja -que hasta aquí ha venido conservando las características de un contrato innominado en el régimen jurídico argentino- aparece como una necesidad, ya postergada de muchos años atrás y transvasada a distintos gobiernos, la de tipificar esta modalidad de relación contractual junto con los roles y los derechos y obligaciones emergentes para cada una de las partes.

La ausencia o inexistencia de esta tipificación, a pesar de los esfuerzos sanos y notables que a nivel jurisprudencial se han hecho en el sentido de morigerar los excesos y abusos que en este marco de supuesta liberalidad se desenvolvía el sistema, generó un modelo injusto. Aquí no se está regulando el sistema sino acotando y poniendo pautas de moderación a su régimen de rentabilidad.

Lo que se está buscando y proponiendo es evitar los efectos de la concentración del régimen y los de la abrumadora y tremenda transferencia de ingresos que viene operándose en su actual funcionamiento.

Por eso, más allá de las anécdotas que con justicia y verdad han desarrollado varios señores diputados preopinantes, en el sentido de la demagogia, el apresuramiento o las apreciaciones facilistas, incentivadas tal vez por la derrota electoral del 26 de octubre pasado, en la bancada oficialista, creo que se confundieron los conceptos y tergiversaron los términos que seria y sanamente debía contener este sistema.

Sin duda que los distintos proyectos de dictamen presentan coincidencias tanto cualitativa como cuantitativamente en orden a la estructura normativa de las relaciones contractuales, los sectores y los derechos y obligaciones entre las tres partes que se vinculan en esta relación compleja.

Yo diría que la coincidencia fue casi plena, con algunas salvedades que no vamos a aceptar. No es razonable hacer lugar a la pretensa asimilación del certificado de deuda que confecciona un emisor de tarjetas de crédito con aquel que prepara una entidad bancaria para que opere como título ejecutivo.

No es admisible seriamente un cobro judicial de una deuda bajo este sistema si no existe un instrumento con la firma fehaciente ológrafa del titular que efectuó el gasto y la operación. Esta es la piedra angular del sistema para su razonable funcionamiento.

¿Qué ha pasado con las tarjetas de crédito? Un reciente estudio llega a la conclusión de que existen en la Argentina 150 entidades no bancarias que trabajan con los llamados créditos personales. No todas ellas operan con el sistema de tarjetas de crédito, pero sí incursionan en el mercado del crédito personal.

El sistema de las tarjetas nació como un régimen cerrado, pasando luego a ser un sistema abierto. Es decir, de círculo cerrado pasó a ser abierto; y de un sistema no bancario pasó a ser bancario, razón por la cual los bancos se introdujeron en un mercado en el cual antes no participaban. Esto aceleró un proceso brutal y grotesco de transferencias de ingresos, al cual se han referido quienes me precedieron en el uso de la palabra.

Por eso es que esta tipificación y descripción de los derechos y obligaciones entre partes es sin duda un elemento necesario. Yo diría que es casi imprescindible que este instrumento no se desnaturalice, para que siga siendo útil en las relaciones económicas y comerciales.

Deseo enfatizar dos temas puntuales que a mi entender hacen al corazón del funcionamiento de este sistema.

El representante Justicialista ha expresado conceptos que pueden tener certeza técnica, pero que están orientados en una filosofía, esquema y rumbos diferentes. Me refiero a las tasas de interés. Los bancos y los emisores de tarjetas de crédito pretenden justificar las altas tasas de interés en la gran morosidad que tiene el sistema. Es decir, compensan la alta morosidad con elevadas tasas de interés. Esta es la esencia del razonamiento, que se ha expresado incluso en reuniones de comisión.

A nuestro entender, es necesario desvincular el tema del costo del servicio y el respectivo interés del referido a la morosidad, a fin de no seguir manejándolos de la manera en que lo hemos estado haciendo hasta ahora para justificar el abuso.

La iniciativa elaborada por la Alianza prevé una tasa de interés no superior a dos veces y media la tasa pasiva bancaria.

En primer lugar cabe aclarar que cuando no hay un proceso de estabilidad plena, se modifican velozmente las tasas activas; en cambio, las tasas pasivas tienen un comportamiento más pausado y no sufren un incremento similar al de las anteriores.

En segundo término, consideramos que la estimación realizada responde a un criterio técnico. En este sentido cabe advertir que resulta curioso que tanto en el dictamen de mayoría como en la propuesta formulada por el señor miembro informante se hable de una tasa de interés de un 35 por ciento a pesar de que en los últimos tiempos los miembros del bloque oficialista decían que no debía superar el 20 por ciento; por lo tanto, no cabe duda acerca de que los sucesos de estos últimos días han provocado una variación en el criterio de los señores diputados.

En los países de economía estable cuando los créditos son menores a un plazo de treinta días las tasas de interés oscilan entre el 25 y el 37 por ciento, y los que comprenden un plazo de entre sesenta y noventa días tienen tasas menores al 20 por ciento. En consecuencia, no parece un criterio técnicamente correcto esta propuesta de una tasa de interés de un 35 por ciento.

Consideramos necesario desvincular este tema del referido a la morosidad, porque vemos que en esta posición deformada a la que los bancos y los sistemas de tarjetas fueron llevando a los mecanismos vigentes se ha dado una suerte de sociedad de garantía solidaria a través de un plus en la tasa de interés para cubrir la morosidad o los índices de morosidad previstos.

Entendemos que el sistema debe contar con un régimen de seguro de incobrabilidad que debe ser incorporado en el presente proyecto de ley, porque de esa forma daríamos una solución cierta al problema de la morosidad. Asimismo entendemos que este seguro deberá ser controlado por el Banco Central y tendrá carácter obligatorio para todo titular beneficiario del régimen de tarjetas de crédito.

Adelanto que en la discusión en particular abundaré en mayores consideraciones.(Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (SORIA C.E.).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. SUAREZ.- Señor presidente: el interés de todos los bloques es dar solución a este problema que afecta a un número millonario de usuarios de tarjetas de crédito, sometido a un régimen muy discrecional y abusivo.

Es sabido que en todo debate que se desarrolla en este recinto siempre se encuentra la ocasión de realizar una observación o alguna pequeña chicana. En ese sentido muchas veces se adjudica a este bloque o a alguno de sus miembros la utilización de recursos demagógicos o ventajosos desde el punto de vista político. Más allá de que no comparto ese mecanismo, sé que está establecido por los usos y costumbres, en especial de la oposición y para todos los temas que nos toca analizar; pero esto me lleva a sostener que pareciera que algunos ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Estoy de acuerdo con el señor diputado Vicchi en el sentido de que es imperioso que se sancione un proyecto de ley antimonopólica. Aun en el caso de que la norma que estamos considerando resulte aprobada, vamos a quedar rengos jurídicamente en algunos aspectos. Por ello coincido en que es necesario, conveniente y urgente sancionar un proyecto de ley antimonopolios y otro antiusura. Asimismo considero que todos han advertido los efectos perjudiciales que causan los denominados contratos de adhesión en las relaciones comerciales entre una parte poderosa del mercado y otra débil.

Es cierto que, si las tres normas mencionadas hubieran sido sancionadas, tal vez hoy no estaríamos discutiendo el régimen de las tarjetas de crédito en razón de que ya estarían resueltos los problemas que hoy pretendemos enmendar. Pero la realidad es que el problema existe, que es de vieja data y que esas tres leyes de fondo que siguen siendo necesarias todavía no se han dictado.

Por otra parte, no es admisible que con memoria frágil se sostenga que trajimos el tema al debate entre gallos y medianoche, cuando los señores diputados Arias y Alterach presentaron un proyecto de regulación de las tarjetas de crédito hace ya cuatro años, y quien habla dos años atrás, sin mencionar otra serie de iniciativas que en el mismo sentido formularan diferentes señores diputados.

En consecuencia, en lugar de echarnos la culpa mutuamente, con honestidad intelectual la oposición y el oficialismo deberíamos reconocer que el cuerpo en su conjunto es el que está en mora en relación con la solución de este problema. Es el cuerpo el que está en mora con la sociedad pues en tanto tiempo no ha sancionado proyectos de ley antimonopolio, antiusura y de regulación de los contratos de adhesión y de tarjetas de crédito.

A sabiendas de que todos estamos inspirados en un mismo sentido, invoco la voluntad y buena fe de todos los señores diputados para resolver este problema de la mejor manera.

En verdad no comprendo el motivo -probablemente porque no he sido informado- por el que se constituyó el cuerpo en comisión, pues de acuerdo con las conversaciones previas y lo resuelto por mi propio bloque, tenía entendido que se iba a desarrollar el debate en general, que íbamos a aprobar la norma en general, avanzando luego en particular sobre los puntos que ya estaban consensuados no sólo por el bloque oficialista sino también por la oposición. Y en cuanto a los puntos controvertidos, por la importancia y la seriedad que merece el tema, se iba a pasar a un cuarto intermedio para trabajar intensamente hasta la semana que viene tratando de consensuarlos y considerando los artículos pendientes, a fin de culminar en la sanción de la ley.

Solicito a los colegas de la oposición que reflexionen sobre lo siguiente: ha habido muchas apreciaciones que se han vertido, particularmente por la prensa, porque obviamente cualquier interés que se vea afectado o amenazado genera legítimamente una defensa en la que se hace uso de todos los recursos disponibles.

En el caso de sancionar esta ley, nosotros supuestamente estaríamos afectando intereses de un sector muy poderoso, lo que puede tener su repercusión en la prensa, con mayor incidencia que lo que puede lograr cualquiera de los humildes diputados que estamos aquí.

Entonces se nos acusa de una serie de cosas; incluso se adjudica al presidente de la Nación haber dicho que va a vetar la ley. Lo que quiero que entiendan es que existe la presión de un sector tan poderoso como el financiero; pero aunque el presidente de la Nación hubiera dicho que iba a vetar la ley, la realidad es que el bloque oficialista está promoviendo e impulsando el tratamiento de esta norma y sigue adelante a pesar de tantas observaciones.

Teniendo en cuenta esa situación creo que por lo menos mereceríamos un pequeño reconocimiento en términos de honestidad intelectual y no las imputaciones que nos hacen de oportunismo, de demagogia y de chicanas. Por lo tanto, propongo que resolvamos el problema en beneficio de los usuarios, sin perder el equilibrio porque ello también supondrá poner en peligro el funcionamiento de un sistema que, como se ha dicho, comenzó siendo patrimonio de unos pocos pudientes y se popularizó a tal punto que hoy son más de ocho millones los usuarios, no sólo los usuarios pudientes, los de la clase media, sino también los de las clases populares que también tienen acceso a estas tarjetas. Por esa gente es que tenemos que poner la buena voluntad necesaria para impulsar esta nueva norma.

Aquí se dijo también que estamos violando reglas del mercado o que estamos dando marcha atrás, transformándonos en dirigistas, cuando lo que buscamos es aplicar la responsabilidad del Estado de generar los equilibrios necesarios entre los individuos y la sociedad, estableciendo equidad en las relaciones, sobre todo cuando -como en este caso- no hay capacidad de negociación, ya que estamos ante un sistema simplemente de adhesión, sin posibilidad de discutir las condiciones y donde el sistema está unificado de tal forma que la competencia no existe.

Por eso en la parte referida las comisiones ni siquiera establecemos un número; el porcentaje es deducible partiendo de la base de que la comisión máxima a aplicar no podrá superar en más de cuatro puntos la comisión mínima, excluidas la aplicada a los expendedores de combustibles y la de tasa cero.

En cuanto a la tasa de interés, utilizamos un parámetro similar, teniendo en cuenta que el crédito personal es un crédito de consumo, y que el uso del financiamiento de la tarjeta de crédito también es un crédito de consumo.

Es cierto que en torno del tema del carácter de título ejecutivo hay que poner ciertos resguardos en la redacción del capítulo respectivo. Esa es una de las razones que a mi juicio hacen conveniente que ese punto no se aborde hoy y quede pendiente para su perfeccionamiento a través de la negociación y el consenso, a fin de ser tratado en la próxima sesión.

Espero que desde mi bancada se haga alguna proposición concreta para subsanar la inconveniencia de la constitución de la Cámara en comisión y para llegar a un acuerdo sobre la base del último proyecto consensuado, que proviene de una propuesta del bloque Justicialista -sobre la que se logró acuerdo en la Comisión de Finanzas-, en la que se tuvieron en consideración proyectos presentados en las comisiones de Legislación General, de Comercio y de Defensa del Consumidor. Esa iniciativa se terminó de consensuar y fue firmada esta mañana.

Ese proyecto sería la base sobre la que podríamos apoyarnos para cambiar la mecánica de este tratamiento, de modo tal de votar en general y luego pulir los detalles particulares. Como las coincidencias son mucho más grandes que las disidencias, y las diferencias existentes son muy pequeñas, con buena voluntad podríamos resolverlas rápidamente.

Sr. PRESIDENTE (SORIA C.E.).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. FADEL.- Señor presidente: sin lugar a dudas todos los miembros de este cuerpo compartimos que este no es el tratamiento más adecuado para una norma de esta jerarquía.

Tendríamos que haber profundizado su consideración a fin de evitar una solución intervencionista, pero sin abandonar el propósito de que sea operativa.

Estamos hoy debatiendo un tema que ha generado gran expectativa en la sociedad argentina. No sería nada bueno defraudar a todos esos argentinos que han creído que este Parlamento podía sancionar una norma que dé protección al grupo más importante: el de los consumidores, el de los usuarios, que son los más débiles y los que tienen menos capacidad de organización.

La voluntad manifiesta del Congreso de la Nación de debatir y sancionar una norma que regule la actividad vinculada al sistema de tarjetas de crédito nos obliga a hacer algunas reflexiones que tiran abajo los argumentos de los fundamentalistas del mercado. Hay quienes aseguran que el "señor mercado" es capaz de garantizar competencia y transparencia; pero en esta voluntad que hoy estamos manifestando dejamos explícita la existencia en la República Argentina de un mercado lleno de imperfecciones y distorsiones donde la usura está a la orden del día, ya que el sistema de tarjetas de crédito es uno a través de los cuales se canaliza esa usura.

Hay muchos temas que tenemos que tratar en el Congreso que están vinculados con la usura. Un ejemplo de ello -que también se relaciona con los bancos- es la necesidad de estudiar e investigar a las financieras que dan préstamos a tasas usurarias, que están constituidas por las mismas entidades bancarias que pagan tasas de interés del 7 u 8 por ciento a quienes depositan sus recursos en esas instituciones, pero que luego lo prestan por afuera a tasas exageradas y desproporcionadas.

Considero que no debemos analizar superficialmente las imperfecciones y distorsiones de este mercado. Tampoco podemos dejar de señalar quiénes son los que tienen mayores responsabilidades frente a estas distorsiones. En este sentido no podemos dejar de referirnos a los funcionarios que tienen la responsabilidad de aplicar muchas de las normas que existen en esta materia. Seguramente esa legislación es imperfecta pero, si se aplicara, quizás hoy no tendríamos que estar debatiendo este proyecto. De lo contrario, observemos qué ha ocurrido a partir del momento en el que este Parlamento se aprestó a analizar una iniciativa de esta naturaleza: los propios bancos se sentaron a discutir y a acordar una autorregulación. Hoy día circulan versiones en el sentido de que estarían dispuestos a autorregular una tasa del 20 por ciento y una comisión del 7,5 por ciento como máximo, cuando en la actualidad se está cobrando una comisión del 10 por ciento y una tasa que en algunos casos llega al doble de la que acabo de mencionar.

Eso muestra claramente que, si hubiese actuado la autoridad encargada de aplicar las normas que ya existen en materia de protección al consumidor, les hubiéramos ahorrado mucho dinero a los argentinos. Los bancos ya hicieron su negocio y ahora están dispuestos a sentarse para autorregularse. Pero no le creamos tanto a esa autorregulación; tenemos que seguir trabajando y aprobar en el día de hoy un proyecto que regule esta actividad y que garantice protección al grupo económico más importante, es decir, los usuarios.

Nos resulta muy difícil entender la libertad de mercado y la sana competencia si no tenemos un Estado que garantice, en primer lugar, la transparencia y la información veraz al usuario, lo que está perfectamente definido en la ley de defensa del consumidor, que no se aplica.

Lamentablemente, como decían otros señores diputados, circulan contratos de adhesión con cláusulas abusivas y leoninas y escritos con letra chica, que sorprenden al usuario en su buena fe. Por ello afirmamos que la buena salud del mercado siempre va a estar en relación directa con la transparencia, que debe ser garantizada por el propio Estado.

Sr. FADEL.- Esa mayor transparencia evitará que el usuario sea sorprendido en su buena fe con cláusulas contractuales ilegibles y leoninas, con tasas abusivas y usurarias, con renovaciones automáticas compulsivas y con resúmenes de cuentas poco claros; en algunos casos, inclusive, se omite información que debería llegar en tiempo y forma al usuario.

El ejemplo más claro de la última cuestión que acabo de expresar es la renovación automática, que yo denomino casi compulsiva. En esto tengo experiencia propia, porque cuando quise desprenderme de una tarjeta de crédito, cada vez que me presentaba para hacerlo, me informaban que ya me habían descontado el costo anual en resúmenes anteriores de la tarjeta de crédito.

Este es uno de los puntos que está contemplado en el proyecto que hemos logrado acordar en el marco de la Alianza. Allí la cuestión se resuelve a partir de una información oportuna y legible con respecto al vencimiento de la tarjeta, a fin de no complicar la vida al usuario haciéndolo concurrir -como figura en otras iniciativas- a firmar otro contrato o a manifestar por escrito su voluntad de continuar.

Así establecemos que es necesario que se informe perfectamente en los tres últimos resúmenes anteriores al vencimiento de la tarjeta la fecha en la que se va a producir dicho vencimiento. Si el usuario no manifestara su voluntad de desistir de la utilización de esa tarjeta, ella se renovaría automáticamente.

Otro tema que nos preocupa es la cuestión de fijar las tasas de interés o de colocarles un techo. Llegamos a este extremo porque, lamentablemente, no hubo un tratamiento donde se pudieran discutir otras alternativas, como la que hoy expuso el señor diputado Martínez Zuccardi cuando hablaba del seguro de incobrabilidad.

Menciono esto último porque los bancos dicen que las tasas de interés altas responden al elevado índice de incobrabilidad que hay en la Argentina. Olvidan decir que las altas tasas de incobrabilidad surgen de la distribución masiva de tarjetas -que en muchos casos se imponen de manera compulsiva- para ampliar su universo y, por ende, su margen de ganancia, pero que no quieren ampliar su riesgo; este último que lo pague el usuario cumplidor. Esto me hace acordar a la política tributaria que se ha aplicado en los últimos años, en la que, en lugar de combatir la evasión, creamos nuevos impuestos y hacemos que los cumplidores paguen las consecuencias.

Este criterio de que las elevadas tasas de interés respondan al alto nivel de incobrabilidad de los bancos me lleva a pensar en la posibilidad de incorporar un seguro obligatorio de incobrabilidad, como existe en otros países, de manera que no se pueda dar más esa excusa referida a la incobrabilidad. Dejemos que las tasas se ubiquen en niveles internacionales y que se aplique este seguro mínimo que, si bien va a implicar un nuevo gasto para el usuario, éste será insignificante en comparación con la menor tasa de interés que le aplicarán.

En el entendimiento de que no es un tema cerrado, esta es una alternativa a debatir respecto de un proyecto que hubiera merecido un tratamiento más serio y responsable atento a su naturaleza.

En cuanto a la vía ejecutiva, el proyecto de la Alianza considera que debe existir una preparación previa a partir de los contratos de adhesión que se establezcan en función de lo que esta ley determine y con los resúmenes como corresponde.

Atento a la baja transparencia y a la falta de información entre los usuarios, es altamente riesgoso transformar el resumen en un título ejecutivo, por más que establezcamos otras normas como las que fijan un techo para las tasas de interés o las comisiones, porque existe la posibilidad de que ocurra lo que ha sucedido en otras ocasiones en que el Poder Ejecutivo ha vetado sólo las normas dictadas a favor del usuario, con lo que dejaría vigente la vía ejecutiva del resumen. Evidentemente, esta combinación sería explosiva y no queremos cometer tamaño error.

No quiero dejar de mencionar otros sistemas que apuntan a sectores de menores recursos, porque pareciera que, cada vez que se alude a las tarjetas de crédito, se hace referencia sólo a las más conocidas. Por eso queremos hacer hincapié en la redacción del proyecto, a fin de aclarar que esta ley debe alcanzar asimismo a todos los sistemas de crédito provinciales e incluso a las tarjetas provenientes de emisiones de bancos estatales, que también cometen usura.

El ejemplo está en lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, donde se cobran tasas de interés superiores al ciento por ciento anual a partir de la necesidad de mucha gente de menores recursos que no puede acceder a las tarjetas de crédito tradicionales y recurre a las de financieras y comercios que emiten estas tarjetas y abusan de los usuarios.

Como decía, hay también tarjetas de crédito emitidas por bancos estatales de provincia que, además de pagar con atraso los sueldos, cobran sobre esas tarjetas intereses abusivos. Es decir que, por un lado, a la gente no se le paga el sueldo, y por el otro, se les brinda la posibilidad de disponer de una tarjeta de crédito sobre la que se aplican intereses abusivos. Aquí desaparece el argumento del alto índice de incobrabilidad, porque el descuento se efectúa por planilla. Esta usura estatal es aún mucho más grave que la usura privada.

Por ello, debemos definir perfectamente en este proyecto de ley que este sistema alcanzará a todas las tarjetas de crédito, sean bancarias, financieras o comerciales, emitidas por entidades privadas, mixtas o estatales.

A partir de la gran expectativa generada en los argentinos considero que hoy no podemos irnos de este Congreso sin haber votado un despacho que sea el fruto del consenso entre los diferentes sectores. Sabemos que tanto al oficialismo como a la Alianza les ha llevado mucho tiempo lograr la síntesis de los proyectos de sus distintos integrantes.

Por lo expuesto, desde nuestro bloque solicitamos que hoy se vote en general y en particular un proyecto de ley que regule el sistema de tarjetas de crédito. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. LAMBERTO.- Señor presidente: hoy es un día particularmente especial porque hace unos cuantos años, allá por 1990, presenté el primer proyecto sobre tarjetas de crédito.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia ruega a los señores diputados que guarden el mismo respeto que solicitan en ocasión de realizar sus exposiciones.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. LAMBERTO.- Como decía, señor presidente, aquel proyecto no tuvo buena suerte porque para algunos regulaba muy poco y, para otros, demasiado. Estos son los argumentos que siempre se utilizan cuando se quiere impedir la sanción de una iniciativa: unos están muy a la derecha y otros muy a la izquierda, y finalmente la aprobación del proyecto no prospera.

Es imperioso disponer de una legislación sobre tarjetas de crédito en razón de la cantidad de intereses que están en juego y del número de personas que utilizan el sistema. Por ejemplo, al respecto se habla de compras por 15 mil millones de dólares y de una cantidad de 9 millones de usuarios. Evidentemente, estamos refiriéndonos a un tema que tiene altísima repercusión social.

¿Qué legislación regula el sistema de tarjetas de crédito? En relación con ellas no hay legislación alguna, o es mucho menor que para la libreta de almacenero; y lo que es más grave, es unilateral e impuesta por los colocadores de tarjetas sobre la base no de una decisión del Estado sino de un contrato de adhesión que es mucho peor que el contrato de las compañías de seguro, al que tenemos acceso más allá de su letra chica. Pero muy pocas personas –creo que nadie- tienen acceso al contrato que firman cuando reciben una tarjeta de crédito, y en consecuencia no conocen ni sus obligaciones ni sus derechos. Es decir que quien firma algo de esa naturaleza prácticamente está renunciando a todo tipo de derechos.

Por lo tanto, se trata de lograr una legislación sobre tarjetas de crédito que empiece a definir cuáles son los derechos de los participantes del sistema; es decir, qué derechos y obligaciones tiene el usuario, qué derechos y obligaciones tienen los que financian dicho régimen y qué derechos y obligaciones tienen los comerciantes. De esta manera lograremos establecer reglas claras a fin de que el conjunto de los participantes del sistema sepan a qué atenerse.

Lo enmarañado y condenable de este régimen es que se juega sin reglas, y cuando ello sucede los que pierden son los que no conocen el juego. Entonces, un sistema que tiene que tener transparencia, parte de la base de que la gente tiene que saber qué cosa contrata y en qué términos lo hace. Este es el objeto principal de una ley que regule el uso de las tarjetas de crédito.

Alguien dijo que se han legislado casi todos los instrumentos del comercio y al hacerlo se logró definir las relaciones del Estado y los particulares, proteger derechos y hacer cumplir las obligaciones. Esto es lo que nosotros esperamos de una legislación en materia de tarjetas de crédito. Me refiero a una normativa que no tenga el sesgo policíaco de hacer temer que se puedan llegar a alterar las reglas por decisión de una ley. Lo que se puede hacer es fijar qué derechos y obligaciones tienen los participantes de este sistema, cuáles son los límites para las voluntades de los que tienen mayor poder de decisión y en qué condiciones puede una persona participar en él.

Además, es fundamental garantizar la información para el usuario. Una tarjeta de crédito o de compra no es el camino hacia la felicidad que permite comprar ahora y no pagar nunca. Implica realizar un uso responsable de un instrumento para que la persona, dentro de sus posibilidades, pueda pagar y disponer. Esto también es responsabilidad del ente emisor.

Si se actúa irresponsablemente, sin reglas, los costos los paga el usuario. Cuando hay mora excesiva se traslada a las tasas; cuando hay pérdidas por mala administración, se trasladan a las tasas. Finalmente, todo esto lo paga la gente.

Cuando hace mucho tiempo se vivió un proceso de hiperinflación que provocó grandes quebrantos en el sistema financiero, gran parte de ellos se enjugaron con débitos a las tarjetas de crédito. Este fue el primer motivo por el que se trató de legislar en esta materia. Es importante que esta noche el Congreso de la Nación brinde al país una legislación sobre tarjetas de crédito. Además, resulta conveniente extremar los esfuerzos a fin de consensuar un articulado que otorgue garantía a todos los sectores. Por ello es fundamental que los miembros de las comisiones trabajen a fin de llegar a un texto adecuado, teniendo en cuenta la seriedad del tema y la cantidad de intereses y personas que están en juego.(Aplausos).

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. GUTIERREZ.- Señor presidente: hace unos minutos, un diputado de la bancada oficialista pedía reconocimiento a la honestidad intelectual con la que han abordado este tema. Desde nuestra bancada confesamos que vamos a reconocer el esfuerzo intelectual por justificar esta medida; hasta ahí llegamos.

Creo que aquí hay dos interpretaciones. Si el proyecto en tratamiento es el que se nos ha hecho llegar hace unos instantes a nuestras bancas y que cuenta con la firma de algunos legisladores justicialistas, considero que es una trampa y un despropósito. Vamos a ver por qué puede ser una trampa. Como dijo el señor diputado Fayad, es una trampa si estamos poniendo una zanahoria delante del público consumidor al fijar un tope a las tasas de interés y a las comisiones que se cobran a los comercios adheridos.

Por otro lado, estamos creando un título ejecutivo. Lo más probable es que el Poder Ejecutivo termine vetando ese tope y deje habilitado el título ejecutivo. Esto es lo que quieren los bancos irresponsables que piden el título ejecutivo porque dan tarjetas de crédito a cualquiera.

Dejemos esta hipótesis de la trampa solamente como una suposición o posibilidad y vayamos al despropósito. Es aquí donde yo estoy alarmado por la mayoría de las cosas que he escuchado. Se confunden una vez más las causas con los efectos. Aquí, naturalmente, tenemos que trabajar sobre las causas y no sobre los efectos, porque esta Cámara puede sancionar normas, pero lo que no puede es modificar leyes que surgen de las ciencias. Como ustedes saben, la ciencias exactas tienen leyes exactas que vinculan causas con efectos.

La ley de gravedad está vinculando una causa con un efecto a través de una ley que ha estudiado la ciencia física. Como la economía es una ciencia social, la obligación de los que trabajan en esa materia pasa por establecer las causas y los efectos y, por ende, ver qué ley los vincula. Se trata de leyes estadísticas pero dadas por la ciencia económica.

Algo de todo esto ocurrió el año pasado. Excepto el señor diputado Balter y quien les habla, que votamos en contra, esta Cámara votó con muy buenas intenciones la ley de factura de crédito para bajar las tasas de interés que tenían las Pyme. Hoy tenemos que derogar la ley de factura de crédito porque no tuvo el efecto buscado.

Aquí pasa exactamente lo mismo. Con este proyecto de ley no bajaremos las tasas de interés ni las comisiones, sino que agravaremos el problema.

Llevando las cosas a la realidad económica, digamos que si esta norma se llega a sancionar como ha sido propuesta los principales perjudicados serán justamente los que queremos beneficiar. Los que puedan tener tarjeta de crédito la tendrán emitida en Montevideo, en Santiago de Chile o en Nueva York, con lo cual esta ley no tendrá ninguna aplicación práctica, porque confunde la causa con el efecto.

En la economía los bienes tienen precio; los servicios tienen comisiones o tasas de interés. Cuando nosotros pretendemos poner un tope a los precios dados por la tasa de interés estamos volviendo a un pasado argentino de desabastecimiento, de fraude y de todo tipo de maniobras, porque se va en contra de leyes naturales de la economía. Estos son los efectos no deseados.

Hay mecanismos para poder avanzar en este tamaño despropósito que estamos viviendo con el costo del sistema de financiamiento de las tarjetas de crédito. Pero empecemos a trabajar en las causas; no como el disparate que han puesto en este proyecto, en el artículo 2°, donde se habla de tarjeta de crédito o "dinero electrónico". Hay alguien que evidentemente no ha leído la ley de convertibilidad, ni la Carta Orgánica del Banco Central y en consecuencia confunde el signo monetario de la República Argentina con esto que no es dinero.

Este es un problema conceptual, de absoluta ignorancia. La tarjeta de crédito no es dinero ni cuasidinero. No se la puede ni siquiera asimilar. Aquí se están equivocando.

Por otro lado, y comparando con situaciones que tenemos en países vecinos, con una organización administrativa, judicial y financiera que funciona mejor que la nuestra, como por ejemplo, Chile, se advierte que los sectores medio y medio bajo trabajan con chequera y con la tasa de interés de adelanto en cuenta corriente, porque la tarjeta de crédito es para sectores de mayor poder adquisitivo.

Lamentablemente, no es posible implementar ese sistema en nuestro país porque el Parlamento no ha dado solución a los miles de cierres de cuentas corrientes ocurridos después del Tequila. ¿Qué diferencia hay en dar a una persona que maneja una costosísima tarjeta de crédito, una chequera en condiciones normales para operar? Ello no es así porque el sistema bancario argentino ha restringido la capacidad prestable de acuerdo con resoluciones emitidas por el Banco Central. Por lo tanto, aquel productor, comerciante o industrial al que le cerraron la cuenta bancaria le resulta imposible acceder a una chequera propia para operar y se ve obligado a vender el cheque que ha recibido en pago al usurero al que los bancos sí le dan créditos. Es en este tema en el que debemos trabajar y no en el disparate que hoy se propone.

En concreto, es necesario que nos aboquemos al estudio de la rehabilitación de los millones de cuentas corrientes cerradas a fin de rehabilitar la bancarización del sistema financiero que está sólido pero que lamentablemente no llega a todos.

En segundo lugar, estoy proponiendo la autorregulación del sistema, que es lo que han salido a anunciar hoy asustados por las medidas que podían tomarse. Pero para ello no necesitamos de una ley sino que lo pueden hacer la Secretaría de Industria y Comercio o el Banco Central obligando a las entidades emisoras a hacer la misma publicación que rige para los créditos hipotecarios, círculos de ahorro para automóviles o bienes de consumo, en lo relativo a tasas de interés, ranking de entidades que compiten, comisiones que cobran, tipos de seguro, etcétera. Este sistema está funcionando y no precisamente debido a una ley sino a resoluciones del Banco Central o de la Secretaría de Industria y Comercio, organismos que están en condiciones en este mismo momento de resolver que a partir de mañana deben a darse a publicidad este tipo de datos, a fin de que la autorregulación esté inducida por el Estado.

Otro instrumento del que disponemos y que aún no ha sido puesto en funcionamiento por el Estado es la ley 24.240, de defensa del consumidor.

Además, hay dos proyectos que cuentan con sanción del Senado y cuyo autor es el señor senador Aguirre Lanari sobre tribunales de menor cuantía, que podrían solucionar cientos de juicios de poco monto pero que ocasionan un gran problema social. Esta sería otra solución a la que podríamos echar mano, pero lamentablemente su tratamiento se ha visto demorado.

Por todo lo expuesto señalo que el presente proyecto de ley no es el instrumento adecuado para solucionar el problema de los poseedores de tarjetas de crédito; por el contrario va a agravar sus consecuencias. Por estas razones adelanto el voto negativo del bloque Demócrata de Mendoza. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia advierte que es necesario precisar la hora del cierre de debate de la Cámara constituida en comisión. Según lo conversado con representantes de distintos bloques, se estima que las 21 y 30 es una hora prudencial para proceder a cerrar el mencionado debate y emitir el correspondiente dictamen.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. MARTINEZ GARBINO.- Señor presidente: teniendo en cuenta lo expresado por los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra, no veo necesario abundar en mayores consideraciones sobre los aspectos técnicos y jurídicos que abonan la necesidad de regular el sistema de tarjetas de crédito.

En virtud de ello, solicito a la Presidencia la inserción en el Diario de Sesiones del texto del discurso que pensaba pronunciar. No obstante, quiero resaltar dos aspectos. El primero de ellos se refiere a que cuando los bancos que gerencian tarjetas de crédito hablan de la alta morosidad, es necesario tener en cuenta que este sistema se vuelve perverso a raíz de que la morosidad está provocada por los propios bancos. Ello es así porque a fin de cobrar altas tasas de interés, los bancos permiten que esa morosidad controlada –entre comillas- genere una deuda a la que puedan imputársele intereses, cosa que el sistema de las tarjetas de crédito no permite.

Otra cuestión que a mi juicio es necesario destacar es que con el proyecto en debate se termina la adhesión compulsiva al sistema de tarjetas de crédito. En la actualidad, por medio del correo miles y miles de argentinos, de la noche a la mañana, se encuentran incluidos en un sistema que no han solicitado ni desean. Es así que cuando vencen los términos de la promoción se comienzan a devengar deudas por comisiones, por mantenimiento del sistema, etcétera.

De este modo, con el tiempo se va generando una deuda, lo que se enlaza con el tema de las famosas cuentas redondas, o sea, con las autorizaciones para girar en descubierto, según las cuales los bancos tienen la posibilidad de cobrar las deudas que genera el sistema de las tarjetas de crédito. Creo que esto es lo que hay que rescatar entre los puntos principales, además de que se pone algún coto a las tasas de interés usurarias que se cobran a los adherentes, a las comisiones que se perciben de los comercios adheridos -a las que también de alguna manera se les fija un techo-, y fundamentalmente se torna previsible todo el régimen de las tarjetas de crédito.

Para finalizar, deseo celebrar que la agenda parlamentaria coincida con la de nuestra sociedad.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Si hubiere asentimiento se autorizará la inserción de las exposiciones de los señores diputados que así lo deseen, para lo cual deben hacerlas llegar a Secretaría.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. MOSSO.- Señor presidente: considero que lo primero que es necesario destacar en este debate es que en 1998 estamos hablando de un mercado de 8 millones de usuarios que mueven alrededor de 15 mil millones de pesos, lo que era impensable pocos años atrás en la República Argentina.

Actualmente, la cuestión de las tarjetas de crédito constituye en nuestro país un tema social. Nunca antes podría haberlo sido cuando la economía argentina en lugar de crecer como hoy, sólo se circunscribía a un mercado cada vez más chico, que en la década del 80 en vez de incrementarse disminuyó a un ritmo inferior al cero por ciento.

Por eso resulta extraño que algunos miembros de la oposición -algunos comprovincianos que me precedieron en el uso la palabra- hablen hoy de usura al referirse a estas tasas, cuando en la época en que ellos gobernaban éstas se aumentaban a cada minuto. Considero que no deberíamos tener esta actitud de añoranza regulatoria, que nos extraña sobre todo después de que nuestra política económica ha logrado el mayor de los triunfos al que puede aspirar una parcialidad política: que la oposición reconozca su éxito y sus beneficios, como por lo menos así nos lo hicieron saber algunos días antes de las últimas elecciones. Nosotros lo creímos, y teniendo en cuenta que comparten esta política que ha sacado al país del estancamiento, esperamos que continúen acompañándonos en la misma dirección.

Por lo expuesto, no parece justo que cada vez que se habla de temas económicos se cargue contra el presidente de la República. Al respecto, deseo expresar que tanto el doctor Menem como quienes con valentía, visión y decisión lo acompañaron en la adopción de normas que nunca apoyó la oposición -a veces por medio del dictado de decretos o de vetos-, han mantenido la dirección correcta para llegar a lo mejor para la República Argentina y su pueblo.

Por eso debemos subrayar el hecho de que el sistema de tarjetas de crédito que existe en la Argentina es multitudinario, por lo que hay que tener mucho cuidado acerca de lo que vamos a decidir. Este mercado mueve 15 mil millones de pesos y el detonante para esta legislación han sido las altas tasas que se cobran sobre un sector de este mercado.

El sector que está sometido a estas altas tasas es de alrededor de un 5 por ciento de la totalidad del mercado, es decir, representa unos 800 o 1.000 millones de pesos.

Por lo tanto, en virtud de la dimensión del sistema, debemos tratar de no arruinarlo. Con esta regulación la tasa de interés sería el único producto no monopólico con precio máximo, y digo no monopólico porque a pesar de algún comentario que he escuchado aquí, la realidad es que si bien los emisores de tarjeta son tres o cuatro, los que dan los créditos en la Argentina son los bancos y todos los legisladores saben que el sistema bancario es amplio y no monopólico.

Debemos tener en cuenta que estamos legislando para una porción chica de este mercado. Es verdad que las tasas que se cobran son altas, con un promedio del 50 por ciento. Los bancos dicen, y es cierto, que el sistema tiene una alta morosidad. No hace falta que lo digan los bancos porque todos sabemos que el sistema financiero argentino en general es de alta morosidad.

También es cierto que esta morosidad está dada en primer lugar porque existen trabas o demoras para la ejecución. Por otra parte, el tema de las tasas altas es el resultado de una política de marketing de los bancos que buscando rentabilidad en el resto del sistema, tal vez no en la tasa misma, cargan sobre la tasa la morosidad del sistema.

De manera que quiero dejar en claro que lo mejor es legislar para mejorar la cobranza, o sea, disminuir la morosidad; y esto hace al fondo de un sistema financiero.

Por eso cuando se legisla sobre estos temas hay que hilar muy fino porque no necesariamente la legislación cambia la realidad económica. Así como votar impuestos no significa cobrarlos, el hecho de que regulemos no significa que vayamos a cambiar la economía.

En la Argentina hemos estado saturados de regulaciones que no funcionaron e hicieron que el sistema fuera cada vez más negro y más usurario. Por ello, durante la discusión en particular debemos poner el cuidado necesario para que el costo que le podamos agregar al sistema no vaya a recaer sobre a la totalidad de los usuarios, ya que eso puede pasar en pequeñas comisiones o en renovaciones de tarjetas, donde por tratar de defender a unos pocos, que no son tan pocos pero que proporcionalmente son muchos menos que todos los usuarios del sistema, vamos a terminar perjudicando al resto.

En ese sentido me parece apropiada la decisión de mi bloque de poner un límite a las comisiones en relación con un incremento sobre una tasa variable que apliquen los bancos.

Si bien no ha sido la decisión de mi bloque, personalmente creo que este incremento debería establecerse en función del promedio de cada banco porque así, por lo menos, se respetaría el sistema de costos de cada uno. Sin embargo, se ha decidido establecer el incremento sobre la base de un promedio de las tasas de préstamos personales de todo el sistema.

Por otro lado está el tema del límite a las comisiones. Es adecuado que se hable de un incremento de puntos en relación con el mínimo que cobra cada una de las entidades, y no que se fije un tope máximo predeterminado.

Quiero advertir que con esta regulación corremos el riesgo -ojalá que no sea así- de que queden fuera del sistema algunos comerciantes a quienes, por tener muy pocas ventas, no es posible atender con el margen establecido.

La mejor carta que tenemos para prevenir las deformaciones de este sistema consiste en habilitar la vía ejecutiva para la tarjeta de crédito.

Si decimos que el argentino es un sistema de alta morosidad, y si los bancos afirman que el elevado nivel de morosidad es la causa que los obliga a cobrar tasas altas, ¿por qué no tomar una medida que mejore esta variable, apuntando directamente a las causas?

De esa manera le haremos un bien al sistema y a los usuarios de tarjetas, porque por razones de competencia las tasas tenderán a bajar.

Por otro lado, la legislación siempre debe apuntar a producir verdaderos cambios culturales. La vía ejecutiva implica, de acuerdo con los lugares de que se trate, un plazo de entre seis meses y un año; este es un tiempo prudencial para que la gente se vaya acostumbrando a pensar que lo que gasta lo tiene que pagar, de modo tal de que en el futuro no sea necesario que desde este Congreso tengamos que decirles a los emisores, a los bancos y a los usuarios cómo tienen que hacer las transacciones que libremente pueden pactar. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALSOGARAY.- Señor presidente: el proyecto que hoy estamos tratando constituye un episodio en cierta medida intrascendente, pero que constituye un símbolo y un síntoma de que hay fuerzas que todavía tienden a hacernos retroceder frente a los avances indudables que hemos experimentado merced a la política socioeconómica que se ha implementado.

En realidad no voy a entrar en el articulado de este proyecto porque directamente voy a votar en contra por considerarlo inconveniente para el país.

Me referiré, en cambio, a esos aspectos simbólicos o sintomáticos que he citado. Para ello necesariamente tengo que examinar lo ocurrido durante los últimos años y citar algunos puntos doctrinarios que se relacionan con el tema que estamos tratando.

En 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Argentina ocupaba el séptimo u octavo lugar en el mundo. A mediados de 1989 nuestro país estaba ubicado entre los puestos 70 y 80 del ranking mundial.

¿Por qué se produjo ese retroceso? No se puede decir que la culpa la tuvieron ciertos gobiernos, porque los hubo de toda clase -peronistas, radicales, militares- y, si bien eran gobiernos muy distintos, debe haber existido debe haber existido algún vínculo o común denominador que explique por qué, a pesar de haber dependido del Estado en condiciones tan diferentes, siempre hemos retrocedido. En nuestra opinión la causa de este retroceso se debe a las políticas económicas y sociales aplicadas por todos los gobiernos durante ese período, sólo con diferencias de grado y forma. Todos fueron estatistas, dirigistas, intervencionistas e inflacionarios. En el fondo aplicaron políticas de extracción socialista, aunque los socialistas rechacen esa afirmación. Desde nuestro punto de vista, esas políticas son las que hundieron al país en la forma indicada.

Ese sistema es el responsable del deterioro argentino. Funcionó a lo largo de cuarenta años y terminó en el cuasicolapso del 8 de julio de 1989. Debemos recordar que en ese momento -no pretendo abusar de la paciencia de los señores diputados refiriéndome a temas que son conocidos por todos- los servicios públicos estaban agotados: conseguir un teléfono era un problema de quince años; había apagones de luz; las empresas del Estado eran todas deficitarias; la deuda pública superaba los 66 mil millones de dólares, a los cuales había que agregar 20 mil millones de deuda potencial que se fue precipitando, y sobre todo debimos enfrentar la hiperinflación, que es el mayor desastre social que puede experimentar un país. En el caso de la Argentina la hiperinflación nos llevó al desabastecimiento, al asalto de los supermercados y a desórdenes de toda clase. Fue una de las consecuencias de la destrucción de la moneda.

En ese sentido no debemos olvidar que la Argentina tuvo varias monedas: moneda nacional, moneda ley 18.188, peso argentino y el austral. Además, se implementaron distintos programas, como el Plan Austral, el Plan Primavera, entre otros. Al respecto cumplimos las recomendaciones de Lenin, que decía que para terminar con la burguesía era necesario destruir la moneda.

El 8 de julio de 1989 el país todo se vio sorprendido por una decisión de una extraordinaria importancia: pasar de una economía de extracción socialista a una economía de extracción liberal. Aclaro que no me refiero a un socialismo clásico ni a un sistema liberal totalmente aplicado, sino a políticas que tenían una extracción o una tendencia de ese tipo. Esos anuncios tuvieron una sorpresa adicional cuando el señor presidente de la República habló de la "economía popular de mercado", que es el nombre que inicialmente le dio a nuestra "economía social de mercado"; más tarde utilizó ambas expresiones en forma indistinta porque en el fondo son la misma cosa.

Esa nueva política económica que se implementó en nuestro país dio lugar a un sistema socioeconómico que produjo resultados excepcionales. Hoy tenemos récord de exportaciones, récord de producción agropecuaria, récord en la actividad pesquera, en la minera, en la forestal y en la de los productos frutihortícolas. Además se registra un sobreabastecimiento y la Argentina se ha reinsertado nuevamente en el ámbito financiero internacional, del que habíamos desaparecido en abril de 1988 dado que no pagábamos los intereses ni la amortización de la deuda externa. Hoy -repito- nuestro país participa del mercado financiero internacional.

Este sistema está lejos de ser perfecto. Todavía enfrentamos muchas dificultades, pero estamos en marcha. Si perseveramos en el mismo camino el país obtendrá mejores resultados. Pero estamos empezando a observar algunas vacilaciones y ciertos obstáculos, lo cual nos preocupa porque constituyen los síntomas y símbolos a que me referí al principio de mi exposición. Me preocupa el proyecto que se pretende votar hoy con su intento de poner un tope máximo a las tasas de interés, como así también las medidas que se piensa impulsar para fijar el nivel de las comisiones de las AFJP. Actúan en el mismo sentido las leyes laborales, el supuesto plan quinquenal y las obras públicas de tipo keynesiano que se están anunciando. Todos estos son retrocesos que por el momento no son demasiado agresivas ni perjudiciales, pero constituyen un mal síntoma con respecto a la estructura socio-económica general del país.

Es cierto que en esta materia hemos tenido problemas mucho más importantes. La Argentina vivió cuarenta años bajo una verdadera dictadura económica, con controles de precios, leyes contra el agio y la especulación y regulaciones de todo tipo. Sin embargo, los precios siempre aumentaron y nunca se resolvió el problema. Actualmente, bajo libertad económica y economía de mercado, sin controles de ninguna clase, la economía argentina tiene estabilidad monetaria y de precios.

El sistema está en funcionamiento. Hay competencia y existe libertad para trabajar y encarar nuevas iniciativas. Este sistema se resume en cuatro aspectos: libertad económica, economía de mercado, apertura de la economía al mercado internacional y estabilidad monetaria. Esto es lo que configura este sistema, que algunos indocumentados llaman neoliberalismo, capitalismo salvaje, fundamentalismo de mercado, etcétera. No saben realmente de qué hablan.

Este sistema, que se apoya en los cuatro pilares que he citado, llevará sin duda al país hacia adelante. Para ello es necesario perseverar en su aplicación, sin empezar a votar leyes como la que hoy intentamos aprobar que, aunque en un primer momento parece inocente, sería perniciosa y peligrosa si su "filosofía" se extendiera a otros casos.

He dicho al principio que voy a votar en contra de la iniciativa, pero quiero agregar dos o tres párrafos sobre algo que he escuchado en el transcurso del debate.

Evidentemente, el sistema de tarjetas de crédito puede ser regulado. Todo funcionamiento como éste puede serlo, pero hay que saber cómo regularlo. La mejor manera es utilizar mecanismos de mercado. Si se intenta hacerlo de manera compulsiva, a partir de la dictadura del Banco Central o de cualquier otro organismo del Estado, estaremos retrocediendo hacia los abusos del pasado.

Por supuesto que todas estas cuestiones se esgrimen con fines de justicia. Se dice: queremos proteger al consumidor, pero aprobaremos normas que precisamente tienden a lo contrario.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio a fin de poder escuchar al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALSOGARAY.- No soy muy optimista con respecto a que valga la pena continuar mi exposición, pero como estoy al final de ella, quiero completarla.

Las tarjetas de crédito son muy interesantes, pero ayudan al llamado consumismo. A quien usa la tarjeta de crédito no debemos protegerlo mediante tasas de interés máximas, sino que debemos educarlo para que no se endeude demasiado. El endeudamiento es siempre muy peligroso. Crea angustias sociales, porque después hay que pagar las cuentas.

Las tarjetas de crédito inducen al exceso del gasto. Lo que habría que hacer es tratar de que el público ahorre. El público argentino debería ahorrar en lugar de dedicarse a consumir y pagar tantas cuotas como las que se ofrecen en el comercio actualmente.

Por último, si colocamos precios máximos, pronto aparecerán las tarjetas negras o "truchas". Eso no lo podríamos evitar. En cuanto hay un precio máximo, aparece el mercado negro, ya sea en el mercado de trabajo, de bienes y servicios o de cambios. Siempre se encuentra la manera de violar la regla del precio máximo.

Finalmente, quisiera que algún día depuremos un poco los términos. Estas expresiones que siempre se usan, como "capitalismo salvaje", "neoliberalismo", "fundamentalismo de mercado", etcétera, son fáciles de decir, pero no tienen contenido y, sobre todo, no corresponden a la realidad.

No pretendo resolver ese problema en esta sesión; sólo he querido señalar que lo que estamos considerando es un episodio negativo, porque nos lleva al retroceso. Sé que no vamos a ir muy lejos en el retroceso, porque hay cosas que no se pueden volver para atrás, pero para qué crear estos inconvenientes cuando podemos continuar con una política que lleva al país adelante. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. FOLLONI.- Señor presidente: lamento que arribemos a un debate de tanta trascendencia sobre un tema de alta complejidad jurídica como el que indudablemente entraña el intento de regular en esta forma desprolija la operatoria de las tarjetas de crédito sin que, pese a los extensos meses en que hemos estado debatiendo en comisión los innumerables proyectos que existen sobre esta materia, hayamos logrado que las cuatro comisiones intervinientes llegaran a un dictamen consensuado. Y ahora la Cámara está constituida en comisión en un ambiente que no es el más propicio para tratar en profundidad un tema de tamaña magnitud.

A pesar de ello creo que es positivo que al menos hayamos arribado a esta instancia, porque sabemos que el problema derivado de los intereses y comisiones que devengan las tarjetas de crédito es un tema que nos preocupa a todos, ya que está afectando la economía de millones de habitantes de nuestro país.

Nos hallamos frente a una situación de verdadera exorbitancia de una de las partes contratantes, que se impone sobre la base de su poderío económico frente a la atomización del otro segmento cocontratante de esta operatoria referida a las tarjetas de crédito.

No obstante todas las desprolijidades de que adolece el debate, hemos logrado algún resultado positivo, cual es preocupar profundamente y por primera vez a la Asociación de Bancos, que apresuradamente ha anunciado -tal vez para evitar la sanción de una iniciativa de esta naturaleza- la elaboración de una normativa autorregulatoria en esta materia. Es una lástima que hayan procedido de esa forma ahora, después de tantos años de cobrar tasas de interés verdaderamente usurarias y que a muchos nos sorprendió cuando por los diarios nos enteramos de que en algunos casos excedían holgadamente el ciento por ciento anual.

Comprendo el escrúpulo, la duda, el prejuicio de muchos señores diputados que, ante la posibilidad de que se regule un tema de esta índole, estén viendo un avance del Estado sobre las libertades civiles. Estamos tratando de regular en alguna medida nada más ni nada menos que la libertad de contratar, que es un derecho implícito consagrado por nuestra Constitución en el artículo 14, cuando alude a nuestro derecho de trabajar, comerciar y ejercer toda industria lícita. En última instancia, se trata de usar y gozar de nuestro derecho de propiedad.

Entonces, la primera pregunta que como legisladores debemos formularnos es hasta qué punto estamos habilitados para avanzar en la regulación de un derecho de esta jerarquía constitucional; pero esto no es nuevo, porque este debate se ha dado en nuestro país hace ya varias décadas. Diría que tal vez se inició en profundidad en 1920, cuando por iniciativa del gobierno de ese entonces se modificó el artículo 1.507 del Código Civil, estableciéndose un plazo mínimo de duración a los contratos de locación.

Ese debate se renovó muy pocos años después, en la década del 30, cuando mediante una ley se fijó un límite a las tasas usurarias en los contratos de mutuo. Esos temas llegaron al conocimiento, al análisis y a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mereciendo un tratamiento que, por su profundidad, significó el establecimiento de una doctrina judicial que hasta nuestros días inspira resoluciones de esta naturaleza. En 1920, en el caso "Ercolano c/ Lanteri", la Corte fijó en su fallo la doctrina de que en nuestro país no existen los derechos absolutos, y que pensar en la existencia de un derecho absoluto constituye ni más ni menos que una concepción antisocial.

Sr. FOLLONI.- Se podrá pensar que quienes propiciamos esta iniciativa –por supuesto con grandes reservas respecto de la forma en que han sido elaborados estos proyectos, que explicitaremos en el tratamiento en particular- estamos oponiéndonos al sistema de libertad de mercado que existe en nuestro país desde 1991.

Lejos de ello, lo que estamos haciendo con estos proyectos, con esta postura y con este apoyo es tratar de garantizar precisamente el eficiente funcionamiento de la libertad de mercado. Un mercado libre –lo sabemos todos- necesariamente tiene que desarrollarse sobre algunos pilares fundamentales, tales como la amplia información al consumidor respecto de precios y de productos a los que se asignan esos precios.

La libertad de mercado también se asienta en una necesaria competitividad, que con absoluta libertad debe desarrollarse en ese mercado, y además –por sobre todas las cosas-, en la debida transparencia de los precios.

En el mercado financiero de las tarjetas de crédito observamos que no existe esa transparencia ni la debida y fluida información hacia los usuarios pues, a raíz de una actitud premeditada de importantes agentes que operan en este mercado, esa información ha sido sistemáticamente retaceada. Ni nosotros mismos nos hemos enterado de los abusivos intereses punitorios y compensatorios que se nos estaban aplicando. Aquí no tenemos un mercado suficientemente competitivo; cómo lo vamos a tener si precisamente uno de los extremos de esta relación contractual tiene un peso económico preponderante, exorbitante, sobre el otro extremo total y absolutamente atomizado y, por ende, carente de la capacidad suficiente para establecer una negociación eficiente y conveniente para sus propios intereses.

Nuestra Comisión Nacional de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Comercio, por medio de un índice internacional que utiliza para determinar la existencia o no de competencia en determinados mercados, llegó a precisar que tenemos un índice de concentración en el sector financiero en materia de tarjetas de crédito de nada menos que 3.879 puntos, lo cual indica una oferta claramente oligopólica. En consecuencia, si estamos frente a un oligopolio como es el manejo de las tarjetas de crédito por parte de las entidades financieras intermedias, es una obligación del Estado, a través de este Parlamento, actuar para reestablecer las reglas de juego y permitir que este mercado libre que queremos mantener funcione con la debida transparencia y no signifique que aquellos más poderosos económicamente se aprovechen de los que no tienen capacidad para negociar.

Por estas razones jurídicas y por estos argumentos de tipo económico, vamos a apoyar en general esta iniciativa, adelantando que tenemos profundas discrepancias en relación con el articulado, que expondremos oportunamente en el debate en particular.(Aplausos).

Sr. PRESIDENTE (MAQUEDA).- Tiene la palabra la señora diputada por Chubut.

Sra. MELOGNO.- Señor presidente: todo análisis responsable de la problemática de la tarjeta de crédito debe necesariamente contener una seria reflexión sobre los importantes cambios que han sucedido dentro del sistema que actualmente mueve alrededor de 15 mil millones de pesos anuales, equivalente al 5 por ciento del producto bruto interno para el año 1997.

Desde sus orígenes que datan del año 1960, aunque su auge comenzó en 1975, hasta la actualidad, el sistema se ha ido afianzando en el mercado como medio de pago de todas las clases sociales, abarcando todos los niveles de ingresos. El importante giro económico ha ido avanzando sobre estructuras jurídicas a un ritmo tan veloz que ellas no se han adaptado a esta nueva realidad.

En los últimos años, la estabilidad monetaria y el crecimiento económico sostenido alcanzados en nuestro país incidieron aún más en el aumento del uso de la tarjeta de crédito como medio de pago. Sin embargo, el análisis legal del tema no evolucionó en la misma proporción.

La incorporación de la tarjeta de crédito ha estimulado y fomentado la utilización y desarrollo masivo del crédito para consumo e influido no sólo en la economía de las empresas sino también en la economía en general, llegándose en la actualidad a la necesidad impostergable de encarar su regulación.

La regulación que se pretende aprobar de ninguna manera tiene por objeto ir más allá de tutelar el interés de las partes, en especial el de los usuarios –el titular o el comercio-, que a menudo ven cómo los excesos de los actores de la vida económica perjudican su propio interés.

Al no haberse adoptado medidas efectivas para combatir los excesos, promoviendo una legislación que obligue a regular los derechos, obligaciones y funciones de las partes, la discrecionalidad e impunidad con que se mueven las emisoras y bancos acarrean perjuicios a los usuarios. Esto es lo que se quiere evitar con el proyecto.

Claramente se advierte la necesidad regulatoria para impedir los desbordes lógicos de todo instituto no legislado. No se pretende con esto ser obstáculo de su desarrollo, que es sin ninguna duda el desarrollo de la comunidad toda.

Cuando centramos nuestra atención en los temas de mayor controversia vemos cómo lo que es necesario regular para una de las partes –los usuarios- constituyen para la otra aspectos que de regularse afectarían el equilibrio del mercado y la rentabilidad del negocio. Me refiero a los intereses por financiación, las comisiones y aranceles que retienen las administradoras de las tarjetas de crédito a los negocios adheridos.

Los usuarios de las tarjetas de crédito emitidas por bancos locales pagan intereses entre el 20 y el 108 por ciento para financiar los consumos. En Estados Unidos se paga por igual concepto entre el 9 y el 20 por ciento, es decir, un tercio de lo que abonan los clientes argentinos.

Para justificar los altos costos las emisoras hablan de los diferentes volúmenes de ventas que con este medio de pago se realizan en ambos países -en Estados Unidos, 733 mil millones de dólares, y en Argentina, 15 mil millones de pesos-, con lo cual -sostienen- la distribución de los costos fijos cuenta con una menor base para prorratear.

Si de comparaciones hablamos también es cierto que en Estados Unidos existe una justa y equilibrada relación entidad emisora-monto de operaciones, con lo que la ineficiencia no la pagan los clientes.

Los bancos defienden a toda costa el nivel de tasas que aplican al consumo financiado, ya que lo consideran adecuado para hacer rentable un negocio que debe hacer frente a elevados costos; esto es, 37 por ciento de costos operativos, 20 por ciento de costo financiero, 25 por ciento para cubrirse de los morosos y 18 por ciento de rentabilidad.

Lo cierto es que la tasa es la más elevada del mercado; supera la de préstamos personales y está en línea con los descubiertos en cuenta corriente. Es más alta que la tasa del 2 por ciento mensual que cobra la DGI a quienes no pagan sus impuestos en término.

Por lo tanto, es un tema que requiere de algún freno para evitar los excesos, y no una forma de regular en perjuicio de la competitividad de los emisores, ya que las tasas que se fijan muestran el abuso frente a la pasividad obligada del usuario.

En cuanto a los aranceles que retienen las administradores de tarjetas de crédito a los negocios adheridos digamos que el objetivo que se pretende alcanzar con la aprobación del proyecto es disminuir al mínimo la desigualdad entre las grandes y pequeñas empresas; es decir, entre los hipermercados y los comercios minoristas. Actualmente, los aranceles a los hipermercados y estaciones de servicio son del uno por ciento, mientras que en el comercio minorista oscila entre el 5 y el 10 por ciento, estimándose un arancel promedio del 4,8 por ciento. El que se quiere establecer con la reforma tiene un techo de cuatro puntos entre el mínimo y el máximo, buscándose con esto un punto medio apropiado para todo comercio.

Las transacciones con tarjeta de crédito se han visto beneficiadas con la estabilidad monetaria. Sin embargo, no se produjo ninguna disminución de las tasas de interés, ni de comisiones y otros cargos aplicados por las emisoras.

Sra. MELOGNO.- También se cuestionan las formalidades que creemos que deberían contener los contratos: tipo de letra, tamaño, tiempos de envíos del resumen, plazos de impugnación y el procedimiento ejecutivo, buscándose con esto proteger al usuario, ya que generalmente en la letra chica consta lo más importante, y los plazos establecidos actualmente para los otros temas mencionados carecen de aplicación práctica.

Frente a estos temas, vistos como negativos para la economía por parte de los bancos y emisores, sería interesante pensar qué impacto tendría sobre el consumo la disminución de las tasas de interés y cómo afectaría un marco legal transparente sobre todo el sistema. Sin duda alguna la confianza que esto daría al consumidor lo alejaría de la actual incertidumbre y el resultado sería el mayor consumo, algo positivo para todos.

Pensemos también que con la aprobación del proyecto se estará dando sólo un primer paso para solucionar un tema que se busca regularizar desde hace más de diez años. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. PERNASETTI.- Señor presidente: escuché con atención las palabras del señor diputado Lamberto, cuando nos hacía recordar que fue el primero en presentar un proyecto regulatorio del régimen de las tarjetas de crédito. Tiene razón, pero quiero recordar a la Honorable Cámara que en 1994 en la Comisión de Legislación General se resolvió la integración de una comisión especial para tratar el tema de las tarjetas de crédito. Fue en esa época cuando se comenzaron a analizar los proyectos presentados por los señores diputados Lamberto, Alvarez, Arias, Bisciotti, Becerra, Vanossi, Gentile y otros ex señores diputados.

Recuerdo que en aquel momento la preocupación se centraba en cómo debía ser la tarjeta de crédito, es decir, si era bueno o no que llevase la foto del titular, cómo debía ser el contenido del resumen de cuentas, cuáles eran los plazos de los que disponía el usuario para impugnarlo, etcétera. Nuestra intención era evitar que las empresas emisoras siguieran obligando al usuario a retirar el respectivo resumen en la sede emisora en caso de que éste no hubiese llegado a su domicilio.

Estas eran las cuestiones que pretendíamos regular; nadie hablaba de la tasa de interés. En cambio, debo reconocer que discutíamos sobre la naturaleza de título ejecutivo o no de los resúmenes de las tarjetas de crédito. Algunos opinaban que debían ser títulos ejecutivos porque quizá de esa manera lograríamos abaratar el costo del sistema.

Buscando antecedentes de aquella época encontré un ejemplar de "La Ley" del miércoles 18 de mayo de 1994, en el que figura un artículo firmado por Ernesto Eduardo Martorell sobre la ejecución de las deudas de las tarjetas de crédito.

Recuerdo que invitamos al doctor Martorell a la comisión y a raíz de su exposición aquellos que estaban convencidos de que los resúmenes de las tarjetas de crédito podían ser considerados títulos ejecutivos, cambiaron de opinión.

A raíz de esa experiencia surgió un nuevo proyecto de ley cuyo autor era el señor diputado Arias, que resumía magníficamente todo lo que habíamos analizado hasta ese momento en la Comisión de Legislación General, pero recuerdo que esa iniciativa no contenía ninguna disposición que considerara título ejecutivo a los resúmenes. Por el contrario, habíamos convenido en la necesidad de considerar una pre-vía ejecutiva, y en ese sentido se expresaron los distintos proyectos.

¿Qué pasó después? Los predictámenes quedaron demorados y en la Cámara no había voluntad política para seguir adelante con el tema. Pero ahora, cuando en los medios aparece la noticia referida a las tasas de interés que cobran los bancos, todo el mundo comienza a preocuparse e iniciamos esta carrera demagógica, este campeonato para ver quién queda mejor con los usuarios.

En virtud de ello se propone establecer límites en las tasas de interés y hacer creer a la gente que con el proyecto de ley que vamos a sancionar solucionaremos los problemas financieros que muchos tienen con los bancos emisores. Pero ello no es así; lo que estamos haciendo es regular una institución que aún es adolescente en el derecho, pero siempre hay una antinomia entre la realidad y la tipología jurídica, como bien lo manifestó Martorell.

¿Qué nos pasó para abandonar ese camino de responsabilidad y estudio y entrar en esta competencia desmedida por quedar bien? En verdad no sé ante quiénes se quiere quedar bien, cuando es sabido que lo único que se intenta concretar es la regulación de un instituto que la necesita.

Asimismo, se pretende evitar los abusos que hasta ahora se han cometido pues por la falta de regulación los bancos utilizaron diversos mecanismos para perseguir el cobro de los resúmenes. Algunos hacían firmar poderes para que el banco abriese una cuenta corriente, debitara de ella el costo del resumen, y como su saldo era título ejecutivo podían proceder por medio de ese instrumento. La jurisprudencia se opuso a la utilización de este mecanismo en razón de que desnaturalizaba el sistema de la cuenta corriente bancaria, creado para librar cheques y no para debitar conceptos de tarjetas de crédito. También la jurisprudencia fue cerrando el paso a todos aquellos que planteaban que podía ser un título ejecutivo de otra naturaleza o incluso un prepago vía ejecutiva.

Se sostuvo asimismo la necesidad de reglamentar el contenido mínimo del contrato entre el emisor y los proveedores de los servicios, y de que las disposiciones figuraran en letra grande para la cabal comprensión de todos. Este era el sentido de la regulación planteada, y no el que después se salió a vender a la opinión pública en el sentido de que todo se arreglaba con la cuestión de la tasa de interés.

Ahora resulta que como el presidente de la Nación anunció que vetará cualquier tope que se fije a la tasa de interés que se cobra en este sector, con apuro se pretende introducir algo que no figura en ninguno de los dos proyectos de dictamen. Obran en mi poder una copia de la propuesta firmada por algunos diputados del Partido Justicialista y el texto suscripto por los representantes de la Alianza; en ninguno figura el tema del título ejecutivo para los resúmenes de las tarjetas de crédito. Eso se introdujo ahora, y me lleva a pensar que los únicos que saldrán gananciosos de esta polémica artificial entre los diputados serán los bancos. Por esta vía sólo se logrará que los bancos obtengan lo que siempre han querido: la posibilidad de que los resúmenes de las tarjetas de crédito sean título ejecutivo; todo lo demás, lo que en verdad constituía una preocupación, quedará como accesorio o secundario. No habrá topes para las tasas de interés que se perciben y sí título ejecutivo. En ese sentido cabe preguntar si ese título ejecutivo será el cupón firmado por el usuario, el resumen o el contrato.

Estas son cuestiones serias que ameritan que la Cámara se detenga a analizarlas, sin avanzar más allá de la votación en general, pero a sabiendas de lo que se está aprobando. Si en verdad todos deseamos defender a los usuarios, asumamos el compromiso de analizar cada una de las disposiciones de las distintas iniciativas que se han presentado con el objeto de diseñar la mejor regulación para este instituto joven que afecta a muchos argentinos. Hoy ellos no están esperando del Congreso de la Nación la solución para todos sus problemas económicos y financieros -que por supuesto no pasa por la sanción de una ley-, sino la tranquilidad de conocer cuáles son sus derechos frente a los bancos y los comercios. Por su parte los comercios también quieren saber cuáles son sus derechos frente a los usuarios de las tarjetas de crédito y quienes las financian.

Por lo expuesto, nosotros propiciamos la aprobación del texto propuesto por la Alianza, pero con el compromiso de trabajar con firmeza para lograr la adecuada regulación de este instituto, sin reconocer el carácter de título ejecutivo a los resúmenes de cuenta (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Conforme a lo acordado por los bloques, se va a llamar para votar.

Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. DAS NEVES.- Señor presidente: deseo brindar algunas reflexiones, aunque en función del acuerdo y de la necesidad de votar de inmediato, voy a dejar varias de ellas para el tratamiento en particular y sólo me voy a remitir a las más importantes.

Comparto en gran medida las expresiones de los distintos señores diputados, pero creo que vale la pena hacernos entre todos esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si el Congreso, y los diputados en particular en los últimos diez o veinte días no hubiesen puesto en discusión en la escena política y en el debate de la comunidad el tema de la necesidad de condenar y dar un corte al abuso que partiendo de las entidades financieras, único sector que no se ha reconvertido en nuestro país, alcanza a ocho millones de argentinos? ¿Reitero: qué hubiera pasado si no hubiéramos avanzado en esta cuestión?

Como dijo algún señor diputado, tal vez no hayamos sido demasiado prolijos en la consideración de la cuestión, pero todos vamos a coincidir en que esta noche, desde este Congreso se emite un mensaje en el sentido de que estamos decididos a poner coto a los abusos que se cometen en algunos sectores de la economía argentina.

Esto no hubiera sucedido, si no hubiera estado presente el debate en la sociedad. Tampoco se hubiera dado la reacción de las entidades financieras que en las últimas cuarenta y ocho horas han mostrado su preocupación por la decisión que este Congreso iba a tomar. Asimismo, no se hubiera dado la reunión entre las entidades financieras y la Cámara Argentina de Comercio, en una nueva práctica oligopólica, anunciando que van a poner el tope de los intereses en un 28 por ciento en pesos y un 18 por ciento en dólares.

Desde este Congreso les estamos diciendo humildemente que les vamos a poner un tope y de ahí para abajo la libertad de la economía de mercado será la que fijará las pautas.

Hay muchas cosas para decir; aquí se hicieron algunas imputaciones sobre chicanas y demagogias, pero lo que me preocupa no es la declaración de mis pares sino de personas importantes e influyentes en la economía argentina, frente a las cuales no he escuchado ninguna expresión de repudio, que yo me voy a encargar de realizar.

El presidente del Exxel Group, Juan Navarro, preguntaba ayer por el sentido de aplicar regulaciones a sectores que están funcionando bien como los bancos, las tarjetas y los supermercados. Yo pregunto para quién están funcionando bien: para esos mismos sectores no para la gente.

Entonces me parece que nosotros...

Sr. VICCHI.- Navarro es amigo de ustedes.

Sr. DAS NEVES.- Acepto chicanas y no las contesto. Estoy tratando de cerrar el debate, para votar de inmediato ya que tenemos en este momentos ciento treinta y cinco señores diputados en el recinto.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia solicita al orador que se limite a redondear su idea a fin de poder votar de inmediato.

Sr. DAS NEVES.- Señor presidente: el secretario de Industria y Comercio, Alieto Guadagni, hace aproximadamente un mes y medio hizo público el listado, desenmascarando a distintas entidades financieras, de las tasas de interés que estaban cobrando. Por supuesto, con el poder económico que tienen, realizaron distintas operaciones de prensa. En ese sentido recuerdo lo que ocurrió el miércoles pasado, cuando con grandes titulares los diarios indicaban que los bancos habían bajado las tasas. Era todo mentira ya que muy pocos bancos lo hicieron.

Por eso, ante las promesas de las entidades financieras que ahora aparecen actuando con algún grado de racionalidad decimos que seguiremos adelante con este tema.

Bienvenido el hecho de que hayan creado un ámbito de reflexión y que entiendan que su accionar en el cobro de los intereses ha sido abusivo y, en algunos casos, usurario.

Para no extenderme en mi intervención -ya lo haremos con motivo del tratamiento en particular- nuestro bloque pondrá a consideración el dictamen producido en la Comisión de Finanzas para que el proyecto sea tratado y sancionado en el día de hoy.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. DOMINA.- Señor presidente: durante el transcurso de este debate, de este trabajo de la Cámara constituida en comisión se ha dicho mucho y bueno, de modo que es poco lo que podemos agregar.

Sin embargo, me permito señalar que no llegamos a este tratamiento de la manera más ordenada posible. Todos hubiéramos deseado que el diligenciamiento parlamentario de esta importante norma hubiera tenido mayor propiedad y hubiera sido más ajustado a los mecanismos propios de esta Cámara.

No voy a abundar sobre esa circunstancia porque quiero destacar que, a pesar de ello, estamos tratando el proyecto. Eso significa que prevaleció la buena voluntad, el esfuerzo, la actitud y el aporte constructivo de muchos diputados de todos los bloques que ayudaron a que -aun tumultuosamente- lleguemos hoy a aprobar en general un dictamen sobre esta norma trascendente. Si bien no conformará en un ciento por ciento a todos -siempre es así-, significará un avance.

Quiero poner de manifiesto que la ley no significará un retroceso, tal como aquí se ha querido presentar. Sin duda constituye un avance porque se trata de legislar sobre un instrumento que hoy utilizan casi 9 millones de argentinos, que involucra a miles de comercios y a todo el sistema financiero argentino y que, en conjunto, mueve 15 mil millones de pesos anuales en compras y más de 3 mil millones en créditos.

El señor diputado Pernasetti decía con mucha razón que se trata de un instrumento que debe contar con una normativa. Pero no debe tratarse de una regulación que perjudique a unos a favor de otros o establezca discriminaciones.

Debemos lograr una normativa adecuada, equilibrada, que proteja al sistema en su conjunto, porque es bueno para nuestro país que el sistema de tarjetas de crédito crezca y que haya cada vez más gente que lo utiliza.

El hecho de que aumente la bancarización es índice de una economía desarrollada; nadie puede estar en contra de este proceso. Muchas veces nos gusta compararnos con los países más desarrollados y evolucionados y tomar como ejemplo economías importantes como la de Estados Unidos.

Justamente en ese país la bancarización alcanza un índice de más del 70 por ciento. Muchos colegas se preguntarán qué es eso de la bancarización. No quiero dar una lección ni hacer de maestro ciruela; sólo me permito señalar que la bancarización es la cantidad de gente que utiliza productos bancarios, sea cuales fueren: depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, cajeros automáticos o cualquier otro servicio.

En la Argentina la bancarización todavía es baja y, por eso, probablemente muchos costos del sistema son altos. Somos pocos los argentinos que utilizamos los distintos productos del mercado financiero y muchos –entre los que me incluyo-, los que seguimos aferrados a la vieja cultura del inmigrante de pagar al contado, de no contraer deudas y de guardar la plata debajo del colchón. Esta es la mentalidad y la cultura muy respetable con la que se construyó este país.

Quiero aportar algo a lo mucho que se dijo a lo largo de este importante debate. Tenemos que legislar con responsabilidad. No podemos tomar parte a favor de ninguno de los actores. Debemos defender el interés general y el bien común. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de legislar.

Estamos regulando un sistema, es decir, la interacción de las partes y de los actores que tienen derechos y obligaciones recíprocos, intereses concretos y objetivos determinados. En consecuencia, mal podemos legislar si tomamos parte a favor de unos o de otros.

Justamente, el papel del legislador radica en ponerse por encima de los acontecimientos sin olvidar que el Parlamento sólo produce leyes y no mensajes políticos. Las leyes no tienen valor testimonial, tienen imperio. Por eso, cuando una norma es aprobada por el Congreso y luego promulgada por el Poder Ejecutivo es de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, tengamos cuidado cuando alguien quiere mandar un mensaje político por medio de una ley; para eso están los medios, y para legislar para el bien de la gente están las leyes.

Por estas razones destaco la responsabilidad con la que se trabajó, el esfuerzo que se hizo y los aportes que se volcaron a lo largo del debate. Soy optimista y creo que a pesar de todo el país va a tener una buena ley de tarjetas de crédito. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Conforme a lo establecido en los artículos 142 y 143 del reglamento, corresponde que la Honorable Cámara constituida en comisión adopte un texto como despacho.

La Presidencia hace saber que se le ha hecho llegar un dictamen de la Cámara constituida en comisión a fin de que los señores diputados emitan su pronunciamiento.

Se va a votar si se adopta como dictamen de la Honorable Cámara constituida en comisión el proyecto de ley obrante en Secretaría.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Queda aprobado el dictamen de la Honorable Cámara constituida en comisión y levantada la conferencia.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se va a votar en general el dictamen producido por la Honorable Cámara constituida en comisión en el proyecto de ley sobre régimen legal del sistema de tarjetas de crédito.

A la continuación de este debate: Reunión 15, Punto 4

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén.

Sr. SALVATORI.- Señor presidente: el próximo lunes se conmemora en todo el país el 25 de mayo de 1810. Como ésta es la última sesión ordinaria antes de esa fecha tan trascendente, que marca el acontecimiento más importante de la vida institucional del país, deseo rendir un emocionado homenaje a este nuevo aniversario de la Gesta de Mayo, porque con él creo interpretar con profunda e íntima emoción a todos los señores legisladores que integran esta Honorable Cámara.

El 25 de mayo de 1810 los prohombres de la Patria signaron el nacimiento de nuestra gran Nación, que hoy, en libertad y democracia y en plena vigencia del Estado de derecho marcha hacia su destino de grandeza.

Cobijados por nuestros símbolos patrios anhelamos que la paz, el bienestar social y el progreso de nuestro pueblo marquen el rumbo hacia el futuro por encima de las discrepancias y disensos que, sin embargo, enriquecen nuestra vida institucional.

Al recordar esta fecha tan trascendente -la del nacimiento de nuestra Patria-, por intermedio de la Presidencia quiero invitar a los señores legisladores y a todos los presentes a rendir un sentido homenaje al 25 de mayo de 1810 poniéndonos de pie y entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Antes de entonar el Himno Nacional Argentino, y en uso de las atribuciones del artículo 171 del reglamento, la Presidencia adelanta que luego la Honorable Cámara pasará a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 15 horas.